Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 23 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 11



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 02 de Marzo de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:55 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señora y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 82 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del jueves 2 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con once minutos del díamartes veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, encontrándose presentes sesenta y seisciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió de los Senadores Marcela Guerra Castillo, Víctor Hermosillo y Celada, Jesús Casillas Romero, Yolanda de la Torre Valdez, Armando Ríos Piter y Benjamín Robles Montoya, el informe de su visita de trabajo a Sacramento, California, Estados Unidos de América, los días 15 y 16 de febrero de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, su Programa de Trabajo Anual 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Jorge Toledo Luis, el informe de sus actividades en el Segundo Foro: Agenda Migrante, una visión desde los connacionales, realizado en Phoenix, Arizona, los días 10 y 11 de febrero de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, comunicación con la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 28 de febrero de 2017.-Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Paloma Merodio Gómez como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el documento denominado “Algunas consideraciones ante las propuestas legislativas que se han formulado para la eventual emisión de una Ley de Seguridad Interior en México”.- Se remitió a las Comisiones de Seguridad Pública; de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió del Tribunal Electoral del Distrito Federal, oficio suscrito por el Magistrado Presidente, por el que informa de la vacante en dicho Tribunal, generada por la designación de la Maestra María del Carmen Carreón Castro como Magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de marzo de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, el informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de enero de 2017.- Quedó de enterado.

(Toma de protesta)

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana María del Rosario Guzmán Avilés como Senadora de la República.

 

Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 28 de febrero de 2017.-Intervinieron los Senadores: Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN; Teófilo Torres Corzo del PRI; Martha Palafox Gutiérrez del PT; Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI; Armando Ríos Piter del PRD; Sofío Ramírez Hernández del PRI; María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Emilio Gamboa Patrón del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen, hicieron uso de la palabra los Senadores: Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación; y Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; Raúl Morón Orozco del PRD, a favor; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN, a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; Armando Ríos Piter del PRD, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor; y Daniel Amador Gaxiola del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de las intervenciones delos Senadores Zoé Robledo Aburto, Jorge Aréchiga Ávila y Martha Palafox Gutiérrez, se integrarían al Diario de los Debates. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. La Mesa Directiva informó de las reservas de los Senadores: Benjamín Robles Montoya, a los artículos 2, 14, 33 y 63; y Ana Gabriela Guevara, a los artículos 14 y 61.El proyecto de Decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por112votosa favor y 1 en contra. La Presidencia dio cuenta con las reservas del Senador Benjamín Robles Montoya, a los artículos 2, 14, 33 y 63, las cuales no se admitieron a discusión. La Presidencia dio cuenta con las reservas de la Senadora Ana Gabriela Guevara, a los artículos 14 y 61, las cuales no se admitieron a discusión. Los artículos 2, 14, 33, 61 y 63 del proyecto de Decreto fueron aprobados en los términos del dictamen, por 100 votos a favor y 4 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir la comparecencia del Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores.

 

(RECESO)

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión.

 

La Presidencia dio paso a la comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.- En cumplimiento a la obligación Constitucional derivada del segundo párrafo del artículo 93 Constitucional y conforme al acuerdo aprobado el pasado 23 de febrero, se procedió a recibir la comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En una primera intervención hizo uso de la palabra el Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios, estuvieron a cargo de los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; Gabriela Cuevas Barrón del PAN; y Marcela Guerra Castillo del PRI. En la primera ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Héctor Larios Córdova del PAN; y Patricio Martínez García del PRI. Para referirse a las anteriores intervenciones, hizo uso de la tribuna el Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores. En la segunda ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los Senadores: Martha Angélica Tagle Martínez; Manuel Bartlett Díaz del PT; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Armando Ríos Piter del PRD; Héctor David Flores Ávalos del PAN; y Graciela Ortiz González del PRI. En una última intervención hizo uso de la palabra el Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores.

El Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores, entregó en la Mesa Directiva los siguientes documentos: a) Un informe sobre la reunión de trabajo del 23 de febrero de 2017 sostenida con los Secretarios de Estado y de Seguridad Interior de los Estados Unidos de América, Rex Tillerson y John Kelly y, b) Un informe sobre los recursos extraordinarios que serán destinados para la protección de mexicanos en los Estados Unidos de América. El Presidente de la Mesa Directiva informó que se harían llegar a los Senadores.

 

La Presidencia informó de la rectificación de turno que la Mesa Directiva autorizó en su reunión del día de hoy, al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, presentado el 4 de febrero de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 27 y una fracción XIV al artículo 55 de la Ley Minera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 186 y se adiciona un párrafo al numeral 1 del artículo 192 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se adiciona un último párrafo al artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Roberto Albores Gleason, Cristina Díaz Salazar y Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma las fracciones III, VI, X y XII del artículo 7º de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2º y se adiciona un artículo 138 Ter al Código Civil Federal; y se adicionan y reforman diversos artículos del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 28 Bis y 79 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar campañas de información acerca de la importancia de la ingesta de ácidos grasos esenciales.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Judicial del estado de Chiapas a reorganizar su presupuesto para realizar recortes en áreas no prioritarias para la impartición de justicia, sin atentar contra los principios de imparcialidad y autonomía en la impartición de justicia.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a comparecer e informar sobre la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Regional.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a transparentar el proceso de declaratoria de no procedencia de la alerta de género en el estado de Querétaro.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar programas y llevar a cabo campañas de concientización en lo relativo a la donación de órganos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a respetar los derechos humanos del maestro Manuel Alejandro Robles Gómez, sometido a juicio sin derecho a libertad con motivo de su militancia en el Movimiento de Regeneración Nacional.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para que el Senado de la República se sume a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Educación Pública, a los gobiernos de los estados y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que realicen el Programa de Mochila Segura en las escuelas para salvaguardar y proteger la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, siempre respetando, protegiendo y garantizando sus derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar programas de inteligencia e investigación criminal que permitan disuadir y disminuir el índice de delitos que se cometen en contra de personas que viajan en automóvil y en transporte público.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Michoacán y de Guerrero a dar pronta y oportuna resolución al conflicto parcelario de los ejidatarios de Santiago Zacatula, de la Isla de La Palma, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a responder al llamado de la Conferencia Nacional de Gobernadores para llevar a cabo una reforma al Fondo Federal de Apoyo a Migrantes.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lorena Marín Moreno y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a consolidar la perspectiva a favor de las mujeres, asegurando un cupo mínimo en todas las convocatorias del año en curso y las consecuentes.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar diversas acciones en torno a la defensa de los connacionales que radican en los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a conformar una comisión permanente de la familia y de derechos de la niñez y la adolescencia.- Se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a observar y dar seguimiento a las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación en el período de 2007-2016 por daños al patrimonio de los estados.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación   Ciudadana.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria a tomar las medidas necesarias para que en los puntos de revisión aduanal para pasajeros que ingresan al país, se respete el mecanismo de selección automatizado, también conocido como “Semáforo Fiscal”.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De las Senadoras Anabel Acosta Islas, Ivonne Álvarez García, Cristina Díaz Salazar y Lilia Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a hacer públicos los datos en relación a las facultades, atribuciones, funciones, remuneraciones y gastos de los sujetos obligados.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas correspondientes para garantizar un trato digno y respetuoso a los usuarios de las terminales aéreas en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a transparentar el monto de los recursos aportados al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, así como las obras o acciones específicas en las que se han aplicado dichos recursos.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a fortalecer la estrategia de seguridad pública, con el objetivo de preservar y salvaguardar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, ante el incremento de violencia que se presenta en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a presentar un informe en el que se detallen las acciones implementadas durante la presente administración y las medidas a ejecutar en los próximos años, encaminadas a atender y prevenir el incremento generalizado de la incidencia delictiva.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a considerar la inclusión en su legislación civil o familiar el derecho de los padres a elegir libremente el orden del apellido de sus hijos.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De los Senadores Héctor Yunes Landa, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ricardo Urzúa Rivera, Daniel Amador Gaxiola, Marcela Torres Peimbert, Laura Angélica Rojas, Ernesto Ruffo Appel, Luis Humberto Fernández Fuentes y Armando Ríos Piter, integrantes de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas de la República Mexicana a agilizar los trabajos parlamentarios y legislativos relacionados con la armonización de la legislación local en materia de combate a la corrupción, dentro de los plazos legales establecidos en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Discriminación o Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el 41 aniversario de la Carta de Proclamación de la Independencia de la República Árabe Saharaui Democrática.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día para la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Bandera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Trasplante.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional por la Inclusión Laboral.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con diez minutos y citó a la siguiente el jueves dos de marzo a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de actividades legislativas durante el año 2015 y hasta el primer periodo del segundo año de ejercicio de la actual Legislatura.








Y de la Comisión de Asuntos Indígenas, con la que remite su informe anual de actividades correspondiente al primer año y su plan de trabajo para el segundo año de ejercicio, ambos de la LXIII Legislatura.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Economía, con el informe sobre las negociaciones comerciales en curso, el resultado final completo de una negociación y el inicio de algunas negociaciones.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió del Banco de México, el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2016, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho periodo.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su cuarto informe trimestral de actividades correspondiente al año 2016.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, la Colegisladora nos remitió un oficio por el que informa de la elección de la Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez como Presidenta de la Mesa Directica y del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar como Primer Vicepresidente de dicho órgano, del 1º de marzo al 31 de agosto de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Y también aprovecho para felicitar a la Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, como Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. ¡Felicitaciones!






Informo a la Asamblea que la Senadora Blanca Alcalá ha hecho llegar a la Mesa Directiva la “Declaración sobre Migración y la Construcción de un Muro en la Frontera México-Estados Unidos de América”, presentada por el Senado mexicano en la XXXIV Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe.

Solicito a la Secretaría dé lectura al documento.

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 222 del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 222 Y 222 BIS DEL CÓDIGO PENAL  FEDERAL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, señor Presidente. Con su venia, señor coordinador, Senador Emilio Gamboa.

“La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”. Simón Bolívar.

Una democracia constitucional exige de sus ciudadanos un compromiso ético indeclinable, con el cumplimiento de las leyes que permiten la construcción de una república virtuosa, una comunidad cívica vibrante y que se sienta orgullosa de sus logros alcanzados.

Entre otros aspectos, los plasmados materialmente en la prosperidad económica de sus empresas y, por la otra, en la rectitud, la prudencia y la justicia de los mandatos de gobierno.

Contra el ejercicio de dichas virtudes en la sociedad, el mayor cáncer que ataca al organismo social desde sus entrañas, es la corrupción.

La corrupción vista desde sus diversas esferas, es una enfermedad mortal que carcome las entrañas de la ética social, dividiendo al gobierno y a las élites políticas respecto de los ciudadanos que habitan en la comunidad cívica.

Para cometer un acto de corrupción se requieren dos partes: el servidor público que la exige o la recibe y el ciudadano o la empresa que la oferta o la entrega. Por ejemplo, en el caso de los servidores públicos la exigencia de un soborno a cambio de la asignación de una licitación, es un delito sancionado con el tipo penal del cohecho en nuestro Código Penal Federal.

Mientras tanto aquellas empresas, personas jurídicas que contaminan el organismo social mediante el ofrecimiento de sobornos a cambio de obtener una ventaja ilegítima que les permita obtener beneficio económico en la asignación de contratos públicos, aún no son sancionados en nuestro sistema jurídico.

Es por ello esta iniciativa, en el ánimo de consolidar el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción y armonizar el tipo penal de cohecho con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

La presente iniciativa tiene por objeto tipificar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de los delitos de cohecho y cohecho internacional, siempre y cuando se haya determinado que existió en inobservancia o negligencia por parte de la propia empresa en prevenir la comisión de dichos delitos. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Entre las sanciones que se les puede aplicar por la comisión de los delitos se encuentran la suspensión de su actividad o su disolución.

Esta iniciativa se basa en un modelo dual de combate a la corrupción, fijado por una parte por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA, por sus siglas en inglés, expedida en los Estados Unidos de América en 1977; cuyo objetivo principal es fijar las reglas para que los empresarios estadounidenses actúen de forma ética en la licitación de contratos en el extranjero.

Y por otra, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.

Ustedes, Senadoras y Senadores, recordarán un caso que fue público y que se le dio realmente mucha visibilidad en los medios, de un alto funcionario de la trasnacional Walmart en la administración pasada del gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y que involucraba a un funcionario de Walmart, de alto nivel, con autoridades del gobierno de la Ciudad de México de esta trasnacional.

Destacamos los avances que México ha realizado en el combate a la corrupción, particularmente la aprobación del mencionado Sistema Nacional Anticorrupción. Siete leyes que aquí nosotras y nosotros, las y los Senadores de la República, tuvimos un papel preponderante y donde a través del mecanismo de parlamento abierto, sociedad y sus representantes en el Senado de la República, pudimos construir en favor de este país, y el impulso dado por el Ejecutivo Federal para la implementación de dicho sistema.

La presente iniciativa tipifica las conductas realizadas por las personas jurídicas que corroen el tejido social, mediante actos de corrupción, estableciendo específicamente como causales para determinar su responsabilidad penal. Por ejemplo, el llevar prácticas contables irregulares o dobles contabilidades con la finalidad de esconder lo que se cometió, un acto de cohecho, en beneficio indebido de un servidor público y la propia empresa.

Desde el grupo parlamentario del PRI pugnamos por un compromiso ético de todos los órdenes de la sociedad con la construcción de una República virtuosa, limpia de corrupción y en justicia. Esta iniciativa da testimonio de ello.

Me parece, compañeras y compañeros, que esta iniciativa para poder tipificar el cohecho de empresas locales, así como de empresas internacionales, a servidores públicos, permite avanzar y coadyuva al Sistema Nacional Anticorrupción, que aquí juntas y juntos hemos construido.

Por su apoyo y atención, muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 222 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE COHECHO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta iniciativa aborda lo que se denomina en nuestro sistema jurídico como corrupción activa o -cohecho activo, es decir que el delito es cometido por la persona que promete o da el soborno; a diferencia del -cohecho pasivo, en que el delito es cometido por el servidor que recibe el soborno, incluso en el caso de que la persona que comete el delito se trate de una persona jurídica, ahora con responsabilidad penal, en términos del Capítulo II del Título X del Libro Segundo, el apartado relativo al procedimiento para personas jurídicas, del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado el 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y reformado mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2016.

De conformidad con el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas jurídicas son penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Entre las sanciones que se les pueden aplicar por la comisión de delitos se encuentran la suspensión de actividades o su disolución.

Por otra parte, la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA por su siglas en inglés) fue expedida en EE.UU. en 1977, pero en los últimos años ha adquirido especial importancia debido a la lucha contra la corrupción que vienen dando los diferentes países.1

Fue emitida por el Congreso de los Estados Unidos en 1977 como consecuencia del escándalo de Watergate. El objetivo principal de esta ley es fijar reglas para que los empresarios estadounidenses actúen de forma ética en la licitación de contratos en el extranjero.

En la mencionada ley se consagró el deber de abstenerse de hacer pagos a funcionarios públicos, partidos políticos, funcionarios de dichos partidos o candidatos a ocupar cargos públicos para que dichas personas tomen o se abstengan de tomar alguna decisión en relación con la adjudicación de un contrato.

La disposición antisoborno de la FCPA tiene seis elementos claves. Prohíbe (1) ofrecer o dar, (2) cualquier cosa de valor, (3) directa o indirectamente, (4) a un funcionario público extranjero, (5) de forma corrupta, (6) para obtener una ventaja inapropiada.

1) Ofrecer o dar. Un ofrecimiento o promesa es suficiente para cumplir con este elemento. No tiene que ser aceptado, y el beneficio no tiene que ser otorgado. La prohibición también incluye autorizar o aprobar ofrecimientos de soborno.

2) Cualquier cosa de valor. La FCPA no establece un valor mínimo para lo que constituye un soborno, y el concepto de “cosa de valor” es interpretado de manera muy amplia. Los ejemplos incluyen regalos, comidas, entretenimiento, transporte, donaciones de caridad, descuentos, empleos o pasantías para familiares, y reembolso de los gastos de los funcionarios. Un área de alto riesgo para las compañías implica regalos, entretenimiento, comidas, viajes y hospedaje a funcionarios extranjeros, puesto que tales pagos pueden ser interpretados como (o pueden convertirse en) sobornos.

3) Directa o indirectamente. Los pagos, ofrecimientos y promesas están prohibidos, ya sea que los hagan directamente individuos o indirectamente terceros, por ejemplo, agentes locales, consultores, representantes, o subsidiarias. Las compañías o individuos podrán ser responsabilizados por los pagos indirectos si ellos autorizan los pagos o tienen conocimiento de que se hará un pago corrupto. Las compañías o individuos también podrán ser responsabilizados si deberían haberlo sabido – por ejemplo, si “ignoran conscientemente” una “alta probabilidad” de que un tercero hará un pago corrupto en su nombre. Un resultado de esta responsabilidad es que los programas de cumplimiento generalmente hacen énfasis en la debida diligencia de todos los representantes de terceros.

4) Funcionario extranjero. El término “funcionario extranjero” se define de forma bastante amplia para incluir a cualquier empleado público, independientemente de su nivel en la jerarquía, e independientemente de si son elegidos, designados o de gobierno estatal, local o federal. También incluye a funcionarios, directores y empleados de compañías estatales u otras agencias. El estado no tiene que ser el único propietario de la entidad para que se aplique la FCPA. Esta amplia definición, por ejemplo, permite que un pago que se le haga a un doctor en un hospital público en otro país sea considerado como un pago a un “funcionario público”. Los candidatos a cargos públicos o funcionarios de organizaciones públicas internacionales (como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Cruz Roja, etc.) también son considerados como funcionarios extranjeros para los fines de la FCPA.

5) De forma corrupta. El sobornador debe tener mens rea – intento criminal – para cometer un acto criminal. En este caso, el sobornador deberá tener la intención de inducir al receptor a que abuse de su cargo público.

6) Ventaja inapropiada. Ventaja inapropiada se refiere a obtener o retener negocios o garantizar alguna otra ventaja. Por ejemplo, podrían hacerse pagos inapropiados para obtener registros o aprobaciones gubernamentales, ganar un contrato con el gobierno, autorizar equipos en aduana, reducir los aranceles aduaneros, garantizarse impuestos y tasas más favorables, o perjudicar a un competidor.

Por otra parte, en el año 1997 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) expidió la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (en adelante Convención Anticohecho)2. Por medio de esta Convención la OCDE desarrolla medidas para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros.

Con la finalidad de alinear la FCPA con las disposiciones contenidas en la referenciada Convención, en 1998 el Congreso de los Estados Unidos le realizó una enmienda introduciendo la penalización de conductas y ampliando el ámbito de aplicación de la ley, entre otras modificaciones.

A raíz de la expedición de la ley Sarbanes Oxley en 2002, relacionada con la prevención del fraude y quiebra de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, la aplicación de la FCPA ha alcanzado una gran relevancia en los últimos años.

La Convención Anticohecho de la OCDE es un acuerdo internacional suscrito por países que establecen medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan, den o encubran gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Fue firmada en 1997 y entró en vigor el 26 de julio de 1999. México ratificó esta Convención el 22 de abril de 1999 y entró en vigor el 26 de julio de 1999.

Antes de adoptar la Convención Anticorrupción de la OCDE, los Estados miembro de la OCDE prefirieron adoptar en mayo de 1997 un instrumento jurídico no vinculante, la Recomendación revisada por el Consejo sobre el combate al cohecho en las transacciones comerciales internacionales. La Convención nació a raíz de esta Recomendación. En mayo de 2009, se adoptó la Recomendación del Consejo de la OCDE en contra de la deducibilidad fiscal de los sobornos en las transacciones comerciales internacionales, que junto a la Recomendación para reforzar el combate al cohecho en las transacciones comerciales internacionales de noviembre de 2009 y a la Convención Anti-cohecho de la OCDE forman los tres instrumentos del dispositivo anticorrupción de la OCDE.

Este es el único instrumento internacional que centra sus preocupaciones en la oferta de la corrupción ya que sobornar a funcionarios públicos para obtener ventajas en el comercio internacional socava la gobernabilidad, el crecimiento económico y la competitividad en los mercados.

La Convención Anticohecho busca prevenir la realización de actos de cohecho en transacciones comerciales internacionales de los países signatarios y promueve el establecimiento e imposición de sanciones a servidores públicos, personas, empresas y profesionistas que encubran o participen en un acto de esta naturaleza. A través de ella, se define el delito, la base jurisdiccional, las disposiciones secundarias y la organización de la cooperación mutua entre los estados miembros en asuntos de apoyo y extradición.

Los objetivos de la Convención son:

a) Eliminar la competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales.

b) Castigar o penalizar a las empresas y a las personas que prometan u otorguen pagos a oficiales extranjeros con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios.

c) Esta Convención exige que las leyes anticohecho de los países signatarios se apliquen no sólo a particulares, sino también a las empresas, lo cual es clave para que éstas tengan responsabilidad ante las leyes de los actos de corrupción que se lleven a cabo para su beneficio. Además, los Estados miembros tienen la obligación de tipificar el cohecho internacional en las legislaciones nacionales y se comprometen a establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para el delito de soborno extranjero las cuales deben ser, al menos, comparables a las sanciones por soborno de funcionarios públicos nacionales.

La Convención también exige eliminar la deducción fiscal de los pagos de soborno, incluir jurisdicción sobre actos de corrupción cometidos en el país y en el extranjero y tomar medidas para garantizar que las decisiones para investigar o juzgar los casos de cohecho no estén influenciadas por consideraciones de interés económico. En este sentido, se deben prohibir las prácticas de contabilidad y auditoría que facilitan el ocultamiento de prácticas corruptas. Al igual que las otras convenciones, la Convención de la OCDE insta a proporcionar asistencia técnica jurídica a los demás Estados parte para investigar y perseguir los actos de cohecho en el extranjero

La OCDE recomienda que los países miembros tomen las medidas necesarias, considerando cuando proceda las circunstancias individuales de una empresa; por ejemplo, su tamaño, tipo, estructura legal, así como el sector geográfico e industrial de operación; de manera que las leyes, normas o prácticas relacionadas con los requisitos contables, las auditorías externas, los controles internos, la ética y el cumplimiento estén a la par de los siguientes principios y se usen de manera plena para prevenir y descubrir el cohecho de servidores públicos extranjeros en negocios internacionales, de acuerdo con sus principios jurisdiccionales y otros principios jurídicos básicos.3

Conforme al Artículo 8 de la Convención Anticohecho de la OCDE, los países miembros deberán tomar las medidas necesarias, dentro del marco de sus leyes y reglamentos, respecto a mantener libros y registros contables, divulgar estados financieros, usar normas de contabilidad y auditoría, para prohibir la creación de cuentas no asentadas en libros, llevar una doble contabilidad o transacciones identificadas de manera inadecuada, el registro de gastos inexistentes, el registro de pasivos con identificación incorrecta de su fin, así como el uso de documentos falsos por parte de las empresas sujetas a dichas leyes y reglamentos, con el propósito de sobornar a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho delito.

En este mismo sentido, la OCDE recomienda a sus países miembros que deben exigir a las empresas que divulguen en sus estados financieros toda la variedad de pasivos contingentes materiales. Conforme al mencionado Artículo 8, los países miembros deberán estipular sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter civil, administrativo o penal para tales omisiones y falsificaciones con respecto a los libros, los registros, las cuentas y los estados financieros de dichas empresas.

De acuerdo al  Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional,4 en 2015, México se ubicó en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 países analizados.

El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual es cinco puntos menor que la de la medición anterior.

México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos. 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos. Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar.

Como parte de la Fase III de la evaluación sobre la de la implementación de la Convención Anti-cohecho de la OCDE, en mayo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales (GTC) realizó la visita in-situ a México y genero un Informe Final de evaluación5. El objetivo de la misión fue conocer, monitorear y evaluar el grado cumplimiento de la Convención por parte de las autoridades responsables de su aplicación (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) así como conocer el grado de conocimiento de la misma y la percepción que diversos sectores (privado, social y académico) tienen sobre la efectividad del combate a la corrupción y el cohecho internacional.

En este sentido, del 11 al 14 de octubre de 2011, se llevó a cabo la defensa del Informe Oral ante el Grupo de Trabajo sobre Cohecho (GTC) de la OCDE, en París, Francia, con la que se concluyó la Fase III de la Evaluación de esta Convención. El Grupo de Trabajo sobre Cohecho (GTC), integrado por los 34 estados miembros de la OCDE, además de Argentina, Brasil, Bulgaria, Rusia y Sudáfrica aprobó el reporte correspondiente a esta fase.

En el informe final, la OCDE destaca el compromiso en el cumplimiento de la Convención por parte de México, especialmente al alertar al sector privado acerca de los riesgos que conlleva el delito de cohecho internacional. También se reconocieron los esfuerzos del Gobierno Federal en la elaboración y actualización de estrategias para identificar el cohecho y su liderazgo en la lucha contra el lavado de dinero como parte de las medidas anticorrupción implementadas.

Asimismo, el GTC también formuló observaciones de índole legislativas entre las que se incluyen: impulsar las diversas iniciativas de ley pendientes de aprobar para fortalecer el combate a la corrupción; ampliar la legislación en materia de decomiso del producto del cohecho; continuar el mejoramiento del nivel de atención a las solicitudes de asistencia jurídica en casos relacionados a este delito; la promulgación de leyes para proteger a denunciantes de actos de corrupción en los sectores público y privado, así como la necesidad establecer en el marco jurídico la obligación de los auditores externos para denunciar los delitos detectados durante las auditorías que formulen, garantizándoles protección ante posibles represalias.

Es importante destacar los avances que México ha realizado en el combate a la corrupción en todos los órdenes de gobierno. Como primer paso, es relevante mencionar la labor legislativa que ha realizado el Congreso de la Unión en conjunto con la sociedad civil, bajo la novedosa modalidad del Parlamento Abierto, para la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, que dio como resultado la expedición de un Sistema integrado por siete leyes:

1) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

2) Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).

3) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

4) Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

5) Reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

6) Reforma al Código Penal.

7) Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

A este esfuerzo legislativo se ha sumado diversos actores, entre los que destacan, el titular del Ejecutivo Federal, implementando las medidas administrativas necesarias conducentes para que la Administración Pública Federal, coadyuve de manera plena con el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción.

En este sentido, otro avance importante es la próxima instalación del Comité de Participación Ciudadana de dicho Sistema, como órgano rector ciudadano con capacidad de proponer políticas anticorrupción y vigilar el funcionamiento del Sistema.

El Comité de Participación Ciudadana será la instancia que vinculará al sistema con las organizaciones sociales y académicas; integrará el órgano de gobierno y la Comisión Ejecutiva del Secretariado Técnico del SNA y propondrá políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación.

Esta elección sienta un precedente pues es la primera vez que un órgano colegiado integrado por ciudadanos – elegidos en un proceso no partidizado y transparente dirigido por otros ciudadanos – tendrá funciones públicas

En este sentido, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la mencionada Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha Contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por el Consejo de la OCDE el 26 de noviembre de 2009,6 armonizándolas con las disposiciones de responsabilidad penal de las personas jurídicas del Código Nacional de Procedimientos Penales, se propone el siguiente texto de reforma al Código Penal Federal, con la finalidad de combatir eficazmente los actos de corrupción cometidos por las personas jurídicas:

Texto Vigente

Texto de iniciativa

CÓDIGO PENAL FEDERAL
Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

(…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea          valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

(…)

 

 

 

 

 

(…)

 

 

 

 

(…)

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

(…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)

 

 

 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

CÓDIGO PENAL FEDERAL
Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

IV. Cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier accionista de una persona jurídica, que utilice cualquier medio de comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor público con el fin de:

a) influir en cualquier acto o decisión de dicho servidor público que actúe a título oficial,

b) inducir a dicho servidor público a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo,

 

c) obtener alguna ventaja indebida; o

d) inducir a dicho servidor público a que influya en un acto o decisión de cualquier orden de gobierno, con el fin de ayudar a dicha persona jurídica a obtener o retener algún negocio para dicha persona o para un tercero;

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea        valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

En el caso de las personas jurídicas, en términos de lo dispuesto en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las consecuencias jurídicas aplicables serán las dispuestas en el artículo 11 Bis de este Código, incluida la suspensión o disolución de la persona jurídica, cuando el juez lo estime necesario para la seguridad pública.

En términos del artículo 12 de este Código, existirá tentativa punible cuando exista incitación, ayuda, instigación o autorización de un acto de cohecho por parte del sujeto activo del delito a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código.

Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la comisión del delito de cohecho cometido por personas jurídicas, serán calificados cuando se originen por:

a) Creación de cuentas no asentadas en libros contables,

b) Llevar una doble contabilidad o transacciones identificadas de manera inadecuada,

c) Registrar gastos inexistentes,

d) Registrar pasivos con identificación incorrecta de su fin, así como el uso de documentos falsos por parte de las personas jurídicas con el propósito de sobornar a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho delito,

e) Omitir o falsificar libros contables, registros, cuentas y estados financieros de las personas jurídicas.

Capítulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

IV. Cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier accionista de una persona jurídica, que utilice cualquier medio de comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor público extranjero con el fin de:

a) influir en cualquier acto o decisión de dicho servidor público que actúe a título oficial,

b) inducir a dicho servidor público a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo,

c) obtener alguna ventaja indebida; o

d) inducir a dicho servidor público a que influya en un acto o decisión de cualquier orden de gobierno, con el fin de ayudar a dicha persona jurídica a obtener o retener algún negocio para dicha persona o para un tercero;

En términos del artículo 12 de este Código, existirá tentativa punible cuando exista incitación, ayuda, instigación o autorización de un acto de cohecho por parte del sujeto activo del delito a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código y será calificado de conformidad con las disposiciones del artículo 222 Bis

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

Aunado a lo anterior, con el objeto de fortalecer la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de julio de 2016, la presente iniciativa tipifica las conductas realizadas por las personas jurídicas relativas al cohecho y establece los estándares probatorios suficientes para acreditar dichas conductas, adoptando para tal fin los criterios establecidos en el artículo 8 de la mencionada Convención Anticohecho de la OCDE sobre las prácticas contables irregulares utilizadas por las personas jurídicas para cometer el delito de cohecho tanto en su modalidad genérica como el cometido con servidores públicos extranjeros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 222 Y 222 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE COHECHO, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDÉZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV y tres párrafos in fine al artículo 222 y una fracción IV al 222 BIS, ambas disposiciones del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

IV. Cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier accionista de una persona jurídica, que utilice cualquier medio de comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor público con el fin de:

a) influir en cualquier acto o decisión de dicho servidor público que actúe a título oficial,

b) inducir a dicho servidor público a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo,

c) obtener alguna ventaja indebida; o

d) inducir a dicho servidor público a que influya en un acto o decisión de cualquier orden de gobierno, con el fin de ayudar a dicha persona jurídica a obtener o retener algún negocio para dicha persona o para un tercero;

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

En el caso de las personas jurídicas, en términos de lo dispuesto en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las consecuencias jurídicas aplicables serán las dispuestas en el artículo 11 Bis de este Código, incluida la suspensión o disolución de la persona jurídica, cuando el juez lo estime necesario para la seguridad pública.

En términos del artículo 12 de este Código, existirá tentativa punible cuando exista  incitación, ayuda, instigación o autorización de un acto de cohecho por parte del sujeto activo del delito a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código.

Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la comisión del delito de cohecho cometido por personas jurídicas, serán calificados cuando se originen por:

a) Creación de cuentas no asentadas en libros contables,

b) Llevar una doble contabilidad o transacciones identificadas de manera inadecuada, 

c) Registrar gastos inexistentes,

d) Registrar pasivos con identificación incorrecta de su fin, así como el uso de documentos falsos por parte de las personas jurídicas con el propósito de sobornar a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho delito,

e) Omitir o falsificar libros contables, registros, cuentas y estados financieros de las personas jurídicas.

Capítulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o,

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

IV. Cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier accionista de una persona jurídica, que utilice cualquier medio de comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor público extranjero con el fin de:

a) influir en cualquier acto o decisión de dicho servidor público que actúe a título oficial,

b) inducir a dicho servidor público a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo,

c) obtener alguna ventaja indebida; o

d) inducir a dicho servidor público a que influya en un acto o decisión de cualquier orden de gobierno, con el fin de ayudar a dicha persona jurídica a obtener o retener algún negocio para dicha persona o para un tercero;

En términos del artículo 12 de este Código, existirá tentativa punible cuando exista  incitación, ayuda, instigación o autorización de un acto de cohecho por parte del sujeto activo del delito a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código y será calificado de conformidad con las disposiciones del artículo 222 Bis

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de marzo del 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Consultable en el sitio de internet del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, sección Foreign Corrupt Practices Act of 1977 en el siguiente vínculo: https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-spanish.pdf

2 Consultable en el sitio de internet de la OCDE en el vínculo: https://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf

3 Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha Contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por el Consejo el 26 de noviembre de 2009

4 Consultable en el sitio de internet de Transparencia Internacional en el siguiente vínculo:
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

5 El informe “PHASE 3 REPORT ON IMPLEMENTING THE OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION IN MEXICO” de octubre de 2011, se puede consultar en el sitio de internet de la Secretaría de la Función Pública en el siguiente vínculo:
http://www.anticorrupcion.gob.mx/web/doctos/cooperacion/convenciones/ocde/Informe_Final_Fase_III.pdf

6 Consultable en el sitio de internet de la OCDE en el vínculo: https://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias a usted, Senadora Yolanda de la Torre Valdez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de la carrera en Ingeniería en Gestión Empresarial y Administrativa de Empresas, Jóvenes con Iniciativa del Instituto Tecnológico de Morelia, invitados por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo a esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!

También damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de preparatoria del Tecnológico de Monterrey del estado de Colima, invitados por la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo XII al Título Séptimo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO XII AL TÍTULO SÉPTIMO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, señor Presidente.

Y agradezco mucho que haya hecho la mención de los chicos y chicas que están por aquí. Como ustedes saben, yo cada año hago un concurso en Michoacán con estudiantes de las universidades, les llamo Jóvenes con Iniciativa, para que presenten la iniciativa o el tema del que están preocupados en su edad, es una manera de acercarnos con ellos y de acercar a los jóvenes a la política.

Y el día de hoy voy a presentar una iniciativa, la ganadora de este concurso, que es una iniciativa con proyecto de adición del Capítulo VIII al Título Séptimo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los integrantes de ese equipo son: Patricia Pérez Sixto y Francisco Bernal Segura. La presentaré ahora mismo.

El segundo lugar, es un proyecto de derogación de disposiciones de la Constitución Política y de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del equipo de Andrés Lelo de la Rea Piña y Mariana Lelo de Larrea Piña, estos hermanos lindos.

Y el tercer lugar, es una iniciativa con proyecto de reforma a las fracciones II y III del artículo 12 y adición a la fracción IV al artículo 12 de la Ley del Seguro Social, de nuestros amigos Cuauhtémoc Pedraza Orozco e Iván Díaz Villanueva.

Debo decir que hace un par de semanas presenté una de chicos de psicología de Lázaro Cárdenas, respecto de la prevención de salud mental de los niños y de las niñas. Así que hoy presento la de Patricia y del señor Bernal.

Es una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo XII al Título Séptimo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

“Un gran número de jóvenes no tiene perspectivas inmediatas de futuro y están desencantados de los procesos políticos, sociales y de desarrollo que viven sus países. Sin medidas urgentes, nos arriesgamos a crear una generación pérdida de talentos y sueños desperdiciados”, Ban Ki-moon 2012.

El desempleo juvenil es un problema persistente que aqueja el mercado laboral a nivel mundial y que representa una de las principales preocupaciones de los gobiernos de todo el mundo. En México, la desocupación de este segmento llega al 9.7 por ciento, quedando por lo tanto debajo del promedio de los países de la OCDE.

Uno de los mayores retos que enfrenta la juventud mexicana radica en la transición de la vida escolar a la laboral. Cifras del Inegi constatan que en México casi la mitad de los desempleados son jóvenes menores de 30 años. En 2015, los jóvenes de 20 a 29 años representaron 41.5 por ciento del total de desocupados del país, que sumó 2.1 millones de personas. Esta tasa de desempleo juvenil fue la mayor en más de 11 años.

Sabemos que están en la informalidad, que la población joven económicamente activa, el 7 por ciento está desocupado, y son más del 39 por ciento de la que trabaja en la informalidad.

Es importante señalar que la sociedad mexicana experimenta un fenómeno poblacional conocido como bono demográfico, el cual se caracteriza principalmente porque el número de personas en edad de trabajar es mayor que ningún otro momento de la historia, propiciando así la existencia de oportunidades únicas de crecimiento económico y que no debemos dejarla escapar.

Desafortunadamente, hoy la hemos desaprovechado al no ofrecerles oportunidades necesarias para su desarrollo de los jóvenes como empleo o como educación, orillando a este grupo en edad productiva a integrarse al sector informal o incorporarse a actividades delictivas.

El desempleo entre jóvenes corresponde a una cantidad importante de egresados de universidades públicas o privadas que no son absorbidos por el mercado de trabajo. Entre los principales factores que dificultan la inserción laboral de los jóvenes, destacan la carencia de programas de práctica laboral, una escasa generación de empleo, una desarticulación entre la relación educación-trabajo, así como una baja innovación y emprendimiento.

El origen del problema es múltiple. La realidad es que, en los últimos años, miles de universitarios no encuentran el trabajo al que aspiran y debido a los altos índices de desempleo y la baja calidad de los empleos existentes, han optado por generar sus propios recursos, iniciar sus propios negocios y pasar de ser desempleados a emprendedores.

Por lo tanto, es fundamental generar estrategias que potencien las habilidades de este sector para aprovechar la ventaja demográfica. Asimismo, es una prioridad favorecer ecosistemas favorables para el desarrollo y consolidación de emprendimientos, que permitan a los jóvenes impulsar o crear nuevos negocios y empresas, a partir de proyectos innovadores.

Actualmente, la única institución del gobierno federal enfocada exclusivamente a promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud del país un desarrollo pleno e integral, es el Instituto Mexicano de la Juventud, sin embargo, no cuenta con las atribuciones para otorgar directamente apoyos económicos a los emprendedores, ni construir cadenas de valor que les permitan, en efecto, mantener sus emprendedurías en activo más de un año.

Para esos efectos está el Instituto Nacional del Emprendedor, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Si bien es cierto que el Inadem ha puesto en marcha programas e instrumentos de apoyo a los nuevos emprendedores, éstos aún tienden a limitar el crecimiento de su empresa debido a la falta de inversión.

El objetivo de la presente iniciativa es apoyar a los nuevos empresarios a consolidar y hacer crecer sus empresas. La finalidad es incentivar la inversión de empresas o particulares en proyectos empresariales en sus primeras etapas, a través de la deducción del Impuesto sobre la Renta.

Este estímulo fiscal tiene como finalidad la captación de inversiones en empresas de nueva o reciente creación, siempre que la sociedad e inversionista cumplan ciertos requisitos, y consiste en permitir a quienes decidan invertir capital en proyectos empresariales incipientes, que puedan deducir un 30 por ciento de las cantidades aportadas.

De esta manera se fomentará y apoyará de manera exclusiva a los emprendedores para que puedan hacer crecer su empresa y a la vez generen fuentes de empleo, y con ello reducir sustantivamente la tasa de desempleo.

Facilitar el acceso a apoyos económicos, además de fortalecer a las empresas nuevas o de reciente creación, propiciará que aquellas personas que se encuentran en la informalidad tengan mayor acceso a un trabajo digno.

Dadas las circunstancias actuales, es un hecho que se necesitan crear nuevas fuentes de empleo. Los jóvenes están empezando a crear sus propias empresas, por lo tanto, es urgente establecer un incentivo para que, tanto los emprendedores, como las empresas consolidadas puedan crecer, y este incentivo es la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación. En este sentido, ambas partes se verán beneficiadas.

Por un lado, el emprendedor tiene una mayor facilidad para atraer inversión y la empresa reduce gastos al deducir un porcentaje del monto invertido.

Como vemos, es ganar ganar. Es una iniciativa de solidaridad de quien ya está en la empresa y de quien quiere caminar con dignidad y con honestidad en una empresa legal.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo XII al Título Séptimo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Único.- Se adiciona el Capítulo XII al Título VII: “De la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación”, que comprende los artículos 205, 206 y 207 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Título VII. De los estímulos fiscales Capítulo XII de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.

Artículo 205. Los contribuyentes a que se refiere el Título II y Capítulo II del Título IV de esta Ley, podrán deducir de sus ingresos acumulables en el ejercicio fiscal de que se trate, el 30 por ciento por la suscripción de acciones o partes sociales en sociedades mercantiles de nueva o reciente creación, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto por el artículo 196 y 197 de la presente Ley.

La base máxima de deducción será de un millón de pesos anualmente y estará conformada con el valor de adquisición de las acciones o partes sociales suscritas.

Artículo 206. Las sociedades mercantiles cuyas acciones o partes sociales se adquieran deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Estar constituida en los términos establecidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

II.- Contar con los medios personales y materiales suficientes para el desarrollo de su objeto social.

Artículo 207. A efecto de aplicar la deducción a que se refiere el artículo 195 de la presente ley, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I.- Las acciones o partes sociales en la sociedad mercantil deberán adquirirse por el contribuyente ya sea en el momento en que ésta se constituya o mediante aumento de capital dentro de los tres años siguientes a su constitución.

II.- El contribuyente deberá permanecer como socio o accionista en la sociedad mercantil por un periodo mínimo de tres años.

Transitorio.

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Y muchísimas gracias, chicos, por tener esperanza.

Iniciativa



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con mucho gusto, Senadora Calderón Hinojosa. Túrnese a la Cámara de Diputados para su análisis.

La Senadora Rosa Adriana le pregunta, Senadora Calderón, si tiene objeción para adherirse, lo mismo el Senador López Brito. Le pido a la Secretaría tome nota de los Senadores y Senadoras que se están incorporando.






Se concede la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 133; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 Y UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 134 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores.

¡Al pueblo de México, con todo mi cariño!

Estamos insistiendo, ya tiene un buen rato, en todo el sistema de salud, de tal manera de que este Senado de la República realizó el tema de las compras consolidadas que ha dado beneficio al sistema de salud nacional donde participan los estados de la República, y los diferentes sectores como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la Marina, el Ejército y la Secretaría de Salud a través del Seguro Popular, aunque no es seguro ni es popular, pero así le llamamos, bueno.

De tal manera de que esto de compras consolidadas nos han dado 11 mil millones de pesos de ahorro, perfecto. Pero, lo que se compra, se lo roban, el robo hormiga que venimos señalando, y parezco disco rayado, pero quiero que quede muy claro en la cabecita de cada uno de los Senadores y Senadoras para que apoyen, y así lo hicieron, apoyaron, y se aprobó el Código Bidimensional en el Senado de la República.

Desde el 2013 se fue a Cámara de Diputados, empezó la industria a buscar a los diputados, obviamente para que no pasara, y pues, ya saben ustedes cómo los buscan, para qué les digo, ustedes, el pueblo es muy inteligente; tonto es aquél que piensa que el pueblo es tonto, entonces, ya me entendieron cómo los buscaban para que no pasen las cosas.

Desde el 13, ese Código Bidimensional le va a ahorrar al sector salud 18 mil millones de pesos por el robo hormiga. También sabemos qué es el robo hormiga, en todas las instituciones y en todo el país, a lo largo y a lo ancho, de tal manera que estamos insistiendo que los Diputados, que ya hablamos con el Diputado Iñiguez, Presidente de la Comisión de Salud, y muy amablemente le está prestando atención al tema, y tengo entendido que con el apoyo del Senador López Brito, Presidente honorable de la Comisión de Salud del Senado, vamos a impulsarlo para que ya se apruebe, y ahorrarle al país 18 mil millones de pesos.

Por otro lado, pues en los centros de salud que están totalmente desmantelados, sin médicos, sin enfermeras, sin jeringas, no hay medicinas, porque nada más del presupuesto global en salud le estamos invirtiendo el 12.5 por ciento, totalmente desmantelado y pensamos que como no hay negocio, en el primer nivel de atención, pues entonces no nos preocupa el primer nivel de atención.

Pero, estamos también insistiendo con el tema de innovación que ya con el Senador Emilio Gamboa, estamos como el tío jeringa, dale y dale para que se apruebe, porque la gente del pueblo, la gente que menos tiene, los pobres necesitan medicina de calidad, y con la iniciativa de innovación que no se ha aprobado en el Senado, que está pendiente, estábamos pidiendo que el 50 por ciento del ahorro de las compras consolidadas se fueran a los que están para comprar medicinas. Sin embargo, pues, aquí está atorada, y yo ahí sí les pido a los Senadores y Senadoras que ya vamos a sacar las cosas, no podemos estar con los brazos cruzados, el tiempo se va y no estamos haciendo lo correcto.

También le pido, desde la máxima tribuna del Senado de este país, al doctor y mi amigo, con todo respeto, José Narro Robles, que ya le dé vuelta a la pirámide del Sistema Nacional de Salud y atienda el primer nivel de atención totalmente desmantelado.

Y parte de todo este proceso del Sistema de Salud es que presenté una iniciativa que reforma los artículo 27 y 133, y adicione un párrafo a la fracción II del artículo 27, y una fracción al artículo 134 de la Ley General de Salud, por el tema de las infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias.

Fíjense ustedes, esta es la infección que agarran dentro del hospital, que llegan ustedes por una infección, pues, la que agarran en el hospital, pues esa sí va a estar más fuerte y eso es lo que está pasando.

Según la Organización Mundial de la Salud, al año fallecen 16 millones de pacientes en el mundo por estas enfermedades. Y en nuestro querido México, se calcula que se producen anualmente 450 casos de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, término, este ya reconocido en la normatividad, y hay 32 defunciones por cada 100 habitantes.

¿Ustedes creen que este es un tema menor?

Esto incluye el tema de lavado de manos en los hospitales. A mí me tocó ya estar al frente de la atención médica del hospital más grande del sureste, mi querido, y le mando un saludo al hospital y a todo el personal de Juan Graham Casasús, y ahí era un dineral que gastábamos en medicina, medicina y medicina y medicina para poder combatir las infecciones intrahospitalarias que son terribles, son durísimas de quitar y se van en la gente, 32 muertos por cada 100 habitantes.

¿Y cómo se corrigió? Con agua, jabón y alcohol, y entendiéndole a los médicos, enfermeras que se tienen que lavar la manos antes y después de ver un enfermo, y con eso nos ahorramos el 80 por ciento del presupuesto del hospital. Así de sencillo.

Porque uno habla: lavado de manos y ya creen que es en automático, pues, no es así. Miren cuánta gente muere por no hacer esto en los hospitales de nuestro país.

Y entonces esta ley obliga, igual, miren, el alcohol que compra la Secretaría de Salud está rebajado, es 60-70 por ciento de alcohol, cuando la norma dice que debe ser 80, por lo menos 75 por ciento. O sea, estamos teniendo alcohol rebajado, así como la leche de Liconsa que tiene más agua que leche, así lo mismo pasa con el alcohol.

Entonces, compañeros Senadores, vamos a hacer acciones. El Poder Legislativo es un poder importante, más importante que el Ejecutivo, pero si fuera independiente y tuviera bien puesto los pantalones.

Por su atención, muchísimas gracias, y ya no les quiero ni decir lo que se gasta, estamos hablando, nada más para concluir, señora Presidenta, alrededor, dicen que el 2 por ciento del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud se gasta en combatir las infecciones intrahospitalarias.

¿Cuánto nos cuesta el agua, jabón y un poco de alcohol no tan rebajado?

Ojalá y apoyen esta iniciativa de lavado de manos. Hicimos un foro aquí en el Senado donde vino gente de la Organización Mundial de la Salud, de Holanda, un foro internacional, y repito, parece algo que es en automático y que no tiene ni lógica y que no es importante, pero la verdad que 32 muertos por cada 100 mil habitantes, y además el dineral; el 2 por ciento del presupuesto general de salud, discúlpenme que sea repetitivo, pero quiero que vean lo importante que es esto.

