Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 26 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 34



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 15 de Diciembre de 2016

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:20 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 74 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se abre la sesión del jueves 15 de diciembre, correspondiente al primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con veintidós minutos del díamartes trece de diciembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes sesenta y nueveciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del ocho de diciembre de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, el informe de su participación en el “Foro Mexicano de Alto Nivel de Tomadores de Decisión en Política Pública”, que se llevó a cabo en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, del 16 al 18 de noviembre de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizado en la ciudad de Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de noviembre de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, como miembro permanente de la delegación mexicana del Congreso de la Unión ante la Unión Interparlamentaria “UIP”, el Informe de la 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, del 22 al 27 de octubre de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su Informe de Trabajo, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, su informe de actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y,su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, por la que informa de su reunión con integrantes del Consejo Empresarial de Tilapia Mexicana, realizada el 9 de diciembre de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, dos comunicaciones, en relación con los siguientes proyectos de Decreto turnados a la Cámara de Diputados:

1) Por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-P de artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

2) Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Se remitieron a la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos:

1. Rogelio Granguillhome Morfin, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federal de Alemania.- La Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, el viernes 9 de diciembre.

2. José Alfonso Zegbe Camarena, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Islámica de Irán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República Islámica de Afganistán, República Kirguisa, República Islámica de Pakistán, República de Tayikistán y República de Uzbekistán.- La Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el viernes 9 de diciembre.

3. Nathán Wolf Lustbader, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Brunei Darussalam y la República de la Unión de Myanmar.- La Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el viernes 9 de diciembre.

4. Bruno Figueroa Fischer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante República Popular Democrática de Corea y Mongolia.- La Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el viernes 9 de diciembre.

5. José Luis Bernal Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Popular China.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la propuesta de designación de la ciudadana María Teresa Fernández Labardini, como Consejera Independiente del Consejo de Administración de Petróleos   Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Rubén Filemón Flores García, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley     del Instituto Nacional para la    Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y de la Ley  Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se        turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación  Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Justicia; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de regulación y uso de la marihuana.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea.El Presidente de la Mesa Directiva informó que las Comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuestas de modificación al dictamen. Para presentar el Dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia, se integraría al Diario de los Debates. Continuaron en la presentación del dictamen: Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. Para presentar voto particular intervinieron los Senadores: Armando Ríos Piter del PRD; y Mario Delgado Carrillo del PRD. La Presidencia informó que las comisiones dictaminadoras presentaron una propuesta de modificación, la cual fue aceptada por laAsamblea para ser integrada al texto deldictamen.En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT, en contra; Fernando Mayans Canabal del PRD, a favor; Martha Angélica Tagle Martínez, en contra; y María Elena Barrera Tapia del PVEM, a favor.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

Continuaron en la discusión los Senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, en contra; Andrea García García del PAN, a favor; Fidel Demedicis Hidalgo, a favor; Gabriela Cuevas Barron del PAN, a favor; Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor; Raúl Morón Orozco del PRD, a favor; Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Héctor David Flores Ávalos del PAN, a favor; y Roberto Gil Zuarth del PAN, a favor. Para rectificación de hechos hizo uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas del PT. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, se integraría al Diario de los Debates. Asimismo, informó de las reservas dela Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, a los artículos 245 de la Ley General de Salud y 198 del Código Penal Federal. El proyecto de Decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por 98 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 245 de la Ley General de Salud y 198 del Código Penal Federal, las cuales no se admitieron a discusión. Los artículos 245 de la Ley General de Salud y 198 del Código Penal Federal, fueron aprobados en los términos del dictamen, por 83 votos a favor y 12 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de regulación y uso de la marihuana.Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 153 y 154 y se deroga el artículo 151 del Código Penal Federal.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III y IV, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 61, de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I BIS y III del artículo 389 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo segundo del artículo 51 bis 1 y se adiciona el artículo 54 Bis 4 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XV Bis 1 del artículo 3º y se adiciona la fracción XV Bis 1 del artículo 13 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 15 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional de la lucha contra el Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional de la lucha contra el Cáncer Cervicouterino”.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de noviembre de cada año como el “Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XI y XII del artículo 5; se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del artículo 12; y se adiciona la fracción XIII al artículo 5, todas de la Ley de Seguridad Nacional.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de Decreto por el que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de realizar el Crucero de Instrucción “Centenario de la Constitución”, que se llevará a cabo del 5 de febrero al 21 de noviembre de 2017, por los países de Panamá, Estados Unidos de América, España, Italia, Grecia, Egipto, India, Singapur, Filipinas, China, Corea del Sur y Japón.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado 79 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Pronunciamiento)

El Presidente de la Mesa Directiva dio lectura a un pronunciamiento entorno a la agresión que sufrió la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Para referirse al tema, intervinieron las Senadoras: María Elena Barrera Tapia del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Sonia Mendoza Díaz del PAN; Layda Sansores San Román del PT; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Martha Palafox Gutiérrez del PT; y Martha Angélica Tagle Martínez.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio paso a la entrega de reconocimientos a los deportistas mexicanos que obtuvieron presea en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.- De conformidad con el Acuerdo aprobado el pasado 6 de diciembre, intervinieron los Senadores: Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte; y Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. La Mesa Directiva realizó la entrega de reconocimientos.

(Tomas de Protesta)

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana Laura Guadalupe Herrera Guajardo como Senadora de la República.

 

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, sobre el fallecimiento del Maestro Rafael Tovar y de Teresa, Secretario de Cultura.-Se guardó un minuto de silencio en memoria del Maestro Rafael Tovar y de Teresa.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicito un minuto de silencio en memoria de la Señora Carmen Hinojosa González, madre de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa y del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para realizar sesión solemne el 5 de febrero de 2017 en el “Teatro de la República”, ubicado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. A partir de la aprobación del Acuerdo, la Mesa Directiva presentó al pleno un proyecto de Decreto para declarar al “Teatro de la República” como recinto oficial del Senado para la ceremonia. Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado 79 votos a favor.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.- La Mesa Directiva informó que para la presentación de éste y los dos siguientes dictámenes de reforma constitucional, los presidentes de las comisiones dictaminadoras harían uso de la palabra de manera continua, intervinieron los Senadores: Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien presentó el dictamen en materia de justicia cotidiana; Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia, quien presentó el dictamen en materia de autonomía de los órganos administrativos y  jurisdiccionales electorales locales; y Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, quien presentó el dictamen en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. La  Presidencia informó que el texto de la intervención del Senador Jorge Aréchiga Ávila, se integraría al Diario de los Debates. En la discusión en lo general del dictamen de reforma constitucional, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil; intervinieron los Senadores: David Monreal Ávila del PT, en contra, quien se refirió a los tres dictámenes; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor, quien se refirió a los tres dictámenes; Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor, quien se refirió al de mecanismos alternativos y al de justicia cotidiana; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; quien se refirió a los tres dictámenes; y Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor, quien se refirió a los tres dictámenes. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 91 votos a favor y 5 en contra.Se remitió a los congresos de las Entidades Federativas, para los efectos del artículo 135 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos a favor y 6en contra.Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos 8º y 9º al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus trabajadores.-El Presidente de la Mesa Directiva informó que las Comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuesta de modificación al artículo Tercero Transitorio del dictamen, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al proyecto de Decreto.Asimismo, informó de las reservas de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, a los artículos 116 y Segundo Transitorio del proyecto de Decreto. El proyecto de Decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por 88 votos a favor y 5 en contra. La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 116 y Segundo Transitorio del proyecto de Decreto, las cuales no se admitieron a discusión. Los artículos 116 y Segundo Transitorio del proyecto de Decreto fueron aprobados en los términos del dictamen, por 75 votos a favor y 6 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos 8º y 9º al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus trabajadores.Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes que proponen ratificar diversos nombramientos:

1. Delas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y concurrente ante la República de Angola, la República de Benin, Burkina Faso, la República de Camerún, la República del Congo, la República Gabonesa, la República de Guinea Ecuatorial, la República de Guinea, la República de Níger y la República Togolesa.

2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Nathan Wolf Lustbader, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, ante Brunei Darussalam y la República de la Unión de Myanmar.

3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de Arabia Saudita, concurrente ante el Reino de Bahrein, el Sultanato de Omán y la República del Yemen.

4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana Francisca Elizabeth Méndez Escobar, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos ante los Emiratos Árabes Unidos, concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Iraq.

5. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Alfonso Zegbe Camarena, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Islámica de Irán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Islámica de Afganistán, la República Kirguisa, la República Islámica de Pakistán, la República de Tayikistán y la República de Uzbekistán.

6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Bruno Figueroa Fischer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Mongolia y la República Popular Democrática de Corea.

7. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Luis Roberto Zapata Barradas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Organización Mundial de Comercio, con sede en Ginebra, Suiza, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes.

8. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como Representante Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, así como Gobernadora ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con sede en Roma, Italia.

La Asamblea autorizó que la discusión de los ocho dictámenes se realizara en forma conjunta. Para presentar los dictámenes intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien se refirió al conjunto de dictámenes; y Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, quien presentó los dictámenes de la región Asia-Pacífico. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones delos Senadores Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, África; Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y David Monreal Ávila, se integrarían al Diario de los Debates. La Asamblea autorizó la votación nominal en conjunto de los ocho dictámenes, en un solo acto, los cuales fueron aprobados por 85votos a favor. Los embajadores rindieron su protesta de ley.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se da por concluido el procedimiento para ocupar el cargo de Magistrados Electorales Locales para el estado de Aguascalientes, respecto de la convocatoria pública del 21 de agosto de 2015.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral del estado de Aguascalientes.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales en Materia Electoral en los estados de Hidalgo y Querétaro.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó que la Mesa Directiva, en su reunión del día de hoy, autorizó el retiro del proyecto de reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal, presentado el 27 de enero de 2016.-El retiro se autorizó en términos de lo que establece el artículo 165 del Reglamento del Senado.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 9 bis y reforma la fracción II del artículo 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 51; la fracción XIII del artículo 133 y la fracción VI del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto que modifica el artículo 72 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 2 y se adiciona un artículo 10 Bis a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, en materia de cannabis.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en lo referente a las sesiones de la Junta de Coordinación Política, la emisión de libros blancos y la no dispensa de trámites durante la discusión de reformas constitucionales.- Se turnóa las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en lo referente a la presentación y difusión de informes de viajes y visitas de las y los senadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho constitucional al resarcimiento.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce al Gobierno Federal por el alcance de las licitaciones Ronda Uno y los resultados obtenidos por la instrumentación de la reforma energética.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a considerar en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 las obras etiquetadas en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y en ampliaciones para proyectos de desarrollo regional, descritas en el anexo 20.2 y 20.3 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo los procedimientos administrativos y financieros correspondientes a efecto de suscribir el Convenio ante las autoridades federales para la asignación de recursos para la construcción de una clínica de hemodiálisis en el municipio de Amaxac, Tlaxcala, mismo que se encuentra aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, dentro del Ramo 23, bajo el rubro de Programas Regionales.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias estatales encargadas de la materia medio ambiental a diseñar una estrategia anual de recolección y reciclado de árboles de navidad.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a rendir un informe sobre el cumplimiento, seguimiento y respuesta de las recomendaciones 65/2013 y 42/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial o autorice que una comisión ordinaria, en un plazo mínimo, analice y se le proporcionen los elementos jurídicos, técnicos y económicos para que se definan y, en su caso, se comprueben y revisen los límites territoriales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar el grado de toxicidad que generó el derrame ocurrido en el río Álamos, municipio de San Juan Sabinas, Coahuila.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los altos funcionarios del Estado Mexicano a renunciar a las excesivas gratificaciones que reciben con motivo del fin de año.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al Día Internacional contra la Corrupción.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a Petróleos Mexicanos y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a reforzar las acciones de prevención, combate y persecución del delito de robo de hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una campaña de prevención en relación a los fraudes de los sistemas financieros no sostenibles conocidos como “Flor de la Abundancia,” así como de cualquier otro sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de mercado y que no cuentan con la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a hacer frente al recorte al sector cultural con un gasto público austero, invirtiendo lo menor posible en gasto corriente y evitando gastos suntuosos como los realizados en el mes de abril del presente año, en que se adquirió un boleto de avión por más de 125 mil pesos por un viaje a Madrid, España.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que dentro del “Modelo Educativo 2016” se incorpore de forma integral la generación de conciencia medioambiental y ecológica mediante la enseñanza de los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación de medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a diseñar una estrategia de fortalecimiento de la inspección y vigilancia dirigida a las regiones con mayores índices de pesca ilegal en el país, como el Golfo de California.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a incrementar el número de traducciones oficiales del himno nacional a lenguas indígenas.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona y del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe sobre el estado que guarda la aplicación, avances y resultados obtenidos, respecto a la ampliación de la cobertura de la Cruzada Nacional Contra el Hambre a todos los municipios del estado de Morelos.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce al Gobierno Federal por la creación de las cuatro nuevas áreas naturales protegidas y cinco zonas de salvaguarda, así como por las acciones en materia de desarrollo sustentable para proteger y conservar la biodiversidad de México.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a analizar la viabilidad de posponer el incremento en las tarifas de peaje de las carreteras y autopistas a su cargo, vigentes desde el 30 de noviembre de 2016.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a reforzar las acciones institucionales para la atención, prevención y erradicación de toda forma de violencia en contra de este sector de la población, a fin de salvaguardar sus derechos y propiciar un entorno adecuado para su desarrollo integral.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una investigación para analizar presuntas irregularidades en la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia durante el período 2006-2012.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo la fiscalización, evaluación y control de gestión del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, dependiente de la Secretaría de Salud del gobierno capitalino, sobre el que pesan denuncias por presuntos actos de corrupción en su operación y atención hacia la población.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

(Efemérides)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Cobertura Universal de Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, remitió efeméride sobre el Día de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Cobertura Universal de la Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con dieciocho minutos y citó a la siguiente el jueves quince de diciembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones.

Una, del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PRD, por la que informa de la reunión que sostuvo con el licenciado Gustavo Adolfo Almaraz Montaño, del Grupo Estrategia Política, A.C., en relación con el proyecto de Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteo.








Cuatro, del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, con las que remite:

Su informe de trabajo legislativo correspondiente al primer año de ejercicio de la actual Legislatura y su cuarto informe de labores como Senador de la República.



Y los informes de sus participaciones en:

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizado en Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de noviembre del año en curso.



El Foro de “El Clima está cambiando. La Alimentación y la Agricultura también” del Parlamento Latinoamericano, celebrado el 14 de octubre de 2016, en Panamá, Panamá.



Y el Encuentro Anual sobre Cambio Climático “Acción Parlamentaria para frenar el Cambio Climático” del Parlamento Latinoamericano, celebrado del 3 al 5 de agosto pasado en Panamá, Panamá.








Una, de la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en el Seminario Regional para los Parlamentos de América Latina y El Caribe, “El Rol de los Parlamentos” y en la XXXII Asamblea del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrados los días 1 y 2 de diciembre de 2016, en Panamá, Panamá.








Una, de la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la 12ª Reunión Anual del Foro Mundial de Mujeres, celebrado los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre del año curso, en Deauville, Francia.








Una, del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite su informe de actividades legislativas, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








Una, de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, con la que remite su respectivo informe de actividades del primer año de ejercicio y su programa de trabajo para el segundo año de ejercicio, todos de esta Legislatura.








Una, de la Comisión de Defensa Nacional, con la que remite su respectivo informe de actividades del primer año de ejercicio y su programa de trabajo para el segundo año de ejercicio, todos de esta Legislatura.








Una, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la que remite su respectivo informe de actividades del primer año de ejercicio y su programa de trabajo para el segundo año de ejercicio, todos de esta Legislatura.








Asimismo, recibimos comunicaciones de la Comisión de Relación Exteriores, Europa, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la actual Legislatura.








Y de la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la actual Legislatura.








También recibimos una comunicación de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la XXXII Asamblea General del Parlamento Latinoamericano, celebrada del 1º al 3 de diciembre del año en curso; y en un seminario semipresencial dirigido a los asesores de los Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y El Caribe, celebrado el 5 de diciembre de este año.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada de todos los informes.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, nos hizo llegar una comunicación en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La suscrita, Rosa Adriana Díaz Lizama, Senadora de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, numeral 1, inciso c) y 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia, remita solicitud de excitativa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que emita atenta excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales con la finalidad de que dictamine la Iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 29 de septiembre de 2016, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó Iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La referida Iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Desde hace varias legislaturas se ha propuesto la reducción del número de legisladores federales en nuestro país, entre los principales argumentos en favor de la reducción se establece: la necesidad de mejorar la eficacia del poder legislativo, a través de la reducción de costos de transacción o concertación de acuerdos y de representación, mediante la reducción del número de representantes y la posible mejora de calidad de los elegidos.

La reducción de legisladores federales favorecería un mejor funcionamiento de las tareas parlamentarias y traería un ahorro económico significativo.

La composición actual del Poder Legislativos está integrada por la Cámara de Diputados que cuenta con 300 diputados electos de distritos electorales uninominales y 200 diputados electos por el principio de representación proporcional y la Cámara de Senadores, integrada por 128 que resultan de la primera mayoría (32), la segunda mayoría (64) y el principio de representación proporcional (32).

Desde 1986 que se reformó la Constitución para incluir el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados y en 1993 se reformó para incrementar el número de Senadores a 128, la conformación del Poder Legislativo no ha sido modificada.

Los argumentos esgrimidos para aumentar el número de legisladores federales señalaban que el principio de representación proporcional, lograría la participación equilibrada de las minorías, preservaría su identidad y su derecho a integrar la representación nacional y evitar los excesos de un sistema mayoritario puro.

La inclusión del principio de representación proporcional en la integración de legisladores en el Senado, incrementó el número de integrantes para mejorar la correspondencia del número de integrantes de la Cámara de Diputados, así como para facilitar una integración pluralista y transformar la hegemonía de las mayorías que predominaban entonces en el Senado.

Hoy en día se considera que las reformas propuestas en 1986 y 1993, han cumplido su cometido, y por tanto es importante reducir el número de legisladores para mejorar la eficiencia del Poder Legislativo, sin afectar el actual esquema de integración.

Por último, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, difundió una investigación dónde se afirmaba que aproximadamente un 59% de la ciudadanía encuestada se inclinaba por señalar que el número de legisladores debería disminuir, y atendiendo a la citada encuesta, se pudieron extraer cuatro posturas diferentes sobre los ciudadanos que optan sobre la reducción en el número de legisladores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Las citadas posturas concluyen: 1. La ciudadanía considera que es muy costoso tener un Congreso integrado por tantos diputados y senadores. 2. Debido al alto número de integrantes en las cámaras, resulta difícil que los legisladores logren ponerse de acuerdo sobre el trabajo a realizar. 3. Al ser muchos individuos los que integran las Cámaras, los ciudadanos opinan que siempre existen algunos muy malos que echan a perder el trabajo realizado por los demás. 4. Por último, los ciudadanos consideran que el trabajo de los legisladores resulta irrelevante para la población mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, Señor Presidente, le solicito de la manera más atenta dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

Único.- En los términos de lo dispuesto por los artículos 66, numeral 1, inciso c) y 67 numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente remita solicitud de excitativa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que emita atenta excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales con la finalidad de que dictamine la Iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 15 de diciembre de 2016.

Sen. Rosa Ariana Díaz Lizama.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Recibimos un oficio de la Secretaría de Gobernación, con la propuesta de designación del ciudadano José Gerardo Quijano León, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo periodo comprendido del 1º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS
DE CONCURSOS MERCANTILES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Recibimos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su informe semestral de labores, correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de noviembre de 2016.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Recibimos de la Cámara de Diputados, las siguientes minutas proyectos de Decreto:

Por el que se reforma el artículo 420 del Código Penal Federal y se adiciona el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.








Y por el que se reforman los artículos 420 y 422 del Código Penal Federal.



El Presidente Senador Pablo Escudero: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






CONTRALORÍA INTERNA

Tenemos la discusión del Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoria del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 2016, a efecto de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 2016. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobados los informes. En consecuencia, túrnese a la Auditoría Superior de la Federación el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio de 2016.






JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Recibimos de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo que propone la integración del Senador Roberto Gil Zuarth, a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Dicho Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria, y se encuentra a discusión. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo referido. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría de ellos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta señor Presidente.

Uno, de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la minuta proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Senadores integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 136 y 137, del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 168, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión realizó el análisis de esta minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la iniciativa, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

En el capítulo de “II.- Contenido de la Minuta”, se hace una descripción de la propuesta jurídica de la minuta sometida ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo denominado "III.- Consideraciones de las Comisiones Unidas", los integrantes de las comisiones dictaminadoras realizan una valoración de la minuta con base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.

I.- Antecedentes Generales

1.- El 17 de noviembre de 1997, la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura presentó una iniciativa que le permitiera al Congreso contar con una estación televisiva. El 29 de enero de 1998, la misma Comisión creó una subcomisión técnica para fundar el Canal Legislativo

2.- Entre el 17 y el 24 de marzo de 1998, el Congreso de la Unión designó una Comisión plural integrada por tres representantes de las principales fuerzas políticas de cada una de las Cámaras, denominada “Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, para normar las actividades del Canal, relacionadas con los contenidos, operación, planeación y administración.

3.- El 18 de marzo de 1998, se transmitieron las primeras sesiones de ambas Cámaras, como producto del impulso del Legislativo y el acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec) -17 de marzo de 1998-, con el cual ese organismo empresarial se comprometió a transmitir la señal del canal del congreso, a través de un segmento satelital, propiedad de pctv/sectec para uso exclusivo del Congreso en forma gratuita durante las 24 horas. Posteriormente, el legislativo reformaría la ley orgánica del congreso general el 31 de agosto de 1999, donde se registró la existencia del Canal del Congreso.

4.- El 10 de marzo de 2010, la Comisión Federal de Telecomunicaciones entregó al Congreso de la Unión el permiso para transmitir en televisión abierta digital terrestre, la programación del canal del congreso, en el Valle de México (canal 45 xhhcu).

5.- A partir de marzo de 2009, inició transmisiones a través de la telefonía móvil con tecnología 3G. En julio de 2009, había incursionado en la red de YouTube, donde creó un canal para colocar videos de series y programas, sesiones del Congreso, reuniones, avances informativos y resúmenes en lengua de señas mexicanas.

6.- Desde marzo de 2011, quedó establecida la plataforma en Facebook, a través de la cuenta com/canaldelcongreso.mexico, donde difunde la señal en línea, breves informativas de Noticias del Congreso, la programación del día y videos publicados en el canal de Youtube o su Portal www.canaldelcongreso.gob.mx, el cual se encuentra registrado como el principal referente de las actividades legislativas en los principales buscadores de la web.

7.- El 11 de junio de 2013, se publicó la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, en donde en su artículo Décimo transitorio del Decreto, establecía que: “Los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión, deberán contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, éticas y culturales”.

8.- El 5 de mayo de 2016, el Pleno del IFT resolvió autorizar la transición de diversos permisos de radiodifusión al régimen de concesión, como lo establece la ley vigente; en el caso del Canal del Congreso para prestar el servicio público de televisión radiodifundida digital, derivado de lo cual se tienen seis meses para hacer las adecuaciones legales necesarias para cumplir los mandatos de la Constitución y las leyes secundarias para los medios de comunicación de servicio público.

9.- Con fecha 3 de agosto de 2016, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,el Senador Roberto Gil Zuarthy el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, respectivamente, así como los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jesús Casillas Romero, Alejandro Encinas Rodríguez; y los Diputados Tristán Canales Najjar, Martha Cristina Jiménez Márquez y Armando Soto Espino, integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, integrantes todos de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnándose en esa misma fecha por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a estas comisiones unidas para su análisis y elaboración del correspondiente dictamen.

10.- El 23 de agosto de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregó al Canal del Congreso el título de concesión para operar el canal 45 de televisión abierta, así como una concesión única de uso público con una vigencia de 30 años, derivado de lo cual, como medio público, el Canal del Congreso deberá tener independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidad ideológica, étnica y cultural, todo ello en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrega del mencionado título de concesión.

11.- El 29 de septiembre de 2016, durante la sesión ordinaria celebrada en esa fecha, fue aprobada la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del artículo 72 constitucional.

12.- El 17 de noviembre de 2016, durante la sesión ordinaria celebrada en esa fecha, se sometió a votación ante el pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen de la minuta con proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por los integrantes de la Comisión de la Reglamentos y Prácticas Parlamentaria.

13.- En sesión ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2016, la Cámara de Senadores recibió la minuta con proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos del artículo 72 constitucional inciso e) y, en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la misma a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos Segunda.

II.- Contenido de la Minuta

La minuta tiene por objeto fortalecer el estatuto jurídico del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a fin de que cumpla con los estándares constitucionales establecidos de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas de trasparencia, opciones de financiamiento y pleno acceso a las tecnologías. Dotando al Canal del Congreso de un marco jurídico acorde a su operación para realizar la más amplia difusión de las tareas del Congreso y las actividades de interés público que promuevan la cultura democrática y los valores nacionales.

La colegisladora en sus considerandos hace referencia que los trabajos que realiza el Canal del Congreso deban planearse y proyectarse de manera integral a efecto de ejecutarse de manera coordinada y oportuna a través de un impulso que tenga como base la adecuación de un modelo administrativo hacia nueva gestión pública, es decir, hacia una desconcentración de funciones que permita prestar un servicio de forma regular, continuo, uniforme e implementado por una mejor planeación, organización, control y rendición de cuentas de los recursos asignados.

Asimismo, la colegisladora considera que las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión se han convertido en un instrumento fundamental para la participación democrática, la inclusión social y con ello, se vuelven detonantes del crecimiento económico. Así, las telecomunicaciones se convierten en un valioso instrumento porque nos permite interactuar de manera ágil y oportuna con nuestro entorno y con el mundo, facilitando el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Estas herramientas son vitales al potenciar el desarrollo que impacta de manera favorable en el aumento de la productividad, la competitividad y la educación, así como en la seguridad, el conocimiento, la difusión de ideas y la cultura convirtiéndose en un verdadero soporte de cohesión social y gobernanza democrática.

Además, argumenta la codictaminadora, que el desarrollo actual de la sociedad global del conocimiento y de la información, se caracterizan por la convergencia acelerada entre las tecnologías de la información, los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión; por ello el tema de la difusión y esquema organizacional de las concesiones que tienen a su cargo esta importante labor social, ha venido abriendo espacios de mayor relevancia en las agendas de los gobiernes. Como dato, el Banco Mundial ha señalado que si la penetración de servicios como la denominada banda ancha y las telecomunicaciones en términos informativos aumentan en 10%, su efecto directo en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) podría llegar a ser hasta de un 1.38 puntos porcentuales, de ahí la necesidad de que en las agendas públicas se establezcan los mecanismos para que las señales de telecomunicación lleguen a la mayor cobertura posible, que las audiencias no solamente cuenten con alternativas de entretenimiento sino de información, con calidad y en donde los Poderes de la Unión también participen como entes activos e informen de las actividades que en éste se realizan.

Por otro lado señala la colegisladora que, el objeto de creación del Canal del Congreso, es aprovechar un espacio del espectro radioeléctrico en una amplia red de telecomunicaciones, así como con los recursos presupuestados al Congreso de la Unión, y con ello la generación de transparencia en la rendición de cuentas en tiempo real del quehacer legislativo a través de su propio canal, en el que se dará cuenta de las actividades parlamentarias con transmisiones en vivo de las sesiones de ambas Cámaras, así como los debates parlamentarios y las votaciones, además de las reuniones de Comisiones, Comités, Comparecencias y otras actividades como Foros, Talleres, Seminarios o encuentras parlamentarios, y en general el desarrollo de todo un contenido informativo en el que se diera puntual cuenta a las audiencias del trabajo parlamentario, no solo en un ánimo de promover y destacar el trabajo de las y los legisladores sino también, incorporando al Canal del Congreso a la diversa gama de posibilidades para que la ciudadanía tenga elementos de valoración al momento de medir y calificar objetivamente el trabajo de sus legisladores.

La colegisladora consideró que con el establecimiento de su régimen interno, el Canal del Congreso servirán de base permanente para que las y los mexicanos conozcan la manera en que son discutidos los asuntos más importantes del país, pues se deja testimonio en la memoria colectiva de quienes sintonizan sus transmisiones, de los argumentos y posiciones de los legisladores en diversos momentos de su desempeño, aunado al hecho de que para el común de la gente es complejo conocer presencialmente y visitar una de las Cámaras, por lo que se accede a ellas con solo sintonizar el Canal; motivos entre otros por lo que el Canal fue convirtiéndose no solo en el espacio de excelencia de difusión y del quehacer parlamentario diario, sino también en una herramienta de fiscalización y de cultura de la rendición de cuentas que debe existir en todo régimen de Parlamento Abierto y democrático.

Asimismo, la colegisladora manifestó que se realizaron reuniones técnicas de debate y estudio parlamentario a cargo de la Presidencia y la Secretaría Técnica de esta Comisión, con los diversos actores interesados en el desarrollo del proceso legislativo del Proyecto de Decreto en revisión, en las cuales se dio la apertura a las opiniones y comentarios de manera abierta y bajo las reglas que cimientan las bases de un procedimiento transparente en una Cámara que evoluciona al incluir en sus procesos los preceptos del Parlamento Abierto.

Por lo último, la Colegisladora consideró prudente modificar diversas disposiciones del Proyecto de decreto emitido por esta dictaminadora; proponiendo el decreto siguiente:

“MINUTA
PROYECTO DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 140.

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con un órgano denominado "Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos", el cual funcionará con base en los permisos y las autorizaciones que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables.

2. El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto, reseñar y difundir, a través de las distintas plataformas de comunicación y canales de programación, la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculados con la difusión de la cultura democrática y los valores nacionales.

3. El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos gozará de autonomía técnica y de gestión para la consecución de su objeto.

El Canal se sujetará a lo previsto en esta Ley, el Reglamento del Canal, por los lineamientos administrativos, políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral.

4. Para la realización de su objeto, el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos contará con el presupuesto que cada Cámara le haya asignado y que será acorde a las necesidades del Canal, para asegurar la transmisión y la calidad de los contenidos.

Dichos recursos deberán ser aportados por cada Cámara en los términos que se determinen en el anexo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Poder Legislativo, y deberán ser ejercidos de manera integral para el funcionamiento del Canal.

ARTICULO 141.

1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

3. En las reuniones de la Comisión que se discutan temas de contrataciones, adquisiciones y licitaciones que lleve a cabo el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberán estar presentes, con voz pero sin voto, el Secretario General de la Cámara de Diputados y el Secretario General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores.

4. La Comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Para el mejor desempeño de las labores propias del Canal, este contará con una Comisión Bicamaral, una Dirección General, un Consejo Consultivo, así como de un Defensor de Audiencia, los dos últimos de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

6. Cualquier legislador de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión podrá solicitar al responsable del Canal copia del material videográfico transmitido a través del mismo.

7. La organización y funcionamiento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral.

8. En ejercicio de las facultades delegatorias para la representación de las Cámaras previstas en esta Ley, los presidentes de ambas Cámaras otorgarán un poder especial para actos de administración, pleitos y cobranzas, en favor del titular de la Dirección General del Canal para llevar a cabo las contrataciones, adquisiciones y licitaciones de equipo y de servicios que realice el Canal, en apego a los lineamientos administrativos emitidos para tal efecto por la Comisión Bicamaral.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se contará con un periodo de 90 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para la elaboración de los lineamientos generales de administración por parte de la Comisión Bicamaral del Canal, mismos que serán aplicables para ambas Cámaras.

Tercero. Las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en ejercicio de las facultades que les concede la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados-Unidos Mexicanos, harán las previsiones presupuesta les para asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente Decreto.

Cuarto. Las unidades de administración de ambas Cámaras deberán realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la creación de un programa presupuestario en el Ramo Autónomo 01 Poder Legislativo, para la difusión de las actividades legislativas a cargo del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; que tenga por objeto ser la fuente de recursos financieros para el desarrollo y operación del Canal, así como para acreditar su capacidad financiera.

Quinto. Los servidores públicos que laboran en el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, preservan sus derechos y la vigencia de sus nombramientos, cargos y responsabilidades.

Sexto. Queda sin efecto todo aquello que se oponga a lo dispuesto al presente Decreto.”

III.- Consideraciones de las Comisiones Unidas

PRIMERA.- Como ya se ha mencionado en otros dictámenes, conforme alartículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una obligación del Estado Mexicano garantizar que toda persona cualquiera sea su raza, género, color de piel, idioma, posición social o económica, o su condición física, mental o sexual, tenga acceso a la información, toda vez que es considerado como un derecho humano. Asimismo en dicho artículo reconoce que la información deberá ser canalizada "por cualquier medio".

El trabajo parlamentario que realizan los diputados y senadores en el Congreso de la Unión, se ha podido difundir mediante el Canal de Congreso; lo cual ha favorecido la formación de una imagen positiva de los diputados y senadores dentro de amplios sectores de la sociedad mexicana, además de que dichos medios han contribuido a desvirtuar el trabajo parlamentario y, en general, al desprestigio de la institución legislativa, ya que anteriormente el Congreso de la Unión se distinguía por ser una institución cerrada sobre sí misma, inaccesible al ciudadano común, esencialmente opaca, que sólo rendía cuentas al Presidente.

Dicho lo anterior, se puede afirmar que, el Canal del Congreso ha contribuido al desarrollo democrático de nuestro país lográndose con los trabajos que realiza (aún y con sus deficiencias operativas), el acceso ciudadano a información de primera mano sobre el trabajo legislativo que tiene lugar en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como su aportación a la transparencia de la activada parlamentaria.

SEGUNDA.- Ahora bien, el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es un medio de comunicación del Estado, de servicio público, con presupuesto, organización, infraestructura técnica y personal, dependiente del Poder Legislativo, y conforme al Reglamento que regula al Canal de Congreso tiene cierta autonomía, conforme a diversos Acuerdos aprobados por la Comisión Bicamaral; sin embargo, el Canal del Congreso ha venido desempeñando su actividad con ciertas limitaciones en razón a su diseño administrativo, lo cual obstaculiza sus objetivos.

Por lo cual, esta dictaminadora y la colegisladora han determinado que es de suma importancia se modifique el marco jurídico actual que rige a dicho Canal, implementando un modelo administrativo hacia una desconcentración de funciones que permita prestar un servicio de forma regular, continúo, uniforme implementando por una mejor planeación y organización, control y rendición de cuentas de los recursos asignados.

Derivado de lo anterior, ambas cámaras concuerdan en que dichas dificultades operativas que hoy afronta el Canal serán superadas dotando al Canal del Congreso de autonomía técnica y de gestión para ejercer las facultades que le serán delegadas, las cuales están evocadas a realizar la más amplia difusión de la actividad legislativa del Congreso de la Unión, y actividades de interés público que promuevan la cultura democrática y los valores nacionales.

TERCERA.- Esta dictaminadora determinó, con base en la iniciativa presentada por nuestros compañeros Senadores y el dictamen emitido por la codictaminadora, que, el Canal del Congreso es una difusora pública, cuya programación televisiva no tiene una finalidad de lucro, que sus objetivos inciden en la formación de una sociedad más informada y crítica, por lo que se considera necesario dotar de un nuevo marco normativo, claro y adecuado, congruente con las tareas que debe desarrollar dicho Canal que es velar por el buen desarrollo y funcionamiento del canal de televisivo del Congreso de la Unión.

El trabajo que a diario realiza este medio público es sumamente relevante, porque el ejercicio de la ciudadanía y la puesta en práctica de los principios de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser posibles si los individuos no poseen información. De ahí que, como señala Bernardo Díaz, “es en el campo de la información donde la televisión pública adquiere hoy una posición de referencia y utilidad social” (Díaz, 2010). Además, el Canal del Congreso ha permitido establecer una nueva relación entre ciudadanos y representantes políticos, más simétrica y democrática, en la que es posible tener acceso al trabajo que estos últimos realizan en el Congreso de la Unión.

Y, para que dichos fines se lleven a cabo, la colegisladora consideró procedente modificar la propuesta enviada por esta dictaminadora. A fin de hacer más ilustrativo en qué consiste dicha propuesta, se presenta el cuadro comparativo siguiente:

Texto Dictamen
Cámara de Senadores

Texto Dictamen Propuesta
Cámara de Diputados

ARTICULO 140.

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con un órgano denominado "Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos", el cual funcionará con base en los permisos y las autorizaciones que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables.

2. El Canal de Televisión de! Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto, reseñar y difundir, a través de las distintas plataformas de comunicación y canales de programación, la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculados con la difusión de la cultura democrática y los valores nacionales.

3. El Cana| de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos gozará de autonomía técnica y de gestión para la consecución de su objeto, mismas que son dictadas por esta Ley, el Reglamento del Canal, los lineamientos administrativos, políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe y emita la Comisión Bicamaral.

 

4. Para la realización de su objeto, el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos contará con el presupuesto que cada Cámara le haya asignado y que será acorde a las necesidades del Canal, para asegurar la transmisión y la calidad de los contenidos.

Dichos recursos deberán ser determinados por cada Cámara como un anexo del Decreto de! Presupuesto de Egresos de la Federación asignados al Poder Legislativo, y deberán ser entregados de manera directa e integral al funcionamiento del Canal, para ser ejercidos en su calidad de Unidad Responsable Ejecutora del Gasto Público Federal.

ARTICULO 140.

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con un órgano denominado "Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos", el cual funcionará con base en los permisos y las autorizaciones que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables.

2. El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto, reseñar y difundir, a través de las distintas plataformas de comunicación y canales de programación, la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculados con la difusión de la cultura democrática y los valores nacionales.

3. El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos gozará de autonomía técnica y de gestión para la consecución de su objeto.

El Canal se sujetará a lo previsto en esta Ley, el Reglamento del Canal, por los lineamientos administrativos, políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral.

4. Para la realización de su objeto, el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos contará con el presupuesto que cada Cámara le haya asignado y que será acorde a las necesidades del Canal, para asegurar la transmisión y la calidad de los contenidos.

Dichos recursos deberán ser aportados por cada Cámara en los términos que se determinen en el anexo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Poder Legislativo, y deberán ser ejercidos de manera integral para el funcionamiento del Canal.

ARTICULO 141.

1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

3. En las reuniones de la Comisión que se discutan temas de contrataciones, adquisiciones y licitaciones que lleve a cabo el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberán estar presentes, con voz pero sin voto, el Secretario General de la Cámara de Diputados y el Secretario General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores.

4. La Comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Para el mejor desempeño de las labores propias del Canal, este contará con una Comisión Bicamaral, una Dirección General, un Consejo Consultivo, así como de un Defensor de Audiencia, los dos últimos de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

6. Cualquier legislador de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión podrá solicitar al responsable del Canal copia del material videográfico transmitido a través del mismo.

7. La organización y funcionamiento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral.

8. En ejercicio de las facultades delegatorias para la representación de las Cámaras previstas en esta Ley, los presidentes de ambas Cámaras otorgarán un poder especial para actos de administración, pleitos y cobranzas, en favor del titular de la Dirección General del Canal para llevar a cabo las contrataciones, adquisiciones y licitaciones de equipo y de servicios que realice el Canal, en apego a los lineamientos administrativos emitidos para tal efecto por la Comisión Bicamaral.

ARTICULO 141.

1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

3. En las reuniones de la Comisión que se discutan temas de contrataciones, adquisiciones y licitaciones que lleve a cabo el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberán estar presentes, con voz pero sin voto, el Secretario General de la Cámara de Diputados y el Secretario General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores.

4. La Comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Para el mejor desempeño de las labores propias del Canal, este contará con una Comisión Bicamaral, una Dirección General, un Consejo Consultivo, así como de un Defensor de Audiencia, los dos últimos de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

6. Cualquier legislador de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión podrá solicitar al responsable del Canal copia del material videográfico transmitido a través del mismo.

7. La organización y funcionamiento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral.

8. En ejercicio de las facultades delegatorias para la representación de las Cámaras previstas en esta Ley, los presidentes de ambas Cámaras otorgarán un poder especial para actos de administración, pleitos y cobranzas, en favor del titular de la Dirección General del Canal para llevar a cabo las contrataciones, adquisiciones y licitaciones de equipo y de servicios que realice el Canal, en apego a los lineamientos administrativos emitidos para tal efecto por la Comisión Bicamaral.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se contará con un periodo de 90 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de ¡a Federación, para la elaboración de los lineamientos de administración por parte de la Comisión Bicamaral del Canal, mismos que serán de aplicación bicamaral respecto a las contrataciones, adquisiciones y licitaciones de equipo y otros servicios que requiera el Canal.

Tercero. Las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en • ejercicio de las facultades que les concede la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, harán las previsiones presupuéstales para asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente Decreto.

Cuarto. Una vez publicado el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, las áreas administrativas competentes de cada Cámara deberán gestionar y tramitar, de inmediato, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todo lo relativo a la constitución del Canal como Unidad Responsable Ejecutora de Gasto Público Federal.

 

 


Quinto. Los servidores públicos que laboran en el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, preservan sus derechos y la vigencia de sus nombramientos, cargos y responsabilidades.

Sexto. Queda sin efecto todo aquello que se oponga a lo dispuesto al presente Decreto.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se contará con un periodo de 90 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para la elaboración de los lineamientos generales de administración por parte de la Comisión Bicamaral del Canal, mismos que serán aplicables para ambas Cámaras.

 

Tercero. Las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en ejercicio de las facultades que les concede la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados-Unidos Mexicanos, harán las previsiones presupuesta les para asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente Decreto.

Cuarto. Las unidades de administración de ambas Cámaras deberán realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la creación de un programa presupuestario en el Ramo Autónomo 01 Poder Legislativo, para la difusión de las actividades legislativas a cargo del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; que tenga por objeto ser la fuente de recursos financieros para el desarrollo y operación del Canal, así como para acreditar su capacidad financiera.

Quinto. Los servidores públicos que laboran en el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, preservan sus derechos y la vigencia de sus nombramientos, cargos y responsabilidades.

Sexto. Queda sin efecto todo aquello que se oponga a lo dispuesto al presente Decreto.

En mérito de lo señalado, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de este Senado de la República ha acordado aprobar, en sus términos, la minuta objeto del presente dictamen.

Por lo anteriormente  expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 89, 90, fracción XIII y XXV, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182,183, 186, 188,190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos al pleno del Senado de la República la siguiente:

MINUTA
PROYECTO DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTICULO 140.

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con un órgano denominado "Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos", el cual funcionará con base en los permisos y las autorizaciones que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables.

2. El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto, reseñar y difundir, a través de las distintas plataformas de comunicación y canales de programación, la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculados con la difusión de la cultura democrática y los valores nacionales.

3. El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos gozará de autonomía técnica y de gestión para la consecución de su objeto.

El Canal se sujetará a lo previsto en esta Ley, el Reglamento del Canal, por los lineamientos administrativos, políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral.

4. Para la realización de su objeto, el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos contará con el presupuesto que cada Cámara le haya asignado y que será acorde a las necesidades del Canal, para asegurar la transmisión y la calidad de los contenidos.

Dichos recursos deberán ser aportados por cada Cámara en los términos que se determinen en el anexo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Poder Legislativo, y deberán ser ejercidos de manera integral para el funcionamiento del Canal.

ARTICULO 141.

1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

3. En las reuniones de la Comisión que se discutan temas de contrataciones, adquisiciones y licitaciones que lleve a cabo el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberán estar presentes, con voz pero sin voto, el Secretario General de la Cámara de Diputados y el Secretario General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores.

4. La Comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Para el mejor desempeño de las labores propias del Canal, este contará con una Comisión Bicamaral, una Dirección General, un Consejo Consultivo, así como de un Defensor de Audiencia, los dos últimos de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

6. Cualquier legislador de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión podrá solicitar al responsable del Canal copia del material videográfico transmitido a través del mismo.

7. La organización y funcionamiento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral.

8. En ejercicio de las facultades delegatorias para la representación de las Cámaras previstas en esta Ley, los presidentes de ambas Cámaras otorgarán un poder especial para actos de administración, pleitos y cobranzas, en favor del titular de la Dirección General del Canal para llevar a cabo las contrataciones, adquisiciones y licitaciones de equipo y de servicios que realice el Canal, en apego a los lineamientos administrativos emitidos para tal efecto por la Comisión Bicamaral.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se contará con un periodo de 90 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para la elaboración de los lineamientos generales de administración por parte de la Comisión Bicamaral del Canal, mismos que serán aplicables para ambas Cámaras.

Tercero. Las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en ejercicio de las facultades que les concede la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados-Unidos Mexicanos, harán las previsiones presupuesta les para asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente Decreto.

Cuarto. Las unidades de administración de ambas Cámaras deberán realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la creación de un programa presupuestario en el Ramo Autónomo 01 Poder Legislativo, para la difusión de las actividades legislativas a cargo del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; que tenga por objeto ser la fuente de recursos financieros para el desarrollo y operación del Canal, así como para acreditar su capacidad financiera.

Quinto. Los servidores públicos que laboran en el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, preservan sus derechos y la vigencia de sus nombramientos, cargos y responsabilidades.

Sexto. Queda sin efecto todo aquello que se oponga a lo dispuesto al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de diciembre de 2016.

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.






Dos, de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto:

Por el que se reforma la fracción III del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de primera lectura)








Y proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 49 y la fracción VII del artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 49 Y LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción IV al Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes para primera lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, han quedado de primera lectura.






Tenemos la discusión de 40 dictámenes con puntos de Acuerdo, sobre los que no hay reserva alguna.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos.

La Secretara Senadora María Elena Barrera Tapia: Con gusto señor Presidente.

Tenemos un dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, que exhorta a conformar grupos de trabajo con enfoque en el combate a la pobreza para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)








También tenemos siete dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contienen puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a continuar con el procedimiento de elaboración del Programa de Manejo del Área de Protección de Recursos Naturales Zona de Protección Forestal en los terrenos que se encuentran en los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villa Flores y Jiquipilas, del estado de Chiapas.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a realizar las acciones para la modificación de la declaratoria del Santuario Playa de Puerto Arista, para que se publique su Programa de Manejo a la brevedad posible.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a incorporar en sus edificaciones actuales y futuras, medidas en favor de la movilidad sustentable.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a informar sobre las acciones, programas y estrategias para cumplir con los compromisos internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero derivados del Acuerdo de París.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)



(Intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)








Por el que se exhorta a armonizar sus planes municipales a los instrumentos municipales que sean aplicables con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de la ONU.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)



(Intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)








Que exhorta a actualizar los Programas de Acción ante el Cambio Climático, conforme a los nuevos compromisos o documentos que resulten aplicables.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)



(Intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)








Y por el que se exhorta a realizar acciones de inspección y vigilancia que permitan determinar el grado de contaminación que existe en el Área de Protección de Flora y Fauna “Cascadas de Agua Azul” y, en su caso, adopten las medidas que resulten pertinentes.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








Tenemos 10 dictámenes de la Comisión de Salud, que contiene puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a actualizar la información en salud disponible en Internet, a fin de hacerla más práctica y accesible para consulta de la ciudadanía.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Salud Pública a enriquecer y actualizar la información de salud en internet por medio de la Biblioteca Virtual en Salud.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de octubre del 2016, el Senador Jorge Aréchiga Ávila, Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo relativo a la Biblioteca Virtual en Salud. 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador proponente, exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Salud Pública a enriquecer y actualizar la información en salud disponible en internet, a fin de hacerla más práctica y accesible para su consulta, ya sea mediante la Biblioteca Virtual en Salud, o en otras plataformas alternativas.

III. CONSIDERACIONES

A. La Organización Mundial de la Salud (OMS), nos define a la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), como una colección descentralizada y dinámica de fuentes de información cuyo objetivo es el acceso equitativo al conocimiento científico en salud. Es mantenido por BIREME, un Centro Especializado de la OPS. Esta colección opera como red de productos y servicios en internet, para satisfacer progresivamente las necesidades de información en salud de autoridades, administradores, investigadores, profesores, estudiantes, profesionales de los medios de comunicación y público en general. Se distingue del conjunto de fuentes de información disponibles en la Internet por obedecer a criterios de selección y control de calidad.

B. La Biblioteca Virtual de Salud (BVS) se estableció en 1998 cómo modelo, estrategia y plataforma operacional de cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para gestión de la información y conocimiento en salud en la Región del América Latina y el Caribe (AL&C).

La BVS es una Red de Redes construida colectivamente y coordinada por BIREME. Se desarrolla, por principio, de modo descentralizado, por medio de instancias nacionales (BVS México, BVS Brasil etc.) y redes temáticas de instituciones relacionadas con la investigación, con la enseñanza o con los servicios (BVS Enfermería, BVS Ministerio de Salud etc.).

De Acuerdo con estadísticas de la BVS de México, 49820 usuarios han visitado su portal.

• Visitas: 63,280.

• Visitantes exclusivos: 49,820.

• Páginas visitadas: 141,401.

• Duración media de la visita: 00:02:17.

• Porcentaje de rebote: 62,48%.

• Porcentaje de visitas nuevas: 77,70%.

La colección de fuentes de información del Portal es compuesta de bases de datos bibliográficas producidas por la Red BVS, como LILACS, además la base de datos MEDLINE y otros tipos de fuentes de información tales como recursos educacionales abiertos, sitios de Internet y eventos científicos.

Las fuentes de información son seleccionadas de acuerdo con criterios aprobados por la Red. El índice se actualiza semanalmente a partir de la colecta de metadatos de las fuentes de información de la colección.

Los temas de los cuales está dotada la BVS-México son los siguientes:

• Adicciones.

• Cólera.

• Diarreas.

• Tuberculosis.

• Microbacteriosis.

• Salud Bucal.

• Salud del adulto y del anciano.

• Salud del niño.

• Salud reproductiva.

• Urgencias epidemiológicas.

• Vectores.

• VIH Sida.

• Zoonosis.

• Diabetes mellitus.

• Obesidad.

• Cáncer de mama.

• Cáncer cervicouterino.

• Salud del migrante.

• Atención integral de las personas con discapacidad.

• Seguridad vial.

• Laboratorio de biológicos.

• Escuela y salud.

• Arranque parejo en la vida.

• Influenza AH1N1.

• Equidad y género.

• Violencia de género.

C. El Instituto Nacional de Salud Pública, tiene como misión la de contribuir a la equidad social y a la plena realización del derecho a la protección de la salud a través de la generación y difusión de conocimiento, la formación de recursos humanos de excelencia y la innovación en investigación multidisciplinaria para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia; es por ello que dicho Instituto debe de tener actualizada en todos sus aspectos la Biblioteca Virtual de México, para así facilitar su acceso y uso a la población mexicana.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Salud Pública a enriquecer y a actualizar la información en salud disponible en Internet, a fin de hacerla más práctica y accesible para consulta de la ciudadanía, ya sea en el portal de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS-México) o en otras plataformas alternativas.

COMISIÓN DE SALUD.

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)








Por el que se exhorta a asignar mayores recursos para continuar ampliando la red de Bancos de Leche y la promoción y difusión de los beneficios de donar leche materna.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)








Por el que se exhorta a destinar los recursos suficientes para llevar a cabo la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)








Por el que se exhorta a llevar a cabo las acciones conducentes para garantizar el abasto de medicamentos y la infraestructura médica adecuada al Hospital General de Juchitán, Oaxaca, "Macedonio Benítez Fuentes".

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo las acciones conducentes para garantizar el abasto de medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital General de Juchitán "Macedonio Benítez Fuentes", para asegurar el derecho al acceso a la salud de los habitantes de la región.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de septiembre del 2016, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de Acuerdo, que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo las acciones conducentes para garantizar el abasto de medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital General de Juchitán "Macedonio Benítez Fuentes", para asegurar el derecho al acceso a la salud de los habitantes de la región.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El proponente pretende exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo las acciones conducentes para garantizar el abasto de medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital General de Juchitán "Macedonio Benítez Fuentes", para asegurar el derecho al acceso a la salud de los habitantes de la región.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud: "Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".

Por ello, es de suma importancia que los gobiernos de cada país, elaboren las políticas públicas necesarias tanto preventivas como paliativas, que generen una cultura de cuidado de la salud en su población.

Con base en lo anterior, podemos decir que, con una prevención eficaz, se puede llegar a reducir la atención de las personas con padecimientos como; cánceres, el sobrepeso y la obesidad, afecciones respiratorias, cardiacas e hipertensión y diabetes, mismas que laceran a nuestra sociedad, se podrá brindar un mejor servicio a aquellas que lo necesiten, tales como mujeres en embarazo y después del parto, o aquellos que tengan enfermedades crónico degenerativas y congénitas, como esclerosis múltiple, entre otras y que de ninguna manera se pueden evitar y necesitan tratamiento.

