Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 30 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 3

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Febrero de 2017

SUMARIO                                              


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MESA DIRECTIVA

Informa que autoriza las ampliaciones y rectificaciones de turno a los siguientes asuntos:

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, presentada el 2 de febrero pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones en materia social, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Asociaciones Público Privadas y la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentado el 26 de junio de 2013, para quedar en las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.

Proyecto de Decreto que crea la Ley Federal de Derechos para la Equidad y la Igualdad Social, presentada el 14 de marzo de 2013, para quedar en las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos.































































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:41 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 73 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del miércoles 8 de febrero, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y cuatro minutosdel díajueves dos de febrero de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y dosciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de febrero de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Miguel Romo Medina, su informe de actividades Legislativas.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Carlos Manuel Merino Campos, su informe de labores del período comprendido de octubre de 2015 a agosto de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, su Cuarto Informe Legislativo. Actividades y Logros 2015-2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, su informe de labores Legislativas 2015-2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Pesca y Acuacultura, su informe de actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y, su Programa Anual de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Población y Desarrollo, su informe de actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, el informe de su participación en “Igualdad de Género y medios de comunicación: III Foro Parlamentario Beijing 20 años después”, de ParlAmericas, que se llevó a cabo los días 12 y 13 de enero de 2017, en Santiago de Chile, República de Chile.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Esteban Albarrán Mendoza, el informe de su participación en la XXXII Asamblea del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y en el Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, “Alcanzando los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países: El Rol de los Parlamentos”, realizado del 1 al 3 de diciembre de 2016, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, el informe de su participación en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 22), llevada a cabo del 7 al 18 de noviembre de 2016, en Marrakech, Marruecos.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Andrea García García, el informe de su participación en la gira de trabajo de la Cuarta Edición del Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas, celebrada del 16 al 18 de noviembre de 2016, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Graciela Ortiz González, su informe de actividades en su calidad de Vicepresidenta de la Cuarta Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas, derivado de las reuniones que se llevaron a cabo en el marco de la 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada del 22 al 27 de octubre de 2016, en Ginebra, Suiza.- Quedó de enterado.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, que normará la Sesión Solemne para recibir al Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, que normará la Sesión Solemne del Senado de la República en Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, para la recepción del informe anual de labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicación)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite iniciativa preferente presentada por el Presidente de la República en la sesión de Congreso General el 1 de febrero de 2017, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- La Mesa Directiva informó de su turno directo e inmediato a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el miércoles 1 de febrero.

(Declaratoria)

Se recibieron dieciocho oficios de los congresos de los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas con los que remiten su aprobación al proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.- Se realizó el escrutinio correspondiente, el Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de aprobación del Decreto. Se remitióa la Cámara de Diputados.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que se tiene contemplada la participación de una delegación de cadetes de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, para participar en el desfile militar a realizarse en la ciudad de Santo Domingo el 27 de febrero de 2017, con motivo del 173 aniversario de la Independencia de la República Dominicana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Informe sobre los avances y resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico implementada a través del “Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018”, correspondiente al segundo semestre de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Económico.

 

Se recibieron de la Secretaría de Desarrollo Social, oficios con los que remite:

1. El Informe Final de la Evaluación Complementaria de Resultados del Programa 3x1 para Migrantes 2013-2014; el Anexo 3 -señalado en el numeral 11 del Programa Anual de Evaluación 2016-; y el Documento de Posicionamientos Institucional,

2. El Informe Final de la Evaluación de Procesos del Programa de Coinversión Social y la Posición Institucional y

3. Análisis y valoración relativos a los Informes Finales de las Evaluaciones de Consistencias y Resultados 2016 de los programas U008 “Subsidios a programas para jóvenes” y E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”.

La documentación se remitió a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Cuarto Informe Trimestral 2016, correspondiente al período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 y, su Programa Anual de Trabajo 2017.- Se remitieron a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Embajada de México en Argentina, oficio suscrito por el Embajador Fernando Jorge Castro Trenti, con el que remite su Informe Anual de Actividades 2016.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió del Instituto Nacional Electoral, el Informe de resultados que presenta la Dirección del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva respecto de la solicitud de iniciativa ciudadana con proyecto de Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.- La Mesa Directiva comunicó que el informe confirma que la iniciativa ciudadana cumple con el porcentaje de las firmas del 0.13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; motivo por el cual la iniciativa ciudadana estaba en posibilidad de turnarse a comisiones. En consecuencia, se dio por recibida la iniciativa ciudadana con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y II del artículo único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos y se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de Decreto:

1. Por el que se reforman los artículos 24 y 366 Ter y se adiciona el artículo 209 Quáter al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

2. Por el que se reforman los artículos 211, la denominación del Capítulo I del Título Décimo Quinto; 259 Bis y se adicionan los artículos 210 Bis; 259 Ter; 259 Quáter y una fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

3. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

4. Por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

5. Por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 29 de la Ley Federal de Defensoría Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

6. Por el que se reforma y adiciona el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

7. Que reforma los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

8. Que reforma el artículo 6 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

9. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

10. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

11. Por el que se adiciona una fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

12. Por el que se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

13. Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

14. Por el que se adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

15. Por el que se reforma y adiciona el artículo 310 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

16. Por el que se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

17. Por el que se reforma el numeral 3 del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

18. Por el que se declara el día 4 de agosto de cada año como el “Día Nacional de Calakmul, Campeche, Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México”, que comprende la zona arqueológica de la antigua ciudad maya y la reserva de la biósfera de los bosques tropicales protegidos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

19. Por el que se reforma la fracción XV del artículo 3º y se adiciona un segundo párrafo y las fracciones I, II y III al artículo 29 de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

20. Por el que se reforman los artículos 8º y 9º de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

21. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

22. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

23. Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

24. Por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.

25. Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 18 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la MIPyMES Mexicanas”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.

26. Por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos.

27. Por el que se reforman los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

28. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

29. Por el que se reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera.

30. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.

31. Por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

32. Por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

33. Por el que se reforman 24 ordenamientos en materia de reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, sustitución del nombre de Distrito Federal y definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales.- Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios con los que devuelve los expedientes de los siguientes proyectos de Decreto, desechados para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional:

1. Uno, para adicionar la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos.

2. Uno, para adicionar una fracción XXIV al artículo 19 de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera.

3. Uno, para reformar el artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

4. Uno, para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Agraria y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

5. Uno, para reformar la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo     Regional y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Acuerdo por el que se exhorta a los tres Poderes de la Unión a llevar a cabo la construcción de un Acuerdo nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios, se dé atención al 100% de los niños enfermos de cáncer en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, decretó un receso para dar inicio a la Sesión Solemne para recibir al Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría.

 

(RECESO)

 

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión.

(Toma de Protesta)

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana Irma Patricia Leal Islas como Senadora de la República.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de febrero de 2017.- Intervinieron los Senadores: María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI; Ernesto Gándara Camou del PRI; Marco Antonio Olvera Acevedo del PRI; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Jesús Casillas Romero del PRI; Marcela Guerra Castillo del PRI; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Blanca Alcalá Ruiz del PRI; Itzel Sarahí Ríos de la Mora del PRI; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Fernando Herrera Ávila del PAN; Graciela Ortiz González del PRI; Emilio Gamboa Patrón del PRI; Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva; y Manuel Humberto Cota Jiménez del PRI. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa las modificaciones en la integración de Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Comisión Permanente, acuerdo que concede licencia al Senador Javier Lozano Alarcón para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 de enero de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Permanente, acuerdo por el que manifiesta su posición con relación a la toma de protesta de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibieron de la Comisión Permanente, oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales:

1. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

2. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

3. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

4. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la República de Filipinas para evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, hecho en Manila, Filipinas, el diecisiete de noviembre de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

5. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Jamaica para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

6. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

7. Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de Combate a la Delincuencia Transnacional, hecho en la Ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Justicia.

8. Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el dos de marzo de   dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación.

 

Se recibieron de la Comisión Permanente, oficios con los que remite iniciativas de Senadores:

1. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por la Senadora Diva Gastélum Bajo, el 20 de diciembre de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

2. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 30 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, el 20 de diciembre de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

3. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, presentado por la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, el 5 de enero de 2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

4. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, el 5 de enero de 2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

5. Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación; reforma y adiciona la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal; y deroga diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria, presentado por los    Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Andrea García  García, Daniel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Martínez Elizondo, Juan Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Octavio Pedroza Gaitán, Héctor David Flores Avalos y Martha Tagle Martínez, el 11 de enero de 2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

6. Proyecto de Decreto que reforma los artículos 1º y 9º de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que contravengan el Derecho Internacional, presentado por el Senador Arturo Zamora Jiménez, el 17 de enero de 2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

7. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 73, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, el 25 de enero de 2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

8. Proyecto de Decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentado por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, el 25 de enero de 2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

9. Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado por los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Juan Carlos Romero Hicks y Armando Ríos Piter, el 25 de enero de 2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

10. Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentado por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, el 25 de enero de 2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Comisión Permanente, oficio con similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe sobre los resultados de la competencia internacional “CAMBRIAN PATROLS”, realizada en Wales, Reino Unido, del 14 al 23 de octubre de 2016.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

 

Se recibieron de la Comisión Permanente, oficios con similares de la Secretaría de Marina, con los siguientes informes de resultados:

1. Del Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVII”, realizado por personal de la Armada de México, frente a las costas de Panamá, del 18 al 28 de septiembre de 2016,

2. De la participación en la Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina “EXPONAVAL CHILE 2016”, llevado a cabo por personal de la Armada de México, en Valparaíso, Chile, del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2016,

3. De la participación del personal de la Armada de México en el 35º Aniversario de la Independencia de Belice, realizado en la Ciudad y Puerto de Belice, del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2016,

4. Del Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2016”, llevado a cabo por personal de la Armada de México en el espacio aéreo, marítimo y terrestre de Jamaica, del 19 al 28 de junio de 2016 y Del Crucero de Instrucción “IBERO-ATLÁNTICO 2016”, que realizó el Buque Escuela Arm Cuauhtémoc, del 12 de marzo al 3 de octubre de 2016.

Quedaron de enterado. Se remitieron a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, oficio por el que informa la integración del primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y la duración de cada persona en el cargo.- Quedó de enterado.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 8 de diciembre de 2016. En la discusión intervino el Senador Sofío Ramírez Hernández del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención dela Senadora Graciela Ortiz González, se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 73 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 153 y 154 y se deroga el artículo 151 del Código Penal Federal.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 13 de diciembre de 2016. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, por las comisiones. La Presidencia informó que las Comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuesta de modificación al artículo 154, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al proyecto de Decreto. En la discusión intervino el Senador Jesús Casillas Romero del PRI. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 75votos a favor.Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos Constitucionales.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal.-La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 13 de diciembre de 2016. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 71 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 13 de diciembre de 2016. Para presentar los dos dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Presidenta de la Comisión de Reforma Agraria. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 73votos a favor.Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos Constitucionales.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.-En la discusión intervinieron las Senadoras: Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor; y María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 72votos a favor.Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos Constitucionales.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 15 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional de la lucha contra el Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 13 de diciembre de 2016. Para presentar los dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Andrea García García, por las comisiones. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención dela Senadora Angélica Araujo Lara, se integraría al Diario de los Debates. Asimismo, informó que éste y los siguientes dos dictámenes se reservarían para su votación nominal en conjunto, en un solo acto. El proyecto de Decreto fue aprobado por 69 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional de la lucha contra el Cáncer Cervicouterino”.-La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 13 de diciembre de 2016. Asimismo, informó que el texto de la intervención dela Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado por 69 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de noviembre de cada año como el “Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 13 de diciembre de 2016. En la discusión intervino la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado por 69 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el calendario de sesiones para el Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIV Bis del artículo 7º de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Banco de México y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona el inciso g) al numeral 1 del artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el numeral 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 3 del artículo 146 del Reglamento del Senado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General de Bienes Nacionales y el artículo 151 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona la fracción IV Bis del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente proposición:

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud cumpla con lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSAI-2010 y sus modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2014, en materia de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasadas que contengan gluten.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre la Promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Centenario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la conmemoración de la firma del Tratado de Guadalupe.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 77 aniversario de la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día internacional de los Humedales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la no Violencia y la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Humedales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con doce minutos y citó a la siguiente el miércoles ocho de febrero a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora María Lorena Marín Moreno, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el Acta de la sesión ordinaria 2016 del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, celebrada el 30 de noviembre de 2016.







 

Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de la Delegación Mexicana que asistió a la 13ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas: Fortaleciendo Parlamentos y Construyendo Sociedades Resilientes para Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, celebrada del 5 al 7 de diciembre pasado.







 

Una, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la que remite su programa anual de trabajo 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico Ilícitos de Bienes Culturales, firmado en la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el 11 de diciembre de 2015.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Cultura.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil para el Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la Cachaca como Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de México y Brasil, respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el 25 de julio de 2016.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la ciudad de Dubái, el 19 de enero de 2016.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió un oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el que remite tres ternas de candidatos para la designación de Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese dicha documentación a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron de la Cámara de Diputados, las siguientes minutas proyectos de Decreto:

Por el que se declara el día 5 de mayo de cada año como “Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar”.







 

Y por el que se declara el día 5 de abril de cada año como “Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón”.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: También de la Colegisladora, se recibieron las siguientes minutas proyectos de Decreto:

Por el que se reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.







 

Y por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnense los dos proyectos referidos a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Asimismo, la Cámara de Diputados nos remitió un oficio por el que informa de modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a los Senadores integrantes de dicha comisión y a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada. Hoy tenemos la obligación, más que nunca, de proteger a nuestros ciudadanos, es por ello que el garantizarles el derecho a la salud que les otorga nuestro máximo ordenamiento es una tarea de todos los días.

En México las tasas de mortalidad de diversas enfermedades han incrementado por un diagnóstico no oportuno, no en el momento y no adecuado, al no contar con una atención adecuada y una información certera se corre el riesgo de no poder comunicar y difundir los signos y síntomas principales de los enfermos a sus familiares, así como el poder identificar oportunamente las enfermedades para canalizarlos rápidamente y puedan recibir una atención oportuna para salvaguardar su salud y en muchos casos la vida.

De lo anterior, se desprende que al cierre del 2013 se contaron con 1,775 procesos penales contra médicos por algún tipo de negligencia médica en algún hospital de salud.

Es así que, para poder garantizar más certeramente el derecho a la salud de las personas, es necesario crear un módulo de atención ciudadana a cargo de la Secretaría de Salud, para vigilar que se les esté dando la atención correcta a los pacientes y la información adecuada a sus familiares por parte de los doctores y del personal del respectivo hospital al que acudan.

Al crear un módulo de atención que tenga contacto directo con la Secretaría, los pacientes y los familiares ayudaremos a la atención oportuna garantizando el derecho a la salud que nuestro máximo ordenamiento establece y, por supuesto, y lo más importante, al derecho a la salud que nos demanda la sociedad y que en lo más mínimo, es lo que debemos de hacer como gobierno.

Por lo anterior, expongo y propongo reformar el artículo 51, que quede de la siguiente manera, de la Ley de Salud:

“Lo usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idóneas y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares”.

Por lo cual, cada hospital y centro de Salud, perteneciente a la Secretaría de Salud tendrá un módulo de atención ciudadana a cargo de la Secretaría de Salud, para vigilar que se les esté dando atención correcta a los pacientes y la información adecuada a sus familiares por parte de los doctores y el personal del respectivo hospital, de no ser adecuada dicha atención, la Secretaría de Salud por medio del módulo le podrá hacer recomendaciones a los Secretarios de Salud a nivel estatal, para que, estos a su vez, les den recomendaciones a los directivos de dichos hospitales y centros de Salud, y se pueda contar con una solución adecuada en pro de la salud de los mexicanos.

Por su atención a esta reforma, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morerales: Gracias a usted, Senadora Sonia Rocha Acosta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 154 Y EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda, este será el periodo que tengamos especial interés en la relación de México con Estados Unidos, en particular con la situación de nuestros connacionales radicados allá, para estar atentos en su defensa, en su protección, y para eso ya se han creado grupos de trabajo, para eso ya la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, y muchas compañeras y compañeros nos hemos unido a este gran esfuerzo.

Por eso, la primera iniciativa que habré de presentar en este Senado de la República tiene que ver con eso precisamente.

Conforme a datos y estudios del Consejo Nacional de Población, Conapo, los flujos migratorios de México a Estados Unidos datan de finales del siglo XIX, sin embargo, fue en la década de los 40’s que tomó mayor auge, cuando por causa de la participación de esa nación en la Segunda Guerra Mundial, sobrevino una escasez de trabajadores en el mercado laboral, lo que dio origen a la contratación de trabajadores temporales mexicanos, bajo convenios en el marco de lo que fue conocido como el “Programa Bracero”, de 1942 a 1964, principalmente migración temporal, masculina, de origen rural con destino a la agricultura.

En 1965 Estados Unidos optó por finalizar estos convenios y controlar el flujo migratorio, sin embargo, este no se detuvo y miles de mexicanos continuaron migrando de manera indocumentada. Así, esta persistencia provocó que a partir de la década de los 70’s cobrara gran relevancia la migración mexicana, proveniente principalmente de zonas rurales de los estados del occidente y norte del país.

A la fecha, la comunidad México-Americana asciende a más de 34 millones de personas, de los cuales 12.4 millones nacieron en México, indocumentados en su inmensa mayoría. De ellos, el 38.7 por ciento es de origen rural en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi.

Lamentablemente, como hoy lo sabemos, nuestros paisanos se han insertado aún más en un contexto social y político sumamente adverso, la toma de posesión del Presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, trajo consigo un clima de incertidumbre y miedo, en mérito de sus ya conocidas amenazas a las políticas antiinmigrantes.

El actual gobierno de los Estados Unidos anuncia que emprenderá acciones para deportar a más de 3 millones de connacionales en ese país.

En México se trabaja en la creación de estrategias de apoyo, orientación y protección a sus derechos; sin embargo, también debemos de estar pendientes y conscientes de la implementación de medidas urgentes ante la potencial contingencia de deportaciones masivas, garantizar la protección de los derechos humanos en esos procesos de repatriación, su reinserción social, económica, productiva, entre otros.

Como ya se dijo, casi el 39 por ciento de los migrantes son de origen rural, quienes al ser repatriados, se entiende, regresarían a sus comunidades de origen, comunidades en donde también el gobierno de la República trabaja en la elevación de la calidad de vida.

Por ello, es de destacar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contiene un apartado encaminado al bienestar social y atención prioritaria, de manera que en base a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, se fomente el denominado Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, para coadyuvar a superar la pobreza, estimular la solidaridad social y la cooperación, en apoyo de grupos vulnerables del medio rural, entre los que evidentemente se localizan nuestros migrantes.

Luego en la fracción IV del artículo 154 de la ley en cita, como en su artículo 162, se contemplan programas especiales para la atención de beneficiarios específicos.

El primero, encaminado a grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros y discapacitados; y en el segundo de los casos, encaminado a grupos vulnerables vinculados al sector rural, también con destinatarios o beneficiarios específicos en los que sólo se adiciona a los adultos mayores.

En ambos casos, los programas especiales y de beneficiarios específicos están enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, mediante actividades económicas conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica, así como con programas de empleo temporal.

En ambos casos, agropecuario o rural, caben perfectamente en la hipótesis de los migrantes, pues los que son originarios y residentes de dichas comunidades pertenecen al sector rural, aunque no laboren en las actividades agropecuarias.

No obstante, en ambos supuestos no se contempla el grupo vulnerable de los migrantes repatriados. Grupo Vulnerable que se pretende incluir en virtud de que los destinatarios de estos programas especiales, se insiste, son específicos.

Con ello se pretende que la población migrante, además de estar contemplada en lo general en los programas de integración de los factores de bienestar social, también lo serían en los casos de destinatarios específicos de los sectores agropecuario y rural a fin de atender de manera particular su propia problemática a través del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Para ello, se sugiere reformar el artículo 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable conforme a la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

“Artículo 154. …

Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, discapacitados y migrantes repatriados”.

Por otro lado, el artículo 162, que a la letra dice:

“Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector rural, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, adultos mayores, discapacitados y migrantes repatriados, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática en el Programa Especial Concurrente”.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias por su atención.

Espero que las comisiones dictaminadoras le den curso de manera inmediata a esta iniciativa que, sin duda, habrá de beneficiar a nuestros connacionales de regreso a nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 154 y artículo 162, ambos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que los migrantes mexicanos repatriados sean contemplados expresamente como grupo vulnerable de atención prioritaria y de asistencia social, a través de todas las vertientes del bienestar social que prevé el Capítulo XV del Título Tercero de dicha legislación, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), la migración México-Estados Unidos, es un fenómeno de carácter principalmente económico que responde a la combinación de diversos factores estructurales, tales como las disparidades salariales y de ingresos, demográficos y una creciente integración polifacética entre ambos países.

De acuerdo con datos de esta institución, los flujos migratorios de México a Estados Unidos datan de finales del siglo XIX, sin embargo, fue en la década de los 40’s que tomó mayor auge, cuando por causa de la participación de esta nación en la Segunda Guerra Mundial, sobrevino una escasez de trabajadores en el mercado laboral, lo que dio lugar a la contratación de trabajadores temporales mexicanos, bajo convenios en el marco de lo que fue conocido como “Programa Bracero” (1942-1964), principalmente migración temporal, masculina, de origen rural y prioritariamente con destino a la agricultura.

En 1965, Estados Unidos optó finalizar estos convenios  y controlar el flujo migratorio, sin embargo, éste no se detuvo y miles de mexicanos continuaron migrando de manera indocumentada. Así, esta persistencia provocó que a partir de la década de los 70’s cobrara gran relevancia la migración mexicana, proveniente principalmente de las zonas rurales de los estados del occidente y norte del país.

Ya en la década de los 80’s, las crisis económicas sufridas en ese entonces en nuestro país, implicaron mayor diversificación de flujos migratorios que incorporaron a personas de clase media , con mayores niveles educativos que se empleaban más en el sector industrial y de servicios, que de la agricultura. No obstante, los principales centros de expulsión siguen siendo los de origen rural del bajío mexicano.

Para finales de esta década y principios de los 90’s, habría más de 4 millones de migrantes mexicanos y para el año 2000 habría superado los 8 millones, de los cuales, el 60% era nativo de zonas rurales.

A la fecha, la comunidad Mexicoamericana asciende a más de 34 millones de personas, de los cuales, 12.4 millones nacieron en México, indocumentados en su inmensa mayoría. De ellos, 38.7% es de origen rural en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A lo largo del tiempo, nuestros connacionales en Estados Unidos han logrado una cierta estabilidad social y económica a base de su gran tenacidad, trabajo constante y esfuerzo, pues el 93% de la población económicamente activa se encuentra empleada. Los provenientes de zonas rurales y que se incrustaron laboralmente también en trabajos de índole rural en Estados Unidos, adicionalmente lacerados con las consabidas condiciones, como largas jornadas, bajo salarios, falta de acceso a seguridad social, inestabilidad laboral, falta de protección física, exposición a elementos de riesgo, entre otros.

Lamentablemente, como hoy lo sabemos, nuestros paisanos se han insertado aún más en un contexto social y político sumamente adverso. La toma de posesión del Presidente Electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, trajo consigo un clima de incertidumbre y miedo, en mérito de sus ya conocidas advertencias y políticas anti inmigratorias.

Las amenazas de deportaciones masivas, posicionan a nuestros connacionales en ese país en una situación especialmente vulnerable, particularmente para 11 millones de mexicanos en calidad de indocumentados, cuya repatriación es más latente que nunca.

En México se trabaja en la creación de estrategias de apoyo, orientación y protección de sus derechos, sin embargo, también debemos estar pendientes y conscientes de la implementación de medidas urgentes ante la potencial contingencia de deportaciones masivas, garantizar la protección a los derechos humanos en esos procesos de repatriación, su reinserción social, económica y productiva ya en nuestro país, como también, el acceso a servicios públicos, entre ellos los servicios de salud y educación y en general el fortalecer las políticas públicas de apoyo a migrantes.

Hoy más que nunca, el Estado Mexicano se ha involucrado de manera constante y con mayor interés en la calidad de vida de sus connacionales emigrantes. El Senado de la República no es ajeno a esta situación y como ya es sabido, se ha conformado un grupo de Senadores para coadyubar en los trabajos en pro de nuestros migrantes.

Para ello, se han realizado una serie de planteamientos sobre acciones y medidas, algunas de carácter legislativo, que pudieran implementarse a la brevedad posible para proveerles apoyo y cobijo, tanto en los Estados Unidos como en nuestro país, en caso de deportación.

En esa inercia, a partir de este periodo ordinario de sesiones, tendrá verificativo la presentación de una serie de iniciativas encaminadas a tales fines, para el caso del presente documento, a través de los mecanismos de bienestar y desarrollo económico y social de las comunidades rurales, en particular para con nuestros migrantes repatriados, integradas como sujetos que forman parte de los grupos vulnerables de dichas comunidades en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Como ya se dijo, del universo de migrantes mexicanos en riesgo de deportación, cerca del 39 % son de origen rural, quienes, así se entiende, aquellos repatriados regresarían a sus comunidades de origen.

Dentro de las prioridades de la referida Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se contempla la relativa a la elevación en la calidad de vida de la población rural. En sus contenidos podemos identificar en su capítulo XV, un apartado encaminado al bienestar social y atención prioritaria, de manera que en base a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, se fomente el denominado Programa Especial Concurrente, para de manera conjunta con la organización social, coadyuvar a superar la pobreza, estimular la solidaridad social, el mutualismo y la cooperación, en apoyo de grupos vulnerables del medio rural, entre los que evidentemente se localizan nuestros migrantes.

Luego, en la fracción IV del artículo 154 de la Ley en cita, como en su artículo 162, se contemplan sendos programas especiales para la atención de beneficiarios específicos.

El primero, encaminado a grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros y discapacitados.

En el segundo de los casos, encaminado a grupos vulnerables vinculados al sector  rural, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, adultos mayores y discapacitados.

Como se lee, la diferencia de beneficiarios específicos es el grupo de adultos mayores, que se entiende pertenecen al sector rural, pero ya no directamente en las actividades agropecuarias.

En ambos casos, los programas especiales y de beneficiarios específicos estarán enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, mediante actividades económicas conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica a cargo de las dependencias competentes, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas.

En ambos casos, agropecuario o rural, caben perfectamente las hipótesis de los migrantes, pues los que son originarios y residentes de dichas comunidades pertenecen al sector rural, aunque no laboren en las actividades agropecuarias.

No obstante, en ambos supuestos de programas especiales, no se contempla el grupo vulnerable de los migrantes repatriados, que se augura incrementará considerablemente a partir del presente año, por las razones dadas con antelación. Grupo vulnerable que se pretende incluir.

Con ello, se pretende que la población migrante, además de estar contemplada en lo general en los programas de integración de los factores del bienestar social, como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la cultura y la recreación; también se contemplen en los casos de beneficiarios específicos de los sectores agropecuario y rural, a fin de atender de manera particular su propia problemática, su asistencia social y algo muy importante, en programas de empleo temporal en el medio rural.

Esto es, contemplarlos expresamente como grupo vulnerable de atención prioritaria y asistencia social, a través de todas las vertientes del bienestar social que prevé el capítulo XV del Título Tercero de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Lo anterior, complementado con medidas de protección a derechos humanos y que fomenten el arraigo de las familias migrantes, de conformidad al artículo 163 de la propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que para el ejercicio fiscal que transcurre, fue adicionado con un nuevo rubro en la vertiente de desarrollo social, denominado “Atención al Migrante” con un presupuesto de 156 millones de pesos, adicionales a los 75 millones de pesos que ya contemplaba desde ejercicios anteriores en el rubro de Relaciones Exteriores.
Para ello, se sugiere reformar la fracción IV del artículo 154 y artículo 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en los términos sugeridos en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SEREFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 154 Y ARTÍCULO 162, AMBOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, PARA QUE LOS MIGRANTES MEXICANOS REPATRIADOS SEAN CONTEMPLADOS EXPRESAMENTE COMO GRUPO VULNERABLE DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y DE ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE TODAS LAS VERTIENTES DEL BIENESTAR SOCIAL QUE PREVÉ EL CAPÍTULO XV DEL TÍTULO TERCERO DE DICHA LEGISLACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 154 y artículo 162, ambos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 154.- (…)

(…)

I. a la III. (…)

IV. Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, discapacitados y migrantes repatriados, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, mediante actividades económicas conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica a cargo de las dependencias competentes, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas.

V. a la VI. (…)

Artículo 162.- Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector rural, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, adultos mayores, discapacitados y migrantes repatriados, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas, en los términos del Programa Especial Concurrente.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Jesús Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

En los últimos tiempos hemos estado observando distintos reclamos de la opinión pública de la sociedad, derivados en gran medida de la poca o nula eficiencia que observan de las instituciones gubernamentales que en el marco de una crisis económica, esta crisis de credibilidad, por supuesto, lleva a discusión temas que antes pareciera, no debiesen haberse tocado.

Sin embargo, creo que en el marco de esta discusión que ha tomado como blanco el que desaparezcan del espectro de la representación legislativa, las plurinominales, las diputaciones o senadurías que vienen por una lista de representación proporcional a partir de lo que cada partido político tiene como resultado de la votación y ésta se refleja por consiguiente, en el caso de la Cámara de Diputados, en cinco listas, cada una de las cinco circunscripciones, y en el Senado en una lista nacional.

La discusión no sería relevante si no distinguimos también que detrás de ella hay una serie de reclamos que es necesario atender y a partir de que también nos hagamos distintas preguntas, retomemos las distintas preocupaciones que desde la sociedad civil se hacen respecto de estos encargos que forman parte de la integración de uno de los tres Poderes de la Unión, como es el caso del Congreso de la Unión, del ámbito legislativo, que no solamente repercute a cómo se integran las Cámaras del Congreso de la Unión, sino también tendría una trascendencia a los ámbitos locales, aunque no son propiamente el blanco de las críticas cuando menos a nivel nacional.

Si alguien hace una revisión respecto del trabajo que realizan los congresos locales, la eficiencia y, sobre todo, el avance en cuestiones fundamentales que favorezcan a los distintos espectros de la sociedad, pues diríamos que también hay que corregir mucho de lo que acontece o lo que es necesario que distinga al trabajo de los congresos locales, sobre todo cuando hay materias que cuesta mucho trabajo reformar y que todavía siguen estado ahí presentes como asuntos consuetudinarios que no van acorde con el proceso que nuestra nación ha emprendido desde el Congreso de la Unión, sobre todo en algunas reformas importantes que visibilizan los derechos de distintos grupos que siguen integrándose como grupos vulnerables o como minorías, que no son tan importantes, insisto, en la determinación de las acciones y políticas gubernamentales.

Yo estoy totalmente a favor de que se haga una revisión, ese es el sentido de la iniciativa que estoy poniendo a su consideración para que se turne a su revisión en comisiones, de que la Cámara de Diputados, si bien hay un proceso importante que vino elevando a 300 distritos uninominales, 100 diputaciones plurinominales, y luego en el ‘86 integran otras 100 más, para que finalmente tengamos una Cámara de Diputados de 500 integrantes, hombres y mujeres, es verdad que es una Cámara de Diputados, quizás la más grande en cuanto a la proporción de números de habitantes de un país respecto el acontecer en otras partes del mundo.

Y el caso del Senado de la República, si bien los 128 Senadoras y Senadores, tenemos un trabajo en comisiones que es intenso, que permite, incluso, una posibilidad de una interacción más puntual, incluso, más escrupulosa en la atención de la materia de los temas que estamos tratando, también no deja de estar en el centro de los señalamientos y la discusión que se hacen de las críticas que se hacen, también contra el Senado de la República.

Sin embargo, me parece muy grave la pretensión, sobre todo en la Cámara de Diputados, de algunos legisladores que están pretendiendo desaparecer los plurinominales, sin embargo, yo soy radical en el sentido de que hay que recortar el número de integrantes de la Cámara de Diputados y, por supuesto, ya sé que esta iniciativa que yo presento para su consideración en comisiones refleja una posición radical, y además de que reorganiza los distritos del país, en vez de 300 a 125, por supuesto también legitima la importancia de la presencia de las candidaturas plurinominales como los espacios, efectivamente, del resultado de la votación que se obtiene por cada partido político, es el número proporcional de legisladoras y legisladores que forman parte de este conglomerado que se conoce como legisladores plurinominales.

Hay que entender, hay que recordar de nuevo la historia de la transición democrática en nuestro país; el partido único, que práctica e ineludiblemente se veía como el partido del Estado mexicano, y su transición hacia el reconocimiento de otras fuerzas políticas, de otros partidos incipientes, distintos, que reflejan la pluralidad de nuestra nación.

Así han venido siendo prácticamente las últimas reformas, particularmente las últimas del siglo pasado, la del ‘77 y luego la del ‘96 con una transición fundamental donde el gobierno deja de organizar y calificar las elecciones, o bien se crea un ente contencioso electoral para que ya no sea el Colegio Electoral, que se conformaba por legisladores, y trate, desde el Poder Judicial la calificación de las elecciones.

De eso trata esta iniciativa que hoy estoy poniendo a su consideración.

Por supuesto que pido a la Mesa Directiva inscriba la misma de manera textual en el Diario de los Debates, simplemente voy a apuntar parte de la introducción que hago en la iniciativa, por supuesto recordando, en este caso de manera muy puntual, lo que uno de los grandes precursores que tenemos en nuestro país, en nuestra nación, han estado señalando respecto a la transición que nos debe obligar.

Quiero recordar parte de las preguntas que se hacen alrededor de esta discusión, de si efectivamente, resulta cara la democracia para nuestro país, yo creo que hay que actuar en congruencia que no resulte cara desde el punto de vista económico, sino más bien que se legitimen los resultados de la eficiencia de las decisiones que se tomen para que sus resultados sean favorables.

Hace poco Lorenzo Córdova, frente a los cuestionamientos a los plurinominales, él decía: “Los sistemas electorales se dividen en dos grandes tipos: los de mayoría, en los cuales el escaño en disputa en cada circunscripción electoral se otorga al candidato que obtuvo el mayor número de votos, y los de representación proporcional, que asignan los escaños en proporción a la votación obtenida por cada fuerza política.

Comparando los efectos de uno y otro sistema algo es concluyente: “la pluralidad política de una sociedad se refleja de mejor manera en los sistemas de representación proporcional. Los sistemas proporcionales contribuyen más al carácter representativo de las democracias por el resultado de la diversidad ideológica de la representación política que producen”.

Es exactamente algo que tiene que motivarnos, algo que tiene que ser preservado, que forma parte ya de la historia de nuestro país y que sería muy grave un retroceso que impida el reconocimiento de esta pluralidad en nuestro país, que se garantiza precisamente con la presencia de los plurinominales.

Finalizo recordando lo que el jurista Luigi Ferrajoli, señala respecto a lo que debe ser la democracia representativa: “La idea de que una mayoría puede legitimar cualquier decisión, sin límites, contrapesos o controles representa una concepción de la democracia que es abiertamente inconstitucional”.

Y lo es ya que las mayorías pueden muy bien emanar leyes injustas además de indignamente inconstitucionales, como lo acredita la actividad de los tribunales constitucionales en los ordenamientos que disponen de esta jurisdicción.

“Pero sobretodo, la ilusión de una llamada voluntad general como voluntad buena no sometida a límites legales, ha sido trágicamente desmentida por los totalitarismos del siglo pasado, que ciertamente gozaron de un consenso mayoritario y fueron en sí mismos un suicidio de las democracias”.

No podemos retroceder en nuestro país, lo que ha abonado precisamente a tener esta democracia representativa y plural.

Gracias por su atención.

Iniciativa

Quien suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, propongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, (Para reducir a doscientos cincuenta el número de diputadas y diputados federales por ambos principios de representación y a noventa y seis el número de integrantes del Senado de la República), al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para el jurista italiano Luigi Ferrajoli la idea de que una mayoría puede legitimar cualquier decisión, sin límites, contrapesos o controles representa una concepción de la democracia que es abiertamente inconstitucional. Y lo es ya que las mayorías pueden muy bien emanar leyes injustas además de indignantemente inconstitucionales, como lo acredita la actividad cotidiana de los tribunales constitucionales en los ordenamientos que disponen de esta jurisdicción. Pero sobre todo, la ilusión de una llamada voluntad general como voluntad buena no sometida a límites legales ha sido trágicamente desmentida por los totalitarismos del siglo pasado, que ciertamente gozaron de un consenso mayoritario y fueron en sí mismos un suicidio de las democracias1.

Por tanto, la característica fundamental de una democracia no es tanto el consenso libre, cómo el libre disenso. De ahí la importancia fundamental de la representación política.

En nuestra incipiente democracia y nuestro sistema electoral, la representación política recae necesariamente en el Congreso de la Unión, mediante el procedimiento que le permite a cada partido político los espacios correspondientes en virtud de la votación recibida.

“En términos generales, los sistemas electorales se dividen en dos grandes tipos: los de mayoría, en los cuales el escaño en disputa en cada circunscripción electoral se otorga al candidato que obtuvo el mayor número de votos, y los de representación proporcional, que asignan los escaños en proporción a la votación obtenida por cada fuerza política. Comparando los efectos de uno y otro sistema algo es concluyente: la pluralidad política de una sociedad se refleja de mejor manera en los sistemas de representación proporcional. Los sistemas proporcionales contribuyen más al carácter representativo de las democracias por el resultado en la diversidad ideológica  de la representación política que producen. Por otra parte, los sistemas de mayoría tienden, por su propia naturaleza, a acentuar el fenómeno de sobre y subrepresentación”2.

Por ello, la representación política es uno de los temas que en democracia tiene un    valor fundamental, ya que mediante ésta las distintas voces, posiciones políticas e ideologías encuentran su caja de resonancia y su expresión en los órganos legislativos.

La representación política en nuestro país tiene su antecedente remoto en el año de 1963, año en el que mediante una reforma constitucional a los artículos 54 y 63 se estableció que se otorgarían 5 diputados a cada partido político que lograra el 2.5% de la votación nacional y uno más por cada 0.5% adicional hasta llegar a 20.

Eran los tiempos del llamado partido único. La Cámara de Diputados se integraba con 210 diputados y la de Senadores se componía de 60 integrantes. Cabe recordar que en Quintan Roo y Baja California Sur eran todavía territorios federales. Los espacios democráticos eran escasos, la participación política, el derecho de reunión y asociación se desarrollaban en las universidades públicas, sindicatos independientes y en organizaciones o comunidades agrarias y otros más participaban en la lucha armada.

En diciembre de 1977 aparece la gran reforma político electoral que permitió elevar a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público y amplió el sistema de partidos y la participación de éstos en el Congreso. Dicha reforma establece un sistema mixto de representación proporcional, incrementando el número de diputados a 400 -divididos éstos en 300 uninominales y 100 plurinominales-, redujo también los requisitos para que los partidos políticos obtuvieran su registro -si bien estableció dos categorías de reconocimiento, el definitivo y el condicionado- y reconoció personalidad a las asociaciones políticas. Todo ello permitió la incorporación de nuevos actores políticos. En estas circunstancias, el Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) solicitaron y obtuvieron su registro condicionado. Además, cuatro asociaciones     políticas nacionales de izquierda (Unificación y Progreso A.C., la Unidad Izquierda Comunista, el Movimiento por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y Acción Comunitaria A.C.) quedaron habilitadas para participar electoralmente en alianza con algún partido político.

Esta reforma significó en su objetivo fundamental que todas las fuerzas políticas, sociales e ideológicas del país encontraran su representación en un primer momento en la Cámara de Diputados y posteriormente en el propio Senado de la República.

Sin embargo, el tema de la representación política no es ajeno a la crítica y al escrutinio público. Hay que reconocer que actualmente se ha llegado a cuestionarse seriamente la falta de confianza y descrédito de la institución legislativa.

Hoy a raíz de la crisis económica y el aumento indiscriminado al precio de los combustibles, los cuestionamientos apuntan hacia lo siguiente:

¿Qué tanto cuestan los representantes populares cuyo origen es la representación proporcional? ¿Qué tanto le cuestan a las finanzas nacionales los partidos políticos? ¿Podría ese dinero servir para combatir la pobreza y la desigualdad en México? ¿Es cara la democracia en México? ¿Son escasos sus resultados favorables? ¿Cuáles son los problemas reales que atiende la democracia? ¿Qué tan necesaria es ahora la representación proporcional? El método, a 54 años de haberse implantado en México, ha pasado por varias etapas: Integró a la representación nacional, estatal y municipal a cuadros destacados de los partidos; incrementó la pluralidad en las instancias de representación política; disminuyó tensiones; mejoró la calidad del debate político, pero gradualmente ha degenerado...3.

En virtud de lo antes señalado, la iniciativa que se somete a la consideración de esta alta Soberanía va encaminada a disminuir significativamente el número de diputados federales por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) hasta en una mitad y la de Senadoras y Senadores por el principio de primera minoría, sin afectar la representación proporcional. Con ello la división geográfica electoral se reduciría a 125 distritos electorales y la asignación de diputados plurinominales sería también de 125 diputados en las cinco circunscripciones plurinominales.

Con ello si bien la Cámara de Diputados y el Senado de la República tendrían un ahorro significativo al reducir a la mitad a las y los diputados y eliminar la figura de Senadoras y Senadores de primera minoria, no se vería afectada la pluralidad política del país. Recordemos que actualmente existen propuestas encaminadas a eliminar de tajo la representación proporcional bajo un discurso de falsa austeridad y que de aprobarse llevaría al Congreso de la Unión a la época del llamado Partido de Estado.

Por otra parte proponemos que en el caso del Senado de la República sea obligación de todas y todos los Senadores independientemente de la vía en la que fueron electos informen a la ciudadanía al término de cada año legislativo de las actividades legislativas, de representación, oficiales y de Grupo Parlamentario que hayan realizado en dicho periodo, con la finalidad de garantizar en esta Cámara los principios de legalidad, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar cómo sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 125 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 125 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales

Artículo 53. La demarcación territorial de los 125 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso    la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 125 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 125 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I a VI …

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de  representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. Al término de cada año legislativo deberán informar a la ciudadanía de las actividades legislativas, de representación, oficiales y de Grupo Parlamentario realizadas en dicho periodo.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 Ferrajoli, Luigi. La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político. Traducción de Perfecto Andrés Ibañez. Editorial Trotta. Madrid 2014, p 28.

2 La representación proporcional como reivindicación del principio democrático. Periódico Excélsior 25 de agosto de 2015, Lorenzo Córdova Vianello, articulista.

3 Los pluris y los partidos un debate interminable. Revista Critica. Hermosillo Sonora. Martes 31 de enero de 2017, artículo de Bulmaro Pacheco M.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Si le dan volumen, por favor, al Senador Ávila Ruiz, ¿con qué objeto?

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, Senador Pablo Escudero Morales, Senador por la Ciudad de México.

Es para solicitarle a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permitiera suscribir con ella este proyecto de Decreto que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Daniel Ávila.

¿Senadora De la Peña?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Sí.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Adelante.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: (Desde su escaño) Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnense a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

PROTESTA DE LEY

Compañeros Senadores, a partir de la licencia que este Pleno autorizó al Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, esta Mesa Directiva convocó al ciudadano Raymundo García Chávez, quien se encuentra en el salón contiguo para que rinda protesta de ley.

Por esta razón solicito a las Senadoras y a los Senadores, Hilaria Domínguez Arvizu, Francisco Salvador López Brito, Jorge Aréchiga Ávila, Margarita Flores Sánchez y Jesús Priego Calva, lo inviten a pasar a este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Solicito a la Asamblea sea tan amable ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ciudadano Raymundo García Chávez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador de la Republica que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Raymundo García Chávez: ¡Sí protesto!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Senador!

Lo invitamos a pasar a ocupar su escaño.





 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Compañeros Senadores, en el Orden del Día de nuestra sesión tenemos registrada la recepción del Informe de Labores 2016 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

A fin de introducir a este salón de sesiones a la Doctora Ximena Puente de la Mora y a los demás comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, esta Presidencia designa a las Senadoras y a los Senadores: Anabel Acosta Islas, Sonia Rocha Acosta, Luz María Beristain Navarrete, Jorge Aréchiga Ávila, Ana Gabriela Guevara Espinoza, María del Rocío Pineda Gochi y Ricardo Urzúa Rivera.

Y hacemos un receso por tres minutos.

(Receso)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se reanuda la sesión.

Saludo la presencia de la doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Asimismo, también nos da mucho gusto recibir a las señoras y a los señores comisionados:

Al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, bienvenido doctor.

A la licenciada Areli Cano Guadiana, bienvenida Areli.

Al licenciado Oscar Mauricio Guerra Ford, bienvenido.

A la doctora María Patricia Kurczyn Villalobos. Doctora, qué bueno que esté aquí.

Y al licenciado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

¡Bienvenidos todos!

Quienes acuden ante esta Soberanía con la finalidad de cumplir con la entrega del informe de labores 2016.

También saludamos con mucho respeto a todos aquellos servidores públicos que trabajan en el Instituto y acompañan a la Presidenta y a los comisionados.

El informe de labores del Inai se presenta en cumplimiento de lo que marca el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para la presentación del informe, la Cámara de Senadores acordó recibir a la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Conforme al Acuerdo aprobado, hará uso de la palabra la Comisionada Presidenta.

En consecuencia, tiene la palabra la doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta Instituto.

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Buenas tardes señoras y señores Senadores.

A nombre de mis compañeras y compañeros comisionados que integramos el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, agradezco esta oportunidad para dirigirles el mensaje con respecto al informe de labores de este Instituto, correspondiente al periodo octubre de 2015 a septiembre de 2016 en estricto acatamiento a los artículos 6o., apartado A, fracción VIII de la Carta Magna; 41 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 24 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Saludo con un gran respeto al Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Senadores.

Saludo también a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz y a los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán y Luis Sánchez Jiménez en su calidad de Vicepresidentes de esta Mesa Directiva.

Así como a las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia y el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

Saludo, por supuesto, a mis compañeras y compañeros integrantes del Pleno del Inai, Areli Cano Guadiana, María Patricia Kurczyn Villalobos, Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez.

Al contador público Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.

Al licenciado Israel Uriostegui, quien acude en representación de Mercedes de Vega, Directora General del Archivo General de la Nación.

A José Garza Cantú, en representación de Julio Santaella, Presidente de la Junta del Gobierno del Inegi.

A los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, instancia colegiada sobre las que construimos el presente y el futuro del acceso a la información.

A Yoli García Álvarez, Coordinadora Nacional de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas.

Comisionadas y comisionados de los órganos garantes de la República que nos acompañan.

Me llena de orgullo también contar con la presencia de mi hija Valeria, a quien todos los días le inculco el amor por nuestro país.

Medios de comunicación aquí presentes.

Distinguidas Senadoras y Senadores:

México vive momentos que demandan unidad y solidaridad. El contexto internacional reta nuestra templanza y capacidad de adaptarnos y prepararnos para el cambio.

México y su democracia, sin duda alguna, saldrán más fuertes de esta prueba.

Los mexicanos estamos unidos, y somos un pueblo pacífico, abierto, tolerante y respetuoso. Con el trabajo de cada uno, con la unidad nacional en torno a las leyes y a las instituciones, saldremos una vez más adelante.

Estamos por cruzar el umbral que divide una amplia fase de definiciones, de acciones específicas calibradas en los tiempos de nuestra democracia. En lo relativo a los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales.

Los esfuerzos de estos últimos tres años, han dado nuevos bríos a los derechos que tutelamos en el Inai, y han permitido la incorporación paulatina de más de 8 mil sujetos obligados hasta septiembre de 2016.

Gracias al trabajo iniciado, precisamente en este recinto, normativamente México es ahora motivo de reconocimiento.

Nuestra Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue la mejor calificada del mundo por el Center for Law and Democracy.

La transparencia es un derecho irreversible, parte esencial del ejercicio de nuestra democracia.

Las más recientes radiografías nacionales elaboradas por el Inegi acerca de la transparencia y protección de datos dejan ver la escasa credibilidad en el gobierno y sus instituciones.

El 58.8 por ciento de la población mayor de 18 años piensa que es difícil o muy difícil obtener información gubernamental, mientras que el 82.4 por ciento piensa que la información que se le brinda sería manipulada.

Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos las autoridades, es la restauración de la confianza ciudadana en sus instituciones. Para lograrlo, es fundamental que demos resultados, debemos acabar con la impunidad. La transparencia debe traer consigo rendición de cuentas, los descubrimientos de abuso y corrupción deben, necesariamente, tener sus consecuencias.

Transparentamos para mejorar, para corregir, para construir mejores políticas y para sancionar errores y desviaciones, la transparencia es un corrector de inercias.

Hoy más que nunca la transparencia es un recurso indispensable en los esfuerzos para mejorar las condiciones políticas y sociales de nuestro país.

A nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados que integramos el pleno del Inai, y como Comisionada Presidenta de este máximo órgano garante de la transparencia en nuestro país, me presento ante esta Soberanía, con el objetivo de rendir un informe puntual sobre los programas implementados y resultados obtenidos en el periodo que se informa.

En este periodo, se presentó un incremento del número de solicitudes, las y los mexicanos presentaron más de 202 mil requerimientos de información, lo que se traduce en un incremento del 83.3 por ciento del número de solicitudes presentadas respecto al año anterior.

El 40 por ciento proviene de solicitudes del ámbito académico, 19 por ciento del sector empresarial, y 10.6 por ciento de los medios de comunicación. Esta tarea ha sido primordial, el impulso de los órganos garantes estatales a través del Sistema Nacional de Transparencia y la incorporación de los nuevos sujetos obligados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sujeto obligado recién incorporado, ocupó la primera posición en el número de solicitudes recibidas, con más de 49 mil, con un índice de recurrencia de tan sólo 0.28 por ciento.

En segundo y tercer lugar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Consejo de la Judicatura Federal, con más de 8 mil solicitudes.

El tema de mayor interés, señoras y señores legisladores, para las y los mexicanos, es sin duda alguna la justicia, seguido de la salud.

Otro indicador que tradicionalmente ha permitido mostrar la inclinación de la sociedad de la información brindada por el gobierno, son las casi 36 millones de visitas a los portales de transparencia.

En mayo de 2017 vence el plazo para publicar el cumplimiento de los 48 rubros generales de obligaciones de transparencia de los más de 8 mil sujetos obligados en el ámbito federal, estatal y municipal, así como el apartado específico de los partidos políticos.

Al periodo que se reporta, se cuenta con un ingreso de 22 millones de registros en la Plataforma Nacional de Transparencia, tal como fue pensado, diseñado y aprobado en este recinto.

En este periodo se ha visto cómo la sociedad se ha vuelto más consciente acerca del proceso del ejercicio de su derecho de acceso a la información. Se presentaron casi 7 mil recursos de revisión, es decir, se atendieron 9.2 por ciento más recursos de revisión que en el mismo periodo del año anterior.

Aprovecho para destacar algunos de los casos más relevantes resueltos por las y los comisionados que integramos el Pleno del Inai y valorados precisamente en sus sesiones de Pleno:

Información desglosada sobre la evaluación docente 2015-2016 en educación básica y media superior.

Las opiniones técnico-jurídicas de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas.

La versión pública del expediente de Rosendo Radilla.

La información sobre el desempeño del Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Oficina Administrativa Nacional, en relación con el Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte.

El informe final sobre las investigaciones y estudios realizados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Las conclusiones de los trabajos de investigación realizados acerca del derrame petrolero en la plataforma Deepwater Horizon.

Durante los tres años de integración de este Pleno, se ha conservado el índice de cumplimiento de las resoluciones en más de un 98.5 por ciento; es decir, más de 9 de cada 10 solicitudes emitidas por este Pleno son cumplidas por los sujetos obligados.

En el periodo se reportaron 74 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, ante incumplimiento de entregar información señalada por el instituto.

Protección de Datos Personales en el Sector Público. La relación entre gobierno y sociedad está transitando a un mundo digital. Cerca de 12.9 millones de internautas consultaron al gobierno a través de las tecnologías de la información.

En materia de acceso o corrección de datos personales, el número de solicitudes presentó una cifra récord en la materia y contamos con más de 40 mil solicitudes de acceso y corrección de datos personales. Es de destacar, que las respuestas en materia de datos personales del sector público, en su gran mayoría, han sido satisfactorias para las y los ciudadanos.

En este periodo contamos con los índices de recurrencia más bajo de tan solo 2.7 por ciento del universo de los requerimientos impugnados hasta este instituto.

La ciudadanía se mostró particularmente interesada por su información personal en instituciones de salud, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social el sujeto obligado con un mayor número de solicitudes de acceso y corrección de datos personales, con un poco más de 23 mil, seguido por el ISSSTE, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

En el sector privado, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Acceso a la Información elaborada por el Inegi, el 77.9 por ciento de la población de 18 años y más, declaró que no se le ha dado a conocer su aviso de privacidad o no lo ha leído.

El 35 por ciento de esta población ha sido contactada para ofrecer algún servicio o producto, o se le ha hostigado por algún cobro y pago sin haber proporcionado sus datos personales. De estos sólo el 4.1 por ciento ha presentado una queja por el uso indebido de su información personal.

El mundo de la información desconoce las fronteras físicas y ha hecho que se amplíe la preocupación en el manejo de la privacidad. Esto dio razón a que México, a través del Inai, fuera sede del 46° Foro de Autoridades de Privacidad Asía-Pacífico, en el que asistieron 22 países representantes de autoridades de privacidad y organizaciones internacionales, y 24 órganos garantes de las entidades federativas, trabajando conjuntamente para reafirmar la confianza en quienes manejan los datos, es y será un factor social diferenciador.

Por otra parte, aprovecho este valioso espacio para expresar nuestro reconocimiento al Honorable Congreso de la Unión por la reciente aprobación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, en plena vigencia desde el 27 de enero pasado.

Sin duda alguna, es un paso importante para procurar la privacidad de las y los mexicanos, facilitar el comercio, el desarrollo y el intercambio de información entre los países.

Esta legislación nos obliga a dar un puntual seguimiento dentro de un plazo de seis meses a la armonización de las 32 leyes locales y crear cuerpos normativos secundarios.

De igual manera, el Inai también emprendió importantes acciones para promover y garantizar la protección de los datos personales en el sector privado destacando la emisión de la guía para prevenir el robo de identidad, la publicación de la guía para el borrado seguro de los datos personales, la imposición de multas con motivo de 66 procedimientos de sanción de protección de derechos, las que sumaron cerca de 93 millones de pesos; es decir, 30.2 por ciento más que en el periodo anterior.

El Sector Servicios Financieros y de Seguros, con más de 40 millones de pesos, fue el más sancionado, seguido de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y otros servicios recreativos con un poco más de 15 millones, y también el sector comercial. Estas acciones derivaron de las 440 denuncias presentadas por la ciudadanía con motivo de presuntas violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poseción de los Particulares.

La Gestión Documental y Adminitración de Archivos del Inai ha emprendido acciones para fortalecer y consolidar los esquemas existentes para que los sujetos obligados puedan cumplir con la materia de archivos y la gestión documental. Esto incluyó la emisión del modelo de gestión documental y archivos, el cual está llamado a ser soporte para la gestión documental y de archivos de los distintos miembros y organizaciones de la red de transparencia y acceso a la información, del cual el Inai es miembro.

Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia participó en el Consejo Internacional de Archivos, la Asociación Latinoamericana de Archivos y el Proyecto Internacional InterPARES.

Sin menoscabo de lo anterior hago uso de esta tribuna para reconocer el gran reto y el alto deber que tiene esta autonomía en cuanto a la revisión del proyecto de la Ley General de Archivos.

En este sentido, el Instituto que me honro en presidir ya ha establecido consideraciones al respecto, las cuales me permito mencionar las siguientes: consolidar el Archivo General de la Nación como un organismo descentralizado no sectorizado y que cuente con una autonomía de gestión, reconocer los archivos históricos como fuentes de acceso público y de interés general y del derecho a la verdad, y fortalecer el sistema nacional y el Consejo Nacional de Archivos y definir los rubros relativos a las instancias locales.