Ahí se los dejo de tarea. Ojalá y la apoyen en la Comisión de Salud.

López Brito, ¡mucho ojo! Gineco-obstetra, médico, sé que la va a apoyar, no le queda de otra.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Fernando Mayans. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto de protección al empleo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE PROTECCIÓN AL EMPLEO

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, compañeros Senadores. Con el permiso de la Mesa Directiva.

Quisiera aprovechar antes de iniciar la lectura de esta ponencia, para agradecer a la Cámara de Senadores, al Instituto Belisario Domínguez, al Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” y, en general, a las compañeras Senadoras y Senadores que atendieron una iniciativa personal del escaño de Baja California, a fin de donar libros a la Universidad Autónoma de Baja California, nuestra muy querida universidad cimarrona.

Con motivo de su 60 aniversario de su fundación, realizamos una campaña intramuros en el Senado, y quiero informarles que gracias a la participación de todos ustedes, esta honorable institución, que celebra sus 60 años, recibió del Senado 2 mil títulos que van a enriquecer las bibliotecas de sus campus.

Muchísimas gracias a todos por participar, y sobre todo felicidades a esa gran institución educativa que es el orgullo de nuestra gran entidad, Baja California.

Quiero también, si me permite, señora Presidenta, pedirle a la Senadora Calderón Hinojosa, si me permite en su momento, sé que está ausente en la Asamblea, sumarme a su iniciativa que me parece muy interesante.

Por otra parte, quisiera decirles que esta semana, estos meses, son de alto riesgo para los trabajadores de México. Al otro lado de la frontera, en el frenesí ya no digamos nacionalista, sino aldeano del Presidente Trump, se baraja la posibilidad de imponer a los productos mexicanos barreras comerciales. Presa de su ingenuidad, el señor Trump cree que se puede imponer a los agentes económicos la manera de decirles cómo se produzca, cómo y en dónde hacerlo.

Las cúpulas aldeanas del vecino país del norte pontifican haciendo economía por decreto, estos disparates requiere que se abra el debate inteligente, productivo, en el Senado de la República.

Frente a las medidas unilaterales que el nuevo Presidente de Estados Unidos de América quiere imponer, corresponde a nosotros salir en defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo de México. Los avances tecnológicos constantes, particularmente en materia de informática y telecomunicaciones, hacen del mundo un espacio cada vez más abierto e interconectado.

La consecuencia natural e irreversible de la gestión tecnológica es la integración de cadenas de suministro y producción en las que múltiples bienes y servicios se elaboran con componentes de diversas nacionalidades.

Se requiere llevar a los empleos en una visión cortoplacista, eso es lo que pretende Estados Unidos.
Estados Unidos pretende la fabricación total de bienes y servicios en un solo país. De ahí el concepto de aldeano.

En consonancia con las propuestas populistas, expresadas durante el proceso electoral, algunos legisladores presentaron en los Estados Unidos una reforma fiscal.

Esta propuesta estadounidense se caracteriza por una nueva regulación del impuesto al ingreso de las empresas; se pretende allá, implementar el denominado impuesto de ajuste fronterizo.

Este impuesto pretende que sea a través de deducciones por un 20 por ciento al valor de las mercancías. Sin duda, ya lo hemos coincidido todos, se trata de una barrera comercial, estamos frente a una violación franca y abierta al artículo 2103 del Tratado de Libre Comercio y a las sanas prácticas de la Organización Mundial de Comercio.

Además de reclamar esta medida unilateral en el marco de la renegociación del TLC, tal y como ya lo ha hecho el Secretario de Economía al anunciar que si se aprueba esta determinación, nuestro país se retira de la mesa de conversaciones, el Senado, nuestro Senado está llamado a dictar normas para contener los efectos nocivos para nuestra planta productiva.

En la guerra comercial que se nos ha declarado, que nos ha declarado el nuevo Presidente y algunos legisladores de aquel país, no nos conviene reaccionar con la misma moneda. No debemos intentar prácticas desleales de comercio. Lo peor que puede hacer nuestro país, nuestros liderazgos, es colocarse al margen de los tratados internacionales y los principios del derecho internacional que han sido siempre nuestra fortaleza.

Por ello, propongo el otorgamiento de incentivos para retener a las empresas que se han constituido conforme a las leyes mexicanas como plataforma de producción para el envío de bienes a los Estados Unidos de América.

Propongo que las empresas puedan deducir del Impuesto Sobre la Renta, para compensar el 20 por ciento que se pretende desembolsen cuando sus productos crucen la frontera. Pero esas deducciones serán en la medida que se incremente el porcentaje de componentes o partes fabricadas en nuestro país al producto final.

Por ejemplo, en una de las industrias en riesgo, que es la automotriz, el promedio de autopartes elaboradas para un automóvil, provienen de los Estados Unidos 85 por ciento, y únicamente el 15 por ciento se fabrica en México.

Propongo que, a través de disposiciones administrativas de carácter general, la Secretaría de Hacienda establezca una tabla gracias a la cual las empresas puedan deducir en mayor medida, siempre y cuando incorporen bienes fabricados en México.

Muchas micro y pequeñas empresas de México están listas para fabricar los bienes que ahora se traen del extranjero. Muchos trabajadores, tanto ingenieros como obreros, están listos para separarse de sus empresas y fabricar pequeñas partes en sus propios establecimientos. De ahí que propongo también que la Secretaría de Economía lleve a cabo una política pública para el desarrollo de proveedores.

Finalmente, como complemento de lo anterior, en razón de que estoy seguro que se van a generar muchísimos diseños industriales, prototipos y nuevas patentes, propongo que se exente del pago de derechos por todos los trámites que realicen, tanto en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como en el Instituto de Derechos de Autor.

Compañeras y compañeros legisladores, les propongo que valoren con detenimiento y reflexión este decreto breve, pero lo juzgo trascendente, que busca respuestas parlamentarias concretas y eficaces frente a los intentos de sojuzgamiento provenientes de la nueva administración en el vecino país del norte.

Los llamo también a que con inteligencia y precisión, como nos ha distinguido nuestro trabajo parlamentario, hagamos lo que nos toca para cuidar y preservar las fuentes de empleo de millones de familias de los trabajadores mexicanos.

En vez de la ley del talión, decisiones proactivas que beneficien tanto a nuestro país, como a quienes confían en nosotros.

Es la cuenta, muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía el PROYECTO DE DECRETO DE PROTECCION AL EMPLEO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una nueva relación.

En los últimos 25 años México y los Estados Unidos de América habían venido construyendo una relación en ascenso. Sin importar la orientación ideológica o el origen partidista de las administraciones a ambos lados de la frontera se incrementó la cooperación y el entendimiento. Con la entrada en vigor de un paquete de instrumentos bilaterales entre los que destaca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que incluye también al Canadá, se conformaron cadenas productivas integradas con bienes y servicios de ambas naciones. Como es natural, dadas las asimetrías entre ambos países, el mayor mercado del mundo encontró capital humano abajo costo y uno de los principales países emergentes del planeta logró abrir un espacio para detonar productos con valor agregado, de lo cual un ejemplo importante es la industria automotriz mexicana.

Como cualquier otro instrumento de comercio internacional, el tratado ha traído beneficios y afectado a ciertos sectores de la economía nacional. El campo mexicano, a pesar de que en los primeros años disfrutó de medidas que le favorecían para generar competitividad frente a la enorme producción agrícola del país vecino en el norte, ha resultado afectado en razón de los enormes volúmenes dados los cupos de importación para traer a México maíz blanco y amarillo, carne de puerco congelada y otros alimentos como el pavo que han representado un fuerte golpe a los productores nacionales. En el campo de la industria química se registraron prácticas desleales de comercio exterior que aunque al final de un lento y tortuoso procedimiento de arbitraje a través de paneles terminaron por favorecer a México, ocasionaron la desaparición absoluta de industrias de modo que hoy en día en nuestro país no se produce, por ejemplo, sosa cáustica.

Por otro lado, la ventaja comparativa consistente en mano de obra barata que debía ser una palanca únicamente en las primeras etapas del tratado, se convirtió en un mal crónico al haber sido establecido por los gobiernos neoliberales como un pilar, es decir, la contención salarial como imán para atraer inversión extranjera. No obstante lo anterior, el tratado de libre comercio permitió multiplicar las exportaciones mexicanas al mayor mercado del mundo. Por primera vez en muchos años la manufactura, si bien de escaso valor agregado, se colocó por encima de las tradicionales exportaciones de hidrocarburos. Es importante destacar que la inversión proveniente de los Estados Unidos de América tuvo especial cuidado en que las plantas fuesen prácticamente de ensamble, al nivel de simples maquiladoras. Casi en todos los campos o sectores prevalece alrededor de un 80por ciento de partes que son elaboradas en suelo norteamericano, enviadas a México para que con el 20por ciento restante se elabore el producto terminado principalmente en la industria automotriz y la electrónica. En todos estos años México no ha logrado mejorar la productividad para que se eleven los salarios de los trabajadores que participan en las actividades al cobijo del Tratado de Libre Comercio, ni se ha implementado una política pública sólida que permita el desarrollo de proveedores en torno a las grandes industrias con vocación exportadora a los Estados Unidos de América.

Sin embargo, con el arribo de un nuevo gobierno en los Estados Unidos de América la relación diplomática y con ello el intercambio comercial dio un viraje. La nueva administración ha expresado su intención de cumplir compromisos electorales y busca restringir al máximo la inversión estadounidense en México con la falsa idea de que con ello se pierden plazas de trabajo en su país olvidando que el objetivo del Tratado de Libre Comercio es crear cadenas de suministro entre los tres países participantes para consolidar un bloque comercial que haga frente a sus similares en Europa y Asia así como eventualmente en América Latina y África. Esta visión simplista de las cosas se podrá quizás imponer pero carece de viabilidad en el mediano y largo plazo. Será difícil romper las cadenas de suministro y producción que se han forjado a lo largo de casi un cuarto de siglo a la sombra del Tratado de Libre Comercio. El factor principal para lograr competitividad es la innovación que se frenará en seco, ya que al pretender separar en compartimentos estancos las ramas de la producción que ya se encuentran debidamente integradas, lo único que se conseguirá es debilitar a la región con procesos de producción anquilosados frente a ciclos económicos mucho más eficientes como los que se registran en Asia y Europa. Aunado a las medidas migratorias de carácter restrictivo que también se vienen aplicando de manera unilateral en los Estados Unidos de América, se darán cuenta pronto que quedarán rezagados en la Sociedad del Conocimiento y, por tanto, tendrán que retornar a esquemas sanos de libre comercio.

Ajuste fronterizo.

En un gesto similar al que se registró en Inglaterra durante la Revolución Industrial cuando los obreros destrozaban con mazos la maquinaria a la que atribuían sus bajos sueldos, se ha presentado desde junio del año pasado en el seno de la Cámara de Representantes una iniciativa que pretende establecer impuestos especiales teniendo como destinatarios en primer término a los exportadores mexicanos y también a mercancías de otros países como China y Alemania. Se trata de una nueva forma de deducir el impuesto sobre la renta corporativo. En realidad la propuesta se ha anunciado desde hace muchos años y consiste en un nuevo régimen de la base gravable en torno al impuesto sobre la renta que pagan las empresas en los Estados Unidos de América.

Funciona de la siguiente manera: se graba por igual los ingresos de las empresas en Estados Unidos pero se permiten deducciones a las que exportan y envían bienes a otros países y se quitan esas deducciones a las empresas que importan productos.

Lo que se ha dado en llamar “impuesto especial a las importaciones” en realidad no es más que parte de una iniciativa de reforma fiscal independiente de la renegociación del Tratado de Libre Comercio anunciada para mayo de este año por ambos países.

El entonces candidato Trump anunció en actos diversos de campaña la pretensión de grabar hasta con el 35por ciento a los productos mexicanos que ingresen a ese país. Expertos consideran que, de llegar a aprobarse, la iniciativa presentada ante el Congreso no sobrepasará del 20por ciento. Bajo lo que se conoce por sus siglas en inglés como BAT“BorderAdjustmentTaxation”, se amenaza a las empresas que fabrican en México y vendan en Estados Unidos, principalmente de la industria automotriz. Con estas medidas de carácter fiscal se pretende en realidad inhibir las importaciones de bienes y servicios que se originen o sean producidas fuera del territorio norteamericano pero con especial dedicatoria para México. El llamado impuesto de ajuste fronterizo no constituye un tributo al comercio exterior o arancel sino que su naturaleza consiste en una obligación de carácter corporativo sobre la base del flujo de efectivo. Al parecer se tomó de los lineamientos en la materia de los autores Roberto Hall y AlvinRabushka, los cuales inspiraron también en nuestro país el IETU o impuesto empresarial a tasa única. Se argumenta en Washington que no se pretende trasladar la carga fiscal al consumidor sino que se trata de grabar la operación como un ingreso del vendedor. En este orden de ideas, se resta al precio de venta su costo de producción o importación aplicando al resultado el 20por ciento. Como se puede observar, en realidad se trata de una barrera comercial. No obstante, existe la posibilidad de que a la par de esta nueva forma de deducción del impuesto sobre la renta de las empresas se aplique un arancel hasta del 5por ciento sobre bienes terminados sobre la base de contenido regional.

Desde luego la pretensión fiscal que se ha venido mencionando resulta violatoria del Tratado de Libre Comercio, de su espíritu y en particular del artículo 2103 que limita los impuestos y las deducciones a los bienes de los países firmantes. También representa una conculcación de las normas de libre comercio con que se rige la Organización Mundial de Comercio OMC. En realidad, las nuevas medidas fiscales propuestas tanto por Trump como por algunos legisladores republicanos para aquellas empresas de Estados Unidos que buscan generar sus productos en países emergentes como México donde el costo de producción es más barato, no es más que un disparo en el pie pues podrían desbaratar las cadenas de suministro y producción que benefician en mayor medida no sólo a las empresas de su país sino a su economía y en última instancia al nivel de vida del que disfrutan los estadounidenses, pues el impuesto terminarán cubriéndolo los consumidores que en Estados Unidos tendrán que hacer mayores desembolsos para adquirir artículos que se han convertido de primera necesidad como ropa, calzado y dispositivos electrónicos.

Finalmente, cabe mencionar que la motivación que se aduce para el ajuste fronterizo es el déficit que se atribuye a México, lo cual es inexacto pues es aún mayor el que los Estados Unidos de América tienen con China y Alemania, entre otras naciones. En contraste, México representa casi el 16por ciento del volumen de exportaciones de los Estados Unidos siendo el segundo destino a nivel mundial tan sólo detrás de Canadá que cuenta con el 18.45por ciento. Aunque el déficit en la balanza comercial favorece a México por casi sesenta mil millones de dólares según mediciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, se debe tener presente que de acuerdo a diversas investigaciones por cada $100 dólares en el valor final de un bien que Estados Unidos importa de México, 40 son de contenido estadounidense.

Protección de los empleos en México.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene decisiones políticas fundamentales que permiten hacer frente a cualquier vicisitud a que se enfrente la Nación. El artículo 25 de la Ley Fundamental establece la rectoría del Estado sobre la economía y el artículo 89, fracción X consagra los principios normativos de nuestra política exterior. La integración jurídica con perspectiva histórica de los preceptos anteriores permite medidas en sede parlamentaria para defender la soberanía nacional, nuestra autodeterminación y mantener las bondades de las cadenas productivas y de suministro que se han establecido con amplios sectores y comunidades de los Estados Unidos de América, comprometidos con la cooperación bilateral, la integración económica y la construcción de un bloque económico en la región de Norteamérica para insertarse en la economía mundial en un contexto de amistad, libre comercio y mejores niveles de vida para los habitantes de México, los Estados Unidos de América y Canadá.

En la época previa a la irrupción de la política exterior unilateral de los Estados Unidos de América, recién inaugurada a partir del 20 de enero del presente año, el reto para nuestro país radicaba en superar la política de contención de salarios y a través del mejoramiento de la educación invertir de manera intensiva en el capital humano para recuperar gradualmente el poder remunerador de los salarios. Ante la nueva realidad de la relación bilateral, aunado al objetivo anterior se deben preservar las fuentes de empleo, para lo cual es importante tomar medidas para otorgar incentivos a las empresas tanto estadounidenses como nacionales que producen bienes y servicios para vender en los Estados Unidos de América. Cabe mencionar que muchas de las industrias o sectores de la economía con vocación netamente exportadora como la automotriz y la electrónica estimulan a otros sectores no exportadores de la economía principalmente a proveedores de bienes y servicios que sin insertarse en su cadena de producción sí dan satisfacción a la demanda ampliada de los trabajadores para mantener a sus familias.

De ahí que ante la alternativa de que, como ya lo han hecho algunos negocios, las empresas cierren y se trasladen a los Estados Unidos de América dejando tras de sí una ola de despidos laborales masivos, se requiere conservar las fuentes de empleo. Para ello, es indispensable mantener la ventaja comparativa consistente en una mano de obra barata, sin renunciar a la educación y la productividad que permite recuperar el poder remunerador del salario, es necesario otorgar incentivos para la permanencia de las empresas estadounidenses así como las nacionales que venden productos en el vecino país. En consecuencia, se propone un esquema fiscal flexible. La autoridad fiscal en México reconocerá las deducciones contra el impuesto sobre la renta en la medida que las empresas incorporen más partes producidas en México. La ampliación del régimen de deducciones se hará hasta un tope equivalente al porcentaje de deducciones que se autorice en los Estados Unidos bajo el esquema de ajuste fronterizo. Si bien es cierto que por una parte el Fisco mexicano verá reducidos sus ingresos al bajar la recaudación del impuesto sobre la renta, también lo es que al mantener las empresas se sostendrá la capacidad de compra de las familias de los obreros que podrán continuar pagando prácticamente al mismo ritmo el impuesto al valor agregado.

La nueva política de deducciones mexicana en torno al impuesto sobre la renta de las empresas asentadas con inversión extranjera en nuestro país ha de ir acompañada de una política pública integral que garantice el desarrollo de proveedores. Bajo esta óptica, en lugar de la parálisis o de desatar una guerra comercial imponiendo aranceles o medidas fiscales similares a productos provenientes de los Estados Unidos de América, se adoptaría una política fiscal de precisión con miras a retener los empleos en primera instancia, las cadenas de producción y suministro en segundo en beneficio de la región y, finalmente, el bloque comercial tripartito para elevar el nivel de vida de los habitantes de México, Canadá y los Estados Unidos de América.

PROYECTO POR EL QUE SE EXPIDE EL DECRETO DE PROTECCIÓN AL EMPLEO.

Artículo Único.- Se expide el Decreto de Protección al Empelo:

Artículo 1º. El presente Decreto tiene por objeto crear las bases para tomar medidas fiscales y de fomento económico que permitan la conservación de las fuentes de empleo en territorio nacional frente a medidas de carácter fiscal adoptadas en los Estados Unidos de América con la finalidad de inhibir nuestras exportaciones a dicho país.

Artículo 2º. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará incentivos a las empresas constituidas conforme a las leyes mexicanas que exporten sus productos a los Estados Unidos de América. Los incentivos consistirán en un régimen de deducciones al impuesto sobre la renta en la medida que las empresas causantes incrementen los componentes del producto final elaborados en territorio nacional.

Artículo 3º. A través de normas administrativas de carácter general, la Secretaría Hacienda y Crédito Público determinará:

I. Los sectores e industrias beneficiarias de los incentivos,

II. El porcentaje y frecuencia de incremento de los componentes nacionales en el producto final, y

III. Los requisitos que deberán cubrir las empresas solicitantes, mismas que deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La Secretaría de Economía emitirá opinión en relación con lo dispuesto en la fracción segunda de este precepto.

Artículo 4º. La Secretaría de Economía instrumentará un plan urgente de desarrollo de proveedores para que las empresas que solicitan los incentivos a que se refiere este decreto cuenten con opciones de proveeduría nacional.

El Plan tendrá un componente de capacitación y desarrollo de habilidades del capital humano así como medidas concretas para la recuperación del poder remunerador del salario.

Artículo 5º. Los certificados de propiedad industrial tales como patentes, diseños industriales o modelos de utilidad así como títulos de derechos de autor sobre programas de cómputo que tengan relación inmediata y directa con la cadena de proveedores nacionales para las empresas que soliciten los incentivos a que se refiere el presente Decreto no pagarán derecho alguno.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede del Senado de la República, el 2 de marzo de 2017.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Blásquez Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Le pido a la Secretaría tome nota también de su comentario en relación con la iniciativa de la Senadora Calderón Hinojosa.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de mujeres campesinas del estado de Nayarit, invitadas por la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu. Agradecemos su presencia en este Senado y que disfruten esta sesión de Pleno.

¡Bienvenidas sean todas ustedes!

Del mismo modo, esta Mesa Directiva da también la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad José Vasconcelos, del estado de Oaxaca, invitados por el Senador Benjamín Robles Montoya. Agradecemos del mismo modo su presencia en este Senado de la República.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Salud y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

Comparezco ante este Pleno, para poner a su consideración una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de donación y trasplante, de órganos.

Tema en el que mucho se ha insistido, informado, e incluso, forma parte de campañas que llevan a cabo organismos de la sociedad civil y la misma autoridad sanitaria, para tener aquí en nuestro país una cultura, una cultura de parte de todos los ciudadanos, de parte de toda la población, para que lleve al altruismo en la donación de órganos ante enfermos, ante pacientes, que si no se cuenta con estos órganos o, incluso, muchas veces tejidos, significa la posibilidad de vivir o de morir, pero no es únicamente la cultura lo que tenemos que incentivar.

Esto es importantísimo, y desde aquí aprovecho para hacer un exhorto a padres de familia, a maestros, estudiantes, a toda la sociedad de nuestro país, para meditar, reflexionar y llegar a ser parte de esa cultura de donación de órganos, ya sea en vida o también del otro procedimiento que es de donación cadavérica, como ya la tienen muchísimos países del mundo y que, precisamente, inciden favorablemente en apoyar la salud y la vida de pacientes que muchas veces entran en fase terminal al no tener este preciado órgano.

Pero además de la cultura, les comento, es importantísimo también facilitar los procedimientos, facilitar todos aquellos pasos que se tienen que dar, e incluso la forma como una persona en vida puede autorizar la donación, ya sea en misma vida o ante una lamentable pérdida de la vida en una fase cadavérica.

Vemos que, por un lado, los procedimientos que tenemos en estos momentos tienen una parte muy importante de burocratismo, dependen también de una voluntad externa a la misma persona, al mismo individuo cuando se deja al arbitrio de los familiares el poder donar o no.

Pero la decisión de una persona en vida, muchas veces cuando quieres ser donador se pierde en este maremágnum de los procedimientos que se tienen que seguir para poder donar.

Hoy en día, las enfermedades derivadas de la mala alimentación, así como malos hábitos, como son las enfermedades cardiovasculares, todas las crónico-degenerativas, diabetes, entre otras, traen aparejados graves efectos secundarios que a un mediano o largo plazo se convierten en una enfermedad que daña severamente la salud y la calidad de vida de las personas.

Como ejemplo tenemos una enfermedad muy reiterativa, que es la insuficiencia renal; asimismo, se encuentran algunas que por carga genética aparecen en la vida de una persona.

En nuestro país, los casos más frecuentes son: los problemas renales, algunos tipos de insuficiencia cardiaca, padecimientos que afectan la forma y transparencia de las córneas en los ojos y con ello problemas de falta de capacidad visual, y en otros casos insuficiencia en el funcionamiento del hígado o del pulmón.

Para ello, no sólo basta llevar un control, sino que al querer prolongar la vida y tener una mejor calidad de la misma, se debe recurrir ya no a los tratamientos médicos y quirúrgicos, sino a un trasplante.

El trasplante de órganos es un tratamiento médico indicado cuando ya no hay otra alternativa para recuperar la salud del paciente, cuando todos los medios alternativos se han agotado y que sólo gracias a la voluntad y al altruismo de las personas que dan su consentimiento para la donación puede este ejercicio o esta práctica ser posible.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud hace mención que el trasplante de órganos, tejidos y células permite salvar muchas vidas y restaurar las funciones esenciales donde ya no existen otras alternativas de efectividad comparables.

Hoy día, aún hay grandes diferencias entre países para tener la disponibilidad y el acceso necesario a los trasplantes. Igualmente, diferencias muy marcadas desde el punto de vista de seguridad, calidad, eficacia de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.

Es importante destacar que en México se realizan ya, desde hace muchos años, trasplantes de córnea, médula ósea, hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón; y existen más de 400 hospitales distribuidos en todo el país del sector salud y también privados que llevan a cabo diferentes tipos de maniobras quirúrgicas de trasplantes.

Precisando que para que un hospital pueda realizar trasplantes, se requiere de un permiso otorgado por la Secretaría de Salud, además de contar con el personal médico capacitado, adecuado e identificado.

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, el proceso de un trasplante inicia cuando el médico diagnostica el padecimiento que ha afectado gravemente un órgano o tejido específico de un paciente, quien es enviado a la especialidad que corresponda para determinar si existen las razones médicas y bioéticas para que el problema pueda ser tratado y resuelto mediante un trasplante.

Pero, insisto, son procedimientos largos que a veces tienen una duración de muchos años y que en muchas ocasiones este proceso se trunca lamentablemente por la pérdida de la vida de la persona enferma, del paciente que requiere este trasplante.

Cada año un mayor número de hospitales cuenta con personal médico y paramédico responsable de este proceso de donación y trasplante, ellos son los coordinadores de la donación y su trabajo consiste en proponer a las familias la alternativa de la donación cuando se ha perdido un ser querido.

Es importante considerar, también, que de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, el Cenatra, al cierre de 2016 existían 12 mil 477 personas inscritas en espera de un trasplante renal en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.

Ese año, en el que se realizaron 2,970 trasplantes renales, correspondientes a un 23 por ciento del total del paciente que está en espera; de los cuales, 844 provenían de donantes fallecidos, representando el 28 por ciento del total de los trasplantes renales, y un 6 por ciento del total de los pacientes en espera.

Aunado a lo anterior, el tiempo de espera promedio para un riñón de un donante fallecido en el año 2016, fue de 30.3 meses, 916 días, es decir, casi tres años en promedio de espera de un trasplante, cuando en ese tiempo el paciente va también sufriendo un deterioro en las condiciones de su salud.

Es por estas razones que estamos proponiendo a esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de lo siguientes:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se reforma el artículo 329 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Se agrega: “Las instituciones públicas del gobierno federal que por razón de sus funciones y competencia emitan documentos oficiales de identificación ciudadana, deberán incluir en el mismo, la voluntad expresa del titular en relación a ser o no donador de órganos y tejidos. Dichas instituciones se coordinarán con el Centro Nacional de Trasplantes para la aplicación del formato respectivo, el cual deberá contener un código de identificación”.

En cuanto el Artículo Segundo, proponemos reformar los artículos 136 y 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para agregar:

“Asi mismo deberá elegir y expresar en formato específico la decisión de ser, o no, donador de órganos; así como mencionar su tipo de sangre, garantizándolo con documento expedido por el sector público de salud”.

Agregamos en el artículo 156, inciso j) “la elección a la que se refiere el numeral 3 del artículo 136 de esta ley”.

Esta es una iniciativa que, como les comentaba, va a facilitar que los donadores presenten su anuencia y evitar que en un momento dado los procedimientos hagan que se pierda la voluntad expresa de ser un donante.

Lo requiere nuestro país, lo requieren miles de enfermos que ahorita están en espera de un donante a través de un riñón, de un corazón, de un pulmón, del hígado, de médula ósea y otros tejidos.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Ceballos Llerenas, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: (Desde su escaño) Si me permite adherirme a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: También el Senador Héctor Flores, la Senadora Hilaria Domínguez, la Senadora Cuéllar Cisneros. Le pido a la Secretaría tome nota de todas las adhesiones a esta iniciativa.






Tiene la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los supuestos mínimos bajo, los cuales debe actuar la Secretaría de Salud para erradicar la violencia gineco-obstétrica en los servicios de salud del sector público o privado.

Desde hace algunos años hemos trabajado en nuestro marco jurídico sobre la manera como debemos orientar las políticas institucionales para atender el tema de la violencia gineco-obstétrica en nuestras instituciones, situación que llevó al dictamen que aprobamos en 2014, donde se incorpora el concepto de violencia obstétrica a la ley de referencia, con el objetivo de brindar certeza, seguridad y tranquilidad a las mujeres durante la gestación, parto y puerperio.

Dicho dictamen definió a la misma como toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio.

Con la presente iniciativa complementamos dicho esfuerzo estableciendo las pautas de conducta sobre las que debe actuar la Secretaría de Salud para erradicar la violencia gineco-obstétrica, esto lo consideramos justificado porque estamos ante un problema que persiste en nuestra sociedad y que, de acuerdo con distintos indicadores, está atentando contra los derechos fundamentales de millones de mexicanas.

Datos de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, calculan que al menos 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de este tipo de violencia y enfatiza que alrededor del 46 por ciento de nacimientos durante el 2014 fueron cesáreas, lo que permite concluir que esta práctica se está generalizando a pesar de que deben de considerarse sólo en algunos casos.

Esto nos lleva a reflexionar sobre lo fundamental que es la intervención de los distintos niveles de autoridad para evitar que de forma sistemática o institucionalizada se den acciones u omisiones por parte del personal que causen daño físico o psicológico durante el embarazo, parto o posparto.

Además estamos ante un problema que limita la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre nuestros derechos reproductivos, y conlleva una serie de elementos que incluyen tratos inhumanos y crueles, discriminación, exclusión y condicionamiento sobre medicalización, entre otras conductas nocivas que configuran la violencia.

Estas características impiden el sano ejercicio de los servicios de salud en nuestro país, donde además, considerando que cuentan con capacidad operativa rebasada, tanto en infraestructura como en personal, vemos casi imposible tener una atención adecuada hacia las mujeres que atraviesan por episodios obstétricos, donde incluso llevan a verse limitadas en cuanto a información, pues no se les indica con claridad sobre el tratamiento que van a recibir o sobre cómo se realizará el mismo.

En este sentido, por ejemplo, en un parto se ha generalizado de tal manera la atención que lejos de un diagnóstico singular, se realiza el mismo procedimiento a todas las embarazadas por igual, a pesar de que algunas pacientes no muestran complicaciones y podrían llevarse a cabo de manera natural, o bien, tendrían la decisión acerca del proceso de su preferencia.

El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, suscrito por la Secretaría de Salud, señala la necesidad de implementar políticas públicas con visión de futuro, donde la meta sea garantizar excelentes servicios y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres.

En consecuencia, es prioritario atender esta problemática por el fuerte impacto que está teniendo en la vida de las mujeres de nuestro país. El Inegi ha señalado que el 76 por ciento de la población femenina con vida reproductiva ha necesitado atención médica durante el periodo del embarazo, parto y puerperio.

Por otra parte, a pesar de que existe normatividad orientada a reducir este tipo de violencia, pocas veces son monitoreas o aplicadas ante la falta de denuncias por parte de las víctimas, ya que en muchas ocasiones las mujeres guardan silencio sobre los abusos que han sufrido y se carece de mecanismos que permitan sancionar a quienes incurren en este tipo de acciones u omisiones, de tal manera que muchos casos quedan impunes.

Con la presente iniciativa incorporamos puntualmente a la ley las pautas mínimas sobre las que se debe actuar y que la Secretaría de Salud debe tomar en cuenta para evitar la violencia gineco-obstétrica, tales como:

Omitir la atención inmediata, de emergencias ginecológicas u obstétricas.

Obligar a la madre a parir en determinada posición, aun cuando existan condiciones para llevarse a cabo en una más cómoda y beneficio para el lactante.

Obstaculizar el apego inmediato del menor a la madre tras el parto, a menos que exista causa médica justificada.

Inducir cambios en el proceso natural del parto sin el consentimiento voluntario y expreso de las mujeres.

Y por último, no dar a elegir a la madre entre un parto natural o una cesárea.

Además, buscamos fortalecer el poder coercitivo de estas acciones hacia los responsables, añadiendo que las legislaturas de los estados llevarán a cabo las adecuaciones correspondientes a su legislación local para establecer el régimen de sanciones, mismo que debe alcanzar no sólo a hombres, sino también a mujeres en ejercicio de sus funciones en el área sanitaria. Cabe aclarar que únicamente en Veracruz este tipo de violencia está tipificada como un delito, con sanciones que van de tres a seis años de prisión y multas de hasta 300 días de salario mínimo.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa tiene como objetivo establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de manera puntual, los supuestos mínimo bajos los cuales debe actuar la Secretaría de Salud para erradicar la violencia gineco-obstétrica en los servicios de salud del sector público o privado.

Desde hace varios años se ha venido trabajando nuestro marco jurídico y las políticas institucionales para atender el tema de la violencia gineco-obstétrica en las instituciones públicas y privadas de nuestros país; situación que llevó al dictamen que el Senado aprobó en 2014, en donde se incorpora el concepto de violencia obstétrica a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de brindar certeza, seguridad y tranquilidad a las mujeres durante la gestación, parto y puerperio.

Dicho dictamen definió a la misma como toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud, que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Con la presente Iniciativa buscamos complementar dicho esfuerzo estableciendo las pautas de conducta sobre las que debe actuar la Secretaría de Salud para erradicar la violencia gineco-obstétrica.

Esto lo consideramos necesario porque estamos ante un problema que persiste en nuestra sociedad y de acuerdo con varios indicadores está atentando contra los derechos fundamentales de millones de mexicanas. Datos de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, calculan que al menos 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de este tipo de violencia y enfatiza que alrededor del 46 por ciento de nacimientos durante el 2014 fueron cesáreas, lo que permite concluir que esta práctica se está generalizando a pesar de que debe ser considerada solo en algunos casos.

Esto nos lleva a reflexionar sobre lo fundamental que es la intervención de distintos niveles de autoridad para evitar que de forma sistemática e institucionalizada dentro de los servicios de salud pública o privada, se den acciones u omisiones de parte del personal que causen daño físico o psicológico durante el embarazo, parto o postparto.

Es un problema que limita también la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre sus derechos reproductivos y conlleva una serie de elementos que incluyen tratos inhumanos y crueles, discriminación, exclusión, y condicionamientos sobre medicalización, entre otras conductas nocivas que configuran la violencia.

Estas características impiden un sano ejercicio de servicios de salud en nuestro país, donde además, si consideramos que cuentan con capacidad operativa rebasada tanto en infraestructura como en personal, vemos impedida la atención adecuada hacia las mujeres que atraviesen por episodios obstétricos de salud, donde incluso llegan a verse limitadas en cuanto a información pues no se les indica con claridad sobre el tratamiento que van a recibir o sobre como se realizara el mismo.

En este sentido, por ejemplo, se ha institucionalizando el parto, de tal manera que lejos de un diagnóstico particular, se pretende realizar el mismo procedimiento a todas las embarazadas por igual, a pesar de que algunas pacientes no muestran complicaciones y podrían realizarlo de manera natural o bien, tendrían la decisión acerca del proceso de su preferencia, sin embargo, la falta de profesionalización del personal médico del área, impide que informen a las involucradas y que realicen otros procedimientos diferentes a los tradicionales. 

El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, suscrito por la Secretaría de Salud, señala la necesidad de implementar políticas públicas con visión de futuro, donde la meta sea garantizar excelentes servicios y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres.

Como vemos es prioritario atender esta problemática por el fuerte impacto que está teniendo en la vida de las mujeres de nuestro país, el INEGI ha señalado que el 76 por ciento de la población femenina con vida reproductiva ha necesitado atención médica durante el periodo del embarazo, parto y puerpurio.

Por otra parte, a pesar de que existe normatividad orientada a reducir este tipo de violencia como la Norma Oficial 007, estas pocas veces son monitoreadas o aplicadas ante la falta de denuncias por parte de las víctimas, ya que en muchas ocasiones las mujeres guardan en silencio todo el tipo de abusos que han sufrido y se carece de mecanismos que permitan sancionar a aquellos que incurren en este tipo de acciones u omisiones, de tal manera que muchos de estos casos siguen impunes o nunca se contabilizaron, desconociendo así, el número concreto de sucesos en este sentido.

Por ello, con la presente Iniciativa enumeramos puntualmente pautas mínimas sobre las que debe actuar la Secretaría de Salud para evitar la violencia gineco-obstétrica, tales como:

1. Omitir la atención inmediata, de emergencias ginecológicas u obstétricas.

2. Obligar a la madre a parir en determinada posición, aun cuando existan condiciones para llevarse a cabo en una más cómoda y beneficiosa para el lactante.

3. Obstaculizar el apego inmediato del menor a la madre tras el parto, a menos que exista causa médica justificada.

4. Inducir cambios en el proceso natural del parto sin el consentimiento voluntario y expreso de la mujer, y

5. No dar a elegir a la madre entre un parto natural o una cesárea.

Además, buscamos fortalecer el poder coercitivo de estas acciones hacia los responsables, añadiendo que las legislaturas de los Estado llevarán a cabo las adecuaciones correspondientes a su legislación local para establecer el régimen de sanciones, mismo que debe alcanzar no solo a hombres sino también a mujeres en ejercicio de sus funciones en el área sanitaria. Cabe aclarar en este punto que únicamente en Veracruz este tipo de violencia está tipificada como delito, con            multas que van de tres a seis años de prisión y multas de hasta 300 días de salario mínimo.

CUADRO DE CAMBIOS

TEXTO VIGENTE
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a X. (…)

XI. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. a XIV. (…)

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a X. (…)

XI. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de detectar la violencia contra las mujeres en los servicios de salud del sector público o privado, buscando erradicarla violencia obstétrica, al menos, bajo las siguientes conductas:

a) Omitir la atención inmediata, de emergencias ginecológicas u obstétricas.

b) Obligar a la madre a parir en determinada posición, aun cuando existan condiciones para llevarse a cabo en una más cómoda y beneficiosa para el lactante.

c) Obstaculizar el apego inmediato del menor a la madre tras el parto, a menos que exista causa médica justificada.

d) Inducir cambios en el proceso natural del parto sin el consentimiento voluntario y expreso de la mujer.

e) No dar a elegir a la madre entre un parto natural o una cesárea.

Las legislaturas de los Estado llevarán a cabo las adecuaciones correspondientes a su legislación local para establecer el régimen de sanciones, mismo que debe alcanzar no solo a hombres sino también a mujeres en ejercicio de sus funciones en el área de la salud.

XII. a XIV. (…)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA la fracción XI del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la forma siguiente:

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a X. (…)

XI. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de detectar la violencia contra las mujeres en los servicios de salud del sector público o privado, buscando erradicarla violencia obstétrica, al menos, bajo las siguientes conductas:

a) Omitir la atención inmediata, de emergencias ginecológicas u obstétricas.

b) Obligar a la madre a parir en determinada posición, aun cuando existan condiciones para llevarse a cabo en una más cómoda y beneficiosa para el lactante.

c) Obstaculizar el apego inmediato del menor a la madre tras el parto, a menos que exista causa médica justificada.

d) Inducir cambios en el proceso natural del parto sin el consentimiento voluntario y expreso de la mujer.

e) No dar a elegir a la madre entre un parto natural o una cesárea.

Las legislaturas de los Estado llevarán a cabo las adecuaciones correspondientes a su legislación local para establecer el régimen de sanciones, mismo que debe alcanzar no solo a hombres sino también a mujeres en ejercicio de sus funciones en el área de la salud.

XII. a XIV. (…)

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Senadora Lorena Cuéllar. Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene la palabra el Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 3o. constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Miguel Romo Medina: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

El 20 de noviembre de 2013 me permití presentar ante esta Soberanía una iniciativa para adicionar la Ley General de Educación, en donde se establece en esa iniciativa la obligatoriedad de integrar en cada una de las escuelas, en cada una de las instituciones educativas, un protocolo que identifique, que prevenga y erradique la violencia escolar.

Lo hicimos hace ya más de tres años, justamente buscando la prevención de acciones que lastiman, que hieren y que hemos tenido, incluso, eventos lamentables recientes en el ámbito escolar por y con motivo de la violencia.

Hoy, por ello, vengo nuevamente a ratificar con esta iniciativa, que la discriminación y la violencia son fenómenos sociales que se encuentran sedimentados en la representación social por prácticas y discursos interiorizados en la vida cotidiana de las personas.

Las relaciones intersubjetivas se encuentran condicionadas a factores estructurales y culturales que hacen complejas las relaciones sociales.

Por ello, hablar de violencia y discriminación, en cualquier tipo de contexto o campo, implica una serie de observaciones, tanto estructurales como sociales, que exigen a la política pública actuar de forma multidimensional. Es decir, desde la construcción de diversas acciones que van de lo público a lo privado y de lo ético a lo institucional.

La violencia escolar es difícil de especificar, dado los contextos culturales y sociales de cada lugar. Sin embargo, los estudios en materia educativa asiduamente la determinan con dos variantes: La violencia verbal, por medio de amenazas, insultos, burlas, sobrenombres, dispersión de rumores; y dos, la violencia física, consistente en agresiones que afectan y menoscaban la integridad personal, así como las facultades físicas corporales.

Es menester que el Estado mexicano atienda y reconfigure el entorno educativo en que viven nuestros escolares, cómo interaccionan y generan la formación de niñas y niños, de los adolescentes. Para ello, debemos aportar herramientas adecuadas para tener una sociedad más justa, pacífica y democrática.

No podemos ser indolentes ante los hechos y las formas en que se desarrolla la convivencia escolar ante los lamentables casos que han flagelado la conciencia social, pero que también nos han hecho reflexionar sobre esa problemática que vivimos y es una realidad en nuestro país.

El entorno educativo, además de ser un espacio geográfico donde se desarrolla gran parte del día productivo de los estudiantes, representa una de las columnas que edifica la representación individual y social de las personas.

En otras palabras, constituye la formación ética y cívica del tejido cultural en aspectos que van de lo micro a lo macro social. En ello destaca la importancia de brindar un entorno educativo que, además de establecer una convivencia sana e incluyente, genere en los estudiantes una verdadera cultura de la no violencia.

México debe contar con una educación básica y media superior que se sustente en los principios establecidos en los derechos humanos, con los enfoques sociales más integradores y estructurales.

La UNICEF ha determinado que el enfoque metodológico que propone la educación para la paz, tiene plena correspondencia con los artículos 28 y 29 de la Convención de los Derechos de los Niños, los cuales establecen las disposiciones en las que debe propiciarse la educación.

Asimismo, este organismo internacional define la educación para la paz como “un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a las niñas y los niños, los jóvenes y los adultos, prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural, resolver conflictos de manera pacífica y crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional”.

La educación para la paz ha sido empleada con sumo éxito en países como Canadá, Colombia, Estados Unidos, y de igual manera en México hemos tenido programas que se han implementado de manera sectorizada y que emplean este tipo de educación, mediante el programa denominado “Contra la violencia, eduquemos para la paz. Por mí, por ti y por todo el mundo”, siendo un esfuerzo en conjunto por la Secretaría de Educación Pública, la organización civil denominada Grupo-Educación Popular con Mujeres y la UNICEF, que además de propiciar los valores y principios intrínsecos de la paz por medio de actividades educativas cotidianas, desarrollaron las capacidades necesarias para afrontar los conflictos y las problemáticas sociales mediante soluciones pacíficas. Lamentablemente, los esfuerzos han sido insuficientes y no se ha podido generalizar en todas las aulas de nuestro país.

A la luz de estas argumentaciones, se justifica la pertinencia de reformar nuestro consagrado artículo 3o. constitucional, adquiriendo la idoneidad requerida a las exigencias que la vida social en nuestro país requiere para mitigar la generalización de la violencia en nuestras niñas, niños y adolescentes, al permitirles acceder a una formación que contemple, por medio de la educación para la paz y de enfoques metodológicos concretos, valores que contribuyan al ejercicio de la paz y la resolución pacífica de los conflictos, como forma de vida cotidiana, lo que permeará, sin duda, en todos los sectores del pueblo mexicano.

Por lo anteriormente dicho y expresado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto.

Unico.- Se reforma el inciso c) de la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipio-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

El inciso c) que se propone modificar, quedaría de la siguiente manera:

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, empleará los ejes constitutivos de la educación para la paz con enfoque psicosocial y sociocultural, a fin de fortalecer la cultura de la no violencia, la coexistencia social, el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, la resolución pacífica de conflictos, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando la intolerancia, los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social.
(Jacques Delors: UNESCO)

La discriminación y la violencia son fenómenos sociales que se encuentran sedimentados en la representación social por prácticas y discursos interiorizados en la vida cotidiana de las personas. Las relaciones intersubjetivas se encuentran condicionadas a factores estructurales y culturales que hacen complejas las relaciones sociales. Por ello, hablar de violencia y discriminación en cualquier tipo de contexto o campo, implica una serie de observaciones estructurales que exigen a la política pública actuar de forma multidimensional, es decir, desde la construcción de diversas acciones que van de lo público a lo privado y de lo ético a lo institucional.

La discriminación se circunscribe en un ciclo de prácticas y discursos que son asumidos, exteriorizados y reproducidos autopoiéticamente en los campos de la vida cotidiana. Sus implicaciones son reflejo de rezagos sociales históricos que van desde la pobreza, la marginación, la ignorancia y la intolerancia entre muchos otros fenómenos sociales que permean en la construcción de la individualidad y de la identificación del ser social. La discriminación es por sí misma una conducta violenta, que, a su vez, genera más violencia entre las personas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define a la violencia como: “un ejercicio de poder injusto o abusivo, particularmente cuando es repetido y sistemático.”1 La intolerancia y las prácticas de exclusión consolidan las formas más implacables de violencia y de abuso de poder en sectores y grupos sociales que históricamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. La violencia estructural genera mayor exclusión y marginación social en torno a la discriminación y la injusticia.2

Los entramados de la violencia se encuentran relacionados y presentes en todos los ámbitos y campos sociales, destacando, en los últimos años, el entorno escolar de las niñas, niños y adolescentes. Al hablar de violencia y discriminación escolar, es necesario desentrañar su constitución en la plena complejidad y diversidad de las escenarios y actores sociales que, de forma directa e indirecta, influyen en el desarrollo de un espacio educativo sujeto a esta problemática. Asimismo, la violencia escolar, al igual que la violencia en ámbitos generales, constituye un fenómeno social complejo que no puede ser atribuido o aislado en factores, campos o conductas especificas; por el contrario, se trata de una problemática que tiene implicaciones propias a cada sujeto y a cada contexto.

La violencia escolar es difícil de especificar dado a los contextos culturales y sociales de cada lugar, sin embargo, los estudios en materia educativa, asiduamente la determinan en dos variantes: 1. violencia verbal, por medio de amenazas, insultos, burlas, sobrenombres y dispersión de rumores; y, 2. la violencia física, consistente en agresiones que afectan y menoscaban la integridad personal, así como las facultades físicas del cuerpo.3

La violencia escolar se ha convertido en un importante objeto de estudio por parte de los científicos sociales y las organizaciones no gubernamentales, quienes han demostrado que no se trata de un nuevo fenómeno social, sino la constitución de prácticas y discursos que han sido interiorizados y reproducidos en la mayoría de los modelos educativos modernos, pasando inadvertidos, pese a ser una constante en México y en la mayoría de los países de América.

La violencia escolar, contiene prácticas de discriminación y el acoso, que si bien, no son exclusivas del ámbito escolar, son usualmente relacionadas con él. En el espacio geográfico de las instituciones educativas, se han desarrollado ciclos de interacción social constituidos en prácticas violentas que los educandos interiorizan en roles (plenamente identificados) de agresores y víctimas. A pesar de que estos roles surgen en el entorno educativo, las consecuencias de este fenómeno acompañan a los agresores y a las víctimas en todos los ámbitos de su vida cotidiana: por parte de los agresores, continúan con conductas violentas fuera de las aulas, propiciando la cultura de la violencia en forma generalizada; mientras que, por parte de las víctimas, lacera su identidad personal, su confianza y su sano desenvolvimiento psicosocial.

