Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 24 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 8

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 21 de Febrero de 2017

SUMARIO                                              


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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, a nombre propio y de los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Marcela Guerra Castillo, Armando Ríos Piter, Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barron, Jesús Casillas Romero, Jorge Toledo Luis, Benjamín Robles Montoya, María del Pilar Ortega Martínez y Graciela Ortiz González, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación diseñar y llevar a cabo un programa que evite cualquier tipo de acto de discriminación con motivo de la reintegración de los migrantes mexicanos que, eventualmente, sean sujetos a un procedimiento de repatriación forzada o voluntaria desde los Estados Unidos de Norteamérica. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.


















































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:55 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Informo a la Honorable Asamblea, por instrucciones del señor Presidente, que se encuentran registrados en el tablero 91 Senadoras y Senadores de la República.

En consecuencia, por supuesto, hay quórum legal para iniciar la sesión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del martes 21 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y un minutos del día jueves dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del catorce de febrero de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, los informes de sus participaciones en:

a) El Foro Internacional “El clima está cambiando. La alimentación y la agricultura también”, con motivo del Día Mundial de la Alimentación 2016, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en coordinación con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño; así como en la XXV Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del PARLATINO, celebrados los días 14 y 15 de octubre de 2016, en Panamá, Panamá y

b) El Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, así como en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del PARLATINO, celebrados los días 1 y 2 de diciembre de 2016, en Panamá, Panamá.

Los informes quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, el Informe de su participación en la 12ª Edición del Foro Mundial de las Mujeres Parlamentarias, realizado del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, en Deauville, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el Informe de su participación en el Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, celebrado los días 1 y 2 de diciembre de 2016, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Manuel Cavazos Lerma, el Informe de la participación de la Delegación del Congreso de la Unión en la 25ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico, celebrado 15 al 19 de enero de 2017, en Sigatoka, República de Fiji.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el nombramiento expedido a favor del ciudadano Gerónimo Gutiérrez Fernández, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Procuraduría General de la República, el diagnóstico institucional   titulado “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de Trabajo”.- Se remitió a los Senadores de la República.

(Iniciativas)

El Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, a nombre propio y de los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Manuel Cárdenas Fonseca, Marcela Guerra Castillo y Roberto Albores Gleason, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de campañas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de reducción de legisladores federales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de reducción de campañas electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Trabajo en el Exterior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de una delegación de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México, fuera de los límites del país, a fin de que participen en el desfile militar que se llevará a cabo el 27 de febrero de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintiún dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte destinado a las actividades de recolección y distribución de alimentos por parte de Bancos de Alimentos reconocidos como instituciones de asistencia privada.- Para presentar el conjunto de dictámenes intervino el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, por la comisión.

2. Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Zapopan a buscar alternativas de circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad de ciclistas y automovilistas, sin suprimir la utilización de la “Ciclo Ruta Boreal”.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Jesús Casillas Romero, se integraría al Diario de los Debates.

3. Que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre el avance de la liquidación y las donaciones realizadas de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.

4. Que exhorta al gobierno del estado de Coahuila a rediseñar el trazo de la carretera 57, México a Saltillo, en el tramo del municipio de Arteaga, conocido como “Los Chorros”.- Intervino la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN.

5. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre el proceso de licitación, avance de las obras e implementación de medidas de seguridad por las empresas constructoras ALDESEM S.A. de C.V. y EPCCOR CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V., en la construcción de la ampliación del libramiento de Cuernavaca o Paso Express, en la autopista Acapulco-México.

6. Por el que se invita a una reunión de trabajo a la Subsecretaría de Comunicaciones y a los integrantes del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para analizar los resultados del programa para la transición a la televisión digital terrestre.

7. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a modificar las reglas de operación de los fondos federalizados para que incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse para la generación de estudios, diagnósticos y proyectos, así como se priorice la asignación de recursos para tener un transporte público eficaz en el estado.

8. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre los criterios contemplados para declarar la adjudicación directa del contrato para la “Coordinación Especializada del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

9. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre el cumplimiento de la NOM-086-SCT2-2015 y vigile el estricto cumplimiento de la relativa al señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales y, en su caso, sanciones las violaciones a la misma.- Intervino el Senador Patricio Martínez García del PRI.

10. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación, distribución y beneficios que trajo al país el programa de entrega de televisiones digitales para el apagón analógico 2015.

11. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir los criterios necesarios sobre las características técnicas de diseño, construcción e instalación de los reductores de velocidad, conocidos como “topes”.-El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, se integraría al Diario de los Debates.

12. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar una verificación de los servicios, instalaciones y seguridad del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

13. Que exhorta a los gobiernos de los estados de la República a considerar la implementación de infraestructura que permita el uso de bicicletas.- Intervino la Senadora Anabel Acosta Islas del PRI.

14. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias para que la red carretera y de caminos nacional y las poblaciones de escasos recursos cuenten con una mejor cobertura de servicios de telecomunicaciones.

15. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender el debido cumplimiento de la circular obligatoria CO SA-09.2/13 “Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo”.

16. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes en materia de seguridad vial o, en su caso, informen las razones por las que no cuenta con un consejo.- Intervino la Senadora Hilda Ceballos Llerenas del PRI.

17. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre los vuelos que se han cancelado, así como las aerolíneas responsables y las causas que suscitaron las cancelaciones.

18. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a destinar los recursos necesarios para la terminación del tramo San Blas-El Fuerte-Choix, en el estado de Chihuahua.

19. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a iniciar una carpeta de queja en torno a los procedimientos empleados en los aeropuertos del país en materia de decomiso de artículos considerados prohibidos o restringidos para ser portados en el equipaje de mano dentro de una aeronave.

20. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer la condonación del peaje de las casetas de la Autopista del Sol.

21. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a analizar la viabilidad de posponer el incremente en las tarifas de peaje de las carreteras y autopistas a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Los veintiún dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a las niñas y los niños huérfanos producto de la mascare suscitada el 18 de marzo de 2011 en el municipio de Allende del estado de Coahuila.- Para presentar los dos dictámenes intervino la Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Intervino la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN.

2. Que exhorta a los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades federativas del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus entidades.

Los dos dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incorporar los productos agrícolas locales y regionales en el menú correspondiente al programa de Comedores Comunitarios.-La Mesa Directiva dio cuenta con una propuesta de modificación al dictamen, suscrita por el Senador Jorge Toledo Luis, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al Acuerdo.Asimismo, informó que el texto de la intervención del Senador Jorge Toledo Luis, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el dictamen con punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a las entidades federativas y a la Ciudad de México a legislar en materia de alienación parental, en virtud de velar por el interés superior de los niños y las niñas.- Para presentar los dos dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la comisión. Intervinieron los Senadores: Martha Angélica Martínez, en contra, quien se refirió a ambos dictámenes; y Fernando Enrique Mayans Canabal del PRD, a favor.

2. Que exhorta a los titulares de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a diseñar e implementar políticas encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la integración familiar.

Los dos dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

(Iniciativa)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 27 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica y amplía el plazo para que las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana remitan a la Junta de Coordinación Política las propuestas de los aspirantes a Fiscal Especializado en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción, que será hasta el 14 de marzo de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea un grupo de trabajo que dará seguimiento a las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos de América.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera y la fracción II del artículo 71 de la Ley de Comercio Exterior.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 19-bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas de información para que los usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Cultura para conocer el estado en que recibió la dependencia a su cargo, así como su estrategia para hacer frente al excesivo recorte presupuestal en el sector.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a vigilar el proceso de designación del nuevo titular del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.- Se turnó a la comisión de Salud.

 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia    Pública a emitir un billete conmemorativo del águila real.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón; y al gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a informar sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en la colonia Lindavista en Tepic, Nayarit.- Se turnó a la Comisión de Marina.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre la utilización de malware gubernamental contra los ciudadanos Simón Barquera, Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo, promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y otras regulaciones para combatir la obesidad.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas del país a incluir a los municipios en el cumplimiento de los compromisos que derivan de la declaratoria de emergencia epidemiológica EE-4-2016 para todo el territorio nacional, ante la magnitud y trascendencia de los casos de diabetes mellitus.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, distribuir y finiquitar, respectivamente, los recursos pendientes destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, y entregar oportunamente los de 2017, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de todo el país puedan cumplir con los objetivos planteados en su área de producción.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar el funcionamiento de las agencias de servicio funerario en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al Día Internacional del Cáncer Infantil.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhortaal congreso del estado de Zacatecas a realizar las modificaciones necesarias a la Ley de Ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el contexto nacional actual, la opinión técnica de los diferentes sectores  económicos y con una visión congruente en beneficio de los contribuyentes.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito    Público.

 

De la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se recomienda a las instancias de las mujeres en las entidades federativas que al solicitar el acceso a los recursos de programas federales lo hagan atendiendo a las necesidades de las instituciones estatales encargadas de prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar diversas estrategias de información, capacitación y apego al tratamiento de pacientes de cáncer infantil, en torno al Día Internacional del Cáncer Infantil.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Zacatecas a tomar las medidas necesarias para revertir la situación económica actual del estado.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Raúl Aarón Pozos Lanz y Sofío Ramírez Hernández, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a implementar un programa específico de apoyo a las radiodifusoras de carácter social,   comunitario e indígena, que incluya    asesoría técnica durante el proceso, además de la agilización y facilitación de trámites, dando prioridad a aquéllas que se   encuentren operando en comunidades de alta y muy alta marginación.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a informar sobre los recursos minerales propiedad de la nación que extraen las empresas mineras; asimismo, a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los recursos hídricos consumidos en los procesos de exploración, extracción y beneficio de los minerales, así como la revisión del Registro Público de Derechos del Agua que mantiene de cada proyecto.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a verificar el cumplimiento de las obligaciones sindicales en materia de transparencia.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a considerar la presentación de un informe relacionado con la existencia de los informes sombra o los contrainformes que se realizan o se hayan realizado y se encuentren en su poder; informes que son respuesta a los reportes oficiales que rinden los gobiernos de los estados presentados por los promoventes de solicitudes de alerta de género en el país.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, implementen o, en su caso, fortalezcan y amplíen sus campañas informativas de concientización, prevención y cuidado encaminadas a reducir los riesgos de conjuntivitis entre la población, a fin de obtener diagnósticos oportunos y evitar enfermedades de este tipo.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar sobre la situación que viven los migrantes cubanos varados en México.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las acciones necesarias con objeto de evitar la venta de bebidas alcohólicas en los tianguis y en la vía pública de la capital del país.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a trazar un plan de contención ante las amenazas económicas extranjeras.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

De los Senadores Lisbeth Hernández  Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, María Lorena Marín Moreno, José María Martínez Martínez, Martha Palafox Gutiérrez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Adolfo Romero Lainas, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a llevar a cabo diversas actividades conmemorativas al Día Nacional de la Familia.- Se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asignar recursos extraordinarios al Instituto Nacional de Migración para la protección de nacionales repatriados.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a concluir el proceso legislativo para modificar la Ley de Ingresos 2017 y detener la política dañina de gasolinazos impuesta desde el inicio de este año.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Ejército Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Ejército Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional contra el Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Síndrome de Asperger.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Ejército Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Inventor Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Ejército Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Ejército Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Justicia Social.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Inventor Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Mujer Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Ejército Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Fernando Herrera Ávila, Laura Angélica Rojas Hernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Sonia Rocha Acosta, Juan Carlos Romero Hicks, María del Pilar Ortega Martínez, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención en torno al endurecimiento de la política migratoria implementada por el gobierno de los Estados Unidos de América.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con dieciséis minutos y citó a la siguiente el martes veintiuno de febrero a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió una comunicación de la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con la que remite los informes de sus participaciones en:

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre Migración y Refugiados, celebrada el 19 de septiembre de 2016, en Nueva York, Estados Unidos de América.



El Encuentro Latinoamericano Progresista, celebrado los días 28 al 30 de septiembre de 2016, en Quito, Ecuador.



Y las visitas a estaciones migratorias y albergues, realizadas del 4 al 7 y el 28 de noviembre del 2016, a Chiapas y Baja California, respectivamente.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el nombramiento expedido a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaría Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio en el que se remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2016.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió del Consejo Nacional de Armonización Contable, su informe anual, en cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Asimismo, la Colegisladora nos remite un Acuerdo por el que se convoca a la celebración de un Pacto Nacional por la Integridad.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 40 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, señor Presidente. Estimadas compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a hablar de un tema que ha sido recurrente en nuestros ejidos y nuestras comunidades, en los 32 mil núcleos agrarios que existen en el territorio mexicano, que son dotados por resoluciones presidenciales de ejidos y comunidades.

El artículo 27 constitucional, fracciones VI y VII, párrafo séptimo, reconoce a la Asamblea General como el órgano supremo de los núcleos ejidales y comunales.

Asimismo, establece que el comisariado ejidal o el de bienes comunales será el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la Asamblea.

Cabe señalar que la asamblea general es el espacio donde se definen las acciones que se realizan en beneficio de los integrantes de un núcleo agrario; además es el órgano que establece la distribución de las ganancias que arrojan las actividades del ejido, reconocimiento, de aparcelamiento económico, división del ejido o de la instauración o modificación y cancelación del régimen de explotación colectivo.

La propuesta que hoy vengo a presentar va en el sentido de proteger los intereses de todos los integrantes de un núcleo agrario, a través de establecer un mayor número de integrantes que puedan validar una Asamblea General e incrementar el número de integrantes que puedan votar para efectuar la remoción de un miembro que pertenezca al comisariado ejidal o al consejo de vigilancia.

Esta propuesta tiene por objeto eliminar actos de abuso, que sólo atiendan a pequeños grupos de poder que habrá en esta situación, una condición de desventaja para hacer un uso lucrativo de tierras, perjudicando a otros integrantes del ejido.

Han ido creciendo los pueblos en las zonas conurbadas, en donde la mayor parte son ejidos y comunidades, en muchos de los casos no existen Decretos expropiatorios, sólo hay un plan municipal de desarrollo y a través de un acuerdo de cabildo se decreta que va a ocupar, va a ser una zona de reserva para la construcción del desarrollo de cada uno de los ejidos, y manda a traer el comisariado ejidal a dos miembros, firman a estancias de la propia Asamblea General de Ejidatarios y eso se ha mantenido y es preocupante porque ha proliferado la corrupción.

Actualmente la ley en su artículo 24 establece que la Asamblea podrá ser convocada por el Comisariado Ejidal o por el Consejo de Vigilancia, ya sea por iniciativa propia o por solicitud de al menos el 20 por ciento de ejidatarios que integran el núcleo ejidal.

En el artículo 40 establece que la remoción de algún miembro del Comisariado o del Consejo de Vigilancia podrá ser acordada su solicitud por lo menos el 25 por ciento de ejidatarios o comuneros del núcleo ejidal o comunal.

Por ello propongo a esta Honorable Asamblea, que se incremente el número de ejidatarios y pueda convocar a una asamblea general, en el caso del artículo 24, propongo que en lugar del 20 por ciento de los miembros de comisariado ejidal, que sean ejidatarios o comuneros, el 30 por ciento del padrón que tiene cada núcleo ejidal.

Y en el artículo 40 propongo que en lugar del 25 por ciento, tomando en cuenta el padrón del núcleo agrario a que se trate, sea el 35 por ciento de sus miembros ejidatarios o comuneros para que se pueda hacer la remoción de los mismos.

Estas modificaciones van para fortalecer la vida interna de los ejidos y su desarrollo mismo, fortalece la unidad y fortalece al mismo tiempo la defensa de los bienes distintos que fueron dotados a los núcleos agrarios. Además promueve la estabilidad y la paz social en los núcleos agrarios, ya que apenas llega un comisariado o un consejo de vigilancia, un grupo de acuerdo a sus intereses, inmediatamente promueve el 20 por ciento y lo hace vulnerable.

Nosotros necesitamos en los 32 núcleos agrarios, que conforman el territorio nacional, el 50.8 por ciento del territorio nacional es propiedad social. Hoy los ejidos y las comunidades somos dueños de la tierra, del usufructo y de los bienes distintos a la tierra.

Por eso es importante que en los ejidos también haya transparencia, rendición de cuentas, y haya transparencia en los manejos que se tengan en los núcleos agrarios, y que también haya paz y tranquilidad al mismo tiempo y no se estén removiendo a cada instante, según los intereses que se presenten dentro y fuera de los núcleos agrarios.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La que suscribe, Senadora MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 40 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS

En México, la propiedad social está reconocida desde el artículo 27 constitucional, que en su fracción VII señala:

“Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas…”.1

Además, como complemento al artículo 27 constitucional, la población del campo mexicano cuentan con la Ley Agraria, donde el artículo 11 establece que será decisión del ejido la forma de explotación de los recursos naturales y el reparto equitativo de los beneficios.2

Desde el año 1915 y hasta 1992, se repartieron tierras en el caso de los ejidos y se resarcieron tierras en el caso de las comunidades, sin embargo, desde 1992 y hasta la actualidad se ha observado que ha existido un incremento sostenido del nivel de ejidos registrados, por lo que actualmente las tierras en propiedad social equivalen a poco más de la mitad de la superficie total del territorio nacional.

México, cuenta con un total de 31 mil 992 núcleos ejidales y comunales, de los cuales el 93% corresponde a ejidos y el 7% restante a las comunidades, con presencia en 29 entidades, representando una superficie total de 100 millones 14 mil 984 hectáreas y un registro de casi 5 millones de beneficiados.3

De esta forma, el gobierno de la república ha trabajado de manera continua para lo proteger los derechos de todos los que integran el sector agrícola.

Debemos reconocer que el campo mexicano y los productos que dé el emanan, son reconocidos a nivel internacional por su calidad, lo cual nos ha valido ser de las principales economías exportadoras del sector agroalimentario en productos como tomate, chiles, pimientos, sandia, pepino, limón, aguacate, cebolla, papaya, entre otros.4

No obstante, pese a que hoy en día nuestro país ostenta dicho título como líder exportador, existen condiciones al interior de las organizaciones productivas y los ejidatarios que no permiten maximizar la capacidad productiva de nuestros campos, obteniendo con ello mejores beneficios para los productores, campesinos y sus familias.

Una prueba de ello, son las asambleas ejidales, que si bien están reconocidas por el mismo artículo 27 constitucional como el órgano supremo del núcleo de población ejidal y comunal y en la cual se establecen acuerdos entre todos los ejidatarios legalmente reconocidos sobre aspectos productivos y económicos, la gestión y representación del núcleo y la vigilancia de la actuación de los órganos de representación. 

Todo acuerdo, resolución o determinación, tomado dentro de la Asamblea, será obligatorio para todos, incluso los ausentes y disidentes.

Asimismo, la Asamblea deberá ser convocada al menos una vez cada seis meses o lo que señale el reglamento interno de cada ejido, y puede ser solicitada por el Comisariado Ejidal o el Consejo de Vigilancia por iniciativa propia o si así lo solicitan al menos 20 ejidatarios o el 20% del total del ejido, o en caso de no haber sido solicitado por las dos autoridades antes mencionadas podrá ser convocada la asamblea por la misma Procuraduría Agraria por solicitud de los ejidatarios.

En este punto, queremos señalar que existen entidades que no cuentan con más de 20 núcleos certificados tales como: Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Ciudad de México, Colima, Campeche, Baja California Sur y Baja California y Aguascalientes.

Bajo esta condición, diversos núcleos agrarios de las diferentes entidades antes mencionadas que cuentan con una Asamblea, presentan una posición de poder diferente frente a sus homólogos en entidades que cuentan con más de 20 núcleos agrarios certificados.

En ese sentido, aquellas Asambleas que cuentan con una cantidad inferior de integrantes, hace posible que pequeños grupos de ejidatarios tomen ventaja sobre los demás miembros de la asamblea, provocando actos de atropello que solo beneficia a quienes son aliados de estos pequeños grupos de poder.

Por lo tanto, todos los acuerdos, referentes a la aprobación de contratos, distribución de las ganancias, delimitación de las áreas para el asentamiento humano o productivo, autorización para la adopción del domino pleno sobre sus parcelas, explotación de los recursos naturales, entro otros, son aprovechados por estos pequeños grupos que abusan de esta figura para aprovecharse de los demás integrantes.

Por otra parte, el artículo 40 de la Ley Agraria, señala que solo es necesario la participación de al menos el 25% de los ejidatarios del núcleo agrario, para la remoción de miembros del comisariado y del consejo de vigilancia, haciendo la votación de manera secreta y por la Asamblea5.

De igual forma a lo mencionado sobre la convocatoria para la celebración de una Asamblea, al ser un número reducido de participantes ejidatarios, existe la posibilidad de manipulación sobre los integrantes de alguno de los organismos ejidales a través de lo que señala el artículo 40 sobre la remoción de cargos, permitiendo que los pequeños grupos de poder tomen control ya no solo de la Asamblea, sino también de los órganos de control y vigilancia del núcleo agrario, por lo que, promueve que los beneficios sean solo para los integrantes de dichos grupos o en su caso apliquen sanciones o controlen inclusive los apoyos recibidos por parte de las dependencias de gobierno que cuentan con programas sociales para la atención al campo.

Otro de los problemas que se ha suscitado es que son los mismos miembros del ejido quienes a través de su participación dentro de la Asamblea atienden a las necesidades de grupos empresariales quienes por medio de promesas de carácter monetario ejercen presión sobre los grupos de poder para modificar el uso de las tierras ejidales y provocando un atropello de los derechos y propiedad de otros ejidatarios.

De continuar con esta situación, miles de ejidatarios que se encuentran en desventaja frente a estos grupos de poder, seguirán perdiendo no solo los beneficios que se obtengan por la producción, sino que pueden presentarse casos de despojo de tierras a ejidatarios por acuerdos tomados dentro de las Asambleas y por contar con aliados dentro de organismos como el comisariado o el consejo de vigilancia.

Como complemento a la protección que concede nuestra Carta Magna sobre la propiedad de la tierra, existe el “Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual en su artículo 9, habla sobre los derechos del agricultor, que específicamente en su punto 9.2 fracción “b”  establece que es derecho de los agricultores participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura e incumbe a los gobiernos nacionales hacer realidad los derechos de los agricultores.6

De esta manera, si nos abocamos al artículo 1º constitucional que establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es obligación del Gobierno de la República garantizar la protección de los derechos de sus habitantes y para este caso en especial, de nuestros ejidatarios, quien con su trabajo, empeño y pasión han sido los promoventes de que las mesas de las familias mexicanas cuenten con alimentos y productos de calidad.

CONSIDERACIONES

El objetivo de esta iniciativa es establecer dentro de los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria, un incremento de los miembros que podrán validar una Asamblea ejidal, como un incremento de los miembros ejidatarios que podrán votar para la remoción de un miembro que pertenezca al comisariado o al consejo de vigilancia.

De esta forma, se estaría promoviendo dentro de las asambleas una mayor inclusión de participantes que sirva para dar mayor certeza y validez a los acuerdos que se tomen dentro del núcleo agrario.

Asimismo, con el incremento de miembros para emitir votos para la remoción se estarían evitando la ocupación de cargos dentro de los órganos de control del ejido que solo atiendan a las necesidades de grupos pequeños de poder.

En concreto, el aumentar el número de ejidatarios que puedan convocar o revocar un cargo estaría reduciendo actos de corrupción, impunidad y atropello sobre otros integrantes del mismo ejido, permitiendo con ello contar con Asambleas más participativas en las que se pueda garantizar el reparto equitativo de beneficios y contar con un grupo plural de autoridades dentro de los órganos de control que promuevan un mejor clima de participación y productividad entre los ejidatarios.

Como representante de un estado donde las actividades primarias solo representan el 7.1% de la actividad económica es mi obligación fortalecer el campo desde su estructura con el único objetivo de ofrecer a las familias que viven de esta noble actividad un mejor futuro.7

Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforman los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 24. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos treinta ejidatarios o el treinta por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea.

Artículo 40. La remoción de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia podrá ser acordada por voto secreto en cualquier momento por la asamblea que al efecto se reúna o que sea convocada por la Procuraduría Agraria de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 fracción VIII del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria a partir de la solicitud de por lo menos el treinta y cinco por ciento de los ejidatarios del núcleo.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.

1 Artículo 27, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 11 de la Ley Agraria, consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf

3 Ver, http://www.ran.gob.mx/ran/pano_agr-map/imgs/nucleos/nucleos-agrarios_Page_01.pdf

4 Ver, http://www.elfinanciero.com.mx/economia/un-gigante-exportador-de-alimentos.html

5 Artículo 40 de la Ley Agraria, consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf

6 Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, FAO, consultado en:•http://www.fao.org/pgrfa-gpa-archive/hnd/files/Tratado_internacional_sobre_los_recursos_fitogeneticos_para_la_alimentacion_y_la_agricultura.pdf

7 Ver, http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/economia/default.aspx?tema=me&e=18

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora María Hilaria Domínguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 117 y 118 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 118 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Quiero iniciar comentando que hace algún tiempo el Senado de la República atrajo la facultad a la constitución de nombrar a los magistrados de los tribunales locales electorales, de esa forma, toda la línea de magistrados desde la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, mejor conocido como Trife, las salas regionales, también de la Sala Superior y los tribunales locales, ya lo hace el Senado de una sola forma.

Sin embargo, cuando se habla de omisiones graves por parte de los tribunales electorales locales, la Sala Superior concluyó que no hay una instancia en ninguna parte de la Constitución que pueda remover a los magistrados nombrados.

Pongo como ejemplo el caso del estado de Chiapas, donde el tiempo que se toma el Tribunal Electoral local para resolver, es absolutamente grave, es omiso en los tiempos para recabar las pruebas que lleven a resolver de manera clara y precisa los asuntos que se le plantean y, por supuesto, uno de los casos más graves es el caso de la capital Tuxtla, del pasado proceso electoral.

Cabe señalar que de acuerdo con la ex magistrada Alanís Figueroa, que a la letra dice: “Deben ser consideradas sujetas de responsabilidad”.

Y el propio magistrado Penagos, señala que tanto la autoridad local como la federal tratándose de la Sala Regional, tardaron muchísimo tiempo para resolverlo y hacerlo mal, pues omitieron requerir pruebas debidamente solicitadas, afectando el derecho al acceso de una justicia pronta y expedita, incumpliendo con los principios de prontitud, imparcialidad, excelencia, objetividad, profesionalismo, independencia, certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Hay que decirlo, el término que tienen los magistrados para resolver es hasta antes de que la persona electa pueda tomar protesta del cargo, de tal forma que si un tribunal local alarga la decisión de tomar una resolución del juicio en comento y sólo deja un par de días a la Sala Superior o a la Sala Regional para resolver el fondo del asunto, hablamos de un tribunal omiso.

Pero cuando se le quiere sancionar a ese tribunal como lo señaló la Sala Superior, no encontramos ningún sustento constitucional para que éste pueda ser sancionado por ninguna instancia del Estado mexicano.

Por ello, esta iniciativa consiste en señalar lo siguiente: De acuerdo con lo antes mencionado, se puede observar que al día de hoy, no existe procedimiento alguno, para llevar a cabo la remoción de Magistrados Electorales de las entidades federativas, tal es el caso que se explica, del tribunal del estado de Chiapas, que aún en que haya incurrido en faltas graves, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no tiene la facultad para dicha remoción, por tal motivo, en la presente reforma, se propone que la Cámara de Senadores sea el órgano que tenga la facultad de llevar a cabo el procedimiento de remoción, ya que el artículo 108 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, faculta a la Cámara de Senadores a llevar a cabo el proceso de elección de dichos magistrados, lo cual implicaría ser la institución que los nombra y, por supuesto, la que los pueda remover, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 117 constitucional. Los Magistrados Electorales de las entidades federativas, podrán ser removidos por la Cámara de Senadores.

2. Con independencia de lo que mandaten las constituciones y leyes locales, serán causas de responsabilidad de los Magistrados Electorales de las entidades federativas las siguientes:

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto a terceros.

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar.

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos.

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones correspondientes.

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento.

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o labores que tenga a su cargo.

g) Utilizar en beneficio propio o de terceros, la documentación e información confidencial en los términos de la presente ley y de las demás legislaciones de la materia.

h) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus atribuciones.

i) Las demás que determinen las constituciones locales o las leyes que resulten aplicables.

2. Los Magistrados Electorales Estatales gozarán de todas las garantías judiciales previstas en el artículo 17 de la Constitución a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se integra por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo de su duración y la seguridad económica.

4. El Senado de la República definirá un procedimiento claro y con plazos establecidos, para el desahogo de la remoción de los Magistrados Electorales de las entidades federativas que cumplan con las formalidades esenciales.
Artículo 118.

1. El Senado de la República a través del órgano que éste determine, cuando tenga conocimiento de hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere que existen elementos de prueba, notificará al Magistrado Electoral de la entidad federativa de que se trate, en un plazo de cinco días.

2. En la notificación, para la audiencia de pruebas y alegatos, deberá expresarse el lugar, día y hora que tendrá verificativo la audiencia; los actos u omisiones que se le imputen, las pruebas que obren en su contra, las consecuencias posibles y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor aportar las pruebas que obren a su favor.

3. La notificación a que se refiere el párrafo se practicará de manera personal. Entre la fecha, de la citación y la de la audiencia, deberá mediar un plazo no menor a cinco ni mayor de quince días.

4. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas durante la audiencia referida del párrafo anterior, dentro de los 20 días siguientes se someterá al dictamen con proyecto de resolución al Pleno de la Cámara de Senadores.

5. La remoción requerirá la votación de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, el cual deberá notificar la resolución correspondiente y ejecutará la remoción, sin perjuicio de que cualquier otra sanción a que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

6. Los magistrados electorales podrán ser privados de su cargo en términos del Título Cuarto de la Constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos aplicables.

Por lo expuesto en párrafos anteriores, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa que reforma el artículo 117 y 118 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, con ello, se lleve a cabo el procedimiento remoción de Magistrados Electorales locales por las faltas señaladas en el artículo 117 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Es cuanto, ciudadano Presidente.

Iniciativa

JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,  en ejercicio de la facultad conferida la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral, 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 118 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la jurisdicción, también conocido como el derecho de la seguridad jurídica, es entendido como el derecho constitucional a obtener de la autoridad competente, usualmente de los tribunales establecidos por la ley la tutela efectiva de los derechos subjetivos, a nivel internacional la garantía de este derecho humano se encuentra establecido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conocido también como “Pacto de San José de Costa Rica”, en el cual se establece que:
“Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

“Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”

Bajo estas premisas, se asegura el derecho de toda persona a obtener un acceso a la jurisdicción o una tutela efectiva e igualitaria de las autoridades o tribunales en el ejercicio de los derechos legítimos. Así, todo acto de poder, incluido los actos jurisdiccionales que vulneren dicho derecho, constituye una violación del derecho a la tutela judicial o a la jurisdicción.

Las personas tienen derecho a que el poder público se organice de modo que la justicia quede garantizada, lo que se logra con el derecho a la jurisdicción o a la tutela jurisdiccional de los derechos por los tribunales o autoridades competentes.

En ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos principios que integran aquel derecho público subjetivo, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales. Esta garantía consagra favor de los gobernados ciertos principios: Una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.

Las autoridades que se encuentran obligadas por tanto, a la observancia de la totalidad de los derechos son aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.1

Ahora bien, la función jurisdiccional es una de las labores y atribuciones más nobles de la razón humana, porque a través de ella se garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales, el orden y la paz social, por ello hay ciertos principios constitucionalmente establecidos que rigen dicha actividad.

Entes sentido, debe señalarse que el séptimo párrafo del artículo 100, de nuestra Constitución Federal señal textualmente que:

“La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia”.2

Estos principios pueden ser definidos de la siguiente manera:

Independencia

Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes del sistema social, por lo que debe emitir una decisión justa, sin ser influenciado por factores ajenos al derecho mismo. Esto es, el juzgador sólo puede atender al contexto de la litis que es sometida a su conocimiento, sin ceder a las presiones provenientes del sistema social.

Imparcialidad

La imparcialidad, de acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables.3

La finalidad del principio de imparcialidad, tiene sustento en el derecho que tienen las partes en un juicio de ser tratadas de manera equitativa y, por tanto, que no se les discrimine en el desarrollo de la función jurisdiccional.

El principio de imparcialidad, consiste en que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y retomo este principio para posteriormente señalar los ejes rectores que debe guiar la impartición de justicia en nuestro país.

Objetividad

Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes de si mismo. Consiste en emitir sus fallos por las razones que el Derecho le suministra, y no por las que se deriven de su modo de personal de sentir o pensar.

No debe actuar con prejuicios o aprensiones, ni buscar reconocimiento alguno, la aplicación del derecho debe ser prioritario frente a cualquier beneficio o ventaja personal.

Profesionalismo

Es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación.

Debe cuidar no actuar con ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, por el contrario el juzgador debe actualizar permanentemente sus conocimientos jurídicos y por ende la concepción actual de los derechos humanos, pues el control de convencionalidad trae aparejada una nueva forma de interpretación conforme, e favor de las personas. Debe fundar y motivar sus resoluciones evitando las afirmaciones dogmáticas, por lo que el juzgador no sólo debe aplicar la ley sino debe aplicar los conocimientos del derecho.

Excelencia

Es el perfeccionamiento del juzgador para estar en aptitud de desarrollar las virtudes judiciales, consistentes en el humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez y honestidad.

Se entiende entonces, que las autoridades judiciales tienen la obligación de impartir una justicia basada en razonamientos sólidos y criterios humanos que permitan extender el contenido de la ley a favor de la protección de los derechos de los individuos.

La función jurisdiccional dentro del sistema jurídico mexicano está prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en sus artículos 124; 94 al 107; 104, fracción I,; 27; 123, Apartado “A”, fracción XX, y apartado “B”, fracciones XII y XIII; y 74, fracción V.

En materia electoral la Constitución establece:

“Artículo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.”

“Artículo 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

En lo concerniente a los Tribunales Electorales Locales, la propia Constitución establece en el artículo 116, fracción IV, inciso c, párrafo 5 dice:

“Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.”

Así, en el Estado de Chiapas el Tribunal Electoral del Estado está integrado de 5 magistrados, tal y como lo establece el artículo 502, del Código de Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y dicho órgano jurisdiccional tiene en el ámbito de su competencia resolver las controversias de la materia con motivo de los procesos electorales locales en el Estado y sujetar su conducta al estado democrático y los principios rectores de la actividad electoral.

La jurisdicción es una de los elementos fundamentales del derecho procesal y en un análisis profundo convergen los contenidos de la ciencia jurídica y la ciencia política.

La jurisdicción es la principal premisa para lograr un sistema eficiente de administración de justicia; en consecuencia, en todo diagnóstico general sobre el tema, debe ser tomada en consideración.

Dentro de la jurisdicción, la regulación sobre designación y remoción de juzgadores deber ser revisada permanentemente para garantizar el lugar de los mejores juristas en esta delicada tarea. Máxime cuando existan pruebas plenas de una ineptitud probada o negligencia en la actuación de los mismos.

El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó́ en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político- electoral.

El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó́ en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual abrogó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El artículo 5, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que la aplicación de la ley en comento, corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos Locales Electorales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, entre otros.

Así, se precisó́ en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 5º que “las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarían por un número impar de magistrados, quienes serían electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley”. De manera armónica, el similar 106, párrafo 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que los Tribunales Locales Electorales se integrarían por un número de 3 ó 5 magistrados quienes permanecerán en su encargo durante 7 años, de conformidad con lo que establezca la Constitución de cada estado y quienes serán electos por la Cámara de Senadores de manera escalonada, quienes estarían además sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

De igual forma, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales multicitada, en su artículo 117 se establece las causas de remoción de los magistrados, el cual, señala que con independencia de lo que mandaten las Constituciones y leyes locales, serán causas de responsabilidad de los magistrados electorales de las entidades federativas las siguientes:

“Artículo 117.

1…

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones correspondientes;

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo;

g) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente Ley y de la demás legislación de la materia;

h) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y

i) Las demás que determinen las Constituciones Locales o las leyes que resulten aplicables.

2. Los magistrados electorales estatales gozarán de todas las garantías judiciales previstas en el artículo 17 de la Constitución a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se integra por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo de su duración y la seguridad económica.”

Lo anterior, obedeció en términos de la exposición de motivos a evitar posibles intervenciones de las autoridades gubernamentales estatales en la designación de los Tribunales Electorales Locales y de esa manera, propiciar un mayor resguardo de los principios rectores que blindan la función jurisdiccional electoral y establecer, también un proceso de revisión de la actividad de dichos tribunales locales, en materia electoral.

Con base en la premisa legal anterior, el asunto que hoy nos reclama atención, es el suscitado en la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el pasado proceso electoral 2014-2015, el cual se desarrolló así:

a) El siete de octubre de dos mil catorce dio inicio el proceso electoral en el Estado de Chiapas para la renovación de diputados y miembros de los Ayuntamientos. El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a cabo la jornada para la elección de integrantes de los Ayuntamientos en Chiapas, entre ellos, los correspondientes al Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

b) Derivado del cómputo municipal se declaró la validez de la elección y se expidió la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido.

c) De los resultados se advirtió una diferencia de 795 (setecientos noventa y cinco) votos, lo que representa el .46% (punto cuarenta y seis por ciento) de la votación emitida, entre la Coalición ganadora, que obtuvo 67,385 (sesenta y siete mil trescientos ochenta y cinco) votos y el Partido Acción Nacional que obtuvo el segundo lugar con 66,590 (sesenta y seis mil quinientos noventa) sufragios.

d) En consecuencia, el 31 de julio de 2015 Carlos Guillermo Chávez García, representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Francisco Antonio Rojas Toledo, candidato a Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, promovieron juicios de nulidad electoral, a fin de controvertir el cómputo municipal de la elección de Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor. 

e) El veintiocho de agosto de dos mil quince, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas resolvió el medio de impugnación, en el sentido de acumular los juicios de nulidad electoral TEECH/JNE-M/091/2015, TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015 y TEECH/JNE-M/094/2015 al diverso TEECH/JNE-M/083/2015, y determinó modificar los resultados del cómputo municipal, así como confirmar la declaración de validez de la elección de miembros del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y la expedición de la constancia de mayoría y validez a la planilla registrada por la coalición.

Lo trascendente de todo ello no fue la resolución confirmando el resultado, sino que dicho Tribunal no realizó su actividad de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 y 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que la actividad jurisdiccional deberá ser apegado a los principios de: certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

Este tribunal se tardó cuatro semanas para resolver, dejando de solicitar diversas pruebas que la parte quejosa había requerido y anuló indebidamente unas casillas, para aumentar la diferencia entre el primero y segundo lugar.

El dos de septiembre de 2015,  se promovieron diversos recursos legales ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral, con número de expediente SX-JDC-851/2015 y SX-JRC-260/2015, donde en uno de sus puntos resolutivos claramente se evidencia lo siguiente:

“…en la resolución materia del presente juicio, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, contrario a lo resuelto en asuntos previos, inobservó la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal, en contravención al artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, procede amonestar públicamente al mencionado órgano jurisdiccional local y exhortarlo para que en lo subsecuente se ajuste a los términos de la citada jurisprudencia.”

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas había dejado de observar jurisprudencia, la cual es obligatoria para todas aquellas autoridades electorales encargadas de impartir justicia en materia electoral. La obligatoriedad de la jurisprudencia es el elemento necesario para lograr el objetivo de unificar la interpretación y aplicación del derecho. Si los criterios que forman la jurisprudencia no resultaren de observancia imperativa para los órganos jurisdiccionales, éstos tendrían la posibilidad de emplear aquel que más les acomode, con grave detrimento de la seguridad jurídica que es el fin esencial del orden jurídico.

La obligación emana del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación donde claramente sostiene:

“Artículo 233.- La jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria en todos los casos para las Salas y el Instituto Federal Electoral. Asimismo, lo será para las autoridades electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a derechos político-electorales de los ciudadanos o en aquéllos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas autoridades, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas.”

Posteriormente, como última instancia procesal, el veintiséis de septiembre del año 2015, los quejosos acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual tuvo sólo 72 horas para resolver, ya que la toma de posesión del cargo, podría ocasionar un acto de imposible reparación. Este fallo se suscitó con un reclamo de los propios magistrados del máximo órgano del país, expresando públicamente los errores que se habían cometido tanto por la autoridad jurisdiccional local, como por la Sala Regional, lo cual reproduzco textualmente para dejar plena evidencia de la ineptitud o negligencia por parte de quienes intervinieron en dicha secuela procesal de los expedientes SUP-REC-784/2015, SUP-REC-785/2015, así como SUP-REC-790/2015, respectivamente, donde se puede leer literalmente:

Magistrada Ma. del Carmen Alanís Figueroa:

“Relativo a la omisión de allegarse a pruebas ofrecidas desde la primera instancia y que estaba obligada a requerir. Acción Nacional para acreditar la compra y coacción del voto así como el acarreo de los votantes, ofrece ante la instancia Local, es decir ante el Tribunal Electoral Local, diversos medios de prueba que dicho órgano jurisdiccional omitió requerir entre otras diligencias y actuaciones que solicitó la parte Actora y la Sala responsable indebidamente para mi califico, eh… considero que no eran pruebas supervenientes por lo que tampoco las requirió entre otras omisiones que para mí están acreditas como omisiones, faltas e inclusive responsabilidades tanto de la Instancia Local como de la Sala Regional, que no es objeto de la Litis que se está resolviendo pero considero que si se debería dar parte o vista a las Autoridades competentes para conocer de las posibles omisiones o en su caso responsabilidades de los y las  Magistrados”.

Magistrado Pedro Penagos:

“Violaciones cometidas en el proceso Electoral de esa elección, la actuación del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, es evidente la falta expedites y prontitud en el actuar de dicho Órgano Jurisdiccional, realmente la forma en la que se resuelve este asunto en mucho tiene que ver la falta precisamente, del actuar, del actuar con prontitud, del actuar con expedites, con acceso a la justicia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Mi Estado, por cierto. Y las pruebas que obran en el expediente y que el propio Partido actor reconoce que tanta que el Tribunal Electoral Local no las requirió como las solicito que la Sala Regional del Tribunal Electoral quizá no entendió la forma en que planteo precisamente el... el… los términos en que ofreció las pruebas ante el Tribunal Electoral Local, esto es solicito que las requiriera y desde luego ello trae como resultado el proyecto que se presenta precisamente a su consideración".

Magistrado Olimpo Nava Gomar (Ponente)

“Déjenme dar algunos datos: en lo que hay coincidencia absoluta es en la desproporción que hay con los tiempos para resolver, no solo en este asunto sino en los que hemos estado resolviendo a propósito de otras Entidades Federativas, un ritmo frenético de resolución, esta semana la anterior y otras anteriores. El Tribunal Electoral del Estado de Chipas efectivamente resuelve en 26 días y me parece que mal este asunto, la Sala Superior en 19, y ahora si ya cumplimos Magistrado Penagos las 72 horas o estamos a punto de cumplirlas de que lo recibimos. Es verdad que se viola el derecho a probar por parte del Accionante, conocido en ello, pero ahora un defecto, un error o un vicio por parte de una Autoridad Jurisdiccional es de la entidad suficiente como para anular los votos de los ciudadanos, no veo esa proporción.”

Como se puede notar, los magistrados de la Sala Superior coinciden en que existió por parte del Tribunal Local, una falta de expedites y prontitud en el actuar, esto es una causa grave para actualizar la remoción de los mismos; omisiones que a consideración de la Magistrada Alanís Figueroa, deben ser consideradas sujetas de responsabilidad, el propio Magistrado Penagos, señaló que tanto la autoridad local como la federal tratándose de la Sala Regional, tardaron muchísimo tiempo para resolver, y hacerlo mal, pues omitieron requerir pruebas debidamente solicitadas, afectando el derecho al acceso a una justicia pronta y expedita, incumpliendo con los principios de prontitud, imparcialidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Por último, el Magistrado Ponente de la Resolución, Dr. Olimpo Nava Gomar, señaló que había coincidencia en la desproporción de los tiempos para resolver, acepta que se viola el derecho de los afectados a probar y que existieron errores de las autoridades jurisdiccionales.

En este sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los requisitos y el procedimiento para la designación de los Magistrados Electorales Estatales, destacando que es facultad del Senado de la República emitir, a propuesta de su Junta de Coordinación Política, la convocatoria pública que contendrá los plazos y la descripción del procedimiento.

Además, el Reglamento del Senado de la República definirá el procedimiento para la emisión y desahogo de la convocatoria a que hace referencia el párrafo anterior.

Así, los Magistrados Electorales, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son elegidos por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, como lo dispone el artículo 106, numeral 2, de la misma Ley General.

Si bien es cierto que en la legislación de la materia señalan el procedimiento para designar a los Magistrados Electorales, también lo es que en los mismos ordenamientos jurídicos no se señala procedimiento alguno para su remoción, existiendo una laguna jurídica, toda vez que ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni el Senado de la República son competentes para resolver sobre la remoción de algún Magistrado Electoral Estatal.

De lo antes expuesto, concluyo que es necesario subsanar la laguna legal creando un procedimiento para remover a los Magistrados cuyos actos u omisiones atenten contra los principios rectores que rigen la actuación de los Tribunales jurisdiccionales, con independencia de las responsabilidades que se generen.

En el procedimiento propuesto, señalo que será competencia del Senado de la República llevar a cabo el procedimiento de remoción. Lo anterior, toda vez que es competencia de dicha Cámara designarlos y realizar el procedimiento de sustitución cuando exista alguna vacante definitiva, como lo dispone el artículo 109, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por ello, también deberá ser competente para remover a los Magistrados Electorales que incurran en alguna falta grave y que atenten en contra de los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, legalidad, máxima publicidad, profesionalismo, e independencia, bajo los cuales se debe regir el actuar de los Magistrados Electorales.

De acuerdo a lo antes mencionado, se puede observar que al día de hoy, no existe procedimiento alguno, para llevar a cabo la remoción de los Magistrados Electorales de las Entidades Federativas, tal es el caso que se explica del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que aún que haya incurrido en faltas graves, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  no tiene la facultad para dicha remoción, por tal motivo en la presente reforma, se propone que la Cámara de Senadores, sea el órgano que tenga la facultad de llevar a cabo el procedimiento de remoción, ya que el artículo 108, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, faculta a la Cámara de Senadores llevar a cabo el proceso de elección de dichos Magistrados, lo cual implicaría ser la Institución que los nombra y que los pueda remover, de la siguiente manera:

DICE:

REFORMA:

Artículo 117.