Señoras y señores Senadores, el futuro de la memoria documental de este país está en sus valiosas manos.

Acciones de capacitación. La capacitación constituye un esfuerzo permanente que brinda solidez al ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía.

En el 2016 el Inai capacitó en materia de transparencia y acceso a la información a más de 153 mil servidores públicos de los sujetos obligados, cifra histórica a la que se puede llegar gracias a las 279 acciones de formación, lo que representa un incremento de más del 170 por ciento de las acciones del Instituto con respecto a esta materia.

Se otorgaron 34 reconocimientos para instituciones que lograron capacitar al 100 por ciento de su comité de transparencia y 32 reconocimientos a instituciones que lograron capacitar al 100 por ciento de su personal.

En materia de capacitación, en protección de datos personales, el escenario también resultó positivo superando las metas de años anteriores con un poco más de 10 mil participantes de diversos sujetos regulados y obligados.

Vinculación con la sociedad y promoción de la cultura de la transparencia. Nuestra misión es difundir y crear vínculos con los tres niveles de gobierno, pero también muy importante con organizaciones de la sociedad civil, la academia y organizaciones internacionales para formar nuevas generaciones, conscientes de los derechos que este instituto tutela.

El Centro de Atención a la Sociedad realizó más de 47 mil asesorías, de las cuales casi 33 mil se realizaron por medio del Telinai, nuestro número gratuito a disposición de la sociedad y el resto a través de correos electrónicos, presencial por correo postal u otros medios.

Asimismo, se han realizado ferias temáticas como la fiesta de la verdad, congresos como el de investigación sobre el tercer sector o encuentros y seminarios como el de la red por la rendición de cuentas.

Amerita especial mención las dos semanas nacionales de transparencia, que obtuvieron lugar durante el periodo que se reporta, en las que no sólo se abordaron los temas de vanguardia, sino que se creó conciencia de las grandes tareas vigentes puestas a la luz a través de panelistas nacionales e internacionales.

Para incrementar el involucramiento en el acceso a la información y la protección de los datos personales, el Inai organizó diversos concursos como: el Concurso Nacional de Dibujo Infantil, “Así me cuido en la Red”, para jóvenes el Primer Concurso Nacional de Videobloggers: ¡Ojo estás en la red! y el de Expresión “El arte es público, tus datos personales No”; y para universitarios el Cuarto Concurso de Ensayo “El reto de la transparencia y el combate a la corrupción en México”.

En coordinación con otros organismos garantes, iniciativa privada y medios públicos, el Inai lanzó el concurso de cortometrajes, consecuencia, transparencia en movimiento, también tuvieron lugar dos ediciones del premio a la innovación en transparencia, el cual busca reconocer y difundir las mejores prácticas en la consolidación, incremento de la calidad y el impacto de la transparencia en la gestión pública, el certamen fue organizado en conjunto con el Banco Mundial, la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Administración Pública.

Convenios de Colaboración. En el Inai estamos convencidos de que para lograr una mejor difusión y un mayor conocimiento de las dinámicas de los derechos tutelados es necesario la suma de voluntades, las firmas del acuerdo Nacional por la Transparencia con todos los partidos políticos, de los convenios de colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Honorable Cámara de Diputados, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., la Profeco, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Auditoría Superior de la Federación, el Colegio de México y el Banco de México; y con organizaciones sindicales como el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, el Sindicado Nacional de Trabajadores del ISSSTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.

Todos estos convenios, señoras y señores Senadores, pueden hacer puntual seguimiento a través de nuestra página de Internet.

El Inai en el contexto internacional. Conscientes de la importancia del intercambio de experiencias e ideas para el desarrollo vanguardistas del derecho de acceso a la información y de datos personales, el Inai ha participado de manera responsable y activa en diversos foros internacionales, tales como la IV Edición de la Cumbre Global Alianza para el Gobierno Abierto, el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, la Reunión Única del Comité Ad hoc sobre Protección de Datos, Convenio 108 y la Trigésima Tercera Reunión Plenaria del Comité Consultivo del Convenio 108, en el Congreso del Consejo Internacional de Archivos y el Evento de Alto Nivel por el 5º Aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto.

El Inai también ha participado en importantes organizaciones internacionales como la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, el Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico y la Red Global de Privacidad para la Aplicación de la Ley en materia de Privacidad.

Se firmaron convenios de colaboración con la Unión Europea RTA Chile, con El Salvador y con Honduras, así como la renovación del Convenio de Colaboración que tenemos con la agencia española de protección de datos.
Destacamos también la presidencia del Inai en la red de integridad. Esta iniciativa busca el diálogo de alto nivel entre 14 diferentes países de 4 continentes para el establecimiento de buenas prácticas en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. El Inai ha impulsado acciones de gobierno abierto que incluyen la de parlamento abierto, con lo que hemos trabajado de la mano con este Congreso de la Unión y de las organizaciones sociales.

Asimismo, como parte de estos esfuerzos transversales, el Inai en conjunto con el Inegi realizaron dos valoraciones de información claves: el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016.

Otros dos ejercicios concretos con los que el Inai ha buscado facilitar el acceso a la información, son las plataformas de comisiones abiertas, que buscan brindar a toda la población información relativa a cada una de las comisiones de trabajo de las y los comisionados y transparencia en publicidad oficial y difunde los gastos realizados, precisamente, en este rubro de publicidad oficial.

En el Inai, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, participa en el ámbito federal como parte del secretariado técnico tripartita.

Se puso en marcha también el sitio memoria y verdad, como resultado de la alianza del Inai con la sociedad civil, que busca compilar información relacionada con violaciones graves de derechos humanos en nuestro país, con miras a prevenir su repetición.

Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como una instancia del Estado mexicano.

El Inai tiene la alta responsabilidad de coordinar el trabajo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue instalado en el 2015.

En todos los casos, el común denominador ha sido un ejemplar federalismo cooperativo para lograr que las metas que se han propuesto en los términos establecidos por la ley.

Se aprobaron instrumentos para normar el funcionamiento del Consejo y las instancias de sus integrantes, se eligieron coordinadores de comisiones y de regiones, así como el titular de la Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas.

Se logró la aprobación de ocho lineamientos de operación y, de manera paralela, gracias al apoyo de este Honorable Senado de la República, se concluyó la gira por la transparencia.

Con satisfacción hoy podemos afirmar que se tienen ya organizadas las 32 leyes locales en materia de transparencia, atendiendo a las disposiciones de la ley general. Ahora tenemos el gran reto de armonizar las leyes en datos personales en el periodo que la ley general en la materia establece que es tan sólo de seis meses.

Además, se hicieron algunas otras actividades conjuntas entre el Inai y las diversas comisiones del sistema, como la VI Edición del Concurso Nacional de Expo de Radio y la Red por una Cultura de la Transparencia que tiene como finalidad implementar acciones de capacitación homogéneas dirigidas a los sujetos obligados de todo el país.

Agradezco a las y los distinguidos comisionados y a los órganos garantes de la República, su trabajo en conjunto como un verdadero federalismo cooperativo para poder, no solamente dar cumplimiento a la ley, sino poder estar ante las expectativas de la sociedad.

Plataforma Nacional de Transparencia. En términos prácticos, en 2016, marcó el arranque de la Plataforma Nacional de Transparencia, que esta llamada herramienta poderosa, que permite homologar los diferentes sistemas existentes de acceso a la información y la integración en un sólo sitio de todos los sujetos obligados que marca la ley.

Como lo hemos observado, la implementación de la plataforma ha tenido sus propios retos, y es muy importante enfatizar que en ningún momento el derecho de acceso a la información de las y los mexicanos ha quedado comprometido.

Para asegurarnos de ello, durante este periodo reportado, se reabrió el Sistema Infomex existentes, mientras que se trabajaba en paralelo para solucionar todas y cada una de las incidencias detectadas en esta plataforma.

Cabe señalar que en el periodo de octubre de 2015 a septiembre de 2016, se han ingresado más de 93 mil solicitudes de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 85 por ciento de los cuales corresponden a entidades federativas y 15 por ciento a la Federación.

Tengan por seguro que no descansaremos hasta lograr una herramienta a la altura de lo que demanda la sociedad mexicana.

Distinguidas Senadoras y Senadores; compañeras comisionadas y comisionados; señoras y señores:

Las y los comisionados que conformamos el Pleno del Inai obtuvimos de esta Soberanía, hace casi tres años, un voto de confianza para coordinar las labores relativas a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.

Ha sido para mí un honor presidir los trabajos de esta casa de la transparencia.

Es el esfuerzo conjunto de las y los comisionados que integramos el Pleno del Inai el que da sentido y forma a las tareas encomendadas.

Es el debate colegiado, responsable y siempre respetuoso de las ideas, lo que honra a este Pleno y permite dar el mejor cauce a los derechos fundamentales que tutelamos.

Reconozco públicamente su compromiso con esta gran actividad en beneficio de nuestro país a la maestra Areli Cano Guadiana, a la doctora María Patricia Kurczyn Villalobos, al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, al maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, al maestro Rosendoevguenio Monterrey Chepov y al maestro Joel Salas Suárez, su trabajo honra y dignifica la premisa del servicio público.

Como Presidenta del Sistema Nacional de Transparencia es debido reconocer a los titulares del Archivo General de la Nación, de la Auditoría Superior de la Federación y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como a las y los comisionados de los órganos garantes de todo el país, puesto que sus esfuerzos conjuntos abonan a crear esa historia a la que aspiramos millones de mexicanas y mexicanos, la de un país plural, próspero, pero sobre todo transparente.

Es tan sólo justo reconocer desde esta tribuna el trabajo de cada uno de los integrantes del Inai, a quienes agradezco a nombre de mis compañeros y del mío propio, su compromiso y sentido de responsabilidad durante estos últimos tres años, es fuente de fortaleza de nuestra democracia.

Durante este periodo también su vigilancia permanente de los derechos tutelados es fuente de fortaleza de nuestro país.

Con el esfuerzo de todas las autoridades, instituciones, sociedad civil organizada, se determinará el éxito en la misión de construir un país más transparente.

No habrá otro tiempo, no habrá segundas oportunidades, nuestro deber sólo tiene un tiempo que es éste y la ciudadanía no perdonará el que no brindemos para éstas y futuras generaciones lo mejor que tenemos en cuanto a inteligencia, capacidad y solidaridad.

En este mundo la sociedad reclama la solvencia que da la honestidad y que se prueba con la transparencia, no con los dichos.

Permítanme hacer una breve reflexión personal.

En mayo de este año tendrá lugar la elección de quien presidirá el Instituto para el próximo periodo. Para mí ha sido realmente un gran privilegio conducir los trabajos de una institución tan noble y entrañable para el pueblo mexicano; la sociedad se ha involucrado en muy corto tiempo con esta institución, la usa y se acerca a ella con esperanza; la busca para la defensa cotidiana de sus derechos.

Trabajar en la transparencia en la rendición de cuentas es una pasión. Ha sido un trabajo muy intenso y muy enriquecedor el humano y el intelectual, no ha habido un día sin enseñanza, y ese es un privilegio profesional.

Quiero agradecer a este Senado de la República su valioso respaldo, recordarles que lo que hacen por la transparencia y por el combate a la corrupción, es lo mejor que están haciendo por México y por nuestro tiempo.

Hay mucho que hacer y lo haremos con ética, con convicción y con valores desde el espacio que nos toque.

Hoy por lo pronto gracias al Inai, gracias a mis compañeros comisionados y gracias a esta Honorable Soberanía.

A nombre de mis compañeras y compañeros comisionados agradezco nuevamente a los integrantes de esta Honorable Cámara de Senadores la gran oportunidad brindada para poderles dirigir este mensaje con motivo del informe de labores y estaré atenta a sus cuestionamientos.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, doctora Ximena Puente, y le solicito permanecer en la tribuna para responder los cuestionamientos de los grupos parlamentarios.

Todos conocen el acuerdo que fue aprobado el día 2 de febrero por este Pleno y, por lo tanto, tengo registrados a los siguientes Senadores para estas intervenciones: Senadora Martha Tagle, Senador Manuel Bartlett, Senador Jorge Aréchiga, Senadora Lorena Cuéllar, Senadora Laura Angélica Rojas y Senador Héctor Yunes.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Bienvenida, Presidenta y Comisionados del Inai.

Hace casi tres años que se promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, en ella se le dio plena autonomía al órgano garante de acceso a la información pública y protección de datos personales a nivel federal.

Durante este tiempo ha habido importantes esfuerzos institucionales y legislativos para armonizar las leyes correspondientes, tener la ley general en materia de transparencia, y ahora contar con una serie de leyes que integren el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, me parece que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, la corrupción avanza mucho más rápido que el ánimo de transparentar y combatir la corrupción en nuestro país.

Y ante eso me parece que las instituciones como la que usted preside, tienen un papel fundamental.

Por eso y sobre todo a la luz de lo que hoy en día se vuelve a poner en discusión en el Senado de la República, y en el Legislativo, en la Cámara de Diputados, con respecto a la Ley de Seguridad Interior.

Me parece que vuelve a ponerse en el centro de la atención un tema que fue polémico cuando discutimos este tema en materia de transparencia, sobre el tema de reservar información en materia de seguridad nacional.

Y aunque esto todavía no se ha concretado, sabemos que uno de los principales problemas es justamente la rendición de cuentas cuando se tiene que ver con las Fuerzas Armadas y será un tema que tendremos que discutir y tenerlo presente de cara a esa discusión.

Por otra parte, de acuerdo con la clasificación global del derecho a la información, se estima que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en nuestro país ocupa el primer lugar, la garantía efectiva del derecho en la información.

Sin embargo, y conforme en la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016, señala que sólo el 6.9 por ciento de la población mexicana conoce dicha ley.

Además, sólo el 7.7 por ciento mencionó conocer al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como institución que garantiza el derecho humano a la información.

Sólo el 5 por ciento ha hecho algún tipo de solicitud de acceso a la información.

En ese sentido, me gustaría preguntarle, ¿Cuáles son las acciones que han venido implementando en el instituto para abatir este déficit de conocimiento con la sociedad mexicana?

¿Cuáles son las acciones de vinculación que ha tenido el instituto con los órganos garantes estatales, dentro de su administración, para abatir el rezago de una cultura en materia de acceso a la información, dadas las obligaciones que impone el artículo 54 de la Ley General de Transparencia?

¿Qué está haciendo el Inai con un presupuesto de más de 900 millones de pesos para democratizar el ejercicio de este derecho?

Por otra parte, este martes 7 de febrero se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde organizaciones de la sociedad civil presentaron 517 propuestas para México, las cuales buscan lograr un mejor país.

Estas propuestas surgieron a partir de la realización de 23 foros en toda la República Mexicana, los cuales contaron con la participación de 273 organizaciones ciudadanas.

Entre las 20 acciones prioritarias de las propuestas para México, la número 15 dice, literalmente: “garantizar que los sistemas anticorrupción tengan plataformas digitales necesarias para su funcionamiento, evitando los errores de diseño, contratación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia”.

En ese sentido, la pregunta es, ¿Cómo piensa enmendar en el Inai los errores con respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia, para poder participar con autoridad en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción?

¿Cuándo se hará un informe público en el que se rindan cuentas por el gasto acumulado, sus costos de mantenimiento y procesos jurídicos para determinar la responsabilidad de proveedores o de áreas del Inai que están involucrados en dicha contratación?

Me parece que debe ser ésta la institución que dé muestras de transparencia, porque es justamente la casa que tiene que garantizar este derecho.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora.

Adelante, doctora.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

Efectivamente, es una pregunta que tiene varias aristas, voy a ir tratando de contestar cada una de ellas, acorde con sus amables cuestionamientos.

Efectivamente, la transparencia y el acceso a la información ha sido una lucha de nuestro país y un logro con esta ley calificada con el primer lugar por el Centro de Estudios de Derecho y Democracia a nivel mundial.

Efectivamente, se tienen unos estándares normativos que nos exigen el trabajo conjunto, no solamente del Inai con cada uno de los órganos garantes, sino también con organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, con cada uno de los sujetos obligados.

No solamente está el instituto, está en el compromiso de los sujetos obligados, precisamente, subiendo ahora mismo en este periodo las obligaciones de transparencia.

Tenemos, efectivamente, la última evaluación de la OCDE, respecto a la percepción de la corrupción de nuestro país, que se ubica en el lugar 123 de 126. Y eso nos hace que tengamos una clara misión.

La primera, de consolidar el Sistema Nacional de Transparencia que, como ustedes saben, en cumplimiento de la norma legal se instituyó en el 2015, y empezó funcionamientos ya con cada una de las comisiones, pero sobre todo, la necesaria vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, y me parece que aquí el tema es muy claro, de cumplimiento irrestricto en la ley.

¿Cómo estamos también actuando el pleno del Instituto ante esta circunstancia?

Actuando bajo principios de transparencia en cada una de nuestras decisiones, las y los comisionados, no solamente en este periodo que se informa, sino desde que fuimos honrados con el voto de confianza de esta máxima Soberanía, hemos votado más de 21 mil recursos de revisión.

Las decisiones de las y los comisionados son públicas en cada uno de nuestros plenos.

El tema de seguridad nacional, como ustedes saben, se ha pronunciado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación y celebramos este pronunciamiento porque para el pleno nos brindarán esas fronteras conceptuales y jurídicas para interpretar los principios acordes también con el tema de seguridad nacional.

Porque recordemos que este pleno tiene encomendada dos funciones: por una parte garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, pero por otra, también garantizar la información reservada y confidencial, y en eso tenemos que hacer la valoración en cada uno de los temas y en cada uno de los recursos que votamos de manera pública.

Sin duda alguna los retos que representa también la integración, y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, del cual el Inai ocupa precisamente uno de estos lugares, es un reto mayor.

Inai se congratula también del reciente nombramiento del Comité Ciudadano, que sin duda alguna es un gran avance para la instalación de este sistema.

Falta más, falta mucho más, pero el Inai refrenda su compromiso para trabajar de manera coordinada en estos dos grandes temas que son una necesidad para el país.

Las acciones de vinculación, efectivamente, con la sociedad, han sido uno de los rubros que más ha llamado, no solamente el interés, sino el trabajo dentro del instituto, señora Senadora; efectivamente, bajo esta encuesta que tiene números que se obtuvieron del año 2015, tenemos una realidad que va avanzando.

¿Cuánto va avanzando?

En el periodo que se informa, más de 202 mil solicitudes de información; es decir, casi el 83 por ciento más que en el mismo período del año pasado.

Las y los mexicanos están utilizando precisamente estos medios que salen de iniciativas, de aquí del Senado de la República y de la Honorable Cámara de Diputados para tener buenas leyes, y las están empezando a utilizar. Este es un tema muy importante, y se resolvieron casi 7 mil recursos de revisión, también en el periodo que se informa.

El número de solicitudes, repito, es el 83 por ciento más que el período similar del año pasado, la gente se está involucrando cada vez más, y una cosa que también nos debe llamar la atención, durante algunos años en los temas que más requirieron, como el interés de las y los mexicanos fueron los temas relacionados con salud y también con educación, y ahora, en primer lugar, es el tema de justicia, y eso creo que pues nos debe llamar la atención, siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como mencionamos en el informe, el sujeto obligado con mayor número de solicitudes de información con más de 49 mil, y con un índice de recurrencia del .2 por ciento.

Y respecto al uso de los recursos públicos, comentarles ante esta distinguida Soberanía, que efectivamente, contamos con un presupuesto de más de 900 millones de pesos, que pueden hacer ustedes seguimiento del uso de los recursos públicos que tenemos.

Tenemos plataformas que ponemos a disposición también, no sólo de esta Honorable Cámara de Senadores, sino de todos los sujetos obligados, como son las de las comisiones abiertas para transparentar absolutamente todos y cada uno de los recursos públicos destinados en las comisiones tanto nacionales como internacionales, y también plataformas tan importantes para hacer seguimiento al gasto de publicidad gubernamental.

El seguimiento, y también para un tema tan importante, y sobre todo, sensible, el Inai ante los tiempos de nuestro país, se publicó un acuerdo de austeridad que también trata, y buscamos no solamente eliminar algunas partidas, no solamente para los comisionados, sino para el resto de los integrantes del instituto, y también para eficientar el gasto público.

Se eliminaron los gastos de representación de las y los comisionados y todos los mandos superiores o a los que se tenían derecho.

Se redujeron el 50 por ciento de telefonía, que tenemos las y los comisionados, y también mandos superiores.

Se redujeron el 32 por ciento del presupuesto destinado a eventos que teníamos, institucionales.

Se busca reducir también para este periodo 2017, el 35 por ciento en lo destinado a comisiones nacionales e internacionales, y se redujo el 10 por ciento del presupuesto destinado a comunicación social, con esto, el pleno del Inai, se estima, que habrá una reducción de alrededor de 45 millones de pesos.

Y aprovecho esta oportunidad también, para comentarles que se está trabajando en un sitio donde se pueda hacer puntual seguimiento, no solamente de esos ahorros, sino del destino que haga el Estado mexicano con cada uno de estos ahorros en los presupuestos de los distintos organismos.

Y comentarles también, la Plataforma Nacional de Transparencia, como lo dijimos en la anterior comparecencia, es un gran proyecto que las y los mexicanos están esperando, y es un gran proyecto que tenemos también como órgano nacional garante. Se puso en funcionamiento, acorde con lo estipulado por la ley, el año pasado, en mayo de 2016, y efectivamente, no estamos alejados de que se han presentado incidencias que se han estado trabajando.

Cada uno de los recursos que se han destinado se pueden consultar en un micrositio, que está disponible para todas y para todos, en línea, no solamente en lo respectivo al uso de los recursos, sino también a toda la documentación que le da sustento a este gran proyecto, como lo es la Plataforma Nacional de Transparencia.

Se está trabajando con la empresa, se están revisando ya las últimas entregas que hizo la empresa, y comentarles también, la Plataforma Nacional de Transparencia 2016, recibió más de 93 mil solicitudes de información, y este es un tema, se está empezando cada vez más a recurrir a la Plataforma Nacional de Transparencia, para hacer solicitudes de información.

Otro tema, y otra cifra que me gustaría mencionar, estamos dentro del plazo establecido por el Sistema Nacional de Transparencia, para subir las obligaciones de las 17 a las 48 obligaciones estipuladas en la ley general.

Se tiene el plazo de mayo de 2017, en el cual el Instituto hará una evaluación de cada una de las autoridades para ver el cumplimiento de este Indice de Obligaciones de Transparencia.

Y en la Plataforma Nacional de Transparencia ya se tienen más de 22 millones de registros. Es decir, la plataforma está funcionando, hay un uso irrestricto de manera transparente y de cara a la sociedad, de los recursos públicos que se han empleado y pueden hacer seguimiento también de todos los documentos, para que este gran proyecto esté en funcionamiento, y atentos también a las circunstancias que nos indiquen, no solamente los órganos garantes, sino la ciudadanía, para perfeccionar precisamente, su funcionamiento.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¿Ha terminado, verdad doctora?

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Sí.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias doctora, muy amable.

Tiene el uso de la palabra don Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Bienvenida, doctora Ximena Puente.

Ha sido muy interesante su informe, sobre todo este tema de su determinación de restituir la confianza perdida, en la sociedad, para las instituciones nacionales.

Me parece que es útil esta clasificación por temas, de las demandas de información que ha recibido, tal vez sería más útil para nosotros conocer específicamente qué tema, por ejemplo, educación, dice usted.

Educación, salud y justicia, en particular ¿qué? Para podernos ubicar en dónde están los puntos, o conflictivos, o aquellos en los que la sociedad requiere esa información. En lo general me parece un buen informe.

Yo quisiera hacerle una solicitud, con fundamento en los artículos respectivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y solicitarle, por su conducto, la siguiente información, relacionada con los gastos que en las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han realizado en los últimos 10 años, específicamente en armamento y sus insumos.

Lo anterior adquiere relevancia, específicamente en el contexto de la Iniciativa Mérida, que ha sido motivo de varios comentarios importantes en los últimos días, ya que conforme a información recabada por especialistas, México ha gastado más de lo que ha recibido de los Estados Unidos de América, obligándolo a un gasto condicionado por sus apoyos, entre comillas, por ello es indispensable conocer con información oficial, gubernamental, estos datos.

Número uno. Según los últimos reportes, a 2016 se ha señalado que el gobierno mexicano ha recibido más de 2.5 mil millones de dólares en equipos y entrenamiento.

Sin embargo, por la parte mexicana, los gastos en compras de armamento y suministros, triplican el gasto de que en el contexto de la Iniciativa Mérida, se ha hecho información desde los Estados Unidos de América, lo que ha proporcionado a México en equipo, tecnología, desde el 2007 a 2015, en el contexto de cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado, entre comillas.

La anterior aseveración se deriva del Informe Anual de 2014, que ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores, del congreso estadounidense, presentó el Almirante Godney, Jefe del Comando Norte, al presentar un informe, declaró el año pasado, 2014, marcó un hito histórico en nuestra relación bilateral en materia de seguridad con México, quien dio un paso sin precedente, dice ese general, al acercarse al Departamento de Defensa para adquirir equipo militar de los Estados Unidos de América por medio del programa de ventas militares.

Es decir, en dos años y medio de la Presidencia de Peña Nieto, México ha comprado a Estados Unidos de América municiones, helicópteros, vehículos militares con un valor de 3 mil 500 millones de dólares, comprado por armas de los Estados Unidos de América, tales como 30 millones de balas y proyectiles, más de 20 helicópteros Black Hawk, y 2 mil 200 vehículos militares multipropósitos Humvee, un volumen 100 veces mayor que en años anteriores.

Esta solicitud es de enorme importancia, por lo que está ocurriendo en este momento en las relaciones México-Norteamericanas, el comentario sobre la Iniciativa Mérida, el planteamiento que hace el Congreso de los Estados Unidos de América de estar ayudándonos enormemente, que a estas cifras que tenemos hechas públicas en los Estados Unidos de América, resulta que nosotros gastamos tres veces lo que se supone es una ayuda espectacular para esa guerra que ha traído tantas tragedias para nuestro país.

A través de su conducto, le solicito y con urgencia, la confirmación de esta información, así como la precisión de lo siguiente:

1.- ¿Cuál es el monto que hemos recibido para armamento y suplementos aportados por Estados Unidos de América en el marco de la suscripción de la Iniciativa Mérida, por cierto, inconstitucional, desde su implementación hasta la fecha?

2.- ¿Cuál es el monto que hemos erogado en armamentos y suministros desde que se implementó la Iniciativa Mérida?

3.- ¿Cuál es el monto que la actual administración ha erogado en armamento y suministros?

Gracias a este comentario del Jefe del Comando Norte, que es inusitado y provoca gran alegría en los Estados Unidos de América.

Y finalmente, ¿Cuáles son los proveedores de dichos insumos?

Y, ¿Cuáles han sido las modalidades de licitación pública, invitación o asignación directa por cada compra realizada?

Le insisto, doctora, le insisto, esa institución tiene que ayudarnos para saber en qué consiste la ayuda y en qué consiste el gasto o el sacrificio que ha hecho México en esta guerra sin sentido que ha sacrificado a los mexicanos.

Es para nosotros muy importante. Estamos en momentos de discusión de temas de relación con los Estados Unidos de América, y desde luego, próximamente una iniciativa militarizadora que está ya discutiéndose en la Cámara de Diputados.

Para precisar lo que le solicito, doctora, con mi agradecimiento personal, le estamos entregando el documento para que lo tenga usted en su mano.

Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, don Manuel.

Le pedimos a Servicios Parlamentarios que nos haga llegar el documento para dárselo a la Presidenta Comisionada. Adelante doctora.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muchas gracias, Senador Bartlett, por el seguimiento también puntual de los trabajos del instituto, y ante estas preguntas que tiene a bien formular.

Me permito concentrarme, como primer lugar, en la primera parte de su interrogación respecto a qué les inquieta más a las y los mexicanos en estos tres grandes rubros en materia de justicia, pero también en materia de salud y en materia de educación.

En materia de justicia, las solicitudes de información giran en torno a los expedientes de amparos, abonos, remuneraciones, percepciones.

Los miembros activos también de los distintos integrantes de todo el Poder Judicial: los gastos en comisiones, los programas culturales también y de capacitación, e incluso, los datos curriculares de los miembros del Poder Judicial, digamos, éstos son como los rubros que más se concentra en el aspecto cuantitativo respecto a las solicitudes al sujeto obligado que más solicitudes tiene, que es la Suprema Corte de Justicia.

En los temas de salud, es muy recurrente que se pregunte sobre los datos en los expedientes clínicos, creo que ha habido una evolución también de considerar que el expediente clínico pertenecía al médico o a la institución de salud pública, y el expediente clínico pertenece a la persona titular, en todo momento, de sus datos personales, incluso una de las preguntas que recurrentemente más se realizan, son respecto a semanas cotizadas.

Y en asuntos en materia de educación, definitivamente a las y los mexicanos nos inquieta saber la evaluación de los profesores y de todos quienes estén al frente de las aulas donde están nuestros hijos.

Asuntos también administrativos y de manejo de todos los centros escolares se han dado a conocer cada vez más para transparentar la gestión de los recursos públicos también en los centros educativos.

Sin duda alguna el camino que nos hace falta en la transparencia y el acceso a la información es todavía un camino largo, pero me parece que con estos instrumentos normativos que tenemos y con las responsabilidades y la autonomía también otorgada al Instituto vamos avanzando con pasos sólidos respecto a una construcción de instituciones donde la gente pueda, efectivamente, señor Senador, preguntar y tomar la valoración con base a esa información, de la actuación de sus autoridades.

Necesariamente necesitamos una vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción para la detección de conductas indebidas, tenga necesariamente una consecuencia, estamos hablando de respeto irrestricto del estado de derecho y del cumplimiento de las leyes en el ámbito que nos toca.

En el Inai estamos muy comprometidos con ello, conscientes de que el 98.5 por ciento de cumplimiento que tenemos de nuestras resoluciones no es el 100 por ciento, por eso se le ha dado vista también a la Secretaría de la Función Pública de algunos expedientes que no han sido cumplidos.

Y efectivamente, tomamos nota, señor Senador, de su requerimiento y de su solicitud de información en esos rubros porque es indispensable que la sociedad mexicana tenga la información para tomar decisiones no solamente en el rubro de las cuestiones de defensa, sino que le pueda dar seguimiento al ejercicio de cada uno de los recursos públicos, el país necesita saber esa información, ya están las herramientas dispuestas para la sociedad y lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo y seguir involucrando, y seguir vinculándonos con las autoridades, pero sobre todo, con la sociedad, para que siga pidiendo información y también intervenir donde aquella información o no se da o es incompleta, o se da de manera parcial.

Recordemos que de las declaraciones de inexistencia que tienen las autoridades, porque es muy fácil que llegue una solicitud muchas veces y que en lugar de contestar o hacer una búsqueda exhaustiva y puntual de la información, se conteste con inexistencia cuando se resuelven también por las instancias correspondientes en más del 50 por ciento, aparece repentinamente la información.

Me parece que este es un acto también de compromiso, no solamente con el cumplimiento de las leyes, sino con la misma sociedad, y con mucho gusto daremos puntual seguimiento de esta solicitud de información, y muy pendientes si esta solicitud llega al recurso de revisión también ante el ámbito que tutela el Inai.

Muchas gracias, señor Senador.

Con su venia, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, doctora.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, con su venia. Distinguida Comisionada Presidenta, doctora Ximena Puente de la Mora.

La transparencia es la herramienta más efectiva para prevenir y erradicar la corrupción, todos aquellos ciudadanos interesados en alguna información específica de los gobiernos, fideicomisos o sindicatos pueden acceder a ella gracias a las herramientas tecnológicas que se han creado para este fin, como lo es la Plataforma Nacional de Transparencia.

Esta plataforma ha permitido homologar los diversos sistemas de transparencia, permitiendo a los ciudadanos consultar en una sola página la información gubernamental, sin la necesidad de crear cuentas específicas por cada sujeto obligado.

Este sistema no podría operar con eficiencia sin el trabajo constante de los comisionados del Inai, y por los sujetos obligados a dar la información; sin embargo, este inicio de año hemos visto diversos pronunciamientos del Instituto que usted preside, para obligar a sujetos obligados de dar información oportuna, clara y veraz, como es el caso del Infonavit, a quien se le ordenó entregar la información respecto del pago de cuotas; o el ejemplo de Pemex, a quien se le solicitó exhibir los contratos que suscribió con el hospital Ángeles, de Puebla.

Por ello, mi pregunta es:

¿Cuál ha sido la respuesta de los sujetos obligados para entregar la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia?

Asimismo, y considerando que en este Senado de la República estamos en el procedimiento para selección de consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

¿Cuáles son las características más apropiadas que debemos considerar en la elección de los 10 consejeros?

Por su respuesta, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Aréchiga.

Doctora, tiene usted el uso de la palabra.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muchísimas gracias. Con su venia, señor Presidente.

Muchísimas gracias, Senador Aréchiga.

Efectivamente, nos encontramos en ese periodo de transición.

Nos comenta una amiga compañera Comisionada, Patricia Kurczyn, que los nuevos sujetos obligados ya no son nuevos, porque ya tienen un seguimiento muy puntual de varios meses en cumplimiento de la ley.

En el Estado mexicano, toda autoridad, entidad, órgano, organismo que reciba o ejerza recurso público, tiene, en nuestro país, la obligación de rendir cuentas.

Efectivamente, en ese sentido, las y los comisionados hemos establecido diversas comisiones de trabajo, y esto es muy justo decir, cada uno de los comisionados, sea tratando temas de gobierno abierto, como el Comisionado Salas. Sea tratando temas de la vinculación de estados o municipios, como lo hace el Comisionado Monterrey.

Sea tratando temas tan importantes de vinculación con sindicatos y organismos autónomos, como la Comisionada Kurczyn.

Estableciendo y fortaleciendo las actividades de vinculación y la promoción normativa de los datos personales por medio de la Comisionada Cano.

Y, sin duda alguna, coordinando los esfuerzos tecnológicos para el buen funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia y los indicadores por el Comisionado Óscar Guerra.

Y, sin duda alguna, el impulso a dos grandes temas que es la organización y gestión documental y también la vinculación que tiene el Instituto con partidos políticos.

Como se señaló aquí en esta importante tribuna, el Inai ha buscado todos los medios, primero, para acercarse a esos sujetos obligados y que exista una condición y una proactividad en subir esta información en materia de transparencia.

¿Por qué hacemos énfasis en mayo de 2017? Porque pasamos de 17 a 48 obligaciones generales y, es ahí donde vamos a ver esa disposición de rendir cuentas, esa disposición de transparentar los recursos en las obligaciones que estén proporcionadas con la sociedad.

Ahora, no nos quedemos en el cumplimiento solamente de la ley, estamos también atendiendo el artículo 59 de la Ley General de Transparencia, que enmarca también esa disposición de las autoridades, de hacer pública a información de manera proactiva.

Con los sindicatos, efectivamente, y con los partidos políticos como nuevos sujetos obligados, han sido un tema de especial atención de las y los integrantes del pleno de este Instituto.

Los sindicatos han recibido más de mil 400 solicitudes de información y los partidos políticos más de mil 700.

Los índices de recurrencias son: de sindicatos con sólo 92 recursos de revisión y los partidos políticos con alrededor de 89 recursos de revisión.

Con eso ¿qué le queremos decir a la sociedad?, no sólo que utilice esa herramienta para preguntar a sus autoridades o para preguntar a quien ejerce recurso público, sino que si la información no es satisfactoria o no se da de manera completa, acudan al Inai también,  para resolver de manera pública y de cara a la sociedad.

Este es un tema fundamental, efectivamente, necesitamos la disposición también de las autoridades para que se proporcione información oportuna, clara, pero sobre todo, veraz.

Porque más del 80 por ciento de la población mexicana, según las encuestas, indica o tiene reticencia que la información que da la autoridad no va a ser verídica, y ahí tenemos trabajar, no sólo utilizando las leyes que nos posibilitan la transparencia y el acceso a la información, sino de proporcionar información clara, pero sobre todo, veraz, y efectivamente, las resoluciones del pleno, no solamente con organismos tan importantes como Pemex, como los diversos sindicatos, pues tenemos ahí un gran reto como institución, pero sobre todo, un gran reto con la sociedad, de recuperar, mediante la transparencia y el acceso a la información, la confianza en sus instituciones.

Y tenemos, por otro lado, la integración de este Comité Consultivo del Instituto, fundamental para las labores y para el seguimiento de todas las políticas en materia de transparencia que se lleven a cabo por parte de los integrantes del pleno y, en sí, de toda la institución.

Es indispensable la vinculación, señor Senador, con las organizaciones de la sociedad civil, unidad en la diversidad, es indispensable tener también diversos perfiles que complementen con puntos de vista la actuación del Instituto y que puedan también llegar a opinar sobre las acciones, no solamente al interior, sino también las acciones a nivel nacional que se están llevando a cabo.

Sin duda alguna, un tema fundamental para el éxito de la transparencia en nuestro país, es la necesaria articulación dentro del Sistema Nacional de Transparencia y el trabajo coordinado de las y los comisionados de los organismos garantes, de toda la República.

Sin duda alguna estas opiniones y este Consejo Consultivo, con las diversas procedencias que me parece muy importante, enriquecerán la toma de decisiones institucionales y nos brindará una panorámica también de percepción de la sociedad hacia el Instituto.

En el Inai estamos abiertos a escuchar y a atender todas y cada una de las inquietudes que tenga la sociedad.

Muchas gracias, Senador.

Con su venia, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, doctora.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Con su permiso, señor Presidente.

Comisionada Presidenta: Me pregunto, ¿qué haremos los mexicanos para transparentar debidamente el monto total del endeudamiento público de la Federación y de las entidades federativas?

El nivel al que asciende el endeudamiento federal y el de las entidades federativas es un grave problema para México, pero también es muy grave la opacidad con la que se manejan las cifras.

Al cierre del año pasado, el endeudamiento del gobierno federal significaba un 47.9 por ciento del PIB, que sin duda compromete la estabilidad financiera del Estado mexicano.

A nivel de las entidades federativas, ni qué decir, simplemente no es posible saber el monto real; cifras globales hablan de hasta 536 mil 269 millones al cierre de 2015, pero el problema es que en los distintos estados priva la opacidad.

Se ha extendido la simulación en la contratación de endeudamiento bajo múltiples mecanismos que presumen no serlo, lo que al día de hoy hace imposible identificar con precisión los montos comprometidos por cada estado.

Al respecto, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, define la deuda pública como cualquier financiamiento contratado por los entes públicos, así sea contratada en forma de deuda directa garantizada por la Federación o contingente, sin una fuente o garantía de pago definida.

Sin embargo, las entidades federativas han inventado múltiples mecanismos con los que omiten indebidamente no reportar a la Secretaría de Hacienda los compromisos contraídos más allá de la deuda colocada en mercados o mediante intermediarios financieros.

Los estados omiten reportar, por ejemplo, la deuda que significa la adquisición de compromisos financieros bajo la figura de fideicomisos de manejo privado, o bien, la contraída mediante la suscripción de los llamados Proyectos de Prestación de Servicios, PPS, mediante los cuales se compromete por años un destino específico para los ingresos públicos futuros reservados específicamente para cubrir el financiamiento de los proyectos y manejados directamente por particulares a cargo del mismo.

Esa delicada circunstancia me motiva a preguntarle, Comisionada Presidenta: ¿Cómo aprecia el Inai ese problema de opacidad de información financiera en México?

Es decir, ¿Cómo enfrentar el problema de la opacidad en la contabilidad de todos los compromisos financieros que se adjudican la Federación y las entidades federativas?, ¿qué medidas debe tomar ese Instituto para garantizar a la ciudadanía el conocimiento preciso de los montos de esos compromisos financieros?

Se lo pregunto, Presidenta, toda vez que el Inai es la instancia que puede conocer de la inconformidad ciudadana por los casos de la información que no consiguen obtener los ciudadanos en las entidades federativas.

Y también entiendo que el Inai tiene la responsabilidad de emitir lineamientos para el combate a la corrupción con la aplicación estatal.

Es cuanto.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar.

Adelante, doctora.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Senadora Cuéllar, le agradezco su gentil pregunta.

Me parece que aquí estamos ante un claro ejemplo de cómo para tener y rendir cuentas, y sobre todo resultados a la sociedad.

Es indispensable que los criterios no se apliquen de manera aislada, o que no solamente se utilice un nivel de resolución en el organismo nacional y otros en las entidades federativas, por eso estamos trabajando dentro del Sistema Nacional de Transparencia, efectivamente, para emitir criterios, por ejemplo, de clasificación y desclasificación de la información de manera homogénea; es decir, estamos dándole vida y puntualizando aquella normativa que requiere el establecimiento de lineamientos entre todos y cada uno de los miembros del Sistema Nacional de Transparencia.

Criterios también que versan, por ejemplo, para el funcionamiento de la plataforma, criterios que versan sobre los lineamientos para subir información también de oficio, criterios, por ejemplo, para favorecer la inclusión de personas con discapacidad para ejercer el derecho de acceso a la información.

Y, sin duda alguna, en estos tres rubros en los que en el Estado mexicano se concentran las mayores solicitudes de información que son el sector académico, el sector empresarial y los medios de comunicación, tradicionalmente los medios de comunicación estuvieron en primer lugar, ahora, bueno, están dentro de los tres solicitantes de información, más recurrentes.

Pero debemos decirle a la sociedad algo fundamental: todo lo referente a deuda, en nuestro país, debe ser público.

Y debemos tener criterios estandarizados en cada una de las entidades federativas del país.

Por eso esta Honorable Soberanía, ante los instrumentos normativos, constitucionales y desarrollados en la ley general, me parece que aquí también se va y se está articulando y dando forma a dos capacidades por las que el Instituto pasó de ser IFAI, el anterior Instituto Federal de Acceso a la Información, a tener un rango nacional, a Instituto Nacional de Transparencia.

Con dos importantes facultades, señora Senadora, facultad de atracción en los casos que impliquen una especial relevancia o trascendencia, no dejar o no esperar a la resolución del órgano garante de la entidad federativa, pero también la facultad de revisión.

Si algún tema tan importante, tan sensible, tan relevante para la vida, no solamente de la entidad federativa, sino a nivel nacional, como son conocer los asuntos que tengan que ver con deuda pública, el Instituto puede entrar a revisar esa resolución.

En eso estamos trabajando también, para que esta realidad, primero, no se aplique y esta normatividad que tanto trabajo costó como país y, sobre todo, a ustedes, que tanto impulsaron el tema, no se quede de manera aislada o no se interprete de manera diferenciada en las entidades federativas.

Me parece fundamental que acreditemos estas circunstancias de especial relevancia o trascendencia para poder entrar como Instituto Nacional y revisar los casos que así lo ameriten.

Todo lo que tenga que ver con deuda pública es, efectivamente, público, y también recordemos que los fideicomisos que reciben recursos públicos, tienen el deber de rendir cuentas y son sujetos también de acceso. Son sujetos de acceso a la información.

Esto es muy importante decir, muy importante que se tienen estas dos herramientas para la interpretación armónica, en toda la República, de disposiciones tan importantes.

Y antes de pasar a la siguiente pregunta, en la anterior respuesta, mencioné a mis compañeros, y efectivamente, comisionado, el doctor Acuña, quien tiene la responsabilidad de la conducción de las relaciones institucionales con partidos políticos también, y de organización y gestión documental y archivos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Comisionada Presidenta.

Corresponde ahora el uso de la palabra, para formular pregunta, a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Muy buenas tardes, bienvenida, Comisionada Presidenta del Inai. Bienvenidos los demás comisionados del Inai.

También bienvenidos los representantes de los órganos garantes de los estados, al Senado de la República.

Presidenta, yo quisiera empezar retomando algo que usted mencionó en su intervención inicial sobre la falta de credibilidad y confianza en las instituciones.

Nosotros estamos totalmente de acuerdo en el diagnóstico, en estos meses a raíz de la aprobación de la promulgación y entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, yo particularmente me he dado cuenta que poco o nulo efecto ha tenido en mejorar la credibilidad, la confianza en las instituciones, por parte de la población.

Estamos de acuerdo en el diagnóstico, totalmente de acuerdo en que el enorme reto que tenemos ahora en el país es la implementación, no solamente de estas leyes, sino en general, de todas las reformas que hemos aprobado en estas dos legislaturas.

Entonces, yo quisiera preguntarle, Comisionada Presidenta, ¿Qué acciones concretas piensa el Inai implementar para que las leyes que hemos aprobado tengan un beneficio social y un beneficio, me refiero en términos de mejorar la confianza, la credibilidad en las instituciones?

Y, por supuesto, ¿Qué cosas usted considera que desde el Poder Legislativo podemos hacer en conjunto para poder acompañar estas actividades?

Y aquí vinculo la pregunta con el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿Cómo se ve desde el Inai el proceso de armonización entre estos dos sistemas o de complementariedad entre esos dos sistemas, como de ejemplos concretos, acciones concretas sobre cómo ustedes imaginan que estarán funcionando plenamente ambos sistemas?

Por otro lado, sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha sido una pregunta recurrente en esta sesión, yo quisiera preguntarle concretamente, que nos puedan dar una fecha sobre ¿Cuándo la Plataforma Nacional de Transparencia va a estar funcionando plenamente?

Ya nos han explicado que están trabajando en corregir las deficiencias que todos hemos visto, sabemos que están haciendo esfuerzos por parte del Inai junto con la empresa, pero sí quisiéramos que nos dieran una fecha, no a nosotros, sino a la ciudadanía, sobre cuándo la plataforma va a estar funcionando de manera plena.

Sobre el tema de protección de datos personales, Presidenta, quisiera yo preguntarle, igualmente, ¿qué acciones concretas está pensando el Inai instrumentar para apoyar la armonización legislativa en el orden local?

Ya comentó usted, como todos sabemos, que tenemos seis meses para que esto suceda, igualmente también estamos a disposición para acompañar esta estrategia, pero qué cosas en concreto están pensando hacer para cumplir con el plazo de la armonización de la ley.

Y, por otro lado, una opinión muy personal, es que dentro el propio Instituto hay una disparidad entre el trabajo que hace el Instituto en relación al acceso a la información pública, y en cuanto al trabajo que hacen en protección de datos personales.

Creo que hay, que están mucho más inmersos en cumplir con las leyes de acceso, y que el trabajo es mucho menor en materia de protección de datos.

Si comparten esa percepción, que hay desde fuera, y cómo piensan corregir, digamos, esa disparidad, que desde mi punto de vista, hay.

Y, finalmente, señora Presidenta, ante la crisis que estamos viviendo en el país, esta crisis que viene, pues sí, de fuera, una crisis económica, una crisis también derivada de la nueva relación con el gobierno del presidente Trump, que impacta, como todos sabemos, en la economía a raíz también del incremento al precio de las gasolinas, hemos visto que una serie de instituciones públicas, el Congreso, el Poder Ejecutivo, etcétera, estamos haciendo, tomando, mejor dicho, una serie de medidas de austeridad.

Yo quisiera preguntarle, señora Presidenta, desde el Inai ¿Qué van a hacer ustedes, cómo o qué van a hacer ustedes para aportar, pues el INE regresó mil millones de pesos, fue presionado y está haciendo un esfuerzo, en fin, qué podemos esperar del Inai, en esta circunstancia de austeridad como esfuerzo y como medida de compromiso ante la situación que estamos viviendo todos los mexicanos?

Muchas gracias por sus respuestas.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Rojas.

Doctora Puente de la Mora, por favor.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muchísimas gracias por su pregunta, Senadora Laura Rojas, y también por el seguimiento puntual y el impulso ahora a esta nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Efectivamente, las acciones para recuperar la confianza ciudadana no se darán de la noche a la mañana, y no se verán los resultados de la noche a la mañana; tiene que ser un trabajo comprometido, pero también sistemático y muy firme, con un seguimiento muy puntual de parte del Instituto, principalmente en dos acciones: incentivar la generación de solicitudes de información. Me parece que es una clara muestra que más que tengamos un incremento de más del 80 por ciento en el período que se informa, con respecto a las solicitudes del año anterior, y que se hayan recibido más de 200 mil solicitudes de información. Es decir, poco a poco la ciudadanía se va interesando más en los temas públicos, y va preguntando también diversos contenidos de información.

Ahora, el tema, lejos de agotarse en la solicitud, pues es un tema que apenas empieza.

¿Por qué?

Por dos circunstancias también, si se solicita la información, la información está dispuesta en línea, y eso lo debemos de trabajar con cada uno de los casi nueve mil sujetos obligados en todo el país; en la medida que se tenga más información a disposición de la población, van a disminuir necesariamente las solicitudes de información, y por ende, los recursos de revisión.

Este es un tema indudable, tenemos que trabajar con cada uno de los sujetos obligados, no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito estatal y, sobre todo, municipal, para que cada una de las autoridades ponga a disposición de toda la población información útil donde se pueda hacer seguimiento del uso y destino de los recursos públicos, pero, también, señora Senadora, fortalecer las acciones de capacitación.

Las y los comisionados, muchos de nosotros provenimos del ámbito académico, nos parece que la educación es un tema fundamental para generar verdaderamente resultados para la población.

Más de 150 mil funcionarios capacitados, más de 170 por ciento más de funcionarios capacitados que, con respecto al año anterior; estamos conscientes de que es un buen esfuerzo, pero no estamos satisfechos, vamos a seguir trabajando en fortalecer estas acciones y, sobre todo, haciendo un uso responsable de los recursos públicos para, sobre todo, aprovechar los medios informáticos para capacitar a cada vez más funcionarios, no solamente del ámbito nacional.

Me parece que ese ha sido también uno de los puntos más relevantes con los miembros del Sistema Nacional de Transparencia, cómo podemos articular esfuerzos para capacitar, estar en posibilidades de capacitar, pero capacitar de una manera muy puntual, sobre las nuevas disposiciones, para tratar de cambiar poco a poco esa inercia.

Me parece, e insistimos, que las bases están, señora Senadora, con leyes que han costado mucho para el país, pero el trabajo y los resultados no se verán de la noche a la mañana, tiene que ser un trabajo muy sostenido, con objetivos muy claros, en estos dos rubros.
Solicitudes de información y también capacitación y la necesaria articulación con los órganos garantes de las entidades federativas, sobre todo para que la gente vea que puede tener herramientas, no solamente para tener el destino de los recursos públicos, sino datos muy concretos, con calidad, del centro de salud que hay en mi colonia, o calidad de los maestros que están al frente de las escuelas donde van nuestros hijos, y con eso, ver que la transparencia es una valiosa herramienta que sirve para de manera transversal, el ejercicio de otros derechos.

Sobre el tema de la armonización de los dos sistemas, efectivamente, ya tenemos en marcha un Sistema Nacional de Transparencia, y está en vías de la instalación, el Sistema Nacional Anticorrupción.

Cada uno de los integrantes de este sistema, cada uno, tanto el representante, tanto, por supuesto el Comité de Participación Ciudadana, que como lo expresé, en el Inai, nos congratula la elección de este comité, y reconocemos también el trabajo de quien lo encabeza, la doctora Peschard, el representante del Consejo de la Judicatura Federal, el Inai, como Institución, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la creación y funcionamiento de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

Primero comentarle, señora Senadora, que la transparencia, y así creo que lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, es un paso necesario para poder establecer también, posteriormente, acciones en contra de la corrupción. Es decir, es un primer paso muy importante para la articulación de estos dos sistemas.

Y el otro que nos parece fundamental, la definición clara de la contribución de cada uno de los integrantes de este sistema para articular esfuerzos conjuntos, que no sean con la visión de cada una de las instituciones, sino que sea con la visión articuladora de lo que nos corresponde tutelar con el Estado mexicano y la necesaria articulación con el Comité de Participación Ciudadana. Sin duda alguna la visión ciudadana es indispensable para el combate a la corrupción en nuestro país.

Respecto a las labores y las funciones de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La Plataforma Nacional de Transparencia la vemos como un proyecto que va a requerir necesariamente de fases. Ahora se está trabajando, ya está la parte de comunicación entre los sujetos obligados, la parte también que respecta a la solicitudes, con estas más de 93 mil solicitudes de información, pero falta trabajar el tema, o falta rectificar y  también comprobar, y en eso estamos, justo en estos días, comprobando las últimas entregas de la empresa que inició con este gran encargo ante la sociedad, de la Plataforma Nacional de Transparencia, y estamos trabajando, sobre todo, en los recursos de sustanciación.

Nos hemos encontrado, señora Senadora, también es justo decir, con la necesidad de articular sistemas que no estaban tecnológicamente en el mismo nivel tecnológico, y eso es también lo que ha provocado algunas de las incidencias en algunos estados de la República o con algunos sujetos obligados.

Estamos conscientes de que para que opere, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de las entidades federativas, se requiere presupuesto también para su operación y su debido manejo, tanto de los expertos tecnológicos de los estados, como de sus propios sistemas informáticos, para poder avanzar y para poder dar resultados claros a la población.

En cuanto a la protección, y un tema fundamental, como lo es la protección de los datos personales, y los diversos, no solamente eventos que ha tenido el Instituto, como este foro de autoridades de privacidad Asia-Pacífico, la reciente conmemoración del “Día Internacional de Datos Personales”, que tuvo como un eje articulador la persona digital, sino los temas tan relevantes, como el Internet de las cosas, la capacidad y las más de siete horas en promedio, que las y los mexicanos estamos conectados a Internet, eso trae grandes retos, grandes retos que sin duda alguna van a quedar sistematizados con esta Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y estamos ante la revisión institucional, también, de toda la Secretaría, de Protección de Datos Personales, para que estemos en aptitud y en posibilidad de darle la respuesta en esta materia tan importante, la privacidad en la era tecnológica para las y los mexicanos, y podamos hacer que esos casi nueve mil sujetos obligados tengan el desarrollo de estos derechos que constitucionalmente son reconocidos, como es el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en el artículo 16 constitucional, para que tengan una vigencia plena, independientemente del estado de la República donde se encuentren.

Recordemos que sólo 11 estados de la República tienen leyes específicas en la materia, los demás, habrá que hacer una ley nueva. Y en el Inai ya tenemos un trabajo muy avanzado al respecto, primero, en el diagnóstico de esas leyes que hay en las entidades federativas que tienen leyes.

Es decir. ¿Cómo está? ¿Cuál es el contenido normativo? Y en su caso, se tendría que complementar.

Y en segundo lugar, vamos a poner en consideración, ante los miembros del Sistema Nacional de Transparencia, una ley modelo para que les pueda servir de base, si así lo estiman, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que la puedan utilizar y estemos también cumpliendo en tiempo y forma, como Sistema Nacional de Transparencia, con este plazo de seis meses, en materia de armonización de las leyes en datos personales.

Y respecto, Senadora Rojas, a la última de sus interrogantes a las medidas de austeridad, estamos conscientes de la situación que vive el país, y estamos conscientes también de la importancia que es la rendición de cuentas ante la sociedad.

Las y los comisionados, en una decisión que tomamos en colegio, dimos a conocer, hace tan sólo unos días, una serie de medidas de austeridad que dimos a conocer a todo el personal, también, del Instituto.

El tema no es de los comisionados, el tema es de una institución comprometida con su país a rendir cuentas y a sumarse también al ejercicio y a los principios de austeridad.

Tienen por objeto las medidas, de manera muy concreta, Senadora, si me lo permite, la eliminación completa de los gastos de representación de los comisionados y de los altos mandos.

La disminución, en 50 por ciento, de los gastos de telefonía.

La disminución del 10 por ciento del presupuesto para comunicación social del Instituto.

Conscientes también de que las acciones impactan también en un ejercicio indiscutible de los recursos públicos.