Las cifras que nuestro país refleja en cuanto a la violencia escolar han ido en aumento y son representativas de una problemática generalizada. Según la OCDE, México es el primer lugar en casos de violencia y acoso escolar en educación básica. Las últimas investigaciones por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detallan que 26,012,816 estudiantes, aproximadamente el 70por ciento de población escolar de prescolar, primaria y secundaria, han sido víctimas de violencia escolar.4 “Tan sólo en el Distrito Federal se cuenta con números alarmantes de las consecuencias de este fenómeno, pues se registraron 190 casos de suicidio en 2009”5 a causa de este tipo de violencia.

La violencia escolar en México se ha diseminado más allá del horario lectivo a través de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que constituye en estado de acoso constante para las víctimas. Las problemáticas sociales que se insertan en el entorno educativo ya han dado cara a la sociedad mexicana, con actos de violencia que ponen en peligro la integridad física y la vida de las personas, siendo muestra evidente de que se deben seguir implementando acciones legislativas que fortalezcan la educación en México, con el objeto de disminuir y erradicar las conductas violentas que pongan en peligro la integridad física de las niñas, niños y adolescentes en educación básica y media superior.

Es menester del Estado mexicano atender y reconfigurar el entorno educativo en el que viven, interaccionan y generan su formación las niñas, niños y adolescentes. Para ello, debemos aportar herramientas adecuadas para tener una sociedad más justa, pacífica y democrática. No podemos ser indolentes ante los hechos y las formas en las que se desarrolla la convivencia escolar ante los lamentables casos que han flagelado la conciencia social, pero que también, nos han hecho reflexionar sobre esta problemática en nuestro país.

El entorno educativo, además de ser un espacio geográfico donde se desarrolla gran parte del día productivo de los estudiantes, representa una de las columnas que edifica la representación individual y social de las personas; en otras palabras, constituye la formación ética y cívica del tejido cultural en aspectos que van de lo micro a lo macro social. En ello destaca la importancia de brindar un entorno educativo qué, además de establecer una convivencia sana e incluyente, genere en los estudiantes una verdadera cultura de la no violencia.

Es prudente reconocer los grandes avances que ha concretizado el Estado mexicano en relación al ámbito educativo; sin embargo, en aras de consolidar la cultura de la legalidad y los derechos humanos, nos encontramos obligados a seguir mejorando los principios jurídicos y políticos establecidos en el artículo 3 de nuestra Constitución, con el objeto de generar una educación que no se limite a trasmitir información o conocimiento, sino que propicie la generación e implementación de una Educación para la Paz, que se encuentre sustentada en los enfoques metodológicos psicosociales y socioculturales, a efecto de abarcar panópticamente la formación individual y social de las niñas, niños y adolescentes.

México debe contar con una educación básica y media superior que se sustente en los principios establecidos en los derechos humanos, con los enfoques sociales más integradores y estructurales. La UNICEF ha determinado que el enfoque metodológico que propone La Educación para la Paz tiene plena correspondencia con los artículos 28 y 29 de la Convención de los Derechos de los Niños, los cuales, establecen las disposiciones en las que debe propiciarse la educación. Asimismo, este organismo internacional define a La Educación para la Paz como:

“un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, los jóvenes y los adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural; resolver conflictos de manera pacífica; y crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal, como intergrupal, nacional o internacional”6.

En merito a lo anterior, La UNICEF ha apoyado desde el 2001 los proyectos basados en esta metodología, como una de las herramientas más potentes para combatir la violencia que se genera desde el prescolar hasta la secundaria; lo que permite desarrollar la cultura de la paz de forma estructural para la sociedad.7 De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, en el marco de la denominada  Década Internacional para la Cultura de la Paz y la No-Violencia 2001-2010, puso en marcha el proyecto: “Programa Iberoamericano de Educación para la Paz con el objeto de] fortalecer las acciones gubernamentales a favor del planeamiento, adopción e implementación de políticas en este ámbito.”8

Por su parte, los científicos sociales han desarrollado más y mejores estrategias y programas que implementan La Educación para la Paz, entre las cuales destaca la investigadora Alicia Cabezudo, quien nos dice que: “la educación para la paz es hoy un término pluridimensional e incluye un conjunto de conceptos, ideas y actividades que se demuestran desde las acciones de sensibilización y divulgación para promover una cultura de paz, hasta las prácticas pedagógicas concretas en el ámbito de la educación formal, no formal e informal.”9 Este tipo de pedagogía educativa tiene, en una primera instancia, el objetivo de “explicar, analizar, describir y transformar modelos mentales relativos a la manera en que las personas y los grupos resuelven de forma no violenta problemas de cooperación y conflicto.”10

La Educación para la Paz ha sido empleada con sumo éxito en países como Canadá, Colombia y Estados Unidos. De igual manera, en México se han implementado programas sectorizados que emplean este tipo de educación mediante el programa denominado “Contra la violencia, Eduquemos para la paz: por mí, por ti y por todo el mundo”, siendo un esfuerzo en conjunto por la Secretaría de la Educación Pública (SEP), la organización civil denominada Grupo de Educación Popular con Mujeres (GEM) y la UNICEF, el cual incluyó a 1,400 escuelas del entonces Distrito Federal, que, además de propiciar los valores y principios intrínsecos de la paz, por medio de actividades educativas cotidianas, desarrollaron las capacidades necesarias para afrontar los conflictos y las problemáticas sociales mediante soluciones pacíficas. Lamentablemente estos esfuerzos han sido insuficientes y no se han podido generalizar en todas las aulas de nuestro país.

La mayoría de los programas que han tenido éxito y se encuentran basados en La Educación para la Paz, contienen tres elementos o etapas:

1. La prevención: como un ejercicio reflexivo en el que participan activamente las autoridades (personal escolar) en el aula educativa y la familia, propiciando en esta primera instancia, el apoyo técnico por parte de las instituciones educativas para que, con base en investigaciones científicas sobre la violencia, la delincuencia y la agresión, se puedan identificar patrones y situaciones que deban ser atendidas inmediatamente;

2. La convivencia y cotidianidad en el aula: se busca un enfoque pedagógico pasivo en cuanto a la enseñanza de los principios rectores de la paz, la tolerancia y el respeto, así como también un enfoque activo por medio de la práctica y del desarrollo de actividades que promuevan la convivencia en dimensiones cognitivas sedimentadas por la cotidianidad de la vida escolar, así como la integración del educando en las actividades prosociales, tratando de identificar y disminuir la intolerancia a las diferencias sociales; y

3. El núcleo familiar: consistente en la realización de talleres con los padres de familia que ayuden a identificar factores de oportunidad y seguimiento a conductas violentas por parte de los educandos, con el objeto de exteriorizar fuera de las aulas un ambiente de paz.

Al unísono de la implementación de La Educación para la Paz es menester vincular la importancia de enfoques metodológicos que concreticen mejores resultados en contexto de la educación de nuestro país. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha realizado grandes avances de investigación en torno a la violencia y la discriminación educativa en México, promoviendo dos enfoques fundamentales:

1. El enfoque de competencias psicosocial: busca la identificación de capacidades y la reconfiguración en las prácticas y los discursos en las aulas, a fin de obtener nuevas valorizaciones que vayan de lo psicológico-individual a la objetivización-social; y

2. El enfoque sociocultural11: se basa en una aplicación real de la educación que permita el aprendizaje entre las personas y el ambiente de sus interacciones sociales; permitiéndoles apropiarse de una cultura que reformule cambios en sus conciencias y en las prácticas de su vida cotidiana. De esta manera se potencializa el aprendizaje en el aula y la conformación de una educación fuera de ella. Dicho enfoque es empleado por “una serie de activi­dades que permiten a los [estudiantes] encontrar la forma de verse a sí mismos más allá de las etiquetas que se les han impuesto socialmente, descubrir lo que les es propio, pero a la vez, lo que es de otros…”12 en el aura del respeto y la tolerancia.

Como bien sabemos la educación es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y en una gran cantidad de instrumentos internacionales, el cual demanda desde la propia exigibilidad jurídica de las personas, de la sociedad y de la comunidad internacional un compromiso político concreto que mejore la calidad de vida de las y los mexicanos. La propuesta educativa aquí vertida, tiene la intención de mejorar la educación en México, insertándose en el estricto apego a los derechos humanos y, con ello, al desarrollo de una sociedad más justa, democrática y pacífica.

A la luz de estas argumentaciones, se justifica la pertinencia de reformar nuestro consagrado artículo tercero constitucional, adquiriendo la idoneidad requerida a las exigencias que la vida social que nuestro país requiere para mitigar la generalización de la violencia en nuestras niñas, niños y adolescentes; al permitirles acceder a una formación que contemple, por medio de la educación para la paz y de enfoques metodológicos concretos, valores que contribuyan al ejercicio de la paz y la resolución pacífica de conflictos, como forma de vida cotidiana, lo que permeará en todos los sectores del pueblo mexicano.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el inciso c) de la fracción II del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos, y los prejuicios.

Además:

a) y b) …

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, empleará los ejes constitutivos de la educación para la paz con enfoque psicosocial y sociocultural, a fin de fortalecer la cultura de la no violencia, la coexistencia social, el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, la resolución pacífica de conflictos, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando la intolerancia, los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Sen. Miguel Romo Medina.

Fuentes:

Cabezudo, Alicia, Educación para la paz y los derechos humanos: un desafía actual, Hechos del Callejón, 2006.

Casas en Méndez Méndez, Nathalie y Casas Casas, Andres, “Educación para la paz, cultura política y cambio social: un análisis empírico del programa Aulas en Paz desde el institucionalismo cognitivo, en Revista Desafíos,volumen21, número 97, 2009, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Convención de los Derechos de los Niños.

El Milenio versión digital, consultado en: http://www.milenio.com/politica/Mexico-primer-bullying-escala-
internacional_0_304169593.html

García Montañez, Maritza Verónica y Ascencio Martínez Christian Amaury, “Bullying y violencia escolar: diferencias, similitudes, actores, consecuencias y orígenes, en Revista Internacional de Psicología y Educación, volumen 17, número 2, julio-diciembre 2012, Universidad Autónoma de México, México.

Jacinto Jiménez, María Cristina y Aguirre Trejo, Diego Armando, “Violencia escolar en México: construcciones sociales e individuales generadoras de violencia en la escuela secundaria” en Cotidiano: Revista de Realidad Mexicana, número 186, año 2014, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Lev Vigosky,Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, en Obras escogidas, tomo III, Visor, Madrid, 1995.

OCDE, Taking fear out of schools: A report of an International Policy and Research Conference on School bullying and violence, 2004. Véase en: bttp://wvAv.oecd.org/ dataoecd/26/51/33868117.pdf consultado el 6 de septiembre de 2007.

UNICEF HQ920617: I dreamforpeace, consultado en:
https://www.unicef.org/spanish/education/focus_peace_education.html en fecha 11 de febrero de 2017.

UNICEF, consultado en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm  en fecha 11 de febrero de 2017.

UNESCO, Primer Informe, Educación para la Convivencia y la Cultura de la Paz en América Latina y El Caribe, marzo 2012, consultado en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Educacion-Convivencia-Paz.pdf, en fecha 5 de febrero de 2017.

Valenzuela, María de Lourdes et al., Curso taller: Y tú ¿Cómo discriminas? Programa para adolescentes, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2009.

Yudking-Suliveres, Anita, “Educar para la convivencia escolar y la paz: principios y prácticas de esperanza y acción compartida”, en Raximhai, volumen 10, número 2, enero-junio 2014 Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.

1 OCDE, Taking fear out of schools: A report of an International Policy and Research Conference on School bullying and violence, 2004. Véase en: bttp://wvAv.oecd.org/ dataoecd/26/51/33868117.pdf (consultado el 6 de septiembre de 2007).

2 Yudking-Suliveres, Anita, “Educar para la convivencia escolar y la paz: principios y prácticas de esperanza y acción compartida”, en Raximhai, volumen 10, número 2, enero-junio 2014 Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, p. 20.

3 García Montañez, Maritza Verónica y Ascencio Martínez Christian Amaury, “Bullying y violencia escolar: diferencias, similitudes, actores, consecuencias y orígenes, en Revista Internacional de Psicología y Educación, volumen 17, número 2, julio-diciembre 2012, Universidad Autónoma de México, México, p. 13

4 El Milenio versión digital, consultado en: http://www.milenio.com/politica/Mexico-primer-bullying-escala-internacional_0_304169593.html

5 Jacinto Jiménez, María Cristina y Aguirre Trejo, Diego Armando, “Violencia escolar en México: construcciones sociales e individuales generadoras de violencia en la escuela secundaria” en Cotidiano: Revista de Realidad Mexicana, número 186, año 2014, Universidad Autónoma Metropolitana, México, p. 40.

6 UNICEF HQ920617: I dreamforpeace, consultado en:
https://www.unicef.org/spanish/education/focus_peace_education.html en fecha 11 de febrero de 2017.

7 UNICEF, consultado en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm  en fecha 11 de febrero de 2017.

8 UNESCO, Primer Informe, Educación para la Convivencia y la Cultura de la Paz en América Latina y El Caribe, marzo 2012, consultado en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Educacion-Convivencia-Paz.pdf, en fecha 5 de febrero de 2017.

9 Cabezudo, Alicia, Educación para la paz y los derechos humanos: un desafía actual, Hechos del Callejón, 2006, p. 15.

10 Casas en Méndez Méndez, Nathalie y Casas Casas, Andres, “Educación para la paz, cultura política y cambio social: un análisis empírico del programa Aulas en Paz desde el institucionalismo cognitivo, en Revista Desafíos,volumen21, número 97, 2009, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, p. 104.

11 Su fundamento se encuentra basado en la obra de Lev Vigosky, véaseHistoria del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, en Obras escogidas, tomo III, Visor, Madrid, 1995.

12 Valenzuela, María de Lourdes et al., Curso taller: Y tú ¿Cómo discriminas? Programa para adolescentes, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2009, p. 67. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con mucho gusto, Senador Miguel Romo Medina.

Senador Raúl Pozos, la Senadora Carmen Olvera, es para adherirse, el Senador Daniel Amador, el Senador Isaías González, la Senadora Hilda Ceballos. Obviamente le pregunto si no tiene objeción a las adhesiones.

El Senador Miguel Romo Medina: Con gusto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Senador. Le pido a la Secretaría tome nota de las y los Senadores que han manifestado su interés por adherirse a esta iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Les informo que está inscrito en el Orden del Día, para su primera lectura, el dictamen de las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS;
DE JUSTICIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

A las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas, de Justicia y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, les fue turnada para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 2º y la fracción III del artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

En tal virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 190, 191, 192 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones responsables del dictamen, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

a. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales”, se relata el trámite brindado a la iniciativa con proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

b. En el apartado denominado “II. Fundamentos legales y reglamentarios”, se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las dictaminadoras. 

c. En el apartado denominado “III. Objeto y descripción de la iniciativa”, se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen. 

d. En el apartado denominado “IV. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, las senadoras integrantes de estas dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

I. Antecedentes generales

1. En sesión celebrada por el Senado de la República el 1 de diciembre de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 2º y la fracción III del artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dictó el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores”. 

II. Fundamentos legales y reglamentarios

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135 numeral 1, fracción I; 182, 186, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas procedieron al análisis, discusión y valoración del proyecto de decreto ya descrito, y confirman su competencia para conocer del asunto, por lo que en este acto, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

III. Objeto y descripción de la iniciativa

La iniciativa pretende reformar la fracción V del artículo 2º y la fracción III del artículo 84 de la de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Actualmente la fracción V del artículo 2ºde la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, prevé que el objeto de esta es el establecimiento de mecanismos para tutelar la vida, la dignidad, la integridad, la seguridad de las personas y el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes, en ese sentido la iniciativa propone adicionar a dichos bienes jurídicos a las comunidades indígenas.

Asimismo, la iniciativa propone reformar la fracción III del artículo 84 de la misma ley, para establecer como un objeto más de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, además de los previstos, difundir los programas, acciones y tareas, pues actualmente la fracción atribuye como objeto de ese ente únicamente a la inspección y vigilancia de esas acciones.

En ese sentido la exposición de motivos subraya la preponderancia de la información que generan los entes públicos, pues por medio de ésta, ciudadanos y organizaciones pueden realizar un análisis crítico sobre la funciones que realizan los entes estatales, creándose verdaderos contrapesos ante autoridades que pretendan vulnerar derechos fundamentales o actuar al margen de la ley.

Alude la motivación de la propuesta a la fracción I del Apartado A, del Artículo 6º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

 Por ello, el Senador proponente explica que el objetivo de la iniciativa es fortalecer los mecanismos de acceso a la información, con mayor razón  en un rubro tan sensible como es el combate a la trata de personas y las labores que desarrollan actores sociales y políticos.

El legislador fundamenta su propuesta en la revisión del ejercicio de análisis que ejecutó el Observatorio Nacional Ciudadano sobre la eficacia del combate al delito de trata de personas en el país, derivado de diversas solicitudes de información que realizaron sobre el tema en dependencias de la administración pública federal y local.

Establece también como otro de los motivos de la propuesta, los resultados derivados del informe aportado por el Departamento de Estado de los Estado Unidos de Norteamérica para el año 2013, que advierte que nuestro país sigue sin cumplir con normas mínimas de erradicación del delito de trata de personas, siendo aún considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y destino de trata de personas, apuntándose en el mismo documento que los grupos más vulnerables ante la prevalencia de tales delitos son las mujeres, niñas, niños, indígenas, personas con discapacidad, jóvenes homosexuales y transgénero, además de migrantes indocumentados.

El Senador al exponer lo anterior recuerda que la expedición de la ley general materia del presente dictamen, fue de gran resonancia en la discusión y su posterior aprobación, siendo celebrada como un triunfo para la incipiente democracia por la congregación que tuvo el tema de parte de actores políticos.

Igualmente subraya el proponente que dicho informe resaltó la falta de coordinación de las instituciones encargadas de perseguir el delito de trata de personas, así como del limitado entendimiento del mismo y las acciones que se desarrollan para erradicarlo.

Consideró grave que el informe aludido señale que no existen estadísticas oficiales disponibles o suficientes para conocer la incidencia delictiva de esos delitos, lo que en cierto modo establece una lucha a ciegas de las autoridades al no conocer la verdadera dimensión del delito de trata de personas.

Por ello, fundamenta la iniciativa en la pertinencia de afrontar esa deficiencia normativa por medio de la reforma a la Ley de la materia en la que, de una manera más clara y precisa, se cuente con la obligación de difundir información estadística, de planes, programas y acciones acerca del fenómeno delictivo y, qué se hace en el combate, preservando siempre la información susceptible de confidencialidad y reservas por razones de obviedad.

Sobre la necesidad de difundir esos resultados, el Senador cita de manera integra a la fracción IV del artículo 89 de la Ley de mérito, al siguiente tenor:

“El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recabará la información relativa a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley y generará un banco de datos que contendrá, como mínimo, la nacionalidad, edad, estado civil y sexo de los sujetos activo y pasivo, así como el modo de operar de las redes vinculadas a la delincuencia organizada y la forma en que sus miembros fueron detectados, detenidos y remitidos ante el Ministerio Público competente, ya sea del fuero común o federal.”

Argumenta el autor de la iniciativa que si bien es cierto, la disposición anterior no contempla la publicación de la base de datos respectiva, lo relevante se da en el hecho de que la autoridad cuenta con información que puede ilustrar el estado del combate a este tipo de delitos para cumplir con el principio tutelado en el 6º constitucional, sin perjuicio de las víctimas del ilícito, lo publicado podría limitarse a datos eminentemente cuantitativos.

En adición a lo anterior, el artículo 93 de la Ley que nos ocupa, en lo conducente establece:

“Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta Ley, así como su prevención, combate y sanción.

La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el cual contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional.

Este informe será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia difusión en los medios de comunicación en todo el territorio nacional.”

Afirma también, existe ya la obligación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, pues en la fracción VIII del artículo 88 del cuerpo normativo de mérito, señala:

“Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias:

I. a VII. …

VIII. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley, con la finalidad de publicarlos periódicamente.

Dicha información deberá contener de manera desagregada:

a. El número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o lugar de origen, forma de reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, en su caso, calidad migratoria, cuando proceda;

b. Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometen los delitos previstos en esta Ley, y 

c. Aquélla referente al tránsito fronterizo internacional relacionado con las víctimas de los delitos previstos en esta Ley.

IX. a XV. …”

Sin embargo, el Senador alude que el trabajo que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano, mismo que fue materia de análisis, arrojó datos del siguiente tenor:

“• El portal electrónico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la fracción VIII del artículo 88 de la Ley en la materia no publica la información estadística acerca de la incidencia delictiva en materia de trata.

• El portal electrónico de la Procuraduría General de Justicia, en la sección de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) tampoco publica información estadística de la incidencia delictiva en la materia de referencia.

• En lo relativo a la publicación de la incidencia delictiva que nos ocupa por parte de las entidades federativas se observó que en 23 estados sus leyes en la materia prevén la obligación de recopilar datos estadísticos pero el acceso a los mismos no es de fácil acceso.

• Se destaca el caso del estado de Michoacán, que en relación a la materia de trata de personas la norma que regula tal delito establece este tipo de información como reservada, tal y como lo estipula el artículo 20 primer párrafo de la Ley de Trata de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo, que en lo conducente dice:

La información del Sistema Estatal de Datos y Registros en materia de trata de personas, deberá resguardarse de acuerdo a los parámetros de clasificación reservada…”

El Senador advierte que la información sobre la incidencia delictiva en materia de trata de personas que se obtuvo de la administración pública federal y local, se proporcionó a través de solicitudes dirigidas a las instancias u oficinas encargadas de proporcionar la información pública, derivado de la prácticamente nula publicación de información en sus respectivos portales electrónicos.

Por otro lado señala el proponente que, tras una revisión del Primer Informe de Gobierno de la actual administración, en lo que respecta a la gestión de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas, con la finalidad de encontrar datos acerca de la incidencia delictiva en la materia que nos ocupa, entre otros, observó información correspondiente, preponderantemente a los años 2011, 2012 y 2013, a saber:

• Se atendieron 252 llamadas de violencia contra las mujeres y trata de personas.

• Se contestaron 26 correos electrónicos relacionados con delitos de trata de personas.

• Por parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas se realizaron propuestas al Proyecto de Reglamento de la Ley General en la materia.

• Se dio seguimiento legislativo sobre las normas en materia de trata, a junio de 2013, 24 entidades federativas cuentan con su ley en la materia.

• Se realizaron 53 actividades académicas en materia de trata de personas: cursos, conferencias, talleres, diplomados, foros.

• El Instituto Nacional de Migración atendió a 21 migrantes víctimas de trata, a quienes se les canalizó a Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas (una persona), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (15 personas), y cinco ante el Ministerio Público de las entidades federativas correspondientes.

La propuesta señala que esas son algunas acciones que se han realizado con respecto al tema de referencia. Sin embargo, estos y otros datos distan mucho de formar parte en el cumplimiento del artículo 88 de la Ley de mérito.

Esta circunstancia es la que el Senador argumenta que obliga a establecer por mandato legal una redacción más explícita para que las autoridades responsables publiquen en periodos específicos los datos estadísticos sobre la comisión de delitos de trata de personas.

Asimismo, advierte otro aspecto relevante que guarda relación con los pueblos y comunidades indígenas.

El Senador argumenta que este sector social es de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad ante la prevalencia de los delitos de trata de personas, en particular, mujeres niñas y niños.

Un aspecto que resalta son las condiciones que esos pueblos y comunidades indígenas padecen, además de factores como discriminación, la pobreza y la marginación que se han vuelto una constante, por lo que estima necesario continuar trabajando en pro de esta población en todos los frentes y uno de ellos, por supuesto, es en el terreno legislativo.

Sobresale en la exposición de motivos la importancia de este sector social, su relevancia cobra fuerza no solo como un tema de protección a sus derechos fundamentales, sino por el tamaño de población de la que estamos hablando, que de ninguna manera es menor.

Sobre lo anterior, fundamenta que de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la distribución de las localidades para ese año, según el grado de presencia indígena, se presenta de la siguiente manera: poco más de 15 mil se clasificaron como localidades indígenas con una población de 4.7 millones de personas (4.2 por ciento del total nacional); casi 4 mil, como predominantemente indígenas, con 1.8 millones de residentes (1.6por ciento); más de 7 mil, con moderada presencia indígena, donde habitan alrededor de cinco millones de habitantes (4.6por ciento); y, finalmente, casi 81 mil localidades, con escasa presencia indígena, en las que viven poco más de 100 millones de personas (89.6por ciento).

Con base a lo anterior, la Ley de referencia en su artículo 4º fracción XVII inciso d), en lo conducente establece:

“Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito:

d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena.”

De ahí, el Senador alude sobre la agravante que prevé artículo 42 de la materia del presente dictamen, cuyo texto establece la imposición de penas hasta en una mitad más en casos específicos, tal prescribe su fracción VIII del artículo 42:

“Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de alguna condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad;”

De esa forma, el proponente igualmente refiere lo previsto la fracción I, segundo párrafo del artículo 90, que prevé entre las obligaciones de la Comisión Intersecretarial, las relativas a garantizar condiciones de protección a víctimas del delito de trata que pertenezcan a una comunidad indígena, en cita:

“En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o hablen un idioma diferente al español, se les designará un traductor que les asistirá en todo momento.”

A pesar de eso, el legislador advierte que, en lo que respecta a la atención preventiva a zonas y grupos de alta vulnerabilidad, no se incorpora de forma explícita a las comunidades indígenas como una de las zonas de atención prioritaria, por lo cual sostiene la pertinencia de incorporar a estos grupos sociales dentro de este aspecto fundamental en el combate al delito de trata.

Finalmente propone el proyecto de decreto en los siguientes términos:

“Artículo único.- Se reforma la fracción V del artículo 2º y la fracción III del artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:

I. a IV. ...

V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas y las comunidades indígenas, así como el libre desarrollo de, niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y

VI. ...

Artículo 84. ...

I. a II. ...

III. Difusión, inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas;

IV. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

IV. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones al proyecto.

1. En principio, podemos establecer que la iniciativa en cuestión contiene dos temas que, aunque diferentes, se advierte que tienen como común denominador el perfeccionamiento y mejoramiento del combate a la trata de personas a través de la prevención de la misma.

En ese sentido, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras se congratulan que cada vez con mayor razón, el tema de la atención, prevención, combate y erradicación de los delitos en materia de trata de personas adquiere relevancia en el quehacer público, a través de presentación de propuestas que permitan afrontar con mayor eficacia tales conductas.

Al respecto, es intención del Senador proponente reformar el artículo 84 de la ley en materia del presente dictamen, el cual establece el objeto de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir, y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para incorporar a la difusión como un objeto de función de ésta, pues actualmente únicamente prevé como esto a la inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas.

En tal contexto, además de los documentos que alude el Senador proponente, han emanado sendos diagnósticos que permiten advertir que a pesar de la expedición de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estados Delitos, aún no se ha logrado poner en marcha los mecanismos que ésta prevé, encaminados a permitir la prevención y atención principalmente de esas conductas.

Es el caso, en primer término, del Diagnóstico Sobre la Situación de la Trata de Personas en México, documento elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2013, en él se da cuenta de una serie de propuestas [*] que giran en torno a la importancia de desarrollar políticas de prevención que sean difundidas a través de los mecanismos que la misma ley menciona, es el caso de las previstas en lo relativo a la protección y asistencia que versan de la siguiente forma:

• Desarrollar campañas de prevención a nivel nacional y regional. 

• Implementar medidas de política pública para reducir los factores de vulnerabilidad de víctimas potenciales, a través de las cuales fomenten iniciativas sociales y económicas tendentes a mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades. 

• Difundir entre los mexicanos en el exterior los Protocolos de Intervención consular en la atención a víctimas de trata de personas.  

• Implementar campañas permanentes de capacitación en materia de trata de personas y derechos humanos a servidores públicos, principalmente agentes policiales, migratorios, de inspección y verificación laboral, sanitarios etc, para la oportuna detección de probables víctimas. 

Esas propuestas son evidencia de que uno de los aspectos medulares de la política de estado que debe darse en contra de la trata de personas, es la difusión de los planes, políticas y acciones que se realicen en el seno de las instituciones, y en el presente caso, respecto de la Comisión  Intersecretarial que con fundamento en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece la ley general materia del presente dictamen.

Llama la atención las facultades y competencias que tiene esa Comisión Intersecretarial, que coinciden plenamente con el énfasis que hace el Senador proponente en cuanto a la difusión de programas, acciones y tareas que realice la Comisión, esto cuando se le da competencia y atribuciones a la Comisión conforme al artículo 88 de la ley cuya reforma se plantea, mismo que prescribe los siguiente:

“Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias:

I. a IV. …

V. Desarrollar campañas de prevención y educación, así como programas de desarrollo local que permitan prevenir los delitos en materia de trata de personas;

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación:

VII. Los convenios de colaboración interinstitucional y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a las bases previas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley General de Migración.

Estos convenios y acuerdos podrán suscribirse con organizaciones de la sociedad civil y la academia, con los siguientes fines:

a) Informar y capacitar con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al interés superior de la niñez, sobre los conceptos fundamentales y las implicaciones de los delitos previstos en esta Ley y de los instrumentos internacionales relacionados con la materia al personal de la administración pública federal relacionado con este fenómeno delictivo;

b) Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres;

c) Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de los delitos previstos en esta Ley, los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización, así como de las diversas modalidades de sometimiento para cometerlos;

d) Informar y advertir al personal de empresas de todos los sectores susceptibles de ser medios para la comisión de estos delitos, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a ellos, así como orientarlos en la prevención.

VIII. a XI. …

XII. Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos objeto de esta Ley y lograr la detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas de los delitos previsto en esta Ley;

XIII. Desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de internet y redes sociales;

XIV. Desarrollar programas para la protección de datos personales y control de la información personal, que incluya distintas formas de operación para el reclutamiento, modos y formas de intervención de cuentas, y restricciones de envío de fotografías personales e íntimas;

XV. En coordinación con la Secretaría, monitorear y vigilar de manera permanente que los anuncios clasificados que se publiquen por cualquier medio, conforme a los lineamientos que emitirá para este efecto.” [*]

De ahí, que las comisiones dictaminadoras coinciden con la relevancia que tiene la difusión de los programas, tareas y acciones, advirtiendo la necesidad de aportar mayor congruencia entre el precepto aludido que otorga la obligación de promover, informar, desarrollar una serie de políticas en favor de la prevención y combate de la trata de personas, y el objeto de la Comisión que debe ser, además de vigilar e inspeccionar, también difundir aquellas acciones que permeen en la sociedad y gobierno, con el objeto de lograr la prevención del delito, así como la erradicación de factores que causan la vulnerabilidad que aprovechan tratantes y explotadores para someter a sus víctimas, como puede ser el caso de la ignorancia de derechos e instancias a las cuales pueden acudir en caso ser víctimas potenciales de tan reprochables actos, sólo por mencionar alguno de esos factores. 

Por lo anterior las comisiones dictaminadoras estiman adecuado establecer como objeto de la Comisión Intersecretarial la difusión de los programas, planes y tareas, no sólo de aquellas relativas a la coordinación en concreto, sino además aquellas que realicen sus integrantes en particular, y que puedan ser replicadas por los gobiernos de las entidades federativas, y viceversa, siempre en respeto del marco jurídico existente y dentro de las mismas facultades que le permite el citado precepto 88 de la ley.

2. Ahora bien, en lo relativo a la propuesta para adicionar el artículo 2º en su fracción V, que refiere a los bienes jurídicos que la ley tutela, es necesario hacer precisiones que a continuación se detallarán.

El artículo 73, en su fracción XXI, inciso a), establece la facultad del Congreso de Unión de para expedir leyes generales que como mínimo establezcan los tipos penales y sus respectivas sanciones, esto respecto de las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, tortura y otras formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante, en materia electoral, formas ilegales de privación de la libertad, así como en materia de trata de personas.

Sobre esa facultad legislativa, el mismo texto constitucional establece que tales leyes deberán además contener la distribución de competencia, y las formas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Ahora bien el artículo que el Senador propone reformar es el siguiente:

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:

I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales;

II. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones;

III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;

IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley;

V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y

VI. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

En particular la modificación planteada es para la fracción V de tal dispositivo previéndolo de la siguiente forma:

“V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas y las comunidades indígenas, así como el libre desarrollo de, niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y”

Podemos dar cuenta que el legislador propone modificar la fracción V del artículo 2º que establece precisamente aquellos bienes que tutela la ley general, es decir el interés jurídico que busca proteger la ley, comúnmente denominado “bien jurídico tutelado”, siendo éste en otras palabras el derecho subjetivo que busca proteger la norma penal, pues es precisamente en ese ámbito que dicho bien es un elemento medular que se debe tomar en cuenta para la individualización de una pena, esto es el daño al bien jurídico tutelado o la puesta en peligro de los mismos.

De ahí que tales derechos subjetivos como la vida, la libertad, la integridad, la seguridad de las personas, y el libre desarrollo de la personalidad, hayan sido previstos en la ley general como aquellos derechos que deben ser protegidos y en caso de vulneración imponer la sanción respectiva.

Al respecto, el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere los aspectos que debe contener la sentencia condenatoria que emita el juez u órgano jurisdiccional, y que en específico el séptimo párrafo establece:

“Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico.”

De ahí la relevancia de aportar claridad del bien jurídico que tutela la norma penal.

En tal contexto, el término que el Senador propone incorporar no es propiamente un derecho subjetivo susceptible de ser  visto como bien jurídico, pues constitucionalmente, de acuerdo al artículo 2º, son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas (comunidades) que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Es decir, un grupo de personas que por virtud de las características aludidas (como unidad social, económica, cultural,  etc.) es catalogada como comunidad indígena, y cuyos integrantes, son titulares de los derechos subjetivos que ya están vigentes en la ley, sin hacer distinciones de ello, es decir que sus integrantes, al igual que al resto de las personas como tal, son titulares de los bienes jurídicos tutelados como la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, contemplados tanto para ellos, como el resto de las personas.

Por tanto, los aspectos y mecanismos que refiere la fracción V de la ley, son aquellos bienes jurídicos (derechos subjetivos) que poseen las personas, y que las normas penales protegen como bien jurídico tutelado, por lo que los integrantes de las comisiones, si bien, coinciden con el Senador en la necesidad de establecer mayores mecanismos en la atención y prevención de las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, estiman que los bienes jurídicos tutelados por la norma penal en materia de trata de personas, incluyen también a personas integrantes de tales comunidades, por lo que es innecesaria la modificación propuesta.

A mayor abundamiento de lo anterior, advierten que la norma penal contempla además una serie de agravantes que permiten sancionar con mayor severidad a las personas sujetas a un proceso penal, cuando el pasivo sea o pertenezca a un grupo o comunidad indígena, tal como el Senador alude.

Asimismo, estas comisiones coinciden en que aceptar la propuesta, podría derivar un texto normativo discriminatorio, pues dejaría fuera otros grupos sociales altamente vulnerables como lo son las personas de la tercera edad, la comunidad LGBTTI, entre otros.

Por ello, se refiere que por su naturaleza, los bienes jurídicos tutelados son aquellos que pertenecen a todas las personas, y el legislador optó por sancionar de forma potencialmente rigurosa cuando se trate de una persona integrante de esa comunidad indígena.

Por tanto, de acuerdo a las anteriores consideraciones y con las modificaciones planteadas, las Comisiones Dictaminadoras estiman adecuado proponer a esta Soberanía la aprobación del proyecto de decreto con modificaciones, con fundamento en los artículos mencionados con anterioridad y de acuerdo a lo siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue:

Artículo 84. ...

I. a II. ...

III. Difusión, inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas;

IV. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, febrero de 2017.

[*]   Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México. México, CNDH, 2013, p.
[*] Subrayado de las Comisiones que presentan el dictamen.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 282 del Reglamento del Senado de la República, sobre el Centro de Estudios Internacionales "Gilberto Bosques".

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor de este dictamen.

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Gracias, señora Presidenta, Senadora Blanca Alcalá.

Efectivamente, el posicionamiento en favor del dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 282 del Reglamento de este Senado de la República, queda muy oportuno en los tiempos que estamos viviendo, y es que quiero traer a colación a un legislador muy relevante, por cierto poblano, que habla de que "un buen político, yo agregaría "o política", debe dominar el discurso parlamentario y requiere de un profundo conocimiento, de una cultura política".

Y también otro legislador Constituyente, Froylán Manjarrez, señaló que: "reconocer nuestras carencias como políticos era un acto de humildad", y en este sentido va esta reforma al reconocer que en medio de nuestras funciones y facultades, como Senado de la República, requerimos de instancias, de apoyo técnico, de conocimientos, como es Gilberto Bosques.

Y esto amerita en tiempos donde la globalización requiere de una diplomacia parlamentaria, pero sobre todo, la nueva conformación en las relaciones con los distintos países del orbe.

Se hace cada vez más necesaria nuestra participación ante figuras fundamentales dentro del ámbito de la política internacional.

Aquí estuvo en comparecencia el Canciller y ha quedado claro la coadyuvancia en nuestras funciones con el Ejecutivo sobre la política exterior, y es que ha venido a cobrar esta particular relevancia tanto en ámbitos locales fronterizos como en ámbitos internacionales, como una herramienta para darle mayor énfasis a nuestras relaciones entre los distintos países.

Por eso, la diplomacia parlamentaria también la define el ex canciller Fernando Solana, "como la intervención o participación del Poder Legislativo y sus órganos en la definición, control y ejecución de la Política Exterior del Estado. Así como para designar el principio de las relaciones internacionales que lo vinculan con los poderes legislativos en otros países y sus propios integrantes".

El Centro de Estudios Internacionales "Gilberto Bosques", de este Senado de la República, se constituyó a partir de la reforma al Estatuto de Servicios Parlamentarios y Administrativos del Senado, aprobada por el Pleno en diciembre del 2011.

Su objetivo es apoyar a los órganos de gobierno, las comisiones, los grupos parlamentarios y a las y los Senadores en el desarrollo de nuestras facultades exclusivas que la Constitución Política nos otorga en materia de política exterior.

El Centro "Gilberto Bosques" constituye una parte importantísima para el trabajo legislativo en materia de diplomacia parlamentaria, y todo lo que tiene que ver con asuntos internacionales.

Ha constituido una herramienta clave para respaldar nuestra facultad, escrita en la Constitución, pero también el poder hoy tener esa corresponsabilidad entre los poderes para defensa de nuestra soberanía y dar garantías de respeto y paz entre las naciones.

Esta labor consiste en investigar las tendencias y sucesos que impactan a nuestro país desde el exterior y presentarlas oportunamente para los diálogos y la toma de decisiones.

Por estas razones, el presente dictamen tiene la mayor pertinencia, el Senado de la República debe reconocer la labor del Centro "Gilberto Bosques", en el acompañamiento en materia de diplomacia parlamentaria, y de este acompañamiento con el Ejecutivo, y dejar bien establecido en el Reglamento del Senado el lugar y las funciones que ocupa dicho centro.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que no podemos aplazar más este asunto tan relevante para nuestro trabajo y, sobre todo, bueno, hay que reconocer que esta iniciativa nos la ha dejado un ex compañero Senador, que apoyamos, y que hoy es el gobernador de Durango, así es que hoy estaríamos cumpliendo también con un trabajo, que hoy lo vemos de lo más oportuno.

Por su atención y aprobación, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Quiero informarles que nos han hecho llegar a esta Mesa Directiva la intervención de la Senadora Graciela Ortiz, misma que será incorporada de manera íntegra al Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En virtud de que no existen más oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 77 votos a favor y cero en contra.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el artículo 282 del Reglamento del Senado de la República. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en consonancia con la Reforma Política de la Ciudad de México.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Está a discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores.

Tiene la palabra el Senador Jesús Priego Calva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.

El Senador Jesús Priego Calva: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Acudo a esta máxima tribuna para hablar a favor del dictamen por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en consonancia con la Reforma Política de la Ciudad de México, con el objetivo de modificar en el Reglamento del Senado de la República y todas aquellas referencias que se hacen al Distrito Federal y modificarlas por Ciudad de México.

De ahí la trascendencia del presente dictamen, que busca disponer mecanismos que permitan establecer las referencias de la Constitución y demás ordenamientos jurídicos que se hagan al Distrito Federal, deberá entenderse como Ciudad de México.

El pasado 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México.

Esta forma representa un avance medular del federalismo de nuestro país, para que todas las entidades sustenten las mismas facultades, beneficios y responsabilidades. De la misma manera constituye un paso más en la emancipación de nuestra capital y sus ciudadanos respecto de los poderes federales.

En este contexto, resulta fundamental que el Estado mexicano continúe desarrollando políticas a favor de la Ciudad de México, instrumentando herramientas de primera relevancia para el crecimiento y el bienestar de la sociedad de la Ciudad de México.

Anticipando que en el grupo parlamentario del PRI nos pronunciaremos a favor del presente asunto, hago propicia la ocasión para reconocer el trabajo, empeño, dedicación y capacidad mostrada por los integrantes de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Por lo anterior, coincidimos que es necesario modificar en el Reglamento del Senado de la República, y todas aquellas referencias que se hacen al Distrito Federal y modificarlas por Ciudad de México.

Compañeras y compañeros legisladores, seguiremos trabajando por un México próspero e incluyente, que contribuya al mejoramiento de los niveles de bienestar de todos los capitalinos.

En el grupo parlamentario del PRI legislamos para que todas las y los ciudadanos puedan tener un mayor desarrollo más competitivo y productivo.

Por ello, seguiremos instrumentando políticas públicas que favorezcan a todos los capitalinos de la Ciudad de México.

Es cuanto, señora Presidenta.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz:   Gracias, Senador Priego Calva.

Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés de reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se emitieron 79 votos en pro y cero en contra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en consonancia con la Reforma Política de la Ciudad de México. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a los estudiantes del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Niños Héroes, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

¡Agradezco su presencia en este Senado de la República!






Tenemos la segunda lectura de un dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de actualización de disposiciones sobre informe de gobierno.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS NUMERALES DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Informo también a la Asamblea, que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación sobre este dictamen, misma que someteremos a su consideración. El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños. Si la Asamblea la acepta, la discusión del articulado será con la modificación incorporada.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura, señora Presidenta.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al texto del dictamen la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la modificación se integre al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En consecuencia, la discusión del dictamen será con la modificación que ya fue autorizada por la Asamblea. Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señora Presidenta.

He solicitado la palabra para hablar en contra de este dictamen por dos motivos fundamentales:

Primero, porque la reforma que dio origen a esta reforma que hoy estamos hablando, la reforma al artículo 69 constitucional surgió de un acuerdo político que nunca debió dar efecto a esta reforma.

Y en segundo lugar, porque la reforma en sí misma a la Ley Orgánica se queda muy corta y me voy a explicar:

La reforma al artículo 69 constitucional, que se dio en 2008, tiene como origen que el día 1º de septiembre de 2006 se acabó lo que se conocía como el "Día del Presidente", es en el que los presidentes de la República acudían al Congreso de la Unión y, generalmente, podían hablar por horas para presentar supuestamente un Informe general del estado que guarda el país al Congreso de la Unión, y después de ello dirigirse al Palacio, al llamado "besamanos", todo mundo se formaba para felicitar al Presidente, para felicitarlo por ese Informe.

Y se dio justamente el 1º de septiembre que ese día nunca más se volvió a repetir. ¿Por qué? Porque a partir de ese día el Presidente, en ese entonces Vicente Fox Quezada, no pudo entrar al Congreso de la Unión a rendir un Informe.

La solución, aparentemente salomónica que encontraron en aquella ocasión, fue reformar la Constitución para que el Presidente nunca más se tuviera que presentar al Congreso de la Unión a presentar un Informe, ni a rendir cuentas y, en su defecto, lo que se dejó fue lo que llamamos "la Glosa del Informe", y ese es mi segundo motivo por el cual estoy en contra de este dictamen.

La reforma que hoy estamos discutiendo en este Senado solamente se concretó a quitar dos palabras a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y poner que el Informe se presentará por escrito y que no tendrá que acudir el día de la sesión.

Y ni siquiera intentó hacer esta reforma un verdadero formato de rendición de cuentas; un verdadero formato en el que el Ejecutivo presente y rinda cuentas a la Nación en el Congreso de la Unión; un formato en el que los Secretarios no solamente vengan a presentarnos algunas ideas donde no hay un verdadero cuestionamiento como hay en otros sistemas en el mundo, o lo que es peor, por si no se dieron cuenta, este año ni siquiera tuvo que comparecer el Secretario de Gobierno porque en dos ocasiones se canceló la comparecencia del Secretario de Gobierno.

¿No se dieron cuenta de ello?

Bueno, pues dentro de nuestras facultades está justamente conocer el Informe que tiene que presentar el Ejecutivo y no se está haciendo de manera adecuada.

Y hoy con esta reforma venimos a validar eso, eso que no podemos llamar rendición de cuentas, es un derecho que tienen los ciudadanos a conocer qué es lo que se está haciendo en el país, y lo que estamos haciendo el día de hoy, supuestamente para armonizar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión al artículo 69 constitucional que, insisto, nunca se debió de haber reformado, es simple y sencillamente validar un formato que nada tiene que ver con la rendición de cuentas, y limitamos con ello el derecho de la ciudadanía a conocer de viva voz y de parte de los titulares del Ejecutivo cuál es el estado que guarda la Nación.

Por eso, mi voto es en contra, y los conmino a que también lo voten en contra.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Martha Tagle.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Gracias, señora Presidenta, Senadora Blanca Alcalá. Queridas compañeras Senadoras, queridos compañeros Senadores:

En los últimos años la relación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo ha cambiado de forma importante.

El fortalecimiento del Congreso de la Unión se ha traducido en un ejercicio efectivo de las facultades del control político que nuestra Constitución otorga al Legislativo.

El informe presidencial constituye un instrumento que abona al fortalecimiento de la democracia mexicana, porque a través del mismo se pone de manifiesto la eficacia de los mecanismos institucionales y de peso y contrapesos que resulta esencial para la gobernabilidad democrática.

Derivado de la nueva relación entre el Ejecutivo Federal y el Legislativo, en el año 2008 el Congreso de la Unión estableció modificaciones al artículo 69 y 93 de nuestra ley, fundamental, para cambiar el formato mediante el cual el Ejecutivo lleva a cabo su Informe Presidencial.

Se estableció en el Informe Presidencial se presente de forma escrita en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año del ejercicio del Congreso, por lo que ya no es necesaria la asistencia del titular del Ejecutivo Federal para presentar a dar su Informe.

En este sentido, la importancia del presente dictamen radica en que busca armonizar lo establecido en el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que el artículo en comento, en su numeral 1 sigue contemplando que el Presidente de la República asista y presente un Informe de conformidad al artículo 69 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma en los numerales 2, 3, 4 y 5 continúa estableciendo el procedimiento y el formato mediante el cual se desarrollará la presentación de dicho Informe, la cual ya no es viable, porque como señalamos anteriormente, no es necesaria la presencia del Presidente para rendir su Informe, lo cual nos obliga a realizar esos cambios pertinentes.

Coincidimos con la dictaminadora que la supremacía de la Constitución sobre otros ordenamientos jurídicos hace impostergable llevar a cabo los cambios legislativos que armonice al artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el artículo 69 de nuestra Constitución.

En virtud de ello, la dictaminadora considera pertinente que en el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso se establezca que el 1º de septiembre de cada año, en la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, el Presidente de la República remita un Informe del estado que guarda la administración pública del país, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen adecua al número 2 para que en la sesión en la que el Ejecutivo presente su Informe escrito, se mantenga el mecanismo para que los legisladores de los partidos representados en el Congreso hagan uso de la palabra, modifiquen el numeral 4, para que conserve el proceso de análisis y las Cámaras deben realizar el Informe remitido por el Presidente de la República.