Con ello no sólo se podrían mejorar los servicios de salud brindados en nuestro país, sino que también tendría un impacto positivo en su economía, con mejor rendimiento laboral, entre otras bondades derivadas de una salud en óptimas condiciones.

C. Actualmente los servicios de calidad en salud que hoy demanda nuestra sociedad, generan mayor cantidad de recursos humanos, financieros e infraestructura, y abre la oportunidad de lograr mejoras sustanciales y permanentes en la calidad de estos servicios.

D. En este tenor de ideas cabe mencionar el tema que incumbe a este dictamen, el hospital General de Juchitán, Oaxaca "Macedonio Benítez Fuentes", es considerado como el segundo nosocomio con mayor capacidad y productividad en la entidad, debido a que brinda atención preventiva y de urgencia en nueve especialidades, entre ellas las de ginecología, pediatría, cirugía general, oftalmología, nutriología, área de Rayos X, laboratorio y puesto de sangrado.

Los proponentes hacen mención que este nosocomio, cuenta con 60 camas y diariamente extiende por lo menos 500 consultas; por su ubicación geográfica, atiende a poblaciones de al menos 42 municipios de los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. A pesar de su importancia, se han presentado y agudizado una serie de problemáticas y limitaciones para brindar una atención eficaz, eficiente y de calidad. Dichas necesidades se convierten en un gran problema, estas van desde carencia de dispositivos médicos básicos, infraestructura hasta medicamentos, entre otros rubros que sirven para brindar una atención eficaz.

En este tenor de ideas esta comisión dictaminadora está de acuerdo con los proponentes en que nuestro país debe tener una atención médica eficiente, es por ello que se emite el acuerdo correspondiente.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta gobierno del estado de Oaxaca, para que a través de la Secretaría de Salud de la entidad, lleve a cabo las acciones conducentes para garantizar el abasto de medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital General de Juchitán, Oaxaca "Macedonio Benítez Fuentes", para asegurar el derecho al acceso a la salud de los habitantes de la región. Y de un informe a esta soberanía de la estrategia que lleva acabo para este fin.

COMISIÓN DE SALUD.

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)








Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a solicitar al Consejo Nacional de Vacunación que evalúe a profundidad la posibilidad de incluir las vacunas contra la varicela y la hepatitis A.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen de una proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a solicitar al Consejo Nacional de Vacunación evaluar la posibilidad de incluir las vacunas contra la varicela y la hepatitis A al programa de vacunación universal.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de octubre de 2016, la Senadora Cristina Díaz Salazar, Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a solicitar al Consejo Nacional de Vacunación evaluar la posibilidad de incluir las vacunas contra la varicela y la hepatitis A al programa de vacunación universal.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

La Senadora proponente, señalan la importancia de incluir las vacunas contra la "varicela" y la "hepatitis A", al programa de vacunación universal.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de vacunación en México.

B. El Programa de Vacunación Universal es un beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas, es una política pública de salud, cuyo objetivo es otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles, por medio de la aplicación de vacunas.

C.TABLA DE EQUIVALENCIAS DE VACUNAS ENTRE MÉXICO

MÉXICO

USA

EDAD DE APLICACIÓN

INMUNIZACIÓN CONTRA

VACUNA

VACUNA

INMUNIZACIÓN
CONTRA

EDAD DE APLICACIÓN

AL NACER

TUBERCULOSIS

BGC

-

-

-

AL NACER Y A LOS 2, 4 Y 6 MESES DE EDAD

POLIOMELITIS

SABIN

IPV

POLIOMELITIS

A LOS 2, 4 Y 6 MESES DE EDAD. NUEVAMENTE A LOS 4 AÑOS

A LOS 2, 4 Y 6 MESES DE EDAD

DIFTERIA, TOSFERINA, TÉTANOS, HEPATITIS B Y H, INFLUENZA B

PENTAVALENTE

DTAP

DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS

A LOS 2, 4 Y 6 MESES DE EDAD. NUEVAMENTE ENTRE LOS 4 Y 6 AÑOS Y FINALMENTE ENTRE LOS 11 Y 12 AÑOS

-

-

-

HIB

H INFLUENZA B

A LOS 2 Y 4 MESES DE EDAD Y AL AÑO

A LOS 2 Y 4 AÑOS

DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS

DPT

-

-

-

A LOS 12 AÑOS

DIFTERIA Y TÉTANOS

TD

-

-

-

AL AÑO Y NUEVAMENTE A LOS 6 AÑOS

SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA

TRIPLE VIRAL (T.V.)

MMR

SARAMPIÓN,
PAROTIDITIS Y RUBÉOLA

AL AÑO Y NUEVAMENTE ENTRE LOS 4 Y 6 AÑOS

A LOS 12 AÑOS

HEPATITIS B

HEPATITIS B

HEP-B

HEPATITIS B

AL NACER Y TRES VACUNAS MÁS, HASTA LOS 18 AÑOS

-

-

-

VARICELA

VARICELA

AL AÑO DE EDAD

-

-

-

PCV7

NEUMOCOCO CONJUGADA

AL AÑO DE EDAD

En 2015, la cobertura del esquema completo de vacunación en niños menores de un año de edad fue del 90.7 por ciento, además se logró el 100 por ciento de inmunización contra el sarampión, rubéola y parotiditis.

C. En México, de acuerdo con el Programa de Acción Específico Vacunación Universal 2013-2018, señala que su propósito consiste en la reducción de la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación, con ello, alcanzar y mantener coberturas de vacunación del 95% por biológico y el 90% de cobertura con esquema completo en cada grupo de edad.

Es de destacarse que gracias al Consejo Nacional de Vacunación, quien coordina las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles, a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a la protección de la salud de la niñez, se ha dado continuidad al principal beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas y que se otorga en todas las instituciones públicas de Salud (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX, etcétera).

D. Aunado a ello, con la creación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), el 3 de julio del 2001, se establecen, implementan y supervisan las políticas públicas rectoras en materia de salud integral de la infancia, adolescencia y vacunación, que propician la equidad en salud entre todos los mexicanos. Por ende, estos dos órganos son parte primordial para tener una política de vacunación eficaz en nuestro país.

Es de destacarse que gracias al Consejo Nacional de Vacunación, quien coordina las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles, a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a la protección de la salud de la niñez, se ha dado continuidad al principal beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas y que se otorga en todas las instituciones públicas de Salud (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX, etcétera).

E. Aunado a ello, con la creación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), el 3 de julio del 2001, se establecen, implementan y supervisan las políticas públicas rectoras en materia de salud integral de la infancia, adolescencia y vacunación, que propician la equidad en salud entre todos los mexicanos. Por ende, estos dos órganos son parte primordial para tener una política de vacunación eficaz en nuestro país

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud, solicite al Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) evaluar a profundidad la posibilidad de incluir las vacunas contra la "varicela" y la "hepatitis A" al Programa de Vacunación Universal.

COMISIÓN DE SALUD.

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)








Por el que se exhorta a realizar una investigación de los ingredientes de los jabones y geles antibacteriales que se comercializan en nuestro país.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen de una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a realizar una investigación de los ingredientes de los jabones y geles antibacteriales que se comercializan en nuestro país y, en caso de ser procedente, emita una alerta para aquellas marcas que contengan sustancias nocivas para la salud.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de septiembre de 2016, el Senador Miguel Romo Medina, Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a realizar una investigación de los ingredientes de los jabones y geles antibacteriales que se comercializan en nuestro país y, en caso de ser procedente, emita una alerta para aquellas marcas que contengan sustancias nocivas para la salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

Los Senadores proponentes, señalan la importancia de a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a realizar una investigación de los ingredientes de los jabones y geles antibacteriales que se comercializan en nuestro país y, en caso de ser procedente, emita una alerta para aquellas marcas que contengan sustancias nocivas para la salud.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es saber el contenido de los geles y jabones antibacteriales, que eviten causar perjuicio en la salud de la población mexicana.

B. La gripe H1N1 o H1N1 humana es un subtipo de Influenza virus tipo A del virus de la gripe, perteneciente a la familia de los Orthomyxoviridae

En el año de 2009 se registró en todo el mundo una pandemia de gripe A (h1n1). La también llamada "Influenza porcina", se propagó rápidamente por todo nuestro país y Norteamérica, generando alertas sanitarias que afectaron de manera considerable la actividad económica y la vida diaria de millones de personas

C. A raíz de la pandemia AH1/N1el uso de gel antibacterial ha crecido la demanda de los productos antibacteriales El gel antibacterial es un sanitizador, antiséptico, desinfectante de aplicación externa. Elimina el 99% de los gérmenes más comunes con solo frotarse las manos. No requiere agua. El Gel Antibacterial proporciona la higiene complementaria necesaria en las manos.

D. El gel antibacterial cuenta con excelentes características como son:

- El gel antibacterial no es tóxico

- No es inflamable

- No contiene químicos reactivos

- Ayuda al ahorro de agua

- Seca rápidamente

- Humecta la piel

- Elimina microorganismos dañinos

E. De acuerdo a diversos estudios publicados en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América (PNAS por sus siglas en ingles) el Triclosán afectaría a la función muscular y cardíaca, actuando como un potente depresor cardíaco7, y hay evidencias de que dicha sustancia interrumpiría la actividad de la hormona reproductiva, afectando de forma negativa a la testosterona y los estrógenos, alterando el desarrollo normal del sistema reproductivo. También afectaría al metabolismo, afectando a la tiroides y existe probable evidencia que sugiere que el Triclosán es un promotor de tumores hepáticos.

F. Conforme a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en lo relativo a (Art. 17 bis):

El control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para que realice una investigación de los ingredientes de los jabones y geles antibacteriales que se comercializan en nuestro país y, en caso de ser procedente, emita una alerta para aquellas marcas que contengan sustancias nocivas para la salud.

COMISIÓN DE SALUD.

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)








Por el que se exhorta a dotar de personal y materiales de salud necesarios para poder brindar un servicio de calidad en los hospitales generales de salud en el estado de Coahuila de Zaragoza.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, de dos proposiciones con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a garantizar el derecho a la protección de la salud en el estado de Coahuila, y a atender los hechos sucedidos recientemente en el Hospital General de Torreón.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de agosto 2016, la Senadora Silvia Guadalupe Garza, Integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud y a la secretaría de Salud del estado de Coahuila, a dotar de personal y materiales de salud necesarios para poder brindar un servicio de calidad en los hospitales Generales de Salud.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 17 de Agosto 2016, el Senador Luis Fernando Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud atienda lo hechos que se han suscitado en el hospital General de Torreón.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Los Senadores proponentes exhortan a la Secretaría de Salud a mejorar la calidad de los servicios de salud de la población en el estado de Coahuila. Como lo marca la siguiente tabla.


SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila a que doten de personal y materiales de salud necesarios para poder brindar un servicio de calidad en los hospitales generales de salud en el estado de Coahuila de Zaragoza.

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, y en el marco de sus atribuciones, atienda de manera efectiva los hechos que se han presentado recientemente en el Hospital General de Torreón, y brinde todo el apoyo que sea necesario a los familiares de los bebés que fallecieron en dicho Hospital.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que garantice el derecho a la protección de la salud de los coahuilenses, que se ha visto vulnerado a causa de la reducción del presupuesto en este sector, como consecuencia de la deuda contraída en el estado de Coahuila.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, para que investiguen la falta de medicamentos, personal e insumas suficientes en el Hospital General de Torreón, que han provocado la incapacidad para atender la salud de bebés recién nacidos coahuilenses, así como el estado que guardan los demás hospitales en la entidad, y, en su caso, emitan las recomendaciones correspondientes.

III. CONSIDERACIONES

A. El derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del tema incumbencia del presente instrumento legislativo.

B. La Organización Mundial de la Salud ha convocado a todos los países a la mejora de la calidad de la atención como la principal vía para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entendiendo esta mejora como todo proceso o herramienta dirigida a reducir la brecha a nivel sistémico y organizacional bajo los principios básicos de la calidad, que incluyen la atención centrada en la persona, la mejora continua de los procesos y la Seguridad del Paciente como prioridades para el fortalecimiento de los sistemas de salud. En seguimiento a este llamado, las prioridades señaladas son materia sustantiva de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), unidad administrativa de la Secretaría de Salud, que en conjunto con las principales instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, han generado desde hace más de 15 años, políticas nacionales en materia de calidad en la atención médica que han sentado las bases de una cultura de calidad en los servicios de salud.

C. La calidad es la esencia de cualquier tipo de acción o actividad y la encontramos implícita en todas las áreas del desarrollo del individuo y de la sociedad, de tal modo que la salud no es una excepción. A pesar de todos los conocimientos, avances y esfuerzos realizados por la sociedad, la deficiencia de calidad o de garantía de la calidad es una constante que representa un reto para la sociedad misma, pero sobre todo, para aquellos países cuyos niveles de desarrollo no han alcanzado estándares deseables y sostenidos que repercutan en su progreso sanitario y social.

En contraparte, la ausencia de calidad se manifiesta de múltiples maneras: servicios inefectivos e ineficientes, acceso limitado a los servicios de salud, incremento de costos, quejas médicas, insatisfacción de los usuarios y de los profesionales de la salud, afectación de la credibilidad de los servicios de salud por parte de los usuarios y lo peor, pérdidas humanas.

El objetivo central de todo sistema de atención a la salud es buscar mejorar el estado de salud y satisfacer las necesidades de la población; por ello, los elementos y cada una de las variables de todo modelo para intervenir en la salud, generan indirectamente influencia en los resultados alcanzados.

D. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), señala en su Meta Nacional México Incluyente, que aún persisten altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales y desigualdad entre personas y regiones de nuestro país, para lo cual establece en su plan de acción, la necesidad de integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades;

Que en congruencia con lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo señala que, en materia de salubridad, el objetivo es asegurar el acceso a los servicios de salud, para lo cual se propone fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud y promover la integración funcional de las instituciones, reforzar la regulación de los establecimientos de atención médica, aplicar estándares de calidad rigurosos, privilegiar el enfoque de prevención y promoción de una vida saludable, así como renovar la planeación y gestión de los recursos disponibles.

E. Que el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en su segundo Objetivo Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, estrategia 2.2. Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud; considera entre otras líneas de acción, las relativas a impulsar las acciones de coordinación encaminadas a mejorar la calidad y seguridad del paciente en las instituciones de salud; impulsar el cumplimiento de estándares de calidad técnica y seguridad del paciente en las instituciones de salud; incorporar el enfoque preventivo en los servicios de salud para todos los niveles de atención; consolidar el proceso de acreditación de establecimientos de salud para asegurar calidad, seguridad y capacidad resolutiva; actualizar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud y fomentar el uso de las normas oficiales mexicanas, guías de práctica clínica, manuales y lineamientos para estandarizar la atención en salud.

F. El sistema de salud pública es vital en Coahuila, ya que según los indicadores del CONEVAL, dicha entidad federativa pasó de 799,300 pobres a 885, 800 personas, por lo que en esa condición ahora viven el 30.2 por ciento de los coahuilenses. Lo mismo ocurrió en el caso de la pobreza extrema, que pasó de 92 mil 700 a 109 mil 700. Por otro lado, Coahuila pasó del cuarto al quinto lugar en pobreza y del cuarto al octavo en pobreza extrema. Por si estos números no fueran suficiente, en cuanto a pobreza moderada, Coahuila aumentó de 706 mil 600 a 776 mil 100 habitantes. Mientras que los vulnerables por ingreso, pasaron de 699 mil 300 a 710 mil 700. Así, se coloca como el tercer estado con mayor población vulnerable por ingresos.

Cabe mencionar que en meses anteriores, se reportaron el lamentable fallecimiento de siete recién nacidos en las instalaciones del Hospital General de Torreón. Frente a ello, la Secretaría de Salud del estado de Coahuila, ha informado que las muertes han sido provocadas a causa de un hongo que se desarrolla en organismos con pocas defensas. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud han atribuido estos desafortunados hechos a la falta de medicamentos, personal e insumos suficientes en el Hospital General de Torreón.

G. Aunado a lo anterior cabe señalar que en el Estado de Coahuila se registró un recorte equivalente a un 39% de los presupuestos para suministros médicos para los nosocomios que dependen del Gobierno de Coahuila incluidas las medicinas, productos farmacéuticos, materiales de curación y otros insumos.

Cabe señalar que en el presupuesto para el 2016, el gobierno del Estado destinó solamente 1 millón 925 mil 124 pesos para material de limpieza de los hospitales, indispensable para ofrecer las condiciones mínimas de higiene y salubridad, lo cual equivale el 0.1% del presupuesto total para los servicios de salud.

Dicha cifra debe, además dividirse entre los 13 hospitales generales que hay en el estado. Por lo que una estimación proporcional, serían 148 mil pesos anuales que le tocarían a cada nosocomio; 12 mil 340 pesos mensuales al Hospital General de Torreón, los cuales evidentemente resultan insuficientes para un edificio que fue proyectado para dar servicio a 300 mil habitantes de La Laguna. Lo más preocupante de esto, es que dicho Hospital apenas tiene un año en operación; y peor aún, el problema podría reproducirse y germinar en otros hospitales generales por las mismas causas.

Por su parte los Servicios de Salud, indispensables para atender la salud de los coahuilenses que más lo necesitan, recibieron 1,783 millones 014 mil pesos, pero para el primer trimestre, sólo se habían devengado 569 millones 866 mil 316, es decir, sólo el 32%

H. Esta comisión coincide con la Secretaría de Salud, en que es sumamente importante mejorar la calidad de los servicios que se prestan en el Hospital General de Torreón que permitan, mejorar el estado de salud y satisfacer las necesidades de la población.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a que doten de personal y materiales de salud necesarios para poder brindar un servicio de calidad en los Hospitales Generales de salud en el estado de Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDO.- El senado de la República exhorta respetuosamente, al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, y en el marco de sus atribuciones, atienda de manera efectiva los hechos ocurridos de la muerte de los recién nacidos que se suscitaron en el Hospital General de Torreón.

Así como el estado que guardan los demás hospitales en la entidad, y, en su caso, emitan las recomendaciones correspondientes.

COMISIÓN DE SALUD.






Por el que se exhorta a garantizar la atención de las personas con Psoriasis, especialmente a las que habitan en las zonas más vulnerables del país.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen de una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud en coordinación con sus homólogas en las Entidades Federativas garanticen l atención de las personas con psoriasis, de igual forma de se exhorta al Concejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para instrumentar campañas para erradicar la discriminación de las personas con este padecimiento.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de agosto de 2016, la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario de Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud en coordinación con sus homólogas en las Entidades Federativas garanticen la atención de las personas con psoriasis, de igual forma de se exhorta al Concejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para instrumentar campañas para erradicar la discriminación de las personas con este padecimiento.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente, señalan la importancia de reforzar las acciones y estrategias a nivel federal y local, que garanticen la atención médica de las personas con psoriasis y evitar la discriminación por este padecimiento.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es el combate a la enfermedad de psoriasis.

B. La psoriasis es una inflamación (dolor, hinchazón, calentamiento y coloración). Regularmente las células de la piel crecen desde las capas más profundas y suben lentamente a la superficie, reemplazando constantemente a las células muertas de la superficie. Este proceso se llama renovación celular, y tarda aproximadamente un mes.

Con la psoriasis, la renovación celular ocurre en sólo unos pocos días, lo que provoca que las células nuevas suban demasiado rápido y se acumulen en la superficie. En la mayoría de los casos la psoriasis causa parches o placas de piel gruesa, enrojecida y con escamas plateadas. Estas placas pueden producir picor o dolor. A menudo se encuentran en los codos, las rodillas, otras partes de las piernas, el cuero cabelludo, la parte baja de la espalda, la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. También pueden aparecer en otras partes tales como las uñas de las manos y los pies, los genitales y la parte interior de la boca

B. La Organización Mundial de la Salud OMS, en la 67ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada del 19-24 de mayo de 2014, ha aprobado una resolución que describe a la psoriasis como "una enfermedad crónica, no contagiosa, dolorosa, desfigurarte e incapacitante para la que no hay cura", reconoce la carga psicosocial de la enfermedad y el sufrimiento que padece más del 2% de la población mundial debido a la falta de conocimiento y el acceso a un tratamiento suficiente.

Con la psoriasis, la renovación celular ocurre en sólo unos pocos días, lo que provoca que las células nuevas suban demasiado rápido y se acumulen en la superficie.

B. La psoriasis comienza en el sistema inmunitario, principalmente con un tipo de células blancas presentes en la sangre llamadas linfocitos T. Los linfocitos T ayudan a proteger el cuerpo contra infecciones y enfermedades. En la psoriasis, los linfocitos T se activan indebidamente, causando la activación de otras respuestas inmunitarias. Esto produce hinchazón y el rápido reemplazo celular en la piel las causas de la psoriasis incluyen:

• Infecciones

• Estrés o tensión psicológica

• Cambios en el clima que resecan la piel

• Ciertos medicamentos

C. La mayoría de las veces, la psoriasis se trata con medicamentos que se aplican directamente sobre la piel o el cuero cabelludo. Estos pueden incluir:

• Lociones, ungüentos, cremas y champús para la piel. Estos se denominan tratamientos tópicos.

• Pastillas o inyecciones que afectan la respuesta inmunitaria del cuerpo, no simplemente la piel. Se denominan tratamientos sistémicos o generalizados.

• Fototerapia, en la cual se utiliza luz ultravioleta para tratar la psoriasis.

C. En México, la Secretaría de Salud estima que alrededor de 2.5 millones de personas padecen psoriasis, de las cuales, menos de 40% recibe el tratamiento adecuado. De tal forma que se encuentra dentro de las primeras 15 causas de consulta de los servicios de dermatología.

Las personas con este tipo de padecimiento pueden ser más vulnerables a padecer obesidad hipertensión y diabetes; 30% de las personas con este padecimiento pueden desarrollar artritis psoriásica, una enfermedad que causa dolor, rigidez de las articulaciones e hinchazón.

D. Esta comisión dictaminadora coincide con la proponente que es necesario implementar las acciones para la atención médica de personas con psoriasis en zonas más vulnerables del país, así como promover campañas para prevenir la discriminación contra personas que padecen esta enfermedad.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, y en el marco de sus respectivas atribuciones, garanticen la atención de las personas con Psoriasis, especialmente a las que habitan en las zonas más vulnerables del país.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que, en coordinación con las entidades federativas, instrumenten campañas a fin de prevenir y erradicar la discriminación y exclusión social de las personas que padecen Psoriasis.

COMISIÓN DE SALUD.

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)








Por el que se exhorta a reforzar las acciones para la prevención del embarazo en la adolescencia.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)








Y por el que se exhorta a realizar las medidas necesarias que garanticen el acceso a tratamientos innovadores de pacientes con Mieloma Múltiple.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo  que exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar el acceso a tratamientos innovadores de pacientes con mieloma múltiple.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de septiembre de 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo, que exhorta a la  Secretaría de Salud  a garantizar el acceso a tratamientos innovadores de pacientes con mieloma múltiple.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador proponente, exhorta a la  Secretaría de Salud a garantizar el acceso a tratamientos innovadores de pacientes con mieloma múltiple.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema tan delicado de salud, como el tratamiento del mieloma múltiple.

B. El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Las células en casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer y pueden extenderse a otras áreas del cuerpo. Se traduce a una enfermedad neoplásica con transformación de las células.

C. Por otro lado de acuerdo con la definición de la OMS, Mieloma Múltiple se define como una neoplasia de células plasmáticas multifocal que afecta que afecta la médula ósea y se asocia a la producción una proteína emocional sérica y /o urinaria. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por la presencia de anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y lesiones óseas.

Cabe señalar también que el MM es considerado el segundo tipo de cáncer sanguíneo más frecuente después del Linfoma no Hodgkin, y representa alrededor del 1% de todos los casos de cáncer y casi un 2% de las muertes oncológicas en el mundo, es considerada una enfermedad de baja incidencia.

El principal síntoma son los dolores óseos, que presentan el 75% de los pacientes. Pueden aparecer en cualquier localización pero los más frecuentes son los que se inician en la columna vertebral y en las costillas. Otras posibles manifestaciones del mieloma múltiple son consecuencia de la falta de glóbulos rojos (cansancio, debilidad, palpitaciones, mareos) o de la alteración del normal funcionamiento de las plaquetas (fácil aparición de hematomas, sangrado de nariz o encías). Además, pueden existir pérdida de peso, infecciones frecuentes, fracturas óseas sin una causa evidente y, en ocasiones, la aparición de verdaderos tumores de células plasmáticas (plasmocitomas).

El 80% de los pacientes de mieloma múltiple presentan osteoporosis, osteólisis (cuando se desgastan y disminuyen una o más áreas de un hueso), o fracturas óseas en el momento del diagnóstico. Las regiones afectadas con más frecuencia son: el cráneo, la columna vertebral, las costillas, el esternón, la pelvis y los huesos largos como el fémur. Una cuarta parte de los pacientes con mieloma múltiple presenta insuficiencia renal en el momento del diagnóstico.

D. En cuanto al diagnóstico se basa en la demostración de una cantidad anormalmente elevada de una determinada inmunoglobulina en la sangre o en la orina y un exceso de células plasmáticas en médula ósea. Para ello se deben efectuar diversas extracciones de sangre y de médula ósea, entre otras pruebas.

E. La frecuencia de esta enfermedad de acuerdo con la propia OMS corresponde alrededor del 1% de las neoplasias malignas y del 10 al 15 % de las neoplasias hematológicas y de acuerdo a las Guías mexicanas de Mieloma Múltiple en nuestro país corresponde del 4.2 al 7.7 % de las enfermedades oncohematológias. Dicha enfermedad rara vez afecta a pacientes menores de 30 años.

F. Datos arrojan que en el periodo comprendido entre 2007 y 2012, la tasa de incidencia ajustada a la población mundial fue de alrededor de 1.3 pacientes con Mieloma Múltiple por 100.000 habitantes-año  según GLOBOCAN, 2012, siendo la mediana de edad al diagnóstico de 62 años; en México representa 4.2% a 7.75% de las enfermedades onco hematológicas.

Desafortunadamente en México de acuerdo al Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas (RHNM) para el 2006 se detectaron cerca de 1,068 casos de Mieloma Múltiple.

De acuerdo a la Dirección General de Información en Salud en sus Egresos Hospitalarios se estima que durante el 2015 hubo alrededor de 3,443 Egresos por Mieloma Múltiple, con una estancia promedio de 7.1 días por hospitalización.

Los egresos por mieloma correspondieron a cerca del 6.0% del total por neoplasias hematológicas en México. La población ≥45 años fue la que generó el mayor número de egresos con el 89.1% del total.

En el ISSSTE y el IMSS representaron el 18.6% y 52.5%, respectivamente del total de egresos hospitalarios en el Sistema de Salud Mexicano.

La Ciudad de México, Tamaulipas, Coahuila y Jalisco fueron las entidades con mayor número de egresos hospitalarios representado el 50.3% del total de egresos por mieloma en el país.

G. Un tema relevante y que no se debe dejar pasar es que hoy en día los médicos de 1er y 2º contacto desconocen la enfermedad o asumen desahucio del paciente, donde se pierde tiempo muy valioso. El paciente llega con el hematólogo sin diagnóstico, con graves complicaciones y en ocasiones con un diagnóstico equivocado.

Derivado de los primeros síntomas, el paciente recibe una primera evaluación del médico general, internista, ortopedista, quiropráctico, ginecólogo, nefrólogo, oncólogo, gastroenterólogo, urólogo, teniendo un periodo promedio de 1 año después del inicio de estos síntomas para que sea referido a un médico hematólogo.

Una vez que el paciente ha logrado obtener una cita con el médico hematólogo, el diagnóstico requiere un par de semanas y recibir tratamiento de 6 a 12 meses, lo que representa un total de hasta 2 años el tiempo que un paciente con Mieloma Múltiple tiene que esperar desde la aparición de los primeros síntomas hasta la recepción del tratamiento correcto, situación que deriva en un progreso de la enfermedad y deterioro del estado de salud.

H. En nuestro país, el tratamiento en el Sector Público (IMSS-ISSSTE) presenta grandes limitaciones ya que medicamentos para el Mieloma Múltiple que se usan hace más de 10 años en otras parte del mundo, aun no se encuentran incluidos en el cuadro básico de estas instituciones.

Con los tratamientos convencionales se somete a los pacientes a visitas constantes al hospital, (desde dos veces por semana hasta 25 visitas mensuales) dado que para aplicar estos fármacos se requiere de procedimientos intravenosos o subcutáneos lo que significan más costos no solo de medicamentos, sino costos indirectos (traslados, hospitalización, personal médico, disposición de camas, insumos, entre otros).

I. La supervivencia de los pacientes con Mieloma Múltiple ha subido mucho gracias a terapias innovadoras. Desde 1992, se introdujeron nuevas terapias para el tratamiento de pacientes con mieloma, lo que produjo un incremento del 50% en el índice de supervivencia a 5 años.  

Las terapias innovadoras en el tratamiento de estas enfermedades además de evitar progresiones de la enfermedad, previenen las recurrentes hospitalizaciones que impactan la calidad de vida.

J. Las neoplasias hematológicas en México se están incrementando y no sólo en la población de adultos mayores sino en las edades de más alta productividad. Esto nos debe alertar sobre la necesidad de más y mejores políticas públicas para combatir estos padecimientos.

Sabemos que para lograr esta inclusión se requieren presupuestos, es por esto que es necesario auditar la implementación de los recursos del Sistema Nacional de Salud, particularmente del Fondo de Gastos Catastróficos que van a las entidades federativas para evitar la desviación de recursos asignados a medicamentos y atención de los pacientes. Hoy nuestro país se enfrenta a un presupuesto que se debe sistematizar y hacer mucho con poco, es por ello que en aras de garantizar una mejor calidad de vida a las personas que tienen este padecimiento es que esta comisión dictaminadora está de acuerdo con la propuesta incumbencia del presente dictamen.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que realicen las medidas necesarias que garanticen el acceso a tratamientos innovadores de pacientes con Mieloma Múltiple.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a asegurar un presupuesto específico, así como incluir al Mieloma Múltiple dentro del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, a fin de dar cumplimiento al artículo 4º constitucional que otorga a todos los mexicanos el derecho a la salud.

COMISIÓN DE SALUD.

(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)








Tenemos diversos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, que contienen puntos de Acuerdo:

Por el que el gobierno de la República de Cuba y los diversos grupos de la sociedad civil mantengan relaciones respetuosas y constructivas.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado se congratula por las jornadas electorales del pasado mes de octubre en la República Federativa de Brasil.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado se pronuncia a favor del respeto de los derechos civiles y políticos en América Latina.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado hace votos para que el gobierno de la República de Nicaragua continúe con la normalización de su sistema democrático y de respeto a los derechos humanos.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado por el sismo ocurrido el 24 de noviembre de 2016.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado celebra el acercamiento entre los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para iniciar una etapa de cooperación que incluye en su agenda el tema de las Islas Malvinas.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado se congratula por la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado se congratula por el 35 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Belice.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado se solidariza con los pueblos de la República de Haití, la República de Cuba y la República Dominicana, afectados por el paso del huracán Matthew.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado se congratula por la firma del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado se solidariza con el pueblo de la República de Colombia, afectado por la detonación de un explosivo en la ciudad de San José Cúcuta.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado se solidariza con el pueblo de la República Dominicana, afectado por las inundaciones provocadas por las condiciones climáticas.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado se solidariza con el pueblo de la República de Cuba por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Por el que el Senado se solidariza con los pueblos de la República de Costa Rica, de la República de Nicaragua y de la República de Panamá, afectados por el paso del huracán Otto.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Y por el que el Senado se congratula por el proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la República de Cuba.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








Asimismo, tenemos un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado reconoce las acciones de las Fuerzas Armadas de la Nación para salvaguardar la paz, tranquilidad, integridad y vida de los mexicanos; y condena el atentado del 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, Sinaloa.

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

(Dictamen a discusión)








Tenemos 6 dictámenes de la Comisión de Gobernación, que contienen puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a considerar la posibilidad de producir y, en su caso, transmitir en la emisión del segundo domingo de febrero de 2017, un programa conmemorativo del centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

H. ASAMBLEA:

A la comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las secretarias de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura a producir, publicar y transmitir distintos materiales audiovisuales y bibliográficos destinados a conmemorar el centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión Ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2016, el Senador Manuel Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó el punto de Acuerdo en estudio.

2. En misma fecha, la Mesa Directiva, turno el punto referido a la Comisión de Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

En el punto de acuerdo en estudio, el proponente inicia con un recuento historiográfico nayarita, donde principalmente destaca la riqueza cultural y natural que posee la identidad.

Inicialmente menciona que, Nayarit es el Estado donde se encuentra la Isla de Mexcaltitán, lugar de donde hace más de 700 años, siete tribus nahuatlacas, partieron en busca de la señal divina prometida por quetzalcoatl: águila devorando una serpiente, más tarde estas tribus encontraron la señal en el valle del Anáhuac y fundaron la Gran Tenochtitlan.

Tambiénse encuentra TateiHaramara, un lugar mítico en el que tuvo su origen, una de las sociedades prehispánicas más representativas de nuestro país en el mundo.

Menciona que, entre los mexicanos más reconocidos hijos de Nayarit, se encuentran: Juan Escutia, uno de los seis niños héroes que dieron su vida el 13 de septiembre de 1847 en la batalla del castillo de Chapultepec durante la invasión norteamericana.

Amado Nervootro hijo de Nayarit, quien fue considerado el poeta mexicano más influyente del siglo XIX y cuya obra ha trascendido fronteras geográficas, lingüísticas y temporales, para consolidarse como una de las mejores plumas de nuestra patria y quien en 1919 murió en Montevideo.

Al igual, uno de los arquitectos más recocidos de nuestro país en el siglo XIX, Antonio Rivas Mercado, Arquitecto encargado de la realización de la Columna de la Independencia, popularmente conocido como el Ángel de la Independencia, siendo esta obra un ícono popular de identidad en nuestra nación.

Por otra parte, el proponente menciona que Nayaritfue partícipe de unos de los primeros movimientos obreros durante el porfiriato, un movimiento obrero en la fábrica de Bellavista, organizado por mujeres. Estos movimientos sucedieron, incluso, muchos años antes que las huelgas obreras de Cananea y Río Blanco.

También menciona que cuenta con uno de los destinos de playa más solicitados en Latinoamérica y con una de las mayores perspectivas de crecimiento del país: la Riviera Nayarit; además es el principal productor de arroz del país y uno de los principales; también, cuenta con infraestructura hidroeléctrica de gran trascendencia para el país.

Por otra parte, el proponente destaca que, dentro del Estado cohabitan cuatro grupos étnicos originarios: Huicholes, Coras, Tepehuanos y Mexicaneros. La composición multicultural y poliétnica de Nayarit es un pilar fundamental para la consolidación de la tradición mestiza mexicana.

Finalmente, mencionan que, en el marco de la celebración del Centenario de creación del Estado de Nayarit, es realmente importante la realización de elementos de difusión para arraigar el sentido de orgullo y pertenencia en el seno de la sociedad nayarita.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con el proponente, sin lugar a dudas el pueblo mexicano ha evolucionado en todos los aspectos y Nayarit no es la excepción; ya que transita a marcha acelerada hacia el progreso, como ya lo ha descrito el proponente y sobre todo al formar parte de una sociedad cada vez más dispuesta a conocer y hacer valer sus derechos.

En el marco de la celebración del Centenario del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y después de conocer su historia y riqueza tanto cultural como natural, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos realmente importante, la realización de elementos de difusión, producción y publicación de materiales audiovisuales y bibliográficos, que permitan conmemoran el Centenario de la Creación del Estado Libre y soberano de Nayarit, principalmente para arraigar el sentido de orgullo y pertenencia en el seno de la sociedad nayarita.

De acuerdo a Francisco Samaniega antropólogo adscrito al centro INAH, desde 1530 Nayarit inicio el proceso para lograr su independencia territorial respecto a su conformación inicial, y es hasta 1917, que el Constituyente de Querétaro decreto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 48, la creación de Nayarit como estado libre y soberano.  

El Antropólogo menciona que, en el año 1535 al instaurase un sistema centralista en México, comenzó Nayarit a pugnar su separación del estado de Jalisco, pero fue hasta finalizar la Revolución Mexicana, cuando Venustiano Carranza, propuso la erección de Nayarit. 

Posteriormente, en 1917 el Poder Legislativo de Nayarit quedo integrado por los diputados: José Trinidad Solano (Presidente), Pablo Retes z. (Vicepresidente), Marcos Esmerio M.L. Urbina, Francisco Amezquita, F.R. Pérez, Manuel Guzmán, Fidencio Estrada, José María Ledon, J. Aguilar Béjar, Francisco N. Arroyo, Antonio D.P. Monroy, Miguel C. Madrigal, F.R. Corona y Alfredo Robles.

Después de la instalación de la primera legislatura local se procede a la expedición y promulgación de la primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en 1918. La Constitución consta de 139 artículos permanentes y dos transitorios, esta se ha reformado según el número de decretos emitidos de 1918 a la fecha en alrededor de 543 veces.

Sin lugar a dudas, la celebración del Centenario de la Creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit, merece la difusión de distintos materiales tanto audiovisuales como bibliográficos, Nayarit es un lugar con una rica historia tanto cultural como natural y se ha caracterizado por transitar hacia el progreso, la difusión de diversos materiales de la conmemoración del Centenario de la Creación el Estado de Nayarit, no solo va a dar la oportunidad de reflexionar sobre su historia; sino que además arraiga el sentido de orgullo y pertenencia en el seno de la sociedad nayarita.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

Primero. El Senado de la República, exhorta al titular de la Secretaria de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, a efecto de que se considere la posibilidad de producir y en su caso, transmitir en la emisión del segundo domingo de febrero del año 2017, un programa conmemorativo del Centenario de la Creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Segundo. El Senado de la República, exhorta al titular de la Secretaria de Educación Pública, a través del Instituto Mexicano de la Radio, a efecto de que se considere la posibilidad de producir y en su caso, la publicación y transmisión de materiales radiofónicos conmemorativos del Centenario de la Creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit,durante el primer bimestre del año 2017.

Tercero. El Senado de la República, exhorta al titular de la Secretaria de Cultura, a través de Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, para que consideren la posibilidad de realizar una producción bibliográfica que tenga por objeto estudiar la: Creación del Estado Libre y soberano de Nayarit, a sus 100 años; como producto de las revoluciones de México, y la Constitución de 1917.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.






Por el que se exhorta a analizar la viabilidad de la emisión y cancelación de estampillas postales conmemorativas del centenario de creación del estado libre y soberano de Nayarit.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República, para que a través del titular del Servicio Postal Mexicano, y la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se decrete la emisión y cancelación de estampillas postales, así como billetes de lotería, respectivamente, conmemorativos del centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el dictamen de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. El 29 de noviembre de 2016, el Senador Manuel Cote Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República, para que a través del titular del Servicio Postal Mexicano, y la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se decrete la emisión y cancelación de estampillas postales, así como billetes de lotería, respectivamente, conmemorativos del centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Gobernación.

II.CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador proponente describe que el estado de Nayarit se encuentra en la región occidente del país, contando con una extensión de 27,857 kilómetros cuadrados, siendo este uno de los integrantes más jóvenes de la Federación Mexicana. Indica que la palabra Nayarit proviene del vocablo cora, Nayerí, que significa “Hijo de Dios que está en la Tierra y en el Sol”.

Resalta que no obstante a su pequeño tamaño, la valía histórica de esta tierra no puede contabilizarse en metros cuadrados, pues la historia de nuestro país, a través de sus distintas épocas, se ha escrito de manera silenciosa y casi anónima, de la mano del "Hijo de Dios que está en el Tierra y en el Sol". Menciona que basta recordar, que es en este Estado donde se encuentra la Isla de Mexcaltitán, lugar de donde hace más de 700 años las siete tribus nahuatlacas, quienes guiadas por Huitzilopotztli, partieron en busca de la señal divina prometida por quetzalcoatl: águila devorando una serpiente. Posteriormente, estas tribus encontraron la señal en el valle del Anáhuac y fundaron la Gran Tenochtitlan.

Continúa exponiendo que este territorio también fue testigo de uno de los primeros levantamientos armados con ánimos independentistas de nuestro virreinato; el primero de ellos, cuando sus tribus indígenas fueron participantes de la Guerra del Mixtón en 1530 contra el sanguinario expedicionista español Nuño Beltrán de Guzmán; y cuando en 1801 Juan Hilario Rubio, conocido como el "Indio" Mariano, se levantó en armas en la Ciudad de Tepic exigiendo el restablecimiento del imperio Azteca y la salida de los españoles de nuestro país.

Por decreto, del 13 de marzo de 1837, surge el departamento de Tepic, de conformidad con el artículo 8 de las bases y leyes constitucionales de la República Mexicana de 23 de octubre de 1835; el cual contaba con una superficie de 1.868 leguas cuadradas y su población era de 62.620 habitantes; se dividía en 2 ayuntamientos: Tepic y Ahuacatlán.

En ese mismo sentido, Nayarit fue el escenario en el que uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia nacional: Manuel Lozada, "El Tigre de Álica". Lozada luchó en defensa de los intereses agrarios de ceras y huicholes y para frenar el despojo de tierras a los indios. En 1869 formó una comisión revisora de la situación legal de las tierras indígenas y organizó una asamblea de comandantes y jefes de familia para tomar medidas contra la embriaguez, el robo, la vagancia, así como para fundar escuelas; este hecho le trajo enemistades sociales y políticas.

Posteriormente, se expone, pasada la Revolución mexicana de 191 O, instalado el Congreso Constituyente presidido por Venustiano Carranza y promulgada la Constitución Política en 1917, nace junto a nuestra Carta Magna el Estado Libre y Soberano de Nayarit. Fue hasta este año cuando por disposición del artículo 47 de la propia Constitución se establece que: El Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Tepic.

La historia de Nayarit, ya como Estado miembro de la Federación Mexicana, ha sido también prolija y fértil. Pues para la primera veintena del siglo XX, nace en la capital nayarita una de las piezas musicales con mayor relevancia y también una de las más representativas del mariachi, El Son de la Negra. Dicha pieza musical, compuesta por Fidencio Lomelí, es dedicada a una trabajadora de la fábrica textil de Jauja de nombre Aloina Luna Pérez.

Se menciona que Nayarit ha sido cuna de hombres y mujeres entrañables y cuyos nombres deslumbran en las páginas de nuestra historia como muestra de la grandeza de este pequeño Estado. Actualmente, Nayarit transita a marcha acelerada hacia el progreso. Cuenta con uno de los destinos de playa más solicitados en Latinoamérica y con una de las mayores perspectivas de crecimiento del país: la Riviera Nayarit, además es el principal productor arroz del país y uno de los principales productores de mango, jícama y caña de azúcar.

De la misma forma, la composición multicultural y poliétnica de Nayarit es un pilar fundamental para la consolidación de la tradición mestiza mexicana. Dentro del Estado, cohabitan cuatro grupos étnicos originarios: Huicholes, Coras, Tepehuanos y Mexicaneros. Todo este bagaje cultural, ha recorrido un largo camino a través del propio curso del mundo, resistiendo de manera subparadigmática en los tiempos de la colonia, hasta convertirse y mezclarse en un eclecticismo que se encuentra presente hasta nuestros días en una identidad que nos define.

Es por lo anterior y en el marco de la Celebración del Centenario de la Creación del Estado de Nayarit, es realmente importante la realización de las acciones que se solicitan en el punto de acuerdo considerando que los elementos de difusión son necesarios para arraigar el sentido de orgullo y pertenencia en el seno de la sociedad nayarita.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

Los integrantes de la Comisión de Gobernación compartimos con el Senador proponente su posición respecto de celebrar el centenario del estado libre y soberano de Nayarit, uno de los estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos junto con las demás entidades federativas de nuestro territorio nacional, tal y como lo relato en su iniciativa con proyecto de acuerdo.

Como bien lo expone el proponente, Nayarit fue uno de los últimos territorios admitidos como Estado de la federación mexicana, la cual ocurrió el 1 de enero de 1917, es decir, hace ya casi 100 años.

Por otro lado, nos parece correcto celebrar a Nayarit por medio de la emisión y cancelación de estampillas postales conmemorativas del Centenario de: la Creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit, de acuerdo con la Ley del Servicio Postal Mexicano.

Tal y como lo expone Correos de México1, el arte de la filatelia tiene sus inicios en el gobierno del Presidente Ignacio Comonfort, en donde se estableció mediante decreto del 21 de febrero de 1856, la impresión de las primeras estampillas postales, mostrando la efigie de don Miguel Hidalgo y Costilla, mismas que se pusieron en circulación el primero de agosto de ese mismo año. El diseño y grabado, realizados en una placa de cobre, técnica conocida como huecograbado, estampado sobre papel blanco unido, de diversos gruesos, son obra de don José Villegas, hábil y célebre dibujante, Jefe de la Oficina del Sello de Estampas e Impresos del Gobierno.

La estampilla original fue impresa en hojas de sesenta ejemplares, cada una en diez hileras de a seis, para recortar a mano con tijera. El busto de Hidalgo se enmarca en un óvalo orlado; en la parte superior tiene la leyenda "Correos Méjico" y al calce su valor facial: medio, uno, dos, cuatro y ocho reales. En su impresión se utilizaron tintas azules, naranja, verde, rojo y lila, respectivamente para diferenciar el precio.

La impresión de esta emisión constó de cinco valores: ½ Real (azul), 1 Real (amarillo), 2 Reales (verde esmeralda), 4 Reales (rojo) y 8 Reales (lila), estas estampillas fueron validas hasta el 18 de abril de 1861, cuando se puso en circulación la Emisión de 1861 formada por 7 valores, para su impresión se uso el mismo diseño con la efigie de Hidalgo; para 1864 se puso en circulación por muy poco tiempo la Emisión Revolucionaria de Juárez, que tenía la efigie de Hidalgo de ¾ de perfil izquierda.

Durante el imperio de Maximiliano salieron de las prensas en la época de su corto gobierno: una la Emisión de las Águilas Imperiales, y otra, la Emisión de los Maximilianos.

Los términos timbre, sello y estampilla, se utilizan indistintamente para denominar a este pequeño trozo de papel, que adherido a la carta, valida el pago y hace llegar a todo el mundo un mensaje de buena voluntad y amistad del país que lo emite.

En México, como en la gran mayoría de los miembros de la Unión Postal Universal, se acepta por consenso el término "estampilla", que se diferencia de la denominación "timbre", de origen francés y connotación fiscal, así como la de "sello" utilizada en España y que en nuestro país corresponde más a una marca de acero o goma, que se coloca sobre la carta con la fecha de envío o recepción.

Dos cosas cambiaron para siempre el concepto de la carta: la invención del sobre en 1830 atribuida a un librero inglés de apellido Brewer y la aparición de la estampilla postal en 1840, porque a partir de esta última fecha, la historia del uso de las cartas se divide en época prefilatélica y época filatélica.

En el año de 1857, al promulgarse la primera Constitución Liberal de México, se reafirma el hecho de que el servicio de correos es y seguirá siendo una atribución del Estado y se toman las medidas necesarias para fortalecerlo y facultarlo a realizar convenios internacionales bilaterales, que facilitaran el libre tránsito de la correspondencia hacia otros países.

El Reglamento del 15 de julio de 1856, que llevaba el nombre de Reglamento de la Oficina de Estampas, que normo las ejecución de las estampillas, dado por la Administración General bajo la dirección de Don Guillermo Prieto, fue estricto. Las estampillas, debían de adherirse a la correspondencia por los empleados de correos y expresaban en sí misma el pago de la correspondencia. El exceso de cuotas o porte se pagaba en el lugar de su destino por los destinatarios, cargándose el valor de la factura a la Administración de Correos para donde fuera consignada.

Se inutilizaba el sello postal o estampilla, poniendo encima una marca que indicaba su amortización, sin cuyo requisito no podría circular libremente las cartas, sino que incurrían en la pena de decomiso. La “inutilización” como se decía, esto es la cancelación se hacía poniéndole el Sello Negro de la Oficina, que marcaba la procedencia de las cartas.

De acuerdo a las diferentes corrientes manifestadas entre los más acuciosos filatelistas mexicanos, la época moderna de la filatelia mexicana se inicia con la emisión de la primera estampilla postal alusiva al Correo Aéreo el 2 de abril de 1922, con un valor facial de 50 centavos. La estampilla, hecha en grabado, ostenta a un águila real sobrevolando la población de Amecameca, en el Estado de México, teniendo como fondo a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en colores azul, rojo y vino, con la leyenda "Correo Aéreo". Es importante destacar que el primer vuelo que transportó correspondencia del correo se llevó a cabo el seis de julio de 1917, en un recorrido de 110 kilómetros, de la ciudad de Pachuca, Hgo., a la ciudad de México, habiéndose cubierto la ruta en un recorrido de 53 minutos.

A partir de esta fecha, el Servicio Postal Mexicano ha emitido más de 2, 630 estampillas, entre filatélicas, de serie permanente y complementarias, destacándose entre éstas, las series permanentes México Exporta y México Turístico.

Entre 1923 y 1925, el correo emite lo que se denominó Serie Regular Lugares y Monumentos, integrada por nueve estampillas con valores faciales de 1 centavo, en color café; 2 ctvs., en color rojo; 3 centavos, en color café; 4 ctvs., en color verde; 5 centavos, en color naranja; 10 centavos, en color café; 10 centavos, en color rojo vino; 20 ctvs., en color azul oscuro y 30 centavos, en color verde oscuro, destacándose la emisión de la estampilla del monumento a Morelos, con valor facial de 1 centavo, estampilla obligatoria para todo tipo de correspondencia como cooperación en pro de la lucha contra la plaga de la langosta. A partir del año de 1931, estas estampillas se utilizaron para franqueo de tarjetas postales dentro de las ciudades de origen o para complementar portes.

La Emisión Regular 1934-1950, consiste en 15 estampillas postales con valores desde un centavo hasta cinco pesos, hecha en grabado, recoge imágenes bellas de indígenas Yalaltecas y Tehuanas, así como la estampa del tradicional charro mexicano. La Serie Correo Aéreo, Arquitectura y Arqueología, de 1954 a 1975, integrada por 23 estampillas postales diferentes, con valores faciales desde cinco centavos hasta veinte pesos, es de las series ya clásicas de la filatelia mexicana, de las cuales destacan las estampillas de la danza de la pluma del estado de Oaxaca, con un valor facial de 10 ctvs. y la de los frescos de Bonampak, del estado de Chiapas con un valor facial de veinte centavos. Sobresalen también en esta serie, por la calidad de los grabados, las tres estampillas alusivas a la Ciudad de Taxco, estado de Guerrero, con valores faciales de 35 ctvs., dos y cinco pesos.

La serie permanente o Emisión Regular México Exporta (1975-1992), temáticamente plasma los diferentes productos que México exporta y ha exportado, p.ej., tubos de acero, ganado y carne, partes automotrices, café, conductores eléctricos, abulón, zapatos, minerales, tequila, hierro forjado, libros, mezclilla, cobre martillado, maquinaria agrícola, algodón, miel de abeja, fresas, bicicletas, platería y joyería, cítricos, etc.; con diferentes valores faciales que van desde cinco centavos hasta siete mil doscientos pesos, debido a las fluctuaciones de la moneda en ese periodo.

En esta época son clásicas también las estampillas postales alusivas al Seguro Postal y las diferentes series preolímpicas de 1965, 1967 y las ya olímpicas en 1968, con viñetas de los diferentes deportes, anunciando y conmemorando la celebración de los XIX Juegos Olímpicos, con sede en la ciudad de México. Actualmente, la diversidad de diseños y temas abordados por la filatelia mexicana, la hacen una de las más atractivas, donde la modalidad de las hojas recuerdo, las estampillas elípticas y ovaladas y, aquellas que incluyen elementos en Braille, la colocan como una de las colecciones filatélicas mundiales más cotizadas.

Es por ello que la emisión y cancelación de las estampillas postales de han convertido en un ícono para la conmemoración de personajes y eventos históricos de nuestro país.