 

 


2.Con independencia de lo que mandaten las Constituciones y leyes locales, serán causas de responsabilidad de los magistrados electorales de las entidades federativas las siguientes:

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;


b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones correspondientes;

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo;

g) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente Ley y de la demás legislación de la materia;


h) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y

i) Las demás que determinen las Constituciones Locales o las leyes que resulten aplicables.

2. Los magistrados electorales estatales gozarán de todas las garantías judiciales previstas en el artículo 17 de la Constitución a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se integra por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo de su duración y la seguridad económica.

 

 

 

 

Artículo 118.

1. Los magistrados electorales podrán ser privados de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos aplicables.

Artículo 117.

1. Los Magistrados Electorales de las entidades federativas, podrán ser removidos por la Cámara de Senadores.

2. Con independencia de lo que mandaten las Constituciones y leyes locales, serán causas de responsabilidad de los magistrados electorales de las entidades federativas las siguientes:

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones correspondientes;

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo;

g) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente Ley y de la demás legislación de la materia;

h) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y

i) Las demás que determinen las Constituciones Locales o las leyes que resulten aplicables.

2. Los magistrados electorales estatales gozarán de todas las garantías judiciales previstas en el artículo 17 de la Constitución a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se integra por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo de su duración y la seguridad económica.

4. El Senado de la República definirá un procedimiento claro y con plazos establecidos, para el desahogo de la remoción de los Magistrados Electorales de las Entidades Federativas, que cumpla con las formalidades esenciales.

Artículo 118.

1. El Senado de la República,              a través del órgano que éste determine,  cuando tenga conocimiento de hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere que existen elementos de prueba, notificará al Magistrado Electoral de la Entidad Federativa de que se trate, en un plazo de cinco días.

2. En la notificación, para la audiencia de pruebas y alegatos, deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; los actos u omisiones que se le imputen, las pruebas que obren en su contra,  las consecuencias posibles y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor aportar las pruebas que obren a su favor. La notificación a que se refiere este párrafo se practicará de manera personal. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días.

Desahogadas las pruebas que fueren admitidas durante la audiencia referida en el párrafo anterior, dentro de los veinte días siguientes se someterá el dictamen con proyecto de resolución al Pleno de la Cámara de Senadores.

5. La remoción requerirá la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, el cual deberá       notificar la resolución correspondiente y ejecutar la remoción, sin perjuicio de cualquier otra sanción a que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
6. Los magistrados electorales sólo podrán ser privados de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos aplicables.

Por lo expuesto en párrafos anteriores, someto a consideración de este honorable Soberanía la siguiente iniciativa que se reforma el artículo 117 y 118, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, con ello, se lleve a cabo un procedimiento de remoción de Magistrados Electorales Locales, por las faltas señaladas en el artículo 117, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 117.

1. Los Magistrados Electorales de las entidades federativas, podrán ser removidos por la Cámara de Senadores.

2. Con independencia de lo que mandaten las Constituciones y leyes locales, serán causas de responsabilidad de los magistrados electorales de las entidades federativas las siguientes:

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones correspondientes;

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo;

g) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente Ley y de la demás legislación de la materia;

h) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y

i) Las demás que determinen las Constituciones Locales o las leyes que resulten aplicables.

2. Los magistrados electorales estatales gozarán de todas las garantías judiciales previstas en el artículo 17 de la Constitución a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se integra por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo de su duración y la seguridad económica.

4. El Senado de la República definirá un procedimiento claro y con plazos establecidos, para el desahogo de la remoción de los Magistrados Electorales de las Entidades Federativas, que cumpla con las formalidades esenciales.
Artículo 118.

1. El Senado de la República, a través del órgano que éste determine,  cuando tenga conocimiento de hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere que existen elementos de prueba, notificará al Magistrado Electoral de la Entidad Federativa de que se trate, en un plazo de cinco días.

2. En la notificación, para la audiencia de pruebas y alegatos, deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; los actos u omisiones que se le imputen, las pruebas que obren en su contra,   las consecuencias posibles y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor aportar las pruebas que obren a su favor. La notificación a que se refiere este párrafo se practicará de manera personal. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días.

Desahogadas las pruebas que fueren admitidas durante la audiencia referida en el párrafo anterior, dentro de los veinte días siguientes se someterá el dictamen con proyecto de resolución al Pleno de la Cámara de Senadores.

5. La remoción requerirá la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, la cual deberá notificar la resolución correspondiente y ejecutar la remoción, sin perjuicio de cualquier otra sanción a que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

6. Los magistrados electorales podrán ser privados de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos aplicables.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.

1 187030. 2a. L/2002. Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, Pág. 299.

2 Artículo 100. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Marco Jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados LXIII Legislatura, México, agosto de 2015., Págs. 156,157.

3 Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1ª. Edición, Septiembre de 2014.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Si me permite sumarme.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¿Sí lo permite, Senador Preciado?

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con gusto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Quien más desee, Servicios Parlamentarios, Mario Delgado también y Servicios Parlamentarios que pase a recoger las firmas, si son tan amables.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, seños Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa busca fortalecer el principio de igualdad sustantiva del hombre y la mujer ante la ley, proponiendo establecer en el Código Civil Federal el derecho de ambos progenitores a poner en primer lugar el apellido que ambos acuerden y no forzosamente el del padre.

A pesar de que la legislación vigente establece la igualdad de derechos entre ambos sexos, se acostumbra realizar el registro de los recién nacidos bajo un formato discriminatorio, en el cual, por protocolo estable el nombre de pila, seguido por el apellido paterno y consecutivamente el apellido materno.

Esto ha dado lugar a una costumbre que ha violentado el derecho a elegir de las mujeres por décadas. Este acto ha sido aceptado por la sociedad a lo largo de generaciones al considerarse algo que debe ser así, sin que se determinen cambios reales que eviten que la situación siga presentándose.

Puede parecer un incidente menor, pero la naturaleza de este fenómeno es una falta grave en el avance de las metas en materia de igualdad y debe de modificarse por una visión de futuro, en la cual, las mismas disposiciones jurídicas estén actualizadas e impidan que se sigan realizando estas prácticas.

A partir de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, nuestro país, asumió el compromiso de modernizar y fortalecer el marco jurídico que atienda estas recomendaciones; de donde derivó gran parte de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos.

En este sentido, con la finalidad de cumplir con la responsabilidad del Estado con las metas de la Agenda Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y para contribuir a que en nuestro país se reduzca la fecha existente entre la aplicación de derechos en cuestión de género, la presente iniciativa suma el beneficio   de otorgar la igualdad a hombres y mujeres al llevar a cabo el registro de sus descendientes.

Hay países de la región latinoamericana que han comenzado a tener esta problemática modificando su legislación para impedir que este tipo de discriminación continúe presentándose, adoptando en el marco jurídico una nueva lógica al poner el nombre de los hijos, misma que debe contar con perspectiva de género.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentó precedentes en la resolución 1977/2015, cuando estableció que el menor debe llevar el apellido de ambos padres, sin que exista un orden predeterminado o específico, pudiendo estar el de la madre antes que el del padre, manifestando un ejercicio de igualdad entre ambos géneros, esto dio como resultado la primera acta en nuestro país donde podemos encontrar los apellidos en orden contrario a lo que se acostumbra.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al 2015, muestran que el 67 por ciento de la población femenina han tenido al menos un hijo, lo que significa que se ha violentado en derecho a elegir libremente a más de 30 millones de mexicanos.

Frente a estos cambios debemos considerar urgentemente contribuir en la armonización de nuestro marco jurídico para actualizar las necesidades en materia de equidad en nuestra sociedad, no debe de haber, desde luego, estas prácticas discriminatorias.

Como Estado tenemos la obligación de proteger los derechos fundamentales en todas las esferas jurídicas y reducir el número de lagunas o vacíos que aún permiten algún grado de incumplimiento, garantizando así, que en ningún Juzgado Civil vuelva a cometerse el error de adjudicar sin fundamento el orden de apellido del varón en primer lugar sobre el de la mujer.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa busca fortalecer el principio de igualdad sustantiva del hombre y la mujer ante la Ley, proponiendo establecer en el Código Civil Federal el derecho de ambos progenitores a poner en primer lugar el apellido que ambos acuerden y no forzosamente el del padre.

Pesea que la legislación vigente establece la igualdad de derechos entre ambos sexos, se acostumbra realizar el registro de los recién nacidos bajo un formato discriminatorio, en el cuál, por protocolo establece el nombre de pila, seguido por el apellido paterno y consecutivamente el apellido materno, dando lugar a una “costumbre” que ha violentado el derecho a elegir de las mujeres por décadas. Este acto ha sido “aceptado” por la sociedad por generaciones al considerarse algo que “así debe ser” sin que se determinen cambios reales que eviten que la situación siga presentándose.

Puede parecer un incidente menor, pero la naturaleza de este fenómeno es una falta grave en el avance de las metas en materia de igualdad y debe modificarse con una visión de futuro, en la cual, las mismas disposiciones jurídicas estén actualizadas e impidan que se sigan realizando estas prácticas.

A partir de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), nuestro país asumió el compromiso de modernizar y fortalecer el marco jurídico que atienda estas recomendaciones; de donde derivó gran parte de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

En este sentido, con la finalidad de cumplir con la responsabilidad del Estado con las metas de la Agenda mundial delos Objetivos de Desarrollo Sostenible elaborados por la Organización de las Naciones Unidas y para que nuestro país pueda reducir la brecha existente entre la aplicación de derechos en cuestión de género, la presente iniciativa suma el beneficio de otorgar la igualdad a hombres y mujeres al llevar a cabo el registro de sus descendientes.

Hay países de la región latinoamericana que han comenzado a atender esta  problemática modificando su legislación para impedir que este tipo de discriminación continúe presentándose, adoptando en el marco jurídico una nueva lógica al poner el nombre de los hijos, misma que debe contar con perspectiva de género.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentó precedentes cuando en la resolución 1977/2015 estableció que el menor debe llevar el apellido de ambos padres, sin que exista un orden predeterminado o específico, pudiendo estar el de la madre antes que el del padre, manifestando un ejercicio de igualdad ante ambos géneros, dando como resultado la primer acta en nuestro país donde podemos encontrar los apellidos en orden contrario a lo que se acostumbra.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al 2015, muestran que  67% de la población femenina de nuestro país, han tenido al menos un hijo, lo que significa que se ha violentado el derecho de más de 30 millones de mexicanas a elegir  libremente.

Frente a estos cambios, debemos considerar urgente contribuir en la armonización    legal para actualizar las necesidades legales en materia de equidad en nuestra sociedad, no debe haber lugar a prácticas discriminatorias, como Estado tenemos la obligación proteger los derechos fundamentales en todas las esferas jurídicas y reducir el número de lagunas o vacíos que aún permiten algún grado de incumplimiento, garantizando así, que en ningún juzgado civil vuelva a cometerse el error de adjudicar sin fundamento el orden del apellido del varón en primer lugar sobre el de la mujer.

CUADRO DE CAMBIOS

TEXTO VIGENTE
CÓDIGO CIVIL FEDERAL

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

 

 

Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y como primer apellido el que los progenitores acuerden ante la autoridad.

El acta también contendrá la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 58 del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y como primer apellido el que los progenitores acuerden ante la autoridad.

El acta también contendrá la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Lorena Cuéllar.

Pregunta la Senadora Ana Gabriela Guevara, Senadora, si puede suscribir su iniciativa.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Sí, claro.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Ecologista de México, hizo llegar a la Mesa Directiva una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre. Se recibe y se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Presentada por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM)

Quien suscribe, JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 62, 63, 64, 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México se encuentra entre los países con mayor número de especies, situándose en el segundo lugar a nivel mundial en diversidad de ecosistemas; lamentablemente, esta riqueza se ha reducido y se encuentra amenazada por la destrucción de su hábitat, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, el cambio climático y la introducción de especies invasoras.

De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene la facultad de elaborar la lista de especies o poblaciones en riesgo y la de especies o poblaciones prioritarias, las cuales se actualizan cada tres años.

Actualmente la NOM-059-SEMARNAT-2010, que incorpora la lista de especies o poblaciones en riesgo, reporta un total de 1,524 especies en algún estatus de riesgo:

Grupo

Amenazadas

En Peligro

Protección Especial

Extintas en
medio Natural

Total

Anfibios

44

7

143

194

Aves

126

95

152

19

392

Mamíferos

124

52

104

11

291

Peces

80

81

30

13

204

Reptiles

142

27

274

443

Total

516

262

703

43

1,524

Fuente: Elaboración propia, con datos de la NOM-059-SEMARNAT-2010

El pasado 5 de marzo del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de Especies Prioritarias para la Conservación, en el que se registra un total de 372 especies:

Grupo

Amenazadas

En Peligro

Protección Especial

Extintas en
medio Natural

Sin Riesgo

Total

Plantas

26

68

18

2

9

123

Anfibios

5

5

3

5

18

Aves

18

35

8

43

104

Mamíferos

4

19

9

1

8

41

Peces

15

19

4

1

39

Reptiles

20

11

9

2

42

Otros*

 

 

5

 

 

5

Total

88

157

56

4

67

372

* Otros: refiere a Cnidarios, artrópodos y moluscos

Fuente. Elaboración propia con datos del acuerdo por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, publicado en el DOF el 5 de marzo de 2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334865&fecha=05/03/2014

Las especies listadas en el Acuerdo antes citado permiten promover la conservación de otras especies y hábitats críticos por medio de su conservación y aunque no todas están consideradas en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, son especies “paraguas, carismáticas o bandera e indicadoras1”, es decir especies que por su importancia social y ecológica traerán un beneficio indirecto a otras especies e inclusive al hábitat.

Ahora bien, para lograr la protección de las especies prioritarias anteriormente listadas, la Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, implementa programas para la conservación, recuperación, reproducción y reintroducción en su hábitat de estas especies, comúnmente conocidos como Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE)2, y que pueden involucrar una o varias especies, entre las estrategias para su protección.

Actualmente se tienen 30 PACE, con los que se busca cumplir las metas de conservación y elevar la calidad de vida de los grupos sociales involucrados mediante el fomento a actividades productivas alternativas, el fortalecimiento de la organización comunitaria y el de sinergias institucionales a fin de propiciar el desarrollo sostenible3.

Ejemplo de estos Programas de acción son los siguientes:

Especie (s)

Año

Objetivo

Águila Real

2008

Identificar la problemática actual que presenta esta especie así como las necesidades críticas para la conservación de la misma y su hábitat, programando acciones concretas para cubrirlas en el corto, mediano y largo plazo.

Lobo Mexicano

2009

Establecer las acciones prioritarias para lograr la conservación y recuperación del Lobo Mexicano primordialmente como especie silvestre en nuestro país.

Vaquita Marina

2008

Propiciar las sinergias requeridas para lograr la conservación y recuperación de la vaquita mediante diversas acciones que incluyen: La eliminación de la captura incidental de la especie en redes agalleras y de enmalle, la aplicación de recursos para la reconversión y diversificación productiva, la investigación y desarrollo de nuevos métodos y artes de pesca,  la ejecución de un programa permanente de inspección y vigilancia, así como los apoyos requeridos para lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la región del Alto Golfo de California.

Jaguar

2009

Lograr la recuperación de esta emblemática especie y su hábitat.

Berrendo

2009

Identificar las necesidades críticas para la conservación de la especie y programar acciones concretas para cubrirlas en el corto, mediano y largo plazos.

Cotorras serranas

2009

Crear acciones concretas para cubrir sus necesidades, enmarcándolas en seis estrategias para la conservación: 1) Protección, 2) Manejo, 3) Restauración, 4) Conocimiento, 5) Cultura y 6) Gestión.

Si bien la lista de especies o poblaciones prioritarias para la conservación se actualiza cada tres años, no ocurre lo mismo con los PACE; por ello encontramos casos como el Programa de Acción para la Protección de la especie de Vaquita Marina del 2008, inició señalando una existencia de 567 cetáceos en 1997, mientras que para 2007 se redujo a 1504. Ahora bien, en 2015 el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) estimó una población de 60 vaquitas marinas y el dato más reciente desafortunadamente es de 30 ejemplares. Es importante destacar que la mortalidad incidental por pesca ha representado en todo momento el riesgo más importante e inmediato para la dramática disminución de esta especie, que al ser el mamífero marino más amenazado del mundo, la Semarnat ha encabezado un plan de emergencia internacional el cual busca trasladar algunos ejemplares de vaquitas marinas a un santuario temporal, en tanto no se erradique la pesca ilegal en el hábitat de esta especie.

Las cifras anteriores corroboran que el PACE de la Vaquita Marina del 2008 quedó superado al no lograr el objetivo para el que fue creado, transcurriendo cerca de 9 años sin que fuera actualizado, omisión que provocó un grave daño ambiental que de no haber sido por una acción internacional probablemente esta especie se habría extinguido.

Este es un ejemplo de que los Programas para la Protección de Especies Prioritarias deben ser actualizados con la finalidad de analizar nuevas condiciones de las poblaciones protegidas y con ello prevenir una situación crítica para la sobrevivencia de cualquier especie. Por ello, la presente iniciativa, tiene por objeto establecer que los PACE se actualicen en el mismo periodo que la Lista de especies o poblaciones prioritarias para la conservación, es decir, cada tres años, y así se refuerce o replantee la estrategia y se preserven dichas especies.

Para un mayor entendimiento de la reforma, se anexa el siguiente cuadro comparativo.

Texto Vigente

Propuesta

Artículo 62. La Secretaría deberá implementar programas para la conservación, recuperación, reproducción y reintroducción en su hábitat, de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, con la participación en su caso de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados.
La información relativa a los proyectos de conservación y recuperación de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, estará a disposición del público.

Artículo 62. La Secretaría deberá implementar programas para la conservación, recuperación, reproducción y reintroducción en su hábitat, de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, con la participación en su caso de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados.
La información relativa a los proyectos de conservación y recuperación de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, estará a disposición del público y será actualizada por la Secretaría cada tres años, para lo cual deberá incluir, entre otros:

a) El avance de recuperación de la especie;

b) el estado de conservación del hábitat;

c) los listados de especies beneficiadas indirectamente con las acciones de conservación y recuperación de la especie, y

d) los indicadores de desempeño por cada proyecto y sus modificaciones.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 62. La Secretaría deberá implementar programas para la conservación, recuperación, reproducción y reintroducción en su hábitat, de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, con la participación en su caso de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados.

La información relativa a los proyectos de conservación y recuperación de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, estará a disposición del público y será actualizada por la Secretaría cada tres años, para lo cual deberá incluir, entre otros:

a) El avance de recuperación de la especie;

b) el estado de conservación del hábitat;

c) los listados de especies beneficiadas indirectamente con las acciones de conservación y recuperación de la especie, y

d) los indicadores de desempeño por cada proyecto y sus modificaciones.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.

1 Especie paraguas, las que al protegerlas se protegen a muchas otras, debido a que necesita grandes cantidades de terreno para subsistir (águila real). Especie bandera o carismática, la que goza de simpatía por parte del público en general y gracias a esto es posible recaudar y concienciar a la población sobre su importancia de conservación (quetzal). Especies indicadora, cuya presencia, ausencia o abundancia refleja la condición ambiental (nutria).

2 PACE, son documentos desarrollados, que contienen las estrategias, actividades y acciones específicas que permitirán conservar, proteger y recuperar las poblaciones de especies a corto, mediano y largo plazo.

3 Página electrónica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas http://procer.conanp.gob.mx/

4 http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_priori/fichas/pdf/PACEvaquita.pdf





 

Tiene la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

Uno de los avances significativos que ha tenido la democracia en México, en el aspecto electoral, ha sido con las reformas constitucionales de 1990, 1994 y 1996, fue que intentaron llevar al país hacia la construcción de instituciones autónomas, con credibilidad, transparencia, ciudadanizadas, democratizadas; pero en materia de justicia electoral dichas reformas abrirían nuevos mecanismos para la defensa del voto; asimismo, impulsaron nuevas formas de participación ciudadana y mayores posibilidades de representación para las minorías.

En este tránsito de la democracia electoral en México, en el año 2014 se aprobaron cambios en apariencia importantes, pero en la práctica no fueron al fondo de los problemas de la justicia electoral, ni al mejoramiento de los procesos electorales, todo ello con una nueva autoridad electoral de carácter nacional, el Instituto Nacional Electoral, la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014 rediseñó régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral con la finalidad de homologar y mejorar los estándares con los que se organizaban los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.

Además de organizar los procesos electorales federales ahora el INE se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas.

Sin embargo, a pesar de los cambios jurídicos al régimen electoral en México, la democracia sigue teniendo enormes conflictos y grandes retos, al grado que la credibilidad tanto en las elecciones, como en los partidos políticos y las instituciones día a día se degradan. En este sentido, tenemos una democracia y una justicia electoral que no ha logrado fortalecerse, ni cambiado la percepción de los ciudadanos con referencia a la legitimidad de los procesos electorales, sólo por citar un ejemplo, de acuerdo al informe de Latinobarómetro en su edición 2015 señala que los latinoamericanos son los más insatisfechos con su democracia; en promedio, sólo 37 por ciento de los latinoamericanos dice estar satisfecho con la democracia, pero México tiene la menor satisfacción con la democracia de toda esta región.

De manera muy particular entre la sociedad mexicana, la satisfacción con la democracia ha tenido una caída preocupante, ya que disminuyó del 41 por ciento en el 2006 al 19 por ciento en el 2015, que aprobaba el funcionamiento de la   democracia en este país. Lo mismo ha sucedido con la confianza en las instituciones políticas.

Entre el 2006 y el 2015 los partidos políticos vieron disminuir la confianza de parte de los ciudadanos, pasando del 30 por ciento al 16 por ciento, respectivamente.

Y lo mismo sucedió con los cuerpos policíacos que pasaron del 31 al 24 por ciento en el mismo periodo, mientras que la confianza en el gobierno pasó en el 2006 de 47 por ciento a desplomarse hasta el 21 por ciento en el 2015.

Tampoco la gran inversión que las últimas décadas se ha hecho en el sistema electoral mexicano se ha visto reflejada en mejores resultados, por ejemplo, en diversas informaciones destaca que en los últimos 10 años se ha invertido más en infraestructura democrática, financiamiento estatal a los partidos, las salas especializadas del Tribunal Electoral, más burocracia para llevar a cabo las nuevas atribuciones del INE, pero la confianza en las autoridades electorales ha disminuido, se ha minado entre el 2007 y el 2015. La confianza se redujo de un 7.1 al 6 por ciento en una escala del cero al 10.

En este mismo sentido, el gasto público en el sistema político-electoral en México, sin lugar a dudas, ha tenido un crecimiento desmedido, ya que mientras que en 1998 los partidos políticos recibían un total de 2 mil 111 millones de pesos, para el 2015 donde hubo elecciones de renovación de la Cámara de Diputados, los partidos   recibieron un total de 5 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 173 millones fueron destinados al gasto de campaña. En números redondos aquél proceso electoral representó para el Estado mexicano un costo de 8 mil 548 millones de pesos. Lamentablemente esto no se ha visto reflejado ni en mayor eficacia de los gobernantes ni de los procesos electorales.

En el mismo sentido, en el tema de justicia electoral, la historia no es diferente, ya que la inversión y el gasto público en este rubro, ha tenido un alza importante en los últimos años, sin que esto signifique ninguna mejora en los resultados.

Tan sólo para el año 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solicitó un presupuesto superior a los 3 mil millones de pesos, monto superior en 17.63 por ciento al gasto que fue asignado para el ejercicio fiscal 2016.

Además, a pesar del llamado a la austeridad de parte de la ciudadanía, recientemente se dio a conocer que el Tribunal Electoral gastó en la compra de 5 vehículos de lujo más de 4.5 millones de pesos. Una acción desmedida y a todas luces irresponsable en medio de esta crisis económica que vive el país.

Aunado a esto, existe otro problema que obstaculiza a la democracia electoral es la compra y la coacción del voto, de acuerdo con los datos de la Séptima Encuesta Nacional Electoral, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, señalan que el dispendio de regalos, apoyos o ayudas a los electores por parte de los partidos políticos resulta sorprendente, ya que según los encuestados en procesos electorales donde se elige presidentes municipales, el 58 por ciento dice haber recibido un regalo.

Y en segundo lugar, en las elecciones nacionales de Diputados el 50 por ciento de los encuestados declara haber recibido alguna ayuda, algún apoyo o algún dinero por su voto. Al final se encuentran las elecciones de gobernador con un 41 por ciento, y aunque no existen cifras oficiales y confiables que permitan estimar con claridad el verdadero tamaño del problema, en los hechos se sabe que es la compra y la coacción del voto una práctica muy recurrente.

La manera de operar está práctica ilícita se ha ido sofisticando, sin embargo expertos en la materia han señalado que en la mayoría de los casos siguen operando viejas prácticas, que empiezan por la construcción de redes a nivel seccional, las que tienen desde meses antes de la elección y justo el día de la jornada electoral mandan a sus votantes a las ocho de la mañana, muy temprano, a votar y posteriormente al medio día un corte y esto lo hacen checando sus listas de movilizados contrastándolas con las listas nominales.

Además, en las últimas elecciones ha sido público la manera en que operan desde algunos partidos políticos haciendo uso de nuevas tecnologías y formas electrónicas de pago, de tal manera que ahora con la entrega de tarjetas de prepago lo que se ha encontrado por parte de los observadores son métodos que sugieren una coordinación mucho más grave por parte de los políticos y de los partidos y ello habla de que no son eventos aislados ni aleatorios; es decir, esta forma de operar habla del comportamiento sistemático con una infraestructura, con una logística, con un esfuerzo coordinado mucho más grande, esto opera desde más arriba, y opera con mucho más infraestructura y más estrategia.

Un hecho que permite y facilita la práctica de compra de voto es el acto conocido coloquialmente como relleno de urnas, una práctica que consiste en depositar boletas electorales en una sección electoral, en otra de una misma sección en la elección, esto debido a que si bien en una casilla se entrega un número determinado de boletas, esto es aprovechado para sustraerlas, marcarlas de acuerdo a los intereses del partido político que se pretende favorecer, y son depositadas en otra urna, de otra sección u otra casilla, y contando como votos válidos.

Lo anterior es posible porque en la actualidad las boletas dentro de los datos de identificación y seguridad que contiene se encuentran solamente entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación; pero no prevé la sección electoral y el tipo de casilla.

En este sentido la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla una serie de medidas de seguridad para evitar este tipo de prácticas ilegales, sin embargo no resultan suficientes ante la alevosía y astucia de quienes pretenden ganar una elección con dinero.

Es por ello, que la presente iniciativa tiene por objeto establecer dentro de los requisitos que deben contener las boletas electorales señaladas en el artículo 266, además de lo previsto al día de hoy la sección electoral y el tipo de casilla, ésto con la finalidad de que en el conteo de los votos puedan identificarse aquellos que no corresponden a la sección electoral.

De igual manera se propone modificar el artículo 288, de la misma ley, a fin de establecer aquellos votos que sean depositados en una urna que no corresponda a la sección electoral marcada en la boleta sean considerados nulos.

Con estos cambios se estaría combatiendo una de las prácticas más recurrentes en las elecciones y que mayor daño causan a la democracia electoral. En razón de lo anterior, quizá sea impreciso pretender revertir la crisis de credibilidad política solo a través de la agenda electoral.

Puede ser tiempo de poner en el centro de la atención y de las decisiones de la democracia las condiciones de la vida de la población que permita darle mayor certidumbre y confianza al ejercer los derechos políticos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias

Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 3ro, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define a la democracia no solamente como una estructurajurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constantemejoramiento económico, social y cultural del pueblo; sin embargo, la realidad dista mucho de lo escrito.

La democracia como forma de gobierno debe expresarse en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, que va desde lo electoral, hasta los valores de la democracia como forma de vida, en México por muchos años ha estado centrado en mayor medida en campañas electorales, encuestas y elecciones, pareciera que para la democracia mexicana sólo existen ciudadanos de urnas, quienes únicamente pueden expresar su voluntad popular mediante el voto.

La democracia al igual que otras formas de gobierno, es un sistema que si bien no es perfecto, es perfectible, en este sentido en el caso de régimen democrático en el ámbito electoral en México, necesita modificar una serie de elementos para avanzar hacia su perfeccionamiento, por ejemplo, incentivar una mayor participación efectiva, promover el debate de las ideas y proyectos políticos, mayor control ciudadano, así como inclusión y el respeto a los derechos fundamentales. Asimismo, la democracia electoral en México tiene grandes retos, por ejemplo velar por el derecho a evitar la comprar de voto y el uso de recursos públicos ilegales en campañas electorales, garantizar la equidad en las contiendas, promover el respeto entre los contendientes, entre otros.

La historia democrática de nuestro país se ha ido formando a partir de importantes reformas a su marco jurídico electoral, a lo largo de 30 años, el sistema normativo se ha modificado respondiendo a las trasformaciones políticas del país. Dentro de estos cambios, sobre sale la reforma de 1977 que tuvo un carácter significativo para la democracia mexicana, con un sello esencialmente incluyente de las fuerzas políticas que hasta entonces no habían sido reconocidas de manera oficial. Un segundo momento de relevancia de las reformas electorales, fue la aprobada en 1986, la cual siguió en términos generales con la lógica de apertura de la representación política que había trazado la reforma de 1977. En efecto, el cambio más evidente al sistema electoral implicó que el número de diputados elegidos mediante el principio de representación proporcional mediante listas cerradas y bloqueadas, se duplicar para llegar a 200 legisladores, con lo que el tamaño de la Cámara aumentó para llegar a sus dimensiones actuales. La reforma también inauguró un modelo de institucionalidad electoral que, si bien trajo consigo resultados acotados en ese momento, a la larga obtuviera cierto éxitos.1

Para 1990 como resultado de las reformas realizadas a la Constitucion en materia electoral en los años anteriores, el Cogreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordenava la creación del Instituto Federal Electora(IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, trasparencia y legalidad a las elecciones federales. En 1993 mediante la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales apobada ese año, el Poder Legislativo de la Unión otorgó al IFE la siguientes atribuaciones: 1) Declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores; 2) Expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos; 3) Establecer topes a los gastos de campaña.2

El Congreso de la Unión también le otorgó al Consejo General del Instituto la facultad de designar al Secretario General y a los Directores Ejecutivos por voto de las dos terceras partes de sus miembros y a propuesta del Consejero Presidente. Anteriormente, el nombramiento de los Directores Ejecutivos era competencia del Director General. Para 1994 La reforma electoral aprobada ese año instituyó la figura de "Consejeros Ciudadanos", personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran. Por su parte, los partidos políticos conservaron un representante con voz, pero sin voto en las decisiones del Consejo General.

Uno de los avances significativos que había tenido la democracia en México, en el aspecto electoral, con las reformas Constitucionales de 1990, 1994 y 1996 fue encaminar al país hacia la construcción de instituciones autónomas, con credibilidad, transparencia, ciudadanizadas y democratizadas. En materia de justicia electoral, dichas reformas habían representado avances asimismo, abrieron la puerta a flexibilizar y abrir los mecanismos de participación ciudadana, así como mayores posibilidades de representación para las minorías.

En este tránsito de la democracia mexicana, en el año 2014 se aprobaron cambios en el ámbito electoral en apariencia importantes, pero que en la práctica significaron más de lo mismo, con una nueva autoridad electoral de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral,  la reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas.

Sin embargo, a pesar de los cambios jurídicos al régimen electoral en México, la democracia sigue teniendo enormes conflictos, al grado que la credibilidad tanto en las elecciones, como en los partidos políticos y las instituciones día a día se degrada. En este sentido tenemos una democracia que no ha logrado fortalecerse, ni cambiado la percepción de los ciudadanos con referencia a la legitimidad de los procesos electorales, sólo por citar un ejemplo de acuerdo al Informe de Latinobarómetro en su edición 2015 señala que los latinoamericanos son los más insatisfechos con su democracia. En Promedio, sólo 37 por ciento de los latinoamericanos dice estar satisfecho con la democracia, pero en México se obtiene la menor satisfacción con la democracia (19 por ciento) de la región.3

De igual modo, aunque las reformas señaladas han tenido por objetivo promover una mayor participación y aumentar las opciones electorales para la ciudadanía, esto no fue bien recibido por los ciudadanos, ya que más competencia no ha significado más satisfacción, ni mejores resultados en el ejercicio de la función pública, de acuerdo con datos de Latinobarómetro, la satisfacción con la democracia de parte de los ciudadanos disminuyó de 41% en 2006 a 19% en 2015 de mexicanos que se sentían satisfechos con su funcionamiento. Lo mismo ha sucedido con la confianza en las instituciones políticas. Entre 2006 y 2015 los partidos políticos disminuyeron la confianza de 30% a 16%; la policía de 31% a 24%; la del gobierno aumentó hasta 2006, cuando alcanzó un máximo de 47% de confianza para después desplomarse a 21% en 2015.4

Tampoco la gran inversión que las últimas décadas se ha hecho al sistema electoral mexicano se ha visto reflejada en mejores resultados, por ejemplo en los últimos 10 años se ha invertido más en infraestructura democrática (financiamiento estatal de partidos, salas especializadas del Tribunal Electoral, más burocracia para llevar a cabo las nuevas atribuciones del INE) pero la confianza en las autoridades electorales se ha minado. Entre 2007 y 2015 la confianza en el INE se redujo de 7.1 a 6.1, en una escala del 0 al 10.5

Todo esto a pesar de que el gasto público en el sistema político-electoral en México sin lugar a dudas a tenido un crecimiento desmedido, ya que mientras que en 1998 los partidos políticos recibían un total de 2 mil 111 millones de pesos, para el año 2015 (donde hubo elecciones de renovación de la Cámara de Diputados), los partidos recibieron un total de 5 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 173 millones de pesos fueron destinados a gastos de campaña. En números redondos aquel proceso electoral representó para el Estado mexicano un costo de 8 mil 548 millones de pesos, lo cual significó que en promedio cada voto tuvo un costo de 103 pesos6, lamentablemente esto no se ha visto reflejado ni en la eficiencia de los gobernantes, ni de los procesos electorales.

Otro de los problemas que obstaculizan a la democracia electoral es la compra y coacción del voto, de acuerdo con datos de la Séptima Encuesta Nacional Electoral (2015), elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y por el Comparative Study of Electoral Systems (CSES), señalan que el dispendio de regalos, apoyos o “ayudas” a los electores por parte de los partidos políticos resulta sorprendente, ya que según los encuestados en las elecciones de presidentes municipales el 58% dice haber recibido un regalo y en segundo lugar en las elecciones nacionales de diputados 50% lo manifestó. Al final se encuentran las elecciones de gobernador (41%)7, y aunque no existen cifras oficiales y confiables que permitan estimar con claridad el verdadero tamaño del problema, en los hechos se sabe que es una práctica muy recurrente, en donde los ciudadanos pueden dar fe de esta práctica.

La manera de operar esta práctica ilícita se ha ido sofisticando, sin embargo expertos en la materia han señalado que en la mayoría de los casos siguen operando viejas prácticas, que empiezan por la construcción de redes a nivel seccional y “lo que hacen  los partidos es que estas redes las tienen meses antes de la elección y justo el día mandan a sus votantes a las ocho de la mañana, muy temprano a votar, posteriormente al mediodía hacen un corte y esto lo hacen checando sus listas de  movilizados contrastándolas con las listas nominales.”8 Además, en las últimas elecciones ha sido público la manera en que operan desde algunos partidos políticos haciendo uso de nuevas tecnologías y formas electrónicas de pago, de tal manera que “ahora con la entrega de tarjetas de prepago lo que se ha encontrado por parte de los observadores son métodos que sugieren una coordinación mucho más grave por parte de los partidos y ello “habla de que no son eventos aislados aleatorios, esto habla de un comportamiento sistemático con una infraestructura, con logística, con un esfuerzo coordinado mucho más grande, no es un mapache loco, esto opera de mucho más arriba y opera con mucho mas infraestructura y mayor estrategia”.9

Un hecho que permite y facilita la práctica de compra de voto es el acto conocido coloquialmente relleno de urnas,  una práctica que consiste en depositar boletas electorales de una sección electoral en otra, esto debido a que si bien en una casilla se entregan un número determinado de boletas, esto es aprovechado para sustraerlas, marcarlas de acuerdo a los intereses del partido político de su interés, y son depositadas en otra urna de otra sección.

Actualmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla una serie de medidas de seguridad para evitar este tipo de prácticas ilegales, sin embargo no resultan suficientes ante la alevosía y astucia de quienes pretenden ganar elecciones con dinero.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto establecer dentro de los requisitos que deben contener las boletas electorales señaladas en el artículo 266, la sección electoral  y el tipo de casilla y de igual manera, establecer que aquellos votos que sean depositados en una urna que no corresponda a la sección electoral marcada en la boleta, sean considerados nulos.

Con estos cambios, se estaría combatiendo una de las prácticas más recurrentes en las elecciones y que mayor daño causan a la democracia electoral. En razón de lo anterior, quizá sea impreciso pretender revertir la crisis de credibilidad política sólo a través de la agenda electoral. Puede ser tiempo de poner en el centro de la atención y de las decisiones de la democracia las condiciones de la vida de la población que permita dar mayor certiduble y confianza al ajercer los derechos políticos.

Además de esta falta de credibilidad de los ciudadanos en el sistema democrático mexicano y de la poca eficacia del sistema electoral, resulta asombroso la enorme carga que representa para la ciudadanía mantener un esquema como el actual.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la  siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL INCISO A, FRACCIÓN 2 DEL ARTÍCULO 266; SE ADICIONA EL INCISO C, FRACCIÓN 2 DEL ARTÍCULO 288; SE REFORMA EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 290 TODOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

ÚNICO.- Se REFORMAN el inciso a), fracción 2 del artículo 266, inciso d) del artículo 290 y, se ADICIONA el inciso c), fracción 2 del artículo 288todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 266.
1. …

2. Las boletas para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, contendrán:

a) Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación, sección electoral y tipo de casilla;

b) a k) …

3. a 6. …

Artículo 288.

1. …

a) a d) …

2. Son votos nulos:

a) a b) …

c) Aquella boleta depositada en una urna que no corresponda a la sección electoral y casilla que le corresponde.

Artículo 290.

1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada elección federal y local, se realizará conforme a las reglas siguientes:

a) a c) …

d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna,verificando que cada una corresponda a la sección electoral y tipo de casilla;

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

 Artículo 266.

1. Para la emisión del voto el Consejo General, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que se utilizará para la elección.

2. Las boletas para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, contendrán:

a) Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación;

b) a k) …

3. a 6. …

Artículo 266.

1. Para la emisión del voto el Consejo General, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que se utilizará para la elección.

2. Las boletas para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, contendrán:

a) Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación, sección electoral y tipo de casilla;
b) a k) …

3. a 6. …

 Artículo 288.

1.…

2. Son votos nulos:

a) a b) …

 

 

3. a 4. …

Artículo 288.

1. …

2. Son votos nulos:

a) a b) …

c) Aquella boleta depositada en una urna que no corresponda a la sección electoral y casilla que le corresponde.

3. a 4. …

Artículo 290.

1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada elección federal y local, se realizará conforme a las reglas siguientes:

a) a c) …

d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;

 

e) a f) …

2. …

Artículo 290.

1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada elección federal y local, se realizará conforme a las reglas siguientes:

 

a) a c) …

d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna, verificando que cada una corresponda a la sección electoral y tipo de casilla;

e) a f) …

2. …

 Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Ávila.

Senador Luis Humberto Fernández, dígame.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador, si nos permite adherirnos a su iniciativa.

El Senador David Monreal Ávila: Muchas gracias, con todo gusto, Senador.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Quienes deseen adherirse a esta iniciativa, si pueden levantar la mano, por favor, para que se tome nota. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 UNAM, “La Reforma Electoral y el Cambio Político en México”, Consultado el 14 de febrero de 2017 [En Línea], Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2527/17.pdf

2 INE, “Historia”, Consultado el 14  de febrero de 2017 [En Línea], Disponible en:
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/

3 Latinobarómetro, “Opinión Pública en América Latina”, consultado el 14 de febrero de 2017 [En Línea], Disponible en: http://www.latinobarometro.org/lat.jsp

4 Ugalde, Luis Carlos, “La democracia estancada (México 2006-2016)”, Nexos, [en línea], consultado 15/02/2017, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=29026

5 Ídem.

6 “El costo de la democracia”, El Universal, [en línea], consultado 15/02/2017, disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2015/06/26/el-costo-de-la-democracia

7 Beltrán, Ulises, et. al. “Clientelismo de gorra y camiseta”, Nexos, [en línea], consultado 15/02/2017, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=26989

8 Sánchez de Tagle, Omar, “Compra de votos, cada vez más sofisticada: Experto”, Animal Político, [en línea], consultado 15/02/2017, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2012/07/compra-de-votos-cada-vez-mas-sofisticada-experto/

9 Ídem.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Eliminar la Dependencia de las Importaciones de Maíz de los Estados Unidos de Norteamérica y se reforman diversas disposiciones en la materia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA ELIMINAR LA DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE MAÍZ DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa que busca dar origen a la Ley para Eliminar la Dependencia de las Importaciones de Maíz de los Estados Unidos de Norteamérica, así como cambios a la Ley de Comercio Exterior y a la Ley de Seguridad Nacional, junto con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, busca ser una respuesta a la hostilidad, a la agresividad que hemos encontrado en las últimas semanas de parte de la nueva administración en los Estados Unidos.

Para nadie es nuevo que el Presidente Donald Trump ha venido instalando una serie de acciones que son sumamente agresivas contra nuestros connacionales que viven en territorio de la Unión Americana, pero contra México como país.

No ha dejado de enviar señales que buscan agredir a México y desde la tribuna del Senado de la República, esta iniciativa busca dejar claro, con toda contundencia, que meterse con nuestro país tiene costos, tiene costos, porque frente a la ignorancia que ha mostrado Donald Trump, que solamente ve una parte de la moneda, una cara de la moneda, donde dice que México se aprovecha de la relación con Estados Unidos, hay que dejar claro, con toda contundencia, lo que significa México para esa relación  bilateral.

México no solamente es un socio importante para los Estados Unidos en materia de comercio. Para lugares como Arizona, México implica el 40 por ciento del total de las exportaciones de ese estado hacia nuestra República.

Sería imposible pensar que un estado como Arizona sin el intercambio cotidiano que tiene con toda la gente de Sonora, no sería posible entender que la relación o la fortaleza de la economía norteamericana, no tiene una importante dependencia de nuestro país en términos de consumo, y en términos también de los productos que nosotros les vendemos a ellos.

Pero la relación con los Estados Unidos no solamente tiene que ver con comercio, tiene que ver con temas migratorios, tiene que ver con temas que van desde la parte de seguridad binacional, hasta la parte que puede tener que ver con las drogas.

Hay una enorme interacción entre México y los Estados Unidos, pero Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos, parece ignorarlo, parece ser un gran desconocedor de esta relación, mantiene una actitud hostil y precisamente para enviar una señal muy clara, muy puntual, muy firme, con dignidad como país estamos presentado esta iniciativa.

¿Con qué finalidad? No solamente con la de mandar esa señal política que tal vez es importante por la coyuntura, pero hoy, el nuevo paradigma que se abre en la relación con Estados Unidos, nos deja claro muchas de las cosas que hemos dejado de hacer o que podríamos hacer mejor.

Tenemos el 100 por ciento de nuestro mercado apostado hacia los Estados Unidos en materia de consumo de maíz amarillo. De ese maíz amarillo, a lo largo de 20 años; hemos dependido para que la cadena de valor del ganado en México tenga acceso a forraje, no son pocas las toneladas que nosotros le compramos a los Estados Unidos: 127 billones de toneladas que compramos para el 2016. Para el 2015, fuimos el país que más maíz compró a los Estados Unidos.

¿Quiénes son los estados que producen ese maíz? Iowa, Indiana, Wisconsin, Dakota del Norte, Dakota del Sur, todos esos estados de la parte intermedia de la Unión Americana, que no solamente son los que más maíz le venden a México, sino que hoy por hoy, son los estados que más apoyan el discurso antimexicano que está apoyando a la Casa Blanca.

Lo vuelvo a repetir, compañeros y compañeras, son esos estados los que pintan un color rojo, los que más apoyo le están dando a Donald Trump.

La pregunta que yo les hago a todos mis compañeros y compañeras de todas las entidades representadas en este Senado de la República, ¿por qué seguir comprándole el maíz a estados que atacan, que dan soporte y que apoyan el discurso de ataque a nuestros connacionales, que apoyan que haya 10 mil nuevos efectivos a la caza de nuestros paisanos y paisanas? ¿Por qué vamos a seguir apoyando a estados, que por ignorancia o desconocimiento buscan seguir insistiendo en el ataque a México?

Lo digo aquí en el Senado de la República donde no solamente es nuestra facultad constitucional revisar las relaciones exteriores, sino donde hoy se vibra la necesidad de que México tenga una respuesta contundente. Somos el país que más granos de maíz le compra a esas entidades, ¿por qué seguir comprándoles el maíz a ellos, por qué no volteamos los ojos hacia el sur?, hoy hay posibilidades de comprar ese maíz a Brasil, a Argentina y también mantener una relación comercial vigorosa e importante con Canadá.

Y estaríamos, compañeros, no solamente diversificando nuestro mercado, que en este momento es importante, sino mandándole una señal muy clara a aquellos que han decidido atacar a México. México no tiene por qué seguir colaborando con un gobierno hostil.

De tal manera que los estudios que nosotros tenemos en esta ley nos señalan con toda claridad que perfectamente le podemos comprar en este próximo año, de acuerdo a los inventarios que están instalados, el 60 por ciento de ese maíz a Brasil, a Argentina, a Canadá.

Y no solamente se los podemos comprar, es más barato. Es más barato comprar ese maíz en este momento a esos estados, a esos países que tienen la intención de colaborar con México, que tienen la intención de mantener una relación con un país     que se tiene que manejar dignamente y que tiene que exigir respeto en el foro internacional.

De tal forma, compañeros y compañeras, solamente les doy el dato, si nosotros le compramos el maíz a Brasil nos cuesta 259 dólares por tonelada, puesto en barco aquí en México.

¿Cuánto nos cuesta el maíz que le compramos a estos estados? 268 dólares. Nos sale más caro comprarle el maíz a los Estados Unidos, a las entidades que apoyan el discurso antiinmigrante, el discurso de odio de Donald Trump, nos sale mucho más caro comprárselos a ellos.

De tal forma que yo los invito a que suscribamos esta iniciativa, a que la pasemos aquí en el Senado de la República, a que la impulsemos ahí en la Cámara de Diputados. Ha llegado el momento de crecer, compañeros y compañeras, son tiempos difíciles, son tiempos de enorme complejidad, pero en este momento se trata de definir cuál es el rumbo que tiene que tomar México.