Finalmente, se deroga el número 3 y el 5.

Queridas compañeras y compañeros, en mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de este dictamen, por lo que habremos de votar a favor.

Y solicito a mis compañeras y compañeros que su voto sea a favor de este dictamen.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Domínguez Arvizu.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Cuando el 1º de septiembre del año 1988, Porfirio Muñoz Ledo interpeló al Presidente Miguel de la Madrid en la presentación de su Informe, se colapsó una de las piezas que formaban parte del engranaje más importante del sistema presidencialista de nuestro país.

El día del Informe, que como bien lo señaló aquí la Senadora Martha Tagle, se entendía entonces como el "Día del Presidente".

Y la interpelación de Muñoz Ledo al Presidente De la Madrid, más allá del hecho anecdótico, representaba un hecho ineludible, la correlación de fuerzas y el ejercicio del poder en nuestro país habían cambiado, pero las instituciones públicas se negaron a entender esa realidad y lejos de enfrentar los cambios que se requerían para establecer una nueva relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se orientaron fundamentalmente, como siempre, a la protección de la figura presidencial.

Y eso conllevó a que en los informes presidenciales subsecuentes, particularmente durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y más adelante con Ernesto Zedillo, el día del Informe se convertía en un momento de confrontación, descrédito del trabajo legislativo con el ejercicio que debía realizarse respecto a la rendición de cuentas del Ejecutivo al Congreso de la Unión.

Vinieron las interpelaciones, las tomas de tribuna, las expresiones a veces extremas de la oposición en aras de criticar y descalificar al Presidente de la República y, consecuencia de ello, más adelante, durante el gobierno de Vicente Fox se canceló el proceso de rendición de cuentas del Ejecutivo al Congreso de la Unión, y se optó, no por enviar sólo el texto de un Informe al Congreso a través de un emisario, ahora el Secretario de Gobernación, sino se optó por renunciar a una de las atribuciones y facultades más importantes del Congreso de la Unión, que es el de la fiscalización y el de la rendición de cuentas por el Ejecutivo Federal en una labor fundamental del Poder Legislativo.

Y hoy formalizar esa situación, no solamente es mantener esta indiferencia a entender que este país ha cambiado, sino continuar renunciando a nuestras facultades y al contrapeso que el Poder Ejecutivo debe realizar sobre el Ejecutivo Federal.

La solución debería de ser otra, debería de regresarse no sólo a la presencia del Ejecutivo ante el Congreso a informar y a rendir cuentas de su gestión, sino también abrirse al debate, a la réplica con las y con los legisladores.

No veo por qué seguir eludiendo esta situación y seguir protegiendo la imagen de un Presidente renuente a rendir cuentas, y más en los momentos tan difíciles que vive nuestro país.

Hay muchas experiencias en los gobiernos locales donde no sólo el Ejecutivo local escucha los posicionamientos previos de los grupos parlamentarios, sino que acepta preguntas y réplicas de los legisladores en donde, por ejemplo, en la Ciudad de México quien tiene la última palabra siempre en el Informe es el Poder Legislativo; no el Presidente de la República, porque el 1° de septiembre y la rendición del Informe, lejos de ser el "Día del Presidente", debe de ser el "Día del Congreso de la Unión" cuando el Ejecutivo rinde cuentas y es sometido al debate, al escrutinio y al balance de los integrantes del Poder Legislativo.

Creo que deberíamos de retomar muchas iniciativas que en ese sentido se han presentado y establecer una nueva relación entre poderes respetando el ámbito de la división entre los mismos, pero respetándonos, en primer lugar, a nosotros mismos para ejercer plenamente nuestras facultades de fiscalización y de control político y parlamentario, y seguir en el mismo escenario donde se presenta un texto y luego viene una glosa que se convierte en un trámite absurdo e innecesario con una pasarela de Secretarios ante el Pleno de las comisiones de ambas Cámaras ha demostrado que es un fracaso, y más aún ese extremo que es haber establecido el derecho a la pregunta parlamentaria por parte del Congreso, cuando debería el Ejecutivo rendir cuentas ante el Pleno del Congreso o ante cada una de las Cámaras.

Yo los convoco a que hagamos una revisión de esta situación y espero que dignifiquemos el desempeño de nuestras funciones para que el Presidente venga a rendir cuentas y para que el Legislativo ocupe el lugar que le corresponde en la división de poderes y en el control parlamentario del ejercicio gubernamental.

Por esa situación, nosotros votaremos en contra.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Se le concede el uso de la tribuna al Senado Sofío Ramírez Hernández, para hablar sobre este tema.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señora Presidenta.

Después de haber escuchado a mis compañeras y compañeros en esta tribuna, me quedé con algunas reflexiones que considero importante poder compartirles, particularmente reflexiones en torno a un hombre que yo respeto mucho por su trabajo, por su nacionalismo, por ese compromiso, lo digo con toda responsabilidad, mi compañero Senador Alejandro Encinas.

Yo coincido con usted en lo que debe de ser el fortalecimiento de las instituciones, la transparencia, la rendición de cuentas, enaltecer la responsabilidad pública y que todos podamos estar frente a la ciudadanía cumpliendo con nuestra responsabilidad de poder informar con responsabilidad; pero consideramos que también no se deben de exponer la investidura de quienes tienen una responsabilidad al frente de una institución al frente particularmente de la República.

Les comparto lo que la historia nos ha enseñado en el correr de los años. Yo recuerdo de niño, allá en la escuela, cuando nos hablaban de los valores cívicos, era para nosotros y lo debe de ser, el gran culto que debemos de rendir a nuestros símbolos patrios. Cuando hablamos del Himno Nacional, cuando hablamos del Escudo de la Bandera, pero también a esa emoción nacionalista de nuestra condición, de sentirnos parte de este México, de esta patria, nos acompañaba la alegría de ver al Presidente de la República cada 1º de septiembre para poder rendir su informe.

Cuando menos para la clase social, la otra clase social donde hemos crecido millones de mexicanos, aquellos que hemos estado en condiciones de marginación y pobreza, así como el pueblo vemos al maestro como al hombre que nos enseña, nos ilustra, nos conduce, nos cambia el conocimiento, a nivel nacional vemos al Presidente de la República en su Informe como la fiesta de México.

Yo recuerdo que hasta se suspendían clases, porque viene el señor Presidente de la República a rendir su Informe.

Y finalmente era un día de emociones, porque viene el Informe del Presidente de la Republica, el Presidente de todos los mexicanos.

¿Dónde se descontextualizó este nacionalismo? Cuando en un pleno ejercicio de libertad de expresión, de facultades y competencias, en el Congreso de la Unión, en Cámara de Diputados, muchas veces no se permitía el acceso a los Presidentes de la República, del partido que fuese o muchas veces en el Pleno no se guardaban ni se respetaban los protocolos o los procedimientos legislativos.

Lo que antes era una motivación o una alegría, se pasaba quizás a una vergüenza nacional, cuando veíamos a Diputados locales, no importando el partido, que finalmente en su derecho y en su libertad, en sus facultades se expresaba sin guardar los procedimientos y los protocolos que para el caso era necesario poder respetar.

Hoy lo que se pretende es armonizar, seguir en la transparencia y la rendición de cuentas, en el Informe del señor Presidente de la República, armonizar el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que pueda ser por escrito.

Como un mexicano más, bienvenido el Informe del señor Presidente de la República y que pudiese ser en el Congreso de la Unión, pero siempre y cuando también se respeten a las instituciones, porque no es la persona, no es el ciudadano, es la responsabilidad, es la investidura del señor Presidente de la República y que consideramos que hasta en tanto no haya condiciones también por parte del Congreso de la Unión, llámese Cámara de Diputados, lo que hoy se tiene es el propósito de que se pueda armonizar, formalizar para que pueda ser por escrito y que de esta manera también se pueda rendir cuentas en la rendición, en la transparencia de todo un ejercicio de responsabilidad del Poder Ejecutivo, y que sea a través de sus secretarios para efecto de que se desarrollen las glosas correspondientes.

Muchas gracias y mi aprecio al señor Senador Alejandro Encinas.

Muchas gracias, buen día.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Sofío Ramírez.

Se inserta intervención de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En virtud de que ya no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se emitieron 61 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversos numerales del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






COMUNICACIÓN

Informo a la Asamblea que la Senadora Layda Sansores San Román, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, han remitido a esta Mesa Directiva una fe de erratas al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, aprobado por el Senado el 6 de octubre de 2016.

Esta fe de erratas no altera el fondo de lo aprobado por el Senado y es sólo para efectos de precisión en la ubicación del párrafo que se modifica.

Para corregir el error y asegurar que el texto de reforma del artículo 111 de la Ley de Migración exprese debidamente lo aprobado, solicitan a esta Asamblea que autorice la aplicación de esta fe de erratas, que se enviaría a la Cámara de Diputados para poder continuar debidamente con su trámite legislativo. El texto de la fe de erratas está publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la fe de erratas.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura, señora Presidenta.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Vamos a someter a la consideración del Pleno la fe de erratas solicitada. Está a discusión.

Consulto si algún Senador desea hacer uso de la palabra. En virtud de que no existen oradores registrados, pido que, de conformidad al artículo 58 del Reglamento, se pueda proceder a la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del texto que se modifica.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señora Presidenta, se emitieron 71 votos a favor y cero en contra.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Queda aprobada la fe de erratas al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, aprobado por el Senado el 6 de octubre de 2016. En consecuencia, remítase a la Cámara de Diputados.

Esta Mesa Directiva también le da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad de Veracruz, campus Zacatecas, invitados por el Senador David Monreal Ávila, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo en esta Asamblea. Agradecemos su presencia en este Senado de la República.

¡Sean bienvenidos!






Tenemos la discusión de dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Están a discusión los dictámenes que ahora describiré:

Dos, de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de Decreto.

Por el que se reforma el artículo Octavo del Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO DEL REGLAMENTO DE LA ORDEN MEXICANA DE LA MEDALLA DE HONOR “BELISARIO DOMÍNGUEZ” DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Dictamen a discusión)








Y por el que se reforma el numeral 1 del artículo 100 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de Decreto.

Para adicionar los artículos 10 y 21 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 21 BIS A LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

(Dictamen a discusión)








Y para adicionar el artículo 4o. de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Esos Delitos.

PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

(Dictamen a discusión)








Asimismo, tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE CULTURA;
DE RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones de Cultura, de Radio Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores les fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de crear la Secretaría de Cultura, presentada el 14 de diciembre de 2015 por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 14 de diciembre de 2015, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno del Senado de la República, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de crear la Secretaría de Cultura.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el asunto, con oficio número DGPL-1P1A.-5501, a las comisiones unidas de Cultura, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen.

3. Para efectos del numeral 1 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República, se comunicó del turno a los integrantes de las comisiones que concurren al dictamen.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio y dictamen de la iniciativa de referencia a partir del análisis de su contenido.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa del Senador Rabindranath Salazar Solorio propone modificaciones a los artículos 26; 38, fracciones IX, XXVIII y XXIX; la adición de una fracción VIII bis al mismo artículo 38 y la adición del artículo 38 bis. También considera la derogación de las fracciones X, XIV, XVII a XIX, XXI, XXII Y XXX bis del artículo 38, todos de la Ley orgánica de la Administración Pública Federal. El propósito es el de crear una secretaría de despacho en materia cultural separada de la función social de la educación. Su estrategia normativa consiste en separar del artículo 38 los enunciados jurídicos que establecen atribuciones a la Secretaría de Educación Pública en materia de cultura, para transferirlas, bajo dispositivos actualizados, a la Secretaría de Cultura.

En cuanto a las referencias históricas, el Senador Rabindranath menciona que la Constitución Mexicana de 1857 no estableció previsión alguna sobre el tema educativo y el tema cultural. Es hasta la legislación emitida por el Presidente Juárez, al expedir las Leyes Orgánicas de Instrucción Pública de 1867 y 1869, que limita su vigencia al Distrito Federal, al carecer el Congreso de la Unión de facultades federales en la materia. Posteriormente, el presidente Porfirio Díaz creó, en 1905, la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, consagrada en el artículo 86 de la Constitución de 1857. En la Constitución de 1917 se consagra ya la participación del poder público en los tipos de enseñanza primaria, secundaria y superior (artículo 3°) y lo relativo a la enseñanza profesional y de los instintos de cultura superior, en el artículo 73, fracción XVII. Sin embargo, hasta 1921, José Vasconcelos creó la Secretaria de Educación Pública, incluyendo un área especial de bellas artes que, más tarde, se convertiría en la Subsecretaría de Cultura y que, en 1988, derivaría en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).

El proponente participa de la definición que se ha brindado en diversos foros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, en particular, la declaración hecha en México sobre políticas culturales en el año de 1982, de acuerdo con la cual se trata del conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracteriza a una sociedad o grupo social. En ella se engloba además a las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las tradiciones y creencias.

La educación y la cultura tienen una relación estrecha. En particular, la educación tiene una especial relevancia por ser el vehículo transmisor por excelencia de la cultura, por lo que ha sido común, en política pública, la subordinación de la segunda a la primera. De hecho, subraya el autor, así se concebía en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta que, en abril de 2009, se promulgó la reforma constitucional que dio lugar al derecho a la cultura como un derecho fundamental y se establecieron las bases para que, en legislación secundaria, se desarrollaran las bases para la regulación del derecho al acceso a la cultura; al disfrute de los bienes y servicios culturales que presta el Estado en la materia y el ejercicio de los derechos culturales de los mexicanos. Lo anterior bajo un esquema coordinado entre la Federación, los estados y los municipios.

Precisamente, el Senador Rabindranath parte de este último postulado, con la finalidad de establecer la estructura institucional que soporte la relación entre los órdenes de gobierno, una vez que la cultura ha sido considerada una materia constitucional específica como lo ha sido la educación a lo largo del tiempo. Para él, la cultura desempeña un papel preponderante en la consolidación de las sociedades y del Estado ya que reafirma e identifica a la sociedad con sus tradiciones y posibilita el acceso a una diversidad de expresiones que permite la adaptación a los entornos regionales, nacionales e internacionales. La cultura guarda valores esenciales de la sociedad en el tiempo; se construye cotidianamente y se resignifica en función de las expresiones culturales de otros pueblos y naciones.

Asimismo, la necesidad de estructurar una dependencia abocada a la materia cultural, también está relacionado con los aportes que las mismas prácticas culturales representan desde la perspectiva del desarrollo económico, político y social del país: “la cultura no se puede concebir como una sola actividad o un solo concepto … se debe plantear como un elemento fundamental para la elaboración de los planes de desarrollo y así lo exige la misma Ley de Planeación”. Y citando al titular del Ejecutivo, considera necesario hacer de la cultura un medio para la cohesión, la inclusión y la prevención social de la violencia.

En la exposición de motivos que sustenta a la iniciativa, se advierte que la creación de una dependencia, con nivel de Secretaría de Despacho especializada en materia de cultura, no generaría un impacto presupuestal en las finanzas públicas, debido al creciente presupuesto que la Cámara de Diputados ha asignado al subsector cultura en los últimos años y que ha venido operando bajo la coordinación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Por ello, considera que la iniciativa que se somete al Pleno, constituye una reforma estructural pendiente en el terreno cultural, “no como oposición, sino como ejercicio pleno de la democracia en donde la diversidad de las ideas aporta propuestas contundentes para el beneficio de la población”.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las bases de organización de la administración pública centralizada y paraestatal del orden Federal de gobierno. En dicho ordenamiento se fijan las atribuciones y responsabilidades de cada uno de las secretarías de despacho con base en las funciones públicas que se han identificado en el Estado mexicano para atender y propiciar el bienestar general de la población a través de la acción de gobierno. En el contexto de un Estado de derecho, las normas contenidas en este ordenamiento, permiten distinguir funciones especializadas para cada una de las ramas administrativas en las que se divide la función pública, desde la perspectiva de su articulación como dependencia o entidad administrativa, a fin de conducir de manera razonable y dotar de sentido al principio de autoridad.

SEGUNDA. El artículo 38 de la ley establece las atribuciones que le son conferidas a la Secretaría de Educación Pública, en donde se observa la evidente relación que ha mantenido el Estado mexicano por años entre los ámbitos educativo y cultural. De hecho, desde el origen de esta dependencia, se formalizaron los departamentos de Educación, Bellas Artes y de Bibliotecas. No obstante, ante la gran demanda de formación educativa de parte de la sociedad mexicana, hubo un crecimiento exponencial de las áreas administrativas para enfrentar el rezago educativo en el que se encontraba gran parte de la población durante la primera mitad del siglo XIX y, con el tiempo, el fomento y cultivo del arte y la cultura quedó supeditado a las prioridades del sector educativo.

TERCERA. En México, según SEP-INEGI, existe un total de 207 mil 682 planteles de educación básica y especial, a los que asisten más de 25 millones de alumnos y en los que laboran más de dos millones de trabajadores aproximadamente, entre profesores y personal administrativo, sin embargo, esta población no es atendida con pertinencia y especialidad en ámbitos artísticos y culturales, sino en aspectos meramente educativos. Es evidente que la enseñanza de las artes, la sensibilización de la población, así como la administración, difusión, promoción y gestión de la Cultura en México requiere de una administración central del Estado Mexicano que diseñe, promueva y ejecute políticas culturales ad hoc en nuestro país; para ello se considera indispensable una secretaría de despacho que atienda dicha encomienda.

CUARTA. México ha sido un país que ha forjado instituciones gubernamentales sólidas en el campo de la cultura. Expresión de esta trayectoria lo constituyen el Fondo de Cultura Económica, los institutos nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes y Literatura, además del Instituto Mexicano de Cinematografía, entre otras entidades públicas. Todos estos organismos, surgieron en momentos específicos para atender demandas de la sociedad en general y de la comunidad involucrada con la creación y difusión del arte y la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, por lo cual, les fueron conferidas figuras jurídicas distintas que hicieron complejo su articulación desde un enfoque jerárquico institucional, en especial, a partir de su agrupación en el denominado subsector cultura, coordinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a partir de diciembre de 1988.

QUINTA. Como nos dice la propuesta del senador Rabindranath Salazar Solorio, lamentablemente la acción institucional en materia de cultura ha permanecido subordinada a la función educativa, lo que ha significado una reducción de metas y objetivos en la materia, debido entre otras causas a la subordinación presupuestal, la adjetivación de las funciones de cultura propiamente y a la sujeción de metas institucionales educativas por encima de las culturales. La dimensión cultural de México es equiparable a culturas milenarias como la china o la egipcia, sin embargo, su dimensión administrativa en México está por debajo de su verdadera amplitud formativa, transformadora y de identidad entre los mexicanos. Es, este sentido, conveniente un reposicionamiento de las funciones de la gestión cultural integral en nuestro país mediante la postulación de una nueva dinámica de trabajo y una oportuna creación de una secretaría ex profeso que conduzca estas funciones dado que la cultura que caracteriza nuestra país es fuente de gran riqueza para nuestras sociedades y que el respeto, la valoración de nuestra diversidad contribuyen al dinamismo social, educativo, económico y son factores positivos en la promoción de la gobernabilidad, la cohesión social, el desarrollo humano, los derechos humanos y la coexistencia pacífica y democrática.

SEXTA. Con la finalidad de crear un sector de cultura dentro del marco jurídico de la Secretaría de Educación Pública, en diciembre de 1988, se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, organismo público desconcentrado destinado a ejercer las atribuciones en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes que le corresponden a la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, es de señalarse que este organismo, creado por decreto Presidencial, no gozaba de la misma jerarquía jurídica en su constitución que, por ejemplo, tenían tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pues desde su origen fueron creados por leyes aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas por el titular del Ejecutivo.

SÉPTIMA. Como órgano desconcentrado, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realizó funciones especializadas en materia cultural respecto de la función sustantiva de educación encomendada a la Secretaría de Educación Pública por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dichas funciones se llevaron a cabo mediante un acuerdo de delegación de atribuciones del titular de la secretaría de despacho al responsable del órgano desconcentrado quien, además, tenía una designación directa del Presidente de la República. No obstante, es de señalarse que, bajo la figura jurídica adoptada, el órgano no podía tomar atribuciones de autoridad en asuntos, por ejemplo, relativos a la protección y preservación del patrimonio cultural, ni integrar órganos colegiados con facultades decisorias, sino únicamente de carácter consultivo.

OCTAVA. A efecto de articular el subsector cultura desde una perspectiva institucional más sólida, 8 de septiembre de 2015, el titular del Ejecutivo Federal, con fundamento en el artículo 71, fracción I, presentó ante la H. Cámara de Diputados Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. Dicha propuesta tuvo la finalidad de crear la Secretaría de Cultura en el marco de dependencias públicas del Orden Federal de Gobierno, a fin de profundizar el papel del Estado en la vida cultural del país, reflejar una nueva relación entre el Estado, los creadores, intelectuales y artistas, así como para crear la conciencia de que el apoyo a la cultura es responsabilidad y a la vez derecho de todos, sobre nuevas bases de colaboración entre la Federación, las entidades federativas y los municipios que reconocen la pluralidad de voces de la nación.

NOVENA. La propuesta del Ejecutivo fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores en diciembre de 2015, precisamente un día después de que fuera presentada la iniciativa del Senador Rabindranath Salazar Solorio al Pleno del Senado de la República y fuera turnada a las Comisiones Unidas de Cultura, de Radio Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera para su trámite y desahogó. De hecho, el día 14 de diciembre se aprobó en el seno de las mismas comisiones, el dictamen del proyecto aprobado previamente en la Cámara de Diputados que daba origen a la Secretaría de Cultura y, conforme a los términos del numeral 4 del artículo 183 del Reglamento del Senado, al dictaminar los proyectos enviados por la colegisladora, no se acumulan iniciativas presentadas en el Senado como Cámara de origen, no obstante ser coincidente en el tema y contenido ambas propuestas.

DÉCIMA. Los integrantes de las comisiones unidas reconocen el mérito de la propuesta del Senador Rabindranath Salazar Solorio, pues en ella se revela la preocupación legítima por brindarle a las instituciones de cultura, una articulación que facilite su operación y haga más eficaz su actuación, en especial, en un ámbito de gran sensibilidad como lo es la promoción, difusión y protección del legado cultural de nuestro país.

Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura, de Radio Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, Primera someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente resolución con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se desecha por haber quedado sin materia la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de crear la Secretaría de Cultura, presentada ante el Pleno del Senado de la República el 14 de diciembre de 2015.

Cámara de Senadores, el 27 de septiembre de 2016.

COMISIÓN DE CULTURA.

COMISIÓN DE RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Consulto a la Asamblea, si algún Senador o Senadora desea reservar algún dictamen.

Al no existir ningún orador registrado, ni tampoco la reserva sobre ninguno de los dictámenes a los que se ha hecho referencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan los proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.






Tenemos la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de Acuerdo. Los dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy cuenta con las materias de los dictámenes:

Por el que se exhorta a realizar un análisis que informe sobre la situación de los principales pueblos indígenas afectados y desplazados por concepto de violencia y conflictos armados.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)








Y por el que se exhorta a incrementar el número de traducciones oficiales del Himno Nacional a las lenguas indígenas mexicanas.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Están a discusión.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Andrea García García, para referirse a ambos dictámenes.

La Senadora Andrea García García: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Antes que nada quiero agradecer a la Comisión de Asuntos Indígenas por tomar en cuenta mi propuesta y dictaminar a favor.

El tema de desplazamiento de los indígenas es un tema muy importante y del cual lamentablemente tenemos pocas cifras oficiales, o bien, las que existen son de varios años atrás.

Como sabemos, en varios estados de la República el crimen organizado, el narcotráfico y demás grupos delincuenciales orillan a los pueblos indígenas y a sus comunidades a unirse o trabajar para ellos.

No obstante, esta gente que sabe trabajar la tierra, que tiene costumbres y que tiene valores, teme que al rechazar dichas propuestas afecta a su familia, o bien, su propia vida, por lo que salen huyendo de sus tierras y dejan todo atrás, lo que termina en desplazamiento de los indígenas en territorios que no conocen, en lugares donde no tienen amigos ni familia en los que se puedan apoyar, y mucho menos dinero, lo que significa que tendrán que empezar de cero, con todas las dificultades que ello implica.

Por ello considero, que si queremos ayudar tenemos que solicitar cifras oficiales y exigir la realización de estudios e informes por parte de la autoridad competente.

En este caso, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que sepamos en dónde estamos parados y cómo poder evitar el desplazamiento de los indígenas y la amenaza que hoy tienen.

Las comunidades y pueblos indígenas se consideran en nuestro país como un grupo vulnerable, y lo son, debido a que son un grupo abandonado del cual difícilmente se lucha por estrategias que los beneficien.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, solicito su voto a favor en esta propuesta con la que podremos tener un panorama de la realidad de estas comunidades que se ven amenazadas por el crimen organizado.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Senadora Andrea García.

Tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez Hernández, para referirse al dictamen sobre las traducciones oficiales del Himno Nacional a las lenguas indígenas mexicanas.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señora Presidenta. Mesa Directiva. Compañeras Senadoras y Senadores:

Miren, hablar de los pueblos originarios debe ser siempre hablar de nuestra propia historia, reencontrarnos con un pasado de esperanzas.

Hablar de los pueblos originarios es hablar de nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra identidad.

Es cierto que en los tiempos actuales nos ha alcanzado la globalización y hoy abordamos temas más allá de las fronteras de México, pero por muy importante que sea la globalización en términos de la economía y la interacción entre los estados, o los países, nunca debemos olvidar nuestra raíz, nuestro origen, de lo que es, de lo que ha sido México en sus pueblos originarios.

Hice este referente histórico, porque consideramos que cada momento que tengamos la oportunidad de poder aportar nuestro esfuerzo debe ser por los que menos tienen y esa población se encuentra precisamente en los pueblos originarios, a ellos nos debemos, a ellos es nuestro compromiso.

Nos informan que de acuerdo a los estudios recientes del Inegi de 2015, México tiene un promedio en reconocimiento de lenguas oficiales, de lenguas originarias, 72, y que México está dentro de los diez países con más lenguas originarias, eso nos conlleva entonces, a buscar la manera de cómo podamos armonizar nuestros símbolos patrios, como lo es el Himno Nacional.

Hablar del Himno Nacional es hablar de nuestra identidad, de nuestra nación, de nuestro sentido patriótico.

Hablar del Himno Nacional es hablar de sus anhelos, de esperanza, de lucha, de libertad y de justicia.

Pero consideramos que el Himno Nacional debe también reconocerse de manera oficial en las diferentes lenguas originarias.

Es por eso que hoy vengo a sumarme al exhorto que presentó la Comisión de Asuntos Indígenas en el dictamen , para que a través de la Secretaría de la Cultura se pueda hacer oficial, se pueda ampliar la traducción oficial del Himno Nacional Mexicano en todas las lenguas originarias, y que de esta manera podamos reivindicar el civismo, la cultura de los niños, de todas las escuelas donde puedan entonar este glorioso himno en su lengua madre, en su lengua originaria.

Por lo tanto, les pedimos que nos puedan apoyar con el voto a favor de este dictamen.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Senador Ramírez Hernández.

Al no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a llevar a cabo diversas actividades conmemorativas al Día Nacional de la Familia. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

(Dictamen a discusión)



La Senadora Lisbeth Hernández Lecona entregó el texto de la presentación de este dictamen, el cual se integrará de manera íntegra al Diario de los Debates.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Al no haber otro orador registrado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho dictamen.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diseñar una estrategia dirigida a las regiones con mayores índices de pesca ilegal en el país como el Golfo de California. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)



Tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Al no estar el Senador presente, su intervención se incorporará de manera íntegra al Diario de los Debates.

El Senador Ricardo Barroso Agramont: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Al no haber otro orador inscrito, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Está aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de Acuerdo. Los dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy cuenta con las materias de los dictámenes.

Por el que el Senado de la República se congratula que el gobierno del estado de Chiapas haya realizado el pago de la cantidad adeudada a la Productora “Radio Ombligo”, así como la renovación del contrato, en beneficio de la niñez chiapaneca.

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le fue turnado, para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

• Punto de acuerdo que exhorta al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a mantener, fortalecer, colaborar y coadyuvar en el desarrollo de programas con contenido infantil.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 94, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 164 numeral 1, 177, 182, 183 numeral 2, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología:

METODOLOGÍA

Esta Comisión, encargada al análisis y dictamen del punto de Acuerdo en comento, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo del recibo y turno del punto de Acuerdo del análisis.

II. En el capítulo de “Contenido de las proposiciones”, se presentan los motivos y alcances del punto de Acuerdo en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos. 

III. En el capítulo de “Consideraciones”, esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden de los argumentos y proposiciones realizadas en la parte expositiva del punto de Acuerdo en estudio y que sustentan la decisión de este dictamen.

I. Antecedentes

Los antecedentes para el punto de Acuerdo que exhorta Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a mantener, fortalecer, colaborar y coadyuvar en el desarrollo de Programas con contenido infantil, son los siguientes:

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 15 de diciembre de 2016, el Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto, sometió a la consideración del Pleno del Senado de la República de la LXIII Legislatura, el punto de Acuerdo por el que exhorta al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a mantener, fortalecer, colaborar y coadyuvar en el desarrollo de Programas con contenido infantil

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio número DGPL-1P2A.-5135 turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; para emitir el dictamen correspondiente de conformidad con el artículo 135 fracción I del Reglamento del Senado de la República.

II. Contenido de la proposición

1. El contenido del punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a mantener, fortalecer, colaborar y coadyuvar en el desarrollo de Programas con contenido infantil, es el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía a mantener, fortalecer y coadyuvar en el desarrollo de programas con contenido infantil, tales como Radio Ombligo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a mantener las relaciones laborales con Radio Ombligo y facilitar todos los medios necesarios para sí transmisión continúe coadyuvando al bienestar de los Chiapanecos.

Tercero. Se exhorta al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano a colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las actividades realizadas por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía en materia de programación infantil.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Chiapas a destinar recursos suficientes al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y, a éste, a que mejore la asignación presupuestal destinada a Radio Ombligo y demás programas con contenido infantil.

Quinto. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución”

2. En las consideraciones el promovente manifiesta que Radio Ombligo es uno de los programas con mayor audiencia en el Estado de Chiapas, programa que es un promotor de cultura y entretenimiento, dirigido a la población infantil.

3. El objetivo de Radio ombligo es convertir a la radio en un medio público con programas culturales dirigidos a todo tipo de audiencias, Además de un marco de integración social y de inclusión, también considera una programación multicultural que incluye música indígena que suma a la función social.

4. Radio Ombligo ha sufrido la falta de presupuesto, lo que debilita a los medios públicos como mecanismo para fortalecer la pluralidad de las sociedades, pero también se afecta el objeto plasmado en el Decreto de Creación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.

5. La función de Radio Ombligo es abrir un abanico de posibilidades para que las y los niños de Chiapas puedan relacionarse con otro tipo de realidades a las que los rodean.

III. Consideraciones

Primera.- En abril de 2002, “Radio Ombligo” inició transmisiones convirtiéndose en uno de los programas radiofónicos infantiles con mayor audiencia en Chiapas, en un intenso promotor cultural y de entretenimiento, en el estado de Chiapas.

Segunda.- A lo largo del tiempo en que “Radio Ombligo” se trasmite en la Radio Chiapaneca, mediante la estación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, ha recibido diversos premios entre los que destacan: “Coming Up Taller Award” (2009); cuatro veces el premio “Bienal Internacional de Radio” (2004, 2006, 2008 y 2010); entre otros

Tercera.- En los últimos años los recortes presupuestales del Gobierno del Estado Libre y Soberano del estado de Chiapas, han afectado de manera directa a esta Producción, toda vez que según datos de 2006 la productora se encontraba operando con la 50por ciento del presupuesto necesario.

Derivado de los recortes presupuestales, la relación presupuestal entre el estado de Chiapas y “Radio Ombligo”, cayó en una crisis severa que dio apertura a la posibilidad de suspender transmisiones de este Programa con Contenido Infantil.

Cuarta.- El 9 de marzo de 2001, en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano del estado de Chiapas, se publicó en Decreto número 101-A-2001, mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, mismo que fue reformado mediante decretos de 14 de Marzo de 2007, 15 de Octubre de 2008, 7 de enero de 2009 y 14 de septiembre de 2001, los cuales fueron publicados en el Órgano de Difusión Local del Estado, quedando finalmente como “Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.

Quinta.- El artículo 4 del Decreto señalado en el numeral anterior, establece las facultades concedidas al Organismo Descentralizado Local, entre las que se encuentra fomentar una cultura de justicia, equidad de género, tolerancia; de respeto a los Derechos Humanos; de preservación y conservación del Medio Ambiente; Impulsar la armonización social; atender, a través de su programación, las necesidades sociales de conocimiento en torno a temas como salud reproductiva, la transformación del campo y el desarrollo sustentable; los Derechos de las mujeres, los niños, personas con capacidades diferentes y de la Tercera Edad.

Sexta.- El 11 de Junio de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto que contiene la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, modificando entre otro el artículo Sexto del Pacto Federal, con el que se creó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, cuyo objeto es proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las Entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática nacional.

Séptima.- Por lo señalado en los numerales Cuarto, Quinto y Sexto de este apartado, es competencia del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía; así como del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, brindar apoyo a las producciones que tengan por objeto la difusión de la cultura, así como formación educativa; entre las cuales se encuentran los programas dirigidos al público infantil, tales como “Radio Ombligo” en el estado de Chiapas, por lo que su colaboración es fundamental para propiciar la generación de este tipo de contenido, en beneficio de la niñez mexicana.

Octava.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 párrafo octavo se estable “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y niñas tienen derecho a… sano esparcimiento para su desarrollo integral…”

El interés superior del menor de conformidad al criterio jurisprudencial 1ª/J.25/12 (9ª), dictado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “implica que el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus Derechos, deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.”

Ello implica el compromiso del Estado Mexicano y de las Instituciones del Estado de velar por cumplir con el desarrollo del interés superior del menor, es decir las decisiones presupuestarias, no quedan exentas de este objetivo.

Novena.- Radio Ombligo ha realizado numerables esfuerzos para continuar transmisiones, pese a los diversos recortes presupuestales, por lo que han solicitado donaciones por parte de particulares, o mediante la plataforma digital www.change.org, en la que solicitó que el Gobierno del Estado cumpliera sus obligaciones contractuales con “Radio Ombligo”, en lo referente al pago de prestaciones.

Décima.- Derivado de todos los esfuerzos realizados tanto por “Radio Ombligo”, como por los Radio escuchas que solicitaban el apoyo a la Productora, el Gobierno del Estado, tanto para la realización del pago correspondiente a los contratos suscritos entre la Productora y la Administración Pública Estatal, así como la renovación del contrato; en diciembre de 2016 el Gobierno del Estado realizó el pago a la Productora y anunció la renovación del contrato.

Décima Primera.- En virtud de lo anteriormente expuesto esta Comisión considera procedente  dictaminar en sentido positivo parcialmente el presente punto de Acuerdo, con modificaciones tales como un manifestación, en la que el Senado de la República, se congratula por las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en razón de las solicitudes de diversos ciudadanos, de no permitir la suspensión de transmisiones de “Radio Ombligo”; así mismo realicen exhortos al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, para que impulsen la producción de contenidos infantiles.

Por lo tanto y con base en lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión ha estimado llegar al siguiente:

ACUERDO

Primero.- El Senado de la República se congratula que el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas después de la solicitud de diversos ciudadanos, haya realizado el pago de la cantidad adeudada a la Productora “Radio Ombligo”, así como la renovación del contrato, en beneficio de la niñez chiapaneca

Segundo.- Se exhorta al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía del Estado de Chiapas, a impulsar a las productoras de Radio, Televisión y Cinematografía, con el objeto de incentivar la producción de contenidos infantiles.

Tercero.- Se exhorta al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para que genere y/o incentive programas con contenidos infantiles, que complementen la tarea realizada por la Productora “Radio Ombligo”.

Cuarto.- Se exhorta al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a dar seguimiento a la Productora “Radio Ombligo”, con la finalidad de apoyar de conformidad con las facultades consagradas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la continuación de transmisiones de “Radio Ombligo”, en el estado de Chiapas.

Dado en el Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA.






Por el que se exhorta a realizar una campaña de difusión en la que se informe los contenidos, beneficios y diferencias de la Televisión Abierta o Radiodifundida y la Televisión de paga o restringida.

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le fue turnado, para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

• Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña de difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la Televisión Abierta o Radiodifundida y la Televisión de paga o  restringida.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 94, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 164 numeral 1, 177, 182, 183 numeral 2, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología:

METODOLOGÍA

Esta Comisión, encargada al análisis y dictamen del punto de Acuerdo en comento, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo del recibo y turno del punto de Acuerdo del análisis.

II. En el capítulo de “Contenido de las proposiciones”, se presentan los motivos y alcances del punto de Acuerdo en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos. 

III. En el capítulo de “Consideraciones”, esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden de los argumentos y proposiciones realizadas en la parte expositiva del punto de Acuerdo en estudio y que sustentan la decisión de este dictamen.

I. Antecedentes

Los antecedentes para el punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña de difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la Televisión Abierta o Radiodifundida y la Televisión de paga o restringida, son los siguientes:

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 04 de noviembre de 2016, el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a  la consideración del Pleno del Senado de la República de la LXIII Legislatura, la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña de difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la Televisión Abierta o Radiodifundida y la Televisión de paga o restringida.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio número DGPL-1P2A.-3378 turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; para emitir el dictamen correspondiente de conformidad con el artículo 135 fracción I del Reglamento del Senado de la República.

II. Contenido de la proposición

1. El contenido del punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña de difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la Televisión Abierta o Radiodifundida y la Televisión de paga o restringida, es el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña de difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la Televisión Abierta o Radiodifundida y la Televisión de paga o  restringida.

2. El pasado 31 de diciembre de 2015 concluyó la transición a la Televisión Digital Terrestre, dando cumplimiento a la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones; derivado de ello se entregaron más de 10 millones de televisores digitales.

3. Dicho proceso sumado a la licitación de dos cadenas de televisión abierta con cobertura nacional, permite que los usuarios cuenten con mayor oferta de canales y mayor programación de contenidos en la Televisión abierta.

4. La telefonía no tiene conocimiento de los beneficios que se tienen comos los nuevos canales de televisión abierta, la mayor calidad de imagen, de sonido, de guías de programación y mayores y mejores contenidos a través de la multiprogramación.

III. Consideraciones

Primera. El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que contiene diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica, que contempló un avance sustantivo en los Derechos de los usuarios de Telecomunicaciones, así como una mejora en los servicios que prestas las empresas en el sector.

Segunda. En el artículo Octavo Transitorio de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, se estableció la obligación de los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria; así como la obligación de los concesionarios que presten servicios de televisión restringida, de retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria.

Dichas obligaciones constitucionales son conocidas como “Must Offer” y “Must Carry”, en la que la primera es la obligación de poner a disposición las señales, mientras las segundas es la obligación de retransmitir.

Tercera. En este tenor la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión regula dichas obligaciones en los artículos 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169 y 232; ello con la finalidad de establecer los principios rectores, así como la forma en que dará cumplimiento a la obligación constitucional.

Cuarta. La existencia de “Must Offer” y “Must Carry”, permite favorecer la competencia en el servicio de televisión de paga, lo que genera una disminución en las tarifas a los usuarios; beneficia a las audiencias al garantizar el acceso gratuito a los contenidos del servicio público de radiodifusión; y la posibilidad de que los contenidos de las instituciones públicas federales podrán llegar a toda la audiencia de televisión de paga.

Quinta. El 8 de agosto de 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales en Radio, Televisión e Internet, en la que se arrojaron algunos datos como:

• La televisión se encuentra prácticamente en la totalidad de los hogares mexicanos, y el número promedio de televisores por hogar es de dos.

• Aproximadamente 6 de cada 10 hogares mexicanos dependen de la señal de Televisión Abierta.

• 8 de cada 10 entrevistados manifestaron ver canales de Televisión Abierta.

• Entre las personas que contratan Televisión de Paga, 5 de cada 10 señalan que la principal razón para contratar el servicio es contar con más contenidos y canales.

• De las personas que no cuentan con Televisión de Paga, 6 de cada 10 argumentan que el precio del servicio es la principal razón por la que no lo contratan.

• Los Canales que más se ven en la Televisión de Paga son los que vienen de la señal de Televisión Abierta.

Sexta. El 30 de septiembre de 2016 terminó por completo las transmisiones de   televisión en formato analógico, para dar paso a las transmisiones en formato digital; se señala que terminó por completo, toda vez que el Congreso de la Unión en Diciembre de 2015 aprobó una reforma al artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en el que se estableció que la conclusión de transmisiones de señales analógicas se daría a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Lo anterior con la finalidad de apoyar a los permisionarios o concesionarios de uso público o social, incluyendo a las comunitarias indígenas, que presten servicio de radiodifusión y que no estuvieran en condiciones de iniciar transmisiones digitales.

Séptima. Derivado de lo anterior las señales de Televisión Abierta mejoraron en su calidad; sumado a ello el 17 de octubre de 2016 después del proceso licitatorio establecido en la Ley, a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, inició transmisiones una nueva Cadena de Televisión abierta, ello después de casi 30 años de no haberse otorgado concesiones para nuevas cadenas de cobertura nacional.  

Octava. Sin lugar a duda existe una mejora importante en la oferta programática que se da en la señal de Televisión abierta, tanto en calidad de la señal como de contenido; ello sumado a los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones y la cuarta cadena nacional de Televisión abierta que se licitará en próximas fechas, hace posible afirmar que en los próximos años podrá darse una consolidación de la señal de Televisión Abierta en el mercado de Telecomunicaciones en México.

Novena. Desde su creación el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha desempeñado un papel importante como órgano regulador en las telecomunicaciones, por lo que esta Comisión debe hacer un reconocimiento al trabajo realizado hasta la fecha, al generar mejores condiciones para los usuarios de Televisión.

Una de las acciones emprendidas por el Instituto en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor en este sentido, es el programa “#SoyUsuario”; en lo individual la plataforma del IFT “Comparador de Servicios de Telecomunicaciones”, es otra de las acciones exitosas del Instituto.

Décima. Los logros alcanzados por la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, se han ido consolidando en gran medida por instituciones sólidas como lo es el Instituto, ello sumado a las campañas emprendidas por el IFT, en el que dan a conocer a la ciudadanía los cambios que se dan en la materia, en beneficio de los usuarios, por lo que la posibilidad de realizar campañas de difusión de los beneficios o diferencias de la Televisión abierta o radiodifundida y la Televisión de paga o restringida, puede ser un elemento que fortalezca los logros de la multicitada reforma.

Décima Primera. En virtud de lo anteriormente expuesto esta Comisión considera procedente dictaminar en sentido positivo el exhorto al Instituto a realizar una campaña de difusión de los beneficios o diferencias de la Televisión abierta o radiodifundida y la Televisión de paga o restringida, sin embargo, se debe agregar que dicha campaña no afecte la austeridad presupuestal que siempre ha caracterizado al IFT.

Por lo tanto y con base en lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión ha estimado llegar al siguiente Acuerdo:

ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que en la medida de sus posibilidades presupuestales y sin afectar las medidas de austeridad que se han adoptado por el Instituto, realice una campaña de difusión en la que se informe los contenidos, beneficios y diferencias de la Televisión Abierta o Radiodifundida y la Televisión de paga o restringida.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 28 de febrero de 2017.

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA.






Por el que se exhorta a entregar un informe sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital.

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le fue turnado, para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

• Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la Gestión Integral de los televisores desechados por la transición a la televisión digital.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 94, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 164 numeral 1, 177, 182, 183 numeral 2, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología:

METODOLOGÍA

Esta Comisión, encargada al análisis y dictamen del punto de Acuerdo en comento, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo del recibo y turno del punto de Acuerdo del análisis.

II. En el capítulo de “Contenido de las proposiciones”, se presentan los motivos y alcances del punto de Acuerdo en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos. 

III. En el capítulo de “Consideraciones”, esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden de los argumentos y proposiciones realizadas en la parte expositiva del punto de Acuerdo en estudio y que sustentan la decisión de este dictamen.

I. Antecedentes

Los antecedentes para el punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la gestión integral de los televisores desechados por la transición a la televisión digital, son los siguientes:

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 13 de octubre de 2016, el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz del grupo p arlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a la consideración del Pleno del Senado de la República de la LXIII Legislatura, la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la gestión integral de los televisores desechados por la transición a la televisión Digital.

2. El 14 de octubre del mismo año, la Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio número DGPL-1P2A.-2175 turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; para emitir el dictamen correspondiente de conformidad con el artículo 135 fracción I del Reglamento del Senado de la República.

II. Contenido de la proposición

1. El contenido del punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la gestión integral de los televisores desechados por la transición a la televisión Digital, es el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. - El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a entregar un informe detallado sobre los avances del Programa Nacional para la Gestión Integral de los televisores desechados por la Transición a la Televisión Digital, que incluya por lo menos el número de televisores desechados, el manejo que se les está dando y los recursos ejercidos hasta el momento.

2. Derivado del proceso de transición a la televisión digital terrestre que culminó en su mayoría el 31 de diciembre del 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Social entregó televisores a familias de programas sociales que reemplazaran los aparatos analógicos.

3. Los aparatos analógicos que se desechan se convierten en residuos que de disponerse de manera incorrecta genera un peligro dado los elementos tóxicos que contaminan el suelo, el aire y el agua.

4. Por ello la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha diseñado el Programa Nacional para la Gestión de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital, con el fin de proteger el medio ambiente de los impactos negativos que puedan generar el mal manejo de los residuos tóxicos comentados anteriormente.

III. Consideraciones.

Primera.- El 2 de julio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México; lo que representó el primer paso en la política de transición de las transmisiones de señales analógicas a la señal digital.

Segunda.- El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adiciones diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, en el que en su artículo transitorio quinto se fijó que el 31 de diciembre de 2015 culminaría la transición digital terrestre.

Tercera.- El 14 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto por el que se expide la Ley Federal de telecomunicaciones y Radiodifusión; y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; que en concordancia con la reforma constitucional señalada en el numeral que antecede fijo que el 31 de diciembre de 2015 culminaría la transición digital terrestre.

Cuarta.- Derivado del inició de la transición a la televisión digital terrestre, y con fundamento en el artículo transitorio Décimo Noveno del Decreto mencionado en la Consideración segunda, desde el año 2014 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Desarrollo social, el Ejecutivo Federal implementó el programa para la entrega o distribución de equipos que facilitarán la transición.

Quinta.- El programa mencionado en el numeral que antecede entregó 10,112,261 televisiones digitales a lo largo del país, ello con el objetivo de que “la población de escasos recursos que no cuenta con los medios económicos suficientes para cambiar o actualizar sus equipos receptores”, no se afectaran por la Transición a la señal digital.

Sexta.- El proceso de transición generó un reemplazo de los aparatos analógicos, los cuales son considerados Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), lo que su incorrecta disposición puede generar un peligro para la población y para el medio ambiente toda vez que contienen elementos tóxicos que generan contaminación.

Séptima.- Derivado de lo anterior la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de conformidad con sus competencias señaladas en los artículos 32BIS y 36 respectivamente de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal implementaron el “Programa Nacional para la Gestión integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital”.

Dicho programa tiene como objetivo central “proteger la salud de la población y evitar la contaminación ambiental, mediante un esquema de responsabilidad compartida, entre los tres órdenes de Gobierno y la Sociedad, para el manejo integral de los televisores analógicos, a fin de evitar su inadecuado desecho incrementado por la transición a la TDT” 

Octava.- El programa en comento es una política pública fundamental que atiende la prevención de contaminación del medio ambiente de nuestro país, así como prevención de enfermedades derivadas de los malos manejos de residuos tóxicos, por lo que el Senado de la República debe refrendar su compromiso en la materia, mediante el seguimiento de resultados tanto cualitativos como cualitativos.