Por otro lado, con la emisión de billetes de lotería conforme a la Ley Orgánica para la Lotería Nacional para la Asistencia Pública se refleja igualmente la importancia de celebrar el centenario del estado de Nayarit, de manera que la celebración quede plasmada en un documento que se distribuye a nivel nacional.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

Primero. El Senado de la Republica, exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Dirección General del Servicio Postal Mexicano, para qué, de acuerdo con la Ley del Servicio Postal Mexicano, se analice la viabilidad de la emisión y cancelación de estampillas postales conmemorativas del Centenario de la Creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit; el primer bimestre del año 2017.

Segundo. El Senado de la Republica, exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Junta Directiva, y el Director General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para qué, de acuerdo con la Ley Orgánica para la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, analice la viabiilidad sobre la emisión de billetes de lotería, conmemorativos del Centenario de la Creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit, durante el primer sorteo del año 2017.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.

1 http://www.correosdemexico.gob.mx/Filatelia/FilateliaMexico/Paginas/HistoriaFilateliaMexico.aspx





Por el que se sugiere la emisión de un billete conmemorativo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de su centenario.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

H. ASAMBLEA:

A la comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que se sugiere al Banco de México y al Comité para la Conmemoración del Centenario de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de billetes Conmemorativos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de su centenario. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión Ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2016, los Senadores Jesús Casillas Romero y Emilio Gamboa Patrón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó el punto de acuerdo en estudio.

2. En misma fecha, la Mesa Directiva, turno el punto referido a la Comisión de Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El punto de acuerdo en estudió refiere, a laemisión de billetes conmemorativos, en el marco de la celebración del Centenario de la ConstituciónPolítica de los

Estados Unidos Mexicanos, como una forma de homenajear a nuestra Carta Magna en su aniversario.

Los proponentes del punto de Acuerdo en estudio, señalan que dicha sugerencia va dirigida al Banco de México y al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, dentro del punto de Acuerdo los proponentes mencionan que nuestra Constitución, es sin duda, pilar de las instituciones democráticas de nuestra nación, pilar jurídico nacional y de las reglas básicas de convivencia para la paz y el desarrollo de nuestro país.

Por ello, mencionan que es muy significativo que, en el marco de sus cien años de existencia, se honre a tan significativo e histórico documento, producto de las corrientes y movimientos revolucionarios de 1910.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con los argumentos de los proponentes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el eje rector de las instituciones y las reglas de convivencia entre la sociedad. Sin lugar a dudas, como mencionan los proponentes, nuestra Constitución es el pilar de las instituciones democráticas, pilar jurídico nacional y de las reglas de convivencia y desarrollo de nuestro país.

El 5 de febrero del 2017, se cumple el centenario de una de las Cartas Magnas más antiguas; es decir de nuestra Constitución, dicho texto fue construido con base en las ideologías que han marcado a nuestra nación.

A casi cien años de edad, ha sido objeto de diversas reformas, adiciones y derogaciones, pero aún con sus reformas, ha conservado la estructura de aquella época, los Derechos Humanos, Derechos Sociales, Derechos Políticos, División de Poderes, los principios de educación laica y gratuita, la separación Iglesia Estado y la igualdad de género.

Sin embargo, en los dos últimos periodos presidenciales, se han observado grandes reformas a nuestra Carta Magna, las cuales han constituido grandes transformaciones en nuestro país; entre las que destacan, un Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas, un nuevo Sistema de Justicia Penal, la creación de Órganos Constitucionales Autónomos, reformas en materia de Derechos Humanos, la Paridad de Género, entre otros. 

En atención a lo anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora, coincidimos con los proponentes, en la importancia de homenajear a nuestra Carta Magna en su aniversario, y una forma significativa de hacerlo es a través de la emisión de billetes conmemorativos, tal como lo mencionan los proponentes en el punto de acuerdo.

En este sentido, cabe mencionar que el Banco de México ha participado mediante la acuñación de monedas y la emisión de billetes, para evocar y celebrar eventos relevantes como:

• Las monedas conmemorativas al inicio del nuevo milenio

• El bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez García

• El bicentenario del inicio del movimiento de independencia y

• El centenario del inicio de la Revolución Mexicana

En el caso de la emisión de billetes conmemorativos, como:

• Los primeros aparecieron en 1910, para celebrar los cien años de la independencia de México y

• El 75 aniversario del Banco de México

• El bicentenario del inicio del movimiento de independencia y

• El centenario del inicio de la Revolución Mexicana

Finalmente, el día 5 de febrero de 2013, los Poderes de la Unión suscribieron un acuerdo para la creación del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer en forma coordinada las actividades conmemorativas, homenajes, expresiones y demás acciones que se llevarán a cabo para dicha celebración.

Entre las diversas actividades destacan: la publicación de obras conmemorativas, exposiciones, conferencias, seminarios, coloquios y mesas redondas, así como transmisiones de programas de radio y televisión, para promover la historia y el contenido dela Constitución, con el fin de fortalecer la cultura constitucional y aportar información valiosa. Por ello, creemos importante que la emisión de billetes conmemorativos, forma parte de una especial forma de homenajear tan importante evento.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

ÙNICO. El Senado de la República sugiere respetuosamente al Banco de México y al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de un billete conmemorativo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de su Centenario, como una especial forma de remembrar y homenajear a nuestra Carta Magna en su aniversario.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.






Por el que se solicita al gobierno del estado de Nuevo León llevar a cabo una investigación para encontrar los motivos por los cuales se filtraron los datos personales de miles de estudiantes de dicho estado.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León a que lleve a cabo una investigación exhaustiva para encontrar los motivos por los cuales se filtraron los datos personales de miles de estudiantes de Nuevo León; se encuentre a los servidores públicos responsables de dicha filtración u omisión de vigilancia y se les sancione conforme a la ley, y rinda un informe en la que detalle el procedimiento de manejo de los datos personales de los ciudadanos en su poder, presentado por el Senador Raúl Gracia Guzmán integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General del Estados Unidos Mexicanos y176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido del punto de Acuerdo referido, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada en el salón de sesiones del Senado de la República el 17 de noviembre de 2016, el Senador Raúl Gracia Guzmán integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó el punto de Acuerdo en cuestión.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó el punto de Acuerdo referido a la Comisión de Gobernación para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El punto de Acuerdo resalta la importancia de los datos personales al ser toda la información relativa a una persona que le da identidad porque precisa su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, o profesional, pero también describe aspectos más sensibles como su forma de pensar, estado de salud, sus características físicas, ideología o vida sexual.

Sin embargo, el uso extensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones ha permitido que los datos personales sean tratados para fines distintos para los que originalmente fueron recabados, así como transmitidos sin el conocimiento del titular, rebasando la esfera de privacidad de las personas y lesionando otros derechos y libertades.

Es por lo anterior que en 2007 el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 6º constitucional, el cual establece la protección a los datos personales y la información relativa a la vida privada, así como el derecho de acceder y corregir los datos que obren en archivos públicos. En ese tenor, el año siguiente con la aprobación de las reformas a los artículos 16 y 73 constitucionales, se introduce el derecho de toda persona a la protección de su información que se encuentre en manos tanto de gobiernos como de particulares.

No obstante, el Gobierno del Estado de Nuevo León abrió los datos personales de miles de jóvenes, violentando el artículo 16 constitucional y el 68 de la Ley General De Transparencia y Acceso A La Información Pública.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos en el especial cuidado que debe ostentar el tratamiento de los datos personales, porque la exposición de los mismos podría desembocar en un atentado hacia la persona, haciéndolos más propensos a robos, secuestros, extorsiones o robo de identidad, además de que resultan en la afectación de diversos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad.

De igual forma, los integrantes de esta Comisión hacemos hincapié en la obligación del Gobierno del Estado de Nuevo León de respetar en todo momento los Derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que debe resarcir el daño perpetrado a los ciudadanos y sancionar a los responsables. Además, deberá proporcionar a los afectados los medios suficientes para protegerse de cualquier eventualidad que surja como resultado de la acción mencionada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la Republica solicita al Gobierno del Estado de Nuevo León lleve a cabo una investigación exhaustiva para encontrar los motivos por los cuales se filtraron los datos personales de miles de estudiantes de Nuevo León, asimismo, se encuentre a los servidores públicos responsables de dicha filtración u omisión de vigilancia y se les sancione conforme a la ley.

Segundo. El Senado de la Republica solicita al Gobierno del Estado del Nuevo León rinda un informe a esta Soberanía en la que detalle el procedimiento de manejo de los datos personales de los ciudadanos en su poder.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.






Por el que se exhorta a los gobernadores y alcaldes de las entidades federativas a atender la perspectiva de género y la integración de jóvenes en la administración pública de sus respectivos gobiernos.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores y alcaldes electos, el pasado 5 de junio, a atender en la integración de sus gabinetes la perspectiva de género y la integración de jóvenes.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. El 17 de agosto de 2016 el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Iniciativa con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobernadores y alcaldes electos, el pasado 5 de junio, a atender en la integración de sus gabinetes la perspectiva de género y la integración de jóvenes.

2. El 6 de septiembre de 2016 la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa con Punto de Acuerdo a la Comisión de Gobernación.

II.CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Punto de Acuerdo resalta que el liderazgo y la participación política de las mujeres han registrado pocos avances tanto en el ámbito mundial como local, teniendo poca representación no sólo como en los cargos de elección popular, en la administración pública, en los puestos directivos, el mercado laboral o la academia.

De igual forma indica que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 21, numeral 2 que ¨Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país¨.

Lo mismo establece la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, que plantea en su artículo tercero que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

En el mismo sentido, en México, el artículo 4º de la Constitución establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, asimismo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a efecto de lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra todo tipo de discriminación.

Los proponentes señalan que en dicha Ley en su artículo 17 establece que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural.

En el mismo sentido y por lo que respecta a los jóvenes, actualmente existen 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, que representan el 25.7% de la población total. Del total de la población joven, 35.1% son adolescentes (15 a 19 años), 34.8% son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tienen de 25 a 29 años de edad.

Se indica que a pesar de que constituyen un sector importante, son pocos los espacios que tienen en los tres órdenes de gobierno.

En ese tenor, se señala que en junio pasado se realizaron elecciones en 13 entidades federativas, donde se votaron 1,365 cargos de elección popular: 12 para gobernador; 965 ayuntamientos; 239 diputados locales de mayoría relativa; y 149 diputados locales plurinominales.

Los proponentes expresan que es necesario que las instituciones se centren en la promoción de políticas públicas y programas eficaces, con el propósito de superar las diversas problemáticas que enfrentan los jóvenes mexicanos al buscar una oportunidad laboral.

Por lo anterior, consideran apremiante que los gobernadores y alcaldes electos el pasado 5 de junio, deban incluir en la integración de sus gabinetes la perspectiva de género y de los jóvenes mexicanos.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

Los integrantes de la Comisión de Gobernación coincidimos en la importancia de que   las mujeres y los jóvenes tengan más espacios de participación en las funciones  públicas.

Como bien lo han expreso los proponentes, los diversos acuerdos a nivel internacional llaman a impulsar políticas y decisiones que fortalezcan la perspectiva de género y la integración de jóvenes.

En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 asume el compromiso de impulsar la igualdad entre mujeres y hombres como parte de su estrategia para que México alcance su máximo potencial. Bajo los principios rectores de la igualdad sustantiva, la no discriminación y la no violencia será posible contribuir a alcanzar las cinco metas nacionales que el Gobierno de la República se ha propuesto.

De la misma forma, se considera que es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos.

Por otro lado, tal y como lo indica el libro ¨La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad¨ editado por el Centro de Estudios para el Delante de las Mujeres y la Equidad de Género CEAMEG1, la situación actual de las mujeres en México en el ámbito de la política se caracteriza por tener una presencia y participación limitada en los cargos públicos de adopción de decisiones fundamentales para la sociedad en su conjunto. Esta realidad se ve reflejada en los datos e información estadística que permiten hacer visible la situación de desigualdad de género en la esfera política del  país.

Esta situación muestra que, si bien las mujeres mexicanas han logrado algunos avances en su presencia política, luego del reconocimiento del sufragio femenino, todavía se encuentra en cierne el ejercicio pleno de su ciudadanía.

El mismo libro indica que esta ciudadanía ¨incompleta¨ de las mujeres mexicanas ha motivado la afirmación de que este sector de la población ejerce una ¨ciudadanía de segunda¨ al no contar con igualdad de oportunidades para participar en la vida pública del país.

Esta desigualdad se refleja no sólo en la presencia limitada de las mujeres en los distintos espacios de poder político y toma de decisiones del ámbito público, sino que incluso aquellas mujeres que logran acceder a estos espacios restringidos se enfrentan a múltiples expresiones de discriminación y violencia.

Por otro lado, la presencia de jóvenes menores de 30 años es escasa dentro de los tres ámbitos de gobierno, situación que no refleja la aspiración nacional a ser un país incluyente para todos los sectores de la población.

En ese sentido, podemos ver ejemplos en donde claramente se han construido gabinetes plurales, tal es el caso de Javier Corral, gobernador electo de Chihuahua que rindió protesta el pasado 4 de octubre, contando en su gabinete con igualdad en cuanto a género.2

Por otro lado, en el caso del gobernador electo de Hidalgo Omar Fayad que rindió protesta el pasado 5 de septiembre, cuenta con un importante número de jóvenes dentro de áreas de responsabilidad en su gabinete.3

Es por ello, que los integrantes de esta Comisión compartimos con los proponentes el llamado a que los gobernadores y alcaldes electos y que han tomado protesta, atiendan en la composición de sus gobiernos, la perspectiva de género y la integración de jóvenes en los mismos.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobernadores y Alcaldes de las Entidades Federativas, atender la perspectiva de género y la integración de jóvenes en la administración pública de sus respectivos gobiernos.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.

1 http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf

2 http://www.chihuahua.gob.mx/info/gabinete

3 http://www.hidalgo.gob.mx/page/gabinete






Y por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir la propuesta de nombramiento del Secretario de la Función Pública.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

H. ASAMBLEA:

A la comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo que exhortaba al titular del ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a remitir al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Secretario de la Función Pública. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. El 18 de octubre de 2016 la Senadora de la República Laura Angélica Rojas Hernández de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores el punto de Acuerdo en estudio.

2. El mismo día, la Mesa Directiva turnó el punto referido a la Comisión de Gobernación para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El punto de Acuerdo resalta que la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) fortalecen la independencia y atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y revierten la tendencia de debilitamiento del control interno por parte de la Presidencia de la República.

En ese sentido, el punto de Acuerdo señala que la LOAPF exige que el nombramiento esté acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, la cual detecta y previene un posible conflicto ético y legal del actuar del titular de la Secretaría de la Función Pública, cuyos vínculos pudieran comprometer su independencia e imparcialidad.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos en que es indispensable elegir a las personas adecuadas para la instrumentación del nuevo marco normativo y se libre una efectiva batalla en contra de la corrupción.

Sin embargo, los integrantes de esta comisión dictaminadora estimamos que la presente proposición ha quedado sin materia, debido a que ya se nombró a Arely Gómez González como Secretaria de la Función Pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración del pleno del Senado de la Republica, con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, lo siguiente:

ACUERDO

UNICO. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición con punto de Acuerdo expresado en este dictamen en virtud de las consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente   concluido.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.

Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. No hay reservas, pero vuelvo a preguntar a las Senadoras y a los Senadores si alguien desea reservar alguno de los dictámenes que se han presentado.

No habiendo reservas, le pediría a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han descrito. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados todos los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Tenemos la discusión de 15 dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Están a discusión los siguientes dictámenes:

Dos, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen a discusión)








Y el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen a discusión)








Dos, de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 171 de la Ley de Amparo.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO  171 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








Y el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 288 del Código Civil Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 288 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen a discusión)








Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Asistencia a Madres y Padres solos Jefes de Familia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE ASISTENCIA A MADRES Y PADRES SOLOS JEFES DE FAMILIA

(Dictamen a discusión)








También tenemos 9 dictámenes de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de Decreto.

Para adicionar los artículos 280 y 421 Bis de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 280 RECORRIENDO EL ACTUAL EN SU ORDEN Y EL ARTÍCULO 421 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 280 recorriendo el actual en su orden y el artículo 421 bis de la Ley General De Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de abril de 2016, el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 280 recorriendo el actual en su orden y el artículo 421 bis de la Ley General De Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El legislador propone prohibir, regular y sancionar la fabricación e importación de barnices, lacas, tintes, esmaltes, selladores o revestimientos y pinturas arquitectónicas, también llamadas de uso decorativo o del hogar y obra, con contenido de plomo.

A continuación, se plantea el propósito de la Iniciativa.

Ley General de Salud vigente

Propuesta de reforma Iniciativa

Artículo 280.- La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

 

Artículo 281.- Las etiquetas de los envases de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, en lo conducente, deberán ostentar, en español, claramente la leyenda sobre los peligros que implica el manejo del producto, su forma de         uso, sus antídotos en caso de intoxicación y el manejo de los envases que los contengan o los hayan  contenido, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con   las normas que dicte la Secretaría de Salud.

Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta Ley.

Artículo 280.- Queda prohibida la fabricación e importación de barnices, lacas, tintes, esmaltes, selladores o revestimentos y pinturas arquitectónicas, también llamadas de uso decorativo o del hogar y obra, con contenido de plomo.

Artículo 281.- La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

 

 

 


Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 280, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta Ley.

 III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

Así mismo se coincide en enfatizar que el asunto materia de la Iniciativa, es de suma relevancia para la salud pública del país.

B. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el plomo es un metal toxico presente en la corteza terrestre, su uso generalizado ha creado en muchas partes del mundo importantes problemas a la salud y ha originado contaminación al medio ambiente, asimismo señala que:

“Entre las principales fuentes de contaminación ambiental destacan la explotación minera, la metalurgia, las actividades de fabricación y reciclaje y, en algunos países, el uso persistente de pinturas y gasolinas con plomo. Más de tres cuartes partes del consumo mundial de plomo corresponden a la fabricación de baterías de plomo-ácido para vehículos de motor”.

Se coincide con el proponente en visualizar al Plomo como un metal toxico y dañino para la salud. Causa daños duraderos en los adultos, por ejemplo aumentando el riesgo de hipertensión arterial y de lesiones renales. En las embarazadas, la exposición a concentraciones elevadas de plomo puede ser causa de aborto natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, y provocar malformaciones leves en el feto.

Es por ello que el legislador quiere regular y prohibir dicho tema de salud pública.

C. Es menester decir que el espíritu busca una circunstancia loable sin embargo, estas comisiones consideran los siguientes puntos:

Se debe destacar que el artículo 278 de la Ley General de Salud, faculta a la Secretaria de Salud a expedir una lista en el DOF sobre las sustancias tóxicas o peligrosas, mismaque se publicó en el 12 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

Al tenor se plasma el artículo mencionado:

Artículo 278.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Plaguicida: Cualquier substancia o mezcla de substancias que se destina a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, así como las substancias defoliantes y las desecantes

II. Nutrientes vegetales: Cualquier substancia o mezcla de substancias que contenga elementos útiles para la nutrición y desarrollo de las plantas, reguladores de crecimiento, mejoradores de suelo, inoculantes y humectantes;

III. Substancia peligrosa: Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos, que tiene características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, explosividad, toxicidad, biológico-infecciosas, carcinogenicidad, teratogenicidad o mutagenicidad, y

IV. Substancia tóxica: Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de   ambos que, cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte. La Secretaría de Salud determinará, mediante listas que publicará en el Diario Oficial de la Federación, los nutrientes vegetales, así como las substancias tóxicas o peligrosas que por constituir un riesgo para la salud deben sujetarse a control sanitario.

Así mismo dicho propósito de la reforma también se regula por los artículos 194 y 195, ya que establecen que la Secretaría de salud ejercerá un control respecto al uso, importación, etc, de substancias tóxicas o peligrosas por lo cual emitirá las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

En este tenor se hace mención de la NOM-003-SSA1-2006 que contiene los requisitos que debe cumplir el etiquetado de pinturas, tintes, barnices, lacas etc. Como se marca a continuación:

3.9 Producto. Todo aquel material líquido, semilíquido o sólido, con o sin materia colorante finamente distribuida en suspensión, la cual puede formar una película sólida protectora o depositarse, después de aplicarse sobre metal, madera, materiales de mampostería, papel, piel, tela, plástico, sobre capas anteriores de pintura seca, o cualquier otra superficie, competencia de esta Norma que son: pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes. Entiéndase por tinta a "tinta para impresión".

3.10 Productos con plomo: Aquéllos con un contenido de plomo total mayor a 600 ppm en la parte no volátil del producto o en una película seca del mismo.

3.11 Productos sin plomo: Aquéllos con un contenido de plomo total de hasta 600 ppm en la parte no volátil del producto o en una película seca del mismo.

Así mismo en la citada Norma también se plasma las leyendas de advertencia o precautorias, como a continuación se describe:

5. Especificaciones

5.1 Para la clasificación de los productos en base al contenido de plomo, consultar el Apéndice informativo A.

5.2 Requisitos de información sanitaria

5.2.1 Los productos con plomo formulados en base disolvente, deben ostentar las leyendas siguientes:

a) NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACION;

b) ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;

c) PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACION, ACABADO O IMPRESION DE JUGUETES, OBJETOS SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS, ASI COMO EN LA PINTURA DE INTERIORES DE CASAS HABITACION, RESTAURANTES, AREAS DE JUEGOS INFANTILES, ESCUELAS Y GUARDERIAS;
d) PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;

e) NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS;

f) EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

g) APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACION ADECUADA;

h) CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TOXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD;

i) CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

En los envases con capacidad de 250 ml o menos, podrán excluirse las leyendas a que se refieren los incisos g) e i) del punto 5.1.1.

5.2.2 Los productos formulados en base acuosa o aceite vegetal con plomo deben ostentar las leyendas a que se refieren los incisos a), c), d), e) y f) del punto 5.1.1 de esta Norma Oficial Mexicana, así como la leyenda siguiente:

CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO, CUYO CONTACTO ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD;

En concordancia con lo anterior, se hace notar que de acuerdo con los numerales 4.1.3 y 4.1.6, de la NOM-004-SSA1-2013, Salud ambiental. Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo, se debe evitar el uso de compuestos de plomo como ingrediente o materia prima en la fabricación, entre otros productos, de pinturas, esmaltes, recubrimientos y tintas. Así mismo el numeral 4.3 de dicha norma, señala que en los casos en los que se podrían utilizar los compuestos de plomo, entre los que no se encuentran los mencionados.

Por lo antes mencionado es que estas dictaminadoras estiman INVIABLE el fin que perdigue la iniciativa de mérito ya que como observamos se encuentra previsto en diversos ordenamientos sanitarios incluyendo la propia Ley General de Salud, así como diferentes Normas Oficiales Mexicanas.

Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El H. Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionaba el artículo 280 recorriendo el actual en su orden y el artículo 421 bis de la Ley General de Salud, por los argumentos vertidos en el dictamen.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Para adicionar la fracción VI Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI BIS AL ARTÍCULO 118 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de diciembre de 2015, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La legisladora propone dotar a la Secretaría de Salud con las facultades que le permitan proporcionar a la población de estudiantes de espacios dignos, apropiados y en condiciones de seguridad e integridad física.

A continuación, se plantea el propósito de la Iniciativa.

Ley General de Salud vigente

Propuesta de reforma Iniciativa

Artículo 118. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a V. …

VI. Ejercer el control sanitario de las vías generales de comunicación, incluyendo los servicios auxiliares, obras, construcciones, demás dependencias y accesorios de las mismas, y de lasembarcaciones, ferrocarriles, aeronaves y vehículos terrestres destinados al transporte de carga y pasajeros, y

 

 


VII. En general, ejercer actividades similares a las anteriores ante situaciones que causen o puedan causar riesgos o daños a la salud de las personas.

Artículo 118. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a V. …

VI. Ejercer el control sanitario de las vías generales de comunicación, incluyendo los servicios auxiliares, obras, construcciones, demás dependencias y accesorios de las mismas, y de las embarcaciones, ferrocarriles, aeronaves y vehículos terrestres destinados al transporte de carga y pasajeros,

VI. Bis. Ejercer control sanitario en las instituciones educativas a nivel básico, intermedio y medio superior, incluyendo los servicios auxiliares, obras,  construcciones, demás dependencias y accesorios de las mismas, y

VII. …

 

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

Así mismo se coincide en enfatizar que el asunto materia de la Iniciativa, es de suma relevancia para la salud pública del país.

B. La Iniciativa instrumento de análisis del presente Dictamen hace énfasis en que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, y garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Con ello se debe hacer efectivo el artículo 3ro Constitucional que marca lo anterior.

Así mismo se enfatiza que la proponente menciona en la Exposición de motivos que la educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo de la salud. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza y asisten a centros educativos que constituyen incluso un problema para la conservación de su estado de salud.

La falta de higiene, la falta de sanitarios, drenaje, acceso a agua potable y alimentos saludables, aunada a los problemas físicos de  las construcciones, generan cada año incidentes que ponen en riesgo la salud de la población infantil de nuestro país.

Y por último se plasma la problemática que a partir de la reforma educativa, el INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe llevar a cabo Evaluaciones sobre las Condiciones Básicas  Para la Enseñanza y el Aprendizaje, para determinar si las escuelas de educación primaria del país cuentan con condiciones básicas para su operación y funcionamiento. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que el INEE  no cuenta con el conocimiento técnico en materia de salud para determinar si los espacios y las condiciones de aprendizaje son adecuados.

C. La educación y la salud están íntimamente unidas. En este sentido, la educación y la salud están hermanadas y se refuerzan mutuamente, contribuyendo a sacar a la gente de la pobreza y ofrecerle la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial humano.

D. En este tenor se coincide con la proponente en que se debe tener una educación de calidad unida a una buena salud. Sin embargo se observa los siguiente:

La Ley General de la Infraestructura Física Educativa establece los lineamientos generales para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional, y señala cuáles son las autoridades en materia de infraestructura física educativa, entre las que no se considera a la Secretaria de Salud. Para mejor referencia se observa el artículo 5 del ordenamiento citado.

Artículo 5. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las autoridades en materia de infraestructura física educativa de la federación, de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales y las señaladas en la Ley General de Educación.

Son autoridades en materia de infraestructura física educativa:

I. El titular del Ejecutivo Federal;

II. El titular de la Secretaría de Educación Pública;

III. El Director General del instituto;

IV. Los titulares de los ejecutivos de los estados y del Distrito Federal;

V. Los titulares de las secretarías de educación y sus equivalentes en las entidades federativas;

VI. Los titulares de los organismos responsables de la infraestructura física educativa de las entidades federativas; y

VII. Los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal.

Por lo anterior la propuesta de Decreto está relacionada con cuestiones mínimas de infraestructura que deben tener las escuelas desde el nivel básico hasta media superior, lo cual NO forma parte de las atribuciones que la Ley General de Salud confiere a la Secretaría de Salud en materia de control y fomento sanitario. Por lo anterior estas comisiones estiman inviable dicha propuesta. 

Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El H. Senado de la República, desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adicionaba la fracción VI Bis. al artículo 118 de la Ley General de Salud, por los argumentos vertidos en el dictamen.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Para reformar y adicionar la Ley General de Salud, en materia de desperdicio de alimentos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DESPERDICIO DE ALIMENTOS

(Dictamen a discusión)








Para reformar el artículo 83 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Salud, en materia de salud visual.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 18 de febrero de 2016, la Senador Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La legisladora propone que la Secretaría de Salud, a través de sus delegaciones estatales, será responsable de certificar y poner a disposición del público en general el listado de establecimientos autorizados para elaborar, adecuar, procesar, comercializar y distribuir dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular.

A continuación, se plantea el propósito de la Iniciativa.


Ley General de Salud vigente

Propuesta de reforma Iniciativa

Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el Título, Diploma, número de su correspondiente cédula profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad vigente. Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen al respecto.

Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el Título, Diploma, número de su correspondiente cédula profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad vigente. Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen al respecto.

La Secretaría, a través de sus delegaciones estatales, será responsable de certificar y poner a disposición del público en general el listado de establecimientos autorizados para elaborar, adecuar, procesar, comercializar y distribuir dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

Así mismo se coincide en enfatizar que el asunto materia de la Iniciativa, es de suma relevancia para la salud pública del país.

B. La Salud visual es de suma importancia, la discapacidad visual se define con base en la agudeza visual y el campo visual. Se habla de este tipo de discapacidad cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual aun con el uso de lentes, o bien, una disminución significativa del campo visual.

La discapacidad visual puede originarse por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales o por padecimientos o accidentes que afecten los ojos, las vías visuales o el cerebro. El inadecuado desarrollo en la gestación da como resultado esta discapacidad, Así mismo podemos agregar aquella discapacidad que se gesta a partir de una enfermedad que provoca esa disminución de la visión, como son: Glaucoma, Cataratas, Diabetes, Tracoma, Ausencia de Vitamina A.

C. Con arreglo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, actualización y revisión de 2006), la función visual se subdivide en cuatro niveles:

• Visión normal;

• Discapacidad visual moderada;

• Discapacidad visual grave;

• Ceguera.

La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan comúnmente bajo el término «baja visión»; la baja visión y la ceguera representan conjuntamente el total de casos de discapacidad visual.

La distribución mundial de las principales causas de discapacidad visual es como sigue:

• Errores de refracción (miopía, hipermetropía o astigmatismo) no corregidos: 43%;

• Cataratas no operadas: 33%;

• Glaucoma: 2%.

D. En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión.

Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en los países en desarrollo. Así mismo El 82% de las personas que padecen ceguera tienen 50 años o más.

A nivel mundial, los errores de refracción no corregidos constituyen la causa más importante de discapacidad visual, pero en los países de ingresos medios y bajos las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera.  El 80% del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar.

Por lo mencionado, en 2013, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de acción para prevenir la ceguera y la discapacidad visual, 2014-2019, estrategia que sirve como eje para que los Estados miembros alcancen una disminución notable del 25 por ciento en materia de discapacidad visual. Las acciones de dicho Plan, están centradas en reforzar los esfuerzos para eliminar la ceguera evitable, priorizar la atención hacia las enfermedades oculares, ampliar los servicios oftalmológicos y expandir las intervenciones de rehabilitación para personas con discapacidad visual residual.

Sabemos que nuestro país ha hecho lo propio y que falta por hacer, sin embargo como está planteada dicha propuesta se desprende que ya se encuentra regulada dentro de la legislación sanitaria.

E. Por ello, es menester decir que derivado de un análisis se desprende que a pesar de la nobleza de la propuesta, la misma resulta ambigua e inviable, en virtud de que por un lado menciona la certificación que deba hacer la Secretaría de Salud a los establecimientos dedicados a comercializar y distribuir dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, y por otro, refiere a un listado establecimientos autorizados para ese efecto.

Para ello cabe destacar y precisar que la certificación y la autorización resultan mecanismos de control completamente diferentes en términos de la Ley General de Salud (LGS).

Asi mismo no se aclara respecto a los establecimientos dedicados a comercializar dispositivos médicos para la salud visual y ocular, ya que en su exposición de motivos se refiere a la necesidad de regular a las ópticas, sin embargo los dispositivos médicos están enfocados a prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades, servicios que no son prestados en establecimientos como las ópticas.

Por otra parte en cuanto a las certificaciones para establecimientos, actualmente las normas regulatorias sanitarias competentes solo contemplan la certificación para establecimientos de atención médica, como un proceso por el cual se reconoce a dichos establecimientos que participan de manera voluntaria y cumplen los estándares necesarios para brindar servicios con buena calidad en la atención médica y seguridad a los pacientes.

Por lo anterior se puede decir que, el establecimiento de atención médica es definido como aquél público, social o privado, fijo o móvil cualquiera que sea su denominación, que preste servicios de atención médica, ya sea ambulatoria o para internamiento de enfermos, excepto consultorios.

En este tenor se menciona que el REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PRESTACIÓN DESERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA (RLGSAM), en su artículo 10, considera como establecimientos de atención médica los siguientes:

ARTÍCULO 10.- Serán considerados establecimientos para la atención médica:

I.- Aquellos en los que se desarrollan actividades preventivas, curativas, de rehabilitación y de cuidados paliativos dirigidas a mantener y reintegrar el estado de salud de las personas, así como apaliar los síntomas del padecimiento;

II.- Aquellos en los que se presta atención odontológica;

III.- Aquellos en los que se presta atención a la salud mental de las personas;

IV.- Aquellos en los que se prestan servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento;

V.- Las unidades móviles, ya sean aéreas, marítimas o terrestres, destinadas a las mismas finalidades y que se clasifican en:

A).- Ambulancia de cuidados intensivos;

B).- Ambulancia de urgencias;

C).- Ambulancia de transporte, y

D).- Otras que presten servicios de conformidad con lo que establezca la Secretaría.

Las unidades móviles se sujetarán a las normas oficiales mexicanas correspondientes, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones aplicables, y

VI.- Los demás análogos a los anteriores que en lo sucesivo señalen como tales las disposiciones generales aplicables o los que, en su caso, determine la Secretaría.

De lo anterior se pude decir que la certificación es voluntaria y sólo es aplicable para los establecimientos que brinden atención médica y, en el esquema que se pretenda que las ópticas sean certificadas, se menciona que éstos establecimientos no son considerados establecimientos de atención médica, debido a que sólo se dedican a la venta de lentes o anteojos, por lo que no les aplicaría una certificación como lo señala la propuesta de Ley.

Como información adicional vemos que en el artículo 67 del reglamento mencionado, en las ópticas y en los consultorios de optometría está prohibido diagnosticar patologías oculares o sistemáticas, por lo que por ningún motivo pueden considerárseles establecimientos de atención médica. Por ende al no ser consultorios ni establecimientos en donde se realizan diagnósticos para identificar alguna patología, solo se les requiere de un aviso de funcionamiento para iniciar sus operaciones, con base en el artículo 200 bis de la Ley General de Salud, por lo que resultaría inviable incluírseles en un listado de establecimientos autorizados.

En le Ley sanitaria en el artículo 198 plasma quienes requieren autorización:

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I. El proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos; vacunas; toxoides; sueros y antitoxinas de origen animal, y hemoderivados;

II. La elaboración, fabricación o preparación de medicamentos, plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas;

III. La aplicación de plaguicidas;

IV. La utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, y

V. Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos.

VI. Centros de mezcla para la preparación de mezclas parenterales nutricionales y medicamentosas.

La solicitud de autorización sanitaria deberá presentarse ante la autoridad sanitaria, previamente al inicio de sus actividades.

Cuando así se determine por acuerdo del Secretario, los establecimientos en que se realice el proceso de los productos a que se refiere el artículo 194 de esta ley y su transporte deberán sujetarse a las normas de funcionamiento y seguridad que al respecto se emitan.

Así mismo en los preceptos 15 de la ley mencionada y  el artículo 9 fracción XII del Reglamento del Consejo General de Salubridad corresponde a dicho Consejo reconocer y certificar la calidad de los establecimientos de atención médica.

En este sentido, bajo el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica se coadyuva en la mejora continua de la calidad de los servicios de atención médica y de la seguridad que se brinda a los pacientes.

Por ende podemos concluir que legislación vigente prevé mecanismos de control sanitario para los comercios de Lentes y los consultorios de Optometría, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, y Anexo I, del “ Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaria de Salud, a través de la COFEPRIS, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión de Mejora Regulatoria”, deben presentar AVISO DE FUNCIONAMIENTO y contar con un responsable sanitario, medidas a través de las cuales es factible ejercer su vigilancia sanitaria, a través de la verificación  correspondiente que realicen las autoridades sanitarias correspondientes.

Así mismo cabe mencionar que la Secretaría de Salud en el marco jurídico de su actuación, no cuenta con delegaciones estatales, ni se justifica su creación, atendiendo a la distribución de competencias que prevé la Ley General de Salud en materia de Salubridad General ya que ejerce funciones preponderantemente normativas y de rectoría.

Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El H. Senado de la República, desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reformaba el artículo 83 de la Ley General de Salud, por lo vertido en el apartado de consideraciones del presente dictamen.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Para adicionar el artículo 3o. y reformar el artículo 119 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII BIS AL ARTÍCULO 3o. Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 119 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una iniciativa con proyecto de Decreto, que adicionaba una fracción XIII Bis al artículo 3° y se reformaba la fracción I Bis del artículo 119 de la Ley General de Salud, en materia de cáncer de piel.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de abril del 2016, el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que adicionaba una fracción XIII Bis al artículo 3° y se reformaba la fracción I Bis del artículo 119 de la Ley General de Salud, en materia de cáncer de piel.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DELA INICIATIVA

El Proponente tiene como objetivo lo siguiente:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3 y se reforma la fracción 1 Bis del Artículo 119 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3°.-…

I. …a XXVIII. …

Artículo 119. …

I. …

I Bis. Formular programas para la prevención, atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud que consideren, entre otros aspectos de la radiación ultravioleta y el cambio climático.

II. …a IV. …

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; También se habla de tumores malignos o neoplasias malignas. Dicha organización señala además que una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, cuyo proceso es conocido como metástasis, las cuales son la principal causa de muerte por cáncer.

En México, de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento del carcinoma basocelular (CBC), también conocido como cáncer de piel, refiere al mismo, “como un tumor maligno de origen epitelial, exclusivo de la piel”; se caracteriza por un crecimiento lento y aunque rara vez produce metástasis, tiene capacidad destructora local, y compromete extensas áreas de tejido, cartílago, y en raras ocasiones afectaciones al hueso.

El principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de piel son los rayos ultravioleta procedentes de la luz solar, los cuales producen mutaciones en el ADN de las células los cuales se acumulan durante años.

Los tres tipos principales de cáncer de piel son, el carcinoma basocelular, el carcinoma de células escamosas teniendo altas probabilidades de curación, y el tipo más grave, que es el melanoma maligno.

B. Derivado de un estudio realizado por la American Cancer Society, del 4 de mayo del 2016, el cáncer de piel es el más común de todos, según se ha estimado, aproximadamente 5.4 millones de cánceres de piel de células basales y de células escamosas se diagnostican cada año (presentándose en alrededor de 3.3 millones de estadounidenses, ya que algunas personas tienen más de uno). Alrededor de ocho de cada diez casos son cánceres de células basales (células que se encuentran en la capa externa de la piel, las cuales son responsables de la producción de células escamosas de la piel), siendo los de células escamosas menos frecuentes.

A pesar de que la muerte a causa de estos cánceres es poco común, se cree que aproximadamente 2,000 personas en los Estados Unidos mueren cada año a causa de esta problemática, no obstante, en los últimos 25 años, la incidencia de cáncer de piel se ha incrementado a nivel mundial.

Aunado a lo anterior, tan solo en España, el incremento es del 38% en los últimos 4 años, cerca de un 10% cada año y se prevé que seguirá esta tendencia en las siguientes dos-tres décadas. En el 2012 se detectaron aproximadamente unos 5,000 casos, de los cuales 2,286 eran hombres y 2,718 mujeres, siendo el cáncer de piel el más frecuente en los seres humanos, con una mortalidad de ocho-diez casos por cada 100 mil habitantes. Afortunadamente el cáncer de piel es uno de los más fáciles de prevenir.

C. De acuerdo con un estudio de la Fundación Mexicana Para la Dermatología, publicado el 16 de febrero de 2015, la exposición al sol por actividades recreativas o laborales, han incrementado los diagnósticos de cáncer de piel en nuestro país de forma importante, aumentando así a 16 mil el número de casos de cáncer de piel al año, siendo el daño por radiaciones ultravioleta de forma continua y cotidiana acumulativo, eleva el riesgo en la piel. Lo que ocasiona que se presente con mayor prevalencia en personas mayores de 50 años. Lo anterior sin dejar de lado que se están presentando en personas más jóvenes debido a que estas pasan más tiempo expuestos al sol.

No obstante, la Asociación Mexicana Contra el Cáncer (AMCC), establece en sus estadísticas que Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en cáncer de piel no melanoma, registrándose casos en jóvenes de entre los 16 y 21 años de edad.

D. Por su parte la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), indica que el peligro comienza cuando los rayos ultravioleta penetran la epidermis (capa más externa de la piel) y alteran los tejidos internos ocasionando lesiones que derivan en arrugas y pecas, en el mejor de los casos, y en algunas ocasiones un tipo de cáncer conocido como melanoma.

La AMLCC recomienda que al momento de la aparición de la mancha, si ésta no tiene una forma definida y presenta bordes irregulares, tiene más de un tono, o ha cambiado de color o forma, presenta sangrado, comezón y dolor al tacto es muy importante acudir al médico lo antes posible.

E. De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica ya señalada, nos recomienda los siguientes puntos para su prevención:

- Insistir a las personas, padres o tutores evitar la exposición solar entre las 11 y 15 horas, particularmente desde la infancia, así como el uso de camas de bronceado, haciendo énfasis en aquellas personas con más riesgo (piel blanca, ojos azules, cabello rubio y personas pecosas) las cuales tienen mayor tendencia a quemarse y no broncearse.

- Promover la protección al sol mediante la aplicación de filtros y pantallas solares, aplicándose cada 3 horas, así como usar ropa que cubra las áreas foto expuestas.

- Instruir en la autoexploración apoyándose con un espejo para la revisión de cuello, espalda, glúteos y piernas.

- No utilizar autobronceadores o productos como aceites de coco, tortuga, yodo, refrescos y cervezas, entre otros.

El cáncer de piel puede ser diagnosticado con tan sólo una visita anual al dermatólogo, y en etapas tempranas es curable, con un tratamiento adecuado.

F. Con la finalidad de crear conciencia, se han realizado campañas sobre el tema, a    nivel mundial por ejemplo, el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB), con la colaboración del Hospital Clínic, lanzó una campaña cuyo objetivo es prevenir el riesgo de padecer un cáncer de piel. Dentro de la campaña, participan alrededor de 280 farmacias de Barcelona. Dicha campaña consiste en la realización de un cuestionario mediante el cual se hace una primera valoración del paciente y así derivarlo al médico en caso de riesgo e informar sobre algunos consejos de prevención.

A nivel nacional la AMLCC lanzó una campaña en redes sociales llamada Eres Clave Reto Melanoma, para así lograr la prevención de esta gran problemática.

G. Se coincide con el proponente en que el cáncer de piel representa una problemática a tomar en cuenta a nivel nacional, por lo que a pesar de su nobleza, analizando a fondo la legislación de salud, se estima que la adición de la fracción XIII Bis al artículo 3°, y la reforma a la fracción I Bis del artículo 119 de la Ley General de Salud, resultan innecesarias, toda vez que dicha Ley ya prevé de una manera general, como materias de salubridad general, en su artículo 3° fracciones XIII y XVI, la prevención y control de enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales se encuentra el cáncer de piel, así como la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, supuestos, en los cuales queda implícita la propuesta sobre la prevención y el control del cáncer de piel provocado por la radiación ultravioleta. De igual manera, la Ley General de Salud cuenta con un Capítulo dedicado a las enfermedades no transmisibles y uno para los efectos del ambiente en la salud.

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, establece dentro de sus objetivos, asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, estableciendo en la Estrategia 2.5. Mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, cuyas líneas de acción 2.5.1., 2.5.2., y 2.5.7., prevén establecer acciones de comunicación de riesgos y promover la detección temprana de neoplasias malignas, así como impulsar la atención oportuna de las neoplasias malignas.

Por lo anterior se desprende, que el marco jurídico sanitario vigente ya contempla acciones para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, por lo que se estima que establecer como materia de salubridad general un padecimiento específico, resulta discriminatorio respecto de otros padecimientos que de igual modo, requieren de una prevención, control y atención especial, y que no se incluyen de manera expresa en la Ley General de Salud, lo cual no significa que no se puedan llevar a cabo medidas para fortalecer la prevención, control y atención del cáncer de   piel. De igual manera, se hace notar que de seguirse la inercia de incluir padecimientos específicos en la Ley General de Salud, ésta se convertiría en un catálogo interminable de padecimientos, lo que traería como consecuencia la dispersión de las políticas y acciones implementadas para garantizar el acceso a servicios de atención médica.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adicionaba una fracción XIII Bis al artículo 3° y se reformaba la fracción I Bis del artículo 119 de la Ley General de Salud.

COMISIÓN DE SALUD.






Para reformar los artículos 28 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y 90 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 28 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de octubre de 2015, el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 28 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El legislador propone establecer como deber del Estado el suministrar a los beneficiarios de los servicios de salud pública los medicamentos que en realidad necesiten y les sean prescritos, aunque no estén incluidos en los cuadros básicos y catálogo de insumos del sector.
A continuación, se plantea el propósito de la Iniciativa.

Ley General de Salud vigente

Propuesta de reforma Iniciativa

Artículo 28.- Para los efectos del artículo anterior, habrá un Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y un Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración: La Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal.

 

Artículo 28.- Para los efectos del artículo anterior, habrá un Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y un Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General, como existencias mínimas a garantizarse por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración: La Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal.

En los casos que se requiera algún medicamento o cualquier otro insumo no contemplado, deberá ser suministrado oportunamente, previa prescripción que lo avale.

Ley del Seguro Social

Propuesta de reforma

Artículo 90. El Instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos que considere necesarios, sujetos a permanente actualización, a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia terapéutica.

Artículo 90. El Instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos que considere necesarios, sujetos a permanente actualización, a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia terapéutica.

Estos cuadros por ningún motivo constituirán un esquema limitativo, por lo que en los casos que sea necesario algún medicamento no contemplado, deberá suministrarse oportunamente, previa prescripción que lo avale.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

Así mismo se coincide en enfatizar que el asunto materia de la Iniciativa, es de suma relevancia para la salud pública del país.

B. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los fármacos, medicinas, productos farmacéuticos y productos medicinales como aquellas sustancias o productos utilizados en el ser humano con fines profilácticos, diagnósticos o terapéuticos.

La misma Organización considera esenciales los medicamentos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población. Su selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo-eficacia comparativa.

C. Los medicamentos se han vuelto una parte primordial y clave en la recuperación de salud y calidad de vida, representan el recurso médico y terapéutico más frecuentemente utilizado para recuperar la salud. Muchas veces la calidad de vida de un enfermo depende de poder conseguirlos.

D. México es el segundo país con mayor gasto en medicamentos en relación al gasto total en salud de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, señala que México invierte 250 dólares per cápita en medicamentos, monto superior al de un país como Chile, por ejemplo, cuyo modelo de salud preventivo le permite invertir únicamente 135 dólares per cápita; contrario a los Estados Unidos, cuyo modelo reactivo propicia un gasto de 997 dólares per cápita.

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública señala que, durante 2011, en la mitad de las entidades del mismo la proporción de recetas surtidas completamente fue de apenas 46%; en siete entidades se reporta que el surtimiento nulo de recetas es casi de 20 por cada 100; y en 13 entidades el surtimiento parcial de recetas es en promedio de 34 recetas por cada 100.

En 2010, el 48% del gasto de tratamientos y medicinas en México fue de bolsillo, es decir, las familias pagaron 5 mil 138 pesos anuales de su dinero, aunque tuvieran seguridad social.

Es por ello que la propuesta incumbencia del presente dictamen pretende Mecanismos para lograr un mayor abasto a medicamentos.

E. Al tenor se deprende que debemos hacer mención que en México el abasto a medicamentos lo tenemos fundamentado, por lo que corresponde al Sistema de Protección Social en Salud, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 77 Bis 22 de la Ley General de Salud, las cuotas familiares recibidas deben ser destinadas específicamente al abasto de medicamentos, equipo y otros insumos.

De la misma manera la Ley del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), señala en su Artículo 28 que dicho Instituto tiene la obligación de diseñar, implantar y desarrollar su modelo y programas de salud en atención a las características demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas de sus Derechohabientes y así crear las herramientas de supervisión técnica y financiera necesarias para garantizar su cumplimiento, derivado de ello, dicha institución cuenta con un Reglamento en materia de surtimiento de recetas y abasto de medicamentos.

En el mismo sentido, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, en su Artículo 273, el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe conforme a las tendencias demográficas de su población beneficiaria, estimar riesgos y considerar factores derivados del ciclo económico, de la evolución del costo de los tratamientos y medicamentos, así como cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto para cumplir con sus compromisos.

F. Es menester decir que el espíritu de la propuesta busca una circunstancia loable sin embargo estas comisiones consideran los siguientes puntos:

Se estima que la propuesta resulta inviable, toda vez que el objeto de establecer el Cuadro Básico y el Catálogo de Insumos del Sector Salud, es que sea un marco de referencia para que a su vez las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, dentro de su marco de atribuciones y de los recursos de que disponen, determinen las alternativas terapéuticas que pueden ofrecer a sus derechohabientes o usuarios.

En este tenor, resulta oportuno mencionar que conforme a lo que establece el artículo 2, del Reglamento interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud;

Artículo 2. El Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud es el documento en el que se agrupan, caracterizan y codifican todos los medicamentos, el material de curación, el instrumental, el equipo médico y los auxiliares de diagnóstico empleados por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud para otorgar servicios de salud a la población. El Cuadro Básico de Insumos aplica en el primer nivel de atención y el Catálogo de Insumos en el segundo y tercer nivel. Tiene por objeto colaborar en la optimización de los recursos públicos destinados a la atención de los problemas de salud del país, mediante el empleo de insumos que han probado su seguridad, eficacia terapéutica y eficiencia. Adicionalmente es un instrumento de referencia sobre los insumos para la salud que sirve para informar y colaborar en la actualización de los profesionales de la salud.

Asimismo, se hace notar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, del reglamento citado, el cuadro básico y catálogo se mantiene permanentemente actualizado tomando como base el avance del conocimiento y el desarrollo de la tecnología;

Artículo 26. El Cuadro Básico y Catálogo deberá mantenerse permanentemente actualizado, tomando como base el avance del conocimiento y el desarrollo de la tecnología. La actualización del Cuadro Básico y Catálogo tendrá como objetivo la optimización de los recursos para la detección, prevención y atención de las enfermedades que afectan a la población procurando evitar la creación de claves de proveedor único, cuando existan otros insumos con características equivalentes. La actualización se realizará mediante los procesos de inclusión, modificación y exclusión de insumos aprobados por la Comisión.

Dicha actualización se basa en decisiones tomadas por las instituciones que conforman la Comisión interinstitucional del cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud, de la cual son integrantes, entre otros, representantes de las instituciones de seguridad social, tal como lo prevé el artículo cuatro, del reglamento interior ya mencionado.

Cabe destacar, que cada institución se reserva el derecho de decidir respecto a la compra de los insumos contenidos en el cuadro básico y catálogo, en función de lo que dispongan sus políticas institucionales, así como el impacto y disponibilidad financiera correspondiente. El hecho de que un insumo se incluido en el cuadro básico y catálogo de ninguna manera obliga a que las instituciones públicas del sistema nacional de salud, adquieran dicho insumo, de acuerdo con el artículo 50 del reglamento.

Por otro lado, se advierte que obligar a las instituciones a mantener existencias mínimas implica correr el riesgo de caducidad recurrente en los medicamentos que no son prescritos en la institución por el tipo de población que cubren, o por tratarse de medicamentos debajo o nulo movimiento, o incluso estar en posibilidad de cumplir por falta de producción. De igual forma, obligar a las instituciones a suministrar oportunamente un medicamento que no se encuentra el cuadro básico y catálogo, implica disponibilidad constante de recursos financieros etiquetados a este propósito en cada establecimiento que presta servicios de atención médica, previa definición de tiempo de lo que se considera “suministro oportuno”.

Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El H. Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reformaban los artículos 28 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social, por los argumentos vertidos en el dictamen.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Para reformar los artículos 279 y 280 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II, III Y IV DEL ARTÍCULO 279 Y EL ARTÍCULO 280 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforman las Fracciones I, II, III Y IV del Artículo 279 y el Artículo 280 de la Ley General de Salud, en materia de sustancias tóxicas.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 18 de febrero de 2016, la Senadora Lorena Cúellar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforman las Fracciones I, II, III Y IV del Artículo 279 y el Artículo 280 de la Ley General de Salud, en materia de sustancias tóxicas.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha iniciativa propone prohibir el uso de los productos dañinos, actualizando nuestro marco jurídico para que este apegado a las normas y procedimientos internacionales debidamente actualizados para evitar cualquier tipo de peligro que represente toxicidad por parte del plaguicida o del nutriente vegetal.

Asimismo pretende que la Secretaría de Salud con opinión de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas.

Tal como lo plasma la tabla.