La disminución del 32 por ciento del presupuesto destinado a diversos eventos institucionales.

Y del 35 por ciento del presupuesto destinado a las diversas comisiones, tanto nacionales como internacionales, esto en un ejercicio global de todo el presupuesto del Instituto.

Estimamos que vamos a estar en posibilidad de regresar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alrededor de 45 millones de pesos, y esto para contextualizar, y siempre sirve también poner un contexto.

Hay estados de la República con presupuestos anuales de alrededor de 6 mil millones de pesos, y eso nos tiene también en una situación muy particular, de que el Inai se suma a estas medidas de austeridad, con disposiciones muy concretas, insistimos, no solamente de los comisionados, sino de todo el Instituto, para rendir cuentas y para sumarnos a esta situación tan sensible de la vida de nuestro país.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Comisionada Presidenta.

Corresponde formular pregunta al Senador Héctor Yunes Landa, del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Héctor Yunes Landa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Estimada Comisionada Presidenta. Señoras y señores Comisionados, sean bienvenidos al Congreso de la Unión, al Senado de la República, particularmente.

Su presencia, el día de hoy, es para nosotros, una excelente oportunidad para conocer los avances y los retos que tiene la institución encargada de garantizar el acceso de información a los mexicanos.

También nos permitirá saber sobre el estado que guarda la instrumentación de las diversas reformas que hemos aprobado, precisamente aquí, en el Senado de la República.

Sin duda, uno de los grandes avances de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo constituye la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La plataforma, como lo sabemos todos los que estamos aquí reunidos, es un sistema electrónico que permite realizar solicitudes de información pública a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a los organismos autónomos, fondos y fideicomisos públicos, sindicatos, partidos políticos y a cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o que realice actos de autoridad.

La plataforma no sólo permite que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia, también facilita el ejercicio del acceso a la información pública de los ciudadanos, lo que es indispensable para una eficaz rendición de cuentas.

Cabe, además, señalar que el Inai, a través del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, tiene diversos ámbitos de convergencia que contribuirán a combatir, a prevenir y a inhibir actos de corrupción en el servicio público.

El Sistema Nacional Anticorrupción también contará con la Plataforma Digital Nacional que estará conformada por diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para instrumentar las políticas que permitan inhibir estos actos de corrupción.

En el grupo legislativo que represento, estamos convencidos en la importancia y en la trascendencia de la instrumentación de una estrecha vinculación entre los distintos sistemas que conformarán esta Plataforma Digital.

En este sentido, yo le tengo dos preguntas:

Nos podría señalar ¿cuál es el estado actual de la Plataforma Nacional de Transparencia, tanto en su instrumentación como en su funcionamiento?

Y en segundo término, nos podría usted indicar, desde su perspectiva, ¿de qué manera tendrían que converger, por un lado, el Sistema Nacional de Transparencia, por el otro, el Sistema Nacional Anticorrupción, y qué tipo de información tendrá que proveer a la Plataforma Digital Nacional?

Por sus respuestas, de antemano, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Héctor Yunes.

Tiene el uso de la palabra doctora.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muchísimas gracias, Senador Yunes, por esta pregunta.

Coincidimos totalmente con usted, la Plataforma Nacional de Transparencia es un gran tema ante la ciudadanía y es una gran responsabilidad institucional que tenemos como organismo nacional.

Como lo hemos expresado, la Plataforma Nacional de Transparencia está funcionando, se están recibiendo solicitudes tanto de las entidades federativas como de las autoridades federales y en todos los rincones de la República a nivel nacional, de estas 200 mil solicitudes, más de 93 mil han sido hechas a través de la Plataforma, es decir, la Plataforma está funcionando, atentos siempre a poder solventar las incidencias que se vayan presentando, que seguramente han sido a nivel tecnológico unas hasta ahora y seguramente se irán presentando atentos a solucionar cada una de ellas.

De estas 93 mil solicitudes, insistimos, que también sirve y está funcionando para alimentar las obligaciones de transparencia con más de 22 millones de registros que vamos a saber si son suficientes o no en la medición institucional que realice el Inai en el momento oportuno, es decir, llegado el plazo establecido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia de un año para mayo de 2017.

Y sin duda alguna la articulación de estos dos grandes sistemas que la ciudadanía y el señor Presidente de esta Honorable Soberanía, mencionó precisamente en una fecha emblemática como es el Centenario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ciudadanía está esperando mucho de estos dos sistemas y su necesaria articulación.

Por una parte, el Sistema Nacional de Transparencia que el Inai preside y también como un lugar fundamental de la transparencia y rendición de cuentas como un elemento indispensable para el funcionamiento de este Sistema Nacional Anticorrupción.

Efectivamente son dos sistemas, son dos elementos normativos, y aquí valdría la pena señalar que no solamente se tiene esta articulación de políticas para combatir a la corrupción en todos sus niveles, no solamente se tiene ese deber de cumplimiento irrestricto con todas y cada una de las disposiciones constitucionales y legales en materia de combate a la corrupción, no solamente tenemos este gran reto de mejorar la confianza y restituir la confianza ciudadana en las instituciones, sino también está este otro tema que en su oportunidad se verá al seno de la Comisión Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción que son también los formatos para las declaraciones 3de3, que se tienen que ver y trabajar dentro de los integrantes de este Sistema Nacional Anticorrupción, y el Inai con estas dos facultades, por una parte de transparencia y acceso a la información, como de datos personales, siempre estará atento también y no solamente atento, sino haciendo las puntualizaciones necesarias con respecto a un tema tan importante para las y los servidores públicos en todos los niveles de este país.

Una interacción, también, con la información que se tenga que subir tanto a la Plataforma Nacional de Transparencia como a la Plataforma Digital Nacional, tendremos que establecer las bases, también, para que la ciudadanía esté consciente de que si son datos personales se protegerán y se observarán todas las medidas de seguridad, pero también establecer las bases para la necesaria investigación en aquellos hechos o actos que puedan derivar, necesariamente actos de corrupción.

Estamos conscientes de que se tiene en nuestro país qué abatir la impunidad. Todos los actos de corrupción tendrán que ser sancionados.

La transparencia es una valiosa herramienta, es un punto de partida que tiene que llevar un siguiente estadío ante el Sistema Nacional Anticorrupción, y estamos con toda la disposición no solamente para ejercer nuestras funciones dentro de este sistema, sino también con el Estado mexicano para lograr verdaderamente una cultura de rendición de cuentas y un país más transparente.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, doctora.

Con la recepción del informe, hemos dado cumplimiento a lo que dispone el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un ejemplar de este informe se ha hecho llegar a las oficinas de los señores Senadores a través de sus coordinaciones.

No resta más que felicitar a la Doctora Ximena Puente, que es su último informe como Presidenta de este Instituto, felicitarla por su desempeño al frente de ello; y aprovechar también a todo el Instituto, al doctor Acuña, a Óscar Guerra, Arely, doctora Patricia, al doctor Salas también y a nuestro amigo Eugenio, de verdad que felicidades.

Si de algo nos sentimos orgullosos en este Senado de la República, es de haber visto nacer este organismo constitucional autónomo, de su funcionamiento, y de sus resultados.

Estamos muy contentos con el Instituto, falta mucho por hacer, pero hay que reconocer lo que se hace y se hace bien, como lo han hecho. Esperemos tener buenas noticias ahora de sus propias decisiones internas y que sigan trabajando a tambor batiente.

Muchas gracias a todos, recibimos el informe.

Le pedimos a la comisión designada se sirva acompañar a nuestros invitados, a la Doctora y a los comisionados a la puerta del recinto.

Muchas gracias.

Continuamos con los asuntos de nuestra agenda de este día.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

Informo a la Asamblea que se recibió de la Cámara de Diputados el expediente de las aprobaciones de diversos estados al Proyecto de Declaratoria de aprobación que realizó esta Cámara al proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.



En consecuencia, solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente a efecto de dar fe de la mayoría de los votos que aprueban el Decreto.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Desde luego, señor Presidente, daré lectura a los votos que se emitieron.

Señor Presidente, se da fe de los votos emitidos por los Congresos Estatales de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

En consecuencia, se han emitido 17 votos aprobando al proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Les solicito ponerse de pie a efecto de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional.

(Todos de pie)

“A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales, la Cámara de Senadores declara: Se aprueba el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.” Se remite al Ejecutivo Federal para su publicación.

Muchas gracias, pueden tomar asiento.





 

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con los dictámenes, por favor.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 4o. y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4o., FRACCION XXI Y 29, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de primera lectura)







 

Y de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Compañeros Senadores, antes de iniciar la discusión de dictámenes, les informo de los cambios en este apartado.

A petición del grupo parlamentario del PAN y con el acuerdo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Mesa Directiva, se retiró de su discusión el dictamen que propone la ratificación del ciudadano José Gerardo Quijano León, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Asimismo, a petición de la Comisión de Población y Desarrollo, y con la autorización de la Mesa Directiva, se retiró de su segunda lectura el dictamen de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, mismo que se devolverá a las comisiones para su reelaboración.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en materia de requisitos para piloto de puerto. A este dictamen se le dio primera lectura en la sesión del 3 de diciembre pasado.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II        DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO   MARÍTIMOS

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE MARINA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su análisis, discusión y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo previsto por los artículos 86, 90, 94 apartado 1 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA:

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

II. En el apartado titulado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los motivos y alcances de la iniciativa en estudio.

III. En el capítulo que lleva por rubro “Consideraciones”, los integrantes de estas Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la iniciativa, así como los motivos que sustentan el presente dictamen.

I. ANTECEDENTES.

1. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el día05 de octubre de 2016, el Senador Ricardo Barroso Agramont presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la Iniciativa referida fuera turnada a las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Primera.

3. Estas Comisiones Unidas se abocaron al estudio puntual de la iniciativa de mérito con el propósito de expresar sus observaciones y comentarios a la misma, a efecto de integrar el presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto presentada por el Senador Barroso, expone la importancia de las actividades que comprenden el servicio de pilotaje marítimo en nuestro país, siendo éstas, desempeñadas por el piloto de puerto, quien debe contar con las habilidades y conocimientos suficientes para la óptima dirección y maniobra de los buques, así como de las circunstancias específicas de un puerto para salir de ellas, y asimismo acompañará al capitán del barco en las tareas relativas a la navegación y maniobra del mismo.

De igual forma, el Senador promovente hace referencia al artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, ya que establece los requisitos para ser piloto de puerto, y en su fracción segunda, indica la instrucción académica con que deben contar  los profesionales encargados de realizar las actividades propias del pilotaje.

Es así que el promovente, señala que la instrucción académica mínima requerida, no es la idónea para desempeñarse como piloto de puerto, dado que en las escuelas náuticas se proporcionan dos carreras universitarias con finalidades y conocimientos especializadas en diferentes rubros de la navegación marítima, puesto que el maquinista naval adquiere los conocimientos referentes al manejo, reparación y adecuado funcionamiento de la maquinaria para la correcta operación del buque, mientras que el piloto naval recibe la instrucción relativa al mando, navegación, administración, operación y maniobras del buque.

Derivado de lo anterior, el Senador Barroso considera que debe reformarse el artículo 57, en su fracción segunda de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos con el objeto de precisar que el Capitán de Altura es el profesional que podrá ser piloto de puerto de acuerdo a la preparación académica obtenida previamente como Piloto Naval, realizando las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones. Si bien es cierto que el Maquinista Naval también cuenta con un título profesional de una escuela náutica, también es cierto que por virtud de su especialidad, no ha desarrollado las habilidades necesarias para ejercer el mando de un buque como sí lo está el piloto naval, motivo por el cual el legislador federal considera necesaria dicha reforma.

III. CONSIDERACIONES

El pilotaje o practicaje, ha sido desde siempre una actividad relevante y necesaria desde los tiempos mismos de la navegación costera, derivado del constante cambio de los elementos que componen un puerto y las distintas condiciones que se dan en el mismo. Por ello ha existido la necesidad de contar con profesionales que cuenten con los conocimientos suficientes a fin de asesorar al capitán del buque sobre los riesgos y las mejores maniobras para atracar el buque.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público, y dada la importancia de dicha actividad, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinar la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento correspondiente, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.

La misma Ley, dispone que el servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto o zona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten, y el pago por la prestación del servicio de pilotaje será el que se indique en la tarifa respectiva autorizada por la Secretaría.

Ahora bien, la prestación de dicho servicio está dirigido a garantizar la seguridad del buque, del puerto al que entra o sale de las instalaciones portuarias, del medio ambiente y del entorno y por supuesto, de la vida humana.

La referida Ley en su artículo 57, establece una serie de requisitos para ser piloto de Puerto, para lo cual señala en sus fracciones lo siguiente:

Artículo 57.- Para ser piloto de puerto se deberán cubrir como mínimo los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;

II. Contar con título profesional de una escuela náutica acreditada ante la Secretaría;

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de pilotaje para el puerto respectivo y zona de pilotaje, expedido por la Secretaría, y

IV. Realizar prácticas obligatorias en el puerto y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio.

Se observa que la fracción segunda permite que sean dos tipos de profesionistas quienes se desarrollen como pilotos de puerto, debido a que las escuelas acreditadas ante la Secretaría de Transportes y Comunicaciones, imparten las licenciaturas de Piloto Naval y Maquinista Naval, siendo el Piloto Naval, el profesionista que ha desarrollado sus capacidades y habilidades en la planeación, dirección, planificación y navegación de una embarcación, mismas que debe realizar un piloto de puerto.

De acuerdo con información obtenida del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA), las dos licenciaturas que imparte a través de sus cuatro planteles, presentan diferencias de conformidad a los conocimientos que imparten y especialidad a que se aboca, mismas que se muestran a continuación:

PILOTO NAVAL
(INGENIERO GEÓGRAFO E HIDRÓGRAFO)

MAQUINISTA NAVAL
(INGENIERO MECÁNICO NAVAL)

Comprende los estudios para obtener los conocimientos profesionales relativos al mando del buque, su navegación, administración, operación y maniobras del mismo, así como la protección de la vida humana en el mar, los bienes y el medio ambiente.

Comprende los estudios para obtener los conocimientos profesionales relativos a la dirección, manejo, mantenimiento, administración y operación de todo tipo de maquinaria a bordo de los buques mercantes, así como de la protección de la vida humana en el mar, los bienes y el medio ambiente.

INTERESES

INTERESES

• Interés por la geografía.
• Interés por el manejo de aparatos electrónicos.

• Interés por la mecánica de motores.
• Interés por el manejo de herramienta.

PERFIL DEL EGRESADO

PERFIL DEL EGRESADO

Será capaz de emplearse como Oficial de Puente a bordo de embarcaciones de la Marina Mercante.

Será capaz de desempeñarse como Oficial de Máquinas a bordo de embarcaciones de la Marina Mercante.

CONOCIMIENTOS

CONOCIMIENTOS

• Realizar las tareas operacionales y administrativas a bordo de los buques.
• Planifica y dirige una travesía de una embarcación.
• Realiza una navegación segura.
• Planea, dirige y supervisa el transporte eficaz y seguro de carga.
• Realiza eficazmente el control y supervisión del personal a bordo.
• Verifica el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales sobre la seguridad de la vida en el mar y la protección del medio ambiente.

• Planea, coordina y ejecuta las actividades relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento del área de máquinas a bordo de los buques y la industria en general. 
• Planea, coordina y ejecuta mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria a bordo de los buques y la industria en general.
• Dirige y coordina al personal a su carga para el cumplimiento de los objetivos fijados.
• Cumple la normatividad nacional e internacional propia a su entorno de trabajo.

De la información transcrita, se advierte que los conocimientos proporcionados en la licenciatura de Piloto Naval o Ingeniero Geógrafo e Hidrógrafo se imparten conocimientos y desarrollan habilidades encaminados a la geografía, rutas marítimas, maniobras asociadas al transporte de carga, pasajeros, posicionamiento dinámico, maniobras especiales tanto de la industria pesquera, turística y todas aquellas donde se vea involucrada la embarcación, mientras que el Maquinista Naval o Ingeniero Mecánico Naval adquiere el conocimiento para poder operar los sistemas de maquinaria principal, auxiliar, eléctrico, electrónico y de control que garanticen la correcta operación del buque.

Considerando la importancia del servicio de pilotaje o practicaje para el desarrollo de las actividades marítimas nacionales, es que se deben realizar las adecuaciones necesarias que permitan el correcto funcionamiento de dicha actividad.

La tendencia internacional en la actualidad, es la de reforzar el servicio de pilotaje o practicaje, la formación y especialización de los prácticos o pilotos de puerto, así como su obligatoriedad, en virtud de que han ocurrido accidentes marítimos en poco tiempo, sobre todo en lugares con zonas de navegación peligrosa, de tal manera que las Comisiones Unidas que dictaminan, coinciden con el proponente de la Iniciativa de que debe precisarse en la Ley, quien es el profesional egresado de una escuela náutica que cuenta con los conocimientos y experiencia específica para desempeñar el servicio de pilotaje o practicaje.

Derivado de la iniciativa, así como de la información a que se allegaron estas Comisiones Unidas, es que se considera viable la reforma propuesta por el Senador promovente, toda vez que la legislación marítima en la actualidad permiteser piloto de puerto a dos profesionales especializados en rubros diferentes del correcto funcionamiento de una embarcación, siendo que el profesional capacitado para ejercer las actividades de mando, para dirigir, operar con seguridad una embarcación, haciendo uso de las tareas de planeación, vigilancia, control y administración de los recursos a su cargo, es el Capitán de Altura, quien posee la instrucción como piloto naval o bien dicho en otros términos, Ingeniero Geógrafo e Hidrógrafo.

Expuesto lo anterior, la propuesta contenida en el proyecto de Decreto en comento contiene una significante reforma, y adición al artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la cual se presenta a continuación:

LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE LA INICIATIVA

Artículo 57.- Para ser piloto de puerto se deberán cubrir como mínimo los siguientes requisitos:
I. …
II. Contar con título profesional de una escuela náutica acreditada ante la Secretaría;
III. …
IV. …

Artículo 57.- Para ser piloto de puerto se deberán cubrir como mínimo los siguientes requisitos:
I. …
II. Contar con título profesional de Capitán de Altura de una escuela náutica acreditada ante la Secretaría;
III. …
IV. …

En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, estas Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios Legislativos, Primera, en atención a lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 188, 212, 224 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, se permiten someter a la deliberación, votación y, en su caso, aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos para quedar de la manera siguiente:

Artículo 57.- Para ser piloto de puerto se deberán cubrir como mínimo los siguientes requisitos:

I. …

II. Contar con título profesional de Capitán de Altura de una escuela náutica acreditada ante la Secretaría;

III. …

IV. …

TRANSITORIOS

Artículo Único.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 24 de noviembre de 2016.

COMISIÓN DE MARINA.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión.

Preguntaría si existe algún Senador interesado en intervenir. En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, regístrense los votos de los Senadores. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de capacitación sobre violencia de género. A ese dictamen se le dio primera lectura en la sesión del 15 de diciembre pasado.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Informo a esta Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta discusión se realizará en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias. Con su venia, señor Presidente.

Quienes integramos la Comisión Para la Igualdad de Género y la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, presentamos ante el Pleno del Senado de la República estos dos dictámenes que tienen por objeto reformar y adicionar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Es menester recordarles que la violencia en contra de las mujeres ha sido considerada como uno de los flagelos más graves que afectan a nuestra sociedad, y representa una constante violación de derechos humanos.

Aunado a lo anterior, algunos datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que, en 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.

Asimismo, establecen que las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor, fueron las de 30 a 39 años de edad.

Y que a nivel estatal los estados de Chihuahua y el Estado de México fueron las dos entidades federativas que registraron más mujeres expuestas a cualquier tipo de violencia, el primero con un total del 80 por ciento, y el segundo con un total de 78 por ciento.

Tenemos que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más, que tuvieron al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, fueron agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.

Y entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios el nivel de violencia es mayor que entre aquellas que sólo han tenido una unión o un matrimonio.

En este orden de ideas, es que el día de hoy solicitamos su voto a favor para los siguientes dictámenes:

El primero de ellos tiene por objeto reformar la fracción III del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de que el programa integral para prevenir, acceder, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, establezca la educación y capacitación en materia de violencia de género al personal encargado de la procuración de justicia, así como a las policías y al personal de la función pública encargados de prevenir y atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres.

Y el segundo dictamen tiene por objeto reformar la fracción X del artículo 49, y la fracción VII del artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de que en el ámbito de sus competencias, las 32 entidades federativas apoyen la creación, operación o fortalecimiento de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención, diseñado por el sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Ambas reformas contribuyen sin duda alguna al fortalecimiento de esta ley, y de las acciones a favor de los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia que es ejercida en contra de las mujeres.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Martha Elena García.

Como se han podido dar cuenta, la Senadora ha presentado dos dictámenes; es necesario que estemos todos en la misma sintonía, de que el dictamen que vamos a discutir en este momento es la reforma al artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ella aprovechó para presentar de una vez el otro dictamen. Simplemente para que quede claro. Está a discusión el artículo 38.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña.

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Venir a apoyar este dictamen que ha presentado nuestra compañera Martha Elena es señalar que podemos prevenir, podemos investigar, y puede haber casos resueltos en materia de violencia en contra de las mujeres en nuestro país.

A 10 años de que se tiene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sabemos que los datos, aunque varían, tenemos conocimiento de que en México, 7 de cada 10 mujeres aceptan haber sufrido algún tipo de violencia.

Y la más extrema, la dramática, que es el feminicidio, resulta que tiene que ver con relaciones cercanas.

Por ello es muy importante que si tenemos el dato de que menos del 20 por ciento de asesinatos de mujeres en nuestro país han sido juzgados como feminicidios, necesitamos fortalecer que la visión del juzgador tenga la perspectiva de género, también la perspectiva de los derechos humanos, como está ya en la ley.

Pero el enfoque de género podrá reconocer que hay causas estructurales, que hay situaciones que cobijan; que hay lamentables hechos donde se acepta como normal, natural, y por ello recomendamos esta reforma para que haya la debida capacitación del personal que juzga, de los cuerpos policiacos, y que también podamos tener un conocimiento desde la perspectiva de los derechos humanos.

Con esta reforma estaríamos mejorando esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero sobre todo, estaríamos fortaleciendo los esfuerzos que se han estado haciendo por parte de distintas instancias, como el Instituto de las  Mujeres, como la propia Secretaría de Gobernación, con su Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y también para la Fiscalía Especial que atiende los delitos de violencia contra las mujeres y la trata de personas.

Entonces, se trata de fortalecer a los cuerpos, a las y los servidores en materia de formación y profesionalismo con el enfoque de género, procurando justicia a funcionarios y corporaciones policiacas y que tengan la obligación de capacitarse en esta materia.

Para el grupo parlamentario del PRI estamos convencidas y convencidos de que con esta medida podemos lograr que una sociedad tenga relaciones más armónicas, que podamos respetarnos como seres humanos y que ante amenazas misóginas, ante amenazas mundiales de retroceder en derechos, podamos tener conciencia y no dejemos que prejuicios, juicios y también mitos, estereotipos, tradiciones o los llamados usos y costumbres sean parte de la vida cotidiana de hombres y mujeres.

Por su atención y aprobación a este dictamen, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Lucero Saldaña.

Me ha pedido el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña. Me informan que también hablaría respecto a la reforma al artículo 38, pero que de una vez lo haría respecto al siguiente dictamen, que son los artículos 49 y 50. ¿Es así Senadora?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, así es.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien, claro que sí. Adelante.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Sí, señor Presidente, en una sola intervención. Con su venia.

Los dos dictámenes que han sido presentados por la Secretaria de la Comisión Para la Igualdad de Género, la Senadora Martha Elena García, son muy importantes, reforman, hacen algunas precisiones importantes que eran necesarias en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que efectivamente el 2 de febrero pasado cumplió 10 años de entrada en vigor.

La primera reforma tiene que ver a la integración del concepto de violencia de género como un requisito fundamental que debe estar contenido en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ya se establecen preceptos importantes en este programa que tiene que estar inscrito por parte del ámbito gubernamental, particularmente el Programa del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene efectivamente en su cotidianeidad la jefatura en la Secretaría de Gobernación.

Lo integran, además de varias instituciones federales, también los 32 mecanismos de mujeres de las entidades federativas, de tal manera que podamos lograr que este programa del sistema pueda contener, además de la necesaria referencia a la educación y capacitación en materia de derechos humanos.

También la violencia de género es muy importante porque parte de los problemas que tenemos en el país y que hoy hay diferentes estudios, diferentes instituciones de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y, por supuesto, también de señalamientos del comité para garantizar el cumplimiento de la convención para eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su revisión de lo que México como Estado parte de esta convención tiene que cumplir, siempre se nos está insistiendo, y seguramente en pocas semanas vendrán las recomendaciones que México está dando a la CEDAW.

Vendrá precisamente la recomendación de que se garantice, que quienes están al frente de las instituciones, particularmente el personal que está encargado de la procuración de justicia, sepa atender de manera adecuada, de manera correcta, de manera puntual cuando se trata de violencia de género, violencia contra las mujeres que se perpetra por la condición de género por parte de alguien que, efectivamente, está violentando los derechos humanos, y particularmente esgrimen la violencia perpetran, la violencia de género.

El incluir la violencia de género va a entrar a particularizar las características, las razones de género que se aducen en esta desventaja histórica que padecen las mujeres por serlo.

No abundo más. Me parece que la Senadora Lucero Saldaña hizo también una muy buena exposición y defensa de la importancia de incluir este precepto en el programa del sistema.

Y la segunda reforma tiene que ver con las obligaciones que tienen los municipios para constituir refugios que permitan albergar a mujeres que llegan, en la inmensa mayoría de las ocasiones, acompañadas de sus hijas e hijos, y que necesitamos fortalecer.

De tal manera que la sola inscripción que teníamos en este artículo 50, fracción VII de la obligación de apoyar la creación y operación de los refugios en los municipios, ahora enfáticamente estamos atendiendo una de las propuestas que nos han hecho la Red Nacional de Refugios, que han venido haciendo desde hace muchos años, en el sentido de establecer con toda puntualidad que no basta que haya creación de los refugios, sino que es necesario fortalecerlo.

Ustedes no están para saberlo, pero todos los refugios en el país, todos, sin excepción, a veces tienen que estar cambiando de domicilio de manera permanente. Es algo verdaderamente terrible.

Si yo pregunto aquí, ¿quiénes han sido presidentes municipales o presidentas municipales? Lo van a entender, porque precisamente donde hay refugios para mujeres, tienen que estar con protección por parte de las autoridades policiacas, porque están en una situación de gran riesgo, precisamente, por parte de quienes violentan a estas mujeres, y que siguen buscándolas para seguir castigándolas, para regresarlas al horror del que ellas están huyendo junto con sus familias.

De tal manera que es necesario enfatizar, que es necesario fortalecer estos refugios por parte de las autoridades, así como también cuidar y proteger a las hijas e hijos que acompañan a las mujeres que sufren violencias, y por supuesto, garantizar el cumplimiento de la ley.

De tal manera que hoy se está cumpliendo, desde la Comisión Para la Igualdad de Género, con estas solicitudes que nos han hecho, particularmente quienes están trabajando en la atención de mujeres violentadas en el país desde estos refugios, y hoy cumplimos.

De tal forma que solicitamos a ustedes la aprobación a estos dos dictámenes.

Es cuanto, y muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora De la Peña.

En virtud de que no hay otros oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el tablero electrónico por tres minutos, y les recuerdo que lo que estamos votando es la reforma al artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 89 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Ha quedado aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugio para mujeres víctimas de violencia. A este dictamen se le dio primera lectura en la sesión del 15 de diciembre pasado.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 49 Y LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Este dictamen ya fue presentado por la Senadora Martha Elena García Gómez, en la intervención anterior.

Por lo tanto, entramos a la discusión en lo general, y tiene el uso de la palabra la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

“Nada es suficiente para quienes lo suficiente es poco”. Epicuro, filósofo griego.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Belém do Pará, consideran como medidas necesarias para atender la violencia contra la mujer, el impulso y la creación de refugios.

La violencia contra las mujeres no es un hecho menor, es por ello que el dictamen tiene como objeto contribuir a la protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia a través del apoyo o mantenimiento de los refugios.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, el 47 por ciento de las mujeres han sufrido violencia, ya sea psicológica, económica, física o sexual; y 4 de cada 10 mujeres han sufrido de violencia psicológica, esto quiere decir que han sido humilladas, menospreciadas o amenazadas; 2 de cada 10 mujeres han sufrido violencia económica, significa que ha recibido reclamos por parte de la pareja de cómo gastan el dinero, les prohíben trabajar, o bien, les han recogido sus bienes, inclusive su dinero.

Tenemos que seguir impulsando más reformas que tengan por objeto otorgar y garantizar mayores medidas de protección y garantía para las mujeres que padecen violencia, así también como para sus hijas e hijos.

La creación de refugios no es únicamente construir un espacio con tabiques y cemento, los refugios otorgan apoyo para la recuperación física y psicológica de las mujeres víctimas de violencia, para que pueda permitirles participar y reincorporarse de manera plena a la vida pública, social y privada.

Es por eso que esta iniciativa presentada por la Senadora Cristina Díaz, en conjunto con otras compañeras legisladoras, entre quienes me congratulo por ser partícipe y acompañar a Cristina Díaz en esta iniciativa presentada, y que hoy se está presentando ante ustedes como dictamen, tiene como finalidad que las entidades federativas y los municipios impulsen y apoyen la creación, operación y fortalecimiento de refugios. En el caso específico de los municipios, también incorpora el apoyo que no sólo sea para las víctimas, sino también para sus hijas e hijos.

Aquí, en una intervención anterior, la Senadora Angélica de la Peña fue muy clara en lo que han significado los refugios.

En nuestro país hemos avanzado y hay refugios que han sido espacios importantes que permiten a las mujeres no sólo su salvaguarda en momentos de crisis, en los momentos difíciles donde logran escapar de la violencia o logran poder ser atendidas, sino además para su recuperación. No sólo recuperar su autoestima, sino fortalecerse en su dignidad y estar preparadas para el ejercicio pleno de sus derechos humanos, pero las mujeres no están solas, normalmente están acompañadas de sus hijas e hijos y ellos viven la misma situación.

Por eso es importante esta iniciativa, que permite no solamente el fortalecimiento de los refugios, sino además considerar para el caso de los municipios, que éstos se amplíen para el caso de sus hijas e hijos.

Enhorabuena por esta iniciativa que permite que las y los Senadores podamos seguir avanzando contra algo que daña, lastima y lacera no sólo a la sociedad, sino que agrede a las mujeres y nos ofende a todos y a todas en este país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Yolanda de la Torre.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Estimadas compañeras y compañeros:

Esta reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, puede resultar o parecer una reforma mínima, pero es muy importante.

Quizás no todos ustedes tengan claro que la violencia feminicida en nuestro país le cuesta a México la vida de 7 mujeres al día; 7 mujeres al día están muriendo por violencia de género en nuestro país. Esto es más grande que cualquier otra enfermedad, muchas enfermedades no cuestan tantas vidas de personas como es la violencia feminicida.

Hace diez años se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se definió de manera muy importante, en esta ley, las políticas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. A diez años de distancia de esta ley, de los esfuerzos importantes que a nivel legislativo se han hecho, de los esfuerzos presupuestales, de las diferentes políticas públicas que existen a nivel federal en los estados y los municipios, la violencia de género sigue en aumento.

Y aunque no nos gustaría, o no nos gusta la idea, que las mujeres tengan que salir de sus casas por violencia, sino los que debieran salir de sus casas son los hombres que están generando violencia, hoy en día la realidad implica que necesitamos lugares seguros y confiables donde atender emocional, psicológica y jurídicamente, e incluso en su salud a las mujeres que son violentadas.

Porque los datos nos dicen que además de esas siete mujeres que mueren al día por violencia feminicida, el 80 por ciento de esos casos están relacionados por personas que son cercanas a ellas, es decir, las personas que están siendo asesinadas por sus esposos, parejas, cónyuges o novios. Justamente en los lugares donde deberían de estar más seguras.

Ante esta realidad que tenemos hoy en día y que no quieren escuchar la mayoría, se necesitan los refugios, y los refugios que existen hoy en día son los de la sociedad civil organizada, porque tampoco el Estado ha invertido de manera suficiente en una política pública que permita contar con espacios donde las mujeres puedan tener una vida libre de violencia.

Por eso, de manera temporal, existen estos refugios y es tan necesario que cuenten con todo lo que se requiere para que los refugios puedan operar; pero esta política pública cada año se ve limitada en recursos, cada año tiene que combatir y estar batallando las organizaciones para poder acceder a los recursos que les permitan garantizar su operación.

Por eso es que esta reforma que hoy ha presentado la Comisión Para la Igualdad de Género, me parece importante para dotar a una parte de la política pública en materia de atención a la violencia, como son los refugios para mujeres víctimas de violencia, de la viabilidad para seguir atendiendo a las mujeres que son víctimas de violencia y evitar que esos casos de violencia se conviertan en una parte más de la estadística y que esas mujeres que no pueden ser atendidas correctamente terminen siendo asesinadas.

Eso es lo que hay que evitar y por eso es que apoyo esta reforma y felicito a la comisión por haber avanzado rápidamente en aprobar esta iniciativa presentada por mi compañera la Senadora Cristina Díaz.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Martha Tagle.

Ya no tengo oradores registrados. Consulto a la Asamblea si es de interés de alguien hacer algunas reservas.

Toda vez de que no hay ninguna reserva, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 49 y la fracción VII del artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre México y Santa Lucía. A este dictamen se le dio primera lectura en la sesión del 13 de diciembre pasado.

CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SANTA LUCÍA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, PARAGUAY, EL 4 DE JUNIO DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos del artículo 58 del Reglamento.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, se emitieron 80 votos a favor.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucia, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 2014. Remítase al Ejecutivo Federal.





 

Tenemos la discusión de dos dictámenes, en sentido negativo, que propone desechar proyectos recibidos de la Colegisladora. Los dictámenes se encuentran publicados en Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia, pasaremos a su discusión en conjunto.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos de Decreto a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura, señor Presidente.

De las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 26 de la Ley de Fomento para Lectura y el Libro.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores les fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República, Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2014 y turnada a la Cámara de Senadores para efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en el apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 11 de diciembre de 2013, el entonces Diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano del Poder Legislativo turnó la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.

3. La propuesta del entonces Diputado fue aprobada por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados el 3 de abril de 2014.

4. El 17 de septiembre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro por 355votos a favor, ninguno en contra y sin abstención. En esa misma fecha es turnado a la Cámara de Senadores para efectos del inciso A del artículo 72 constitucional.

5. El 18 de septiembre de 2014, el proyecto de decreto es comunicado por la Mesa Directiva del Senado de la República y turnado a la Comisión de Educación y de Estudios Legislativos de este órgano del Poder Legislativo para su estudio y dictamen.

6. El 27 de enero de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República rectificó el turno, asignándolo a las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.

7. El documento fue turnado a los integrantes de la comisión el 17 de febrero de 2015 para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y viabilidad del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

La iniciativa propone incorporar los libros de texto de educación media superior al conjunto de excepciones de aplicación de la figura del precio único del libro, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 22 y 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Dichas disposiciones establecen la obligación de los editores a fijar un precio único durante dieciocho meses a los libros de primera edición, el cual regirá su venta directa al público en todo el territorio nacional por ese tiempo.

En la exposición de motivos que sustenta la iniciativa, se hace referencia a que en el periodo de gobierno entre 1934 y 1940 se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de que las escuelas particulares se ajustarán y acatarán los planes y programas de educación establecidos por la Secretaría de Educación, en seguimiento a los principios rectores de la política pública en materia educativa vigentes desde 1917, es decir, una educación laica, obligatoria y gratuita.

De acuerdo a la argumentación presentada en la exposición de motivos, estos criterios dieron origen a los libros de texto gratuito, los cuales beneficiaron a miles de estudiantes de bajos recursos y a los que, por su lugar de residencia, se les dificultaba el acceso a los materiales educativos. El propósito de los libros fue ofrecer a los educandos un mínimo de conocimientos y destrezas sin distinción de condiciones sociales.

En el año de 1959 se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, la cual se convirtió en un organismo con capacidad de editar millones de ejemplares para su distribución en todo el país, específicamente para la educación básica que, en ese entonces, únicamente consideraba al nivel primaria. La primera edición de libros de texto gratuito alcanzó 15 millones y medio de ejemplares y, más tarde, entre 1960 y 1964, se editaron más de 107 millones de libros y cuadernos de trabajo.

El proponente hace referencia a la prueba que, cada tres años, se aplica en los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, denominada Pisa, cuyo objeto es evaluar el desarrollo de competencias de alumnos de 15 años en diferentes países del mundo. Señala que, en el caso de México, los resultados han sido desalentadores, en particular, en el ámbito de la compresión de la lectura, pues la medición de los connacionales está por debajo de prácticamente los alumnos de todos los países que integran este organismo.

Con base en esa reflexión, el proponente señala que el gobierno de la República, consciente desde la época de la conquista hasta nuestros días, de la importancia de la lectura y el libro, ha impulsado diferentes programas para fomentar en la población escolar el hábito a la lectura, en reconocimiento a que dicha práctica constituye un elemento fundamental en el desarrollo, además de ser una condición para la equidad, la identidad y la inclusión social, sin dejar de lado que la lectura es un elemento estratégico desde el punto de vista económico, social y cultural.

La Comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados tomó en consideración los argumentos del proponente y, conjuntamente con él, reconocieron la importancia de considerar el diseño de libros de texto para educación media superior, sobre la base de que este tipo educativo, adquirió la condición de un servicio educativo que debe prestar el Estado de manera obligatoria, conjuntamente con la educación básica, a partir de la reforma al artículo tercero constitucional, publicada el 9 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

Los diputados señalador sobre el tema de libros de texto sobre educación media superior lo siguiente: “Respecto a los aspectos prácticos para la aplicación de esta iniciativa, es importante señalar que en el nivel medio superior, debido a la diversidad del propio sistema, encontramos una mezcla de libros que presentan mayor diversidad en relación con los libros utilizados en educación básica, extendiéndose la selección de libros desde los de mera consulta hasta aquellos que considera textos básicos para las distintas materias. Por ejemplo, para los estudiantes de enfermería a nivel técnico, hay libros de texto especializados para su formación, pero también tienen que recurrir a libros de exclusiva consulta, que representan un mayor nivel (de) especialización y, en muchos de los casos, presentan mayores precios; en un caso mucho más común, las áreas (de) literatura son cubiertas, además de por libros de texto, por libros con títulos sin cuya lectura no se podrían cubrir de manera óptima los planes de estudio”.

Con base en ello, la comisión dictaminadora, llevó a cabo un ajuste en la redacción de la iniciativa original y propuso su aprobación ante el Pleno de la Cámara de Diputados. El proyecto de decreto aprobado por los diputados presenta las siguientes características:

Ley de fomento para la lectura y el libro

Texto vigente

Propuesta normativa

Artículo 26.- Los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público mencionado en el artículo 22 de la presente Ley, cuando se trate de libros editados o importados con más de dieciocho meses de anterioridad, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales.

Artículo 26.- Los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público mencionado en el artículo 22 de la presente Ley, cuando se trate de libros editados o importados con más de dieciocho meses de anterioridad, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales, además de los libros de texto necesarios para el desarrollo y aplicación de los currículos correspondientes a la Educación Media Superior obligatoria.

Tomadas en cuenta las reflexiones de los integrantes de la Comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados y su aprobación por el Pleno de la misma, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos hacen las siguientes consideraciones al contenido del proyecto de decreto.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro es una norma que regula, entre otros aspectos, la figura del precio único. Se trata de una modalidad bajo la cual la cadena libro ofrece, a los lectores o consumidores de libros, los ejemplares de una misma edición en igualdad de condiciones de precio en todo el territorio nacional. El precio único de venta al público tiene una vigencia de dieciocho meses una vez que se ha editado un libro, transcurrido el cual, permite el ajuste de precio de los ejemplares según convenga a los editores, distribuidores o puntos de venta. El precio único no es un precio fijo, el cual no pueda modificarse durante los meses de su vigencia, sino un valor que puede ser modificado, a condición de que el alza o baja del precio, se realice de manera uniforme en todos los puntos de venta.

SEGUNDA.- Conforme al artículo 22 de la Ley en comento, los editores e importadores de libros fijarán un precio a los ejemplares de cada edición el cual será el mismo precio de venta al público en todos los puntos de venta localizados en el país durante su vigencia. El supuesto se basa en que cada edición constituye un ejemplar único, el cual no compite con ningún otro ejemplar editado por otro agente o incluso el mismo editor que sea diferente en título y autor, por lo que esta práctica no puede calificarse de monopólica. Esta modalidad del precio único ha sido calificada como constitucional por la suprema Corte de Justicia de la Nación en dos ocasiones: Amparo en revisión 2261/2009 y Amparo en revisión 2266/20131.

TERCERA.- La aplicación del precio único tiene como propósito que los lectores adquieran en las mismas condiciones de oportunidad en cuanto al precio, los libros que sean de su elección. La homologación del precio de cada ejemplar en todos los centros de comercialización, sean librerías o almacenes, permite que grandes distribuidores no incurran en prácticas desleales de comercio, como pueden ser la imposición de condiciones de compra a editores y de venta a librerías, en particular, a aquellas de carácter especializado y de las cuales funcionan poco más de 600 en el territorio nacional. En todo caso, la venta de un ejemplar a un mismo precio favorece una distribución amplia de ejemplares y títulos, lo que, además, incentiva la diversidad en la lectura y el fomento en la creación cultural y literaria.

CUARTA.- Por lo que hace a los libros de texto gratuito, de acuerdo a la Ley General de Educación, constituyen un elemento del sistema educativo nacional, en el cual se soportan los planes y programas de estudio de educación prescolar y primaria, responsabilidad a cargo del Ejecutivo Federal con la participación de los sectores sociales involucrados en la educación. Para el ciclo escolar 2015-2016 se editaron alrededor de 212 millones de ejemplares de libros de texto, los cuales incluyeron materiales para prescolar, primaria, telesecundaria, secundaria, macrotipo, braile inglés, educación indígena, bibliotecas de aula y escolares y telebachillerato. Dichos libros se distribuyeron en más de 220mil escuelas en todo el país.

QUINTA.- El proceso de diseño y edición de un libro de texto de cualquier grado escolar representa un esfuerzo significativo en el que intervienen no sólo editores, sino también profesionales de la educación, así como de cada una de las materias, con la finalidad de que el contenido cumpla con los requisitos del perfil de egreso de cada nivel educativo, así como con la información de calidad y pertinencia necesaria para la formación de los educandos. La producción editorial de los libros y materiales educativos de los niveles de prescolar y primaria están a cargo de diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública, así como de la Comisión Nacional de libro de Texto Gratuito, también dependiente de esa dependencia.

SEXTA.- En el caso de la educación secundaria, el diseño y elaboración de los libros de texto se lleva a cabo mediante un procedimiento de licitación, en el cual se califican la correspondencia con los planes y programas de estudio vigentes para toda la república, así como la calidad de la educación, precio y distribución. A diferencia de los libros de texto de educación primaria, los títulos y editoriales para cada asignatura pueden cambiar de región a región, con base en el proceso de selección de los libros establecido en la convocatoria emitida por la autoridad. Es de señalarse que existe una gran diversidad de títulos de libros de texto diferentes en educación secundaria para cada asignatura, en virtud de que se califican con base en esquemas de calidad, oportunidad, abasto y precio.

SÉPTIMA.- Es de señalarse que, para los libros de texto de educación secundaria, la autoridad emite una convocatoria abierta a los editores quienes pueden ser seleccionados de cumplir con todos los requisitos en calidad, contenido y pertinencia establecidos en las bases de participación. Esto da por resultado una diversidad de títulos para cada materia en cada grado escolar. Por ejemplo, un profesor de educación secundaria pudo optar, en el ciclo 2014-2015, por 29 ejemplares diferentes para la asignatura de matemáticas I; 31 para matemáticas II y 35 para matemáticas III. Es de señalarse que no existe un libro de texto único para cada asignatura como ocurre en prescolar y primaria, sino libros de diferentes editoriales cuyo contenido corresponde a los planes y programas establecidos por la autoridad, lo cual implica la selección de textos en una base de datos que incluye hasta ahora más de 580 mil registros de títulos de libros para secundaria, de los cuales son autorizados los que cumplen con los términos solicitados.

OCTAVA.- Cabe destacar que los libros de textos, conforme a los planes y programas de estudio autorizados por la Secretaría de Educación Pública, aplican, hasta ahora, únicamente en educación prescolar, primaria y secundaria y, de manera especial, al telebachillerato, es decir, lo que constitucionalmente se denomina educación básica, la cual, conjuntamente con la educación media superior, son los niveles educativos obligatorios que el Estado debe atender a través de la prestación de servicios educativos. A diferencia de la educación básica, no existen disposiciones normativas que establezcan planes y programas únicos para el sistema de educación media superior en cualquiera de sus modalidades. De hecho, una de las virtudes de este nivel educativo es la diversidad, la cual corresponde a las diferentes necesidades de formación educativa a que debe responder este nivel educativo, conforme al lugar y tipo de necesidades donde se imparte.

NOVENA.- Cabe señalar que el sistema de educación media superior ha sido el tipo educativo cuyo perfil es más abierto e, incluso, se ha desarrollado de manera desarticulada entre un sistema y otro. Esto ha significado que el perfil de egreso de los alumnos de bachillerato sea diferente al de los alumnos que egresan de sistemas de educación tecnológica o, bien, de educación agropecuaria. Atendiendo a esta problemática, en el año de 2012 y 2013, a iniciativa de Senadores de diferentes grupos parlamentarios se propuso la creación del sistema nacional de Bachillerato, con la finalidad de establecer un marco curricular común básico para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa, característicos en este nivel.

DÉCIMA.- No obstante, la reforma planteada se propuso generar las bases para identificar una base curricular común para los alumnos que egresaran de este nivel educativo, pero respetando la identidad de cada uno de los subsistemas que integran la educación media superior, sin dejar de considerar que muchas instituciones que ofrecen servicios educativos dependen directamente de las entidades federativas o, bien, de universidades autónomas de cada una de las entidades federativas. Pero, sobre todo, debe tenerse presente que los subsistemas responden a necesidades educativas totalmente distintas, como son por ejemplo, los institutos tecnológicos del mar, el Colegio Nacional de educación profesional Técnica (CONALEP), los sistemas estatales de colegios de bachilleres o las instituciones dependientes de la Dirección General de Educación tecnológica Industrial, entre otros subsistemas.

DÉCIMA PRIMERA.- Desde esa perspectiva, las comisiones dictaminadoras consideran que el procedimiento para exentar la figura jurídica del precio único del libro, debe corresponder a otros procedimientos de orden administrativo, antes que a una reforma legal. En primer término, determinar la pertinencia de que existan libros de texto para un sistema con una integración curricular diversa, en la cual, prácticamente, cualquier libro de orden científico o cultural podría considerarse dentro de los requerimientos de formación de los alumnos de educación media superior.

DÉCIMA SEGUNDA.- Asimismo, si el propósito de la creación del Sistema Nacional de Bachillerato fue establecer un perfil de egreso común y básico para los estudiantes, la autoridad debería previamente emitir los planes y programas de estudio correspondientes de carácter obligatorio, con independencia del conjunto de conocimientos específicos de cada uno de los subsistemas de educación media superior. Debe subrayarse que uno de los valores de este tipo educativo, es la variedad de opciones que ofrece a los estudiantes, lo cual constituye un valor que no se pretende modificar con la reforma a este nivel educativo.

DÉCIMA TERCERA.- Además, el precio único podría ser la base para garantizar que, eventualmente, libros de texto para educación media superior, se adquieran en igualdad de condiciones de oportunidad en cuanto a su precio, en todo el territorio nacional. Evitaría la especulación del libro de texto aprobado por la autoridad cuyo costo, al final de cuentas, sería fijado por un editor que podría vender de manera directa, a precios diferenciados, un mismo ejemplar en distintas partes del territorio nacional.

DÉCIMA CUARTA.- Ahora bien, si la disposición de la Secretaría de Educación Pública y de las dependencias equivalentes en las entidades federativas, fuera optar por la edición y distribución de libros de texto “gratuitos” para educación media superior, la hipótesis jurídica estaría contenida en el propio artículo 25 de la Ley de fomento para la Lectura y el Libro, el cual señala expresamente: “el precio único señalado en el artículo 22 de la ley, no se aplica a las compras que para sus propios fines, excluyendo la reventa, hagan el Estado, las bibliotecas que ofrezcan servicio al público o préstamo, los establecimientos de enseñanza y de formación profesional o de investigación”.

Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios legislativos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en el apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente resolución con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se desecha el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de fomento para la Lectura y el Libro, aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2014.

Ciudad de México, el 28 de abril de 2016.

COMISIÓN DE CULTURA.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

1 Amparo en revisión 2261/2009, engrose, disponible en
http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=114274&SeguimientoID=262 (consultado el 19 de noviembre de 2014) y Amparo en revisión 2266/2013, disponible en http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=153817&SinBotonRegresar=1 (consultado el 19 de noviembre de 2014).




 

Y de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 18 de marzo del 2015, los entonces Diputados Federales, Mario Sánchez Ruiz, Juan Bueno Torio, Érick Marte Rivera Villanueva y José Arturo Salinas Garza, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, presentaron en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Economía para para su estudio y dictamen correspondiente.

2. El 21 de abril de 2015 en sesión de trabajo de la Comisión de Economía, los integrantes de la Comisión, aprobaron el dictamen con 20 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 26 miembros que la integraban.

3. El 29 de abril de 2015 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 376 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

5. El 30 de abril de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Minuta

La Minuta tiene por objeto, reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles para establecer lo siguiente:

a) Que las “Sociedades de Responsabilidad Limitada y Anónima” se pueden constituir a partir de un solo socio (Sociedades Unipersonales).

b) Que los contratos celebrados, entre el “socio” y la sociedad (En el caso de las “Sociedades de Responsabilidad Limitada y Anónima”) deberán de constar por escrito e inscribirse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

c) Que la “Sociedad de Responsabilidad Limitada” y la “Sociedad Anónima” se puedan constituir por uno o más socios.

d) Que en la “Sociedad Anónima” tratándose de un solo socio o accionista y siempre que esta sea considerada como sociedadmicro y pequeña, no se le obligará para que en su escritura constitutiva señale el nombramiento del comisionario.

e) Que en la “Sociedad Anónima” en el supuesto que un socio o accionista pase a ser propietario de todas las acciones, o bien que deje de ser propietario de todas las acciones, o de la transmisión de un socio o accionista a otro de todas las acciones que integran el capital social, deberá dejarse constancia en el Registro Público de Comercio.

f) Se elimina el supuesto de que las sociedades se puedan disolver cuando las partes de interés se reúnan en una sola persona.

Así, la colegisladora aprobó el siguiente:

“Decreto por el que se reforman los artículos 58, 87, la fracción I del artículo 89, la fracción V del artículo 91, la fracción IV del artículo 229 y se adicionan un último párrafo al artículo 1°; un artículo 13 bis y un artículo 97 Bis, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 1o.-...

I.- a VI.- ...

...

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo podrá constituirse por un solo socio o accionista.

Artículo 13 Bis.- Para los casos de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que se integren por un solo socio o accionista, los contratos celebrados entre el socio o accionista único y la sociedad, deberán constar por escrito o en su caso, bajo la forma documental que exija la ley de acuerdo con su naturaleza, y se transcribirán a un libro de actas que llevará la sociedad para tales efectos, que deberá ser firmado por el propio socio o accionista, dichos contratos deberán inscribirse por la sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Dicha inscripción será gratuita.

En caso de concurso mercantil del socio o accionista único o de la sociedad anónima o de responsabilidad limitada, integrada por un solo socio o accionista, no serán oponibles a la masa aquellos contratos comprendidos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos al libro de actas y no se hayan inscrito en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, como lo menciona el párrafo anterior.

Para los casos de las sociedades de responsabilidad limitada o anónima que se integren por un solo socio o accionista, todas las disposiciones que hacen referencia a "socios", "miembros" o "accionistas", se entenderán aplicables respecto del socio o accionista único. Asimismo, aquellas disposiciones que hagan referencia a "contrato social", se entenderán referidas al “acto constitutivo”.

A las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, integradas por un solo socio o accionista, les serán aplicables las disposiciones de los capítulos respectivos, salvo por las excepciones expresamente contenidas en esta Ley y lo referente al régimen de convocatoria y celebración de las asambleas de socios o accionistas. Para el caso de estas sociedades, las decisiones del socio o accionista único deberán constar por escrito y ser firmadas en el libro de actas.

Artículo 58.- Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye por uno o más socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente Ley.

Artículo 87.- Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de uno o más socios o accionistas cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

Artículo 89.- …

I.- Uno o más socios o accionistas;

II.- a IV.- ...

Artículo 91.- …

I a IV.- …

V.- El nombramiento de uno o varios comisarios, salvo en el caso de sociedades integradas por un solo socio o accionista y siempre que se trate de sociedades consideradas como micros y pequeñas, conforme a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Economía para promover la competitividad y la estratificación de sociedades.

VI a VII. …

Artículo 97 Bis.- Del acto que traiga como consecuencia que un socio o accionista pase a ser propietario de todas las acciones, o bien que un socio o accionista deje de ser propietario de todas las acciones, o de la transmisión de un socio o accionista a otro de todas las acciones que integran el capital social, deberá dejarse constancia en el  Registro Público de Comercio, a través de los medios electrónicos que al efecto ponga a disposición la Secretaría de Economía, dentro de los noventa días siguientes a su celebración.
Artículo 229.- ...

I.- a III.- ...

IV.- Porque el número de socios o accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley establece, en su caso;

V.- ...

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaria de Economía contará con un plazo de 180 días para emitir las disposiciones necesarias para promover la competitividad y la estratificación de sociedades…”

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que la Ley General de Sociedades Mercantiles (En adelante, LGSM), tiene por objeto regular a las sociedades mercantiles. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la LGSM son consideradas como sociedades mercantiles:

1. Sociedad en nombre colectivo;

2. Sociedad en comandita simple;

3. Sociedad de responsabilidad limitada;

4. Sociedad anónima;

5. Sociedad en comandita por acciones;

6. Sociedad cooperativa,

7. Sociedad por acciones simplificada.

Segunda.- Que el 14 de marzo de 2016, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles”, en la que se estableció la creación de la figura jurídica de la  Sociedad por Acciones Simplificada (En adelante SAS) que pretende:

• Crear un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas (personas físicas).

• Simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas empresas.

• Facilitar el ingreso a la formalidad.

• Establecer un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales.

• Establecer un mecanismo de operación sencilla que se adapte a las necesidades de la micro y pequeñas empresas, y

• Fomentar el crecimiento de estas empresas para que, en el futuro, adopte formas más sofisticadas de operación y administración.

Las SAS:

• Se deberán inscribir en el Registro Público de Comercio.

• Podrán constituirse por uno o más socios (personas físicas).

• Sus ingresos totales anuales no podrá rebasar de 5 millones de pesos.

• Se constituirán:

- Por uno o más accionistas;

- Los accionistas externen su consentimiento bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución; y

- Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada.

• El sistema electrónico para la constitución de las SAS’s estará a cargo de la Secretaría de Economía, su funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que para tal efecto emita la propia Secretaria.

Tercera.- Que a partir de la entrada en vigor de esta reforma (15 de septiembre de 2016) los beneficios para las empresas serán:

a) Constitución en línea de la sociedad en menos de 24 horas.

b) Consentimiento por medios electrónicos.

c) Facilitación de estatutos de la sociedad y mecanismo de operación sencillo.