Novena.- En virtud de lo anteriormente expuesto esta Comisión considera procedente dictaminar en sentido positivo la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales con el objeto que brinde al Senado de la República un informe detallado respecto de los avances y resultados de la operación del Programa Nacional para la Gestión Integral a la Televisión Digital, ello considerando que es facultad de la Comisión de conformidad con los artículos 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y  133 fracción VIII del Reglamento del Senado de la República.

Décima.- Durante la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya propuso que al Dictamen se le agregará un plazo para que la autoridad remita el informe solicitado, para lo cual dejó a consideración de los integrantes de  la Comisión  que el plazo fuera de 15 días naturales a partir de que sea notificada la autoridad.

Durante la misma reunión la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora solicitó considerar en el Dictamen se incluya que el informe debe contar con información relativa a los centros de acopio, en el que se dé cuenta de que se hicieron y también si se le dio la difusión necesaria para que esto se pudiera hacer y qué se hicieron con ellos -televisores-.

Por lo tanto y con base en lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión ha estimado llegar al siguiente acuerdo:

ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en un plazo no mayor a quince día naturales contados a partir del día en que se notifique el presente instrumento legislativo, a entregar un informe detallado sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la Gestión Integral de los televisores desechados por la transición a la televisión digital, que incluyan por lo menos el número de televisores desechados, el manejo que se les está dando y los recursos ejercidos hasta el momento; así como lo relativo a los centros de acopio en los términos de las consideraciones del presente Dictamen.

Dado en el Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA.






Y por el que se considera sin materia la proposición que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias.

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le fue turnado, para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

• Punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar los lineamientos generales sobre los Derechos de las Audiencias.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 94, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 164 numeral 1, 177, 182, 183 numeral 2, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología:

METODOLOGÍA

Esta Comisión, encargada al análisis y dictamen del punto de Acuerdo en comento, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo del recibo y turno del punto de Acuerdo del análisis.

II. En el capítulo de “Contenido de las proposiciones”, se presentan los motivos y alcances del punto de Acuerdo en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos. 

III. En el capítulo de “Consideraciones”, esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden de los argumentos y proposiciones realizadas en la parte expositiva del punto de Acuerdo en estudio y que sustentan la decisión de este dictamen.

I. Antecedentes

Los antecedentes para el punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, son los siguientes:

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 13 de octubre de 2016, los Senadores Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Marcela Torres Peimbert, Mariana Gómez del Campo Gurza, Javier Lozano Alarcón y Zoé Alejandro Robledo Aburto, sometieron a la consideración del Pleno del Senado de la República de la LXIII Legislatura, el punto de Acuerdo por el que exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio número DGPL-1P2A.-2176 turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; para emitir el dictamen correspondiente de conformidad con el artículo 135 fracción I del Reglamento del Senado de la República.

II. Contenido de la proposición

1. El contenido del punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos Generales de las Audiencias, es el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, dando cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la normatividad interna del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Segundo.- En el mismo sentido, se exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a que informe a esta Soberanía sobre las causas en el retraso en la publicación de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias”.

2. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en diversos numerales que la emisión de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las audiencias es competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

3. En el Programa Anual de Trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció el plazo perentorio del día 16 de febrero de 2016 para emitir los Lineamientos, sin que para la fecha de presentación de la proposición se hubieran emitido.

III. Consideraciones

Primera.- El 11 de marzo de 2013, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa en materia de competencia económica y telecomunicaciones, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 71 Constitucional y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Segunda.- El 12 de marzo de 2013, la Cámara de Diputados da trámite a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

Tercera.- El 21 de marzo de 2013, la Cámara de Diputados aprueba el dictamen a discusión de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

Ese mismo día, la Cámara de Diputados turna minuta que contiene la aprobación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones a la Cámara de Senadores.

Cuarta.- El 2 de abril de 2013, la Cámara de Senadores turna minuta que contiene las modificaciones y aprobaciones de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones a sus Comisiones revisoras respectivas.

Quinta.- El 18 de abril de 2013, la Cámara de Senadores aprueba minuta que contiene las modificaciones y aprobaciones de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

Sexta.- El 19 de abril de 2013, la Cámara de Senadores aprueba minuta que contiene las modificaciones y aprobaciones de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

Ese mismo día la Cámara de Senadores devuelve a la minuta a la Cámara de Diputados.

Séptima.- El 23 de abril de 2013, la Cámara de Diputados recibe minuta que contiene las modificaciones y aprobaciones de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, turnándolo a las comisiones revisoras respectivas.

Octava.- El 25 de abril de 2013, la Cámara de Diputados aprueba minuta que contiene las modificaciones y aprobaciones de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, turnándolo a las comisiones revisoras respectivas.

Ese mismo día turnan la minuta a la Cámara de Senadores.

Novena.- El 29 de abril de 2013, la Cámara de Senadores recibe minuta que contiene las modificaciones y aprobaciones de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, turnándolo a las comisiones revisoras respectivas.

Décima.- La reforma en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo Federal fue aprobada el 30 de abril del 2013 en el Senado de la República y fue turnada a los congresos estatales para su aprobación por tratarse de modificaciones a la Constitución.

Décima Primera.- Con 24 congresos estatales que avalaron la reforma, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria constitucional correspondiente y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2013.

Décima Segunda.- El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, entrando en vigor al día siguiente.

Décima Tercera.- El 24 de marzo de 2014, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Décima Cuarta.- En la sesión del 4 de julio de 2014, el Pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, turnándose para sus efectos constitucionales a esta Cámara de Diputados.

El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Décima Quinta.- De la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, señalada en el numeral Décimo segundo, se modificó el artículo sexto constitucional, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de los terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones

VI. La Ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.

…”

Décima Sexta. - De conformidad con los artículos 15 fracción LIX, así como 216 fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los cuales se establecen las diversas atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los que se señala que debe: “vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias de acuerdo con lo señalado por esta Ley”.

Décima Séptima. - El artículo 256 de la multicitada Ley, se precisó que el servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias. Así mismo en el numeral mencionado, se establecen los derechos de los que gozarán las audiencias, siendo los siguientes:

• Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación;

• Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad;

• Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta;

• Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa;

• Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos parentales;

• Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamentaria;

• Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios;

• En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

• El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación

Décimo Octavo.- La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, incluyó el Derechos de las audiencias, toda vez que, si bien es cierto los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, sus derechos quedan establecidos mediante la libertad contractual entre los prestadores del servicio y los usuarios; no sucede lo mismo respecto de las audiencias, y sus derechos deben ir acorde a una armonía entre Libertad de Expresión y Derecho a la información.

Lo anterior quedó establecido en el Considerando Tercero de la Exposición de Motivos de la Ley en comento, es decir la voluntad del constituyente consideró los Derechos de las Audiencias como un logro sustantivo de la Reforma en materia de Telecomunicaciones.

Décimo Noveno.- La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en sus artículos 15 fracción I, 256 y 259, establece la obligatoriedad del Instituto Federal de Telecomunicaciones para expedir los Lineamientos Generales de las Audiencias.

Es de precisarse que en la reglamentación transitoria el constituyente no plasmó un término fatal para que el Instituto expidiera los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias; sin embargo, como se precisó en los numerales que anteceden, el Constituyente consideró los Derechos de las Audiencias como un pilar fundamental de la Reforma en materia de Telecomunicaciones. Ello toda vez que a partir de la Reforma en materia de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 y 10 de junio de 2011, se logró que los derechos de los individuos alcanzarán un mayor grado de protección.

El nuevo régimen de Derechos Humanos obliga a las autoridades a respetar, pero también a garantizar los Derechos de los individuos, consagrados tanto en la Constitución, como en los diversos Tratados Internacionales.

En concordancia a lo anterior, el artículo sexto constitucional establece los Derechos de las Audiencias, los cuales quedan enumerados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sumado a que se encuentran también consagrados en diferentes Tratados Internacionales.

Por ello toda vez que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no había emitido los Lineamientos Generales respecto a los Derechos de las Audiencias, en febrero de 2016, el Senado exhorto a dicho Órgano, con la finalidad de informar al Senado el estado que guardaba la emisión de los lineamientos, ello para conocer la fecha en que se emitieran y con ello no sólo respetara los Derechos de las Audiencias, sino que llegara a garantizar dichos Derechos, tal y como lo obliga la Constitución Política de los Estados Unidos Políticos en su artículo primero.

Vigésima.- Por lo expuesto en el numeral que antecede, en la sesión del 23 de febrero de 2016, el Pleno de la Cámara de Senadores discutió y aprobó el dictamen de diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo, que sus puntos resolutivos se transcriben a continuación:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, rindan un informe en un plazo no mayor a quince días naturales, sobre el avance de las investigaciones de verificación de los contenidos de la programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en términos de lo establecido por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Segundo.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar, en un plazo no mayor a quince días naturales, sobre el estado que guardan la emisión de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias.

Tercero.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe en un plazo no mayor a quince días naturales sobre las razones de hecho y fundamentos de derecho empleadas para la emisión de los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radio difundidas y del servicio de televisión y audio restringidos”.

Vigésima Primera.- Derivado de lo anterior con fecha 17 de marzo de 2016, el C. Alberto Gutiérrez García, en su carácter de Director de Vinculación Institucional, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, signó el oficio número IFT/212/CGVI/264/2016, mediante el cual atendió el Punto de Acuerdo aprobado por el Senado de la República, dando respuesta en los siguientes términos:

“Sobre el particular, de conformidad con la fracción I y VII del artículo 76 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hago de su conocimiento las siguientes consideraciones respecto del resolutivo SEGUNDO:

• A través del acuerdo P/IFT/100715/225 adoptado en la XV Sesión Ordinaria del Pleno, el 10 de julio de 2015, el Instituto resolvió someter a consulta pública por el plazo de 20 días hábiles el Anteproyecto de Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias (Anteproyecto), plazo que transcurría del 14 al 17 de julio y del 3 al 24 de agosto de 2015.

• Posteriormente, mediante Acuerdo número P/IFT/EXT/240815/93, adoptado en la XXIX Sesión Extraordinaria del Pleno, el 24 de agosto de 2015, el Instituto resolvió ampliar por 10 días hábiles el plazo de la consulta pública sobre el referido Anteproyecto, con la finalidad de lograr una mayor participación e inclusión en la misma; por lo que las participaciones en la consulta pública se recibieron hasta el día 03 de septiembre de 2015.

• Durante la mencionada consulta Pública se recibieron un total de 65 participaciones provenientes de diversos actores, entre ellos, sujetos regulados, miembros de la Cámara de Diputados, organizaciones de la sociedad civil, academia e interesados en la materia; de las cuales se desprenden más de mil comentarios al articulado del anteproyecto.

• En virtud de lo anterior y dado el volumen señalado, así como la diversidad y complejidad de las participaciones presentadas durante la consulta pública, se tiene planificado que el anteproyecto sea discutido y, en su caso aprobado por el Pleno del Instituto en el presente mes.”

Vigésima Segunda.- En fecha 29 de noviembre de 2016, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las audiencias, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de la misma anualidad, mismos que entrarían en vigor en Febrero de este año, sin embargo el 30 de enero de 2017 el Pleno del Instituto modificó la reglamentación transitoria para su entrada en vigor, toda vez que los Lineamientos fueron controvertidos ante instancia jurisdiccional.

Vigésima Tercera.- En concordancia con el numeral anterior, la proposición con punto de Acuerdo que aquí se analiza, podría declararse sin materia toda vez que ya se publicaron los Lineamientos en comento, sin embargo es menester señalar que tal y como se precisó en el numeral DÉCIMO NOVENO, VIGESIMO y VIGÉSIMO PRIMERO, el Senado de la República exhortó al Instituto a informar el estado que guardaban tales lineamientos, por lo que el Instituto informó al Senado que se tenía planificado discutir y en su caso aprobarlos durante el mes que corría (Marzo 2016), sin que así lo hiciera.

Vigésima Cuarta.- En virtud de lo anteriormente expuesto esta Comisión consideró improcedente dictaminar en sentido positivo el exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones con la finalidad de emitir los lineamientos generales sobre la Defensa de las Audiencias, toda vez que ya fueron publicados; sin embargo para atender la presente Proposición con Punto de Acuerdo, la Comisión consideró pertinente que se realizara un exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la finalidad que informe al Senado de la República los motivos y razonamientos que motivaron a que dicho Órgano no aprobara los multicitados Lineamientos  en el plazo señalado al Senado de la República.

Vigésima Quinta.- Durante la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la Senadora Marcela Torres Peimbert, señaló que aprobar el Dictamen en los términos propuestos, implicaría vulnerar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones; por lo que el Presidente de la Comisión solicitó consultar a los Integrantes la propuesta de desechar el Punto de Acuerdo, toda vez que quedó sin materia ya que fueron publicados los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias.

Por lo tanto y con base en lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión ha estimado llegar al siguiente:

ACUERDO

Primero.- Ha quedado sin materia el punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las audiencias.

Segundo.- Dese de baja de los registros y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA.

Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la tribuna al Senador Esteban Albarrán Mendoza, para referirse al dictamen en torno a las diferencias de la televisión abierta o radiodifundida y la televisión de paga o restringida.

El Senador Esteban Albarrán Mendoza: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Una de las reformas estructurales de mayor trascendencia, y que se ha traducido en beneficios concretos para la sociedad en su conjunto, es la reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica.

Su respaldo constitucional fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el mes de junio de 2013, y posteriormente en julio de 2014 se publicó en la misma instancia oficial la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la cual se enmarcan una serie de ordenamientos que han dado un importante giro a este sector en beneficio de las audiencias y de los usuarios de las telecomunicaciones y de la radiodifusión.

La reforma constitucional obliga a los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida, a permitir a los concesionarios de televisión restringida, la retransmisión de su señal de manera gratuita y no discriminatoria, así como la obligación de los concesionarios que presten servicios de televisión restringida de retransmitir la señal de televisión radiodifundida de manera gratuita y no discriminatoria.

Ello favorece la competencia en los servicios de televisión de paga, con la consecuente disminución en las tarifas de sus servicios, además de la posibilidad de que los contenidos de las instituciones públicas federales, puedan llegar a la audiencia de la televisión de paga.

A raíz de esta reforma se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como el órgano regulador en las telecomunicaciones, precisamente en busca de generar mejores condiciones para todos los usuarios de la televisión.

Este instituto publicó en el mes de agosto de 2016, los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales en Radio, Televisión e Internet, cuyos principales resultados podemos destacar los siguientes:

La televisión se encuentra en el total de los hogares mexicanos con un promedio de dos aparatos por hogar.

Seis de cada diez sólo cuentan con televisión abierta, ocho de cada diez manifestaron su preferencia por los canales de la televisión abierta, cinco de cada diez usuarios de la televisión de paga señalan que la principal razón para contratar el servicio es contar con más contenidos y más canales.

Estas cifras revelan la transcendencia que representa el sistema de televisión abierta para las familias mexicanas.

La reforma en telecomunicaciones ha venido consolidando un mejor sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se ha encargado de darle difusión a los diversos cambios que se están presentando.

Por eso, en el Partido Revolucionario Institucional seguiremos apoyando todas aquellas medidas que beneficien a la población.

Por eso quiero reconocerle y felicitar al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz por esta propuesta que realizó y que hoy votaremos a favor de este dictamen por el que se exhorta al IFT para que en la medida de sus posibilidades presupuestales y sin afectar las medidas de austeridad que se han adoptado por el Instituto, realice una campaña de difusión en la que se informen: los contenidos, beneficios y diferencias de la televisión abierta o radiodifundida y la televisión de paga o restringida.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Albarrán Mendoza.

Quiero saludar y dar la bienvenida a los alumnos del bachillerato, SABES La Calera, del municipio de Irapuato, Guanajuato, quienes han sido invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.

¡Sean bienvenidos, jóvenes!

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para referirse a los dictámenes.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señora Presidenta.

Para referirme de manera muy rápida y breve a estos cuatro dictámenes que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía aprobó y que se están poniendo a consideración del Pleno.

Todos a final de cuentas tienen que ver de una forma u otra con la reforma, con la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión que aprobamos aquí en el Senado, una ley, por cierto, que tiene una dualidad, la única de las reformas llamadas estructurales que ha tenido ya una modificación, recordemos que a partir de un amparo promovido por Mardonio Carballo, la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional en uno de sus artículos, por justamente hablar de algo que no existe, un idioma nacional, México como un Estado plurinacional, pluricultural, tenemos diversas lenguas y hablar de un idioma nacional incurría en un acto de discriminación.

Los cuatro dictámenes que hoy se están poniendo a consideración por la comisión, les decía, tienen mucho que ver con esta ley.

Uno de ellos, muy específico, sobre la importancia de la generación de contenidos para la audiencia infantil, en particular había un caso de un programa de radio dirigido al público infantil, que a pesar de tener reconocimiento internacional, a pesar de tener una extraordinaria audiencia, a pesar de ser un espacio producido desde la radio pública, había tenido una serie de recortes presupuestales muy injustos.

Hoy se ha logrado que esta emisión sobreviva, vuelva al aire a partir de una campaña que desde la sociedad civil buscó que esta emisión llamada “Radio Ombligo” volviera a estar al aire y con el gusto enorme de una audiencia que la escucha en prácticamente todo el estado.

Entonces, esto habla de la importancia de que la radio pública, pero también la radio comercial, así como lo establece la propia ley, genere más contenido dirigido específicamente al público infantil.

Querer convertir programas para adultos, telenovelas, unitarios, series, en programas para niños es un error, lo que estamos generando son conductas de consumo que muchas veces se arraigan para siempre en la vida.

Hay una serie de elementos internacionales, sobre cómo debe ser el contenido infantil en radio y televisión, y ojalá ejemplos como éste puedan seguirse.

Otro tema importante que ha sido de la atención de la comisión, es un exhorto que le estamos haciendo al titular de la Semarnat, pues para que informe cuáles son los avances y los resultados del Programa Nacional para la Gestión Integral de Televisores Desechados por la TTD, la Transición a la Televisión Digital.

Como ustedes saben, entramos en un proceso tanto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como por la Sedesol, para entregar televisores a aquellas familias que en el momento del apagón, pues no iban a tener posibilidad de tener una señal, dado que su televisión era analógica.

Cuando se entregaron esas televisiones también hubo un programa para el acopio de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que si no se disponen de manera adecuada pueden generar un alto daño al medio ambiente y por ende a la salud y a la población.

Sin embargo, la Semarnat mantiene sus números muy pegados al pecho y no conocemos cuáles son los avances.

¿Qué le estamos solicitando?

Que nos diga el número de televisores desechados, el manejo que está dando a esos televisores, cuántos recursos está ejerciendo, así como la información de los centros de acopio en los que se depositan tales desechos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la obligación y nosotros también de darle seguimiento a este programa, pero conocer la información. Fue a partir de una solicitud en la comisión del Senador Chon Orihuela, que estableció ciertos plazos también para que esto ocurriera y, pues bueno, estaremos pendientes de la respuesta.

Y por último, se presentan varios dictámenes que quedaron sin materia porque eran exhortos al IFT, a la publicación de Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, queda sin efecto toda vez que ya el IFT, en noviembre del año pasado, presentó los lineamientos.

Había otros puntos de Acuerdo solicitando la modificación de estos lineamientos; sin embargo, se acordó en la comisión no pronunciarse sobre el tema desde la perspectiva del contenido de los lineamientos, por dos razones: por prudencia política y por prudencia jurídica, toda vez que, como ustedes lo saben, hay dos controversias constitucionales que están siendo sustanciadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una de ellas, por cierto, promovida por el Senado de la República y por la Mesa Directiva del Senado, por el Presidente de la Mesa Directiva, el Senador Escudero Morales.

En ese sentido, pues lo que va a ocurrir es que la Suprema Corte establezca si prospera la controversia del Ejecutivo Federal a decir si el IFT invadió facultades del Ejecutivo, si prospera la controversia presentada por el Senado, a decir si el IFT invadió facultades del Senado, o si la Suprema Corte de Justicia reconoce que el IFT tenía facultades para emitir los lineamientos en los términos como los emitió, por prudencia, como les decía, decidimos en la comisión no pronunciarnos en el sentido.

Por esas razones, y lo ya expresado también aquí por el Senador Albarrán Mendoza, es que estamos solicitando el voto a favor de estos dictámenes.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Pozos Lanz, para referirse al dictamen sobre el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, y con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Este es un punto de Acuerdo que tuve la oportunidad de presentar en lo personal, y en el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

En el grupo parlamentario del PRI consideramos que el apagón analógico implicó el fin de las transmisiones de televisión en formato analógico, que fueron sustituidas por transmisiones digitales.

Como parte de esta transición, se garantiza el derecho a la información y al cuidado del medio ambiente.

Derivado del proceso de Transición a la Televisión Digital Terrestre, el cual culminó en su mayoría el 31 de diciembre de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Social entregaron televisores a familias de programas sociales que reemplazaron los aparatos analógicos, fueron entregados más de 10 millones de televisores digitales, con el objeto de que la población de escasos recursos, que no cuente con equipos actuales en tecnología y que no tuvieran los suficientes medios económicos contaran con estos equipos.

Los aparatos eléctricos desechados ascendieron a más de 40 millones considerados contaminantes; este tipo de residuos genera un gran peligro, ya que son aparatos que contienen elementos tóxicos como: polímeros, metales y vidrio, que con el tiempo generan contaminación del suelo, aire y agua, pudiendo ocasionar problemas de salud a la población.

En este contexto, el gobierno tiene una responsabilidad no solo de garantizar que los mexicanos tengan acceso a la información por medio de la televisión, sino también la responsabilidad de asegurarse que el desechamiento de los televisores analógicos se haga sin afectación alguna al medio ambiente.

Cabe señalar que de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, durante los últimos diez años los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos han experimentado una tasa de crecimiento de aproximadamente 4 por ciento a nivel mundial.

Tan sólo en 2014 la generación de este tipo de residuos en el Continente Americano fue de 11.7 millones de toneladas métricas, siendo México uno de los tres países con mayor generación.

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía de la Secretaría de Energía, apunta que el uso de televisores digitales genera un ahorro de más del 60 por ciento en el consumo de energía eléctrica.

La política de sustitución de televisores analógicos por televisores digitales llega a generar ahorros por más de 30 mil millones de pesos en un horizonte de alrededor de 10 años.

En telecomunicaciones y la radiodifusión son, hoy en día, un elemento esencial para acelerar nuestro crecimiento económico, el acceso al conocimiento universal y la cultura, así como la innovación.

Por tal motivo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, han diseñado el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital, el cual tiene como objetivo la protección al medio ambiente de los impactos negativos que pudieran ocasionarse del manejo incorrecto de los televisores desechados.

Ante este panorama, resultada fundamental seguir instrumentando programas y acciones con el propósito de asegurar que toda la población tenga acceso a los servicios de telecomunicación eficiente, segura y sustentable en todo el territorio nacional.

El programa en comento, constituye una política pública fundamental que atiende la prevención de contaminación del medio ambiente en nuestro país, así como la prevención de enfermedades derivadas de los malos manejos de residuos tóxicos.

Compañeras y compañeros: Desde esta tribuna refrendemos nuestro compromiso por la transición hacia un México más moderno y sustentable.

En el PRI votaremos a favor de este dictamen por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto de presentar un informe detallado respecto de los avances de este Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados.

Muchísimas gracias.

Gracias, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Pozos Lanz.

Al no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobados los Acuerdos. Comuníquese.






Recibimos de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura, señora Presidenta.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






EXCITATIVAS

Compañeras y compañeros Senadores, a solicitud del Senador José María Martínez, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, presentado el 29 de septiembre de 2015.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, párrafo 1., inciso c) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 214 numeral 2, y 216 numerales 1. y 2. del Reglamento del Senado de la República, le solicito respetuosamente, formule excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda de esta Cámara, para dictaminar la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 29 de septiembre de 2015, presentamos el Senador Fernando Torres Graciano y el suscrito, la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social.

2. Este mismo día, la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano para su estudio y dictamen.

3. El 25 de febrero de 2016 fue aprobada la Opinión de la Comisión de la Familia en sentido positivo y remitida a las Comisiones ya mencionadas.

A la fecha no se ha dictaminado la misma, por lo que presento esta petición ante esta H. Senado con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, como en muchos otros países de América Latina, la legislación sobre conciliación entre la vida laboral y familiar es prácticamente inexistente, como se puede revisar en el marco jurídico actual. Así, los referentes más importantes son los convenios, algunos de los cuales no han sido ratificados por el Poder Legislativo y, por lo tanto, no son vinculantes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha impulsado convenios a favor de los derechos de las trabajadoras y trabajadores desde su constitución.

A partir de la década de los sesenta, la OIT adoptó la noción de las responsabilidades familiares, proceso que culminó con el Convenio 1561 y la Recomendación 165 de la OIT sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 19812. En estos instrumentos se establece que el ejercicio pleno del derecho al empleo implica que las responsabilidades familiares no constituyan causas de discriminación, no obstruyan el mejoramiento de las condiciones de vida ni comprometan el acceso y la permanencia laboral. Asimismo, recomienda a los Estados impulsar políticas públicas que involucren a los hombres para una distribución más igualitaria de las responsabilidades familiares.

Asimismo, en la 88ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 2000, se dio paso a la adopción del Convenio 183; que mantiene los principios fundamentales de la protección de la maternidad y, entre otros cambios, amplía su campo de aplicación a todas las mujeres empleadas; la protección no sólo a las enfermedades que sean consecuencia del embarazo o parto sino también a las complicaciones que puedan derivarse de estos; prevé un periodo de protección al empleo de 14 semanas e indica que todo miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en los empleos.

En México la protección a la maternidad está reconocida tanto a nivel constitucional como en las leyes secundarias. Sin embargo, este reconocimiento legal no es cumplido en la práctica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009, 45.7por ciento de las mujeres trabajadoras no tuvieron acceso a incapacidad o licencia médica después del parto. Si se consideran los casos de complicaciones del embarazo, la cifra se eleva a 61.7por ciento3. A este porcentaje se suma el número insuficiente de estancias infantiles. Por tanto, y como se desprende de estos datos, la falta de conciliación entre la vida laboral y la familiar afecta de forma grave a más de la mitad de las mujeres que trabajan.

El intento más cercano en el ámbito federal, fue el realizado por la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal en el 2012, en esta reforma se aprobaron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de maternidad y paternidad en el ámbito laboral. Sin embargo, a cuatro años de la aprobación de esta reforma, sus resultados demuestran que se quedó corta, que no reúnen disposiciones precisas para establecer un marco que permita convivir sus responsabilidades familiares y su trabajo, así como para atender situaciones específicas; tal es el caso de las madres y padres solteros.4

Por lo que esta iniciativa, permitirá conciliar estas dos áreas estratégicas, por un lado, protegerá la maternidad en facetas no determinadas en la reforma laboral, se propone principalmente lo siguiente:

• Reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para cambiar la modalidad de “permiso” a “licencia”, debido a que el primero podría supeditarse a disposición del patrón. Esta reforma elimina el carácter de decisión del patrón a obligación.

• Cambiar la denominación del Título Quinto “Del Trabajo de las Mujeres” por “De la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres trabajadores”, para establecer medidas de organización en el trabajo y permitir a las madres y padres trabajadores mantener el equilibrio en su rendimiento laboral, en la atención a sus responsabilidades familiares.

• Reformar el artículo 169 de la Ley Federal del Trabajo, para que las madres y los padres trabajadores solteros que tengan a su cargo la crianza, cuidado y desarrollo de sus hijos menores, se les pueda otorgar excepcionalmente una jornada de seis horas.

• Adicionar un artículo 170 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para que los padres de familia disfruten de una licencia de paternidad, a fin de asumir una mayor responsabilidad, en condiciones de igualdad con la madre; el acontecimiento, obligaciones y responsabilidades derivadas en relación a su cuidado y asistencia. En caso de adopción se contará con el mismo derecho de las tres semanas; en caso de enfermedad que ponga en peligro la vida del recién nacido o de la madre se podrá solicitar una prórroga. Asimismo, los patrones tienen la obligación de permitirles regresar al cargo que desempeñaban después de solicitar la licencia.

• Como parte complementaria, se reforman los artículos 85, 101 y 102 de la Ley del Seguro Social, a fin de armonizar las medidas en materia de protección a la maternidad por adopción, a fin de que puedan contar con los mismos derechos de las madres trabajadoras biológicas.

• Por último, se propone establecer como derecho de los padres trabajadores, sin excepción, contar con guarderías para sus hijos.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes mencionados, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO. Que en uso de la facultad que le confiere el artículo 67 párrafo 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda de esta H. Senado de la República, para dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, turnada en la sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 28 de febrero de 2017.

Sen. José María Martínez Martínez.

1 OIT. 1981. C156 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C156 (última consulta: septiembre, 2015).

2 OIT. 1981. R165 Recomendación 165 de la OIT sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares. www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R165 (última consulta: septiembre, 2015).

3 INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011: tabuladores básicos. Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/LeerArchivo.aspx?ct=39057&c=29722&s=est&f=3 (Agosto, 2015)

4 En México existen 4.5 millones de madres solteras, separadas o viudas, quienes al igual que sus hijos son sujetos de discriminación (INEGI). Esas mujeres son segregadas cuando solicitan servicios médicos, de vivienda y seguridad social.Cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO) apuntan que sólo 880 mil mujeres se consideran madres solteras, de las cuales nueve de cada 10 tienen hijos menores de 18 años, mientras que seis de cada 10 viven con su padre o madre. Además 71.8 por ciento de ellas trabaja, aunque la tercera parte vive en condiciones de pobreza. Un hecho que agrava esta problemática es el incremento de madres solteras como jefas de familia, lo que ha llevado a la búsqueda de empleo remunerado fuera de casa y a explorar opciones para el cuidado de sus hijos. En este sentido, el regreso o la permanencia en la casa de sus padres o familiares ha sido una opción para enfrentar su situación.






Asimismo, a solicitud del Senador Raúl Morón Orozco, se emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 115 constitucional, presentado el 19 de abril de 2016.

El suscrito, Senador Raúl Morón Orozco, Integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos y los artículos 8, fracción III, 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicita respetuosamente se formule excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera para que presenten el Dictamen correspondiente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX, al citado ordenamiento legal, presentada el martes 19 de Abril de 2016, con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que en sesión del día martes 19 de abril de 2016, presenté  iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona la fracción IX al citado numeral, suscrita por diversos Senadores del grupo parlamentario del PRD.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera.

Pretende incorporar a la Constitución el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia emitida el 2 de noviembre de 2011 mediante la controversia constitucional presentada por el municipio de Cherán, Michoacán, la cual estableció que el derecho a la libre determinación y la autonomía como su expresión política envuelve cuatro contenidos fundamentales, entre los que se encuentra:

1) El reconocimiento, mantenimiento y/o defensa de la autonomía de los pueblos indígenas para elegir a sus autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres;

2) El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales;

3) La participación plena en la vida política del Estado, y

4) La participación efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales, como pueden ser las consultas previas con los pueblos indígenas en relación con cualquier decisión que pueda afectar a sus intereses.

Lo anterior implica  elevar a rango constitucional la autonomía del  municipio de usos y costumbres, y asegurar su plena incorporación al Estado mexicano en términos de la unidad nacional, al permitirles el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales.

Lo anterior evitará que se les dé  el tratamiento  de Municipio Libre en términos de derechos y obligaciones de su función administrativa, exigiéndoles figuras orgánicas y estructurales que no son propias de su naturaleza jurídica, lo que les genera una serie de problemas en sus gestiones y funcionamiento, con la consecuente repercusión deficitaria en respuestas a trámites y gestiones, así como la obtención de beneficios a favor del bienestar social.

Con lo anterior,  se  brindará   certeza jurídica a sus acciones de gobierno y se propiciará su dinamismo administrativo en sus relaciones con los gobiernos estatales y federal.

Sin duda estas modificaciones representarán un avance en el nuevo ciclo de derechos inter-culturales, en los mismos derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.

Que el artículo 212, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República establece el plazo de dictaminación no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno.

Que el artículo 214 del mismo ordenamiento dispone que transcurridos veinte días hábiles del plazo para dictaminar, el Presidente emitirá directamente excitativa a las comisiones que corresponda, con base en el artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Que ha transcurrido en demasía el término previsto en la Ley y el Reglamento para que dichas comisiones emitan el dictamen correspondiente.

Por lo antes expuesto, le solicito de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, para que dictaminen la iniciativa con proyecto de Decreto mediante la que se propone se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona la fracción IX al citado numeral, con base en los plazos previstos en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Senado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 28 de febrero de 2017.

Suscriben

Sen. Raúl Morón Orozco.






Informo a la Asamblea que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia)

Las suscritas, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DIÁZ SALAZAR,  HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS integrantes del Partido Revolucionario Institucional y MARIA ELENA BARRERA TAPIA integrante del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de ésta H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64, EL ARTÍCULO 65, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 84, LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 127,EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 130, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 132 Y LA FRACCIÓN I, III Y IV DEL ARTÍCULO 138; Y SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III Y IV DEL ARTÍCULO 84 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, en materia de igualdad de género, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La igualdad y la no discriminación son condiciones fundamentales para el goce de los derechos humanos, por lo que su pleno reconocimiento evitará las inequidades en la sociedad en general.

En este orden de ideas los principios de igualdad y no discriminación se han convertido en pilares esenciales en la construcción de una sociedad igualitaria e incluyente.

Bajo esta tesitura los citados principios se encuentran plenamente reconocidos en distintos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales por mencionar algunos encontramos los siguientes:

• La Declaración Universal de Derechos Humanos, misma que fue concebida como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.1

La citada Convención instituye en su Artículo 1 que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” y en su artículo 2 que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.

De igual forma en su Artículo 7 instaura que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.

• La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación  contra la Mujer (CEDAW), adoptada en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, firmada por México el 17 de julio de 1980 y promulgada el 12 de mayo de 1981, misma que reconoce que: “Para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia”. 2

Asimismo, señala en su Artículo 1 que3 “A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

De igual forma en el articulo 4 instaura que:

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.

Aunado a ello en el Artículo 5 dispone que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

• El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, firmado por México 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de enero de 1981, el cual establece lo siguiente:

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1°, párrafos primero y quinto establece que4 “todas las personas gozarán de los derechos humanos parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece” y que “Está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Del mismo modo el Artículo cuarto constitucional en su párrafo primero instaura que “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.

• La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres manifiesta que su principal objetivo será “regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y que sus principios rectores son: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este orden de ideas encontramos que, si bien tanto el marco jurídico internacional como nacional mandatan a los estados la obligación de garantizar la igualdad de mujeres y hombres. Dado que aún siguen existiendo ordenamientos que impiden que la misma se consolide al no existir pleno reconocimiento de los derechos humanos para ambos sexos.

Bajo esta tesitura la Ley del Seguro Social (LSS) vigente actualmente exige mayores requisitos a los hombres que los establecidos para la mujer respecto de la pensión de viudez a la que los trabajadores que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen derecho. (Artículo 84 de la LSS)

Sin embargo, cuando el hombre es el que fallece, la ley únicamente exige a su viuda el acreditar que fue esposa del asegurado o del pensionado, si es concubinato acreditar que el asegurado o pensionado vivió como si fuera su marido, durante un periodo de cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel, o que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato (Artículo 65 y 84)

Puntualizando, que estos requisitos adicionales para el viudo, implican trato distinto, sin aplicarse lo dispuesto por los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, si la mujer fallece, se exige al cónyuge supérstite adicionalmente que esté totalmente incapacitado y que en su momento dependa económicamente de la trabajadora, asegurada o pensionada fallecida. (Artículo 84)

De igual forma no se garantiza la respectiva ayuda asistencial por viudez (Artículo 127), acceso a la pensión por invalidez (Artículo 130) y acceso a las asignaciones familiares y ayudas asistenciales (Artículo 138).

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios respecto de la violación de garantías y no discriminación por parte de algunos Artículos de la Ley del Seguro Social, estas son:

Tesis: 2a. VI/2009

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

167886
11 de 16

Segunda Sala

Tomo XXIX, febrero de 2009

Pág. 470

Tesis Aislada (Constitucional, Laboral)

PENSIÓN POR VIUDEZ EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDADY DE NO DISCRIMINACIÓN.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en los artículos 1o., párrafo tercero y 4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contienen las garantías individuales de igualdad y de no discriminación, que tutelan el derecho subjetivo del gobernado a ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, lo que proscribe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna. En ese contexto, el artículo 130, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, al condicionar el otorgamiento de la pensión por viudez a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, a diferencia de la viuda o concubina de un asegurado, a quien no se le exige ese requisito, sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las económicas, viola las citadas garantías individuales, al imponer al varón una condición desigual respecto de la mujer.

5Tesis: I.13o.T.116 L (10a.)

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima Época

2008623
1 de 16

Tribunales Colegiados de Circuito

Libro 16, marzo de 2015, Tomo III

Pág. 2445

Tesis Aislada(Constitucional)

PENSIÓN POR VIUDEZ DEL VIUDO O CONCUBINARIO. EL ARTÍCULO 14, INCISO A), TERCER PÁRRAFO, DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES INSERTO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (BIENIO 2011-2013), DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL ESTABLECER COMO REQUISITOS PARA OBTENERLA QUE EL INTERESADO ACREDITE ENCONTRARSE TOTALMENTE INCAPACITADO Y HABER DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DE LA TRABAJADORA FALLECIDA, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA Y VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

El artículo 14, inciso a), tercer párrafo, del Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto al Contrato Colectivo de Trabajo (bienio 2011-2013), del Instituto Mexicano del Seguro Social, contraviene el principio de jerarquía normativa, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis 2a. VI/2009 y 2a. VII/2009, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 470, de rubros: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN." Y "PENSIÓN POR VIUDEZ EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", respectivamente, declaró inconstitucional la exigencia para el otorgamiento de la pensión por viudez, a que el demandante (hombre), como género masculino que le caracteriza, además de los requisitos exigidos a la viuda o concubina (mujer), deba acreditar otros adicionales; por lo cual, atento al principio de mayoría de razón, y en ejercicio de la facultad ex officio que prevé el artículo 1o., párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de la interpretación más favorable de los derechos humanos (pro persona o pro homine) y control de convencionalidad, se establece que el citado artículo 14, inciso a), tercer párrafo, también viola los derechos humanos de igualdad y no discriminación protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. En consecuencia, los requisitos adicionales consistentes en que el hombre acredite encontrarse totalmente incapacitado y haber dependido económicamente de la trabajadora fallecida, no pueden producir efecto legal alguno y tampoco deben exigirse o aplicarse.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

IGUALDAD. LÍMITES A ESTA PRINCIPIO.

Tesis: 1a./J. 81/2004

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

180345

Primera Sala

Tomo XX, octubre de 2004

Pág. 99

Jurisprudencia

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdades colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.

Es por esto y de acuerdo con los argumentos que hemos tenido a bien redactar el en presente documento de Iniciativa que el OBJETIVO DE LA PROPUESTA ES:

1. Realizar reformas a los Artículos 64, 65, 84, 127, 130, 132 y 138 de la Ley del Seguro Social con la finalidad de garantizar el derecho a una pensión y las prestaciones que correspondan conforme a la Ley al cónyuge ya sea mujer u hombre o en su caso a la concubina o concubinario de acuerdo con lo instaurado por la citada Ley.

2. Derogar el párrafo segundo de las fracciones III y IV del Artículo 84 y el párrafo segundo del Artículo 130, los cuales contravienen el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de su derecho a una seguridad social digna.

Asimismo, es importante resaltar que las propuestas que el día de hoy se presentan se han realizado con la finalidad de evidenciar la existencia del trato desigual que existe en la Ley del Seguro Social, no solamente para el hombre.

Finalmente es menester aclarar que la citada Iniciativa en ningún momento pretende obstaculizar el ejercicio de los derechos de las mujeres que tienen como cónyuges o concubinas, sino que lo que se pretende es garantizar la igualdad entre hombres y mujeres para el acceso a los seguros sociales que se transmiten por relaciones de matrimonio o concubinato.

Por lo que derivado de los argumentos debidamente fundados y motivados en el presente documento nos permitimos someter ante el pleno de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 64, el artículo 65, la fracción III del artículo 84, la fracción IV del artículo 127, el párrafo primero del artículo 130, el párrafo segundo del artículo 132 y la fracción I, III y IV del artículo 138; y se deroga el párrafo segundo de la fracción III y IV del artículo 84 y el párrafo segundo del artículo 130, de la Ley del Seguro Social, en materia de igualdad de género para quedar como sigue:

Artículo 64.

Las pensiones y prestaciones a que se refiere la presente Ley serán:

I. …

II. Al cónyuge supérstite del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida;

III. a la VI.

Artículo 65. Sólo a falta del cónyuge tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la persona con quien vivió como si fueran matrimonio durante los cinco años anteriores a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas o concubinarios, ningúno de ellos gozará de pensión.

Artículo 84.…

I. a la II.…

III. El cónyuge del asegurado o, a falta de éste, la persona con quien vivió como si fueran matrimonio durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con quien tuvo hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas o concubinarios ningúno de ellos tendrá derecho a la protección;

Se deroga párrafo

IV. El cónyuge del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de cónyuge, la concubina o el concubinario si reúnen los requisitos de la fracción III.

Se deroga párrafo

V. a la IX.…

Artículo 127.

I. a la III.

IV. Ayuda asistencial al cónyuge pensionado por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule, y

V.

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge supérstite del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de éste, tendrá derecho a recibir la pensión la persona con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fueran matrimonio durante los cinco años anteriores a la muerte de aquél, o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión.

Se deroga párrafo

Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior, en los siguientes casos:

I. a la III.

Las limitaciones que establece este Artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la persona viuda compruebe haber tenido hijos con él.

SECCION CUARTA
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDA ASISTENCIAL

Artículo 138.

I. Para el cónyuge del pensionado, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;

II. Para cada uno de los hijos menores de dieciséis años del pensionado, el diez por ciento de la cuantía de la pensión;

III. Si el pensionado no tuviera ni cónyuge, concubina, concubinario, ni hijos menores de dieciséis años se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él;

IV. Si la persona no tuviera cónyuge o concubina o concubinario, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, y

V. …

...

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Maria Elena Barrera Tapia.

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 64. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto calculará el monto constitutivo al que se le restará los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, a efecto de determinar la suma asegurada que el Instituto deberá cubrir a la institución de seguros, necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en este capítulo a los beneficiarios.

Los beneficiarios elegirán la institución de seguros con la que deseen contratar la renta con los recursos a que se refiere el párrafo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159 fracción IV de la presente Ley. En caso de que el trabajador fallecido haya acumulado en su cuenta individual un saldo mayor al necesario para integrar el monto constitutivo necesario para contratar una renta que sea superior al monto de las pensiones a que tengan derecho sus beneficiarios, en los términos de este capítulo, éstos podrán optar por:
a) Retirar la suma excedente en una sola exhibición de la cuenta individual del trabajador fallecido, o

b)  Contratar rentas por una cuantía mayor.

Las pensiones y prestaciones a que se refiere la presente Ley serán:

I. El pago de una cantidad igual a sesenta días de salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en la fecha de fallecimiento del asegurado.

Este pago se hará a la persona preferentemente familiar del asegurado, que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral;

II. A la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. La misma pensión corresponde al viudo o concubinario que hubiera dependido económicamente de la asegurada. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida;

III. A cada uno de los huérfanos que lo sean de padre o madre, que se encuentren totalmente incapacitados, se les otorgará una pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiese correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano recupere su capacidad para el trabajo;

IV. A cada uno de los huérfanos que lo sean de padre o madre, menores de dieciséis años, se les otorgará una pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano cumpla dieciséis años.

Deberá otorgarse o extenderse el goce de esta pensión, en los términos del reglamento respectivo, a los huérfanos mayores de dieciséis años, hasta una edad máxima de veinticinco años, cuando se encuentren estudiando en planteles del sistema educativo nacional, tomando en consideración, las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario y siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio;

V. En el caso de las dos fracciones anteriores, si posteriormente falleciera el otro progenitor, la pensión de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir de la fecha del fallecimiento del segundo progenitor y se extinguirá en los términos establecidos en las mismas fracciones, y

VI. A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de padre y madre, menores de dieciséis años o hasta veinticinco años si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, o en tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que les impida mantenerse por su propio trabajo se les otorgará una pensión equivalente al treinta por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total.

El derecho al goce de las pensiones a que se refiere el párrafo anterior, se extinguirá en los mismos términos expresados en las fracciones III y IV de este precepto.

Al término de las pensiones de orfandad establecidas en este artículo, se otorgará al huérfano un pago adicional de tres mensualidades de la pensión que disfrutaba.

A las personas señaladas en las fracciones II y VI de este artículo, así como a los ascendientes pensionados en los términos del artículo 66, se les otorgará un aguinaldo anual equivalente a quince días del importe de la pensión que perciban.

Artículo 64.

 

 

 

 


Las pensiones y prestaciones a que se refiere la presente Ley serán:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. …

 

 


II. Al cónyuge supérstite del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida;


III. a la VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 65. Sólo a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la mujer con quien el asegurado vivió como si fuera su marido durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de pensión.

Artículo 65. Sólo a falta del cónyuge tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la persona con quien vivió como si fueran matrimonio durante los cinco años anteriores a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos gozará de pensión.

CAPITULO IV
DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD

SECCION PRIMERA
GENERALIDADES

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I. El asegurado;

II. El pensionado por:

a) Incapacidad permanente total o parcial;

b) Invalidez;

c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y

d) Viudez, orfandad o ascendencia;

III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas  ninguna de ellas tendrá derecho a la protección.

Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada, y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior;

IV. La esposa del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa, la concubina si se reúnen los requisitos de la fracción III.

 

Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o a falta de éste el concubinario, si reúne los requisitos de la fracción III;

V. Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, en los términos consignados en las fracciones anteriores;

VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional;

VII. Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad permanente, en los mismos casos y condiciones establecidos en el artículo 136;

VIII. El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste, y

IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII.

Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes:

a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado, y

b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta Ley.

 

 

 

 

Artículo 84.…           

 

I. a la II.…

 

 

 

 

III. El cónyuge del asegurado o, a falta de éste, la persona con quien vivió como si fueran matrimonio durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con quien tuvo hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas o concubinarios       ninguno de ellos tendrá derecho a la protección;

Se deroga párrafo

 


IV. El cónyuge del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de cónyuge, la concubina o el concubinario si reúnen los requisitos de la fracción III.

Se deroga párrafo

 


V. a la IX.…

SECCION TERCERA
DEL RAMO DE VIDA

Artículo 127.Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones:

I. Pensión de viudez;

II. Pensión de orfandad;

III. Pensión a ascendientes;

IV. Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule, y

 

V. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este Título.

En caso de fallecimiento de un asegurado, las pensiones a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo se otorgarán por la institución de seguros que elijan los beneficiarios para la contratación de su renta vitalicia.

A tal efecto, se deberán integrar un monto constitutivo en la aseguradora elegida, el cual deberá ser suficiente para cubrir la pensión, las ayudas asistenciales y las demás prestaciones de carácter económico previstas en este capítulo. Para ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgará una suma asegurada que, adicionada a los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, deberá ser suficiente para integrar el monto constitutivo con cargo al cual se pagará la pensión, las ayudas asistenciales y las demás prestaciones de carácter económico previstas en este capítulo, por la institución de seguros.

Cuando el trabajador fallecido haya tenido un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para contratar una renta que sea superior a la pensión a que tengan derecho sus beneficiarios, en los términos de este capítulo, estos podrán retirar la suma excedente en una sola exhibición de la cuenta individual del trabajador fallecido, o contratar una renta por una suma mayor.