TEXTO VIGENTE
LEY GENERAL DE SALUD

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 279.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Establecer, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes y para fines de control sanitario, la clasificación y las características de los diferentes productos a que se refiere este Capítulo, de acuerdo al riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana;

 

II. Autorizar, en su caso, los productos que podrán contener una o más de las substancias, plaguicidas o nutrientes vegetales, tomando en cuenta el empleo a que se destine el producto;

III. Autorizar los disolventes utilizados en los plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los materiales empleados como vehículos, los cuales no deberán ser tóxicos por sí mismos ni incrementar la toxicidad del plaguicida o del nutriente vegetal;

 

 

IV. Autorizar el proceso de los plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, solamente cuando no entrañen peligro para la salud humana y cuando no sea posible la sustitución adecuada de los mismos, y

V. …

Artículo 279.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Establecer, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, instituciones Educativas y Organizaciones de la Sociedad Civil, para fines de control sanitario, la clasificación características y actualización anual de los diferentes productos a que se refiere este Capítulo, de acuerdo al riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana;

II. Autorizar, en su caso prohibir el uso de los productos que podrán contener una o más de las substancias, plaguicidas o nutrientes vegetales, tomando en cuenta el empleo a que se destine el producto;

III. Autorizar los disolventes utilizados en los plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los materiales empleados como vehículos, los cuales no deberán ser tóxicos y se apegarán a normas y procedimientos internacionales debidamente actualizados para evitar cualquier tipo de peligro que represente toxicidad por parte del plaguicida o del nutriente vegetal;

IV. Prohibir gradualmente el uso de plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, clasificados como peligrosos para la salud humana, y

 

V. …

Artículo 280.- La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

Artículo 280.- La Secretaría de Salud, con opinión de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o  peligrosas.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos   acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del tema incumbencia del presente instrumento legislativo.

B. La proponente hace mención que Los plaguicidas y fertilizantes son sustancias comunes utilizadas para la producción de alimentos desde la década de los 50´s. Han servido para controlar la proliferación de plagas y enfermedades de los cultivos y del ganado, mantener los cultivos en tierras con baja calidad de nutrientes, y reducir o evitar las pérdidas en la producción de alimentos.  Sin embargo, estas sustancias pueden ser muy diversas y causar daños a grados muy diferentes, razón por la cual debemos discutir su utilización y consecuencias futuras.

Además, el efecto más grave del uso y manejo incorrecto de los plaguicidas es  su impacto en la salud humana. De acuerdo con lo que ha reconocido la COFEPRIS, los daños a la salud se manifiestan por intoxicaciones de grado diverso y  efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como carcinogénesis, teratogénesis, esterilidad y mutagénesis, entre otros.

De acuerdo con la FAO, el tamaño del mercado mundial de plaguicidas se ha duplicado en los recientes 15 años y supera los 50 mil millones de dólares anualmente. Ante un problema de tal  magnitud, y conociendo las consecuencias a largo plazo de los pesticidas y los fertilizantes sintéticos, es imprescindible que se consiga proteger a las personas y el medio ambiente a través de un marco jurídico firme que elimine del mercado los productos nocivos.

A finales del año pasado, la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaron directrices actualizadas sobre la legislación y el etiquetado de estos productos teniendo en cuenta los cambios en el mercado, sin embargo menciona la proponente que en México aún no se están tomando todas las acciones necesarias para que se cumpla con estos lineamientos.

C. Estas comisiones consideran que a pesar que el espíritu de la reforma es loable se vierten los siguientes argumentos al respecto:

En relación con la reforma del a fracción I del 279, se estima innecesaria toda vez que actualmente la COFEPRIS, lleva a cabo la actualización del catálogo de plaguicidas, cuyo objeto es ayudar a un buen uso y manejo de dichos productos en las áreas de empleo; agrícola, forestal, pecuario, doméstico, urbano, industrial y en jardinería, mismo que incluye información relacionada con los efectos a la salud, el ambiente así como algunas indicaciones para proporcionar los primeros auxilios en el sitio donde ocurra la exposición del sujeto. En el catálogo citado se integra la información de los plaguicidas registrados en nuestro país, las características generales de los mismos, así como las aplicaciones para lo que se dio autorización.

Respecto a las reformas a las fracciones II y IV, se considera que las mismas son innecesarias, en virtud de que en el artículo 204 de la Ley General de Salud, los plaguicidas y nutrientes vegetales requieren para su venta o suministro de la autorización sanitaria que corresponda, la cual en términos del artículo 376 es un registro sanitario. En consecuencia, en el caso de que  dichos productos no cuenten con un registro sanitario, su uso no está permitido.

En cuanto a la propuesta de la fracción III del mismo precepto, se considera inviable ya que la Secretaria de salud, a través de la COFEPRIS, al emitir regulación en materia de plaguicidas y nutrientes vegetales, se apega estrictamente a instrumentos internacionales como “Rules of Tennessee Departament of Agriculture División of Marketing, chapter 0080-5-10; Commercial fertilizers Regulations, emitido por los Estados Unidos, el Codex Alimantarius y el Convenio de Estocolmo.

Finalmente se estima innecesaria la reforma al artículo 280 en razón de que, de conformidad con el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los proyectos de normas oficiales mexicanas deben publicarse íntegramente en el DOF a efecto de que los interesados presenten sus comentarios correspondientes, dentro de los cuales se encuentran las Instituciones Académica y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único.- El Senado de la República, desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaban las fracciones I, II, III Y IV del artículo 279 y el artículo 280 de la Ley General de Salud, en materia de sustancias tóxicas.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Para reformar el artículo 173 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma un artículo 173 de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de Abril de 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Iztel Ríos de la Mora y María Elena Barrera, integrantes de la LXIII Legislatura, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma un artículo 173 de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha iniciativa propone reformar el artículo 173 para que puedan evitarse los factores físicos que limiten la participación de las personas con discapacidad y permitan la igualdad.

Tal como se plasma en la siguiente tabla:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 173. Para los efectos de esta Ley, se entiende por discapacidad a la o las deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal que por razón congénita o adquirida, presenta una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

 

Artículo 173.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por discapacidad a la o las limitaciones en la actividad o restricciones en la participación por deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal que por razón congénita o adquirida, presenta una persona, que al interactuar con los factores ambientales (barreras) pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del tema incumbencia del presente instrumento legislativo.

B. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado).

Todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población en general y, en consecuencia, necesitan tener acceso a los servicios corrientes de asistencia sanitaria. En el artículo 25 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación.

C. Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a las deficiencias de los servicios de asistencia sanitaria. Dependiendo del grupo y las circunstancias, las personas con discapacidad pueden experimentar una mayor vulnerabilidad a:

Afecciones secundarias

Las afecciones secundarias acompañan a una enfermedad primaria y están relacionadas con esta; a menudo, ambas son previsibles y evitables. Como ejemplos cabe mencionar las úlceras por presión, las infecciones urinarias, la osteoporosis y el dolor crónico.

Comorbilidad

Se denomina así a las afecciones que vienen a agregarse a la enfermedad primaria relacionada con la discapacidad pero no se relacionan con ella. Por ejemplo, la prevalencia de la diabetes sacarina en las personas aquejadas de esquizofrenia es de aproximadamente un 15%, por comparación con un 2% a un 3% en la población general.

Enfermedades relacionadas con la edad

En algunos grupos de personas con discapacidad el proceso de envejecimiento empieza antes de lo normal. Por ejemplo, algunas personas con trastornos del desarrollo muestran signos de envejecimiento prematuro cuando apenas tienen entre cuarenta y cincuenta años de edad.

Adopción de comportamientos nocivos para la salud

Algunos estudios han indicado que las personas con discapacidad tienen una frecuencia más elevada de comportamientos nocivos como el tabaquismo, una alimentación malsana e inactividad física.

Mayor frecuencia de muerte prematura

Las tasas de mortalidad de las personas con discapacidad varían según la enfermedad primaria. Sin embargo, una investigación efectuada en el Reino Unido comprobó que las personas con trastornos mentales y deficiencias intelectuales tenían una esperanza de vida menor.

D.Con el fin de mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, la OMS:

• Orienta y apoya a los Estados Miembros para que aumenten la conciencia con respecto a los problemas de la discapacidad y promueve la inclusión de esta como un componente de las políticas y programas nacionales de salud;

• Facilita la recopilación y divulgación de datos e información acerca de la discapacidad;

• Elabora instrumentos normativos, en particular directrices para fortalecer la asistencia sanitaria;

• Genera capacidad entre los formuladores de políticas y los prestadores de servicios de salud;

• Fomenta la ampliación de la rehabilitación en la comunidad;

• Promueve estrategias para velar por que las personas con discapacidad estén enteradas acerca de sus propios problemas de salud y por qué el personal sanitario apoye a las personas con discapacidad y proteja sus derechos y dignidad.

E. De acuerdo con Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los estados con mayor número de población con discapacidad son Yucatán, Zacatecas y Colima, mientras que Chiapas, Tlaxcala y Baja California tuvieron el menor número.

Durante el censo poblacional del 2010, las personas con algún tipo de discapacidad eran 5 millones 739 mil 270, es decir, el 5.1 por ciento de la población total.

F. En cuanto el acceso a servicios de salud, cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014 apuntan que el 83.3 por ciento de la población con alguna discapacidad es derechohabiente o está afiliada a los servicios de salud, cifra ligeramente mayor a la de la población sin discapacidad (80.3 por ciento).

De ese porcentaje, la mayoría se atiende en centros de salud u hospitales de la Secretaría de Salud, mientras que poca más del 32 por ciento acude a alguna institución de seguridad social y el 14 por ciento va al sector privado.

G. Sin embargo derivado del análisis jurídico de la iniciativa se hace notar que con fecha 2 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya adopción sentó la base para la expedición de la Ley General para la Inclusión de las personas con Discapacidad,  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Mayo de 2011, la cual establece una definición de discapacidad que se apega a dicho instrumento internacional.

Posteriormente se reformaron otros instrumentos jurídicos, entre los que se encuentra la Ley General de Salud, misma que modificó su concepto de discapacidad previsto en el artículo 173, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2013, a fin de armonizarla con la Convención y la Ley.

Estas Comisiones codictaminadoras, coinciden con el legislador proponente, que la propuesta es muy loable sin embargo, es innecesaria su aprobación ya que existen programas, políticas públicas y otros medios que legislan esta propuesta.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único.- El Senado de la República, desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma un artículo 173 de la Ley General de Salud.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS






Y para reformar los artículos 3o., 27, 28 Bis y 79 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o., 27, 28 BIS Y 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 3, 27, 28 Bis Y 79 de la Ley General de Salud, en materia de atención podológica.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 22 de junio de 2016, el Senador Fidel Demédesis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el por el que se reforman los Artículos 3, 27, 28 Bis Y 79 Ley General de Salud, atención podológica.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha iniciativa propone que se reconozca a la podología como parte del equipo multidisciplinario de salud.

Tal como se plasma en la siguiente tabla:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a la XXII…

XXIII. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos;

XXIV… a la XXVIII…

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I… a la XI

 

 


Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:

1…al 3…


4… al 5…

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a la XXII…

XXIII. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos; y de uso podológico;

XXIV… a la XXVIII…

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I… a la XI

XII. La prevención, control y rehabilitación de enfermedades de pie, especialmente a personas con enfermedades crónico degenerativas.

Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:

1…al 3…

3.BIS Podólogos, en área de su competencia;

… al 5…

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y podología, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas,y Podología, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas    competentes.

 III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del tema incumbencia del presente instrumento legislativo.

A. La Podología es una rama de la Medicina que cuenta con tres ejes de estudio: quiropodia, la cual gira en torno al tratamiento de callosidades y rozaduras; cirugía podológica, concentrada en pequeñas intervenciones quirúrgicas para subsanar trastornos, y ortopedia del pie, que consiste en corregir deformaciones por medio de cómodas prótesis o plantillas especiales.

El podólogo es un profesional calificado que ha sido preparado para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las condiciones anormales de los pies y de los miembros inferiores. Actúa también en la prevención y corrección de las deformidades de los pies.

B. Los motivos de consulta más frecuentes son:

a) Las infecciones por hongos de las uñas de los dedos de los pies (onocomicosis). Su tratamiento y curación permanente es generalmente bastante difícil por ser una infección rebelde, y por lo general requieren de antifúngicos orales. Sin embargo, la práctica podológica y la eficiente utilización de antimicóticos con propiedades queratolíticas, los cuales deben ser recetados por un médico, pueden erradicarlas.

b) Las onicocriptosis o encarnación de las uñas, que son muy dolorosas y pueden llegar a provocar diversas infecciones.

c) La bromhidrosis, afección de la piel provocada por la descomposición de la sudoración, provocando un característico olor fétido. El óxido de zinc es utilizado en combinación con productos para el calzado.

d) El pie de atleta, cuyo nombre científico es tinea pedis o tiña de los pies. Una infección por hongos muy frecuente, en muchos casos bastante rebelde. Comienza generalmente en los espacios interdigitales, pero puede invadir un área más extensa. La piel afectada presenta un aspecto macerado y puede cursar con ampollas (vesículas).

e) Los callos (helomas) son durezas (hiperqueratosis) en una zona superficial circunscrita, producidas por un traumatismo repetido, generalmente a causa de una prominencia ósea o un defecto del calzado.

C. Generalmente los tratamientos que se proponen son conservadores, no agresivos.

Se suele utilizar un instrumental muy variado que a veces puede asustar por sus dimensiones o sus formas (a veces punzante).

Quitar la piel dura de la planta de los pies o de los dedos no es doloroso ya que lo que se está quitando es piel muerta sin terminaciones nerviosas.

El tratamiento de las uñas encarnadas puede ser molesto. En ocasiones se puede utilizar un poco de frío o anestésico en crema para poder cortar la uña clavada.

Este tipo de tratamiento se suele realizar en una sola sesión y el alivio de los síntomas es inmediato.

En ocasiones se debe recurrir a la cirugía: uñas encarnadas, juanetes, dedos en martillo, dedos en garra, etc.

D. Actualmente predomina la preparación y capacitación de los Podólogos a través de familiares, amistades, o facilitadores en consultorios privados, que les aportan conocimientos y técnicas básicas de atención, a veces de manera muy deficiente y con un sentido "practico", otras más en las que el mismo interesado refuerza sus conocimientos de manera autodidacta.

Posteriormente serán avalados por las Asociaciones o Agrupaciones mediante diplomas o reconocimientos por asistir a pequeños cursos o congresos organizados por estas.

Cabe hacer mención que no obstante la escasez de escuelas para aprender podología. A través de cursos, congresos y diplomados organizados por las asociaciones, así como la práctica autodidacta. Esto ha permitido que el podólogo Mexicano tenga conocimiento de los alcances que la podología ha tenido en otros países, lo que le ha representado avances relativos y un medio muy heterogéneo.
E. Después de un análisis jurídico se puede observar lo siguiente:

La reforma al artículo 3 resulta inviable toda vez que los productos podológicos ya se encuentran comprendidos dentro de los que menciona la Fracción XXIII, de la Ley General de Salud vigente, por ello no es necesario hacer una mención expresa.

También es importante mencionar que el Artículo 27 del mismo ordenamiento jurídico, resulta inviable la propuesta pues las enfermedades del pie, sean transmisibles o no, se encuentran contempladas de manera general como materia de salubridad general y servicio básico de salud en los artículos 3o fracciones XV Y XVI Y 27, fracción II respectivamente, en mérito de lo anterior se hace notar como servicio básico de salud un padecimiento específico resulta discriminatorio respecto de otros que de igual modo, requieran una prevención, control atención especial y que no se incluyen de manera expresa en la Ley General de Salud, lo cual no significa que no se pueda llevar a cabo medidas para su atención; al respecto resulta oportuno señalar que se cuenta con las Guías de Práctica Clínica en materia de atención a enfermedades de pie como son:

1. Guía Práctica Clínica de “Prevención Diagnóstico y Tratamiento oportuno de pie diabético en el primer nivel de atención”

2. Guía Práctica Clínica “Diagnóstico y manejo de la neuropatía y pie diabético”.

3. Guía Práctica Clínica “Abordaje diagnóstico del pie plano en niñas/niños y las /los adolescentes en el primer nivel de atención”.

F. Por otro lado en cuanto a la reforma al artículo 28 Bis en la que se pretende facultar a los podólogos para que puedan prescribir medicamentos en el ámbito de su competencia, se estima que dicha reforma es inviable, toda vez que los podólogos regularmente en razón de sus funciones recomiendan a sus pacientes, medicamentos que no requieren de receta médica, como son cremas, analgésicos, pomadas, etc., los cuales pueden ayudar a combatir infecciones, hongos y dolores del pie y por lo tanto no requieren ser habilitados para prescribirlos.

Finalmente la reforma al artículo 79, se estima inviable en virtud de que la podología ya se encuentra incluida en el artículo 79 vigente dentro del campo de la medicina tanto en actividades profesionales como las técnicas y auxiliares, en virtud del artículo pretende ser exhaustivo respecto a las actividades relacionadas con la salud, por lo que resulta necesaria su inclusión en dicho precepto legal observando que todos deben de tener como requisito mínimo el nivel académico de licenciatura.

G. Estas Comisiones codictaminadoras, coinciden con el legislador proponente de la importancia de que la podología cuente con un marco jurídico, que regule su campo de acción y poder prescribir medicamentos dentro de su área de su competencia, sin embargo estaríamos convirtiendo Ley General de Salud; en un catálogo interminable de padecimientos, lo que traería como consecuencia la dispersión de las políticas y acciones implementadas para garantizar el acceso a los servicios de atención médica

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Único.- El Senado de la República, desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reformaban los artículos 3, 27, 28 Bis Y 79de la Ley General de Salud.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Y por último, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO CATORCEAVO DEL INCISO A) Y ADICIONA UN PÁRRAFO SÉPTIMO AL INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo catorceavo del inciso a) y adiciona un párrafo séptimo al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales a efecto de cambiar la fecha 1° de mayo “Día del Trabajo”, como un día de celebración por un día de duelo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En Sesión Ordinaria celebrada en el Senado de la Republica del Congreso de la Unión del día 11 de junio de 2014, el Congreso del Estado de Nuevo León presento la iniciativa en estudio.

2. En la misma fecha la Mesa directiva turnó la iniciativa referida a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en estudio refiere a que el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales, establece en dos incisos las fechas en que deberá izarse la Bandera Nacional primero a toda asta en el inciso a) donde se mencionan las fechas de festividades nacionales y el segundo inciso b) donde se mencionan las fechas de duelo.

Aunado a esto dentro del inciso a) se encuentra el día 1 de mayo, “Día del Trabajo” dentro de la iniciativa el promovente señala que esta fecha no debe mencionarse en el rubro de festividades o celebraciones, ya que es una fecha en que se considera debe resaltarse como una solemnidad de duelo, en razón del sacrificio de miles de trabajadores que en las distintas manifestaciones de lucha por sus derechos perdieron la vida.

En este sentido, dentro de la iniciativa el promovente menciona episodios históricos de lucha, como el caso de los Mártires de Chicago (1886), Cananea (1906) y Rio Blanco (1907); fechas que de acuerdo al promovente son el pilar que sustenta la conmemoración del “Día del trabajo”.

Por otra parte, el promovente señala que en México la celebración del “Día del Trabajo” cuando se realizó el primer desfile obrero en la Ciudad de México en 1913 con cerca de 25 mil trabajadores, en dicha manifestación laboral, los trabajadores entregaron diversas peticiones; entre las que destacan la jornada de trabajo máximo de ocho horas e indemnización por accidentes laborales.

El promovente resalta que las diversas peticiones de aquella manifestación conformaron el artículo 123 de la Constitución, estableciendo de esta manera el marco legal de las obligaciones patronales y derechos de los trabajadores dentro de la constitución de 1917.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras consideramos que no obstante y siendo cierto que se conmemora un hecho triste, donde el sacrificio de miles de trabajadores que en distintas manifestaciones de lucha por sus derechos perdieron la vida, también es cierto que se conmemora un hecho valiente, al que hoy en día le debemos nuestros derechos laborales, que nos otorgó el privilegio de gozar de un marco legal donde se plasman las obligaciones patronales y los derechos de los trabajadores; gracias a estos movimientos no vivimos las condiciones que vivían los trabajadores en el siglo XIX.

Históricamente las huelgas que marcaron el inicio del Movimiento Obrero Mexicano, que durante la dictadura Porfirista prohibía a los trabajadores iniciar cualquier revuelta en defensa a sus derechos laborales, castigándolos con multa o prisión; sin duda alguna han sido, en principio en el año 1886 la huelga de los llamados Mártires de Chicago, donde miles de trabajadores de Chicago en Estados Unidos, salieron a las calles para exigir una jornada de trabajo de ocho horas, así como tener un salario justo; la consiga de este movimiento era: “Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa”.

Entre 1906 y 1907 en el estado de Sonora los trabajadores de las minas de Cananea, iniciaron una huelga laboral, en la que exigían salarios más altos y un trato digno e igualitario. Mientras que trabajadores de las fábricas textiles de Rio Blanco en Veracruz iniciaron una huelga debido a las condiciones de trabajo a las que eran sometidos, como jornadas de trabajo de 15 horas, salarios bajos y sometidos a multas y un control de las actividades que realizaban los trabajadores.

En este contexto en México la celebración del “Día del Trabajo” se tiene cuando se realizó el primer desfile obrero en la Ciudad de México en 1913 donde miles de trabajadores, entregaron diversas peticiones; entre las que destacan la jornada de trabajo máximo de ocho horas e indemnización por accidentes laborales, entre otras.

En el año de 1923 el General Álvaro Obregón fungía como presidente de México, este acordó que el primero de mayo seria la celebración de la Lucha Obrera Mexicana y en 1925 el presidente Plutarco Elías Calles, acordó que cada primero de mayo se celebraría el “Día del Trabajo”.

Desafortunadamente como resultados de dichas luchas y numerosos movimientos figuro un vasto número de muertos, heridos y presos. Sin embargo, dentro de estos resultados también figuró la obtención de una vida laboral más justa y equitativa, la obtención de nuestros derechos laborales y sobre todo nos otorgó el privilegio de gozar de un marco legal donde se plasman las obligaciones patronales y los derechos de los trabajadores.

Diversas peticiones de aquella manifestación dieron pauta al establecimiento de un marco legal para los derechos de los trabajadores y las obligaciones patronales, vertidas en el artículo 123 constitucional; donde hoy en día se plasman diversas garantías como lo son: el derecho de toda persona a tener un trabajo digno y socialmente útil, y donde se establece una jornada de trabajo de ocho horas máxima, se prohíben las labores insalubres y peligrosas, donde quedan prohibidas las labores a menores de quince años, el trabajador tiene derecho a gozar de un día de descanso, donde se tiene especial atención a las mujeres embarazadas, donde el salario es justo e igualitario entre hombre y mujeres, además de la conformación de asociaciones y sindicatos.

Sin lugar a dudas históricamente las luchas y movimientos que encabezaron miles de trabajadores en defensa por sus derechos laborales, marcaron el inicio de condiciones más equitativas y satisfactorias de trabajo y de protección social; dieron pie a lo que hoy es marco legal que plasma las obligaciones patronales y los derechos de los trabajadores.

En este sentido, lo expuesto anteriormente es la razón por la cual debe celebrase dicha fecha y la bandera debe izarse a toda asta como actualmente se hace, la referida fecha marca un suceso importante para los derechos de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo catorceavo del inciso a) y adiciona un párrafo séptimo al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, expresado en este dictamen en virtud de las consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Son todos los dictámenes en sentido negativo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. No tengo reservas registradas, consulto nuevamente a las Senadoras y a los Senadores si existe alguna reserva.

No habiendo reservas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan los proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a sus promoventes.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con las iniciativas inscritas y su turno asignado a comisiones.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy cuenta, señor Presidente.

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA     EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO PENAL  FEDERAL

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)








De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 76, 78 Y 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN)








Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO; en razón de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 15 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Por medio de este decreto, se establecieron las disposiciones para adelantar al 2017 la liberalización del mercado de la gasolina y el diésel, contra lo que se había aprobado en 2014.

La Ley de Hidrocarburos publicada el 11 de agosto de 2014, contemplaba en su artículo Décimo Cuarto Transitorio que los precios de la gasolina y diésel se determinarían por las condiciones del mercado, a partir del año 2018.

La misma disposición establecía que para el caso de adelantar esta liberalización de precios, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) debería emitir una declaratoria de condiciones efectivas de competencia en el mercado de la gasolina y el diésel.

Por medio de diversas disposiciones transitorias en el Decreto del 15 de noviembre de 2016, se modificó la Ley de Hidrocarburos para adelantar, aún sin condiciones, la liberalización del mercado de los combustibles.

Bajo este esquema que se nota apresurado se ha encargado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para emitir un cronograma de liberalización del mercado por regiones geográficas del país, que se desarrollará durante el 2017 y 2018. Así, se eliminó la obligación para que previo a la liberalización del mercado, la COFECE emitiera una declaratoria de condiciones efectivas de competencia; en su lugar, el pasado 8 de diciembre de 2016, el organismo de competencia económica emitió una opinión que deberá ser tomada en cuenta por la CRE para la elaboración del cronograma.

De acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos, la CRE determinará las regiones en las que a partir del siguiente año, los precios de las gasolinas no tengan un precio máximo establecido por el gobierno. En las regiones en la que no se liberalice el mercado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecerá precios máximos para cada región, conforme la metodología que la propia Secretaría establezca.

Si bien existe una previsión para el caso de que se observen aumentos desproporcionados de precio, el esquema no protege efectivamente a los consumidores de alzas en el precio de los combustibles. La disposiciones prevén que en el caso de que se observen aumentos que no correspondan a los precios internacionales y los costos de suministro, en los lugares donde se liberalice el precio, la CRE, con opinión de la COFECE, lo informará a la SHCP, quien a su vez, podrá establecer precios máximos por región y subregión. 

El error de este esquema radica en tratar de concebir un mercado abierto, donde la competencia no está garantizada, las condiciones económicas no son las mejores, además que el precio final al consumidor tiene una intensa intervención del Estado por medio de una carga tributaria muy alta.

Pasamos de subsidios a cargas impositivas onerosas, con gasolina y diésel. La supuesta liberalización no corresponde a un mercado competitivo.

Los ingresos del gobierno por los impuestos a la gasolina y diésel son un factor determinante para que los precios permanezcan elevados. No obstante la liberalización de los precios de los combustibles, el gobierno estima recaudar el siguiente año $284 mil 432.3 millones de pesos por el IEPS a gasolinas, lo que significa un crecimiento de 31% real respecto de lo estimado para 2016. Esto es posible gracias a que, a partir de este año, se reformularon los impuestos a las gasolinas para garantizar que el gobierno reciba una cuota de alrededor de $4 pesos por litro de la venta de gasolina y diésel; a esto hay que sumarle el impuesto a los combustibles fósiles y el impuesto al valor agregado (IVA). En suma, la carga fiscal por litro de gasolina asciende a aproximadamente $7 pesos por litro.

En otros mercados de libre determinación de precio, como Texas en Estados Unidos de América, de donde proviene la mayor parte de la gasolina que importa nuestro país, el precio del combustible al público tiene una carga fiscal del 20%, es decir, aproximadamente $2 pesos por litro, con un precio final al consumidor por el equivalente a $9.40 pesos por litro.

Tenemos un mercado distorsionado que alimenta de buena forma el carro del gobierno.

Los impuestos a las gasolinas han compensado una buena parte de la caída de los ingresos petroleros. Por ejemplo, en 2015 los ingresos petroleros quedaron 354 mil 288.7 millones de pesos por debajo de la meta establecida en la Ley de Ingresos, mientras que la recaudación por IEPS a gasolinas superó lo programado en 189 mil 769.1 millones de pesos. Es decir, este solo impuesto cubrió más del 53% de la caída de los ingresos petroleros ese año.

El nuevo esquema de liberalización del mercado garantiza el incremento en los ingresos del gobierno a costa de la competencia efectiva, y el sacrificio de las familias y empresas mexicanas. Con la liberalización del mercado de estos combustibles no habrá ningún beneficio en el bolsillo de los mexicanos. Incluso, de acuerdo con las perspectivas de diversos sectores es previsible una escalada del precio de los combustibles ante el aumento del precio del petróleo.

De acuerdo con un pronóstico del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP)1 con la liberalización de las gasolinas y diésel el precio de la Magna podría llegar a los $15.33 pesos y la Premium a $16.65 pesos. Por su parte la COFECE estima que el precio de la gasolina en el contexto de libre mercado rondaría los $15.54 pesos. La organización de gasolineros en el norte del país ONEXPO, estima que el precio podría llegar a los $20 pesos por litro.

Un factor que impactará de manera significativa el precio de la gasolina y el diésel es el incremento del precio del petróleo que se ha observado después del acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de reducir la producción de crudo en 1.2 millones de barriles diarios a partir del primero de enero de 2017. Adicionalmente, 12 países que no son miembros de la OPEP, entre ellos México, han acordado reducir la producción en 600 mil barriles diarios de petróleo.  

La fuerte carga fiscal impuesta a las gasolinas y el diésel no permitirán que los precios al público de estos combustibles disminuyan; por otro lado, con esa carga fiscal el gobierno consolida la gasolinización de las finanzas públicas, por tercer año consecutivo, el IEPS a las gasolinas se convertirá en el tercer impuesto con mayor recaudación, detrás del ISR e IVA. Un “impuesto especial” se ha vuelto muy cotidiano para el gobierno.

Lo prudente es fomentar las condiciones de competencia efectiva de manera pronta y eficaz en el mercado de las gasolinas, previó a la liberalización del mercado. No puede exponerse a los consumidores a someterse a un mercado de libre determinación de precios, con una alta carga fiscal, y con prácticamente nula información sobre los costos de la cadena de valor. Las condiciones actuales del mercado, presentan todos los factores para prever un crecimiento descontrolado de los precios.

Por lo anterior, debe establecerse como requisito previo a la liberalización, la declaratoria de condiciones efectivas de competencia por parte de la COFECE, en cada uno de los mercados de la cadena de valor de las gasolinas y diésel, desde la importación, infraestructura de ductos, terminales de almacenamiento y distribución, hasta la competencia por estaciones de servicios, región por región, con base en estas declaratorias, podría liberarse el mercado y permitir una real competencia que beneficie a los consumidores mexicanos.

Con esto, la liberalización del mercado de la gasolina y el diésel, no se daría en tanto no existan condiciones efectivas de competencia. Porque es fundamental que primero se establezcan y fomenten las condiciones para una verdadera competencia, para después liberar el mercado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente propuesta de reforma a los transitorios décimo primero y décimo segundo del Decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (D.O.F. 15/11/2016)

DICE

DEBE DECIR

Décimo Primero. A partir del 1 de enero de 2017 se derogan las siguientes disposiciones:

I. Las fracciones III y V del artículo Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015.

II. La fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.

Décimo Primero. Respecto de la determinación de precios bajo las condiciones de mercado de la gasolina y el diésel a que se refiere la fracción I artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, en tanto no se emitan las declaratorias de competencia por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica a que se refiere la siguiente disposición transitoria, se mantendrá vigente lo dispuesto en las fracciones III y V del artículo Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015.

Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente:

 

I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores.


La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado.

II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente:

a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional.

b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016.

III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley.

Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.

Décimo Segundo. Durante el periodo de transición hacia la liberalización del mercado, los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente:

I. La Comisión Reguladora de Energía, previa declaratoria de condiciones efectivas de competencia que emita respecto de los mercados de la cadena de valor la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de para que durante el año inmediato siguiente los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores.

La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado.

II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo dispuesto en las fracciones III y V del artículo Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría deberá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción I de este artículo.

 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley.

(Se elimina)

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 15 de diciembre de 2016.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.

1 Implicaciones del paquete económico 2017. CIEP, 2016. Pág. 8.





Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIV del artículo 8 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)








De los Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Torres Peimbert, Gerardo Sánchez García y Zoé Robledo Aburto, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de agosto de cada año, como el “Día Nacional del Cine Mexicano”. Se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 15 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DEL CINE MEXICANO”

(Presentada por los Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Torres Peimbert, Gerardo Sánchez García y Zoé Robledo Aburto)








De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la Fracción III del Artículo 76 constitucional, a fin de establecer los mecanismos de regulación para la salida de las fuerzas armadas nacionales fuera de los límites del país y la autorización para su participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE ESTABLECER LOS MECANISMOS DE REGULACIÓN PARA LA SALIDA DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS Y LA AUTORIZACIÓN PARA SU PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

(Presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN)








Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)








De los Senadores Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y DEL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por los Senadores Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

Los suscritos, Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y Layda Sansores San Román, Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 8 numeral 1 fracción I, del Reglamento del Senado, sometemos a la consideración del Pleno del Senado, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y DEL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 16 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales"; como resultado de un proceso legislativo expedito que genera dudas razonables sobre si se tomaron en cuenta todas las formalidades esenciales en su substanciación, así como si las discusiones en las Cámaras de Origen y Revisión fueron suficientes para comprender los alcances e impacto del Sistema de Justicia Militar.

No obstante que las disposiciones del citado Dictamen, contravienen lo dispuesto por los artículos 1, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 49, 102 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2, 5, 7, 8, 11 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, 10, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que forman parte del Bloque de Constitucionalidad del Sistema Jurídico Mexicano; el Senado de la República como Cámara Revisora, aprobó en lo general por 78 votos a favor y 27 en contra, las referidas reformas; remitiéndolas al Titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación, la cual se efectúo en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016.

En virtud de lo anterior, el 15 de junio de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 38, 49 bis fracción XII, 81 Bis, fracción VII y 83 fracción XIII, XIV, XIX, XXIII, XLIII, XLV y XLIX, del Código de Justicia Militar; así como 2, 10, 43, 73, 87,101 fracción I inciso b y fracción II inciso b, 103, 105, 123, 128 fracción VIII, 129 fracción VII, y XI, 136, fracciones VI y VII, 145, fracción II, inciso b), 151, 153, fracción XI, 162, 171, 212, 215, 238, 245, 247 fracciones III y V, 248, 262, 264, 267, 278, 282, 283, 286, 291, 295, 296, 299, 352, 357, 361, 363, 364 y 367 del Código Militar de Procedimientos Penales.

De forma similar, el 27 de junio de 2016, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Organismo Constitucional Autónomo en esa Entidad Federativa, promovió Controversia Constitucional en contra del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo de la Federación, ante el Alto Tribunal, para impugnar el artículo 282 del Código Militar de Procedimientos Penales; la cual fue admitida a trámite el 1 de julio del año en curso por el Ministro Instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Independientemente de la resolución que en su caso emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de las normas controvertidas, en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en el ámbito de su respectiva competencia, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los Derechos Humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos; razón por la cual se formula la presente Iniciativa.

El cateo1 es una excepción a los principios de legalidad, seguridad personal e inviolabilidad del domicilio, establecida en el artículo 16 párrafo onceavo de la Norma Fundamental, el cual señala "…En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia…".

En relación con lo anterior, el Título Tercero, Capítulo I, artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Asimismo, ordena que no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación; principio de división de poderes que contraviene el citado DECRETO; toda vez que de conformidad a este, la orden de cateo es librada por un Juez de Control Militar, a solicitud de la Policía Militar y Ministerio Público Militar, todos dependientes en jerarquía del Presidente de la República, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Es importante precisar que de conformidad a los artículos 13 y 129 de la Carta Magna, el fuero militar debe restringirse material y temporalmente a las infracciones y delitos que atenten contra la disciplina militar "en tiempo de paz", ya que la justicia castrense permanente no encuentra sustento en la realidad constitucional que vive el país.

El Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y formuló la declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, la cual en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos resolvió:

"…272. El Tribunal considera pertinente señalar que reiteradamente ha establecido que la jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado la conserve, su utilización debe ser mínima, según sea estrictamente necesario, y debe encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. Por ello, el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

273. Asimismo, esta Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de Derechos Humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. En tal sentido, la Corte en múltiples ocasiones ha indicado que "[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso", el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial.

274. En consecuencia, tomando en cuenta la jurisprudencia constante de este Tribunal (supra párrs. 272 y 273), debe concluirse que si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios. En este sentido, frente a situaciones que vulneren Derechos Humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.

275. La Corte destaca que cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a Derechos Humanos en contra de civiles ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia (supra párr. 247). En tal sentido, las víctimas de violaciones a Derechos Humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario."

Derivado de la referida sentencia formulada por la Corte Interamericana, el Alto Tribunal dictaminó en el Expediente Varios 912/2010 2:

"…La Corte Interamericana de Derechos Humanos no establece la necesidad de modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en términos prácticos, su interpretación debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en la propia Constitución y el artículo 8.1 de la citada Convención Americana.

La conclusión a la que arribó la sentencia cuyo cumplimiento se examina, fue en el sentido de que frente a situaciones que vulneren Derechos Humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar, porque cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a Derechos Humanos en contra de civiles, ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.

A lo anterior el mismo Tribunal Internacional añadió que las víctimas de violaciones a Derechos Humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal civil competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario.

De este modo, en estricto acatamiento a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la interpretación que corresponde al artículo 13 de la Constitución Federal en concordancia con el artículo 2º de la Convención Americana, deberá ser coherente con los principios constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia contenidos en ella, y de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual, entre otras prerrogativas, prevé el derecho a comparecer ante un juez competente.

Por tanto el artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, es incompatible con lo dispuesto en el mismo artículo 13 conforme a esta interpretación a la luz de los artículo 2° y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello es así porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina militar no garantiza a los civiles o sus familiares que sean víctimas de violaciones a los Derechos Humanos tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario.

Consecuentemente, como el párrafo segundo del artículo 1° de la Constitución Federal dispone que las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de acuerdo con lo que ella establece y de conformidad con los tratados internacionales de la materia y favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, deberá considerarse que el fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren Derechos Humanos de civiles.

Esta interpretación debe observarse en todos los casos futuros que sean del conocimiento de este Tribunal, funcionando en Pleno o en Salas e independientemente de la vía por la cual el asunto llegue a ser del conocimiento de estos órganos. Esto es, por las vías ordinarias para la resolución de asuntos, sean estos de competencia originaria del tribunal o sea necesaria su atracción, para lo cual debe considerarse este tema como de importancia y trascendencia para el ejercicio de las competencias correspondientes..."

Fortalece lo expuesto, las diversas recomendaciones que han emitido Organismos Internacionales sobre los alcances del fuero militar y la justicia militar, por citar algunos ejemplos, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la cuarta sesión del Examen Periódico Universal (EPU), indicó que el Estado debía "asegurar la primacía de la jurisdicción civil sobre el sistema de justicia militar en todo el país".

Por su parte, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, en su Informe del 29 de diciembre de 2014 sobre su misión a México señaló:

"…19. En junio de 2014 se reformó el Código de Justicia Militar extrayendo de la jurisdicción militar los casos de víctimas civiles de violaciones a derechos humanos, lo que recupera la práctica de declinación de competencia que los tribunales militares venían implementando según criterios de la SCJN. El Relator Especial lamenta que la reforma mantenga en la jurisdicción militar casos de violaciones de derechos humanos cuando tanto agresor como víctima sean militares. Ello no atiende plenamente los estándares internacionales ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos…

…22. La militarización de la seguridad pública se mantiene como estrategia, ya que más de 32.000 militares aún cumplen tareas propias de corporaciones civiles. También se incorporaron militares retirados o en licencia a corporaciones civiles de seguridad y se creó una Gendarmería con entrenamiento militar, lo que compromete los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos

…26. El Relator Especial observó inquietantes coincidencias entre los testimonios. Las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas, que combinan: golpes con puños, pies y palos; "toques" con dispositivos el ctricos ("chicharra", generalmente en los genitales; asfiia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca (waterboarding); desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos. En oportunidades transcurren días sin que se informe del paradero de la persona o se la presente ante la autoridad ministerial o judicial. Repetidamente, las víctimas fueron presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria, lo que constituye en sí trato degradante.

…b) Reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos por un militar contra otro militar también sean de competencia de las autoridades civiles;…

…83. Respecto a las medidas de prevención:..

a) Retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación a operaciones de apoyo con supervisión de órganos judiciales civiles;…"

Reconociendo la labor que realizan la Armada, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para defender la integridad, soberanía e independencia de la Nación, así como garantizar la seguridad del interior, la Cámara de Senadores debe salvaguardar el principio de división de Poderes contenido en la Norma Fundamental, que es la representación de la voluntad popular y establecer los límites excepcionales a la justicia militaren el ámbito exclusivo de su competencia. De igual forma, en términos del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de esta Soberanía, debe velar por la inviolabilidad del recinto legislativo.

Es indispensable que en el desempeño de las funciones de las fuerzas castrenses, los actos de investigación que impliquen una afectación a los derechos y libertades consagrados en la Constitución General, sea el Poder Judicial de la Federación quien determine sus alcances, respetando al Estado de Derecho, a las Instituciones de la República, asegurando el equilibro y estabilidad del ejercicio del poder público en México.

Por lo expuesto y fundado, los suscritos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y DEL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTÍCULO PRIMERO. Se deroga la fracción IV del artículo 67 Bis y reforma la fracción XXVIII del artículo 83 del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:

Artículo 67 Bis. Corresponde a las salas unitarias del Tribunal Superior Militar conocer del Recurso de apelación promovido en contra de las resoluciones emitidas por el juez de control en los casos siguientes:...

IV. Se deroga;…

Artículo 83.Las funciones del Ministerio Público, son las siguientes:...

XXVIII. Solicitar las órdenes para efectuar un cateo al Juez de Control Civil, en los términos y condiciones que señala la ley y el Código Nacional de Procedimientos Penales;

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga la fracción II del artículo 248, reforman los artículos 278, 279, 280, 281, 282 y deroga la fracción IV del artículo 428 del Código Militar de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 248. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control

Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes:...

…II. Se deroga…

Artículo 278. Solicitud de orden de cateo.

Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial civil para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación.

Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado.

Artículo 279. Resolución que ordena el cateo.

La resolución judicial que ordena el cateo deberá contener cuando menos:

I. El nombre y cargo del Juez de control civil que lo autoriza y la identificación del expediente en el cual se ordena.

II. La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser cateados y lo que se espera encontrar en estos.

III. El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan.

IV. El día y la hora en que deba practicarse el cateo o la determinación que de no ejecutarse dentro delos tres días siguientes a su autorización, quedará sin efecto cuando no se precise fecha exacta de realización.

V. Los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo.

VI. La petición de orden de cateo deberá ser resuelta por el Juez de control civil de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que se haya recibido.

VII. Si la resolución se emite o registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de cateo deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.

Artículo 280. Negativa del cateo

En caso de que el Juez de control civil niegue la orden, el Ministerio Público podrá subsanar las deficiencias y solicitar nuevamente la orden o podrá apelar la decisión a la autoridad civil correspondiente. En este caso la apelación debe ser resuelta en un plazo no mayor de doce horas a partir de que se interponga.

Artículo 281. Medidas de vigilancia.

Aún antes de que el Juez de control civil dicte la orden de cateo, el Ministerio Público podrá disponer las medidas de vigilancia o cualquiera otra que no requiera control judicial, que estime conveniente para evitar la fuga del imputado o la sustracción, alteración, ocultamiento o destrucción de documentos o cosas que constituyen el objeto del cateo.

Artículo 282. Cateo en residencia u oficinas públicas.

Únicamente en situaciones que afecten la seguridad nacional, para la práctica de un cateo en la residencia u oficina de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de los tres órdenes de gobierno o en su caso organismos constitucionales autónomos, la Policía o el Ministerio Público recabarán la autorización correspondiente al Juez de Control Civil; salvo lo previsto en el artículo 280 de este Código.

Artículo 284. Formalidades del cateo.

Será entregada una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo expedida por la autoridad civil a quien habite o esté en posesión del lugar donde se efectúe, o cuando esté ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar…

Artículo 428. Resoluciones del Juez de control apelables…

…IV. Se deroga…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que sean contrarias al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 15 de diciembre de 2016.

Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Carlos Manuel Merino Campos.- Sen. David Monreal Ávila.- Sen. Layda Sansores San Román.

1 "2. tr. Am. Allanar la casa de alguien", Diccionario de la Real Academia Española.

2 Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expediente Varios 912/2010. "Caso Rosendo Radilla Pacheco".
Véase en: http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=121589&SeguimientoID=225






Del Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

(Presentada por el Senador Félix Arturo González Canto, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador de la República, Félix González Canto, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para todos es indudable que en las últimas cinco décadas el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha evolucionado. Se ha dado un importante trabajo por prohibir y eliminar las discriminaciones de género y acceder a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; esto para favorecer que las mujeres, los hombres, niñas y niños, tengan las mismas oportunidades para ejercer plenamente sus derechos, sin importar su sexo e identidad de género.

Sin embargo, aún podemos encontrar la desigualdad entre hombres y mujeres, tanto en el aspecto político, como en el económico, social y cultural, aún podemos visualizar por ejemplo, la desigualdad que padecen algunas mujeres en cuanto a pago de salarios iguales, al impedimento para acceder a determinados trabajos, al pago justo por su desempeño laboral entre otros.

En nuestro país, especialmente en el Congreso de la Unión, se ha trabajado para armonizar nuestro sistema normativo con los acuerdos internacionales que sobre los derechos de las mujeres se han realizado y que México ha suscrito.

En noviembre de 2012, el Congreso de la Unión concluyó el proceso legislativo de la reforma laboral que permitió actualizar este ordenamiento jurídico con las nuevas necesidades que las relaciones laborales se enfrentaban.

En relación al derecho laboral de las mujeres, en esta reforma el órgano legislativo realizó una modificación en la Ley Federal del Trabajo referente a la licencia de maternidad, la cual si bien ya estaba reconocida, tuvo un cambio significativo en cuanto al manejo de los días de licencia.

En el artículo 170 ya se contemplaba el derecho de las mujeres trabajadoras a un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, sin embargo, se le agregó la potestad a la beneficiaria para que a su solicitud expresa, y previa autorización por escrito del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, pudiera transferir hasta cuatro semanas de descanso previas al parto, para después del mismo.

La reforma de 2012 agregó otro supuesto para que en caso de que el hijo nazca  con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, el descanso pueda ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

Sin duda, esta modificación es el resultado del reconocimiento de la realidad de las mujeres trabajadoras, quienes habían exigido su derecho a decidir en qué momento comenzar a gozar su licencia de maternidad, siempre que su estado de salud y la del producto se lo permitan, pudiendo de tal forma continuar desempeñando su trabajo hasta dos semanas previas al parto, con las limitaciones propias de su estado de gravidez, pero sin perjuicio de su salud ni la del producto.

Se consideró favorable ampliar el periodo de descanso durante el puerperio, con lo cual se promueve, durante mayor tiempo, el contacto afectivo entre la madre y el hijo recién nacido, contribuyendo con ello a la supervivencia y al desarrollo del menor.

Es necesario recordar que la licencia de maternidad no es una prestación económica más a la que tiene derecho la mujer trabajadora por ley, sino que constituye una de las manifestaciones más importantes de la protección especial que podemos encontrar en diversos tratados internacionales sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres; como en la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; El Protocolo Facultativo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Los Convenios 3 de 1919 y 103 de 1952 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.

Con el fin de homologar este derecho de las mujeres en otros ordenamientos jurídicos, en octubre de 2015 las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, pusieron a discusión del pleno, el Dictamen de una minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.

El artículo 101 de la Ley del Seguro Social quedo aprobado como sigue:

Artículo 101. La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último salario diario de cotización el que recibirá durante los periodos de descanso previo y posterior al parto, a que se refiere el artículo 170, fracción II de la Ley Federal del Trabajo. En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios correspondientes al periodo de descanso posterior al mismo, sin importar que el periodo de descanso anterior al parto se haya excedido. Los días en que se haya prolongado el periodo de descanso anterior al parto, se pagarán como continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por períodos vencidos que no excederán de una semana.

Por su parte las Comisiones Dictaminadoras propusieron también la reforma del artículo 28 artículo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, quedando de la siguiente manera:

Artículo 28.- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, tomando en cuenta la opinión de los titulares de la Dependencias o Entidades y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta medio mes del mes de descanso previo al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta medio mes adicional posterior al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

Podemos establecer que los órganos legislativos no son ajenos al respeto de los derechos de las mujeres trabajadoras, en este caso, al derecho de poder modificar los tiempos de la licencia y de maternidad antes y después del parto, con la única finalidad de prestarle más tiempo al menor en los primeros meses de vida y favorecer la recuperación de la mujer trabajadora.

Por lo anterior, esta iniciativa de reforma que se presenta el día hoy, pretende continuar con la homologación de aquellas leyes en la que se proteja el derecho de la licencia de maternidad como lo establece el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

Se propone una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la que en su artículo 152 garantiza el derecho de la licencia de maternidad de la siguiente manera:

Artículo 152. El personal militar femenino tendrá derecho a disfrutar de un mes de licencia anterior a la fecha probable del parto, que se fijará de acuerdo con la consulta prenatal, y de dos meses posteriores al mismo para la atención del infante. En ambos casos con goce de haberes.

Sin embargo, se considera oportuno hacer una modificación a este artículo, a fin de incorporar el derecho de la trabajadora a modificar las semanas en que gozará de su licencia de maternidad, siempre que así lo considere oportuno y su estado de salud se lo permita, de forma tal que pueda pasar dos semanas de descanso previas al parto al momento posterior de éste.

En el mismo sentido, también se propone incorporar el supuesto de que cuando el hijo haya nacido con cualquier tipo de discapacidad que requiera atención médica hospitalaria, el descanso pueda ser de ocho semanas posteriores al parto, presentando el certificado médico correspondiente.

Quedando la redacción de la siguiente manera:

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Articulo 152 redacción actual

Artículo 152 propuesta de reforma

Artículo 152. El personal militar femenino tendrá derecho a disfrutar de un mes de licencia anterior a la fecha probable del parto, que se fijará de acuerdo con la consulta prenatal, y de dos meses posteriores al mismo para la atención del infante. En ambos casos con goce de haberes.

Artículo 152 El personal militar femenino tendrá derecho a disfrutar de un mes de licencia  anterior a la fecha probable del parto, que se fijará de acuerdo con la consulta prenatal y de dos meses posteriores al mismo para la atención del infante, En ambos casos con goce de haberes.

A solicitud expresa del personal militar femenino, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, tomando en cuenta la opinión de los titulares de las fuerzas armadas y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta medio mes del mes de descanso previo al parto para después del mismo.

En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta medio mes adicional posterior al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

Consideramos pertinente esta reforma ya que es de vital importancia garantizar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos laborales, incluido el de nuestras fuerzas armadas.

Hacemos un reconocimiento en el avance que se ha tenido en estas instituciones por garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, también por hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres; con la inclusión de esta reforma, fortalecemos ese trabajo y damos reconocimiento al derecho de adecuar los tiempos de la licencia de maternidad antes o después del parto, que ya está consagrado en otras legislaciones federales.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas para quedar como sigue:

Artículo 152. ….

A solicitud expresa del personal militar femenino, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, tomando en cuenta la opinión de los titulares de las fuerzas armadas y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta medio mes del mes de descanso previo al parto para después del mismo.

 En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta medio mes adicional posterior al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 15 de diciembre de 2016.

Sen. Félix González Canto.






Y también se suman 21 iniciativas más, señor Presidente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIII A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

Quien Suscribe, Senador Armando Ríos Piter, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL  Y LA LEY ORGÁNICA DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS PARA REGULAR EL USO MÉDICO DE LA AMAPOLA EN MÉXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México vive actualmente una de las peores crisis de su historia en términos de violencia y seguridad pública. Esta crisis está directamente relacionada con el fortalecimiento del crimen organizado en el país ligado al fenómeno económico que es el narcotráfico, las divisiones al interior de los principales cárteles de tráfico de drogas y la diversificación de los mismos. Un claro ejemplo de este fenómeno, es el estado de Guerrero, donde sus ciudadanos viven desde hace años una lucha sangrienta por el control de las rutas y plazas de la entidad. La respuesta del Gobierno desde el año 2006 ha sido una ‘guerra al crimen organizado’ con dos características principales: el empleo creciente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y reformas legislativas tendientes a combatir más efectivamente la delincuencia organizada y, en particular, a los implicados en el tráfico, comercio y suministro de drogas. Pero en la práctica esta política es anacrónica respecto a otros países, que reconocen el fracaso de las políticas prohibicionistas y han optado por regular dicho mercado de drogas con una visión integral del fenómeno. La presente iniciativa tiene como propósito contribuir al debate público del uso medicinal de la mariguana y del papel del ejercicito en actividades de seguridad pública, estoy convencido que cualquier política en la materia que discuta el Poder Legislativo tiene que reconocer las condiciones de pobreza de las zonas de principal producción de drogas, como es el caso de Guerrero, y emular los casos de experiencia en el resto del mundo, nuestro país requiere de replantear sus política de combate a las drogas con un enfoque integral y de ofrecer posibilidades a legalización y regulación, en este caso de la amapola como una opción legal de generación de empleo en beneficio para las familias y para la economía nacional.