V. Resolutivo

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la referida Minuta con Proyecto de Decreto, se encuentran atendidas con la publicación del “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles”, publicado el 14 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República, el 30 de abril de 2015.

Segundo.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 19 de octubre de 2016.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Toda vez que no hay reserva alguna ni orador registrado, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al conteo del tablero electrónico, se emitieron un total de 80 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos: el proyecto de Decreto para reformar el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos al desahogo de dictámenes con puntos de Acuerdo emitidos por diversas comisiones, sobre los cuales no hay reservas para su discusión.

Dé cuenta la Secretaría, por favor.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta, señor Presidente.

Tenemos dos dictámenes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de Acuerdo:

Por el que se cita a comparecer al Director General de la Comisión Nacional del Agua para que informe lo relativo al proyecto de regulación hidrológica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a enviar un informe sobre el avance en la implementación de las acciones contenidas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, encaminadas a la construcción y mejora de la infraestructura de tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales en el país.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)







 

También tenemos dos dictámenes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta a fortalecer las acciones de prevención integral para reducir los factores de riesgo de violencia contra las niñas y mujeres.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)



(Intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta)







 

Y que exhorta al Congreso del estado de Yucatán a armonizar su legislación en materia de paridad de género.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Consulto si alguno de estos dictámenes desean hacer reserva para su discusión en tribuna.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Compañeros Senadores, hago de su conocimiento que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo para la conducción de la sesión solemne que celebraremos mañana 9 de febrero en Conmemoración del Centenario de la Promulgación de nuestra Constitución Política. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo al que se ha dado lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo para la conducción de la sesión solemne que celebrará el Senado de la República el 9 de febrero de 2017 en Conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comuníquese.





 

Les informo ahora que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos también un Acuerdo en relación con la recepción de asuntos para su inclusión en el Orden del Día de las sesiones de la Cámara de Senadores. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo con relación a la recepción de asuntos para su inclusión en el Orden del Día en la Cámara de Senadores. Comuníquese a los grupos parlamentarios y comisiones del Senado.





 

Recibimos un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comuníquese.





 

Recibimos de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para el cargo de Magistrado Electoral Local en el estado de Querétaro.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para el cargo de Magistrado Electoral Local en el estado de Querétaro. Comuníquese.





 

Compañeros Senadores, recibimos de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la integración de las comisiones del Senado.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.





 

Compañeros Senadores, les informo que recibimos la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Atención y Protección de los Mexicanos en el Exterior y su retorno ordenado y favorable, que suscribe el Senador Miguel Barbosa Huerta y diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mismo que se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR Y SU RETORNO ORDENADO Y FAVORABLE

(Presentada por el Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRD)







 

Daremos cuenta ahora de las rectificaciones y ampliaciones del turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana. Solicito a la Secretaría dé cuenta de estas rectificaciones.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Les informo que se amplió el turno de los siguientes asuntos.

A la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, presentada el 2 de febrero pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Y al proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones en materia social, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Asociaciones Público Privadas y la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentado el 26 de junio de 2013, para quedar en las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.

Asimismo, se rectificó el turno del proyecto de Decreto que crea la Ley Federal de Derechos para la Equidad y la Igualdad Social, presentada el 14 de marzo de 2013, para quedar en las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado cuenta la Secretaría.





 

Informo a la Asamblea que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 7 DE FEBRERO COMO “DÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA”

(Presentada por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar y Diva Hadamira Gastélum Bajo)

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, LILIA MERODIO REZA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTELUM BAJO Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL SIETE DE FEBRERO COMO “DÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA”, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso a una vivienda digna y decorosa es un derecho constitucional materializado a través de distintos mecanismos estatales que permiten a las familias mexicanas resolver su carencia de vivienda. Este derecho es fundamental en el desarrollo personal y social de los ciudadanos, ya que es una necesidad de primera instancia y es vital para poder satisfacer las demás necesidades de las familias.

Las viviendas no sólo son cuatro paredes y un techo; la vivienda debe ser un sitio habitable, con servicios básicos y seguridad, tanto física como jurídica, para sus ocupantes, deben proporcionar espacio para el descanso y el desarrollo de actividades personales que permitan el normal desenvolvimiento del ser humano. Las viviendas deben ser hogares donde se pueda formar familia.

Esto demuestra que el concepto de vivienda no puede ser limitado, más bien es un concepto amplio que busca dignificar los espacios en que habitarán los seres humanos, por lo que siempre se busca hablar de viviendas dignas y decorosas.

El derecho al acceso a la vivienda ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintas ocasiones, reafirmando el concepto de vivienda digna y decorosa en la tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.) de rubro DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, en la cual se utiliza la interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), de manera que al hablar de una vivienda digna y decorosa “(a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere "adecuada" requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres.”

En atención a lo anterior, para poder garantizar a todas las personas un hogar, que sea adecuado en el mínimo de bienestar de sus habitantes, el Estado Mexicano ha puesto en marcha la Política Nacional de Vivienda que busca “un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana; así como construir y mejorar la vivienda rural.”1

Para llevar a cabo este  modelo, se opera el “Programa Nacional de Vivienda 2014-2018”, que busca conseguir los tres objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: (1) incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas; (2) consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes; (3) fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.

Este ha sido un accionar desde todos los frentes que ha buscado reducir el enorme problema que ha causado la expansión urbana, ya que se ha incrementado el terreno urbano alrededor de los centros de población con un aumento mínimo de su población, incrementando los costos de servicios, urbanizaciones y transportes.

Además, existe un fuerte déficit habitacional y la oferta de vivienda durante los primeros años del siglo, se basó en un modelo que promovía la vivienda fragmentada y separada de los entornos urbanos; por lo que la actual política busca detener y resolver estos problemas.

Actualmente, de acuerdo con cifras de la OCDE, en México las familias gastan en promedio el 22% de su ingreso bruto para mantener su vivienda, lo cual es 1% mayor al promedio de los países de la OCDE; además, la política implementada por el gobierno federal y respaldada en la legislación, que sólo permite la construcción de hogares con dos o más habitaciones, ha rendido frutos, ya que México cuenta con una habitación por persona (promedio de OCDE 1.8 habitaciones por persona)2.

La política de vivienda no está acabada, es perfectible, por lo que es necesario brindar espacios propios para la reflexión y el análisis que permitan considerar la realidad y plantear posibles modificaciones para mejorar la implementación de los programas a favor de una mejor solución habitacional.

De este modo, actualmente se celebra el 9 de septiembre de cada año el Día Nacional de la Vivienda para la Fuerzas armadas y a nivel internacional, el primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat, fechas en las que se promueve la inspección minuciosa de la situación habitacional y la formulación de nuevas medidas para resolver los problemas que enfrentan.

En tanto lo anterior, la vivienda, que representa un nodo central para el desarrollo urbano y el desarrollo personal de los ciudadanos, no cuenta con un día específico que permita celebrar, examinar y proyectar sobre las políticas implementadas.

La celebración de días temáticos hacen un fuerte llamado para “sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos lo exijan a sus representantes.”3

Esto nos lleva a la necesidad de establecer un día para la atención de la vivienda a nivel nacional, y sirve como una fecha de gran valor, el 7 de febrero de 1983 día en que fue establecido por el constituyente permanente el derecho de toda familia a una vivienda digna y decorosa en nuestra Carta Magna.

En este día se reconoció el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda, entendiendo el sentido y el rol fundamental que tiene en la formación de un hogar y la protección del mismo en orden a dar cabida a una mejor sociedad.

Por lo anterior, se pretende declarar el 7 de febrero de cada año como Día Nacional de la Vivienda; esto como una medida que permita hacer un parteaguas para la conocer, informar y reforzar las medidas en torno a la vivienda, promoviendo el intercambio de ideas, y la discusión sobre las políticas y programas en orden a conseguir acciones concretas a favor de las y los mexicanos.

Por los argumentos expuestos, las senadoras que suscriben sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL SIETE DE FEBRERO COMO “DÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA”.

ARTÍCULO ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el siete de febrero de cada año, como el “Día Nacional de la Vivienda”.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de febrero de 207.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 (2014) Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. Diario Oficial de la Federación: México

2 Vivienda. Recuperado el 20 de enero de 2017, dehttp://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/housing-es/

3 ONU. Recuperado el 22 de enero de 2017, de https://blogs.un.org/es/2016/11/23/para-que-sirven-los-dias-internacionales/





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa está fundamentada en la propuesta presentada el día 3 de diciembre de 2015 por la suscrita, y que a razón de la coyuntura que atraviesa nuestro país en materia de política de migración con Estados Unidos de Norteamérica, y en el marco de la presentación de la iniciativa preferente remitida por el Ejecutivo Federal en materia de revalidación de estudios de migrantes, se pone a consideración nuevamente con algunas modificaciones que se consideran pertinentes al contexto.

Recientemente el UNICEF instó a nuestro país a prepararse a prepararse para recibir a los niños migrantes no acompañados que pudieran llegar a nuestro territorio como efecto de la política migratoria emprendida por Donald Trump.

Al respecto, dicho organismo también señaló sobre el grave problema financiero que tienen las Procuradurias de Protección Integral responsables de acoger y cuidar a los niños migrantes, que en el presupuesto de 2017 arrastran un déficit de 600 millones de pesos. De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los migrantes no acompañados no deben permanecer en estaciones migratorias sino en albergues del Sistema DIF o en familias de acogida que reciben temporalmente a un niño hasta que se resuelve su situación migratoria y familiar.

Sin embargo, este modelo debe contemplar factores sustanciales para el desarrollo de estos infantes, tal como la educación, misma que en dicho ordenamiento se coloca bajo la perspectiva de derechos, indispensable para que puedan ejercer sus demás derechos.A lo largo del tiempo, se ha podido demostrar que mejorar las condiciones escolares contribuye a reducir la pobreza y permite el fortalecimiento de la cohesión social.

El Banco Mundial ha señalado que la educación es uno de los factores más poderosos para impulsar el desarrollo de las naciones, que si bien, ha presentado avances significativos en todo el mundo, aún existen retos importantes que impiden la universalización de la misma, teniendo como contexto  que en el 2013, 58 millones de niños se encontraban fuera del sistema escolar y 250 millones no sabían leer o escribir en todo el planeta; lo que se traduce en que debemos garantizar la accesibilidad a los servicios de educación que permita a los infantes obtener resultados dependiendo el grado de escolaridad que estén cursando.

Existen múltiples factores que representan un obstáculo para que los menores puedan asistir a una escuela y concluyan sus estudios, siendo la desigualdad y la migración uno de los más importantes. El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo (EFAGMR, por sus siglas en inglés) que elabora la UNESCO, señala que es 4 veces mayor la probabilidad de que un niño en situación de pobreza se quede sin educación primaria comparado con los niños que son más ricos.

Desde el año 2000, diversos líderes mundiales establecieron 6 objetivos clave a alcanzar en materia educativa con la finalidad de poner la educación al alcance de todos sin distinción de edad, sexo, etnia, ingresos económicos familiares, lugar de residencia o transición. Pero, a pesar de los esfuerzos realizados en la comunidad internacional, el plazo se ha rebasado y existen varios desafíos pendientes.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha informado que es indispensable que todos los países redoblen esfuerzos para cumplir con los objetivos de contribuir a la erradicación de la pobreza, entre los que se encuentra la educación como uno de los ejes fundamentales para conseguir esta meta, estableciendo a la vez, a la desigualdad y la migración como una característica que sigue obstaculizando el avance a la educación universal.

Para el Banco Mundial, garantizar el acceso a una educación de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes por igual es indispensable, ya que permite que se adquieran las habilidades necesarias para su inclusión en el mundo laboral y cuenten con la capacitación y herramientas esenciales que permitirán terminar con el círculo de la pobreza en el 2030.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha señalado que en nuestro país a pesar de la implementación de múltiples políticas públicas y los importantes avances en la producción de datos del sistema educativo, como el uso de la prueba ENLACE o la información generada por el Sistema Nacional de Información Educativa, hay un número importante de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela. Donde los motivos determinantes para no acudir a un centro educativo son las fuertes disparidades y exclusión social que se refleja en una cobertura desigual, en la que podemos apreciar que los sectores más pobres o vulnerables no accede a estos servicios, y los que están matriculados, muchas veces presentan dificultades para concluir su ciclo escolar. Además, existen elementos adicionales para que esta situación se presente como son la notoria desigualdad en la oferta educativa en las diferentes entidades federativas, las zonas rurales o urbanas, la educación privada y pública, donde, además, encontramos condiciones contrastantes en las oportunidades educativas para la población indígena o migrante.

El Informe “La Educación en México: Estado actual y consideraciones sobre su evaluación”, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) señala que los avances en materia de equidad en el acceso a la educación obligatoria han sido insuficientes, ya que la inasistencia a los centros escolares sigue siendo más aguda para la población vulnerable, sobre todo para los niños que viven en hogares pobres, indígenas, en comunidades aisladas o donde sus padres cuentan con poco o nulo nivel escolar.

El mismo documento, muestra que entre los jóvenes de 15 y 17 años la asistencia a la escuela es mucho menor entre quiénes están en situación de pobreza alimentaria, para quienes trabajan en jornadas de medio tiempo y para los migrantes. En el caso de la educación primaria, mientras un 72% de estudiantes la cursa en 6 años, solo un 50% lo logra en el mismo plazo si asiste a una escuela indígena, concluyendo así, que a pesar de una oferta masiva y de supuesta igualdad en materia educativa, esta resulta intensamente inequitativa y poco apropiada para los menores que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, que va desde su nivel económico y se agrava aún más cuando pertenecen a comunidades indígenas, rurales o son migrantes, donde el primer reto es poder acceder a la educación y el segundo, poder concluir sus estudios.

Es claro que los migrantes son un sector desfavorecido y poco atendido en esta compleja problemática, pues en muchas ocasiones les son violentados sus derechos humanos mientras transita por nuestro país, siendo el caso de la educación uno de los más renuentes al negarse el acceso de los menores a los centros educativos por la falta de documentos de identidad, negando así, sus derechos fundamentales que les reconoce nuestra propia Constitución y los tratados internacionales firmados por México, donde el Estado mexicano se compromete a respetar y garantizar sus derechos sin importar su nacionalidad ni situación migratoria, con atención especial a grupos vulnerables entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes.

Es indispensable que este grupo cuente con el respaldo de nuestra legislación para la protección de sus derechos e integridad, considerando además las medidas migratorias que ha emprendido el país vecino del norte, pues todo apunta a un número importante de infantes no acompañados que pueden ser deportados a nuestro país.

En este sentido, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que anualmente por la frontera sur de nuestro país ingresan alrededor de 150 mil migrantes menores, aunque diversas ONG consideran que son hasta 400 mil, ya que no se cuenta con una cifra exacta y en su gran mayoría no cuentan con papeles o documentos de identificación.

Además, tendríamos que agregar el número de población flotante que se encuentra dispersa por todo el territorio nacional, misma que es casi incuantificable por la misma situación, donde el Estado mexicano carece de registro y documentación de muchos de ellos, por su calidad de “indocumentados”, agregando también, que muchos de estos migrantes viajan con sus hijos, o tienen hijos en México que carecen de identificaciones y por si fuera poco, también ingresan a nuestro país cientos de menores que viajan solos, por lo que es fundamental garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo momento.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

PROPUESTA

Artículo 60.- Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República.

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.

La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero.

Artículo 60.- Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República.

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.

La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero.

La falta de documentación o estatus migratorio no será causa para negar servicios educativos, en el caso de menores que se encuentren en esta situación, el centro educativo deberá dar conocimiento a los órganos locales encargados de protección a la infancia de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de regularizar su situación.

En el caso de infantes que se encuentren bajo alguna situación migratoria y hayan cursado estudios en el extranjero, las autoridades educativas deberán revalidar y expedir el correspondiente certificado, llevando a cabo un proceso de adaptación al Sistema Educativo Nacional bajo estrictos procedimientos pedagógicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA el artículo 60 de la Ley General de Educación, para quedar de la forma siguiente:

Ley General de Educación

Artículo 60.- Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República.

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.

La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero.

La falta de documentación o condición migratoria no será causa para negar servicios educativos, en el caso de menores que se encuentren en esta situación, el centro educativo deberá dar conocimiento a los órganos locales encargados de protección a la infancia de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de regularizar su situación.

En el caso de infantes que se encuentren bajo alguna condición migratoria y hayan cursado estudios en el extranjero, las autoridades educativas deberán revalidar y expedir el certificado correspondiente, estableciendo un programa de adaptación al Sistema Educativo Nacional para los menores.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II DEL ARTÍCULO 41 Y IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Armando Melgar Bravo, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Salvador Vega Casillas, José de Jesús Santana García, Gabriela Cuevas Barron, Rosa Adriana Díaz Lizama y Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una revisión exhaustiva y aplicar medidas conducentes para verificar y asegurar el cumplimiento de las condicionantes necesarias establecidas en la operación de las concesiones otorgadas a las empresas que realicen algún aprovechamiento del Río Sabinas, en el estado de Coahuila. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La suscrita, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral I fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta  respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el ámbito de sus facultades a que realicen una revisión exhaustiva y apliquen medidas conducentes para verificar y asegurar el cumplimiento de las condicionantes necesarias establecidas en la  operación de las concesiones otorgadas a las empresas que realicen algún aprovechamiento del Río Sabinas, en el estado de Coahuila, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Río Sabinas es un ícono del estado de Coahuila. Recibe su nombre debido a los sabinos (Taxodiummucronatum) que suelen establecerse en sus riberas. Es uno de los ríos del estado con mayor abundancia y extensión de estado y contiene una gran importancia ecológica y económica1.

La región constituye un centro de endemismos y especies de distribución restringida, siendo esta una zona una transición entre los reinos neártico y neotropical. La planta Trichocoronisrivularis es endémica del Río Bravo y algunas porciones del sur de Texas. La planta Yuccacoahuilensis es endémica de la región, así como los reptiles Apalonespiniferaemoryi, Uta stanburianastejnegeri, Tantilla gracilisy el mamífero Vulpesveloxzinseri2. El área representa un hábitat crítico para numerosas especies de flora y fauna, sobre todo para aquellas que se encuentran amenazadas. Entre los mamíferos existen 10 especies catalogadas bajo la categoría de Sujeta a Protección Especial, Amenazada, en Peligro de Extinción y Probablemente Extinta, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2002. Entre las especies sujetas a Protección especial está el murciélago Lasyonicterisnoctivagans; entre las amenazadas están la musaraña del desierto (Notiosorexcrawfordicrawfordi), el murciélago lengüilargo (Choeronycteris mexicana), el murciélago hocicudo de la nieve (Leptonycterisnivalis), la zorrita del desierto o norteña (Vulpesmacrotiszinseri), y el tlalcoyote (Taxideataxusberlandieri). Entre las especies catalogadas en peligro de extinción se encuentran el castor (Castor canadensismexicanus), el puerco espín (Erethizondorsatumcouesi) y el oso negro (Ursusamericanuseremicus)3.

El río es también una de las fuentes de agua más importantes para los cinco municipios de la región Carbonífera. A pesar de esto, el Río Sabinas presenta elevados índices de deterioro. Esto se debe principalmente a dos actividades: las descargas de aguas residuales domésticas e industriales directas al afluente y la explotación minera4. Es importante sumar a las causas del deterioro ambiental del lecho del río la extracción ilegal de material pétreo para la construcción, reportada por diversos medios locales de comunicación5. La amenaza que implican estas actividades para el equilibrio ecológico ha llevado a casos similares dentro del mismo estado a cortes Internacionales. Un ejemplo es el reciente fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua en que llama a frenar la extracción de material pétreo en el Río San Rodrigo6.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Artículo 118, establece que todas las descargas de aguas residuales en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, deberán satisfacer las normas técnicas ecológicas que establezcan los límites máximos permisibles de contaminantes en dichas descargas. Esto con la finalidad de asegurar una calidad del agua satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.

En la región Carbonífera existen 34 áreas de aprovechamiento impactadas por desarrollos a cielo abierto, los denominados “tajos”. El municipio de Sabinas tiene el mayor número de tajos, sin embargo, es San Juan de Sabinas el que posee mayor cantidad de superficie alterada por este tipo de actividad con el 2.6 por ciento de su territorio municipal y representa el 50 por ciento de las zonas impactadas por tajos en la región Carbonífera7.

La suma de estas actividades nocivas han ocasionado la fragmentación de sus ecosistemas que se distribuyen a largo del recorrido del río. Lo que a su vez ha provocado un aislamiento de las especies, alterando procesos evolutivos. Por otra parte la acumulación de agua en los aprovechamientos mineros ha interrumpido el flujo natural subterráneo y superficial del líquido hacia el Río Sabinas8. Lo anterior como resultado de la acumulación de agua en los aprovechamientos mineros y la extracción de material pétreo del cauce del río, que rompen el flujo natural subterráneo y superficial del agua hacia el río, amenazando la disponibilidad de agua en la región. De seguir el ritmo de explotación y contaminación que hasta el momento se lleva, se podrían tener daños irreparables en la salud de un río icónico del estado de Coahuila.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus facultades a que realicen una revisión exhaustiva y apliquen medidas conducentes para verificar y asegurar el cumplimiento de las condicionantes necesarias establecidas en la  operación de las concesiones otorgadas a las empresas que realicen algún aprovechamiento del Río Sabinas en el estado de Coahuila.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de febrero de 2017

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Municipio de Sabinas. Río Sabinas.http://sabinas.gob.mx/Seccion.aspx?s=Rio%20Sabinas. Consultado en línea el 31 de enero de 2017.

2 Río Sabinas.http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_152.pdf. Consultado en línea el 31 de enero de 2017.

3 Bardo Lucio. Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar: Rio Sabinas. Consultado en línea el 31 de enero de 2017: http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/FIR_RAMSAR/Coahuila/R%C3%ADo%20Sabinas/Mexico%20R%C3%ADo%20Sabinas%20RIS%20S%202008.pdf.

4 Plan Municipal Sabinas.
http://www.icai.org.mx/ipmn/Documentos/Sabinas/PLAN%20MUNICIPAL%20SABINAS%202010-2013.pdf. Consultado en línea 1 de febrero de 2017.

5 Siguen empresas explotando el río Sabinas. El Heraldo de Saltillo, 28 de enero del 2017. Consultado en línea: https://elheraldodesaltillo.mx/2017/01/28/siguen-empresas-explotando-el-rio-sabinas/ y Saquean el Río Sabinas. Factor Coahuila, 30 de enero del 2017. Consultado en línea: http://factorcoahuila.com/devastan-el-rio-sabinas/

6 Tribunal internacional pide a México frenar extracción de material pétreo del rio San Rodrigo en Coahuila. Vanguardia, 10 de octubre del 2016. consultado en línea: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tribunal-internacional-pide-al-gobierno-de-mexico-frenar-extraccion-de-material-petreo-del

7 Multiservicios Integrales del Norte. Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad regional. Consultado en línea el 31 de enero de 2017:
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/coah/estudios/2011/05CO2011M0006.pdf.

8 CONABIO. Cuenca del Río Sabinas.Consultado en línea el 31 de enero de
2017.http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_152.pdf.





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a denunciar ante diversos organismos internacionales la violación a los derechos humanos de la que nuestro país y nuestros connacionales son objeto, a raíz de las declaraciones y políticas migratorias implementadas por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Se turna a las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Asuntos Fronterizos Norte.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE DENUNCIE ANTE DIVERSOS ORGANISMOS INTERNACIONALES LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA QUE NUESTRO PAÍS Y NUESTROS CONNACIONALES SON OBJETO A RAÍZ DE LAS DECLARACIONES Y POLÍTICAS MIGRATORIAS IMPLEMENTADAS POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DONALD TRUMP, al tenor de las siguientes:

Consideraciones.

El pasado 20 de enero tomó posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. Su estrategia electoral estuvo basada en el racismo, la xenofobia y el odio en contra de los mexicanos.

El Gobierno mexicano, lejos de defender la dignidad de nuestro país y los derechos de nuestros compatriotas migrantes en Estados Unidos, se mostró complaciente ante el entonces candidato republicano, a quien incluso le extendió una invitación a nuestro país.

Las amenazas que Trump profirió contra nuestra Nación como candidato, hoy se convierten en peligros reales que estamos enfrentando. Ejemplo de lo anterior es cuando en plena campaña demandó a las empresas norteamericanas a que no hicieran negocios con México y a principios de año, cuando sin siquiera haber tomado posesión, lanzó amenazas contra las empresas automotrices que anunciaron planes de invertir en México.

Las armadoras estadounidenses recularon, una de ellas (Ford) canceló una inversión anunciada en 2015 para construir una nueva planta en San Luis Potosí, estado en el que el gobierno local ya había considerado 1,027 millones de pesos que se destinarían al terreno donde se planeaba construir su nueva nave industrial.

En el primer martes del año, la empresa anunció que parte de la inversión pensada para México se redirigiría a su planta de Michigan, a la que destinaría 700 millones de dólares para crear también 700 empleos. Esta circunstancia debilitó a la moneda mexicana en 2017, luego que el peso cedió 1.5% en su categoría interbancaria ante el dólar al cerrar en 21.05 pesos, frente a los 20.73 pesos por dólar del día anterior.

Sin embargo existen otros ejemplos y, sin una acción oportuna existirán más. Tal es el caso que nos atañe, su declaración de construir un muro a lo largo de la frontera entre ambos países, mismo que prometió sería pagado por México bajo la amenaza de recortar las remesas que envían nuestros connacionales residentes en Estados Unidos, el cual hoy es una realidad.

Otro ejemplo más, es el de reducir el dinero de la subvención federal de los estados y ciudades santuarios (generalmente gobernados por los demócratas) que albergan a los inmigrantes ilegales, además de retirar inversiones o empleos. Una medida que ya había anunciado en su campaña.

El endurecimiento de las políticas migratorias que se ha anunciado podría implicar medidas que criminalizarán a las personas en situación de migración, contribuyendo con ello que fuesen víctimas de discriminación, así como a un aumento de la intolerancia, xenofobia, exclusión y violencia en contra de los migrantes mexicanos.

Finalmente sus propuestas de deportaciones de los migrantes mexicanos, pueden constituir violaciones al derecho a contar con garantías procesales al momento de evaluar su condición jurídica dentro de Estados Unidos.

En este sentido, al amparo de instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, en virtud de que el discurso y las acciones del presidente estadounidense promueven el desprecio, la hostilidad, el odio y la discriminación contra los mexicanos, exponiéndolos a situaciones de violencia, e impidiendo que se garantice el pleno respeto de sus derechos, de su reputación y a la no discriminación, resulta inaceptable que México tolere esta circunstancia.

De todas las opiniones vertidas sobre el tema, quien ha implementado una estrategia mucho más clara en este sentido, ha sido Andrés Manuel López Obrador, quien ha llamado a hacer una denuncia ante Naciones Unidas, con fundamento en el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas que establece que ante amenazas o ante hostilidad y agresión de un país a otro el Consejo de Seguridad puede pronunciarse y que si el Consejo de Seguridad no se pronuncia puede construir la unidad por paz en donde las Naciones Unidas se pronuncian.

Toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89 establece entre las facultades y obligaciones del presidente, que le corresponde al titular del Poder Ejecutivo Federal el dirigir la política exterior es su obligación defender al país ante estos hechos, respetando en todo momento, los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que, en su calidad de responsable de dirigir la política exterior de nuestro país, denuncie ante la Organización de las Naciones Unidas la construcción del muro fronterizo en la frontera de nuestro país con los Estados Unidos de América, por parte del presidente de esa Nación, Donald Trump, como un acto de hostilidad, el cual vulnera el principio de no agresión entre las naciones y el derecho humano al libre tránsito, así como la libertad de mercado pactada entre ambas naciones, para que el organismo o su Consejo de Seguridad se pronuncien al respecto.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que, en su calidad de responsable de dirigir la política exterior de nuestro país, denuncie ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas la violación a los derechos humanos y discriminación racial de la que nuestro país y nuestros connacionales son objeto a raíz de las declaraciones y políticas migratorias implementadas por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que, en su calidad de responsable de dirigir la política exterior de nuestro país, denuncie ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente la construcción del muro fronterizo en la frontera de nuestro país con los Estados Unidos de América, por parte del presidente de esa Nación, Donald Trump, como un acto que pone en riesgo los ecosistemas que ambas naciones comparten y que tienen la obligación de proteger.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que, en su calidad de responsable de dirigir la política exterior de nuestro país, inicie los mecanismos de solución de controversias de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ante la imposición de aranceles a los productos mexicanos, propuesta por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, mismos que jamás se habían pactado en el tratado comercial.

QUINTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo en relación a los acuerdos ambientales entre México y Estados Unidos de América. Se turna a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Asuntos Fronterizos Norte.

Los Senadores que suscriben del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS ACUERDOS AMBIENTALES ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La frontera México-Estados Unidos cuenta con una extensión de 3,152 kilómetros, definida actualmente por una serie de líneas trazadas astronómicamente y localizadas en el terreno por monumentos que están fijados por levantamientos de la Comisión Internacional de Límites (CILA MEX-EUA).

Ambos países comparten grandes áreas silvestres entre las que destacan los desiertos de Sonora y Chihuahua.

El desierto de Sonora contiene la mayor diversidad; cubre territorio de Sonora, Baja California y Baja California Sur en México, así como Arizona y California en Estados Unidos. Por ello, en México contamos con el Área Natural Protegida con categoría de Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, la cual forma parte de la Red de Reservas Hermanas del Desierto Sonorense que protegen una amplia y bien conservada franja fronteriza entre Arizona (Estados Unidos) y Sonora (México)1.

El 8 de agosto de 2012 México a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, firmó con la Agencia de Protección ambiental de Estados Unidos de América, el Programa Ambiental Frontera 2020, proyecto binacional con una expectativa a ocho años.

Este Programa tiene como misión, proteger el medio ambiente y la salud pública en la región fronteriza México-Estados Unidos, de manera consistente con los principios de desarrollo sustentable, a través de 5 metas y diversos objetivos:

Meta 1. Reducir la Contaminación del Aire.

Objetivo 1.-Limitar el número de vehículos que se introducen al país que no cumplen con los estándares de emisiones vehiculares del país de origen y del receptor, y reducir el tiempo de espera con el motor encendido en los cruces fronterizos y otras posibles medidas de reducción.

Objetivo 2.- Reducir emisiones de contaminantes para apoyar el cumplimiento de los estándares nacionales de calidad de aire en las siguientes cuencas atmosféricas.

Objetivo 3.- Mantener satisfactoriamente, las redes de monitoreo de la calidad del aire y permitir el acceso a los datos de calidad del aire en tiempo real.

Objetivo 4.- Complementar los planes estatales de acción ante el cambio climático de los seis estados mexicanos fronterizos (según se considere apropiado) y fortalecer las capacidades necesarias para garantizar su implementación continúa.

Objetivo 5.- Reducir las emisiones de contaminantes y sus impactos asociados, a través de proyectos para la eficiencia energética y/o proyectos de energías renovables/alternas.

Meta 2. Mejorar el Acceso a Agua Limpia y Segura

Objetivo 1.- Promover el incremento de hogares conectados a sistemas de agua potable y a sistemas adecuados de alcantarillado y saneamiento.

Objetivo 2.- Ayudar a los prestadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región fronteriza en la implementación de prácticas de infraestructura sostenible, con el fin de reducir costos de operación, mejoramiento de la eficiencia, uso eficiente del agua y adaptación al cambio climático.

Objetivo 3.- Trabajar binacionalmente para identificar y reducir la contaminación de las aguas superficiales en los cuerpos de agua y cuencas hidrológicas transfronterizas.

Objetivo 4.- Proveer al público el acceso oportuno a los datos de calidad del agua en cuerpos de agua y en las cuencas hidrológicas binacionales en un formato entendible vía internet

Meta 3. Promover el Manejo Integral de Materiales y Residuos, y Sitios Limpios

Objetivo 1.- Incrementar la capacidad institucional a nivel local y estatal en el rubro de prácticas sustentables para el manejo de materiales.

Objetivo 2.- Identificar los flujos de residuos prioritarios y para el año 2020 desarrollar prácticas sustentables en el manejo de materiales que refuercen su valor en sus respectivos mercados.

Objetivo 3.- Mejorar el nivel de conocimiento en todos los niveles de gobierno (federal, estatal y local) para clasificar y remediar sitios contaminados.

Objetivo 4.- Sobre una base anual, implementar el Mecanismo Consultivo Binacional para el intercambio de información sobre las instalaciones de residuos peligrosos en el área fronteriza.

Meta 4. Mejorar la Preparación Conjunta de Respuesta Ambiental

Objetivo 1.- Actualizar según sea necesario, el Plan Conjunto de Contingencia México-Estados Unidos vigente y continuar evaluando y actualizando, anualmente el mecanismo de notificación de emergencias entre México y Estados Unidos.

Objetivo 2.- Al menos ocho de los planes conjuntos de contingencia de las ciudades hermanas serán complementados con acciones de preparación y prevención, tales como capacitación certificada, análisis de riesgos y/o desarrollo de capacidades institucionales.

Objetivo 3.- Para el año 2016, el ERC México-Estados Unidos publicará materiales de divulgación técnica y capacitación para distribución y difusión a lo largo de la frontera.

Objetivo 4.- el ERC México-Estados Unidos analizará, con fines comparativos, los acuerdos existentes (incluyendo los planes de las ciudades hermanas) que permiten el movimiento transfronterizo de recursos humanos y materiales.

Meta 5. Fortalecer el Cumplimiento de la Ley y la Promoción de una Gestión Ambiental Responsables.

Objetivo 1.- Fortalecer el intercambio efectivo de información entre las agencias y oficiales de México y Estados Unidos, respecto al movimiento de residuos peligrosos a través de la frontera, su tratamiento y disposición final. Adicionalmente, asegurar que los puertos de entrada terrestres cuenten con la capacidad suficiente para la inspección de los cargamentos de residuos peligrosos.

Objetivo 2.- Aumentar en México un 25 por ciento el número de negocios en la región fronteriza adscritos al Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) y/o programas similares a nivel estatal para instalaciones no reguladas por el gobierno federal, usando como línea base el año 2012.

Objetivo 3.- Usando el Inventario de Emisiones Tóxicas de Estados Unidos (TRI, por sus siglas en inglés) y el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de México (RETC), junto con otras fuentes de información ambientales, compartir información respecto a las actividades que contribuyan a la contaminación transfronteriza del aire y/o agua a lo largo de las cuencas fronterizas.

Objetivo 4.- Implementar al menos cinco talleres binacionales dirigidos a inspectores ambientales, incluyendo agentes aduanales de los puertos de entrada, para promover el intercambio de información y mejorar el entendimiento de los respectivos programas de cumplimiento y aplicación, así como sus herramientas, de cada país; incluyendo la inspección de terrenos y estudios de casos.

En el reporte de logros de 2016 de este Programa, destaca el reconocimiento del mismo como el cuarto mecanismo de cooperación fronteriza entre ambos países en el marco del Convenio de la Paz de 1983;2 entre sus resultados destacan:


Meta

Acción

Monto de financiamiento
México

Monto de financiamiento
EUA

1

Estudiar las actividades y emisiones de los camiones de carga en el cruce fronterizo de Laredo Nuevo Laredo.

 

$89,750 dólares, Instituto de Transporte de la Universidad de Texas

Desarrollo del programa PROAIRE

No específica, Nogales Sonora

 

Ayudar a mejorar el monitoreo de la calidad del aire para PM10

$14,327 dólares, municipio de Ojinaga, Chihuahua

 

Estudio que permita tener un mejor entendimiento de las causas y fuentes de material particulado (PM) en la contaminación del aire que impacta a la salud pública en la región del Paso del Norte.

$28,725 dólares, al  Departamento de Salud del estado de Chihuahua con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

 

2

Resolver el problema de aguas contaminadas con grasas y aceites que son descargadas en su sistema de alcantarillado.

$32,533 dólares, a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Nuevo Laredo

 

Implementación de un proyecto para demostrar que los paisajes urbanos pueden incorporar cultivos intensivos a pequeña escala.

 

$6,000 dólares, Agencia de Agua de El Paso, Texas

Conservación del arroyo Las Vacas en el municipio de Acuña, Coahuila.

$44,200 dólares, a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila

 

3

Desarrollar un diagnóstico que sirviera como modelo de predicción de la generación de residuos sólidos en la región noreste

$21,798dólares, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León

 

Investigaciones relacionadas con el reciclaje de bio-sólidos en suelos agrícolas en el Valle de Juárez, Chihuahua.

$44,850dólares, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

 

Eventos gratuitos de recolección de llantas usadas en el Condado de El Paso, Texas, con el objetivo de disminuir la disposición ilegal de las mismas

 

$15,000dólares, al Distrito para el Abastecimiento de Agua No.1 del Condado de El Paso

Desarrollar un kit de herramientas sobre los desechos electrónicos.

 

No se indica monto recibido, por el Departamento de Calidad ambiental de Arizona

Establecer un centro de recolección comunitario para la comunidad de Tigua.

 

$66,670dólares, al Departamento Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRD, por sus siglas en inglés) de Ysleta del Sur Pueblo

Crear un ambiente más sano y limpio mediante la mejora de sus programas para el manejo de los residuos sólidos y de reciclaje

 

$54,838 dólares, a la ciudad de Álamo, Texas.

Dos proyectos para evitar la disposición ilegal de basura y sensibilizar a los residentes de la ciudad.

 

$40,000 dólares, a la ciudad de Pharr, Texas

Implementar una campaña informativa, de 18 meses de duración, para mejorar la salud infantil.

 

$69,083 dólares, Centro de Educación en Salud del Área Suroeste de la Frontera (AHEC, por sus siglas en inglés)

Demostrar la viabilidad del compostaje y para reducir la basura de plástico en las playas cercanas a la ciudad.

No se indica monto recibido por el Colegio de la Frontera Norte y a la Organización Civil Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental

 

4

Aumentar la preparación y respuesta a incidencias ocasionadas por fugas peligrosas de vagones de ferrocarril en la región Paso del Norte.

 

$30,000 dólares, a la ciudad de El Paso, Texas

Capacitación y realización de simulacros binacionales con la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

 

$60,000 dólares, ciudad de Harlingen, Texas.

5

Reducción de basura

 

$300,000 dólares a la organización Wildcoast y SonoranInstitute.

Fuente: Elaboración propia con datos del Reporte de Logros Otoño 2016 del Programa Ambiental México – Estados Unidos Frontera 2020.

Como puede apreciarse, los recursos financiados por el Programa Frontera 2020 han beneficiado a ambos países, para el trabajo conjunto a favor del medio ambiente y con ello lograr los objetivos fundamentales del programa, como son la salud infantil, la atención al cambio climático y protección a las comunidades marginadas.

Este Programa es financiado con recursos federales, inversiones estratégicas de los gobiernos estatales y municipales y del sector privado, así como préstamos bilaterales que otorga el Banco de Desarrollo de América del Norte. Juntas, estas organizaciones colaborarán para identificar una variedad de fuentes para asegurar subsidios, financiamiento y préstamos que permitan apoyar las actividades del Programa.

Los financiamientos otorgados hasta el 2016, han permitido la asignación de $917,774 dólares de los cuales el 80% ha sido asignado a Estados y comunidades de Estados Unidos, que ayudan en la prevención de la contaminación en la frontera.

En otro orden de ideas, la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), es una organización intergubernamental que apoya la cooperación en materia ambiental entre los tres socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se integra por México, Estados Unidos y Canadá, con el objeto de proteger el medio ambiente de América del Norte en virtud del Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACAAN).

En este sentido la CCA atiende tres prioridades estratégicas:

• Mitigación del cambio climático y estrategias de adaptación.

• Crecimiento verde.

• Comunidades y ecosistemas sustentables.

De acuerdo con el Plan Estratégico de la CCA 2015-20203 y su Plan Operativo 2015-2016 de la Comisión para la Cooperación Ambiental4, se indica que el Consejo de la Comisión Ambiental5 adoptó 16 proyectos para el 2015-2016:

• Mitigación del cambio climático y estrategias de adaptación:

1. Modelización y evaluación integradas del carbono forestal y de las opciones de mitigación del cambio climático en el sector forestal de América del Norte.

2. Adaptación de las comunidades de América del Norte al cambio climático: sistema piloto de vigilancia sindrómica ante el calor extremo.

3. Iniciativa de América del Norte para la reducción y recuperación de residuos alimentarios.

4. Iniciativa de América del Norte para el desvío y procesamiento de residuos orgánicos.

5. Avances en la investigación científica para la formulación de políticas en materia de carbono azul en América del Norte.

• Crecimiento verde:

6. Reducción de emisiones generadas por el movimiento de bienes en el transporte marítimo en América del Norte (fase II).

7. Fortalecimiento de la aplicación en América del Norte de los límites de la Organización Marítima Internacional en cuanto al contenido de azufre en combustibles.

8. Impulso a la adopción de la ISO 50001 y de las certificaciones del programa Desempeño Energético Superior en América del Norte.

9. Fortalecimiento de la conservación y el aprovechamiento sustentable de especies listadas en el Apéndice II de la CITES en América del Norte.

10. Mejoramiento ambiental del manejo de las sustancias químicas en América del Norte.

• Comunidades y ecosistemas sustentables:

11. Iniciativa sobre Aves Migratorias del Ártico: Plan de acción sobre corredores aéreos en el continente americano.

12. Por una mayor participación activa de agricultores y propietarios de tierras en favor de la conservación de la mariposa monarca y especies polinizadoras.

13. Ruta migratoria de la mariposa monarca: comunicación, conservación participativa y programas educativos a lo largo de la ruta.

14. Red de observación medioambiental local.

15. Utilización de la función de los ecosistemas junto con el conocimiento ecológico tradicional con miras a desarrollar resiliencia y propiciar la adaptación frente al cambio climático en toda América del Norte.

16. Fortalecimiento de la eficacia en el manejo de las áreas marinas protegidas y apoyo para la resiliencia de comunidades costeras.

Para la elaboración de estos proyectos, se tenía presupuestado la utilización de 5,590,000 dólares canadienses, de los cuales 2.52 millones serían utilizados en 2015 y 3.17 millones en el 2016, de acuerdo con el Plan Operativo.

Como resultados en el informe intermedio de la CCA, indica que el 1 de julio de 2015 se lanzaron 16 proyectos nuevos, para ello se firmaron 38 contratos, en su mayoría con organizaciones no gubernamentales, seguidas de agrupaciones indígenas, particulares y empresas del sector privado.6

Resalta del informe que los gastos entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016 del presupuesto asignado a los proyectos se mantuvieron dentro de lo programado para la mayor parte de éstos.

Con las órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en materia de migración el pasado 25 de enero, se estableció el inició de la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos, poniendo en riesgo la seguridad y el respeto de los derechos humanos de nuestros connacionales, así como la continuidad de los proyectos ambientales que están en marcha entre México y Estados Unidos y la supervivencia de diversas especiesmigratorias que nuestro país comparte con nuestro vecino del norte, como lo son la mariposa monarca, diversas aves migratorias y especies marinas, que son objeto de protección a través de la Comisión para la Cooperación Ambiental.

La construcción del muro podría impactar a 111 especies en peligro de extinción, 108 especies de aves migratorias, 4 refugios de vida silvestre y criaderos de peces y un número desconocido de humedales protegidos. Entre las especies en peligro, destacan:7

• Jaguar (Panthera onca)

• Lobo gris (Canis lupus)

• Lobo mexicano (Canis lupus baileyi)

• Manatí (Trichechusmanatus)

• Tortugas marinas

• Águila Calva (Haliaeetusleucocephalus)

• Águila Real (Aquila chrysaetos)

Por lo anterior, es importante destacar que la construcción del muro fronterizo perjudicará los acuerdos y proyectos ejecutados al amparo de los acuerdos internacionales, como el de Frontera 2020 y la Comisión para la Cooperación Ambiental.

A razón de lo anterior, podrían considerarse que los $917,774 dólares americanos financiados por el Programa Ambiental México-Estados Unidos, y los 5.59 millones de dólares canadienses fueron destinados a un fondo muerto, lo cual incrementa el costo del muro que el Presidente de los Estados Unidos Americanos ha mandatado construir, que durante su campaña política como candidato presidencial estimó un costo de construcción de 8,000 millones de dólares8.

Debemos considerar que de acuerdo con la sección 7 de la Ley de Especies en Peligro de Estados Unidos, se debe revisar por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre cualquier acción o proyecto de construcción de las dependencias federales; razón por la cual, el Gobierno de México tiene la oportunidad de realizar los acercamientos necesarios con las agencias ambientales de Estados Unidos y Canadá, para analizar y realizar los estudios necesarios que permitan dar a conocer con certeza cuál será la afectación, tanto económica como ambiental, del muro fronterizo que se pretende levantar en la frontera sur de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene por objeto:

1. Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo los acercamientos necesarios con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y con los miembros del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (Estados Unidos y Canadá) con la finalidad de evaluar las afectaciones del muro fronterizo que se pretende realizar por el Presidente de los Estados Unidos de América, en los Programas Frontera 2020 y del Plan Estratégico de la Comisión 2015-2020.

2. Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para realizar conjuntamente con instituciones de educación superior, un análisis específico de las especies de vida silvestre que se verán afectadas por la construcción del muro fronterizo.

3. Invitar a los Senadores integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores América del Norte y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a llevar a cabo reuniones parlamentarias con Representantes y Senadores del Congreso de los Estados Unidos de América, con la finalidad de analizar las afectaciones ambientales ocasionadas por el muro fronterizo.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe pone a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que promueva una reunión extraordinaria con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, con la finalidad de:

• Continuar realizando las gestiones Bilaterales México - Estados Unidos para concluir con éxito las metas y objetivos del programa Frontera 2020.

• Analizar las repercusiones ambientales que pueda tener el Programa Frontera 2020 con la inminente instalación del muro Fronterizo planteado por el Gobierno de Estados Unidos de América, así como las consecuencias generadas por el incumplimiento de las metas y objetivos planteados en el Programa Frontera 2020.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los acercamientos necesarios con los miembros del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, con la finalidad de:

• Continuar realizando las gestiones trinacionales México - Estados Unidos- Canadá, para concluir con éxito las iniciativas y programas establecidos en el Plan Estratégico de la Comisión 2015-2020 y su Plan Operativo 2015 – 2016.

• Analizar las repercusiones ambientales que puedan tener los programas e iniciativas de la Comisión para la Cooperación Ambiental con la inminente instalación del muro Fronterizo planteado por el Gobierno de Estados Unidos de América, así como las consecuencias generadas por el incumplimiento acuerdos entre naciones.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar conjuntamente con instituciones de educación superior, un análisis específico de las especies de vida silvestre que se verán afectadas por la construcción del muro fronterizo.

Cuarto.- El Senado de la República invita a los Senadores integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores América del Norte y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a llevar a cabo reuniones parlamentarias con Representantes y Senadores del Congreso de los Estados Unidos de América, con la finalidad de analizar las afectaciones ambientales ocasionadas por el muro fronterizo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Suscriben.

1 http://elpinacate.conanp.gob.mx/historia.php

2 El Acuerdo de la Paz de 1983 fue suscrito en Baja California Sur, mediante el cual se dio inicio a la cooperación entre México y los Estados Unidos de América, con el objetivo de preservar un medio ambiente sano para el bienestar económico y social, a lasrgo plazo, de las generaciones presentes y futuras de cada país, así como de la comunidad internacional. http://www.semarnat.gob.mx/temas/agenda-
internacional/frontera-norte/convenio-de-la-paz

3http://www.cec.org/es/acerca-de-la-cca/planes-estrategicos-del-consejo/plan-estrat%C3%A9gico-de-la-cca-2015-2020

4 http://www.cec.org/sites/default/files/documents/planes_operativos/operational-plan_2015-2016-es.pdf

5 El Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental está integradopor las autoridades de medio ambiente de más alto rango (nivel ministerial o equivalente)de Canadá, Estados Unidos y México.

6 http://www.cec.org/es/sites/default/files/documents/planes_operativos/midterm-report_2016-sp.pdf

7 https://www.outsideonline.com/2075761/trumps-wall-threatens-111-endangered-species

8 http://www.efe.com/efe/america/politica/trump-pone-precio-al-muro-en-la-frontera-entre-ee-uu-y-mexico-8-000-millones-de-dolares/20000035-2834962





 

De los Senadores Manuel Bartlett Díaz y Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo para que el Secretario de Relaciones Exteriores cumpla de inmediato su compromiso de informar oficialmente al Senado, a través de la Junta de Coordinación Política; informe la Presidencia de la República la estrategia, términos y características de su negociación, con información oficial, que aglutine el apoyo de los mexicanos; y aclare si en la entrevista de ambos Presidentes, se dio el contenido humillante y amenazante a la institución de la Presidencia Mexicana. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Los suscritos, Senador MANUEL BARTLETT DÍAZ y Senadora LAYDA SANSORES SAN ROMÁN del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 109, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo de urgente resolución para que el Secretario de Relaciones Exteriores:

1. Cumpla de inmediato el señor Videgaray, su compromiso de informar oficialmente al Senado, a través de la Junta de Coordinación Política.

2. Nos informe, la Presidencia de la República la estrategia,  términos y características de su negociación, con información oficial, que aglutine el apoyo de los mexicanos.

3. Aclarar si en la entrevista de ambos Presidentes, se dio el contenido humillante y amenazante a la institución de la Presidencia Mexicana.

Fundamentación:

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray,  tomando en consideración que el Senado tiene facultades en materia política exterior, solicitó reunión con el Senado y fue recibido por la Junta de Coordinación Política en nuestras instalaciones. La reunión fue el 24 de enero, donde cada Coordinador de Fracción expuso sus puntos de vista frente a la grave situación que ha planteado el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con México: expulsión de nuestros connacionales que laboran dignamente en Estados Unidos, la continuación de un “muro” en la frontera y revisión de las relaciones de comercio entre los dos países.

En dicha reunión, el Coordinador de la Fracción PT/MORENA del Senado, expuso diversas diferencias con el gobierno de Peña Nieto relacionadas con la conducción dela política exterior pero que, considerando la grave situación generadas por el Presidente norteamericano en cuanto a las relaciones México-Estados Unidos, nuestra fracción expresó el apoyo al Presidente de la República para hacer frente a la amenaza exterior. Ante la JUCOPO, el Secretario Videgaray se comprometió formalmente a informar detalladamente al regreso de la entrevista concertada en Washington y establecer una mesa de trabajo y mantener al Senado informado permanentemente sobre los asuntos y resultados que se discutieran en las negociaciones que se emprendían.

En el acto se entregó al Secretario de Relaciones Exteriores, el “Plan de Acción ante la postura de Donald Trump”, hecho público por el Presidente de MORENA, -Andrés Manuel López Obrador- a unos metros de línea divisoria con Estados Unidos, Ciudad Acuña, donde se comprometía en los términos expresados a apoyar con algunas acciones que consideraba indispensables. En dicho Plan, López Obrador señalo que se  demandaba al Presidente de la República, actuar con transparencia: “sin acuerdos en lo oscurito, sólo para cumplir formalmente o llenar expediente para la foto. Sino con una agenda abierta, pública, bien definida y de frente a todos los mexicanos, que todos sepamos qué se va a tratar y no acordar sin el conocimiento del pueblo de México”.

Al regreso del Secretario Videgaray, el Ejecutivo convocó a una reunión para conocer la información que el Secretario había quedado de presentar de inmediato en el Senado. El Ejecutivo convocó a una reunión con características ceremoniales, de apoyo burocrático, a la que se hizo concurrir a senadores de todas las fracciones, y a todos los  diputados federales. No se dio con la formalidad de “reunión auténtica de trabajo”, comprometida por Videgaray con el Senado. Esta ceremonia fue en privado, lo discutido, no pudo presenciarse la discusión. Se narró todo en un comandado de prensa al gusto dela Presidencia. En razón de que el formato evidenciaba el carácter ceremonial del evento, los legisladores de MORENA, no asistimos.

Agravó la situación el hecho de que, en torno de esta reunión, el Presidente Peña Nieto informó haber tenido una conversación telefónica de una hora con el presidente Trump. Conversación cuyos términos no hicieron públicos, pero expidieron un “comunicado conjunto”, que en la versión mexicana incorpora un añadido final que dice sobre el muro: “Los Presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema”. Esto significa “negociar sin informar, sin tratar el tema. Esa restricción no aparece en la versión norteamericana.

La información que en torno al tema, se ha venido dando a medios de comunicación, no apunta ninguna línea formal de la negociación, ni los objetivos estratégicos. El día de hoy, trascendió en un medio independiente una entrevista a la corresponsal mexicana en Washington, Dolia Estévez, cuya  narración diferente de la que el Gobierno mexicano hizo pública. Lejos de haber sido un intercambio diplomático, se informa, mencionando contar fuentes confiables, fue un intercambio en el que el Presidente norteamericano faltó al respeto al Presidente mexicano, humillante y, lo más grave aún, amenazante.

Tenemos conocimiento de que la Secretaria de Relaciones Exteriores envió una carta esta tarde a la señora Estévez en donde niega lo afirmado por esta corresponsal en Washington, vía twitter, formato que no corresponde a la diplomacia mexicana, cunado tendría haber sido  entregado formalmente. Simultáneamente a esta comunicación, un despacho desde Washington de la AP (AssociatedPress) reafirma lo dicho por Estévez: “el Presidente Donald Trumpamenazó telefónicamente a su contraparte mexicana, demandar tropas norteamericanas para detener ‘allá (México) a los malos salvo que el Ejército Mexicano haga algo más para controlarlos’.  

Por todo lo anterior, recordando el compromiso del Secretario de Relaciones Exteriores con el Senado, de mantenernos informados, más las dos revelación de los términos inaceptables de esa entrevista telefónica entre los dos presidentes, y siendo que el factor de Unidad Nacional requiere una información amplia de la Presidencia, que se sepa qué es lo que se apoya, hacia una negociación en los términos expresado por el Presidente de MORENA: “defender con firmeza la violación indigna de las libertades y nuestra soberanía. No consentir que como política de Estado se pretenda atentar contra a la dignidad y los intereses legítimos de los mexicanos y de la Nación”, presentamos al siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

1. Cumpla de inmediato el señor Videgaray, su compromiso de informar oficialmente al Senado, a través de la Junta de Coordinación Política.

2. Nos informe, la Presidencia de la Republica la estrategia, términos y características de su negociación, con información oficial, que aglutine el apoyo delos mexicanos.

3. Aclarar si en la entrevista de ambos Presidentes, se dio el contenido humillante y amenazante a la institución de la Presidencia Mexicana.

Por todo lo anterior solicitamos se dispense de trámites a este punto de Acuerdo y se le dé obvia y urgente resolución.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Layda Sansores San Román.





 

Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo concretar el Centro Integralmente Planeado “Palenque-Cascadas de Agua Azul” y que éste sea un corredor turístico de clase mundial con alta derrama económica y generación de empleos de calidad para las y los chiapanecos. Se turna a la Comisión de Turismo.







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar diversas acciones para emitir el Programa de Manejo del Área Natural Protegida, Área de Protección de Flora y Fauna “Cabo San Lucas”. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que realicen diversas acciones para emitir el Programa de Manejo del Área Natural Protegida, Área de Protección de Flora y Fauna “Cabo San Lucas”, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las Áreas Naturales Protegidas son de suma importancia para la preservación y cuidado de los ecosistemas con los que cuenta nuestro país. El artículo 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que las áreas naturales protegidas tienen por objeto “preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles1

Lamentablemente no todas las áreas naturales protegidas cuentan con sus programas de manejo correspondientes, lo que limita en gran medida la protección que se les puede brindar.