La renta vitalicia se sujetará a lo dispuesto en el artículo 159 fracción IV de esta Ley.

 


Artículo 127.

 

 

I. a la III.

 

 

IV. Ayuda asistencial al cónyuge pensionado por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule, y

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.

Artículo 130.Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge supérstite del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de éste, tendrá derecho a recibir la pensión la persona con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fueran matrimonio durante los cinco años anteriores a la muerte de aquél, o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión. 

Se deroga párrafo

Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior, en los siguientes casos:

I. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio;

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace, y

III. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este Artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él.

Artículo 132.No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior, en los siguientes   casos:

I. a la III.

 

 

 

 

 

 

 

Las limitaciones que establece este Artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la persona viuda compruebe haber tenido hijos con él.

SECCION CUARTA
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDA ASISTENCIAL

Artículo 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado por invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes:

I. Para la esposa o concubina del pensionado, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;

II. Para cada uno de los hijos menores de dieciséis años del pensionado, el diez por ciento de la cuantía de la pensión;

III. Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos menores de dieciséis años se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él;


IV. Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, y


V. Si el pensionado sólo tuviera un ascendiente con derecho al disfrute de asignación familiar, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al diez por ciento de la cuantía de la pensión que deba disfrutar.

Estas asignaciones familiares se entregarán de preferencia al propio pensionado, pero la correspondiente a los hijos podrá entregarse a la persona o institución que los tenga bajo su cargo directo, en el caso de no vivir con el pensionado.

Las asignaciones familiares cesarán con la muerte del familiar que la originó y, en el caso de los hijos, terminarán con la muerte de éstos o cuando cumplan los dieciséis años, o bien los veinticinco años, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 134 de esta Ley.

Las asignaciones familiares concedidas para los hijos del pensionado con motivo de no poderse mantener por sí mismos, debido a inhabilitación para trabajar por enfermedad crónica, física o psíquica, podrán continuarse pagando hasta en tanto no desaparezca la inhabilitación.

El Instituto concederá en los términos de este artículo, las asignaciones familiares a los hijos del pensionado, mayores de dieciséis años, si cumplen con las condiciones mencionadas.

SECCION CUARTA
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDA ASISTENCIAL

Artículo 138.

 


I. Para el cónyuge del pensionado, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;

II. Para cada uno de los hijos menores de dieciséis años del pensionado, el diez por ciento de la cuantía de la pensión;

III. Si el pensionado no tuviera ni cónyuge, concubina, concubinario, ni hijos menores de dieciséis años se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él;

IV. Si la persona no tuviera cónyuge o concubina o concubinario, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, y

V. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

1 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

2 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

5 http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI)

JORGE TOLEDO LUIS, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta  H. Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL Y LAS SUBSIGUIENTES, DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala: “una lengua desaparece cuando se extinguen sus hablantes, o cuando éstos dejan de utilizarla para expresarse en otra que, con frecuencia, está más extendida y es hablada por un grupo preponderante”.1

La importancia de la lengua materna se ha soslayado y es sólo reconocida por los especialistas, quienes a través de profundos estudios nos informan de su alto significado para el conocimiento del mundo.

Estamos tan acostumbrados a usar la lengua materna que no nos damos cuenta de su vital importancia, sólo aquéllos que por motivos diversos  han tenido que salir de su país origen y se ven en la necesidad de usar otra lengua reconocen los cambios que en ellos se originan.

Los estudios médicos refieren también que los patrones neuronales creados por idioma que escuchamos en los primeros años de vida permanecen intactos en el cerebro, aún cuando no se vuelva a tener contacto con la lengua materna.2

Tal como lo señalan las Naciones Unidas, la lengua es el reflejo de las costumbres y la cultura de cada comunidad, por ello, cada vez que muere una lengua, muere una cosmovisión del mundo. 3

Las habilidades en el idioma materno son esenciales para el aprendizaje posterior, ya que se sabe que la lengua materna es la base del pensamiento. Una lengua no es sólo un código de comunicación, es también una manera de conocer y categorizar la realidad, los conocimientos sobre la naturaleza, las relaciones sociales y las emociones.4

Se calcula que en el mundo se hablan en la actualidad entre tres mil y seis mil lenguas, de las cuales solamente 600 cuentan con más de cien mil hablantes. Entre los idiomas más extendidos están el Chino Mandarín, usado por 900 millones de personas; el inglés, con 470 millones de hablantes; el hindú, hablado por más de 420 millones de personas; el español, utilizado por 360 millones; y el ruso, con casi 300 millones de hablantes.5

En lo referente a los pueblos originarios, tenemos que actualmente hay más de 370 millones de personas que se autoidentifican como indígenas distribuidos en alrededor de unos 90 países.6

A nivel nacional existen 68 lenguas indígenas, que conforman 68 pueblos indígenas, donde se hablan 64 variantes lingüísticas7, destacando el náhuatl, maya y tseltal8, por su cantidad de hablantes; y, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son más de 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena9, lo que posiciona a México entre los 10 países con más diversidad cultural.10

Por eso, México, en su participación en contexto internacional ha suscrito y ratificado tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual establece en su artículo 28:

“1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.”11

Así también, se ha adherido a la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en el artículo 14, numeral 3 establece:

“Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma”.

Estos instrumentos internacionales se enmarcan en lo que establece el artículo 133 de nuestra Constitución política, que precisa que los tratados celebrados y ratificados por nuestro país serán ley suprema de toda la Unión.

En el marco de la gran diversidad cultural que existe en nuestro país, el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico con la misma validez jurídica.

Sin embargo, las lenguas indígenas y sus hablantes han enfrentado una gran desventaja desde tiempos históricos, y muchas lenguas están desapareciendo, con lo que se extingue una visión del mundo de la vida, de sus valores y tradiciones. Nuestros grupos indígenas han sido rebasados por la percepción que la sociedad mexicana en su mayoría tiene sobre sus costumbres y su diversidad lingüística.

Por eso nos interesa el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que se centra en la educación, y se plantea el pleno respeto hacia el uso de la lengua materna en la enseñanza y el aprendizaje y la promoción y preservación de la diversidad lingüística.12

Pero no sólo nuestros pueblos originarios enfrentan la pérdida de sus lenguas, también en otras latitudes se da el mismo fenómeno, como bien lo expresa Alitet Nemtushki, poeta de la minoría evenki en China, quien resume sus sentimientos y temores para los que hablan lenguas en peligro de extinción:

si olvido mi lengua materna
y los cantos que entona mi pueblo
de qué me sirven mis ojos y oídos
para qué quiero mi boca13

Nuestros pueblos originarios cuentan con derechos culturales, territoriales, derecho a la identidad, educación, salud, idioma, a no ser discriminado con motivo de su condición, derecho a la libre determinación, a la propiedad intelectual, a la consulta previa e informada, por mencionar algunos. Es por ello, la importancia de salvaguardar su identidad a través de la lengua materna.

Existen diversos documentos internacionales que avalan el derecho de la lengua materna. Entre ellos podemos citar a la Declaración de Pátzcuaro sobre el Derecho a la Lengua, adoptada en julio de 1980; la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, suscrita en Barcelona, España, en junio de 1996.14

Así como en la Declaración de Totonicapán “Adrián Inés Chávez” sobre el Derecho de los Pueblos a la Lengua, suscrita en Totonicapán, Guatemala, en octubre de 2002, donde se reconoce el derecho de todas las personas a expresarse en su lengua materna, además de la necesidad de incorporar las lenguas maternas en los sistemas normativos y como vehículo para la educación escolarizada, son algunos de los instrumentos internacionales con los cuales se reconoce el derecho a la lengua de los pueblos indígenas.

Es importante destacar que la iniciativa que hoy presento se suma al trabajo que se está haciendo para rescatar el uso de la lengua en nuestros pueblos indígenas, y en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna celebrado el pasado 21 de febrero15, con el propósito de que los tres órdenes de gobierno impulsen desde la base fundamental de la sociedad y a través de las personas que viven juntas, el uso de la lengua materna en las familias de la comunidad, para rescatar la diversidad lingüística y el plurilingüismo.

Para evitar la desaparición de una lengua, es importante propiciar las condiciones para que sus hablantes las sigan usando y las enseñen a sus hijos. Para ello, es necesario que se fomente la colaboración creativa entre los miembros de la comunidad de hablantes, haciéndoles ver que el idioma comunitario es una ventaja.

La preservación de la lengua materna debe ser transversal, en ella tienen que participar la comunidad, autoridades municipales, estatales, todos mediante un entorno incluyente y participativo.

La participación de la comunidad en la defensa de la lengua materna es primordial, porque es mediante la palabra como conocemos el mundo, y las familias son las que nos otorgan ese legado; la lengua materna, nos proyecta y nos identifica, nos hace partícipes de una cultura, de un pueblo, de un sistema de valores, y sobre todo, nos humaniza.

La riqueza de nuestras lenguas, se muestra en cada forma de expresión y por ello, me permito citar un fragmento de un poema en tlapaneco, que nos habla sobre la palabra y cómo ella siempre florecerá:

Tsitsíí mamidlí rí ajngáa
(Siempre florecerá la palabra)

Tsitsíi mamidlí rí ajngáa.
(Siempre florecerá la palabra)
Xi Tsiniñuu ra’sian tsikhi,
(Mientras cante la chicharra)
Xi xtrákaa tsutsún inuu giñá, jamí
(Mientras aletee el colibrí)
Xi tsiniñuu jamboo akuán
(Si la hormiga sigue su camino)

Tsitsií mamidlí rí ajngáa
(Siempre florecerá la palabra)
Xi xtáa mbáa tsí nandu’wá
(Mientras haya un niño sonriendo)
Xi nawán a’wáa’,
(Mientras se escuche tu voz)
Jami xi xtaa jmáa nindxu’.
(Y si tú estás conmigo)16

Después de este poema, no queda más que decir, ya que es el mejor ejemplo del trabajo que tenemos, como legisladores, para preservar nuestra riqueza lingüística y cultural.

Por eso propongo la siguiente modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

DICE:

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 2°…

A....

I.a VIII….

B….
I.a II. …

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. a IX. …

...

Artículo 2°. …

A….

I.a VIII….

B….
I.a II….

III. Impulsar el uso de la lengua materna en las familias de la comunidad.

 

 

 

IV. Asegurar. ...

Con base en esas consideraciones, presento ante el Pleno de esta H. Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL Y LAS SUBSIGUIENTES, DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue:

Artículo 2°. …

A….

I.a VIII….

B….

I.a II….

III. Impulsar el uso de la lengua materna en las familias de la comunidad.

IV. Asegurar. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 2 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/faq-on-endangered-languages/,
(consultado 17-02-2017)

2 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141119_lenguaje_olvidado_cerebro_bilingue_lp,  (consultado 17-02-2017)

3 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/, (consultado 20-02-2017)

4Mensaje del director General del UNICEF para América Latina y el Caribe, https://www.unicef.org/paraguay/spanish/py_Comunicado__Dia_Lenguas_Maternas_21feb08.pdf, (consultado
20-02-2017)

5•http://administracion2014-2015.guerrero.gob.mx/articulos/los-pueblos-indigenas-de-guerrero-y-su-lengua-materna/, (consultado 20-02-2017)

6 http://www.fao.org/indigenous-peoples/es/ (consultado 20-02-2017)

7 http://www.inali.gob.mx/clin-inali/  (consultado 20-02-2017)

8 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=, (consultado 20-02-2017)

9 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P (Consultado el 16-Febrero-2017)

10 http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/02/19/1136520/importancia-lengua-materna-mexico.html,
(consultado 20-02-2017)

11 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf,
(consultado 20-02-2017)

12 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/, (consultado 20-02-2017)

13 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/faq-on-endangered-languages/,
(consultado el 20-02-2017)

14 http://eib.sep.gob.mx/UIS/declaracionpatzcuaro.pdf (Consultado el 18-Febrero-2017)

15 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/  (Consultado el 18-Febrero-2017)

16 La palabra florida de nuestros pueblos,
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/eliac/menu/carteles_en_lenguas11.html, (consultado 20-02-2017)






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES, EN MATERIA DE SALARIO MÍNIMO

(Presentada por los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Roberto Gil Zuarth, Armando Neyra Chávez, Tereso Medina Ramírez, Humberto Domingo Mayans Canabal, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Joel Ayala Almeida, Ernesto Gándara Camou, Jesús Casillas Romero, Ernesto Cordero Arroyo, Manuel Cavazos Lerma, José Francisco Yunes Zorrilla, Gerardo Sánchez García, Luis Armando Melgar Bravo, Hilda Ceballos Llerenas, María Hilaria Domínguez Arvizu, Isaías González Cuevas, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Martha Angélica Tagle Martínez, Benjamín Robles Montoya, Raúl Morón Orozco, Hilda Esthela Flores Escalera, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Óscar Román Rosas González, Yolanda de la Torre Valdez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Héctor Larios Córdova y Francisco Salvador López Brito)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a fortalecer las campañas de concientización y promoción sobre los derechos humanos y de la igualdad de género en el país. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, la legislación en materia de derechos humanos ha mantenido un ritmo constante y progresivo. La reforma de 2008 enfatizó la protección a las víctimas mediante diversos instrumentos y procedimientos, entre ellos la implementación del nuevo proceso acusatorio y oral, con principios procesales más modernos y democráticos.

La reforma de 2011, modificó el Título Primero de nuestra Constitución y sustituyó el concepto garantías individuales por el de derechos humanos; además incorporó los derechos contenidos en los tratados internacionales.

La promoción de los derechos humanos transforma las relaciones sociales y fomenta el respeto a la dignidad humana. En este contexto, también la igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, y que toda persona tiene derecho a decidir, de manera libre, responsable e informada.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), define género como la construcción cultural, social e histórica que, sobre la base biológica del sexo, determina valorativamente lo masculino y lo femenino en la sociedad y las identidades subjetivas colectivas.

La igualdad de género significa que la mujer y el hombre disfrutan de la misma situación y que ambos tienen condiciones iguales para la plena realización de sus derechos humanos y su potencial de contribuir al desarrollo político, económico, social y cultural.

La incorporación de la perspectiva de género es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento primordial en la elaboración, aplicación, supervisión y  evaluación de las políticas públicas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y hombres se beneficien por igual e impidan que se perpetúe la desigualdad.

La discriminación sistemática es causa y consecuencia de la desigualdad que genera la pobreza y la exclusión. Además, puede verse agravada por otros factores como la clase social, etnia, orientación sexual y la edad, por mencionar algunos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrada por primera vez el 8 de marzo en 1975, uno de los principales objetivos ha sido llevar a cabo acciones en favor de una participación más activa de las mujeres dentro de la sociedad, en condiciones de igualdad y respeto, con relación a los hombres.

Para este año, el tema principal es: “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”, cuyo propósito es velar para que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad y poner fin a todas las formas de discriminación de este sector de la población en todo el mundo.

Por otro lado, cabe destacar que actualmente, las mujeres que experimentan violencia sufren una variedad de problemas de salud y disminuye su capacidad para participar en la vida pública, es una cuestión que no se limita a una cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad.

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, según datos del Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU MUJERES), un 70% de mujeres experimentan violencia en el transcurso de la vida. Una de cada tres mujeres, arruina su vida provocando de esta manera un sufrimiento incalculable que conlleva a grandes costos económicos1.

Para el caso de nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas2.

Asimismo, refiere que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja o matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.

Por otra parte, el año pasado43.8% de las personas ocupadas registradas en la economía nacional, fueron mujeres.

Las mujeres conformaron el 11.0% del total de personal ocupado en el sector construcción. En tanto que del total del personal ocupado en las industrias manufactureras en el año 2014, participaron con el 34.5%3.

En el sector comercio al por menor, la fuerza laboral femenina aporta el 51.3% del personal ocupado total. En el comercio al por mayor, la participación de la mujer alcanza una de cada cuatro personas empleadas.

En este panorama, cabe señalar que la participación de la mujer en la vida política, ya sea mediante el voto, la intervención en los procesos de adopción de decisiones o el desempeño de cargos públicos, ha tenido resultados significativos para la sociedad mexicana.

La promoción de los derechos humanos resulta de vital importancia, en la medida garantiza un estilo de vida más sano, respetuoso, más humano y tolerante entre todas las naciones.

Por esta misma razón, diversos instrumentos jurídicos internacionales recomiendan fomentar activamente la adopción de medidas normativas para promover una mayor participación de la mujer en la vida política, social, cultural, económica y ambiental.

El empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional, resulta fundamental, toda vez que impulsa el crecimiento económico, desarrollo y progreso del país. La plena participación de las mujeres en la fuerza de trabajo incrementa las tasas de crecimiento que serían, en muchos casos, un gran paso, para seguir construyendo un sociedad más igualitaria.

En este tenor, es fundamental que el Estado mexicano concentre mayores esfuerzos para combatir a la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y promover los derechos humanos en todos los sectores de la sociedad.

Resulta apremiante que las entidades federativas fortalezcan las campañas de concientización y promoción sobre los derechos humanos y de la igualdad de género del país, así como el combate a la discriminación y la violencia contra las mujeres.

El Grupo Parlamentario del PRI, estamos conscientes de la necesidad de fortalecer las políticas públicas de combate a la discriminación, la desigualdad, las agresiones, los insultos y, en general, con cualquier acción que trasgreda los derechos humanos de todas las y los mexicanos y, para que de esta manera, podamos seguir transitando a una sociedad más próspera e incluyente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas de concientización y promoción sobre los derechos humanos y de la igualdad de género del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de marzo de 2017.

Atentamente.

1 http://www.un.org/es/events/endviolenceday/pdfs/unite_the_situation_sp.pdf, consultado el 27 de febrero de 2017.

2 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf, consultado el 27 de febrero de 2017.

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf, consultado el 27 de febrero de 2017.






De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Óscar Román Rosas González, Luz María Beristain Navarrete, Ricardo Barroso Agramont, Francisco Salvador López Brito y Jorge Aréchiga Ávila, integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a intensificar las medidas y acciones de inspección y vigilancia en la zona protegida de la vaquita marina. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

Los suscritos, Senadores ERNESTO RUFFO APPEL, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ÓSCAR RÓMAN ROSAS, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, RICARDO BARROSO AGRAMONT, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Y JORGE ARÉCHIGA ÁVILA integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, por lo que se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que informe a esta Soberanía qué acciones se van a implementar al vencimiento del Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores en el Norte del Golfo de California y que consideraciones se van a tomar a favor de los pescadores; Asimismo, se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Marina (SEMAR) y a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para intensificar las medidas y acciones de inspección y vigilancia en la zona protegida de la vaquita marina. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El día 10 de abril de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores, en el Norte del Golfo de California, por el período de 2 años y que dejó a aproximadamente 2 mil 500 familias de la región sin poder dedicarse a su oficio como pescadores.

Con más de 11,000 kilómetros, somos uno de los países con mayor litoral en el mundo y el primero en América Latina. Según datos de la última publicación de la Carta Nacional Pesquera de 2012, los desembarques anuales han sido alrededor de 1.5 millones de toneladas vivas, lo que representan 16,907 millones de pesos a precios de playa.

Sin embargo, esta amplia extensión de litoral es también la razón por la cual es difícil para las autoridades vigilar que la actividad pesquera se realice de manera legal a lo largo de nuestras costas. Esta falta de vigilancia ha permitido que los pescadores ilegales utilicen artes de pesca prohibidas por ley, capturar especies en veda o en peligro de extinción, así como introducirse en áreas protegidas como es el Alto Golfo de California considerada como Reserva de la Biosfera.

Este problema se acentúa aún más en regiones donde se concentran especies de alto valor comercial como es el Golfo de California, en donde cohabitan especies como son el camarón, langosta, abulón, almeja, pepino de mar, erizo y algas marinas con especies endémicas del Alto Golfo, en peligro de extinción como la totoaba (totoaba macdonaldi) y la vaquita marina (Phocoena sinus).

El Golfo de California es la región donde se produce el 77% de la pesca total del país y el 51% del valor de las capturas nacionales, por ello esta es la principal zona pesquera del país y en su parte norte en el delta del Río Colorado donde habita la vaquita marina una de las seis especies de marsopas en el mundo con el más alto nivel de peligro de extinción entre las 100 especies de mamíferos marinos según la el programa EDGE que agrupa a las especies en peligro de extinción en todo el mundo.

La principal fuente de mortalidad para la vaquita es la pesca furtiva de totoaba, especie también al borde de la extinción a la que se le extrae su vejiga natatoria para ser comercializada en el mercado negro donde alcanza precios de hasta 60,000 mil dólares el kilogramo.

l Gobierno Federal ha tomado medidas para tratar de evitar la casi inminente desaparición de la vaquita. En 1997 creó el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) como un Órgano Técnico Internacional y en la que participan científicos de Noruega, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y México. En 2015 se publicó un Acuerdo por el que se establece una veda temporal en el Alto Golfo para evitar su pesca incidental.

Este Acuerdo establece un polígono de veda que se encuentra en parte dentro de la Reserva de la Biosfera conocida como Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado entre los municipios de Mexicali, Baja California; Puerto Peñasco, Sonora y San Luis Río Colorado, Sonora. Su vigilancia está a cargo de la SEMARNAT por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como de la SAGARPA a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en el ámbito de sus respectivas competencias en coordinación con la SEMAR para la vigilancia de esta zona marina.

Este acuerdo busca compensar económicamente a los permisionarios, pescadores y a la cadena productiva para que durante la veda cesen su principal actividad económica para así poder proteger a la vaquita, que según un informe del CIRVA puede desaparecer en 2018.

El monto económico que sería repartido entre los beneficiarios es de mil 36 millones 371 mil 252 pesos por dos años que duraría la veda. Cada año costaría 518 millones 185 mil 627 pesos que serían distribuidos en 271 millones 48 mil 867 pesos para la compensación de permisionarios, 135 millones 524 mil 433 pesos a los pescadores y 83 millones 402 mil 327 pesos a la cadena productiva. Las localidades que serían beneficiadas serían San Felipe perteneciente al municipio de Mexicali, Baja California y el Golfo de Santa Clara perteneciente al municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Según datos del INEGI, San Felipe cuenta con una población de 16 mil 702 millones de habitantes y el Golfo de Santa Clara tiene 3 mil 967. Estas son comunidades principalmente pesqueras. A pesar de contar con menos población, los permisos se concentran en el Golfo de Santa Clara que tiene 860 y San Felipe cuenta con 494 permisionarios.

El Semanario Zeta de la ciudad de Tijuana, Baja California, en una publicación de fecha 16 de octubre de 2016, señala que los pescadores de la localidad de San Felipe se encuentra insatisfechos con el programa de apoyo económico debido a que los más beneficiados han sido los permisionarios, que según un estudio realizado por el Centro de Biodiversidad Biológico, son alrededor de 30 personas que reciben el 43 por ciento de los fondos destinados para la compensación.

De acuerdo con un informe del CIRVA la población de vaquitas ha declinado en un 90 por ciento en los últimos 5 años. De 2015 a noviembre de 2016, la cifra pasó de 60 a 30 animales, cifra que el propio Secretario de la SAGARPA ha rechazado. Estas cifras demuestran que la veda implementada en el Alto Golfo de California no ha dado los resultados esperados.

Por otro lado, en 1978 con la Enmienda Pelly, se modificó la Ley Moratoria de Protección a la Pesca con Redes de Deriva en Altamar, que establece que el Presidente de Estados Unidos es el encargado de definir las sanciones económicas aplicables a los países que incurran en pesca ilegal.

En 2014, el Centro para la Diversidad Biológica de los Estados Unidos de América solicitó al gobierno de Barack Obama que aplicara un embargo contra México por la captura ilegal de pez totoaba, en el Golfo de California, por tener al borde de la extinción a la marsopa mexicana, violando tratados internacionales como la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A finales de 2016 el Centro para la Diversidad Biológica amagó con demandar al gobierno de los Estados Unidos con el propósito de obligarlo a sancionar a México por la captura ilegal de pez totoaba, que amenaza la vida de los últimos ejemplares de vaquita marina.

Recientemente se ha publicado en varios medios de circulación nacional que entre los meses de mayo y octubre del presente año, el CIRVA estará implementando un Plan de Acción de Emergencia Vaquita CPR (Conservación, Protección y Recuperación) realizando una expedición para capturar entre 10 y 12 vaquitas con el fin de resguardarlas en un santuario natural, para tratar de evitar su extinción.

Esta expedición será a través de la utilización de hidrófonos, binoculares de alta potencia y delfines entrenados por la armada estadounidense para la localización de vaquitas. Se pretende buscar la reproducción natural de los ejemplares en los encierros, juntando a las hembras que ya hayan alcanzado su madurez sexual con los machos, pero no se descarta la posibilidad de explorar la inseminación artificial.

Como se puede apreciar, la situación a menos de dos meses de terminas el período de veda temporal en el Alto Golfo ha llegado a niveles críticos, pues no se ha logrado la conservación de la vaquita marina, la pesca furtiva de la totoaba supera la capacidad de las autoridades mexicanas y el programa de compensación económica tiene a cientos de pescadores retirados de su principal actividad económica.

En una publicación del 3 de octubre de 2016 del periódico Excélsior, el titular de la SEMARNAT, Rafael Pacchiano Alamán confirmó que en mayo de 2017 entrara en vigor la veda permanente en el uso de redes de enmalle o agalleras en el Alto Gofo de California para tratar de salvar a la vaquita marina, conforme a lo prometido por el presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Barak Obama en su visita oficial el 22 de julio de 2016.
El titular de la SEMARNAT, indicó que una vez que se abra el período de veda en mayo del presente año, los pescadores podrán regresar a pescar siempre y cuando no se usen ningún tipo de redes de enmalle.

Es evidente que las autoridades competentes están siendo omisos ante la verdadera amenaza de la supervivencia de la vaquita marina. La pesca ilegal de totoaba, es la principal razón de su captura incidental, pero el gobierno federal no ha podido enfrentar este problema y ha cedido frente a las presiones de organizaciones ambientalistas que ven más sencillo establecer la veda permanente que el incremento de vigilancia en la región.

Los integrantes de esta Comisión consideran que la protección del medio ambiente y toda su biodiversidad es de suma importancia para poder mantener un equilibrio ecológico y así mantener los volúmenes de recursos pesqueros y que a través de una actividad pesquera sustentable se conserve la fuente de ingresos para el sustento de miles de familias de pescadores, así como para satisfacer la demanda de alimento con alto contenido nutricional para todos los mexicanos.

Está claro que la implementación de una veda permanente no va a solucionar el casi inminente destino a la extinción de la vaquita, sino se incrementa la vigilancia en el Alto Golfo. Además, la incertidumbre en la que el gobierno federal tiene a miles de pescadores en esta región, hace que la situación esté en un punto verdaderamente alarmante y es por eso que los integrantes de esta Comisión consideran que es de suma importancia que el titular de la SEMARNAT informe a esta Soberanía que acciones pretende realizar una vez terminada el período de veda y en qué situación  van a quedar todas las personas que de manera legal se dedican a la pesca y que podrán quedarse sin trabajo de manera permanente y sin una opción para asegurar el sustento económico de sus familias.

Además, los integrantes de esta Comisión están convencidos que es necesario el incremento de la vigilancia de la región para el combate a la pesca furtiva de la totoaba que genera ganancias millonarias a quienes de manera ilegal la capturan y que son la razón principal de la casi inminente extinción de la vaquita marina.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la República, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que informe a esta Soberanía qué acciones se van a implementar al vencimiento del Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores en el Norte del Golfo de California y que consideraciones se van a tomar a favor de los pescadores.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Marina (SEMAR) y a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para intensificar las medidas y acciones de inspección y vigilancia en la zona protegida de la vaquita marina.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 2 de marzo de 2017

Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Óscar Róman Rosas González.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Jorge Aréchiga Ávila.






De los Senadores Luz María Beristain Navarrete, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Fernando Enrique Mayans Canabal y Gabriela Cuevas Barron, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que se encuentran en tránsito dentro de México. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

De los suscritos, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, ZOE ROBLEDO ABURTO, ARMANDO RÍOS PITER, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la Republica, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

La frontera sur, colindante con Guatemala y Belice (mide mil 149 kilómetros), está totalmente desprotegida y registra al menos 704 cruces clandestinos que permiten el flujo de migrantes y droga. A lo largo de esta extensa franja, solo hay 11 cruces formales con presencia de representantes de autoridades migratorias en ambos lados.   Actualmente, la relación entre el migrante centroamericano y el Estado Mexicano —sociedad y gobierno— se enmarca en un doble telón.

Primero, la versión oficial dada por el gobierno a través de su política migratoria, así como lo establecido en los tratados firmados y ratificados por México en materia de migración y derechos humanos; y por otro lado, las investigaciones y recomendaciones hechas por medios de comunicación, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros organismos nacionales e internacionales que velan por la protección de los derechos humanos, y denuncian maltratos y violaciones a las personas: desde discriminación hasta violencia física, pasando por la exclusión social que impide una integración homogénea de las sociedades.

La movilidad de personas en dirección sur-norte desde Centroamérica hacia Estados Unidos, en condición migratoria indocumentada o irregular, es un fenómeno transnacional que ha cobrado importancia en el país en las últimas décadas. La mayor parte de estos desplazamientos se producen por tierra y obedecen a múltiples causas, entre las que destacan motivos laborales, de inseguridad y violencia, así como de reunificación familiar y en el caso de algunas comunidades, la tradición migratoria.

Los desplazamientos de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses a través de México para llegar a Estados Unidos han marcado las dinámicas migratorias en Mesoamérica y las relaciones de México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador)  desde hace más de 30 años. Estos flujos de migrantes en tránsito irregular han predominado numéricamente frente a otros desplazamientos de centroamericanos hacia México, como el de trabajadores fronterizos, el de refugiados o el de personas de estos países que se quedan en México como residentes temporales o permanentes.

Desde hace ya varias décadas México ha dejado de ser sólo uno de los principales países con masivos procesos de expulsión de migrantes a Estados Unidos: también tiene varios lustros siendo un lugar de tránsito y, en menor medida, de destino.

Al inicio de los noventa, no obstante al haber terminado los conflictos armados en Centroamérica, la emigración continuó, impulsada por la precariedad laboral, la pobreza, la violencia y, en algunos países, la inestabilidad política. A estos problemas se han ido sumando otros fundamentalmente económicos, derivados de los efectos de la caída de los precios del café y de los desastres ocasionados por fenómenos naturales en la región, como el huracán Mitch en 1998, el terremoto en El Salvador en 2001 y el huracán Stan en 2005. Estos factores de expulsión se unen a otras explicaciones propias de las dinámicas migratorias, como la consolidación de las comunidades migrantes de estos países en Estados Unidos y el fortalecimiento de sus redes transnacionales.1

En la última década, estos movimientos migratorios irregulares hacia Estados Unidos se han producido en un contexto de incremento de la inseguridad y, por tanto, de mayor vulnerabilidad de las personas migrantes frente a amenazas de extorsión, asalto, violación, secuestro e incluso homicidio, entre otras. Esta situación se ha acentuado y agravado por el aumento de la violencia en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, así como por el endurecimiento cada vez mayor del control fronterizo en el sur de Estados Unidos y la continuidad de las acciones de retención de migrantes indocumentados por el gobierno mexicano a lo largo de todo el país.

Ese aumento de los riesgos, en particular de la violencia, así como las constantes violaciones a los derechos de los migrantes y las políticas de control migratorio, ocupan la mayor parte del trabajo de los gobiernos, la sociedad civil y la academia de México y Centroamérica, así como de organismos internacionales, en lo relativo a la migración de tránsito por México. Los enfoques que han prevalecido sobre migración internacional hasta hace poco años, se han centrado en el origen y destino de la migración, y no en los procesos de desplazamiento de las personas.

Según estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación de (Segob) el número de extranjeros presentados en la región América Central, hasta el año 2016, fueron cerca de 300 mil personas que se encontraban en tránsito, de las cuales detuvieron casi a 200 mil y deportaron casi a 140 mil.

La gravedad de esta situación no sólo reside en las cifras, sino también en que varios de los hechos de violencia  que más han llamado la atención en México en los últimos años han estado relacionados con los centroamericanos en tránsito y el incumplimiento de la defensa de los derechos humanos de estos migrantes forzados; entre muchos otros, sin duda lo más mediáticamente “visibles” han sido las masacres de San Fernando en 2010 y de Cadereyta en 2012 –donde se transgredió brutalmente el derecho al respeto de la vida–, la crisis de los niños y adolescentes migrantes no acompañados de 2014 y 2015 –donde se les negó el derecho al asilo/refugio–, la trata de personas y explotación sexual de mujeres en la frontera sur de México y los crímenes y violencia hacia centroamericanos que condujeron a la situación de los migrantes mutilados, donde se le negó el derecho a la integridad física.

Los crímenes y violencias que padecen los migrantes en su travesía, aunque son diferentes –según estén en su país natal, en México o en Estados Unidos–, están encadenadas entre sí y van incrementado la vulnerabilidad de los centroamericanos. Según datos del informe de Redodem de 2015, los crímenes que sufren los migrantes en su paso por México acontecen sobretodo en el suroeste del país –en primer lugar Chiapas, luego Veracruz, Oaxaca y Tabasco y los principales agentes que cometen los delitos son el crimen organizado –con 45.72 por ciento de los ilícitos– y diversas autoridades del Estado– con un 41.5 por ciento y comprendiendo varias fuerzas de seguridad como Policía Federal, Policía Municipal, Policía Estatal–. Los actos delictivos más frecuentes son el robo –66.48 por ciento de los delitos–, extorsión –25.68 por ciento–, lesiones –2.5 por ciento–, secuestro –1.3por ciento–, abuso de autoridad –0.81 por ciento, pero también acontecen casos de abuso sexual, amenazas, homicidio, intimidación, soborno, tráfico de personas, violación sexual.2

En México, en tanto como país de tránsito, los centroamericanos padecen con frecuencia la falta del respeto de los derechos humanos, principalmente el tener acceso a pedir refugio y asistencia, pero también a la integridad física y el respeto a la vida. Y aquellos pocos centroamericanos que tras un arduo camino logran llegar a Estados Unidos, están todavía proclives a sufrir explotación laboral y exclusión social, sin la garantía de tener acceso a un salario justo, a seguridad social y derechos laborales.

De este modo, la falta de protección y vulnerabilidad de los migrantes se estructura sobre la ausencia de los derechos humanos, tanto en el origen en sus países en Centroamérica, como en el tránsito por este país –que hipotéticamente dado el carácter universal de los derechos humanos no se restringen ni están acotados a un territorio nacional ni coartados por fronteras–. No obstante, la realidad es muy distinta; y en su paso por México los centroamericanos frecuentemente no tienen derechos al tránsito ni a la integridad física y el respeto a la vida, y muy pocas veces cuentan con la posibilidad efectiva de solicitar asilo y refugio. La violencia que padecen en este país se estructura, tanto en la ausencia del ejercicio de la ley y la permanencia de la impunidad, como en la libertad de acción y operación de los grupos de la delincuencia organizada.3

Aunado a esta situación, se presenta un problema más que lacera su condición: la estigmatización social, pues sufren de los supuestos convencionales de un sector de la sociedad, quien considera que los extranjeros o inmigrantes no deberían tener los mismos derechos que los nacionales. Y finalmente, la situación que los pone más cerca de la vulnerabilidad es la existencia del desconocimiento del sistema jurídico y la administración del país de acogida, o de tránsito, y que en determinado momento podría ser el mecanismo que salvaguarde su integridad personal.4

Ante la situación cotidiana que enfrentan los migrantes centroamericanos, es necesario subsanar las carencias de los instrumentos legales de protección a los migrantes, pues aunque éstos existen, la política migratoria del gobierno mexicano pareciera responder a las peticiones de los países de destino, sin tomar en cuenta el diseño y aplicación de políticas migratorias humanistas.

De esta manera, más allá del reconocimiento de la problemática, el gobierno mexicano, por medio de las autoridades competentes en la materia, deberá comenzar a atenderla; todo esto con el motivo de que los migrantes centroamericanos comiencen su travesía hacia su destino a través de un camino que garantice sus derechos y libertades mínimos manteniendo su dignidad y calidad de vida, y no en un trayecto que se convierta en una pesadilla para ellos; debemos entender que de no comenzar a actuar el Gobierno y la Sociedad Mexicana no podrán promover la protección de los derechos humanos de los connacionales en los Estados Unidos, sobre todo si no mejoran las condiciones y el trato de los migrantes en el territorio propio.

Todo ello tiene la única finalidad de consolidar una nueva cosmovisión de los derechos humanos y la migración, que represente una contribución para el desarrollo y bienestar de México.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de su Red Consular y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en conjunto realicen las acciones necesarias para garantizar en el ámbito de sus competencias, el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes Centroamericanos que se encuentran en tránsito dentro de México y a la concertación en aras de la solidaridad Centro y Latinoamérica, para crear un esquema de cooperación consular.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Suscriben

Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Gabriela Cuevas Barron.

1 moneda, D. (2017). DDHH en la frontera sur: la otra cara de la moneda - Mexican Times. [online] Mexican Times. Available at: http://themexicantimes.mx/ddhh-en-la-frontera-sur-la-otra-cara-de-la-moneda/ [Accessed 27 Feb. 2017].

2  Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. Redodem.

3 Gzesh, Susan, “Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos humanos”, Revista Migración y Desarrollo, número 10, 2008.

4 Fuentes-Reyes, G. and Ortiz-Ramírez, L. (2017). El migrante centroamericano de paso por México, una revisión a su condición social desde la perspectiva de los derechos humanos.[online] Convergencia.uaemex.mx. Available at: http://convergencia.uaemex.mx/article/view/1101/1721 [Accessed 27 Feb. 2017].






De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al “Día para la Cero Discriminación”. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA Y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA PARA LA CERO DISCRIMINACIÓN, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el inicio de la epidemia del SIDA en la década de 1980 hasta la actualidad, 78 millones de personas han sido infectadas con el virus del VIH y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA1.

De acuerdo con ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas encargada de coordinar la respuesta global ante el VIH/SIDA, al cierre de 2015 se tenían las siguientes cifras2:

• 36.7 millones de personas viven con VIH, de los cuales 34.9 millones son adultos y 1.8 millones son niños menores de 15 años.

• Se registraron 2.1 millones de nuevas infecciones con VIH, de los cuales 1.9 millones son adultos y 150 mil son niños menores de 15 años.

• 1.1 millones personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, de los cuales 1 millón son adultos y 110 mil son niños menores de 15 años.

• Diariamente ocurren 5 mil 700 nuevas infecciones en el mundo, de las cuales el 66% son en África Subsahariana.

A pesar de estas cifras, el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, ha reportado importantes progresos3:

• En 2015 se invirtieron 19 mil millones de dólares en acciones de respuesta al VIH.

• En junio de 2016, 18.2 millones de personas tuvieron acceso a la terapia antirretroviral.

• De 2000 a 2015 se ha reducido de 8 a 1 el número de pastillas diarias que son necesarias para el tratamiento del VIH; y el costo de terapia antirretroviral se ha reducido de 10 mil a 100 dólares anuales.

En la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, se ha plasmado la preocupación de las naciones ante el tema del SIDA, por lo que dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Objetivo 3 busca “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” previendo para 2030 poner fin a la epidemia del SIDA y otras enfermedades transmisibles4.

Asimismo, la Estrategia ONUSIDA 2016-2021 se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas son:5

• Reducción de la transmisión sexual

• Prevención del VIH entre usuarios de drogas

• Eliminación de nuevos casos de infección por VIH en niños

• Acceso al tratamiento para 15 millones de personas

• Erradicación de las muertes por tuberculosis

• Reducción de las diferencias en los recursos

• Eliminación de las desigualdades de género

• Erradicación del estigma y la discriminación

• Eliminación de las restricciones de viaje

• Fortalecimiento de la integración del VIH

Con respecto a la erradicación del estigma y la discriminación, ONUSIDA indica que actualmente persisten varios retos importantes, como6:

• La vulnerabilidad de caer y permanecer en la pobreza, es más alta en los hogares afectados por el VIH.

• La falta de la cobertura universal de salud, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva, restringe el acceso a la prevención y tratamiento del VIH.

• Las enfermedades relacionadas con el VIH impiden la asistencia escolar y el aprendizaje, al igual que el estigma y la discriminación en el entorno escolar.

• Las personas que viven con VIH experimentan tasas de desempleo tres veces más altas que las tasas de desempleo nacional.

• El estigma y la discriminación hacia las poblaciones clave es un importante contribuyente a la alta prevalencia del VIH y está vinculado a un menor acceso a la atención sanitaria y la vivienda.

Asimismo, para muchos millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo, las restricciones de viaje son un recordatorio de la restricción a sus derechos fundamentales, ya que:7

• 142 países no tienen restricción específica sobre VIH para la entrada, estancia o residencia.

• 35 países imponen algún tipo de restricción a la entrada, estancia y residencia de las personas que viven con VIH.

• 17 países deportan individuos si se descubre su estado VIH-positivo.

• 14 países han eliminado recientemente las restricciones de viaje.

• 5 países tienen completamente prohibida la entrada y permanencia de las personas que viven con el VIH.

4 países requieren que una persona sea capaz de demostrar que es VIH-negativa para que se le permita quedarse.

Nuestro país, cuenta con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) el cual con base en evidencia científica, en apego a la normatividad, con respeto a los derechos humanos, la diversidad y la perspectiva de género es la instancia rectora y de coordinación de respuesta nacional al VIH e infecciones de transmisión sexual. CENSIDA reporta las siguientes cifras sobre el estado del VIH/SIDA en México:8

• En diciembre de 2015, 200 mil personas vivían con VIH y al cierre 2016, la cifra se estima en 210 mil.

• En 2015, 63% de personas conocen su diagnóstico y para 2016 se estiman 64%.

• A junio de 2016, 125 mil personas tenían acceso al tratamiento antirretroviral en todo el país.

• Las nuevas infecciones por VIH se han mantenido estables de 2011 a 2015 (11 mil al año). Cada día adquieren VIH 30 personas en México.

• Las nuevas infecciones en niños descendieron 75% del 2011 al 2015.

• Al cierre de 2015, la tasa de mortalidad por VIH fue de 3.9 por 100 mil habitantes, siendo de 1.5 en mujeres y 6.5 en hombres.

• México tiene la tasa de infección por VIH más baja en América Latina.

Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) reporta que las personas que viven con VIH o enfermas de SIDA son fuertemente discriminadas por el miedo al contagio y porque cargan con una serie de prejuicios asociados a su actividad sexual, lo que les causa una alta marginación que les impide desempeñarse plenamente en el trabajo, tener acceso a los servicios de salud y vincularse libremente con amigos y familiares.9

A pesar de las campañas informativas sobre la enfermedad, actualmente las personas con VIH aún se encuentran en una situación de desventaja, debido a los prejuicios normalizados que provocan que sean objetivo sistemático de discriminación10.

A fin de contribuir a eliminar el estigma contra las personas que viven con VIH, ONUSIDA promueve que cada año el 1 de marzo de se conmemore el “Día Internacional para la Cero Discriminación”, o simplemente “Día para la Cero Discriminación”.

Esta fecha tiene como enfoque principal divulgar información sobre el SIDA y los derechos de las personas portadoras del virus. Constituye un llamado para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, su lugar de procedencia y la persona a la que se quiere. El símbolo de la Cero Discriminación es la mariposa, reconocida mundialmente como un signo de transformación.11

El tema del Día para la Cero Discriminación en 2017 es: “Haz ruido por la #CeroDiscriminación” (Makesomenoisefor #ZeroDiscrimination), a fin de promover el compromiso para asegurar que todos, en todas partes, tengan acceso a servicios de saludos seguros y vivan la vida plenamente con dignidad.11

En el marco de esta conmemoración, consideramos importante exhortar a CONAPRED a reforzar las campañas contra la discriminación de personas que viven con VIH o SIDA, a fin de asegurar su acceso a los servicios de salud y garantizar todos sus derechos.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- En el marco del Día para la Cero Discriminación, se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a reforzar las campañas contra la discriminación de personas que viven con VIH o SIDA, a fin de asegurar su acceso a los servicios de salud y garantizar todos sus derechos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 UNAIDS. La epidemia mundial de SIDA – datos clave mundiales, recuperado en febrero de 2017, de: http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/2014/2014gapreport/factsheet

2 UNAIDS. 2016. AIDS bythenumbers, recuperado en febrero de 2017, de:
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/AIDS-by-the-numbers-2016_en.pdf

3 PEMEX, (2016) Boletín tu salud: Datos y cifras a propósito del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, recuperado en febrero de 2017, de:
http://www.pemex.com/servicios/salud/TuSalud/BoletinSalud/Documents/Revista%204/8.-NOTICIA.EV.sida.pdf

4 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 3, recuperado en febrero de 2017, de:http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

5 ONUSIDA, Acción acelerada para acabar con el SIDA, recuperado en febrero de 2017, de:
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS-strategy-2016-2021_es.pdf

6 Ídem.

7 Idem.

8 CENSIDA (2016)Día Mundial del sida, recuperado en febrero de 2017,
de:http://www.gob.mx/censida/articulos/dia-mundial-del-sida-mexico-2016-85309?idiom=es

9 CONAPRED. Discriminación personas que viven con VIH, recuperado en febrero de 2017, de: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=139&id_opcion=47&op=47

10 Ídem.

11 CONAPRED. Noticias: 1 Marzo - Día Internacional para la Cero Discriminación, recuperado en febrero de 2017, de:http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=4704&id_opcion=446&op=447

11 UNAIDS. Zero Discrimination Day 2017 (consultado en febrero de 2017)
http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/2017_zerodiscriminationday






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emprender un plan emergente de subsidios a pequeños productores del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de los precios de los combustibles que afectan la producción y tienen como consecuencia el alza en los precios de la canasta básica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los mexicanos recibieron el año 2017 con graves noticias y muchas preocupaciones, no ha sido suficiente el clima de inseguridad, violencia y miedo con el que han tenido que vivir los últimos años, ahora la zozobra recaerá en su bolsillo, esto a consecuencia del incremento a los precios de los combustibles que comenzó a operar el 1º de enero y que amenaza con un aumento desproporcional generalizado en bienes y servicios, mientras que los salarios se han quedado estancados por décadas.

Lamentablemente, el alza del costo de los combustibles ha sido una sorpresa y un duro golpe para las familias mexicanas, sin embargo, esta liberalización de precios ha sido una estrategia de la política económica establecida en México formalmente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La respuesta social ha demostrado que un número importante de la población no había comprendido el significado y alcance de basar la economía mexicana en el libre mercado, es hasta ahora que pueden sentir de manera directa los estragos del neoliberalismo en sus bolsillos.

En este sentido, la actual administración federal desde el primer día de asumir funciones, impulsó una serie de reformas estructurales que supuestamente traerían inversión económica, generación de empleos y en consecuencia bienestar para todos los mexicanos. Sin embargo, a poco más de 4 años de haber iniciado aquel ciclo reformador, la sociedad comienza a sentir los estragos de dichos cambios al entramado legal nacional.

Ejemplo de ello ha sido la Reforma Energética, la cual entre otras cosas quitó el control al Estado mexicano en materia de extracción, producción y distribución de hidrocarburos, permitiendo que empresas privadas nacionales o extranjeras participen en estas actividades, razón por la cual justificaron una serie de modificaciones al marco normativo para liberalizar el precio de las gasolinas, diésel y gas.

En la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación mediante decreto del Ejecutivo Federal, el 11 de agosto de 2014, dentro de sus disposiciones transitorias, particularmente en el Décimo Cuarto, inciso b, se estableció que en materia de regulación de los precios de las gasolinas y diésel, “a partir del 1o. de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo”, mientras que en el inciso “c” de la misma disposición se decretó que, “A partir del 1o. de enero de 2018 los precios se determinarán bajo condiciones de mercado,” en este sentido, se autorizaba la liberación de los precios de estos combustibles, y por ende el Estado mexicano dejaría de garantizar un precio justo para la población, atendiendo a la situación económica del país.