La iniciativa también plantea en los transitorios no solamente la posibilidad de diversificar mercados, sino que aprovechemos nuevamente nuestros distritos de riego, que hoy desafortunadamente están abandonados en Tamaulipas, que hoy los tenemos abandonados en Chihuahua, que hoy hemos dejado de tener las inversiones en todos los lugares de la República, desde la Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero, hasta La Frailesca en Chiapas, tenemos que voltear a ver hacia nuestro mercado  interno.

Hoy Donald Trump nos pone un duro espejo de la realidad de muchas cosas que hemos dejado de hacer, pero es la gran oportunidad, compañeros y compañeras, no solamente de dejar la dependencia de esa relación, que si bien ha sido fructífera, hoy, con un discurso hostil, nos pone al frente mucho de nuestra realidad que tenemos que cambiar.

Si hoy volvemos a invertir en el campo mexicano, si hoy volvemos a apostarle a que el empleo y los salarios se generen en esta parte del hemisferio, podemos apostarle seguramente a que esto, que hoy es una crisis, se convierta en la más grande oportunidad que tengamos como país.

Hay que escuchar la voz de nuestros migrantes que nos reclaman todo lo que hemos dejado de hacer por ellos y que los tiene hoy en un país que los hostiliza.

La intención es diversificar mercados, pero sobre todo, compañeros y compañeras, garantizar que la seguridad alimentaria de un país tan grande, tan importante como México, sea por nuestros propios recursos y por nuestras propias capacidades.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Armando Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Pregunta la Senadora Ana Gabriela Guevara si puede suscribir su iniciativa.

El Senador Armando Ríos Piter: Encantado.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. El Vicepresidente Luis Sánchez. Perfecto. Muchas gracias.

Y la Mesa Directiva, Senador Armando Ríos Piter, le desea un feliz cumpleaños, que la pase muy bien, y lo hace bien, trabajando.

Senadora Martha Elena, ¿con el mismo objeto?

Senador Armando Ríos Piter, la Senadora Martha Elena también desea suscribir su iniciativa.

Adelante, gracias.

Iris Mendoza, también.

Por favor, pasen la lista, si alguien más desea suscribirla para que puedan firmarla, por favor.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Presentada por el Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jorge Toledo Luis: Padiuxi biche ne bizanaca; Padiuxi xuana gola xti Zaguita:

Raca chi ne gadxe iza, ca xaique’sti Unesco gulaquicabe laa dxi ri’:

Laní xti Didxa’ Bisidi Ñaa ne Bixxoze irá binni laa.

Casi diidxa’ ni rinidu, laadu, ca binnizá, cani bianané xquenda sti ca binnigula’sa’.

Didxa, gunashii ñaadu, ni nadxidu, ne cusídidu caxiñidu.

Didxa’nga runi laanu binni, Zacanga rábidu laadu. Ca binnizá.

Nga runi rabidu gunidu ni bicaa ta Gabriel López Chiñas:

¡Ay!, diidxazá, diidxazá, diidxa’rusibani na’, na’nanna zanitilu’, dxi initi gubidxaca’.

Saludos hermanas y hermanos;

Saludos Senadoras y Senadores:

Hace 17 años, la Unesco estableció el “Día Internacional de las Lenguas Maternas”.

El día de los idiomas, como el que hablamos nosotros, los zapotecos de la planicie costera de Oaxaca; la lengua de los antiguos, la que se aloja en nuestra alma; la que amaron nuestros padres, la que amamos y transmitimos a nuestros hijos.

Porque sabemos que la lengua es lo que nos hace humanos; así lo decimos nosotros, los zapotecos.

Por eso queremos hacer realidad lo que un día escribió uno de nuestros visionarios poetas, Gabriel López Chiñas, al decir: “¡Ay!, zapoteco, zapoteco, lengua que me da la vida, sé que morirás, el día que muera el sol”.

Para esto, necesitamos cambiar la realidad imperante en México.

Porque a pesar de todas nuestras buenas intenciones y nuestro marco jurídico, tenemos un entorno real que dificulta el uso y reproducción de las lenguas indígenas.

Somos una nación pluricultural, basada en los pueblos originarios que poblaron este inmenso territorio, desde antes de la Conquista. Así lo establecimos en nuestra Constitución, desde 1992.

Este reconocimiento constitucional fue ampliado cuando volvió a reformarse la Constitución, para mover el párrafo del artículo 4o. al artículo 2o. en 2001, para agregarle los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones del Estado mexicano para con ellos.

Uno de los derechos de los pueblos indígenas es el de mantener viva la lengua con la que se comunican, y es obligación del Estado preservarla y fomentar su uso. Por eso éste no es un día más como tantos, porque en nuestro caso habla de nuestra esencia como nación pluricultural y nuestra voluntad de vivir en una situación de interculturalidad que fomente el respeto de uno hacia los otros.

Ese respeto a los demás y la búsqueda de la no discriminación lo establecimos en los derechos humanos reconocidos y tutelados actualmente en el primer artículo de nuestra Constitución Federal.

El derecho a la lengua, a la preservación de la cultura lo habíamos reconocido, como Estado mexicano, en la firma de los convenios internacionales, como el 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen la obligación de los Estados a adoptar medidas para garantizar que los miembros de los pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Nuestra ratificación de esa voluntad, de ser un pueblo pluricultural, se consolidó el 13 de marzo de 2003, cuando fue promulgada la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que reconoce a las lenguas indígenas como oficiales en el país y en su artículo 4 le otorga el mismo valor que el español.

Ése es nuestro marco jurídico, y de la convencionalidad constitucional para reconocer que en México existen 69 lenguas nacionales, porque el español, aunque sea nuestra lengua franca, la que se habla en todo el territorio nacional, es una más de nuestras lenguas con las que se comunican nuestros pueblos, comunidades y ciudades.

Antes de la llegada de los españoles a las costas mexicanas, aquí se hablaban más lenguas originarias, se ha calculado que alrededor de 500, la mayor parte de ellas perdidas en la noche de la Conquista y la Colonia, bajo el vasallaje cultural del pueblo conquistador.

De todas ellas, hoy perduran 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas; todas ellas pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas: la álgica, cochimí-yumana, seri, maya, totonaco-tepehua, tarasca, oto-mangue, mixe-zoque, yuto-nahua, chontal de Oaxaca y huave, las cinco últimas están en mi estado, Oaxaca, donde la chontal y la huave no tienen ningún parentesco lingüístico con ninguna otra lengua hablada en todo el mundo.

Es una gran diversidad que durante siglos hizo clamar a muchos por la unicidad lingüística y la integración social a una sola cultura, la mestiza mexicana, posición que por fortuna, con el devenir de los nuevos tiempos y la idea del relativismo cultural quedó atrás para asumir los mexicanos la pluralidad lingüística y cultural como base de la convivencia en este mosaico cultural, que es México.

Así lo hemos establecido en la Constitución y nuestro gobierno federal ha buscado impulsar la revitalización de las lenguas, su presencia en los medios de comunicación, así como las enseñanzas de las lenguas indígenas en el sistema educativo y fuera de éste. No es un trabajo fácil.

Según el Inegi, en México existen 7 millones 382 mil 785 personas de tres años o más que hablan alguna lengua indígena; el 6.5 por ciento de la población total nacional.

De esa cantidad, 13 de cada 100 sólo pueden expresarse en su lengua materna y el monolingüismo se acentúa entre las mujeres.

Hoy sabemos que las lenguas indígenas más habladas en el país son el náhuatl y el maya. Ambas, representan el 35 por ciento del total de la población hablante de lengua indígena.

Ambas lenguas, junto con otras ocho: zapoteco, mazateco, mixteco, otomí, tzotzil, tzetzal, chol y totonaca, representan el 77 por ciento de la población que habla lengua indígena en el país.

También sabemos que 23 por ciento de los hablantes de lenguas indígenas es analfabeta en español, aunque en realidad, la mayoría es analfabeta en su lengua materna.

A pesar de las cifras de hablantes de lenguas indígenas, las políticas públicas, culturales que se impulsaron durante siglos completos, llegaron a permear no sólo en el ámbito administrativo, sino también en las conciencias de las familias indígenas.

Los propios indígenas terminaron viendo en sus lenguas un obstáculo para el desarrollo de las nuevas generaciones y ya no continuaron transmitiéndole, y la niñez y la juventud, los dejaron de hablar.

Así, según algunos estudios, de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, 64 pueden, a la larga, encaminarse hacia una extinción, debido a que la mayoría de ellas no cuenta con una forma escrita que permita su inserción a medios impresos y digitales.

La falta de políticas públicas para el uso y fomento de las lenguas indígenas y la discriminación, son las principales causas del peligro para la supervivencia mediata de al menos 51 lenguas indígenas.

Si no nos aplicamos en impulsar políticas, programas para fomentar el uso de las lenguas indígenas, es muy probable que a mitad del siglo XXI, la mayoría de las lenguas indígenas con actuales decrecimientos poblacionales hayan desaparecido.

Según información del Inali, de las 364 variantes lingüísticas que existen, 185 están en riesgo no inmediato de extinción; 72 en peligro medio y 43 en alto riesgo. No es, por supuesto, un panorama muy halagüeño, porque a pesar de todas nuestras buenas intenciones y nuestro marco jurídico, tenemos un entorno real que dificulta el uso y reproducción de las lenguas indígenas.

Casi no tenemos producción literaria o narrativa impresa en lenguas indígenas, las pocas que existen son producidas por instituciones oficiales en un número muy pequeño de ejemplares y no cuentan con redes eficientes de difusión.

Tampoco existen investigaciones en ciencias duras o ciencias sociales escritas en lenguas indígenas.

Parte del problema es la ausencia de reglas claras para homogeneizar la escritura de las principales lenguas indígenas del país, al menos las 10 principales que he anunciado anteriormente.

Aun cuando contamos con la traducción de la Constitución Federal en 40 lenguas indígenas, eso no es garantía de que las lenguas estén escritas como corresponde.

Hoy, a 17 años de haberse proclamado el 21 de febrero como “Día Internacional de las Lenguas Maternas”; a 25 años de habernos reconocido como nación pluricultural y a 14 años de haberse promulgado la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, es urgente que todas las buenas intenciones se concreten en acciones afirmativas.

Por eso he propuesto en el proyecto de Decreto que hoy pongo a su consideración, en este Senado de la República, para efectuar un agregado al artículo 20 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y comenzar a hacer realidad nuestra legislación.

Estoy convencido que es la mejor forma de festejar hoy el “Día Internacional de las Lenguas Maternas”.

Y quisiera terminar con una cita de Juan Rulfo, que dice:

“Creo que nuestro país seguirá siendo, por muchos años, un país de muchas lenguas, de muchas culturas diferentes, de costumbres y mitos maravillosos. En los indios hay algo distinto, algo nuevo y muy viejo que no hemos logrado valorar ni aprovechar debidamente”. Juan Rulfo.

Muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hoy celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, es la décimo séptima ocasión desde que la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lo proclamó así el 21 de febrero de 1999.1

No es un día más, como tantos, porque en nuestro caso habla de nuestra esencia como nación pluricultural, como nos reconocimos en el artículo 4o constitucional en 19922 y ahora se establece en el artículo 2oconstitucional desde 2001,3 para afirmar que México está sustentado originalmente en sus pueblos indígenas y les garantiza, entre otros derechos, el de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

Es también un derecho humano, tutelado actualmente en el primer artículo de nuestra Constitución Federal.4

Ese derecho es consagrado en los convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen la obligación de los Estados a adoptar medidas para garantizar que los miembros de estos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.5

Así, se reconoce la existencia y el derecho a perdurar de las lenguas originarias.

En ese entorno, en nuestro país fue aprobada y promulgada, el 13 de marzo de 2003, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que, en su artículo cuarto, reconoce a las lenguas indígenas como oficiales en el país y les otorga el mismo valor que el español.6

Ése es nuestro marco jurídico y de la convencionalidad constitucional para reconocer que en México existen 69 lenguas nacionales, porque hemos de reconocer que el español, aunque sea  nuestra lengua franca, la que se habla en todo el territorio nacional, es una lengua más de todas en las que se comunican nuestros pueblos, comunidades y ciudades.

El México diverso

Antes de la llegada de los españoles a las costas mexicanas aquí se hablaban más lenguas originarias, se ha calculado que alrededor de 500, la mayor parte de ellas perdidas en la noche de la Conquista y la Colonia, bajo el vasallaje cultural del pueblo conquistador.

De todas ellas hoy perduran 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas; todas pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas.7

Es una gran diversidad que durante siglos hizo clamar a muchos por la unicidad lingüística y la integración social a una sola cultura, la mestiza mexicana. Posición que, por fortuna, con el devenir de los nuevos tiempos y la idea del relativismo cultural quedó atrás, para asumir los mexicanos la pluralidad lingüística y cultural, como base de la convivencia en este mosaico cultural que es México.

Así lo hemos establecido en la Constitución y nuestro gobierno federal ha buscado impulsar la revitalización de las lenguas, su presencia en los medios de comunicación, así como la enseñanza de las lenguas indígenas en el sistema educativo y fuera de   éste.

No es un trabajo fácil.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México existen 7 millones 382 mil 785 personas de tres años o más que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6.5 por ciento dela población total nacional. De esa cantidad, 13 de cada 100 sólo puede expresarse en su lengua materna y el monolingüismo se acentúa entre las mujeres, pues 15 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües, contra nueve de cada 100 hombres.

El 45.3 por ciento de la población que habla una lengua indígena tiene menos de 30 años, mientras que poco más de la mitad (50.9 por ciento) de la población total del país está en ese rango de edad.8

Hoy sabemos que las lenguas indígenas más habladas en el país son el náhuatly el maya; ambas representan el 35% del total de la población hablante de lengua indígena. Ambas lenguas, junto con otras ocho (zapoteco, mazateco, mixteco, otomí, tzotzil, tzeltal, chol y totonaca) representan el 77% de la población que habla lengua indígena en el país.9

También sabemos que 23 por ciento de los hablantes de lengua indígena es analfabeta, en comparación con el 4.2 por ciento de no hablantes que se encuentran en esta situación.

A pesar de las cifras de hablantes de lengua indígena, las políticas públicas culturales que se impulsaron durante siglos completos llegaron a permear, no sólo en el ámbito administrativo, sino también en la conciencia de las familias indígenas, quienes terminaron viendo en sus lenguas un obstáculo para el desarrollo de las nuevas generaciones, por lo que ya no continuaron transmitiendo ese factor fundamental para el entendimiento humano, y la niñez y la juventud perdieron el manejo de la lengua indígena.

Así, según algunos estudios, de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, a la larga, 64 pueden encaminarse hacia la extinción, debido a que la mayoría de ellas no cuenta con una forma de escritura que permita su inserción en medios impresos y digitales.10

La falta de políticas públicas para verdaderamente promover y fomentar el uso de las lenguas indígenas, aunado a la discriminación, que a pesar de todas nuestras disposiciones legales se siguen dando en el país, son las principales causas del peligro para la supervivencia mediata de al menos 51 lenguas indígenas.

Si la sociedad mexicana no asume el compromiso de impulsar programas para fomentar el uso de las lenguas indígenas, es muy probable que a mitad del siglo XXI, la mayoría de éstas, con actuales decrecimientos poblacionales hayan desaparecido.

Según información del propio Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (Inali), si no se mejoran las condiciones en las que se encuentran estas lenguas, dentro de dos décadas, el 80 por ciento de los idiomas indígenas que ahora se encuentran bajo condiciones de vulnerabilidad habrán desaparecido; de las 364 variantes lingüísticas que existen, 185 están en riesgo no inmediato de extinción, 72 en peligro medio y 43 en alto riesgo.11

Fomentando el uso de la lengua indígena

No es un panorama muy halagador, porque a pesar de todas nuestras buenas intenciones y nuestro marco jurídico, tenemos un entorno real que dificulta el uso y reproducción de las lenguas indígenas.

Casi no tenemos producción literaria o narrativa impresa en lenguas indígenas, las pocas que existen son producidas por instituciones oficiales en un número muy pequeño de ejemplares que, por desgracia, la mayor parte de ellas se quedan en las bodegas de las instituciones que no cuentan con redes eficientes de difusión y las que se distribuyen las entregan los propios autores.

Tampoco existen investigaciones en ciencias duras o ciencias sociales escritas en lenguas indígenas.

Parte del problema es la ausencia de reglas claras para homogeneizar la escritura (grafía) de las principales lenguas indígenas del país, al menos las 10 principales que hemos enunciado anteriormente.

A pesar de que el propio Catálogo de Lenguas Indígenas reconoce que para la normalización lingüística en el país se requiere: “a) el establecimiento de alfabetos, unificados y argumentados a partir de estudios fonológicos, y su socialización entre todos sus agentes; b) la elaboración de gramáticas de uso escolar, basadas en estudios morfosintácticos; c) la producción de diccionarios de referencia para su uso escolar y comunitario, realizados a partir de la lexicografía”12, hasta hoy casi nada se ha avanzado en este rubro.

Aunque contamos con la traducción de la Constitución federal en 40 lenguas indígenas, eso no es garantía de que las lenguas estén escritas como corresponde.

A partir de esa propia consideración del Catálogo, es urgente establecer las normas básicas para escribir las lenguas indígenas, para propiciar su escritura y traducción, además del fomento del uso de su escritura, la publicación de textos en el ámbito editorial y digital, la elaboración de material multimedia y la creación de programas informáticos para su difusión y traducción.

Pero no sólo eso, requerimos que, de inmediato, al menos las 10 lenguas más habladas del país cuenten con una gramática que estandarice el orden lógico de las lenguas indígenas. Eso fue lo primero que entendieron y a ello se abocaron los primeros misioneros que llegaron a evangelizar a los indígenas de México durante la Conquista, así como los nuevos misioneros protestantes del Instituto Lingüístico de Verano que también las generaron en la segunda mitad del siglo XX.13

También requerimos, a partir de esas bases, contar con diccionarios y difundirlos, al menos para esas 10 principales lenguas.

Esas ausencias impiden contar con los caracteres reconocidos para la reproducción de lenguas indígenas en los medios de comunicación impresos y digitales, y dificulta su uso en medios informáticos. El poco impulso editorial de productos literarios y narrativos en lengua indígena se refleja también en la falta de programas de audio y visuales en las radios comerciales, las de mayor alcance, y en los medios televisivos del país.

Si bien los medios impresos dejan su impronta para el porvenir, es muy importante recalcar que la radio, y también la televisión, son los medios que pueden permitir el impulso cotidiano de las lenguas, a la vez que servir para pulir su uso diario y hasta ser los portavoces de las novedades lingüísticas que toda lengua viva requiere y necesita.

Hoy, a 17 años de haberse proclamado el 21 de febrero como Día Internacional de las Lenguas Maternas, 25 de habernos reconocido como nación pluricultural y a 14 años de haberse promulgado la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, es urgente que todas las buenas intenciones se concreten en acciones afirmativas. Es importante actualizar nuestro marco normativo acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que como actualmente se establece en el artículo 20 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,  debiendo ser el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.14

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente propuesta:

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Propuesta

ARTÍCULO 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios particulares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, y de las instituciones académicas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas; el catálogo será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

 

 

 

ARTÍCULO 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios particulares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Estadística y Geografía, a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, y de las instituciones académicas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas; el catálogo será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

También elaborará y publicará de cada una de las lenguas indígenas del país:

1) Los alfabetos, unificados y argumentados a partir de estudios fonológicos.

2) Las gramáticas basadas en estudios morfosintácticos, y

3) Los diccionarios de referencia, realizados a partir de la lexicografía usual.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO. En orden sucesivo, se elaborarán y entregarán los documentos de las 10 principales lenguas indígenas del país, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sin menoscabo de presentar los de las demás.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas presentará los documentos en un plazo no mayor a cinco años, contados a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. La Honorable Cámara de Diputados contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para cumplir esta disposición.

ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

Con base en esas consideraciones, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

ÚNICO.- Se modifica y adiciona un párrafo al artículo 20 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios particulares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Estadística y Geografía, a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, y de las instituciones académicas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas; el catálogo será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

También elaborará y publicará de cada una de las lenguas indígenas del país:

1) Los alfabetos, unificados y argumentados a partir de estudios fonológicos.

2) Las gramáticas basadas en estudios morfosintácticos, y

3) Los diccionarios de referencia, realizados a partir de la lexicografía usual.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. En orden sucesivo, se elaborarán y entregarán los documentos de las 10 principales lenguas indígenas del país, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sin menoscabo de presentar los de las demás.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas presentará los documentos en un plazo no mayor a cinco años, contados a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. La Honorable Cámara de Diputados contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para cumplir esta disposición.

ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 El 21 de febrero de 1999,  la Unesco proclama el  Día Internacional de la Lengua Materna para promover el pluralismo lingüístico y la diversidad cultural. Su origen data del 21 de febrero de 1952, cuando en Bangladesh un grupo de estudiantes demandaba que su lengua materna, el Bangla, fuera reconocida como lengua oficial. La manifestación fue atacada por la policía, dando muerte a tres jóvenes. Cuatro años después, la Constitución de Pakistán reconoció el Bengalí y el Urdo como lenguas oficiales. http://www.imer.mx/21-de-febrero-dia-internacional-de-la-lengua-materna/ (Consultado el 13 de febrero de 2017).

2 El 28 de enero de 1992, en el Diario Oficial se publicó el decreto del presidente Carlos Salinas de Gortari reformando el artículo 4o constitucional para adicionarle un primer párrafo: “La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley”.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_122_28ene92_ima.pdf (Consultado el 17 de febrero de 2017).

3 Así lo establece el artículo 2o constitucional: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…
“A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

“IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimiento y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (Consultado el 13 de febrero de 2017).

4 “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.Ibid.

5 El Convenio 169 de la OIT establece en su artículo 12 la obligación de los Estados a “adoptar medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”. En el artículo 13.2, la Declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas señala: “Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados”.

6 “ARTÍCULO 4.- Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte”. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257_171215.pdf (Consultado el 13 de febrero de 2017).

7 Las 11 familias lingüísticas indoamericanas establecidas en el Catálogo de Lenguas Indígenas publicado por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas son:álgica, yuto-nahua, cochimí-yumana, seri, oto-mangue, maya, totonaco-tepehua, tarasca, mixe-zoque, chontal de Oaxaca y
huave.http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf(Consultado el 13 de febrero de 2017).

8 “Náhuatl y Maya, las lenguas indígenas más habladas en México”, en
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/09/1109958y http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P(Consultado el 13 de febrero de 2017).

9 Ibíd.

10 “Están al borde de la extinción 64 lenguas indígenas”, en
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/14/1075051 (Consultado el 13 de febrero de 2017).

11 Según declaración de Javier López Sánchez, entonces director general del Inali, “51 lenguas indígenas se encuentran•en•peligro•de•extinción”,•en•http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/7895929/10/16/51-lenguas-indigenas-en-peligro-de-extincion.html(Consultado el 13 de febrero de 2017).

12 http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf, pág. 47. (Consultado el 13 de febrero de 2017).

13 Entre los primeros están, por ejemplo, De Córdova, Juan P. Fr. Arte del idioma zapoteco, edición facsimilar. Ediciones Toledo-INAH, México D. F, 1987, 228 páginas y, de autor anónimo, Gramática zapoteca. Editorial Innovación, México D. F, 1981, 150 páginas; ambas son reimpresiones.De los segundos, destaca Pickett, Velma B. et. al, Gramática popular del zapoteco del Istmo.Centro de Investigación y Desarrollo Binniza A. C.-Instituto Lingüístico de Verano A. C., México D. F., junio de 1998, 126 pp.

14 El 7 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al artículo 26 constitucional se le adicionó un apartado B en el que se establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y que la responsabilidad de normarlo y coordinarlo estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios. Con base en ello, se creó la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica publicada en el DOF el 16 de abril de 2008 con 126 artículos y 17 transitorios, organizados en cinco títulos: disposiciones generales, acerca del Sistema, organización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, faltas administrativas y sanciones, así como el recurso de revisión. Cfr.
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/171/download/4839(Consultado el 13 de febrero de 2017).

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Jorge Toledo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera.

Volumen, por favor, en el escaño del Senador Humberto Mayans.

Sí, Senador.

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Le solicitaría, respetuosamente, preguntarle al Senador si me puedo adherir a su iniciativa. Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador.

El Senador Jorge Toledo Luis: Por supuesto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Servicios Parlamentarios recoja la firma, si es tan amable.

El Senador Romo, con el mismo sentido; Senador Cavazos, en el mismo sentido; Senador Gerardo, igual.

Muchas gracias.

Servicios Parlamentarios, si recogen las firmas.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Sandra Luz García Guajardo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy subo a tribuna para presentar esta iniciativa por la que se reforma la fracción XIII del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que tiene por objeto exentar del pago de este impuesto a los boletos de entrada para las películas de producción nacional.

En obvio de tiempo no daré lectura al texto de la iniciativa, por lo que solicito se incluya de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Es importante destacar que artistas, creadores, cineastas, promotores, la oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y nosotros mismos, desde este Senado, oportunamente nos manifestemos por defender el presupuesto en materia de cultura ante el recorte que se hizo a dicha Secretaría en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal 2017.

La presente propuesta es coincidente con el hecho de que la cultura representa el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, así como con lo establecido en nuestra Constitución, en específico, con el párrafo onceavo de su artículo 4o., en el que se señala que: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado, quien promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa”.

Sin duda alguna, el cine es una de las expresiones cuyo recorte presupuestal afectará de forma más significativa su operación, ya que, si bien; durante 2015 hubo 414 estrenos de cine en México, de ellos únicamente 80 fueron películas nacionales, es decir, el 19 por ciento.

Es importante señalar que 60 películas nacionales que se producieron, no fueron exhibidas.

El apoyo al cine es vital, ya que 70 por ciento de las producciones que se realizan cuentan con el apoyo del Estado, generan 2 mil 630 puestos de trabajo, y el pago de 274 millones de pesos en sueldos.

Sin embargo, la asistencia a ver producciones mexicanas ha bajado significativamente, al pasar en 2014 de 24 millones de personas asistentes a 17.5 millones de personas en el 2015.

A la fecha aún no se cuenta con el total de personas que durante 2016 asistieron a ver cine mexicano, toda vez que el anuario estadístico de dicho ejercicio aún no se ha hecho público.

Todo esto se resume al afirmar que de la asistencia al cine, únicamente el 6 por ciento va a ver películas mexicanas, es decir, que en el 2015 se reportaron 17.5 millones de espectadores de cine mexicano, de los 286 millones de asistentes a salas en cine en México.

Por lo anterior, es de vital importancia que ante el recorte al sector cultural, y en específico al cine mexicano, se apruebe la posibilidad de que películas de producción nacional no generen el Impuesto al Valor Agregado, promoviendo un estímulo para que el boleto de entrada sea más económico en relación con las películas extranjeras.

Es cuanto.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Sandra Luz García Guajardo. Regístrese de manera íntegra en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado la Senadora, y túrnese a la Cámara de Diputados.





 

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos tres dictámenes para primera lectura, dé cuenta la Secretaría de ello, si es tan amable.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

1.- De las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley General de Protección Civil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Dictamen de primera lectura)







 

2.- De las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Dictamen de primera lectura)







 

3.- Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley General de Protección Civil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, han quedado de primera lectura.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley General de Protección Civil, en materia de promoción de la cultura de protección civil.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta discusión se hará en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica Araujo Lara, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, señor Presidente, con su venia. Buenas tardes, amigas y amigos Senadores:

Si el Presidente me lo permite, son tres dictámenes que acabamos de aprobar para que se les dé el curso de la segunda lectura y ponerlas a su consideración, si ustedes así lo consideran.

Como Presidenta de esta comisión y a nombre de todos los integrantes, estaré presentando en esta participación cada uno de estos tres dictámenes para solicitarles atentamente el que pudieran respaldarlos y, en su caso, aprobarlos.

El primer dictamen al que hacemos referencia y que se acaba de señalar, es una minuta que viene de la Cámara de Diputados, por la que se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VIII al artículo 4o. de la Ley General de Protección Civil.

Y los aspectos más relevantes que estaríamos nosotros poniendo a su consideración es precisar que es indispensable que entre los sectores de nuestra población que resultan principalmente afectados y que son las zonas rurales y los habitantes de las costas y la población dedicada a la acuacultura y a la actividad pesquera, requieren que sean precisamente en la ley fortalecidas en sus compromisos del Estado para que con ello podamos prevenir y atender contingencias.

En la minuta se sugiere que esta promoción se aplique desde la niñez, propuesta con la que coincidimos, ya que la protección civil es imprescindible para todas las comunidades, en especial, para las que ya señalamos, y se trata de reducir los riesgos de desastres a través de la educación oportuna, esto es, a la edad temprana, prácticamente en la edad escolar de nuestros niños.

Y, en segundo, en la fracción que se adiciona también consideramos pertinente en que las políticas públicas de protección civil den prioridad a las poblaciones mucho más vulnerables.

De aquí serían las dos modificaciones a esta primera minuta que se pone a consideración.

De igual manera vamos a presentarles otra propuesta de dictamen correspondiente a la adición de una fracción XXX al artículo 19 de esta misma Ley General de Protección Civil.

Esta adición fue presentada por la Senadora Hilda Flores Escalera, y básicamente lo que considera esta propuesta de modificación es que estamos conscientes de la necesidad de que se establezcan las condiciones necesarias para que en todos los niveles de gobierno existan los protocolos de actuación en cuanto al tema de la protección civil, tan importantes en estos tiempos, y más si estas acciones van encaminadas a los grupos vulnerables de la población.

Por lo que consideramos pertinente la propuesta que hace la Senadora, que es la adecuada coordinación entre los tres diferentes órdenes de gobierno, facultando a la Coordinación Nacional de Protección Civil a promover que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o delegaciones, según corresponda, elaboren y mantengan actualizados sus respectivos programas de protección civil y formen parte de sus planes de desarrollo.

Y, por último, la tercera minuta que ponemos a su consideración, es la modificación al artículo 66 de la Ley General de Protección Civil, y que también fue presentada por el Senador Félix González Canto y que básicamente consiste en que, hablando nuevamente de las zonas altamente vulnerables a los fenómenos naturales y meteorológicos, geológicos, sabemos que existen principales amenazas que enfrentan estas poblaciones vulnerables, y que en función a su intensidad pueden generar graves desastres, en ocasiones poniendo en riesgo vidas humanas, la actividad normal de las personas, la actividad productiva, y la infraestructura, y como consecuencia de lo anterior, frenar el crecimiento sostenible de nuestra nación.

De ahí que la propuesta básicamente en sus términos dice: que cada entidad federativa creará y administrará un fondo estatal de protección civil, cuya finalidad será poner en marcha acciones de reducción de riesgos como las referidas anteriormente en este artículo 2 de esta propia ley; así como la de promover la capacitación, equipamiento y sistematización de las unidades de protección civil de las entidades federativas, municipios y delegaciones.

Por lo anterior, y como todas estas modificaciones son a la Ley General de Protección Civil, pues, señor Presidente, si usted no tiene ningún inconveniente, he presentado una minuta y dos dictámenes que estamos poniendo a su consideración, pidiéndoles a todos ustedes, compañeras y compañeros Senadores, su aprobación a lo presentado.

Es cuanto, muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Angélica Araujo.

Senadora, nada más para aclarar, ¿ha presentado el dictamen del artículo 4, de la adición del artículo 19 y la de reforma el artículo 66?, Los tres ha presentado. Muchas gracias, muy amable, Senadora.

Se encuentra a discusión el primer dictamen, que es respecto al artículo 4. Toda vez que no tengo oradores, ábrase el registro para la votación, hasta por cinco minutos, y háganse los avisos que ordena el Reglamento en el artículo 58.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Facultad de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad Tolteca de México, invitados por la Senadora María Elena Barrera Tapia, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!



VOTOS POR OFICIO



La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, le informo que se registraron 80 votos a favor y ningún voto en contra.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una fracción VIII al artículo 4 de la Ley General de Protección Civil. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, en materia de protocolos para atención a grupos vulnerables en los programas de protección civil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta discusión se hará en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Senadora Angélica Araujo ya presentó el dictamen en su intervención anterior, por lo tanto, se encuentra a discusión.

Toda vez que no tengo oradores registrados, ábrase el tablero electrónico hasta por cinco minutos, y háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley General de Protección Civil, en materia de fondos estatales para promover capacitación y equipo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa el trámite de segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Queda dispensada.

Informo a la Asamblea que este dictamen que nos ocupa corre la misma suerte que los dos anteriores, la discusión se hace en lo general y en lo particular en un solo acto y es el dictamen que ha presentado la Senadora Araujo Lara

Por lo anterior, se encuentra a discusión, y toda vez que no tengo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para anunciar la votación de éste.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley General de Protección Civil. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que se confiere el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", correspondiente al año 2017, a la ciudadana Gloria Ramírez Hernández.

Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy. En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, muy amable.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores y Senadoras:

Vengo a presentar un dictamen que se generó en la 26 reunión ordinaria de nuestra Comisión para la Igualdad de Género, y tuvo como propósito exactamente revisar el resultado de las mujeres que aspiran a recibir el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto". Como ustedes saben, este reconocimiento es en materia de mujeres, es el más alto que el Senado de la República ha generado y que tiene el propósito claro, de reconocer a las mujeres que se han significado en la lucha por las niñas y los niños de este país, y especialmente, mujeres sobresalientes en México.

Recibimos cuatro propuestas muy importantes, promovidas todas ellas por la sociedad civil, por organismos no gubernamentales, de la doctora Graciela Hierro Pérezcastro, de la psicóloga Laura Martínez Rodríguez, la antropóloga María Ramos Ávila y la doctora Gloria Ramírez Hernández.

La comisión, que se maneja de manera plural, reconoció en los perfiles que fueron presentados, que la galardonada recaería en la doctora Gloria Ramírez Hernández, mujer que se ha significado de manera muy importante en la lucha de los derechos humanos, y especialmente en el tema de las mujeres.

Es una mujer con un alto prestigio y es una de las mujeres mexicanas que ha realizado un seguimiento permanente de las recomendaciones de la CEDAW y ha desarrollado una plataforma virtual en la formación de los derechos humanos de las mujeres.

Ahí votamos y resultó esta propuesta de la doctora Gloria Ramírez, y estamos proponiendo que este reconocimiento del más alto nivel para las mujeres en el Senado de la República, se entregue el próximo 9 de marzo a las 12:00 del día en este Pleno de la Cámara de Senadores, en sesión solemne, en el marco del "Día Internacional de la Mujer".

Este es el dictamen que ponemos a su consideración y, sobre todo, la reflexión muy importante del reconocimiento que muchas mujeres deben tener, pero en este momento, en la doctora Gloria Ramírez.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Diva Hadamira Gastélum, que ha presentado el dictamen.

Se encuentra a discusión.

Tengo registradas a las Senadoras Martha Elena García, del PAN; Angélica de la Peña, del PRD; y Luz María Beristain, del PRD.

Todas en sentido positivo, quiero suponer, de lo contrario, por favor, avísenme.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente.

Desde luego que es positivo, además que me siento más heredera de este gran legado de Elvia Carrillo Puerto, porque también tengo el gusto de haber nacido en esa maravillosa tierra del Mayab, de haber nacido en Yucatán, en esa maravillosa península, así que para mí es un, adicionalmente, es un gusto mayor porque así nos sentimos todavía más cerquita del gran legado de esa mujer tan grandiosa, como lo fue Elvia Carrillo Puerto.
Compañeras y compañeros:

El día de hoy, como ya bien se dijo, se está discutiendo un dictamen de suma trascendencia, el cual consiste en la entrega del reconocimiento denominado "Elvia Carrillo Puerto", "La Monja Roja del Sureste", así la denominábamos.

Ha dicho reconocimiento se le ha nombrado en honor a una gran figura en la historia nacional y, sobre todo, a quien representa el inicio de una lucha histórica en pro de los derechos humanos de las mujeres.

Celebro que la Comisión para la Igualdad de Género haya establecido este reconocimiento en honor a esta mujer adelantada a su época, que realizó un acto heroico de iniciar una lucha tan importante en beneficio de las mujeres mexicanas.

Ella, hermana de Felipe Carrillo Puerto, el prócer yucateco que inició el movimiento socialista en este país, porque fue a partir de la lucha que él tuvo en Yucatán que inicia el movimiento socialista en este país, o sea, hombres y mujeres de izquierda.

Felipe Carrillo Puerto es un emblema de la península, un emblema del país, de Yucatán y, bueno, Elvia Carrillo Puerto está considerada como la primera mujer que se dio a notar en el ámbito de la izquierda; o sea, ella nos precedió a muchas de las mujeres que aquí estamos y que somos de izquierda, desde luego.

Esta mujer, sin duda, adelantada a su época, realizó un acto heroico iniciando una lucha en beneficio de las mujeres mexicanas, como por ejemplo, en la participación activa de las mujeres en cargos de elección popular y el voto femenino que, sin duda, ella impulsó en su época.

Se dice fácil, pero no es nada fácil porque en ese momento era muy difícil, no había condiciones, era un conservadurismo extremo, en el que cuando una mujer se paraba y hablaba, como lo hacía Elvia Carrillo Puerto, era motivo de escándalo, era un escándalo; cómo va a ser que una mujer hable así, pero ella lo hacía, se atrevió, tuvo el valor, tuvo esos tamaños Elvia Carrillo Puerto.

Todas las mujeres mexicanas somos herederas del legado de ella, sin duda, ilustre, un ejemplo a seguir para las actuales y futuras generaciones.

Y bueno, este reconocimiento que se está realizando es un avance en el tema de la igualdad sustantiva.

Y según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la llamada igualdad sustantiva es la igualdad de hecho o material, por oposición, a la igualdad de derecho o formal.

Y ésta supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública.

De tal manera que el Senado de la República está reconociendo a mujeres que también son ejemplo a seguir, y que su trabajo debe ser reconocido por todos los mexicanos: Gertrudis Bocanegra, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, cantidad de compañeras que estuvieron antes que nosotros.

México, como parte de los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, suscribió la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible, la cual contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En todos ellos y en las metas que los integran, se incluye como factor prioritario la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.

Por lo cual, con este dictamen estamos realizando una acción sumamente trascendental, la cual, además de reconocer a una ilustre yucateca mexicana, como lo fue Elvia Carrillo Puerto, también estamos reconociendo el trabajo de Gloria Ramírez Hernández; Gloria Ramírez Hernández que ha fomentado la igualdad sustantiva y, con ello también, estamos dando cumplimiento a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales.

Es fundamental seguir en la lucha por la igualdad, por esta igualdad sustantiva. Y en la erradicación de la discriminación, buscar una paridad más efectiva en la política, en el ámbito laboral y en el social, o sea, es un trayecto, una ruta de lo cual llevamos un buen tramo, pero falta, falta compañeras, falta compañeros.

Es fundamental seguir en esta lucha por la igualdad sustantiva y de la erradicación de la discriminación, buscar una paridad más efectiva, sobre todo en la política; en la política donde está el quehacer nacional, donde podemos generar las transformaciones y los cambios que esta gran nación requiere.

Es a partir de la política, del arte de generar los mejores acuerdos sociales, para poder evolucionar.

Es aquí donde queremos a más mujeres con ese ímpetu, con esa fuerza, con esa responsabilidad que emana de la sociedad para poder construir una sociedad mucho más justa, en el que todos quepamos.

Finalmente, quiero felicitar a quien recibirá este gran reconocimiento y pedir que todas las mujeres destacadas, todas la mujeres que destacan, sigan esforzándose, que no decaiga el ánimo.

Tenemos que seguir fomentando esa inspiración que tanto necesita nuestro pueblo mexicano.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Luz María Beristain.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Elena García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente.

El día de hoy vengo a hablar en pro del dictamen que otorga el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", cuyo objetivo fundamental es que el Senado de la República reconozca la labor de una mujer mexicana en la defensa, ejercicio, protección o aportación de los derechos humanos de las mujeres y, por supuesto, a la igualdad de género.

Es por ello que las Senadoras integrantes de la LXIII Legislatura, coincidimos en que en el marco de la conmemoración del "Día Internacional de la Mujer" era de suma importancia para nuestro país que, al mismo nivel de la Medalla "Belisario Domínguez", que se entregará este reconocimiento que, además, lleva el nombre de una mujer que dio una lucha social para el más importante reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en México: "El derecho al voto de la mujer".

Esta experiencia, sin duda alguna, nos ha dejado varios aprendizajes. Hoy sabemos que las mujeres somos actoras en diversos ámbitos y que nuestras contribuciones serán indispensables para el ejercicio de los derechos humanos.

Sabemos que no basta con voluntad política, sino que se requiere disponer de recursos necesarios para que puedan impulsarse acciones concretas y sustantivas.

Este reconocimiento no sólo es para reconocer los aportes de las mujeres, sino para evidenciar que las mujeres somos fundamentales en el quehacer público, que debemos estar en la toma de decisiones, en igualdad de condiciones en la política, en la ciencia, en los deportes, y en cualquier otro ámbito, y que es responsabilidad de hombres y mujeres contribuir a la transformación social para tener un país más justo y más igualitario.

Este año la Comisión para la Igualdad de Género recibió cuatro candidaturas para este reconocimiento, los cuales son: la doctora Graciela Hierro Pérezcastro, la psicóloga Laura Martínez Rodríguez, la doctora Gloria Ramírez Hernández y la antropóloga María Ramos Ávila, todas ellas postuladas por mujeres feministas, movimientos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil organizada que desde diferentes trincheras han contribuido, sin duda alguna, al avance de los derechos de las mujeres en nuestro país.

Cabe señalar que este año tuvimos candidatas con una amplia currícula en diversas materias, que han contribuido con aportaciones para la igualdad de género, desde la filosofía, la psicología, las ciencias sociales y la antropología, y en diferentes ámbitos, en la academia, principalmente, pero también desde la ciudadanía donde se construye la mayor experiencia porque se trabaja con diversos grupos sociales como las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, los grupos indígenas o con una causa en común para eliminar la desigualdad, la discriminación y la pobreza.

Contribuir al avance de las mujeres en el deporte, en la política, desde el ámbito municipal y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en la salud y el deporte, entre otros.

Luego de un análisis exhaustivo de las candidaturas, esta comisión decidió entregarle el reconocimiento a la doctora Gloria Ramírez Hernández, quien es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de París, Francia.

Profesora-investigadora y Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además, quien durante sus años de estudiante inicia su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres; pero en Francia, en su época de estudios de postgrado, cuando se incorpora, al final de los años 70's al Movimiento de Mujeres Latinoamericanas; en París se suma a las demandas que centraban en el debate en la emancipación femenina; la lucha política por la democracia, entre muchos otros temas.

Gloria ha trabajado muy particularmente en el ámbito de los derechos de las mujeres y de la educación desde la perspectiva de género, así como en los temas para el avance de los derechos políticos, la violencia de género y el feminicidio, realizando propuestas y acciones que han incidido de manera efectiva en la transformación social.

La doctora Ramírez, junto con tres mujeres más, que vale la pena mencionar, la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos; la licenciada en Relaciones Internacionales, Carmen Moreno Toscano y Rosario Marín, quien se desempeñó como tesorera de los Estados Unidos de América, comparte el reconocimiento más importante en este Senado de la República y entrega a la labor que desempeñamos las mujeres en México

Porque la presea "Elvia Carrillo Puerto" es una acción afirmativa para que no se nos olvide que las mujeres queremos estar presentes.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Martha Elena García.

Informo a la Asamblea que hemos recibido la intervención de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, para que se integre al Diario de los Debates.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En virtud de que no hay más oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del CECyTEG de Guanajuato, Plantel Jerécuaro, del municipio de Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.

¡Bienvenidos!



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 77 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra aprobado el dictamen por el que se confiere el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", correspondiente al año 2017, a la ciudadana Gloria Ramírez Hernández.

Se solicita al Pleno de la Comisión para la Igualdad de Género asista personalmente a comunicar a la ciudadana Gloria Ramírez Hernández, la determinación de esta Asamblea.





 

Compañeros Senadores, a propósito del dictamen que acaba de aprobarse, les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo para la realización de la sesión solemne en que se otorgará el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, a la señora Gloria Ramírez Hernández. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo antes mencionado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, el Senado de la República realizará sesión solemne el 9 de marzo de 2017 a las 12:00 horas, en el que se entregará el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la ciudadana Gloria Ramírez Hernández.

Se solicita al pleno de la Comisión para la Igualdad de Género asista personalmente a comunicar a la ciudadana Gloria Ramírez Hernández, la determinación de esta Asamblea.

Se instruye a las Secretarías Generales del Senado a realizar las acciones necesarias para la realización de esta sesión solemne. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar una fracción IV al artículo 58 de la Ley General de Protección Civil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, se encuentra a discusión.

En virtud de que no hay oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de Decreto ya descrito por el señor Presidente. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el dictamen. Comuníquese.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, que contiene punto de Acuerdo. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Denle volumen en el escaño a la Senadora Rocha, por favor.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) Sí me registre a favor.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Con mucho gusto, si gusta pasar.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con el permiso de la Mesa Directiva.

¡Hjatzi ya ku!, buenos días en otomí.

Compañeras y compañeros, la lengua materna representa a una comunidad, representa una ideología, por lo que todas las lenguas merecen respeto y honor, dándole el valor suficiente ya que contribuyen a la riqueza cultural de nuestra nación.

Desafortunadamente, en nuestro país se han perdido más de 108 lenguas por falta de apoyo y orgullo hacia nuestras raíces, que son nuestra historia y nuestros cimientos.

Ahora en México se hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes. En este sentido, la educación es parte fundamental para que nuestro país crezca con su gente, con sus jóvenes que son el presente y el futuro de nuestro hermoso México.

Por eso, es fundamental brindarles desde cada una de nuestras trincheras el apoyo para que se preparen día con día.

Por lo anterior, presenté en Comisión de Asuntos Indígenas el punto de Acuerdo el que se recomienda a los gobiernos de los estados de la República Mexicana, con pueblos y comunidades indígenas, que otorguen becas de apoyo a estudiantes hablantes de una lengua indígena, en sus respectivas universidades autónomas, a fin de conservar y fomentar el uso de las lenguas originarias.

Y qué mejor manera, como ustedes saben, de conmemorar este día tan importante como es el “Día Internacional de la Lengua Materna”, que promoviendo y garantizando el acceso a la educación, por el hecho de hablar alguna lengua indígena nuestros jóvenes, es parte de nuestro orgullo como mexicanos y no podemos permitir que se pierdan más lenguas que son un gran patrimonio para todos nosotros.