Quiero referirme en particular al Área Natural Protegida, Área de Protección de Flora y Fauna, Cabo San Lucas. El 9 de agosto de 1973, se generó el decreto presidencial para su conservación como Zona de Refugio Submarino De Flora, Fauna y Condiciones Ecológicas Del Fondo En Cabo San Lucas. El 8 de Octubre de 1974 el territorio de Baja California se convierte por Decreto Presidencial en el Estado de Baja California Sur Actual y el 7 de Junio del año 2000 por Acuerdo Presidencial se le otorga la categoría actual de Área de Protección de Flora y Fauna “Cabo San Lucas” (APFF CSL).2

Es muy importante mencionar que la organización de las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Cultura (UNESCO), declaró como Patrimonio Mundial el APFF CSL, en su apartado de recursos naturales islas y áreas protegidas del golfo de california, dicha declaratoria se encuentra en la lista del Patrimonio Mundial.3

El Área de Protección de Flora y Fauna, Cabo San Lucas mide 3996 hectáreas de las cuales 208 (5.2%) son superficie terrestre, y 3787 (94.8%) son superficie marina.

Actualmente el área es visitada por un alto número de turistas locales y extranjeros, motivo por el cual, es de suma importancia intensificar los trabajos para la creación del Programa de Manejo de dicha área y así poder brindarle un esquema de protección mucho mayor.

Todas la áreas naturales protegidas deben de contar con un Programa de Manejo, tal como lo establece la LGEEPA en su artículo 65, además del artículo 3º fracción XI del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (RLGEEPA)4, menciona que este Programa de Manejo es considerado el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades y acciones para la administración de las áreas naturales protegidas, cada área contará con uno, creado específicamente de acuerdo a sus necesidades y particularidades.

Los Programas de Manejo brindan seguridad y certidumbre, a las autoridades que van a ser las encargadas de su implementación, pero de igual forma a los propietarios, usuarios, pueblos indígenas de la región, vecinos, o cualquier otra persona que aproveche o use los recursos del área natural protegida.

Cabe mencionar que los Programas de Manejo van a establecer los tipos de actividades permitidas en la región, además de los usuarios permitidos, dependiendo de cada área natural protegida y de sus especificaciones individuales, de ahí que la ausencia de los Programas de Manejo provoca incertidumbre jurídica, porque no se puede establecer cuál será la intensidad en que se pude usar un área natural protegida, o que tipo de actividades están o no permitidas, lo que además provoca gran facultad discrecional vertida sobre las autoridades encargadas de la protección del área natural protegida, ya que ellos pueden conceder o negar permisos respecto de actividades, sin un fundamento más que su propia decisión, lo que provoca un estado de incertidumbre e indefensión.

El APFF CSL cuenta con diversos ecosistemas, playas, acantilados, arrecifes de franja, bajos marinos, dunas costeras, y un cañón submarino.

Es muy importante señalar que el sitio funciona como área de alimentación, refugio, reproducción y anidación, desarrollo y crecimiento de múltiples especies. Es un área de alta importancia para especies de tortuga marina como la Tortuga Golfina (Lepidochelysolivacea) y la Tortuga Laúd (Dermochelyscoriacea) que llegan al sitio a reproducirse; y para el Lobo marino de California (Zalophuscalifornianus) que también se reproduce y pasa las primeras etapas de su vida en este lugar. La zona cuenta con una gran variedad de especies endémicas; y varias de estas especies se encuentran bajo alguna categoría de protección. Además de ser un área de reproducción y visita tanto de ballenas como de delfines.5

La flora y la fauna del sitio, se encuentran en peligro por las actividades humanas. Se han detectado problemas de erosión que amenazan con modificar el entorno, debido principalmente al asentamiento poblacional en las cercanías. La gran cantidad de desechos sólidos que se producen, las aguas residuales, amenazan con contaminar los sistemas marinos. Además de la presencia de megaproyectos turísticos que podrían tener impactos negativos sobre el ambiente.

Se ha observado daño al ambiente por la presencia de embarcaciones del sector turístico, del pesquero y comercial, los cuales deben cuidar sus prácticas de navegación y anclaje. Por otro lado, las malas prácticas recurrentes de los buzos y turistas que visitan los arrecifes, representan otra amenaza; algunos guías e instructores manipulan la fauna para mostrársela al os visitantes, práctica que debe erradicarse con el fin de no alterar o dañar la flora y fauna que habita en la zona.6

Si bien es cierto existe un Decálogo que contempla actividades permitidas y prohibidas que se menciona enseguida, no es suficiente para garantizar su plena protección.7

Actividades permitidas dentro del área: La observación del paisaje terrestre, aéreo y marino, paseos en embarcaciones y motos acuáticas, arrastre de parasailing, bananas, donas, tablas, buceo autónomo, esnorquel, veleo, actividades de educación ambiental, toma de Fotografías y video sin fines de lucro, stand up, kayak, surf y windsurf, y en la porción terrestre, la caminata y la observación de flora y fauna.

Actividades NO permitidas dentro del área: Tirar basura, hacer fogatas en las playas, transitar con vehículos en las playas, hacer reparaciones mecánicas en las playas, pintar las piedras, hacer grafiti, escalar el Arco de Cabo San Lucas, circular con motos acuáticas y embarcaciones por debajo del Arco y cercano a la Lobera, perturbar la fauna, extraer flora, pescar dentro del área natural protegida, usar arpón o usar fisga, circular a altas velocidades (mayores a 6 nudos, a no más de 11.11 Km/hrs o a no más de 6 millas/hrs), cargar combustible de cualquier tipo en las playas, pasear debajo de la playa temporal del arco.

Las acciones permitidas y no permitidas son establecidas de manera discrecional, si se tuviera el respectivo Programa de Manejo del área natural protegida se podría dar una protección eficaz y un aprovechamiento sustentable, dado que el programa de manejo seria elaborado específicamente de acuerdo con las características de la zona.

Diversas organizaciones han demandado la elaboración, publicación y actualización de los Programas de Manejo de las áreas naturales protegidas, es tanta la importancia que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizo una Recomendación General,8 donde recomienda a las autoridades responsables la elaboración y publicación de los Programas de Manejo.

Es de suma importancia y vital para mantener el equilibrio ecológico, que protejamos nuestras áreas naturales protegidas, no dejar que el motivo por el cual fueron instauradas se pierda y sean abrogadas sus declaratorias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con las demás autoridades competentes, elaboren y publiquen a la brevedad el Programa de Manejo del Área Natural Protegida, Área de Protección de Flora y Fauna “Cabo San Lucas”, con la finalidad de garantizar una adecuada y eficaz protección y aprovechamiento de la zona.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que conforme a sus facultades y en coordinación con las demás autoridades competentes, realice a la brevedad la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Estudio Previo Justificativo de dicha área, así como la revisión para la elaboración del Programa de Manejo del Área Natural Protegida, Área de Protección de Flora y Fauna “Cabo San Lucas”, además de coordinarse con las autoridades responsables para su elaboración.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de febrero de 2017

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Ley consultada el 10 de enero de 2017 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_130516.pdf

2 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, información consultada el 10 de enero de 2017 en: http://cabosanlucas.conanp.gob.mx/historia/

3 UNESCO, información consultada el 10 de enero de 2017 en: http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31

4 Reglamento consultado el 10 de enero de 2017 en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGEEPA_ANP.pdf

5 Costa Salvaje, información consultada el 10 de enero de 2017 en: http://www.costasalvaje.com/media-center/news/967-conoce-el-area-de-proteccion-de-flora-y-fauna-apff-de-cabo-san-lucas-en-baja-california-sur

6 Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad, información consultada el 10 de enero de 2017 en: http://www.conabio.gob.mx/gap/images/a/af/16_Cabo_San_Lucas.pdf

7 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, información consultada el 10 de enero de 2017 en: http://cabosanlucas.conanp.gob.mx/decalogo/

8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación General Número 26, consultada el 10 de enero de 2017 en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_026.pdf





 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a suspender el Programa “Mochila Segura”. Se turna a la Comisión de Educación.

RAÚL MORÓN OROZCO, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como todas y todos sabemos, el pasado 18 de enero, en una escuela de Monterrey, Nuevo León, un menor disparo contra una maestra y tres de sus compañeros (quienes hasta el momento se encuentran graves), para después dispararse y perder la vida. Este hecho ha consternado al país entero y ha trascendido a nivel internacional. Además, otra vez nos pone ante la cuestionada decisión de “reforzar” los controles de seguridad antes que darle prioridad al respeto a los derechos humanos y constitucionales de los menores, y una respuesta que vaya al fondo de las causas que generan este tipo de delitos.

¿Desde dónde debe actuar el Estado mexicano, los tres niveles del Poder Ejecutivo, así como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos de derechos humanos? ¿Qué significa este hecho lamentable y trágico en la actual  situación de violencia estructural y de violación sistemática de derechos humanos que padece el país desde hace por lo menos una década? Y, quizás la pregunta más importante con respecto a este hecho: ¿Qué papel debe jugar la educación, las instituciones educativas y todos los componentes del sistema educativo nacional, alumnos, padres de familia, autoridades, para proponer alternativas de corto, mediano y largo plazo para atacar las causas estructurales que generaron este acontecimiento y prevenir otros similares, esto sin atentar contra los derechos humanos tanto de alumnas y alumnos como de profesores y padres de familia?

Ante los hechos ocurridos en Monterrey, el Gobierno de la República, a través de la Secretaria de Educación Pública, ha vuelto a poner en marcha el programa “Mochila Segura”. El Operativo Mochila Segura fue una medida impuesta por las autoridades educativas en 2001 para la revisión de mochilas de estudiantes de escuelas tanto públicas como privadas de educación básica, con el objetivo de evitar que los alumnos introdujeran objetos prohibidos, armas, drogas, entre otros. El operativo formaba parte del programa Escuelas Seguras de la SEP. Sin embargo, no sólo era cuestionable la concepción misma del programa y sus consecuencias en la violación a derechos básicos de las y los niños, también estuvo plagado de “excesos” en su operación y que dejaban a los estudiantes en situación de gran vulnerabilidad, peligro latente de una agresión e indefensión jurídica.  En Chihuahua, por ejemplo, policías estatales realizaron operativos, con anuencia de las autoridades, con perros antinarcóticos que olían las mochilas en busca de drogas, violando derechos fundamentales y sin protocolos mínimos de seguridad.

En 2002, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló que el operativo “Mochila Segura” significaba un “abuso a los derechos de los niños, invade la privacidad de los estudiantes”, ya que los trataba como delincuentes.

¿Qué consecuencias está dejando actualmente la reactivación de dicho programa, qué tipo de violaciones y desorganización vemos tanto en el Gobierno federal como en gobiernos estatales y municipales en la aplicación de dicho programa y que, además, viola los derechos de infancia y adolescencia de estudiantes?

Por ejemplo, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reactivaron de manera conjunta el programa Mochila Segura, que afirma se aplicará en lo que resta del ciclo escolar 2016-2017, en mil 941 secundarias y 805 planteles de nivel medio superior, para supuestamente evitar casos como el de Monterrey, Nuevo León.

Como se ha difundido en diversos medios de comunicación, el pasado lunes 23 de enero del año en curso, se llevó a cabo en la secundaria técnica 150 Rafael Ramírez Castañeda, ubicada en la colonia sección séptima del SUSPEG, el relanzamiento del programa Mochila Segura en Chilpancingo, Guerrero, al que asistieron diversos autoridades estatales y municipales, quienes, junto con policías estatales, municipales y ministeriales, y con un escuadrón de perros, pasaron a los salones para registrar las mochilas de los alumnos. Durante la revisión, se le confiscó una cajetilla de cigarros a una estudiante.

Como afirma diferentes notas periodísticas, esta revisión en Guerrero no fue mochila por mochila, sino que los policías entraron a los salones de manera separada, acompañados de alguno de los cuatro perros que llevaron a las instalaciones, y sólo se detuvieron a registrar a fondo el contenido de la mochila cuando uno de los canes detectó la cajetilla de cigarros. Los maestros de la secundaria técnica consideraron que el operativo fue desorganizado.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo que se reforzará el operativo Mochila Segura en escuelas públicas y privadas del estado de Nuevo León.

Es importante identificar el origen de esta respuesta policiaca y que viola derechos básicos de la infancia y adolescencia de estudiantes para plantear alternativas reales y efectivas. Desde 2006, el Estado mexicano ha sido obligado por los dos últimos gobiernos federales a criminalizar sistemáticamente a la sociedad para supuestamente combatir la violencia en México. En nombre de una estrategia de seguridad militar y policiaca, y de una supuesta guerra contra el crimen organizado, se han violado sistemáticamente los derechos humanos de miles de mexicanas y mexicanos. Ahora, este razonamiento tan cuestionable como destructivo, se quiere aplicar para supuestamente “prevenir” la violencia en las escuelas, a partir del trágico hecho en Monterrey.

¿Qué derechos violan estas medidas que ha tomado el Gobierno Federal para supuestamente combatir la violencia en las escuelas?

1.- En primer lugar, el artículo 16º. de nuestra Carta Magna, que dice:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresara el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de prehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia (…) La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos… La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley”.

Encontramos que se incumplen tanto los principios de "aptitud", "idoneidad" y de "atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto".  La competencia es el conjunto de facultades que las normas jurídicas  otorgan a las autoridades estatales para desempeñar, dentro de los límites establecidos por tales normas, sus funciones legítimas. Este principio es violado porque ninguna de las autoridades tanto policiacas como escolares está facultada para ejercer esta función, en nombre del Estado, de revisión de mochilas de escolares ni hay mandato judicial que así lo determine. Por lo tanto, sabemos que debe cumplirse  diversas disposiciones jurídicas precisas que otorguen a una autoridad la posibilidad de dictar resoluciones que impliquen actos de molestia. La Segunda Sala de la Corte ha señalado lo siguiente: "como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido”.

Los actos de molestia deben estar fundados y motivados para su realización. Además, deben cumplir una serie de requisitos de procedimiento, como constar por escrito, ser mostrados al afectado, para que se constate que dicha orden proviene de una autoridad competente y está motivada conforma a derecho.

Mediante la fundamentación lo que se busca es que la autoridad, en el texto del acto de molestia, señale los preceptos legales que regulan el acto de que se trate y las consecuencias jurídicas, es decir, la autoridad debe basarse en una ley previa que prevea la situación actual, ya que se debe apegar al principio de que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite. Aunque no es suficiente que la autoridad señale la ley correspondiente, sino que es necesario que también señale los artículos específicos. La Suprema Corte respecto a esta situación establece:

“La obligación de las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables”.

Se viola esta garantía porque no cualquiera puede molestar a un menor, y se agrava porque no está ni fundamentada ni motivada ni la emite autoridad competente alguna.

2.- Se viola uno de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, consagrados en la Convención de los Derechos de los Niños:

- Se viola el derecho número 10, el cual reconoce el derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo.

Como afirma el documento de presentación de la Unicef de estos derechos:

“En 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño con el objetivo de reconocer 10 principios fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Este instrumento fue la base de lo que 30 años más tarde, se convertiría en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea de las Naciones Unidas la adoptó de manera unánime y a partir de 1990 entró en vigor. Desde entonces, 192 países la han firmado y ratificado, y se ha convertido en una herramienta legal de cumplimiento obligatorio para los Estados.

La Convención recoge 54 artículos relacionados a derechos civiles, políticos, económicos y culturales. Su aprobación supuso el reconocimiento del niño y la niña como sujetos titulares de derechos, y les otorgó una protección especial y reforzada debido a su condición de personas en desarrollo y crecimiento.

Dentro del marco de la Convención, existe un Comité de los Derechos del Niño, quien supervisa su aplicación y la de tres Protocolos Facultativos, que han sido desarrollados sobre temas específicos. El primer protocolo es sobre la participación de niños en conflictos armados; el segundo es acerca de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; y el tercero es un procedimiento de denuncias ante el Comité.

En 1990 entró en vigor la Convención sobre los Derechos del Niño que no es otra cosa que un tratado que recoge todos los derechos de la infancia. A partir de ese momento, se aportó una nueva visión sobre los niños como sujetos que también tenían sus derechos que respetar y cumplir”.

Con la medida de revisión de mochilas de estudiantes de nivel medio básico, el Gobierno mexicano, firmante de esta Convención, fomenta la desconfianza entre estudiantes, profesores, autoridades escolares y padres de familia; perturba el entorno escolar y contraviene los principios de “solidaridad, amistad y justicia”, al establecer un criterio punitivo, intimidatorio, que obliga a las autoridades y padres de familia a cumplir con actos que violentan tanto los derechos de los niños como su régimen de “protección especial y reforzada”. Por el hecho de ser niños, no se tienen menos derechos que los adultos, existen derechos en la infancia basados en los principios de la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida y la participación sobre situaciones que les afecten.

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en los siguientes términos en relación a la libertad física, en un sentido amplio, para entenderla también como seguridad personal y que, en el caso de menores de edad, de estudiantes, agrava la violación de su seguridad personal y de la ausencia de garantías, al considerarse que las niñas y niños tienen derecho a un régimen especial de protección:

“Este Tribunal ha señalado que con la protección de la libertad se pueden salvaguardar <tanto la libertad física de los individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal>. (Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de7 de junio de 2003)”.

“El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: <[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales>”.

Debemos saber qué pasa con los niños y jóvenes mexicanos en una época de deshumanización, sobre-exposición social y mediática a la violencia, tráfico y uso no permitido de armas; en fin, en una sociedad que los estigmatiza con la violenta condición de “ninis”, y no solo controlar policiacamente y violentar sus derechos en nombre de los efectos que puede tener esta violencia. Debemos atender las causas profundas de los delitos, ya que no se trata de evitar que exista la violencia y las armas en las escuelas, sino de construir un entorno no violento que no implique este control intimidatorio, este entorno no se crea mediante actos represivos sino mediante una articulación entre alumnos, profesores, padres de familia y autoridades que se centre en el desarrollo de la infancia y en valores como la libertad, la solidaridad y el fortalecimiento de su comunidad.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

1.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que de manera inmediata suspenda tanto el programa Mochila Segura como cualquier acto de autoridad alguna y corporaciones policiacas en todo el país que viole derechos fundamentales de alumnas y alumnos, relacionado con la revisión de mochilas.

2.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que solicite la suspensión del programa Mochila Segura al Gobierno Federal, gobiernos estatales y municipales, así como a corporaciones policiacas de todo el país, considerando el principio del interés superior de la infancia y la adolescencia y la inminente violación a los derechos humanos de los menores que este programa está generando.

3.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que diseñe e implemente políticas y estrategias integrales para prevenir y erradicar este tipo de conductas en las y los niños, siempre tomando en cuenta el respeto a sus derechos en su sentido más amplio.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de febrero de 2017

Sen. Raúl Morón Orozco.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la República a realizar las gestiones necesarias para destinar mayores recursos presupuestarios, de carácter extraordinario, al Instituto Nacional de Migración, a fin de proteger los derechos y seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros por las posibles deportaciones masivas que el gobierno de los Estados Unidos de América pretende realizar. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Los Senadores que suscriben del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DESTINAR MAYORES RECURSOS PRESUPUESTARIOS, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A FIN DE PROTEGER LOS DERECHOS Y SEGURIDAD DE LOS MIGRANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS POR LAS POSIBLES DEPORTACIONES MASIVAS QUE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PRETENDE REALIZAR, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde la campaña política el ahora Presidente de los Estados Unidos de América anunció el endurecimiento de la política migratoria, realizando deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.

Para cumplir su propuesta de campaña el pasado 25 de enero de este 2017, el Presidente Donald Trump firmó y emitió 2 órdenes ejecutivas para aumentar las deportaciones y mejorar la vigilancia fronteriza.

La primera de estas órdenes busca aumentar la seguridad en el interior de los Estados Unidos1, en ella destaca la priorización de ejecución de deportaciones, cerrar las ciudades santuario y la posibilidad de contratar 10,000 agentes de inmigración adicionales.

La segunda orden ejecutiva, tiene por objeto la seguridad fronteriza y mejoras en la ejecución de inmigración, en ella se establece la construcción inmediata del muro en la frontera sur, con el objeto de prevenir la inmigración ilegal, las drogas, la trata de personas y actos de terrorismo. Asimismo permite la detención de personas sospechosas de violar la Ley2.

A razón de lo anterior, el Gobierno Federal ha anunciado diversas acciones para proteger a los migrantes repatriados:

• Destinar mil millones de pesos a consulados de México en Estados Unidos, con el fin de reforzar la protección de los connacionales3.

• Garantizar la revalidación y reconocimiento de estudios realizados en el extranjero de niños y jóvenes mexicanos que regresen a nuestro país.

• Facilitar la inserción al Sistema Educativo Nacional de cualquier estudiante que regrese de Estados Unidos de América.

• Reconocer la certificación de competencias laborales, para garantizar una reinserción eficiente de adultos al sector productivo del país.

En el Senado de la República, los diversos grupos parlamentarios, hemos trabajado para beneficio de los migrantes repatriados, por ello se ha implementado la “Operación Monarca”, el cual es movimiento binacional para tejer alianzas entre ciudadanos, empresarios, políticos y actores sociales de México y Estados Unidos, con la cual se buscar tender puentes de ambos lados de la frontera.

Con este programa el Senado de la República, sostiene y continuará el diálogo con los Titulares de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como con los Gobernadores de diversas entidades federativas.

Estas acciones permiten la protección de nuestros compatriotas, por ello y como adición a estas acciones, es conveniente fortalecer al Instituto Nacional de Migración, toda vez que es el órgano administrativo que aplica la legislación migratoria mexicana y que busca fortalecer los derechos y seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho.

Por lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene por objeto fortalecer a este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a través del otorgamiento de presupuesto extraordinario, para atender a la población migrante que se verá afectada por las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos de América.

Recordemos que casi 12 millones de mexicanos viven fuera de México, de los cuales el 97.79% radica en Estados Unidos de América, por ello debemos continuar trabajando con unidad para lograr que los derechos de esta población no se vean vulnerados, por políticas discriminatorias del nuevo Gobierno de Estados Unidos.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe pone a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las gestiones necesarias para destinar mayores recursos presupuestarios, de carácter extraordinario al Instituto Nacional de Migración, a fin de proteger los derechos y seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros por las posibles deportaciones masivas que el Gobierno de Estados Unidos de América pretende realizar.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 8 de febrero de 2017.

Suscriben.

1 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/presidential-executive-order-enhancing-public-safety-interior-united

2https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/executive-order-border-security-and-immigration-enforcement-improvements

3 Los 1,000 millones de pesos asignados a consulados, son recursos que devolvió el Instituto Nacional Electoral, los cuales están presupuestados para la construcción de la nueva sede de ese Instituto y los cuales el Senado de la República solicitó al Ejecutivo Federal fueran utilizados para los migrantes mexicanos.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a informar acerca de la recaudación e ingresos que se perciben por derechos migratorios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito  Público.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 109, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA EXHORTARA LOS SECRETARIOS DE GOBERNACIÓN Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO INFORMEN A ESTE ORGANO LEGISLATIVO, ACERCA DE LA RECAUDACION E INGRESOS QUE SE PERCIBEN POR DERECHOS MIGRATORIOS, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Derivado de que los ingresos migratorios tienen destino específico deberán de ser utilizados por el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona; no obstante, según cifras estadísticas en el ejercicio fiscal 2016 las Delegaciones Federales del Instituto ejecutaron:

• 52,188 revisiones y visitas de verificación migratoria, lo que derivó en el aseguramiento y presentación en las estaciones migratorias de 192,566 migrantes extranjeros que se internaron de forma irregular al país y a quienes se les brindaron servicios de traslado, alojamiento, alimentación, kits de aseo personal, llamadas telefónicas, asistencia legal y atención médica.

• 38, 797 fueron niñas, niños y adolescentes migrantes que fueron protegidos y atendidos por los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), en especial 17, 893 que fueron localizados sin ningún tipo de acompañamiento.

Se tiene conocimiento que los OPI son Agentes Federales de Migración cuyo objetivo principal es garantizar el respeto a los derechos humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes migrantes (NNA), en especial de los NO acompañados. Tienen la misión de recibir a las y los menores que son repatriados de Estados Unidos, atendiendo a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Migración.

Asimismo, de enero a diciembre de 2016 fueron devueltos a sus países de origen, 187,259 migrantes extranjeros, cifra que equivale al 97.24% del total de asegurados y presentados en estaciones migratorias de los cuales 37,989 fueron niñas, niños y adolescentes, y el 46.36% (17,612) retornaron en condición de no acompañados.

Cabe precisar, que para la conducción terrestre y asistida a sus países de origen, se contrataron y utilizaron 3,962 autobuses, además de aeronaves para el retorno de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

De igual manera según los estudios realizados con anterioridad se conoce que de 2013 a 2014 el INM ha asegurado, alojado y brindado atención en las estaciones migratorias a 597,368 migrantes extranjeros, 303,144 más que los asegurados de 2009 a 2012, en los Estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

En conjunto México y los EUA, según los informes emitidos por el INM se aseguraron a 418,934 migrantes centroamericanos, asiáticos, africanos, cubanos y haitianos, cifra que indica que se mantiene el ingreso al país de 450 mil migrantes irregulares, incluyendo los de condición en tránsito y de estacionalidad permanente en diversos puntos del país, en particular en la frontera norte.

Además, según informes del propio Instituto se realizaron acciones de prevención, con el objeto de evitar el abordaje de ferrocarriles del istmo de Tehuantepec y Chiapas Mayab por los migrantes, se realizaron 687 revisiones migratorias, lo que contribuyó a mantener en muy baja escala el uso de este medio de transporte para su tránsito por el territorio nacional y a reducir notablemente los accidentes trágicos.

Adicionalmente, de conformidad a las estadísticas reportadas se ejecutaron 1,199 visitas de verificación y revisiones migratorias a establecimientos vinculados a la trata de personas, otorgándose asistencia migratoria a 686 migrantes victimas de delito.

Según los estudios elaborados al INM, en los aeropuertos, puertos y puntos de internación terrestre, se realizaron 26 millones 877,401 verificaciones de entradas al país de nacionales y extranjeros, con lo que se atendió el control migratorio de ingresos al territorio nacional.

Por otro lado, se tiene conocimiento que se recibieron en las Delegaciones Federales del Instituto en el país, 435,759 solicitudes de trámites para la obtención de condición de estancia, visa y autorizaciones a personas físicas y morales para la contratación de migrantes extranjeros.

Según estudios realizados en materia de repatriación de mexicanos el Instituto recibió, a través de los 11 módulos de repatriación en la frontera norte y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a 219,596 connacionales deportados por las autoridades migratorias de los Estados Unidos y a quienes se les otorgaron servicios de comunicación, alimentación básica por una ocasión, constancias de repatriación, afiliación al seguro popular en colaboración con la Secretaría de Salud, apoyos de transporte para el traslado a sus comunidades de origen, así como traslados locales con la intervención de los Grupos Beta y alojamiento y alimentación con el apoyo de los albergues de la sociedad civil.

Asimismo, se reporta que en el marco del Programa “Somos Mexicanos”, se otorgaron 168,517 apoyos alimentarios, de oferta laboral, vinculación educativa, asistencia médica, comunicación y reunificación laboral, traslados y de alojamiento.

Los 22 Grupos Beta de protección al migrante realizaron durante el año 2016,  24,015 recorridos en rutas de alto riesgo y brindaron a migrantes 203,939orientaciones, 145,282 ayudas humanitarias, lograron 4,990 rescates y localizaron a 33 extraviados, además de brindar 98 asesorías legales. 

Por su parte el Programa Paisano registró durante 2016 en ingreso al país de 12, 037, 727 migrantes mexicanos que retornaron temporalmente durante las temporadas de Semana Santa, Verano e Invierno al país, otorgándose atención personalizada a 4 millones 843,827 migrantes,   atendió 112 quejas y 3,656 peticiones de ayuda, ello con la participación de las dependencias federales y de los Estados, así como de la sociedad civil, las representaciones consulares en los EUA y de observadores de la sociedad civil.

Se conoce que la plantilla de personal activo asignado al Instituto Nacional de Migración se encuentra integrada por 5,444 mandos y Agentes Federales de Migración al mes de diciembre de 2016.

Por lo que se infiere que los ingresos excedentes obtenidos por la prestación de servicios migratorios fueron ejecutados en la operación global del Instituto Nacional de Migración. Sin tener la posibilidad de realizar mejoras de ninguna naturaleza, toda vez que la carga operativa que realiza impide ejecutar acciones distintas a las que hoy en día realiza, como son las humanitarias y de protección a la población vulnerable como lo son los migrantes irregulares.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con el artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Derechos, autoriza el cobro del derecho por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.

Asimismo, el artículo 18-A del mismo ordenamiento legal establece que los ingresos que se obtengan por la recaudación del citado derecho, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

En términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los ingresos obtenidos por concepto del pago del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas tienen destino específico por disposición de la norma fiscal.

Que adicionalmente el artículo 8, párrafo cuarto de la Ley Federal de Derechos dispone que la Secretaría de Gobernación fijará el procedimiento para identificar a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos; y en cumplimiento al citado precepto el día 30 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se reforman y adicionan los lineamientos para tramites y procedimientos migratorios, estableciendo en su artículo 24 BIS, el procedimiento para la distinción de los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresan al país con fines turísticos.

Que conforme a lo dispuesto por los artículo 37, 38 y 39 de la Ley General de Turismo, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), es una empresa de participación estatal mayoritaria a través de la cual la Secretaría de Turismo en el ejercicio de sus atribuciones en materia de promoción turística, determinará las políticas que aplicará en materia de promoción turística nacional e internacional, constituido como sociedad mercantil, conforme lo señala el artículo 1° del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Asimismo, en términos del segundo párrafo del artículo 41 de la Ley en comento,al patrimonio del Consejo de Promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por la autorización de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, establecido en la Ley Federal de Derechos.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), conforme a la Ley Federal de Fomento al Turismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1974, fue creado y formalizado mediante contrato de fideicomiso el día 29 de marzo del mismo año, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de Fideicomitente único del Gobierno Federal y Nacional Financiera, S.A., como fiduciaria, y es el resultado de la fusión de los fideicomisos Fondo de Garantía y Fomento de Turismo (FOGATUR), y el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR). 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, FONATUR forma parte del sector público paraestatal y cuenta con un Comité Técnico, que estudia y aprueba los programas y acciones del Fideicomiso.

Por Decreto Presidencial del 22 de febrero de 2001, FONATUR se encuentra bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Turismo y ajusta sus acciones al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Turismo.

El artículo 43 de la Ley General de Turismo dispone que el patrimonio del Fondo, se integrará por:

1.- Las aportaciones que efectúen el Gobierno Federal, los gobiernos locales, los municipios, las entidades paraestatales y los particulares;

2.- Los créditos que obtenga de fuentes nacionales e internacionales;

3.- Los productos de sus operaciones y de las inversiones de fondos;

4.- Los ingresos fiscales que se obtengan de manera proporcional por la recaudación del Derecho por la autorización de la condición de estancia a los extranjeros, en los términos establecidos por la Ley Federal de Derechos.

Que en términos delos artículos 2, apartado C, fracción III, y 19 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración, es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría.

Asimismo, conforme al artículo 20 de la citada Ley, el Instituto tiene entre sus atribuciones la de vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación en los casos señalados en esta Ley; tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros.

El artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que resultan de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos de la Federación o de excedentes de ingresos propios de las entidades.

En el caso de los ingresos excedentes que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, ésta podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su caso, la misma Secretaría.

Que conforme al artículo 108 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los ingresos excedentes se determinarán considerando la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados de la dependencia estimados conforme a la Ley de Ingresos de la Federación.

Asimismo, el artículo 109, fracción I del citado Reglamento dispone que las dependencias que generen ingresos excedentes que tengan destino específico por disposición expresa de leyes o decretos de carácter fiscal, una vez que los hayan concentrado en la Tesorería de la Federación, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud de validación de la notificación, considerando como fecha límite el 18 de diciembre de cada año.

Para tales efectos, se analizará la totalidad de los rubros de ingresos obtenidos durante el periodo en análisis por la dependencia y se compararán con los que se hubieran programado para el mismo periodo de acuerdo con el calendario mensual correspondiente al monto de ingresos estimados.

El artículo 21 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley

de Ingresos de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá aplicar normas de disciplina presupuestaria, entre las que se encuentra compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha Ley, con excepción de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control directo.

En este sentido, se consideran adecuaciones presupuestarias para las dependencias entre otras las ampliaciones líquidas al Presupuesto de Egresos de la Federación derivadas de la generación o captación de ingresos excedentes, así como las reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos del artículo 108 del Reglamento.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

ÚNICO: Se exhorta a los titulares de las Secretarias de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para que a través de sus áreas competentes informen dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles, lo siguiente:

A) El monto total de la recaudación por concepto de derechos migratorios regulados en la Ley Federal de Derechos.

B) El monto total de la recuperación de los ingresos excedentes que son participables para el CPTM y el INM de conformidad con el artículo 18-A, primer párrafo de la Ley Federal de Derechos.

C) El monto total y las fechas de lo autorizado por la SHCP, de los ingresos excedentes por concepto de derechos migratorios con fin específico, regulados en la Ley Federal de Derechos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.





 

Del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores para que explique la postura del Ejecutivo Federal ante las nuevas condiciones que pretende imponer el gobierno de los Estados Unidos de América a la relación bilateral y para que informe sobre los resultados obtenidos durante su reciente visita de trabajo a ese país. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

El suscrito, Senador MANUEL CÁRDENAS FONSECA, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER, ANTE EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE EXPLIQUE LA POSTURA DEL EJECUTIVO FEDERAL ANTE LAS NUEVAS CONDICIONES QUE PRETENDE IMPONER EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS A LA RELACIÓN BILATERAL Y PARA QUE INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE SU RECIENTE VISITA DE TRABAJO A ESE PAÍS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cambio de gobierno en los Estados Unidos, está significando una transformación radical en las relaciones con ese país, que representa una afectación no sólo en la forma en que hemos venido resolviendo los problemas que nos son comunes, sino a la vida económica y social de nuestro país. Con los Estados Unidos nos vincula no sólo una amplia frontera, sino también una amplia variedad de temas como la migración, el comercio, la seguridad, el combate a la delincuencia organizada y las inversiones, entre los más importantes.

La posición que ha mostrado el gobierno norteamericano hacia México y que ya se ha expresado en los hechos en la firma de órdenes ejecutivas por parte del presidente de ese país, y por publicaciones en redes sociales sugiriendo una actitud intolerante e intransigente en temas de interés común, afectan directamente a los mexicanos, al país, a sus intereses y directamente a millones de mexicanos que viven del otro lado de la frontera, y se hace necesario que se adopten medidas de orden nacional que respondan a las acciones emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos y que definan una estrategia clara a seguir por parte de México, para contener los daños que se puedan causar al país y para privilegiar la defensa de los intereses mexicanos y de la soberanía nacional frente a estas inéditas amenazas que enfrentamos.

Estoy convencido, que la situación que hoy vivimos y que aún no sabemos sus alcances reales, requiere de la unidad y trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, de los organismos no gubernamentales y de todos los sectores de la sociedad, para construir un frente único con propósitos claros y firmes, que nos permitan tener mayor fortaleza para enfrentar estos retos.

Considero que la negociación siempre será preferible y más efectiva que la confrontación estéril y sin sentido que sólo genera más problemas y pocos beneficios. Pero la negociación no implica sumisión, ni renuncia a la defensa de los intereses de México, de los mexicanos y de los principios fundamentales que nos rigen como nación: respeto a la soberanía nacional, a los derechos humanos y a los intereses del país. Ciertamente, no hay negociación posible cuando existe intolerancia e imposición, pero eso no significa transitar hacia una confrontación que a nadie beneficia, sino crear condiciones para la reactivación de rutas de entendimiento que sean de beneficio compartido.

Las sociedades de ambos países trascienden a la temporalidad de un encargo público y debemos acercarnos y entendernos antes de caer en actitudes que abonan al enfrentamiento.

El Poder Ejecutivo Federal ya ha dado los primeros pasos en la definición de una ruta a seguir en  materia de política exterior de manera general y de manera particular frente a nuevas reglas en la relación bilateral con los Estados Unidos Mexicanos. Esta postura debe ser conocida ampliamente por todos los mexicanos, para que puedan apoyarla y contribuir a enriquecerla y hacerla más fuerte, con la contribución/participación de los otros entes del gobierno de la República.

El pasado 23 de enero, el Presidente Enrique Peña Nieto, presentó ante sectores políticos, empresariales y sociales los criterios de la política exterior de México en el mundo, señalando de manera particular 10 puntos, sobre los que se fundará la relación con los Estados Unidos y las negociaciones que se hagan al respecto.

El Presidente de México dejó claro que la relación de México con ese país no estará basada “ni en la confrontación, ni en la sumisión”, sino que le apostará “al diálogo y a la negociación”.

La postura presentada señala que la negociación con los Estados Unidos debe darse de manera integral, sin desatender ninguno de los puntos planteados que primordialmente plantean: el respeto a los derechos humanos de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, que el retorno de mexicanos indocumentados se dé de manera ordenada y coordinada, que el desarrollo del hemisferio sea una responsabilidad compartida; que se asegure el libre flujo de remesas hacia México, detener el flujo ilegal de armas y de dinero de procedencia ilícita provenientes de los Estados Unidos; preservar el libre comercio en América del Norte; incluir nuevos sectores en TLCAN; que los acuerdos comerciales con los Estados Unidos se traduzcan en mejores salarios para los trabajadores mexicanos; proteger el flujo de inversiones hacia México y trabajar por una frontera y no divida. Todo ello con respeto a la soberanía de cada país.

Entre otras acciones, el Secretario de Relaciones Exteriores ha mantenido reuniones con organismos empresariales y con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para explicar la postura del gobierno federal.

De igual forma, el Secretario de Relaciones Exteriores junto al Secretario de Economía realizó una visita de trabajo a los Estados Unidos para iniciar pláticas sobre los temas de interés de México ante este nuevo entorno de la relación bilateral. Esta visita coincidió con la firma de acuerdos ejecutivos por parte del nuevo Presidente de los Estados Unidos, en el  que destaca el continuar con la ampliación del muro con la frontera con México y aspectos migratorios que afectan tanto a los connacionales que viven en ese país, como a los propósitos mexicanos de buena vecindad y de respeto a los derechos de migrantes. Estas acciones no representan  una bueno señal sobre el rumbo que tomará la relación entre México y  los Estados Unidos.

El presidente de México canceló su visita programada a los Estados Unidos, ante las posiciones mostradas por el Presidente Norteamericano, que no creaban condiciones para la existencia de un diálogo respetuoso y abierto y que haría estéril cualquier encuentro en esos momentos.

El Senado de la República, tiene claras responsabilidades en materia de política exterior por lo que resulta necesario que el Secretario de Relaciones Exteriores, acuda al pleno de este cuerpo legislativo para explicar a profundidad la postura del gobierno federal y las acciones que se están emprendiendo al respecto y que de igual forma, informe sobre los resultados de su viaje de trabajo al país vecino y los avances y problemas que se han detectado, y para que aclare cuál es la verdadera situación en que se encuentra la relación con los Estados Unidos y los procesos de negociación. Esto es fundamental para detener especulaciones, generar mayor certidumbre y para permitir que el Senado de la República pueda adoptar una posición conjunta al respecto y contribuir a fortalecer la posición adoptada por México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se cita a comparecer ante el pleno del Senado de la República, al Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, para que explique la postura del Poder Ejecutivo Federal para enfrentar las nuevas condiciones que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos a la relación entre ambos países, informe sobre sobre los resultados alcanzados durante su reciente visita de trabajo a ese país, y clarifique cuál es la situación que observan y en que se encuentra la relación bilateral y los procesos de negociación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de febrero de 2017

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca.





 

De las Senadoras María Lucero Saldaña Pérez y Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como al gobierno del estado de Oaxaca, informar sobre lo realizado en torno a las graves expresiones de violencia política de que fue objeto la ciudadana Gabriela Maldonado, por parte de las autoridades del ayuntamiento de San Miguel Peras, Oaxaca. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.







 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Héctor David Flores Ávalos, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Luz María Beristain Navarrete y José de Jesús Santana García, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República rechaza la construcción de un muro en la frontera norte de México; y exhorta a la Cámara de Diputados a no etiquetar, fijar o autorizar recurso alguno para ese propósito. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.







 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre los Trabajadores y las Trabajadoras con Responsabilidades Familiares, para efectos de su aprobación. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

La que suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES REMITA EL CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES A ESTA SOBERANÍA, PARA EFECTOS DE SU APROBACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN 1 Y 89 FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La normatividad internacional sobre el trabajo está regida por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Este organismo considera el tema de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde tres ópticas. En primer lugar, como una cuestión de derechos humanos y como condición esencial para lograr la democracia efectiva. En segundo lugar, como asunto de justicia social y de disminución de la pobreza. En tercer término, como una cuestión de desarrollo social y económico.

En relación con las mujeres trabajadoras, la actividad normativa de la OIT ha ido evolucionando. En los primeros tiempos, las normas se enfocaban a dos aspectos: por un lado, a restringir el acceso de las mujeres a ciertas formas de trabajo, como las que se efectuaban en fábricas y minas y, por otro, a asegurar condiciones que les permitieran hacer frente a sus responsabilidades familiares. Esto reflejaba tanto la consideración de las mujeres como seres débiles como la idea de que las responsabilidades familiares eran de su exclusiva incumbencia.1

La segunda fase se inició a partir de los años cincuenta, con el énfasis en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y trato para las mujeres. Se trataba de eliminar las disposiciones discriminatorias existentes en las legislaciones nacionales.2

La tercera fase de la actividad normativa de la OIT se inició a mediados de la década de los setenta y cobró fuerza a partir de la adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas (1979), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En esta etapa, la orientación ha sido hacia la promoción de la equidad de género, con base en la premisa de que la igualdad en el mundo del trabajo, así como en la sociedad en general, depende también del cambio que se produzca en la situación de los hombres, así como en las relaciones entre mujeres y hombres.3

Con ese espíritu se aprobó, en primer término, el Convenio 123, que se refiere a la protección y no discriminación de las mujeres con responsabilidades familiares. Sin embargo, en 1981 este Convenio se revisó porque en la forma en que estaba formulado se fortalecía y consolidaba la idea de que las responsabilidades familiares eran función principal o exclusiva de las mujeres. En ese sentido, esa norma no respondía a cambios importantes que ocurrían en la sociedad y en el mundo del trabajo, en particular a la entrada masiva de las mujeres en la fuerza de trabajo, y tampoco correspondía a una demanda que empezaba a surgir y a crecer entre los hombres, en especial en los países desarrollados, de participar más en la crianza y en el cuidado de los hijos.

En su lugar se aprobó el Convenio 156 (Trabajadores con responsabilidades familiares, 1981) y la Recomendación 165, que se refieren, no sólo a las mujeres, sino a trabajadores de ambos sexos con responsabilidades familiares. Su principio es la instauración de la igualdad efectiva de oportunidades y de trato con respecto a trabajadores de uno y otro sexo que tengan responsabilidades familiares.

A pesar de su importancia, el Convenio 156 sólo ha sido ratificado hasta ahora por 44 países, entre los cuales, cabe hacer notar, 11 son latinoamericanos: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela4. Además, sólo 4 países de la región han ratificado el Convenio183 sobre Protección de la Maternidad: Belice, Cuba, República Dominicana5 y Péru6. Sin embargo, son poco frecuentes las disposiciones legales que incluyen el concepto de trabajador de ambos sexos con responsabilidades familiares.

México cuenta con un marco legal que busca el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. La igualdad entre hombres y mujeres y la protección a la familia se reconocen plenamente en el artículo 4 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que los derechos de los trabajadores se protegen en el artículo 123 del mismo ordenamiento. Además, la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 164 que las mujeres y hombres disfrutan de los mismos derechos. A pesar de ello, los marcos normativos requieren de reformas que garanticen en la práctica esos derechos.

De 1970 a 2012, la proporción de mexicanas en el mercado laboral se duplicó al pasar de 17 a 43 por ciento de la fuerza de trabajo; sin embargo su acceso a derechos laborales mínimos lejos de aumentar va en declive. Por ejemplo, de los 18 millones de trabajadoras en el país 10.8 millones no cuenta con servicios de salud; esta situación está ligada a que son contratadas por honorarios, por obra determinada y a destajo, entre otras formas mediante las cuales los empleadores evaden el pago de prestaciones sociales.7

En 2010, mientras el 51 por ciento de los hombres tuvo acceso a la jubilación, sólo 10 por ciento de las mexicanas pudo pensionarse.

Otro indicador de la desigualdad en el trabajo es que las mujeres ganan 8.2 por ciento menos que los hombres por realizar la misma actividad, aunque en promedio ellas cuentan con una escolaridad semejante a la de los trabajadores (8.3 años). La brecha salarial aumenta a 25.6 por ciento cuando se trata de funcionarias públicas y gerentes del sector privado.8

La disparidad en remuneración y acceso a derechos no obedece a una menor actividad sino a la discriminación en su contra, ya que las mujeres laboran 27 horas más a la semana que los hombres, sumando el tiempo que destinan al cuidado de la familia y su trabajo fuera del hogar.

En el país las mujeres dedican 41 horas al trabajo doméstico, 18 horas más que los hombres. Cuando ellas se ocupan también en actividades remuneradas depositan el cuidado de su casa en las trabajadoras del hogar o en otras mujeres de su familia.

Por lo tanto es importante armonizar la vida laboral y familiar es un reto que se presenta, particularmente en la sociedad de hoy, a mujeres y hombres. Es también un asunto de justicia social con serias implicaciones económicas que requiere urgentemente de la atención pública y, por ende, de la formulación de políticas específicas y de la conformación de un marco legal para el efecto, que no se limite a la agenda particular de las mujeres, sino que también incorpore explícitamente las necesidades y aspiraciones de los hombres; es decir, que se construya desde una verdadera perspectiva de género.

Es menester, asimismo, tomar en cuenta las transformaciones demográficas, sociales, económicas y culturales prevalecientes en la vida nacional, así como el impacto de éstas en la división sexual del trabajo y en las modificaciones de los roles tradicionales de género.

La inserción laboral de la población femenina no fue acompañada de un marco legal que integrara sus necesidades, por lo que la ratificación del convenio 156 obliga a los Estados a reconocer que el trabajo no remunerado de los hogares tiene un valor económico, y que esta actividad no sólo debe recaer en las mujeres.

Para lograr esta armonización, en un marco de derechos, no basta con buscar la corresponsabilidad de mujeres y hombres en la familia y en el trabajo. Es necesario, además, que el Estado asuma su responsabilidad en las tareas de reproducción social y de cuidado de las personas. Asimismo, se requiere de nuevos consensos que articulen propuestas de cambio en todos los órdenes, así como de la construcción de alianzas estratégicas entre diversos actores.

Quiero hacer mención que durante los trabajos de esta LXIII Legislatura y la pasada, se ha dado un trato discrecional al turno para el tema en cuestión del punto de acuerdo en comento. En el mes de septiembre de 2012, presente punto de acuerdo sobre el mismo asunto y fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Caso contrario al punto presentado por los Senadora Yolanda de la Torre Valdés9, que fue turnado a la Comisión de Relaciones Internacionales, Organismos Internacionales, por lo que solicito a la Mesa Directiva de esta soberanía que la proposición en comento sea turnada a la Comisión de Relaciones Internacionales, Organismos Internacionales, por ser la comisión a la que le corresponde el tema.

Por último es importante señalar que este pleno ha votado a favor 4 dictámenes solicitando al Ejecutivo Federal que envía a este pleno el Convenio 156 a fin de ser aprobado, sin que hasta el momento hayamos recibido respuesta.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en el uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, para efectos de su aprobación, en términos de los dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 Samaniego, Sandra y Ochoa,Karla. Armonización entre los ámbitos laboral y familiar en México. Documento informativo y propositivo para la LXI Legislatura. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. México 2009. Página 21.

2 Ibidém. Página 22

3 Ibidém. Página 22

4http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312301:NO

5 Entrará en vigor el 09 de febrero de 2017.

6 Entrará en vigor el 09 de mayo de 2017.

7 http://www.cimacnoticias.com.mx/node/61154

8 Ibidem.

9 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66488





 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al “Día Mundial del Cáncer”. Se turna a la Comisión de Salud.

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, Y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los diversos tipos de cáncer en conjunto representan una de las principales causas de mortalidad en el mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medios, por lo que diferentes asociaciones públicas y privadas, junto con la Organización Mundial de la Salud, realizan acciones continuas para prevenir, controlar y brindar tratamiento a los pacientes con cáncer.

El último Informe Mundial del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que en 2012 a nivel mundial, se registraron 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes, por lo que se prevé que el número de nuevos casos aumente 70% en los próximos 20 años1.

Con el fin de hacer frente a esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha puesto énfasis en la atención de seis tipos de cáncer: Pulmonar, Gástrico, Hepático, Colorrectal, Mamario y Cervicouterino. Así mismo recomienda adoptar estilos de vida saludables y para evitar los principales factores de riesgo, tales como:

• El consumo de tabaco;

• El exceso de peso o la obesidad;

• Las dietas malsanas con un consumo insuficiente de frutas y hortalizas;

• La inactividad física;

• El consumo de bebidas alcohólicas;

• El Virus de Papiloma Humano y la hepatitis B;

• Radiaciones ionizantes y no ionizantes;

• La contaminación del aire de las ciudades;

• El humo generado en la vivienda por la quema de combustibles sólidos.

A nivel nacional, el cáncer es la tercera causa de muerte y en la población infantil es la segunda causa de mortalidad; cada año se han registrado cerca de 90 mil fallecimientos y casi 200 mil nuevos casos, de los cuales un gran porcentaje se diagnostica en etapas avanzadas y terminales de la enfermedad, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Cancerología.

Ante esto el Instituto Nacional de Cancerología anunció en junio del 2016, que se buscará implementar el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México que tiene como pilares: la prevención, tamizaje, detección temprana, tratamiento integral, cuidados paliativos y rehabilitación2. De igual forma, el Instituto, ha desarrollado el primer Registro de Cáncer, el cual recabara los datos de incidencia, patrones y tendencia poblacional relacionada al cáncer; que constituirá una herramienta para la definición de políticas públicas que hagan frente a esta enfermedad.

En 2013, del total de defunciones por tumores malignos en población menor de 20 años, 57.1% fueron hombres y 42.9% fueron mujeres; para la población de 20 años y más, 48.8% ocurrió en hombres y 51.2%, en mujeres, de acuerdo con datos proporcionados por el INEGI.

Respecto a los instrumentos de planeación, en México el “Plan Nacional de Desarrollo” y el “Programa Sectorial de Salud 2013-2018” reconocen la prioridad y trascendencia de la salud y sus consecuencias en la sociedad, identificándola como un eje central de las acciones del Sistema Nacional de Salud; con el objetivo desarrollar e implementar acciones y estrategias, que se integren funcional y eficazmente, permitiendo la universalidad de la atención y reduciendo la brecha de género, en las instituciones que conforman el sistema de salud, a través de servicios de calidad.

Asimismo, se cuenta con el “Programa de Acción Específico de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018”3, operado por la Secretaría de Salud y cuyos objetivos principales son:

1. Incrementar la corresponsabilidad de mujeres y hombres en prevención y detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino.

2. Fortalecer la detección, seguimiento y tratamiento oportuno y de calidad de los casos de cáncer de mama y cuello uterino.

3. Contribuir a la convergencia de sistemas de información de cáncer entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con este programa, a nivel estatal, las entidades con la mayor tasa de defunciones en mujeres de 25 años y más para cáncer del cuello del útero y mama registrados en 2012 fueron:

• Cuello uterino: Estado de México: 485, Veracruz: 363, Distrito Federal: 322, Jalisco: 221, Puebla: 200

• Mama: Distrito Federal: 668, Estado de México: 654, Jalisco: 468, Veracruz: 383, Nuevo León: 302

En este contexto, los legisladores debemos sumarnos a las acciones para prevenir oportunamente el crecimiento de esta enfermedad crónica degenerativa, que afecta a una gran cantidad de personas sin distinción de edad o género a nivel mundial.

Cabe destacar que la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, fue celebrada por primera ocasión el 4 de febrero del año 2000; en dicha cumbre se firmó la Carta de París, estableciendo a su vez que cada 4 de febrero se celebre el Día Mundial contra el Cáncer.

Esta fecha tiene como finalidad concientizar con el fin de prevenir y detectar oportunamente, así como impulsar las medidas necesarias para que las personas que padecen algún tipo de cáncer, puedan ser atendidas y tengan la posibilidad de recuperarse para lograr una vida plena. Asimismo, el lema que acompaña al Día Mundial contra el Cáncer en el trienio 2016-2018 es: "Nosotros podemos. Yo puedo". Este lema busca concientizar como colectivo o como individuos, pueden hacer su parte para reducir la morbilidad global por cáncer.

La campaña "Nosotros podemos. Yo puedo", promueve la difusión de los siguientes mensajes clave:4

NOSOTROS PODEMOS:

YO PUEDO:

• Inspirar acciones, tomar acciones
• Prevenir el cáncer
• Crear escuelas saludables
• Crear lugares de trabajo saludables
• Crear ciudades saludables
• Apoyar a otros a regresar al trabajo
• Retar las percepciones
• Mejorar el acceso al cuidado del cáncer
• Dar forma al cambio en políticas
• Construir una fuerza laboral de calidad
• Promover la inversión en control del cáncer
• Unir fuerzas para hacer la diferencia

• Adoptar estilos de vida saludables
• Entender que la detección temprana salva vidas
• Pedir apoyo
• Regresar al trabajo
• Tomar control de mi vida a través del cáncer
• Amar y ser amado
• Hacer que mi voz se escuche

Por estas razones, consideramos importante que se adopten medidas más eficaces para que las personas que padecen de algún tipo de cáncer puedan gozar de una vida digna y saludable, así como incentivar a las autoridades correspondientes a que prioricen y satisfagan las necesidades en salud pública, ya que la prevención, diagnóstico y atención oportuna son fundamentales para enfrentar esta enfermedad.

En atención a lo anteriormente expuesto, se sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las acciones dirigidas a promover estilos de vida saludables en la población, a fin de prevenir los diversos tipos de cáncer.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de febrero de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 OMS, Datos y cifras, [en línea], recuperado de:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/

2 Secretaría de Salud , [en línea], recuperado de:http://www.gob.mx/salud/prensa/anuncia-el-incan-programa-integral-de-prevencion-y-control-de-cancer-en-mexico-51694

3 Programa de Acción Específico de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018, [en línea], recuperado de:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10046/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf

4 WorldCancer Day 2016-2018 (consultado en febrero de 2017) http://www.worldcancerday.org/about/2016-2018-world-cancer-day-campaign





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a formular una estrategia contundente para el combate al incremento de homicidios en México. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tiene la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”.1

De tal suerte que la protección a la vida de todos los seres humanos, además de ser exigible erga omnes, se funda en la necesidad de que el Estado se ostente como garante de esa responsabilidad en un primer momento, pues vista su eficiencia en las tareas propias de su investidura, es como se fomentará, entre todos los individuos que conforman la sociedad, el valor que este derecho tiene como producto de la naturaleza humana y caminará de la mano con la idea del progreso social.

A nivel internacional ha sido totalmente claro lo postulado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), el cual en su artículo 4°, párrafo primero dice que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”; no está de más recordar que México se ha comprometido a su cumplimento.

Las acciones respecto a la creación de una atmósfera segura para la población se han visto mermadas por la crisis de seguridad que actualmente atraviesa el país. Tal vez los medios de comunicación no han retomado objetivamente el tema de la violencia como una constante de alarma en el país; sin embargo, basta con ver el lugar que México ocupó en el Índice de Paz Global 2016,2 ubicándose en la posición 140 de 163 países; lo llamativo de esto es la cercanía que tuvo en el ranking con países en donde la vida es un valor altamente violentado por guerras civiles y demás conflictos armados difícilmente controlables, verbigracia países como Israel, Turquía, y Palestina.