El 15 de noviembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, la cual contempla en sus artículos transitorios Décimo Primero y Décimo Segundo eliminar las disposiciones antes mencionadas de la Ley de Hidrocarburos, es decir, el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo Federal acelerar la liberación de los precios del gas, las gasolinas y el diésel, dicha disposición transitoria a la letra dice:

Décimo Primero. A partir del 1 de enero de 2017 se derogan las siguientes disposiciones:

II. La fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.

Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente:

I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país.

En razón de estos cambios legislativos, a partir del 1º de enero de 2017 en todo el país se establecieron nuevos precios a los combustibles, para ello se dividió al país en 83 regiones, los costos varían según la ubicación geográfica de cada localidad; de este modo de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, los precios por litro para la gasolina Magna oscilan entre 16.54 en Chihuahua, 16.59 en Puebla, en algunas de las zonas geográficas más caras, hasta 15.34, como son los casos de Yucatán, 15.33 Veracruz, o 15.9 en Quinta Roo; en cuanto la gasolina Premium la variación de costos va de los 18.4, 18.36, en Chihuahua y Puebla respectivamente, hasta 17.11, 17.67, en algunas regiones de los Estados de Yucatán, Veracruz y Quintana Roo, respectivamente. Por su parte el precio de Diésel oscila entre 17.68 en las regiones más caras, hasta los 16.41 pesos por litro en las regiones con menores precios. Estos incrementos generalizados en todo el país, representan un alza de alrededor del 20 por ciento, respecto de los precios que mantenían los combustibles hasta diciembre de 2016.

Como respuesta a estos incrementos, miles de ciudadanos en todo el país salieron a las calles a repudiar el alza en los precios de los combustibles, en los primeros días del mes de enero en todos los Estados se reportaron manifestaciones y bloqueos, lamentablemente, la ocasión también fue aprovechada por grupos de personas que incitaron a la violencia, ocasionando saqueos y ataques a más de 300 establecimientos en distintos puntos del país, los cuales han sido perpetrado por al menos un millar de personas, lo que desencadenó lamentablemente la muerte de por lo menos 6 personas como consecuencia de los disturbios.1

Frente a este escenario, el pasado 5 de enero, el Ejecutivo Federal en un mensaje a la nación y de manera improvisada, buscó exculpar mediante mentiras a su administración del alza de los combustibles, esto al señalar por ejemplo que “este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni a los impuestos”, argumento que a todas luces es falso, pues tal y como ha sido mencionado anteriormente, la liberalización de los precios del gas, gasolinas y diésel era un ajuste contemplado en la Ley de Hidrocarburos, la cual fue una propuesta hecha en el marco de la reforma energética del Ejecutivo Federal, y que dio total apertura para que empresas privadas nacionales y extranjeras compitieran con Petróleos Mexicanos en la extracción, distribución y venta de hidrocarburos a pesar de los señalamientos hechos en su momento por expertos en la materia de que esos cambios legales no beneficiarían al país.

Del mismo modo, buscó responsabilizar a la administración federal anterior, aludiendo que aun teniendo excedentes por ingresos petroleros, no se invirtieron dichos ingresos, sin embargo, el Ejecutivo olvidó mencionar que durante aquel gobierno, el Partido Revolucionario Institucional, desde el Congreso pudo mantener equilibradas las finanzas públicas del Estado mediante la aprobación de un presupuesto responsable, sin embargo, actuó de manera irresponsable y en complicidad con los planes privatizadores.

Asimismo, en su mensaje el Ejecutivo Federal señaló que los subsidios a las gasolinas, diésel y gas que operaban hasta diciembre de 2016, beneficiaban principalmente y en mayor medida al 10% de la población de mayores ingresos, es decir a 12 millones de personas, quienes consumen en promedio el 40% del total de la gasolina en el país, no obstante, omitió mencionar que un alza en el precio de los combustibles también representa un duro impacto para casi 50 millones de mexicanos considerados de clase media, quienes sostienen en gran medida las finanzas públicas del país mediante el pago de impuestos.

Además, aunque los datos aparentemente le dan la razón, no lo es del todo, porque el hecho de que los precios de los combustibles se mantengan bajos, permite que el costo indirecto de otros bienes y servicios que sí consumen los habitantes de menores ingresos y que son de primera necesidad, sean accesibles para ellos, lo que evita un encarecimiento de la vida y en consecuencia se elude que la gente en situación de pobreza sufra mayores estragos por su condiciones social.

En este sentido, a raíz del incremento de los precios de los combustibles se lanzaron diversas críticas, incluso de parte de quienes aprobaron en noviembre pasado la Ley de Ingresos de la Federación, y peor aún, de parte de quienes habían propuesto desde el 2015 acelerar la liberalización de los precios de los combustibles.2 Al mismo tiempo, surgieron diversas propuestas por parte de organizaciones empresariales, partidos políticos y la sociedad civil, las cuales versan sobre la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, aplazar la liberalización de los precios, disminuir la importación y aumentar la producción nacional de estos combustibles.

Frente al descontento social, el mismo 9 de enero el Ejecutivo Federal dio a conocer un fallido intento de Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el cual contempló una serie de medidas que pretenden disminuir el impacto del aumento de los combustibles, sin embargo, dicho acuerdo no toma en cuenta la opinión de los ciudadanos inconformes, y tampoco ha sido bien recibido entre el sector empresarial, al grado que organismos  como la  Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), rechazó firmar dicho acuerdo bajo el argumento de que el documento no fue consensuado debidamente y se corre el riesgo de convertirse en una “estrategia de comunicación o imagen pública”.3 Esta acción habla de que ni siquiera el sector empresarial, el mismo que en su momento apoyó la reforma energética, ve con buenos ojos el aumento a los combustibles, ni las medidas anunciadas por el Gobierno Federal.

De este modo, la presión social logró que el alza de la gasolina programado para los primeros días de febrero se aplazara, incluso a partir del 18 de febrero en promedio a nivel nacional el precio de la gasolina bajó alrededor de dos centavos, cifra que si bien no resulta significativa, permitió detener el alza de los combustibles.

Las repercusiones no se han hecho esperar, líderes del sector agrícola han alertado por un lado respecto del alza de los precios de los productos del campo, y por otro lado, estiman que las ganancias para los productores agrícolas podrían disminuir alrededor de un 20 por ciento. Además, la canasta básica ha resentido el costo de los combustibles, ya que el precio de la gasolina Magna subió 14.2%; la Premium 20.1% y 16.5% el diésel, con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016. Fue a partir del 1 de enero que el precio de la gasolina tuvo aumentos de hasta 20% en todo el país
El precio de los combustibles en México está entre los seis más económicos en América Latina. Sin embargo, esto no significa que el costo para los mexicanos también lo sea, pues el salario mínimo en nuestro país es de los más bajos de la región, con 73.04 pesos por día (alrededor de 2 mil 100 pesos mensuales) y, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el promedio de ingreso cada 30 días de un mexicano está por debajo de los 7 mil pesos.4

Citando a Gerardo Esquivel, analista de BBC Mundo, “A nivel individual habrá un aumento en el costo de vida y por lo tanto un menor nivel de bienestar, y eso es inevitable cuando hay un aumento de la gasolina”, esto se verá reflejado todos los días con este nuevo esquema de ventas del hidrocarburo, producto de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

Con este nuevo esquema los mexicanos enfrentaran dos efectos negativos para su economía, uno de esos efectos es que para llenar el tanque de gasolina de su automóvil tendrán que desembolsar más dinero que en años anteriores; el otro efecto negativo y más preocupante para la economía familiar de los mexicanos es el alza en precios de la canasta básica, los productos de los bienes y servicios, desde un artículo para el hogar hasta prendas de vestir y alimentos. El productor tendrá un incremento en sus costos variables, dependiente en el alza del combustible que el productor ocupa para movilizar sus servicios.

Un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM indica que se han registrado en el país alzas en productos como la cebolla que paso de 12 pesos por kilo a 15 pesos por kilo, el huevo paso de 24 pesos por kilo a 26 pesos por kilo, el pollo paso de 88 pesos por kilo a 95 pesos kilo, la papa paso de 8 pesos por kilo a 11 pesos por kilos y la tortilla paso de 10 pesos por kilo a 12 pesos por kilo. Este mismo análisis redacta que tras el gasolinazo los productos de la canasta básica han aumentado hasta 17.7 por ciento.

Es por ello que el objeto del presente punto de Acuerdo es exhortar en primer lugar a las Secretarías de Hacienda y de Agricultura a fin emprender un plan emergente de subsidios a pequeños productores del campo en todo el país, con el objeto de evitar un fuerte impacto en sus economías familiares y otorgarles condiciones para competir contra los grandes productores del campo, sobre todo para la compra de combustibles.

El 2017 inició con grandes y graves problemas para los mexicanos, el país necesita acciones y estrategias globales para evitar una crisis económica de grandes dimensiones, es necesario más que la voluntad política y la empatía con el malestar social, se requiere de un cambio en la política económica del país, la implementación del neoliberalismo en los últimos años ha demostrado que no es la ruta correcta para México, es urgente un viraje en esta materia, antes de que sea irreversible una crisis económica de magnitud incontrolable.

La muestra del descontento social debe ser escuchada y atendida por los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, el hartazgo social cada día encuentra mayor eco en las voces ciudadanas que exigen poner fin a la clase política que se enriquece y vive del dinero público, es urgente emprender acciones congruentes entre el discurso político y los hechos.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías, de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de emprender un plan emergente de subsidios a pequeños productores del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de los precios de los combustibles que afectan la producción y tienen como consecuencia el alza en los precios de la canasta básica.

Dado en el salón de sesión de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017

Sen. David Monreal Ávila.

1 “Confirman dos muertos en Ixmiquilpan, Hidalgo, tras protesta violenta contra el gasolinazo”, Animal Político, [en línea], consultado: 09/01/2017, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/01/muertos-protestas-gasolinazo/

2 Véase “INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO DECIMOCUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE HIDROCARBUROS”, [en línea], consultado: 09/01/2017, disponible en_: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-12
1/assets/documentos/Inic_PAN_Burquez_transitorio_ley_hidrocarburos_precio_gasolina.pdf

3 Reyna, Quiroz Julio, “Rechaza Coparmex pacto económico”, La Jornada, [en línea], consultado 10/01/2017, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/09/coparmex-rechaza-pacto-economico

4 Christian Pérez Vega. “Un nuevo golpe a los bolsillos”, El Universal, México, 02 de septiembre de 2017, [Consultado: 27 de febrero de 2017] Véase en Línea: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/autopistas/2016/09/2/un-nuevo-golpe-los-bolsillos






Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a definir políticas que impulsen la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales y la sustitución de importaciones con mecanismos efectivos de financiamiento y estímulos fiscales a la investigación y capacitación, que respondan a prioridades sectoriales y regionales y que incluya como componentes fundamentales para la transformación económica, la productividad y la competitividad. Se turna a la Comisión de Fomento Económico.

El que suscribe, Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es urgente que México logre construir un modelo de desarrollo capaz de generar empleo y evitar pobreza y desigualdad. Esto nos obliga a revisar las estrategias económicas que habremos de emprender en los próximos años tomando en cuenta además del     contexto económico mundial, las reformas estructurales hasta ahora alcanzadas en nuestro país.

El llamado a la unidad nacional motivado por un entorno internacional adverso, debe contar con contenidos y no quedarse en un llamado retórico estéril y vacío.

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que el actual modelo de desarrollo implementado en México y el mundo en general, luce débil y con señales de agotamiento. Como país seguimos creciendo a la mitad de nuestro potencial, lo que evita reducir los niveles de desigualdad y el estancamiento de nuestra economía. De ahí la importancia de incrementar la productividad y promover un crecimiento económico más incluyente.

Otro factor a tomar en cuenta, es que nuestra nación muestra grados alarmantes de desigualdad en el ingreso y el nivel de pobreza, significándose por ser de los más altos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).1

Por ello y frente al escenario mundial imperante, nuestro crecimiento debe estar sustentado en el fortalecimiento del mercado interno. Para lograrlo, necesitamos un mayor fomento de las actividades productivas tanto en la industria como en el campo, lo que implica una política fiscal y de financiamiento que ayuden a impulsar un modelo de desarrollo económico capaz de fortalecer el mercado interno y combatir el desempleo, la pobreza y la desigualdad.

Como se ha dicho, nuestra economía no crece desde hace por lo menos 20 años a las tasas requeridas para generar estabilidad económica. Esto provoca necesariamente que no se generen los empleos necesarios ni los bienes y servicios indispensables para el desarrollo individual y familiar de los mexicanos.

De ahí la necesidad de definir políticas que impulsen la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales y la sustitución de importaciones con mecanismos efectivos de financiamiento y estímulos fiscales a la investigación y capacitación, que respondan a prioridades sectoriales y regionales y, que incluya como componentes fundamentales para la transformación económica, la productividad y la competitividad.

México debe en este momento de incertidumbre mundial y del surgimiento de sentimientos nacionalistas y proteccionistas (principalmente de los Estados Unidos de América nuestro mayor socio comercial),estar concentrado en una política económica que, además de incentivar el mercado interno y la diversificación de los mercados hacia el exterior, permita una distribución más equitativa de la riqueza nacional, sea capaz de crear empleos y fortalecer los salarios reales para crecer con equidad y estabilidad, solo así lograremos encontrar un punto de inflexión que nos meta de lleno y en mejores condiciones en los mercados globales.

Frente a las amenazas externas no podemos permanecer cruzados de brazos. Es así que el exhorto al Gobierno Federal busca como propósito diseñar una política fiscal donde los incentivos sean un factor para impulsar la reconstrucción de cadenas productivas nacionales y la sustitución de importaciones por medio de la investigación y la capacitación, la productividad y la competitividad, con el objetivo de lograr el crecimiento sostenido de la economía, recursos humanos calificados, desarrollo e innovación tecnológica, ahorro e inversión productiva, así como un marco regulatorio que asegure la más amplia participación de los actores privados y sociales para garantizar precios de bienes y servicios accesibles para el sector productivo en beneficio de los propios consumidores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE),a definir políticas que impulsen la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales y la sustitución de importaciones con mecanismos efectivos de financiamiento y estímulos fiscales a la investigación y capacitación, que respondan a prioridades sectoriales y regionales y, que incluya como componentes fundamentales para la transformación económica, la productividad y la competitividad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1 Consultar en: http://www.oecd.org/mexico/41527743.pdf





Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a incorporar a la estimulación cerebral profunda como tratamiento innovador dentro del Seguro Popular, sobre todo para pacientes de 50 años o menos que padecen la enfermedad de Parkinson. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a proteger los derechos humanos de los migrantes en el territorio nacional. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A SUS DEPENDENCIAS A PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES EN EL TERRITORIO NACIONAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es de conocimiento general que el hecho de compartir de más de tres mil kilómetros de frontera con los Estados Unidos de América, es un aspecto crucial que promueve la intensificación del fenómeno migratorio debido a las dificultades del comportamiento de las economías de algunos países en desarrollo, como es el caso de nuestro país y otros países de la región.

Este fenómeno es un tema de vital importancia en las decisiones económicas de las naciones teniendo en cuenta las repercusiones, causas y consecuencias que conlleva el proceso de migración. En este sentido y derivado de una gira de trabajo en Centroamérica del alto Comisionado Adjunto de Naciones Unidas para los Refugiados, se reportan anualmente 450.000 personas provenientes de la región que transitan por México para llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, actualmente el mundo se enfrenta a un nuevo paradigma de la política internacional de los Estados Unidos de América lo cual repercutirá directamente a los migrantes, quienes están bajo amenaza de ser deportados. Adicionalmente, esta situación se intensifica en las frontera geográfica que ese país tiene con el nuestro, con la construcción del muro fronterizo, toda vez que con él se buscará detener los procesos migratorios de México a los Estados Unidos de América.

Lamentablemente, la reunión del pasado 23 de febrero que sostuvo el canciller mexicano Luis Videgaray con los secretarios estadounidenses, Tyllerson y Kelly evidencia que algunos de nuestros funcionarios están genuinamente convencidos de que el problema de los Estados Unidos de América con los migrantes se circunscribe a aquéllos de origen centroamericano.

En la conferencia de prensa que derivó de la citada reunión, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país comentó que ambas naciones, de manera conjunta, convocarían a un encuentro regional para discutir sobre la problemática y los factores que producen la migración centroamericana, en el entendido de que es a través del desarrollo y la estabilidad como realmente pueden atenderse las causas de la migración.

Sin embargo, tal y como señala Gerardo Esquivel en su editorial “México y Centroamérica en la era Trump” (publicado el 24 de febrero de 2017 en el diario El Universal) esta afirmación deriva de un diagnóstico equivocado, porque según el canciller, México ya no es un país generador de migrantes sino solamente un país de tránsito. Sin embargo, de acuerdo a las cifras oficiales de la Immigration and Customs Enforcement (Agencia encargada de temas aduanales y de inmigración en Estados Unidos de América), 62.4% de todos los deportados en 2016 fueron de origen mexicano y sólo el 32% correspondieron a migrantes provenientes de países centroamericanos.

Por si fuera poco, durante el año 2016 el balance provisional de migrantes y refugiados fallecidos a nivel mundial fue de casi 7,500 personas de las cuales aproximadamente 700 se atribuyen a la ruta que se sigue para llegar a Estados Unidos, una cantidad superior a los cerca de 500 de los años 2014 y 2015.

Ante estas cifras es innegable que el secretario de Relaciones Exteriores se equivoca, porque si bien somos un país de tránsito de migrantes, también somos un país generador y es que tanto México como Centroamérica compartimos los factores que en su discurso, el secretario atribuyó como generadores de la migración, es decir, la falta de desarrollo y la inestabilidad e inseguridad en vastas regiones del país. Es ampliamente conocido que las condiciones que enfrentan los migrantes en sus países de origen suelen ser tanto de violencia como de la falta de oportunidades. A la vez son víctimas de fenómenos como el desplazamiento forzado y falta de asilo, por lo que terminan convirtiéndose en migrantes que en muchas ocasiones transitan de un país a otro de manera ilegal.

Adicionalmente, ese error de percepción del canciller, revela una actitud colaboracionista del gobierno mexicano con el norteamericano, en el sentido de que tal como lo señala Esquivel, “México parece estar dispuesto a seguir fungiendo como el policía fronterizo de Estados Unidos.” Esta circunstancia puede tener una serie de consecuencias nocivas tanto para nuestro país en términos de soberanía y desarrollo de su política internacional en la región, como en la protección de los derechos humanos de la población migrante tanto de Centroamérica como de nuestro país.

Se trata de cumplir con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo primer párrafo establece que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así en calidad de personas sin que medie adjetivo alguno, sean ciudadanos o no, residentes o visitantes, nacionales o extranjeros, migrantes legales o ilegales, los derechos humanos se les deben garantizar a todos.

Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Migración, establece entre los principios que regirán la política para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, la hospitalidad y la solidaridad, pero sobretodo, la congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos para los migrantes en su territorio, que reclama para sus connacionales en el exterior.

Es por ello que México debería adoptar una postura solidaria con los migrantes centroamericanos, defensora de los derechos humanos, así como respetuosa del derecho internacional humanitario. Debemos reconsiderar nuestra política de visas y de trato hacia los migrantes centroamericanos. En estos tiempos en que Estados Unidos de América ha adoptado una política de cerrar puertas, nosotros abrámoslas a nuestros hermanos centroamericanos.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de sus dependencias diseñe una política que garantice la protección de los derechos humanos de los migrantes que transitan en nuestro territorio nacional, en los términos previstos por nuestra Constitución y demás normatividad aplicable.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a reforzar los mecanismos y medidas de seguridad enfocados a garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos de los migrantes que transitan en nuestro territorio nacional.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la secretaría de Relaciones Exteriores a que por medio de los conductos diplomáticos correspondientes, se diseñe una política conjunta con los países Centroamericanos, que garantice la protección de los derechos humanos de los migrantes desde una perspectiva multinacional y coordinada.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a reorientar el gasto público y destinar mayores recursos presupuestarios, de carácter extraordinario, para garantizar una política migratoria enfocada a proteger los derechos humanos de los migrantes que transitan en nuestro territorio nacional.

Quinto. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, implemente un programa para que los ciudadanos y residentes de los países centroamericanos, puedan ingresar a nuestro país, únicamente presentando su cédula de vecindad, documento personal de identificación, su pasaporte o documento de identidad y viaje, original, válido y vigente.

Sexto. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 2 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas estatales, elaboren programas, políticas públicas y acciones encaminadas a brindar atención médica de calidad y universalidad del Sistema Nacional de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Históricamente en México el derecho a la salud se consagró en la Constitución Federal el 3 de febrero de 1983, así quedó contemplado en el párrafo cuarto del artículo 4° Constitucional: “toda persona tiene derecho a salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción del artículo 73 de esta Constitución”.

Asimismo, en el artículo 2, apartado B, fracción III, establece: “Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.”

En razón a lo anterior, y en concurrencia con el artículo primero de la Constitución  el derecho a la salud es una prerrogativa que tiene cualquier ser humano por el simple hecho de serlo, el cual por ningún motivo, razón o circunstancia podrá suspenderse o restringirse, salvo los casos que contempla el artículo 29 de la misma Constitución.

Derivado de lo anterior es claro que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud, en este sentido la Ley General de Salud, distribuye las facultades y atribuciones para poder garantizarlo en su artículo 5:

“El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud”.

Asimismo el artículo 6 de la mencionada ley, enuncia los objetivos del Sistema Nacional de Salud, delos cuales, en su fracción I asevera:

“Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas”;

De lo anterior, se puede deducir que se encuentran de manera explícita e implícita dos principios (mínimos) que debe seguir el Sistema Nacional de Salud, que son universalidad y calidad; el primero es entendido como pro homine; es decir, una prerrogativa que tiene todo ser humano por el simple hecho de serlo. El segundo principio está íntimamente ligado a la salud; en razón de que, de ninguna manera se pueden brindar servicios de salud en condiciones precarias o insalubres, pues ello llevaría al empeoramiento de la misma, por tal motivo se debe entender como el “Grado en el que un conjunto de características inherentes, cumple con la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria”.1

Para cumplir con antes mencionado el artículo 13 de la Ley General de Salud establece la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad; el Sistema Nacional de Salud está integrado por:2

1. Secretaría de Salud. Ejerce atribuciones de rectoría, regulación, control y fomento sanitarios.

2. Servicios Estatales de Salud (SESA). Quienes tienen las funciones de planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud, formular y desarrollar programas locales de salud de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), llevar a cabo programas y acciones en materia de salubridad local, y elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales competentes.

3. Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). Órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica, administrativa y operativa que se encarga principalmente de establecer las medidas y acciones para la debida tutela de los derechos de los beneficiarios del Sistema; administrar los recursos financieros para el desarrollo de programas de salud, promover y coordinar las acciones de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) y evaluar su desempeño.

4. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Cuenta con un régimen obligatorio, que protege a la mayoría de sus afiliados, y un régimen voluntario. El régimen obligatorio comprende cinco ramos básicos de protección social, incluyendo el seguro de enfermedad y maternidad. Las personas no asalariadas pueden establecer un convenio voluntario con el IMSS a fin de obtener parte de los beneficios médicos del seguro de enfermedades y maternidad.

5. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Cuenta con un conjunto de beneficios similares a los que ofrece el IMSS, su seguro de salud garantiza el acceso a servicios de medicina preventiva, maternidad, atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, y de rehabilitación física y mental.

6. Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR). Los asegurados cuentan con beneficios parecidos a los del IMSS e ISSSTE, incluyendo atención médica, quirúrgica y hospitalaria de primero, segundo y tercer niveles, cobertura farmacéutica y de rehabilitación y seguros por riesgos de trabajo, jubilación e invalidez.

7. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Encargado de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total en México fue de 119,530,753 personas, de las cuales, 82.2% estuvieron afiliadas a los servicios de salud tanto públicos como privados, es decir, 98,230,372 personas tienen algún servicio de salud, y el 17.2% del total de la población, que corresponde a poco más de 20.6 millones de personas no tienen ningún tipo de seguridad social.

Porcentaje de afiliados por institución3

SP

IMSS

ISSSTE

PEMEX SEDENA SEMAR

SECTOR PRIVADO

SIN SEGURIDAD SOCIAL

%

49.90

39.2

7.7

1.2

3.3

17.2

Fuente: Elaboración propia con base en el 4to Informe de Labores 2015-2016, Secretaría de Salud.

Un sistema nacional de salud y su buena ejecución necesita de planeación a detalle, programación que se respete y un presupuesto que abarque las necesidades administrativas que conlleve su aplicación. México invierte de manera equivocada en salud pública. En proporción, el dinero que gasta en salud es incluso menor al que asignan países con desarrollo similar: los cerca de 1.2 billones de pesos que destina México equivalen al 6.2% del PIB, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el gasto en salud  promedia 9.6% del PIB.4

Sumado a lo anterior, la alta rigidez en la burocracia del sector salud dedica tareas administrativas que conllevan mayor recurso financiero y provoca que México gaste tres veces más del promedio de los países de la OCDE. Ante este mal balance, se ha hecho un análisis que deriva en arriesgadas medidas que tienen como fin alianzas con los servicios privados y así complementar a las instituciones públicas.

Es necesario que el gobierno mexicano, que en 14 años ha aumentado el presupuesto para salud en 1.1 puntos del PIB,5 cambie el enfoque y destine, cuando menos, el equivalente a 7% del PIB. En el papel, más de 90% de los mexicanos tienen algún tipo de cobertura en el sistema público, pero millones de asegurados huyen de los hospitales públicos y optan por el servicio médico privado.

No será sencillo encontrar los mecanismos que permitan aumentar el presupuesto para salud. Si se habla de impuestos, a raíz de la reforma fiscal, la actual administración se comprometió a no crear más impuestos en lo que resta de su administración. Además de que, hasta ahora, más dinero no ha significado una mejor salud pública. 

Se estima que casi 10% del dinero se va en gastos administrativos, lo que contrasta con el promedio de 4% entre los países de la OCDE. Y en los peores casos, el dinero termina en los bolsillos de los funcionarios. “Eso que pasó en Tabasco –el desvío el año pasado de alrededor de 1,200 mdp que procedían del Sistema de Salud Pública y que estaban destinados a servicios-“.6

Toda organización pública tiene, dentro de su estructura, una serie de valores que debe seguir, para el caso del sector salud, la responsabilidad de ofrecer un derecho fundamental tienen a su aparato administrativo en evidente crisis organizacional, el interés común se ha dejado a un lado por las visiones equivocadas de administraciones enfocadas en hablar con número y no con resultados palpables. Es necesaria una evaluación que permita generar retroalimentación que derive en políticas públicas generadoras de calidad en el servicio y una evaluación que también permita a las organizaciones encontrar las fallas administrativas que han provocado fuga de capital y mala productividad.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que:

a) En coordinación con sus homólogas estatales elaboren programas, políticas públicas y acciones encaminadas a brindar atención médica de calidad e universalidad del Sistema Nacional de Salud.

b) Genere, en función de su presupuesto, acciones específicas que contengan mecanismos financieros viables, para el mejoramiento de los servicios del Sistema Nacional de Salud.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 2 de marzo de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Definiciones y conceptos fundamentales para la calidad en salud [en línea]. Consultado el 03 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.calidad.salud.gob.mx/site/editorial/docs/dgr-editorial_00E.pdf

2 4to Informe de Labores 2015-2016, Secretaría de Salud, p. 31-32.

3 Es importante mencionar que al sumar los porcentajes da un total de 118.50%

4 FORBES, “La verdadera enfermedad del Sistema de Salud Mexicano”, Consultado el 27 de febrero de 2017 [En Línea], Disponible en: http://www.forbes.com.mx/la-verdadera-enfermedad-del-sistema-de-salud-mexicano/#gs.UoTvoao

5 Ibidem.

6 Ibidem.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud a fortalecer la cooperación en materia de salud con la República de Cuba, en el marco del diálogo y los acuerdos asumidos tras la XVI Reunión Interparlamentaria entre México y Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A FORTALECER LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE SALUD CON LA REPÚBLICA DE CUBA, EN EL MARCO DEL DIÁLOGO Y LOS ACUERDOS ASUMIDOS TRAS LA XVI REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA ENTRE MÉXICO Y CUBA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Con la celebración de la XVI Reunión Interparlamentaria México – Cuba, del 16 al 18 de febrero del año en curso, en Yucatán, México, los legisladores de ambos países desempeñaron un papel significativo en la dinámica de forjar nuevos mecanismos bilaterales entre ambas naciones. Los trabajos han resultado un elemento trascendental al introducir nuevos métodos de conducir la política exterior de los Estados, ya que representa un complemento a la diplomacia gubernamental tradicional.

Hasta la fecha, existen más de 100 instrumentos intergubernamentales e interinstitucionales vigentes y varios grupos de trabajo que se especializan en el fortalecimiento de la relación bilateral con Cuba.

Desde el punto de vista económico, a nivel regional México es el 16° socio comercial de Cuba, mientras que la Isla para México es el 57° socio comercial. Con base en datos arrojados por el Ministerio de Comercio de Cuba, cabe mencionar que México es el 6° proveedor de Cuba a nivel mundial y el 20° destino de sus exportaciones.

Desde 2011, la política exterior de Cuba está pasando por un proceso de actualización en respuesta a las reformas aprobadas por el Partido Comunista de Cuba (PCC). Las relaciones y vínculos económicos y políticos con los países de América Latina y el Caribe son importantes en esta reforma. Cabe mencionar que, en el 2013, México Condonó a Cuba el 70% de una deuda con un saldo que ascendía a 487 millones de dólares, la cual había sido contraída hace más de 15 años por medio de un crédito otorgado por el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. Lo anterior es muestra de la cercanía entre ambas naciones.

Los temas abordados durante la XVI Interparlamentaria puntualizo temas como:

• Intercambio y aplicación de prácticas exitosas legislativas y de política pública en materia de salud, educativa, cultural y deportiva.

• Áreas de oportunidad para desarrollo conjunto: fuentes renovables de energía, sector turístico, incluyendo turismo de salud, Zona Especial de Desarrollo Mariel en Cuba y Zonas Económicas Especiales en México.

En Cuba, la cobertura universal de salud está fundamentada en la estrategia de la atención primaria, es decir, disponer de un modelo público y único de prestación de servicios donde se integran las políticas, programas y redes de servicios para la protección social; poniendo especial énfasis en la promoción y la prevención, sustentadas en el principio de la intersectorialidad. Para lograr esta integración, el gobierno cubano ha elaborado políticas y programas enfocados en la epidemiología, la salud ambiental y una red pública integrada de servicios que coordina acciones y cumple las funciones de salud pública.

Actualmente, el sector salud en Cuba cuenta con 500 mil 294 trabajadores que laboran en 451 policlínicos; 10 mil 741 consultorios; mil 215 servicios estomatológicos, con 5 mil 252 conjuntos dentales; 151 hospitales con 45 mil 462 camas; 138 hogares maternos con 3 mil 589 camas; 247 casas de abuelos; 143 hogares de ancianos con 13 mil 533 camas y 13 institutos de investigación.

La planificación y formación de los recursos humanos se garantiza con el propio Sistema Nacional de Salud, que cuenta con 13 universidades, dos facultades independientes, la Escuela Latinoamericana de Medicina y la Escuela Nacional de Salud Pública. El personal docente está formado por más 36 mil 500 profesores. La formación de profesionales constituye uno de los programas con mayor aporte para que los sistemas de salud puedan ampliar su cobertura. De acuerdo con el Gobierno cubano, el aumento en el número de matrículas en las universidades de Ciencias Médicas permitirá dar respuesta a las demandas del sector salud en los próximos años.

En la enseñanza de posgrado, las actividades de superación profesional están diseñadas en función de las prioridades del Sistema Nacional de Salud, de los principales problemas de salud de los territorios y de la identificación de las necesidades de aprendizaje. Este potencial posibilita al país a contar con un médico por cada 130 habitantes, un estomatólogo por cada 671 y una enfermera por cada 123, alcanzándose cifras superiores a las que muestran países desarrollados. La densidad de médicos actualmente en la isla es de 7.7 por cada mil habitantes.

Para la exportación de los servicios médicos, Cuba ha elaborado una estrategia integradora de promoción y comercialización dentro y fuera del país, que incluye la atención médica, servicios académicos y otros servicios de salud.  Cabe resaltar que el presupuesto asignado a la salud pública y la asistencia social es el 22 por ciento del presupuesto del Estado y constituye el 9.7 por ciento del producto interno bruto.

Finalmente, es importante indicar que la diplomacia interparlamentaria fortalece las relaciones internacionales de un módulo progresista donde el diálogo prevalece en contra de la imposición y el rechazo. Vincula de forma paralela relaciones bilaterales y multilaterales entre los Parlamentos del mundo; en este tipo de práctica tienen lugar todas las ideologías políticas.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de Ley o Decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Salud a fortalecer la cooperación en materia de salud con la República de Cuba, en específico, en lo relativo a paquetes de servicios médicos, productos farmacéuticos y biotecnológicos, equipos y aditamentos combinados, así como capacitación de personal de las instituciones públicas de salud. Todo ello en el marco del diálogo y los acuerdos asumidos tras la XVI Reunión Interparlamentaria entre México y Cuba.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de marzo de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Zacatecas a materializar sus funciones de seguridad pública, atendiendo de forma urgente la situación de déficit policiaco por cada municipio en la entidad y las quejas de violaciones a derechos humanos perpetradas por autoridades en la materia registradas en 2016. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es indubitable la existencia formal del Estado, toda vez que tiende a concretar sus funciones a través de determinadas acciones atribuidas a su específica y compleja investidura. Con mayor precisión se dice que “la actividad del Estado es el conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que la legislación positiva le otorga. El otorgamiento de dichas atribuciones obedece a la necesidad de crear jurídicamente los medios adecuados para alcanzar los fines estatales”.1

Dentro de los mencionados fines que el Estado persigue, destaca la función de la seguridad pública en un sentido amplio, pues es a través de esta tarea como se puede salvaguardar la integridad de las personas, así como preservar el funcionamiento óptimo del Estado de Derecho y la paz pública. Al respecto es viable abundar que a través del tiempo se han asignado al Estado “atribuciones de mando, de policía o de coacción que comprenden todos los actos necesarios para el mantenimiento y protección del Estado y de la seguridad, salubridad y el orden públicos”.2

Como consecuencia de lo expresado en líneas anteriores, en la actualidad es posible identificar las bases teóricas y doctrinales de la conformación, atribuciones y elementos del Estado, las cuales se han fijado a través de un máximo ordenamiento, sustento de la histórica formación de todo un país. Esta premisa se puede corroborar al analizar lo contemplado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de la función de la seguridad pública, pues con atento respeto al pacto federal, el noveno párrafo del artículo 21 establece que:

“…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Siguiendo la idea de lo dispuesto por la Constitución Federal, se puede inferir que en México la función de la seguridad pública corresponde a los tres órdenes de gobierno, los cuales deben actuar coordinadamente para conseguir fines comunes, siempre y cuando se logren con la fiel observancia de principios esenciales. En este sentido, por su parte la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el artículo 3° señala que la función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, así como a través de otros órganos e instancias, sin embargo para efectos de las presentes consideraciones es importarse centrarse en las policías.

Las instituciones policiales, en su generalidad, incluyen a todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal. No obstante, este último ámbito es el más olvidado: gran parte de los municipios sufren de un déficit de personal policiaco.

Caso particular es el que se vive en el estado de Zacatecas, su situación requiere de acciones urgentes; se ha revelado que “hay un déficit de más de 900 policías en la entidad y que son las Policías Preventivas Municipales las más afectadas, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Nancy Medina Espinoza, afirmó que el sueldo también ha influido para que estas corporaciones no engrosen sus filas”.3

Asimismo, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado “explicó que de las corporaciones de seguridad quienes menos sueldo perciben suelen ser las policías municipales, por ello muchos de los aspirantes que presentan exámenes de control y confianza y los aprueban, a pesar de su intención de entrar a una policía municipal, al ver que aprobaron las pruebas deciden enfilarse en la Policía Estatal, ya que tienen un mejor salario”.4

La reacción del Gobierno Federal ante este problema, según declaraciones de  Manuel Ibarra Santos, secretario general del gobierno municipal de Zacatecas a un diario de circulación local, es que se han asignado 14 millones de pesos al rubro de seguridad pública al Ayuntamiento de Zacatecas, sostuvo que ha sido el único municipio al que le han autorizado ese recurso, pues al municipio de Guadalupe solo asignaron 11 millones para ese rubro, aproximadamente.5

Pese a la asignación de recursos para atender el rubro de la seguridad, es claro que también debieron atenderse otros factores que inciden en el mencionado déficit policiaco, pues es práctica común que ese dinero se centre en la capacitación, equipo y contracciones nuevas, descuidando aspectos como las remuneraciones de los policías y la implementación de medidas encaminadas a dar certeza de un correcto ejercicio de sus funciones con atento e irrestricto respeto a los derechos humanos.

El déficit policiaco se ha reflejado en la seguridad pública de la entidad a través del aumento desmedido de conductas criminales. Además, cabe destacar que parte del personal policiaco activo de Zacatecas genera una débil o hasta nula percepción de confianza en la población, un aspecto sumamente grave que a la luz pública hace reflexionar: si no se puede confiar en los policías ¿se podrá confiar en las demás instituciones? 

Sustento de lo referido con antelación es lo contemplado en los datos del 1er Informe de Actividades de la Doctora en Derecho Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ),6 pues las quejas registradas por autoridad presunta infractora en el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, están lideradas por policías preventivos municipales con 113 quejas, seguido por Agencias del Ministerio Público en el Estado que suman 66 quejas. Tal como se observa, las denuncias respecto del actuar de policías municipales sobresalen de las interpuestas contra cualquier otra autoridad; aun cuando las bases de datos tienden a maquillar las cifras, en Zacatecas los números son más que evidentes y comprobables.

Ante violaciones constantes a derechos humanos perpetradas por diversas autoridades que abusan y rebasan sus funciones, dejando en último lugar su deber de salvaguardar los interese colectivos, es imprescindible la actuación diligente de las autoridades estatales y municipales competentes para ubicar y erradicar de fondo las mencionadas irregularidades.

El gobierno del Estado es garante en la tarea de propiciar las bases de un Zacatecas más seguro para la ciudadanía, debe encargarse de cumplir con la Constitución Federal, los Convenios de coordinación con las Autoridades Federales y Municipales, así como de materializar lo que la propia Ley de Seguridad Pública del estado de Zacatecas establece:

“Artículo 2.- La seguridad pública, entendida como la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, las libertades y el mantenimiento de la paz y el orden públicos, es un servicio cuya prestación, en el marco del respeto a las garantías individuales, corresponde exclusivamente al Estado y a los Municipios y se realizará mediante:

I. La prevención, persecución y sanción de los delitos;

II. La prevención y sanción de infracciones a los reglamentos gubernativos;

III. El auxilio y colaboración en la investigación y persecución de los delitos;

IV. El apoyo a la población en casos de siniestros y desastres; y

V. La ejecución de las sanciones, la readaptación y la reinserción social del delincuente y la adaptación del menor infractor, así como la vigilancia de los centros de readaptación social en los que se ejecuten sanciones”.

La situación que aqueja a la entidad no puede minimizarse en lo absoluto, toda vez que se trata de una problemática latente que desde hace años no proporciona la tranquilidad, seguridad, orden y paz pública a los zacatecanos. Afortunadamente en la actualidad hay una gran facilidad para acceder a los medios de información, herramientas que son de utilidad para difundir las problemáticas actuales y ejercer presión en las autoridades responsables para que hagan su trabajo sin dilación alguna. Es derecho de todo mexicano exigir condiciones de seguridad pública a quienes por ley están obligados a procurarla.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, para que por medio del trabajo coordinado de todos sus integrantes, materialice sus respectivas funciones de seguridad pública, atendiendo de forma urgente la situación de déficit policiaco por cada municipio en la entidad y las quejas de violaciones a derechos humanos perpetradas por autoridades en la materia registradas en 2016.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de marzo de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, Porrúa, México, 2003, pág. 13.

2 Ibídem, pág. 15.

3 Aguilar, Rocío Adriana, Municipios zacatecanos, con déficit de policías, El Sol de Zacatecas [en línea], Zacatecas, 20 de febrero de 2017. Disponible en: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/zacatecas/municipios-zacatecanos-con-deficit-de-policias

4 Ídem.

5 Ponce Yazmin, Recibirá capital zacatecana 14 mdp para seguridad, El Sol de Zacatecas [en línea], Zacatecas, 9 de febrero de 2017. Disponible en: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas-locales/recibira-capital-zacatecana-14-mdp-para-seguridad

6 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 1er Informe de Actividades de la Doctora en Derecho Ma. De la Luz Domínguez Campos (Presidenta),  Zacatecas, 2016. Documento disponible en:  http://www.cdhezac.org.mx/samples/magazine/z_primer_informe.html#page/91






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California a presentar un informe en el que precise las causas y razones por las cuales mantuvo empaquetado y almacenado, por casi un año, equipo de seguridad que adquirió por medio de recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en noviembre de 2015. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que la seguridad pública, concebida como una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, es de la mayor relevancia para hacer asequibles escenarios de tranquilidad, bienestar, estabilidad y desarrollo para la población.

En este sentido, resulta fundamental garantizar que los recursos humanos, financieros y materiales que se destinen a su cumplimiento, sean utilizados con responsabilidad y oportunidad para los fines que contribuyan a ello.

Por lo que respecta a las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, para cumplir funciones como la de seguridad pública, el tercer párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal, dispone que se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas. Lo anterior, será mediante convocatoria pública y se privilegiarán las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El propio precepto jurídico establece que los recursos económicos de que dispongan los tres órdenes de gobierno, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Contrario a los planteamientos formulados, a mediados del mes de febrero del año en curso, diversos medios de comunicación dieron a conocer que el gobierno del estado de Baja California gastó 14 millones 23 mil 300 pesos en equipo de seguridad, al adquirir aparatos de comunicación y lectores biométricos, mismos que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), permanecieron empaquetados y almacenados por casi un año1.

Sobre el particular, refieren que el equipo fue adquirido mediante los recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP): fondo presupuestal mediante el que se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. A través de dicho fondo, el gobierno del estado de Baja California recibió 328 millones 400 mil 700 pesos.

En relación al equipo de seguridad que motiva el presente punto de acuerdo, se precisa que como parte de la Red Nacional de Telecomunicación, el gobierno de la entidad llevó a cabo la compra de una “Ampliación de canales para repetidor digital troncalizado” y un “Repetidor de radiocomunicación”, el cual tuvo un costo de 8 millones 800 mil pesos.

De acuerdo con información vertida en diversos medios de comunicación, dicho equipo fue entregado el 20 de noviembre de 2015 y después de realizar la inspección física en octubre de 2016, se identificó que el material referido se encontraba en cajas de madera, sin que hubiese sido utilizado todavía.

Por otro lado, señalan que en el “Sistema Nacional de Información”, el gobierno de Baja California lanzó convocatoria para la licitación de 92 lectores biométricos, misma que fue otorgada a Grupo Sata, con un presupuesto aprobado de 3 millones 948 mil 180 pesos, más 16% de IVA por traslado. Dichos lectores fueron entregados a finales de noviembre de 2015 y durante la auditoría que realizó la ASF, el costo del equipo fue comprobado por 5 millones 223 mil 300 pesos.

Ante este panorama, es de vital importancia garantizar, por un lado, que los procedimientos mediante los cuales se llevaron a cabo las adjudicaciones, hayan sido conforme a los principios rectores que marca nuestra Ley Suprema, y por el otro lado, tener conocimiento de las cuestiones por las cuales el equipo en cuestión haya estuvo sin utilizarse por casi un año, a pesar de la función para la cual se pretendía destinar.

Es en estas dos consideraciones que se basa el presente punto de acuerdo, cuyo eje central es coadyuvar en el cumplimiento de la función de seguridad pública.

Para ponderar la pertinencia del exhorto formulado, cabe mencionar que el FASP, atiende los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez Programas con Prioridad Nacional, entre ellos los siguientes: Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos; Desarrollo, profesionalización y certificación policial; Sistema nacional de información para la seguridad pública; y Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.

Bajo esta tesitura, en el grupo parlamentario del PRI, estimamos pertinente que el Senado de la República tenga conocimiento de las causas y razones por las cuales mantuvo empaquetado y almacenado, por casi un año, equipo de seguridad que adquirió por medio de recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) en noviembre de 2015.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Baja California, para que presente ante esta Soberanía Nacional, un informe pormenorizado en el que precise las causas y razones por las cuales mantuvo empaquetado y almacenado, por casi un año, equipo de seguridad que adquirió por medio de recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) en noviembre de 2015.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de marzo de 2017.

Atentamente.

1 http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/17022017/1184180-Compra-BC-equipo-por-14-
mdppara-guardarlo.html





De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público y del Consejo de la Judicatura Federal a informar diversos aspectos en materia ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de ésta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se Exhorta a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar a ésta Soberanía diversos aspectos, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cuidado del medio ambiente es un pilar primordial en el desarrollo sustentable de cualquier Nación, sin embargo, los desastres ecológicos han sido tema recurrente en los últimos años; hemos pasado por la destrucción del manglar de Tajamar en Cancún1, las descargas de aguas urbanas sin tratar en las playas de Mazatlán2 o la mortandad de peces por la contaminación en el Río Tunal, en Durango3, por mencionar solamente algunos de los daños ambientales que se viven día a día.

Con el fin de identificar el impacto ambiental que generan las actividades económicas del país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta un informe anual llamado Cuentas Económicas y Ecológicas de México. En el último reporte presentado, referente al año 2015, el costo total por agotamiento y degradación ambiental alcanzaba 907,473 millones de pesos, equivalente al 5% del Producto Interno Bruto de ese mismo año4. De manera paralela, los gastos en protección ambiental durante ese mismo año fueron de 141,933 millones de pesos, representando tan solo un 15.6% de los daños sufridos durante ese periodo.5

Para hacer frente a estas contingencias, en el marco de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, publicada el 7 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece la creación del Fondo de Responsabilidad Ambiental el cual sirva como base económica para cubrir las labores de reparación de los daños ambientales que lleguen a ocasionar terceros y que por razones de urgencia requieran una intervención inmediata. Este mismo Fondo también sirve para cubrir el pago de los estudios e investigaciones que el juez le requiera realizar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) o a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental, tal como lo establece el Artículo 45 de la mencionada Ley6.

De igual manera, su artículo 46 establece que el Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la SEMARNAT, integrándose por sanciones económicas a las personas físicas o morales que incurran en incumplir esta Ley y demás recursos que se obtengan por cualquier otro concepto. En este mismo Artículo, se dicta que el Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables.

Dicha Ley entró en vigor 30 días después a su publicación en el DOF y el Fondo debió ser constituido y aprobado en los 180 días posteriores a su entrada en vigor según sus propios artículos transitorios. A pesar de lo anterior, recientemente fue hecha pública la inexistencia del Fondo de Responsabilidad Ambiental y que ni siquiera se han establecido sus bases y reglas de operación, por lo que las multas que se han cobrado en materia ambiental han sido absorbidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria sin tener claridad en su disposición final.7

Además de lo anterior, el tercer Artículo transitorio de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, insta a establecer los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental y que debieron entrar en vigor en un término máximo a dos años contados a partir de la entrada en función de la Ley.8

La creación de los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental resulta de suma importancia y de urgente implementación, ya que se necesita de autoridades judiciales competentes que conozcan y resuelvan los conflictos relacionados con el medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a rendir un informe a esta Soberanía acerca del estado actual del Fondo de Responsabilidad Ambiental, ya tomar las acciones necesarias en el ámbito de sus facultades para que pueda entrar función a la brevedad.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Consejo de la Judicatura Federal, a que a la brevedad posible remita a esta Soberanía información sobre el progreso actual de la implementación de los Juzgados de Distrito especializados en Materia Ambiental, detallando minuciosamente las labores que se han realizado para dicho mandato establecido en el Artículo 3 Transitorio de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe a esta Soberanía sobre los montos de lo recaudado por concepto de daños ambientales o similares, así como el destino que se le ha dado a dichas recaudaciones.