Hoy 109 y, a lo mejor, en algunos años quedarán pocas, cuando somos de los países que más lenguas indígenas tenemos y más cultura.

Debemos de seguir manteniendo las puertas abiertas a nuestra cultura y a nuestras raíces. Si no olvidamos de dónde venimos, tendremos siempre firme a dónde vamos.

Muchas gracias, y agradezco la atención del Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y de mis compañeros, de aprobar para conmemorar el “Día Internacional de la Lengua Materna” el día de hoy, este presente punto de Acuerdo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias a usted, Senadora Sonia Rocha.

Consulto a la Asamblea si alguien más desea hacer uso de la palabra.

Si nadie más desea hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

En el apartado de proposiciones, tiene el uso de la tribuna la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, para presentar a nombre propio y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, un punto de Acuerdo por el que se solicita diseñar y llevar a cabo un programa que evite cualquier tipo de acto de discriminación con motivo de la reintegración de los migrantes mexicanos que, eventualmente, sean sujetos a un procedimiento de repatriación forzada o voluntaria desde los Estados Unidos de Norteamérica.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A un mes de haber iniciado la nueva administración del gobierno de Estados Unidos, es un hecho que ésta ha traído un cambio en la relación bilateral de nuestro país, precisamente con la Unión Americana.

Relación, por cierto, que involucra a múltiples aspectos. Aspectos históricos en donde también en otros momentos hemos tenido difíciles relaciones entre ellos; aspectos comerciales que han involucrado e involucran, como lo que hoy hemos señalado, por ejemplo, en el tema de la importación de granos de manera particular de maíz, que involucra aspectos educativos y culturales, que ha dado motivo a que en este Senado se estén discutiendo modificaciones a la Ley General de Educación. Pero también y quizá el más sentido, aspectos de migración.

Es precisamente en ello que un grupo de compañeras y compañeros Senadores hemos tenido encuentros a lo largo de estas semanas, hemos escuchado a los migrantes y queremos poner a su consideración este punto de Acuerdo, y por supuesto para la atención del propio gobierno de la República.

Déjenme, antes de explicarles de qué se trata esta campaña, esta necesidad de formular una campaña de discriminación, poner en perspectiva algunos datos que tienen que ver precisamente con el fenómeno migratorio.

De entrada, según un estudio conjunto del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y del Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, ha señalado que México es el segundo país en el mundo con mayor población emigrante y el 97 por ciento de ellos se encuentran precisamente en Estados Unidos, bajo diferentes calidades migratorias.

Los mexicanos representan en ese país alrededor de 28 por ciento de la población inmigrante en los Estados Unidos.

Por su parte, el Centro Hispano Pew señaló que el número de residentes de origen mexicano en Estados Unidos asciende alrededor de 31.6 millones de personas; esto es, algo así como el 65 por ciento de la población latina que radica en los Estados Unidos.

De acuerdo con datos también de Migration Policy Institute, se estima que la población indocumentada es superior a los 6 millones de personas, la cual se concentra principalmente en 17 condados de 17 estados de los Estados Unidos.

Y si bien también es cierto que estas cifras hoy revelan que empezamos a tener una tasa de migración negativa; esto es, que son más las personas que regresan que las que van, sigue siendo en una y en otro sentido un grave problema.

Problema porque en los últimos días, todas y todos hemos escuchado muchos de los casos, de los incidentes que ocurren en los Estados Unidos. ¿Cuántas historias se han tejido en las últimas semanas, en relación con amigos, en relación con hermanos, en relación con población que vive en los Estados Unidos?

Es el caso de Daniel Ramírez, por ejemplo, un “dreamer” de 23 años con permiso para trabajar, que fue arrestado en Seattle cuando el Servicio de Control Inmigración y Adunas buscaba a su padre, más tarde lo acusó de pertenecer a una pandilla y hoy se ha iniciado su proceso de deportación.

También fue muy sonado caso de Guadalupe García de Reyes, quien fue separada de sus hijos cuando concurrió de manera voluntaria a una oficina de migración para realizar un trámite relacionado con su proceso para poder trabajar en los Estados Unidos.

Otra ciudadana indocumentada de la cual el nombre se mantiene en secrecía, asistió a una Corte en El Paso, Texas, para solicitar una orden de restricción en contra de su pareja por abuso y violencia, salió del refugio de mujeres y al llegar al Tribunal de Agentes de Migración la esperaban, también la detuvieron para poder iniciar la deportación.

Tan sólo en el mes de enero fueron repatriados alrededor de 12 mil 500 mexicanos y su demanda ha sido clara, tener acceso, cuando regresan a éste, que fue su país, a servicios jurídicos para defender sus derechos, en muchos de los casos para poder regresar a los Estados Unidos.

Esta es una realidad que también tenemos que reconocer, muchos de ellos quieren regresar allá, porque ahí han radicado los últimos años, porque ahí están muchas de sus familias.

Pero más allá de ello, también la realidad es que muchos de los que son deportados de manera voluntaria o de manera forzosa, cuando regresan a México tienen que enfrentar otra realidad. Otra realidad en la que hoy no podemos mantenernos ajenos, una realidad en la que efectivamente tienen que diseñarse políticas públicas que los atiendan; pero también una realidad que curiosamente tendríamos que preguntarnos:

¿Qué pasa cuando llegan a sus lugres de origen? ¿Qué pasa con aquel municipio de la mixteca poblana, cuando tienen que ir a Mixtla o a cualquiera de estos municipios pequeños a reintegrarse con sus familias? ¿Cómo son vistos? ¿Cómo son observados? ¿Cómo son tratados?

Es curioso, pero la verdad ellos mismos nos lo han dicho, son también discriminados.

Parecería que en ocasiones aquellas lecturas a las que todos tuvimos acceso en las épocas escolares de Octavio Paz o de Samuel Ramos, cuando hablaban de “El pachuco y otros extremos”, es una película que volvemos a encontrar, es una película que pareciera que se vuelve a repetir.

Por ello, es que en esta ocasión queremos llamar la atención para que pueda iniciarse una campaña que permita a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que contribuya a una integración amable de los connacionales, para que ningún acto de rechazo ni de discriminación tenga lugar en el país, y si acaso ocurre, efectivamente se corrija de inmediato, que ellos sean recibidos como lo que son, como ciudadanos mexicanos a los que les reconocemos los mismos derechos.

Insisto, hemos escuchado hablar mucho de la unidad, pero la unidad por cierto no se hace únicamente ni con discursos, ni con marchas; se hace con acciones y eso es lo que hoy los Senadores que hemos conformado este grupo y al que a todos invitamos, tenemos que hacer, darle respuestas efectivas a temas sensibles cuando regresan y simplemente ellos en su tono de hablar es distinto al que hoy tiene la gente en sus localidades.

Darles garantías de que efectivamente sean incorporados en las escuelas y ninguna burla se pueda presentar y esto que parecería cuestión de rutina, es una realidad que necesitamos afrontar.

Por ello, yo les invito a que este punto de Acuerdo que hemos suscrito la Senadora Yolanda de la Torre, la Senadora Marcela Guerra, el Senador Armando Ríos Piter, el Senador Romero Hicks, la Senadora Mariana Gómez del Campo, Gabriela Cuevas, Jesús Casillas, Jorge Toledo, Benjamín Robles, María del Pilar Ortega, Graciela Ortiz, Roberto Albores y la de la voz, pueda también ser añadido cada uno de ustedes.

Yo les invito, amigas y amigos, que dejemos a un lado el uso simplemente de la tribuna para llamar la atención en un tema que puede resultar atractivo, pero más que atractivo forma parte de nuestra responsabilidad.

Demos respuestas y hagamos que las cosas funcionen para los que están allá, pero también que funcionen para los que regresan al país.

Gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Blanca Alcalá. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios.





 

Tiene la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a revisar y, en su caso, actualizar la Guía para el Uso Clínico de la Sangre.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Si me permite, señor Presidente, voy a exponer otro punto de Acuerdo, ya que el de la Guía Práctica para el Uso de la Sangre lo expuse en pasos perdidos y tengo otro punto de Acuerdo agendado para el día de hoy, es en relación a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud se indique la fecha de publicación del Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer en México, si me permite.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Adelante.

Si le pide a alguno de sus asesores que nos dé copia del punto de Acuerdo, si es tan amable, doctor.

El otro punto de Acuerdo, independientemente de que lo presentó en pasos perdidos, hacemos el turno a la Comisión de Salud.

¿Es así?

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.

Lamentablemente en México tenemos un gran incremento en enfermedades crónico-degenerativas, y de ellas la que ocupa el primer lugar en fallecimientos es el cáncer.

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud en el año 2015, apuntan a que a nivel mundial el 63 por ciento de las muertes anuales son causadas por enfermedades no transmisibles que generalmente son crónicas, es decir, de larga duración y que progresan lentamente. Los cuatro tipos principales de estas enfermedades son: las cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes y el cáncer, que juntas causan aproximadamente 38 millones de lamentables defunciones al año, concentradas en un 75 por ciento en países, otro tema más lamentable, en países de bajos y medianos ingresos. Se estima que el cáncer, denominado también neoplasia o tumor maligno, provoca cerca de 8 millones de muertes al año, con lo cual se convierte en la principal causa de muerte a nivel mundial y, desde luego, también igual aquí en nuestro país.

La Organización Mundial de la Salud identifica que, a nivel mundial en el año 2015, los tumores malignos de pulmón, próstata, colorrectal, estómago e hígado son los más comunes entre los varones; mientras que en las mujeres son el cáncer de mama, el colorrectal, el de pulmón, el del cuello uterino y el de estómago. En México, uno de cada tres mexicanos es un potencialmente portador a largo plazo que pudiera ser diagnosticado con algún tipo de cáncer a lo largo de su vida.

Si bien no existe una causa única y directa que motive un caso de cáncer en una persona, sí existen factores que propician que se presente, muchos de los cuales se relacionan con hábitos y estilos de vida, por lo que la prevención debe ser enfocada en la disminución del tabaquismo, en la disminución del consumo de cárnicos procesados y carnes rojas. También prevenir problemas de obesidad, sobrepeso y la ingesta de alcohol, así como promover medidas como la vacunación ante enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, el Virus del Papiloma Humano; además de estimular y de fortalecer lo que es la actividad física, evitar la exposición excesiva a radiaciones, incluida la de los rayos ultravioleta provenientes del sol, la exposición a carcinogénicos ocupacionales, relacionados a ciertos trabajos y a la contaminación ambiental.

En México los esfuerzos institucionales de acceso a programas de prevención y detección temprana están poco organizados y en general carecen de presupuesto suficiente para lograr un funcionamiento óptimo. Como consecuencia, más del 70 por ciento de los casos de cáncer son diagnosticados en etapas avanzadas, lo cual reduce las posibilidades de curación y además eleva los costos del tratamiento tanto para las familias como para la misma sociedad.

Pero en México tiene la capacidad para convertirse en un ejemplo de la lucha contra el cáncer, brindando una mayor esperanza de vida a miles de pacientes y familiares.

Se cuenta con infraestructura, con talento y con voluntad para iniciar un programa integral, multidisciplinario y multisectorial para la reducción efectiva de la incidencia y mortalidad de este grupo de enfermedades.

Quiero compartir con ustedes que el 23 de octubre del año 2014, el Ejecutivo Federal, el Presidente Peña, convoca a instaurar un programa precisamente para la prevención, lucha y tratamiento contra el cáncer, y el 27 de octubre del año 2015 se integra la primer mesa de trabajo legislativa de este programa.

Por lo anterior, estamos exhortando al Ejecutivo Federal, uno, desde luego, para dar el debido seguimiento a este programa para la prevención y el tratamiento del cáncer y que se nos informe la fecha en que será publicado formalmente la implementación del Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer en México, así para que se dicten todas las medidas necesarias para atacar este grave problema.

Por su atención, muchas gracias.

Proposiciones con punto de Acuerdo







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a revisar y, en su caso, actualizar la Guía para el Uso Clínico de la Sangre a fin de incorporar principios utilizados en los países pioneros a nivel mundial e incrementar la operación y eficiencia de las Clínicas de Transfusión Sanguínea. Se turna a la



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, doctor.

A ver doctor, espéreme tantito.

Doctor López Brito, Senador, a ver, nada más.

El de Guía para el Uso Clínico de la Sangre, lo turnamos también.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, por favor.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se turna a la Comisión de Salud.

Y ahora el que ha presentado en estos momentos respecto al Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México, el exhorto al Ejecutivo, también se turna a la Comisión de Salud.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador López Brito.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo en torno al Plan Estratégico para la Defensa de los Migrantes Mexicanos en Estados Unidos.

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Las y los mexicanos estamos obligados a reconocer que hoy somos el blanco de un ataque inédito contra los derechos humanos, laborales y económicos de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos, esto por parte del ahora presidente de ese país, Donald Trump.

Un ataque que también lo es contra la imagen y dignidad de todas y todos los mexicanos. Xenofobia, racismo, discriminación, segregación, insultos, son las constantes del ahora Presidente de la mayor potencia del mundo en contra de México, pero que también agrede a ciudadanos de otros países e incluso a sectores al interior del mismo país.

En sus primeras declaraciones como aspirante a la Casa Blanca, el magnate acusó a México de enviar a su país “drogas” y “violadores”. Además, prometió que de llegar al Presidencia, construiría un muro en la frontera de 3 mil 200 kilómetros, y que este muro lo pagaría México, ya que en nuestro país, según él, estaba “ahogando económicamente a Estados Unidos”.

Este ataque sistemático, verbal, declarativo, pero también con Decretos que atentan contra los derechos humanos de millones de mexicanos, ha generado ya el comienzo de una crisis con las primeras deportaciones y con la amenaza de que se establezca un estado de persecución policiaca contra nuestros migrantes en los Estados Unidos.

Ni como ciudadanos ni como mexicanos podemos soslayar tan grave situación: en la medida en que reconozcamos e identifiquemos la magnitud de este proceso de agresión sistemática, en esa medida podremos articular una estrategia que utilice toda la fuerza institucional, jurídica y multilateral del Estado mexicano.

Senadores y Senadoras, el Estado mexicano está obligado a actuar en el plano internacional, debe buscar la solidaridad de los pueblos y gobierno que respaldan a México en esta difícil situación.

Sus primeras acciones coordinadas entre poderes deben privilegiar, tanto la defensa de los derechos humanos de nuestros migrantes en los mismos tribunales estadounidenses, así como la denuncia en organismos internacionales, en estos Decretos, como migrantes y de los cuales en las amenazas reiteradas, desde Donald Trump, exigiendo que se desplieguen para protección de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos tanto medidas precautorias, medidas de prevención, como alarmas internacionales de violencia contra migrantes y restitución inmediata de derechos humanos, económicos y sociales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha expresado lo siguiente:

“Estas órdenes ejecutivas, la construcción de más centros de detención migratoria y el énfasis en deportaciones expeditas representan una política dirigida a estigmatizar y criminalizar a los migrantes y a cualquier persona percibida como migrante”.

¿Cuáles son las posibles acciones que sustentarían una estrategia de Estado mexicano ante la política violatoria de derechos humanos, laborales y sociales del actual gobierno de los Estados Unidos?

1.- México deberá emprender la creación de una estrategia global que convoque a los Poderes de la Unión para denunciar acciones violatorias de derechos humanos, laborales y sociales al menos ante los siguientes organismos internacionales: Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de Comercio, Corte Internacional de Justicia de La Haya, Corte Interamericana de Derechos Humanos UNESCO.

2.- México debe articular un plan nacional que implique reformas y programas en áreas como educación, trabajo, salud, vivienda, empleo, para organizar el retorno de los mexicanos que vienen de los Estados Unidos.

3.- México deberá reorientar drásticamente su política hacia los migrantes centroamericanos en tránsito por México, garantizando al menos:

a) Respetar los derechos humanos de estos migrantes, cumplir con las observaciones tanto a nivel internacional como nacional en la materia.

b) Ampliar los derechos de esos migrantes para garantizar su derecho a la educación, a la salud y a una vida digna.

c) Establecer una alerta de violencia contra migrantes.

Proponemos que se exhorte respetuosamente al gobierno de la República para que incorpore éstas y otras consideraciones que salgan de este pleno en el Plan Estratégico para la Defensa de los Migrantes Mexicanos en Estados Unidos.

Además, proponemos que este plan se lleve a cabo con la plena participación de los tres Poderes de la Unión, como una acción concertada del Estado mexicano.

Por su atención, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

RAÚL MORÓN OROZCO, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las y los mexicanos estamos obligados a reconocer que hoy somos el blanco de un “ataque” inédito contra los derechos humanos, laborales y económicos de nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos, esto por parte del ahora presidente de ese país, Donald Trump. Un ataque que también lo es contra la imagen y dignidad de todas y todos los mexicanos. Xenofobia, racismo, discriminación, segregación, insultos, son las constantes del ahora Presidente de la mayor potencia del mundo en contra de México, pero que tambiénagrede a ciudadanos de otros países e incluso a sectores al interior de los mismos Estados Unidos, que van desde las “agresiones verbales sexistas” de Trump contra la periodista Megyn Kelly, de la cadena Fox News, hasta el intento de expulsar a refugiados de siete países el pasado 28 de enero, y que ha sido ya detenido por fiscales generales en más de 16 estados de la Unión Americana. Trump, el 27 de enero, había emitido un decreto en el que limitaba la llegada de inmigrantes y refugiados de países predominantemente musulmanes.

La historia de esta nueva situación y el cambio sustancial en las relaciones de México con los Estados Unidos comenzó el pasado16 de junio de 2015, cuando Donald Trump se presentó como precandidato a la presidencia de los Estados Unidos de América. En sus primeras declaraciones como aspirante a la Casa Blanca, el magnate acusó a México de enviar a su país "drogas" y "violadores". Además, prometió que, de llegar a la Presidencia, construiría un muro en la frontera de 3.200 kilómetros, y que este muro lo pagaría México, ya que nuestro país, según Trump, estaba "ahogando económicamente a Estados Unidos".

Después vinieron ataques sistemáticos contra México y algunos mexicanos notables. Cuando el cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu, ganó varios premios Óscar, Trump publicó en su cuenta de Twitter las siguientes declaraciones: "Fue una gran noche para México, como siempre. En este país (Estados Unidos), ya sabes, todo esto que pasa es ridículo. (Iñárritu) no paraba de subir y subir y subir (al escenario) ¿Se va a llevar todo el oro? ¿Tan buena es (la película)? Yo no he escuchado eso"; así como: "Los Oscar son una triste broma, muy parecido a nuestro Presidente (Barack Obama) ¡Hay tantas cosas que están mal!".

DonaldTrump, en julio de 2015, lanzó un nuevo ataque a México, con motivo de la segunda fuga del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán; criticó al gobierno mexicano y extendió sus comentarios para criminalizar a la misma población migrante: "Ellos se quedan con el dinero y nosotros con los asesinos, la droga y el crimen", afirmó otra vez en su cuenta de Twitter.Trumpradicalizó todavía más sus amenazas contra México: prometió deportar a 3 millones de “indocumentados” de llegar a la presidencia, así como imponer aranceles a productos mexicanos.

Las alusiones racistas de Donald Trump contra México durante su campaña ya presidencial por el Partido Republicano se mantuvieron, tensando las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Las amenazas anti-inmigrantes escalaron: el empresario republicano afirmó que confiscaría las remesas que los migrantes enviaran a México si nuestro país no pagaba el muro fronterizo.

El 31 de agosto de 2016, Donald Trump, ya como candidato presidencial del Partido Republicano, arribó a la Ciudad de México para sostener una reunión privada con el presidente Enrique Peña Nieto. Lejos de que este primero acercamiento hubiera logrado un avance en una posible agenda en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, tan sólo generó un nuevo episodio de incertidumbre: después del encuentro con el Presidente de México, y ya en territorio estadounidense, Donald Trump reiteró su voluntad de construir el muro fronterizo, aseverando que sería pagado por los mexicanos.

Donaldo Trumpo profundizó su rechazo a establecer una relación bilateral de respeto y cooperación con nuestro país y manifestó su objetivo de modificar e incluso eliminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), además de imponer aranceles del 30 por ciento a los productos mexicanos de exportación.

El 3 de enero de 2017, Donald Trump, quien ya era presidente electo de los Estados Unidos, amenazó a través de su cuenta en Twitter con imponer un "gran impuesto fronterizo" a la automotriz General Motors (GM) por fabricar su modelo ChevyCruze en México. Al día siguiente, la empresa automotriz estadounidense Ford anunció que suspendería una inversión en San Luis Potosí, con un valor de 1.600 millones de dólares. El 5 de enero de 2017, Trump volvió a intentar inhibir a una empresa automotriz en sus planes de inversión en México, en este caso fue la japonesa Toyota, la cual respondió que, a pesar de las amenazas de Trump, mantendría sus planes en México.

El 11 de enero de 2017, en su primera conferencia de prensa como Presidente electo, Donald Trump reiteró que mantenía su intención de construir un muro fronterizo con México y que los mexicanos lo pagarían con reembolsos.

Al tomar protesta como Presidente de los Estados Unidos de América, el 20 de enero de este año, Donald Trump volvió a lanzar su reiterada advertencia para México sobre el tema migratorio y comercial. Dos días después, Trump invitó al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a visitar la Casa Blanca, con fecha del 31 de enero. Sin embargo, el jueves 26 de enero, Donald Trump amagó en su cuenta de Twitter al Gobierno mexicano: “si México no está dispuesto a pagar por la pared necesaria, sería mejor cancelar la próxima reunión”. La reunión se canceló.

El Presidente de los Estados Unidos también anunció la salida de ese país del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Finalmente, el 25 de enero, Donald Trump firmó un decreto para iniciar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. En el último mes, ya se han llevado a cabo las primeras deportaciones de migrantes mexicanos, así como la amenaza de Donald Trump de movilizar 100 mil elementos de la Guardia Nacional para detener a inmigrantes.

Este ataque sistemático, verbal, declarativo, pero también con decretos que atentan contra los derechos humanos de millones de mexicanos, ha generado ya el comienzo de una crisis humanitaria con las primeras deportaciones y con la amenaza de que se establezca un estado de persecución policiaca contra nuestros migrantes en los Estados Unidos.

Ni como ciudadanos ni como mexicanos podemos soslayar tan grave situación: en la medida en que reconozcamos e identifiquemos la magnitud de este proceso de agresión sistemática desde al menos junio de 2015 contra nuestro país, en esa medida podremos articular una estrategia que utilice toda la fuerza institucional, jurídica y multilateral, del Estado mexicano.

A partir de los acontecimientos anteriores, proponemos las siguientes consideraciones iniciales:

1).- El Estado mexicano está obligado a reconocer que los ataques sistemáticos del ahora Presidente de los Estados Unidos no son solamente resultado de las actitudes racistas, discriminatorias y de segregación de Donald Trump, son parte de una política de Estado de nuestro vecino del norte que tiene como principal objetivo a nuestro país, pero que forma parte de un giro más amplio a nivel internacional que tiende hacia un proteccionismo económico y anti-inmigrante de una potencia que se encuentra, según el historiador Paul Kennedy, en un “problema de relativa decadencia”, y que se articula a una línea histórica que entiende como superior en términos de “raza” y poder “divino” a aquel país. Además, si bien México es el centro del ataque del gobierno de Donald Trump, este ataque es parte de una política global que reconfigura el papel de los Estados Unidos en el mundo.

2).- El Estado mexicano está obligado a actuar de manera diferente en el plano internacional: sus primeras acciones coordinadas entre poderes deben privilegiar tanto la defensa de los derechos humanos de nuestros migrantes en los mismos tribunales estadounidense, así como la denuncia en organismos internacionales tanto de los decretos contra migrantes como de las amenazas reiteradas desde la precampaña presidencial de Donald Trump, exigiendo que se desplieguen para protección de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos tanto medidas precautorias, medidas de prevención, como alarmas internacionales de violencia contra migrantes y restitución inmediata de derechos humanos, económicos y sociales.

Donald Trump y una breve historia de la supremacía racial y anti-migratoria

Para documentar el origen de la actitud el nuevo Presidente de los Estados Unidos contra México, pero también del giro en su política internacional en todos los ámbitos, desde lo económico, social, hasta su talante anti-inmigratorio, es importante remontarse al comienzo mismo como país de los Estados Unidos.

Podemos entender la historia de los Estados Unidos de América en la tensión propia que generan dos palabras: democracia e imperio. Tal y como lo afirmaba Alexander Hamilton en uno de sus artículos para el Diario Independiente, justo en los momentos previo a los debates de la Convención Federal de Filadelfia (mayo-septiembre de 1787), la naciente confederación se veía a sí misma como una fuerza imperial que al mismo tiempo se definía como una democracia. Afirmaba Hamilton;

“Después de haber experimentado de modo inequívoco la ineficacia del gobierno federal vigente, sois llamados a deliberar sobre una nueva Constitución para los Estados Unidos de América. No es necesario insistir acerca de la importancia del asunto, ya que de sus resultados dependen nada menos que la existencia de la UNIÓN, la seguridad y el bienestar de las partes que la integran y el destino de un imperio que es en muchos aspectos el más interesante del mundo”.

Los sociólogos James Petras y Morris Morley se han preguntado ¿Imperio o república? para definir a los Estados Unidos, esto también para ilustrar esa dualidad en el comportamiento de nuestro vecino del norte: la voluntad de erigirse en una potencia mundial y al mismo tiempo cumplir con esta misión imperial con la justificación de hacerlo bajo los valores de una democracia.

También se ha documentado la otra vertiente que nos ayudarían a explicar la sistemática agresividad de Donald Trumpcomo presidente segregacionista y racista de la mayor potencia mundial: la Doctrina del Destino Manifiesto, la cual desde finales del siglo XVIII es la justificación para que la fuerza económica y política de los Estados Unidos se entienda y aplique, en sus versiones más agresivas, como una predestinación de origen divino. Esta actitud transformada en doctrina de la supremacía racial y política es expresada por primera vez con ese nombre por John L. O'Sullivan, que en 1845 escribe:

“El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino”.

No es ninguna casualidad que la guerra de intervención de los Estados Unidos contra México (1846-1848), haya coincidido también con el momento de mayor aceptación de la Doctrina del Destino Manifiesto. Mayoritariamente, el pueblo estadounidense apoyaba la intervención, que llevó a cabo la anexión de más de la mitad del territorio mexicano a los Estados Unidos, consignado en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo. En esto encontramos una diferencia importante: Donald Trump se está enfrentando a una sociedad estadounidense dividida, pero que con cierta velocidad está cambiando su actitud ante las decisiones y decretos del actual gobierno, manifestando esta creciente inconformidad con protestas masivas, pero también con acciones jurídicas y ciudadanas.

A este origen histórico de la agresión estadounidense a México, también se le puede sumar el antecedente del “multilateralismo blando” que el gobierno de Donald Trump intenta llevar hasta sus últimas consecuencias.

El pensador Immanuel Wallerstein caracteriza la política de intervención estadounidense actual a través de la estrategia emprendida por la elite política del gobierno George W. Bush (2001-2009):

“Su visión es la de unos Estados Unidos imperiales siempre en la cima, siempre inexpugnables, prácticamente por derecho moral. Están convencidos de que la supremacía en el terreno económico y político puede imponerse una y otra vez manu militari. Su posición ha sido tan notoriamente arrogante que no pudieron salirse con la suya por mucho tiempo sino más bien lo contrario. En los treinta años transcurridos a partir de 1970, de Nixon a Carter, a Reagan y a Clinton, el gobierno norteamericano se esforzó por hacer frente a una situación cada vez más difícil con la estrategia del “multilateralismo blando”.

Este“multilateralismo blando” al que se refiere Wallerstein no es más que la renovación y radicalización de un intervencionismo que tiene su origen también en el siglo XIX. Además, si durante gran parte del siglo XX Estados Unidos había optado por una especie de consenso intervencionista con sus aliados para erigirse en potencia mundial, ahora implementaba una ruta de autosuficiencia militar, al “abandonar toda pretensión de consultas militares con aliados vacilantes y débiles, y pasar a intimidar por igual a amigos titubeantes y a enemigos hostiles, para volver a ocupar el asiento del conductor”. El intervencionismo multilateral se transformaba en un intervencionismo agresivo y unilateral, ahora proteccionista y anti-inmigrante bajo la presidencia de Donald Trump.

Las consecuencias a nivel mundial del giro regresivo del gobierno de Donald Trump

Como hemos dicho, México debe activar su defensa a nivel internacional ante el ataque de Donald Trump. Hay elementos suficientes para considerar que esta crisis es multilateral y que la actuación de México debe coordinarse tanto en una defensa jurídica masiva e inmediata de migrantes mexicanos en los tribunales de los Estados Unidos, así como en una política a nivel internacional que vaya preparando las acciones necesarias para hacer respetar los derechos humanos, económicos y sociales tanto de nuestros compatriotas como de todos los migrantes y refugiados afectados por el gobierno de Donald Trump.

Pero, ¿cuáles son estas afectaciones globales que tienen como principal objetivo a México pero que obedecen a toda una política proteccionista anti-inmigrante del actual gobierno estadounidense? Para Amnistía Internacional, son siete las medidas “potencialmente devastadoras que ya ha adoptado el presidente Trump” y que es necesario identificar y documentar para construir una respuesta a nivel internacional:

“1.- Volver la espalda a las personas refugiadas:

A la semana de llegar a la presidencia, Trump suspendió 120 días el programa estadounidense de admisión de personas refugiadas, implementó la exclusión indefinida de los refugiados sirios e impuso un límite de 50.000 refugiados al año. Este límite afectará probablemente a 60.000 personas solamente en 2017, pues el gobierno del presidente saliente Barack Obama se había comprometido a admitir a 110.000 refugiados en el ejercicio actual. En medio de una emergencia global en la que 21 millones de personas se han visto obligadas a huir de su hogar debido a la guerra y la persecución, la iniciativa de uno de los países más ricos y poderosos del mundo de bloquear la vía del reasentamiento es absolutamente atroz. Trump está impidiendo que hombres, mujeres, niños y niñas refugiados huyan del mismo terror contra el que supuestamente lucha.

2.- Discriminación religiosa:

El presidente Trump ha actuado también con rapidez para prohibir la entrada en Estados Unidos de todas las personas procedentes de Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, siete países predominantemente musulmanes. Aunque la orden ejecutiva no mencionaba expresamente que se prohíbe la entrada de las personas musulmanas, era evidente la descarada discriminación religiosa, especialmente a la luz de la retórica preelectoral del presidente. La prohibición contempla excepciones, como las personas que sufren persecución religiosa… pero únicamente si forman parte de una “minoría religiosa”. Una lectura de esta salvedad es que la Casa Blanca aceptará a personas de religión cristiana que huyan de países predominantemente musulmanes, lo que refuerza el tema de la división religiosa. Tras haber sido suspendida temporalmente por una corte federal estadounidense, la “prohibición de entrada de musulmanes” es actualmente objeto de una lucha jurídica. Amnistía Internacional pide al Congreso de Estados Unidos que intervenga inmediatamente para bloquear la prohibición.

3.- Expulsión rápida de personas que huyen de la violencia en América Central:

La promesa de Trump de construir un muro “grande, hermoso” a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México como medio de mantener fuera a los “delincuentes” fue una de las piedras angulares de su campaña electoral. Así pues, no sorprendió a nadie cuando firmó dos órdenes ejecutivas destinadas a cumplir esa promesaa los pocos días de tomar posesión. En una se comprometía a crear la barrera, mientras que en la otra —posiblemente más preocupante para las miles de personas migrantes que huyen de la violencia armada en México y América Central— se comprometía a contratar a 10.000 funcionarios de inmigración adicionales. Lo más probable es que un número más elevado de personas migrantes, muchas de las cuales necesitan protección internacional, sean recluidas en campos de detención temporales junto a la frontera antes de ser devueltas en última instancia a lugares donde sus vidas corren peligro.
4.- Acoso a lugares seguros para personas refugiadas y migrantes:

En el mismo decreto en el que se ordenaba la contratación de más funcionarios de fronteras, Trump trató de bloquear otras vías para quienes solicitan asilo con la cancelación de los fondos federales destinados a lo que se conoce como “ciudades santuario”. Estas ciudades limitan la cooperación con la aplicación de las leyes federales de inmigración y se niegan a expulsar a migrantes indocumentados, como los que tienen motivos legítimos para obtener asilo. Incluidas Nueva York, Dallas, Mineápolis, Denver y San Francisco, hay 39 ciudades santuario en el país que perderán miles de millones de dólares de fondos federales en virtud del plan de Trump.

5.- Ataque generalizado contra los derechos de las mujeres:

La imagen de un grupo de hombres vestidos con traje alrededor del presidente Trump mientras éste firmaba la supresión de los derechos sexuales y reproductivos de millones de mujeres y niñas de todo el mundo se ha convertido en todo un símbolo del peligro que representa el nuevo gobierno para los derechos de las mujeres. La orden ejecutiva que reintroduce la “regla de la mordaza global” bloquea la financiación federal estadounidense para organizaciones no gubernamentales de otros países que proporcionan asesoramiento o remisiones en relación con el aborto y propugnan la despenalización del aborto o la ampliación de los servicios de aborto, aun cuando Estados Unidos no financie directamente estos servicios. Solamente en Latinoamérica y el Caribe, donde el aborto está totalmente prohibido en siete países incluso cuando la salud o la vida de la mujer o niña dependan de él, no hay duda de que la postura de Trump costará muchas vidas. Incluso en algunos países donde el aborto es legal, el acceso a él depende en gran medida de la financiación estadounidense, lo que significa que la regla de la mordaza también pone en peligro la vida de personas allí.

6.- Restricción del acceso a servicios de salud:

La “regla de la mordaza global” tendrá consecuencias de gran alcance que van más allá de su objetivo declarado de reducir el acceso al aborto. Muchas de las organizaciones afectadas por importantes reducciones de la financiación también facilitan tratamiento para el VIH/sida, anticoncepción de emergencia y otros servicios de atención de la salud reproductiva, junto con servicios e información relacionados con el aborto, especialmente en África y América Latina. De hecho, la versión de Trump de la regla de la mordaza, aplicada por última vez por George W. Bush, es mucho más amplia que las anteriores y afecta a toda la financiación de Estados Unidos para la salud en el mundo, es decir, más allá de la salud reproductiva.

7.- Ataque contra las tierras y medios de vida de los indígenas estadounidenses:

La decisión de Trump de promover el sumamente polémico oleoducto Dakota Access, una ruta de 1.200 millas para el transporte de petróleo crudo que atraviesa cuatro estados de Estados Unidos, coloca los beneficios de las empresas petroleras antes que los derechos humanos de los pueblos indígenas. La tribu sioux de Standing Rock, que tiene un lugar sagrado cerca de la ruta que atraviesa las tierras indígenas siguiendo el curso del río Misuri, dice que el oleoducto contaminaría el agua que consumen y causaría daños a enterramientos sagrados. La decisión de construir el oleoducto no sólo se aprobó en violación del derecho del grupo indígena estadounidense a acceder a agua apta para el consumo, sino que se tomó sin consultarlo y sin obtener su consentimiento, requisito previsto en el derecho internacional de los derechos humanos y en la legislación estadounidense. La detención de decenas de manifestantes que se oponían al oleoducto la semana pasada se produjo después de que la policía ya hubiera sido acusada de uso de fuerza excesiva en su tratamiento de manifestaciones anteriores, y aumenta el temor de que ahora corra mayor peligro el derecho de los activistas medioambientales a la protesta pacífica.”

En estas siete medidas del gobierno de Donald Trump, propuestas por Amnistía Internacional, se registra uno de los primeros patrones internacionales de afectaciones de los derechos humanos. Además, ayudan a articular los ámbitos en los que será necesario establecer acciones concretas y nos dan una orientación inicial sobre la magnitud de las políticas implementadas por Trump.

México: hacia un consenso internacional sobre la defensa de los derechos humanos de los migrantes

¿A qué dificultades se enfrentará México en la reorientación a nivel internacional de su política de defensa de los derechos humanos de sus migrantes y de los afectados por el gobierno de Donald Trump? Sistemáticamente, los gobiernos de los Estados Unidos tampoco se han reusado a aceptar sus responsabilidades en materia de derechos humanos y ambientales, por ejemplo, a nivel internacional.Nuestro vecino del norte sistemáticamente rechazó firmar el Protocolo de Kyoto, aunque en la administración de Barack Obama manifestó que una de sus prioridades era la de combatir el cambio climático, esto mediante la búsqueda de un ambicioso acuerdo marcoa nivel global.

Además, Estados Unidos es el único país miembro de la Organización de los Estados Americanos que no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo referente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Estados Unidos firmó y ratificó dicho instrumento internacional. No obstante, su Protocolo Facultativo del acuerdo antes mencionado, no ha sido firmado ni ratificado. Finalmente, los Estados Unidos han firmado, pero nunca ratificado, el Estatuto de Roma, el mismo que da origen a la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, esto no implica que México no pueda acudir a organismos internacionales para denunciar los agravios en nuestra contra por parte del actual gobierno estadounidense y defenderse con toda la fuerza del derecho internacional vigente.

La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado ya su profunda preocupación por los decretos "Mejoras a la Seguridad Fronteriza e Inmigración en Estados Unidos", "Fortalecimiento de la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos", firmados por el gobierno de Estados Unidos el pasado 25 de enero pasado; y por “Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros en los Estados Unidos”, emitido el 27 de enero.

Para la CIDH, “la implementación de estas órdenes agrava la crisis humanitaria que afecta a todas las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo”, por lo cual exhorta al gobierno de los Estados Unidos a dejarlos sin efecto.

En las observaciones de la CIDH se puede leer un primer diagnóstico sobre los agravios en materia de Derechos Humanos y de ellas se derivan las acciones inmediatas y de mediano plazo que México podría implementar y que servirán para buscar un consenso multilateral en su actuación ante organismos internacionales:

“1.- La Comisión observa con suma preocupación que las órdenes ejecutivas ordenan, entre otros, a la construcción inmediata de un muro fronterizo físico a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, reforzar medidas de contención migratoria a partir del aumento de agentes con funciones migratorias, el cierre de la frontera a solicitantes de asilo, la expansión de un sistema de encarcelamiento masivo a partir de la creación de más centros de detención migratoria a lo largo de la frontera, el énfasis en procedimientos de deportación expedita, la cancelación de fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, la suspensión del Programa de Reasentamiento de Refugiados, la prohibición indefinida para el ingreso de refugiados sirios, y la prohibición de ingreso temporal a los Estados Unidos a nacionales de siete países predominantemente musulmanes, incluso cuando son portadores de tarjetas de residencia o visas válidas. Estas órdenes ejecutivas, la construcción de más centros de detención migratoria y el énfasis en deportaciones expeditas representan una política dirigida a estigmatizar y criminalizar a los migrantes o a cualquier persona percibida como migrante.”

2.- La CIDH también observa que a lo largo de la frontera de casi 1.900 millas entre los Estados Unidos y México ya hay cerca de 700 millas de valla. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que al menos 436 inmigrantes murieron a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en 2016. La construcción de partes adicionales de un muro fronterizo y el aumento de la militarización de la frontera pondrán en mayor riesgo las vidas de migrantes y refugiados. La experiencia histórica demuestra que los migrantes se verán forzados a buscar rutas más peligrosas para ingresar a los Estados Unidos. La ausencia de canales legales para migrar también empujará a las personas a recurrir a traficantes de migrantes, poniendo en grave peligro su vida e integridad personal.

3.- Las medidas previstas en estas órdenes ejecutivas conllevan un alto grado de discriminación de las comunidades migrantes y grupos minoritarios, en particular las personas latinas y musulmanas o quienes sean percibidas como tales. La implementación de estas órdenes ejecutivas pone a migrantes y refugiados en grave riesgo de violación de sus derechos a la no discriminación, la libertad personal, el debido proceso, la protección judicial, la protección especial de las familias y los niños, el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la libertad de circulación, entre otros. En particular, a la Comisión le preocupa el grave riesgo en el que estas órdenes dejan a los niños y niñas no acompañadas, familias y mujeres que puedan ser devueltos a los países de los cuales huyeron, donde su vida e integridad estaban amenazadas.

4.- Las normas y estándares en materia de derechos humanos prohíben la discriminación basada en el origen nacional o en la religión. El Estado tiene la obligación de identificar dentro de las personas migrantes a aquellas que tengan necesidades especiales de protección, tales como solicitantes de asilo y refugiados, víctimas de trata, entre otros, y adoptar medidas para su protección. Los Estados también deben adoptar medidas para garantizar los derechos al debido proceso y a la protección judicial en el marco de procedimientos migratorios y de determinación de la condición de refugiado, a la unidad familiar, a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución (non-refoulement), la prohibición de rechazo en frontera y la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros.

5.- La Comisión recuerda a los Estados Unidos que la detención migratoria debe ser una medida excepcional, de último recurso y siempre por el menor tiempo posible, una vez realizada una evaluación individualizada de cada caso y a la consideración de medidas alternativas. Asimismo, el Estado no puede recurrir a la detención migratoria de niñas o niños y sus padres a fin de disuadir la migración irregular.

6.- De conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, Estados Unidos tiene la obligación de implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida, integridad y seguridad de todas las personas migrantes bajo su jurisdicción. Los procedimientos migratorios, en particular los que puedan conllevar la deportación de migrantes, deben analizar, fundamentar y decidirse de forma individual y respetar garantías mínimas tales como el derecho a ser escuchado por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendiente a su deportación y a tener una oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa; a contar con interpretación y traducción; a contar con representación legal; a la protección consular; a recibir una notificación de la decisión que ordena su deportación; a acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación; a impugnar la decisión de deportación; y a que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación.

7.- La Comisión insta a los Estados Unidos a dejar sin efectos las tres órdenes ejecutivas y a garantizar que cualquier medida oficial en materia de migración y refugio se encuentre acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados. La CIDH afirma su interés de colaborar con el Gobierno de los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que garanticen la plena observancia de los derechos humanos de los migrantes y refugiados.”

Es necesario recordar que la “CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia”.

Además, en el Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se pueden leerlas siguientes consideraciones, que pueden ser el fundamento de la actuación del Estado mexicano en su denuncia en organismos internacionales:

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por <crimen de lesa humanidad> cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: d) Deportación o traslado forzoso de población; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte”.

La Unidad Nacional en acciones concretas del Estado mexicano

¿Cuáles son las acciones que sustentarán la estrategia del Estado mexicano ante la política violatoria de derechos humanos, laborales y sociales del actual gobierno de los Estados Unidos?

Además de la defensa masiva de migrantes en los Estados Unidos que ya ha comenzado a implementar el Gobierno mexicano, se proponen las siguientes acciones estratégicas y articuladas:

1.- México deberá emprender la creación de una estrategia global que convoque a los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para denunciar acciones violatorias de derechos humanos, laborales y sociales al menos ante los siguientes organismos internacionales: Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas; Organización de Estados Americanos; Organización Internacional del Trabajo; Organización Mundial de Comercio; Corte Internacional de Justicia de La Haya; Corte Interamericana de Derechos Humanos; Unesco.

2.- México deberá articular un plan nacional que implique áreas como educación, salud, trabajo, vivienda, empleo, para organizar el retorno de los mexicanos que vienen de los Estados Unidos, y que deberá tomar en cuenta las 12 propuestas de los Gobernadores de la Frontera Norte y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago):

“1. Ratificar acuerdos de mesa de análisis de “La situación migratoria actual en la frontera del país”.

2. Crear la Alianza Política de Gobernadores de la Frontera Norte para demandar conjuntamente al gobierno federal su cooperación inmediata en: migración, crimen organizado, seguridad, costos de energía eléctrica, combustibles, derivados del petróleo y carestía de productos básicos.

3. Ante la amenaza expresa de Trump sobre la deportación de millones de connacionales, demandar que la federación tome acciones inmediatas.

4. Rechazo a las presiones y acciones directas contra inversionistas que han decidido instalarse y/o permanecer en México.

5. Fortalecer los lazos y relaciones con los aliados nacionales e internacionales para defender el libre comercio de América del Norte.

6. Solicitar al gobierno federal que las negociaciones con Estados Unidos sean de manera integral e incluyan todos los temas de la agenda.

7. Pedir al gobierno federal no reducir los fondos de seguridad e incrementar el fondo de apoyo al migrante.

8. Demandar la creación de un fondo de Fronteridad.

9. Solidarizarse con Baja California y Sonora para el cumplimiento de atención integral de extranjeros intercontinentales.

10. Exigir el cambio de políticas públicas de migración, para que pasen de un enfoque de seguridad nacional a uno con acento en seguridad humana.

11. Promover encuentros con los gobernadores de la frontera sur de Estados Unidos para crear una agenda que fortalezca la franja como región binacional.

12. La tercera mesa de trabajo “Análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país”, que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León”.

3.- México deberá reorientar drásticamente su política hacia los migrantes centroamericanos en tránsito por México, garantizando al menos:

a).- Respetar los derechos humanos de estos migrantes, cumplir con las observaciones tanto a nivel internacional como nacional en la materia.

b).- Ampliar los derechos de estos migrantes para garantizar su derecho a la educación, a la salud y a una vida digna.

c).- Establecer una Alerta de Violencia contra Migrantes.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incorpore las consideraciones que se exponen en este documento al Plan Estratégico para la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

DOS: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleve a cabo este Plan Estratégico con la plena participación de los tres poderes de la Unión, como una acción concertada del Estado mexicano.

Ciudad de México, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Raúl Morón Orozco.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Raúl Morón Orozco. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.





 

Se concede la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo de Baja California que cancele el proyecto del acueducto que abastecerá de enormes volúmenes de agua a una empresa cervecera.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Gracias, señor Presidente. Con su permiso y con el permiso de la Asamblea.

De todos es sabido que este inicio del 2017 fue un año donde la comunidad, donde el pueblo mexicano se organizó para llevar a cabo diferentes manifestaciones en contra de abusos probados de parte del gobierno federal, y en algunas entidades como fue Baja California, también de las entidades estatales, de los gobiernos estatales.

En Baja California todos sabemos, Mexicali que es la orgullosa capital de nuestro estado. Ensenada, Tijuana, Rosarito y Tecate, organizaron marchas ciento por ciento ciudadanas para protestar por una cascada de aumentos que iban en detrimento de la economía familiar, en el margen de 15 días a los bajacalifornianos, obviamente, se les dio el riguroso gasolinazo, se les condenó un reemplacamiento, se les anunció que el agua se privatizaba a través de una ley que finalmente fue abrogada y también se les avisa de que con dinero público, alrededor de 600 millones de pesos, se construirá un acueducto para darle servicio a una empresa transnacional cervecera llamada Constellation Brands.