No es viable engañar a una población que percibe la perpetración de homicidios de forma cotidiana, la mayoría producto de las distintas formas de violencia y de la falta de atención a los aspectos básicos en materia de seguridad.

A nivel nacional 2016 fue un año marcado por la violencia, tal como lo fueron también sus antecesores; sin embargo, cabe apuntar que han sido nulos los esfuerzos para la disminución de ilícitos en el país: homicidio doloso, secuestro, extorsión, y robo a vehículo con violencia o sin violencia son los de mayor incidencia.

Para los efectos de las presentes consideraciones es importante centrarse en el homicidio doloso, un delito que evidentemente atenta contra lo que se ha defendido: el derecho a la vida. De acuerdo a las cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión, y robo de vehículos 1997-2016,3 en el 2015 hubo un estimado de 17 mil 34 homicidios dolosos, y para 2016 la cifra se elevó a 20 mil 789; esto significa un aumento del 22% respecto al año inmediato anterior.

Asimismo, y en atención al año que acaba de transcurrir, 2016 fue un lamentable escenario por su constante en el número de homicidios dolosos, pues desde su inicio, tan solo el mes de enero contó con un estimado de mil 442 homicidios dolosos, y al término del año en diciembre con la cifra de mil 846; no obstante también es importante mencionar que en el trascurso, el 2016 encontró su máximo en el mes de septiembre, con mil 982 homicidios dolosos.

Visto lo anterior, no basta con un simple cuestionamiento a las medidas tomadas por las autoridades e instituciones encargadas de la seguridad publica en México, pues es imprescindible que su participación sea dedicada y sensible a los puntos vulnerables de la sociedad mexicana. Ya no es permisible que la violencia se desenvuelva como un aspecto consuetudinario, pues un homicidio no solo se traduce en la afectación directa del individuo privado de su vida, sino que además indirectamente se perjudica de forma irreparable a la familia.

Por tales circunstancias es exigible que se dedique la atención debida en cada una de las entidades federativas, pues es a través de sus instituciones y autoridades correspondientes como se podrá generar un plan de trabajo con el principal propósito de recuperar la tranquilidad de todos los gobernados en cada estado de la República Mexicana.

A manera de ejemplo está la particular situación que actualmente aqueja a Zacatecas, una entidad que más allá de su gran diversidad de valores y cultura, merece ser un escenario digno para el libre desenvolvimiento de sus habitantes, un ambiente seguro en el que los derechos sean el principal motor del respeto entre los individuos, como alguna vez lo postuló el famoso apotegma del Benemérito de las Américas Benito Juárez, una genuina formula universal de la convivencia humana para conseguir la paz, esa sensación de tranquilidad que ha sido olvidada por la gran mayoría.

En la entidad los números no son reconfortantes, del primero de enero al 30 de diciembre del 2016, se cometieron 608 homicidios dolosos, esta cifra representa un incremento del 96.12 por ciento, puesto que, en ese mismo periodo, pero del 2015, las muertes de este tipo ascendieron a 310,4 lo anterior de acuerdo a las cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Nunca será admisible que los datos duros se utilicen como simple objeto de discurso, su justificación es innecesaria, lo verdaderamente congruente es proponer estrategias de seguridad efectivas y aplicables al caso concreto de la entidad: la prevención del delito es un tema medular. Por otro lado, es perceptible que gran parte de esos homicidios son producto de la delincuencia organizada; sin embargo, esta no debe ser la principal justificación ante la ola de violencia que se vive en la entidad y los zacatecanos tienen derecho a que las acciones a tomar se ejecuten con transparencia y con una amplia consideración a sus intereses colectivos.

El 2017 acaba de comenzar y ya se torna manchado por la violencia, pues durante los primeros 15 días se registraron 35 homicidios dolosos, 33 están ligados a la disputa territorial de grupos de la delincuencia organizada, dos fueron resultado de secuestros.5 Pese a que el principal motivo de estos ilícitos se relaciona con la línea de investigación en delincuencia organizada, es una realidad sostener que la incapacidad de las instituciones es otro factor determinante, pues la prevención del delito no ha figurado como el protagonista en las acciones a efectuar en el combate a la delincuencia en general.

Delegar responsabilidades difícilmente desembocará en la solución que la sociedad reclama, pues esa salida fácil se ha utilizado año tras año. Como se ha sostenido, el aumento en las cifras no debe justificarse solo con circunstancias triviales y su disminución tampoco puede ser objeto exclusivo de orgullo para las administraciones en turno: hay asuntos pendientes de ejecutar que realmente harán la diferencia, pues no puede ser razón para enorgullecerse que Zacatecas siga estando en los primeros lugares de violencia a nivel nacional.

En este orden de ideas, y en atención a lo expuesto se considera importante en primer lugar, exhortar de forma respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad y con sus homólogas de las entidades federativas, trabajen en conjunto para combatir una problemática de notoria percepción nacional, atendiendo en todo momento a las singularidades del contexto de cada estado de la República Mexicana

Respecto de lo que acontece en Zacatecas, también se propone exhortar respetuosamente a las autoridades afines en la materia, pues su trabajo coordinado requiere de un compromiso social capaz de reforzar el enlace entre los zacatecanos y un estado libre de toda violencia. Las estrategias a desarrollar deberán considerar las problemáticas torales que atentan contra la tranquilidad de la entidad, siempre y cuando no se pierda de vista que la participación de cualquier otra dependencia, entidad u organismo descentralizado del Gobierno puede ser de gran utilidad para los fines a perseguir.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad y en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, formulen una estrategia contundente para el combate al incremento de homicidios en México, atendiendo al contexto y características particulares de cada estado de la república mexicana.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas y a la Procuraduría General de Justicia de la entidad a:

1) Formular en conjunto una estrategia contundente para el combate al incremento de homicidios dolosos en Zacatecas y demás delitos cuya incidencia coloquen a la entidad entre una de las más inseguras del país, y

2) Diseñar junto con las respectivas dependencias, entidades u organismos descentralizados del Gobierno, las medidas necesarias en materia de prevención del delito.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de febrero de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Sentencia: Caso de los  “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH), 19 de noviembre de 1999, p. 40, párrafo 144.

2 Véase la Comparativa: Índice de Paz Global 2016. Disponible en:
http://www.datosmacro.com/demografia/indice-paz-global

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, SEGOB, Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2016, Enero, 2017. Disponible en:
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_122016.pdf

4 Aguilar, Rocío Adriana, En Zacatecas aumentaron los homicidios en 2016 [En línea], El Sol de Zacatecas, Zacatecas, martes 3 de enero de 2017. Disponible en: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/policia/en-zacatecas-aumentaron-los-homicidios-en-2016 [Consultado el 24 de enero de 2017]

5 Aguilar, Rocío Adriana, En Zacatecas, van 35 homicidios dolosos en 15 días [En línea], El Sol de Zacatecas, Zacatecas, 16 de enero de 2017. Disponible en: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/zacatecas/en-zacatecas-van-35-homicidios-dolosos-en-15-dias [Consultado el 24 de enero de 2017]





 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con el propósito de informar respecto de las acciones emprendidas para la atención de los casos de violencia política de género. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La suscrita, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,1 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos,2 reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.3

El marco internacional es muy claro en el sentido de que los Estados parte deben tomar las medidas necesarias para eliminar la discriminación hacia las mujeres en la vida pública y política, además de garantizar condiciones de igualdad en contextos libres de violencia para el ejercicio de sus derechos políticos.

México ha tenido avances importantes en lo que respecta a garantizar el acceso al ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres, aunado a lo mandatado en los artículos 1° y 4° y 35 constitucionales, la reciente incorporación del principio de paridad en el artículo 41 es muestra de ello.

Sin embargo, de manera paralela a los logros se han presentado otros fenómenos como el recrudecimiento y aumento de la violencia política hacia las mujeres, como un grave obstáculo para garantizar condiciones de igualdad de competencia y libres de violencia para el ejercicio pleno de estos derechos.

El papel de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ha sido fundamental no sólo en el sentido de visibilizar este tipo de violencia sino, sobre todo, en la atención a los casos que han sido denunciados por las ciudadanas.

En ánimo de contar con mejores herramientas para la atención a la violencia, la FEPADE en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de las Mujeres, presentaron el “Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres”, el cual establece las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas, según se expone en dicho documento.

Pese a lo anterior, persisten cuestiones estructurales, que obstaculizan el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas, baste hacer un recorrido por las situaciones que enfrentaron muchas candidatas el pasado proceso electoral de 2014-2015 en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales reportó 38 casos de violencia política en contra de las mujeres, ubicados principalmente en: Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco.4

Los hechos iban desde violencia psicológica, física, hasta violencia económica, asesinatos, desapariciones, amenazas con arma de fuego entre otros.

La Procuraduría General de la República, dio a conocer en un comunicado de prensa el pasado 17 de agosto de 2016 que:

En lo que va de la actual administración, la FEPADE [llevaba] registrados un total de 141 casos de violencia política de género, de los cuales, en el año 2015 se atendieron 38 y en el 2016, se [tuvo] conocimiento de 103, en donde la víctima es una mujer.5

La Revista Proceso señaló en un artículo publicado el 4 de enero que:

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) informó que su Oficina de Derechos Humanos y Atención a Víctimas ha registrado hasta ahora 52 casos de violencia política de género.6

Sin duda, la Fiscalía ha jugado un papel protagónico en garantizar a las candidatas y funcionarias una vida libre de violencia, ante el desarrollo de las próximas elecciones locales en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz considero fundamental que la Fiscalía pueda comparecer a esta soberanía con la finalidad de informar sobre las acciones emprendidas hasta el momento en torno a los casos de violencia política de género que ha atendido.

Por lo anteriormente expuesto someto a esta Asamblea la proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República cita a comparecer al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Dr. Santiago Nieto Castillo con el propósito de informar a esta Soberanía respecto de las acciones emprendidas para la atención de los casos de violencia política de género hacia las mujeres que se han denunciado en el último año.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de febrero de 2017

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en línea
en:http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

2 Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en línea en:
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

3 Artículo 4, inciso j) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en línea en: https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_Belem_do_Para.pdf
Artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, en línea en: https://www.oas.org/dil/esp/convencion_sobre_los_derechos_politicos_de_la_mujer.pdf
Artículo 7.a de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en línea en:http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

4 Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, p.12, en línea en:
http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf

5 Procuraduría General de la República, Comunicado 1252/16, 17 de agosto de 2016, en URL: https://www.gob.mx/pgr/prensa/registra-fepade-141-casos-de-violencia-politica-de-genero-durante-el-2015-y-2016-comunicado-1252-16

6 Revista Proceso, Registra Fepade 52 casos de violencia política de género, Consultado el 19 de enero del 2017, en línea: http://www.proceso.com.mx/468699/registra-fepade-52-casos-violencia-politica-genero





 

De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Jesús Casillas Romero, Miguel Romo Medina, Enrique Burgos García, Hilda Esthela Flores Escalera y María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que solicita un informe del ejercicio de los recursos públicos asignados al Consejo de la Judicatura Federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, en sus respectivos ámbitos, durante el ejercicio fiscal 2016. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los suscritos, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, JESÚS CASILLAS ROMERO, MIGUEL ROMO MEDINA, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, todos integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de este Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR UN INFORME PORMENORIZADO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los mayores retos para 2017 del Poder Judicial de la Federación es la consolidación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, tanto para jueces, magistrados y todo el personal involucrado; su implementación en una primera etapa, comprometió instalar y poner en funcionamiento al menos una sala de justicia de este novedoso sistema en cada una de las entidades de la República Mexicana.

Tras entrar en vigor el nuevo sistema en todo el país el pasado 17 de junio, a la fecha, sólo están instaladas y funcionando 37 salas de justicia penal del sistema acusatorio; “pero necesitamos más para satisfacer con plenitud y eficacia los requerimientos de justicia, porque el número de asuntos en esta materia es creciente, baste decirles que en el breve periodo de su plena implementación en junio pasado y hasta ahora, ya tenemos casi 15 mil 10 asuntos en este nuevo sistema”, indicó en su reciente Informe Anual de Labores 2016 el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales.

De éstos, detalló, una buena parte se tramita en los centros de Guanajuato con casi mil 300 y Puebla con prácticamente 600, ello debido a los delitos relacionados con robo de hidrocarburos en esa zona, aunque en el Estado de México también está creciendo el número de causas penales federales que llegan ya a 590 asuntos, seguidos, por su cantidad, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán. Sólo 6 por ciento han acabado en juicio propiamente dicho, o sea sólo unos 90 asuntos de los 15 mil, lo que demuestra las bondades de los medios alternos como son los acuerdos reparatorios (0.2 por ciento), la suspensión condicional del proceso (19.4) y el procedimiento abreviado (18.2), refiere el Informe Anual de Labores 2016.

Ante las peticiones ciudadanas respecto a las deficiencias y omisiones administrativas que se presentan en los diversos Juzgados del fuero común y del fuero federal en materia penal, respecto de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el objetivo del presente punto de acuerdo es solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, en términos del presupuesto que les fue asignado para la implementación de dicho sistema durante el año 2016, y a los Gobernadores de las 32 entidades federativas del país, entreguen a este Senado de la República, un informe pormenorizado sobre el ejercicio de los recursos públicos asignados para dicha implementación a través del programa presupuestario "Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal" asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Secretaría de Gobernación por un monto global de $713,145,294.00 (setecientos trece millones, ciento cuarenta y cinco mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), y, en lo particular, el Subsidio repartido entre las entidades federativas para el año 2016 fue de $663, 225,123.42 (Seiscientos sesenta y tres millones doscientos veinticinco mil ciento veinte y tres pesos 42/100 M.N.).

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana;

Que el 13 de octubre de 2008 se publicó el Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como una instancia de coordinación (Decreto), con una vigencia no mayor a ocho años, con la finalidad de implementar en los tres órdenes de gobierno el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales, la soberanía de los Estados, del Distrito Federal y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades que intervengan en la instancia de coordinación.

Que el 8 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso de la Unión, para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en el orden federal y en el fuero común.

El 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyas disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales, en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Que el Gobierno Federal ha considerado como una actividad prioritaria y de interés general, la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, razón por la cual en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, asignó a la Secretaría de Gobernación un monto por $713,145,294.00 (setecientos trece millones, ciento cuarenta y cinco mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) para el programa presupuestario "Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal".

Que el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.

Que el artículo 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que las dependencias deberán, desarrollar procedimientos y emitir instrucciones específicas respecto de gasto público.

Que aunado a lo anterior, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece en los artículos 4 y 5, fracción III que las facultades originarias de la Secretaría corresponden al Titular de la misma; y lo faculta para establecer políticas.

Que el artículo 11 del Decreto y su correspondiente reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2012, así como el artículo 118 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establecen que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía administrativa, creada para operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo de Coordinación, así como coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la Implementación del Sistema de Justicia Penal, cuando lo soliciten.

Que todas las entidades federativas operan de acuerdo a su normatividad básica, intermedia y complementaria, y cuentan con una fecha de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben asegurar la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como su operación en todas las regiones y delitos, como lo establece el mandato constitucional, lo que implica vigilar el correcto planteamiento, aprobación y cumplimiento de los proyectos subsidiados, ya que es una de las vías para alcanzar el objetivo.

Que de acuerdo a la planeación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, para el ejercicio fiscal 2016 los ejes que deben privilegiarse en proyectos a subsidiar son: los de tecnologías de la información y comunicación, equipamiento, capacitación, infraestructura, seguimiento y evaluación, reorganización institucional, difusión y transparencia.

Que con el objeto de hacer efectivo el otorgamiento y aplicación de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, la Secretaría de Gobernación expidió el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS POLÍTICAS PARA LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DELOS RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DEJUSTICIA PENAL, A FAVOR DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2015.

En términos del numeral 6 del referido Decreto, se establecen los montos de los subsidios que se otorgan a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2016:

Cifras en pesos corrientes

Entidad Federativa

Total subsidio 2016

Aguascalientes

13,761,616.47

Baja California

26,155,136.88

Baja California Sur

14,426,628.00

Campeche

16,194,086.76

Chiapas

23,311,512.33

Chihuahua

22,572,842.65

Coahuila

18,881,235.54

Colima

13,905,725.85

Distrito Federal

30,412,093.66

Durango

20,503,615.07

Guanajuato

24,375,003.69

Guerrero

21,092,291.27

Hidalgo

18,327,930.40

Jalisco

25,104,366.62

México

40,271,227.64

Michoacán

21,540,460.39

Morelos

19,034,138.21

Nayarit

14,653,170.83

Nuevo León

22,278,402.55

Oaxaca

23,399,026.06

Puebla

25,761,044.00

Querétaro

15,424,952.75

Quintana Roo

16,003,309.90

San Luis Potosí

20,396,214.10

Sinaloa

18,737,607.48

Sonora

19,572,234.98

Tabasco

19,842,382.07

Tamaulipas

20,996,141.25

Tlaxcala

15,655,699.14

Veracruz

24,295,324.43

Yucatán

18,405,705.05

Zacatecas

17,933,997.40

Total

663,225,123.42

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita al Consejo de la Judicatura Federal rinda un informe pormenorizado respecto del ejercicio de los recursos públicos que les fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal durante el ejercicio fiscal 2016, desglosado en los rubros de capacitación, difusión, infraestructura, mobiliario y tecnologías de la información y equipamiento.

SEGUNDO.- Se solicita a los titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las 32 entidades federativas rindan un informe pormenorizado respecto del ejercicio de los recursos públicos que les fueron asignados en el programa presupuestario "Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal" de la Secretaría de Gobernación, para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal durante el ejercicio fiscal 2016,desglosado en los rubros de capacitación, difusión, infraestructura, mobiliario y tecnologías de la información y equipamiento.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de febrero de 2017

Sen. Yolanda De la Torre Valdez.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Enrique Burgos García.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.





 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Héctor David Flores Ávalos, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Luz María Beristain Navarrete y José de Jesús Santana García, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena el cierre temporal de las fronteras de Estados Unidos de América a inmigrantes de siete países de mayoría musulmana; y se pronuncia a favor de que México genere mejores condiciones para aceptar refugiados. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.







 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir a sus consulados en los Estados Unidos de América a representar y defender legalmente ante las Cortes de Distrito Federales de los Estados Unidos de América del Norte a los connacionales que se encuentren en riesgo de vulneración de sus derechos frente a la Orden Ejecutiva para la Seguridad Fronteriza y la mejor aplicación de las Leyes Migratorias, emitida por el Presidente de los Estados Unidos de América el pasado 25 de enero. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INSTRUIR A SUS CONSULADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A REPRESENTAR Y DEFENDER LEGALMENTE ANTE LAS CORTES DE DISTRITO FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS A LOS CONNACIONALES QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO DE VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS FRENTE A LA ORDEN EJECUTIVA PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA Y LA MEJOR APLICACIÓN DE LAS LEYES MIGRATORIAS EMITIDA POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EL PASADO 25 DE ENERO; con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 25 de enero de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó y publicó una Orden Ejecutiva para la Seguridad Fronteriza y la mejor aplicación de las Leyes Migratorias, de la cual los medios de comunicación nacionales y los analistas resaltaron el mandato del inicio de la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos e iniciaron una serie de cuestionamientos a dicha Orden Ejecutiva en los que señalaban que una acción de este tipo resultaba en una claro despropósito en las relaciones bilaterales y diplomáticas entre ambas naciones.

Reconociendo que efectivamente la construcción del Muro Fronterizo atenta contra los más básicos principios de respeto y cordialidad entre las naciones, algo que ha quedado relegado en las discusiones y en los análisis sobre esta orden ejecutiva de seguridad fronteriza y leyes migratorias son algunas otras acciones que afectan directamente los derechos de nuestros connacionales que habitan en los Estados Unidos y que deberían de merecernos mayor atención incluso que la posible e incierta construcción del mentado muro fronterizo.

Algunos de los aspectos que resultan preocupantes de esa orden ejecutiva y que se están traduciendo en restricciones, limitaciones y violaciones directas a los derechos humanos de las y los mexicanos radicados en los Estados Unidos son:

• Detención de individuos sospechosos de violar leyes estatales y federales, incluyendo leyes migratorias.

• Prohibir la puesta en libertad de los detenidos por infracciones migratorias, para que sigan bajo custodia mientras se resuelve su caso o se procesa su deportación.

• Restablecimiento del programa “287g” para que policías locales y estales hagan las veces de agentes de Inmigración.

• Agilizar la revisión de casos de personas elegibles para quedarse en el país y deportación de personas rechazadas, tras la imposición de sanciones civiles o criminales.

Sobre el primero de los puntos preocupantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en un comunicado de prensa del año 2010, en relación a la aprobación de la controvertida Ley 1070 del Estado de Arizona en la que se facultaba a los policías a realizar “detenciones de personas sospechosas” lo siguiente:

“La ley, que fue firmada el 23 de abril de 2010 y entraría en vigor en tres meses, exige que la policía de Arizona pregunte sobre la situación migratoria de cualquier persona sobre la cual tenga “sospecha razonable” de que no está autorizada a estar legalmente en Estados Unidos…

…En primer lugar, la Comisión Interamericana expresa su profunda preocupación ante el alto riesgo de discriminación racial en la implementación de la ley. En segundo lugar, la Comisión expresa su preocupación por la criminalización de la presencia de indocumentados. En este sentido, la CIDH desea recordar que las normas internacionales establecen que la detención debe aplicarse sólo de manera excepcional y luego de haber analizado, en cada caso, su necesidad y proporcionalidad…”1

Con esta acción de la orden ejecutiva de Trump se revive la vieja forma de detención de “personas sospechosas” incluso bajo la sospecha de que su situación migratoria no sea regular, pues extiende esa “sospecha” a la posible violación precisamente de las leyes migratorias.

Sobre los puntos dos y tres, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció en su Informe sobre Migración en Estados Unidos: Detención y Debido Proceso del año 20112 que:

“186. El ICE también desarrolló un programa que autoriza a las agencias del orden estaduales y locales a aplicar leyes migratorias en el ámbito civil. El Programa 287(g), que supervisa la creación de Memorandos de Acuerdo (MOAs) con las agencias del orden estaduales y locales, lleva este nombre en virtud de la sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que autoriza este tipo de acuerdos (…)

191. El ICE ha señalado que la meta del programa 287(g) es combatir todos los actos criminales serios y violentos que sean cometidos por una persona indocumentada o por un inmigrante deportable. No obstante, las agencias del orden estaduales y locales ya contaban con las facultades necesarias para investigar esos actos criminales e iniciar procedimientos penales antes de que se creara el programa 287(g). Lo que hace este programa es otorgar a las autoridades locales y estaduales herramientas adicionales que no corresponden a investigaciones criminales pues de ser usadas en ese exclusivo contexto, constituirían violaciones de derechos constitucionales básicos. Entre esas facultades se encuentra la de privar de su libertad a individuos por violaciones a las leyes civiles de inmigración en muchos casos sin la posibilidad de liberación bajo fianza. También pueden ejecutar arrestos administrativos y órdenes de arraigo sin la necesidad de aprobación por parte de un juez independiente…”

Y finalmente sobre el cuarto punto de preocupación, el relacionado con “agilizar los procesos de deportación”, es importante señalar que actualmente en los tribunales migratorios de los Estados Unidos prevalece una práctica denominada el uso de la “discreción procesal” para la atención de casos prioritario y no prioritarios para las deportaciones.

Este es un mecanismo que siempre ha existido y que se aplica por acuerdo entre los fiscales de ICE y los abogados defensores de un inmigrante para cerrar un caso de deportación y permitir que el individuo se quede en el país si su caso no es prioritario, lo que en la práctica ha permitido que miles de nuestros connacionales permanezcan en ese país, aún a pesar de haber sido detenidos por infringir alguna ley migratoria, pues la discreción procesal analiza también los años que se lleve viviendo en los Estados Unidos, las relaciones familiares, el trabajo que desempeña y si no cuenta con antecedentes de otras violaciones a las leyes civiles o penales, es decir, se privilegia la buena conducta de una persona y sus nexos con la sociedad sobre las faltas administrativas y de carácter meramente migratorio.

Criterios que como consecuencia de esa orden ejecutiva quedarían sin aplicación para la atención de los casos de nuestros connacionales que se encontraran bajo un proceso de deportación en un tribunal de migración.

Estos cuatro aspectos se estarán traduciendo en los próximos días y semanas en claras violaciones a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, colocando a miles de connacionales en una situación de inseguridad jurídica y de inestabilidad familiar.

En los días recientes el presidente Peña Nieto anunció que los 50 Consulados  Mexicanos en los Estos Unidos se convertirían en “defensorías” de los derechos de las y los mexicanos, y asignó un monto adicional del presupuesto a esos mismos consulados por un total de mil millones de pesos para este año 2017.

Esos anuncios desde luego son un signo importante en la expresión indispensable de la defensa de los derechos de nuestros connacionales en aquel país, sin embargo, resultan insuficientes, pues la asesoría legal y el acompañamiento jurídico que se desarrollan en estos Consulados tendría que verse ampliado a una defensa efectiva de litigio para evitar que se consuman estas violaciones a los derechos humanos, para evitar que se violenten de manera irreparable los derechos de nuestros connacionales y para demostrar un verdadero compromiso de este Gobierno en la defensa de las y los mexicanos que radican en ese país.

Por ello, en este exhorto hacemos un llamado para que los equipos de defensa jurídica de los 50 Consulados Mexicanos en Estados Unidos, asuman la representación legal de las y los mexicanos que decidan inconformarse con la Orden Ejecutiva del Presidente Trump dictada el pasado 25 de enero de 2017 o para que en su defecto, que con el presupuesto adicional que se les asignará puedan contratar los servicios legales de despachos especializados para que se interpongan las “Peticiones de auto de hábeas corpus y denuncia declarativa por mandato judicial” ante las Cortes de Distrito Federales en donde radiquen los Consulados Mexicanos con la finalidad de solicitar la suspensión de la orden ejecutiva presidencial evitando con ello la  consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos de nuestros connacionales.

El respaldo político de nuestro gobierno es fundamental en este momento, la inyección de recursos presupuestales adicionales es vital, pero la adopción de un frente de defensa legal de cara a este tipo de órdenes ejecutivas claramente violatorias de los derechos humanos representaría una acción sin precedente en la historia reciente y una acción contundente para velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren.

En virtud de lo aquí expuesto y fundado, someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

UNICO. El H. Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores para mandate a las áreas de Protección de los 50 Consulados ubicados en los Estados Unidos de América, para que desde esas áreas o a través de la contratación de servicios particulares, se presenten a nombre y a solicitud de nuestros connacionales ante las Cortes de Distrito Federales las “Peticiones de auto de hábeas corpus y denuncia declarativa por mandato judicial” en contra de la Orden Ejecutiva Presidencial publicada el 25 de enero de 2017 por el presidente Donald Trump, a fin de evitar la irreparable consumación de violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos radicados en los Estados Unidos de América.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Disponible en la dirección electrónica: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/47-10sp.htm

2 OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78/10, “Informe sobre migración en Estados Unidos: Detención y Debido Proceso”, 30 diciembre 2010, Original: Inglés.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a considerar el desarrollo de un documento analítico respecto a la situación de los derechos humanos, en el documento final que el Constituyente capitalino redactó y aprobó; documento que fungirá como la Constitución de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A CONSIDERAR DESARROLLAR UN DOCUMENTO ANALÍTICO RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL DOCUMENTO FINAL QUE EL CONSTITUYENTE CAPITALINO REDACTÓ Y APROBÓ; DOCUMENTO QUE FUNGIRÁ COMO LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE PREVÉ SERÁ PROMULGADA EL PRÓXIMO 5 DE FEBRERO Y ENTRARÍA EN VIGOR EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La Ciudad de México vivió una experiencia fundamental en materia de legislación, de ciudadanía, de procesos políticos de alto nivel. La conformación de su primer Constitución Política, que se prevé será promulgada el próximo 5 de febrero, y entraría en vigor el 17 de septiembre de 2018, estuvo en la mira de todo aquel estudioso e interesado en observar un proceso de esa magnitud en una de las ciudades más complejas del mundo. Los acuerdos políticos, la confección de cada uno de sus pasos y aprobaciones, la misma conformación del Constituyente, su grado de legitimidad, son hechos que serán estudiados y evaluados para entender tanto la política mexicana de este tiempo como la calidad y naturaleza de sus procesos democráticos, de sus métodos, del entendimiento de la gobernanza y la participación ciudadana para la aprobación final. Todo estará bajo una lupa de análisis.

2. Dada la dimensión e importancia de este texto constitucional local, que se insertará en toda una estructura legal nacional de diversos estratos, es necesario que este Senado impulse una apertura accesoria para permitir análisis de gran calado que aporte a este texto fundamental observaciones de alta especialización. Nuestro interés es centrar ese documento rector, en el mandato constitucional de derechos humanos que le otorgó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de un paradigma cultural revolucionario. Por ello se considera importante convocar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a instalar su experiencia, su capacidad de análisis puntual e histórico para elaborar un documento que opine sobre la progresividad, el fomento y la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos que todo documento legislativo local debe de adoptar, sobre todo uno fundacional.

Sabemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha hecho su pertinente trabajo; sin embargo se trata ahora de convocar una participación particular, para que la ciudadanía no especializada pero atenta a los procesos políticos, quede al tanto de cómo se trató específicamente el tema de derechos humanos en el Constituyente capitalino y que los derechos humanos queden salvaguardado en todas sus dinámicas, verticales, horizontales y las transversales e internacionales.

3. El país requiere un estudio de esa naturaleza. No es gratuito. El mandato constitucional del 2011 en materia de derechos humanos supone un grado de complejidad superior que fractura consideraciones históricas regulares, por eso el llamado atento a que el documento final del Constituyente de la ciudad de México esté acompañado por un análisis que sólo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede generar. Asimismo, estamos todos los legisladores coadyuvando para que Los derechos humanos se empoderen, sean protagonistas de primer nivel en todos los procesos que tiene bajo su observancia, es vital en un país en donde hay muchos procesos sociales, de gobierno, legislativos tienen padecimientos críticos. La estructura general de esta institución y en los estados, tiene una enorme responsabilidad de servir de tutoría, de guía de parteaguas en el camino de desarrollas el concepto material de los derechos humanos. 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a considerar desarrollar un documento analítico, respecto a la situación de los derechos humanos, en el documento final que el Constituyente Capitalino redactó y aprobó. documento que fungirá como la Constitución de la Ciudad de México que se prevé será promulgada el próximo 5 de febrero, y entraría en vigor el 17 de septiembre de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.





 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a que en la convocatoria para el proceso de conformación del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral garantice la paridad en la integración del mismo. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.







 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a efectuar una revisión y reflexión profunda sobre los contenidos de los “Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias”, con la finalidad de advertir si garantizan los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SEEXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), A EFECTUAR UNA REVISIÓN Y REFLEXIÓN PROFUNDA SOBRE LOS CONTENIDOS DE LOS “LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LA DEFENSA DE LAS AUDIENCIAS”, CON LA FINALIDAD DE ADVERTIR SI GARANTIZAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN Y EN SU CASO, REALIZAR LAS ADECUACIONES OPORTUNAS; al tenor de los siguientes antecedentes y:

CONSIDERACIONES

El 21 de diciembre pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió las reglas que denominó “Lineamientos Generales sobre losDerechos de las Audiencias”, que contemplan disposiciones obligatorias para los medios de comunicación electrónicos, como Radio y Televisión, en cuanto a la información a difundir o publicar. Lo anterior, precisamente con la finalidad de proteger los derechos de las audiencias en nuestro país.

Esta nueva normatividad ha generado gran inquietud, sobre todo entre periodistas y medios de comunicación en sí, en virtud de que, según advierten, limitan la libertad de expresión, información, opinión y crítica, al contemplar elementos subjetivos, como la “veracidad” y “oportunidad” en las noticias y hasta prohibiciones de opinión y comentario, sin antes anunciar, ya sea por dicho o mensaje en pantalla,  que están a punto de “emitir una opinión”.

Lo anterior, en base al contenido del artículo 15 de dichos lineamientos:

“Artículo 15. Para diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, la persona que brinda la información deberá advertir al momento de realizarla, de manera expresa y clara, que la manifestación realizada o que realizará constituye una opinión y no es parte de la información noticiosa que se presenta.”

Esto da la impresión y conclusión lógica, que por ejemplo, un programa de análisis y opinión, deba estar interrumpiendo o anunciando a cada instante que lo que se sigue en decir es “opinión” y no “información”.

Por lo que respecta a la veracidad y oportunidad, refieren los mismos lineamientos, lo siguiente:

(Artículo 2)

“Oportunidad.- Recepción y percepción útil en tiempo y lugar por parte de las audiencias.”

“Veracidad.- Exigencia de que la información difundida sobre hechos se encuentre respaldada por un ejercicio razonable de investigación y comprobación de su asiento en la realidad.”

Al respecto, las interrogantes son:

Oportuna, veraz, ejercicio razonable de investigación; ¿para quién?, o ¿desde la perspectiva de quién?

Subjetividad es la que se acusa y causa incertidumbre, pues en toda versión habrá siempre más de alguna divergente o contrapuesta, una versión y un contra versión, una parte y una contraparte.

Se acentúa más la inquietud, cuando el incumplimiento a la normatividad podría costar el despido a los comunicadores y la suspensión de transmisiones a los concesionarios y hasta la cancelación de la concesión.

Es de destacar, que también se reconoce que dichos lineamientos contienen avances importantes en la materia de la defensa de las audiencias, como lo es para con las personas con alguna discapacidad y niños.

Sin embargo, prevalece el sentimiento de cesura, riesgo a nuestra democracia y limitaciones a la libertad de expresión e información  a través de normas de control consideradas como excesivas y hasta inconducentes. Ello, porque han considerado que podrían inducir a casos de autocensura y lo peor, casos de persecución y sanción.

Recordaremos que los derechos de expresión e información constituyen derechos humanos fundamentales consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el Derecho Internacional, por lo que bien valdría la penahacer una revisión de la normatividad que tanta intranquilidad está causando, con la finalidad de reconsiderar y reflexionar si verdaderamente consigue una armonía entre los derechos de las audiencias y los derechos de libertad de expresión e información, o en su caso, si se hace  necesario su adecuación a fin de evitar el menoscabo de tan importantes derechos.

Las voces que se alzan en torno a este tema son muchas y cada vez más en aumento. Principalmente comunicadores, periodistas, analistas, actores públicos, incluso,de la política de prácticamente todas las fuerzas con mayor representación en el país.

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión se ha pronunciado en el mismo tenor.

Por ello, es necesario entrar a una revisión más profunda y reflexiva sobre dichos lineamientos, revisar que no se vulneren los derechos a la libre expresión y a la información, y que no se incursione en el terreno de la censura, la incertidumbre y menos, del acoso.

Revisión que se hace urgente, en virtud de que la normatividad en comento es aplicable a partir de este primero de febrero.

Para tal efecto, la propuesta concreta consistiría en exhortar respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para efectuar dicha revisión, y en su caso, las adecuaciones pertinentes.

Lo anterior, en base a la propuesta concreta a esta honorable Asamblea,  contenida en el siguiente punto concreto de…

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a efectuar una revisión y reflexión profunda sobre los contenidos de los “Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias”, con la finalidad de advertir si garantizan los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información, si resultan verdaderamente aptos para la defensa de las audiencias sin menoscabar los invocados derechos y en su caso, hacer las adecuaciones oportunas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Héctor David Flores Ávalos, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Luz María Beristain Navarrete y José de Jesús Santana García, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a integrar a un grupo de Senadores en el llamado “Cuarto de Junto” para que el Senado de la República tenga una participación activa en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Relaciones Exteriores.







 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección de la Maternidad y la Recomendación 191, para efectos de su aprobación. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES REMITA EL CONVENIO 183 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA RECOMENDACIÓN 191 A ESTA SOBERANÍA, PARA EFECTOS DE SU APROBACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN 1 Y 89 FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La maternidad segura, la atención de salud de la madre, y la supervivencia del recién nacido forman parte esencial de la propia vida. Son fundamentales para el trabajo decente y la productividad de las mujeres, así como para la igualdad de género en el trabajo. Por lo tanto, la protección de la maternidad es un derecho laboral fundamental y ha quedado consagrado en tratados universales fundamentales de derechos humanos.

La OIT cuenta con datos recientes sobre 185 países y territorios, de los que se infiere que el 34 por ciento de ellos cumple plenamente con los requisitos del Convenio sobre protección de la maternidad, 2000 (núm.183), y de la Recomendación que lo acompaña, 2000 (núm. 191) en tres aspectos clave: conceden al menos 14 semanas de licencia, el monto de las correspondientes prestaciones no es inferior a dos tercios de las ganancias anteriores de la mujer, y se financian mediante un seguro social o con cargo a fondos públicos.

Pese a este avance, la amplia mayoría de las trabajadoras del mundo alrededor de 830 millones, carece de suficiente protección de la maternidad. Casi el 80 por ciento son de África y Asia1. La discriminación contra la mujer por razones de maternidad es un problema omnipresente en todo el mundo. Incluso cuando la legislación existe, la aplicación efectiva de esas leyes continúa siendo un problema.

El Convenio 183, establece la obligatoriedad de cada centro de trabajo a otorgar una licencia antes o después del periodo de licencia de maternidad en caso de enfermedad, o si hay complicaciones o riesgo de que éstas se produzcan como consecuencia del embarazo o del parto.

Además, indica la prohibición para el empleador de despedir a una mujer que presente un embarazo, durante la licencia de maternidad o después de haberse reintegrado al trabajo; y establece que todo país miembro debe adoptar medidas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo, por ejemplo, impedir que se practique a las mujeres pruebas de no gravidez.

Asimismo, este convenio estipula que las mujeres tienen derecho a una o varias interrupciones por día o una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hija o hijo.

Actualmente, la Constitución mexicana, la Ley General de Salud y la Ley Federal del Trabajo establecen la protección de los derechos de las madres trabajadoras, como la licencia por maternidad, atención materno-infantil, y restricciones a ciertas actividades de trabajo que representen un riesgo para la salud de las embarazadas.

De acuerdo al Oficio No. SELAP/300/974/14, fechado el 15 de mayo de 2014, Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, remite a esta Soberanía para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/083/2014 suscrito por el C. Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social , mediante el cual responde el Punto de Acuerdo relativo a la ratificación del Convenio 183 y a la aplicación de la recomendación 191 de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que corresponde a la protección de la maternidad2.

Convenio

Disposiciones Objetadas

Comentarios de las STPS

183

Fija un periodo de licencia por maternidad equivalente a 14 semanas (artículo 4., punto 1)

No es acorde con la legislación de México, en razón de que el periodo es de 12 semanas.

 

Prevé que la prestación económica derivada de la maternidad no debe ser menor a las dos terceras partes del salario de la subordinación, o incluso por un monto equivalente al de los beneficios en dinero por enfermedad o incapacidad temporal de cada país. (artículo 6., punto 3)

Las previsiones nacionales son superiores a las del Convenio tota vez que una gracia de este carácter no debe ser inferior al total del salario, y en algunos casos se equipara al subsidio por enfermedad disminuye sólo al 60% del salario.

 

Instituye que se garantice a la mujer la potestad de regresar a su puesto de trabajo o a uno equivalente con la misma retribución al concluir la licencia de maternidad (artículo 8., punto 2)

Dicha prerrogativa está mejor protegida en la normatividad mexicana, pues por mandato constitucional esas colaboradoras durante el embarazo tiene derecho a conservar su fuente de empleo y todas las facultades derivadas del vínculo jurídico con el patrón.

No obstante, ninguna de estas medidas ha evitado que en México el embarazo prevalezca como la principal causa de discriminación en el ámbito laboral que padecen las mujeres, de acuerdo al Informe del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El documento señala que las causas de segregación con mayor incidencia fueron por discapacidad con 194 quejas; apariencia física, con 147; embarazo 123; condición de salud 119, y preferencia sexual y orientación sexual con 112, mismos factores que en 2014.

En México sólo del 10 al 32% de las mujeres trabajadoras cuenta con algún tipo de protección social durante la maternidad, una cifra que contrasta frente a lo que ocurre en otros países de América Latina como Brasil, Colombia, Venezuela y Perú que cubren de 33 a 65%, o Chile que cuenta con una cobertura del 66 al 89%, con base en el estudio La maternidad y paternidad en el trabajo ,elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2015, en el cual se examina la legislación en esta materia en 185 países.

Pese a lo establecido en el artículo 123, fracción V, de la Constitución Política Mexicana, sobre los derechos de las madres trabajadoras, aún existen mujeres que no cuentan con las prestaciones de ley que les permitan ejercer su maternidad sin preocupaciones.

En el país, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 35% de las madres trabajadoras labora en el sector informal, por lo que no cuenta con los beneficios de ley como la incapacidad por maternidad con salario íntegro, un periodo de lactancia y derecho a guarderías como quienes cotizan, ya sea el IMSS o el ISSSTE, principalmente.

De acuerdo con el reporte de la OIT, México no forma parte del 53% de las naciones que respetan el mínimo de semanas de incapacidad, que se establece en 14, con base en los lineamientos planteados en el Convenio sobre protección de la maternidad, en el año 2000.

En el país, las madres trabajadoras tienen derecho a 42 días en el periodo prenatal y 42 en el postnatal, pero “de acuerdo a las empresas y a sus políticas puede haber más semanas con gozo de sueldo que permita disfrutar a la trabajadora de su maternidad y recientemente también se establecen cinco días de periodo de paternidad”.3

Esta prestación ya existía previamente en Argentina, donde los hombres disfrutan de dos días libres pagados, cinco en Chile y cuatro en Colombia.

Según la OIT existe gran diferencia en cuanto a los periodos por licencia de maternidad en los 185 países que analizó, pues mientras que en México se ofrecen 84 días, en otros países de América Latina el lapso es mayor, por ejemplo, en Chile es de 156. En Europa este periodo se extiende a 365 días de descanso en Reino Unido, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Albania y en Croacia se alcanza un máximo de 410 días.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en el uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad y la recomendación 191 para efectos de su aprobación, en términos de los dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf

2 http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/DGPL-2R2A-254.pdf

3 http://expansion.mx/carrera/2016/05/09/mexico-en-el-mundo-como-esta-en-derechos-laborales-de-maternidad.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a encauzar esfuerzos, planes, propuestas, prospectivas, estrategias y reingenierías que consideren articular proyectos comunitarios, comerciales y de desarrollo social con países de América Latina y que respondan al llamado del Presidente Evo Morales para retornar al Grupo de los 77 Países en Desarrollo (G77) y a fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y El Caribe (CELAC) para construir solidaridad. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES ENCAUZAR  ESFUERZOS, PLANES, PROPUESTAS, PROSPECTIVAS, ESTRATEGIAS Y REINGENIERÍAS, QUE CONSIDEREN ARTICULAR PROYECTOS COMUNITARIOS, COMERCIALES Y DE DESARROLLO SOCIAL, CON PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y QUE RESPONDAN AL LLAMADO DEL PRESIDENTE EVO MORALES  PARA RETORNAR AL GRUPO DE LOS 77 PAÍSES EN DESARROLLO (G77) Y A FORTALECER LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y EL CARIBE (CELAC) PARA CONSTRUIR SOLIDARIDAD, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Ya es de toda esta representación conocido el curso que han adquirido los acontecimientos y los sucesos por las decisiones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Los escenarios imaginados han tomado cuerpo, aunque un cuerpo imprevisible, por la dimensión de las afectaciones a millones de personas, a las relaciones internacionales y por la dimensión de las reacciones de países, grupos, tanto dentro del país vecino como de la comunidad internacional. Si el peculiar entusiasmo del Presidente Trump está encendiendo alertas migratorias, de comercio, de todo el abanico temático de los derechos humanos, de asuntos fronterizos, de derechos de la mujer, laborales, lo está haciendo dentro de la perspectiva de un esquema de relaciones internacionales de cierta estabilidad, de comportamientos diplomáticos que considera previsibles; dentro de regularidades y de una teoría de juegos de corte tipo Adam Smith que defiende que la suma de una conducta egoísta en las personas traería beneficios y bienestar. Eso ha demostrado contundentemente su negatividad, la civilización se encuentra en riesgo precisamente por ese egoísmo, por ese aislacionismo. Ante ello es urgente abrir expectativas, abrir esa teoría de juegos y de decisiones a los campos de la cooperación, de la articulación de energías sociales y de agentes protagónicos. 

2. No es espacio aquí para resumir la compleja, cooperativa, conflictiva y peculiar historia de las relaciones diplomáticas de nuestro país con Estados Unidos, esta propuesta tiene la intención de impulsar perspectivas, tendencias, articulaciones y acuerdos de cooperación con la comunidad de países de América Latina. Es cierto, hay una gran estructura de trabajos y actividad concentrada en los países, pero podría ser de otra manera. Hoy, con las señales políticas y económicas que está manifestando el poder político de Estados Unidos en cabeza de su Presidente, es vital concebir una reingeniería de las relaciones internacionales y rediseñar el mapa comunitario con América Latina. Ante la fractura previsible de los equilibrios internacionales es necesario atender al viejo llamado de una Hispano América unida, sumar los llamados de redefinición de las relaciones políticas que ha hecho el resto del mundo. Diversos países han emitido su postura ante el muro que ya decidió el jefe del Ejecutivo norteamericano y en solidaridad con México. Se abre una nueva etapa que hay que construir de otra manera, se agotó el modelo anterior. Y ante ello hay posibilidades, caminos antiguos no suficientemente caminados. Ya en los medios apareció el llamado del Presidente de Bolivia, Evo Morales de retornar al Grupo de los 77 países en desarrollo (G77) y a fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac) para construir solidaridad. Ese llamado reitera que “Unidos seremos la potencia que en su diversidad construya solidaridad mundial, y “Nuestra familia está en el sur”.

3. Todos aquellos familiarizados con la rica tradición adhesiva de la política de luchadores sociales históricos en pro de la unidad latinoamericana, saben que esa utopía no ha podido cuajar. José Martí lo dijo: “Buscamos la solidaridad no como un fin sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su misión universal”.

4. Esta propuesta tiene la intención de hacer un llamado a abrir la mirada al Sur, a esa América que busca caminos paralelos, solidarios y comunitarios. En esta nueva etapa en las relaciones diplomáticas que se abre a la incertidumbre, el camino a tomar es la diversidad, es la reconstitución de las soberanías, de la verdadera naturaleza y sangre de América toda: migrantes todos. TODOS. 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores encauzar esfuerzos, planes, prospectivas, estrategias y reingenierías, que consideren articular proyectos comunitarios, comerciales y de desarrollo social, con países de América Latina y que respondan al llamado del Presidente Evo Morales para retornar al Grupo de los 77 países en desarrollo (G77) y a fortalecer la comunidad de Estados Latinoamericanos y El Caribe (CELAC) para construir solidaridad.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.





 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las procuradurías de justicia, a las fiscalías generales de las entidades federativas y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a atender con celeridad los casos de violencia política por razones de género en contra de las mujeres que se han denunciado, debiendo respetar en todo momento los derechos de las víctimas, y en especial a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en relación con el caso de Gabriela Maldonado Rivera. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Senadora de la República de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el marco jurídico internacional la violencia contra las mujeres se encuentra regulada en distintos ordenamientos, estos son:

• La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer señala:

Que a los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

De igual manera que los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, que convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen principalmente a:

- Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

- Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

- Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

- Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

Bajo esta tesitura el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW) en su Recomendación General N° 19 señala que la violencia contra la mujer, menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales

De forma específica en lo que se refiere al ejercicio de los derecho político-electorales de las mujeres,  las Recomendaciones Generales que han emitido el Comité de Expertas de la CEDAW,

Aunado a ello señala en su Recomendación General N° 23 respecto de la Vida política y pública lo siguiente:

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.”1

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/104 “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, estableció que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades.

• La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing insta que los estados parte se comprometen a:

“Garantizar a todas las mujeres y las niñas todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y tomar medidas eficaces contra las violaciones de esos derechos y libertades”, además a Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Asimismo, la Plataforma de Acción de Beijing especifica que la violencia contra la mujer puede tener diversas formas:

De igual forma que “La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, entre otras.

Asimismo, argumenta que representa una necesidad la adopción por parte de los Gobiernos de enfoques integrales y multidisciplinarios que permitan abordar la tarea de construir sociedades libres de violencia.

Asimismo, define la “violencia contra las mujeres” entendiéndose como:

“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Por último, en su Artículo 5 señala que los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas deberán contribuir, en sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y ejercicio de los derechos y a la aplicación de los principios establecidos en la presente Declaración.

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará”, que tutela el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia externa su preocupación respecto de que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

En esta línea también insta lo referente a la protección del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, por lo que establece lo siguiente:

“Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: El derecho a que se respete su vida; su integridad física, psíquica y moral; derecho a la libertad y a la seguridad personales; a no ser sometida a torturas; a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; a la igualdad de protección ante la ley y de la ley; entre otros.

Artículo 5

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Artículo 6

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.2

Dicha Convención insta al estado mexicano para garantizar el derecho de las niñas y mujeres a vivir una vida libre de violencia y sean protegidos sus derechos humanos.

En el marco jurídico nacional la violencia contra las mujeres ha llegado a ser considerada como uno de los azotes más graves que afectan a nuestra sociedad y que representa una constante violación a sus derechos humanos.

En el ámbito nacional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3 establece en su Artículo 1° que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”4

De igual manera la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)5 establece la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución.

Aunado a ello instaura que la Federación, las entidades federativas, y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano y que todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.

En este orden de ideas y con la finalidad de dar cumplimiento a los dispuesto tanto por el marco jurídico internacional como nacional respecto de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en nuestro país el gobierno federal ha realizado diversas acciones con la finalidad de poder garantizarles una vida libre de violencia, tales como:

De forma específica la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala en la Jurisprudencia 48/2016 en relación a la Violencia política en contra de las mujeres por razones de género que:

“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.”6

LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES EN CIFRAS

De acuerdo con estadísticas a propósito del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se muestran los siguientes datos7:

• En el año 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.

• Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor fueron las de 30 a 39 años: el 68% ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua registra 80% y el Estado de México el 78 por ciento.

• 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que habían tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, fueron agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.

• Por lo menos el 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos de intimidación, acoso o abuso sexual.

• En 2013, las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se ubicaron entre 13 y 6 defunciones por cada 100 mil mujeres en los estados de Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango.

• En promedio se estima que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.

• Entre 2011 y 2013, las entidades que presentaron las tasas más altas en homicidios de mujeres fueron Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y Estado de México.

• En  2014 se presentaron 72 feminicidios producto de la violencia por su pareja.8

• En el año 2015 la FEPADE recibió 38 denuncias por Violencia política por razones de género en contra de las mujeres y para el año 2016 el número se incrementó a 103 denuncias. Según información de la dependencia.9

CASO DE GABRIELA MALDONADO RIVERA. SAN MARTÍNN PERAS, OAXACA.

En México la violencia política contra las mujeres no se encuentra regulada como un delito dentro de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y,  aunado a lo anterior encontramos que atendiendo a los estereotipos y roles de género en la mayor parte del territorio nacional, culturalmente se acepta como “normal” la serie de fenómenos y modalidades de violencia que día a día enfrentan las mujeres, permanece impune y sin castigo real para los violentadores.

Hacer visible a través de casos concretos, las conductas y omisiones de todos los actores individuales e institucionales que inhiben y obstruyen la participación de las mujeres en la esfera pública y que atentan, fundamentalmente, contra su dignidad a fin de menoscabar sus proyectos e intenciones políticas, es una obligación que tenemos todas y todos, por lo que es importante seguir trabajando en el día a día para visibilizar estar conducta delictiva pero sobre todos para que exista una sanción. 

La violencia que viven y sufren las mujeres indígenas ha sido un foco de atención por la problemática social que representa, las situaciones que se presentan en el día a día no pueden quedar impunes como es el caso de Gabriela Maldonado Rivera, en el Municipio de San Martín Peras, la cual ha denunciado que fue agredida por parte de la autoridad municipal al exigir el libre derecho de participación política.10

San Martín Peras es un municipio regido por un Sistema Normativo Interno en donde las autoridades son electas únicamente por los mayordomos y los agentes municipales.

En mayo del 2016 Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Marina Díaz, tuvieron el interés de formar parte del cabildo sin tener éxito alguno por lo que impugnaron y en ese momento comenzaron las amenazas por parte del cabildo electo nombrando a otras tres mujeres distintas a las antes señaladas para participar en el proceso. Las autoridades municipales expresaron lo siguiente: “Aquí no se permiten faldas”.

El domingo 22 de enero de 2017, después de tanto hostigamiento y amenazas Gabriela Maldonado Rivera fue citada por la autoridad  Municipal a que se presentara en el Palacio Municipal en él se encontraba su abuelo el señor Sergio Rivera, el cual fue obligado por autoridades municipales a agarrar a fuetazos a su nieta, como resultado de la golpiza, la mujer quedó inconsciente y posteriormente presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, mientras que las otras dos mujeres han sido amenazadas con encarcelarlas.11

Por tales hechos la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inicio el legajo de Investigación y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca proveyó atención correspondiente a la víctima.

Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante el pleno de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita a las Procuradurías de Justicia, a las Fiscalías Generales de las Entidades Federativa y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que se atiendan con celeridad los casos de violencia política por razones de género en contra de las mujeres que se han denunciado debiéndose respetar los derechos de las Víctimas

SEGUNDO.- Se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a que se continúe atendiendo con la debida diligencia el caso de probable Violencia Política por razones de género en contra de Gabriela Maldonado Rivera, respetándose los derechos de la víctima y dictándose las medidas cautelares correspondientes.

TERCERO.- El Senado de la República manifiesta su rechazo absoluto en su máxima expresión, a cualquier tipo de violencia política por razones de género en contra las mujeres en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 Comité de Expertas de CEDAW. Recomendación General número 23. (16º período de sesiones, 1997). Vida política y pública

2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará” , adoptada en el XXVI Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1994

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pág. 1.

4 Párrafo Tercero, Artículo 1º. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf. Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pág. 1 y 24.

6 Jurisprudencia 48/2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Superior. Quinta Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.SUP-JDC-1706/2016 y acumulados. -Actores: Lorena Cuéllar Cisneros y otro. -Autoridades responsables: Tribunal Electoral de Tlaxcala y otras. -28 de septiembre de 2016. -Unanimidad de votos. - Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa. -Secretarios: José Alfredo García Solís, Mauricio Huesca Rodríguez, Enrique Martell Chávez, María Fernanda Sánchez Rubio y Marcela Talamás Salazar.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1773/2016 y acumulado. -Actora: Felicitas Muñiz Gómez. -Autoridades responsables: Benito Sánchez Ayala (Síndico Procurador) y otros. -19 de octubre de 2016. -Unanimidad de votos, con la precisión de que el Magistrado Flavio Galván Rivera vota a favor de los resolutivos sin compartir las consideraciones. -Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa. -Secretarios: Marcela Talamás Salazar y Roberto Jiménez Reyes.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1679/2016. -Actora: Erika Cecilia Ruvalcaba Corral. -Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. -19 de octubre de 2016. -Unanimidad de votos, con la precisión de que el Magistrado Flavio Galván Rivera vota a favor de los resolutivos, sin compartir las consideraciones. -Ponente: Manuel González Oropeza. -Secretario: Fernando Ramírez Barrios.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de noviembre de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.

7 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf

8 Consorcio Para el Dialogo Parlamentario A.C. (Alerta Consorcio Oaxaca aumento de feminicidios en Oaxaca n.d.)

9http://www.gob.mx/pgr/prensa/registra/fepade/141casos-deviolencia-política-de-género-durante-el-2015-y-2016-comunicado-1252-16.

10 Véase en: https://www.adiariooax.com/ddhpo-exige-a-ssp-y-fiscalia-garantizar-seguridad-de-gabriela-agredida-por-edil-de-peras/. 26/01/2017.

11 www.proceso.com.mx/471506/oaxca/mujer/indígena-catigada-latigazos-en-intento-formal-parte-del-*cabildo.





 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar diversas acciones en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial. Se turna a la Comisión de Salud.

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, “La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social. Es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo.”

En 1994, durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 180 países aceptaron como meta, que antes del año 2015, debía lograrse el acceso universal a los servicios de salud de la reproducción y a la información al respecto.

En el mismo tenor, los Derechos sexuales y de procreación, constituyen un derecho de hombres y mujeres. Los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos, a disponer de la información y los medios para ello; y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones, ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.

El UNFPA destaca los siguientes:

1. Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como componente de la salud general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas;

2. Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación: incluidos la elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número, el momento de nacer y el espaciamiento de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la información y los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria;

3. Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres: a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres y con conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres de discriminación por motivos de género.

4. Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el derecho a estar libres de violencia y coacción sexuales y el derecho a la vida privada.

La importancia de señalar lo anterior, tiene que ver con situaciones que viven las personas con discapacidad psicosocial, específicamente las mujeres, la discapacidad psicosocial es la que se puede derivar de una enfermedad mental, que tiene factores bioquímicos y genéticos, donde los síntomas se presentan por lo general en la adolescencia, no está relacionada con la discapacidad intelectual y puede ser temporal o permanente.

Esta como otras enfermedades mentales pueden llevar como se señaló, a un lapso de su vida que puede cambiar su cotidianeidad ya sea temporal o permanentemente. Ahora bien, referimos a partir del Informe “Abuso y Negación de Derechos Sexuales y Reproductivos a Mujeres con Discapacidad Psicosocial en México”, realizado por Disability Rights International y el Colectivo Chuhcan, donde se destacan una serie de problemáticas en nuestro país.

En primer término, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2008, la Convención es considerada como un tratado histórico y revolucionario que rechaza el modelo médico, que se ocupa únicamente de cuidar, atender y proteger a las personas con discapacidad y en vez de limitarse, abarca modelos sociales y de derechos humanos, que reconocen a las personas con discapacidad como titulares de derechos consagrados en el derecho internacional.

Así mismo se destaca que una discapacidad es el resultado de las barreras físicas y actitudinales a las que las personas con discapacidad se enfrentan en la sociedad y en las políticas públicas, así como las barreras legales presentes en la legislación nacional.

Con la finalidad de contrarrestar lo anterior, México fue a la vanguardia en 2007, al ser de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y comprometerse a adoptar todas las medidas posibles para modificar y facilitar el estilo y calidad de vida de las personas con discapacidad.

A partir de ello, es también que por primera ocasión en 2014, el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Disability Rights, evalúan a nuestro país, específicamente en el ámbito de la niñez y adolescencia que se encuentran detenidos en instituciones mexicanas, como albergues y psiquiátricos, donde se demuestra que nuestro país a pesar de los esfuerzos, violenta los derechos de las personas con discapacidad mental.

Lo anterior lo demuestran en su Informe, donde existe una falta total de investigación, que arroje datos en torno a la situación de los derechos de las mujeres con discapacidad, en concreto lo correspondiente al ejercicio informado de sus derechos sexuales y reproductivos.

El presente estudio se realizó con la participación de poco más de 50 mujeres de diversos hospitales de la Ciudad de México, como la Clínica No. 23 del IMSS, el Hospital Psiquiátrico San Fernando, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino.

Algunos de los resultados del Informe, en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad mental, son, que el 51% de las entrevistadas saben poco o nada sobre salud sexual y reproductiva, el 68% quisiera saber más sobre salud sexual y reproductiva, el 65% nunca visita un ginecólogo, de aquellas que lo visitan, el 43% ha sufrido algún abuso durante la visita al ginecólogo, ya sea físico, sexual, emocional o psicológico.

Así mismo el 57% no ha recibido ningún anticonceptivo, no obstante, al 50% de ellas se les ha recomendado la esterilización. Lamentablemente, de estas dos últimas, es de donde se desprende la mayor problemática en nuestro país, donde se encuentran involucrados el Estado y la familia misma. Ya que las respuestas a diversos cuestionamientos como, si les gustaría tener hijos, sobre si las mujeres con discapacidad tienen  el derecho a ser madres, sobre si las mujeres con discapacidad pueden o no sostener a una familia, o sobre si las mujeres con discapacidad pueden o no ser buenas madres, se encuentran enfocados principalmente, no en lo que las mujeres con discapacidad entrevistada piensan de manera individual, sino sobre todas las ideas provenientes de su exterior y posturas de gente de su entorno, así como la falta de información y orientación por parte del Estado Mexicano.

Derivado de ello el estudio destaca que las mujeres con discapacidad mental, han sido consideradas no sólo en México, sino en el mundo, como mujeres que son incapaces de criar hijos.

Por otra parte, otra de las problemáticas que se derivan del anterior, no menos importante, aborda temas de acceso a la salud, toda vez que muchas veces estos servicios les pueden ser negados y en ocasiones se les ha recomendado abortar. Finalmente conforme lo señalado sobre la esterilización, destacamos de acuerdo al Informe que aproximadamente al 50% de las mujeres con discapacidad, entrevistadas, se les ha recomendado la esterilización como método anticonceptivo.

Este punto resulta importante, toda vez que no solo se violenta el derecho humano de las personas de planear una familia mediante otros métodos anticonceptivos, sino porque en muchas, de acuerdo con el Informe en comento, las mujeres han sufrido abusos físicos.

Lo anterior se respalda además con el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y Estados de la República Mexicana, de 2013, realizado con la finalidad de conocer la situación que prevalece en dichos establecimientos, durante 2011 y 2012, en 41 hospitales, con la finalidad de verificar el respeto a los derechos humanos de los pacientes hospitalizados que padecen un trastorno mental, mismo que arrojó dentro de sus recomendaciones que:

Las características propias de las personas con padecimientos mentales, exigen la implementación de medidas específicas para garantizarles una estancia digna y segura en los hospitales psiquiátricos, a fin de evitar abusos físicos, incluso de carácter sexual, de parte de pacientes que presentan conductas particularmente violentas o con bajo control de impulsos, en contra de otros pacientes.

Lamentablemente durante su estudio se constató la violación equiparada a una paciente internada en el Hospital Psiquiátrico “Villa Ocaranza” en Tolcayuca, Hidalgo, por parte de un servidor público, caso que no es aislado o único en el país.

Lamentablemente las discapacidades motrices, intelectuales y psicosociales, ponen en doble peligro al género femenino, ya que en nuestro país y el mundo, las mujeres de cualquier edad, están constantemente expuestas a sufrir alguna agresión de carácter sexual.

El pasado 05 de octubre de 2016, se publicó en la Gaceta del Senado de la República, el “Acuerdo de la Mesa Directiva Para la Conclusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo que no han Recibido Dictamen”, por el que de acuerdo con el Acuerdo Primero, se declaran concluidas las proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. Por lo anterior la presente proposición, se incluyó en la relación y no continuó su proceso, sin embargo, derivado de la importancia del tema, es que insisto nuevamente en presentarla para su trámite debido ante Comisiones.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Mexicano para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables, a implementar una Encuesta a nivel Nacional, con la finalidad de recopilar sistemáticamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Mexicano para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables, implemente programas de orientación y educación, enfocados a promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se capacite y concientice a los profesionales de salud, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con cualquier discapacidad, con ello prevenir recomendaciones de aborto o esterilización y ampliar la confianza al acceso de los servicios de salud.

Suscribe

Sen. Andrea García García.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Decente para las y los Trabajadores Domésticos, para efectos de su aprobación. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES REMITA EL CONVENIO 189 Y LA RECOMENDACIÓN 201 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS A ESTA SOBERANÍA, PARA EFECTOS DE SU APROBACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN 1 Y 89 FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El trabajo doméstico remunerado es una de las principales fuentes de empleo a nivel internacional. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) representa el 4 % de la fuerza laboral a nivel mundial y el 6 % en América Latina.

Es también un indicador de la desigualdad; la misma OIT ha identificado que los países más desiguales tienen un mayor porcentaje de personas empleadas en el trabajo doméstico. Mientras que en países desarrollados apenas el 1 % de las mujeres es trabajadora del hogar remunerada, en países como México es uno de los principales empleos para las mujeres: aproximadamente el 11 % de la Población Económicamente Activa (PEA) femenina se emplea en los hogares. [*]

El trabajo del hogar se refiere a las tareas que se desarrollan en las casas para el cuidado de las y los hijos y otros cuidados personales como la limpieza del hogar, el cual puede ser remunerado o no remunerado. El trabajo del hogar remunerado, según la Ley Federal del Trabajo, se refiere a los “servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia”. El trabajo no remunerado es el realizado por las personas que habitan un hogar en específico y por el cual no reciben pago alguno.

Las tendencias indican que es un área laboral que irá en aumento, debido a factores como la creciente inserción de las mujeres en trabajos remunerados fuera de sus hogares, y a la insuficiente participación de los hombres en el trabajo doméstico.

Es un trabajo feminizado (realizado en su mayoría por mujeres) y que se caracteriza además de su precariedad, por tener condiciones discriminatorias que normalizan la exclusión de este sector a derechos laborales: no existe obligación de contrato, está excluido de prestaciones y seguridad social, no hay regulación de la jornada laboral ni del salario, entre otras.

El trabajo del hogar no se valora como un asunto laboral, porque físicamente se desempeña en lugares distintos a los centros tradicionales de trabajo (oficinas, fábricas, campo); es decir, éste se realiza en un espacio privado: el hogar. Además, tampoco se valora como tal posiblemente por tratarse de funciones asociadas culturalmente a las mujeres en sociedades que perpetúan estereotipos discriminatorios.

El principal reto que tiene México en el reconocimiento de los derechos de las y los empleados domésticos es la ratificación del convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos. La OIT adoptó en 2011 el Convenio sobre las Trabajadoras y Trabajadores domésticos (Convenio 189) y la Recomendación que lo acompaña (Recomendación 201). Ambos documentos contienen una serie de normas y directrices que de ser puestas en operación por los países que se adhieran, contribuirán a restituir derechos y a mejorar las condiciones laborales y de vida de los y las trabajadoras domésticas.

En el país, de acuerdo con cifras del INEGI, existen más de dos millones de empleados domésticos -mayoritariamente mujeres- quienes sufren discriminación múltiple por sus condiciones. Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis 2010 [*]), este sector es uno de los que más frecuentemente ve vulnerados sus derechos, específicamente laborales.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha señalado recientemente que 14% del total de mujeres que están empleadas se desempeñan como trabajadoras del hogar, una quinta parte de las mujeres que ejercen esta profesión tiene menos de 20 años de edad y alrededor de 30% de las personas que trabajan en este sector sólo cuenta con estudios de primaria [*]

Hasta 2015, 22 países habían ratificado el Convenio; más de la mitad son países latinoamericanos. La ratificación implica que el país se compromete a aplicar el Convenio en su territorio y a ser susceptible de supervisión por la OIT. [*]

México aún no lo ratifica, aunque ha manifestado ya su intención de sumarse a él, aún no se toman acciones contundentes para eliminar los elementos de discriminación que obstaculizan que las trabajadoras del hogar puedan inscribirse dentro de la seguridad social y contar por ejemplo, con una base salarial estándar mínima o prestaciones de ley. La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social deben modificarse para armonizarse con los estándares de la OIT. En esto, algunos países nos llevan ventaja; por ejemplo, Brasil reformó su Constitución para igualarlos derechos laborales de las trabajadoras domésticas y Filipinas promulgó una ley especial: la Ley de Trabajadores domésticos.

Su aprobación obligaría a una armonización legislativa, además de la modificación de las leyes Federal del Trabajo y la General del IMSS, para hacer valer derechos como el acceso a seguridad social, salarios justos, contratos y otros. Permitiría establecer la obligación para inspeccionar a las instituciones públicas en la regulación de las relaciones obrero-patronales que no se hace respecto a este trabajo y daría la pauta para que se homologuen los derechos de este tipo de empleo.

Si bien la legislación laboral y la Constitución mexicana reconocen al trabajo del hogar remunerado, tenemos un marco jurídico restrictivo que ha sido interpretado inadecuadamente por jueces, en contravención a las obligaciones internacionales del Estado, provocando violaciones a los derechos de este sector.

El Poder Judicial federal, al interpretar la legislación, ha establecido distinciones hacia las personas que se dedican al trabajo del hogar para que accedan a la seguridad social, e incluso al seguro de ahorro para el retiro, a pesar de que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales14 la reconoce como un derecho irrenunciable para todas las personas, sin distinción:

Trabajadores domésticos. No existe obligación del patrón de inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social ni al Sistema de Ahorro para el Retiro. De conformidad con los numerales 13, fracción ii, y 222 a 233 de la Ley del Seguro Social, se colige que no existe obligación del patrón para inscribir a un trabajador doméstico al régimen obligatorio del seguro social ni al seguro de ahorro para el retiro, porque dicha inscripción sólo puede realizarse voluntariamente y de conformidad a lo pactado por las partes [*]

En este sentido, la OIT ha detectado otras barreras que impiden una mayor cobertura de derechos para trabajadoras del hogar: afiliación voluntaria de seguridad social en lugar de obligatoria, falta de estrategias para la inscripción de trabajadoras con varios empleadores, falta de incentivos contributivos para la afiliación, complejidad en los trámites administrativos para dar de alta a una trabajadora, entre otros.

México debe retomar experiencias de otros países de la región para orientar su proceso de modificaciones legislativas y de concientización a la población en general. Hay que tomar en cuenta que la incorporación a la seguridad social trae implícito también un proceso de formalización del empleo en un país que tiene un importante porcentaje de población dentro de la llamada informalidad. Contar con seguridad social decanta en beneficios intergeneracionales: más niñas, niños y adultos mayores tienen posibilidad de acceder a estándares básicos de protección social.

Es cierto que se trata de un proceso complejo que implica una reingeniería institucional, así como esfuerzos y costos para todas las partes involucradas, pero no hay que perder de vista al menos dos elementos. Desde el punto de vista institucional, que el Estado se puede apoyar de los organismos internacionales para planear todo el proceso en términos de progresividad, y dentro del marco de derechos humanos, que estamos hablando de justicia, que es urgente revertir una de las más antiguas formas en que se materializa y reproduce la desigualdad [*].

El valor que tienen el Convenio 189 y la Recomendación 201 es que definen el trabajo y a la persona trabajadora del hogar, aglutinan en un solo texto las obligaciones preexistentes de los Estados en la materia y detallan las especificidades del trabajo del hogar con miras a erradicar la discriminación y las violaciones a los derechos de las y los trabajadores de dicho sector.

Las trabajadoras domésticas han buscado, ante todo, un legítimo reconocimiento como personas trabajadoras, es decir, como personas que deben tener derechos formalmente reconocidos y respetados en la práctica, como se han reconocido en otros ámbitos laborales. Las trabajadoras domésticas quieren y reclaman, con justicia, igualdad de derechos.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en el uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos, para efectos de su aprobación, en términos de los dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

[*] http://www.animalpolitico.com/blogueros-de-generando/2016/07/14/nada-seguro-trabajadoras-del-hogar-y-seguridad-social/
[*] http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-TD-Accss.pdf
[*] http://www.corteidh.or.cr/tablas/r27852.pdf
[*] http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
[*]  Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Amparo directo 160/2009, Isaac ChicurelLevin y otros, tesis en materia laboral, 19 de marzo de 2009, novena época, Tribunales Colegiados de Circuito, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , tomo xxx, agosto de 2009; unanimidad de votos, ponente: Carolina Pichardo Blake; secretario: Augusto Santiago Lira.
[*] http://www.animalpolitico.com/blogueros-de-generando/2016/07/14/nada-seguro-trabajadoras-del-hogar-y-seguridad-social/





 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados a incitar a los ayuntamientos de sus municipios a que se adhieran al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. Se turna a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Tomando en cuenta que los sistemas alimentarios actuales están llamados a ofrecer un acceso constante y seguro a una variedad de alimentos adecuados, locales, justos, saludables y nutritivos para todos; que el abastecimiento alimentario de las ciudades se enfrentará a diferentes obstáculos, entre ellos, el desequilibrio en términos de acceso y distribución, el deterioro ambiental, la escasez de recursos y el cambio climático, formas de producción y consumo no sostenibles, las pérdidas y el desperdicio de alimentos; además de que la manera en la que se alimentan las ciudades resulta fundamental para configurar el sistema alimentario.

Por lo anterior y en el marco de la Expo 2015 “Alimentar el Planeta, Energía para la Vida”, llevada a cabo en Milán, Italia, se firmó  lo que denominaron “Pacto de política alimentaria urbana de Milán”; El cual fue suscrito por el Alcalde de Milán, Giuliano Pisapia, junto con sus homólogos de más de 100 ciudades de todo el mundo. El Pacto tiene el  propósito es ofrecer una serie de opciones estratégicas a las ciudades interesadas a lograr sistemas alimentarios más sostenibles y equitativos.

Los centros urbanos serán actores clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados a nivel mundial, incluyendo la erradicación del hambre en 2030.

Según este acuerdo, las ciudades se adhieren a cuatro principios: garantizar alimentos saludables para todos; promover la sostenibilidad en el sistema alimentario; educar al público sobre las dietas saludables, y reducir el desperdicio alimentario.

En lo particular por lo que se refiere al desperdicio de alimentos propone cuatro puntos. 

1.- Reunir los operadores del sistema alimentario con el fin de evaluar y monitorear la reducción de las pérdidas y de los desperdicios de alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria ciudad/región (producción, transformación, embalaje, preparación alimentaria segura, presentación y gestión, reutilización y reciclaje), y de asegurar una planificación y un diseño holísticos, la transparencia, la responsabilidad e la integración de las políticas.

2.- Sensibilizar la población en materia de desperdicios y pérdidas de alimentos a través de eventos y campañas específicas; identificar puntos focales tales como instituciones educativas, mercados comunitarios, tiendas de empresas y otras iniciativas de solidaridad o de economía circular.

3.- Colaborar con el sector privado, instituciones educativas y de investigación, y organizaciones comunitarias para desarrollar y revisar, en su caso, políticas y normas municipales (por ejemplo procedimientos, normas estéticas y de clasificación, fechas de caducidad, etc.) para la prevención de los desperdicios alimentarios o para recuperar de modo seguro alimentos y embalajes a través de un sistema que fomente el uso y no el desperdicio de la comida.

4.- Favorecer, cuando esto sea posible, la recuperación y redistribución de alimentos seguros y nutritivos destinados al consumo humano, a riesgo de pérdida, desecho o derroche, procedentes de la producción, la fabricación, la venta al por menor, la restauración, el comercio al por mayor y el sector de la hostelería.

Sin embargo el Pacto contempla otros temas de suma importancia, como: preparar un contexto favorable para una acción eficaz (gobernancia), promover dietas sostenibles y nutrición: asegurar la equidad social y económica, promover la producción alimentaria así como mejorar el abastecimiento y la distribución alimentaria.

Es por lo descrito en el desarrollo del presente que se solicita respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores la presente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta a los Gobiernos de los Estados de nuestro país para que inviten a los ayuntamientos de sus municipios a que se adhieran al Pacto de política alimentaria urbana de Milán, el cual tiene como finalidad garantizar alimentos saludables para todos; promover la sostenibilidad en el sistema alimentario; educar al público sobre las dietas saludables, y reducir el desperdicio alimentario.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a impulsar programas y campañas para sensibilizar, concientizar y prevenir todo tipo de violencia infantil, en específico lo relacionado con la pornografía infantil. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hoy en día, el tema de la violencia infantil, el abuso sexual a menores, la pornografía infantil, entre otros, son cuestiones cuya incidencia ha ido en aumento con niveles alarmantes. Datos duros de organismos e instituciones internacionales y nacionales, demuestran que en la actualidad es imprescindible trabajar en conjunto hacia un mismo objetivo para crear conciencia y dar a conocer métodos de prevención de este tipo de delitos.

Lo principal es trabajar a favor de la infancia, con las herramientas que nos brindan los instrumentos internacionales. Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990, otorgan protección a la infancia, proporcionando un conjunto de normas y obligaciones universales que le dan certeza a los derechos humanos de los niños y que promociona una sociedad más justa, respetuosa y pacífica.

La Convención, entre otras cosas, detalla los derechos humanos esenciales y permanentes de la infancia, por ejemplo: el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra las influencias perniciosas, el abuso y la explotación; tales derechos son protegidos mediante normas en materia de atención de salud, educación y los servicios jurídicos, civiles y sociales.

Cabe mencionar que los Estados que ratifican la Convención, quedan obligados a contemplar el interés superior de los niños en todas las medidas que tomen y las políticas que ejecuten.

La Convención en su artículo 1, indica la definición de niño, que  es la siguiente:

Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

La Convención se apoya en cuatro principios fundamentales:

1. La no discriminación (Artículo 2);

Que no exista distinción alguna por cuestiones de raza, sexo, color, religión, opinión política, los impedimentos físicos, entre otros.

2. El interés superior del niño (Artículo 3);

Asegurar el bienestar, la protección y el cuidado que sean necesarios para el pleno desarrollo del niño.

3. El derecho del niño a la vida, la supervivencia y el desarrollo (Artículo 6);

Los Estados parte reconocen el derecho intrínseco del niño a la vida y garantizarán en la máxima medida posible su supervivencia y el desarrollo.

4. El respeto por las opiniones del niño (Artículo 12);

El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan.

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) vertidos en una nota descriptiva de septiembre de 2016:

• Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos cuando eran menores de edad.

• Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales durante su infancia.

• El maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran toda la vida, cuyas consecuencias pueden ser el suicidio, una acción repetitiva, depresión, entre otras.

Es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se produzca, y para ello es necesario un enfoque multisectorial.

• Los programas preventivos eficaces prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.

• La atención continua a los infantes y a las familias puede reducir el riesgo de repetición del maltrato y minimizar sus consecuencias.

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de la cual son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como:

• Actos de violencia (como víctimas o perpetradores);

• Depresión;

• Consumo de tabaco;

• Obesidad;

• Comportamientos sexuales de alto riesgo;

• Embarazos no deseados;

• Consumo indebido de alcohol y drogas.

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual.

En lo que respecta a la trata de personas, a nivel mundial, casi un tercio del total son niñas y niños, esto de acuerdo con el Informe Global sobre Trata de Personas 2016 presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD); cabe resaltar que las mujeres y niñas comprenden el 71% de las víctimas.

En su declaración al presentar el informe el Director Ejecutivo de UNODC, Yury Fedotov destacó:

"La trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados continúan siendo las modalidades más detectadas de este delito. Sin embargo, existen también víctimas de trata de personas con fines de mendicidad, matrimonios forzados o fraudulentos, fraude de servicios públicos, o pornografía".

En lo que respecta a la pornografía infantil, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2014, alertó de un aumento debido a Internet, y que entre 2011 y 2012 se estima que hubo un incremento del 70% en el material de abuso sexual centrado en niñas menores de 10 años, con material de abusos que involucran a niños muy pequeños y a bebés.

El informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica que las principales formas de abuso sexual de menores son: la creación y distribución de pornografía infantil o el acoso cibernético para lograr material de contenido sexual.

Por ejemplo, el Comité de Derechos del niño (el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes), en su Recomendación Nº 13, define así el abuso y explotación sexual:

“Constituye abuso sexual toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño contra la que este tiene derecho a la protección del derecho penal. También se consideran abuso las actividades sexuales impuestas por un niño a otro si el primero es considerablemente mayor que la víctima o utiliza la fuerza, amenazas y otros medios de presión.

Las actividades sexuales entre niños no se consideran abuso sexual cuando los niños superan el límite de edad establecido por el Estado parte para las relaciones consentidas.

Ejemplos de abuso y explotación sexual infantil:

A. Incitación o coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial.

B. La utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial.

C. La utilización de un niño para la producción de imágenes o grabaciones sonoras de abusos sexuales a niños.

D. La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo.”

El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, establece la definición de pornografía infantil, que a la letra dice:

Artículo 2.

A los efectos del presente Protocolo:

A)…

B)…

c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.

En su inmensa mayoría, los autores de este tipo de delitos son hombres, y tres cuartas partes de las víctimas que aparecen en el material analizado son niñas, cada vez más jóvenes.

El informe de la ONUDD, a su vez alerta que la abundancia de pornografía infantil en la red "desensibiliza" a quienes buscan esos contenidos y les lleva a buscar contenidos "cada vez más extremos", alimentando así "un círculo vicioso".

La dispersión de los dispositivos móviles con acceso a internet de banda ancha genera un desafío añadido ante estos delitos, más aun cuando esa tecnología se propaga en países en desarrollo, cuyas policías y leyes están poco preparadas para hacerles frente.
El uso de las últimas tecnologías, según el estudio, hace que los responsables sean más difíciles de detectar ya que, por ejemplo, éstos usan archivos informáticos que desaparecen una vez vistos o utilizan sofisticados sistemas de almacenamiento remoto de datos.

Con la expansión de los dispositivos con internet han aparecido nuevos delitos antes inexistentes.

En concreto, la ONUDD denuncia que existe pornografía infantil "a la carta" en la que los pedófilos determinan a los grupos criminales la edad, raza, sexo o el contenido de las imágenes.

Un nuevo delito es la demostración en directo de los abusos sexuales, que se hace posible debido a que cada vez más dispositivos móviles cuentan con sistemas de grabación y reproducción de videos, lo cual hace más complicada su detección.

Por último, el informe alerta del "sexting", una práctica en la que los propios menores generan un contenido de carácter sexual, y que puede ser por propia voluntad o por coerción de algún tipo.

El estudio advierte que uno de los problemas es que los menores no son conscientes de los problemas de revelar información privada en la red o que una vez que difunden un archivo, ya sea una fotografía o vídeo, pierden el control sobre él.

En México se produce 60 por ciento del material pornográfico in­fantil que se consume en el mun­do, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dados a conocer durante la conferencia magistral: “Infancia en México: vulnerabilidad y protección”.

Es en extremo alarmante la cifra anterior, y aunado a ella se encuentra a México en el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, esto de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su publicación “Estadísticas a Propósito del Día del Niño” publicado el 28 de abril de 2015:

  •  En 2014 en nuestro país, el monto de población infantil de 0 a 17 años, ascendió a 40.2 millones de personas: 19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños

Alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, de los cuales únicamente el 2.0 % de los casos se conocen en el momento que se presenta el abuso.

A decir de la Procuraduría General de la República (PGR) e instituciones de seguridad internacional, en el 2013 se detectaron en el país más de 12 mil cuentas personales en Internet, donde se exhiben imágenes de explotación sexual a menores de edad, cuyas edades oscilan entre los cuatro y los 16 años.

Es por lo anterior, que en México se debe de tener mayor vigilancia en redes sociales, que las autoridades correspondientes trabajen en coordinación, en específico la policía cibernética, quienes son los encargados de la detección y combate de los delitos cibernéticos.

En lo que respecta a la legislación mexicana, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

Artículo 4. …

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.

A su vez existe la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se fundamenta en el párrafo octavo del artículo constitucional citado previamente y su objeto como lo menciona en su artículo primero es garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

A su vez, el Código Penal Federal establece la tipicidad de los delitos relativos al abuso sexual infantil, explotación, y todas las demás modalidades, como lo es la pornografía infantil.

Es así que en el Título Octavo, Capítulo II, hace referencia al delito de pornografía infantil que a la letra dice lo siguiente:

“TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.

CAPÍTULO II

Pornografía de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad    o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo.

Artículo 202.- Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.

A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de dieciocho años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.

La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material a que se refieren los párrafos anteriores”.

La intervención pronta por parte de las autoridades es muy importante para atacar este delito, con la ratificación de la Convención, México tiene la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias, tanto legislativas como políticas para prohibir y erradicar la violencia en contra de los menores.

Prevención.

Es necesario reconocer la existencia del delito, cuales son los factores de riesgo, por ejemplo: el fácil acceso a internet sin la debida supervisión; para así conocerlo y poder afrontarlo eficientemente. Para esto se necesita crear mecanismos de protección coordinados que sean efectivos y eficientes.

Persecución.

La Convención establece que los Estados tienen que adoptar las medidas necesarias para eliminar, tipificar como delito y castigar de manera efectiva todas las formas de explotación y abuso sexual de niños, la utilización de niños y niñas en la pornografía y en la prostitución infantil, la trata de niños y niñas, la explotación de niños y niñas en el turismo sexual, incluyendo los supuestos en que esos actos se lleven a cabo a través de Internet.

Protección.

Es prioritario abordar de manera oportuna la gran incidencia y así salvaguardar la seguridad de los menores, generar la formación de profesionales capacitados para intervenir en estos casos específicos.

Una atención adecuada a las víctimas de estos delitos de abuso sexual en general es trascendental para su recuperación física y psicológica, y para la integración plena a la sociedad, aunado a la creación de programas y campañas que atiendan lo relacionado al tema en lo general y en lo particular.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas, impulsen programas y campañas para sensibilizar, concientizar y prevenir todo tipo de violencia infantil, en específico lo relacionado a la pornografía infantil.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Policía Cibernética de la División Científica de la Comisión Nacional de Seguridad, a fin de promover el uso de tecnología informática y de comunicación, coordinando esfuerzos y apoyando en la creación de estrategias para la protección de los menores.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas, impulsen programas y campañas para sensibilizar, concientizar y prevenir todo tipo de violencia infantil, en específico lo relacionado a la pornografía infantil.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia para que en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas, impulsen programas y campañas para sensibilizar, concientizar y prevenir todo tipo de violencia infantil, en específico lo relacionado a la pornografía infantil.

Atentamente

Sen. Andrea García García.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los 30 gobernadores a investigar y sancionar a quienes impidan, restrinjan, anulen o limiten el acceso o ejercicio de uno o varios derechos políticos o derechos electorales, o el ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, a una mujer por razones de género y asuman su responsabilidad para preservar el orden público en sus respectivas entidades. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de  Género.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTA A LA GOBERNADORA, AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS 30 GOBERNADORES A INVESTIGAR Y SANCIONAR A QUIENES IMPIDAN, RESTRINJAN, ANULEN O LIMITEN EL ACCESO O EJERCICIO DE UNO O VARIOS DERECHOS POLÍTICOS O DERECHOS ELECTORALES, O EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, A UNA MUJER POR RAZONES DE GÉNERO Y ASUMAN SU RESPONSABILIDAD PARA PRESERVAR EL ORDEN PÚBLICO EN SUS RESPECTIVAS ENTIDADES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La democracia requiere que se escuchen las voces y los intereses de los ciudadanos, y que se delibere y legisle al respecto. Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial y, por ende, su voz debe ser escuchada en el proceso democrático. La democracia necesita a las mujeres para preservar su autenticidad y las mujeres necesitan la democracia para cambiar los sistemas y las leyes que les impiden, y le impiden a las sociedades en su conjunto, lograr la igualdad.

La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido reconocidos como derechos fundamentales tanto en el sistema interamericano de derechos humanos, como en el sistema universal de protección de estos derechos. La relevancia de igualar las opciones del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos ha sido establecida por la comunidad internacional, como lo demuestran las normas de la Carta Democrática Interamericana1, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 2(Convención de “Belém do Pará”), la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer 3(CEDAW), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer4, y otros documentos de consenso internacional como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Conferencia Internacional de la Mujer (“Conferencia de Beijing”) y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (“Conferencia de El Cairo”).

De estos instrumentos se deriva que la participación política de las mujeres tiene dos aristas: la incorporación plena de las mujeres en los cargos públicos, y la necesidad de que las prioridades de las mujeres se vean representadas en la agenda pública; siendo el involucramiento tanto de hombres y mujeres una condición indispensable para alcanzar estos fines.

Es mediante la representación democrática que pueden estar representados los intereses de las mujeres y pueden oírse sus voces. El Artículo 7 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) reitera la importancia de la representación de las mujeres en la vida política de sus países:

«…los Estados Partes garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

(a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

(b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.»

El papel de las mujeres en los procesos democráticos se acentúa más en la resolución aprobada por la Asamblea General en 2011, sobre la participación política de las mujeres (A/RES/66/130), en que se reafirma «que la participación activa de la mujer, en pie de igualdad con el hombre, en todos los niveles de la adopción de decisiones, es indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia».5

Así también insta a los Estados a: Promover la conciencia y el reconocimiento de la importancia de la participación de la mujer en el proceso político a nivel comunitario, local, nacional e internacional.

Pese a esos adelantos normativos, esos objetivos, por universales que sean, siguen siendo inaccesibles para muchas mujeres. El progreso ha sido demasiado lento en cuanto a acrecentar las cantidades de mujeres en cargos representativos. Sólo el 22 porciento de los parlamentarios son mujeres, en la actualidad, lo que representa, un lento crecimiento con respecto al 11.3 de 1995. En enero de 2015, 10 mujeres eran Jefe de Estado y 14 Jefe de Gobierno, y sólo el 17 por ciento de los ministerios estaban en sus manos, la mayoría en áreas de política social, educación y familia. Las mujeres además están deficientemente representadas en los órganos locales de adopción de decisiones, como alcaldesas o como miembros de los consejos municipales.

Las mujeres siguen insuficientemente representadas en los puestos electivos. Los países, en su mayoría, están lejos de alcanzar el "equilibrio de género" del 30% propuesto en 1995 en la Plataforma de Acción de Beijing. Las instituciones políticas-desde los partidos políticos hasta las comisiones electorales-suelen carecer de capacidad para asegurar que los intereses de las mujeres se expresen y se incorporen en las políticas públicas.

Los derechos políticos son los mismos para mujeres y hombres, sin embargo en el goce efectivo y en el acceso a las herramientas para su cumplimiento aún existen diferencias atribuibles a la construcción de sociedades androcentristas que predominan en muchas sociedades. Durante siglos estas limitaciones en el ejercicio de los derechos políticos se han expresado en la vida cotidiana de las personas, por ejemplo en la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres, limitaciones a su participación en el espacio público, discriminación por género tanto en los textos normativos como en su práctica, la generación de estereotipos que condicionan el papel de las mujeres en la construcción de escenarios democráticos sustentados en la igualdad e incluso la noción de que la política, en tanto ejercicio realizado en lo público, es propia de los hombres y ajena a las mujeres.6

Cuando a la noción de violencia se le introduce el término “basado en el género” se hace hincapié en que sus raíces se encuentran en la desigualdad entre mujeres y hombres (Krants y García Moreno, 2005). Es decir, la violencia contra las mujeres es consecuencia de la desigualdad entre los géneros expresada en la discriminación y las diferentes oportunidades y responsabilidades en el acceso y control de los recursos, sustentada en la noción sociocultural de lo masculino como superior a lo femenino.

La necesidad de avanzar hacia la democracia paritaria ha sido planteada no sólo como una propuesta que acelere los procesos de participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios públicos decisorios, sino que busca transformarse en una reivindicación trasversal a todos los ámbitos de la sociedad, con el fin de que mujeres y hombres puedan gozar de igualdad en el ejercicio de los derechos y responsabilidades de manera compartida tanto en el ámbito público como en el privadodoméstico. Por ello, la paridad, más que un concepto cuantitativo, es la expresión de la redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar. 7

Hace dos años las Senadoras de la República, dentro de la llamada reforma política, lograron elevar a rango constitucional el principio de paridad en candidaturas, es decir, 50 por ciento de postulaciones para las mujeres.

Sin embargo el resultado adverso de este avance se ha presentado en reacciones violentas que enfrentan las militantes de los partidos políticos que tienen acceso a las candidaturas en los diversos procesos electorales. En los dos últimos años los casos de violencia hacia las mujeres que participan en política han llamado la atención de las autoridades electorales, que registran desde asesinatos hasta amenazas para que renuncien a los cargos para los que fueron electas.

Uno de los casos más emblemáticos es Chiapas donde las mujeres pudieron ser candidatas en 2015 gracias a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Se han documentado casos como la golpiza contra la entonces candidata a la alcaldía de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, o bien la renuncia de la Alcadesa electa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, que fue obligada a dimitir. Sin embargo, una vez electas como Alcadesas, Síndicas o Regidoras no han ejercido sus funciones. A estos casos se suman las denuncias de funcionarias municipales de Oxchuc, Tecpatán, Amatenango del Valle, Malpaso y San Cristóbal de las Casas, entre otros, que denuncian no poder ejercer sus actividades como autoridades e incluso la retención de sus sueldos.

Es importante mencionar los crímenes contra la precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, asesinada en marzo de 2015; y de Gisela Raquel Mota Ocampo presidenta municipal de Temixco, Morelos, asesinada en enero de 2016, un día después de tomar posesión del cargo.8

Existe un vacío en la legislación sobre el tema de la violencia política contra las mujeres por razones de género, ante la falta de determinación por el Congreso de la Unión de legislar en la materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaria de Derechos Humanos de las Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas(CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), firmaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. Señala que tipo de violencia se basa en elementos de género y tiene por objeto: “menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”. 9

De acuerdo a datos de la FEPADE entre 2015 y 2016 se presentaron 232 delitos relacionados con violencia política, en su mayoría vinculados con el apoderamiento, destrucción o alteración de material o documentos electorales, de los cuales en 103 casos se abrió una indagatoria y solo 14 personas fueron condenadas, esto debido a como ya lo hemos mencionado, al no existir el delito específico la FEPADE, con el objeto de sancionar la conducta, basa sus denuncias en los tipos penales que se establecen en el artículo 7 de la ley General en Materia de Delitos Electorales.

Aunado a ello, el TEPJF ha conocido de casos donde resuelve que se deben de restituir los derechos vulnerados de las quejosas, tal son los casos de Rosa Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó y de la Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, sin que hasta el momento se haya podido hacer nada debido a los vacíos que sobre la materia existen.

Los orígenes de la violencia política de género se encuentran en la desigual relación de poder que existe entre hombres y mujeres, en el entendido que históricamente el espacio público-político ha sido escenario privilegiado del género masculino. Las instituciones y organizaciones creadas para dar vida al orden de lo político no sólo se fundan en la presencia exclusiva de los varones, sus dinámicas de funcionamiento, códigos, lenguaje y normas, también son un reflejo de la primacía de un solo género. Al querer ingresar a la política, las mujeres no sólo se encuentran en desventaja: su sola presencia transgrede un orden que naturaliza su exclusión.

A más de 60 años de que fuera reconocido el voto de las mujeres en México, se han dado pasos fundamentales para cerrar las brechas de desigualdad en la participación política entre mujeres y hombres. Sin embargo, debemos estar conscientes de que aún persisten obstáculos estructurales, socio-económicos, culturales e institucionales que limitan la participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones, y que enfrentar estos obstáculos requiere de esfuerzos articulados a todos los niveles.

El impulso nacional e internacional a la participación política de las mujeres ha contribuido a fortalecer el consenso en torno a la legitimidad de la participación política de las mujeres. La participación política de las mujeres no se debe limitar al ejercicio en procesos electorales, sino debe contemplar la participación y representación en partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, participación en la gestión pública y en la toma de decisiones. La participación de las mujeres en estos escenarios configura condiciones indispensables para alcanzar los objetivos principales de la democracia como la igualdad, el desarrollo y la paz. Para que la democracia se consolide y fortalezca es indispensable que las mujeres participen en la toma de decisiones. Esto requiere modificar inercias culturales y estructurales que configuran obstáculos para la participación política de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, bajo la convicción de que la inclusión y la participación activa de todas y todos garantizan democracias estables.

En mérito de lo expuesto se somete la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El H. Senado de la República exhorta a la Gobernadora, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los 30 Gobernadores a establecer políticas públicas y mecanismos permitan investigar y sancionar a quienes impidan, restrinjan, anulen o limiten el acceso o ejercicio de uno o varios derechos políticos o derechos electorales, o el ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, a una mujer por razones de género y asuman su responsabilidad para preservar el orden público en sus respectivas entidades.

SEGUNDO.- El H. Senado de la República exhorta a los gobiernos municipales a crear mecanismos que permitan garantizar, al asumir en sus encargos a las Presidentas, Sindicas, Regidoras electas y Funcionarias de sus respectivos municipios, el ejercicio pleno de sus derechos políticos - electorales en condiciones de seguridad y libertad

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm

2 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

4 https://www.oas.org/dil/esp/convencion_sobre_los_derechos_politicos_de_la_mujer.pdf

5 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&Lang=S

6 http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2015/01/derechos%20poli%C3%ACticos%20de%20las%20mujeres.pdf?vs=4038

7 Ibidem. Página 39.

9 http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf, página 19.





 

De los Senadores Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Ceballos Llerenas y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento contra el cáncer cervicouterino. Se turna a la Comisión de Salud.







 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y los ejecutivos de las entidades federativas a que, en el marco de la estrategia de defensa de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, se ponga especial atención en la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro país se encuentra en alerta ante una eventual oleada de deportaciones de migrantes mexicanos, derivada de las políticas antiinmigrantes que han comenzado a ser implementadas por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

Ante los posibles efectos de estas medidas, es necesario que tanto el Gobierno Federal como los de las entidades federativas, se preparen para brindar a nuestros paisanos una atención integral, que va desde la asistencia legal a través de la embajada y consulados en el vecino país, hasta acciones de atención en materia educativa, laboral, de salud, entre otras, a las y los migrantes deportados.

El pasado 1° de febrero, el Ejecutivo Federal sostuvo una reunión con los Gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aglutinados en la CONAGO, en la que se acordó instrumentar una estrategia de asesoría legal a las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que se encuentren en riesgo inminente de deportación, mediante la promoción de recursos legales ante el sistema judicial estadounidense.

Sin embargo, un aspecto relevante que merece especial atención, es la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes, tanto no acompañados, como aquellos que se ubican en riesgo de ser separados de sus padres o acompañantes.

Se trata de un asunto delicado, pues se corre el riesgo de que devenga en una verdadera crisis humanitaria, en la que se deje en el desamparo a miles de niñas, niños y adolescentes, lo que no solamente constituirían violaciones graves a sus derechos humanos, sino que pondrían en riesgo su integridad o incluso su vida.

Según cifras oficiales, entre enero de 2014 y noviembre de 2016, el Instituto Nacional de Migración registró 38 mil 798 deportaciones de menores mexicanos, de los cuales 31 mil 115 viajaron sin acompañantes. Así también, el propio Instituto reporta que el año pasado la cifra fue de 13 mil 752 menores repatriados.

La preocupación aumenta ante los señalamientos que organismos como Human RightsWatcho la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, han hecho a nuestro país, relativos a la desprotección a niñas y niños migrantes en tránsito por el territorio nacional, por lo que resulta indispensable que el Estado mexicano, en todos sus órdenes de gobierno, tome las medidas necesarias para garantizar que tal desprotección, así como las violaciones a derechos humanos de las y los menores, no se reproduzca en el caso de aquellos provenientes de los Estados Unidos de América.

Sería inaceptable que nuestros niñas y niños, sean revictimizados en su propio país.

Por tal motivo, es indispensable que las autoridades mexicanas de todos los órdenes de gobierno, involucradas en la estrategia de defensa de las y los migrantes mexicanos, adopten las medidas necesarias para emprender una adecuada defensa de niñas, niños y adolescentes migrantes, sean o no acompañados o bien que se encuentren en riesgo de ser separados de sus padres o acompañantes, así como para garantizar su eficaz protección en caso de ser deportados.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos de las Entidades Federativas, a que en el marco de la estrategia de defensa de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, se ponga especial atención en la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como de aquellos que sean separados o se encuentren en riesgo de ser separados de sus padres o acompañantes.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

De los Senadores Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud a fin de promover y fortalecer la realización de campañas informativas dirigidas a la detección temprana del cáncer infantil. Se turna a la Comisión de Salud.







 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a concluir el proceso legislativo para modificar la Ley de Ingresos 2017 y detener la política dañina de gasolinazos impuesta desde el inicio de este año. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes  y:

CONSIDERACIONES

La reforma energética y la reforma hacendaria sí son causas directas de los actuales gasolinazos, a pesar de que el gobierno federal diga lo contrario.

Cabe recordar que el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide la Ley de Hidrocarburos.

En el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos se establecía que los precios de las gasolinas y el diésel se determinarían por las condiciones del mercado hasta el año 2018; para el caso de que se pretendiera adelantar este proceso, la Comisión Federal de Competencia Económica debería emitir declaratoria de condiciones efectivas de competencia en el mercado de las gasolinas y diésel.

Es decir, de acuerdo con la reforma energética antes de liberalizar, habría que establecer condiciones de competencia efectiva en el mercado.

Sin embargo, el gobierno, ante la urgencia de adelantar el negocio de las gasolinas para los privados y compañías extranjeras, principalmente norteamericanas, se desdice e invierte la relación: primero liberaliza y luego espera –por arte de magia- que haya condiciones de competencia.

Por ello, en el paquete económico para 2017, el gobierno federal propuso adelantar el proceso de liberalización del mercado de las gasolinas. En la propuesta del ejecutivo federal, se planteó y se aprobó eliminar el requisito de la declaratoria de condiciones efectivas de competencia por parte de la COFECE, para adelantar a 2017 la liberalización del mercado.

Esta aprobación se dio por los partidos mayoritarios en el Congreso de la Unión. El 15 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Ahí ya estaban establecidas las condiciones para el mayor de los gasolinazos.

De manera poco ortodoxa (este gobierno se ha caracterizado por llevar al paquete económico decisiones que no son en estricto sentido tributarias) en los artículos transitorios Décimo primero y Décimo segundo del decreto de la Ley de Ingresos 2017 se establecieron las reglas para el proceso de liberalización de los mercados de gasolinas y diésel.

De hecho, de conformidad con la fracción II del artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos 2017, se decretó que es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar los precios máximos al público mientras la determinación de precios no se liberalice por completo; con base en la fórmula que la propia SHCP determinara. Además, un examen de legalidad de la facultad de la autoridad hacendaria no se soportaría, porque es de explorado derecho que toda cuota fiscal (que incluiría no solo el IEPS sino además el IVA que paga el consumidor) debe estar establecida en ley y no en un acto administrativo.

El 27 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las regiones para la aplicación diferenciada de precios máximos al público de gasolinas y diésel, así como la fórmula y metodología para la determinación de los precios.

Esta medida reconoce de algún modo las diferencias en la infraestructura disponible (lo que acentúa la anti-competencia), y lo más grave provee de gasolina más cara justo a las regiones más pobres del país.

El argumento del gobierno de que el subsidio a los combustibles es regresivo toma un nuevo sentido: es el gobierno el que con su liberalización hace que sus medidas sean aún más regresivas.

El esquema de liberalización del mercado, vigente a partir del primero de enero de 2017, provocó intencionalmente el aumentó más grande en los precios de los combustibles del que se tenga registro en los últimos años: un 20%.

Por ello, para no dañar la economía de los mexicanos, en sesión ordinaria del Senado de la República del 15 de diciembre de 2016, el suscrito presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos de la Federación 2017, para eliminar la redacción actual de los artículos Décimo Primero y Décimo Segundo cancelar los gasolinazos y la liberalización rapaz, y asegurar primero condiciones de competencia. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados por ser la de origen en la ley de la materia.

Los efectos económicos adversos no tardaron en aparecer y la reclamación social no se hizo esperar.

El aumento desproporcionado de precios de las gasolinas y diésel que se experimentó al inicio de este año ha ocasionado un grave descontento social, sobre todo porque tenido repercusiones graves en la economía popular y ha provocado una escalada de precios en los productos y servicios. De acuerdo con el INEGI, tan solo en la primera quincena del mes de enero de 2017, la inflación de precios fue de 1.51%, la mayor inflación de la que se tenga registro desde el año de 1999.

Además, de acuerdo con la discrecionalidad con la que se maneja el gobierno, el aumento del inicio de año no será el único que se espera con el proceso de liberalización del mercado de las gasolinas y el diésel.

De conformidad con el acuerdo del 27 de diciembre de 2016, el próximo 4 y 11 de febrero, habrá nuevos ajustes a los precios de las gasolinas y el diésel, y apartir del 18 de febrero de 2017, los ajustes serán todos los días.

En un escenario de competencia electoral previa, la tentación de usar políticamente la venta de comestibles y sus ingresos es demasiado grande. El gobierno ha adelantado que analiza no aumentar el precio de los combustibles.

Pero eso no es suficiente.

Si se consideran los precios internacionales de referencia, y se usala misma metodología de la Secretaría de Hacienda, desglosando los componentes del precio de la gasolina, los precios para el mes de febrero deberían ser de 15.18 pesos para la  gasolina Magna y de 16.41 pesos para la gasolina Premium, es decir, 5% y casi 8% menores.

Por ello, nuestra exigencia, con base en la evidencia, es que el precio baje, y no como dice el gobierno que echa para atrás su decisión de no aumentarlos.

Los partidos mayoritarios en el Congreso de la Unión que en su momento avalaron el adelantamiento de la liberalización del mercado reaccionaron y han condenado el aumento desproporcionado de los precios, e incluso algunos han llamado a ejercer acciones de protesta, deben manifestarse claramente porque se modifique de inmediato la Ley de Ingresos y se le elimine la facultad discrecional que tiene la Secretaría de Hacienda.

De lo contrario, estarán votando diariamente por avalar los gasolinazos.

Más allá de la indignación, las protestas y acciones de resistencia, desde el Poder Legislativo adelantamos en el debate de la Ley de Ingresos para 2017 que se venían los gasolinazos y el tiempo nos dio la razón.

Por ello tenemos la facultad de frenar este proceso apresurado y poco diligente de liberalización del mercado, y dado que los partidos que avalaron la Ley de Ingresos 2017 ahora muestran su descontento con este proceso, lo conducente es retomar y concluir el procedimiento legislativo correspondinete, primero en la Cámara Diputados, después en este Senado de la República, para eliminar la redacción actual de los artículos Décimo Primero y Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y detener los abusos que son los gasolinazos, nueva herramienta electoral del gobierno en turno.

Por lo anteriormente expuesto y fundando se somete a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a iniciar el proceso legislativo para eliminar la redacción actual de los artículos transitorios Décimo Primero y Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 con la finalidad de revertir y detener la política de gasolinazos impuesta por el gobierno federal desde el inicio de este año.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 8 de febrero de 2017

Sen. Mario Delgado Carrillo.





 

De las Senadoras María del Rocío Pineda Gochi y Marcela Torres Peimbert, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República invita a la Cámara de Diputados y a los congresos locales a sumarse a la campaña de promoción de la marca “Hecho en México” y consumir preferentemente productos mexicanos al interior de sus sedes legislativas, además de realizar acciones para fomentar y promover el consumo de productos locales, regionales y nacionales. Se turna a la Comisión de Fomento Económico.







 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y estatal de Nuevo León a informar el número de casos atendidos derivados de la mala calidad del aire en la entidad. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.







 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México convoque de manera inmediata al pueblo para que vía referéndum se ratifique el texto constitucional recientemente aprobado por la Asamblea Constituyente. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes y:

CONSIDERACIONES

La Ciudad de México -antes Distrito Federal- es una entidad federativa- no un estado- sede de los poderes de la unión, capital de los Estados Unidos Mexicanos y en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se transformaría en el Estado de la Ciudad de México.

Con la reforma política y ahora el nuevo texto constitucional, la Ciudad de México, como entidad federativa, podrá participar en el proceso constituyente como lo hacen los demás estados, y algunas materias que antes tenía reservadas la federación (como indultar reos del orden común, nombrar a los responsables de seguridad y procuración de justicia), serían facultades de las autoridades capitalinas.

Justo cuando se discutía la reforma política dijimos que era prudente hacer de esta reforma una reforma social, que beneficiara directamente a la ciudadanía.

Desde 2013 alertamos la falta de legitimidad en la reforma de la Ciudad de México por la composición del Constituyente.  De los 100 Diputadas y Diputados, sólo 60 fueron elegidos por elección directa y 40 fueron designados, un acontecimiento que no había sucedido en ningún proceso Constituyente.

En los últimos años del siglo XX fue notoria la intervención de los procesos de referéndum para la aprobación final de Constituciones. Por ejemplo, la constitución española de 1978 fue sometida a referéndum de ratificación el 6 de diciembre del mismo año.

El mundo vive las causas y los efectos de una mayor participación ciudadana. El Banco Mundial1 reporta que en las últimas fechas los procesos constituyentes y de consulta pública se han intensificado, al igual que el uso de la palabra “derechos”, pero también alerta que las constituciones se modifican incesantemente. Es muy significativo que el Banco Mundial señale que en los últimos años los procesos democráticos sean mayores, pero que también la integridad de las elecciones está disminuyendo.

Para el Banco Mundial el espacio cívico (el entorno institucional en el que participan los ciudadanos), si bien creció en las últimas décadas, en los últimos años, se ha ido reduciendo.

Como comunidad política, debemos reflejarnos y ver cómo nos situamos ante ese espacio cívico, es decir, al final como contribuimos para acrecentarlo o nulificarlo, inclusive.

Cabe recordar que la participación de la ciudadanía durante el proceso constituyente fue decepcionante: la abstención fue superior al 72% y los votos nulos superaron el 8% de los votos, lo que refleja el poco involucramiento de los capitalinos en el proceso y la falta de una estrategia de parte de las partes involucradas para incentivar el espacio cívico.

La imposición de 40 Diputados Constituyentes, fue una herramienta para lograr mayorías artificiales y que los partidos con nula presencia en la Ciudad de México tuvieran sobre-presentación, como lo documentamos y señalamos desde la discusión de la reforma constitucional. Aunado a ello, las reglas para las y los candidatos independientes fueron hechas para que fueran difíciles de cumplir, prueba de ella es que de 21 candidatos sólo uno fue electo.

El 31 de enero la Asamblea Constituyente aprobó la Constitución de la Ciudad de México, sin embargo, la falta de legitimidad sigue latente.

Dado que los tiempos de la constitución son varios, aún nos quedan tareas por hacer:

• el análisis, discusión y aprobación (ya concluida de septiembre de 2016 a enero de 2017)

• la promulgación (pendiente)

• Su vacatio legis (desde su publicación hasta que se instale el primer congreso en septiembre de 2018)

• Su entrada en vigor (conjuntamente con la instalación del primer congreso de la Ciudad de México arriba señalado).

• Durante la vacatio legis y posteriormente, la adecuación de toda la normatividad secundaria y las reformas, conforme al precediendo previsto en el propio texto constitucional).

La doctrina ilustra sobre el papel de las asambleas constituyentes en un contexto con déficit de democracia. Decía Jorge Carpizo que las asambleas constituyentes son solo proyectistas de un texto constitucional y que la última palabra sobre la validez de una constitución corresponde al pueblo, auténtico titular de la soberanía, sin embargo, esto no ha sucedido en la recién aprobada Constitución.

Por otra parte, hay una inconsistencia para asegurar los principios de participación ciudadana en esta Constitución.

Conforme a la doctrina de los derechos humanos todos los asuntos que afecten a los ciudadanos deben ser motivo de consulta.

Así sucede con los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, a los que es necesario consultar cuando haya industrias extractivas que dañen sus territorios, por ejemplo. ¿Y qué mejor muestra de un instrumento que afecta a todos como es la constitución que no solo establece derechos fundamentales sino además obligaciones que los habitantes tendrán que cumplir o resentir mediante actos generales e individuales de la administración pública?

No guarda justificación alguna que la constitución prevea los mecanismos de participación ciudadana más amplios y que -contrariamente- el propio texto constitucional se niegue a ser ratificado mediante referéndum.

En estricta lógica, si la causa es de menor grado que el efecto, se abren dos opciones deficitarias para la democracia. Por un lado, hay un déficit de legitimidad en el propio constituyente, como diversos Diputados Constituyentes han mencionado (algunos renunciaron a su función), o bien los mecanismos de participación ciudadana a partir de 2018 serán ineficaces y quedarán en letra muerta (si no se tuvo interés en particular en la constitución, ¿qué interés habrá por otros temas de menor escala?).

No se le puede dar a la Constitución Política -como ya es costumbre nacional- el mismo tratamiento de una ley. Desde 2013 propusimos que para asegurar la eficiencia del texto constitucional se sometiera a referéndum. Desafortunadamente, la lógica partidaria se ha impuesto a los valores democráticos. Ese ha sido precisamente el fallo de legitimidad de los actos de gobierno, incluidos los legislativos, que abren una brecha más grande entre interés y popular y el de las fuerzas políticas.

Ante quienes se opongan a la posibilidad jurídica del referéndum, cabría recordar que el artículo 39 de la constitución federal estatuye que todo poder público dimana del Pueblo y se instituye para su beneficio. Además, las funciones del constituyente siguen latentes hasta en tanto no entre en vigor el texto constitucional. Por lo tanto, si se convoca a referéndum no se incumple con ningún mandato (posteriormente se mandaría a promulgar) ni se violenta ninguna prohibición constitucional (promover el ejercicio de derechos de consulta constitucional no está prohibido).

Al contrario, un ejercicio de esta naturaleza daría cabida a la más amplia realización de derechos humanos de participación ciudadana, como lo establece el artículo primero constitucional federal y los tratados internacionales de derechos humanos.

Esos son los asideros constitucionales para que el actual texto constitucional, que aún no está en vigor, adquiera toda la fuerza de ley y se haga cumplir.

Se trata no sólo de asegurar la vigencia constitucional, cuando se instale la Primer Legislatura del Congreso Local, sino de asegurar su eficacia.

Queremos hacer de la constitución no uno más de esos arreglos políticos que reparten el poder entre los partidos y que poco hacen para mejorar auténticamente la vida de los habitantes de la capital del país.

Queremos una constitución viva, eficaz, hecha suya por el pueblo.

La constitución es fundacional y por su carácter histórico debe ser sometida a aprobación de los electores de la Ciudad de México.

De acuerdo con el artículo Octavo Transitorio del decreto de reforma constitucional, una vez aprobada la Constitución de la Ciudad de México debe ser publicada en la Gaceta de la Ciudad y en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, por las razones aquí expuestas, esta publicación debe condicionarse a la aprobación del pueblo de la Ciudad de México.

Por ello exhortamos al Jefe de Gobierno -y a todos los poderes públicos de la Ciudad de México-, que en su carácter de mandatario de la soberanía popular capitalina, se someta el texto constitucional a la ratificación del auténtico constituyente. Para ello, se le convoca a que realice todos los actos necesarios para someter a ratificación del pueblo el texto constitucional recién aprobado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía los siguientes puntos resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que, una vez recibido el texto constitucional de la Asamblea Constituyente, convoque inmediatamente a referéndum para que el pueblo auténtico titular de la Soberanía ratifique el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México.

Del mismo modo, se le exhorta a abstenerse de promulgar y publicar el proyecto de  Constitución Política de la Ciudad de México, hasta en tanto por voluntad popular y en ejercicio de los derechos de participación ciudadana, dicho proyecto no sea debidamente aprobado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de febrero de 2017

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.

1 Cfr. http://blogs.worldbank.org/opendata/es/informe-sobre-el-desarrollo-mundial-2017-gobernanza-y-las-leyes-en-graficos




 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Puebla a verificar que los recursos destinados por el gobierno del estado para la construcción del mirador “Centro Cívico 5 de Mayo” cumplieron con las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables al ejercicio del presupuesto. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El mirador “Centro Cívico 5 de Mayo” o también conocido como la “Mantarraya”, fue inaugurado por el entonces Presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas en el año 2012. La plataforma cuenta con un espacio de 6 mil 400 metros cuadrados, está compuesta por 150 árboles que representan cada uno de los años que marcan el aniversario de dicha gesta histórica y 12 luminarias, que reflejan el número de batallones utilizados.

Para su edificación, la administración del estado canalizó más de 44.5 millones de pesos, entre sus espacios, destaca una galería de usos múltiples, una cafetería, un anfiteatro para eventos especiales y una ludoteca al aire libre, con el objeto dijeron de promover la lectura y la convivencia entre personas de diversas edades1.

A pesar del alto gasto que se ejerció, se documentó que unos días antes para su inauguración, el mirador presentaba desgaste temprano, así como diversas maderas astilladas y boquetes en algunas zonas, esto se debió según los trabajadores a la calidad del material y a que algunos jóvenes utilizaban la duela para patinar, lo cual dañaba los tablones.

A pesar de ser adquiridas como materiales de “alta durabilidad y resistencia”, estos no respondieron conforme a lo esperado a los efectos del sol, la lluvia, el aire, la tierra y el movimiento causado por los visitantes, entre ellos habitantes de la demarcación y turistas nacionales e internacionales.

A pesar de las medidas realizadas para asegurar la durabilidad de los trabajos de este monumento emblemático en la capital de la entidad, estos no dieron los resultados esperados, esto se debe a que diversos medios informativos, dieron cuenta que el pasado 15 de enero de 2017, nuevamente el piso se comenzó a levantar, vulnerando la seguridad de quienes asisten a este lugar.

Lamentablemente, esta problemática de deterioro, no es exclusiva del mirador “Centro Cívico 5 de Mayo”, otro ejemplo es la “ciclopista del EcoParque Metropolitano”, la cual desde su apertura ha presentado múltiples desprendimientos del asfalto y fragmentación en la losa a través de sus 5 kilómetros.

Durante su recorrido, es notorio el clima de inseguridad producido por la acumulación de basura y la nula presencia de agentes de la policía que den auxilio; panorama que contribuye a la realización de asaltos a las personas que hacen uso de esta nueva vía para los que utilizan estas vías.

Otro ejemplo en el que los habitantes acusan la utilización de materiales de mala calidad e inadecuados para la región, es en los trabajos de remodelación del centro Histórico en Zapotitlán de Méndez. Particularmente, con la pavimentación de concreto hidráulico, el cual se vio dañado antes de su inauguración, por lo que tuvo que ser arreglado, representando un gasto mayor a lo presupuestado para estas acciones.

El camino a Tlaltepango, evidenció que a dos meses de ser inaugurados la carretera presentó fisuras y grietas en distintos puntos de la vialidad. Según el presidente municipal de Xonacatepec, esto fue causa de los cortes al material que realizó la constructora.

Por si esto no fuera suficiente, el parque escénico del municipio de Huauchinango presentaba malas condiciones, incluso antes de ser inaugurado, entre ellas se encuentra grietas en los muros, pavimento cuarteado, aberturas en las paredes de cimentación y en tubos metálicos mal soldados.

Bajo estas consideraciones, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos fundamental, que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, audite los recursos destinados para los trabajos de construcción y mantenimiento del mirador “Centro Cívico 5 de Mayo”, debido a posibles anomalías que dieron lugar al deterioro prematuro y madera astillada.

Debido al hermetismo y poca transparencia con el que se ejecutó esta construcción, no fue de conocimiento público si en el presupuesto fijado estaban contempladas acciones de mantenimiento, asimismo, la periodicidad con la que se realizarían y los responsables de hacer estos trabajos.

De ahí la importancia de solicitar un informe pormenorizado, para que el Gobierno de la entidad, dé a conocer, entre otros aspectos, los recursos aprobados, el cronograma de obra, las licitaciones realizadas y el personal contratado para el retiro y tratamiento de la madera que presenta desperfectos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Puebla, para que a través de la Auditoría Superior de la entidad, verifique que los recursos destinados por el Gobierno del estado para la construcción del mirador “Centro Cívico 5 de Mayo” cumplieron con las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables al ejercicio del presupuesto, ante presuntas irregularidades como la adquisición de material de dudosa calidad, la cual se tradujo en deterioro prematuro, madera astillada y el cambio o intervención en las vigas, boquetes en jardineras y luminarias.

Segundo. El Senado de la República, exhorta al gobierno del estado de Puebla para que presente un informe pormenorizado en relación a las obras de mantenimiento correctivo, realizadas en el “Centro Cívico 5 de Mayo”, por presuntas irregularidades como la adquisición de material de dudosa calidad, el incumplimiento con la normatividad de obra pública y el  deterioro prematuro en la madera, jardineras y luminarias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente.

1 http://www.puebla.travel/es/ver-hacer/sitios-de-interes/miradores/item/mirador-de




 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de los tres Poderes de la Unión, entidades federativas y establecimientos del sector privado a izar la bandera nacional como símbolo de unidad. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 8, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde los primeros días de su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump se ha empeñado en configurar una política hostil hacia nuestro país que tuvo como panacea la firma de una orden ejecutiva para dar inicio a la construcción del muro fronterizo; situación que despertó la indignación de la comunidad internacional y de muchos sectores del pueblo estadounidense.

Esta situación vino acompañada de declaraciones ofensivas que fueron ventiladas en redes sociales y que impactaron al grado de desestabilizar los mercados internacionales, colocando a ambas naciones en una situación tensa e inusitada.

México y Estados Unidos son naciones con una historia de 193 años de relaciones diplomáticas;en la actualidad 34.6 millones de personas de origen mexicano viven en aquel país; compartimos una frontera transitada diariamente por cerca de  un millón de personas y medio millón de vehículos;  el comercio bilateral supera los 532 mil millones de dólares al año, les compramos 1.2 veces el valor de sus exportaciones a Francia, Alemania, Japón y Reino Unido, y además, el intercambio comercial es mayor a la suma del comercio de Estados Unidos con Japón, Alemania y Corea del Sur. Esto hace que casi seis millones de empleos de aquel país dependan del comercio con México.

Es claro que hemos sido magníficos socios comerciales, estratégicos y políticos; sin embargo, la postura hostil y denostativa de Trump hoy nos hace ver como enemigos y nos deja con una carga de estereotipos que lastiman nuestra dignidad e identidad como nación.

Es tiempo de unirnos para rechazar contundentemente las amenazas y políticas de odio, racismo y discriminación hacia nuestro país. México no es país de delincuentes y violadores; somos un pueblo que ha ganado su lugar en el mundo a base de luchas históricas, populares y republicanas; enmarcadas en un apoyo incondicional a la libertad y la justicia.

Esto nos da una enorme calidad moral y fortaleza sustentada en nuestra gente, especialmente en los pueblos indígenas, que con su lucha nos legó una de las revoluciones más grandes del siglo XX y, en consecuencia, la primera Constitución de América con un fuerte contenido social que cumplirá 100 años el próximo 5 de febrero.

El liderazgo de nuestra nación siempre se ha construido desde abajo, en las luchas obreras y campesinas de fuerte contenido social; y es precisamente en los periodos más oscuros que ha vivido nuestra nación, cuando más agudizados se encuentran nuestros problemas, que nuestra gente ha tenido la inteligencia y valentía para levantarse y hacer historia. Ocurrió con la Independencia, en la guerra de Reforma, en la Revolución; y hoy estamos en medio de una fuerte concientización a favor de la renovación de nuestra República.

Con la propuesta que ponemos a su consideración, queremos enaltecer la grandeza de nuestra cultura y la unión de nuestro pueblo, y que mejor manera que haciéndolo con nuestro lábaro patrio, que como bien dice el juramento, es símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos.

En las últimas décadas hemos tenido diferencias sustanciales en muchos sectores; hoy el país nos llama a unirnos, sin restricciones de ningún tipo, más allá de partidos e ideologías, no podemos ni debemos regatear nuestra dignidad y la de nuestra historia.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las instituciones y dependencias de los tres Poderes de la Unión, oficinas de las Entidades Federativas y establecimientos del sector privado que comercialicen productos mexicanos, a izar de manera permanente nuestra bandera nacional, como símbolo que reafirme nuestra unión, paz y fraternidad entre las y los mexicanos en estos momentos de crisis que atraviesa nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a fortalecer los programas de alimentación y nutrición en los planteles de educación básica, a fin de prevenir el sobrepeso y la obesidad. Se turna a la Comisión de Educación.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

La salud es un derecho fundamental y uno de los instrumentos necesarios para la protección y bienestar de las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de calidad suficiente.

El problema del sobrepeso y la obesidad es un grave problema de salud pública que afecta a millones de personas en el mundo, el cual ha venido creciendo de manera exponencial. Los niños con este padecimiento tienden a seguir hasta la edad adulta, con mayor probabilidad de padecer a edades más tempranas enfermedades no trasmisibles como la diabetes y enfermedades cardiovasculares.

La obesidad es causante de diversas enfermedades, discapacidad y muertes prematuras de alta prevalencia a nivel mundial, constituyendo una situación que merma el potencial productivo de la fuerza laboral.

Según datos de la OMS, en 2014 más de 1,900 millones de adultos de 18 o más tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 millones eran obesos y 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos1.

El Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016, apunta que la obesidad afecta 140 millones de personas, especialmente a todos los países de América Latina y el Caribe2.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos3.

En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) de 2016, el 36.9 por ciento de los adolescentes viven con sobrepeso u obesidad, cifra que llega a 72.5 por ciento en la edad adulta4.

La prevalencia de sobrepeso, fue de 17.9 por ciento proporción que aumentó 1.9 puntos porcentuales desde 2012 y de obesidad de 15.3 por ciento, aumentando sólo por 0.7 puntos porcentuales de 2012.

Las enfermedades asociadas con la obesidad, el sobrepeso y la diabetes son problemas cada vez más comunes en nuestro país, y que representan una de las principales causas de muerte de la población.

La distribución por localidad de residencia mostró una mayor prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en las localidades urbanas (34.9%) en comparación con las localidades rurales (29.0%). Sin embargo la prevalencia de obesidad aumentó 2.7 puntos porcentuales en localidades rurales con respecto al 2012.

En diversos medios periodísticos señalan que, tan sólo en la Ciudad de México la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, existen alrededor de 500 mil niñas y niños que padecen de sobrepeso u obesidad, cifra que representa el 35 por ciento a la población infantil en edad escolar5.

Asimismo, apunta que cuatro de cada 10 niños padecen sobrepeso y obesidad en México, problema que se presenta tanto en niños y niñas por igual, sobre todo, a los 5 años de edad.

La Secretaría de Educación Pública señalar que, el pasado 9 de enero, poco más de 26 millones de niñas, niños y adolescentes regresaron a clases en todo el país para continuar con su ciclo escolar 2016-2017.

Ante este panorama, cabe mencionar que las niñas, niños y adolescentes que tienen una mala alimentación suelen consumir comidas chatarras durante casi todo el tiempo, muchos prefieren por ser comidas rápidas y que están al alcance de todos, pero comer en exceso puede provocar daños en su salud, muchas personas no conocen lo que es una comida chatarra porque no se informan sobre ello, aunque la consumen probablemente muy seguido.

En este tenor, es necesario un mayor compromiso y responsabilidad a las entidades federativas e incluso en las zonas más vulnerables del país, con el objetivo de afrontar el problema del sobrepeso y obesidad en la niñez.

La OMS, recomienda aplicar programas amplios que promuevan el consumo de alimentos saludables y contribuyan a reducir la ingesta de alimentos malsanos y bebidas azucaradas por parte de los niños y los adolescentes; así como el de aplicar programas amplios que fomenten la actividad física y reduzcan los hábitos sedentarios de los niños y los adolescentes; tener una alimentación y actividad física en la primera infancia, proporcionando orientaciones sobre una buena alimentación, a aplicar programas amplios que promuevan entornos escolares saludables, la educación sobre salud y nutrición y la actividad física entre los niños en edad escolar y los adolescentes6.

La nutrición adecuada y la actividad física regular, son clave para mantener un peso saludable y evitar problemas de salud.

Por ello, resulta apremiante que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, fortalezcan sus políticas y programas de alimentación y nutrición en los planteles de educación básica, a fin de prevenir el sobrepeso y la obesidad.

En el Grupo Parlamentario del PRI, legislamos a favor de seguir instrumentando políticas públicas, a fin de mejorar el bienestar de las y los mexicanos, por ello trabajaremos para que juntos podamos  disfrutar de una salud de calidad y eficiente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el marco de sus respectivas atribuciones, fortalezcan sus políticas y programas de alimentación y nutrición en los planteles de educación básica, a fin de prevenir el sobrepeso y la obesidad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente.

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/, consultado el 23 de enero de 2017.

2 http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33680/9789253096084-
spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado el 23 de enero de 2017.

3 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.html, consultado el 24 de enero de 2017

4 http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/encuestas/resultados/ENSANUT.pdf, consultado el 23 de enero de 2017.

5 http://canal44.com/con-sobrepeso-u-obesidad-500-mil-ninos/, consultado el 23 de enero de 2017.

6 http://www.who.int/end-childhood-obesity/news/launch-final-report/es/





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las reuniones que el gobierno mexicano ha sostenido con el Presidente de los Estados Unidos de        América, Donald Trump, o sus representantes. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS REUNIONES QUE EL GOBIERNO MEXICANO HA SOSTENIDO CON EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DONALD TRUMP O SUS REPRESENTANTES, al tenor de las siguientes:

Consideraciones.

En los primeros días de febrero se difundió la noticia de que el pasado martes 31 de enero, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió en secreto con Craig Deare, encargado de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional del presidente de los Estados Unidos de América, DonaldTrump, el almirante KurtTidd, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la embajadora estadounidense, Roberta Jacobson, en territorio chiapaneco.

Según fuentes extraoficiales, una aeronave con matrícula del gobierno de los Estados Unidos aterrizó el martes 31 de enero en Tapachula, Chiapas, con funcionarios norteamericanos.

Ni la portavoz de la embajada de Estados Unidos de América en nuestro país, ni el director de comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron o desmintierondicha reunión.

Según trascendió, el aparente motivo del encuentro fue abordar la cooperación mexicana en detener el flujo de inmigrantes centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos por México.

Sin embargo, de haberse celebrado la citada reunión, más allá de causar sospecha por conducirse de manera secreta, es sobre su posible correlación con la llamada sostenida por los presidentes de Estados Unidos y México el pasado 27 de enero.

El fin de semana pasado los rumores continuaron, en esta ocasión con señalamientos  del contenido de esa llamada. Entre los dichos se manifestó una presunta declaración  del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sobre enviar tropas estadounidenses a nuestro país. Acción que sería contraria a nuestra  Constitución.

Si bien es cierto que todo esto no son más que rumores, alrededor de estos se genera un contexto de desinformación, que solamente puede ser aclarado con transparencia. Es por ello que el gobierno de Méxicodebe realizar reuniones públicas con el gobierno de los Estados Unidos y revelar el contenido de las reuniones privadas sostenidas con ellos o con sus representantes.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que informe a esta soberanía si el gobierno mexicano o algún representante del mismo ha sostenido reuniones de carácter secreto con el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, o algún representante suyo en algún momento desde que fue designado como candidato y hasta la fecha.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que informe a esta soberanía sobre todas y cada una de las reuniones que haya sostenido el gobierno mexicano o algún representante del mismo con representantes del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, así como de los temas tratados en dichas reuniones.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que informe a esta soberanía sobre todas y cada una de las reuniones que haya sostenido el gobierno mexicano o algún representante del mismo con el equipo de transición o representantes del entonces presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, así como de los temas tratados en dichas reuniones.
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que haga pública la conversación telefónica que sostuvo el titular de ese poder, con su homólogo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el pasado 27 de enero.

QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que informe a esta soberanía sobre el registro de las llegadas y partidas de aeronaves en el aeropuerto de Tapachula del día 20 de enero de 2017 a la fecha.

SEXTO. Se solicita a esta H. soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el día 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social a fortalecer los programas de financiamiento y apoyo a la producción de la alfarería en el país. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La alfarería es uno de los oficios más antiguos del mundo, en México, la producción de artículos artesanales se remonta a la época prehispánica y, a pesar de los años, sigue siendo manual con una variedad de técnicas, colores y figurasen platos, comales, botellones, cántaros, tinajas y diversas figurillas humanas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha sostenido que los productos artesanales tienen su fundamento en sus componentes distintivos, ya que pueden ser utilitarias, estéticas, tradicionales, simbólicas y religiosas1

El barro es la materia prima con la cual los artesanos mexicanos elaboran sus productos, algunos le incorporan otros componentes como cuarzo, tepalcates molidos, arena y conchas para darle un distintivo característico de la región, muestra de ello son los alfareros de Metepec, en el estado de México, quienes le agregan “plumilla de la flor de tule”, esto para suavizar el barro y darle un brillo especial.

Los productos de los alfareros mexicanos representan una fuente de ingresos para cientos de familias en diversas localidades de nuestro país. Para tener claro el panorama, es importante destacar lo siguiente:

• En el estado de Oaxaca, la comunidad de San Bartolo Coyotepec se caracteriza por sus ollas, crucifijos, candelabros, eclipses y cántaros de barro negro. En este caso, los alfareros hacen uso de una técnica de dos bocas (un horno que se encuentra bajo tierra) que se cierra para producir una reacción física contraria a la oxidación y le da ese color particular2.

• Son reconocidos los arboles de la vida y la muerte, así como los cantaros, molcajetes, cajetes y apaxtles de Acatlán de Osorio en el estado de Puebla. Los alfareros anexan al barro arena y musgos, con técnicas particulares como el pulido de las piezas, con olotes, algunos vidrios y ágatas.3

• En Michoacán podemos mencionar los productos de Capula y sus vasijas, ollas vidriadas, las piñas y poncheras verdes. También presenta variaciones su elaboración, por ello, se le identifica como alfarería vidriada4. En la región Lacustre de Pátzcuaro hay varias comunidades donde el oficio de la alfarería es prolífico, llama la atención el pueblo de Tzintzuntzan, donde se fabrican artesanías de barro, al igual que en la comunidad de Santa Fe de La Laguna5.

Nuestro país, es uno de los principales productores de alfarería vidriada. Esta tradición data de la época prehispánica en la que ya se realizaban piezas de barro con un uso religioso, de ornato y utilitario. Diversos medios de comunicación, han dado cuenta que las técnicas de elaboración se están perdiendo, los centros de comercialización se están cerrando y la venta de los productos está en descenso, debido a ello, los conocimientos ya no se transmiten de una generación a otra.6

La alfarería es una de las principales ramas del arte popular nacional; por ello, consideramos determinante que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Social, fortalezcan sus estrategias, políticas públicas y programas gubernamentales de financiamiento y apoyo a la producción de la alfarería en el país.

Las acciones hasta ahora emprendidas por el Gobierno Federal para su promoción son de gran importancia, no obstante, tenemos que mejorar las capacidades productivas y comerciales de los artesanos. Basta mencionar que el Diagnóstico del Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías señala que33% de las personas artesanas son hablantes de lenguas indígenas, el 7% se encuentra en condición de discapacidad y sólo un 6% tiene acceso a la seguridad social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Desarrollo Social, para que a través del Instituto Nacional de la Economía Social, del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, se fortalezcan los programas de financiamiento y apoyo a la producción de la alfarería en el país, asimismo, se amplíe la promoción de sus productos para su comercialización en el mercado nacional e internacional.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 8 de febrero de 2017.

Atentamente.

1 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/creative-industries/crafts-and-design/

2 http://www.artesmexico.org/arte_tradicional_mexicano/barro_negro.asp

3 http://www.acatlandeosorio.com.mx/acatlandeosorio/alfareria.html

4 http://michoacanbajomisojos.blogspot.mx/2011/04/alfareria-de-capula.html

5 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-245056

6 https://www.diariodequeretaro.com.mx/cultura/la-alfareria-es-otro-de-los-oficios-en-peligro-de-extincion/





 

Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Comisionado Presidente y al Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que dicho órgano respete los alcances y derechos sustanciales de la persona, en lo relativo a la adecuada y correcta aplicación e interpretación de la entrada en vigor de los “Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias”. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer la política de seguridad pública y las acciones en materia de prevención, a fin de garantizar la seguridad y el patrimonio de los capitalinos y evitar que se presenten nuevos casos como el de la nadadora y ex seleccionada nacional, Fernanda Armenta Gastón. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años, en la Ciudad de México se ha presentado hechos delictivos que antes eran inconcebibles, a pesar de que en reiteradas ocasiones el Gobierno de la capital del paísha manifestado que en Capital del país no existe la presencia del crimen organizado1, los hechos contradicen esta afirmación.

Para poner en contexto lo anterior, basta mencionar que a finales de mayo de 2013, una docena  jóvenes fueron secuestrados por un comando armado de un afterhourconocido como el Heaven, tan sólo a cuatro calles de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Meses después los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina.2

El homicidio múltiple en la Colonia Narvarte en julio del año 2015,  es otro de los sucesos que reflejan el grado de inseguridad que se vive en la Ciudad de México, en este hecho fueron asesinadas Mile Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, la activista Nadia Vera, y el fotoperiodista Rubén Espinosa. A más de un año de este suceso la Procuraduría Capitalina, todavía no ha logrado esclarecer el caso.3

En el corredor Roma–Condensa, los vecinos y comerciantes han sido testigos del incremento de la impunidad con la que actúan el crimen organizado. En octubre de 2015 un comando armado robo a 25 comensales en un restaurant de la colonia Roma.4 Además, cada vez son más recurrentes los cobros de extorsiones por parte del crimen organizado.5

En días recientes la Nadadora y ex Seleccionada Nacional en esta disciplina,  resultó herida por un impacto de bala cuando circulaba por calles de la Colonia Roma, en la Delegación Cuauhtémoc.

Esta demarcación es considerada la más peligrosa para los transeúntes en la Ciudad de México. De acuerdo al Reporte de Incidencia Delictiva, en la Delegación Cuauhtémoc se registra la tasa más alta de robos a transeúntes con violencia; y es  el segundo lugar en homicidio doloso y culposo, secuestro, extorsión y robo a negocios.6

Tan solo en el tercer trimestre de 2016, registró 148 casos más de robo a transeúnte que toda la Ciudad de México y casi 187 más que en todo el país; mientras que en el rubro de robo con violencia, se iniciaron 57 carpetas de investigación más que en toda la Ciudad.7

Si bien es cierto, que de acuerdo a las cifras, la Delegación Cuauhtémoc es la más peligrosa para los transeúntes, las condiciones de inseguridad se presentan en casi la mayor parte de la Ciudad. De acuerdo con el Semáforo Delictivo8 correspondientes a diciembre de 2016, la incidencia de los siguientes delitos aumentó con respecto al mismo período de 2015:

• Los homicidios en un 11%.

• El secuestro en un 4,500%.

• La incidencia a robo a casa habitación se incrementó en 13%.

• El robo a negocio creció en un 7%.

La Fracción XX del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece que corresponde al Jefe de Gobierno ejercer las funciones de los servicios de seguridad pública. Asimismo, es su responsabilidad de establecer las políticas generales de seguridad pública para la Ciudad de México.

Asimismo, plantea que los Jefes Delegacionales tienen la responsabilidad de coadyuvar con la dependencia de la administración pública de la Ciudad de México que resulte competente, en las tareas de seguridad pública y protección civil en la Delegación.9

Los legisladores del PRI, expresamos nuestra preocupación por la situación de inseguridad que prevalece tanto en la Delegación Cuauhtémoc  como en el resto de la Ciudad. Expresamos nuestra solidaridad con Fernanda Armenta Gastón y todos los capitalinos que han sido víctimas de la delincuencia.

Este delito no puede quedar impune, por lo que solicitamos a las autoridades correspondientes una investigación pronta y expedita, que permita encontrar a los responsables y aplicar las sanciones que conforme a derecho procedan.

Es evidente el aumento de la incidencia delictiva en la Ciudad de México, por ello, es fundamental fortalecer las estrategias y medidas de atención de los delitos que vulneran a la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que, en coordinación con los 16 Jefes Delegacionales y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan la política de seguridad pública y las acciones en materia de prevención, a fin de garantizar la seguridad y el patrimonio de los capitalinos y evitar que se presente nuevos casos como el de la nadadora y ex Seleccionada Nacional, Fernanda Armenta Gastón.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, para que refuerce las acciones de prevención del delito y los mecanismos de coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente.

1 Reitera PGJDF que no hay crimen organizado en la Ciudad de México, MVS Noticias, 1 de mayo de 2016, <http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/reitera-pgjdf-que-no-hay-crimen-organizado-en-la-ciudad-de-mexico-998>; Descarta Mancera presencia del crimen organizado en CDMX, 17 de septiembre de 2016, <http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2016/09/17/descarta-mancera-presencia-del-crimen-organizado-en-cdmx>  Ambos Consultado el 1 de febrero de 2017.

2 Muertos, los 12 ‘levantados’ del bar Heaven, Diario de México, <http://:www.diariodemexico.com.mx/hallan-muertos-a-los-12-desaparecidos-del-heaven/+&cd=6&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx> Consultado el 3 de septiembre de 2016.

3 Familiares de víctimas critican fallas en la indagatoria al cumplirse 1 año del caso Narvarte, Animal Político, <http://www.animalpolitico.com/2016/07/narvarte-eventos-recordar-victimas/> Consultado el 1 de febrero de 2017.

4 Asaltan a 25 comensales del restaurante 'Belmondo' en la Roma, Excelsior, 22 de octubre de 2015, <http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/22/1052550> Consultado el 3 de octubre de 2016.

5 Bar de la Condesa denuncia cobro de 'derecho de piso', Terra <https://noticias.terra.com.mx/mexico/df/bar-de-la-condesa-denuncia-cobro-de-derecho-de-piso,c5ad720d4024c410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html> Consultado el 3 de octubre de 2016.

6 La Cuauhtémoc, “la más peligrosa para andar en la calle”, Milenio, 30 de noviembre de 2016, <http://www.milenio.com/region/delegacion_cuauhtemoc-peligroso-andar_calle-ocmx-violencia-milenio_0_857314274.html> Consultado el 1 de febrero de 2017.

7 Delegación Cuauhtémoc, la más peligrosas de la Ciudad de México,
<http://lopezdoriga.com/nacional/delegacion-cuauhtemoc-la-peligrosa-la-ciudad-mexico/> Consultado el 1 de febrero de 2017.

8 Semáforo Delictivo, Diciembre 2016, <http://df.semaforo.com.mx/> Consultado el

9 Fracción VIII del artículo 115 del Estatuto de Gobierno.





 

De los Senadores Marcela Guerra Castillo y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades de prevención del delito de todas las entidades federativas a instrumentar el Programa “Operativo Mochila Segura”, de forma diaria. Se turna a la Comisión de Educación.







 

Les informo ahora que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre la conmemoración del “Día Internacional de la Internet Segura”.

EFEMÉRIDE

Sobre la conmemoración del Día Internacional de la Internet Segura

El internet ya no es un fenómeno nuevo, se ha incorporado tanto a la cotidianeidad, que difícilmente podríamos prescindir de éste. Sin duda, un fenómeno global vinculado a la comunicación que ha influido en casi todos los ámbitos de la sociedad, revolucionado en realidad al mundo.

Una de las principales herramientas de globalización que ha puesto fin al aislamiento de todas las culturas, capaz de lograr grandes influencias en la conciencia de la población ante el gran cúmulo de información a la que se puede acceder, por lo que a su vez se constituye como una gran herramienta para el desarrollo, la competitividad y prosperidad de las sociedades modernas.

Sin embargo, lamentablemente con lo bueno del internet también vino lo malo de la red.

Los peligros de la red cada vez son más conocidos, desde información falsa, excesivo uso del internet al grado de aislamiento real contra conexión virtual, acosos cibernéticos (ciberviolencia y ciberbullying), problemas de privacidad e identidad y hasta la comisión de ilícitos, como el intercambio de pornografía infantil o mecanismos para “enganchar” víctimas potenciales de diversas conductas delictivas.

Por ello, la Comisión Europea y el Centro de Seguridad en Internet “PROTEGELES” en España, promueven desde hace catorce años el “Día Internacional de la Internet Segura” a celebrarse el martes de la segunda semana de febrero de cada año, en este año, el 7 de febrero. Un evento que se celebra en más de 70 países con el fin de frenar la famosa brecha digital a través del “diálogo y trabajo entre generaciones”, bajo el slogan “Conectando Generaciones”, además de la seguridad en el uso del internet.

Más que un evento es un ideal y objetivo puesto en marcha por padres de familia, profesionistas y profesionales consientes de la necesidad del uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, especialmente entre menores y jóvenes.

Para tales fines, es muy importante estar al pendiente de los sitios que visitan y acceden nuestros menores hijos, como una de las mejores formas de protegerlos, además de prevenirles y concientizarles de los riesgos. Esto es de suma importancia, considerando que el 12% de los usuarios de un “Smartphone” o teléfono inteligente son niños y de ellos, el 60% habría sido alguna vez objeto de ciberacoso.

La idea es lograr una seguridad que permita todas las posibilidades positivas que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos, de sus ciudadanos y las economías de todo el mundo.

Por ello celebro que en nuestro país el derecho a la información y el acceso a las tecnologías de la información hayan logrado consolidarse como un derecho fundamental. Ahora nuestro país impulsa una política de inclusión en esta asignatura, con mecanismos como la red troncal, red compartida, la conexión de sitios públicos, México Conectado y la ahora la Televisión Digital Terrestre.

Esta conmemoración, en la que inciden la información, las tecnologías para ello y el fomento al internet, son una buena oportunidad para recordarlo y fortalecerles, y qué mejor si se le adiciona el elemento de la seguridad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina
6 de febrero

La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas, y es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación contra mujeres y niñas. La práctica viola sus derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte.

Para abandonar la práctica de la mutilación genital femenina, es necesario realizar esfuerzos sistemáticos y coordinados que involucren a las comunidades enteras, que se enfoquen en los derechos humanos y en la igualdad de género. Estos esfuerzos deben hacer hincapié en el diálogo social y en el empoderamiento de las comunidades para actuar colectivamente y poner fin a la práctica. También deben atenderse las necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas que sufren sus consecuencias.

El UNFPA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han liderado conjuntamente el mayor programa a escala mundial para acelerar la eliminación de la mutilación genital femenina. El programa se centra actualmente en 17 países de África y también es compatible con las iniciativas regionales y globales.

El tema de 2017 es «Construir un puente sólido e interactivo entre África y el mundo para acelerar la erradicación de la mutilación genital femenina antes del 2030»

Los 17 objetivos (conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o simplemente los Objetivos Mundiales) tienen como meta transformar el mundo en los próximos 15 años. Se basan en el éxito de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en el año 2000 que han ayudado a mejorar las vidas de millones de personas en todo el mundo.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) colabora con gobiernos, socios y otras agencias de la ONU para hacer frente directamente muchos de estos objetivos (en particular el objetivo 3 sobre la salud, el 4 sobre la educación y el 5 sobre la igualdad de género) y contribuye en diversas formas para lograr muchos de los demás objetivos

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

EFEMÉRIDE

“Día de la Constitución”
5 de febrero

En 1910 se inicia el movimiento armado de la Revolución Mexicana, a causa de las condiciones sociales, económicas y políticas generadas por la permanencia de Porfirio Díaz en el poder por más de 30 años.

Este movimiento es justamente el contexto en el que se promulga la Constitución que se rige en México hasta la fecha.

Venustiano Carranza, en su carácter de primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. En ese proyecto se buscó plasmar en normas jurídicas “la voluntad nacional”, después de la Revolución.

Así fue como el 31 de enero de 1917, tras dos meses de debates, el Constituyente cerró sesiones; y el 5 de febrero, en el Teatro de la República, de la Ciudad de Querétaro, se promulgaría la nueva Constitución, con el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entraría en vigor el 1 de mayo del mismo año.

La nueva Constitución incluía una gran parte de los ordenamientos de la de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos, ya como "garantías individuales". La forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa, demócrata y federal; se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo, si bien este último dejó de ser unicameral para dividirse en cámaras de Diputados y Senadores, dotándola por su contenido social como la primera Constitución social del siglo XX en el mundo.

Es por ello que, quiero reconocer en este pleno, la conmemoración de los 100 años de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, en su momento plasmo las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución, estableciendo un nuevo orden que asumió como su principal función ser el eje rector del desarrollo de la Nación mexicana en el siglo XX.

Mi más grande reconocimiento a la labor del Congreso Constituyente de 1917, pues a pesar de las profundas discrepancias políticas e ideológicas de los años álgidos posrevolucionarios, se logró trabajar intensamente en tiempo y forma, se escucharon las opiniones diversas de la nación, llegando a un consenso; que culminó con la promulgación de nuestra Carta Magna.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina

La mutilación genital femenina es una grave violación de los derechos humanos de niñas y mujeres, ya que esta violenta práctica pone en riesgo la vida, la salud, la seguridad y la integridad física de quien la padece, pero sobre todo vulnera la dignidad de todo el género femenino.

En 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 6 de febrero como Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina.Con este día se busca concientizar a la sociedad de todos los riesgos que ocasiona una práctica tan denigrante y lograr que los gobiernos unan esfuerzos para poner fin a este grave problema.

Datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideran que:

• A nivel mundial, se calcula que hay 200 millones de niñas y mujeres mutiladas.

• La mutilación genital femenina se practica en la infancia y la adolescencia; y ocasionalmente en la edad adulta.

• Se concentra principalmente en países de África y de Oriente Medio, así como en algunos países de Asia y América Latina.

• Para 2030 aproximadamente 86 millones de niñas en todo el mundo sufrirán algún tipo de mutilación genital. 1

Por esta razón, el tema de la campaña en este 2017 es: «Construir un puente sólido e interactivo entre África y el mundo para acelerar la erradicación de la mutilación genital femenina antes del 2030».

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que la mutilación genital femenina no aporta ningún beneficio a la salud, sólo ocasiona riesgoscomo son hemorragias graves, quistes, infecciones, infertilidad e incluso puede ocasionar la muerte, por lo que esta organización,comprometida en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas, continúa trabajando para erradicar esta práctica.

En México, la mutilación genital femenina no es una práctica común, además de que la legislación federal para proteger a mujeres y niñas es cada vez más sólida.

La Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente a partir de 2014, tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, vigente a partir de 2007, tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

A fin de garantizar el derecho pleno a los derechos humanos en nuestro país, se cuenta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo autónomo cuyos programas de atención incluyen diversos temas para el respeto a los derechos humanos de las niñas y mujeres.

Asimismo, cada entidad federativa cuenta con su Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la entidad que represento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México lleva a cabo un seguimiento puntual de los posibles casos de violación de los derechos humanos, con atención especial a niñas, mujeres y otros sectores vulnerables de la población.

Para el Partido Verde, todas las niñas y mujeres son base fundamental para el desarrollo de la sociedad, por ello rechazamos todo tipo de violencia o discriminación en su contra y consideramos que su desarrollo e inclusión debe ser el principio fundamental de toda política pública, asimismo seguiremos legislando en beneficio de sus derechos para que sean respetadas, tratadas con igualdad y con esto puedan vivir plenamente.

Debemos buscar proteger los derechos de las niñas y mujeres a toda costa, no podemos permitir este tipo de prácticas inhumanas en nuestra sociedad y tenemos que intentar coadyuvar para que se eliminen estas acciones a nivel internacional.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 ONU, Datos y cifras, [en línea], recuperado de: http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/background.shtml




 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del grupo parlamentario del PRI, del día 6 de febrero “Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina”

“Construir un puente sólido e interactivo entre África y el mundo para acelerar la erradicación de la mutilación genital femenina antes del 2030” Es el tema en 2017.1

La mutilación genital femenina (MGF), es todo procedimiento en el cual se altera o daña los genitales externos femeninos con fines con médicos y se encuentra fundada en circunstancias tradicionales.

En la MGF destacan 3 clasificaciones:

Clitoridectomía. Separación total o parcial del clítoris o solo de la piel que rodea el clítoris.

Excisión, Separación total o parcial del clítoris y los labios menores.

Infibulación. Es el estrechamiento de la abertura vagina, en algunas ocasiones cosiéndolos.2

La MGF representa una grave violación a los derechos de las niñas, ya que esta práctica se realiza en las niñas entre la infancia y la adolescencia.

África es actualmente el continente que cuenta con más países que practican la MGF, resulta sumamente concientizar a la población para eliminar esta práctica, ya que además de atentar contra la dignidad de las mujeres y niñas, atenta contra su salud e incluso contra su vida.

Tenemos que eliminar las prácticas en las que se sigue degradando a la mujer por el solo hecho de serlo, estas costumbres nacen a partir de la presión social que se ejerce sobre las mujeres, un ejemplo es, al realizar la MGF a las niñas, se les elimina el objeto de deseo hacia el sexo opuesto y regresan a ser puras e inocentes; en el caso de las mujeres a las cuales se les realizó la infibulación, no pueden engañar a su marido, debido a que al tener la vagina reducida o cerrada, es imposible, en este caso, representa el control que debe de tener un marido hacia su mujer.

Es lamentable que en diversos países como Gambia, Mauritania, Indonesia, Somalia, Guinea y Djibouti aún se presenten estas prácticas.

La lucha apenas comienza y es por eso que los esfuerzos de este año se enfocarán en el continente Africano.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre la conmemoración del “Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

EFEMÉRIDE

Conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la conmemoración del día Internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina.

La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas, y es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación contra mujeres y niñas. La práctica viola sus derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte.

Para abandonar la práctica de la mutilación genital femenina, es necesario realizar esfuerzos sistemáticos y coordinados que involucren a las comunidades enteras, que se enfoquen en los derechos humanos y en la igualdad de género. Estos esfuerzos deben hacer hincapié en el diálogo social y en el empoderamiento de las comunidades para actuar colectivamente y poner fin a la práctica. También deben atenderse las necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas que sufren sus consecuencias.

El UNFPA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han liderado conjuntamente el mayor programa a escala mundial para acelerar la eliminación de la mutilación genital femenina. El programa se centra actualmente en 17 países de África y también es compatible con las iniciativas regionales y globales.

A nivel mundial, se calcula en el año 2016 hay al menos 200 millones de niñas y mujeres mutiladas.

44 millones de niñas menores de 14 años han sufrido la ablación, principalmente en Gambia (un 56%), Mauritania (54%) e Indonesia, donde alrededor de la mitad de las niñas de 11 años han padecido esta práctica.
Los países con la prevalencia más alta entre mujeres y niñas entre 15 y 49 años son Somalia (58%), Guinea (97%) y Djibouti (93%).

Si la tendencia actual continúa, para 2030 aproximadamente 86 millones de niñas en todo el mundo sufrirán algún tipo de mutilación genital.

La mutilación genital femenina se practica en niñas en algún momento de sus vidas entre la infancia y la adolescencia.

La mutilación genital femenina es causa de hemorragias graves y otros problemas de salud tales como quistes, infecciones e infertilidad, así como complicaciones en el parto y un mayor riesgo de muerte de recién nacidos.

La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos de las niñas y las mujeres.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.

Fuente: http://www.un.org





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, de la conmemoración del “Día del Odontólogo en México”.

EFEMÉRIDE

Conmemoración del Día del Odontólogo en México

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la conmemoración del día del odontólogo en México.

“Porque él hace puentes como los Ingenieros, coronas como los Floristas y extrae raíces como los Matemáticos”.

El 9 de febrero es el Día del Dentista en México con motivo del día de Santa Apolonia, patrona de los odontólogos. Es un día conmemorativo para homenajear a todas aquellas personas que cuidan de nuestra salud bucal, una profesión considerada de mucha importancia para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Odontología o Estomatología es una rama de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático. Esto incluye los dientes, la encía, la lengua, el paladar, la mucosa oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas, como los labios, amígdalas, orofaringe y la articulación temporomandibular.

Santa Apolonia fue una mujer cristiana de Alejandría en el siglo III. El emperador Decio se dedicó a perseguir cristianos, entre ellos Apolonia, a quien torturaron rompiéndole los dientes con piedras y puntas de hierro caliente. A pesar de ello, Apolonia permaneció firme en su religión hasta que murió calcinada. Dicen que mientras se consumía en el fuego gritó que los que padecieran de dolor de muelas e invocaran su nombre se librarían del sufrimiento.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.

Fuente: http://www.cuandopasa.com





 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EFEMÉRIDE

Sobre la Constitución Mexicana

H. Asamblea

El Derecho Constitucional es la confrontación del hombre con su época, es la lucha constante por llevar una vida humana, es decir, una vida con libertad,
con igualdad y con dignidad.”1

Todos los años, en México celebramos la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero. No obstante, es privilegio ser parte del Congreso de la Unión, en 2017, cuando se celebra el Centenario de la misma.

“La eficacia de las constituciones depende de su capacidad para equilibrar la permanencia necesaria al derecho con los cambios sociales, y su existencia real, de que responda a la legitimidad inherente al Estado de Derecho.”2

A 100 años de la creación de nuestra Constitución, la misma que dio origen por primera vez a la evocación de Garantías Individuales y Derechos Sociales, como el derecho a la educación, la tierra y el trabajo, es necesario replantear los objetivos de nuestro país, su realidad, sus necesidad y ver si éstos coinciden.

Recordar que la Constitución contiene el proyecto histórico de nuestra Nación y es con base en ella, que se deben establecer los intereses máximos de la población, dejar de lado y eliminar todo aquello que implique el beneficio individual y que permee nuevamente el beneficio común, el beneficio de y para la colectividad. Crear e infundir nuevamente el bien común como uno de los valores principales de nuestra población.

“Examinadas las modificaciones que se han hecho a nuestra Constitución, vemos que muchas de ellas han sido inútiles, tan vacías de sentido práctico y tan contradictorias, que admira la ligereza con que se propusieron y la facilidad con que se adoptaron.
Pastor Rouaix”

A cien años de nuestra Constitución, ésta se ha modificado en 686 ocasiones, de las cuales y en los últimos sexenios, la población ha manifestado su rechazo, toda vez que se considera que algunas de las modificaciones han significado un retroceso al espíritu de lo que los artículos originalmente establecían.

Es necesario que los legisladores tomemos en cuenta nuevamente el objetivo que regía antes en el Congreso de la Unión, donde principalmente se perseguía el beneficio de toda la población, más oportunidades, mayor respeto a los derechos humanos, antes garantías individuales, protección de las garantías sociales, derechos y obligaciones de gobernados y gobernantes, que en conjunto den origen al proyecto de un gran país.

Todos los mexicanos merecemos celebrar realmente el origen de nuestra Constitución, con orgullo de ser mexicanos, con orgullo del gobierno que tenemos, pero es tarea de todos hacer bien lo que nos toca, en el lugar en el que nos encontremos, de tal manera que no se permitan, actos de corrupción, extorsiones, robo, violaciones, extracción de menores, tráfico de órganos, trata de personas.
La Constitución de 1917, llamaba a un país con derechos y obligaciones para gobernados y gobernantes y ambos actores han perdido el rumbo y con ello el orden, regresemos al orden y a la toma de decisiones que nos den un país de logros, de oportunidades.

Legitimidad sin orden es anarquía; legalidad sin legitimidad es impustura.”3

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Andrea García García.

1 Jorge Carpizo. (2004). Movimiento, Revolución y Constitución. En La Constitución Mexicana de 1917(1). México: Porrúa.

2 Del Palacio-Díaz, Alejandro. (1991). Eficacia y reformas constitucionales. Nueva Sociedad, 112, 144-151.

3 Del Palacio-Díaz, Alejandro, Ídem.





 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día del Odontólogo”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día del Odontólogo

H. Asamblea

El 9 de febrero se celebra el Día del Odontólogo en México y en otros países en honor a Santa Apolonia, patrona de los dentistas  y de quienes padecen enfermedades dentales.

Apolonia nació en la ciudad de Alejandría en el siglo tercero, en tiempos del emperador Filippo, el árabe quien permitía la práctica libre del cristianismo. Pero su sucesor Decio, desató una persecución contra los cristianos y fueron detenidos varios creyentes, entre ellos Apolonia, a quien torturaron rompiéndole los dientes con piedras y puntas de hierro caliente.

A pesar de dicha tortura y amenazas de echarla a la hoguera, Apolonia permaneció firme en su religión hasta que murió calcinada. La leyenda dice que mientras se consumía en el fuego gritó que los que padecieran de dolor de muelas e invocaran su nombre se librarían del sufrimiento.

Apolonia fue canonizada en el año 249, cuando se representa a Santa Apolonia se muestra como una joven y hermosa virgen, que sostiene en su mano un fórceps con una molar extraída. Otros artistas la describen con un diente dorado colgado de su cuello.

Oficialmente, en Octubre 2013 el pleno de la Cámara de Senadores de México aprobó un dictamen por el que declaró el 9 de febrero de cada año como el Día Nacional del Odontólogo, en reconocimiento de todos los profesionales de la materia que cada día promueven la salud bucal y que con su trabajo evitan enfermedades relacionadas con la falta de higiene bucal, la mala postura de los dientes y otras de carácter más específico como son los tumores en las cavidades bucales.

Nombres como Odontólogo, estomatólogo, dentista, son los que indistintamente se utilizan para hacer referencia al profesional de la salud que se encarga de diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades de la boca, dientes y todas las estructuras de la cavidad oral.

La odontología o estomatología es una de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático, que incluye los dientes, el periodonto, la articulación temporomandibular y el sistema neuromuscular. Y todas las estructuras de la cavidad oral como la lengua, el paladar, la mucosa oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas como los labios, las amígdalas, y la orofaringe.

La salud bucodental, fundamental para gozar de una buena salud y una buena calidad de vida, se puede definir como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial.

En 2013, de acuerdo con la  Organización Mundial de la Salud (OMS):

• 9 de cada 10 personas en todo el mundo presentan riesgo de tener algún tipo de enfermedad bucodental, desde caries hasta enfermedades de las encías.

• 8 de cada 10 mexicanos tiene problemas bucales, desde caries hasta mala oclusión por lo que se hace necesario crear una cultura de higiene bucal desde edades tempranas, visitar periódicamente  al dentista y evitar el exceso de refrescos y alimentos azucarados.

• El 60%-90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo.

• Las caries dentales pueden prevenirse manteniendo de forma constante una baja concentración de fluoruro en la cavidad bucal.

• Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de dientes, afectan a un 15%-20% de los adultos de edad media (35-44 años).

• Alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años no tiene dientes naturales.

• Las dolencias bucodentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos.

• Son factores de riesgo para el padecimiento de enfermedades bucodentales, entre otros, la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la falta de higiene bucodental, aunque existen también diversos determinantes sociales.

Las enfermedades bucales constituyen un problema de salud pública que afecta a toda la población.

Una incorrecta higiene bucodental favorece la proliferación de bacterias, las cuales pueden pasar directamente a la sangre y, con ello, afectar a otros órganos, por eso es  importante el cuidado y la prevención.

En relación a la prevención y tratamiento de enfermedades bucodentales, la OMS indica que pueden reducirse si se llevan a cabo las siguientes medidas:

• La reducción de la ingesta de azúcares y una alimentación bien equilibrada para prevenir la caries dental y la pérdida prematura de dientes.

• El consumo de frutas y verduras protege contra el cáncer de la cavidad bucal.

• Dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol disminuyen el riesgo de cánceres de la cavidad bucal, periodontopatías y pérdida de dientes.

• El uso de equipos eficaces de protección en la práctica de deportes y el uso de vehículos automóviles reduce las lesiones faciales.
• Entornos físicos seguros.

Las actividades del Programa Mundial de Salud Bucodental de la OMS están alineadas con la estrategia de la Organización en materia de prevención de enfermedades crónicas y promoción de la salud. Se confiere especial prioridad a la elaboración de políticas mundiales de promoción de la salud bucodental y prevención de enfermedades de la boca que, entre otras cosas, traten de:

• Instaurar políticas de salud bucodental que permitan avanzar hacia un control eficaz de los riesgos conexos;

• Fomentar la preparación y ejecución de proyectos comunitarios de promoción de la salud bucodental y prevención de enfermedades de la boca, con énfasis especial en las poblaciones pobres y desfavorecidas;

• Alentar a las autoridades sanitarias nacionales a poner en práctica programas eficaces de fluoración para la prevención de la caries dental;

• Promover enfoques basados en los factores de riesgo comunes para prevenir de forma simultánea afecciones bucodentales y otras enfermedades crónicas; y

• Ofrecer apoyo técnico a los países para el fortalecimiento de sus sistemas de atención odontológica y la integración de la salud bucodental dentro de la salud pública.

Sin duda alguna es una labor muy importante la que realizan los odontólogos, es recomendable acudir al dentista cada seis meses y no esperar a que una complicación aparezca, la profilaxis dental es un factor decisivo para prevenir enfermedades, utilizar correcta y diariamente el cepillo dental ayuda significativamente a dicha prevención.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Andrea García García.





 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día de la Fuerza Aérea Mexicana”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana

H. Asamblea:

Fue el 5 de febrero de 1915 que Don Venustiano Carranza primer Jefe del Ejército Constitucionalista, expide en Faros, Veracruz, el acuerdo mediante el cual se creó el Arma de Aviación Militar, al mando del Mayor P. A. Alberto Leopoldo Salinas Carranza.

El 10 de febrero de 1944, la aviación militar adquirió el carácter constitucional de Fuerza Armada, designándose Fuerza Aérea Mexicana, denominación respaldada por la destacada participación de los pilotos mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial.

Desde entonces, cada año se conmemora esta significativa fecha, en la que los guardianes del espacio aéreo nacional refrendan su lealtad al Estado. Sin embargo no fue hasta el 10 de febrero de 1992, cuando por decreto presidencial se establece oficialmente el 10 de febrero de cada año como el día de la Fuerza Aérea Mexicana.

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) la cual este año 2017 cumple CII años de existencia, es una de las dos fuerzas armadas componentes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su objetivo es defender la integridad, independencia y soberanía de México, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y, en casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas, sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

El término Fuerza Aérea Mexicana se refiere a la totalidad del equipo aéreo y al personal que lo asiste, que es utilizado por el Colegio del Aire, la Armada, el Ejército Nacional y el Estado Mayor Presidencial. Al mando supremo de la Fuerza Aérea Mexicana se encuentra el presidente de la República.

La FAM tiene la distinción de haberse empleado en observaciones y combates aéreos desde 1914. Desde que fue reorganizada en 1920, nunca más el gobierno electo fue destituido por la fuerza, pues la FAM contribuyó a sofocar múltiples rebeliones de origen territorial, militar y religioso. La Fuerza Aérea Mexicana también sirvió con distinción durante la Segunda Guerra Mundial en Filipinas y Formosa.

A pesar de que México es un país que no tiene enemigos, la FAM es muy activa ya que ha incrementado el apoyo a la guerra contra el narcotráfico en México. La FAM tiene una adecuada flota aérea militar para cubrir las necesidades del país, contando con aeronaves de combate, aeronaves tácticas, aviones de carga, transporte, entrenamiento, reconocimiento y guerra electrónica.

Adicionalmente, la Fuerza Aérea proporciona auxilio a la población civil en casos de desastres naturales o contingencias varias, transportando víveres y medicamentos entre otros. Un claro ejemplo es el de la inundación de Tabasco y Chiapas de 2007 y el espectacular puente aéreo entre la Ciudad de México y Villahermosa. La FAM también representa a México con ayuda humanitaria a otros países en caso de que la     necesiten.

El emblema principal de la Fuerza Aérea y escarapela en sus aeronaves está conformado por tres triángulos equiláteros invertidos, concéntricos, y con los colores rojo, blanco y verde, del exterior al centro.

Es importante mencionar que en el año 2007 ingresaron la Primera Generación de Mujeres a los diferentes planteles militares de la F.A.M.

Resulta destacable la labor realizada por la Fuerza Aérea Mexicana, desde su creación, se ha encargado de garantizar y salvaguardar la soberanía del espacio aéreo nacional, aunado a ello, las acciones humanitarias, de defensa y seguridad que realizan, dejan claro la razón por la cual esta institución se encuentra ampliamente capacitada para proteger a la nación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 8 de febrero de 2017.

Suscribe

Sen. Andrea García García.





 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina”.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana jueves 9 de febrero a las 11:00 horas, y a sesión solemne ese mismo día a las 12:00 horas, para conmemorar el Centenario de la Promulgación de nuestra Constitución Política.

(Se levantó la sesión a las 15:28 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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