Dado el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 PROFEPA BP/503-16, “Remoción de vegetación en Tajamar al amparo de autorización vigente, resuelve PROFEPA”http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8467/1/mx/remocion_de_vegetacion_en_tajamar_al_amparo_de_autorizacion_vigente_resuelve_profepa.html Consultado el 15 de feb. de 17

2 Excelsior, “Aparecen miles de peces muertos, ahora en Mazatlán”,
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/03/979731 consultado el 15 de feb. de 2017

3 http://www.animalpolitico.com/2016/12/muerte-peces-rio-durango/, 17 de feb. de 17

4 INEGI, PIB y Cuentas Nacionales de México; Económicas y Ecológicas,
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/, consultado 17 de feb. de 17

5 Ibídem

6 DOF, Ley de Responsabilidad Ambiental,
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301688&fecha=07/06/2013, consultada 17 de feb. de 17

7 Crónica, “Paralizado, el Fondo de Responsabilidad
Ambiental”,http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1008838.html Consultado el 17 de feb. de 17

8 DOF 07/06/2013, “Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRA.pdf, consultado el 15 de febrero de 2017






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos a realizar las acciones tendientes a fortalecer los protocolos de actuación en materia de derechos humanos de los cuerpos policiacos de la entidad; asimismo, para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a los hechos ocurridos en el municipio de Jiutepec, donde elementos de la policía estatal detuvieron a un grupo de jóvenes presuntamente por circular en un automóvil con placas de otro estado y, en su caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Entre otros aspectos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado; que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques; y que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado1.

En contravención a lo anterior, hace unos días usuarios de redes sociales comenzaron a difundir un video donde se observa a elementos policiacos del estado de Morelos detener y bajar por la fuerza a un grupo de jóvenes que se dirigían hacia las inmediaciones de la entidad2. En los hechos ocurridos en el municipio de Jiutepec, se aprecia que no se identifican ni explican el motivo de la detención, limitándose a ordenar el descenso del automóvil con placas de Querétaro.

Aunque el video se detiene cuando el elemento de seguridad bajó por la fuerza a uno de los jóvenes. Según medios de comunicación, las personas afectadas manifestaron que el conductor fue bajado con violencia, amenazas e insultos para después ser remitidos a la Agencia del Ministerio Público, donde les fue impuesta una multa y el auto fue trasladado a un corralón.

Los jóvenes han denunciado que los policías les robaron alrededor de cinco mil pesos, dos pares de tenis, ropa, un celular y otras pertenencias de valor, conductas que más allá de la clasificación y consecuencias jurídicas contempladas por las leyes penales, las mismas resultan incompatibles con todo régimen democrático, en virtud de que precisamente son las autoridades las primeras responsables en garantizar el respeto de la Ley y los derechos humanos.  

Sobre el particular, es importante precisar que la porción final del párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

El asunto que motiva el presente punto de acuerdo, deja de manifiesto una problemática que se ha presentado de manera permanente durante la actual administración: la inseguridad pública, situación que ha sido denunciada y evidenciada en distintas ocasiones por diferentes sectores de la población. 

A pesar de que en su toma de protesta como gobernador constitucional (ocurrida el 1º de octubre de 2012),3 entre otras cuestiones, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, expresó que la seguridad pública sería prioridad en su gobierno para recuperar inversiones, empleos y desarrollo económico; y que a pesar de que se fijó un plazo de 18 meses para recuperar la seguridad, la ciudadanía no tendrá que esperar al término del periodo para percibir algún avance, la realidad dista de ello.

El impacto de la inseguridad pública en el estado de Morelos, se puede observar en casos como el homicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, Alcaldesa del municipio de Temixco, Morelos, que fue privada de la vida el 2 de enero de 2016; el hallazgo de cadáveres sepultados de manera irregular en fosas clandestinas de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, en mayo de 2016; y los constantes asaltos en el centro histórico de Cuernavaca, que la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico (ACCH) denunció en octubre de 2016, por mencionar algunos asuntos que también han sido conocidos y evidenciados por el Senado de la República. 

Por si esto no fuera suficiente, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, señala que durante el año 2014 el estado de Morelos, se posicionó como la entidad federativa más violenta del país4.

Por otro lado, el proyecto social Semáforo Delictivo indica que en enero de 2017, en el estado de Morelos se registró un incremento del 45% en la comisión de homicidios5, lo que da muestra de escenarios que se encuentran en el límite de llegar a un punto crítico de ingobernabilidad en la entidad.

Según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Principales Resultados (ENVIPE) 20166, en Morelos el 84.3% de la población percibe inseguridad pública en la entidad; y los tres delitos más frecuentes son: extorsión, Robo o asalto en la calle o en el transporte público y, fraude.

Para ponderar la gravedad del asunto, cabe mencionar que la inseguridad no sólo trasciende en el incremento de la incidencia delictiva, sino que además tiene repercusiones en distintos ámbitos como son el económico, social, educativo, laboral y turístico, por mencionar algunos. 

En este contexto, es fundamental que en la defensa y promoción de los derechos humanos que presuntamente fueron vulnerados, sean observados los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (en términos del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos).

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor del reconocimiento, promoción y respeto de los derechos humanos, pues ello resulta imprescindible para garantizar la tranquilidad, bienestar y desarrollo de la población, sobre todo cuando se trata de cuestiones de seguridad pública.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Morelos, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones tendientes a fortalecer los protocolos de actuación en materia de derechos humanos de las fuerzas los cuerpos policiacos de la entidad.

Segundo. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Morelos para que en el marco de sus funciones y a través de las instancias correspondientes, lleve a cabo las investigaciones conducentes en relación a los hechos ocurridos en el municipio de Jiutepec, donde elementos de la policía estatal detuvieron a un grupo de jóvenes presuntamente por circular en un automóvil con placas de otro estado y, en su caso se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de marzo de 2017.

Atentamente.

1 Artículos 9, 12 y 13 de la Declaración de Universal de Derechos Humanos.

2 http://www.sinembargo.mx/23-02-2017/3158296

3 http://morelos.gob.mx/?q=rinde-protesta-graco-ramirez-como-gobernador-constitucional-del-estado-de-morelos

4 http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1178-cuernavaca-el-municipio-mas-violento-de-
mexico-le-siguen-acapulco-y-chilpancingo

5 http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia

6•http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf






Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, con aval del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a llamar a nuestro Embajador en la República de Cuba para que informe sobre la situación que impidió el ingreso a ese país del Ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar el estado que guarda la reparación del daño en favor de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en la entidad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La trata de personas con fines de explotación sexual es el tercer negocio más lucrativo del crimen organizado, tan sólo por debajo del narcotráfico y el tráfico ilegal de armas; generando ganancias que van de los 32 mil a  los 36 mil millones de dólares al año.1

De acuerdo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),  México ocupa el primer lugar en trata de personas con fines de explotación sexual en América de Latina y cuenta con estimado total de un millón 200 mil personas que han sido víctimas de este delito.

Dentro de la geografía nacional, la Ciudad de México concentra el mayor número de incidencias delictivas en esta materia; siendo las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán las que registran el mayor número de investigaciones abiertas por trata.2

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) refirió que entre 2008 y 2014 se reportaron 112 investigaciones federales abiertas por trata de personas con fines de explotación sexual en la Ciudad de México, representando así, el 17% del total de hechos conocidos a nivel federal.3

A su vez, en el estudio denominado Niños y Niñas víctimas de explotación sexual, se identificó un total de dos mil 500 casos de explotación sexual de menores de edad en la Ciudad de México. 4

En tal sentido, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reportó a la CNDH que entre 2009 y 2013 inició 60 averiguaciones previas de las cuales 55 fueron consignadas ante las autoridades.5

De los 55 imputados consignados, sólo 10 fueron condenados a la reparación del daño, lo cual significa que únicamente el 18% del total de víctimas por trata de personas con fines de explotación sexual contaron con algún tipo de retribución por la violación de sus derechos humanos.6

En este respecto, cabe destacar que el artículo 7, fracción IV de la Ley de trata, establece la obligación del ministerio público a solicitar la reparación por todos los casos que se reporten.7

También, la Ley General de Víctimas, en su artículo 141 párrafo tercero, refiere que es obligación del ministerio público solicitar la reparación del daño en favor de las víctimas, a fin de que éstas puedan contar con la restitución de sus derechos.8

En este sentido, es obligación del ministerio público del estado, solicitar la reparación del daño toda vez que se conozcan hechos investigados por trata de personas.

A la par, es obligación del Tribunal Superior de Justicia del DF imponer la sanción a la reparación del daño en favor de las víctimas.

También, es importante destacar que el artículo 5º de la Ley General para prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ciudad de México y las entidades federativas son competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos en materia de trata cuando éste no concurra en los términos de la ley de Delincuencia organizada, ni en los principios de orden federal.

A pesar de ello, se observa que en cuatro años (2009-2013), únicamente se han emitido 10 sentencias por concepto de reparación del daño a víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en la Ciudad de México.

De acuerdo con investigadores del Centro de Estudios Sociales y Culturales Montesinos, existe una escasa reparación del daño porque la autoridad competente no la solicita o no le da seguimiento las sentencias emitidas.

Finalmente, el Observatorio contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal9 ha señalado que la reparación del daño en la ciudad es casi nula, pues no las pocas sentencias que existen, no atienden los principios de reparación integral.

Por tales razones, los Senadores del grupo parlamentario del PRI sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Procuraduría General de Justicia, se verifiquen las solicitudes de reparación del daño en favor de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, asimismo, envíe un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre del número total de reparaciones concluidas y pendientes que se han solicitado en la actual administración.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Procuraduría General de Justicia, que solicite la reparación del daño en favor de aquellas víctimas por trata de personas con fines de explotación sexual que no hayan sido solicitadas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 2 de marzo de 2017.

Atentamente.

1 CNDH. Diagnóstico sobre la trata de personas en México. México: CNDH, 2013, p. 15.

2 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de género. Violencia de Género en México. México: Centro de Estudios para el Adelanto de las mujeres y la equidad de género, 2014.

3 Estadísticas PGR-FEVIMTRA,
http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/fevimtra/Paginas/default.aspx

4 Elena Azaola, Boy and Girl victims of sexual explotation in Azaola. México. México: unicef-DIF, 2000.

5 CNDH. Diagnóstico sobre la trata de personas en México, op., cit. P.101.

6 La noción de reparación integral del daño busca la restitución de los derechos vulnerados por la víctima a través del establecimiento de diversas medidas tanto económicas, como psicológicas y sociales.

7 Ley General para Prevenir Sancionar, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de junio de 2012. Última reforma publicada el día 19 de marzo de 2014.

8 Ley General de Víctimas. Publicada el en Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 2013. Última Reforma publicada el día 3 de enero de 2017.

9 Observatorio contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Cuarto Informe del Observatorio contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal. México: CNHDF, 20014.






De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar estrategias para que se destine mayor presupuesto a Tamaulipas, entidad federativa que recibe más mexicanos repatriados. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, el Programa de Repatriación, ofrece a los connacionales repatriados de Estados Unidos, información, orientación, alimentación, canalización a albergues, atención médica, llamadas telefónicas a familiares y traslados entre otras cosas.

Dicho Programa surgió en diciembre del año 2007 en Tijuana, Baja California, por instrucciones del Titular del Poder Ejecutivo Federal, con la finalidad de tener una forma segura, ordenada, digna y humana, con la que los mexicanos pudieran regresar a su país, con ello se promueve además, que regresen a sus comunidades o estados de origen sin ser víctimas del crimen organizado.

Cada entidad federativa fronteriza con el norte, cuenta con dos módulos de repatriación, excepto Tamaulipas que tiene 3 y que se encuentran ubicados en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa.

Tamaulipas es la segunda entidad federativa receptora de migrantes, después de Baja California. Tan solo en 2016 Tamaulipas recibió un total de 57,339 migrantes por cuatro puentes internacionales, el 1) Puente Internacional Dos, de Nuevo Laredo Juárez Lincoln, que recibió el 51% del total de repatriados, más 1,356 personas recibidas en el 2) Puente Internacional de Nuevo Laredo “Miguel Alemán”, después de dicho municipio le sigue el 3) Puente Internacional “Benito Juárez” ubicado en Reynosa, que recibió aproximadamente el 25% del total de repatriados por dicha entidad federativa y finalmente Matamoros que recibió aproximadamente el otro 24% de mexicanos repatriados.

Lamentablemente, tan solo en diciembre del 2016, la cifra de menores de edad no acompañados repatriados, se incrementó en 30% ya que se recibían en promedio a diario entre 60 y 70 infantes, sin embargo, en diciembre se comenzó a recibir entre 100 y120 menores por día, llegando a un record de 140, tan solo en la frontera de Reynosa. La atención de menores migrantes asciende a poco más de 200 mil pesos mensuales en dicho municipio y regresarlos a su lugar de origen puede llevar entre 20 y 25 días. Dicha situación se replica en Nuevo Laredo y Matamoros.

Derivado de lo anterior es importante que las autoridades mexicanas elaboren una estrategia con la finalidad de atender las necesidades de los repatriados mexicanos, toda vez que una de las acciones que se realizan, tiene que ver con la colocación en empleos.

Al respecto, de acuerdo con el Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno, el número de personas repatriadas trabajando, ha sufrido un descenso y en los últimos 4 años, ni siquiera hay cifras. Ya que el promedio de personas atendidas entre 2006 y 2012, fue de 21,531 repatriados (en total se atendieron a 129,186 repatriados), en lo que va de este sexenio, el promedio es de 7,679 repatriados, una tercera parte de lo que se atendía (en total van 30,719 atenciones), tan solo en el tema del Servicio Nacional de Empleo, lo anterior demuestra una disminución de atención grave.

El pasado 06 de julio de 2016, en una reunión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, con la Comisión de Asuntos Migratorios, se solicitó1:

• El incremento de recursos destinados al Fondo de Apoyo a Migrantes, que tiene como objetivo apoyar a migrantes que retornan al país, a que encuentren ocupación, con opciones de autoempleo y capacitación humana, en su lugar de origen.

• Que la aplicación de los recursos sea eficiente y no se obstaculicen debido a los lineamientos, que éstos sean más flexibles y prácticos;

• La necesidad de coordinar acciones para considerar a las 32 entidades federativas en el Fondo en comento, con la finalidad de atender el fenómeno de la migración que está en constante transformación;

Así mismo, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, realizó el siguiente planteamiento a la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO:

• Incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, el monto para el Fondo de Apoyo a Migrantes, de manera gradual, considerando que existe un rezago presupuestal desde 2016 y que las necesidades del sector se han incrementado en las diversas entidades federativas del país, sobre todo en el norte con las deportaciones de migrantes provenientes de los Estados Unidos de América y la llegada de centroamericanos a la frontera;

• Considerar la viabilidad de la propuesta en la que se demandó un monto de 1,000 millones de pesos para el Fondo de Atención a Migrantes, con el criterio de que se alcance el máximo posible en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, basados en que el Banco de México registró ingresos por 5 mil millones de dólares, por concepto de impuestos por transacciones de remesas, que multiplicados por 20 a 1 nos dan 100 mil millones de pesos, donde el 1% sería 1000 millones de pesos que se solicitan y no 300 millones de pesos que se reciben actualmente;

• Establecer en los lineamientos y fórmulas para la aplicación y distribución de los recursos del Fondo, criterios que consideren la inmigración, emigración, transmigración y repatriación, y no solo se basen en las remesas recibidas, debido a que el fenómeno migratorio en diversas entidades del país, es complejo e integral, como es el caso de Tamaulipas;

• Con base en las estadísticas del Instituto Nacional de la Migración, sobre el número de repatriados por la frontera norte, se determine el monto para los albergues, casas hogar y estancias de asistencia social por parte de las Dependencias Federales.

Finalmente, conforme a lo anterior y conforme a los Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 07 de septiembre de 2016, Tamaulipas, a pesar de ser la segunda entidad federativa que más repatriados recibe, solo le fue asignado el 3.24% del presupuesto, lo que equivale a 9,727,753 pesos, frente a estados como Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Guanajuato que reciben 9.26%, 8.97%, 8.62% y 6.89% respectivamente.

Si bien, los migrantes repatriados no son todos de Tamaulipas, sino de diversas entidades del país, la problemática radica en los costos que se derivan de su estancia durante los procesos.

Por ello es que por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, se implementen estrategias para que se destinen mayores recursos económicos a Tamaulipas, segunda entidad federativa que recibe mayor número de mexicanos repatriados y receptora de migrantes, a partir de la situación que se vive en el país.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, se implementen las acciones necesarias para que los migrantes de otra nacionalidad, no se conviertan en población flotante en la frontera norte, que genere en México problemas de seguridad pública y salud, principalmente.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, se implementen estrategias con programas de apoyo al empleo, para los mexicanos repatriados.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en coordinación con los DIF de la frontera Norte, se implementen estrategias y se destinen mayores recursos para la atención de menores de edad, ante el incremento de repatriación de menores no acompañados.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Andrea García García.

1 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/07-Julio/06/3553-
Solicitan-aumento-de-recursos-para-el-Fondo-de-Apoyo-a-Migrantes





De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer las acciones en materia de seguridad pública y prevención del delito, en coordinación con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, ante el incremento de la incidencia delictiva en la entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos meses, el estado de Chihuahua ha presentado un incremento de la incidencia delictiva, tan solo entre el 17 y 19 de febrero fueron asesinadas 16 personas en la capital del estado, Ciudad Juárez, Bocoyna y Madera.1

De acuerdo con el Semáforo Delictivo2, entre octubre de 2016 y enero de 2017,  se han consumado 494 homicidios en la entidad, peor aún, durante el mes de enero se registró la cifra más alta de homicidios de los últimos cuatro años.

Con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es posible concluir que el total de delitos en el estado de Chihuahua ha crecido de manera sistemática, basta mencionar que durante el último trimestre de 2016 el número de homicidios incrementó 94% con respecto al mismo periodo de 2015.

En este sentido, para los legisladores del Partido Revolucionario Institucional resulta preocupante el alza en los índices de violencia y de impunidad que se presentan en el estado. Las condiciones actuales ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, además, es un tema que tiene importantes repercusiones en la economía de la entidad, pues ante este contexto es factible una disminución en el flujo de inversiones y por consiguiente la generación de un círculo vicioso que afectaría a toda la población del estado.

Recientemente el Gobernador de la entidad, ha manifestado la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiacos, sin embargo, es necesario conocer las acciones que se están llevando a cabo o que se planean hacer para revertir esta tendencia.

Resulta apremiante que el gobierno del Estado de Chihuahua defina una ruta precisa, con objetivos y acciones que le permitan cumplir con su función ineludible de garantizar la seguridad a los chihuahuenses y a los turistas que visitan la entidad.

La seguridad pública es un elemento primordial a cargo del Estado que ayuda al desarrollo armonico de la sociedad. Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo, por el contrario, una sociedad donde el orden y la paz públicos no tienen un papel fundamental difícilmente puede hablarse de ejercicio de libertades y salvaguarda de derechos.3

En nuestro país, el artículo 21 de la Constitución Federal establece que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas”.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la disposición Constitucional aludida, establece en su artículo 2º, que la Seguridad Pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado.

El artículo 2º de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establece que el Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad; asimismo, que garantizará la seguridad pública a través del diseño transversal de políticas de prevención y su implementación efectiva, que permita identificar los factores de riesgo que originan la delincuencia, para erradicarlos, así como establecer los mecanismos necesarios para la reinserción social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, fortalezca las acciones en materia de seguridad pública y prevención del delito, en coordinación con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, ante el incremento de la incidencia delictiva en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 23 marzo de 2017.

Atentamente.

1 http://www.proceso.com.mx/475052/chihuahua-registra-violento-fin-semana-balaceras-ejecutados-osamentas

2 http://chihuahua.semaforo.com.mx/

3 La Seguridad Pública en México. José Antonio González Fernández.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/419/12.pdf






De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con el gobierno de Tamaulipas, se implementen de manera inmediata acciones que garanticen la seguridad a la población tamaulipeca. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a emitir un informe sobre los alcances, los interlocutores y el fundamento legal en el que se basaron para realizar todas las negociaciones entre el gobierno del estado y la Federación, de la posible candidatura presidencial del actual gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. Se turna a la Comisión de Gobernación.








Les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Vida Silvestre”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Mundial de la Vida Silvestre”

“El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos”
Secretario General de la ONU

El Día 3 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre como una ocasión para celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad1.

El 20 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 68/205 en la que se reafirmó el valor intrínseco de la flora y la fauna silvestres y sus diversas contribuciones, entre ellas contribuciones ecológicas, genéticas, sociales, económicas, científicas, educativas, culturales, recreativas y estéticas al desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad2.

El artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre de nuestro país la define como “Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales.

En el mismo sentido, la misma legislación establece en su artículo 5 que el objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat es “Su conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país”.

A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Eje 4, denominado “México Próspero”, define como uno de los retos el asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar, conciliando el crecimiento y el desarrollo económico.

Para atender dicho reto, el Gobierno de la República se propuso como objetivo el “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz”.

Los principales logros de la Administración Pública Federal señalados en el 4º Informe de Gobierno del Presidente de la República Enrique Peña Nieto en materia de conservación de la vida silvestre fueron los siguientes3:

• Con la ejecución del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) de 2013 a 2016 se han apoyado a 34,500 beneficiarios cada año para realizar acciones de restauración del hábitat de diversas especies de fauna silvestre y la protección, conservación y monitoreo de la vida silvestre, y en general, la conservación directa de los diferentes ecosistemas y biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y Regiones Prioritarias para la Conservación (RPCs) del país

• • Se actualizó y digitalizó la “Guía para la identificación para las aves y mamíferos silvestres de mayor comercio en México protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

• Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2016 se incorporaron 1,344 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs), de las cuales, 1,127 son sujetas a manejo en vida libre y 217 a manejo intensivo, lo que a la fecha significa la incorporación acumulada de 38 millones de hectáreas a este sistema de conservación, superficie que representó 19.3% del territorio nacional.

• Así también, por medio del Programa de Fomento a la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de 2013 a 2015 se otorgaron subsidios a 538 proyectos en UMAs ya establecidas a hombres y mujeres para que en una superficie de 1.9 millones de hectáreas se realicen actividades de conservación y manejo de hábitat y de las especies de flora y fauna silvestre que en él se distribuyen.

• A través del Programa Nacional de Inspección a Zoológicos se verificaron 67 zoológicos y 12,914 ejemplares de fauna, de los cuales 2,372 fueron asegurados ya sea por no acreditar la legal procedencia como por faltas al trato digno y respetuoso.

• Finalmente, se presentó el diagnóstico de la Situación de México en el combate a los delitos contra la vida silvestre y los bosques;

El Día Mundial de la Vida Silvestre representa una excelente oportunidad para reflexionar y realizar acciones para combatir los delitos contra la naturaleza, en especial, contra la fauna y flora silvestres ya que al poner en riesgo su existencia amenazamos la sostenibilidad de nuestro futuro.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://www.un.org/es/events/wildlifeday/

2 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/205

3 http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/






De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Vida Silvestre”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial de la Vida Silvestre”

“La vida Silvestre no es un lujo sino una necesidad del espíritu humano, y es vital para nuestras vidas como el agua y el buen pan.”

― Edward Abbey

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social.

Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre la Erección del Estado de México.

EFEMÉRIDE

Sobre la Erección del Estado de México

El Estado de México es una
prepotente existencia moral;
porción es de la prístina cuna
de la gran libertad nacional.
Coro del Himno del Estado de México.

Luego de una incansable lucha para lograr nuestra independencia, la nación mexicana se estableció como una República Federal teniendo como piedra angular de la federación al Estado más allegado al centro, al Estado de México.

El 2 de marzo de 1824 es la fecha en que se erigió el Estado de México, a través de la instalación de la Legislatura Constituyente, bajo la gobernatura del jefe político Melchor Múzquiz. Este acto dio lugar al surgimiento del Estado de México, entidad que tengo el honor de representar en este Senado de la República.

Mi Estado está conformado por 125 municipios, que abarcan una superficie mayor a 22 mil kilómetros cuadrados, conformando el estado más poblado del país, con más de 16 millones de habitantes.

Tiene una composición pluricultural y pluriétnica, sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas cuyas raíces históricas y culturales se entrelazan. Ostentando una gran riqueza cultural, gracias a los cinco grupos étnicos que se encuentran en la entidad: Matlazincas, Mazahuas, Otomíes, Nahuas y Tlahuicas, poseedores de un importante legado cultural que es necesario conservar y difundir .

Entre los centros ceremoniales prehispánicos sobresalen las pirámides de Teotihuacán y Tenayuca, las ruinas monolíticas de Malinalco y las zonas arqueológicas de Calixtlahuaca, Huamango, San Miguel Ixtapan, Teotenango y Tlapizahuac.

Asimismo, 9 localidades han sido declaradas “Pueblos Mágicos”, por su riqueza cultural, histórica y atractivos turísticos: El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán, Valle de Bravo,Aculco, Ixtapan de la Sal, San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, y Villa del Carbón .

De igual forma por su arquitectura y cultura típica 22 municipios del Estado de México cuentan con la denominación de pueblos con encanto, entre los que se encuentran Acolman, Amanalco, Amecameca, Ayapango, Axapusco, Coatepec Harinas, Donato Guerra, Jilotepec, Lerma, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, Sultepec, Temascalcingo, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tepetlixpa, Tlalmanalco, Tonatico, Zacualpan y Zinacantepec .

El Estado de México también se caracteriza por sus grandes riquezas naturales, entre las que se encuentra su orografía dominada por montañas y valles; sobresaliendo los volcanes Xinantecatl o Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Los principales valles de la entidad son el Valle de México, el Valle de Toluca y las Ciénegas de Lerma. Además, el territorio del Estado está comprendido en tres grandes cuencas hidrológicas: Lerma, Balsas y Pánuco. Algunas especies de fauna representativas de la entidad son la mariposa monarca, la víbora de cascabel, el cenzontle, el teporingo y el tlacuache. Así mismo dentro de las especies de flora sobresalen el ahuehuete, el agave y el nopal de tunas.

A fin de proteger esta biodiversidad, el Estado de México cuenta con 88 áreas naturales protegidas que cubren una superficie mayor a 983 mil hectáreas.  Dentro de estas áreas sobresale la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, el Área de Protección de Florar y Fauna Nevado de Toluca, así como el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

La riqueza cultural y biológica del Estado de México es reconocida a nivel internacional. Hasta la fecha, cuatro sitios mexiquenses han sido inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO :

• Ciudad prehispánica de Teotihuacán (1987)

• Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca(2008)

• Camino Real de Tierra Adentro (2010)

• Sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque (2015)

El Estado de México siempre ha estado vinculado con la historia, vida política y progreso de nuestro país, siendo cuna de personajes ilustres como Nezahualcóyotl, Sor Juana Inés de la Cruz y José María Velasco Gómez.

Como mexiquense, me siento orgullosa de toda la riqueza y prosperidad que revisten a mi tierra. Ser representante de una de las más grandes entidades a nivel nacional es el mayor honor con el que me ha honrado la ciudadanía, por lo que continuaré trabajando para conservar su grandeza natural y cultural, así como para mejorar las condiciones sociales de todas y todos los mexiquenses.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Eficiencia Energética”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial de la Eficiencia Energética”

“Si quieres que tus hijos puedan heredar,
el consumo de energía ya no puedes derrochar”
Autor desconocido.

En el año 1988, se celebró en Austria la Primera Conferencia Internacional de la Eficiencia Energética donde más de 350 expertos y líderes de 50 países se dieron cita para discutir las estrategias para enfrentar la crisis energética y dar posibles soluciones. Ahí se decidió, entre otras acciones, establecer una fecha en la que todos los ciudadanos reflexionáramos sobre la problemática del uso abusivo de combustibles fósiles y la importancia de comenzar a explotar fuentes de energía renovable. Esta fue el 5 de marzo de cada año, como el Día Mundial de la Eficiencia Energética.

La disposición de las distintas energías de las que la humanidad pudo disponer en cada época, está íntimamente vinculada con su evolución y desarrollo, de ahí que su importancia es invaluable.

No obstante, las fuentes más comunes para producir energía en la actualidad tienen consecuencias adversas, ello en mérito de la enorme producción y consumo que se utiliza para satisfacer las necesidades de desarrollo y de la vida diaria del hombre. Tal es el caso de lo que ahora conocemos como el mal del siglo: El Cambio Climático.

Esto porque el consumo de los combustibles fósiles genera y libera a la atmósfera los denominados gases de efecto invernadero (GEI), lo cual provoca que la temperatura global de nuestro planeta vaya en aumento y se modifiquen los patrones climáticos, con daños severos al medio ambiente y a nosotros mismos. Ello incluye a la energía eléctrica, en virtud de que su producción implica consumo de este tipo de combustibles.

Por ello, la eficiencia energética, entendida esta como la práctica encaminada a reducir consumo de energía, ha cobrado especial relevancia al ir mucho más allá del tema económico.

Así, la eficiencia energética se plantea como una de las políticas de freno para el cambio climático y la consecución de sociedades sostenibles, junto con el desarrollo de energías renovables y una política de transporte menos agresiva con el medio. Es una cuestión clave en nuestros tiempos para avance en materia social, la reducción de la pobreza, la degradación medioambiental, el cambio climático y la seguridad alimentaria; tomando en cuenta además el pronosticado agotamiento de las fuentes fósiles.

De ahí que esta conmemoración sea propicia para reflexionar todos los días del año sobre el uso racional que le damos a la energía, pero también, para actuar en esa inercia y evitar su desperdicio.

No implica renunciar a la calidad de vida, sino la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos empleando para ello menos recursos, utilizando la energía de forma eficaz, sólo la que realmente necesitemos y promoviendo alternativas energéticas renovables. Esto va desde evitar un foco encendido innecesariamente hasta la mejora de los procesos de producción y algo muy importante, las alternativas de movilidad, en mérito de que los vehículos automotores son de los principales consumidores de energía fósil y responsables del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero y 70% de carbono negro.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER), la importancia de la eficiencia energética se sintetiza en contribuciones a la sustentabilidad, productividad, competitividad, a reducir la contaminación, a mejorar la salud pública, a una mayor prosperidad y a la reducción de la huella de carbono.

Por ello, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Eficiencia Energética”, mi reflexión y propuesta para que todos tomemos conciencia de la necesidad del uso racional de la energía, la promoción de alternativas energéticas renovables y que en esa inercia, también reflexionemos sobre la calidad de vida y condiciones de mundo que deseamos heredar a nuestra descendencia.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Vida Silvestre”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial de la Vida Silvestre
03 de Marzo

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social.

Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos. Por estas razones, se invita a los Estados miembros, a la ONU y a los organismos internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil y todas las personas a observar y a participar en este día de celebración mundial de la naturaleza.

Las comunidades locales pueden desempeñar un papel positivo en ayudar a frenar el comercio ilegal de vida silvestre.

Para este año 2017 el lema es «Escuchemos la voz de los jóvenes» En este Día Mundial de la Vida Silvestre, alentamos la participación y el empoderamiento de la juventud. Esta celebración nos brinda nos brinda una nueva oportunidad para incentivas a los jóvenes a que hagan frente a los problemas relacionados con la conservación.

La pérdida del hábitat, cambio climático y la caza furtiva forman parte de los desafíos más alarmantes que enfrentan las especies silvestres hoy en día. La caza furtiva y el tráfico de especies silvestres son actualmente las amenazas más inmediatas para muchas especies, ya sean carismáticas o no. La suerte de las especies silvestres del mundo estará muy pronto en las manos de la siguiente generación. La necesidad apremiante de mejorar las medidas para garantizar la supervivencia de las especies silvestres en sus hábitats naturales debe impartirse de generación en generación y la juventud debe tener la oportunidad de comunicar los objetivos de conservación a una sociedad más amplia.

H. Cámara De Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Vida Silvestre”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Mundial de la Vida Silvestre”

México cuenta uno de los ecosistemas más ricos en flora y fauna a nivel mundial, podemos sentirnos orgullosas de contar con distintos tipos de clima a lo largo del territorio mexicano.

Su diversidad es tan amplia que cuenta con costas, montañas, mesetas, cañadas, prácticamente encontramos todos los ecosistemas a nivel mundial.

Si hablamos de la fauna podemos encontrar múltiples especies como el tapir, el quetzal, el lobo mexicano, el águila real o el oso negro.

Nos sentimos orgullosos de la diversidad con la que contamos, México se encuentra entre los cuatro países más ricos del mundo biológicamente hablando.1

Sin embargo, existe un grave problema, que es el peligro de extinción de algunas especies, un caso conocido es el lobo gris mexicano, es una especie que ha caminado a lo largo de la historia de nuestro país junto con sus habitantes, en el México prehispánico representaba valentía y fuerza,2 poco a poco han ido acabando con la especie, quedando muy pocos.

La gran amenaza para el lobo gris mexicano es que es considerado enemigo del ganadero, debido a que existe un persistente control para eliminarlo debido a que de forma constante ataca al ganado; otra de las amenazas es el cambio de su hábitat.3

Es responsabilidad de todos el cuidado de nuestro medio ambiente, el cuidado de las especies que habitan en nuestro país, cada especie que se extingue deja un gran vacío en el ecosistema que nos afecta a todos, es momento de crear conciencia y ver hacia el futuro, de no solo pensar en el ahora, sino en el mañana y todo lo que traerá consigo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 https://www.mexicodesconocido.com.mx/ecosistemas-y-fauna-mexicana.html

2 http://ecoosfera.com/2016/10/10-especies-mexicanas-en-peligro-de-extincion/

3 http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=116






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el 188 Aniversario Luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez.

EFEMÉRIDE

Sobre el 188 Aniversario Luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez

En el Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el 188 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la independencia que es reconocida por su valentía, coraje y patriotismo, virtudes que la llevaron a tener una destacada participación en la primera etapa del movimiento insurgente

La Corregidora de Querétaro, como es conocida, nació el 8 de septiembre de 1768 en Valladolid (actual territorio de Morelia), creció en el seno de una familia española de clase media y después de una vida dedicada a las causas más justas, falleció el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México.

La grandeza que posee la figura de Josefa Ortiz de Domínguez, se puede observar desde sus primeros años, etapa en la que superó todo tipo de adversidades, entre ellas, haber quedado huérfana a temprana edad y por supuesto, las arbitrariedades y desigualdades propias de la Nueva España. A 188 años de su deceso, recordamos algunos de los acontecimientos más relevantes en la vida de esta heroína nacional. En este tenor, sobresale que bajo el cuidado de su hermana, accedió a una formación académica sólida al ingresar al Colegio de San Ignacio Loyola (mejor conocido como Colegio de las Vizcaínas).

Otro hecho que marcó su vida ocurrió en 1791, año en el que contrajo nupcias con Miguel Domínguez, quien posteriormente fue nombrado como Corregidor de Querétaro y con quien procreó ocho hijas y cuatro hijos.

En principio, su matrimonio fue convencional, dedicándose a las actividades propias del hogar, pero su rechazo a las injusticias y arbitrariedades, hicieron que paulatinamente se involucrara en las problemáticas que la rodeaban, entre ellas,  las concernientes al trato desigual e injusto entre la población, particularmente la criolla, de las cual emanaba.

Con alto sentido social, solidaridad y empatía, se dedicó a promocionar y defender los derechos de los grupos vulnerables, particularmente a la población indígena que sufría marginación y exclusión. Su incursión en la guerra de independencia, se dio en las denominadas “Veladas literarias”, reuniones secretas donde se discutían temas prohibidos, tales como el deseo y necesidad de independencia. El anhelo de libertad, igualdad, fraternidad y justicia, hicieron que la Corregidora de Querétaro se identificara con los principios de la causa insurgente, donde tuvo una intervención crucial para que el inicio de la guerra de independencia fuera posible. Fue ella quien advirtió a los insurgentes de que los planes de desconocer a las autoridades virreinales habían sido descubiertos, por eso comenzó en septiembre y no en octubre como se tenía previsto.

Lo anterior hizo que las autoridades virreinales la señalaron como principal precursora de la rebelión, por lo que fue detenida junto a su cónyuge y declarada culpable de traición. Sin embargo, el Virrey don Juan Ruiz de Apodaca le concedió la libertad porque la Corregidora formaba parte de una familia numerosa, pero lejos de abandonar la lucha social, la Corregidora continuó con una participación activa en el movimiento de independencia.

Cuando se dio la consumación de la independencia de México, Agustín Iturbide se declaró emperador de México y después le ofreció ser dama de su esposa, nombramiento que la Corregidora rechazó por sus convicciones. Después de una vida que se caracterizó por la congruencia entre palabras y acciones, murió el 2 de marzo de 1829.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017l.

Atentamente.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Vida Silvestre”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial de la Vida Silvestre
3 de marzo

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvaje, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad1. Esta conmemoración también nos llama a poner atención en la incesante lucha en contra de los delitos que afectan a la flora y fauna del planeta. Dichos actos criminales tienen un profundo impacto en ámbitos como el económico, social y evidentemente en el medioambiental.

El 20 de diciembre de 2013, La Asamblea General de la ONU en su 68º periodo de sesiones decidió proclamar el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre. Por medio de la resolución 68/205 la Asamblea “invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones mundiales, regionales y subregionales, así como a otros interesados pertinentes, incluidos la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera apropiada el Día Mundial de la Vida Silvestre y crear conciencia al respecto, de conformidad con las prioridades nacionales”2.

Con esta conmemoración se reafirma el valor intrínseco de la fauna y la flora silvestre y se reconoce su crucial contribución a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales económicas, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de la humanidad. Cómo temática para el año 2017, las Naciones Unidas llaman a alentar la participación y el empoderamiento de la juventud para que haga frente a los problemas relacionados con la conservación3.

Actualmente, entre las amenazas más grandes que enfrenta la vida silvestre se encuentran la pérdida del hábitat, el cambio climático, la caza furtiva y el tráfico ilegal. Estas últimas dos resaltan como dos de las amenazas más inmediatas para muchas especies4. Para protegerlas se han creado herramientas como La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). CITES protege alrededor de unas 5.000 especies de animales y 30.000 especies de plantas contra la explotación excesiva debido al comercio internacional. La CITES cuenta con más de 180 Estados miembros y es una de las herramientas más poderosas para la conservación de la biodiversidad5.

La conservación de las especies silvestres depende de todos. En este sentido, es necesario realizar esfuerzos para concientizar a toda la población de su importancia y para generar cambios a largo plazo. La conservación de la vida silvestre dependerá también de las siguientes generaciones, de ahí la importancia de hacer partícipes a los jóvenes, invitarlos a reflexionar acerca del cuidado y la conservación de la fauna y flora y hacerles ver que es un problema global urgente que afectará directamente su bienestar.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo 2017

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 UN. Día Mundial de la Vida Silvestre 3 de marzo. Consultado en línea: http://www.un.org/es/events/wildlifeday/

2 UN. 2013. 68/205. Día Mundial de la Vida Silvestre. Consultado en línea: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/205

3 UN. 2017. Día Mundial de la Vida Silvestre 3 de marzo. Consultado en línea: http://www.un.org/es/events/wildlifeday/

4 Ibídem.

5 CITES. 2013. Especies CITES. Consultado en línea: https://cites.org/esp/disc/species.php






De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el Aniversario Luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez.

EFEMÉRIDE

Aniversario Luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez

“¡Tantos soldados para custodiar una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos!”.

Conocida como “La Corregidora”, Josefa Ortíz de Domínguez, de quien se cumplen 188 años de su fallecimiento, pasó a la historia como uno de los personajes femeninos más destacados del movimiento de la Independencia de México (1810-1821).

Descendiente de españoles, María de la Natividad Josefa Ortíz de Domínguez nació el 8 de septiembre de 1768 y fue bautizada el 16 de septiembre de ese mismo año en la Ciudad de México.

Fue encarcelada en el Convento de Santa Clara y su marido fue enviado al Convento Santa Cruz, ambos en Querétaro, durante el juicio, su esposo Miguel Domínguez fue destituido, aunque liberado gracias a la intervención popular. Por el contrario, Josefa Ortíz de Domínguez fue declarada culpable de traición.

En junio de 1817, el virrey Juan Ruíz de Apodaca liberó a “La Corregidora”.

Josefa Ortíz de Domínguez falleció el 2 de marzo de 1829, a los 61 años de edad. Sus restos se encuentran en el Panteón de Queretanos Ilustres, en Querétaro.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.

elsiglodetorreon.com.mx






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Nacional de la Familia”.

EFEMÉRIDE

Día Nacional de la Familia
05 de Marzo

En México el Día Nacional de la Familia se instauró desde enero del 2005 en el mandato de Vicente Fox Quezada, y hasta la fecha se celebra el primer domingo de marzo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la familia como “el elemento que aglutina a las sociedades, y las relaciones entre las generaciones. El Día de la Familia es una ocasión para celebrar los vínculos que existen entre todos los miembros de la constelación que conforma una familia”.

El objetivo es transmitir los valores representativos del núcleo más importante de la sociedad involucrando al gobierno, escuelas, universidades, sindicatos, cámaras, medios de comunicación, grupos religioso, empresas, bloggers, así como emprendedores.

El Día de la Familia es parte importante de esa lucha por llevar de nueva cuenta a la familia, en su papel y rol educador y que no se lo delegue únicamente al estado, a los maestros y a la información externa que reciben.

Los objetivos principales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se centran en poner fin a la pobreza,:) promover la prosperidad económica equitativa, el desarrollo social y el bienestar de las personas protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente. Las familias permanecen en el centro de la vida social para garantizar el bienestar de sus miembros, como su educación y cuidado.

En particular, las políticas orientadas a la familia pueden contribuir a la consecución de los primeros cinco objetivos de desarrollo sostenible en relación con la eliminación de la pobreza y el hambre; garantizar una vida saludable y la promoción del bienestar para todas las edades; asegurar oportunidades de educación durante toda la vida y el logro de la igualdad de género.

H. Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Vida Silvestre”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial de la Vida Silvestre”

El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU, en su 68º periodo de sesiones, decidió proclamar el 3 de marzo como el “Día Mundial de la Vida Silvestre”, con el objetivo de concientizar acerca del valor de la fauna y la flora salvajes.

La fecha elegida marca el aniversario de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la cual juega un destacado papel en la protección de la especies frente al comercio internacional.

Previamente, el 3 de marzo fue designado como Día Mundial de la Vida Silvestre en una resolución de la Conferencia de las Partes en la CITES, en su 16ª reunión celebrada en Bangkok del 3 al 14 de marzo de 2013. La resolución, copatrocinada por el Reino Unido y Tailandia, informaba de las conclusiones de la reunión a la Asamblea General de la ONU.

 Asimismo, la Secretaría ha realizado consultas con el presidente y el vicepresidente del Comité Permanente en relación con el tema del Día Mundial de la Vida Silvestre 2017. Tras esas consultas, se ha acordado que el Día Mundial de la Vida Silvestre 2017 se conmemorará con el tema “Escuchemos las voces de los jóvenes”, haciéndose eco del llamamiento de la CoP17 a motivar a los jóvenes, así como hacerlos participar y empoderarlos, en relación con cuestiones de conservación de la vida silvestre.

Según la definición de las Naciones Unidas, “Jóvenes” son las personas entre 15 y 24 años de edad, sin perjuicio de otras definiciones que utilicen los Estados Miembros. Para efecto del Día Mundial de la Vida Silvestre 2017, la Secretaría observará esta definición de “joven”.

La Secretaría solicita la cooperación de todos los involucrados e invita a las Partes a:

• Observar y aumentar la conciencia sobre el tema para el Día Mundial de la Vida Silvestre de manera apropiada, conforme a las prioridades nacionales;

• Asociar las celebraciones del Día Mundial de la Vida Silvestre con eventos nacionales de conservación de la vida silvestre, según proceda;

• Organizar campañas para reducir la demanda de especies silvestres de origen ilegal y sus productos mediante estrategias específicas destinadas a influir en el comportamiento de los consumidores;

• Utilizar el logotipo del Día Mundial de la Vida Silvestre disponible en el sitio web del Día Mundial de la Vida Silvestre, y a apoyar la campaña en las redes sociales usando cuentas oficiales e individuales; e

• Informar a la Secretaría CITES (yuan.liu@cites.org) acerca de los eventos y actividades previstos para celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre y los resultados de estos.

Al mismo tiempo, la Secretaría desea recordar a todas las Partes que la Resolución Conf. 17.1, insta a todas las Partes a que, a través de sus ministerios nacionales de educación u otras autoridades responsables de la educación, consideren convertir la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre en un evento ordinario de los calendarios de los jardines de infantes, escuelas y universidades, y a que inviten a zoológicos, jardines botánicos, acuarios, reservas naturales, parques nacionales y otros establecimientos relacionados con la vida silvestre a que conmemoren el día en forma regular.

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la oportunidad de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvaje, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social.

Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvaje contribuye a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 2 de marzo de 2017.

Suscribe

Sen. Andrea García García.






De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Nacional de la Familia”.

"No existe ninguna otra organización que pueda satisfacer tan plenamente nuestra necesidad de pertenencia y felicidad como la familia.".Marlin K. Jensen

El próximo domingo 05 de marzo, se conmemorara el “Día Nacional de la Familia”, el cual se instauró por decreto presidencial, a iniciativa de la sociedad civil y con la participación del gobierno federal, desde el año 2006, para celebrarse el primer domingo de marzo de cada año, con el fin de fomentar  el valor de la familia como núcleo de la sociedad.

La conmemoración de este día surge, a solicitud de la sociedad civil con la finalidad de concientizar sobre la importancia del núcleo familiar e impulsar la capacidad de las instituciones de la aplicación de políticas públicas que vayan dirigidas a atender problemas relacionados con el tema.

Para la Organización de la Naciones Unidas (ONU) la familia es el elemento que aglutina a las sociedades, y las relaciones entre las generaciones perpetúan este legado en el curso del tiempo.

La familia en nuestro país es considerada una institución de interés social, a través de la cual se fomentan las creencias, costumbres y valores para formar a las personas en la sociedad, un encuentro intergeneracional, donde el afecto rige la  vida de los miembros de la familia y sirven de guía e inspiración para las acciones del ser humano.

Es de suma importancia destacar, que sin duda una de las grandes riquezas humanas y sociales de la cultura mexicana es el valor de la familia. El desarrollo de México no se puede entender sin el papel central que ha jugado ésta como institución básica en la formación y realización de los individuos.

Es propicio concientizar que ha razón de las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas, se ha hecho resaltar que la familia representa un valioso potencial para la disminución de los problemas sociales como la inseguridad, las enfermedades, la vivienda, las drogas o la marginalidad, la falta de valores y de principios. Es por ello que no debemos dejar en el olvido que la  familia es y sigue siendo la principal fuente en donde se deben de cultivar y practicar los valores.

En el marco de esta conmemoración, invitamos a la reflexión de la importancia que tiene el fomentar la toma de conciencia sobre cuestiones que afectan a la familia como unidad básica de la sociedad, así como promover la adopción de medidas adecuadas para evitar la desintegración de las familias, y de esta forma sumar esfuerzos con todos los sectores de la sociedad con el fin de contribuir a fortalecer la preservación de la familia.

Dado en el salón de Pleno, el 2 de marzo de 2017.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria del próximo martes 7 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:54 horas)

Directorio

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