Obviamente esto causó mucho furor en la gente, nos organizamos como ciudadanos, los mexicalenses llevaron a cabo un par de manifestaciones muy copiosas, muy bien organizadas y, sobre todo, pacíficas.

El gobernador de la entidad, el licenciado Francisco Vega de Lamadrid decidió abrogar la Ley del Agua, pero la parte venenosa de su decisión, la parte contaminante la diseminó en una serie de Decretos y dictámenes, y se le llama a uno de ellos, el Dictamen 62, y finalmente, lo que impedíamos o tratábamos de impedir los ciudadanos lo disemina mañosamente, diría yo cobardemente, en estos dictámenes, y resulta que de un día para otro a los bajacalifornianos se nos avisa que hemos contraído una deuda de 82 mil millones de pesos y obviamente que lo vamos a pagar como en unos 40 años más o menos.

Esto obviamente es una responsabilidad de los bajacalifornianos, modificar el estatus de estas decisiones que tomó cobardemente el gobernador del estado, Vega de Lamadrid.

Pero también, dentro de este paquete de perversas decisiones, se anuncia la operación de esta empresa que va a saturar, va a cargar de botes de cerveza a nuestra región y, obviamente, el agua que debiera ser para cumplir las necesidades de los bajacalifornianos, en una proporción aproximada del 15 por ciento del total del consumo del estado, se la van a dar a esta cervecera trasnacional.

Me parece que es un despropósito y una ofensa a los ciudadanos, que mientras el Presidente de los Estados Unidos de América está condenando a las empresas estadounidenses que operan en México a un impuesto para poder llevar a cabo su práctica comercial, nosotros estemos desproveyendo a nuestros ciudadanos del vital líquido, estemos dándole la espalda al mandato constitucional de darle ese servicio, primigenio, a la gente; y por otro lado, se la estemos dando todavía con dinero público, dándole las facilidades de un acueducto a una empresa trasnacional para que tapice, para que riegue de maldita cerveza la tierra que es nuestro valle, el Valle de Mexicali.

Yo quiero desde aquí alertar a los compañeros Senadores, y decirle al señor gobernador, que ya le dicen de todo en Baja California, que aquí ya existe un punto de Acuerdo donde se pide se investigue el origen de su fortuna, que por supuesto es cuantiosa.

Que ya en varias ocasiones lo han sacado vergonzosamente del Centro Cívico de Mexicali, y hace unas semanas lo zarandearon, y que no digan: que lo pretendieron linchar, porque, hasta eso, los mexicalenses saben perfectamente lo que hacen.

Entonces, el propósito de esta presentación en tribuna es demandarle al gobernador del estado que abandone esa loca idea de que a cambio de salinizar las tierras del valle, de que a cambio de despojar las aguas que son naturales de la gente de ahí, que en lugar de estar contratando desaladoras trasnacionales, porque él se declara incompetente de llevar, a través de las vías naturales, el agua que nos da el río Colorado a municipios como Ensenada o a localidades como San Quintín, él a cambio contrae cuantiosas deudas con empresas trasnacionales con desaladoras, que es el agua más cara que se puede acceder, y en cambio con dinero público le da las facilidades a una cervecera para que riegue de maldita cerveza nuestra tierra.

Eso no es digno de un gobernante, eso no es digno de una persona que es representante popular de una entidad.

Por lo cual, de manera acomedida ante este Pleno, le demando:

Primero.- Que cancele ese proyecto.

Segundo.- Que respete los derechos humanos, los derechos de libre manifestación de las más de 100 personas que en este momento están impidiendo el acceso a las instalaciones de esta cervecera trasnacional.

Es la cuenta, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de urgente resolución con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REQUIERE, CON TODA ATENCIÓN, AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE BAJA CALIFORNIA PARA QUE CANCELE EL PROYECTO DEL ACUEDUCTO QUE ABASTECERÁ DE ENORMES VOLÚMENES DE AGUA A UNA EMPRESA CERVECERA Y, EN SU LUGAR, SE DOTE DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA A LOS CAMPESINOS DE LA ZONA DE MEXICALI Y A INDUSTRIAS QUE NO HAGAN USO INTENSIVO DE AGUA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La crisis del agua.

Baja California y Mexicali se encuentran en una situación crítica en materia hídrica ya que la escasa precipitación pluvial se traduce en una recarga a largo plazo de los mantos acuíferos. La principal fuente de abasto de agua en la entidad proviene de la parte que nos corresponde del caudal del Río Colorado en términos de los tratados internacionales que nuestro país ha celebrado con los Estados Unidos de América. De acuerdo a las mediciones que realiza la Comisión Nacional del Agua, Baja California es la entidad de la República con la mayor vulnerabilidad en cuanto al abasto de agua. Con frecuencia padecemos sequías que a consecuencia del fenómeno del Cambio Climático son cada vez más prolongadas. En el estado vecino de California, cruzando la frontera, se ha padecido una sequía que lleva ya varios años y que ha dado lugar a diferentes medidas de orden administrativo, técnico y legislativo. A lo anterior, hay que sumar la ineficiencia de los organismos operadores que tienen a su cargo el servicio público de suministro, drenaje y alcantarillado y saneamiento que en los últimos años no han podido consolidar una auténtica cultura del agua que permita ingresos para extender los servicios a los nuevos núcleos de población surgen de manera incesante en la franja fronteriza y que demandan agua para la subsistencia.

Como siempre, las víctimas de los fenómenos naturales que rayan en el nivel de desastres, de la ineficiencia en los organismos públicos que por su magnitud parece inducida y por el anuncio de nuevos proyectos que ponen por encima del bienestar de la población las ganancias de empresas extranjeras, serán las familias de menores recursos de Mexicali. En lugar de garantizar el abasto oportuno, a bajas tarifas y permanente para las miles de familias que sobreviven en una de las regiones con las más altas temperaturas del país, el Gobierno del Estado ha optado por destinar los recursos públicos a una obra de la que únicamente será beneficiaria una empresa extranjera productora de cerveza.

Además de la injusticia y falta de equidad al dar preferencia a empresas extranjeras sobre las necesidades de las familias pobres de Mexicali, la obra implica agudizar los problemas ambientales en la región pues el impacto ecológico será devastador. En lugar de fomentar y atraer inversiones en industrias que se caractericen por un uso racional del agua, se promueve la llegada a Mexicali con temperaturas de más de 40 °C de empresas que hacen precisamente lo contrario, es decir, un uso intensivo del recurso más escaso en la zona: el agua.

Industria extranjera con dispendio de agua.

Con el pretexto de llevar infraestructura al denominado Corredor Urbano Regional de San Felipe en la zona de Mexicali aduciendo el impulso a la inversión industrial, comercial, educativo y de vivienda, el Gobierno del Estado desde principios del 2016 anunció la construcción de un acueducto que en realidad va a destinar la totalidad del agua conducida por el mismo a una empresa extranjera que se caracteriza por el dispendio de líquido. El acueducto planeado se pretende que tenga una longitud de 47 kilómetros. Su costo en razón de la devaluación de nuestra moneda ha saltado de trescientos millones de pesos en un inicio a la cantidad de 550 millones, según datos difundidos por el secretario de desarrollo económico del Gobierno del Estado.

El propio Gobernador del Estado ha expresado que ante la falta de recursos locales, la obra será cubierta con participaciones federales. El funcionario antes mencionado encargado del área de fomento económico clarificó que se solicitará financiamiento privado a tres años dejando como garantía las participaciones federales correspondientes a la entidad. El acueducto se pretende justificar como medio para atraer una inversión con un valor total de dos mil millones de pesos a la entidad despreciando el alto costo en materia ambiental.

El acueducto tendrá su origen en terrenos del ejido Villahermosa y El Choropo y desembocará en la zona conurbada de Mexicali. Se pretende que desplace 16.5 millones de metros cúbicos de agua al año.

Inconformidad ciudadana.

La ciudadanía se ha pronunciado en contra del acueducto en razón de que será de beneficio exclusivo y excluyente de la empresa “Contestellation Brands”, que comercializa las marcas del Grupo Modelo en los Estados Unidos de América. No es difícil encontrar la razón de la indignación ciudadana pues en una entidad que se caracteriza por una situación hídrica precaria y una región como es Mexicali donde el agua es altamente valorada no sólo por su escasez sino por las condiciones climatológicas adversas, resulta absurdo promover industrias que hacen uso intensivo del agua. Se pretende que la instalación sea una de las mayores fábricas de cerveza del mundo. La compañía estadounidense no utiliza de manera colateral el agua sino que hace de ella su principal materia prima y puso como condicionante para domiciliarse en la entidad precisamente que se le garantizara el suministro de un elevado volumen de agua seguramente porque en el vecino estado de California se encuentra restringida.

Sinaplicar formalmente mecanismos de participación ciudadana que permitan a la gente conocer en detalle los pormenores del proyecto, expresarse y que su opinión sea tomada en cuenta y resulte vinculante; el Gobierno del Estado se ha concretado a expresar que busca promover la zona industrial elevando el grado de competitividad y, asimismo, reiterando que el agua que se entregará a la cervecera forma parte del remanente que a la fecha no se utiliza de la explotación autorizada cada año por la Comisión Nacional del Agua.

Los campesinos y ejidatarios de Villahermosa y zonas aledañas han manifestado que son víctimas de presión para que cedan sus derechos tanto sobre sus tierras como de sus volúmenes de agua. Ante la cerrazón por parte de las autoridades que en lugar de escucharlos y atenderlos optan por echar andar la maquinaria de la propaganda, a la gente no le ha quedado más que organizarse y tratar de impedir con los medios a su alcance que se concrete el proyecto que están seguros se llevará a cabo en su agravio. Los directamente afectados han anunciado una lluvia de demandas de amparo con la finalidad de obtener en términos de la ley de la materia la suspensión de las obras. Ante la falta de interlocución oficial, se ha anunciado también la necesidad de una movilización ciudadana a través de marchas, mítines y el eventual cierre al paso vehicular en la carretera que va de Mexicali a San Luis Río Colorado, Sonora.

Cabe mencionar que legisladores locales han presentado sendas proposiciones con punto de acuerdo para que se tomen medidas para preservar las fuentes de agua dando preferencia al suministro para consumo humano. Esta Cámara de Senadores solicitó al Gobernador un plan de carácter estratégico para atender la problemática del agua. El Dictamen se aprobó por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el doce de agosto de dos mil quince.

En razón de la crisis política que se vive en Baja California derivada del estilo de gobernar alejado de la sociedad sin tomar en cuenta las opiniones diferentes de los afectados, de instituciones de educación superior y de organizaciones respetadas desde hace años en la entidad, se hace necesario propiciar el diálogo con miras a que el Gobierno del Estado anteponga la resiliencia, la protección al medio ambiente y la cohesión social en contraste con los avances de un proyecto que sólo va a beneficiar a una empresa extranjera que hace uso excesivo del agua. Cabe mencionar que la misma empresa ya tiene en funcionamiento en Zaragoza, municipio de Coahuila una planta similar, lo cual ha provocado que el presidente municipal, presionado por los habitantes, exija al gobierno del estado la salida de la empresa que se queda con el agua que debería estar destinada al consumo humano.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se requiere, con toda atención, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California para que se abstenga de comprometer el agua extraída de los mantos freáticos de Mexicali y se cancele el proyecto de un acueducto para hacer entrega gratuita del líquido a una empresa extranjera dedicada a la producción de cerveza y, en su lugar, se dote de infraestructura a los campesinos de la región para que la destinen a usos agrícolas y de consumo humano, bajo un criterio de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.

En el recinto del Senado de la República, en la Ciudad de México,
el 21 de febrero de 2017.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.





 

Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que contiene un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 420 del Código Penal Federal y se adiciona el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de penas por captura ilegal de camarón y pepino de mar.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por el Presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Dictamen de primera lectura)



El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ha quedado de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Ha quedado dispensada.

El Senador Fernando Yunes Márquez, hizo llegar el texto de su presentación de este dictamen, mismo que se integra al Diario de los Debates.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señor Presidente:

Quiero iniciar mi intervención haciendo un reconocimiento a las Comisiones de Justicia; de Estudios Legislativos; y de Pesca y Acuacultura, porque durante el periodo que estuve al frente de la Comisión de Justicia, realizamos un esfuerzo conjunto para analizar y dictaminar la minuta que está por reformar la legislación penal con el objetivo de proteger y preservar los recursos naturales.

Este dictamen reformará el artículo 420 del Código Penal Federal, y adicionará el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para castigar la captura ilegal de camarón y pepino de mar.

Uno de los objetivos planteados, es considerar como delito federal la captura dolosa, el acopio, el transporte, la destrucción y el comercio de especies acuáticas en peligro de extinción y de alto valor económico, como lo es el pepino de mar y el camarón.

También, se busca implementar dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada conductas que desde hace tiempo se vienen realizando reiteradamente en diversas regiones del país bajo características y formas de operar para capturar, extraer o traficar especies de flora y fauna acuáticas, silvestres o terrestres, en veda y en peligro de extinción de alto valor económico, conductas cometidas por tres o más personas de manera reiterada que causan graves daños a nuestro medio ambiente y que, por esa razón, deben ser sancionados como miembros de la delincuencia organizada. Particularmente las estructuras criminales que operan para esta clase de ilícitos.

Por eso, entre las principales acciones para avanzar en el combate a la pesca ilegal, de forma práctica y plausible, se encuentra el adecuar las penas y sanciones. Esto es, modificar el esquema normativo actual, utilizando las mejores prácticas internacionales, asegurando el cumplimiento de los principios de proporcionalidad y disuasión. En este sentido, por ejemplo, la Unión Europea cuenta con sanciones que están en proporción al valor económico incautado (5 veces el valor capturado y 10 veces en caso de reincidencia).

Indudablemente, también se contempla la posibilidad de tipificar algunos tipos de pesca irregular como delitos. Y, en este contexto, debe entenderse que la actual disposición prevista en la fracción 11 Bis del artículo 420 del Código Penal Federal para sancionar la pesca irregular e ilegal de abulón y langosta, debe permitir en el tipo penal, que el supuesto de "delito grave" previsto en el artículo 194 del entonces Código Federal de Procedimientos Penales, se aplique sin necesidad de que se actualice la asociación delictuosa.

Esto es importante, pues las sanciones en México son menores a las de otros países y son, además, meramente administrativas con un tope de multa sumamente bajo, lo que es inservible con especies de mayor valor.

La regulación penal de la pesca furtiva, sin duda alguna representa un frente eficaz para inhibir y combatir la captura, la posesión, el transporte, el comercio, el daño y, por supuesto, la privación de la vida de cualquier especie marina en peligro de extinción, y además indirectamente contribuirá en la cohesión social de las poblaciones de pescadores.

La pesca ilegal tiene una cuantía que realmente nos sorprendería cuando sabemos que afecta casi una tercera parte de la producción pesquera nacional. Alrededor del  30% de la producción pesquera nacional puede provenir de manera  ilegal. De tal manera que esta regulación representa una política pública muy importante. La cual, con su voto, el Senado de la República implementará a partir de este día. Hoy se está enviando un mensaje de solidaridad a todos los pescadores responsables y sus familias, que día a día obtienen con el sudor de su frente y con  gran esfuerzo, legalmente, el fruto que les da el mar.

Este dictamen será un apoyo más de este Senado, a nuestros mares y aguas, a nuestros ecosistemas acuáticos y nuestras reservas naturales, para mantenerlas vivas, sanas y fuera del peligro de extinción. Estoy seguro que con estas modificaciones a la legislación penal federal avanzaremos de manera importante en la protección de nuestros recursos naturales en peligro de extinción, ya que si bien es cierto que hay recursos renovables muy dinámicos y diversos como la pesca, su uso responsable representa el gran desafío de nuestros días, máxime cuando se ha realizado una sobreexplotación ilegal de determinadas especies de flora y fauna

Les pido acompañen este dictamen con su voto a favor. Demos una vez más un fuerte golpe a la delincuencia organizada y protejamos nuestro medio ambiente. Es a favor de México.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se encuentra a discusión y tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Ávila.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente Senador Pablo Escudero Morales, Senador por el Estado Libre y Soberano de la Ciudad de México. Señoras y señores Senadores:

Quiero iniciar mi intervención haciendo un reconocimiento a las Comisiones de Justicia; de Estudios Legislativos; y de Pesca y Acuacultura, porque realizaron un esfuerzo conjunto para analizar y dictaminar la minuta que está a nuestra consideración, para reformar la legislación penal con el objetivo de proteger y preservar los recursos naturales.

Vengo a expresar mi posicionamiento a favor de este dictamen que propone reformar y adicionar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de ajustarlo al contexto social actual para contar con un instrumento jurídico que contribuya de manera eficaz a proteger los recursos naturales en peligro de extinción en veda, un tema en el que hemos venido trabajando y del que no quitaremos el dedo del renglón porque se trata de preservar nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales.

El dictamen que hoy está a nuestra consideración tiene dos propósitos particulares:

"Primero.- Establecer como delito federal la captura dolosa, el acopio, el transporte, la destrucción y el comercio de especies acuáticas en peligro de extinción y de alto valor económico como lo es el pepino de mar y el camarón, adicionalmente a las especies ya protegidas.

Segundo.- Tipificar dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada conductas que desde hace tiempo se vienen realizando, reiteradamente, en diversas regiones del país bajo características y formas de operar específicas para capturar, extraer o traficar especies de flora y fauna acuáticas, silvestres o terrestres, en veda y en peligro de extinción de alto valor económico, conductas cometidas por tres o más personas de manera reiterada que causan graves daños a nuestro medio ambiente y que por esa razón deben ser sancionados como miembros de la delincuencia organizada".

Estoy seguro que con estas modificaciones a la legislación penal federal avanzaremos de manera importante en la protección de nuestros recursos naturales en peligro de extinción, ya que, si bien es cierto, hay recursos renovables muy dinámicos y diversos como la pesca, su uso responsable representa el gran desafío de nuestros días, máximo cuando se ha realizado una sobreexplotación de determinadas especies de flora y fauna.

En la península de Yucatán, por poner un ejemplo, hoy en día existen diversas especies marinas en peligro de extinción como lo es el pepino de mar y el caracol rosado, para los cuales se han emitido acuerdos de veda con la intención de proteger los periodos de mayor vulnerabilidad y de esa manera garantizar niveles de abundancia sustentables que permitan su aprovechamiento responsable.

Lamentablemente poco o nada se han respetado estas disposiciones, por su alto valor económico y la carencia de sanciones ejemplares, incentivan la pesca furtiva.

El pepino de mar, por ejemplo, se ubica en el lugar número 49 de la producción pesquera nacional, sin embargo, debido a su valor comercial se encuentra dentro de las principales especies de alto valor. Tan sólo en el año 2015 se registraron aproximadamente 3 mil toneladas con un valor de la producción por 668 millones de pesos. La alta demanda comercial de pepino de mar radica principalmente en el aprovechamiento de su músculo como fuente de proteína y tienen como principales mercados los asiáticos. Las diferentes especies de pepino de mar tienen un precio que oscila entre los 100 a 600 dólares por kilogramo, sin embargo, en el mercado negro se ha reportado que pueden alcanzar un costo de hasta 3 mil dólares por kilo, eso es para muchos una mina de oro, y ante la inexistencia de una sanción ejemplar, una actividad ilícita que vale la pena realizar.

En las costas nororiente de Yucatán, mi estado nativo, que abarca municipios como Dzilam de Bravo, río Lagartos, San Felipe, Las Coloradas, El Cuyo, Celestún, Progreso, la pesca furtiva de especies como el pepino de mar ha generado bloqueos, manifestaciones, enfrentamientos armados entre pescadores que trabajan honestamente y dentro de la ley, y pescadores furtivos, así como entre los propios pescadores furtivos pertenecientes a diferentes grupos o comunidades, lo que ha dejado personas lesionadas y lamentablemente fallecimientos, por lo menos más de 50 pescadores yucatecos han muerto por la causa de la pesca furtiva del pepino de mar.

La regulación penal de la pesca furtiva, sin duda alguna, representa un frente eficaz para inhibir y combatir la captura, la posesión, el transporte, el comercio, el daño y, por supuesto, la privación de la vida de cualquier especie marina en peligro de extinción, y además indirectamente contribuirá en la cohesión social de las poblaciones de pescadores.

Yo quiero solicitarles y pedirles a los Senadores y Senadoras de esta Asamblea, pedirles un voto a favor. Esta iniciativa la presentamos el ex Senador Carlos Mendoza Davis, hoy gobernador de Baja California Sur, el Senador Ernesto Ruffo Appel, hoy Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, y un servidor, el 23 de junio de 2014.

Se aprobó acá en el Senado el 8 de diciembre de 2015, y nuestra Colegisladora la aprobó en diciembre de 2016, por lo cual les quiero pedir un voto a favor.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

Seguimos en la discusión.

El grupo parlamentario del Partido Verde ha pedido que se registre su intervención en el Diario de los Debates.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Tiene el uso de la palabra la Senadora Araujo. Y después del vamos a dar el uso de la palabra también al Senador López Brito, para que haga un apunte.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Muchas gracias, señor Presidente.

Y efectivamente, hace un minuto mi paisano y compañero Senador por el estado de Yucatán, el Senador Daniel Ávila hacía una puntual referencia sobre la importancia de este dictamen que estamos hoy sometiendo a su consideración, y vengo, más que a darles datos porque él ha sido muy puntual, a comentarles y explicarles que este problema seguramente lo han vivido cada uno de ustedes en los estados en los cuales se han presentado diferentes acciones y que han motivado por supuesto el peligro de especies muy importante para nuestro país.

Hoy, a nombre de mi grupo parlamentario del PRI, nosotros venimos a poner a su consideración este dictamen y hablarles de lo que sucede día a día en particular en las familias de los pescadores de los diferentes puertos de mi estado.

El pepino de mar es una especie, y aquí el Senador Salvador López Brito, con quien estuvimos trabajando mucho desde que presentamos la iniciativa hace más de dos años, estuvimos trabajando muy fuerte, y sabíamos que todas las familias han sufrido graves daños debido a algo que podría considerarse al nivel de una mafia, gente que promueve, gente que da dinero, gente que está ahí para comercializar y traficar con especies que sabemos que están en veda y que están en peligro de extinción.

Hoy para mí es un día muy gratificante, por fin ver concluido este trabajo, que me correspondió presentar a nombre de muchos, prácticamente todos los Senadores de mi grupo parlamentario apoyaron y respaldaron esta iniciativa que presentamos prácticamente en los primeros dos años que estábamos aquí en el Senado, que ha sufrido modificaciones, que ha cubierto toda esta trayectoria, que se aprobó aquí como se señaló, en diciembre del año pasado, que afortunadamente ahora en diciembre de este 2016 los Diputados, con modificaciones, pero aprueban también en esencia y en el fondo lo que queremos, que es proteger a estas especies.

Tenemos hoy ante nosotros la oportunidad de aprobarlo, más allá de colgarnos el reconocimiento, de decir quién la puso primero, quién no, en lo personal hoy de verdad yo lo que quiero decirles es que afortunadamente tenemos la oportunidad de sacar adelante esta iniciativa, esta minuta, este dictamen que tenemos hoy día y que nos va a permitir evitar que las familias de los pescadores queden con lesiones, que las familias de muchos pescadores queden inválidas y queden con problemas dadas las condiciones en las que realizan esta pesca furtiva, porque existe gente que comercializa, que la promueve, que va a cada uno de estos puertos a aprovecharse de las necesidades y de las condiciones sociales de nuestros pescadores, que fomenta, que distribuye, que comercializa y que se beneficia, sin duda, de estas actividades.

Para mí, de verdad, venir ante todos ustedes a pedirles su apoyo y su respaldo hacia este dictamen, es de vital importancia.

Y quiero decirles que a nombre de mis compañeros, de todo el grupo parlamentario, agradezco muchísimo la celeridad de las Comisiones que dictaminaron, de Justicia, de Estudios Legislativos, de Pesca y Acuacultura, a todos quienes trabajamos en este importantísimo dictamen que hoy tenemos a nuestra consideración.

Agradecerles porque, efectivamente, el trabajo ha sido muy fuerte, más de dos años pero por fin llegó el día, estamos hoy aquí para aprobar esta importante iniciativa, esta modificación, y darles con esto, por supuesto, un respaldo muy, muy fuerte a las miles y miles de familias de los pescadores mexicanos y, en particular, tengo que decirlo, porque hoy es un problema que se presenta en el estado de Yucatán, en particular a las familias de los pescadores de los diferentes puertos de mi estado, del estado de Yucatán.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Angélica Araujo.

La intervención de la Senadora Yolanda de la Torre ha pedido que se registre de manera íntegra en el Diario de los Debates.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Tiene el uso de la palabra el Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia.

No puedo dejar pasar este momento muy importante aquí en el Congreso mexicano, y en mi calidad de integrante de la Comisión de Pesca y Acuacultura, pero también como representante popular de un estado altamente productor de pesca, que es Sinaloa.

Vengo a hacer un reconocimiento y un agradecimiento, desde luego, a nuestros compañeras y compañeros Diputados Federales que han aprobado esta iniciativa, originalmente, ahora ya dictamen, y desde luego aquí en el Senado a las Comisiones de Pesca y Acuacultura, a la Comisión de Justicia que han intervenido también para sacar adelante este dictamen que hoy se presenta a su consideración y a su votación.

Pero también hacer un gran reconocimiento a los pescadores responsables de nuestro país que están siendo agredidos, ya como mis compañeras y compañeros lo han dicho, por mafias del crimen organizado que están haciendo de los sistemas lagunarios, de las aguas interiores un centro de actuación para, precisamente, depredar, para que de manera ilegal obtener el fruto que con mucho esfuerzo cuidan los pescadores responsables en las diferentes especies.

Pero hoy, a través de estas modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, están dando herramientas para prevenir y evitar esta situación de depredación que se presenta en nuestros litorales y en aguas interiores que es la pesca ilegal.

La pesca ilegal tiene una cuantía que realmente nos sorprendería cuando sabemos que casi es una tercera parte de la producción, alrededor del 30 por ciento de la producción pesquera nacional, puede provenir de manera ilegal. De tal manera que es un programa muy grande al cual este día el Senado de la República está enviando un mensaje de solidaridad a todos los pescadores responsables y a sus familias, que día a día obtienen con el sudor de su frente y con gran esfuerzo, incluso con una inversión importante por como están de caro los insumos, obtienen de manera legal el fruto que les da precisamente el mar.

Y por otro lado, también cuidar nuestro medio ambiente ante esa depredación ofensiva que hacen pescadores ilegales que son realmente criminales de nuestro entorno medioambiental.

Y que es precisamente actuar en los tiempos de veda cuando está en la etapa evolutiva el pepino de mar, el camarón y con ello trunca el proceso evolutivo y no dejan que la especie en forma natural llegue a una talla, a una evolución donde ya son sujetos de un valor comercial.

De tal manera, que mi agradecimiento a las comisiones que han aprobado este dictamen, a la Cámara de Diputados Federal y que este día, amigas y amigos Senadores, mandemos ese mensaje desde el Congreso mexicano, ¡alto a la pesca ilegal! Y nuestro reconocimiento a todos los pescadores responsables de nuestro país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador López Brito.

No tengo ya oradores registrados, consulto a la Asamblea, si es intención de algunas de las Senadoras o de los Senadores hacer alguna reserva.

Toda vez que no hay ninguna reserva, háganse los avisos que refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el tablero electrónico hasta por cinco minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 84 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el artículo 420 del Código Penal Federal y se adiciona una fracción X al artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Informo a la Asamblea que recibimos una comunicación suscrita por el Senador Fernando Yunes Márquez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Dé lectura la Secretaría.

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

“Único.- Se concede licencia al Senador Fernando Yunes Márquez, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 21 de febrero de 2017.”

Se encuentra a discusión.

Les informo a las Senadoras y a los Senadores que después de que hablen los coordinadores parlamentarios, no les voy a dar el uso de la palabra para que se registren con antelación.

Está a discusión. ¿Alguien que desee hacer uso de la palabra?

Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente agradecer al Senador Fernando Yunes todo su trabajo en este Senado de la República, un gran legislador, gran compañero, muy buen amigo, se desempeñó como Presidente de la Comisión de Defensa Nacional y de la Comisión de Justicia con toda pulcritud y siempre privilegiando los acuerdos, los consensos, el diálogo.

Estoy segura que vendrán cosas muy positivas para él.

Estoy segura que en la contienda en la que participará, le irá de maravilla, porque ha hecho un gran trabajo, además de la parte legislativa en el territorio.

¡Muchísimo éxito a mi amigo, a Fernando!

Te deseo puras cosas buenas, positivas y que venga lo mejor para Veracruz.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Senador José María Martínez.

El Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Hoy parece que es oportuna la intervención, en razón de un colega, de alguien que se ha mostrado sólido y muy consistente como legislador, ahora como Senador, que también ya lo había sido en la parte local en su estado natal en Veracruz.

Sin embargo, también es importante destacar que es necesaria hoy esta separación del cargo para buscar, tratar de remediar en Veracruz el desastre que el PRI hiciera en aquel estado, en particular, encabezado por Javier Duarte.

Esta encomienda, que hoy busca nuestro compañero Fernando Yunes para encabezar y ser alcalde del Puerto de Veracruz, sin duda va a ser benéfica para los veracruzanos.

¡Enhorabuena!, y saludo gratamente tu partida en busca de esta nueva meta.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Martínez Martínez.

Senadora Pilar Ortega.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para hacer un especial reconocimiento de nuestro compañero y amigo Fernando Yunes, como integrante de la Comisión de Justicia, el trabajo que vino desarrollando como presidente de la misma, ha sido de conciliación, de negociación, realmente de un gran compromiso.

Fue un periodo en donde la Comisión de Justicia sacó adelante un gran número de productos legislativos, de piezas legislativas y siempre bajo el consenso, siempre privilegiando el diálogo, y creo que seguramente Fernando tendrá un gran éxito en este nuevo proceso que va a enfrentar.

Sabemos seguramente que será lo mejor para el Puerto de Veracruz.

¡Nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Pilar Ortega.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Torres.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En el mismo sentido, decir que la ciudad de Veracruz es el primer municipio en América que tiene enormes riquezas, su gente, su alegría, su cultura, su arquitectura, sus edificios, y creo que merece a un alcalde que realmente trabaje en bien de su lugar y de su gente.

Que le dé la grandeza que Veracruz merece.

Y estoy segura que un político joven, honrado, dinámico, con muchas ganas de servir y de trabajar lo hará, y ese seguro, es Fernando Yunes.

Lo vamos a extrañar, compañero muy querido, el más joven de nuestra bancada, hasta antes de Sandra, se va, pero seguramente le espera un futuro brillante, un futuro en el que los primeros beneficiados serán las y los veracruzanos.

Hasta siempre, Fer, y te recordaré siempre como un compañero con mucho, mucho cariño.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Marcela Torres.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ivonne Álvarez.

La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pues amigo, de verdad agradecerte profundamente por el equipo que hicimos en la Comisión de Justicia, siempre con diálogo, siempre con acuerdo, y siempre tú buscando cómo pudieran salir todos los temas que le interesaban a nuestra nación y que eran en beneficio de nuestra gente.

Quiero agradecerte las horas de trabajo, todas las horas que le invertimos juntos para poder dar grandes resultados y para que fuera una de las comisiones con una gran productividad en el Senado.

Te conozco como una persona seria, como una persona trabajadora, como un hombre de compromiso y un hombre muy responsable.

Te deseo mucho éxito en todo lo que venga, que Dios te bendiga, y sabes que aquí has cosechado grandes amigos, que siempre estaremos contigo.

¡Mucha suerte!, Fernando.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Ivonne Álvarez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Rojas.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Bueno, pues decirle a Fer que lo vamos a extrañar, en lo personal lo voy a extrañar mucho. Fer ha sido un compañero, un amigo con el que hemos trabajado en el grupo parlamentario, y también en algunos temas de comisiones en los que hemos coincidido, desearte todo el éxito del mundo, sé que te va a ir muy, muy bien, y ya sabes que tienes a tus amigos para siempre.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Laura Rojas.

Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Hoy deja el Senado por una buena razón uno de nuestros compañeros más destacados, un joven talentoso, entrañable amigo.

El grupo parlamentario del PAN se siente muy orgulloso de un perfil como el de Fernando Yunes.

En algún momento, en Veracruz se dejó de creer en los jóvenes, porque hubo algunos que pusieron un mal ejemplo, y que condenaron a muchos a que no tuvieran la confianza de los ciudadanos o que los vieran con desconfianza muchos ciudadanos.

Fernando Yunes se ha destacado en su trabajo parlamentario, se ha destacado como un abogado no solamente bien formado, sino sobre todo con una vocación por el servicio público.

Hoy emprende un nuevo camino, y desde Acción Nacional estamos ciertos de que va a dar lo mejor de sí mismo por su estado, por el Puerto de Veracruz, pero sobre todo, va a demostrar que los jóvenes de México, los jóvenes de Veracruz sí pueden hacer gobiernos honestos y con sentido de bien.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Senadora Martha Tagle.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Se lo comenté en la Comisión de Justicia, y lo repito ahora en el Pleno, esta comisión ha sido una de las comisiones más productivas durante este periodo legislativo, no solamente por la cantidad de asuntos resueltos, las horas trabajadas, sino por la importancia de los temas que ahí se han tratado.

Y aunque esto se dice muy fácil, se requiere de que al frente de la comisión haya una persona con la capacidad de coordinar diferentes intereses, y hemos encontrado en el Senador Yunes a esa persona, una persona que siempre ha estado dispuesto a escuchar a todas las partes, a llegar a consensos, a sumarnos y a discutir los temas en los que no estábamos de acuerdo, para finalmente tener un acuerdo, me parece que en ese sentido la gran mayoría de los temas que se han presentado al Pleno han alcanzado un máximo consenso.

Y en ese sentido, pues desearle mucho éxito, que esa misma energía y fuerza que le puso a la Comisión de Justicia en su trabajo como legislador, pues lo lleve en buen camino en las actividades que ahora va a desarrollar.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Martha Tagle.

Senador Lavalle Maury.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Bueno, querido Fer, creo que es más que patente el enorme cariño que te has ganado a lo largo de estos años por parte de todas las compañeras y compañeros Senadores, no solamente lo suscribo, sino dentro de la enorme capacidad que siempre te ha caracterizado, creo que siempre has estado, no solamente en la congruencia, la razón, sino sobre todo pues el buscar siempre los mejores consensos y la unidad.

Yo sé que este paso que das hoy también atendiendo a la gran congruencia que siempre has tenido, pues atiende al enorme cariño y amor que le tienes a tu estado, estoy seguro que vas a seguir cosechando éxitos y por supuesto cuenta con nosotros, con todo mi cariño.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Lavalle Maury.

Senadora Cristina Díaz.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pues, me sumo al reconocimiento que hacemos a Fernando, primero, porque como compañera de la Comisión de Justicia, como integrante, él participando como integrante de la Comisión de Gobernación, y además ambos trabajando en las Comisiones de Justicia y de Gobernación, hicimos grandes leyes como la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley General de Víctimas. Trabajamos juntos con el Senador Burgos García en Mando Mixto, y así podríamos enumerar muchas de las leyes que hoy integran el robustecimiento del estado de derecho en nuestro país.

Felicitarte, y decirte que me sumo también, no solamente al reconocimiento, sino decirte que te vamos a extrañar y que nos harás mucha falta.

¡Mucho éxito!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Cristina Díaz.

Les informo que voy a dar el uso de la palabra a los coordinadores parlamentarios. Es el momento de que alguna Senadora o Senador haga el uso de la palabra.

Pasamos con los coordinadores.

Senador Carlos Puente.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Saludar y reconocer al compañero y amigo, al Senador Fernando Yunes, al Presidente de la Comisión de Justicia, un hombre serio, un hombre responsable y un hombre que trabajó y construyó en favor de México, un hombre que privilegió el diálogo en este Senado de la República.

Nuestro mayor reconocimiento a tu compromiso Fernando, para con este Senado y para con México.

Se te va a extrañar.

¡Un fuerte y cariñoso abrazo de tus compañeros del Verde!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Puente Salas.

Coordinador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Es fácil referirse a las buenas personas.

Fernando Yunes es un caballero en toda la extensión de la palabra, es un hombre de buena fe, creo que es el mejor de los Yunes, no tengo duda.

A un hombre de buena fe, a un hombre talentoso, a un legislador esforzado, yo no veo que alguien haya podido tener un roce o conflicto de trabajo, menos personal, en este Senado con Fernando. Es una persona estimable.

Y yo sí veo que gente como él, cuando aspira a un cargo público, lo que tendrá que resultar de eso será una mejor relación entre autoridad y sociedad.

El país entero, pero en Veracruz se ha centrado un foco de atención de una crisis enorme de credibilidad, de confianza hacia la autoridad.

Deseamos que le vaya bien a Boca del Río.

¿Por allá vas, no, Fernando?

El Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) No, por el Puerto de Veracruz.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Ah, por el Puerto de Veracruz.

Deseamos que le vaya bien a Veracruz y de que le vaya bien a México.

Seguramente los partidos políticos y las alianzas electorales también presentarán sus mejores propuestas.

Lo primero que tendrán que hacer los políticos que compitan, es darle altura a las campañas, ese es el primer entendimiento de un político con la sociedad que pretende gobernar. ¡Eso es! Estamos ciertos que tú lo vas a hacer.

Esperamos que los candidatos de los otros partidos políticos lo hagan también, esperamos que lo hagan también, y de verdad, ya no quiero que regreses, quédate ahí a gobernar, a mejorar la condición de tu municipio, de tu estado y hacer que la gente comience a reponer la mala opinión que de la política está instalada en muchos lugares, y de manera muy grave, en Veracruz.

De verdad, un abrazo del grupo parlamentario. Nuestros mejores deseos, y lamentamos tu salida.

Eso de que no te vayas, es para que vayas y ganes. ¡Eh!

¡Te felicito!

¡Abrazos!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Miguel Barbosa, coordinador del grupo parlamentario del PRD.

Coordinador Fernando Herrera.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Bien. Se va don Fernando Yunes.

Fernando, uno de los Senadores más jóvenes, el más joven del Senado de la República.

Para quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él tiempo, espacio, circunstancias, desveladas, el ponernos de acuerdo, incluso, hasta con el PRD, fueron momentos muy especiales.

Fernando Yunes es de esa clase de políticos que facilitan las cosas. Él fue vicecoordinador del grupo parlamentario, un grupo participativo, un grupo con contrastes bien señalados. Y Fernando tuvo esa mano izquierda y esa mano derecha que se ofrece para acercar posiciones.

Estamos seguros que en esta nueva tarea a la que ha sido llamado, a la que ha sido convocado, pondrá su talento al servicio de los veracruzanos.

Tendrá la capacidad suficiente para ser, no sólo un presidente municipal, sino el líder que está deseando Veracruz.

A nosotros nos llena de orgullo contar con un compañero que supo darle el valor al Senado de la República, poniéndolo muy en alto con el ejemplo constante y permanente.

Fernando es un hombre joven, un hombre de familia, un hombre que sabe predicar con el ejemplo, abogado talentoso, capaz, hábil, de esa nueva generación de políticos mexicanos que está exigiendo la sociedad.

No tenemos la menor duda de que en esta nueva tarea, Fernando, los veracruzanos sabrán evaluar perfectamente lo que tú has hecho a lo largo de tu trayectoria política y profesional, dejas un hueco muy difícil de llenar en el grupo parlamentario de Acción Nacional y en todo el Senado de la República.

Tener la habilidad para hacer de las diferencias no algo que separe, sino lo que tienda un puente, ha sido una característica constante y permanente, te va a ir muy bien, Fer.

Ya no te vamos a ver aquí como Senador, vas a regresar a gestionar recursos, a gestionar posibilidades para las capacidades del municipio al que vas a representar.

Que te vaya muy bien, Fer, cuentas con nuestra afecto y, desde luego, con nuestro gran reconocimiento.

¡Felicidades, Fer!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, coordinador Fernando Herrera.

Por último, tiene el uso de la palabra don Emilio Gamboa Patrón.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Quiero felicitar al Senado por la hermandad que existe entre los diversos grupos parlamentarios cuando despedimos a una compañera que va a otra oportunidad o despedimos a un compañero cuando va a otra oportunidad.

Yo quiero reconocer en la Comisión de Justicia a su primer Presidente, a Roberto Gil, el trabajo que hizo, las desveladas que también tuvimos para ponernos de acuerdo con el PRD, el PT, el PVEM, el PAN y el PRI, y sin duda alguna la sustitución de Roberto Gil por Fernando Yunes fue una gran sustitución, un hombre joven, talentoso, inteligente, pero muy sensible.

Hemos tenido grandes horas, y muchas horas de trabajo con él y siempre predomina su seriedad, su inteligencia, su capacidad de decir: “esto quizá en el Pleno podría salirnos mal”, y se dice fácil, pero es muy difícil.

Y sé que va a buscar una oportunidad en su tierra natal.

Este Senado de la República ha dado nueve gubernaturas, una mujer y ocho hombres, y a todos los extrañamos, sin duda alguna, pero lo que más festejo es que tengamos, a cuatro años y medio de estar trabajando juntos, este espíritu de solidaridad con las compañeras y los compañeros que se van.

Te deseo, Fernando, que sigas trabajando como lo has hecho, con honradez, con dedicación, con algo que te caracteriza, siempre tu buen humor y tu sonrisa cuando vas a ganar un punto en la Comisión de Justicia, que te sale muy fácil.

Y decir a todas mis compañeras y compañeros, hoy despedimos a un compañero, no sé si tu suplente es una mujer, nos están ganando las mujeres cada día aquí en el Senado de la República, la vamos a acoger muy bien, se va a sentir muy a gusto con este Senado de la República, y decirte no te vas, ésta es tu casa, cuando quieras regresar no tienes más que estar aquí y saludar a tus compañeras y a tus compañeros de todos los partidos.

Muchas gracias, y ¡mucho éxito!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, don Emilio Gamboa Patrón.

Senador Yunes, la Mesa Directiva reconoce su trabajo serio y responsable, lo felicita por su desempeño en este Senado.

A título personal, siendo Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, tuve el privilegio y la oportunidad de trabajar de la mano con Fernando Yunes, pasamos momentos ríspidos, momentos difíciles para la construcción de todo un Sistema Nacional Anticorrupción, y en esos momentos siempre Fernando demostró institucionalidad, siempre demostró que se honraba a la palabra y así se condujo todo el tiempo, la verdad Fernando, es que me siento muy orgulloso de haber sido tu compañero, y te deseo el mayor de los éxitos en tu vida profesional.

¡Mucho éxito!

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse…

Sí, por favor.

Un minutito, quiere hacer uso de la palabra, por favor.

Claro que sí, Senador.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señor Presidente. Amigas y amigos Senadores:

Es hoy un enorme gusto para mí, con mucha nostalgia despedirme del Senado de la República.

Llegué hace casi 5 años, con 30 años de edad, había sido candidato con 29, con un primer gran reto, demostrar que los jóvenes podemos ser el presente y no el futuro del país.

Demostrar que la política bien hecha con honestidad, con trabajo, con esfuerzo y con seriedad, puede reivindicar el papel de los jóvenes en la política.

Hoy que ya no soy tan joven y que me voy a los 35 años, y le dejo la estafeta de más joven a la Senadora Andrea García, mi amiga, me voy satisfecho de lo que hemos hecho, satisfecho de que hemos trabajado viendo, en primer lugar, por México y por Veracruz.

Me voy muy contento del trabajo que hice, primero al frente de la Comisión de la Defensa Nacional, donde tuve el altísimo honor de poder trabajar de cerca con nuestro Ejército y también con nuestra Marina Armada de México.

Posteriormente, como Presidente de la Comisión de Justicia tuvimos un trabajo vasto y extenso, quiero agradecer de manera muy especial a las Secretarias de mi comisión, la Senadora Ivonne Álvarez, la Senadora Angélica de la Peña y el Senador Luis Humberto Fernández, que aunque no se encuentran, saben que los tengo muy presentes.

De igual manera trabajamos de forma muy estrecha con la Senadora Cristina Díaz en la Comisión de Gobernación, con la Senadora Graciela Ortiz en la Comisión de Estudios Legislativos, y con el Senador Ernesto Gándara en la Comisión de Seguridad Pública.

Hoy, me voy a mi querido Veracruz, regreso a un Veracruz que sigue sufriendo las consecuencias de lo que se hizo mal en el pasado, pero también a un Veracruz que sonríe con la esperanza de que el futuro es mucho mejor, y por eso es que hoy me voy a Veracruz, porque no me puedo quedar con las manos aquí en el Senado en la comodidad del escaño, sino que tengo que regresar a trabajar con esa gente que hoy sigue sufriendo las consecuencias de la corrupción y del mal gobierno.

Pero quiero decirles que lo hago no solamente desde un punto de vista partidista, sino viendo porque Veracruz merece que se una su sociedad, porque una sociedad lastimada como la nuestra no puede permitirse que los partidos políticos sigamos peleando para un lado o para otro.

Lo que merece Veracruz, y por eso regreso, es a buscar esa unidad que quieren los ciudadanos para que las cosas salgan adelante.

Quiero agradecer de manera muy especial a los coordinadores parlamentarios, a Carlos Puente del Partido Verde, y en su nombre a todos sus Senadores; al Senador Bartlett también con quien tuve la oportunidad de platicar y agradecerle el apoyo del Partido del Trabajo; a mi amiga Martha Tagle, Senadora independiente; a mi amigo el Senador Barbosa, a quien le agradezco, como siempre, su apoyo y unas charlas muy interesantes siempre cuando íbamos a tratar algunos temas, y recuerdo con mucho cariño a Don Manuel Camacho Solís, del PRD, con quien tuve la oportunidad de participar en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, y que sin duda alguna fue a uno de los que más le aprendí.

De manera especial, igual a mi amigo Emilio Gamboa, con quien, como ya dijo, tuvimos largas horas de trabajo, de esfuerzo, de discusión, nos ganaba a la gran mayoría, aunque él diga que fue al revés. Pero la verdad es que siempre lo logramos haciendo un trabajo, viendo por México, como siempre nos lo propusimos, y logramos cosas muy importantes en el Senado.

Y de manera muy especial, en primer lugar, al Senador Ernesto Cordero, quien fue el primer coordinador parlamentario a quien tuve la oportunidad de tratar en Acción Nacional, y que me dio la oportunidad de ser Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, muchas gracias, Ernesto.

Al Senador Jorge Luis Preciado, con quien también tuve la enorme oportunidad de trabajar en su momento.