El tema del uso de la amapola, sobre todo tiene su origen en su uso medicinal para tratar el dolor, siendo un componente ineludible de cualquier proceso patológico clínico y los opioides1 han sido la piedra angular del tratamiento del dolor durante miles de años y siguen siéndolo. El termino opioide se refiere ampliamente a todos los compuestos relacionados con el opio y este (también denominado “opio crudo”) es el látex que se obtiene al practicar incisiones en las cápsulas verdes de las plantas de adormidera. La Planta Adormidera (Papaversomniferum) genera materias primas como el opio y la paja de adormidera2, de ellas se obtienen alcaloides como la morfina, la tebaína, la codeína y la oripavina.

La morfina y casi todos los otros opioides que se utilizan en la medicina ejercen sus efectos por medio de receptores específicos. Estos medicamentos afectan una amplia gama de sistemas fisiológicos; producen analgesia, influyen sobre el estado del ánimo y el comportamiento de recompensa, y alteran las funciones respiratoria, cardiovascular, gastrointestinal y neuroendocrina. Sin embargo, dado el potencial adictivo, se han creado compuestos para uso clínico con la esperanza de reducir este potencial y generar menos depresión respiratoria que la morfina y los fármacos relacionados.3

Las consecuencias de la activación aguda y crónica de los receptores opioides como consecuencia del uso de estos compuestos son: desensibilización, en caso de activación transitoria puede haber toleración, toleración, la administración sostenida ocasiona perdida de efecto y, por el uso compulsivo y esfuerzo para obtenerlos, dependencia y adicción.

Su principal uso clínico es como analgésico, en el ser humano, los fármacos del tipo de la morfina producen analgesia, somnolencia, cambios del estado de ánimo y embotamiento mental. Un aspecto importante de la analgesia consiste en que ocurre sin que se pierda el conocimiento, cuando se administran dosis terapéuticas de morfina a los pacientes que experimentan dolor, estos manifiestan que el dolor es de menor intensidad, les molesta menos o ha desaparecido por completo; sobreviene a menudo la somnolencia y algunos presentan euforia.

No obstante su uso clínico, debido al riesgo de abuso, existen alcaloides que están sujetos a la fiscalización internacional como: la morfina, la codeína, la tebaína y la oripavin (estos dos últimos pueden ser trasformadas en adictivos). Hacia dentro de los países hay otros alcaloides que se encuentran expresamente en la ilegalidad como la heroína (diacetilmorfina).

En 1961 se realizó la Convención Única de Estupefacientes4, la cual fue enmendado por el Protocolo de 1972 (al 1 de noviembre de 2015 había sido ratificado por 185 países). En esta convención se acordó que la producción, fabricación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes fuera exclusivamente para fines médicos y científicos.

Se designó a países para la producción de morfina por sus “buenas prácticas de manufactura”. Actualmente 18 países son los que pueden cultivar de manera lícita amapola: Australia, España, Inglaterra, Francia, Hungría, Alemania, Austria, China, India, Turquía, Eslovaquia, Japón, Macedonia, Nueva Zelanda, Holanda, Ucrania, Polonia y Rumania.5 Aunque el Opio es producido en cerca de 50 países de manera ilegal.6

La superficie de cultivo de adormidera se redujo en un 11 por ciento durante 2015 en comparación con el nivel del año anterior. Esta caída está relacionada con la reducción de un 19% en cultivos en Afganistán. Aún con esto, Afganistán cuenta con casi dos terceras partes del total de áreas bajo cultivo ilícito de opio, Myanmar cuenta con 20% del total, México con 9% y la República Democrática Popular Laos 2%.7

Durante 2016 se dieron a conocer los resultados de la Encuesta del Opio 2016 en Afganistán realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) donde se encontró que existían 201,000 hectáreas de cultivo de amapola, representando un incremento de un 10% en comparación con el año anterior.8

La cantidad de opiáceos ricos en morfina almacenados a finales de 2014 alcanzaban para satisfacer durante unos 17 meses la demanda mundial para fines médicos y científicos.9 Desde 2009 la producción mundial de materias primas de opiáceos ricos en morfina ha superado la demanda mundial de dichas materias primas y se prevé que se tendrá suficiente para atender la demanda mundial.10

De acuerdo a la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) la codeína y la hidrocodona son los opiáceos fabricados a partir de la morfina que más se consumen.

Tabla 1. Producción, incautación y usuarios globales

Cultivo Global 281, 100 hectáreas de opiáceos11 (2015)

Incautaciones Globales (2014)
- 526 toneladas de opio
- 81 toneladas de heroína
- 21 toneladas de morfina

Producción Global
- 4,770 toneladas de opio
• 3419 toneladas convertidas en heroína
• 1360 toneladas consumidas como opio

Número Global de usuarios
- Usuarios de opioides12 33 millones
• Usuarios de opiáceos 17.4 millones

Fuente: Elaboración propia con datos de UNODC Informe mundial sobre drogas 2016.

Investigaciones socioeconómicas transversales llevadas a cabo por la UNODC señalan la relación entre el nivel de ingreso y el cultivo de coca y amapola.

Desde el lado del consumo concluyen que los individuos de mayor de ingresos son  más propensos a utilizar drogas que los de menores niveles, pero son estos últimos los que pagan el mayor precio debido a su mayor propensión a volverse dependientes, en general se encuentra que los individuos de altos ingresos son más propensos a consumir opioides.

UNODC también señala, derivado de los bajos niveles de homicidios en los países de tránsito afectados por las rutas del tráfico de opiáceos en Asia, que la producción de drogas no necesariamente genera violencia y que existen otros factores que contribuyen a esta situación, como: la competencia en el mercado ilícito, condiciones sociopolíticas, corrupción, etc. Ante esto recomiendan que para evitar la escalada de la violencia las intervenciones para eliminar el tráfico de drogas deben ser sensibles a las circunstancias.

En el reporte mundial sobre drogas se aborda la relevancia de los sistemas de justica penal se menciona que al encarcelar a personas por delitos menores relacionados con las drogas solo se sobrecarga el sistema carcelario y penal. Se reporta que el 92% de la morfina que se utiliza en el mundo es consumida por el 17% de la población mundial.13

No obstante lo anterior, la JIFE menciona que es importante que los estados provean drogas para mitigar el dolor, donde tres de cada cuatro personas en el mundo carecen de acceso a ellas. La JIFE instó a los países a tomar medidas que garanticen que esos medicamentos estén disponibles para los enfermos que los precisen.14

Estimaciones de la UNODC relacionadas con el número de consumidores de opiáceos (opio, morfina y heroína) señalan que afecta aproximadamente al 0.4% de la población global de entre 15.64 años, esto es 17 millones de personas en 2014. Estas cifras no han registrado un gran cambio en años recientes, los porcentajes de la población consumidora por continente son los siguientes,0.9% Asia occidental; 0.8% Asia central; 0.56% Europa y 0.5% Norte América15

Para el caso de México, en Junio de 2016 se publica de forma conjunta entre el Gobierno Federal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la primera estimación nacional oficial de cultivos de amapola en México, esto como resultado del proyecto “Sistema de Monitoreo de Cultivos ilícitos en el Territorio Mexicano”. Cabe destacar que el estudio no se limita al análisis del cultivo de amapola y una de las principales conclusiones es que la marihuana se cultiva a una escala más reducida que la amapola. Se encuentra que en México se cultiva un promedio de 24,800 hectáreas (ha) en promedio al año y puede llegar hasta 28,100 ha.16

Este es el primer resultado a nivel nacional con esta metodología, no se puede indicar alguna tendencia sobre el desarrollo de los cultivos de amapola. Sin embargo de acuerdo a la muestra utilizada se encontraron cultivos de amapola a lo largo de la costas del Océano Pacifico, sobre la franja territorial conformada por la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur, de acuerdo con lo que indica la incautación y posterior destrucción de cultivos realizadas por las Fuerzas Federales en México, estas áreas tienen las condiciones físicas optimas  determinantes para el desarrollo fenológico de este cultivo principalmente en 9 estados: Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. “En otros estados no se detectaron cultivos de amapola en este periodo de estudio, pero no necesariamente significa que estén libres de amapola, sino que por la baja densidad de muestras elegidas para algunos Estados, el área potencial es reducida y puede ser que algunas áreas pequeñas o núcleos con cultivos no fueron observados, pero esto no permite asegurar que dichos Estados estén libres de este cultivo.”17 De acuerdo al Informe Mundial de las Drogas (2016, ONU) es importante mencionar que el 50% de la amapola en México se produce en Guerrero, tan solo el municipio de Coyuca de Catalá ocupo el primer lugar en la siembra de amapola, la SEDENA decomiso mil 134.25 hectáreas sembradas en 201518.

Al señalar que los cultivos de amapola tienen una media de 24,800 hectáreas, el estudio desestima los datos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) que señalaban la producción de amapola en 17 mil hectáreas.

El estudio también permite identificar las zonas más propensas para el cultivo de amapola como resultado del grado de marginación y tamaño de las localidades. Los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, el sur de Nayarit, el norte de Jalisco y el sur del mismo estado en la frontera con Michoacán, así como Guerrero son las zonas con la mayor probabilidad de cultivos. Por ejemplo, el modelo muestra que en “localidades con población menor a 2,500 habitantes hay 280% mayor frecuencia de cultivos ilícitos y las áreas con población marginada tiene mayor probabilidad de tener cultivos ilícitos. A medida que se duplica la marginación se produce un incremento de 12% en la probabilidad de cultivos ilícitos”. (ONU, 2016:85).

Todo lo anterior nos invita a pensar en mecanismos alternativos para enfrentar la prevalencia del mayor cultivo ilícito del país, la amapola -también conocida como adormidera-, que permitan atender la crisis de violencia y la enorme marginación mediante el uso a favor de la nación de las especiales características químicas del opio y la utilidad que tiene para la medicina. Debemos hacer que la producción, transformación, comercialización y consumo de los derivados de la adormidera sean una situación controlable.

La regulación de los alcaloides que se derivan de la adormidera (Papaversomniferum) no puede basarse en la simple liberación de su mercado, no se trata de un producto cualquiera. Existe el precedente en otros países en el que podemos basarnos, sobre todo en los que ha recaído la designación de las Naciones Unidas de permitir el cultivo lícito de amapola para fines médicos y científicos. La India genera el 98% del opio lícito a nivel mundial, es el principal país productor y exportador de opio. Países como China generan 2% de la producción mundial. Japón y Canadá produjeron cantidades mínimas con fines científicos en 2014.19 La JIFE estima que el 80% de la morfina que se fabrica a nivel mundial se utiliza para obtener sustancias que no están fiscalizadas por la Convención de 1961, lo demás es utilizado con fines médicos.

El JIFE señala que durante 2014 los países que fabricaron más morfina fueron: Francia 20% de la producción mundial, Reino Unido 20%, Estados Unidos 14%, Australia 11%, China 5% y Noruega 5%. Estados Unidos es el país que más morfina consume,    también se menciona que la heroína forma parte de los opiaceos semisinteticos. Los principales fabricantes de heroína durante 2014 fueron Reino Unido 44%, Suiza 30% y España 26%. Reino Unido fue el principal exportador. Dentro del consumo, Suiza, comunicó un consumo de 46% de la cifra mundial, seguida de Países Bajos el 26% y Alemania el 14%.

En 2007 se publicó el documento “Poppyfor Medicine” por el Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo (ICOS) para que se le permitiera cultivar y transformar opio con fines médicos y científicos a Afganistán. Se hizo mención a los benéficos económicos que ayudarían a la población del país a poner fin a su dependencia del cultivo de adormidera. Aún con esto, los intentos por legalizar el cultivo de opio en Afganistán se han visto mermado derivado del exceso de producción mundial de opio y a la falta de infraestructura en el país.20

En la India, la siembra de opio en India está permitida en tres estados: Madhya Pradesh, Uttar Pradesh y Rajasthan. Está permitido la siembra cuando se obtiene una licencia por la Oficina Central de Narcóticos -CBN por sus siglas en inglés Central Bureau of Narcotics- en la oficina de opio del Distrito y tiene una cuota de RS 25. Las licencias21 siguen los estándares establecidos en la convención Única de Narcóticos de 1961.El proceso comienza cada año, cuando el CBN emite las reglas generales para otorgar las licencias. Las reglas generales22 señalan, entre otras cosas, que se fije el rendimiento medio al del año anterior a la licencia y que no se exceda, que la persona no haya recurrido a cultivos ilícitos, no haya violado ninguna instrucción departamental, no haya presentado opio adulterado o clasificado de “baja calidad” durante el periodo anterior, etc. A finales de Diciembre el CBN comienza la medición de los campos de cultivo, un porcentaje de estos campos es tomado para realizar pruebas y detectar discrepancias. La CNB comienza la recolección del opio a través de los centros de recolección (Weighment Centres) y a finales de marzo la recolección está casi completa.

Después de recolectado, se examina y clasifica de acuerdo a la consistencia y la clase. El opio bueno es enviado a una Fábrica donde se analiza y sobre esta prueba final se calcula el pago a los agricultores. Las Fábricas de opio secan el opio para exportar y para crear alcaloides derivados de la planta.

En el modelo de Turquía, existe la Junta de Granos Turca23 - TMO, por sus siglas en ingles TurkishGrainBoard- es la encargada de otorgar a las licencias a los agricultores. Para poder plantar amapola se debe de formar parte del sistema de registro de agricultores, ser mayor de 18 años, no haber sido condenado por contrabando, etc. La TMO establece dos periodos para aplicar a las licencias, del 1 de Julio al 30 de Octubre para plantíos de invierno y del 1 de Febrero al 15 de Marzo para plantíos de verano.

Los agricultores son supervisados por el personal de la TMO y para prevenir el desvió de amapola, el TMO hace un estimado del área cultivada para que toda la que se produzca sea entregada.

La planta de Alcaloides de opio, tiene la capacidad de procesar 20,000 toneladas y posee dos unidades, una de extracción y otra de unidades derivados.

De acuerdo a la ONU existe una sobre demanda en el mercado mundial de morfina, pero a su vez esta no se distribuye adecuadamente en la población que la requiere. Tan solo en 2014 tres países consumían el 87.7% de la morfina del mercado y el 92% de la morfina que se utiliza en el mundo es consumida por el 17% de la población mundial.24

Esto nos ofrece una zona de oportunidad, en México donde los requerimientos de medicamentos derivados del opio es de 19 mil 764 kilogramos, pero sólo estuvieron disponibles 482 en el mercado.25 De acuerdo a los datos de la ONU, del 2012 al 2014 las importaciones de alcaloides del opio y sus derivados en México disminuyeron, la Codeína26 de 132 a 13 kg y la Morfina de 12 a 4kg.

En la misma tesitura, el Instituto Belisario Domínguez27 al abordar el tema del combate frontal al narcotráfico y la prohibición diagnostica que “debido a las consecuencias no intencionadas de la política internacional de control de drogas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha recomendado replantear las metas, los objetivos y los indicadores de esta política (PNUD, 2015).”

El documento recomienda atender problemáticas de origen de la producción y demanda de drogas, donde se considere elementos dentro de la política pública la  pobreza, la falta de acceso a mercados, salud y educación, inseguridad pública y presencia de conflictos armados.

El PNUD recomienda priorizar dentro de una nueva política para atender la crisis de violencia e inseguridad generada por el enfoque prohibicionista que reduzca los daños asociados al consumo de drogas, se debe aumentar la inversión en salud pública y otros beneficios sociales, reducir las penas desproporcionadas y excesivas de los delitos relacionados con drogas. Y en materia de indicadores, recomienda sobresale la recomendación de incluir los niveles de desarrollo socioeconómico de las comunidades donde se concentra el consumo y la producción de drogas y de condiciones de pobreza, desigualdad e inseguridad que propician el cultivo de drogas y exacerban la vulnerabilidad frente al narcotráfico y al crimen organizado.

En este enfoque alternativo, el Centro Internacional para la Ciencia en la Política de Drogas publicó una propuesta para “repriorizar las métricas usadas en la evaluación de la política internacional de drogas” (ICSDP, 2016). Esta propuesta incluye un amplio conjunto de indicadores diseñados para la evaluación integral de esta política22. Entre otros, los siguientes indicadores son de especial relevancia para México:

a) Nivel de cobertura de tratamientos basados en evidencia científica para trastornos por uso de drogas;

b) Niveles de pobreza y de desarrollo humano en las regiones de cultivo de drogas;

c) Acceso a mercados legales en las regiones de cultivo de drogas;

d) Uso, producción y tráfico de drogas ilícitas como proporción al PIB nacional;

e) Valor anual y composición de la producción de drogas ilícitas por país y región;

f) Incidencia de sobredosis fatales y de hospitalizaciones de urgencia por uso de drogas;

g) Incidencia de homicidios y delitos violentos relacionados con los mercados de drogas;

h) Proporción de presos encarcelados por delitos no violentos de drogas;

i) Número de personas detenidas en centros de detención obligatoria por drogas.

Esta iniciativa se fundamenta en las recomendaciones del PNUD sobre el replanteamiento de metas, objetivos e indicadores de la política de drogas que permite armonizar las acciones de control de drogas con los Objetivos de Desarrollo Sustentable que establece:

“La política de control de drogas no debe ser un factor negativo que impida alcanzar las aspiraciones nacionales en materia de desarrollo humano y de cumplimiento de la agenda de desarrollo post- 2015; sino que debe jugar un papel positivo en ayudar al avance de estas metas y objetivos. La agenda de desarrollo post-2015 ofrece la oportunidad de establecer nuevas medidas de éxito para la política de drogas, con una clara articulación de métricas relacionadas con los impactos que esta política tiene sobre la paz, el desarrollo y los derechos humanos (PNUD, 2015:37)”

En este sentido, y tomando en cuenta las recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y  el modelo de Turquía, y en el contexto de la discusión de la regulación de la cannabis para uso medicinal, y del próximo periodo extraordinario  donde se discutirá una Ley de Seguridad Interior, que de certidumbre a las heroicas fuerzas armadas como activos actores de la política de combate y erradicación de cultivos de drogas, considero necesario contribuir con un enfoque alternativo que permita la regularización del cultivo y procesamiento de la amapola para uso medicinal, considerando la demanda de medicamentos a nivel nacional e internacional para la atención del dolor, donde la amapola es el insumo base de los analgésicos.

La nueva política pública entorno a la amapola debe seguir un modelo regulatorio donde el mercado sea controlado por el Estado. La iniciativa que se propone es un mecanismo para atenuar la violencia y la marginación que se deriva del cultivo ilícito de la amapola, donde regiones completas como en el caso del Estado de Guerrero son caldo de cultivo para la violencia como resultado del círculo vicioso entre pobreza, crimen organizado e inseguridad. En este sentido propongo una legislación donde el Estado regule el cultivo de amapola y la producción de analgésicos mediante el otorgamiento de licencias para el cultivo, establezca la seguridad en el transporte, almacenamiento, procesamiento, empaquetado, etiquetado, distribución y venta final con fines medicinales y científicos de la amapola, conocida también como adormidera o papaver somniferum y sus variedades; por lo que se propone:

I.- Secretaria de Salud responsable del modelo

a) La Secretaría de Salud es la responsable de vigilar el uso debido de los medicamentos derivados del opio para los pacientes con dolores moderados a fuertes.

b) Responsable del control sanitario, la fiscalización y la vigilancia de los cultivos, así como la inspección del procesamiento, producción y comercialización de medicamentos derivados del opio.

c) A través de la COFEPRIS designar las zonas y parcelas de terreno donde se realizaría el cultivo, expedir las licencias, certificar que los cultivadores entreguen el total de las cosechas y establecer un sistema permanente de inspección y auditoría en los laboratorios y farmacéuticas que procesen y comercialicen medicamentos a base de la planta.

d) Se fortalece la disposición que dice que cuando se descubra opio en polvo no se destruya, sino se dé aviso a la Secretaría de Salud disponga o no de de lo incautado para que sea procesada en los laboratorios aprobados para hacerlo, la iniciativa propone que además del polvo de opio, se incluya la pasta, sales, aceites, extractos y cultivo de flor de opio.

e) La extracción o cosecha de amapola estará vigilada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

II.- COFEPRIS: Licencias para producción y procesamiento

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios es la responsable de:

a) Emitir un número determinado de licencias y de hectáreas destinadas a la producción de opiáceos, ajustándose a los criterios internacionales; así como las licencias para su procesamiento.

b) El límite de licencias que podrán ser emitidas será determinada en función del riesgo sanitario.

c) En coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en lo relativo a requerimientos para el cultivo de amapola, medidas de protección ocupacional y cuidado ambiental, así como los requerimientos que los licenciatarios deben cumplir para la siembra y producción de amapola.

III.- Cultivo y Cosecha

a) El Ejército Nacional apoyará a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Riesgos Sanitarios en el control y supervisión del cultivo y producción de amapola.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de Decreto por el que REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY ORGÁNICA DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS PARA REGULAR EL USO MÉDICO DE LA AMAPOLA EN MÉXICO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XXVII Ter al artículo 3º, fracción X al artículo 13º, recorriéndose los actuales; fracción IX y X al artículo 17 Bis recorriéndose los actuales; se modifica y adiciona un último párrafo al artículo 194, se reforma la fracción primera del artículo 198 y el artículo 239 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3º.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XXVII Bis. - …

XXVII Ter.- El control sanitario de derivados farmacológicos de la todas la variedades de adormidera o papaver somniferum, así como normar la investigación y su producción nacional.

XXVIII.- …

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I a IX.-…

X. - Diseñar y ejecutar una política pública que incluya el otorgamiento de licencias para el cultivo, la seguridad, el transporte, el almacenamiento, la transformación, el empaquetado, el etiquetado, la distribución y la venta  con fines analgésicos y científicos de la adormidera o papaver somniferum y sus diferentes variedades.

Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

I a VIII. - …

IX. - Emitir las licencias para el cultivo de adormidera o papaver somniferum, preparación y fabricación de derivados; establecer los límites de producción; número de licencias y los tipos de derivados farmacológicos que pueden producirse.

X. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción VIII de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud, particularmente la coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en lo relativo a requerimientos para el cultivo de amapola, medidas de protección ocupacional y cuidado ambiental, así como los requerimientos que los licenciatarios deben cumplir para la siembra y producción de amapola.

Artículo 194.-Para efectos de este título, se entiende por control sanitario, el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables.

El ejercicio del control sanitario será aplicable al:

I y II. - …

III. Proceso, uso, importación, exportación, aplicación y disposición final de plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas para la salud, así como de las materias primas que intervengan en su elaboración.

El control sanitario del proceso, cultivo, producción, importación y exportación de medicamentos, estupefacientes y substancias psicotrópicas y las materias primas que intervengan en su elaboración, compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función del potencial de riesgo para la salud que estos productos representan.

Tratándose de la adormidera o papaver somniferumy sus derivados opioides, el cultivo, la cosecha, la transportación, el almacenaje, la producción, la trasformación, el empaquetado, el etiquetado, la distribución y la venta con fines analgésicos y científicos deberán ser autorizadas previamente por la Secretaria de Salud, y quedaran bajo su control directo. La federación será responsable del control sanitario del cultivo y la producción de substancias y en cuanto al transporte, el almacenaje, la distribución y la venta, podrá ejercerlo en coordinación con los estados, según se establezca en los convenios correspondientes.

Artículo 198.- Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I. El proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos, incluyendo el cultivo y producción de la materia prima necesaria; vacunas; toxoides; sueros y antitoxinas de origen animal, y hemoderivados;

II a VI. - …

Artículo 239.- Cuando las autoridades competentes decomisen estupefacientes o productos que los contengan, mismos que se enlistan a continuación, deberán dar aviso a la Secretaría de Salud para que exprese su interés en alguna o algunas de estas substancias.

ALFENTANIL (monoclorhidrato de N (1-(2(4-etil-4,5- dihidro-5-oxo- (H-tetrazol-1-il)etil)-4(metoximetil)-4-piperidinil) fenilpropanamida).

BUPRENORFINA

CODEÍNA (3-metilmorfina) y sus sales.

DEXTROPROPOXIFENO (-(+)-4 dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2 butanol propionato) y sus sales.

DIFENOXILATO (éster etílico del ácido 1-(3-ciano-3,3- difenilpropil)4-fenilpiperidín-4-carboxilico), ó 2, 2-difenil-4- carbetoxi-4-fenil) piperidín) butironitril).

DIHIDROCODEINA

ETORFINA (7,8 dihidro-7(-1(R)-hidroxi-1-metilbutil)-0 metil- 6-14-endoeteno-morfina, denominada también tetrahidro-7-(1-hidroxi -1-metilbutil)-6,14- endoeteno- oripavina).

FENTANIL (1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina).

HIDROCODONA (dihidrocodeinona).

METADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona).

METILFENIDATO (éster metílico del ácido alfafenil-2 piperidín acético).

MORFINA y sus sales.

OPIO en polvo, Pasta de Opio, Paja de Adormidera y Cultivos de Amapola, y sus sales extractos y aceites

OXICODONA (14-hidroxidihidrocodeinona o dihidrohidroxicodeinona).

PETIDINA (éster etílico del ácido 1-metil-4-fenilpiperidín-4- carboxílico), o meperidina.

SUFENTANIL (N- {4-(metoximetil)-1-{2-(2-Tienil)-etil}-4- piperidil} propionanilida).

En caso de considerar que alguna o algunas de las substancias citadas no reúnen los requisitos sanitarios para ser utilizadas, la Secretaría de Salud, solicitará a las autoridades correspondientes procedan a su incineración.

La Secretaría tendrá la facultad de adicionar a esta lista otras substancias, la que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 198.- Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultivo o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de adormidera o papaver somniferumno será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita la Secretaria de Salud en términos del artículo 194 y 235 Bis de la Ley General de Salud.

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona una fracción VI al artículo 1º de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1º. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:

I a V.- …

VI. Coadyuvar con la Secretaria de Salud y la Comisión Nacional de Riesgos Sanitarios para el control y supervisión del cultivo y producción de adormidera o papaver somniferum, así como la materia prima necesaria para uso medicinal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se emitirá las disposiciones reglamentarias en un plazo no mayor de 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios, deberán adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas de acuerdo a las competencias de cada uno le corresponda, para que sean congruentes con las disposiciones establecidas en el presente Decreto.

CUARTO.- La Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios emitirá en un plazo no mayor a 180 días las reglas generales con las cuales los Entidades Federativas deberán determinar la ubicación, cantidad de cultivos y el número y variedad de plantas que estén permitidos.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de diciembre de 2016.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.

1 Opioide son las sustancias naturales y sintéticas, con efectos similares a la morfina. Estos son los que se utilizan para tratar los dolores, para la anestesia, como antitusígenos, para el tratamiento de trastornos gastrointestinales, principalmente la diarrea y para el tratamiento de la adicción a opioides.

2 Paja de Adormidera es la que contiene todas las partes de la planta adormidera, excepto las semillas, después de ser cortada

3 Goodman &Gilman (2007). Las bases farmacológicas de la terapéutica. McGraw Hill. 11ª edición.

4 Naciones Unidas (1961). Sede de las Naciones Unidas, Nueva York.

5 Belmonte, J. Rivera Carolina (2016) Solo 18 países, con aval de la ONU para cultivar legalmente. Milenio en http://www.milenio.com/politica/18_paises-ONU-cultivo_legal_de_amapola_0_734926521.html

6 UNODC (2016) World Drug Report.Pag. 26. UNODC en
http://www.unodc.org/documents/colombia/2016/WDR/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf

7 UNODC (2016) World Drug Report. MARKET ANALYSIS BY DRUG TYPE en
http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_Chapter_1_Opiates.pdf

8 UNODC (2016) Afghanistan Opium Survey 2016 Cultivation and production.UNODC en
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/AfghanistanOpiumSurvey2016_ExSum.pdf

9 La JIFE calcula de dos maneras la demanda de opiáceos, una de ellas es en relación con el consumo mundial para fines médicos y científicos de todos los opiáceos sujetos a fiscalización con arreglo a la Convención de 1961

10 JIFE (2015) Informe. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente en http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2015/Spanish/AR_2015_S.pdf

11 Incluye heroína y opio.

12 Incluye el uso no médico de opiáceos y opioides.

13 ONU (2016) Junta de Fiscalización de Estupefacientes llama a garantizar el acceso a las drogas para el dolor. Centro de Noticias ONU en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34366#.WB18fvnhDIW

14 ONU (2016) Junta de Fiscalización de Estupefacientes llama a garantizar el acceso a las drogas para el dolor. Centro de Noticias ONU en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34366#.WB18fvnhDIW

15 UNODC (2016) World Drug Report. Pag. 27. UNODC en
http://www.unodc.org/documents/colombia/2016/WDR/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf

16 ONU (2016). México, monitoreo de cultivos de amapola 2014-2015. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Consultado el 5 de noviembre de 2016 en https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Mexico/Mexico-Monitoreo-Cultivos-Amapola-2014-2015-LowR.pdf

17 Ídem.

18 Aguilar R. (2016) Amapola sostiene a 1,287 poblados; Guerrero, monarca de heroína. Excélsior en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/20/1087674

19 UNO (2014) Informe 2015 Previsiones de las necesidades mundiales para 2016 Estadísticas de 2014/ Comentarios sobre las estadísticas comunicadas relativas a los estupefacientes. JIFE en https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Technical-Publications/2015/comments_S.pdf

20 Rahmaty S. (2014) A Solution for Afghanistan’s Opium Crisis? The Diplomat en
http://thediplomat.com/2014/12/a-solution-for-afghanistans-opium-crisis/

21 CNB (2015) Licit Cultivation. Central Bureau of Narcotics en http://www.cbn.nic.in/html/operationscbn.htm

22 Department of Revenue (2016) The Gazette of India en http://www.cbn.nic.in/html/GN-GSR-991-E.pdf

23 TMO(2013) Poppy and Alkaloid Affairs. Turkish Grain Board en
http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/poppy.pdf

24 ONU (2016) Junta de Fiscalización de Estupefacientes llama a garantizar el acceso a las drogas para el dolor. Centro de Noticias ONU en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34366#.WB18fvnhDIW

25 Proceso (Marzo 2016) La legalización de la Amapola

26 UNO (2014) Informe 2015 Previsiones de las necesidades mundiales para 2016 Estadísticas de 2014/ Comentarios sobre las estadísticas comunicadas relativas a los estupefacientes. JIFE en https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Technical-Publications/2015/annex_4_trade_EFS.pdf

27 Instituto Belisario Domínguez (2016). Prohibición de drogas y combate frontal al narcotráfico. Temas estratégicos 37. Consultado el 12 de diciembre de 2016 en
http://cei.colmex.mx/EstudiosViolenciaMexico2_archivos/Galindo,%20Prohibicio%CC%81n%20de%20drogas.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

Layda Sansores San Román, Senadora de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable Asamblea el PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos político-electorales que el Estado mexicano reconoce a sus ciudadanos, pueden ser suspendidos o cancelados por mandato de la ley o por orden judicial; en ambos supuestos, el Estado ejerce la facultad que le otorga la propia Constitución para los casos previstos en su norma.

Sin embargo, el problema se presenta en el momento que la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Estado para suspender los derechos político-electorales del ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; mientras que el numeral 20, Apartado B, Fracción I, del mismo ordenamiento fundamental protege a esos mismos ciudadanos a que sean considerados presuntamente inocentes hasta en tanto no se les demuestre  lo contrario mediante sentencia debidamente ejecutoriada emitida como producto de un juicio seguido con las formalidades que marca la propia Carta Magna. De ahí lo contradictorio entre ambos derechos.

Por su parte, los derechos políticos son el conjunto de condiciones y opciones que posibilitan al ciudadano para participar en la vida política de su nación, expresando con el ejercicio del derecho su criterio, como forma de ejecutar su libertad personal y de conciencia y formando, con su manifestación, un vínculo con sus representantes electos, es decir, entre gobernantes y gobernados.

Dichas prerrogativas ciudadanas se encuentran contempladas en el numeral 35 de nuestra Constitución, cuya literalidad es la siguiente:

“Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.”

En cuanto a la facultad conferida a los órganos del Estado para que puedan suspender los derechos políticos civiles de los ciudadanos, ésta adquiere el carácter de una sanción en unos casos, de una pena propiamente dicha en otros, y como una mera consecuencia de la pena de prisión, en el ámbito penal, de la que es accesoria.”

Ahora bien, a éste último aspecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

“Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

…”

Por lo que, bajo tales circunstancias, la pena de prisión produce una consecuencia accesoria consistente en la suspensión de los derechos políticos, es decir, los previstos en el artículo 35 constitucional y, además de éstos, la de los derechos propiamente civiles como son los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. Asimismo, este precepto manda que la suspensión comience desde que se dicta el auto de formal prisión o sujeción a proceso, vulnerándose con ello la garantía constitucional de presunción de inocencia que cobija a todos los mexicanos.

Bajo este contexto, en el pasado reciente, se ha discutido mucho si debe darse cumplimiento a la fracción II del artículo 38 de la Constitución Federal, que establece la suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano que se encuentre sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena de prisión, y que tal suspensión será computada a partir de la fecha del auto cabeza de proceso.

Sobre el particular se cuenta con el criterio jurisprudencial sostenido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que estima improcedente disponer la suspensión de los derechos políticos en el auto de formal procesamiento, por un delito que tenga prevista pena privativa de la libertad, tal como se desprende de la tesis de rubro y texto siguientes:

DERECHOS POLÍTICOS SUSPENSIÓN DE. EL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL AMPLÍA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL QUE PREVÉ LA FRACCIÓN II DEL ORDINAL 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Es improcedente ordenar en el auto de formal prisión la suspensión de los derechos políticos  del procesado, pues dicha pena comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena, como lo dispone el numeral 46 del Código Penal Federal, que amplía la garantía constitucional prevista en la fracción II del artículo 38 constitucional, considerando que esta última disposición, establece la suspensión de los derechos políticos de un gobernado por estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena privativa de libertad contado desde la fecha del dictado del auto de formal prisión; empero, hay que recordar que a favor del procesado opera la presunción de inculpabilidad hasta que no se demuestre lo contrario, y esto vendría a definirse en el proceso penal, el cual de terminar con una sentencia ejecutoriada en tal sentido, ello sustentaría la suspensión de los derechos políticos del quejoso, por lo que es inconcuso que aquella norma secundaria es más benéfica, ya que no debe soslayarse que las garantías consagradas en la Constitución son de carácter mínimo y pueden ser ampliadas por el legislador ordinario tal como ocurre en el citado dispositivo 46 de la legislación penal  federal, al establecer que la suspensión en comento se hará hasta la sentencia ejecutoria, de manera que al no advertirlo así el Juez instructor, se vulnera en perjuicio del titular del derecho público subjetivo, las garantías contenidas por el tercer párrafo del artículo 14 y primer párrafo del 16 constitucionales. [Tesis I.10oP. J/8, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, mayo de 2006. pág. 1525, núm. de registro: 175,103].
En igual sentido se encuentra, del mismo Tribunal, la tesis cuyo tenor literal es el siguiente:

SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS DEL INCULPADO. LA RESOLUCIÓN     DEL JUEZ INSTRUCTOR QUE LA ORDENA DESDE EL AUTO DE FORMAL    PRISIÓN, VULNERA LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14, TERCER PÁRRAFO, Y 16, PRIMER PÁRRAFO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la suspensión de los derechos políticos del gobernado por estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena privativa de libertad se contará desde la fecha del dictado del auto de formal prisión. Por su parte, el precepto 46 del Código Penal Federal, dispone que la citada suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena.

Ahora bien, el numeral últimamente mencionado amplía la garantía a que se refiere el propio artículo constitucional, es decir, dilata la imposición de dicha medida hasta que cause ejecutoria la sentencia respectiva, lo que se traduce en un beneficio para el procesado, pues no debe soslayarse que las garantías consagradas en la Ley Suprema son de carácter mínimo y pueden ampliarse por el legislador ordinario, además de que la presunción de inculpabilidad opera a favor del procesado hasta que no se demuestre lo contrario en el proceso penal que culmine con una sentencia ejecutoria. Consecuentemente, la resolución del Juez instructor que ordena la suspensión de derechos políticos del inculpado desde el auto de formal prisión vulnera en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, tercer párrafo, y 16, primer párrafo, ambos de la Constitución Federal. [Tesis aislada I.10oP. 20 P., Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, septiembre de 2005, pág. 1571, núm. de registro: 177,134].

Sin embargo, si el legislador estableció la suspensión de las prerrogativas del ciudadano que se encuentre sujeto a un proceso criminal que merezca pena corporal y que tal suspensión debería iniciarse desde la fecha del auto de formal prisión, es evidente que la tesis que no lo considera así, va en contra expresa del aludido precepto de la Ley Suprema y, entonces, podría pensarse, y de hecho es así, toda vez que no se está guardando el principio de supremacía constitucional; lo  anterior genera que la presunción de inocencia del procesado no pueda operar en su favor  para evitar la clara sanción que el legislador constituyente quiso destinar al indiciado al que se le  decretara formal prisión.

En un primer momento, el constituyente de 1917 estableció que no era conveniente que los ciudadanos sujetos a proceso por delito que mereciera pena de prisión pudieran sufragar. Sin embargo, atendiendo las tendencias actuales en materia de derechos humanos, podría pensarse en restringir la suspensión a sólo unas prerrogativas del ciudadano, no todas; por ejemplo, podría conservarse el derecho del voto en las elecciones populares y sí quedar suspendido el poder ser votado para cualquier cargo de elección popular y no ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, precisamente por el hecho de estar sujeto a proceso por delito grave que cancele la posibilidad de que opere en beneficio del indiciado cualquiera de las opciones de libertad condicional; además de la prerrogativa de asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país y la de tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para defensa de la República y sus instituciones. Estas dos últimas prerrogativas sí deberían quedar suspendidas al dictarse el auto de formal prisión, sobre todo de aquellos procesados que se encuentren privados de su libertad debido a la gravedad del o los delitos que se les impute. Cosa diversa a la suspensión que no debe suceder cuando se trate del ejercicio del derecho de petición a que  alude  la  fracción  V  del  comentado  artículo  35 constitucional, dado que de ser estrictos en la suspensión de ejercer tal derecho se llegaría al absurdo de que no podría serle aplicable el artículo 8º de la propia Constitución, que consagra precisamente este derecho. Imaginemos que en virtud de esa suspensión el procesado no pudiera ejercer su derecho de solicitar por escrito de manera pacífica y respetuosa algún trámite relacionado inclusive con su situación de procesado, pues la referida fracción V del artículo 35 citado, textualmente establece: “Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición”. Es evidente que en la práctica no se da la suspensión efectiva de tal prerrogativa, la cual está expresamente contemplada para suspenderse si se toma el sentido literal del texto de la fracción V del precepto 35 en relación con el 38 fracción II, ambos de la Constitución Federal.

Lo anterior no significa que el referido principio de presunción de inocencia no haya sido reconocido expresamente en nuestro andamiaje jurídico antes de las reformas constitucionales de junio del 2008, pues a través de diversos instrumentos internacionales, los cuales forman parte de nuestro máximo ordenamiento jurídico, según lo establece el numeral 133 de la propia Constitución, ya era parte de nuestra normatividad positiva, dentro de los que encontramos entre otros:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 11, párrafo 1 prevé:

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”

• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, el dos de mayo de 1948, señala, en su artículo XXVI:

“Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se demuestre que es culpable.”

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A, el 19 de diciembre de 1966, señala en su artículo 14 párrafo 2:

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José Costa Rica, adoptado el 22 de noviembre de 1969, establece, en su artículo 7, párrafo 5, bajo el título “Derecho a la Libertad Personal”, que:

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe en proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.”

Por otra parte, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, dispone:

“Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.”

• Finalmente, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su numeral 8, se dice:

“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”

Como se observa, los instrumentos internacionales citados corroboran el reconocimiento del principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, los cuales, al haber sido reconocidos por el Estado Mexicano, forman parte del orden jurídico nacional, toda vez que fueron suscritos, aprobados y ratificados por nuestro país, en términos del artículo 133 de la Carta Magna, por lo que es obligación del Estado velar y respetar en todo momento el derecho fundamental en comento.

Como ya se estableció, antes de la reforma constitucional al artículo 20, del 18 de junio de 2008, México ya había celebrado diversos Tratados Internacionales en los que se contemplaba, desde la óptica humanista, la garantía de presunción de inocencia que debería de cobijar a todo indiciado en un proceso penal. Sin embargo, en virtud de la supremacía constitucional que impera en nuestro andamiaje jurídico, la sanción accesoria de la suspensión de los derechos político-electorales a quienes se encontraban sujetos a un proceso penal que implicara pena corporal, se decretaba desde el auto de formal prisión como lo ordena la fracción II del numeral 38 constitucional.

Es a partir de dicha reforma que en el apartado B fracción I se inserta de forma categórica la garantía de presunción de inocencia hasta en tanto no se demuestre lo contrario, es decir, hasta que no exista una sentencia ejecutoriada previo respeto a las garantías de un debido proceso.

Contemplado así, surge un problema: se contrapone de facto lo preceptuado por el numeral 20 en su apartado B fracción I con el diverso 38 fracción II, pues ambos, desde su nivel constitucional, son de obligatoria observancia.

En el año de 2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución de dos casos concretos, el de Martín Orozco Sandoval en el Estado de Aguascalientes, y de Gregorio Sánchez Martínez en Quintana Roo, se enfrentó a determinar cuál de los dos derechos debía prevalecer, si el de presunción de inocencia que protege a los inculpados en un proceso penal, o la facultad de los órganos del Estado a suspender los derechos políticos a dichos ciudadanos a contar desde el auto de formal prisión.

En el primer caso, es decir, el de Martín Orozco Sandoval, el 19 de febrero del 2010, se le dictó auto de formal prisión por los delitos de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS cometidos en agravio de LA SOCIEDAD Y DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. El 15 de abril de ese mismo año, se dictó sentencia en el juicio de amparo tramitado por el mismo Martín Orozco en contra del auto de formal prisión, en el que se resolvió otorgarle el amparo y protección de la justicia de la Unión sólo para efectos, es decir, para que el juez de la causa emitiera otro auto en el que se respetaran las garantías constitucionales conculcadas en el recurrido.

Mediante sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEEA) de fecha tres de mayo del 2010, se determinó no aprobar la solicitud de registro como candidato del PAN al puesto de Gobernador Constitucional de dicho Estado por encontrarse suspendidos sus derechos político-electorales por mandato judicial y en acatamiento estricto del hipotético normativo contenido en la multicitada fracción II del numeral 38 Constitucional.

Inconforme con tal determinación, el 4 de mayo de la misma anualidad, Martín Orozco presentó ante el IEEA demanda de juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano, mismo que fue radicado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el día 9 del mismo mes y año, haciendo valer entre otras cosas, la garantía constitucional de presunción de inocencia contenida en la Constitución, Tratados Internacionales y jurisprudencia.

Entre los principales argumentos sostenidos por la Sala Superior del TEPJF en resolución respectiva, se encuentran los siguientes:

1.- El auto de sujeción a proceso no restringe la libertad sino sólo la perturba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no es con su autorización; mientras que la formal prisión sí está vinculada con la privación de la libertad.

2.- Al estar sujeto a proceso y no encontrarse privado de la libertad, debe permitirse al actor ejercer el derecho a ser registrado como candidato a Gobernador.

3.- Con base en lo anterior, la Sala Superior del TEPJF concluyó que en el caso en análisis no se actualizaba el supuesto previsto en los artículos 38, fracción II, de la Constitución de Aguascalientes y 9, fracción I, de la ley electoral local, toda vez que Martín Orozco Sandoval se encontraba en libertad, a pesar de estar sujeto a un proceso penal, en el cual aún no se había dictado sentencia ejecutoriada, cobijándolo la garantía de presunción de inocencia, y, por ende, tenía derecho a ser registrado como candidato si cumplía con el resto de los requisitos de elegibilidad.

En el caso de Gregorio Sánchez, a diferencia del anterior, el 6 de mayo del 2010, el Consejo Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó su registro como candidato a Gobernador Constitucional de dicho estado. El 1º de junio de ese mismo año, se dictó auto de formal prisión en contra de dicha persona por su presunta responsabilidad en la comisión de diversos delitos, entre los que se encontraba el de delincuencia organizada. En virtud de lo anterior, el 3 de junio siguiente, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinó cancelar el registro de Gregorio Sánchez Martínez como candidato a Gobernador Constitucional de ese estado en razón del auto de formal prisión emitido en su contra. El 4 de junio inmediato siguiente, Gregorio Sánchez presentó demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, dentro de la cual, se esgrimieron principalmente los siguientes agravios: 1) violaciones procesales y formales; 2) violaciones de fondo; y 3) agravios vinculados con los efectos de la cancelación ordenada en la emisión del acuerdo reclamado en virtud de que, según Gregorio Sánchez, el Consejo General del Instituto Electoral responsable, no tenía facultades para revisar fuera de los plazos señalados por la ley los requisitos de elegibilidad.

Por su parte, la Sala Superior del TEPJF resolvió confirmar la cancelación del registro como candidato a Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo de Gregorio Sánchez Martínez en virtud de que su situación corporal era de privación de libertad, y en tales condiciones la referida persona no estaba en condiciones de seguir desplegando la campaña electoral para el cargo de Gobernador de Quintana Roo, porque no existía la certeza de que en el caso de resultar ganador de la liza electoral, pudiera asumir ni ejercer el cargo en agravio del interés colectivo de los electores, sin que sea óbice para tal determinación el hecho de que lo protegía la garantía constitucional de presunción de inocencia, toda vez que como ya se dijo, al tratarse de un delito grave que no contempla los beneficios de libertad condicional, se encontraba recluido.

De lo antes referido, puede concluirse que el criterio jurisdiccional que permite resolver la controversia inicialmente planteada, ofrece una aplicación diferenciada de la facultad de los órganos del Estado a suspender los derechos político-electorales tomando en cuenta los bienes jurídicos tutelados e involucrados en el caso concreto.

Por lo que, en el supuesto de que un ciudadano se encuentre sujeto a proceso penal, al que no se le haya dictado sentencia debidamente ejecutoriada, respetándose en todo momento las reglas de un debido proceso, éste conservará su derecho político activo al voto.

Por otra parte, cuando al ciudadano se le haya dictado auto de sujeción a proceso, pero que en virtud de la no gravedad del delito que se le imputa es beneficiado legalmente con su libertad mediante caución, no se le suspenderán sus derechos político-electorales.

Pero para el caso de que el auto de formal prisión sea emitido por la presunción de la comisión de un delito grave que impida que el ciudadano sea beneficiado por alguno de los sustitutivos de la pena de prisión contemplados por la ley, dado que está por encima el interés público de los electores, sobre la certeza de que quién salga ganador de la liza electoral podrá asumir y desempeñar el cargo, y al encontrarse privado de su libertad no ofrece esa seguridad, será privado temporalmente de sus derechos político-electorales del ciudadano, excepto su derecho activo de voto.

Ello es así en virtud de que, en concepto de la Sala Superior, conforme con una interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 38, fracción II, 14, 16, 19, 20, apartados A, fracción I, B, fracción I, así como 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, aun cuando el ciudadano se encuentre sujeto a un proceso penal con motivo del dictado de un auto de formal prisión, está en aptitud de ejercer sus derechos político-electorales, como el de ser registrado como candidato a un cargo de elección popular, mientras no sea privado de su libertad.

La posición asumida por ese órgano jurisdiccional encuentra lógico respaldo en el hecho de que, si el actor únicamente puede ser privado del derecho a ser registrado como candidato por sentencia ejecutoria, la cual no ha sido dictada, tan sólo se encuentra sujeto a proceso penal, el cual enfrenta en libertad por haber obtenido el beneficio constitucional previsto en el numeral 20, apartado B, fracción IX, párrafo segundo de la Constitución, entonces no hay razones válidas para justificar la afectación a los derechos político-electorales del indiciado, pues es innegable que salvo la limitación acaecida, dicho ciudadano, al encontrarse libre y al operar en su favor el principio de presunción de inocencia, debe continuar en el uso y goce de todos sus derechos políticos.

En efecto, si la calidad de sujeto a proceso no significa una condena, conforme con el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional, debe entenderse entonces que la suspensión de los derechos prevista en la fracción II, del artículo 38 del mismo ordenamiento, es consecuencia de la privación de la libertad y con ello de la imposibilidad material y jurídica de ejercer un cúmulo de diversos derechos que integran la esfera jurídica del gobernado.

A la misma conclusión se arriba al realizar una interpretación sistemática y funcional, porque conforme a estos métodos se obtiene que la suspensión de los derechos políticos se produce únicamente respecto de aquellos ciudadanos que, dada la magnitud del ilícito cometido, no tienen  la posibilidad de encuadrar en la hipótesis normativa que actualiza el incidente caucional, y por ende, al encontrarse forzados a ingresar en prisión, se ven restringidos en el uso y goce de ciertos derechos político- electorales. Consecuentemente, quedan automáticamente fuera de dicha sujeción los delitos que no necesariamente se castigan con pena privativa de libertad, como los  que sólo prevén sanción pecuniaria, apercibimiento o pena alternativa, casos en los cuales no se afecta la libertad personal, y por lo tanto, hacen viable la aplicación diferenciada de la facultad constitucional concedida a los órganos del Estado en la fracción II, del artículo 38 constitucional respecto de la suspensión de los derechos políticos de los ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 38, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.- Se reforma la fracción II, del artículo 38, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

...

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, aplicándose dicha suspensión de la manera siguiente:

a. Si el indiciado se encuentra sujeto a proceso, gozando de los beneficios legales de algún sustitutivo de la pena corporal, gozará plenamente de todos sus derechos políticos contemplados en el numeral 35 de esta Constitución;

b. Si el indiciado se encuentra privado de su libertad desde el dictado del auto de formal prisión, se le suspenderán únicamente los derechos políticos contemplados en las fracciones II, III, IV y VI del artículo 35 de esta Constitución.

c. Para el caso de que ya exista sentencia ejecutoriada que lo declare culpable, se suspenderán todos los derechos contemplados en el artículo 35 de esta Constitución, y dicha suspensión durará el tiempo que dure la condena.

...

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 15 de diciembre de 2016.

Sen. Layda Sansores San Román.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI)

Jorge Toledo Luis, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 164, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV, DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 2o, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Los ataques a la propiedad cultural de las personas indígenas.

En 2015, la diseñadora francesa, Isabel Marant, fue señalada de plagio, pues las blusas de su colección Étoile 2015 reprodujeron el bordado de los huipiles de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

Actualmente, marcas comerciales como Hermès han reproducido los diseños de los tenangos, bordados típicos de Tenango de Doria, Hidalgo, en estampados de mascadas. Además, existen diversas prendas piratas que se venden en el comercio informal y cuyos tejidos no son hechos a mano, sino de manera industrial.

De igual forma, la marca mexicana Pineda Covalín utiliza frecuentemente las flores de los trajes del Istmo de Tehuantepec para sus pañoletas y mascadas, después ampliaron su producción con diseños de otras regiones indígenas de México, sin otorgar ningún beneficio a los artesanos de la región y mucho menos obtener su permiso.

La misma situación viven los productores de las tradicionales guitarras de Paracho y otros artículos de madera de Michoacán, quienes se han enfrentado a una competencia desigual que imita sus diseños, los industrializa y oferta a precios muy bajos, afectando sus ventas.

China, Japón, India, Perú y México se encuentran en los primeros lugares como productores artesanales en 17 ramas, como textiles, alfarería, cartonería, arte huichol, cestería, cerámica, vidrio, arte en concha, hueso, cuerno y caracol, entre otras disciplinas, que son muy apreciadas en todo el mundo.

Sin embargo, el apoderamiento de diseños de las comunidades indígenasno ha tenido una respuesta contundente del Estado mexicano en protección de la manifestación cultural indígena. Ninguna dependencia federal o estatal ha entablado una acción civil o de propiedad intelectual en contra de las personas que efectúan apoderamientos, tampoco los artesanos indígenas realizan acción alguna en protección de su patrimonio.

Es posible que lo anterior se deba a la ausencia de mecanismos y de instrumentos jurídicos que establezcan de manera expresa las acciones jurídicas a ejercitar en defensa del patrimonio cultural. La ausencia de reglas claras que definan la titularidad de los derechos y la protección normativa de esos derechos hacen necesario establecer, al nivel normativo más alto, que tal patrimonio es defendible por todos y cada uno de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.

A partir del problema con las artesanías de Tlahuitoltepec, se presentaron en las cámaras del Congreso de la Unión varias iniciativas para proteger los derechos de autor de las artesanías tradicionales y evitar la piratería, lo que afecta a las comunidades indígenas que dependen económicamente de la elaboración de estos productos, pero ninguna ha trascendido en el aspecto legislativo.

Mientras nos ponemos de acuerdo, los pueblos indígenas y sus comunidades están a la disposición de los piratas nacionales e internacionales para saquear su patrimonio material e inmaterial. Por eso es tan urgente que establezcamos los mecanismos pertinentes para que el Gobierno mexicano y los integrantes de los pueblos indígenas puedan ampararse ante los tribunales nacionales e internacionales en la defensa del derecho de autor colectivo de pueblos y comunidades sobre sus saberes, conocimientos, obras artísticas o intelectuales y también el derecho colectivo para registrar marcas y patentes sobre sus invenciones o creaciones materiales emanadas de sus culturas e identidades.

Con eso daremos respuesta a una demanda social y cumpliremos un compromiso asumido por el Estado mexicano en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígena, efectuada en 2014, donde el gobierno mexicano llamó a fortalecer la cooperación internacional y a armonizar las leyes nacionales de acuerdo con la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,1 entre ellas las referentes a las indicaciones en materia de propiedad intelectual cultural indígena de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado de las Naciones Unidas que promueve la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo.

La modificación constitucional que propongo dará pie a otras modificaciones legales que permitan el registro colectivo de autorías, marcas y patentes para generar ingresos económicos a los pueblos y comunidades indígenas, para contribuir a la superación de las brechas de desigualdad e impulsar las industrias artesanales, generando más empleos en las zonas indígenas, para cumplir las Metas México Incluyente y México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo.

2. México. La riqueza de su pluralidad.

Nuestro país está conformado por 68 pueblos indígenas. En México, según la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), aquí vivimos 25.7 millones de personas que nos reconocemos como indígenas2. A pesar del racismo tan cotidiano3, cada día renace el orgullo de la pertenencia a los pueblos indígenas de México. Hay un reencuentro con nuestra primera raíz.

La reforma constitucional de 2001 estableció, en concordancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo4, el derecho de las personas indígenas de autoadscribirse (autoidentificarse) como tales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció ese derecho en la tesis de jurisprudencia publicada en la Novena Época, con número de registro 165718, por la  Primera Sala, Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, materia(s): constitucional, tesis: 1a. CCXII/2009, página: 291:

PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. AUTOADSCRIPCIÓN. El artículo 2o. de la Constitución Federal, reformado el catorce de agosto de dos mil uno, ofrece una respuesta normativa a aspectos determinantes de nuestra historia y de nuestra identidad como sociedad que están en el núcleo de muchos de los vectores de desventaja e injusticia que afectan a los ciudadanos. Sin embargo, como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de subrayar al resolver los amparos directos en revisión 28/2007 y 1851/2007, las dificultades que enfrenta una corte de justicia al intentar determinar quiénes son las "personas indígenas" o los "pueblos y comunidades indígenas" a quienes aplican las previsiones constitucionales anteriores son notables; dichos conceptos, de sustrato originalmente antropológico y sociológico, deben adquirir un significado específicamente jurídico, cuya concreción viene dificultada por la intensa carga emotiva -tradicionalmente negativa y sólo recientemente transformada en algún grado- que gravita sobre ellos. La arquitectura del artículo 2o. de la Constitución Federal prevé que exista un desarrollo normativo mediante el cual el legislador ordinario concrete los conceptos, derechos y directrices que contiene, pero mientras este desarrollo no exista, o exista sólo parcialmente, los tribunales de justicia se ven a menudo confrontados directamente con la tarea de delimitar esas categorías de destinatarios en cumplimiento de su deber de atenerse a la fuerza vinculante y a la aplicabilidad directa de muchas de ellas. En el desarrollo de esa tarea deben tomar en consideración que el texto constitucional reconoce, en primer lugar, la importancia de la articulación (total o parcial) de las personas en torno a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (en el caso de los pueblos indígenas), así como de la identificabilidad de algún tipo de unidad social, económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres (en el caso de las comunidades indígenas). Asimismo, la Constitución -siguiendo en este punto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- no encierra ambigüedad alguna en torno al imperativo de tomar la autoconciencia o la autoadscripción como criterio determinante al señalar que "la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas". Por tanto, en ausencia de previsiones específicas que regulen el modo en que debe manifestarse esta conciencia, será indígena y sujeto de los derechos motivo de la reforma constitucional, aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas. La apreciación de si existe o no existe una autoadscripción indígena en un caso concreto debe descansar en una consideración completa del caso, basada en constancias y actuaciones, y debe realizarse con una actitud orientada a favorecer la eficacia de los derechos de las personas, sobre todo en casos penales y en aquellos que prima facie parecen involucrar a grupos estructuralmente desaventajados.5

3. Características de un pueblo indígena.

En el territorio de lo que ahora es México había una gran diversidad de pueblos, de lenguas, derechos, religiones, que la Conquista no pudo exterminar. Los descendientes de los integrantes de aquellos pueblos constituyen los variados pueblos que actualmente subsisten en México. Esa diversidad se refleja en la gran cantidad de comunidades indígenas actuales. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha indicado que los pueblos indígenas de México6 son:

Pueblo indígena

Estado

Amuzgo

Guerrero y Oaxaca

Chatino

Oaxaca

Cakchiquel

Chiapas

Chichimeca jonaz

Guanajuato

Chinanteco

Oaxaca

Chocho

Oaxaca y Puebla

Chol

Chiapas y Tabasco

Chontal

Oaxaca y Tabasco

Cochimí

Baja California

Cora

Nayarit

Cucapá

Baja California

Cuicateco

Oaxaca

Guarijío

Chihuahua

Huasteco

San Luis Potosí

Huave

Oaxaca

Huichol

Jalisco y Nayarit

Ixcateco

Oaxaca

Jacalteco

Chiapas

Kanjobal

Chiapas

Kikapú

Coahuila

Kiliwa

Baja California

Kumiai

Baja California

Lacandón

Chiapas

Mame

Chiapas

Matlatzinca

México

Maya

Campeche, Quintana Roo y Yucatán

Mayo

Sinaloa y Sonora

Mazahua

México y Michoacán

Mazateco

Oaxaca

Mixe

Oaxaca

Mixteco

Guerrero, Oaxaca y Puebla

Mochó

Chiapas

Motozintleco

Chiapas

Náhuatl*

Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz

Otomí

México y Michoacán

Paipai

Baja California

Pame

San Luis Potosí y Querétaro

Pima

Sonora

Pápago

Sonora

Popoluca

Veracruz

Purépecha

Michoacán

Seri

Sonora

Tarahumara

Chihuahua

Tepehua

Veracruz

Tepehuán

Chihuahua y Durango

Tlapaneco

Guerrero

Tojolabal

Chiapas

Totonaca

Puebla y Veracruz

Triqui

Oaxaca

Tzelta l (tseltal)

Chiapas

Tzotzil (tsotsil)

Chiapas

Yaqui

Sonora

Zapoteco

Oaxaca

Zoque

Chiapas

Por su parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha contabilizado 68 lenguas y 164 variantes lingüísticas:

1. Aguateco

2. Anazasis (Chihuahua)

3. Amuzgos (Oaxaca)

4. Coras (Nayarit)

5. Chatinos (Sur de Oaxaca)

6. Chichimecas (Durango, Coahuila)

7. Chichimecas-Jonaz (Guanajuato)

8. Chinantecos (Oaxaca)

9. (Oaxaca)

10. Conchos (Chiapas)

11. Choles (Norte de Chiapas)

12. Chontales de Oaxaca

13. Chontales de Tabasco

14. Guarijíos (Sureste de Sonora)

15. Huastecos (San Luis Potosí,Tamaulipas,hidalgo,Veracruz)

16. Huaves (Oaxaca)

17. Huicholes (Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango)

18. Kikapúes (Coahuila)

19. Kiliwas(Sonora)

20. Lacandones (Chiapas)

21. Mames (Campeche, Quintana Roo y Chiapas)

22. Matlatzincas (Estado de México)

23. Mayas (Quintana Roo, Campeche y Yucatán)

24. Mayenses(Yucatán)

25. Mayos (Sonora y Sinaloa)

26. Mazahuas (Estado de México)

27. Mazatecos (Oaxaca, Puebla,Veracruz)

28. Mexicaneros (Durango, Nayarit, Jalisco y Zacatecas)

29. Mixes (Norte de Oaxaca)

30. Mixteco (Guerrero, Puebla y Oaxaca)

31. Mochós

32. Nahuas de Guerrero

33. Nahuas (Huasteca Veracruzana)

34. Nahuas de Milpa Alta

35. Nahuas de Morelos

36. Nahuas (Sierra Norte - Puebla)

37. Ñha-ñhu

38. Otomíes del estado de México

39. Otomíes del Valle del Mezquital

40. Otomíes de Puebla

41. Otomíes de San Luis Potosí

42. Pames de Querétaro

43. Pames de San Luis Potosí

44. Pápagos

45. Pimas

46. Popolucas

47. Purépechas

48. Seris

49. Teco (Chiapas)

50. Tarahumaras o rarámuris

51. Tepehuanes del norte

52. Tepehuanes del sur

53. Tepehuanos

54. Tlapanecos

55. Tlaxiacos

56. Tojolabales

57. Totonacas

58. Triquis

59. Tzotziles

60. Tzeltales

61. Yaquis

62. Zacatecos (Zacatecas)

63. Zacapoaztlas.

64. Zapotecos (Istmo Tehuantepec)

65. Zapotecos (Sierra Norte-Oaxaca)

66. Zapotecos (Valles Centrales)

67. Zoques de Chiapas

68. Entre otros.7

Es importante indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 ha explicado que los rasgos que definen a un pueblo indígena son:

• El reconocimiento de una estructura social diferente a la de otros sectores de la sociedad.

• El reconocimiento de instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales diferentes a otros sectores de la sociedad.

• El reconocimiento de un derecho colectivo (del pueblo o comunidad) que puede estar incluso por encima de un derecho individual.

• El sentido de pertenencia a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación que se trate.

• La práctica y revitalización de sus tradiciones y costumbres culturales. Lo cual incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

• La utilización, fomento y transmisión a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como mantenerlos.

• El conocimiento respecto a medicinas tradicionales y prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital.

• El reconocimiento de una relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que han poseído u ocupado y utilizado.

Es incuestionable que los pueblos y las comunidades indígenas actualmente están revitalizando y generando su patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. Además, generan historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas,  medicinas tradicionales y prácticas de salud y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y flora, las tradiciones orales, las literaturas, los deportes y juegos tradicionales.

Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas están en constante creación y preservación: todas estas manifestaciones culturales deben ser protegidas desde el más alto plano normativo.

4. La necesidad de la instauración de mecanismos de defensa al más alto nivel normativo.

En 1991, el artículo 4ode la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado para reconocer al más alto nivel normativo la composición pluricultural de la nación mexicana y el deber de protección, promoción y desarrollo de su lengua, cultura, uso, costumbre, recursos y formas específicas de organización de los pueblos indígenas:

Artículo 4o. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizara a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomaran en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.

Esta reforma constitucional no tuvo aplicación práctica y la ley que debió establecer las bases para la protección, promoción y desarrollo de las manifestaciones culturales indígenas no fue creada.

La siguiente reforma de importancia para los pueblos indígenas, la del 14 de agosto de 2001, incorporó en el artículo 2o, apartado A, fracción IV, de nuestra ley fundamental el deber del Estado de “[p]reservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”, sin embargo, la norma constitucional está incompleta, pues no indica quienes pueden acudir, en casos, como el narrado anteriormente, a defender las manifestaciones culturales de un pueblo indígena.

Es importante indicar que a nivel internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce, en el artículo 31, numerales 1 y 2, el derecho de los pueblos indígenas a mantener, controlar y proteger su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias y, por otra parte, establece el deber del Estado, conjuntamente con los pueblos indígenas, para reconocer y proteger el ejercicio de dichos derechos:

Artículo 31

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales  e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger  el ejercicio de estos derechos.

De igual manera, está plasmado como deberes de los Estados suscriptores de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016) el reconocimiento del derecho a la identidad e integridad cultural:

“Artículo XIII. Derecho a la identidad e integridad cultural

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e integridad cultural y a su patrimonio cultural, tangible e intangible, incluyendo el histórico y ancestral, así como a la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho patrimonio cultural para su continuidad colectiva y la de sus miembros, y para transmitirlo a las generaciones futuras.

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

3. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, formas de organización social, económica y política, formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas, reconociendo su interrelación, tal como se establece en esta Declaración”.

y

“Artículo XXVIII. Protección del Patrimonio Cultural y de la Propiedad Intelectual.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho al pleno reconocimiento y respeto a la propiedad, dominio, posesión, control, desarrollo y protección de su patrimonio cultural material e inmaterial, y propiedad intelectual, incluyendo la naturaleza colectiva de los mismos, transmitido a través de los milenios, de generación en generación.

2. La propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas comprende, inter alia, los conocimientos y expresiones culturales tradicionales entre los cuales se encuentran los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, los diseños y procedimientos ancestrales, las manifestaciones culturales, artísticas, espirituales, tecnológicas y científicas, el patrimonio cultural material e inmaterial, así como los conocimientos y desarrollos propios relacionados con la biodiversidad y la utilidad y cualidades de semillas, las plantas medicinales, la flora y la fauna.

3. Los Estados, con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, adoptarán las medidas necesarias para que los acuerdos y regímenes nacionales o internacionales provean el reconocimiento y la protección adecuada del patrimonio cultural y la propiedad intelectual asociada a dicho patrimonio de los pueblos indígenas. En la adopción de estas medidas, se realizarán consultas encaminadas a obtener el consentimiento libre, previo, e informado de los pueblos indígenas”.

Sin embargo, tanto la declaración de la ONU como la de la Organización de Estados Americanos (OEA) constituyen derecho soft (soft law), es decir, un conjunto de buenas prácticas y orientadoras, pero no constituyen normas obligatorias. En el mismo sentido, “el concepto de “soft law” tiende a ser definido como un conjunto de mecanismos, tales como declaraciones, resoluciones y programas de acción, que demuestran conformidad ante las normas establecidas por el Derecho Internacional, pero no son vinculantes ante la ley”.9

Sin embargo, México ha avanzado considerablemente en el reconocimiento de algunos derechos de los pueblos y comunidades indígenas: el reconocimiento a la autoadscripción, a la consulta previa, entre otros. No obstante, por lo que hace a la protección de las manifestaciones culturales persiste un importante pendiente para la actualización del marco normativo aplicable. En este tenor, la iniciativa que se presenta a consideración de esta Soberanía representa una oportunidad para consolidar la protección del patrimonio material e inmaterial y hacer que nuestra legislación sea acorde con los estándares internacionales en la materia.

Para ello, es necesario reformar la Constitución federal, para incorporar a nuestra normatividad nacional instrumentos de protección y defensa del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Tomemos el contenido del derecho softe incluyámoslo en nuestro texto constitucional para darle la mayor fuerza normativa, para convertirlo en derecho duro.10

Es por ello que, en concordancia con los parámetros establecido en la Declaración delas Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas yen la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se somete a consideración del Poder Constituyente Permanente la reforma al artículo 2o, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer en la norma cúspide el derecho de los indígenas, de los pueblos y comunidades, de defender su patrimonio material e inmaterial y el deber del Estado de garantizar ese derecho.

La reforma propuesta permitirá dotar a los indígenas de un marco normativo más amplio para la protección de sus derechos. Asimismo, con esta reforma el Estado mexicano reitera la prioridad de garantizar la protección de las manifestaciones culturales y constitucionaliza mecanismos y buenas prácticas provenientes del derecho internacional de los derechos humanos.

Estoy consciente que esta reforma no incide directamente sobre los procesos de defensa de los pueblos indígenas sobre su patrimonio cultural, material e inmaterial, pero nos permitirá después modificar las leyes secundarias para garantizar los derechos indígenas a la propiedad colectiva de sus creaciones.

Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV, DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 2o, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo único. Se reforma la fracción IV, del apartado A, del artículo 2o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

A.

I.

II.

III.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.Los integrantes de los pueblos y comunidades  indígenas tienen derecho a su patrimonio cultural, tangible e intangible, incluyendo el derecho a mantener, proteger, defender y desarrollar manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, artefactos, vestimenta, diseños, ceremonias, rituales, actos festivos, cosmovisiones, saberes ancestrales, aportes científicos, conocimientos y usos relacionados con las naturaleza, sociedad y el universo, tecnologías, astronomía, botánica, deportes, artes visuales, escénicos e interpretativas y literaturas, entre otras. Incluyendo el histórico y ancestral, así como a la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho patrimonio cultural para su continuidad colectiva y la de sus miembros, y para transmitirlo a las generaciones futuras. El Estado garantizará el respeto a este derecho.

Transitorio Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 15 de diciembre de 2016.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30496#.WD2-y33IJoo. Consulta: 14 de noviembre de 2016.

2 Consúltense esos datos en La Encuesta Intercensal de 2015 elaborada por el INEGI http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf y en http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_indigenas/eventos/docs/etnicidad_240216.pdf. (Consultado el 3 de diciembre de 2016)

3 “El racismo es una forma de violencia y refiere a las formas sistemáticas, planeadas y rutirnarias en las que una estructura social o una institución infligen a la población especialmente, en relación con la satisfacción de sus necesidades mínimas, pues el racismo practicado evita la movilidad social, el acceso al prestigio o al reconocimiento social. Para entender este tipo de violencia hay que tener presente el poder simbólico que, como lo ha investigado el sociólogo francés Pierre Bordieu, se encuentra larvado y solapado en los campos educativo, lingüístico, religioso, científico, cultural, familiar y político, que en conjunto son instrumentos de comunicación y dominación con los que se conformar consensos lógicos y morales, mediante los cuales el orden social se reproducen. Los indicadores para observar el racismo son conductas relacionadas con: desprestigio, menosprecio, hostilidad, hostigamiento, ridiculización, negligencia, rechazo, maltrato”. Gutiérrez Chong, Natividad y Valdés González, Luz María, en “Ser Indígena en México. Raíces y Derechos”.Los mexicanos vistos por sí mismos, editorial UNAM, México 2015, pp. 115 y 116.

4 El artículo 1º del Convenio 169 de la OIT, hace referencia a la autoadscripción:
1. El presente Convenio se aplica:
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.”

5 Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Subrayado del autor.

6 http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=68. (Consultado el 3 de diciembre de 2016).

7 Información en línea, 15-12-2014 [citada el 30/12/2014] Formato html, disponible en Internet, http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf. (consultado el 3 de diciembre de 2016).

8 Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

9 Consultable en https://pangeaupr.org/2016/03/18/apuntes-de-derecho-internacional-que-son-el-soft-law-y-el-hard-law/. (consultado el 3 de diciembre de 2016).

10 Es importante indicar que el Convenio 169 de la OIT no hace referencia al patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas, sólo hace una breve referencia a las artesanías, industrias rurales y actividades tradicionales. De este instrumento internacional (de derecho hard) no puede desprenderse que los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas tengan la posibilidad de ejercer el derecho de defensa de su patrimonio cultural:
Artículo 23
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA UN CAPÍTULO IV EN EL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 248 TER, 248 QUÁTER Y 248 QUINTUS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 248 TER, 248 QUÁRTER Y 248 QUINTUS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La proponente señala que, con el propósito de otorgar instrumentos y mecanismos a la autoridad encargada de la procuración y administración de justicia en el combate a la delincuencia organizada, el legislador estableció en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada la figura del testigo colaborador.

En base a experiencias exitosas en otros países, el legislador instauró esa figura para combatir las organizaciones criminales, consistente en otorgarle diversos beneficios legales a personas que colaboren eficazmente con el agente del Ministerio Público de la Federación, en la investigación y persecución de quien forme parte de la delincuencia organizada o delitos vinculados a ésta.

Reconociendo la eficacia de esa figura jurídica, se afirma que ésta ha permitido que algunos delincuentes vinculados con el crimen organizado se conviertan en colaboradores gozando de los beneficios que les otorga la ley, pero que hasta la fecha los resultados son escasos, pues un alto porcentaje de las investigaciones relacionadas con delincuencia organizada se sustentan en testimonios de colaboradores que se acogen a este beneficio, sin embargo, la mayoría de los dichos aportados por estos presuntos delincuentes resultan falaces.

Los testigos colaboradores tienen derecho a apoyos económicos decorosos, a una guardia personal, o si prefieren también a una vigilancia a distancia; así mismo deben recibir apoyo habitacional, médico, educacional y, si es el caso, hasta cambiar de identidad y poder vivir en el extranjero. Del 2009 al 2012 se incorporaron a esa figura más de 500 personas, destinando un recurso económico superior a los 180 millones de pesos, sin embargo, los resultados han sido poco favorables.

Ésta figura jurídica se ha convertido en uso y abuso de las autoridades ministeriales y servidores públicos corruptos quienes les han otorgado beneficios que no les corresponde como lo marca el objetivo de la misma, siendo detenidos en flagrancia e inducidos a declarar contra personas inocentes o rivales políticos, como sucedió en la pasada administración en casos tan mencionados a nivel internacional, como la operación limpieza: el Michoacanazo, los hermanos Herrera Valles o altos miembros de las fuerzas armadas entre otros, los que fueron imputados en forma dolosa sin sustento legal que acreditaran sus dichos para luego ser liberados en su totalidad después de estar privados ilegalmente de su libertad por largos periodos.

El objeto de la presente iniciativa es el de agravar el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad cuando el perjurio sea efectuado por un testigo colaborador, extendiendo las penas a los servidores públicos que inciten a formular declaraciones con falsedad en contra de personas.

Por lo anterior, se propone aumentar las penas a quién comenta el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad distinta a la judicial, extendiéndose las penas a los servidores públicos que inciten o inviten a deponer con falsedad en contra de determinadas personas

La propuesta consiste en reformar el artículo 35 de la Ley Federal contra la    delincuencia organizada, así como adicionar los artículos 248 Ter, 248 Quárter y 248 Quintus del Código Penal Federal para que, en el caso de falsedad de declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad cuando el el perjurio sea efectuado por testigo colaborados, se agrave la pena, extendiéndose ésta, a las autoridades de procuración de justicia y autoridades policiales que inciten a formular declaraciones falsas.

A manera de referencia, se transcribe el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que a la letra dice lo siguiente:

CAPÍTULO NOVENO
DE LA COLABORACIÓN EN LA PERSECUCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artículo 35.- Sin perjuicio de las reglas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los criterios de oportunidad y procedimiento abreviado, por alguno de los delitos previstos en esta Ley, o cuando alguna persona colabore eficazmente con el agente del Ministerio Público de la Federación, en la investigación y persecución de quien forme parte de la delincuencia organizada o delitos vinculados a ésta, se podrán aplicar las siguientes reglas:

I. Cuando no exista investigación en su contra, los antecedentes de investigación que aporte, o se obtengan con su colaboración, no serán utilizados en su perjuicio. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona;

II. Cuando exista una investigación en la que el colaborador esté implicado y éste aporte antecedentes de investigación para el ejercicio de la acción penal en contra de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes;

III. Cuando durante el proceso penal, el imputado aporte medios de prueba, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad, y

IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas eficaces para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.

Para efecto del ejercicio de la acción penal que en su caso el agente del Ministerio Público de la Federación deba realizar éste se apoyará en el criterio de oportunidad a fin de alcanzar el éxito de la investigación.

En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, el órgano jurisdiccional o el titular de la Unidad Especializada, a que se refiere el artículo 8o. de la presente Ley, tomará en cuenta, además de las circunstancias exteriores de ejecución, y las peculiares del delincuente, la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos de la fracción IV de este artículo, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que establezca la legislación sobre ejecución de penas.

Cabe señalar que la figura de testigo colaborador es reconocida internacionalmente por 120 países que han ratificado la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, mejor conocida como “La Convención de Palermo”, así como la Organización de Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como “La Convención Mérida”, siendo una herramienta de investigación indispensable en la lucha contra el crimen organizado.

Con la finalidad de lograr un verdadero desmembramiento de las organizaciones criminales a partir del conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación, se ha estimado conveniente favorecer la colaboración de los miembros de la delincuencia organizada en la investigación y persecución de otros integrantes de ésta, en este sentido la colaboración de testigos son medidas legales de enorme trascendencia.

Sin embargo, de 1996 cuando nace esta figura a la fecha, un número desproporcionado de delincuentes relacionados con el crimen organizado los han convertido en testigos colaboradores a cambio de beneficios que les otorgas la ley, pero por el uso y abuso de esta figura no se han tenido resultados favorables en el combate a éste flagelo social.

Por tal motivo, la génesis de la iniciativa que nos ocupa es la de reformar el contenido del artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y adicionar al Código Penal Federal los artículos 248 Ter, 248 Quárter y 248 Quintus, agravando el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad cuando el perjurio sea efectuado por un testigo colaborador, extendiéndose las penas a los servidores públicos que los instiguen a declarar con falsedad.

Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 248 TER, 248 QUÁRTER Y 248 QUINTUS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

PRIMERO.- Se reforma el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Artículo 35.- Sin perjuicio de las reglas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los criterios de oportunidad y procedimiento abreviado, por alguno de los delitos previstos en esta Ley, o cuando alguna persona colabore eficazmente con el agente del Ministerio Público de la Federación, en la investigación y persecución de quien forme parte de la delincuencia organizada o delitos vinculados a ésta, se podrán aplicar las siguientes reglas:

I a IV …

En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere….

Al testigo colaborador, que incurra en falsedad en declaraciones, así como a los servidores públicos que instiguen a la comisión de ese delito se le impondrán las penas de prisión que señalan los artículos 248 Ter, 248 Quárter y 248 Quintus del Código Penal Federal.

Para efectos de la reparación del daño, se atenderá a lo establecido en los artículos 1915 y 1916 del Código Civil Federal, cuando el testigo colaborador incurra en falsedad de declaraciones, así como lo relativo en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para el caso de los servidores públicos.

SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 248 Ter, 248 Quáter y 249 Quintus al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 248 Ter. Se impondrán de cinco a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa al testigo colaborador que, interrogado por autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad.

Artículo 248 Quáter. Se impondrán de seis a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa al que, examinado por alguna autoridad judicial teniendo la calidad de testigo colaborador, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar.

Artículo 248 Quintus. Si quien propicie la comisión de los delitos previstos en los artículos 248 Ter y 248 Quáter fuese un servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en tales artículos, según corresponda. Además, será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a doce años.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 15 de diciembre de 2016.

Sen. Layda Sansores San Román.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES

(Presentada por los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Félix Arturo González Canto, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador de la República, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en casi todos los países la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad, debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad.

En la Convención Interamericana sobe la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Organización de Estados Americanos, define al envejecimiento como un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio.

Si bien demográficamente se usa la edad cronológica de 60 años para determinar a la población envejecida que se ha denominado población adulta mayor, se considera que cada persona envejece de forma diferente. En este sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres en el documento intitulado “Situación de las Personas Adultas Mayores en México”, señala que dentro de los signos que determinan el envejecimiento de las personas se tienen:

• La edad física: cambios físicos y biológicos que se presentan a distintos ritmos, mismos que dependen del sexo, lugar de residencia, economía, cultura, alimentación, tipo de actividades desarrolladas y emociones.

• La edad psicológica: cambios en las emociones, sentimientos, pensamientos y el significado que para cada persona tiene la vejez. Adicionalmente se presentan cambios en los procesos psicológicos, como la memoria o el aprendizaje.

• La edad social: relacionada con los significados de la vejez, diferentes para cada grupohumano, según su historia, su cultura y su organización social.1

La OMS señala que el envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, la que debe adaptarse para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad (OMS, 2014).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que en nuestro país el porcentaje de la población, de 60 años y más representa el 10.4% de la población, mientras que la población de 30 a 59 años ocupa un universo de 36.4%, lo cual es relevante porque en el corto o mediano plazo se integrará al porcentaje de adultos mayores que residen en el país.

“De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2030, el porcentaje de adultos mayores será de 20.4 millones, lo que representará 14.8%”2 de la población, incrementándose la demanda de servicios relacionados con la salud, vivienda, pensiones y espacios urbanos que faciliten el tránsito de estas personas.

Es importante mencionar que según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, del total de adultos mayores 26% tiene discapacidad y 36.1% posee alguna limitación, por lo que es imperativo implementar acciones tendientes a mejorar su calidad de vida.

El aumento de la esperanza de vida de la población permite a los adultos mayores emprender nuevas actividades, retomar aficiones, así como continuar haciendo aportaciones de gran valor a su familia y su comunidad, transmitiendo su experiencia y sus conocimientos. Sin embargo, hay un factor que condiciona en gran medida las posibilidades de realizar estas actividades: la salud.

Gozar de buena salud es fundamental para que los adultos mayores mantengan una vida plena, autónoma e independiente, de forma tal que puedan seguir participando activamente en el espacio social, económico, cultural y político.

Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida en buena salud y en un entorno propicio, podrán hacer lo que más valoran de forma digna y plena. En cambio, si esos años adicionales están dominados por el declive de la capacidad física y mental, las implicaciones para las personas mayores y para la sociedad serán negativas.

En razón de lo anterior la presente iniciativa propone reformar la Ley General de Salud para atender la salud mental de las personas adultas mayores.

En principio, se considera oportuno mencionar que de acuerdo con el Programa Mundial de Acción en Salud Mental de la OMS “una de cada cuatro personas, es decir el 25% de la población, sufre en algún momento de la vida de al menos un trastorno mental. Actualmente hay 450millones de personas con trastornos mentales en países tanto desarrollados como en desarrollo. Los problemas de salud mental constituyen cinco de las diez principales causas de discapacidad en todo el mundo, lo que supone casi un tercio del total de la discapacidad mundial. Los trastornos con mayor peso son la depresión, el abuso de sustancias, la esquizofrenia y la demencia. Aunque los trastornos mentales afectan a personas de todos los grupos sociales y países, los pobres los sufren de forma desproporcionadamente mayor. Además, dado que la longevidad aumenta y las poblaciones envejecen, en las próximas décadas aumentará el número de afectados por trastornos mentales”.3

En el caso particular de los adultos mayores la OMS ha señalado que más del 20% de ese grupo etario sufren algún trastorno mental o neural y que el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17.4% de los años vividos con discapacidad. Siendo la demencia y la depresión los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edad4. Es importante mencionar que para las personas de 60 años o más los factores genéticos y biológicos, las alteraciones en la movilidad, la presencia de dolor, enfermedades crónicas o la experiencia de alguna pérdida -familiar, salud, dependencia, entre otros- pueden causar aislamiento, soledad y angustia, situaciones relacionadas con los trastornos referidos.

La OMS, también da cuenta de que los trastornos de ansiedad afectan al 3,8% de la población de edad mayor y los problemas por abuso de sustancias psicotrópicas, casi al 1%; asimismo, refiere que aproximadamente una cuarta parte de las muertes por daños autoinfligidos corresponden a personas de 60 años de edad o mayores5.

De conformidad con el INEGI, en nuestro país para 2012, del total de los egresos hospitalarios por trastornos mentales y del comportamiento en los adultos mayores, 13.5% es por demencia no especificada, 13.2% por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso del alcohol y 12.3% por trastornos depresivos. Estimaciones de la OMS señalan que la depresión es la enfermedad mental que más afecta a la población y para 2020 será el segundo padecimiento de mayor carga de morbilidad en el mundo.6

La depresión es una enfermedad frecuente con alto nivel de incapacidad, se caracteriza por ser una alteración en el estado de ánimo en la que predominan síntomas de tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, disminución de interés en las actividades, insomnio, fatiga, pensamiento suicida. Su impacto es tal que puede llegar a incapacitar la realización de las actividades cotidianas y en casos severos puede conducir al suicidio. Algunos estudios publicados por el Instituto Nacional de Geriatría, señalan que es un padecimiento que no se diagnostica adecuadamente y en los adultos mayores los síntomas se consideran erróneamente como parte normal del proceso de envejecimiento, razón por la cual sólo 15% de quienes la padecen reciben un tratamiento apropiado. 

La OMS refiere que la depresión unipolar afecta a un 7% de la población de ancianos en general y representa un 5.7% de los años vividos con una discapacidad entre las personas de 60 años de edad y mayores. En los establecimientos de atención primaria de salud la depresión no se diagnostica ni se trata como debiera. Es frecuente que los síntomas de este trastorno en los adultos mayores se pasen por alto y no se traten porque coinciden con otros problemas que experimentan los adultos mayores.

Por su parte la demencia, es un síndrome que afecta principalmente a los adultos mayores, pero no es un parte normal de la vejez, se caracteriza por la mengua de la memoria y la capacidad de pensar, trastornos del comportamiento e incapacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana. Ésta es una enfermedad gravemente incapacitante para quienes la padecen y es devastadora para sus cuidadores y familiares. Se estima que en el mundo hay unos 47,5 millones de personas que viven con demencia, y la OMS prevé que el número de estas personas aumentará a 75.6 millones en 2030 y a 135.5 millones en 2050.

La OMS reconoce que la demencia es un problema de salud pública y aboga por emprender acciones a nivel nacional e internacional para atenderla, a través del desarrollo de políticas, planes y programas que mejoren el cuidado de la enfermedad, para acrecentar así el bienestar social y la calidad de vida de las personas que viven con demencia y sus cuidadores.

Bajo este contexto se suscribe la presente iniciativa la que trata de responder a los desafíos que enfrentarán los sistemas de salud y la sociedad para responder al creciente número de personas adultos mayores con demencia y depresión.

Las necesidades sociales y de salud mental de los adultos mayores deben ser  un asunto de primera importancia para la atención de la salud mental en nuestro país.

En razón de lo anterior se considera pertinente formular una reforma al artículo 73 de la Ley General de Salud, para:

Incluir a las Personas Adultas Mayores como un grupo poblacional que debe ser detectado en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento.

Establecer que para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán el desarrollo de programas para la atención de la depresión, del deterioro cognoscitivo y de la demencia en las Personas Adultas Mayores.

Lo anterior contribuirá a que se deje de considerar que los estados depresivos o de demencia en las personas de edad no se consideren como parte del proceso normal de envejecimiento y que sean diagnosticados y tratados adecuadamente por los servicios de salud.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII, se adiciona una fracción IX, recorriéndose en su orden subsiguiente la actual fracción IX del artículo 73 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 73.-

I. a VII. .-

VIII.- La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños, adolescentes y Personas Adultas Mayores;

IX.-El desarrollo de programas para la atención de la depresión, del deterioro cognoscitivo y de la demencia en las Personas Adultas Mayores, y

X.-Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 15 de diciembre de 2016.

Sen. Félix González Canto.

1 Véase INMUJERES, (2015) Situación de las Personas Adultas Mayores en México. Recuperado de http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf

2 INEGI, (2016). Estadísticas a propósito del día mundial de la población. Recuperado de
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/poblacion2016_0.pdf

3 OMS, (2002).Programa Mundial de Acción en Salud Mental. Recuperado de
http://www.who.int/mental_health/media/en/267.pdf

4 OMS, (2016). La salud mental y los adultos mayores. Recuperado de
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/

5 Idem.

6 INEGI (2014). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad. Recuperado de  http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SÉPTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez Senadora de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia es una conducta social que privilegia el uso de la fuerza, como forma para resolver los conflictos, se inscribe a través del dominio que ejercen ciertos grupos o individuos sobre sus pares, a quienes por causas primordialmente biológicas se les considera mayormente débiles en relación a sus agresores. Esta conducta no es particular por situaciones de género, raza, edad o alguna otra característica humana que permita diferenciar a través de la cuantía de fuerza y poder, a las personas y a los grupos.

La violencia no es un problema diferenciado entre víctimas y agresores, porque al estar inscrita en todas las situaciones de conflicto de la sociedad, el papel de verdugo y víctima se intercambian, por citar un ejemplo; dentro de la familia el varón ejerce violencia hacia su pareja y sus hijos, pero igualmente la mujer ejerce violencia sobre los hijos y estos a su vez la reproducen en contra de niños más pequeños, sean sus hermanos o no.

Esta conducta ha sido estudiada con detalle por diversos investigadores sociales, Hanna Arendt (2005) realizó un estudio sobre las bases teóricas de la violencia, concluyendo que ésta es la expresión más contundente del poder y surge de la tradición judeocristiana y de su imperativo conceptual de Ley. La violencia se enraíza en lo más profundo y original de nuestra sociedad occidental, esto es, en los principios más antiguos que fundaron nuestro pensamiento. (Jimenez-Bautista, 2012). Es decir, la idea de la violencia está íntimamente ligada con el ejercicio del poder, la mayoría y de acuerdo a la cita, reforzada en la concepción androcéntrica del mundo, reforzando el hecho que: La violencia es la peor cara de la especie humana porque es contraria al sentido de la vida, es responsable de marginaciones, dolor, sufrimiento, e incluso muerte. Es una degradación que procede de la propia especie humana, y por esta razón es tan difícil discriminarla, porque está estrechamente ligada a las condiciones de nuestra existencia.

La violencia es una regulación de los conflictos discriminatoria y perjudicial. Esto se debe a que, frente a los diversos proyectos y objetivos que existen para regular los conflictos, opta por discriminar el usufructo de los recursos disponibles perjudicando innecesariamente a alguna de las partes. (Martin Morillas, 2007)

Es entonces que las acciones enfocadas a garantizar una vida libre de violencia a las personas, en particular a ciertos grupos sociales, como son mujeres y niñas, niños y adolescentes, deben considerar las múltiples aristas donde se manifiesta la violencia en los entornos donde se desarrollan cada individuo para aspirar a realizar todo su potencial, lo cual debe significar que la violencia sea sustituida por otros mecanismos para la resolución de conflictos, en particular incentivar el diálogo como una forma de resolución de conflictos y la tolerancia como el valor sustancial para la convivencia en la familia, la escuela, la comunidad y otros entornos.

La violencia es igualmente un problema de salud pública, ya que: […]la violencia contra miembros del entorno más íntimo, la familia y contra la propia persona, como expresión de patologías en la esfera de la Salud Mental, en tal sentido identifica los aspectos etiológicos y epidemiológicos del mal: un enfermo, que es al mismo tiempo el portador y agente transmisor (el agresor) y por otro lado el resto de los miembros del medio familiar, como potenciales víctimas de violencia y como potenciales enfermos de violencia, puesto que está probado que una gran mayoría de los agresores, en el pasado fueron víctimas. Cabe aclarar que este enfoque no es, en absoluto, incompatible con el legítimo derecho al bienestar y la felicidad de los más débiles y vulnerables, es más, pretende ser complementario y contribuir positiva y efectivamente al control social de este mal. Sin embargo, debe quedar también claro que la Salud Publica no busca un culpable sino un enfermo; no aplica una sanción, prescribe un tratamiento o un sistema de cura; identifica las posibles causas y los mecanismos de transmisión y reproducción del mal y en función de estos elementos diseña un sistema de prevención. (INE, 2003)

Es entonces que la violencia debe abordarse multifactorialmente como un problema de discriminación, salud pública, seguridad y siempre desde una perspectiva de Derechos Humanos, sin catalogar imperativamente a agresores y víctimas, ya que una visión reduccionista no permite identificar los factores que insertan a las personas en la espiral de violencia.

Es el interés de la Iniciativa incorporar al marco normativo nacional, las atribuciones necesarias para que las autoridades competentes, consideren que:

• El combate frontal a la violencia a través de medios punitivos, no reconstruye las relaciones de las personas y mantiene esta conducta como el medio principal de resolución de conflictos en la sociedad.

• La violencia debe considerar a las personas que la ejercen como sujetos de atención de la política pública, orientando su actuar hacia el diálogo y la tolerancia, de lo contrario seguirán insertos en la espiral de violencia.

• Las personas víctimas de violencia, deben igualmente recibir la orientación necesaria para que destierren esta conducta en su vida diaria, identificando acciones que a priori no representan agresión alguna, pero que, vistas desde la perspectiva de no violencia, se transforman en hechos que dañan la vida propia y la de sus semejantes.

• Finalmente, las autoridades deben considerar el empoderamiento y el acceso en equidad a los derechos humanos como el mejor medio para desterrar la violencia de la sociedad.

La persecución punitiva de la violencia como un delito, no es una política suficiente para erradicarla de la sociedad, la investigadora del CIDE Catalina Pérez Correa publicó recientemente un enriquecedor artículo en la revista Nexos (Perez Correa, 2016), de la cual la Iniciativa cita los siguientes párrafos a fin de definir la anterior premisa:

A pesar de la complejidad del problema de violencia en contra de las mujeres parecería que creemos que tiene una potencial solución sencilla. En contra del acoso callejero o laboral, para frenar la violencia obstétrica o para garantizar la pensión alimenticia, se invoca como conjuro al derecho penal. Con nuevos tipos penales como el feminicidio o la persecución oficiosa de delitos de violencia doméstica buscamos que el Estado haga justicia a través del vehículo mediante el cual suele ser complaciente y cómplice. Así, como en otros ámbitos de la vida social, el derecho penal se ha convertido en la principal herramienta para enfrentar este problema. ¿Puede el derecho penal ser una herramienta exitosa de igualación de género y/o de protección de las mujeres? (Perez Correa, 2016)

El derecho penal no es una herramienta que vaya a permitir que las mujeres nos libremos de la mano masculina que nos acosa en el transporte público, en la calle, en la casa, en el trabajo o en la escuela. Tampoco será la razón por la que finalmente nos reconozcan como iguales los varones. Pero peor aún, nuestro derecho penal, que hoy es sinónimo de encarcelamiento, hace lo contrario: sirve para extorsionar, empobrecer y subyugar a miles de mujeres. Así, la herramienta de liberación que hemos buscado conquistar para frenar la violencia genera nuevas condiciones de violencia hacia las mujeres. (Perez Correa, 2016).

El sistema penal es además elitista en la elección de sus causas, una herramienta que deja enormes márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en manos de funcionarios públicos que la usan, las más de las veces, para su propio beneficio. Para las mujeres, como para otros grupos vulnerables, es lento, torpe e ineficaz. Entre más pobre la mujer, más lento e ineficiente es el sistema. Cuando una mujer quiere denunciar un delito de violencia en su contra suele ser rechazada, la importancia de su causa minimizada. Quizá por ello, o por temor a represalias, la enorme mayoría de mujeres violentadas optan por no usarlo. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011), por ejemplo, señala que del total de mujeres casadas o unidas que fueron violentadas por su pareja sólo 9% pidió ayuda o denunció el hecho. De éstas, 61.6% lo hizo ante el Ministerio Público y el resto acudió a otras instituciones. La poca frecuencia con que las víctimas de este tipo de violencia acuden a las instancias penales en busca de protección debería alertarnos de lo inadecuada que es la justicia penal para resolver el problema de violencia en contra de las mujeres. (Perez Correa, 2016).

No propongo que el derecho penal nunca sea usado o que no se sancione a homicidas, golpeadores o violadores. Todo adulto responsable debe responder por el daño que cause a los derechos de otro u otra. Pero la insistencia en el uso del derecho penal como solución parece obviar la naturaleza violenta y selectiva del derecho penal. Pareciera olvidar que los aplicadores del sistema (las policías, los ministerios públicos, los militares, los custodios de las prisiones) son parte del problema y que difícilmente servirán como vehículo para transformar nuestra realidad. (Perez Correa, 2016).

Este enriquecedor artículo orilla a la Exposición de Motivos a formular la siguiente premisa: Ante la violencia solo el diálogo provee de una salida que permite que las personas cambien la manera en cómo se relacionan entre sí.

En el año de 2002 la Organización de las Naciones Unidas publicó un detallado informe sobre la situación de la violencia en el mundo, donde aborda una serie de acciones que pueden prevenirla en la sociedad, mismas que se citan a continuación:

• Formación parental: estos programas tienen como objetivo mejorar los vínculos emotivos entre los padres y los hijos y alentar a los padres a utilizar métodos de crianza coherentes y ayudarlos a desarrollar el autocontrol. Pueden utilizarse en los casos en los que los niños corren el riesgo de ser maltratados por sus padres y para intentar prevenir la futura delincuencia cuando el comportamiento de unos niños pequeños suscita preocupación.

• Programas de tutoría: consisten en emparejar a una persona joven, en particular una que corra el riesgo de tener comportamientos antisociales, con un adulto ajeno a la familia que se preocupe por él o ella y pueda actuar como guía y modelo.

• Programas de terapia familiar: con ellos se busca mejorar la comunicación y las interacciones entre los miembros de la familia, así́ como enseñar aptitudes de resolución de problemas que ayuden a padres e hijos.

• Programas de visita domiciliaria: en estos programas, una enfermera u otro profesional sanitario visita periódicamente los hogares de las familias con especial necesidad de apoyo y orientación en el cuidado de los hijos, o en los que se ha identificado un riesgo de maltrato de menores. Estos programas se utilizan también para prevenir ulteriores comportamientos delictivos. Las intervenciones pueden consistir en asesoramiento, formación y envío a especialistas u otros organismos.

• Formación en aptitudes relacionales: por lo general, estos programas reúnen a grupos mixtos de hombres y mujeres con un «moderador», a fin de analizar problemas de género y de relación que intervienen en la violencia y adquirir las aptitudes para afrontarlos.

Igualmente propone diversas estrategias enfocadas a la prevención de la violencia en las comunidades, las cuales se citan a continuación:

• Campañas de educación pública utilizando los medios de comunicación para dirigirse a comunidades enteras, o campañas educativas para ámbitos específicos como escuelas, lugares de trabajo y centros de atención de salud u otro tipo de instituciones.

• Modificaciones del medio físico, como mejorar la iluminación de las calles, establecer rutas seguras para que los niños y jóvenes vayan y vengan de la escuela, y vigilar y eliminar los contaminantes ambientales que puedan afectar al desarrollo infantil.

• Actividades extraescolares para los jóvenes, como deportes, teatro, arte y música.

• Formación de los policías, los profesionales de la salud y la educación, y los empleadores para mejorar su capacidad de identificar los distintos tipos de violencia y darles respuesta.

• Programas de policía comunitaria para crear fórmulas de colaboración entre la policía y diversos grupos a nivel de la comunidad.

• Programas para ámbitos específicos, como escuelas, lugares de trabajo, campos de refugiados e instituciones sanitarias (hospitales, clínicas y residencias de ancianos, entre otros). Estos tipos de programas se basan en modificar el entorno del centro mediante políticas, directrices y protocolos adecuados.

• Intervenciones comunitarias coordinadas, que involucran a muchos sectores con el propósito de mejorar los servicios y programas.

Actualmente la legislación nacional cuenta con dos instrumentos que dentro de sus atribuciones están el garantizar el derecho a una vida libre de violencia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas deben considerar acciones puntuales en materia de prevención de acuerdo al grupo social que les atañe y no reducir a una persecución punitiva de la violencia a través de la justicia penal. Las cuales pueden ser abordadas desde la perspectiva de derechos humanos que describe el Informe Mundial sobre Violencia de la ONU, citado con anterioridad.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el Proemio que se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se modifican los artículos 8 y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:

I – VI…

VII.- Fomentar la cultura de la no violencia, posicionando al diálogo y a la tolerancia como mecanismos para la resolución de conflictos en la familia.

VIII.- Identificar mediante visitas domiciliarias; los hogares con propensión a la violencia familiar y realizar intervenciones para la prevención de la misma, a través de pláticas de mediación y toma de conciencia.

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de:

I – III…

IV. Identificar las zonas de riesgo en las comunidades, a través de la revisión de las estadísticas sobre la incidencia de agresiones contra las mujeres.

V. Fomentar el dialogo y la convivencia en las comunidades, como un mecanismo para la adopción de la cultura de no violencia.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TABLA COMPARATIVA

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Iniciativa

Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:

Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:

I – VI.

I – VI…

(No hay correlativo)

VII.- Fomentar la cultura de la no violencia, posicionando al diálogo y a la tolerancia como mecanismos para la resolución de conflictos en la familia.

(No hay correlativo)

VIII.- Identificar mediante visitas domiciliarias; los hogares con propensión a la violencia familiar y realizar intervenciones para la prevención de la misma, a través de pláticas de mediación y toma de conciencia.

Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de:

Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de:

I – III.

I – III…

(No hay correlativo)

IV. Identificar las zonas de riesgo en las comunidades, a través de la revisión de las estadísticas sobre la incidencia de agresiones contra las mujeres.

(No hay correlativo)

V. Fomentar el dialogo y la convivencia en las comunidades, como un mecanismo para la adopción de la cultura de no violencia.

Dado en el Pleno del Senado de la República, el 15 de diciembre de 2016.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, y el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La composición actual del Poder Legislativo está integrada por la Cámara de Diputados que cuenta con 300 diputados uninominales electos de distritos electorales, mediante el sistema de mayoría relativa; y 200 diputados plurinominales, electos por el principio de representación proporcional, y la Cámara de Senadores integrada por 128 que resultan de la primera mayoría 32, la segunda mayoría 64 y del principio de representación proporcional 32.

La realidad histórica de nuestra Constitución Política de 1917 señala que se utilizaba para la elección de legisladores el denominado “método cociente”, el cual se fijaba en el número de habitantes que de manera específica debía representar un diputado federal, suplementario a los estados en que el número de diputados no llegaba al valor del cociente, o de las fracciones.

La reforma constitucional del 22 de junio de 1963 introdujo una ligera variante, denominada “diputados de partido”, que consistió en atribuir 5 escaños a todos los partidos políticos que hubieran obtenido por lo menos 2.5 por ciento de la votación nacional, aumentando sucesivamente 1 diputado más por cada 0.5 por ciento de votos y hasta 20 de partido como máximo.

El 14 de febrero de 1972 se publicó la reforma constitucional que introdujo una pequeña modificación, que consistió en reducir el mínimo para la acreditación de diputados a 1.5 por ciento y aumentar el máximo de diputados por partido hasta 25 curules. A pesar de ello, el sistema de integración de la Cámara de Diputados siguió siendo de carácter mayoritario, toda vez que el sistema de “diputados de mayoría” corresponde a los que la doctrina denomina como “representación de minorías”.

Una reforma más realizada el 6 de diciembre de 1977 permitió el incremento de casi en un 70 por ciento la integración de la Cámara de Diputados, al pasar de 238 a 400 integrantes, de los cuales 100 serían electos por el sistema de representación proporcional. La reforma del 15 de diciembre de 1986 aumento de 100 a 200 los diputados electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales, para dar un total de 500 diputados con el que actualmente se integra la Cámara de Diputados.

A partir de 1979, la regla de repartición de diputados se rigió por el método de Hamilton o de Vinton, el cual se basa en una regla general y reglas específicas, es un método que se emplea para repartir los escaños de un Parlamento o Asamblea, se trata de un método no proporcional, ya que dependiendo de la provincia se necesitará un número diferente de votos para obtener un escaño.

Es así, que la regla general precisa que los diputados deben ser electos a partir de bases demográficas. La delimitación de circunscripciones debe ser efectuada respetando el principio de igual representación de población a cada circunscripción, necesariamente proporcional a la población de cada Estado; los curules restantes para repartir son atribuidas según el método del “más alto estante”, hasta su terminación. Esta regla la encontramos en el artículo 53 de la Constitución General.

Se realizó una nueva reforma constitucional el 3 de septiembre de 1993, que estableció un límite a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados e introdujo la representación proporcional en el Senado, con 32 miembros electos por este principio a través de una sola lista nacional.

Hoy contamos con 200 diputados electos bajo la modalidad de representación proporcional, correspondiente a 40 diputados por cada una de las cinco circunscripciones que conforman en el país. En cuanto a las reglas específicas en nuestro país, respecto de la elección por representación proporcional, los partidos políticos designan a los candidatos, de acuerdo con el orden de prelación de las listas que para tal efecto presenten.

Por otra parte, se prohíbe que un partido político tenga más de 300 diputados y se exige un mínimo de 3 por ciento de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales para tener el derecho a que sean atribuidos diputados según este principio de elección.

De lo anterior, se concluye que el sistema electoral mexicano prevaleciente mediante el cual son electos los integrantes del Congreso de la Unión es mixto, pues además de la elección directa o mayoría relativa, tenemos la de representación proporcional, con la finalidad de permitir la pluralidad e inclusión de fuerzas políticas minoritarias.