Y a mí coordinador Fernando Herrera, tocayo, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu esfuerzo, la verdad es que cada decisión que tomamos en la Comisión de Justicia, Fernando la ha apoyado sin mirar, sin chistar, sin cuestionar absolutamente nada, y te voy a estar agradecido siempre tocayo, por todo eso.

Agradecer también al Presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, con quien tuve la oportunidad, como él dice, de trabajar en algo tan importante como es el Sistema Nacional Anticorrupción, muchísimas gracias Presidente, por ello.

Y a todas mis compañeras y compañeros, y también, perdón que insista y me tome un poco más de tiempo, a todo mi equipo de trabajo, un equipo de trabajo muy joven, casi todos menores que yo, la gran mayoría de los que están aquí en la Comisión de Justicia, hoy mi oficina del Senado y otros que están aquí arriba que nos acompañan también de Veracruz, a quienes gracias a ustedes no hubiera podido hacer absolutamente nada aquí en el Senado de la República.

El día de hoy me voy, ser Senador ha sido el honor más grande de toda mi vida, pero ser amigo de todos ustedes ha sido el privilegio que me llevo en el corazón.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Yunes Márquez.

Y ahora sí pasamos a lo inevitable.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la licencia.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, se concede licencia al Senador Fernando Yunes Márquez para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 21 de febrero de 2017. Comuníquese.





 

Compañeros Senadores, daremos cuenta a las ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de ello.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Les informo que se amplío turno a los siguientes asuntos:

Al punto de Acuerdo por el que se exhorta denunciar la violación a los derechos humanos de nuestros connacionales, presentada el 8 de febrero pasado para quedar en las Comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte; de Asuntos Fronterizos Norte; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

A los siguientes proyectos de Decreto presentados el 16 de febrero pasado:

Por el que se reforma la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Salud; para quedar en las Comisiones Unidas de Salud; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

Por el que se reforma la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, para quedar en las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Primera.

Por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera.

Por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.





 

EXCITATIVAS

A petición de los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de la Familia y Desarrollo Humano; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con la Iniciativa Ciudadana que propone reformar el artículo 4o. constitucional, presentado el 12 de abril de 2016.







 

Y a petición de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, se emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto que modifica el Reglamento del Senado y se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República, presentado el 4 de febrero de 2016.

La suscrita, Senadora, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 67, numeral inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el párrafo segundo del artículo 85 y las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito respetuosamente, formule la presente excitativa al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El día 7 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. Esta reforma tuvo como propósito fortalecer el derecho al acceso a la información pública y consolidar a las instituciones de Estado mexicano encargadas de salvaguardar este derecho, dotándolos de plena autonomía tanto a nivel federal como a nivel local.

2. Como consecuencia el 4 de mayo de 2015 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tenía como objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo ·y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

3. Asimismo, el día 9 de mayo  del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

4. El día 4 de febrero de 206 los Senadores Martha Tagle Martínez, Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez, presentamos un Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República, con el objetivo de adecuar el marco normativo del Senado de la República con las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información, así como  implementar los compromisos adoptados en materia de Parlamento abierto.

5. Ese mismo día, durante la sesión ordinaria, se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Por lo antes expuesto, le solicito de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO. La Mesa Directiva del Senado de la Republica, formula excitativa a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos para que se reúna a la brevedad y emita el Dictamen del Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 21 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.





 

Informo a la Asamblea que las iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy se turnan directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 161 BIS A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por el Senador Manuel Cárdenas Fonseca)

El suscrito, MANUEL CÁRDENAS FONSECA, Senador de la República, de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 161 BIS A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, PARA HACER DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE UN ÓRGANO DESCENTRALIZADO NO SECTORIZADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La preservación y cuidado del medio ambiente, es un objetivo y aspiración deseable en nuestro país y en muchas naciones del mundo, este propósito suele entrar en conflicto con otra aspiración igualmente legítima de las sociedades contemporáneas que se refiere al crecimiento económico. En una búsqueda por superar esta tensión entre ambos objetivos y conciliar el crecimiento económico con la sustentabilidad ambiental es que se han establecido en las últimas décadas un nuevo ámbito en el campo de las políticas públicas: la política ambiental. El deterioro del medio ambiente en las grandes urbes, el impacto en bosques, acuíferos y el daño a los ecosistemas como resultado del desarrollo económico, fue lo que dio origen a la demanda de organizaciones y ciudadanos que han exigido a los gobiernos y grupos económicos a reorientar la política de desarrollo con el fin de atender y revertir los daños al medio ambiente.

Desde hace décadas, México se ha encaminado en esa tendencia global a institucionalizar la política ambiental, sin embargo el reto no ha estado libre de complejidad pues se enfrenta por un lado el hecho de que es un país megadiverso, en donde las variaciones en topografía y clima, así como una compleja historia geológica y biológica, han propiciado la aparición de ecosistemas y especies muy variados, pero en contraparte forma parte de los países cuya economía ha dado en llamarse emergente, donde la búsqueda del crecimiento económico ejerce una presión importante sobre el capital natural, por ello, reconciliar los objetivos de preservación de esa riqueza natural y de crecimiento económico ha constituido un reto de enorme complejidad.

Con el propósito de contar con un marco jurídico que otorgara al gobierno de los instrumentos institucionales que le permitiera cumplir con la responsabilidad de garantizar la protección del medio ambiente, se impulsó desde el año 1988 la expedición dela Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que aún se mantiene vigente tras diversas modificaciones y adiciones,1 en ese mismo periodo fue creada la Secretaría de Desarrollo Social que sustituyó a la SEDUE; el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), instituciones que de manera integral deberían establecer las bases para una política de aprovechamiento sustentable y protección del medio ambiente.

En los siguientes años, ante la importancia que fue adquiriendo la cuestión ambiental, se le dio rango de Secretaría al despacho que se ocuparía de atender las políticas en la materia, creando la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). A esta secretaría se le encargó coordinar la administración y aprovechamiento de los recursos naturales, y su diseño y creación se inscribió en el debate sobre el desarrollo sustentable, como parte de su desarrollo y especialización del sector.

En el año 2000 se desincorpora el ramo pesquero y se transforma en la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), su organigrama es modificado, pero mantiene aglutinandos órganos como la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el INE y la PROFEPA, institución que fue creada desde el 4 de junio de 1992 con el objeto de vigilar y controlar el creciente deterioro ambiental en México y constituida oficialmente como un órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, con autonomía técnica y operativa, para regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación del suelo y del aire, y en general, el cuidado de los recursos naturales, . Además de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales para salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental.

Es importante recordar, que la creación de la PROFEPA en 1992 tuvo su origen en dos sucesos diferentes por sus efectos pero no menos importantes: Primero, la explosión por acumulación de combustibles en el drenaje del céntrico barrio de Analco de la ciudad de Guadalajara, el 22 de abril de 1992. Evento que causó la destrucción de 15 kilómetros de calles, y de acuerdo con cifras oficiales, la muerte a alrededor de 700 personas, casi 800 heridos y 15 000 personas sin hogar, misma que pudo haberse evitado de haberse realizado las inspecciones ambientales pertinentes. En segundo término esta la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en atención a las demandas de un importante número de ONG´s ambientales de los Estados Unidos que señalaron que México carecía de una aplicación efectiva de la ley ambiental.

En la actualidad y más de dos décadas de su creación, amplios sectores, académicos y de la sociedad consideran, que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), es una instancia que está muy limitada para el cumplimiento de su función, La realidad es que en nuestro país, las empresas que cometen delitos contra el ambiente tienen pocas probabilidades de pagar algún día por ello, pues es difícil que uno de los alrededor de 200 inspectores de la PROFEPA realice una visita improvisada a sus instalaciones, y es más improbable aún que la inspección desemboque en sanciones efectivas.

Así, en 2014 fueron inspeccionadas solamente 4 mil 70 empresas -de un padrón compuesto por 91 mil 340 empresas que son emisoras potenciales de algún tipo de contaminante integrado por la PROFEPA, es decir, se inspeccionó apenas el equivalente al 4.5%, de estas, los funcionarios detectaron irregularidades en seis de cada diez visitas.

Con los datos mencionados, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el número de inspecciones fue marginal respecto del número de fuentes de contaminación ambiental de competencia federal identificadas, además, de acuerdo con la misma ASF, se pudo verificar que la PROFEPA no dispone de objetivos ni metas para realizar la inspección industrial que le permita incrementar el cumplimiento de la normativa ambiental. Para demostrar este hecho basta constar que de las 371 visitas que realizó a sitios contaminados para confirmar que se hubieran cumplido las 1089 medidas  que habían dictaminado, sólo se hayan atendido 79. Es decir que el 92.8% de las recomendaciones de la PROFEPA fueron ignoradas, incumplidas o parcialmente cumplidas.

En este sentido, de acuerdo con la ASF, entre 2007 y 2014 el número de inspecciones a empresas se redujo en un 0.6% anual, cuando por otro lado el padrón de empresas contaminantes se disparó en un 5.9% cada año; el número de sitios contaminados se disparó en un 43.3% y la superficie afectada se incrementó en un 53.6% cada año. De acuerdo con la ASF, sólo 16 de las 32 delegaciones federales de la PROFEPA presentaron denuncias ante el Ministerio Público, y asegura que exhibió 200 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2007 y 2014, sin embargo la PGR sólo  registró 21 averiguaciones previas, una cifra 89.5% inferior a la que presentó la PROFEPA. Lo que demuestra falta de coordinación e incongruencia entre los datos de dos instituciones. Lo mismo ocurre entre la SEMARNAT y PROFEPA, pues si bien la Profepa tiene registradas 19 mil 949 empresas que contaminan el suelo, la Semarnat apenas reconoce 2 mil 525 de ellas, -un 13%-, lo cual llevó la ASF a la conclusión que la dependencia “no contó con información clara, confiable y suficiente para la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas”.

Estos resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación, demuestra que existe un atraso en justicia ambiental, vale comentar que para efectos prácticos sólo se cuenta con el funcionamiento de 6 fiscalías y 14 procuradurías ambientales estatales, en 32 secretarías ambientales estatales y una federal, en síntesis, es muy limitada la capacidad para perseguir los delitos de carácter ambiental.

Ante estas circunstancias, una de las medidas urgentes de tomar es la de fortalecer a la PROFEPA en cuanto a la disposición de sus recursos financieros y humanos pero, además, en su figura jurídica, para que tenga mayor autonomía, brinde mayor certeza y sea contundente en sus actuaciones. Con una institución más fuerte en materia de procuración de justicia ambiental, será posible que se diseñe un programa y estrategia permanente de combate a la impunidad de actos ilícitos, corrupción e indolencia en la aplicación de la normatividad ambiental. Pues si bien se reconoce la labor de la PROFEPA y sus esfuerzos en materia de protección del medio ambiente y sanción de quienes con sus acciones atentan en perjuicio de los recursos naturales, diversos hechos de reciente ocurrencia nos demuestran que se requiere una instancia con mayores recursos y autonomía.

Por ejemplo, el pasado 11 abril de 2016, un grupo de activistas se dieron a la tarea de revisar el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y detectaron que un predio afectado en el  malecón de Tajamar fue embargado por un monto de 600 millones de pesos en favor de la empresa Grupo Carretero, en una acción irregular e ilegal, en la que era evidente la participación del Cabildo de Benito Juárez, instancia que autorizó el cambio de dominio público a privado, a espaldas de la sociedad y en beneficio de intereses particulares. Ante esta situación, representantes de organizaciones de protección al medio ambiente, exigieron que en cumplimiento de sus responsabilidades, la PROFEPA y el gobierno en sus tres órdenes, tomaran las medidas pertinentes con el fin de preservar el medio ambiente, ya que era evidente la presencia de fauna y flora regenerada en la zona.

Ante una evidente depredación del medio ambiente, las primeras reacciones de las instituciones responsables de su preservación fue la de un deslinde y la búsqueda de justificación que le diera legalidad, sin embargo fue más fuerte la presión de los medios de comunicación y la evidencia de que existían actos ilegales en la explotación del malecón Tajamar. Al verse involucrados FONATUR, SEMARNAT y SEDATU, los activistas y sectores de la sociedad en el municipio de Benito Juárez denunciaron acciones concertadas del gobierno para impedir que se proceda legalmente contra los responsables de la depredación en el Malecón Tajamar e impedir la recuperación del terreno en favor de la sociedad. Por la falta de oportunidad y los argumentos de las autoridades, se han reactivado las críticas que cuestionan su desempeño así como el de jueces federales, y autoridades del ayuntamiento de Benito Juárez, mismos que parecen más preocupados por atender el interés económico que el interés o la preservación del medio ambiente. Tan grave es situación, que a más de un año que inicio este conflicto, aún no se tiene certeza sobre el curso de las denuncias que han presentado 7 mil ciudadanos ante la devastación del Malecón Tajamar.

En este contexto, en el mes de septiembre del mismo 2016, la reserva Yum-Balam -más de 154,000 hectáreas decretadas como Área Natural Protegida de Flora y Fauna desde 1994 por su diversidad de ecosistemas- en la isla de Holbox estuvo literalmente bajo fuego y en grave riesgo, debido a un incendio intencionalmente provocado que en cuatro días consumió 87 hectáreas de la Isla, uno de los principales atractivos turísticos del estado de Quintana Roo. Desde el inicio del incendio, voces de diversos grupos ambientalistas  como Pronatura Península de Yucatán y Yo Defiendo a Holbox, además de proveedores de servicios turísticos informaron sobre el siniestro a las autoridades, sin embargo la atención no fue inmediata, lo que provocó que el daño se extendiera, hecho que atribuyeron a los intereses de un particular para desarrollar un complejo turístico en la zona. Posteriormente al control del incendio, la PROFEPA informó sobre las evidencias que mostraban la presencia humana antes del siniestro por lo que concluyó que el el incendio en la isla había sido provocado, procediendo a la clausura total del área afectada y la presentación de las denuncias penales correspondientes.

Los daños alcanzaron 87 hectáreas, en zonas con existencia de especies endémicas como la palma nacax y la palma chit una especie en la categoría de amenazada. También resultaron afectadas plantas como el chechentissiche (Pithecelobiumkeyense), uva de mar (Coccolobauvifera), limoncillo (Jacquiniaaurantiaca), maguey (Agave angustifolia) y orégano de playa (Lantana involucrata).En la revisión, la Profepa también constató la eliminación y desplazamiento de fauna silvestre como venados, mapaches, ocelotes, lagartijas escamosas, iguanas rayadas, la iguana tolok, langosta, además de aves como el cenzontle, la chara yucateca y el hocofaisan. La CONANP señaló en un comunicado del 19 de septiembre que si el dictamen confirmaba la versión de un incendio provocado, solicitaría aplicar la veda establecida en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que prohíbe cambiar el uso de suelo en la zona afectada hasta lograda su recuperación, disposición que asumió como propia la PROFEPA.

Lo cierto es que los hechos y la situación que enfrenta el medio ambiente en México, nos muestran que es urgente fortalecer institucional y financieramente la política de protección de nuestra biodiversidad. En un estudio presentado por el INEGI sobre los cálculos respecto a la contabilidad ambiental que se desarrolla desde hace más de dos décadas, se concluyó que para 2013, el agotamiento de los recursos naturales como el agua subterránea, los bosques maderables y el petróleo alcanzó un monto equivalente al 1.1% del PIB, mientras que el monto de los gastos del sector público para la protección del medio ambiente fue de casi 149 mil millones de pesos, cerca del 1.0% del PIB nacional. Sin embargo, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental se acercaron a los 910 millones de pesos, lo cual dio un déficit ambiental de 761 mil millones de pesos.

Este déficit ambiental y la continua depredación de nuestro ambiente, nos urge a tomar medidas para contar con una institución con los recursos y medios necesarios que tenga la capacidad de revertir nuestra crisis en materia de medio ambiente pues, México de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas es una de las naciones que mayor número de hectáreas de bosques en el mundo, con 64 millones de hectáreas, lo que lo  posiciona en el número 12 de los países con más árboles en el mundo, es también una de las más afectadas por la deforestación y tala ilegal, en México poder conocer con precisión las mediciones de la deforestación que se ha dado a lo largo de décadas se ha caracterizado por la gran disparidad en las estimaciones. En los últimos 20 años se han generado cifras que van desde las 155,000 hasta 776,000 hectáreas al año, pero la estimación más reciente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportada a la FAO, que abarca el periodo 2005-2010, alcanza las 155,000 hectáreas deforestadas por año, cifra que actualmente se encuentra en proceso de revisión y actualización.

Ante estas amenazas ya referidas, considero oportuno que se revise el marco jurídico y administrativo bajo el cual funciona la PROFEPA, como un órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT con la autonomía técnica y operativa que define a ese tipo de órganos,  sustentando legalmente su existencia en el artículo 46 fracción XVII y 66 del Reglamento Interno de la SEMARNAT, en los que se establece que estará integrada por cuatro subprocuradurías: Jurídica, Recursos Naturales, Inspección Industrial y Auditoría Ambiental.

La realidad es que además de las actividades ilegales, también es difícil conocer la situación real en la que se encuentra la actividad de las diversas empresas mexicanas y extranjeras que operan en México pues la PROFEPA no cuenta con el personal ni la infraestructura necesarios para realizar verificaciones, revisar documentación o certificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, lo que nos ha llevado a que sus PROFEPA sean reactivas en la mayoría de los casos sólo cuando el problema ya es muy complicado o de suma gravedad, es cuando se le presta atención, en cambio al trabajar de una forma previsora se podrían prevenir muchos de los problemas ecológicos que enfrenta nuestro país.

Para amplios sectores, la labor de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no cumple con la necesidad de atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México, cuestionando seriamente su actual estado o si debe seguir existiendo con su actual estructura y como área dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de acuerdo con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos, la PROFEPA ha visto de manera continua un recorte de sus recursos, resultado de lo cual tiene una limitada capacidad para llevar a cabo inspecciones de control de la contaminación. En sus observaciones preliminares, los especialistas del grupo de trabajo reportan que la procuraduría es responsable de la inspección y supervisión de 200,000 empresas potencialmente contaminantes y así garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, así como evitar y controlar la contaminación. Sin embargo, para cumplir con esta responsabilidad sólo cuenta con 300 inspectores, además del limitado número de inspectores, estos enfrentan restricciones para trasladarse a la realización de visitas in situ.

En su reporte, el grupo de la ONU si bien observa un compromiso por parte del    gobierno mexicano para avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas, anota que se requiere de mayores esfuerzos para cambiar políticas, prácticas, pero también mentalidades para fomentar una cultura de transparencia, integridad, comportamiento ético y valores democráticos por parte de los funcionarios del sector ambiental.

Asimismo, señala que como el principio de la debida diligencia es el núcleo de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la prevención de daños o perjuicios con suficiente anticipación debería conducir a una situación de ganar-ganar, pues se evitarían impactos negativos. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, es urgente contar con autoridades ambientales con la suficiente capacidad y autonomía para sustentar de manera firme que no todos los proyectos de inversión pueden considerarse viables, a costa del medio ambiente.

Con una institución que funcione bajo este principio, se dejaría atrás situaciones como las que se han enfrentado los últimos meses, en las que vemos que la autoridad acude a remediar el daño, ya cuando las afectaciones han impactado de manera grave al medio ambiente.

En este sentido y de acuerdo con el artículo 90 constitucional,2 en nuestro país la administración pública federal es centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso de la Unión.3 En esa ley se establecen las bases generales para la organización de la administración pública federal centralizada y paraestatal. En la práctica, la organización y el desarrollo de la administración pública federal se lleva a cabo a través de cuatro formas diversas: centralización, desconcentración, descentralización y empresas de participación estatal, siendo sus características particulares:

Centralización administrativa. En esta forma de organización las entidades centralizadas se encuentran relacionadas entre sí por un vínculo jerárquico constante. La cúspide es el Presidente de la República. Las órdenes y la toma de decisiones descienden invariablemente del órgano mayor al inferior. El régimen jerárquico mantiene la unidad de la Administración Pública. Hay control directo del poder central. En este régimen se encuentran las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica.4

b) Desconcentración administrativa. Esta forma de organización surge en la década de los setenta, por el incremento poblacional y la consecuente necesidad de prestar a los ciudadanos de una manera más rápida los servicios públicos, ya que la centralización administrativa, dado su carácter netamente jerarquizado y rígido, impedía que se pudieran tomar decisiones expeditas. La desconcentración surge como un medio para facilitar el dinamismo de la actividad de determinados órganos de la administración. Desconcentrar es un procedimiento administrativo para facilitar la ejecución de las leyes administrativas, pero los órganos superiores conservan íntegramente sus poderes de mando, control, revisión, decisión, vigilancia, etcétera, cuya finalidad es aligerar la acumulación de asuntos del Poder Central, con beneficio del propio servicio público y de los particulares.

Las características de los órganos desconcentrados son las siguientes:

1) son inferiores y subordinados al poder central;

2) se les asignan competencias exclusivas, que se ejercen dentro de las facultades del Gobierno Federal;

3) tienen libertad de acción en trámite y decisión;

4) sí existe vínculo jerárquico, aunque atenuado, pues el poder central se reserva amplias facultades de mando, decisión, vigilancia y competencia, ya que fija la política, desarrollo y orientación de los órganos desconcentrados para mantener la unidad y desarrollo de la acción de la administración pública federal;

5) no tienen autonomía económica, su mantenimiento corre a cargo del Presupuesto de Egresos o de la institución que lo crea -algunos gozan de manejo autónomo de su patrimonio-; y

6) la autonomía técnica es su verdadera justificación-otorgamiento de facultades de decisión limitadas-.

Así entonces, la desconcentración administrativa surge como un mecanismo para facilitar y hacer más expedito, el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, pero siempre dentro de la misma estructura de la administración pública centralizada.

Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que dispone que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine.

c) Descentralización administrativa. Los organismos descentralizados están regulados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Las entidades que componen la administración pública paraestatal son: los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos.5
Las características de los órganos descentralizados son:

1) se crea una persona moral, siempre por ley o decreto del Ejecutivo;

2) se les asignan competencias exclusivas, para la atención de un fin de interés general o un servicio público determinado;

3) tienen autonomía orgánica y técnica;

4) tienen personalidad jurídica propia -independiente de la personalidad de la administración pública-;

5) tienen patrimonio propio -sus bienes son del Estado, pero están sometidos a un régimen jurídico especial, pues cuando desaparecen dichos órganos, los bienes vuelven al patrimonio del Estado-;

6) tienen una relación de tutela sui generis respecto de la administración pública federal, que no es jerarquía (el poder central conserva su poder de vigilancia para el control de los órganos descentralizados); y

7) tienen poder de decisión

No obstante las características citadas, distinguiremos tres tipos del ente organismo descentralizado que llamaremos “organismo público autónomo”.

a. “Organismo constitucional autónomo”.

b. “Organismo descentralizado no sectorizado”.

c. “Organismo descentralizado sectorizado”.

Las principales características para una categoría consisten en:

a. Son parte del Estado, aunque están desvinculados de los poderes estatales.6

b. Se crean con independencia funcional y orgánica argumentando razones objetivas y subjetivas. Por una parte, la autonomía y la especialización garantizan el mejor desarrollo de la materia. Por otra, las causas de carácter subjetivo, se basan en que tales instancias deben constituir una autoridad independiente e imparcial frente a los poderes internos, estatales y no estatales. En este último caso, no basta que la autonomía sea funcional, presupuestaria o de gestión, se precisa remarcar la inexistencia de vínculos con cualquier orden de poder.

Ante la situación que se vive en nuestro país, solucionar y atender los problemas ambientales requiere sin duda, de utilizar todas las herramientas que estén al alcance, por ello considero necesario fortalecer a la PROFEPA, institucionalmente, objetivo que podría lograrse al pasar esta de ser un organismo desconcentrado a un organismo descentralizado no sectorizado, con lo que se podrá constituir como una institución más dinámica facilitándole la ejecución de las leyes, sus facultades de revisión, decisión, vigilancia, pues a diferencia de los órganos desconcentrados, los órganos descentralizados sí son autónomos.

Si bien, si son sujetos del derecho público y sujetos de la estructura del Estado en el ámbito de la Administración en integran -junto a las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos-, el sector descentralizado de la Administración Pública, llamado desde la propia Constitución “paraestatal”, caracterizado por la autonomía de gestión.7

En el caso de las paraestatales, como organismos descentralizados, son entes personalizados y constituyen una unidad que sirve al Estado para actuar siempre que se trate de áreas estratégicas o recursos naturales cuya actividad está reservada al Estado, así como en áreas prioritarias donde no hay interés del sector privado, o se trata de un servicio público o social. La exclusividad del Estado los distingue del resto de paraestatales, La personalidad separa a los organismos descentralizados de los fideicomisos públicos. El carácter de persona de derecho público los distingue de las empresas de participación (excepto de las que son sociedad nacional de crédito, en este caso por el objeto).

En este sentido, considero que por la naturaleza de los problemas que atiende la PROFEPA, además de su autonomía administrativa, importa su autonomía en la gestión y operatividad, lo que sin duda fortalecerá sus acciones al responder únicamente a lo que le establece la Ley con base en lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 45, que dice  que los órganos descentralizados serán creados a través de ley o decreto del Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 45 : Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

Entre muchas ya mencionadas, considero que principalmente destacan dos razones principales para justificar la transformación de la PROFEPA de órgano desconcentrado a órgano descentralizado no sectorizado: la primera tiene que ver con incrementar la credibilidad de las políticas a través de la independencia y en segundo término,  promover una mayor eficiencia en la toma de decisiones. En este sentido, la fortaleza institucional es una característica crucial en este tipo de instituciones, ya que permite asegurar que se realicen los compromisos a largo plazo en favor del interés público. De igual manera, reduce la incertidumbre de las políticas que realizan estos organismos debido a que éstas no están sujetas a intereses por su autonomía.

Por ello, considero que para el fortalecimiento de la PROFEPA, la descentralización constituye el paso natural en un proceso de transformación como parte de un Estado proveedor de bienes y servicios a un Estado regulador. En esta perspectiva, la PROFEPA debe ser visualizada dentro de un sistema de regulación, vigilancia y sanción, que requiere necesariamente de la creación de una nueva figura institucional. La agenda para lograr esta transformación institucional se encuentra, definitivamente, en manos del Congreso Federal, en virtud de que se requieren modificaciones de tipo legal, para considerar la constitución de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente como una nueva figura de agencia reguladora independientes acorde con las nuevas necesidades del país. Sin duda en muchas otras áreas, el país ha seguido la dirección correcta al crear instituciones y órganos caracterizados por su autonomía técnica y operativa; sin embargo, existe un largo camino por recorrer en lo que se refiere a dotarlos de mayor fortaleza institucional.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único: Se reforma el artículo 161 y se adiciona un artículo 161 bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 161.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizarán los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven.

En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 161 BIS.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es un organismo público descentralizado no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica y de gestión, operatividad, fiscalización, cuya función es garantizar la impartición de justicia en materia ambiental, y las demás atribuciones, obligaciones y facultades que señala el presente ordenamiento, sin menoscabo de las que le sean señaladas en otras leyes.

Su objeto es la procuración de justicia en materia ambiental, y la defensa del derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la presente ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

SEGUNDO.- El patrimonio de la Procuraduría se integrará con

I. Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el gobierno federal;

II. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente;

III. Los donativos, las aportaciones, las adquisiciones, los créditos, los préstamos y las cooperaciones técnicas en numerario o en especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad gubernamental, institución privada u organismos nacionales o internacionales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Los ingresos que obtengan por los servicios que preste y por las actividades que realice; y

V. Los demás bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título.

Dado en el Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca.

1 Existen por ejemplo leyes específicas en los temas de pesca, aguas nacionales, vida silvestre, desarrollo forestal sustentable, y de prevención y gestión integral de residuos.

2 “Artículo 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado”.

3 “Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal”.

4 La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada (Artículo 1o, párrafo 2o de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).

5 Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal (Artículo 1o, párrafo 3o de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).

6 Según Altamira Gigena (Lecciones de Derecho Administrativo, Córdoba: Advocatus, 2005.), refiriéndose al ordenamiento jurídico argentino, son los “denominados órganos extra poder” como la “Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público”. Fueron instituidos con la reforma constitucional de 1994, en lo que hace la Ministerio público, el autor lo juzga como toda una novedad por el arreglo institucional que lo deja como órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. pp. 135 -139.

7 Para el total de los tipos de paraestatales y las que forman cada uno de los sectores actualmente, puede consultarse: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “RELACION de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.”





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 250 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República, del Partido Acción Nacional, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA POR ADICIÓN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN III DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, para quedar como sigue:

ANTECEDENTES

1. La Organización Mundial de las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. (Resolución de la Asamblea General Resolución 48/104 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1993) (Mujeres, s.f.)

2. La violencia en contra de las mujeres y las niñas es una violación de derechos humanos, un problema de justicia social y de salud pública.

3. La violencia contra las mujeres se manifiesta por sí misma a nivel físico, sexual, emocional y económico. Las formas de violencia más universalmente comunes incluyen la violencia doméstica y violencia dentro de la pareja, violencia sexual (incluyendo la violación), acoso sexual y violencia emocional/psicológica. (Mujeres, s.f.)

4. La violencia contra las mujeres y niñas ocurre en variados escenarios tanto públicos como privados, incluyendo el hogar, espacios dentro de las comunidades tales como las escuelas (dentro y alrededor de ellas), en las calles o espacios abiertos (por ejemplo, mercados, transporte público), centros de trabajo (por ejemplo, oficinas, granjas y fábricas); instituciones manejadas por el Estado o instituciones asistenciales tales como prisiones, estaciones policiales o instalaciones donde ser brindan servicios de salud y bienestar social. (Mujeres, s.f.)

5. Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. (Salud, 2016). La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja. (Salud, 2016). Se estima que un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. (Salud, 2016)

Entre los factores asociados a un mayor riesgo de cometer actos violentos cabe citar un bajo nivel de instrucción, el maltrato infantil o haber estado expuesto a escenas de violencia en la familia, el uso nocivo del alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género. (Salud, 2016)

6. Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de ellas mismas y de sus hijos. (mujer, s.f.)

7. Aunado al maltrato físico y emocional hacia la mujer, la violencia doméstica tiene un impacto potencial sobre la capacidad futura de los niños para conseguir un empleo adecuado, ya que los niños que vienen de hogares violentos suelen tener escaso rendimiento escolar, en Latinoamérica, la edad promedio de deserción escolar es de 9 años en caso de existir violencia intrafamiliar, contra 12 años en caso de no contar con ella. (mujer, s.f.)

8. En México 1 de cada 5 mujeres ha sido maltratada física o sexualmente., de igual forma se tiene estimado que cada 6 horas ocurre el asesinato de una mujer en nuestro país de los cuales más de 85% de los casos de agresión contra mujeres que son denunciados en México quedan impunes.(mujer, s.f.)

9. A raíz de la realidad social y del aumento que se preveía en las estadísticas en cuanto a la violencia de genero el 1o de febrero de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación "La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia", dicha ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

10. Para alcanzar dichos objetivos, esta ley tiene previsto el mecanismo de la Alerta de violencia de género, que es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

11. Actualmente este mecanismo se encuentra activado en los municipios de Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Juárez y Cadereyta todos del estado de Nuevo León así como en once municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad y en Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, (Drizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Sin embargo, los aumentos en las cifras de violencia en contra de la mujer no solo se restringen en esos municipios, sino, en la mayoría del territorio mexicano, por lo cual el Poder Legislativo Federal necesita dotar de herramientas suficientes a los congresos locales para solicitar la alerta de violencia de género.

12. Es por eso que, ante la realidad social y sus necesidades, el Poder Legislativo Federal tiene la obligación de dotar de instrumentos suficientes a la sociedad, así como, al Poder Legislativo Estatal para enfrentar la problemática suscitada actualmente. Sin embargo en una lectura al artículo 24 que a la letra señala:

ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:

Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Es claro que la ley restringe esta facultad al poder legislativo estatal, aun y cuando la principal obligación de esta figura es el representar a la población de sus distritos electorales locales, es por eso que la omisión de legislador va en contra de las propias obligaciones intrínsecas para el ejercicio de sus funciones.

13. Dicho lo anterior es necesario dotar a los congresos locales de la facultad para solicitar a la federación la alerta de violencia de género ya que ellos debido a la naturaleza de su cargo están bien enterados de lo acontecido en las comunidades que ellos representan

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA

ACTUAL

PROPUESTA

ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:

1. Los delitos del orden común contra la   vida, la libertad, la integridad y la seguridad   de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida    el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:

1. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Lo solicite el Congreso Local o los organismos de derechos humanos a nivel nacional o delas entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los         organismos internacionales, así lo soliciten.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

Bibliografía:
mujer, Y. b. (s.f.). Ya basta de violencia contra la mujer. Obtenido de Ya basta de violencia contra la mujer: http://www.yabastadeviolencia.com/-sabias-que
Mujeres, O. (s.f.). ONU Mujeres. Obtenido de ONU Mujeres :
http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-.html
Salud, O. M. (septiembre de 2016). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Reguladora de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a informar cómo se determinan los precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del país y a qué factores obedecen. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a atender las recomendaciones realizadas por las comisiones de derechos humanos en materia de tortura y a diseñar mecanismos eficientes que erradiquen dicha práctica. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.







 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y Roberto Armando Albores Gleason, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio Nacional del Empleo, así como a los Institutos Estatales del Empleo a orientar, auxiliar y apoyar a la población migrante a una inserción laboral exitosa, de acuerdo a sus habilidades adquiridas. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, ANABEL ACOSTA ISLAS, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La inserción e incorporación a una sociedad constituye un aspecto fundamental de las migraciones. La problemática que implica permanecer y quedarse en una sociedad distinta a la propia, en el caso de la migración de retorno el tema de la integración social cobra relevancia. 

Por integración social se comprende a todo proceso –dinámico y multicausal– que posibilita a las personas participar en la sociedad, de manera que se garantice un nivel mínimo de calidad de vida y de bienestar social, por lo que las acciones y adaptaciones que realizan las personas mexicanas que regresan para insertarse en el contexto de retorno y los cambios que se implementan en el mismo para favorecer la inserción de esa población significa una oportunidad para el fortalecimiento de la sociedad.

El retorno de población mexicana, tanto por la vía del retorno forzado (resultado de la política de deportaciones desde Estados Unidos), como el retorno producto de las condiciones económicas expresadas en diversas dificultades como el desempleo y los bajos salarios escenario actual en materia de retorno responde a una nueva realidad migratoria que implica un grado importante de vulnerabilidad de la población retornada, y que se expresa en múltiples dimensiones.

Haciendo una evaluación según el Instituto Nacional de Migración del 2001 al 2008 se registraron 4 millones 603 mil mexicanos retornados. En lo que respecta en la administración de Barack Obama al frente de la presidencia, es decir entre 2009 y 2016, han sido deportados de ese país 2 millones 848 mil mexicanos de retorno de mexicanos, lo que indica que el número de mexicanos en retorno cada vez es menor. Según los datos del Instituto el 80% de las personas que regresaron hablaban inglés y contaban con habilidades para insertarse a la vida productiva de México.

La experiencia migratoria de las personas que regresan puede implicar ganancias en capital físico y humano, en la medida en que pueden haber adquirido nuevas competencias y habilidades por haberse incorporado en espacios con capitales sociales y económicos en ámbitos competitivos y diferentes a nuestro país.
Consideramos que es de vital importancia sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resilencia, para que esta situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta la población de migrantes retornados en sus procesos de inserción y reinserción en la economía y sociedad mexicana sea eficaz.

Es por lo descrito en el desarrollo del presente que se solicita respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores la presente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta a el Servicio Nacional del Empleo así como a los Institutos Estatales del Empleo a que orienten, auxilien y apoyen a la población migrante a una inserción laboral exitosa de acuerdo a sus habilidades adquiridas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Anabel Acosta Islas, Andrea García García, Roberto Armando Albores Gleason y Rabindranath Salazar Solorio, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los estados de Oaxaca, San Luís Potosí y Yucatán a crear una comisión legislativa que atienda los asuntos de la juventud. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SUSCRIBEN LOS SENADORES CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, ANDREA GARCIA GARCIA, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON Y RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO; de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, POR LA QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE OAXACA, SAN LUÍS POTOSI Y YUCATÁN A LA CREACIÓN EN SU INTERIOR DE UNA COMISIÓN LEGISLATIVA QUE ATIENDA LOS ASUNTOS DE LA JUVENTUD.

CONSIDERACIONES

Al interior del Congreso de la Unión las Comisiones encargadas del estudio, análisis y desarrollo de la legislación en materia de juventud, hicieron su aparición durante la quincuagésima sexta Legislatura de la Cámara de Diputados, bajo la denominación de Comisión Especial de asuntos de la Juventud, misma que se integró mediante acuerdo parlamentario y quedando aprobada su instalación el 22 de diciembre de 1994 con el compromiso de todas las corrientes políticas representadas con el propósito de fortalecer los canales de vinculación entre el Poder Legislativo y la juventud mexicana.

A partir de su constitución formal y su constante evolución de comisiones especiales a comisiones ordinarias, las comisiones relacionadas a los asuntos de la juventud han venido contribuyendo en la actualización y adecuación de los diversos marcos jurídicos en beneficio de este importante sector de la sociedad.

Así desde 1994, diversos han sido los esfuerzos por complementar la actuación del poder legislativo en la materia dándose la creación simultanea de estos órganos parlamentarios al interior de los propios Congreso Locales, conformando en la actualidad un total de 2 Comisiones en el ámbito federal y 29 en las entidades locales.

Lo anterior Considerando:

1. Que los jóvenes constituyen una parte importante de nuestra población, que está conformada por una diversidad de grupos que exigen una política de Estado en los tres niveles de gobierno, basada en planes y políticas de desarrollo social que garanticen el respeto y el ejercicio de sus derechos.

2. Que se requiere establecer políticas públicas que atiendan las necesidades de la población juvenil.

3. Que en el actual Plan Nacional de Desarrollo se reconoce que la población juvenil constituye un elemento importante para el desarrollo nacional.

4. Que es necesaria la existencia de una Comisión al interior de cada uno de los Congresos locales que se aboque al impulso y realización de estudios y análisis de la situación que vive la población juvenil y cuyo objetivo principal sea fomentar el acercamiento de los jóvenes con los legisladores a fin de ventilar, conocer y encontrar respuesta a los principales problemas e inquietudes de este sector, para que sean éstos los que orienten y den rumbo a las decisiones legislativas.

5. Que a través de la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Senadores, un número importante de senadores ha manifestado el interés de que el Senado de la República se pronuncie por hacer una respetuosa invitación a los órganos legislativos de las entidades federativas de Oaxaca, San Luís Potosí y Yucatán, para que en el ámbito de sus respectivas competencias evalúen la conveniencia de contar con una comisión legislativa que atienda los asuntos relacionados con la juventud.

6. Que el Estado mexicano constituye una república representativa, democrática    federal, compuesta de estados libres y soberanos, en lo que toca a sus regímenes interiores.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. EL pleno del Senado de la República, exhorta, con respeto y reconocimiento a la libertad y soberanía que corresponde a su régimen interior; a los congresos locales de los estados de Oaxaca, San Luís Potosí y Yucatán evalúen la conveniencia de instituir a su interior una comisión legislativa que atienda los asuntos de la juventud, como parte importante de su función legislativa.

Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Andrea García García.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobernadores de diversos estados a realizar acciones respecto al riesgo que existe sobre la presencia e incremento de Enfermedades Transmitidas por Vector, en particular por el mosquito Aedes aegypti, asociado al cambio climático en entidades federativas vulnerables o aquéllos en los que su aparición es insólita. Se turna a la Comisión de Salud.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de las Secretarías de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los Gobernadores de diversos Estados, para que realicen diversas acciones respecto al riesgo que existe sobre la presencia e incremento de Enfermedades Transmitidas por Vector, en particular por el mosquito Aedes aegypti, asociadas al Cambio Climático en entidades federativas vulnerables o aquellos en los que su aparición es insólita, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México está ubicado en la posición 40 del Índice de Riesgo Climático Global que cubre el periodo 1995-2015, considerando que pasó del 48 al 40 desde 1993 hasta la fecha. (Global Climate Risk Index, 2016).1

Para el 2025, las perspectivas de vulnerabilidad en México ante el cambio climático apuntan a 5 estados en el país, que presentan alta vulnerabilidad: Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México y Tabasco.2

Entidades de la república mexicana, según grado de vulnerabilidad ante el cambio climático

Grado de Vulnerabilidad

Entidades

Alto

Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México y Tabasco

Medio

Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Bajo

Sonora, Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Campeche.

Muy bajo

Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Colima y Yucatán

Cuadro 1. Entidades de la república mexicana, según grado de vulnerabilidad ante el cambio climático. Los niveles de vulnerabilidad más altos, ante el cambio climático podrían situarse en los estados con más rápido crecimiento poblacional, con los más altos consumos de agua y en aquellos que registran altos niveles de incidencia de enfermedades infeccionas. Situación que podría presentarse en la región norte (Tamaulipas y Chihuahua), en la zona del centro (Jalisco y el Estado de México) y en el Golfo de México (Tabasco), sobre todo en comunidades rurales. Elaboración propia, basado en: (Albo y Ordaz, 2011).

De acuerdo con un informe realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, relativo al Estudio Diagnóstico Sobre los Efectos del Cambio Climático en la Salud Humana de la Población en México, existen enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, alimentos y agua que son sensibles a cambios de las condiciones climáticas.

De igual forma, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), en su reporte especial de los impactos del cambio climático, clasificó sus posibles impactos a la salud como directos e indirectos de acuerdo a si ocurren predominantemente por efecto directo de los valores extremos de una o más variables climáticas (p. ej.: temperatura, precipitación, radiación solar, etc.), sobre el organismo humano o están intermediados por cambios inducidos por el clima, en procesos biogeoquímicos complejos o por las influencias climáticas sobre otros riesgos ambientales de la salud.3

Para entender los efectos del cambio climático en la salud, se generan escenarios epidemiológicos asociables al mismo. Se consideran 3 variables interrelacionadas entre sí:

1) Variables climáticas que pueden relacionarse directa o indirectamente con la salud;

2) Variables relacionadas con la etiología de cada enfermedad y;

3) Variables de la vulnerabilidad de la población ante los impactos del cambio climático.

Por la ubicación geográfica, la topografía, el clima y las condiciones sociales, así como económicas, diversas regiones en México tienen condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades sensibles al clima. Los efectos del cambio climático en la salud humana están poco estudiados en el país debido a diversas limitantes como el tiempo, recursos económicos y escasez de datos.

Los cambios en el clima, principalmente las variables de temperatura y humedad pueden afectar la transmisión de las enfermedades4. Dentro de las principales enfermedades que pueden ser sensibles a las variaciones en el clima están las Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV). Entre las que se encuentran: el Paludismo, Chikungunya, Zika y Dengue.

Algunas de las ETV más comunes son transmitidas por un mosquito infectado con el virus y que es utilizado como vector. Los principales transmisores de estas enfermedades son los mosquitos de los géneros Anopheles y Aedes.

El mosquito Aedes aegypties el mismo portador para varios virus, como los del Zika, Chinkungunya y Dengue. Además, de ser una especie que se ha reportado en sitios fuera del rango de distribución habitual, debido a cambios en la temperatura.5

El Dengue es la principal Enfermedad Transmitida por Vector, pues alrededor de entre 2,500 y 3,000 millones de personas están en riesgo de contraerlo. Se presenta en los climas tropicales y subtropicales del planeta, principalmente en las zonas urbanas y semi-urbanas.6

En un artículo publicado en octubre de 2013 y actualizado en diciembre de 2016 por el diario La Crónica, la investigadora del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del IPN, María Luisa Zárate, expresó que existe una relación entre el cambio climático y el aumento del dengue en el mundo. Debido a que el ambiente en donde el mosquito Aedes aegyptivive se ha extendido a causa del aumento de la temperatura global.

Así mismo, la especialista señaló que la altura en la que el mosquito tradicionalmente se desarrolla es de 100 metros sobre el nivel mar. Actualmente las epidemias de dengue pueden desarrollarse a los mil 600 o dos mil metros “y es importante porque la mayoría de las poblaciones vivimos en tierras bajas, zonas hacia donde está migrando este mosquito”.7

“Muchos vectores han hecho presencia en regiones antes frías que hoy se encuentran en condiciones climáticas adecuadas para su desarrollo; ya no afecta sólo a las áreas urbanas tropicales del mundo, sino que también a las templadas y las regiones altas. Esto preocupa porque el dengue ocurre como brote, es decir, no es un caso, sino cientos”.8

Lo anterior, deja en evidencia que existen riesgos por la expansión de Aedes aegypti debida al cambio climático. Lo que ha generado posibles escenarios de infección como problemas de salud en lugares donde la aparición del vector se considera un hecho insólito, como en el caso del Estado de Chihuahua.9

Cabe destacar que, a nivel mundial, las Enfermedades Transmitidas por Vector representan el 17% de las enfermedades infecciosas, y provocan cada año 1 millón de defunciones. Así mismo, más de 2,500 millones de personas corren el riesgo de contraer este tipo de enfermedades. Es importante mencionar que que actualmente no hay tratamiento ni cura para los distintos virus transmitidos por Aedes aegypti.10

En nuestro país las Enfermedades Transmitidas por Vector representan un importante problema de salud pública. Estos pueden incrementarse con el cambio en las variables de temperatura y precipitación asociadas al cambio climático. Se estima que cerca del 60% del territorio nacional, en donde residen más de 50 millones de personas, presenta condiciones que favorecen la transmisión de las Enfermedades Transmitidas por Vector.11

En México existen estados en los que la presencia de casos relacionados a Enfermedades Transmitidas por Vector, particularmente infecciones por dengue, es muy alta. En un reporte de la Dirección General de Epidemiología, al comparar el primer trimestre del 2016 con los reportados en el mismo periodo de 2015, se observó un incremento del 30% en los casos confirmados de Dengue. Se estima que el 58% de los casos están en Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Nuevo León.