Las condiciones políticas del sistema de partidos son muy distintas de las que dieron origen a esta modalidad de elección. Por una parte, ya no hay un partido político con absoluto dominio, sino fuerzas políticas plenas, que consiguen ganar elecciones por sí mismas. Hoy la pluralidad puede estar garantizada en las elecciones de mayoría relativa y dada la naturaleza plural e incluyente de la Cámara de Diputados, se debe seguir garantizando que las fuerzas que no tengan predominancia que puedan representar a las minorías que sienten identificación con su propuesta.

México enfrenta nuevos retos, que el Congreso de la Unión debe afrontar con responsabilidad, adaptándose a las necesidades de la nación y con arreglo a los valores democráticos que lo legitimen en la construcción de un estado de derecho. Es el Congreso el reflejo de la identidad nacional, en donde se define el sistema jurídico que rige a todos los mexicanos.

El Congreso de la Unión puede funcionar no solo bien sino incluso mejor si se disminuye el número de sus integrantes, esta disminución provocaría impactos positivos en toda la cadena del proceso legislativo e incluso en términos presupuestarios.

La disminución del número de legisladores en la figura plurinominal, es necesaria toda vez que este sistema ya cumplió con los propósitos que en principio dieron origen a su creación, al existir hoy una mayor representación en el Congreso por parte de los partidos más pequeños que por sí mismos no podían ganar gran cantidad de circunscripciones electorales.

De lo anteriormente expuesto propongo disminuir el número de integrantes en las Cámaras de Diputados y Senadores, con los siguientes fines generales:

Eficiencia: la disminución del número de diputados y senadores agilizará diversos trámites que requieren un proceso individual de cada uno en la toma de decisiones parlamentarias. La integración de las comisiones de trabajo legislativo reflejará la disminución de legisladores, lo que permitirá mejores sesiones de trabajo.

Acuerdos políticos: la unificación de criterios es más sencilla en grupos de menor composición. La disminución de legisladores permitirá mejores entornos de negociación y, por tanto, facilitará alcanzar acuerdos y constituir mayorías parlamentarias, que adicionalmente dotarán de legitimidad a las reformas aprobadas en el Poder Legislativo.

Austeridad: la reducción de legisladores implicará la disminución de costos en el Poder Legislativo. Si bien es un beneficio secundario a las funciones legislativas, responde de forma inmediata a las políticas de austeridad que en la situación económica actual debe de prevalecer en la vida pública del país.

Requerimos un Poder Legislativo que atienda a las exigencias de la ciudadanía que considera que es muy costoso tener un Congreso integrado por tantos diputados y senadores; que, al ser tan numeroso, resulta difícil que los legisladores logren ponerse de acuerdo sobre el trabajo a realizar.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el artículo 52; el segundo párrafo del artículo 53; el primer párrafo del artículo 54, y el primer párrafo del artículo 56; y se deroga el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53.- …

Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54.- La elección de los 100 diputados electos según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. a VI. …

Artículo 56.- La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

(se deroga).

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión dispondrá lo necesario para adaptar las leyes secundarias conducentes en un término de 120 días.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de diciembre de 2016.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 205 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 205 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los principios que se señalan en el marco internacional de derechos humanos se aplican tanto para los niños como para los adultos. La infancia está mencionada concretamente en muchos de los instrumentos de derechos humanos; las normas se modifican o se adaptan específicamente cuando las necesidades y preocupaciones en torno a un derecho se aplican concretamente a la niñez.

El estado es el encargado de establecer los principios básicos que sirven de base a la realización de todos los derechos, exigen la prestación de recursos, aptitudes y contribuciones específicas, necesarias para asegurar al máximo la supervivencia y el desarrollo de la infancia así como los mecanismos para protegerla contra el abandono, la explotación y los malos tratos.

La explotación sexual comercial de la infancia -como la venta de niños, la prostitución infantil, el turismo sexual infantil y la pornografía infantil- se da en muchos lugares del mundo. Se calcula que alrededor de un millón de menores de edad (la mayoría niñas, pero también un número considerable de niños) caen todos los años en las redes del multimillonario comercio sexual, víctimas de la degradación y sometidos a un riesgo que amenaza sus vidas.

Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño dicen que los gobiernos deben proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abusos sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestra, se les vende o se trafica con ellos. El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía sirve de complemento a la Convención al exigir a los Estados una serie de requisitos precisos para poner fin a la explotación y el abuso sexuales de la infancia.

Según estimaciones de la UNICEF, la pornografía infantil es uno de los negocios más lucrativos en el mundo, después del narcotráfico, cuyas ganancias se estiman en 7 mil millones de dólares anuales.

Las estadísticas de la Policía Federal señalan que la explotación sexual de niños y adolescentes a través de internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos.

Mientras en 2004 se tenían registrados 72 mil 100 sitios de pornografía infantil, en 2006 ya existían más de 100 mil sitios, por lo que nuestro país es considerado el segundo a nivel mundial con mayor producción de pornografía infantil.

Por lo que se refiere al delito de turismo sexual, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas calcula que en todo el mundo, alrededor de un millón 800 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual turística.

Se ha encontrado que el Turismo sexual en México, al igual que en muchos otros países, es un segmento de captación de divisas y generador de empleos y que ha sido aprovechado por aquellos individuos sin escrúpulos que comercializan con las vidas de otras personas;

La industria del Turismo sexual recurre a las prácticas del crimen organizado creando redes para capturar, transportar, alojar y comercializar a los grupos más vulnerables del mundo; los niños y los adolescentes; de la calle y los migrantes. Algunos prestan servicios sexuales orillados por la violencia familiar, la escasez de oportunidades para estudiar, la falta de oportunidad laboral y la pobreza.

En los primeros años de vida los niños entablan las primeras relaciones con sus padres y hermanos, siendo la relación más intensa emocional y físicamente hablando la que se crea con sus padres, ese vínculo que debe crearse debe ser fuerte y sólido para que el niño mantenga una autoestima elevada y pueda afrontar las vicisitudes de la vida con seguridad y confianza.

En este contexto, cabe hacer mención que la habilidad de los niños de confiar en alguien más, puede quebrantarse cuando el niño es abusado por un adulto que supuestamente debería protegerlo de cualquier daño. Saber que el abusador es apreciado o querido por otros familiares hace aún más difícil para el niño contar a otros acerca del abuso.

Después de haber divulgado el abuso, los niños y adolescentes que han sido abusados por un familiar, se sienten atormentados por la duda, la culpa y el miedo hacia el abusador y se apenan de lo que su revelación ha causado en la familia. Algunas veces, en un intento desesperado de mejorar las cosas para la familia, los niños llegan a cambiar su historia, o hasta pueden negar que el abuso haya ocurrido.

Cuando el abuso es causado por un miembro de la familia, o por alguna persona que esté ligado con el infante por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud, o algún otro que pueda influir en obtener la confianza, los niños pueden sentirse presionados a retractarse al ver cómo su revelación está afectando a su familia o su entorno social.

Es por lo descrito en el desarrollo del presente y con el propósito de que los niños y niñas mexicanos se encuentren protegidos como un bien jurídico en el proceso normal de desarrollo sexual de los mismos, etapas permanentemente afectadas por la realización de las conductas anteriormente mencionadas consideradas como crímenes de la humanidad por la Corte Penal Internacional, se solicita respetuosamente a esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 205 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ÚNICO. Se adiciona al primer párrafo del artículo 205-Bis los artículos 202 y 203 con la intención de que las sanciones señaladas en dichos artículos se aumenten al doble de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la victima algún parentesco o lazo afectivo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 205-Bis.-Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 200, 201, 202, 203 y 204. Asimismo, las sanciones señaladas en dichos artículos se aumentarán al doble de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones:

a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda o custodia;

b) Ascendientes o descendientes sin límite de grado;

c) Familiares en línea colateral hasta cuarto grado;

d) Tutores o curadores;

e) Aquél que ejerza sobre la víctima en virtud de una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima;

f) Quien se valga de función pública para cometer el delito;

g) Quien habite en el mismo domicilio de la víctima;

h) Al ministro de un culto religioso;

i) Cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima; y

j) Quien esté ligado con la víctima por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud, o algún otro que pueda influir en obtener la confianza de ésta.

En los casos de los incisos a), b), c) y d) además de las sanciones señaladas, los  autores del delito perderán la patria potestad, tutela o curatela, según sea el caso, respecto de todos sus descendientes, el derecho a alimentos que pudiera corresponderle por su relación con la víctima y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de ésta.

En los casos de los incisos e), f) y h) además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta. En todos los casos el juez acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima.

TRANSITORIOS

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Senadores,
el 15 de diciembre de 2016.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por los Senadores Jorge Toledo Luis y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

JORGE TOLEDO LUIS, Senador de la república, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 164, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Situación del indígena frente a la ley penal.

No obstante que la población indígena en el país asciende a 25 millones1, los pueblos originarios no han participado en la construcción de las leyes penales. La opinión de los pueblos indígenas no ha sido tomada en cuenta al construir el contenido de las normas penales, ni en las formas en las que deben llevarse a cabo los procedimientos, por lo que en muchas ocasiones los delitos por los que se les juzga y los procedimientos por los que se les castiga le resultan totalmente ajenos.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que somos una nación pluricultural y que el Estado garantiza el respeto y el fomento de las culturas y los pueblos indígenas, nuestras leyes generales y particulares tienen todavía muchas lagunas que es necesario llenar para subsanar los largos siglos en que no se escuchó realmente a los pueblos originarios.

La ausencia de indígenas en el proceso de construcción de las normas penales y el hecho incuestionable de que generalmente se han desenvuelto en su comunidad donde las normas de convivencia se han establecido desde la perspectiva de sus propios sistemas normativos, ha traído una brecha en el sistema de justicia que debe ser superada desde una perspectiva intercultural.

Los indígenas, en muchos casos, han vivido al margen de la sociedad dominante. El monopolio del castellanoes la primera barrera que impide el acceso a la justicia occidentalizada o también conocida como positiva. A pesar de que los indígenas tienen el derecho a tener un traductor, ninguna institución del país tiene explícito el deber jurídico de proporcionar dicho servicio. El lenguaje escrito constituye la segunda barrera. A esto hay que añadir que el lenguaje de las leyes es altamente tecnificado.

No debemos pasar por alto el problema de la discriminación. Aún ahora, a pesar de todos los avances legislativos, las personas indígenas son discriminadas por su origen étnico, apariencia física, lengua, vestimenta, etcétera. El color de la piel, los rasgos físicos, el limitado manejo del español, dieron lugar al empleo de actitudes insultantes de menosprecio y remedos de las actitudes y del modo de hablar de los indígenas.

En síntesis, los indígenas son juzgados por leyes en cuya elaboración no han intervenido y son frecuentemente procesados por delitos que no conocen, con reglas que les son desconocidas, en una lengua que no es la suya, en juzgados que se encuentran alejados de sus comunidades, por jueces que muchas veces los miran con conmiseración y a veces con desprecio.

Para aliviar esta tensión, la reforma constitucional de 2001 incluyó en el artículo 2o constitucional el deber de los jueces de tomar en cuenta en los juicios en los que el indígena forme parte su especificidad cultural.

Así, la fracción VIII, del apartado A, del artículo 2o, establece el derecho de los indígenas en todos los juicios y procedimientos a:

“VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.2

Sin embargo, y a pesar de esta disposición constitucional, es muy frecuente en las zonas donde viven los pueblos originarios que sus integrantes sean apresados y juzgados de acuerdo con las normas positivas por delitos donde su cultura debía tomarse en cuenta.

En los juzgados federales es frecuente encontrar a indígenas apresados en los montes y montañas portando un rifle calibre .22 de un solo tiro o una escopeta calibre .16, tres o cuatro iguanas o conejos, y se les trata como a verdaderos criminales, encarcelándolos, obligándolos a pagar estudios antropológicos para demostrar su identidad cultural, a cubrir una fianza para litigar su caso en libertad condicional y a vivir durante años un proceso penal donde la norma constitucional los avala, pero que los jueces no consideran, por no estar clara la exclusión del delito por especificidades culturales en el Código Penal Federal.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido aún de manera precisa lo que debe entenderse por “especificidad cultural”,de manera preliminar puede considerarse que es el derecho subjetivo público que tiene la persona indígena a que en los juicios de cualquier naturaleza en que sea parte se tomen en consideración sus tradiciones, costumbres culturales, sistemas de gobierno, las manifestaciones pasadas y presentes de sus culturas, lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas, expresiones religiosas, mágicas y espirituales, alimentación, expresiones artísticas, historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistema de escritura, cosmovisión, medicinas tradicionales, prácticas de salud, animales y minerales de interés vital; la relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y todas aquellas circunstancias que la caracterizan como diferente del sector mayoritario de la población y que inciden en los diversos estratos del delito o en la individualización de la pena que se llegare a imponer. 3

2. Las especificidades culturales. Un derecho de fuente nacional e internacional.

Las especificidades y costumbres indígenas están protegidas al más alto nivel normativo. El artículo 2o, apartado A, fracción IV, de la Constitución federal establece el deber del Estado de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. La norma constitucional, en el apartado A, fracción VIII, establece como parte del derecho de acceso pleno a la justicia de los indígenas, el deber de las autoridades judiciales, en todos los juicios en que sean parte, de tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales.

Este derecho subjetivo de la persona indígena también ha sido reconocido en los artículos 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que esencialmente establecen el derecho de los indígenas a que en los juicios en que formen parte sean tomadas en cuenta sus costumbres, derecho consuetudinario y, además, que en materia penal y en la imposición de las penas se consideren las costumbres de los pueblos:

Artículo 8

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacional- Convenio 169 de la OIT 9 mente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Artículo 9

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 

Artículo 10

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

2. Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.4

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también postula el deber de los Estados de tomar en consideración las costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos de los pueblos indígenas:

“Artículo 40. Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos”.5

Más recientemente, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, con el mismo afán protector, establece el deber de los Estados de tomar en consideración y reconocer las costumbres, las tradiciones, las normas o los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados al resolver los conflictos:

Artículo XXII. Derecho y jurisdicción indígena

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

2. El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y respetados por el orden jurídico nacional, regional e internacional.

3. Los asuntos referidos a personas indígenas o a sus derechos o intereses en la jurisdicción de cada Estado, serán conducidos de manera tal de proveer el derecho a los indígenas de plena representación con dignidad e igualdad ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual protección y beneficio de la ley, incluso, al uso de intérpretes lingüísticos y culturales.

4. Los Estados tomarán medidas eficaces, en conjunto con los pueblos indígenas, para asegurar la implementación de este artículo.

y

Artículo XXXIV.

En caso de conflictos y controversias con los pueblos indígenas, los Estados proveerán, con la participación plena y efectiva de dichos pueblos, mecanismos y procedimientos justos, equitativos y eficaces para la pronta resolución de los mismos. A estos fines, se dará la debida consideración y el reconocimiento a las costumbres, las tradiciones, las normas o los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados.6

3. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre especificidad cultural.

A partir de la Contradicción de Tesis 293/2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que la jurisprudencia interamericana forma parte del parámetro de regularidad constitucional. Así se ha incorporado a nuestro derecho interno la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece el derecho de las personas indígenas a que sea tomada en cuenta su especificidad cultural en los juicios en que forme parte:

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.7

Con este antecedente, debo recordar que en el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), la Corte Interamericana reconoció la existencia del derecho de la persona indígena a la diferencia cultural y su identidad cultural:

VII CONSIDERACIONES PREVIAS

51. Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los miembros de una comunidad indígena, la Corte considera oportuno recordar que, de conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de estas personas que están sujetas a su jurisdicción. Sin embargo, hay que resaltar que, para garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural. El mismo razonamiento debe aplicar la Corte, como en efecto lo hará en el presente caso, para valorar el alcance y el contenido de los artículos de la Convención Americana, cuya violación la Comisión y los representantes imputan al Estado.8

En el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), el tribunal interamericano reiteró el criterio antes expuesto:

VI CONSIDERACIONES PREVIAS

59. Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los miembros de una comunidad indígena, la Corte considera oportuno recordar, como lo ha hecho en otras ocasiones15, que de conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de estas personas que están sujetas a su jurisdicción. 60. Sin embargo, hay que resaltar que, para garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural. El mismo razonamiento debe aplicar la Corte, como en efecto lo hará en el presente caso, para valorar el alcance y el contenido de los artículos de la Convención Americana, cuya violación la Comisión y los representantes imputan al Estado.

En el Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, sentencia de 24 de agosto de 2010, el órgano jurisdiccional interamericano, en congruencia con la doctrina establecida, indicó:

270. En lo que respecta a pueblos indígenas, la Corte en su jurisprudencia ha establecido específicamente que “es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”.9

Estos criterios fueron reiterados en los casos del Pueblo Saramaka vs. Surinam y Chitay Nech y otros vs. Guatemala.

4. La colisión de la especificidad cultural y el derecho positivo.

Sólo como puntos de referencia, enlisto algunas especificidades culturales que colisionan con el derecho positivo mexicano. Diversos autores han coincidido en señalar básicamente que las conductas que enseguida se mencionan son puntos de tensión entre ambos sistemas:

• El consumo de iguanas, armadillos, venados, conejos, por parte de pueblos y comunidades indígenas costeros como parte de su dieta cotidiana.

• La captura de peces en veda como medio para sobrevivir.

• El corte o derribo de árboles para carbón, leña u otro uso.

• La caza ritual del venado por los integrantes del pueblo Wirrárika.

• La caza ritual de la tortuga de los seris.

• La utilización del caparazón de la tortuga por los ikots como instrumento musical.

• La utilización del armadillo como medicina tradicional por los indígenas purépechas de Michoacán.

• La extracción de material pétreo de los ríos.

• La negación de servicios públicos por las autoridades tradicionales.

• La privación de la libertad como sanción por incumplimiento de los sistemas normativos internos.

• La imposición de castigos corporales por parte de las autoridades tradicionales.

• La utilización de la cabeza de venado en la Danza del Venado por los Yaquis.

• La utilización de la grasa del venado como medicina tradicional.

• El consumo de la zorra o zorrillo por diversos grupos indígenas como medicina tradicional contra la tuberculosis.

• La práctica de la tumba, roza y quema que realizan una gran cantidad de las comunidades indígenas del país como preparación de los terrenos para la siembra.

• El consumo del peyote (mescalina) por indígenas Wirrárika.

• El consumo de los hongos alucinante por indígenas mazatecos, (la psilocibina es una sustancia prohibida por el artículo 234 de la Ley General de Salud).

• La portación de armas de fuego como parte del servicio de seguridad pública municipal en ejercicio de los sistemas normativos internos o en tareas del campo.

• La utilización de los artificios pirotécnicos en las festividades religiosas.

• El rapto zapoteca de la planicie costera para evitar los costos económicos de la boda colisiona con el delito de rapto establecido como norma penal.

En todos estos casos, los tratados y las declaraciones internacionales son muy claros en que no se trata de crear Estados de excepción ni violar los derechos humanos, y las acciones sujetas a posibles exclusiones deben ser consideradas dentro del marco de la no violación de otros derechos reconocidos internacionalmente.

5. La causa de exclusión de delito del ejercicio de un derecho a la diversidad cultural.

Las especificidades y costumbres indígenas están protegidas al más alto nivel normativo. El artículo 2o constitucional, apartado A, fracción IVestablece el deber del Estado de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. La misma norma constitucional, en el apartado A, fracción VIII, establece como parte el derecho de acceso pleno a la justicia de los indígenas, el deber de las autoridades judiciales, en todos los juicios en que las y los indígenas sean parte, de tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales,

No obstante ese reconocimiento constitucional, existen varios casos de colisión entre especificidad cultural y normas de derecho positivo. Cuando la especificidad cultural del indígena, protegida constitucionalmente, colisiona con las normas del derecho positivo, los jueces buscan una salida desde la perspectiva del derecho positivo para exculpar conductas que están constitucionalmente permitidas.

El asunto se convierte en un círculo vicioso, donde los afectados son los integrantes de los pueblos indígenas, pues, aunque se comprueba su identidad étnica y su derecho a la diversidad cultural, se ven obligados a pagar dictámenes antropológicos y luego una caución para salir de la cárcel y enfrentar su proceso en libertad, proceso que llega a durar años completos.

Por eso, para estar acorde con lo establecido por la Constitución federal, evitar que los jueces tengan que buscar salidas que tuercen el derecho positivo muchas veces, es necesario homogeneizar el Código Penal federal con lo que la Constitución federal ya establece.

No se trata de crear un Estado de excepción para los integrantes de los pueblos indígenas, se trata simple y llanamente de reconocer una diferencia cultural, haciendo efectivo el derecho humano a la diferencia cultural, que. además, insisto, ya está establecido en la Constitución federal, y en los convenios y tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado.

Así, cuando la especificidad cultural del indígena. choca con las normas del derecho positivo los jueces buscan una salida desde la perspectiva del derecho occidental para no castigar conductas que están permitidas constitucionalmente.

Por el contrario, la alternativa real a este problema implica replantear la causa de exclusión de delito anulatoria de la antijuridicidad “ejercicio de un derecho” para ampliarla a “ejercicio de un derecho a la diversidad cultural” y establecerlo claramente en el artículo 15, fracción VI, del Código Penal Federal, complementada con el derecho constitucional y convencional de la persona indígena a ser diversa culturalmente.

Así, las normas del derecho positivo no buscarán ordenar a las personas de las comunidades indígenas que renuncien al ejercicio de su especificidad cultural, ajustándose a lo que las normas occidentalesestablezcan, pues las personas indígenas tienen el derecho de vivir su propia cultura. Ajustarse a las normas de origen occidentales haría metafórico el derecho al propio derecho y a la especificidad cultural reconocida constitucionalmente.

El respeto a la diversidad cultural tiene como única finalidad garantizar el derecho a la supervivencia de la comunidad y no la de otorgar un privilegio a los individuos en razón de su pertenencia a una comunidad indígena; de lo contrario, si se obliga a los indígenas a dejar de ser diferentes se estará promoviendo su extinción, se estará luchando contra su supervivencia.

El ejercicio de un derecho a la especificidad cultural como causa de exclusión de delito tiene como sustento el hecho de que si la Constitución y las normas de fuente internacional protegen y respetan la especificidad cultural del indígena, desde una visión intercultural, cuando el ejercicio de esta especificidad colisione con una norma de derecho positivo no deberá ser castigada, porque ello atentaría contra la existencia misma de la comunidad. La solución al problema debe darse a partir de la ampliación a la causa de la exclusión de delito denominada ejercicio de un derecho:

El artículo 15, fracción VI, del CPF actualmente establece:

“El delito se excluye cuando:

[…]

VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro;”.

La causa de exclusión de delito denominada ejercicio de un derecho constituye una causa de justificación que elimina la antijuridicidad de un comportamiento. Su fundamento proviene de la expresa autorización, emanada de la ley, para la realización de una determinada acción, no obstante ser lesiva o peligrosa para un determinado bien jurídico. En tal circunstancia, el sujeto, al realizar ésta, ejerce un derecho reconocido en la propia ley, y si al obrar realiza una conducta típica, ésta resulta plenamente justificada. Los casos más comunes, son el derecho de corregir las lesiones ocasionadas en tratamientos médico quirúrgicos, las lesiones ocasionadas en la práctica del deporte y la actividad periodística.10

En la búsqueda de herramientas que eliminen la tensión entre derecho positivo y especificidad indígena deberá amplificarse dicha causa de justificación para comprender en ella, como causa que elimina la antijuridicidad, el ejercicio del derecho que el artículo 2o constitucional y las normas de fuente internacional, otorga a los indígenas a practicar su cultura con base en el siguiente razonamiento:

Si la Constitución, en el artículo 2o, en concordancia con diversas normas del derecho internacional de los derechos humanos reconoce y protege la pluriculturalidad y la diversidad étnica del país, el ejercicio de la cultura indígena de la comunidad no debe dar lugar a una conducta ilícita, pues cuando esa especificidad cultural colisiona con las normas del derecho positivo debe buscarse una salida con las herramientas del derecho positivo para no punir conductas que están permitidas constitucionalmente.11

Una de las puertas de salida al conflicto entre norma de derecho positivo y especificidad cultural, desde la perspectiva de la anulación de la antijuridicidad, la constituye una modificación del artículo 15, fracción VI, del CPF.

Es importante indicar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1624/2008 (Caso Jorge Santiago Santiago) estableció que “el juzgador debe indagar cuáles son las costumbres y especificidades de la comunidad a la que se vincula que han podido influir en el desarrollo de los hechos enjuiciados, la materialización de los elementos objetivos o subjetivos del tipo, los aspectos de los que depende la culpabilidad del acusado, etcétera”:

PERSONAS INDÍGENAS. ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. EN LOS JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS DE QUE SEAN PARTE, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN TOMAR EN CUENTA TANTO LAS NORMAS DE FUENTE ESTATAL APLICABLES COMO SUS COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CULTURALES. La fracción VIII del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho al pleno acceso a la jurisdicción del Estado y que, para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos de que sean parte, individual o colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución. Ello no los excluye del ámbito de cobertura de las normas penales, pues los jueces penales deben determinar si las personas indígenas procesadas merecen ser castigadas por haber incurrido en las conductas típicas y punibles consignadas en la legislación penal aplicable -determinar hasta qué punto pueden imputárseles conductas típicas, en qué modalidad (dolosa o no dolosa), o bajo qué condiciones de exigibilidad, por ejemplo-. Sin embargo, el órgano jurisdiccional deberá aplicar estas normas de modo congruente con lo establecido en el citado artículo 2o. Por ello, cuando quedan satisfechos los requisitos para que al inculpado se le reconozca la condición de persona indígena dentro del procedimiento, el juzgador debe indagar cuáles son las costumbres y especificidades de la comunidad a la que se vincula que han podido influir en el desarrollo de los hechos enjuiciados, la materialización de los elementos objetivos o subjetivos del tipo, los aspectos de los que depende la culpabilidad del acusado, etcétera. Deberá tomar en cuenta, en otras palabras, tanto las diferentes normas de fuente estatal aplicables como las específicas que puedan existir en la comunidad cultural del procesado con relevancia en el caso. Además, durante el proceso deberá desplegar su función jurisdiccional tomando en consideración que la Constitución obliga a los órganos jurisdiccionales estatales a garantizar el pleno acceso a la jurisdicción y el pleno disfrute de los derechos y garantías de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que, por pertenecer a categorías tradicionalmente desaventajadas, son objeto de especial mención en el texto constitucional.12

Es decir, el tribunal más alto ha establecido que los jueces deberán tomar una actitud proactiva y, en cumplimiento al mandato constitucional y convencionales, deberán tomar en consideración la especificidad cultural del indígena, no para efectos de graduación de la pena u otorgamiento de beneficios sustitutivos o suspensivos de la pena, sino para analizar cómo esas costumbres o especificidades culturales han influido en la materialización del tipo, antijuridicidad y culpabilidad.

Sin embargo, como la ley penal no aporta claridad sobre la manera en que los jueces deberán tomar en cuenta la especificidad cultural del indígena, para construir la posibilidad de la justicia intercultural se requiere de mecanismos dentro de la ley positiva que permita a los juzgadores efectuar dicha labor.

Por todas las consideraciones expuestas, someto al Pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Artículo Único. Se reforma el artículo 15, fracción VI, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 15. El delito se excluye cuando:

[…]

VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro;

También habrá ejercicio de un derecho cuando la persona indígena ejercite racionalmente sus costumbres y especificidades culturales.

Corresponde a las autoridades judiciales investigar las costumbres y especificidades culturales de las personas indígenas.

Transitorio Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 15 de diciembre de 2016.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 La Encuesta Intercensal de 2015, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establece que en México 25.7 millones de personas se autoidentificaron (autoadscribieron) como indígenas:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_indigenas/eventos/docs/etnicidad_240216.pdf.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm.(Consultado el 9 de diciembre de 2016).

3 Morales Sánchez, Carlos. El ejercicio de un derecho a la diversidad cultural como causa de exclusión del delito. Un análisis desde su defensa. Perspectiva en Derechos Humanos”. Revista del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, número X, Oaxaca, 2016, pág. 9.

4 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf, pp. 8-9. (Consultado el 9 de diciembre de 2016).  Subrayado del autor.

5 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/declaracion_onu_pueblos_indigenas.pdf, pp. 40-41. (Consultado 9 de diciembre de 2016). Subrayado del autor.

6 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
http://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf, pp. 9 y 16. (consultado el 9 de diciembre de 2016). Subrayado del autor.

7 Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

8 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf.(Consultado el 5 de diciembre de 2016). Subrayado del autor.

9 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf (Consultado el 5 de diciembre de 2016).

10 Plascencia Raúl, Voz “Ejercicio de un derecho” Enciclopedia Jurídica Mexicana, tomo III, México, IIJUNAM y Porrúa, 1994. p. 685.

11 Carlos Gaviria Díaz, quien fuera magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, sostiene que “[e]l reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural responde a una nueva visión del estado, en la que ya no se concibe a la persona como un individuo abstracto, sino como un sujeto con características particulares, que reivindica para si su propia conciencia étnica. Valores como la tolerancia y el respeto por lo diferente, se convierten en imperativos dentro de una sociedad que se fortalece en la diversidad, en el reconocimiento de que en su interior cada individuo es un sujeto único y singular, que puede hacer posible su propio proyecto de vida.
En este nuevo modelo, el estado tiene la especial misión de garantizar que todas las formas de ver el mundo pueden coexistir pacíficamente, labor que no deja de ser conflictiva, pues estas concepciones muchas veces son antagónicas e incluso incompatibles con los presupuestos que el mismo ha elegido para garantizar la convivencia. En especial, son claras las tensiones entre reconocimientos de grupos culturales, con tradiciones, prácticas y ordenamientos jurídicos diversos y la consagración de derechos fundamentales con pretendida validez universal. Mientras que una mayoría los estima como presupuestos intangibles, necesarios para un entendimiento entre naciones, otros se oponen a la existencia de postulados supraculturales, como una manera de afirmar su diferencia y porque de acuerdo a su cosmovisión no ven en ellos un presupuesto vinculante.
En otras palabras, aun siendo clara la dificultad para entender algunas culturas desde una óptica que se define como universal, el estado tienen que hacer compatible su deber de preservar la convivencia pacífica dentro de su territorio, garantizando los derechos de sus asociados en tanto ciudadanos, con el reconocimiento de sus necesidades particulares, como miembros de grupos culturales distintos. En esta tarea, además, le está vedado imponer una concepción del mundo particular así la vea como valiosa, porque tal actitud atentaría contra el principio de respeto a la diversidad étnica y cultural y contra el trato igualitario para las diferentes culturas, que el mismo ha reconocido.
Una primera solución a este tipo de conflictos, se ha planteado en términos de un dialogo intercultural que sea capaza de trazar unos estándares mínimos de tolerancia, que cubran los diferentes sistemas de valores. Es decir, lograr un consenso en aquel mínimo necesario para a la convivencia entre las distintas culturas, sin que ello implique renunciar a los presupuestos esenciales que marcan la identidad de cada uno. (Sentencias Herejías Constitucionales, Editorial Fondo de Cultura Económica, Colombia. Primera Edición, Colombia, 2002, pp. 335 y 336).

12 Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Subrayado del autor.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras y los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Roberto Gil Zuarth, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Armando Ríos Piter, Martha Angélica Tagle Martínez, María del Pilar Ortega Martínez, Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Héctor David Flores Ávalos, Enrique Burgos García, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Raúl Gracia Guzmán)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO C DEL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN)



Son todas las iniciativas, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría. Infórmese a la Asamblea.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la incorporación del asunto referido por la Presidencia al Orden del Día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba su incorporación al Orden del Día, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Dictamen de primera lectura)



En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Es de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Informo a esta Asamblea que se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El día de hoy se encuentra el doctor Mancera, en su doble carácter como Jefe de Gobierno y también como el responsable de la Coordinación de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y asiste a esta sesión para presenciar justamente este debate respecto del dictamen de Armas de Fuego y Explosivos.

¡Sea usted bienvenido doctor Mancera, al Senado de la República!

Es un honor tenerlo aquí.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Yunes Márquez, para que presente el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Aprovecho, antes de iniciar, saludar una vez más la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera y, en su nombre, saludar a todos los gobernadores integrantes de la Conago. Sea usted bienvenido una vez más.

El día de hoy, acudo a esta tribuna a nombre de la Comisión de Justicia para presentar el dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Esta iniciativa, que fue presentada por los Senadores Luis Humberto Fernández, Miguel Barbosa, Ismael Hernández, Ernesto Gándara, Zoé Robledo y su servidor, busca establecer un marco regulatorio que reclasifique las figuras penales e incremente la punibilidad y la sanción administrativa por los actos y omisiones descritos en el Código Penal Federal, en lo relativo a la aportación y posesión, almacenamiento, compraventa, tráfico, transportación, uso, destino de armas de fuego, explosivos y accesorios sin permiso, sin licencia y sin manifestación de la autoridad competente.

La seguridad de nuestro país ha sido un tema que nos atañe a todos por la inminente presencia de las organizaciones criminales dentro de nuestra sociedad, sin embargo, la portación personal e ilegal de armas no es la solución.

Un país seguro se basa en la confianza ciudadana, en la protección de los derechos y en la seguridad de que la aportación de armas compete en principio, a quienes tienen la potestad de proteger nuestra libertad y nuestra seguridad.

El daño causado por las organizaciones criminales ha provocado que personas inocentes sufran de tortura, violencia física e incluso pierdan la vida.

Debe destacarse que en la mayoría de los casos donde se suscitan este tipo de violaciones a los derechos humanos es utilizada un arma de fuego que, por razones evidentes, es portada de manera ilegal.

Hoy en día, nuestra legislación permite portar algunas armas sin mayor consecuencia que una sanción administrativa, esto es, no existe una pena corporal para ello.

La deficiencia en la legislación vigente pone en riesgo bienes jurídicos tutelados por el Estado, como lo son la vida, la paz, la salud y la seguridad interior y nacional.

Tenemos, además, una aplicación legal discrepante en la integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación, por la presunta comisión del delito de portación de armas de fuego sin permiso, licencia y sin registro, así como la portación y posesión de armas de fuego, explosivos y accesorios, exclusivos del Ejército, Fuerza Aérea y  Armada.

Las reformas y adiciones que proponen el dictamen al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos se sustentan principalmente en el propósito de consolidar un marco legal que propicie una defensa más enérgica de la seguridad pública.

Para ello, el dictamen propone una política criminal basada en el incremento de la punibilidad de las figuras penales que describe.
Sin embargo, para el establecimiento de una política pública adecuada en materia penal, no basta con el endurecimiento de las penas o la severidad en el castigo, sin un estudio que revalorice y establezca un sistema de sanciones que sean proporcionales a la gravedad del daño causado por el mismo.

De tal modo que la sanción prevista para un acto típico antijurídico y punible que establezca la ley penal, debe ser proporcional a la posibilidad de daño que pueda infringir en uno o varios bienes jurídicos tutelados.

Del mismo modo, el incremento de la pena debe ser proporcional a las condiciones actuales del país que ayuden a desincentivar la comisión de delitos con armas de fuego, no solo por el riesgo que representan, sino también por el desarrollo armónico y sano de la sociedad.

Bajo este tenor, en lo ilícitos cometidos con armas con mayor capacidad de daño, la penalización correctiva debe ser proporcionalmente justa para disminuir su uso; esto es, que en su rango de sanción se otorga al juzgador la facultad de incrementar la pena proporcionalmente a las circunstancias específicas de cada caso.

En este contexto, el dictamen que esta Comisión de Justicia propone, se basa principalmente en la jurisprudencia de la proporcionalidad de las penas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello con el fin de que este incremento de sanciones que obedece a un fin noble quede blindada en su constitucionalidad cuando sea puesta en jaque en los tribunales; esto es, que estas penas nunca pueden ser consideradas como excesivas o desproporcionales, sino que responden a los principios del Estado constitucional.

Señoras y señores Senadores, el dictamen que tienen a su consideración hace un incremento de las sanciones que están previstas en los ordenamientos jurídicos que castigan la portación ilegal de armas, tanto ilícitas como aquellas que están reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en dos supuestos:

Hemos convertido dos delitos no graves a graves, pues antes nuestro ordenamiento jurídico no los consideraba con la máxima pena; esto es, con la privación de la libertad oficiosa, son: la portación de armas de uso exclusivo del Ejército: magnum, 9 milímetros y similares, así como el delito de posesión de cartuchos de todos los   demás de alto calibre que también están reservadas para el uso de las Fuerzas   Armadas.

Esta será una herramienta más de política criminal que este Senado de la República emitirá para el fortalecimiento de la seguridad de nuestro país.

Este dictamen es un paso al frente en la pacificación de México que tanto deseamos, un país sin armas, es un país más seguro.

Les pido por el bien de nuestro país que voten a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Fernando Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia.

Se abre la discusión en lo general, y nos ha pedido la Senadora Angélica de la Peña Gómez, que se integre su intervención en el Diario de los Debates.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sonido en el escaño del Senador Preciado, ¿con qué objeto, Senador?

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Quiero meter una adición, una reserva, la llevo en este momento al Pleno, y para…

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí me permite, lo que hacemos, y si nos la da ahorita, déjeme ver si hay alguien más registrado, si no, consultamos si está suficientemente discutido.

Abro la reserva, usted me hace llegar su reserva, hacemos la votación en lo general, y luego le doy el uso de la palabra para que usted presente en tribuna su reserva, ¿le parece bien?

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) De todos modos regístreme en lo general, en contra, por favor.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Entonces de una vez tiene el uso de la palabra.

Me ha indicado el Senador Preciado Rodríguez que va a hacer su intervención en contra, y de una vez expondría en esta intervención también su reserva, por eso va a tener el tiempo que requiera, el tiempo suficiente, Senador Preciado Rodríguez, seremos muy tolerantes con el tiempo, adelante.

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Agradezco la disposición, señor Presidente.

Miren, yo quiero hacer una reflexión, entiendo que este dictamen no se contrapone con la iniciativa de reforma que nosotros planteamos al artículo 10 constitucional, y no se contrapone con la intención de hacer una nueva Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Creo que la intención de la iniciativa es buena, nada más que tenemos dos problemas.

El primer problema es que en este país, de acuerdo con el propio dictamen, me voy a apegar a las letras del dictamen, existen 20 millones de armas ilegales o 20 millones de armas de las cuales el propio dictamen desprende que el 65 por ciento de esas armas son ilegales.

Por lo tanto, apegándome al espíritu del dictamen, estaríamos hablando de que hay 13 millones de armas ilegales en el país.

Aceptando sin conceder, que de esos 13 millones de armas que hay en el país, 3 millones estén en manos de la delincuencia organizada y de la criminalidad.

La pregunta es, ¿quiénes tienen los otros 10 millones de armas en este país?

Y esos 10 millones de armas los tienen ciudadanos que se quieren defender de la delincuencia. Esos 10 millones de armas los tienen ciudadanos, que aspiran a tener una aportación en la Secretaría de la Defensa Nacional o un derecho de posesión en su domicilio. Pero ante la complicación que existe en la Secretaría de la Defensa Nacional para darle un permiso a una persona para portar armas, pues la gente opta por la ilegalidad.

Pero además, quienes sí quieren hacerlo de manera legal, y no viven en la Ciudad de México, que es donde está la única tienda de la Secretaría de la Defensa Nacional en todo el país, pues obviamente alguien que vive en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, donde la violencia se ha generalizado, o vive en Chiapas o en Quintana Roo, tienen que viajar a la Ciudad de México, solicitar el permiso a la única tienda que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y comprar el arma aquí, y tienen dos cosas:

La primera, tienen que comprar un arma de muy bajo calibre, hasta .380.

Y la segunda, es probable que no les de la portación.

La Secretaría de la Defensa Nacional sólo ha dado 3 mil 200 portaciones.

Entonces, en ese sentido hace discriminatorio para aquel que quiere tener un arma para su legítima defensa en su casa, su negocio, su carro o en su persona, porque necesitas tener el dinero suficiente para venir de Matamoros, Tamaulipas, de Veracruz, de Colima, y solicitar un arma en la Ciudad de México, donde es la única tienda que existe del Ejército.

Por eso creo que primero antes de incrementar las penas, lo que debiéramos hacer es regularizar para que la gente que no es delincuente y que quiera tener un arma para su legítima defensa, pueda tener esa oportunidad en su estado, y que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga la posibilidad de abrir una tienda, por lo menos, en cada zona militar. De tal forma que le evitaríamos al ciudadano que quiere estar en la legalidad, que no es delincuente, que quiere tener un arma para cazar, para practicar tiro al blanco o para defenderse de la delincuencia y defender a su familia, permitirle que acuda a una tienda del Ejército allá en su estado.

De lo contrario, lo que vamos a provocar es que siga un comercio de armas ilegales, se calcula que pasan a este país un millón y medio de armas ilegales provenientes de los Estados Unidos, de unas aduanas porosas donde obviamente las armas que pasan en los contenedores son las armas que caben, porque nadie supervisa eso.

Entonces, lo que plantearía a este Senado, es que primero regularicemos el comercio   de armas en el país, porque de lo contrario si cada persona que tiene un arma la sacara y dijera: "Miren, tengo un arma", y estamos hablando de 10 millones de   personas, no tendría la capacidad el Estado ni siquiera para retenerlos en los centros penitenciarios.

No tendría la capacidad el Estado para detener a todas las personas que hoy tienen arma ilegal por la simple y sencilla razón que no hemos hecho la modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos desde 1972, cuando el Estado decide cerrar las armerías, recoger las armas y tratar de que el país se calmara en virtud de los hechos recientes de 1971 con el Halconazo, Jueves de Corpus, y la matanza de estudiantes en el 68, y, por supuesto, los levantamientos guerrilleros en Guerrero.

Creo, sin estar en contra de que se aumenten las penas para el delincuente que tenga un arma, no para el ciudadano, que primero tenemos que hacer todo este proceso para pasar de la ilegalidad a la legalidad, y ya ahora sí, quien no quiera venirse a la legalidad le incrementamos las penas.

Por eso me he manifestado en contra porque creo que estamos dando el segundo paso antes de dar el primero.

Pero independientemente de mi voto en contra, quiero pedirle al Senado que reflexione sobre la adición, sobre la reserva que voy a hacer.

En lo que va de esta semana, allá en mi estado, y aquí está la Senadora Hilda Ceballos, que no me va a dejar mentir, han asesinado por lo menos a 5 policías; en el sexenio de Felipe Calderón y lo que va del sexenio de Enrique Peña, han asesinado a casi 3 mil elementos de seguridad, estoy hablando de militares, estoy hablando de marinos, estoy hablando de Policía Federal, estoy hablando de policías estatales, de policías municipales.

Voy a dar cifras exactas que tenemos aquí.

Del año 2000 al 2016 las Fuerzas Armadas han tenido bajas que incluyen 14 mandos, 204 oficiales, un cadete y 499 soldados rasos, las policías federales, estatales y municipales, tienen en su haber 2 mil 997 bajas.

Quiero decirles que el mayor porcentaje de estas bajas no es en combate, no están matando a los policías cuando se enfrentan al delincuente, la mayor parte de estas bajas se dan cuando el policía llega a su casa, cuando el policía sale franco, cuando el militar regresa de su trabajo de haber enfrentado al crimen organizado, y es asesinado en la calle o en el domicilio donde habita.

La reserva que estoy planteando es poder adicionar el artículo 85, con la finalidad de que la policía pueda portar arma de manera permanente; de que los militares, marinos, la policía federal, la policía estatal y las policías municipales, puedan, después de haber pasado el examen de control y confianza, puedan portar arma de manera permanente y les garanticemos su seguridad, aun cuando ya no estén trabajando.

Creo que es lo mínimo que podemos hacer por nuestras policías.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador Preciado, permítame un segundo. Discúlpeme interrumpirlo.

Sonido en el escaño del Senador Cárdenas, ¿con qué objeto, Senador Cárdenas?

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Gracias. Retiro mi participación porque acaba de contestar lo que le iba a preguntar, respecto de que al principio generalizó todos.

Pues le iba a pedir que se acotara a los que se consideran aptos. Porque quien no está apto, no pudiera llevarse el arma fuera de sus horas de trabajo.

Perdón, fue con lo que terminó el orador.

Le agradezco mucho.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Qué amable. Queda retirado. Gracias Senador.

Adelante, Senador Preciado Rodríguez.

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Voy a leer literalmente cuál es la adición que yo propondría a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a todo el Senado.

Dice así:

"Artículo 24. Para portar armas se requiere la licencia respectiva.

Los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea quedan exceptuados de lo anterior, en los casos y condiciones que señalen las leyes y reglamentos aplicables.

Los integrantes de las instituciones policiales, federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales, así como de los servicios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establece la presente ley y las demás disposiciones legales aplicables.

Ésta es la adición que voy a hacer.

"Los elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como los integrantes de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno que acrediten el examen de control de confianza, podrán portar el arma asignada de manera permanente, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 85 Bis".

Y agrego:

"Los titulares de las instituciones policiales, expedirán a su personal operativo, inscrito en el registro que establezca la ley de la materia, credenciales foliadas de identificación personal, por lapsos semestrales, las cuales, durante la vigencia, se asimilarán a licencias individuales".

"Los elementos de las instituciones policiales inscritos en el registro a que hace referencia el párrafo anterior, podrán portar el arma asignada de manera permanente".

Lo que yo le estoy pidiendo al Senado es que le demos la seguridad a nuestras policías, de poderse defender después de ir a detener a los delincuentes, que tengan la posibilidad de defenderse cuando ya los mandamos a su casa con su familia, que puedan portar el arma de manera permanente.

Yo agradecería, y los miles de policías que hay en el país combatiendo la delincuencia, los miles de militares, los miles de marinos, agradeceríamos que este Senado nos diera esta adición a esta reforma y le brindáramos seguridad a quien hoy está velando por la nuestra.

Es cuanto, señor Presidente.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Preciado Rodríguez. Informo a la Asamblea que vamos a dar trámite a la adición que ha propuesto el Senador Preciado Rodríguez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la adición que ha presentado el Senador Preciado Rodríguez.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de adición. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. No tengo más oradores. Consulto si alguna de las Senadoras o de los Senadores desea hacer alguna reserva. No tengo.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación en lo general y en lo particular, en los términos del dictamen. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal.

Y le pediría a los señores coordinadores, al Senador Barbosa, a don Emilio Gamboa, que están arriba con el señor Jefe de Gobierno, si son tan amables de invitarlo a pasar al Pleno.

Si gusta bajar, señor Jefe de Gobierno, y al Presidente de la Junta, también, al Senador Herrera.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, se emitieron 94 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que propone incrementar las penas y actualizar las multas en los delitos de portación y posesión de armas prohibidas o sin licencia. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

El Senado de la República agradece la presencia del doctor Miguel Ángel Mancera, que nos acompañó el día de hoy en el Senado de la República.

Y de parte del Senado, doctor Mancera, haga un saludo extensivo a la Conago, y diga que estamos pendientes de los trabajos. Un saludo para todos los gobernadores.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera, en materia de inversión extranjera en transporte aéreo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN II, INCISOS A), B) Y C); SE REFORMA LA FRACCIÓN III, INCISOS W) Y X); Y SE ADICIONA UN INCISO Y) A LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta discusión se realizará en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

El Senador Luis Armando Melgar presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera, para ampliar la participación de inversión extranjera en el transporte aéreo.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial, juzgó conveniente, junto con la Comisión de Estudios Legislativos, el hacer esta reforma.

Hoy día la industria del transporte aéreo, la industria de aviación comercial, es la industria más restringida, más protegida para la inversión extranjera.

Desde de 1998, diciembre, se aprobó, por ejemplo, que en la Banca puede haber 100 por ciento de inversión extranjera, en muchísimas áreas de la economía puede haber inversión hasta del 100 por ciento, sin embargo el transporte aéreo solamente se limitó al 25 por ciento.

La iniciativa propone que se eleve del 25 por ciento al 49 por ciento, y éste es un tema realmente trascendente.

¿Por qué? Porque la inversión es indispensable para el crecimiento de las empresas, para la creación de puestos de trabajo, para la generación de riqueza nacional.

Con la ampliación de esta capacidad de inversión extranjera, en primer lugar, garantizamos que siga siendo mayoritario el capital nacional.

En segundo, que puedan crecer las empresas mexicanas con la participación de inversión extranjera y, en consecuencia, ofrecer más rutas, más vuelos y tener una mayor competencia. Todo esto redundaría en beneficio de los consumidores.

Por eso me parece que este es un tema central, más ahora que estamos hablando de restricciones de nuestro vecino del norte, de eventuales restricciones al comercio exterior.

Bueno, buena parte del TLC lo que logró es atraer muchísima inversión extranjera, por ejemplo, en la industria automotriz, hoy somos el cuarto país en el mundo productor de automóviles, y la mayor parte de esa inversión no la teníamos los mexicanos que no tenemos el ahorro, vino de fuera, y eso, el atraer capitales externos, siempre es positivo al país, si no perdemos la soberanía en un tema en donde lamentablemente nuestros vecinos del norte no tienen reciprocidad.

Los países más restrictivos para la inversión extranjera, solamente tres países que son más restrictivos que México, Estados Unidos, Canadá y Japón, aun así, insisto, se mantiene la mayoría de capital nacional.

Por ello, los invito a votar a favor de este dictamen que amplía la capacidad de la oferta aérea, comercial en este país.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Larios Córdova.

Sonido en el escaño del Senador Teófilo Torres Corzo, ¿con qué objeto, señor Senador?

El Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Si me permite el Senador, para sumarme a su propuesta.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Estamos en la discusión de un dictamen. ¿Quiere usted, señor Senador, que lo registre para hablar en alguno de los sentidos? En pro, gracias, Senador Torres Corzo.

Informo a la Asamblea que se recibió el posicionamiento del Senador David Monreal, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, expresando el sentido de su voto en contra, que será inscrito puntualmente en el Diario de los Debates.

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen.

Respetuosamente solicito a la Asamblea guardar silencio para escuchar a los señores Senadores en su alocución.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Ante esta Soberanía el pasado mes de abril, presenté una iniciativa que propuso eliminar obstáculos aplicables a las actividades vinculadas al transporte aéreo nacional, contenidas en la Ley de Inversión Extranjera, misma que fue publicada en diciembre de 1993.

En esta ley, se establece claramente un principio: "que todo lo que no está expresamente regulado por la misma, estará abierta a la participación de la inversión extranjera". Con eso México estableció un parteaguas para poder fortalecer los sectores que requieren de capital para poder crecer y para poder generar los empleos que nuestro país necesita en los sectores más competitivos.

De esta forma, la fracción II del artículo 7o. de la Ley de Inversión Extranjera restringe, al día de hoy, la participación de esos capitales en un 25 por ciento para el transporte aéreo nacional, el transporte de aerotaxi y el transporte especializado.

Es relevante destacar y reconocer que este sector es uno de los más protegidos en la mayoría de los países, pero que, sin embargo, dada la dinámica de la economía mundial, la gran mayoría de los actores en este sector, de las grandes aerolíneas y compañías de carga, están buscando asociaciones estratégicas sin que esto signifique que los países estén concediendo una mayoría en la participación de la inversión extranjera, de esta forma, nuestro país no es, ni será la excepción.

Nuestro país acogido las prácticas y las políticas más avanzadas al seno de la Unión Europea y de todos los centros de pensamiento, en materia de liberación económica, coincide que es un sector estratégico y que por lo tanto es un sector que tiene que estar en manos del capital nacional.

De esta forma, lo que se está proponiendo con esta iniciativa, es que se pueda llevar la inversión extranjera que hoy participa, el 25 por ciento, hasta un 49 por ciento, con lo cual, repito, el control, de acuerdo a lo que establece la Ley de Inversión Extranjera y a nuestras legislaciones vigentes, seguiría en manos de los mexicanos.

De esta forma, se propone, con esta propuesta y con su aprobación, que pueda nuestro país construir las alianzas, generar la inversión y generar el empleo en este sector tan importante sin soltar el control a los extranjeros.

Por lo tanto, con esta reforma, compañeras y compañeros, estaremos, sin lugar a dudas, abonando a la construcción de un gran sector, de un sector que crece de manera importante año con año, y que necesitamos abaratar, generar mejores condiciones de costo para toda la sociedad y para todos los mexicanos.

Por este motivo, se propone esta iniciativa. Los exhorto, respetuosamente, a emitir su voto a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Consulto a la Asamblea si hay alguna Senadora o Senador que desee hacer uso de la tribuna, si no, me permito informar a esta Soberanía que el Senador Teófilo Torres Corzo declina al uso de la voz en este particular.