Los estados con mayor número de defunciones reportadas han sido Guerrero, Campeche, Jalisco y Sonora. Si bien las defunciones no son tan comunes, los costos económicos y de salud que generan pueden ser muy altos.12

Ante esta situación, resulta interesante analizar que en un estudio sobre los  Escenarios de salud Pública en México ante el cambio climático, publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Programa de Investigación en Cambio Climático determinó que, en estados del sur de México como Veracruz y Chiapas, existe un incremento de 41% de los casos semanales de paludismo.13

Es importante recordar que existen estados del país en donde encontrar la presencia del mosquito vector portador de diversas infecciones incluido el Dengue, se consideraba imposible y ahora hay reportes insólitos presentados  en Chihuahua, Coahuila y Puebla.14

Debido a que la información generada hasta el momento es escasa para comprender los patrones de incidencia asociados al cambio climático del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades. pero suficiente como para entender que las Enfermedades Transmitidas por Vector, particularmente el dengue, representa un grave problema de salud para el país, así como la evidencia que existe sobre los reportes relativos a la presencia del mosquito vector Aedes aegypti en Estados vulnerables al cambio climático o en Estados que han manifestado cambios asociados a la temperatura y humedad de sus territorios y por lo consiguiente se han convertido en hábitat adecuado para el desarrollo del mosquito Aedes aegypti, poniendo en riesgo la salud de aproximadamente 50 millones de mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a que elabore un Plan de Acción actualizado que permita hacer frente de manera efectiva al problema de Enfermedades Transmitidas por Vector, en escenarios posibles, así como en aquellos espacios del territorio nacional donde ya ha sido reportada la presencia tanto de Vectores como de casos humanos infectados.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a que, que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realicen un Programa de Educación, Reconocimiento y Prevención de las Enfermedades Transmitidas por Vector, especialmente para el dengue y su vector, el mosquito Aedes aegypti, en aquellos Estados con mayor índice de vulnerabilidad, presencia y reportes de casos infectados, así como en aquellos Estados en donde existen reportes insólitos y que pudieran representar ya una amenaza para la población.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados de: Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Puebla, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Coahuila y Chihuahua, a que a través de sus Secretarías de Salud Estatales, para que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con sus respectivas secretarías de Medio Ambiente, realicen los Monitoreos, Reportes, Planes de Acción, Atención y Prevención necesarios para evitar y/o mitigar la presencia del mosquito vector Aedes aegypti, y que remitan a esta Soberanía de manera urgente la información relativa a esta petición.

Dado el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 KREFT, S. & Eckstein, D. (2015). Global Climate Risk Index 2016. Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2016 and 1995 to 2015. Germanwatch e.V. Berlin, Germany. Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en: https://germanwatch.org/fr/download/13503.pdf.

2 ALBO, A. Y ORDAZ, J. L. (2011). Migración y cambio climático. El caso mexicano (Documento de Trabajo No. 11/27). Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en Servicio de Estudios Económicos del Grupo BBVA: http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1127_Mexico_tcm346267325pdf?ts=14102011.

3 Instituto Nacional de Ecología e Instituto Nacional de Salud Pública (2006). Estudio Diagnóstico Sobre los Efectos del Cambio Climático en la Salud Humana de la Población en México. Consultado el 9 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/e2006h.

4 Instituto Nacional de Salud Pública y Programa de Investigación en Cambio Climático UNAM. (2013). “Escenarios de Salud Pública en México Ante el Cambio Climático. Consultado del 10 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.pincc.unam.mx/congresonacional2013/documentos_descargables/PDF/pdf%20ibero%20puebla/RiojasRodriguezHoracio.pdf.

5 Secretaria de Salud (2015). Enfermedades Transmitidas por Vector: Dengue, Chikungunya y Zika. Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.gob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue-chikungunya-y-zika-18649.

6 WHO-World Health Organization (2016). Enfermedades Transmitidas por Vectores. Nota Descriptiva No. 387. Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/es/.

7 Crónica. (2016). Hay Vínculos entre el Cambio Climático y el Dengue. Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/791891.html. 

8 Ibídem.

9 Secretaria de Salud (2015). Enfermedades Transmitidas por Vector: Dengue, Chikungunya y Zika. Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.gob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue-chikungunya-y-zika-18649.

10 WHO-World Health Organization (2016). Enfermedades Transmitidas por Vectores. Nota Descriptiva No. 387. Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/es/.

11 Secretaria de Salud (2015). Enfermedades Transmitidas por Vector: Dengue, Chikungunya y Zika. Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.gob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue-chikungunya-y-zika-18649.

12 El Universal (2016). Crece 30% el dengue en el país. Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/04/1/crece-30-el-dengue-en-el-pais.

13 Instituto Nacional de Salud Pública y Programa de Investigación en Cambio Climático UNAM. (2013). “Escenarios de Salud Pública en México Ante el Cambio Climático. Consultado del 10 de febrero del 2016. Disponible en:http://www.pincc.unam.mx/congresonacional2013/documentos_descargables/PDF/pdf%20ibero%20puebla/RiojasRodriguezHoracio.pdf. 

14 Secretaria de Salud (2015). Panorama Epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue. Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en:
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/panodengue/PANORAMAS_2015/Pano_dengue_sem_34_2015.pdf. 





 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a apoyar a los habitantes de las regiones del Istmo de Tehuantepec para la obtención de agua de acuíferos subterráneos a través de pozos, ante la sequía que enfrenta el Istmo y el descenso del agua de la presa “Presidente Benito Juárez” situada en Jalapa del Marqués, Oaxaca. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El que suscribe, Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1, 276 y demás disposiciones relativas del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), PARA QUE CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES APOYE A LOS HABITANTES DE LAS REGIONES DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC PARA LA OBTENCIÓN DE AGUA DE ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS A TRAVÉS DE  POZOS, ANTE LA SEQUÍA QUE ENFRENTA EL ISTMO Y LA DESCENSO DEL AGUA DE LA PRESA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ SITUADA EN JALAPA DEL MARQUÉS, OAXACA; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) A QUE CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES, ELABORE UN PROGRAMA EMERGENTE PARA APOYAR A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA REGIÓN, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

La importancia del agua no es exclusiva de los microorganismos, las plantas y los animales, es de uso utilitario de los seres humanos, sin ella moriríamos muy pronto.

En el Istmo de Tehuantepec los pobladores se abastecen de la presa Benito Juárez de Jalapa del Marqués, siendo ésta la principal fuente de abastecimiento de agua de los habitantes de la región.

En el mandato del presidente Adolfo López Mateos (1956 - 1961) la federación construyó la presa Presidente Benito Juárez, posteriormente el 21 de noviembre de 1962, se dio un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se creó el Distrito de Riego número 019.1 Cuya finalidad fue la irrigación, beneficiando a los municipios como, Jalapa del Marqués, Mixtequilla, Tehuantepec, San Blas Atempa, Juchitán, Comitancillo, Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Unión Hidalgo, Santa María Xadani y San Pedro Huilotepec, y así regar 55 000 héctareas de la zona.2 Estos municipios se encuentran ahora damnificados por la severa sequía, que ha disminuido al 14% la capacidad de la presa.

La presa se construyó para una capacidad 708.64 hm33 de almacenamiento, la cual se encuentra en un estado crítico por la sequía que se presenta por la alta demanda de este líquido tan necesario e indispensable para el ser humano, aunado al cambio climático, como la utilización de este líquido por la refinería Antonio Dovalí Jaime.4

Más de dos años de sequía en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, provocaron un descenso en la presa Benito Juárez de Jalapa del Marqués, que bajó su nivel hasta un 15% de su capacidad. La sequía, que se intensificó desde el otoño de 2015, ha descubierto un antiguo templo dominico del siglo XVI, que era el centro del viejo pueblo que fue inundado en 1962. En ese centro de culto los anteriores pobladores de Jalapa veneraban a la virgen del Rosario. Hay gente que llora al recordar cuando contemplan su antiguo templo y lo que quedó de la escuela primaria y algunas otras construcciones de Jalapa el Viejo, relata el pescador Miguel Olivera.

El día 15 de febrero del presente año, anunciaron el cierre de  la presa Benito Juárez, tres meses antes de lo históricamente establecido. En temporada normal la presa se cierra el 29 de mayo con un abasto superior al 50 por ciento; en esta ocasión el cierre se hizo el 12 de febrero con un almacenamiento del 14 por ciento.

La situación se ha tornado crítica, ya que 44 mil 466.6 hectáreas dependen de la presa. Es por ello, que se debe brindar el apoyo necesario a los habitantes de estos municipios para que tengan acceso al agua subterránea, y que en su explotación se tenga el mayor cuidado, para no abatir los niveles freáticos.

Ya que de acuerdo con los pronósticos para 2030 se debe tener especial cuidado con el agua subterránea, ya que su sobreexplotación, además de ocasionar el abatimiento de los niveles freáticos y provocar profundizaciones de los pozos, puede causar afectaciones difícilmente reversibles a los ecosistemas y a la sociedad. Cabe aclarar que la población rural depende de manera significativa del agua subterránea y en algunas zonas áridas la dependencia es total.5

Por todo lo anterior, se deberá de apoyar a las familias a que no queden desprotegidas en el abastecimiento de este líquido tan necesario para la vida gregaria del ser humano, así como el apoyo por parte de la SAGARPA a los agricultores y ganaderos, para poder garantizar que las siembras y el ganado, teniendo un especial cuidado al patrimonio y sustento familiar.

Por todas estas consideraciones, quiero someter a la discusión y votación de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que con base en sus atribuciones apoye a los habitantes de las regiones del Istmo de Tehuantepec para la obtención de agua de acuíferos subterráneos a través de  pozos, ante la sequía que enfrenta el Istmo y el descenso del agua de la Presa Presidente Benito Juárez situada en Jalapa del Marqués, Oaxaca.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)a que con base en sus atribuciones, elabore un programa emergente para apoyar a los agricultores y ganaderos de la región.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de senadores, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 http://old.nvinoticias.com/74323-yudxi-y-los-50-a%C3%B1os-de-la-presa-benito-ju%C3%A1rez (Consultado 14/02/2017)

2 http://romonoticias.com/se-seca-la-presa-benito-juarez-de-jalapa-del-marques/ y en
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/416/Construccion%20y%20Operacion%20de%20la%20Presa%20Presidente%20Benito%20Juarez.htm (Consultado 14/02/2017)

3 Atlas del Agua en México 2015, SEMARNAT, CONAGUA,  http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/ATLAS2015.pdf,, (consultado 14-02-2017)

4 Ídem. De acuerdo al trabajo de investigación vertido en el texto Santa María Jalapa del Marqués: Pueblo sepultado por el vaso de la presa Presidente Benito Juárez de Pedro Maldonado Cruz y Rosa María Mendoza Marín, la presa benefició en mayor medida al municipio de Salina Cruz y a la Refinería Antonio Dovalí Jaime, al dotarlos del agua necesaria.

5 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/ATLAS2015.pdf, 14-02-17





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir la información respecto a la embarcación camaronera “Marquez XI”, encallada en la Playa Limón, en la costa de Paraíso, Tabasco. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A REMITIR INFORMACIÓN RESPECTO A LA EMBARCACIÓN CAMARONERA “MARQUEZ XI”, ENCALLADA EN LA PLAYA LIMÓN, EN LA COSTA DE PARAÍSO, TABASCO, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 1º de febrero del año en curso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), informó por medio de un comunicado de prensa que personal de la dependencia y en coordinación con la Capitanía de Puertos Dos Bocas, atenderían el encallamiento de la embarcación “Marquez XI”,1 con la finalidad de que evitaran posibles daños ambientales. 

Dicho encallamiento ocurrió en la Playa Limón, en la costa de Paraíso, Tabasco. La nave sufrió el accidente por la ruptura del abanico de gobierno del barco, lo anterior provocado por fuertes vientos y alto oleaje. La embarcación pertenece a la Sociedad Cooperativa de Producción de Altura Unidad Pesquera Campeche S.C.L de C.V.

Personal de la PROFEPA que acudió al lugar pudo percatarse que la embarcación encallada contiene 25 mil litros de diésel, mismo que necesita para desplazarse y su funcionamiento en general. De igual forma, dentro de la embarcación viajaban 6 tripulantes que resultaron ilesos al momento del suceso.

Debido a la gran cantidad de combustible que llevaba la embarcación, era necesario su traslado inmediato, de manera que los trabajos de trasiego de combustible de la embarcación camaronera “Marquez XI” comenzaron a ser supervisados por personal de PROFEPA, para vigilar que no exista derrame de combustible alguno. Sin mencionar que como medida de precaución  también se colocaron barreras contenedoras.

La PROFEPA informó poco tiempo después, que se habían descargado 8 mil litros de combustible sin percance,2 pero aun restaban muchos litros en la embarcación encallada. Para poder extraer el combustible se utilizaron 2 lanchas fuera de borda, cada una de las lanchas contenía un “toter” de un metro cubico cada uno.3 Estas acciones son de conformidad al Plan de Trabajo que fue presentado por el propietario de la embarcación, el plan fue avalado por la Capitanía de Puerto.

Una vez que el combustible fuera depositado en las embarcaciones menores, estas lo llevarían al barco FIPESCO 51 que se ubicaba fondeado aproximadamente a 100 metros de la embarcación “Marquez XI”.

Las acciones de trasiego del combustible fueron ejecutadas en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y supervisadas por los inspectores federales de la PROFEPA.

Adicionalmente a las medidas de seguridad que se establecieron en el perímetro donde encalló la embarcación y para constatar que no existieran fugas que pudieran dañar al ecosistema marino, personal naval también realizó trabajos submarinos.

La recuperación de la embarcación no ha sido posible debido a la poca profundidad del lugar donde encalló, lo que hace inviable que sea remolcado actualmente. Por el momento, la SEMAR, mantiene el monitoreo permanente a la embarcación, con la finalidad de poder actuar de manera inmediata en caso de presentarse cualquier tipo de contingencia que pudiera llegar a poner en riesgo al ecosistema o los recursos   naturales.

De manera que, las autoridades competentes deben estar muy atentas al momento en que se terminen los trabajos de trasiego de combustible de la embarcación camaronera “Marquez XI”, además de verificar, una vez que sea remolcado, que no se hayan causado daños al medio ambiente provocados por la estancia de la embarcación en el lugar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita a esta Soberanía a la brevedad posible, información sobre el resultado del trasiego de combustible de la embarcación camaronera “Marquez XI”, encallada en la Playa Limón, en la costa de Paraíso, Tabasco, precisando si es que se produjeron derrames de combustible.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita a esta Soberanía a la brevedad posible, información sobre el resultado del remolque de la embarcación camaronera “Marquez XI”, encallada en la Playa Limón, en la costa de Paraíso, Tabasco. Precisando si es que se produjeron daños al ecosistema local.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en el ámbito de sus facultades establezca las sanciones correspondientes, en caso de existir un daño ambiental, provocado por la embarcación camaronera “Marquez XI”, encallada en la Playa Limón, en la costa de Paraíso, Tabasco.

Dado el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 21 de febrero de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Comunicado de prensa consultado el 13 de febrero de 2017, en: https://www.gob.mx/profepa/prensa/atiende-profepa-encallamiento-de-embarcacion-marquez-xi-en-
municipio-de-paraiso-tabasco?idiom=es

2 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Comunicado de prensa consultado el 13 de febrero de 2017, en: https://www.gob.mx/profepa/prensa/supervisa-profepa-trasiego-de-combustible-de-embarcacion-marquez-xi-encallada-en-paraiso-tabasco?idiom=es

3 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Comunicado de prensa consultado el 13 de febrero de 2017, en: https://www.youtube.com/watch?v=bijxwTbJBFA





 

Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un fondo presupuestal emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito   Público.

El suscrito, ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, Senador de la República a la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2009,se crea un Fondo de Apoyo a Migrantes, con la finalidad de apoyar a los trabajadores migrantes en el retorno a sus lugares de origen, ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal e incrementar sus opciones de autoempleo, entre otros.

Dicho presupuesto, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, los cuales definen los criterios para la distribución, aplicación, erogación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos, que  tienen el carácter de subsidio federal y se destinarán a proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento.

A partir de aquella fecha, en el PEF se le asignaba una partida presupuestal para su operación que, se incluía en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional.

Para el ejercicio fiscal de 2016, los diputados federales, asignaron $300,000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) para el Fondo de Apoyo a Migrantes. Este se distribuyó en 28 estados de la República. El estado de Guerrero, contó con un monto de 25,860,059 de pesos, ocupando el tercer lugar, después de Oaxaca y Michoacán.

No obstante la importancia de este Fondo, y ante las advertencias de Donald Trump en contra de millones de migrantes, a dicho fondo no se le asignó presupuesto para este año de 2017, se quedó sin presupuesto. De igual manera, se redujeron los recursos destinados a los migrantes en otros programas.

Esta situación, ha preocupado a los guerrerenses y a su gobierno, pues la entidad, y de acuerdo con estimaciones, la población de origen guerrerense en Estados Unidos asciende a un millón y medio de personas.

De esa cifra, una tercera parte nacieron en el estado y el resto son hijos de padre o madre guerrerenses; es decir, son guerrerenses de segunda o tercera generación, hijos de migrantes.

Cabe mencionar que, con la nueva administración estadounidense, habrá una mayor repatriación de guerrenses, de acuerdo al Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016, de la Secretaría de Gobernación, se espera que en los próximos meses, esta supere las 20,197 repatriaciones; de las cuales 16,674 fueron hombres y 3,523mujeres, realizadas de enero a noviembre del año pasado.

Durante la discusión de Presupuesto 2017, no se previó contar con mayores recursos, para recibir a los millones de migrantes que podrían ser deportados de Estados Unidos; por lo que, ante la problemática esperada, se requiere crear un fondo de emergencia para atender a los connacionales deportados, pues ya estamos viendo que las amenazas de Donald Trump son reales.

Actualmente, y gracias al apoyo de las diversas organizaciones civiles de migrantes mexicanos, el Ejecutivo Federal, ha transformado las casas estatales en Casas México, que conjuntamente con los consulados, orientan y apoyan a nuestros connacionales.

Al igual que otros mexicanos deportados, los guerrerenses que regresen a nuestro estado, se merecen la oportunidad de contar con un empleo adecuado y la reinserción en su comunidad, porque tienen derecho a ello, de ahí, la necesidad de contar con los recursos necesarios, para un mejor porvenir.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a crear un Fondo Presupuestal Emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en el estado de Guerrero.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Esteban Albarrán Mendoza.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos de Cónsules Generales de México en las ciudades de Denver y Sacramento, en los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.







 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar el número de migrantes que cruzan por la frontera sur, sus nacionalidades y procurar el estricto  respeto de sus derechos humanos, así como nosotros lo exigimos para nuestros connacionales en Estados Unidos de Norteamérica. Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur.

El que suscribe, Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95, numeral 1; 276; y demás disposiciones relativas del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, INFORME AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL NÚMERO DE MIGRANTES QUE CRUZAN POR LA FRONTERA SUR, SUS NACIONALIDADES Y SE PROCURE EL ESTRICTO RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO NOSOTROS LO EXIGIMOS PARA NUESTROS CONNACIONALES EN ESTADOS UNIDOS, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el artículo 1o de nuestra Constitución se establece “que todas las personas gozarán de los derechos humanos”, por lo que todos aquéllos que se encuentren en nuestro territorio nacional tendrán garantizada su salvaguardia, otorgándoles la protección más amplia, conforme al principio pro persona.

Nuestra Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación motivada por origen étnico, nacional o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana.

Con base en nuestras normas constitucionales y amparados en el derecho internacional, hemos estado exigiendo el respeto irrestricto de los derechos humanos de nuestros connacionales que cruzan la frontera norte y van a Estados Unidos a aportar su fuerza de trabajo, sus capacidades y voluntades para hacer más productiva a nuestra nación vecina.

Así como nuestros connacionales buscan alternativas en territorio extranjero, al nuestro también vienen ciudadanos de otros países a buscar oportunidades que en el suyo no encuentran o no les satisfacen.

La mayor parte de quienes entran a nuestro territorio vienen de nuestros países hermanos centroamericanos. La inmensa mayoría de ellos no son criminales, ni vienen a delinquir, vienen buscando una ilusión, que a veces es cruzar nuestro territorio para adentrarse en el “sueño americano” de Estados Unidos y muchos de ellos terminan quedándose en nuestro país aportando su voluntad, su fuerza y sus conocimientos.

La migración no es un fenómeno nuevo, pero en este siglo XXI, por las dificultades del entorno mundial, se ha convertido en un reto que ha llevado a muchos países a reconfigurar su política en la materia.

Las grandes migraciones son resultado de la constante lucha del ser humano por mejorar sus condiciones de vida, a veces desplazando a familias enteras para buscar mejorar sus condiciones económicas y calidad de vida en otros países diferentes a las de su origen.

Nuestro país se encuentra estratégicamente situado para ser un camino de paso hacia una de las economías más fuerte a nivel mundial,1 por lo que es utilizado por migrantes de diversos países para llegar a Estados Unidos.

Por desgracia, el fenómeno migratorio incorpora también a niños y adolescentes no acompañados y el número ha crecido de manera exponencial cada año. Así, se ha pasado de poco más de 2 mil detenciones en 2010, a más de 23 mil en 2014, y a 35 mil 704 en 2015.

Este último año, el gobierno mexicano ha dado refugio solamente a 57 migrantes menores no acompañados, cuando al menos unos diez mil, de los más de 35 mil detenidos reunían los condiciones de obtener la condición de asilo, dado el nivel de violencia presente en El Salvador, Guatemala y Honduras, naciones que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, según han afirmado diversas organizaciones de derechos humanos.2

La frontera sur es una de las más porosas del mundo, por cualquier parte se puede ingresar a México. Tan sólo el año pasado, un promedio de 860 mil personas pasaron por ese camino y casi el 80 por ciento siguen por Querétaro.3

La pobreza y la inseguridad empujan a nuestros hermanos centroamericanos a arriesgarse para salir de sus países de origen y muchos de ellos, al no lograr su objetivo, se quedan en México y se convierten en emigrantes indocumentados.

También, desde 2016, México vive una oleada de migrantes haitianos y africanos, que se suman a los cubanos, asiáticos y centroamericanos que ingresan al país buscando pasar a Estados Unidos.

Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, hay alrededor de 4 mil 300 haitianos varados en México y 11 mil 300 africanos.4

Las autoridades mexicanas han estado atentas al tema y, por ello, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, ha dado a conocer los protocolos que nuestro país ofrece a los extranjeros, y ofrece “refugio”, independientemente si su interés es llegar a Estados Unidos o cualquier otro país.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de los derechos tutelados por el artículo 1o constitucional, señala los siguientes:

• Derecho al libre tránsito. Toda persona, independientemente de su origen étnico o nacional, tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano y la verificación migratoria sólo podrá ser realizada exclusivamente por personal del Instituto Nacional de Migración.

• Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional. Este derecho implica que el Estado mexicano debe proporcionar protección a aquellas personas que por circunstancias adversas en sus lugares de origen, pongan en riesgo sus vidas y requieran un nuevo lugar para vivir.

• Respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad. Las personas migrantes que ingresan al país, con independencia de la situación en que lo hagan, tienen derecho a manifestar libremente su cultura y tradiciones, siempre y cuando no vulneren derechos humanos o cometan delitos con tales conductas. Además, tienen derecho a propiciar la interculturalidad, esto es, interactuar con personas con culturas diferentes a las suyas, a efecto de lograr canales de comunicación que favorezcan la interacción respetuosa y armónica entre los grupos.5

La migración internacional en México es un componente que interviene en la dinámica demográfica del país, por eso, contar con información oportuna sobre la migración coadyuva a la comprensión de su impacto en los cambios y tendencias de la población en tiempos recientes.

Ya lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto en la ONU: “La historia demuestra que no hay barreras que detengan el movimiento de las personas”, al tiempo que reconoció que los migrantes son agentes de cambio y de desarrollo.6

Sabemos de la importante labor que actualmente realiza la Cancillería de nuestro país, enfocada a favor de los derechos humanos de los inmigrantes que día a día pasan por la frontera sur de nuestro país. Para atender el tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha recibido y atendido a sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras.7

Estos invaluables esfuerzos que se realizan por parte de Relaciones Exteriores ayudan a mejor atender el fenómeno migratorio y buscan fortalecer el intercambio de información en cada uno de sus consulados. Así lo han manifestado y así lo considero también.

Es importante tener una información detallada de los flujos migratorios en nuestro país, como también ofrecer a los inmigrantes el pleno respeto a sus derechos humanos, conforme a los estándares internacionales establecidos.

No podemos de ignorar la problemática y la realidad que actualmente se vive en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump como presidente. Los cambios en ese país implican modificaciones en la estrategia nacional, que nos deben llevar a velar más por los derechos de nuestros connacionales, pero también de todas las personas que transiten por nuestro país.

Demos los mismos derechos a los que inmigran a México como los que pedimos para nuestros connacionales que emigran, principalmente a Estados Unidos. Apliquemos con ellos lo mismo que exigimos para los nuestros: que no sean considerados criminales sólo por ser migrantes, sino por el contrario, garantizar sus derechos fundamentales por el simple hecho de ser seres humanos.

Porque los nuestros salen, debemos estar atentos a que toda persona que se interne en nuestro país sea tratada con respeto y protegida conforme a lo que nuestra Constitución mandata.

Es por ello que, como senador integrante del Grupo Parlamentario del PRI, me permito exhortar a las instituciones públicas para que con gran sensibilidad brinden todos los apoyos a quienes recorren nuestro país con o sin documentos.

Pero necesitamos más datos del fenómeno de la inmigración a México, para tener mayores posibilidades de mejor legislar en la materia.

Por todas estas consideraciones, someto a esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único: Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, informe al Senado de la República del número de migrantes que cruzan por la frontera sur, sus nacionalidades y se procure el estricto respeto de sus derechos humanos, así como nosotros lo exigimos para nuestros connacionales en Estados Unidos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 http://economia.elpais.com/economia/2014/01/10/agencias/1389323246_619546.html (consultado 14-02-2017)

2 De Centroamérica, el 92% de migración que pasa por México: INM, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/01/de-centroamerica-el-92-de-migracion-que-pasa-por-mexico-inm, (consultado 14-02-2017)

3 El violento camino por México de los migrantes centroamericanos, http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/el-violento-camino-por-mexico-de-los-migrantes-centroamericanos.html, (consultado 14-02-2017)

4 Este es el protocolo que reciben migrantes haitianos y africanos en México, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/12/1121981, (consultado 14-02-2017)

5 http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes, (consultado 14-02-2017)

6 http://www.animalpolitico.com/2016/09/pena-migrantes-onu-deportaciones/, (consultado 14-02-2017)

7 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-02-13/videgaray-y-cancilleres-triangulo-norte-dialogan-migrantes/ (Consultado el 14/02/2017)





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia Rocha Acosta, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Irma Patricia Leal Islas, Sandra Luz García Guajardo y Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo    Federal a implementar diversas acciones a fin de revertir el alza en el precio de las gasolinas y el diésel, el próximo 17 de febrero. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las campañas de verificación e inspección a las plantas de purificación, envase y venta de agua potable en la capital del país, a fin de garantizar que cumplan con las normas de sanidad y operación establecidas por la legislación local y nacional. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que en 2015, el 91 por ciento de la población mundial tenía acceso a una fuente mejorada de abastecimiento de agua potable, en comparación con el 76 por ciento en 1990.1

Asimismo, señala que un total de 4 mil 200 millones personas cuentan con agua corriente y 2 mil 400 de agua de otras fuentes mejoradas de abastecimiento, como grifos públicos, pozos protegidos y perforaciones.

Sin embargo, en todo el planeta, al menos 1,800 millones de personas se abastecen de una fuente de agua potable que está contaminada por heces. Al año 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua.

En los países de ingresos bajos y medios, el 38 por ciento de los centros sanitarios carecen de fuentes de agua, el 19 por ciento de saneamiento mejorado, y el 35 por ciento de agua y jabón para lavarse las manos.

Se calcula que unas 842 mil personas mueren cada año de diarrea como consecuencia de la insalubridad del agua, de un saneamiento insuficiente o de una mala higiene de las manos.

De acuerdo al informe 2014 de la Beverage Marketing Corporation, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en el consumo de agua embotellada, con un consumo per cápita de 234 litros, lo cual representa la venta de 23 mil 32 millones de litros al año e implica un gasto promedio anual para las familias mexicanas de 1 mil 800 pesos.

En este contexto, es de gran relevancia el estudio microbiológico que realizaron investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes tomaron 122 muestras de agua envasada en garrafones de 20 litros, provenientes de 111 pequeñas purificadoras ubicadas en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, y cuyos resultados revelaron que 69 muestras contenían coliformes totales (Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter), 23 fueron positivas para coliformes fecales (Escherichia coli principalmente) y sólo 30 pasaron la prueba satisfactoriamente.2

Dicho Instituto señaló que en los últimos meses el número de ese tipo de negocios, surgidos sin control, ni regulación, los cuales por un costo relativamente bajo adquieren los equipos e instalan empresas purificadoras, inclusive en casas particulares sin las condiciones adecuadas, para tal fin, además su personal no realiza el proceso conforme a la Norma Oficial Mexicana 201 sobre productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel.

Aunado a lo anterior, también se ha hecho de conocimiento público que en 45 colonias de la Ciudad de México, los habitantes reciben agua que incumple los estándares en materia de calidad de agua para el consumo humano.3

Basta menciona que el agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea el cólera, la disentería o fiebre tifoidea, provocando en algunos casos la muerte.

Ante tales circunstancias y para evitar poner en riesgo la salud de la población, es necesario que las autoridades sanitarias del gobierno de la Ciudad de México fortalezcan las acciones de inspección y supervisión, a fin de garantizar que las empresas purificadoras de agua potable cumplan con las normas establecidas por las autoridades para dicho fin.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, señala que el acceso al agua no sólo es fundamental para distintos aspectos del bienestar humano, tales como la salud: el saneamiento, la nutrición y la vivienda, sino que también es un factor determinante para el crecimiento económico, la salud ambiental y el bienestar social.4

En el Grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos lo que representa esta problemática en materia de salud pública, por ello, seguiremos trabajando para que juntos logremos un México con una mejor calidad de vida y un bienestar social para todas las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, fortalezcan las campañas de verificación e inspección a las plantas de purificación, envase y venta de agua potable en la capital del país, a fin de garantizar que  cumplan con las normas de sanidad y operación establecidas por la legislación local y nacional.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente,
el 21 de febrero de 2017.

Atentamente.

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/

2 http://www.ipn.mx/CCS/2016/Paginas/2015/c-261.aspx

3 http://www.milenio.com/df/Agua-Iztapalapa-mala_calidad_0_746925458.html

4 http://www.cich.org/publicaciones/1/Gobernabilidad-del-Agua-en-ALC-OCDE.pdf





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a llevar a cabo una auditoría especial a distintos contratos de obra otorgados por la Delegación Cuauhtémoc, a fin de verificar si éstos se apegaron a la normatividad aplicable y cumplieron con las condiciones contratadas. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La delegación Cuauhtémoc, es uno de los órganos políticos administrativos más importantes de la Ciudad de México. Su ubicación geográfica y la relevancia de la actividad económica que diariamente se realiza en su territorio, la convierten en una de las delegaciones más complejas para gobernar.

La demarcación presenta distintas problemáticas, destacando la situación de inseguridad, el comercio ambulante, la movilidad, presencia de basureros clandestinos, invasión de predios y numerosas calles y banquetas en mal estado.

La actual administración delegacional se ha visto envuelta en diversos escándalos de corrupción. Previo al proceso electoral de 2016, diversos medios de comunicación señalaron el presunto uso de recursos económicos y materiales de la delegación Cuauhtémoc para apoyar la candidatura de su hermano David Moreral a la gubernatura de Zacatecas.1

En septiembre de 2016, el titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano Padilla, fue detenido en Polanco con 600 mil pesos en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su procedencia lícita, por lo que se inició la carpeta de Investigación CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/01716/09-2016 en la Fiscalía Central de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.2

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, documentó en diciembre de 2016, diversas omisiones, que han tenido como consecuencia la destrucción o el daño de Inmuebles Declarados Monumentos con valor Artístico. Estos daños al patrimonio cultural de la delegación, tienen una constante, que es la de propiciar el desarrollo de la industria inmobiliaria a costa del patrimonio cultural, en virtud de que en la mayor parte de los inmuebles demolidos se inició la construcción de edificios departamentales.3

El día miércoles 15 de febrero se dio a conocer una investigación que acreditó diversas irregularidades relacionadas con la asignación de obra pública y la realización de trabajos de mala calidad, que podrían constituir un daño al erario público, por un monto de 266 millones de pesos por la asignación de contratos otorgados entre el 22 de diciembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.4

Entre las principales irregularidades identificadas por la investigación, destacan los siguientes aspectos:

• Se presumen distintas acciones para favorecer a 4 contratistas zacatecanos, algunos de ellos con presuntos vínculos de amistad con la hija del Jefe Delegacional, quienes antes de que Ricardo Monreal asumiera el cargo como Jefe Delegacional, no habían obtenido la asignación de obras en la Ciudad de México.

• Los presuntos amigos de la hija del delegado, habrían recibido seis contratos por 20 millones de pesos entre el 22 y 24 de diciembre de 2015.

• Los 4 contratos que dichas empresas obtuvieron mediante licitación pública nacional, les fueron asignados a pesar de no ser la propuesta más económica. Monto 4 veces mayor a los contratos obtenidos en los trabajos realizados en Zacatecas.

• La empresa Ekbejo recibió dos contratos por un monto de 83 millones, para construir nuevas banquetas y repavimentar calles de las colonias Roma y Obrera. No obstante, en dichas obras no se utilizaron los materiales adecuados, además, la obras no cumplen con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de la Ciudad de México.

La Auditoría Superior es la entidad de Fiscalización Superior de la Ciudad de México y tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación.5

Entre sus atribuciones se encuentra la de realizar la inspección de obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización, se realizaron de conformidad con la normatividad vigente, y si éstos aplicaron eficientemente los recursos para el cumplimiento de sus programas y subprogramas aprobados.6

Además, la Auditoría Superior de la capital del país tiene la atribución de promover ante los órganos de control interno y/o la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México la responsabilidades en contra de los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública de la Ciudad de México, o al patrimonio de los sujetos de fiscalización.7

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que el ejercicio de los recurso públicos debe realizarse bajo los principios de transparencia y eficiencia.

Consideramos que resulta apremiante, que en la asignación de contratos por parte de la delegación Cuauhtémoc, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable a fin de evitar un probable daño al erario público.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que, a través de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, lleve a cabo una auditoría especial a distintos contratos de obra otorgados por la Delegación Cuauhtémoc, a fin de verificar si éstos se apegaron a la normatividad aplicable y cumplieron con las condiciones contratadas, en virtud de las presuntas anomalías en las que se señala un presunto tráfico de influencias, sobrecostos y mala calidad en los materiales.

Dado en el Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente.

1 Funciones Dirección General Jurídica y de Gobierno
<http://www.cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/paginas.php?id=juridico> Consultado el 19 de ju7nio de 2016.
Acusan a Monreal de desvío de recursos,  El Norte, 23 de mayo de 2016, <
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=851187&urlredirect=http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=851187>Consultado el 15 de febrero de 2017.

2 Los 600 mil son donaciones a fundación: colaborador de Monreal detenido. Proceso, <
http://www.proceso.com.mx/455340/los-600-mil-pesos-son-donaciones-a-fundacion-colaborador-de-monreal-detenido> Consultado el 15 de febrero de 2017.

3 El Efecto Monreal, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, <
https://contralacorrupcion.mx/factormonreal/> Consultado el 5 de febrero de 2017.

4 Ricardo Monreal otorga contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia en la Ciudad de México, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, < https://contralacorrupcion.mx/noticias/empresasmonreal/> Consultado el 5 de febrero de 2017.

5 Párrafo segundo del artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.

6 Artículo 8, Ibíd.

7 Artículo 43, Ibíd.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a presentar un informe respecto al estado que guardan las observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido a la actual administración sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato presentes en los centros de detención e internamiento en la entidad. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 2 establece que, “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.1

El principio de la universalidad de los derechos individuales es el pilar angular del derecho internacional. Este principio, tal como se destaca inicialmente, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos.

En el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que, “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar lasviolaciones a los derechos humanos”.

Entre las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destaca conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los casos en que por, actos u omisiones, de autoridades administrativas o cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.

La CNDH formula recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Federal, procurando la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita.

Al respecto, en octubre de 2016 la CNDH, emitió un informe sobre los lugares de detención e internamiento que dependen de la actual administración del Estado de Tamaulipas, el cual se envió al Gobernador Constitucional de esa entidad sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura2. De las cuales más de la mitad no han sido cumplidas.

En el informe, señala que el personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH llevó a cabo las visitas de seguimiento, con el apoyo personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, para verificar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad.

De los 30 lugares de detención visitados previamente bajo la competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como los ocho lugares de detención ubicados en los municipios de Altamira, Matamoros, Reynosa, Tampico y Victoria, siendo éstos, cinco separos de Seguridad Pública destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto; un albergue temporal y dos casas hogares, una para menores de edad y otra para adultos mayores.

En las visitas se verificaron las condiciones de estancia, a efecto de analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.

Como resultado de la visita de seguimiento sobre las acciones realizadas por las autoridades estatales mencionadas, se constató que de las 232 situaciones observadas de manera inicial que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato, 91 ya no presentan situaciones de riesgo, 22 presentan avances encaminados a su atención y 119 aún persisten.

Asimismo se informa, en ejercicio de las facultades conferidas como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realizó dos visitas iniciales a agencias del Ministerio Público del Estado, con objeto de ampliar la supervisión de los lugares de detención para examinar el trato y las condiciones de detención. Derivado de lo anterior se detectaron 14 situaciones de riesgo.

Las principalesproblemáticas detectadas en los lugares de internamiento que dependen de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, son las siguientes:

• No se asigna una partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas.

••Las áreas de aseguramiento carecen de reglamento interno y manual de procedimientos. En algunas agencias se carece de personal médico para cubrir el turno nocturno y fines de semana.

• El representante social no acude al área de aseguramiento para verificar el trato que se brinda a los detenidos.

• No cuenta con modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física.

• No cuentan con un área exclusiva para mujeres.

En tanto que en los lugares de detención que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública:

• No existe separación entre procesados y sentenciados.

• Carecen de los servicios de psiquiatría ginecología y pediatría para los hijos  de las internas que viven en el centro.
• El personal médico no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura.

• El personal adscrito es insuficiente para cubrir las necesidades de los establecimientos.

Lugares de internamiento que dependen de los ayuntamientos:

• Las celdas carecen de planchas de dormir; varios inodoros se encuentran destruidos y los que funcionan están muy deteriorados.

• El personal adscrito es insuficiente.

• La certificación de integridad física de las personas privadas de la libertad se practica de manera inadecuada.

• No se proveen alimentos a los arrestados debido a que no se asigna una partida presupuestal para tal efecto.

Ante este panorama,es oportuno referir que de acuerdo con el artículo 21 de nuestra Ley Fundamental, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. La actuación de las instituciones de seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Así, resulta necesario y urgente que el gobierno del estado de Tamaulipas, presente un informe pormenorizado respecto al estado que guardan con respecto a las observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato presentes en los centros de detención e internamiento en la entidad.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos que los derechos humanos representan los principios primordiales de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad en nuestro país, por ello, seguiremos trabajando para juntos logremos una México más igualitario, próspero, justo, pero sobre todo, más incluyente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas, para que en el ámbito de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado respecto al estado que guardan las observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido a la actual administración sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato presentes en los centros de detención e internamiento en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente.

1 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_049.pdf





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a presentar un informe en relación a las estrategias, programas y procedimientos instrumentados en la entidad, para identificar y sancionar actos de nepotismo e irregularidades administrativas, como duplicidad de plazas en la administración pública estatal. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Diversos medios de comunicación han documentado presuntos actos de nepotismo por parte del Gobernador del estado de Nuevo León, entre ellos, destaca que al menos 150 familiares directos, estaban adscritos a la nómina de alguna secretaría, dependencia u órgano desconcentrado; se presume que su llegada y ascenso fue por tráfico de influencias y favoritismos irregulares.1

Ante este escenario, los Legisladores del PRI estamos convencidos de la necesidad de ejecutar medidas afirmativas para identificar, sancionar y prevenir estas conductas en la entidad, para alcanzar los resultados que los habitantes esperan en materia de seguridad, empleo, salud y educación.

A lo largo de la actual administración, se han denunciado pública y penalmente diversas anomalías, entre ellas se encuentran las siguientes:

• De acuerdo con personal del DIF municipal en el municipio de García, la hermana de la esposa del gobernador de la entidad, realiza las actividades en la Subdirección, aunque aparece como coordinadora de planeación; además, el esposo de la hija del Gobernador es el quinto regidor, aunque hace las responsabilidades de auxiliar del edil.2

• En la Secretaría de Educación, se dieron sucesos de nepotismo, ejemplo de ello, es que el secretario particular de la ex-titular, colocó a través de favores políticos a su esposa como responsable del área de Evaluación, además el director de la oficina de la Secretaría posicionó a su hermano en el área de recursos materiales.

• En la Secretaría de Salud, el primo hermano del titular ascendió rápidamente como director de control sanitario, pasando de percibir un ingreso de cerca de 15 mil pesos a más de 50 pesos mensuales.3

• Llamó la atención el apoyo dado a la sobrina del mandatario para tomar protesta como encargada del Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey). Dicho organismo es el encargado de administrar los terrenos y viviendas para personas de escasos recursos.

• Funcionarios que mantienen una doble plaza, tanto en el gobierno del estado y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En su momento se informó que al menos 53 funcionarios presentaban esta condición, entre los que se encontraban secretarios, subsecretarios, directores y analistas.

Cabe destacar que en las Secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social, son las dependencias con el mayor número de expedientes, resaltan favores para impulsar a hijos, esposas, primos y hermanos.

Estos actos antijurídicos, trasgreden la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, la cual establece en su artículo 50 que los servidores deben “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado”.

También el marco jurídico, instituye que no deben favorecer a sus familiares por afinidad o civiles hasta el segundo grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Por si esto no fuera suficiente, indica que deben de abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal familiar o de negocios.

Bajo este contexto, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, reafirmamos nuestro compromiso con la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, los cuales son ejes rectores del quehacer gubernamental.

En el mismo sentido, estamos convencidos de que ante el incumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, se deben instrumentar las acciones necesarias para respetarla y materializarla, con el objeto de asegurar un gobierno eficaz, eficiente y objetivo.

En este orden de ideas, es oportuno solicitar a la Secretaría de Administración del estado de Nuevo León, para que en el marco de sus atribuciones, presente un informe en relación a las estrategias, programas y procedimientos instrumentados en la entidad, para identificar y sancionar actos de nepotismo e irregularidades administrativas como duplicidad de plazas en la administración pública estatal.

Aunado a ello, es determinante que la Unidad Anticorrupción amplíe sus políticas públicas para que estas acciones contrarias a la ley sean sancionadas conforme a derecho, debido a que vulneran las arcas públicas y el ejercicio eficiente y eficaz de la administración pública estatal.

En contravención a las disposiciones enunciadas y ante los actos de nepotismo documentadas, no podemos ser indiferentes, por el contrario, se deben fortalecer todas políticas que tengan como medida el ejercicio eficiente de la acción gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República, exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, para que en el marco de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado en relación a las estrategias, programas y procedimientos instrumentados en la entidad, para identificar y sancionar actos de nepotismo e irregularidades administrativas como duplicidad de plazas en la administración pública estatal.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente.

1 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/piden-cuentas-a-el-bronco-por-150-familiares-en-la-nomina.html

2 http://www.elmundodecordoba.com/pais/pais-conten-izq/28232-Muy-independiente,-pero-con-parientes-en-n%C3%B3mina

3 http://www.milenio.com/monterrey/ONG-denuncia-nepotismo_0_701329884.html





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a informar del presupuesto total erogado para atender el mantenimiento y corrección de las fallas de la Línea 12 del Metro, desde noviembre de 2015 a la fecha. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La construcción de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro fue presentada con el argumento de mejorar la movilidad de las personas, la apuesta era expandir el alcance de este medio de transporte capitalino para desplazarse con mayor seguridad, eficiencia y rapidez. Sin embargo, ocurrió lo contrario: el producto-servicio ofrecido no correspondió a las expectativas ni a los anhelos de transporte multimodal de la gente. Más bien, se evidenció un cúmulo de irregularidades en su conformación; algunas de carácter técnico y otras administrativas, pero ambas igualmente graves.

El primer bien tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se violentó, fue la libertad de tránsito prevista como la facultad para desplazarse libremente, algo esencial que está muy lejano del “Derecho a la Ciudad” y del “Derecho a la Movilidad”.

Cabe recordar que inicialmente el proyecto de la Línea 12 contemplaba una inversión por 13 mil millones de pesos, la cual creció tan exponencialmente que rebasó los 24 mil 500 millones de pesos, casi el doble del costo original. Un costo, por cierto, caracterizado por la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas.

Ante la falta de transparencia por parte de las autoridades involucradas, diversos grupos políticos presentaron demandas penales ante la Procuraduría General de la República y la Cámara de Diputados solicitó una amplia investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, para indagar a fondo un presunto desvío de recursos.

A partir de marzo de 2014, y durante los siguientes veinte meses, más de la mitad de las estaciones de la Línea 12 permanecieron cerradas, afectando gravemente a más 450 mil usuarios. La razón, se dijo, fueron las ondulaciones en los rieles que ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros y los trenes.

El caos causado por la suspensión continua de tramos para rehabilitación y arreglo de la línea 12 no terminó ahí. El entonces Director del Sistema de Trasporte Colectivo, reveló que durante los primeros 6 meses se habían detectado al menos 11 mil fallas, y sin embargo, en noviembre de 2015 se llevó a cabo un evento de reinauguración por tramos que, a la fecha, siguen con desperfectos que perjudican a los usuarios activos y potenciales.

En abril de 2016 se interrumpió el servicio en la estación San Andrés Tomatlán por una falla eléctrica; en septiembre de 2016 en el tramo Mexicaltzingo-Tláhuac por fallas en el pilotaje; en octubre del mismo año por un problema en el sistema de pilotaje automático del tramo Tláhuac-Atlalilco; el 24 de noviembre de 2016, nuevamente, se presentó una grave avería que dio origen a una situación caótica para las personas que se encontraban en las instalaciones precisamente en el horario en que se dirigían al trabajo o la escuela.

El Gobierno de la Ciudad de México aún presenta adeudos a ICA por los desperfectos que orillaron a su cierre parcial, estos saldos están relacionados con trabajos adicionales, mantenimiento, e incluso la rehabilitación y obras nuevas que fueron solicitadas por el gobierno sin que hasta el momento se liquiden.

Aunado a este panorama, el aumento del precio del boleto no se ha traducido en mejoras en los tiempos del recorrido, en la renovación de los trenes y en la instrumentación de programas de mantenimiento a vías. Además, los trabajos de remodelación y tareas de mantenimiento en escaleras y luminarias han presentado retrasos.

Por ello, también es fundamental que precise el destino de esos recursos económicos, sobre todo, porque hasta este momento no se ha aprobado un programa permanente que supere el desgaste prematuro en vías y ruedas; tampoco se ha aprobado una estrategia de mantenimiento en rieles y trenes; y mucho menos se han destinado presupuestos adecuados para prevenir hundimientos, vibraciones, colapsos de estructuras, fracturas y grietas en diversas estaciones del metro, particularmente en la Línea 12.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a informar a esta Soberanía el presupuesto total erogado para atender el mantenimiento y corrección de las fallas de la línea 12 del metro, desde noviembre de 2015 a la fecha.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, ordene una auditoría, respecto a los recursos y fondos federales transferidos al Distrito Federal -hoy Ciudad de México- desde el 28 de octubre de 2015 a la fecha para la ampliación y reparación de la Línea 12 del Metro.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente.





 

Les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Justicia Social”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial de la Justicia Social

“La caridad no es un buen sustituto de la justicia”
Jonathan Kozol Escritor estadounidense.

Según coincidencias de autores, el concepto de “Justicia Social” surgió a mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales. Se sintetiza como el elemento bajo el cual los derechos humanos son respetados y las clases menos favorecidas cuentan con oportunidades de desarrollo.

De ahí que la Organización de Naciones Unidas, señale que la justicia social “es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de la justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad”.

En la Declaración de Principios del Partido Revolucionario Institucional, se puede leer que: “Buscamos a través del ejercicio de la libertad, la democracia, la justicia social y la tolerancia, el México incluyente en que cada mexicano pueda reconocerse como parte de la Nación, tanto por origen y memoria, como también por el acceso a las oportunidades que hace la diferencia entre la postergación sin esperanza y el derecho primordial a un destino humano con plenitud”.

Visto así, la “Justicia Social” es muy amplia y aunque el documento de principios invocado no la conceptualiza, se puede sintetizar en base al acopio de sus fines, como el elemento capaz de lograr en su aplicación, el desarrollo de oportunidades para todos los integrantes de una sociedad, su convivencia armónica, libertad y el respeto pleno de sus derechos humanos.

La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en 2007, mediante resolución A/RES/62/10, el 20 de febrero de cada año como “Día Mundial de la Justicia Social”, invitando a los países miembros a apoyar en comunidad internacional, la labor encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social para todos.

Una buena oportunidad para reflexionar sobre los alcances de este principio, pero también para recordar su aplicación diaria para el logro de los objetivos a los que toda sociedad aspiramos, pues la justicia social no es un fin, es un medio.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Justicia Social”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial de la Justicia Social
20 de Febrero

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro los países y entre ellos. Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social universal representa el núcleo de su misión en la promoción del desarrollo y la dignidad humana.

La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.

El mundo ha cambiado drásticamente, ya no vivimos en un mundo deshabitado, con relativamente pocos seres humanos con sus utensilios. Ahora vivimos en la «era del Antropoceno», en un mundo colmado, en el cual la actividad humana está alterando drásticamente sus sistemas ecológicos de subsistencia. Nuestros conceptos y modelos económicos tradicionales fueron desarrollados en un mundo vacío. Si queremos crear una prosperidad sostenible, si buscamos «mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica», vamos a necesitar una nueva visión de la economía y su relación con el resto del mundo, una visión que esté mejor adaptada a las nuevas condiciones que enfrentamos.

Vamos a necesitar una economía que respete los límites del planeta, que reanude la dependencia del bienestar humano con las relaciones sociales y la justicia, y que reconozca que el objetivo final es el bienestar humano real y sostenible, no sólo el crecimiento del consumo material.

La nueva visión reconoce que la economía está integrada en una sociedad y cultura que a su vez están integradas en un sistema ecológico vital, y que la economía no puede crecer para siempre en este planeta finito.

El logro de esta justicia social está también estrechamente vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial de la Justicia Social”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial de la Justicia Social

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones, es la justicia social.

En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que cada 20 de febrero se conmemore el Día Mundial de la Justicia Social;1 con el objetivo de promover las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, como son:2

• La erradicación de la pobreza

• La promoción del pleno empleo

• El fomento de la integración social, especialmente de los grupos más desfavorecidos

En esta materia, la ONU hace referencia a la Organización Internacional del Trabajo(OIT),que tiene por objetivos la promoción, cumplimiento y reconocimiento de la justicia social y sus normas fundamentales del trabajo; la creación de oportunidades de empleo; la mejora de las condiciones laborales en el mundo; y cooperación entre gobiernos, empleadores y trabajadores .

La OIT adoptó en junio de 2008la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, que tiene como finalidad garantizar resultados equitativos y oportunidades de ingresos para todos a través del empleo dentro de un entorno económico e institucional sostenible, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.3

En el contexto nacional, desde 1970 en esta materia se cuenta con la Ley Federal del Trabajo, que tiene por objeto regir las relaciones laborales, con el fin de equilibrar la justicia social y los factores de producción, propiciando mejores condiciones de trabajo en toda la República.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es la dependencia del Gobierno Federal que contribuye en el ámbito de sus funciones a que más mexicanos se incorporen de manera formal a un trabajo decente y digno, con mejores remuneraciones y prestaciones de Ley, para construir una sociedad más igualitaria, incluyente y con justicia social, consolidando una relación armónica entre los trabajadores y los empleadores de México4.

De acuerdo con los indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2016, presentados por el INEGI, la Población económicamente activa es de 33 millones 390 mil 425 hombres y 20 millones 644 mil 375 mujeres.

En el Estado de México, entidad que represento, la Secretaría del Trabajo aplica y vigila el cumplimiento de las normas relativas a condiciones genérales, de seguridad e higiene en los centros de trabajo, fomentando y apoyando la organización para el trabajo y el autoempleo. De igual forma organizando y operando el servicio estatal de empleo, prestando asistencia jurídica gratuita a los trabajadores y sindicatos que lo soliciten y representándolos ante los tribunales laborales.

En este contexto, el Partido Verde se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, atendiendo la invitación de las Naciones Unidas a dedicar este día para promover actividades acordes a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 ONU Asamblea General (2007) Resolución 62/10. Día Mundial de la Justicia Social, recuperada en febrero de 2017, de: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/10

2 ONU, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, recuperado en febrero de 2017, de:
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/copenhage.htm

3 Organización Internacional del Trabajo (2008) Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, recuperado en febrero de 2017, de: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_371208.pdf

4 DOF,  (2015) Manual de Organización General de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, recuperado en febrero de 2017 de: www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5378088





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 107 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana.

EFEMÉRIDE

Sobre el 107 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana

“Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos…”
John Maxwell

La ayuda humanitaria es una de las formas más valiosas de la solidaridad y cooperación entre las personas. Una institución histórica y ejemplar de este servicio en favor del prójimo, lo es sin duda, la Cruz Roja Mexicana.

Es una organización no lucrativa, de interés social y voluntaria que presta auxilio a la población que se encuentre en riesgo o en desastre. Es parte de la organización internacional CRUZ ROJA y MEDIA LUNA ROJA, cuyo fin es aliviar el dolor humano mediante atenciones inmediatas de acuerdo a cada situación en particular.

En agosto de 1909, una serie de lluvias torrenciales afectaron la parte norte de nuestro país con graves desastres en la ciudad de Monterrey y daños a más de la mitad de su entonces población. Fue necesario mandar apoyo de la ciudad de México, con víveres y ayuda humanitaria a través de una brigada que constituyó la primera de la Cruz Roja Mexicana. Poco después, con fecha 21 de febrero de 1910,  el General Porfirio Díaz expidió el decreto número 401 por el que se reconoció oficialmente la creación de la Cruz Roja Mexicana.

De ahí, que esta fecha sea considerada como la propicia para celebrar la fundación de la Cruz Roja Mexicana. Ya en 1912 obtuvo el reconocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y en 1923 de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Liga de Sociedades).

Dese su creación en México, la historia de la Cruz Roja Mexicana ha caminado de la mano de la historia misma de la nación, pues por ejemplo, enseguida de esa fecha las brigadas de la Cruz Roja Mexicana entran en acción para auxiliar a los combatientes de la Revolución Mexicana. Luego, la invasión norteamericana en Veracruz, los brotes de tifoidea e influenza española, los terremotos de 1912 y 1919, la Guerra Cristera, la erupción del volcán Paricutín, los terremotos de 1985 y en fin, en cada episodio de la historia y hasta nuestro días, la Cruz Roja Mexicana ha brindado su apoyo en los eventos de desgracia por los que ha atravesado la población mexicana.

Benemérita institución que cuenta con el apoyo de más de 12 mil socorristas en todo el país, decididos a coadyuvar a aliviar el sufrimiento de las personas, aún a costa de su propia seguridad.

Por ello, que en la fecha de aniversario de su fundación, sea una oportunidad para recordar y reconocer la labor y asistencia humanitaria a la que se ha abocado sin descanso nuestra honorable Cruz Roja Mexicana.

Un reconocimiento y felicitación muy especial a Cruz Roja Mexicana a través de quienes colaboran en esta noble institución, que bajo el alimento del amor al prójimodía a día sirven a la población mexicana; en el marco del 107 aniversario de su fundación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Lengua Materna”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de la Lengua Materna
21 de febrero

Con el objetivo de intercambiar experiencias para definir estrategias y acciones que impulsen la participación social y de los pueblos indígenas en la construcción de una sociedad multilingüe y multicultural, se celebra hoy el Día Internacional de la Lengua Materna.

La Unesco (Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura) dedica este año a la educación plurilingüe el Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra hoy martes. La jornada se celebra este año bajo el lema ’Hacia futuros sostenibles a través de la educación multilingüe’, con lo que la Unesco quiere “reafirmar su compromiso total con la diversidad lingüística y el plurilingüismo”.

Con motivo de este día, la responsable de la Unesco hace “un llamamiento para que el potencial de la educación plurilingüe se reconozca en el mundo entero, en los sistemas educativos y administrativos, en las expresiones culturales y en los medios de comunicación, en el ciberespacio y en los intercambios comerciales”.

Para fomentar el desarrollo sostenible, los educandos deben tener acceso a la educación en su lengua materna y en otros idiomas. Es a través del dominio de la primera lengua o lengua materna que se adquieren las habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética. Las lenguas locales, especialmente las minoritarias e indígenas, transmiten culturas, valores y conocimientos tradicionales, desempeñando así un papel importante en la promoción de los futuros sostenibles.

La educación multilingüe facilita el acceso a la educación y promueve la equidad para las poblaciones que hablan lenguas minoritarias y/o indígenas, especialmente las niñas y las mujeres.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Lengua Materna”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de la Lengua Materna

Padiuxi biche nebizanaca;
Padiuxixuana’ gola xti Zaguita:
Raca chinegadxe iza, caxaique’ sti Unesco gulaquicabelaa dxi ri’: LaníxtiDidxa’
BisidiÑaaneBixxoze irá binnilaa.
Casi diidxa’ ni
rinidu, laadu,cabinnizá,canibiananéxquendasticabinnigula’sa’.Didxagunashiñaadu,ni
nadxidu, necusídiducaxiñidu.
Didxa’ ngarunilaanubinni, Zacangarábidulaadu. Ca binnizá.
Ngarunirabidugunidu ni bicaata Gabriel López Chiñas:
¡Ay!, diidxazá, diidxazá,
diidxa' rusibani na',
na' nannazanitilu',
dxiinitigubidxaca'.

Saludos hermanos y hermanas;

Saludos senadoras y senadores:

Hace 17 años, la Unesco estableció el Día Internacional de las Lenguas Maternas.

El día de los idiomas como el que hablamos nosotros, los zapotecos de la planicie costera de Oaxaca; la lengua de los antiguos, la que se aloja en nuestra alma; la que amaron nuestros padres, la que amamos y trasmitimos a nuestros hijos.

Porque sabemos que la lengua es lo que nos hace humanos; así lo decimos nosotros, los zapotecos.

Por eso queremos hacer realidad lo que un día escribió uno de nuestros visionarios poetas, Gabriel López Chiñas, al decir:

¡Ay!, zapoteco, zapoteco,
lengua que me da la vida,
sé que morirás,
el día que muera el sol.

Pero para eso, necesitamos cambiar la realidad imperante en México.

Porque a pesar de todas nuestras buenas intenciones y nuestro excelente marco jurídico, tenemos un entorno real que dificulta el uso y reproducción de las lenguas indígenas.

Somos una nación pluricultural, basada en los pueblos originarios que poblaron este inmenso territorio, desde antes de la Conquista. Así lo establecimos en nuestra Constitución, desde 1992.

Ese reconocimiento constitucional fue ampliado cuando volvió a reformarse la Constitución, para mover el párrafo del artículo cuarto al artículo segundo, en 2001, para agregarle los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones del Estado mexicano para con ellos.

Uno de los derechos de los pueblos indígenas es el de mantener viva la lengua en que se comunican y es obligación del Estado preservarlas y fomentar su uso.

Por eso, éste no es un día más, como tantos, porque en nuestro caso habla de nuestra esencia como nación pluricultural y nuestra voluntad de vivir en una situación de interculturalidad que fomente el respeto de unos hacia los otros.

Ese respeto a los demás y la búsqueda de la no discriminación lo establecimos en los derechos humanos reconocidos y tutelado actualmente en el primer artículo de nuestra Constitución federal.

El derecho a la lengua, a la preservación de la cultura lo habíamos reconocido como Estado mexicano en la firma de los convenios internacionales, como el 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen la obligación de los Estados a adoptar medidas para garantizar que los miembros de estos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Nuestra ratificación de esa voluntad de ser un pueblo pluricultural se consolidó el 13 de marzo de 2003, cuando fue promulgada la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que reconoce a las lenguas indígenas como oficiales en el país y, en su artículo cuarto, les otorga el mismo valor que el español.

Ése es nuestro marco jurídico y de la convencionalidad constitucional para reconocer que en México existen 69 lenguas nacionales, porque el español, aunque sea  nuestra lengua franca, la que se habla en todo el territorio nacional, es una lengua más de todas en las que se comunican nuestros pueblos, comunidades y ciudades.

Antes de la llegada de los españoles a las costas mexicanas aquí se hablaban más lenguas originarias, se ha calculado que alrededor de 500, la mayor parte de ellas perdidas en la noche de la conquista y la colonia, bajo el vasallaje cultural del pueblo conquistador.

De todas ellas hoy perduran 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas; todas pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas: álgica, cochimí-yumana, seri, maya, totonaco-tepehua, tarasca, oto-mangue, mixe-zoque, yuto-nahua, chontal de Oaxaca y huave. Las cinco últimas están en mi estado, Oaxaca, donde la chontal y la huave no tienen ningún parentesco lingüístico con ninguna otra lengua hablada en el mundo.

Es una gran diversidad que durante siglos hizo clamar a muchos por la unicidad lingüística y la integración social a una sola cultura, la mestiza mexicana. Posición que, por fortuna, con el devenir de los nuevos tiempos y la idea del relativismo cultural quedó atrás, para asumir los mexicanos la pluralidad lingüística y cultural, como base de la convivencia en este mosaico cultural que es México.

Así lo hemos establecido en la Constitución y nuestro gobierno federal ha buscado impulsar la revitalización de las lenguas, su presencia en los medios de comunicación, así como la enseñanza de las lenguas indígenas en el sistema educativo y fuera de éste.

No es un trabajo fácil.

Según el Inegi, en México existen 7 millones 382 mil 785 personas de tres años o más que hablan alguna lengua indígena; el 6.5 por ciento dela población total nacional. De esa cantidad, 13 de cada 100 sólo puede expresarse en su lengua materna y el monolingüismo se acentúa entre las mujeres.

Hoy sabemos que las lenguas indígenas más habladas en el país son el náhuatly el maya; ambas representan el 35 % del total de la población hablante de lengua indígena.

Ambas lenguas, junto con otras ocho (zapoteco, mazateco, mixteco, otomí, tzotzil, tzeltal, chol y totonaca) representan el 77% de la población que habla lengua indígena en el país.
También sabemos que 23 por ciento de los hablantes de lengua indígena es analfabeta en español, aunque en realidad la inmensa mayoría es analfabeta en su lengua materna.

A pesar de las cifras de hablantes de lengua indígena, las políticas públicas culturales que se impulsaron durante siglos completos llegaron a permear, no sólo en el ámbito administrativo, sino también en la conciencia de las familias indígenas.

Los propios indígenas terminaron viendo en sus lenguas un obstáculo para el desarrollo de las nuevas generaciones y ya no continuaron trasmitiéndolas, y la niñez y la juventud las dejaron de hablar.

Así, según algunos estudios, de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, 64 pueden, a la larga, encaminarse hacia la extinción, debido a que la mayoría de ellas no cuenta con una forma de escritura que permita su inserción en medios impresos y digitales.

La falta de políticas públicas para el uso y fomento de las lenguas indígenas y la discriminación, son las principales causas del peligro para la supervivencia mediata de al menos 51 lenguas indígenas.

Si no nos aplicamos en impulsar programas para fomentar el uso de las lenguas indígenas, es muy probable que a mitad del siglo XXI, la mayoría de las lenguas  indígenas con actuales decrecimientos poblacionales hayan desaparecido.

Según información del propio Inali, de las 364 variantes lingüísticas que existen, 185 están en riesgo no inmediato de extinción, 72 en peligro medio y 43 en alto riesgo.

No es un panorama muy halagüeño, porque a pesar de todas nuestras buenas intenciones y nuestro marco jurídico, tenemos un entorno real que dificulta el uso y reproducción de las lenguas indígenas.

Casi no tenemos producción literaria o narrativa impresa en lenguas indígenas, las pocas que existen son producidas por instituciones oficiales en un número muy pequeño de ejemplares y no cuentan con redes eficientes de difusión.

Tampoco existen investigaciones en ciencias duras o ciencias sociales escritas en lenguas indígenas.

Parte del problema es la ausencia de reglas claras para homogeneizar la escritura de las principales lenguas indígenas del país, al menos las 10 principales que hemos enunciado anteriormente.

Aunque contamos con la traducción de la Constitución federal en 40 lenguas indígenas, eso no es garantía de que las lenguas estén escritas como corresponde.

Hoy, a 17 años de haberse proclamado el 21 de febrero como Día Internacional de las Lenguas Maternas, 25 de habernos reconocido como nación pluricultural y a 14 años de haberse promulgado la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, es urgente que todas las buenas intenciones se concreten en acciones afirmativas.

Así lo propongo en el proyecto de Decreto que hoy pongo a consideración de este Senado de la República para efectuar un agregado al artículo 20 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y comenzar a hacer realidad nuestra legislación. Es la mejor forma de festejar el Día Internacional de las Lenguas Maternas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Lengua Materna”.

EFEMERIDE

Sobre el Día Internacional de la Lengua Materna

El 21 de febrero fue proclamado como Día Internacional de la Lengua Materna por la Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en 1999, con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.

El Día Internacional de la Lengua Materna nos permite reflexionar sobre la diversidad cultural y lingüística, los avances en materia de procuración e impartición de justicia, y el pluralismo jurídico que han alcanzado diversos países y en particular el Estado mexicano.

El Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce a México como una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; asimismo, garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; el derecho de las personas indígenas, individual o colectivamente, que se vean involucradas bajo cualquier figura en un procedimiento judicial, a contar en todo momento con un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, esto con independencia de las competencias lingüísticas de la persona en la lengua española y en su propia lengua indígena, además de que se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales; y a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

El Convenio 169 de la OIT establece en su Artículo 12 la obligación de los Estados a “adoptar medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”. La Declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas señala, en su artículo 13.2, que “Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados”.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1º de la CPEUM, que señala que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, como lo ha confirmado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas y en la Jurisprudencia 60 y 61 Décima Época.

El pluralismo jurídico es la multiplicidad de prácticas jurídicas, oficiales y no oficiales, existentes en un mismo espacio sociopolítico, que interactúan por conflictos y por consensos, y teniendo su razón de ser en las necesidades existenciales, materiales y culturales o como una pluralidad de derechos concurrentes.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.

Fuente: http://www.un.org





 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Justicia Social”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial de la Justicia Social

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, proclamó el día 26 de noviembre del año 2007, que el día Mundial de la Justicia Social debería celebrarse día 20 de febrero de cada año.1

Diez años de distancia han ocurrido de esta decisión afortunada por parte del máximo órgano de la ONU y cuyo objetivo es promover mediante el apoyo y a esfuerzos internacionales, erradicar la pobreza, contribuir al empleo y trabajo decente, a la igualdad de género y al acceso al bienestar social y justicia para todas las personas.2

Con la celebración del día de la Justicia Social se pretende forjar un mundo con mayor estabilidad, equidad y seguridad.

En el año 2010, durante la celebración del día de la Justicia Social, el Secretario General de la ONU, BAN KI-MOON, reconoció la importancia y trascendencia de la lucha contra la pobreza, la exclusión y el desempleo. Manifestó igualmente la enorme necesidad de promover igualdad de oportunidades, de crear solidaridad y armonía entre las sociedades.

Puntualizó que la “Justicia Social” se base en los valores de equidad, igualdad, respeto de la diversidad, acceso a la protección social, y la aplicación de los derechos humanos en todas las esferas de la vida, incluso, dentro de los lugares de trabajo.

El estado mexicano ha participado activamente en el combate a la pobreza, hemos contribuido con las reformas a la ley laboral en el año 2012 por el trabajo digno y decente.

Hemos avanzado en materia del reconocimiento, aplicación y defensa de los derechos humanos; hemos logrado avances en materia de igualdad, somos por naturaleza un pueblo solidario, pero debemos reconocer que el trecho aún es largo y que aún nos falta mucho por lograr.

Conmemoremos el día de la “Justicia Social” en este año 2017, reconociendo logros y esfuerzos, asumamos el compromiso por no bajar los brazos, continuemos impulsando acciones necesarias para que el núcleo de población que actualmente no cuenta con trabajo y educación pueda acceder a ambos.

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. 

Recordemos que la prevención para el año 2050 nos arroja una probabilidad en cuanto a la población llamada de la tercera edad, misma que para ese momento superará en número al núcleo de población juvenil.

Desde la proclama del día de la “Justicia Social”, el interés primordial fue que los más débiles accedieran a obtener el mismo derecho que el resto de los ciudadanos y, en este sentido debemos continuar trabajando juntos para lograr el equilibrio deseado.

Debemos reflexionar en conmemoración del día Mundial de la Justicia Social, respecto de lo que hemos construido, de lo que hemos logrado, debemos reconocer que nos falta por hacer y en donde debemos actuar desde el plano individual hasta el plano colectivo.

La “Justicia Social” se obtendrá de la suma de esfuerzos y voluntades entre todas las fuerzas, las económicas, ciudadanas y gubernamentales.

La desigualdad que vivan algunos al final nos afectará a todos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 https://www.unngls.org/index.php/espanol/2010/1105-20-febrero-marco-dia-mundial-justicia-social

2 http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Justicia Social”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial de la Justicia Social
20 de febrero

El Día Mundial de la Justicia Social comenzó a conmemorarse cada 20 de febrero a partir del año 2009. Esta conmemoración tiene su origen en la resolución 62/10 del 26 de noviembre de 2007 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En dicho documento, la Asamblea reconoció que la atención del desarrollo social y justicia social son indispensables para el logro y mantenimiento de la paz y seguridad, y sin embargo no puede ser atendida sin paz, seguridad y respeto para todos los derechos humanos y libertades fundamentales.1 Así, la asamblea llama a los Estados Miembros a dedicar este día especial a promover, a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas estrechamente relacionas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha adoptado como tema el “Prevenirlos conflictos y mantener la paz con el trabajo decente”. La conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.2

De manera paralela, la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ha buscado abordar la creciente brecha de desigualdad y justicia que existe en el mundo con la adopción en el año 2008 de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. Esta declaración promueve el trabajo decente a través de un enfoque coordinado para alcanzar cuatro objetivos estratégicos: empleo, protección social, diálogo social, y principios y derechos fundamentales en el trabajo.3

En su declaración 2017 sobre el Día Mundial de la Justicia Social GuyRyder, director de la OIT, indica que conmemoramos este día en un período de gran incertidumbre global. La pobreza y los conflictos son dos factores claves que están arruinando la vida de millones de personas, aumentando la desigualdad entre éstas y las sociedades más prosperas.4

“La globalización incluyó la promesa de una nueva era de prosperidad, sin embargo sus beneficios han sido distribuidos de forma desigual. Paradójicamente, a pesar que el mundo está mucho más conectado como nunca antes, vemos que se están abriendo brechas sociales y económicas que parecen insalvables”.5 La creciente desigualdad económica ha sido identificada por el Foro Económico Mundial y por el Banco Mundial como una de las más grandes amenazas a la estabilidad social en el planeta.6 Recientemente, la confederación internacional de organizaciones no gubernamentales OXFAM en su reporte “Una economía para el 99%” provee evidencia contundente de la creciente desigualdad económica en el mundo. Algunos ejemplos son:

• Desde el 2015, el 1% más rico población posee más riqueza que el resto del planeta en su conjunto.

• 8 hombres hoy en día poseen la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre del planeta (3600 millones de personas).

• En los próximos 20 años 500 personas le entregaran a sus herederos 2.1 billones de dólares, una suma mayor al PIB de la India, un país de 1.3 billones de personas.

• Los ingresos del 10% más pobre se ha incrementado en menos de 3 dólares al año entre 1988 y 2011. Durante ese mismo periodo el ingreso del 1% más rico se ha incrementado 182 veces más.

OXFAM indica que de seguir esta tendencia, el incremento de la desigualdad económica amenaza con fracturar nuestras sociedades: incrementa la delincuencia y la inseguridad, socava la lucha contra la pobreza y hace que cada vez más personas vivan con más miedo y menos esperanza.7

Millones de personas sienten que están siendo dejadas atrás y que son excluidas. Perciben la falta de justicia social en sus vidas cotidianas: hijos sin un futuro garantizado, padres sin empleos decentes y una sensación generalizada de abandono. Las consecuencias de esta preocupante situación para las comunidades, las sociedades y las economías son y serán cada vez más graves.8

El desafío de la comunidad internacional esencontrar las alternativas políticas que puedan ofrecer las oportunidades de trabajo decente de las cuales depende la estabilidad y la prosperidad de nuestras sociedades. Es necesario formular soluciones que nos alejen de los conflictos y nos conduzcan hacia la recuperación, el crecimiento económico y el progreso social. Soluciones que propicien la construcción de instituciones basadas en las normas laborales garantes de los derechos en el trabajo. En un mundo interconectado esta es una agenda mundial y una responsabilidad global.9

La celebración de este día en México se lleva acabo con el fin de reconocer la importancia que tiene la integridad de toda persona. Buscamos combatir la pobreza y el desempleo que existe en nuestro país, entre otros problemas de nuestra sociedad. Es necesario que se logre una convivencia entre las personas de todo nuestro país, donde sean solidarios unos con otros y que exista la igualdad para todas las personas. Realizamos estos esfuerzos con la intención de tener una mejor sociedad para todos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 UN Perú. 2017. Día Mundial de la Justicia Social. http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-mundial-de-la-justicia-social/

2 UN. 2017. Día Mundial de la Justicia Social 20 de febrero. http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/

3•OIT. 2008. Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/campaigns/voices-on-social-justice/WCMS_099768/lang--es/index.htm

4 OIT. 2017. Día Mundial de la Justicia Social. Trabajo decente para la justicia social. http://ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_545304/lang--es/index.htm

5 Ibídem.

6 WEF. 2012. Global Risks 2012: Seventh Edition. http://reports.weforum.org/global-risks-
2012/?doing_wp_cron=1478086016.0533339977264404296875#

7 OXFAM. 2017. Una economía para el 99%. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-es.pdf

8 OIT. 2017. Día Mundial de la Justicia Social. Trabajo decente para la justicia social. http://ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_545304/lang--es/index.htm

9 Ibídem





 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Lengua Materna”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de la Lengua Materna

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura1 (UNESCO), proclamó en noviembre del año 1999, el día 21 de febrero como el Día de la Lengua Materna, con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural, iniciando en el año 2000 la conmemoración del mismo.

La UNESCO, consideró que, con la mundialización, las lenguas e idiomas que permiten identidad, comunicación, integración, educación y desarrollo, tienden en algunos casos a desaparecer completamente.

Con la extinción de estos también se pierde la diversidad cultural, posibilidades, tradiciones, recuerdos y modalidades únicas de pensamiento y expresión.

El estado mexicano, es uno de los diez países con mayor riqueza en diversidad lingüística,2 tenemos 68 lenguas originarias y 364 variantes, de las que 64 se tienen consideradas como en un alto riesgo de que desaparezcan.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, publicó en el año 2005, el Catálogo de lenguas indígenas mexicanas, obra que consiste en una colección de 150 mapas elaborados a partir de la información del censo levantado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).3

Documento interesante que nos permite conocer las localidades en donde un porcentaje de las poblaciones hablan la respectiva lengua nacional originaria.

La diversidad lingüística en nuestro país es basta y forma parte del patrimonio cultural de nuestro país.

A nivel mundial existen más de siete mil lenguas, de las que cerca de tres mil se encuentran en riesgo de desaparecer.

El INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas),4 ha referido que existen en nuestro país, pueblos indígenas en donde únicamente las personas mayores hablan la lengua de origen como son los casos del tlahuica, mocho, tuzanteco, kaqchikel, teko, awakateko, oluteco, ayapaneco, ixcateco, ixil, texistepequeño, chocholteco e ixil chajuleño, así como dos variantes del otomí, cuatro del mixteco y cinco del zapoteco.

La UNESCO ha señalado que la diversidad cultural y el diálogo intercultural,5 son fundamentales respecto de la educación para todos y la creación de sociedades del conocimiento.

Sin embargo, también señala que, estos cometidos no serán posibles sin el amplio compromiso internacional orientado a promover el plurilingüismo y la diversidad idiomática, hechos que constituyen la preservación de las lenguas en peligro de desaparición.

En mi estado, Durango, tenemos como las lenguas indígenas más habladas:6 Tepehuano de Durango, Huichol, Náhuatl y Tarahumara

El porcentaje de la población de la entidad que habla alguna lengua indígena corresponde al 2% de la población de nuestra entidad.

Celebraremos este año 2017 el “Día de la Lengua Materna”, en un momento crítico ya que la diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada7 y debemos reconocer que el idioma es parte esencial para la comunicación.

Debemos asumir un compromiso por salvaguardar nuestra identidad, nuestras raíces y cultura a partir de la diversidad lingüística, debemos dirigir acciones y esfuerzos tendientes a que no desaparezcan nuestras lenguas maternas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/background.shtml

2 http://www.gob.mx/cultura/prensa/celebrara-mexico-el-dia-internacional-de-la-lengua-materna-31907?state=published

3 http://www.inali.gob.mx/clin-inali/

4 http://www.gob.mx/cultura/prensa/celebrara-mexico-el-dia-internacional-de-la-lengua-materna-31907?state=published

5 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/background.shtml

6 http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/dur/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=10

7 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/background.shtml





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Lengua Materna”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de Lengua Materna
21 de febrero

El Día Internacional de la Lengua Materna, fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999. Anualmente, desde febrero de 2000, esta fecha es observada con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.1

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO menciona que es importante que se “haga un llamamiento para que el potencial de la educación plurilingüe se reconozca en el mundo entero, en los sistemas educativos y administrativos, en las expresiones culturales y en los medios de comunicación, en el ciberespacio y en los intercambios comerciales”

La UNESCO invita a diversos países a fomentar el pleno respeto hacia el uso de la lengua materna en la enseñanza, el aprendizaje y la promoción de la preservación de la diversidad lingüística. A través del proyecto “Sistemas de Conocimiento Locales e Indígenas”, la UNESCO destaca la importancia de las lenguas maternas y locales como medios para salvaguardar y compartir las culturas y los conocimientos indígenas, que son grandes minas de sabiduría.2

Toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas servirá no sólo para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también para crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar a la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo.

El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra en México desde el año 2000, para promover el multilingüismo y la diversidad cultural. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) desde entonces encabeza diferentes actividades, en las que participan representantes indígenas, académicos, nacionales e internacionales, así como diversas instituciones en estados como Yucatán, Sinaloa, Chiapas y Chihuahua, entre otras y tienen como finalidad reflexionar sobre nuestras actitudes frente a la diversidad cultural y los contextos multilingües3.

Es importante mencionar que el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce a México como una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; asimismo, garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; el derecho de las personas indígenas, individual o colectivamente, que se vean involucradas bajo cualquier figura en un procedimiento judicial, a contar en todo momento con un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, esto con independencia de las competencias lingüísticas de la persona en la lengua española y en su propia lengua indígena, además de que se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales; y a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

La celebración de este día en México tiene como objetivo que la sociedad mexicana conozca y valore la gran diversidad lingüística de nuestro país y del mundo. Debemos reconocer y promover este potencial para no dejar a nadie fuera y construir un futuro más justo e inclusivo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 NACIONES UNIDAS. Consultado en línea el 20 de febrero de 2017.
http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/background.shtml.

2 LENGA MATERNA. Consultado en línea el 20 de febrero de 2017.
http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/.

3 http://www.inali.gob.mx/es/comunicados/361-inali-encabeza-la-celebracion-del-dia-internacional-de-la-lengua-
materna.html





 

Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 107 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana.

EFEMÉRIDE

Sobre el 107 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en conmemoración del 107 Aniversario de la Fundación de la Cruz Roja Mexicana

“La Cruz Roja Mexicana es ejemplo de unidad, porque todos la respaldamos, de valor porque sus voluntarios y rescatistas están dispuestos a arriesgar sus vidas para salvar a sus hermanos y de determinación porque han superado los obstáculos y acuden al auxilio sin demora…”
Presidente Enrique Peña Nieto

El día 21 de febrero de 1910 el Gral. Porfirio Díaz expidió el Decreto Presidencial No. 401 en el que se le dio reconocimiento oficial a la Cruz Roja Mexicana, mismo que entró en vigor el 12 de marzo del mismo año.1

Desde entonces, la Cruz Roja Mexicana cumplido con su Misión de “Ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencia y en situaciones de desastre e impulsar acciones tendientes a incrementar la capacidad de las personas y las comunidades a través de la acción voluntaria”.

Cabe destacar que la Cruz Roja Mexicana en sus 107 años de existencia ha participado heroicamente en diversos acontecimientos de nuestra historia, tales como:

• Auxilio a los combatientes de la Revolución Mexicana en Ciudad Juárez, Chihuahua (1910);

• Ayuda a las víctimas de la Decena Trágica (1913);

• Atención a niños exiliados por la Guerra Civil Española (1937);

• Asistencia a las víctimas por la explosión del Volcán Paricutín, Michoacán (1943);

• Rescate y atención de las víctimas del terremoto en la Ciudad de México (1985);

• Formación de un cinturón de neutralidad durante el movimiento zapatista (1994);

• Asistencia a los damnificados en Oaxaca, Chiapas y Guerrero por el paso del Huracán Paulina (1997);

• Ayuda a las víctimas tras el paso del Huracán Gilberto desde Yucatán hasta Monterrey (1998);

• Realización de campañas de información tras la aparición del virus de la Influenza AH1N1 (2009);

• Repartición de ayuda humanitaria tras la devastadora sequía en varios estados de la República (2012);

• Apoyo a las víctimas y remoción de escombros tras la explosión por gas ocurrida en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa (2015).

Estamos orgullosos de una institución benefactora que surgió gracias a la organización de la sociedad para servir a la sociedad. Debemos tomar el ejemplo de los voluntarios y rescatistas para seguir ayudando a toda persona que lo necesite.

Me congratulo de que en todos los rincones del país esté presente el espíritu de servicio de esta centenaria Institución y hago votos porque todos los días juntos hagamos de México un mejor lugar para vivir.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://cruzrojamexicana.org.mx/?page_id=140




 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Justicia Social”.

EFEMÉRIDE

Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, 20 de febrero

El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declara que, a partir de su sexagésimo tercer periodo de sesiones, el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, adoptó por unanimidad la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa el 10 de junio de 2008. Dicha Declaración tiene origen en un momento político crucial, que refleja la necesidad de conseguir mejores resultados y que éstos se repartan de manera más equitativa entre todos.

La Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, mismos que no se pueden alcanzar si no se hacen respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Dicha celebración está enfocada en erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.

Lamentablemente en México, la falta de crecimiento y desarrollo económico ha abierto la brecha que da origen a mayor pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, en su estudio la Pobreza y Género en México: Hacia un Sistema de Indicadores. Información 2010-2014, destaca que una persona se considera en situación de pobreza, cuando tiene al menos una carencia social de los 6 indicadores expresados:

1. Rezago educativo;

2. Acceso a servicios de salud;

3. Acceso a Seguridad Social;

4. Calidad y espacios de la vivienda;

5. Servicios Básicos de la vivienda;

6. Acceso a la alimentación.

Además de ello, cuando su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

De acuerdo con el CONEVAL, para entender la equidad, se debe conjugar el principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales, para entender “una igualdad en las diferencias”.

Entre los indicadores utilizados para medir la situación de pobreza, se destaca que 85 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres, no son derechohabientes, lo anterior es de suma importancia, porque cualquier enfermedad por mínima que sea, como un resfriado, se puede complicar al no contar con la atención adecuado ni los medicamentos para el tratamiento.

Aunado a ello, en el tema de alimentación, el porcentaje de seguridad alimentaria disminuyó en 2014, con respecto el 2012, de 4.1 a 2.9, en personas con situación de pobreza, siendo el derecho a la alimentación uno de los derechos básicos y por los cuales se deben generar las estrategias necesarias para cumplir con las necesidades básicas de nuestra población.

Si a ello le agregamos la falta de calidad y acceso en la educación, trabajos dignos con prestaciones laborales como la seguridad social que debería ser básica y la falta de acceso a vivienda con carácter social, difícilmente vamos a lograr un país con mejores condiciones de vida y con Justicia Social, por lo que, derivado de las carencias, es más fácil que se incremente la inseguridad y el crimen organizado en diferentes modalidades.

Por ello debemos continuar con la creación de estrategias que generen un cambio real, pero sobre todo que ayude a terminar con la crisis social en la que se encuentra nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Andrea García García.





 

Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Lengua Materna”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de la Lengua Materna

“Debemos reconocer y promover el potencial del enfoque plurilingüe de la educación de calidad para no dejar a nadie rezagado…”
Directora General de la UNESCO

El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999. Anualmente, desde el 21 febrero de 2000, esta fecha es observada con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.1

Lo anterior, dado que las Naciones Unidas reconocen la importancia de la capacidad de comunicarse con los pueblos del mundo en sus propios idiomas y a que se promueva el respeto y la protección de todos los idiomas, en particular, los idiomas en peligro de desaparición, la diversidad lingüística y el multilingüismo.

En este contexto, el Gobierno de la República encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, ha reconocido que el país tiene una gran deuda con los pueblos originarios y los pueblos indígenas y se ha comprometido a garantizar el ejercicio de sus derechos sociales respetando su identidad, cultura y lenguas.2

Uno de los grandes logros de la Administración del Ejecutivo Federal ha sido la elaboración y puesta en marcha del Padrón Nacional de Abogados Indígenas Bilingües (PAIB). El PAIB es un instrumento que da cumplimiento al mandato constitucional de que la población indígena tenga acceso pleno a la jurisdicción del Estado y garantizar que en todos los juicios y procedimientos se deberán tomar en cuenta sus especificidades culturales y el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Hasta septiembre de 2016 existían 198 abogados indígenas bilingües cuya misión es dar garantía del debido proceso a la población indígena, reconocer sus sistemas normativos y coadyuvan a que la impartición de justicia considere la composición pluricultural de la Nación.3

Como Senador por el estado de Chiapas, estoy convencido de que México tiene una Constitución de avanzada ya que incorpora el reconocimiento de nuestro país como una nación pluricultural donde se instrumentan políticas públicas con un enfoque de protección y salvaguarda de los derechos humanos.

México tiene en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un organismo con una estructura de diálogo intercultural e incluyente orientada a fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas.

México cuenta con leyes e instituciones que impulsan el ejercicio efectivo de los derechos sociales en un marco de interculturalidad y respeto a las aspiraciones y necesidades de sus pueblos originarios.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/266

2 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32305/cdi-programa-especial-pueblos-indigenas-2014-2018.pdf

3 https://www.gob.mx/informe





 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día de la Bandera”.

EFEMÉRIDE

Con Motivo del Día de la Bandera, 24 de febrero

Desde niños sabemos que el escudo nacional que lleva nuestra bandera, tiene su origen en la leyenda azteca, que señala que el Dios Huitzilopochtli dios del Sol, dijo a los sacerdotes que los aztecas debían ir en búsqueda de una nueva tierra para edificar su ciudad.

La señal que iban a encontrar, para saber que era el lugar indicado, era la de un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal, era ahí donde los aztecas encontrarían riqueza y poder.

Fue 300 años después, cuando los aztecas reconocieron la señal y fundaron la “tierra prometida” Tenochtitlán. Este escudo que lleva nuestra bandera, fue creado por Francisco Eppens Helguera, nacido en 1913 en San Luis Potosí y fallecido en 1990 en la Ciudad de México, el fue además un ilustrador y muralista mexicano, que destacó por rediseñar nuestro escudo nacional en 1968.

Sin embargo, nuestra bandera no siempre fue así, nuestra bandera pasó por varios diseños, la primera reconocida como tal, fue el estandarte del cura Hidalgo, mostrando a la Virgen de Guadalupe, más tarde nuestra bandera fue azul claro con blanco y por primera vez tuvo un águila posada sobre un nopal y portando una corona imperial, diseñada por el ejército insurgente.

Posteriormente nuestra la bandera trigarante dio por primera vez los colores que hoy lleva, sin embargo, el orden era diferente, llevando en diagonal el color blanco, verde y rojo, que simbolizaban la religión católica, la independencia de México y la unión de los mexicanos, además solo poseía una corona en el centro y un par de estrellas de 8 puntas.

La bandera que se diseñó con Agustín Iturbide, es la primera que tiene gran similitud con la vigente hoy, ya que las franjas son verticales y los colores tienen el orden actual, sin embargo, el águila lleva una corona y alas extendidas, esta bandera solo estuvo vigente hasta la llegada del Imperio Maximiliano, quien agregó al diseño 4 águilas coronadas en cada esquina y modificó el escudo.

La Bandera vigente con Benito Juárez, es considerada la Segunda Bandera Nacional y se asemeja a la bandera de nuestros días salvo que el águila es de alas abiertas, con Porfirio Díaz, nuestra bandera tuvo varias modificaciones, la primera fue al escudo, donde agregó el color azul, que simula el lago de Tenochtitlán y la segunda modifica los colores del escudo y define la proporción de la bandera por primera vez.

Fue con Venustiano Carranza que nuestra águila deja de tener alas abiertas y se muestra de perfil por primera vez y en 1934, se crea la Ley de Símbolos Patrios, con la que Jorge Enciso, renueva el diseño del Escudo Nacional.

Y con Gustavo Díaz Ordaz, se ordena no realizar más modificaciones a la Bandera Mexicana.

En las escuelas durante nuestra infancia recitábamos el Juramento a la Bandera, como parte de la ceremonia de todos los lunes, sin embargo, ese juramento lo debemos de traer presente todas y todos los mexicanos para que todos los días con nuestras acciones honremos nuestra patria y nuestra Bandera Nacional.

“¡Bandera de México!,
legado de nuestros héroes
símbolo de la unidad
de nuestros padres
y de nuestros hermanos,
te prometemos ser siempre fieles
a los principios de libertad y de justicia
que hacen de nuestra Patria
la nación independiente
humana y generosa
a la que entregamos nuestra existencia.”

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Andrea García García.





 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día del Ejército Mexicano”.







 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día del Ejército Mexicano”.







 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día de la Mujer Mexicana”.







 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Justicia Social”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial de la Justicia Social.

La Asamblea General en su resolución 62/10 proclamó el 20 de febrero el Día Mundial de la Justicia Social en donde se invita a los Estados Miembros a dedicar este día especial a promover, a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.1

Los objetivos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social fueron los siguientes:

• La erradicación de la pobreza

• La promoción del pleno empleo

• El fomento de la integración social, especialmente de los grupos más desfavorecidos.2

La resolución añadió que actualmente la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y capital, así como los adelantos de la tecnología para el crecimiento de la economía mundial, el desarrollo y la mejora del nivel de vida en todo el mundo. Por otro lado, reconoció que en el hemisferio se cuentan con grandes problemas como lo son: las agudas crisis financieras, la inseguridad, la pobreza, la exclusión y la desigualdad.3

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Se defienden los principios de justicia social  cuando se  promueve la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Asimismo, cuando se eliminan las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

La Declaración de la OIT, adoptada en 1998, reconoce que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para asegurar la equidad y el progreso social y para erradicar la pobreza.

La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.

La igualdad de género se entiende como uno de los principios básicos de la justicia social.4 En los últimos, las mujeres han conseguido avanzar mucho durante el último siglo, conquistando en muchas sociedades el derecho al voto, el derecho al divorcio, el derecho a la propiedad, a la igualdad salarial e incluso, en algunos países, el derecho a un aborto seguro y legal. Sin embargo, ONU Mujeres señala:

“En la mayoría de los países, las mujeres en promedio ganan sólo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres. Las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas; entre 2 y 10 veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y enfermas). Casi el 90% de las 143 economías estudiadas registran al menos una diferencia legislativa que restringe las oportunidades económicas para las mujeres, y el origen étnico y el género interactúan para crear brechas salariales especialmente amplias en el caso de las mujeres pertenecientes a algún tipo de minoría”.5

De acuerdo al informe “Enfrentando la desigualdad de género”, publicado en 2015 por la Comisión de Género, Desigualdad y Poder de la LSE, las causas que provocan desigualdades entre mujeres y hombres persisten en ámbitos como la política, la economía, el sistema legal y los medios. Todos ámbitos interconectados y que no pueden analizarse de manera independiente. Por ejemplo, en el caso del sistema legal, la capacidad de la ley para luchar contra las desigualdades de género depende en gran medida de las fuerzas políticas, económicas y socio-culturales imperantes, las cuales determinarán en última instancia el valor de estas leyes para hacer frente a estas desigualdades.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de febrero de 2017.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 Véase en: http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-de-la-justicia-soc-4/. 19/02/2017

2 Véase en http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/copenhage.htm. 19/02/2017.

3 Véase en: http://www.cndh.org.mx/Fecha_Relevante/?id=2017-02-20#_ftn2. 20/02/2017.

4 Véase en: http://www.unitedexplanations.org/2017/02/20/no-habra-justicia-social-sin-igualdad-genero/.
20/02/2917.

5 Véase en:http://www.unitedexplanations.org/2017/02/20/no-habra-justicia-social-sin-igualdad-genero/. 20/02/2017.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 23 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:39 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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