Al no haber más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, se registraron 89 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, muy amable Senadora. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley de Inversión Extranjera. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Educación, la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de cultura de seguridad social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, emiten y someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 28 de octubre de 2014, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Promoción de la Cultura de Seguridad Social, y se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Educación.

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, la iniciativa de mérito para su análisis, estudio y dictaminación.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1.- En la iniciativa de mérito, se aduce que la Carta Internacional de Derechos Humanos (ONU, 1948) expresa en su Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, en función de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

También se afirma que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha definido a la seguridad social como "La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos".

Por ello, señala que frente a esta concepción, está más que reconocido que los valores forman parte de la identidad de las personas y orientan las decisiones, fortaleciendo el sentido del deber ser. Se inculcan desde temprana edad en el seno familiar y se convierten en el sustento para hacer posible la convivencia en sociedad.

Se refiere que la solidaridad, el respeto, la justicia, la responsabilidad, la integración y la tolerancia; son los valores más representativos que se encuentran presentes en los sistemas de seguridad social y configuran, precisamente, su sustento.

2.- Aunado a lo anterior, se manifiesta que gracias a la Declaración de Guatemala, se adoptó la Estrategia Regional para una Ciudadanía con Cultura en Seguridad Social: "Seguridad Social para Todos".

Por lo que dicha Declaración, fue presentada por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), la Organización del Trabajo (OIT), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), el 3 de noviembre de 2009, en el marco de la Vigésima Quinta Asamblea de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, realizada en la ciudad de Guatemala.

Se resalta también que este importante documento, surge con el propósito de que a través de programas educativos, y con el involucramiento de las organizaciones internacionales en la materia y las propias instituciones de seguridad social de cada país, se difunda entre la sociedad en su conjunto, los principios y valores esenciales de la seguridad social.

3.- Continúa señalando la Iniciativa que se dictamina, que la Estrategia "Seguridad Social para Todos" es un programa social y educativo dedicado a construir los cimientos de una cultura en seguridad social que poco a poco sensibilice a la población en general acerca de los valores y principios que la sustentan, poniendo a disposición de todas las personas, sin importar edad o situación económica, herramientas informativas amenas sobre temáticas relacionadas con la materia.

En consecuencia, se considera en la Iniciativa que:

• Esta estrategia parte de la premisa de que la seguridad social está presente en todas las etapas de la vida de las personas, pero en general se ignora su presencia y se desconocen sus aportes en favor de una vida más digna.

• En la actualidad, una proporción importante de las poblaciones de los países de América Latina carecen de protección social y peor aún, no la entienden como un derecho exigible.

• Se reconoce que el origen de esta realidad responde a numerosos factores, entre los que se destacan la falta de información y de educación, así como una condición social de exclusión que impide disfrutar o valorar un esquema de protección social. Esta desinformación ha dado como resultado la generación de numerosos prejuicios relacionados con la protección social.

• De esta manera, el objetivo del programa Seguridad Social para Todos se orienta a sensibilizar, concienciar e involucrar a la población interamericana, desde una edad temprana hasta una edad adulta, en los principios y valores de la seguridad social utilizando canales como la educación formal y la no formal, los medios de comunicación, las tecnologías de la información y la divulgación social para generar, en el mediano y largo plazos, una cultura en materia de seguridad social que permita a los ciudadanos vivir en una sociedad integrada, con bases comunes de protección social.

4.- En el plano nacional, la iniciativa refiere que durante los días 21, 22, y 23 de noviembre de 2012, Senadores integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, participaron en la Segunda Reunión de Legisladores de Seguridad Social, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

También que como resultado de los trabajos de dicho encuentro, se enfatizó sobre la importancia que representa para los Estados el adherirse a la Declaración de Guatemala, y de que el conocimiento de los valores y principios de la seguridad social, constituye una herramienta de inversión en materia de seguridad social, que propiciará, a mediano y largo plazo, cimentar una sociedad justa, equitativa y solidaria.

Se indica que en fechas 7 de febrero de 2013 y 20 de febrero 2014, respectivamente el pleno del Senado de la República aprobó sendos puntos de acuerdo a través de los cuales y en un marco de respeto a la colaboración de los Poderes, se exhortó al Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se declare la última semana de abril, como la "Semana Nacional de la Seguridad Social", en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955; instrumento que constituye la norma mínima y de mayor relevancia de la seguridad social.

En ese mismo tenor, manifiesta que se exhortó al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la "Declaración de Guatemala", con el objeto de que se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar acciones dirigidas a promover y fortalecer la cultura de la seguridad social.

Como parte de estos esfuerzos por impulsar una cultura de seguridad social, el iniciador de este Proyecto, apunta que el Senado de la República a través de su Comisión de Seguridad Social y en colaboración con el Centro Interamericano de la Seguridad Social (CIESS), celebró la Semana Nacional de la Seguridad Social del 22 al 26 de abril de 2013, conjuntamente con la Cámara de Diputados; y la Semana de la Seguridad Social del 21 al 25 del mismo mes de 2014.

Se dice de esta manera, que estas dos jornadas que se llevaron a cabo en esta Cámara Alta, en la que participaron servidores públicos del ámbito federal y local, especialistas de organismos internacionales y del sector académico, privado y social, resultaron un relevante ejercicio de reflexión, análisis y de gran aportación para la labor parlamentaria y legislativa en la materia.

5.- Finalmente se refiere en la Iniciativa materia del presente Dictamen, que en el plano internacional, se tienen dos importantes precedentes en torno a este esfuerzo de los estados en América Latina por promover una cultura y los principios y valores de la seguridad social, por la vía legislativa:

• El Congreso de la República de Colombia expidió en 2011, la Ley 1502, por la cual se promueve la cultura en seguridad social en Colombia, y se establece la semana de la seguridad social.

• Por su parte, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, aprobó el 9 de Julio de 2014, la Ley de la Semana de la Seguridad Social, cuyo fin es el de concientizar a la población nicaragüense, sin distinción de credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social, desde una edad temprana hasta su adultez, sobre los derechos y beneficios que brinda la seguridad social, así como establecer una cultura basada en sus principios y valores.

En suma, el propósito de la Iniciativa que se tiene a bien dictaminar, es expedir la Ley para la Promoción de la Cultura de Seguridad Social.

CONSIDERACIONES

I.- Estas Comisiones Dictaminadoras, reafirman que hoy en día existe un consenso internacional en torno a la consideración de que la seguridad social debe concebirse como un derecho humano inalienable, que exige el impulso de acciones en los ámbitos público, privado y social, tendientes a garantizar su ejercicio, respeto y conocimiento.

Es por ello, que coinciden con la afirmación que sostiene: "derecho que no se conoce no puede ser disfrutado ni exigido". Por eso es fundamental instituir una formación integral respecto a los objetivos y alcances de la seguridad social y los valores que la sustentan, y no puede haber mejor forma de hacerlo, que desde el ámbito legislativo.

II.- Con base en esta premisa, y considerando que el Poder Legislativo ha declarado mediante decreto, la última semana de abril de cada año como la "Semana Nacional de la Seguridad Social", estas Comisiones que dictaminan, estiman viable y pertinente, sin que sea necesaria la expedición de un ordenamiento jurídico, realizar adecuaciones legislativas, cuyo objetivo básico sea:

• Promover y fomentar el conocimiento y la divulgación sobre los derechos y beneficios que otorga la Seguridad Social; así como establecer una cultura basada en sus principios y valores.

• Considerar como principales sujetos promotores de la cultura de seguridad social, a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social; de Educación Pública; de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De esta forma, se establece como una de sus facultades y atribuciones de los sujetos promotores referidos, la promoción de la cultura de la seguridad social y el fomento de sus valores y principios.

III.- Esta Comisiones dictaminadoras, destacan de manera relevante, la adición contenida en el artículo 7de la Ley General de Educación, para precisar que: "La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el de promover, fomentar y difundir los valores y principios que sustentan la seguridad social".

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO

Estas Comisiones estiman que al no requerirse la expedición de un nuevo ordenamiento para alcanzar el objetivo de impulsar y promover la cultura de la seguridad social, propone modificar diversas disposiciones jurídicas de la legislación vigente, como a continuación se expone:

ORDENAMIENTO

ARTÍCULO QUE SE MODIFICA
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

1.-Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

Se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 40.

 

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XVI.-…
XVI Bis.- Promover la cultura de la seguridad social y fomentar sus principios y valores entre los trabajadores y sus familias.
XVII a XIX.- …"

2.-Ley General de Educación.

Se adiciona la fracción XII Bis al artículo 7.

"Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I a XII.- …
XII Bis.- Promover, fomentar y difundir los valores y principios que sustentan la seguridad social.
XIII. a XVI.- …"

3.- Ley General de Salud.

Se reforma la fracción XIII del artículo 7.

"Art. 7.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:
I. a XII.- …
XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud; así como la cultura de la seguridad social, sus principios y valores.
XIII Bis a XV.- …"

4.- Ley del Seguro Social

Se reforma la fracción IX del artículo 251.

"Art. 251.- El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:
I. a VIII.- …
IX. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social; así como promover su cultura, y fomentar sus valores y principios.
X. a XXXVII.- …"

5.- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Se reforma la fracción VIII del artículo 208.

"Artículo 208.- El Instituto tendrá las siguientes funciones:
I. a VII.- …
VIII. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social; así como promover su cultura, y fomentar sus valores y principios;
IX a XI.- …
…"

Considerando, que:

1. En sus referentes históricos constitucionales, la seguridad social quedó plasmada en el texto original de la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de 1917, que estableció: "Se consideran de utilidad social, el establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal, como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular."

2. El 18 de enero de 2016, se publicó el Decreto por el que se declara la última semana de abril como la "Semana Nacional de la Seguridad Social" en el Diario Oficial de la Federación.

3. Este conjunto de modificaciones legales, se corresponden y armonizan con el Decreto antes referido.

4. En suma, estas Comisiones Unidas coinciden ampliamente con las argumentaciones y el objetivo principal de la iniciativa, con las modificaciones ya expuestas.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del Pleno de este Senado de la República, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONESDE LAS LEYES ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; GENERAL DE EDUCACIÓN; GENERAL DE SALUD; DEL SEGURO SOCIAL; Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción XVI Bis al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XVI.- …

XVI Bis.- Promover la cultura de la seguridad social y fomentar sus principios y valoresentre los trabajadores y sus familias.

XVII a XIX.- …".

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se adiciona la fracción XII Bis al artículo 7de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

"Artículo 7.-La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I a XII.- …

XII Bis.- Promover, fomentar y difundir los valores y principios que sustentan la seguridad social.

XIII. a XVI.- …"

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

"Art. 7.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XII.- …

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud; así como la cultura de la seguridad social, sus principios y valores.

XIII Bis a XV.- …"

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción IX del artículo 251 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

"Art. 251.- El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:

I. a VIII.- …

IX. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social;así como promover su cultura, y fomentar sus valores y principios.

X. a XXXVII.- …"

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción VIII del artículo 208 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

"Artículo 208. El Instituto tendrá las siguientes funciones:

I a VII.- …

VIII. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social; así como promover su cultura, y fomentar sus valores y principios;

IX. a XI.- …

…"

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, se cubrirán con cargo a sus presupuestos autorizados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de octubre de 2016.

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se abre la discusión en lo general.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Por el tiempo, señor Presidente, declino mi participación en este tema.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Claro que sí, muchas gracias, Senadora.

Se inserta intervención de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Consulto si existe algún otro orador, de no haber, también preguntaría a las Senadoras y a los Senadores, si existe alguna reserva.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de dicha votación.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, tenemos 79 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 137 Bis de la Ley del Seguro Social, en materia de disfrute de pensión por desaparición del titular.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 137 BIS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, emiten y someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 9 de diciembre de 2015, las Senadoras y Senadores Raúl Morón Orozco, Lorena Cuéllar Cisneros, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete, Iris Mendoza Mendoza, Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza Chávez, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo y Benjamín Robles Montoya, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social.

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, la iniciativa de mérito para su análisis, estudio y dictaminación.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1.- La iniciativa de mérito, señala que el pasado 14 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre el Informe relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, presentado por el Estado Mexicano el 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza.

Refiere que las conclusiones del Comité son por demás contundentes, al señalar que la información aportada por México "ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas…".

Agrega que el Gobierno Federal pretende negar la existencia de un problema grave al que el propio Comité califica como generalizado, en el que no ha habido una verdadera voluntad de actuar para erradicarlo, y que ello se refleja incluso en las cifras oficiales consignadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según las cuales existen 23, 689 personas no localizadas, desde 2007, de las cuales 9,672 han tenido lugar durante el actual sexenio. Cantidad que puede crecer por la cifra negra de quienes no han denunciado los hechos, por diversos motivos. Hasta marzo del 2015 se tiene un registro total de 25,821, de los cuales el 59% son personas que se encuentran en edad productiva.

2.- Se sostiene en la iniciativa materia del dictamen, que lamentablemente "no existe un registro que indique de manera fidedigna el número de víctimas de desaparición", toda vez que de los casos registrados de personas no localizadas, resulta imposible determinar cuántos constituyen desaparición forzada, es decir, cuántos fueron cometidos por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización o aquiescencia del mismo Estado. A pesar de ello, la cifra de personas desaparecidas es una muestra clara y contundente de un problema generalizado que el Gobierno Federal insiste en negar.

3.- Se reconoce también que vivimos una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su justa dimensión por el Estado mexicano, y que limita el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública y justicia en detrimento de la integridad y la vida de miles de mexicanos y el bienestar familiar.

Aunado a lo anterior, se considera en dicha Iniciativa que la desaparición de una persona es una tragedia no sólo para la persona que desaparece, sino también para sus familiares, que quedan en una situación de incertidumbre y vulneración.

Además, de que los familiares del desaparecido deben afrontar problemas específicos, que varían en función de su situación individual, del contexto local y de su entorno sociocultural. Los problemas son de diverso orden: psicológico, jurídico, administrativo, social y económico.

Se considera que los familiares de personas desaparecidas tienen problemas económicos directamente vinculados a la desaparición de su ser querido y no logran satisfacer sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, vivienda, educación de los hijos, etcétera; y que la mayoría de las personas desaparecidas son hombres adultos, por lo que muchas familias de personas desaparecidas pierden su sostén financiero.

4.- Continúa señalando la iniciativa, que con frecuencia las mujeres se convierten en jefas de hogar, aunque se les ofrecen menores posibilidades de ganarse la vida. Por otro lado, en la medida en que el estatuto de una persona desaparecida no es reconocido oficialmente, la familia por lo general no recibe el apoyo que suele darse a los familiares en caso de fallecimiento.

El estatuto jurídico indeterminado del cónyuge o de los descendientes de una persona dada por desaparecida tiene consecuencias por lo que respecta a los derechos de propiedad, custodia de los hijos, derechos de sucesión y posibilidades de volver a contraer matrimonio.

De esta manera, indica que la desaparición de una persona se da por varios motivos, sin embargo esas circunstancias están vinculadas a la ignorancia, la incapacidad, la negligencia o la falta de voluntad de las autoridades para brindar seguridad a las personas y que esto no ocurra o para que en su caso se localice su paradero.

5.- Se aduce también, que el Estado mexicano no ha sido capaz de cumplir con su obligación de brindar seguridad, ni tampoco acceso a la justicia y a la verdad, en los casos de desaparición forzada o a manos de particulares.

Que existen normas fundamentales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional en materia de derechos humanos cuyo objetivo es contribuir a impedir la desaparición de personas, por lo que en las autoridades estatales recae, en primer lugar, la responsabilidad de evitar las desapariciones y de averiguar el paradero de las personas dadas por desaparecidas.

Destaca es importante que todos los Estados actúen con determinación para impedir las desapariciones, se abstengan de cometer secuestros u otros actos que provoquen desapariciones forzadas y hagan todo lo necesario para delucidar lo ocurrido a las personas dadas por desaparecidas y para aportar una ayuda a los familiares que no tienen noticias de sus familiares.

6.- También se manifiesta en la iniciativa, que el 13 de septiembre del presente año diversas organizaciones sociales solicitaron al Senado resguardar los bienes patrimoniales; entregaron un paquete de propuestas,  señalando  que con la desaparición de una persona la familia enfrenta pérdida de derechos, ante el Infonavit, IMSS e ISSSTE, debido a vacíos en la legislación.

Señala en consecuencia, que la tarea del Congreso de la Unión debe ser promover la aplicación de un marco jurídico sobre las personas desaparecidas, y la protección de los derechos de sus familiares, acorde a los tratados internacionales en esta materia, además de impulsar la adopción de políticas y medidas para garantizar su aplicación efectiva, en este marco se inscribe la presente iniciativa.

Se considera que la persona desaparecida es en muchas ocasiones el principal sostén económico de la familia o el único titular de los bienes comunes. En general, se trata del padre. En esos casos, las mujeres de los desaparecidos quedan sumamente vulnerables; queda despojada del derecho a recibir el apoyo financiero y material que suele darse a las viudas.

Considera además que el estado de vulnerabilidad que enfrenta la familia del desaparecido, el Estado debe brindarles la protección debida de manera pronta y eficaz, en este sentido, la seguridad social, es uno de los aspectos que deben brindarse a la brevedad, pues la pareja y los hijos, requieren el acceso a una pensión que les permita satisfacer sus necesidades básicas, así como el acceso al resto de rubros que integran la seguridad social.

Refiere también que los familiares de los desaparecidos deben tener acceso al sistema de seguridad social. Por tal motivo, debe crearse un mecanismo que agilice el trámite para el acceso a la pensión de familiares de desaparecidos. Desafortunadamente, en el Código Civil Federal vigente, la posibilidad jurídica de obtener una declaración de ausencia y presunción de muerte es prolongado, por eso el Estado debe optar por implementar un procedimiento administrativo, en caso de desaparición de persona a manos del estado o de particulares, que sea ágil y expedito, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21 de la Ley General de Víctimas.

7.- Finalmente se señala en la iniciativa de mérito, que en este sentido deviene el compromiso de armonizar la regulación que protege los derechos humanos considerando el sistema de seguridad social que opera en nuestro país, a través de la Ley del Seguro Social y de la Ley del ISSSTE, por lo que el tema de pensión otorgada a familiares de trabajadores y pensionados desaparecidos, debe contar con las mismas reglas.

Por ello, propone que el contenido del artículo 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se replique en la ley del Seguro Social, para que cualquier ciudadano que desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes, con derecho a la Pensión, disfruten de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia.

CONSIDERACIONES

1.- Estas Comisiones Unidas reconocen y apoyan el propósito principal de la Iniciativa que dictaminan, el cual consiste en armonizar la legislación y prever en la Ley del Seguro Social, el supuesto normativo en el que se establece que los familiares de todo pensionado bajo el régimen del seguro social, podrán disfrutar de la pensión, en el caso de que se suscite su desaparición de su domicilio por más de un mes, sin que se tengan noticias de su paradero.

Lo hacen sin dejar de considerar, que en la Ley vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE), se prevé en el artículo 137 tal supuesto, estableciendo: "Si un Pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de la pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva."

Es evidente que este precepto, lo que busca es proteger y no dejar en estado de indefensión a los familiares de todo pensionado, cuando se actualice dicho supuesto.

En ese tenor, se coincide plenamente en adicionar un artículo 137 Bis a la Ley del Seguro Social, a fin de establecer el mismo supuesto previsto en el artículo 137 de la Ley del ISSSTE, para garantizar el disfrute de la pensión con carácter provisional, a los beneficiarios del pensionado con derecho a ella, en el caso de que el pensionado bajo el régimen del seguro social, desaparezca de su domicilio por más de un mes, siempre y cuando se compruebe el parentesco y la desaparición del mismo mediante la exhibición de la denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente.

Además, también coinciden que en el caso de que se acredite el fallecimiento del pensionado, los familiares derechohabientes, podrán disfrutar de la pensión de manera definitiva.

2.- Estas Comisiones no pueden dejar de advertir, que en materia civil corresponde a los Jueces del Registro Civil de cada Entidad Federativa inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia y, en su caso, la presunción de muerte, los cuales se rigen por los plazos señalados en el artículo 705 del Código Civil Federal.

De esta forma, la legislación vigente establece que se podrá solicitar la declaración de ausencia una vez que han transcurrido dos años desde el día en que haya sido nombrado el representante y en caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia sino pasados tres años, que se contarán desde la desaparición del ausente (artículos 669 y 670 del Código Civil Federal).

Con relación a la presunción de muerte, esta podrá ser declarada por el juez, a instancia de parte interesada, cuando hayan transcurrido 6 años desde la declaración de ausencia (artículo 705 del Código Civil Federal).

Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideran con mayor razón adecuada la adición del artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social, en los términos del artículo 137 vigente de la Ley del ISSSTE, pero con algunas modificaciones toda vez que los plazos relativos a la declaración de ausencia y de presunción de muerte de las personas, son muy amplios, situación que en la práctica impide el disfrute pleno de los beneficios de la pensión por parte de los beneficiarios del pensionado con derecho a ella, en el supuesto ya aludido.

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO

1.- No obstante lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras quieren precisar que no se estima viable la propuesta de reforma al artículo 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que se agrega el término "trabajador":

"Artículo 137. Si un Pensionado o trabajador desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva."

Al respecto, cabe señalar que:

a) No es posible que a los trabajadores en activo que se "desaparezcan" por más de un mes, independientemente del tiempo de cotización, se les otorgue una pensión a sus familiares, en razón de que se afectarían las proyecciones financieras que se realizan para cubrir el seguro de invalidez y vida correspondiente a cada régimen de Seguridad Social (IMSS-ISSSTE).

b) Lo anterior, generaría un aumento considerable del universo de pensiones temporales o permanentes bajo los supuestos del seguro de invalidez y vida, con un alto impacto presupuestario, que necesariamente tendría que estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, lo que entrañaría un aumento considerable de los recursos asignados para su cumplimiento.

2.- La misma argumentación se aplica para la propuesta de adición del término "trabajador" en el artículo 137 Bis contenido en la Iniciativa que se dictamina.

"Art. 137 Bis.- Si un Pensionado o trabajador desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva."

3.-Por lo anterior, y a efecto de tener mayor claridad en torno al Proyecto de Decreto que finalmente proponen estas Comisiones Unidas con las modificaciones señaladas, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

ARTÍCULO 137 VIGENTE
LEY DEL ISSSTE

ARTÍCULO 137 BIS QUE SE ADICIONA
LEY DEL SEGURO SOCIAL

Art. 137.- Si un Pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de la pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva.

Artículo 137 bis.- Si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, sus beneficiarios con derecho a la pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección del ramo de vida del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, exhibiendo la denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus beneficiarios, sin que en ningún caso pueda entenderse una obligación del Instituto respecto de aquellos importes que hubieran sido pagados a los beneficiarios. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionado, la transmisión será definitiva.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del pleno de este Senado de la República, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 137 BIS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

"Artículo 137 bis.-Si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, sus beneficiarios con derecho a la pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección del ramo de vida del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, exhibiendo la denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus beneficiarios, sin que en ningún caso pueda entenderse una obligación del Instituto respecto de aquellos importes que hubieran sido pagados a los beneficiarios. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionado, la transmisión será definitiva."

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de octubre de 2016.

Suscriben

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta discusión se realizará en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se encuentra a discusión el dictamen y tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero dar la bienvenida al presente dictamen que tiene como objetivo armonizar la legislación para prever el supuesto en el que los familiares de todo pensionado bajo el régimen del Seguro Social puedan disfrutar de la pensión en el caso de que desaparezca de su domicilio por más de un mes, sin que haya noticias de su paradero.

Cabe señalar que este es un supuesto ya previsto en la Ley del ISSSTE, por lo tanto, con esta reforma buscamos proteger a los familiares de los pensionados del IMSS para garantizar el disfrute de la pensión de manera provisional, siempre y cuando se compruebe el parentesco y la desaparición mediante la exhibición de la denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente.

Se prevé también que, en caso de que fallezca el pensionado, los familiares disfrutarán de manera definitiva de la pensión.

Éste es un planteamiento que se origina a causa del lamentable escenario que vive nuestro país en materia de desaparición forzada, mismo que el gobierno federal continúa negando, a pesar de que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra más de 23 mil personas no localizadas desde el año 2007, de las cuales casi la mitad han tenido lugar durante el actual sexenio.

Si bien no existe un registro del número de víctimas de desaparición, la cifra de personas desaparecidas es contundente para evidenciar un problema generalizado en nuestro territorio.

Estamos ante una crisis humanitaria que el Estado mexicano se niega reiteradamente a reconocer, situación que limita el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y justicia en detrimento de la integridad y la vida de miles de mexicanos.

Cuando una persona desaparece tiene un fuerte impacto en la familia, misma que llega a caer en estado de vulnerabilidad e incertidumbre, al tener que resolver problemas sobre todo de tipo económico, pues muchos desaparecidos eran sostén de su familia.

Esto ha llevado a que de la noche a la mañana, muchas mujeres se vean en la necesidad de ser jefas de familia, a tener que hacerse cargo de su núcleo familiar, ya que mientras una persona desaparecida no sea reconocida oficialmente, la familia por lo general no recibe el apoyo que suele darse.

Como vemos, es necesario armonizar la regulación de los sistemas de seguridad social que operan en nuestro país, por medio de la Ley del IMSS y la del ISSSTE, bajo una visión que proteja los derechos humanos de las familias de los trabajadores y pensionados desaparecidos.

Se trata de una reforma que toma en cuenta el fuerte contexto que atraviesa nuestro país, ya que, son lamentables los problemas de violencia, desigualdad social, delincuencia, y sus consecuencias que están dañando severamente al tejido social.

Por ello, mi voto será a favor de la presente propuesta, pues es un apoyo elemental que debe darse a las familias que pueden llegar a enfrentar una crisis a causa de la desaparición de quien la sustenta.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con la venia de la sala, con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Este dictamen, que con profunda preocupación los mexicanos seguimos atestiguando un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, y muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas.

La desaparición de una persona representa una situación de tragedia y dolor para quien desaparece como parte de sus familiares. En el caso de las desapariciones de personas adultas mayores pensionadas, los familiares quedan en una situación de incertidumbre y de vulnerabilidad en virtud de que en muchos de los casos el núcleo familiar tiene como único sustento económico el ingreso pensionario del desaparecido.

Ante estas circunstancias, amigas Senadoras y Senadores, se reconoce el propósito principal de este dictamen el cual consiste en armonizar la legislación y prever en la Ley del Seguro Social el supuesto normativo en el que se establece que los familiares de todo pensionado bajo el régimen del Seguro Social, podrá disfrutar de la pensión en el caso de que se suscite su desaparición de su domicilio por más de un mes sin que se tenga noticias del paradero.

No pasa desapercibido que la ley vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, prevé este supuesto en el artículo 137.

Es evidente que este precepto lo que busca es proteger y no dejar en estado de indefensión a los familiares de todo pensionado cuando se actualice dicho supuesto legal.

En ese tenor, se adiciona un artículo 127 Bis a la Ley del Seguro Social para garantizar el disfrute de la pensión con carácter provisional a los beneficiarios del pensionado con derecho a ella.

En el caso de que el pensionado bajo el régimen del Seguro Social desaparezca de su domicilio por más de un mes, siempre y cuando se compruebe el parentesco y la desaparición del mismo, mediante la exhibición de la denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente.

Además de que en el caso de que se acredite el fallecimiento del pensionado, los familiares derechohabientes podrán disfrutar de la pensión de manera definitiva.

Solicitando su voto a favor de este dictamen, les agradezco su atención.

Muchas gracias.

Intervención



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador Fernando Mayans.

Se inserta intervención de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: No habiendo más oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el tablero por tres minutos para recabar la votación.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron un total de 78 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 137 Bis a la Ley de Seguridad Social. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción IV al Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del anterior dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés de alguna Senadora o Senador por hacer alguna de las reservas del proyecto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 84 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que adiciona una fracción IV al Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve con moficicaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el Canal de Televisión. A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y se someta a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Dispensada la segunda lectura.

Se encuentra a discusión en lo general y tenemos registrado al Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor del dictamen, y al Senador Casillas Romero, también lo tenemos registrado para hablar a favor.

Tiene el uso de la palabra el Senador José de Jesús Santana.

El Senador José de Jesús Santana García: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Agradezco mucho el apoyo que se dio para poder concluir este dictamen a la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu y al Senador Isidro Pedraza Chávez, participantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

México, sin duda vive un momento de transformación, la democratización desarrollada en el terreno político, económico y social ha llegado también al espacio de la comunicación.

De la mano con la revolución tecnológica que se ejemplifica, digitalización de la televisión terrestre, se abren nuevos espacios para que actores fundamentales de la sociedad, como, lo es, el Canal del Congreso cuenten con frecuencias televisivas y medios de comunicación como Internet, algo inevitable y de accesibilidad para toda la población hoy en día.

Para el Senado de la República el pluralismo, la diversidad de voces y la tenencia de los medios de comunicación con arreglo a las circunstancias de cada país, son fundamentales para la activa participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre su futuro y el desarrollo de las sociedades.

La aprobación de la minuta que recibimos de la Colegisladora hace énfasis en el Canal del Congreso, como medio público y su sustentabilidad en cómo puede evolucionar este medio para adaptarse a los tiempos de hoy, respondiendo a la sociedad cada vez con más decisión de participación.

El Canal del Congreso como institución ha demostrado ser un instrumento eficaz que ha mejorado su programación y contenidos, y es un medio cada vez más visto, más escuchado, convirtiéndose en un instrumento muy valioso en el tema de acceso a la información para evaluar el trabajo de las Senadoras, los Senadores, las Diputadas y los Diputados.

Por eso, a los primeros que tenemos que felicitar es a las mexicanas y a los mexicanos que lo ven, que lo usan, que lo disfrutan, y a través de él nos califican y en donde de cara a la nación, las Senadoras, los Senadores, las Diputadas y los Diputados trabajamos con una total transparencia, somos vistos y grabados para la historia reciente y futura de nuestra labor legislativa.

Tenemos un reto inmediato, dotarlo de autonomía editorial, financiera y de gestión, para dar cumplimiento a la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión, a la ley reglamentaria en la materia y al título de concesión otorgado al canal, lo tenemos que fortalecer con recursos humanos, con recursos económicos y con tecnologías adecuadas.

Todo esto, para satisfacer el objeto del espíritu del canal, nuestro Canal del Congreso, que es de todos los mexicanos, y se enteren de cómo y qué hacemos en el Congreso de la Unión, por lo que hacemos, y de esta manera lo pedimos, mejorar el trabajo cada día.

Por eso, señores legisladores, y toda vez que se corre el riesgo de perder la concesión que nos fue otorgada y que vencerá el próximo 23 de febrero, solicito su amable apoyo para que este dictamen pueda ser votado a favor y así cumplir con los requisitos que se nos fueron exigidos en dicha concesión.

Posteriormente trabajaremos en el reglamento respectivo dentro del marco y dentro del término que se nos fue fijado, que vence, insisto, el próximo 23 de febrero, podamos contar con todo el andamiaje jurídico necesario para que nuestro canal siga funcionando.

Por su atención, muchas gracias.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias por su intervención, Senador Santana García.

Para hablar en pro del dictamen, se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Casillas Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente.

El dictamen que hoy se pone a discusión y a consideración de los integrantes de esta Asamblea, es derivado de algunas observaciones, algunas modificaciones a la minuta que nosotros enviamos a la Cámara de Diputados y que ha sido regresada para ajustarla.

Sin duda, en este Senado de la República, en esta tribuna, se han generado a lo largo de ésta y otras legislaturas debates muy importantes, se han generado discusiones que, sin duda, dejan en la sociedad, pues, la información necesaria para poder determinar cómo va caminando, cuál es el rumbo que va tomando nuestra nación, y estoy seguro que los debates que aquí se han dado siempre en el marco del respeto, en el marco de lo que realmente necesita nuestro país, y que, sin duda, desde la visión de cada legislador, de cada grupo parlamentario, sin duda tiene mucho que ver con que todos estamos trabajando en un objetivo común, que se llama México.

Por eso, es importante que nuestro órgano de difusión, el Canal del Congreso, el que ha permitido a los legisladores, que los mexicanos y las mexicanas conozcan del trabajo legislativo, pero también que conozcan de posicionamientos, de visiones de Estado, de visiones de país, en las que aquí en esta tribuna, los hemos debatido.

Hoy con este dictamen, sin duda, se da cumplimiento a lo ordenado en la reforma, en la legislación en materia de comunicaciones, porque hay que recordar que hoy por hoy el Canal del Congreso cuenta ya con una concesión, con una concesión de la cual derivan obligaciones importantes.

Ha habido, sin duda, avances significativos, como el contar ya con un Consejo Consultivo que, pues, marca pauta y opina acerca de cómo mejorar todos los aspectos del Canal del Congreso. Contamos ya, también, con un defensor de las audiencias, y también con esta reforma lo que estaremos aprobando es que el Canal del Congreso tenga la autonomía necesaria que establece la legislación en materia de telecomunicaciones.

Estamos hablando de la independencia editorial, de la autonomía de gestión, de la participación ciudadana, de la transparencia y la rendición de cuentas, la defensa de sus audiencias y el pleno acceso a las nuevas tecnologías.

En esto se resume lo que hoy, seguramente con el apoyo de todos nosotros, estaremos aprobando una vez que el Presidente lo ponga a votación.

Para ello, es necesario que la adecuación del modelo administrativo del Canal del Congreso, con base a estos principios de la nueva gestión pública, camine a la modernización, pero, sobre todo, camine al anhelado compromiso que tenemos todos con la transparencia y la rendición de cuentas.

Dotar al Canal del Congreso de la verdadera autonomía técnica y de gestión, es otorgarle al canal la naturaleza de unidad responsable, ejecutora del gasto público federal, y sin delegar facultades y atribuciones a su dirección son, sin duda, elementos que se verán reflejados en un mejor desarrollo y funcionamiento del canal, y esto, a su vez, en sus capacidades para crear una mejor opinión pública y elevar el nivel del debate parlamentario sobre los diferentes temas de interés público y de interés nacional, compromisos naturales que hoy podemos fortalecer con el voto a favor de las compañeras y los compañeros Senadores por una nueva etapa en el Canal del Congreso de la Unión.

Estoy seguro que todos, los que estamos comprometidos con este órgano de difusión al que respetamos, al que queremos, con el que estamos comprometidos, le vamos a dotar de esas herramientas para que se pueda ampliar la cobertura, para que podamos llegar a más mexicanos, para que hoy, quienes precisamente nos están viendo a través de este medio de comunicación público en tiempo real, sin ediciones, sólo lo que tiene que ver con lo que cada quien digamos en esta tribuna.

Por eso mi grupo parlamentario estará votando a favor del dictamen y, obviamente, estaremos esperando el respaldo y el apoyo de todas las Senadoras y de todos los Senadores para votar a favor del Canal del Congreso, pero también votar a favor de la transparencia y rendición de cuentas.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Casillas Romero.

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 79 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el Canal de Televisión. Se remite al Diario Oficial de la Federación.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica Araujo, por favor.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo para solicitarle, atentamente, en la votación anterior no se registró en el tablero mi voto, si pudiera registrarlo de manera íntegra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Con gusto, tome nota la Secretaría del voto de la Senadora Araujo Lara.

¿Es a favor, Senadora?

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Araujo Lara. Tome nota la Secretaría.






Recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día para su trámite.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. El dictamen está disponible en sus escaños.

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN

(Dictamen de primera lectura)



En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Es de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión.

Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, se emitieron 84 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, en materia de fenómenos naturales y pandemia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 5; SE REFORMAN LAS FRACCIONES V, VI, VII, VIII, IX, X, XI DEL ARTÍCULO 12; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el Senador Ismael Hernández Deras, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la iniciativa, nos permitimos someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el día 10 de noviembre de 2016, el Senador Ismael Hernández Deras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.

2. En la misma sesión, la Mesa Directiva turnó la iniciativa con proyecto de Decreto a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y posterior dictaminación.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa propone adicionar como amenazas al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional lo siguiente: los fenómenos naturales perturbadores y pandemia que afecte negativamente el desarrollo nacional; ya que, de acuerdo al representante de esta iniciativa estos temas resultan de vital importancia, debido a que estos fenómenos de carácter natural ponen en peligro la estabilidad y gobernabilidad del Estado y la seguridad de la población. 

El proponente menciona que, de acuerdo a la Ley de Protección Civil, se define como fenómeno natural perturbador a todo aquel agente perturbador producido por la naturaleza ya sean geológicos e hidrometeorológicos. El representante menciona que nuestro país se encuentra ubicado geográficamente dentro de una zona de alta actividad sísmica al igual que nuestro país está sujeto a la influencia frecuente de los ciclones tropicales que se generan en los océanos que lo rodean.

Las grandes repercusiones que generan estos fenómenos durante el impacto que tienen en el territorio son económicas, políticas y sociales. De acuerdo al "Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, aproximadamente 617 municipios están identificados con alto y muy alto índice global de riesgos debido a fenómenos como sismos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones y deslizamientos.

En este sentido, se señala que nuestro país será sede el próximo año de la Plataforma Global para la reducción del Riesgo de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual es el foro mundial más importante en la materia.

Por ello la preocupación de incluir a los fenómenos naturales perturbadores en la Ley de Seguridad Nacional; ya que el representante de la presente iniciativa menciona que es menester de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, emplear medidas y coordinar acciones encaminadas hacer frente a estos fenómenos naturales y los desastres que estos provoquen.

Por otra parte, la propagación de una pandemia es otro riesgo que se pretende incluir dentro de la Ley. Es definida por la Organización Mundial de la Salud: como aquella propagación mundial de una nueva enfermedad. La vimos inmersa en la "pandemia de influenza A(H1N1) la cual abarco un periodo de 16 meses aproximadamente, comprendió del 23 de abril de 2009 al 10 de agosto de 2010, registrando un total de 72,416 casos confirmados a este virus, el 97% de los casos correspondieron al 2009.

Por tal motivo, la presente iniciativa también propone incluir al titular de la Secretaria de Salud al artículo 12 de la misma Ley, para que sea integrante del Consejo de Seguridad Nacional, pues es importante que dicha dependencia contribuya con todos los elementos necesarios en la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos o cualquier tipo de emergencia nacional.

Asimismo, se propone eliminar como integrante del Consejo de Seguridad Nacional al Secretario de Seguridad Publica debido a que dicha Secretaria fue extinguida mediante decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Organiza de la Administración Pública Federal, publicado en el diario Oficial de Federación el 2 de enero de 2013. Con el fin de armonizar y actualizar el marco jurídico del consejo de seguridad nacional.

Finalmente, se destaca que los temas de seguridad nacional, debido a su naturaleza, son de constante movimiento y especial atención.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de estas Comisiones Unidas compartimos la preocupación que el Senador expone en sus motivos para presentar las adiciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Tal y como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el diseño de la política de Seguridad nacional responde a su identificación como una función esencial del Estado y como un derecho fundamental de los ciudadanos. En ese sentido, el concepto jurídico de Seguridad Nacional abarca múltiples objetivos e intereses estratégicos nacionales, como la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; la preservación de la unidad de las partes integrantes de la Federación; la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y el desarrollo económico, social y político del país como ejes en la preservación de la democracia.

Para la seguridad de nuestro país, es preciso identificar, dimensionar y jerarquizar las consecuencias de elementos internos y externos que pueden significar un riesgo o incluso una amenaza para la Seguridad Nacional. Lo anterior con el objetivo de prevenir, o en su caso, mitigar la afectación mediante la coordinación de acciones y medidas políticas presupuestales, sociales o militares que neutralicen o minimicen sus efectos de manera oportuna y eficaz.

Es en ese tenor que, al ampliar el concepto de Seguridad Nacional en el proceso de diseñar las políticas públicas a nivel nacional, la atención de los órganos encargados de velar por ella tendrán la capacidad de atender problemáticas de naturaleza diversa a las que son estrictamente relacionadas con actos violentos que vulneran los derechos fundamentales de la población mexicana. Es por ello que se debe transitar a un modelo de Seguridad Nacional más amplio y de justicia e inclusión social, de combate a la pobreza, de educación con calidad, de prevención y atención de enfermedades, de equilibrio ecológico y protección al ambiente, de promoción del desarrollo económico, social y cultural, así como de seguridad en las tecnologías de la información y la comunicación. Al ampliarlo, el concepto de Seguridad Nacional toma un sentido multidimensional que la refuerza y hace viable el proyecto nacional.

Para cumplir lo anterior, es necesario consolidar el funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional, el cual coordina e instrumenta las políticas, instancias, información, acciones y demás instrumentos jurídicos que contribuyen, mediante el ejercicio de atribuciones y capacidades jurídicas, en la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.

Por otro lado, cada año en nuestro país las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquéllos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el país. Existen condiciones de sismicidad en gran parte del territorio nacional, el impacto de los fenómenos de origen natural o humano, los efectos del cambio climático, los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un riesgo que amenaza la integridad, física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos.

Tal y como lo indica el Senador proponente, al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, los asuntos de Seguridad Nacional, debido a su naturaleza, son de constante movimiento y especial atención. Los asuntos que se tienen que seguir y analizar implican no solo fenómenos generados por el hombre sino también los generados por la naturaleza, y es por ello que resulta de vital importancia incluir dentro de este artículo aquel antagonismo generado por desastres de origen natural o antropogénicos, cuya evolución pudiera poner en entredicho el desarrollo nacional.

Coincidimos en que los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos producen desastres, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta por parte del Estado en las zonas afectadas.

De igual manera, el riesgo de la propagación de una pandemia en nuestro país es un peligro latente. Cabe recordar la pandemia generada por la influenza A(H1N1) el cual abarcó, como lo explica el Senador proponente, un periodo de 16 meses registrando un total de 72,416 casos confirmados a este virus.

Asimismo, la coordinación de las instancias de Seguridad Nacional con el encargado de ejecutar las políticas encaminadas a preservar la salud pública es de especial relevancia, en especial por que estos fenómenos en contra de la salud de la población surgen de manera espontánea generalmente.

La inclusión de las propuestas formuladas en la Iniciativa nos parece de mucha importancia para preservar la Seguridad Nacional y el bienestar de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

DECRETO

ÚNICO.- Se REFORMAN: las fracciones XI y XII del artículo 5; y se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del artículo 12. Se ADICIONA: la fracción XIII al artículo 5; todas de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 5.- …

I. … a la X. …

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y

XIII. Fenómenos naturales perturbadores y pandemias que afecten negativamente el desarrollo nacional.

Artículo 12.- …

I. a la IV. …

V. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

VI. El Secretario de la Función Pública;

VII. El Secretario de Relaciones Exteriores;

VIII. El Secretario de Comunicaciones y Transportes;

IX. El Secretario de Salud;

X. El Procurador General de la República, y

XI. El Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

...

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés de reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

Se inserta intervención de la Senadora María Cristina Díaz Salazar.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de Reglamento para informar de esta votación.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, en materia de fenómenos naturales y pandemia. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de denominación de Órganos Internos de Control.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy para su trámite.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se integre a la agenda del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. El dictamen está disponible en sus escaños.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la omisión de la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Ha quedado de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión. Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés de reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

Informo a la Asamblea que se recibió la participación de la Senadora Martha Tagle, en contra, misma que se registra en el Diario de los Debates.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 82 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeros Senadores: Les solicito no abandonar el Pleno, vamos a tener más de diez votaciones por tablero.






Compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación, en materia de juicio de resolución exclusivo de fondo por vía oral.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy para su trámite.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por el Presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. El dictamen está disponible en sus escaños.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

(Dictamen de primera lectura)



En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la omisión de la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Ha quedado de primera lectura.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se someta a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Se inserta intervención del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés de reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 78 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación, en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo por vía oral. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la discusión de un dictamen la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo por el que se designan como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la ciudadana Ninfa Delia Domínguez Leal y al ciudadano Alberto Manuel Athié Gallo.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

DESIGNACIÓN COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Se encuentra a discusión.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña, por favor.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Atendiendo las recomendaciones de todos los pendientes que tenemos inscritos desde la Mesa Directiva y por ser hoy nuestro último día de sesión del periodo, simplemente quiero mencionar de manera muy breve, la pertinencia de la decisión de la Comisión de Derechos Humanos que nuevamente en estas fechas, como cada año, estamos revisando quienes integran el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Hoy estamos ratificando para un periodo más a una de ellas, que ya había sido elegida, prácticamente el primer año que estuvimos aquí en el Senado, hoy le toca la revisión, y también estamos decidiendo la integración de un nuevo integrante.

Ambos, nos parece, es muy importante que queden en el Consejo Consultivo, se fortalece cada uno en la materia que le distingue y simplemente mencionar que agradecemos a las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos el apoyo a esta decisión que surgió de manera unánime en nuestra comisión, y eso es todo lo que quiero decir.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal. Háganse los avisos correspondientes.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. En consecuencia, se encuentra aprobado el punto de Acuerdo y se designa a la ciudadana Ninfa Delia Domínguez Leal y al ciudadano Alberto Manuel Athié Gallo, como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comuníquese.

En el salón contiguo de este recinto se encuentran los consejeros, por lo que pido a las Senadoras y Senadores: Angélica de la Peña Gómez, Margarita Flores Sánchez, Jorge Aréchiga Ávila, Carlos Manuel Merino Campos, Martha Tagle Martínez, Lucero Saldaña Pérez, Jesús Casillas Romero, Miguel Ángel Chico Herrera y Sofío Ramírez Hernández, los inviten a pasar para la toma de protesta correspondiente.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Si son tan amables en ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ciudadana Ninfa Delia Domínguez Leal y ciudadano Alberto Manuel Athié Gallo: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Ninfa Delia Domínguez Leal y Alberto Manuel Athié Gallo: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señora y señor Consejeros!

Solicito a la comisión designada acompañe a la señora Domínguez y al señor Athié cuando deseen abandonar el salón.






PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Honorable Asamblea, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de salud auditiva.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión.

Se insertan intervenciones de los Senadores Graciela Ortiz González, María Elena Barrera Tapia y Francisco Salvador López Brito.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora María Elena Barrera Tapia: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En virtud de que no hay oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 79 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de salud auditiva. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de accidentes y lesiones.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Está a discusión.

Se insertan intervenciones de los Senadores Graciela Ortiz González y Francisco Salvador López Brito.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al tablero electrónico, se emitieron un total de 80 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de accidentes y lesiones. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I Bis y III del artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificación para fines sanitarios.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I BIS Y III DEL ARTÍCULO 389 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta discusión se llevará a cabo en lo general y en lo particular en un solo acto. Se encuentra a discusión.

Se insertan intervenciones de los Senadores Graciela Ortiz González y Francisco Salvador López Brito.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Toda vez que no hay oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a integrantes de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado Potosino, invitados por nuestra amiga, la Senadora Sonia Mendoza Díaz.

¡Bienvenidos al Senado de la República!



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 75 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I Bis y III del artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificación para fines sanitarios. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo segundo del artículo 51 Bis 1 y se adiciona el artículo 51 Bis 4 de la Ley General de Salud, en materia de intérpretes de lenguas en hospitales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 51 BIS 1 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 51 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Se inserta intervención de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés de reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo segundo del artículo 51 Bis 1 y se adiciona el artículo 51 Bis 4 de la Ley General de Salud, en materia de intérpretes de lenguas en hospitales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Salud, en materia de infecciones nosocomiales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS 1 DEL ARTÍCULO 3o. Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS 1 DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Se insertan intervenciones de los Senadores Graciela Ortiz Gonzalez y Francisco Salvador López Brito.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés de reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Salud, en materia de infecciones nosocomiales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el procedimiento para la selección de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento.



Se encuentra a discusión. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ha sido aprobado el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la selección de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Háganse las publicaciones que se indican en la Base Novena de la convocatoria aprobada.






COMISIÓN PERMANENTE

Para dar cumplimiento a los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá a la elección de los ciudadanos Senadores que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del primer receso del segundo año del ejercicio de la LXIII Legislatura.

Sírvase la Secretaría llamar a los ciudadanos Senadores por orden de lista, a efecto de que pasen a depositar su voto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se solicita a las señoras Senadoras y señores Senadores, en cuanto escuchen su nombre, si son tan amables de pasar a depositar su voto en el ánfora.

Muchas gracias.

(Votación y escrutinio)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al escrutinio de los votos, se emitieron un total de 79 votos en total: 78 a favor de la planilla integrada por:



Asimismo, se registró un voto en contra de la misma plantilla y sus integrantes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En vista del resultado de la votación, esta Presidencia declara que son miembros de la Comisión Permanente para el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, las Senadoras y los Senadores que han sido mencionados. Comuníquese.

Señoras Senadoras y señores Senadores: Estamos por recibir dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, voy a abrir un receso de cinco minutos, les pido que no abandonen el Pleno, estamos por terminar.

Les pido simplemente que no abandonen el salón de plenos.

(Receso)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se levanta el receso.






Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política entregó a esta Mesa Directiva un Acuerdo en relación con la designación del Contralor Interno de la Cámara de Senadores.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Aprobado el Acuerdo por el que se designa al ciudadano Sergio Vázquez García, como Contralor Interno de la Cámara de Senadores.

Para dar cumplimiento a la protesta que exige el artículo 128 constitucional, solicito al personal de apoyo y a nuestros amigos de Servicios Parlamentarios que acompañen al ciudadano Sergio Vázquez García a este Pleno.

(El personal de apoyo cumple)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Solicito a los presentes sean tan amables de ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ciudadano Sergio Vázquez García: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Contralor Interno de la Cámara de Senadores que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Sergio Vázquez García: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Muchas felicidades, señor Contralor!






Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación a la elección de los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral del estado de Nayarit. El Acuerdo está disponible en sus escaños.



Solicito a la Secretaría dé lectura a los Resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo, los cuales pondremos a consideración de la Asamblea en votación económica.

El Resolutivo Primero será resuelto por esta Asamblea a través de una votación por cédula.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los Resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto, señor Presidente.

“SEGUNDO.- La elección de los Magistrados se realizará en una sola votación por cédula a efecto de integrar el correspondiente órgano jurisdiccional electoral del estado de Nayarit.

TERCERO.- En caso de que alguno de los candidatos no reúna la mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el apartado 5º, de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente la nueva propuesta de candidatos, según requiera.

CUARTO.- El nombramiento de quienes resulte electos para integrar el órgano electoral jurisdiccional del estado de Nayarit, se comunicará al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; a los titulares de los órganos de gobierno de la entidad federativa; al Congreso del estado de Nayarit; al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo anterior. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí son aprobados los Resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobados los resolutivos referidos.

Procederemos a la elección por cédula de los Magistrados, como lo dispone la fracción III del artículo 97 del Reglamento del Senado, y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición.

El personal de apoyo les entregará las cédulas de votación, para que pasen a depositar en la urna colocada debajo de este Presídium.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se solicita a las señoras y señores Senadores pasar a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

(Votación y escrutinio)

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, se emitieron un total de 73 votos: 72 a favor de la planilla integrada por: Edmundo Ramírez Rodríguez, por 3 años; José Luis Brahms Gómez, por 5 años; Gabriel Gradilla Ortega, por 5 años; Irina Graciela Cervantes Bravo, por 7 años y Rubén Flores Portillo, por 7 años, como Magistrados del órgano electoral jurisdiccional en materia electoral del estado de Nayarit.

Asimismo, se registró un voto en contra de esta misma planilla.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

En consecuencia, se reúne la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional, por lo que se declara que han sido electos como Magistrados del órgano jurisdiccional local en materia electoral los ciudadanos:

Edmundo Ramírez Rodríguez, por 3 años.

José Luis Brahms Gómez, por 5 años.

Gabriel Gradilla Ortega, por 5 años.

Irina Graciela Cervantes Bravo, por 7 años.

Y Rubén Flores Portillo, por 7 años.

Comuníquense. Los Magistrados que acaban de ser electos serán convocados a rendir su protesta ante la Mesa Directiva de esta Cámara, en próxima fecha.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Informo a la Asamblea que la Secretaría de Gobernación nos remite el documento con el que el titular del Poder Ejecutivo Federal da respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas por los diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores, en relación con el Cuarto Informe de Gobierno sobre el estado general que guarda la Administración Pública Federal. La Asamblea se da por enterada y se instruye remitir la documentación a los grupos parlamentarios. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.








MESA DIRECTIVA

Les informo que la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana autorizó la rectificación de turno al proyecto de Decreto que reforma la Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado el 29 de noviembre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

Asimismo, informo que las proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO</