Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 27 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 32

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Diciembre de 2016

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

APERTURA

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (12:00 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Desde luego, señora Presidenta. Honorable Asamblea, conforme al registro en el sistema electrónico, se encuentran 86 Senadores enlistados.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Se abre la sesión del jueves 8 de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
SEIS DE DICIEMBREDE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y unminutos del díamartes seis de diciembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del treinta de noviembre de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, su informe de actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, su informe Legislativo correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, el informe de su participación en la XXVI Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y del Caribe, realizado en Quito, Ecuador, los días 18 y 19 de octubre de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos:

1) Alejandro García Moreno Elizondo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Angola, República de Benín, Burkina Faso, República de Camerún, República del Congo, República Gabonesa, República de Guinea, República de Guinea Ecuatorial, República de Níger y la República Togolesa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África.

2) Juan Alfredo Miranda Ortiz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Arabia Saudita y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Reino de Bahréin, Sultanato de Omán y la República de Yemen.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

3) Francisca Elizabeth Méndez Escobar, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en los Emiratos Árabes Unidos y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de Iraq.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

4) Daniel Hernández Joseph, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Helénica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Chipre y la República de Moldova.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

5)Julián Ventura Valero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

6) Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, así como Gobernadora ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con sede en Roma, Italia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

7) José Luis Roberto Zapata Barradas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio, con sede en Ginebra, Suiza.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de octubre de 2016; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2016.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social, el Informe Final de la Evaluación de Diseño del programa E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales".- Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 11 y 14 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, en materia de usurpación de identidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de diciembre de 2016.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, elInforme del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de octubre de 2016.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

(Iniciativas)

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se emite una moneda conmemorativa del centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit, para el año 2017.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera lectura.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva informó del retiró de segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Inversión Extranjera, para próxima sesión.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, a nombre de las comisiones. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 80 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Gerardo Sánchez García, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado por 85 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador José de Jesús Santana García, a nombre de las comisiones. En la discusión intervino el Senador Jesús Priego Calva del PRI. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 71votos a favor y 1 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara 2017 como el "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación. La Presidencia de la Mesa Directiva  informó que los textos de las intervenciones delos Senadores Ismael Hernández Deras y Raúl Morón Orozco, se integrarían al Diario de los Debates. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado por 80 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Para presentar los dictámenes de la comisión, hizo uso de la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión de Vivienda. En la discusión intervino el Senador Isaías González Cuevas del PRI. La presidencia de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones dela Senadora Angélica Araujo Lara, a favor de ambos dictámenes, se integrarían al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 77votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

PRESIDE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 79votos a favor. Se remitió ala Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.-Sin discusión, el dictamen fue aprobado por 78 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado:

1. De las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con tres proyectos de Decreto para reformar la Ley General de Salud, en materia de adicciones.

2.De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Sin discusión, los dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de laComisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos; asimismo, exhorta a atender de manera urgente la problemática por la que atraviesan niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo doméstico.

2. Que exhorta a los congresos locales de diversos estados a reformar sus Códigos de Procedimientos Civiles a fin de que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario y con ello se reduzca el tiempo en que las niñas, niños y adolescentes se encuentran sin resolver su situación jurídica.

3. Que exhorta al gobierno del Estado de México a remitir un informe del estado que guardan las investigaciones respecto a las desapariciones de niñas y adolescentes, cuyos hechos estén relacionados con el uso de redes sociales, así como el número real de casos registrados en las dependencias de los diferentes municipios de la entidad en torno a esta recurrencia.

Sin discusión, los tres dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, nueve dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las campañas de prevención, protección y detección temprana de los casos de inmunodeficiencia en la población, principalmente de niñas y niños en todo el país, a fin de tener diagnósticos oportunos y atención adecuada.

2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un informe sobre el número de nacimientos por cesárea y de parto natural en nuestro país.

3. Que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar o, en su caso, fortalecer las acciones tendientes a prevenir accidentes viales relacionados con motocicletas y reducir el número de decesos por esta causa.

4. Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar un registro sobre los pacientes que sean diagnosticados con mielofibrosis, para conocer su incidencia en el país.

5. Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a incorporar en sus programas de salud pública a la muerte súbita, así como alertar e informar a la población sobre las acciones que debe realizar para poder prevenir este padecimiento.

6. Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Sistema de Protección Social en Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fortalecer las acciones de prevención de enfermedades cardiovasculares.

7. Que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a fortalecer las campañas de prevención y atención del consumo de bebidas alcohólicas entre la población adolescente y juvenil, con especial énfasis en las comunidades indígenas y rurales.

8. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas públicas en materia de diabetes gestacional.

9. Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar acciones para asegurar la aplicación de pruebas de tamizaje con marcadores biomoleculares del virus del papiloma humano, a fin de detectar oportunamente el cáncer cérvico uterino en dichas instituciones.

Sin discusión, los nueve dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar soluciones a la problemática de los productores de trigo al norte del país que se ven afectados por la disminución del precio del mercado nacional y el incumplimiento del pago de $3,500 pesos por hectárea cultivada de dicho grano.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y procedimientos necesarios para la ratificación por parte de México del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.- Intervino la Senadora Lucero Saldaña Pérez del PRI. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones dela Senadora Angélica Araujo Lara, sobre ambos dictámenes, se integrarían al Diario de los Debates.

2. Por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de la XXV Cumbre Iberoamericana, celebrada los días 28 y 29 de octubre de 2016, en Cartagena de Indias, Colombia; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual a los Acuerdos alcanzados, particularmente el Pacto Iberoamericano por la Juventud.- Intervino el Senador Esteban Albarrán Mendoza del PRI.

Los dos dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Turismo, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a analizar la ampliación de la oferta gastronómica del estado de Sinaloa dentro de su Programa de Rutas Gastronómicas.- Intervino la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI.

2. Que exhorta a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Turismo del estado de Chiapas a diseñar e implementar los programas necesarios para el aprovechamiento y promoción turística del estado de Chiapas con impacto en la región del Soconusco.- Intervino el Senador Zoé Robledo Aburto del PRD.

Los dos dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de Educación, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reorientar la política dirigida a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes, a fin de eliminar la brecha de exclusión educativa de este grupo poblacional.- Intervinieron los Senadores: Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI; e Hilda Esthela Flores Escalera del PRI.

2. Que exhorta a las Secretarías de Cultura y de Educación Pública y al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a reforzar las acciones de fomento a la lectura.- Intervino el Senador Sofío Ramírez Hernández del PRI, quien también se refirió al de acceso a la educación preescolar.

3. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las entidades federativas a implementar acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional.- Intervino la Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI.

4. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las acciones que garanticen el acceso a la educación preescolar de niñas y niños en edad de cursar dicho nivel educativo.

Los cuatro dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, nueve dictámenes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República solicita adherirse a la iniciativa “Llamado para la democracia paritaria en México”.

2. Por el que se solicita al Instituto Nacional de las Mujeres a continuar con la promoción y fomento de programas y acciones que incorporen a las mujeres a un trabajo digno, así como para elevar su porcentaje en los niveles de educación media superior y superior.

3. Que exhorta al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar, consignar y, en su caso, ejercitar la acción penal correspondiente para los casos de violencia política en contra de mujeres en las entidades federativas.- Intervino la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, quien se refirió al conjunto de dictámenes y en particular a los relativos en materia de violencia política en contra de mujeres.

4. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a considerar en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para el ejercicio fiscal 2017, los derechos, obligaciones y suspensión de los beneficiarios, específicamente hacia las mujeres jornaleras, y dar cumplimiento a su normatividad, incorporando la perspectiva de género.

5. Por el que se solicita al gobierno del estado de Chiapas a informar las acciones que está realizando para detener el acoso y la violencia política contra algunas presidentas municipales en la entidad.

6. Por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán informar las acciones que se han implementado luego de que el pasado mes de junio se emitiera la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en 14 municipios de la entidad.- Intervino la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa del PAN.

7. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a diseñar un mecanismo de información y monitoreo de los delitos que se cometen en contra de las mujeres e informar sobre los resultados de las acciones implementadas desde la entrada en vigor de la alerta de violencia de genero para los municipios de Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

8. Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación a considerar de manera urgente la emisión de alerta de género para el estado de Tamaulipas.

9. Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba a garantizar el principio de paridad de género en la designación de las y los diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Los nueve dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Gobernación, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a llevar a cabo una amplia e integral campaña de difusión relativa a la aplicación de la primera etapa del número de emergencia 911 en 16 entidades federativas, que inició el 3 de octubre del presente; y la segunda etapa en enero de 2017, en el resto de los estados del país.- Intervino el Senador Miguel Ángel Chico Herrera del PRI.

2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la viabilidad de extender la campaña “El mes del Testamento” a un período que, a partir del año 2017, abarque los meses de septiembre y octubre.

3. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a modificar el marco jurídico, para que en procesos electorales se tuviera la posibilidad legal de celebrar los convenios necesarios que permitieran a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, la tramitación de credenciales de elector en nuestras representaciones consulares.

Los tres dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se recibió delas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de primera lectura.

 

Se recibió delas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de primera lectura.

 

Se recibió delas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos 8º y 9º al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus trabajadores.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de primera lectura.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, para la entrega de reconocimientos a los deportistas mexicanos que obtuvieron presea en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica y amplía el plazo para que las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana remitan a la Junta de Coordinación Política las propuestas de los aspirantes a Fiscal Especializado en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción, hasta el 15 de febrero de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó de las ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.

1) Al proyecto de Decreto que reforma la Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado el 29 de noviembre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

2) Al proyecto de Decreto que expide la Ley General para el Acceso, Fomento y Disfrute de la Cultura, presentado el 30 de septiembre de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Cultura; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Octavo Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto que modifica el artículo 173 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República refrenda su apoyo a los migrantes de origen mexicano que radican en los Estados Unidos y manifiesta su compromiso para velar porque se respeten, protejan y salvaguarden sus derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert y Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director de la Comisión Nacional del Agua para que informe sobre el proyecto de regulación hidrológica del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, así como el avance de las obras ya en proceso.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al Día Mundial del SIDA.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con su homóloga del estado de Zacatecas, implemente las medidas necesarias tendientes a reducir el abandono de profesores de las escuelas rurales de educación básica del estado.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a implementar acciones y medidas, con especial énfasis en la concientización y la prevención, a efecto de que la ciudadanía se abstenga de incurrir en conductas de alto riesgo, comunes en las fiestas decembrinas.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por la declaración de emergencia nacional por escasez de agua declarada por los gobiernos del Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las dependencias federales incluidas en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 definir las reglas de operación que garanticen la aplicación sin dilación de los recursos del próximo año, definiendo con precisión los municipios y comunidades indígenas elegibles, de Acuerdo con el catálogo oficial aprobado por el INEGI.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio con la República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar medidas para la protección y seguridad de los usuarios de la carretera y autopista Saltillo-Monterrey.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de Secretaría de Salud, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua a realizar diversas acciones respecto a la contaminación del río Santiago por el agua tratada que descarga la planta de tratamiento El Ahogado en Guadalajara, Jalisco.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en total desAcuerdo con las manifestaciones vertidas en contra de los mexicanos en el extranjero por parte de la Secretaria de la Comisión de Atención a Migrantes de la legislatura del estado de Zacatecas, Diputada Iris Aguirre Borrego, el pasado 23 de noviembre.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a que, en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas, implementen campañas informativas, de asesoría jurídica y asistencia técnica para que los empleadores y trabajadores conozcan sus respectivos derechos y obligaciones respecto al pago del aguinaldo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer las acciones de seguridad pública a fin de salvaguardar la integridad y el patrimonio de los turistas nacionales y extranjeros durante las fiestas decembrinas y de fin de año.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a presentar un pormenorizado sobre los procesos penales y administrativos iniciados en contra de funcionarios públicos federales que de Acuerdo a los respectivos informes de la cuenta pública correspondientes al período 2006-2012, cometieron omisiones e irregularidades en el manejo de los recursos públicos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Voluntarios.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Suelo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Mundial del Suelo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Suelo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial del Suelo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Voluntario.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Aviación Civil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional contra la Corrupción.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la conmemoración y dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veintiséis minutos y citó a la siguiente el jueves ocho de diciembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite los siguientes informes:

De su gira de trabajo a la Federación de Rusia, Finlandia y Georgia, del 24 de junio al 9 de julio de 2016.



Sobre la visita de trabajo a la Novena Sesión Plenaria y las Reuniones de las Comisiones Permanentes y otros órganos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas en Montevideo, Uruguay, del 19 al 22 de septiembre de 2016; y



En su calidad de Presidente de la Delegación Mexicana ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, de la XXI Reunión de dicha comisión, celebrada en Bruselas, Bélgica, los días 17 y 18 de octubre de 2016.







 

Y una, de la Senadora Andrea García García, con la que remite los siguientes informes:

De la gira de trabajo a los Estados Unidos de América, con motivo de las elecciones, el 8 de noviembre de 2016 y



De la 22ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llevó a cabo en Marrakech, Marruecos, del 11 al 14 de noviembre de 2016.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Asimismo, se recibió una comunicación de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de Decreto que modifica un párrafo a los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado en la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2016.

La suscrita Rosa Adriana Díaz Lizama, Senadora de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, numeral 1, inciso c) y 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia, remita solicitud de excitativa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que emita atenta excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales con la finalidad de que dictamine la iniciativa con proyecto de Decreto que modifica un párrafo a los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con fecha 29 de septiembre de 2016 la Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que modifica un párrafo a los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La citada Iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Poder Legislativo Mexicano está conformado según el principio de representatividad, de conformidad con el artículo 40 constitucional que a la letra dice: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México; unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Asimismo, se establece en el artículo 41 que la soberanía se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y por los de los Estados.

En cumplimiento de los artículos anteriores se fundó el sistema de elección del Poder Legislativo en nuestro país a través de un sistema mixto-mayoritario con el propósito de conformar un cuerpo colectivo y plural dentro del Congreso, como está señalado en los artículos 52 y 56 constitucionales.

La Cámara de Diputados está integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria y 200 electos según el principio de representación proporcional. La Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, de los cuales en cada Estado y en la Ciudad de México, 2 son electos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 es asignado a la primera minoría, los 32 senadores restantes serán electos según el principio de representación proporcional.

Cabe mencionar que en 1986 se reformaron los artículos 52 y 56 de la Constitución, la reforma tuvo como principal propósito incrementar el número de diputados que integraba la Cámara baja de 100 a 200 como actualmente se encuentra, entre los principales argumentos que se vertieron destaco la necesidad de equilibrar la participación de las minorías en el Congreso en relación con las mayorías, con el propósito de evitar la polarización de las corrientes ideológicas y la sobrerrepresentación dando voz a los excluidos. En 1993-1996, el senado de la República también incrementó el número de legisladores que lo conformaría pasando de 64 a 128 senadores.

De un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados se desprende que, en general un alto porcentaje (59 por ciento) de la ciudadanía, al ser entrevistada se inclina por señalar que el número de legisladores federales debe disminuir, otros más, que debe mantenerse (26 por ciento) la cantidad establecida y, un disminuido número de ciudadanos considera que deben aumentarse (6 por ciento), los resultados los obtienen de la encuesta que realizaron señalando lo siguiente:

“Ante pregunta cerrada, los ciudadanos aducen cuatro argumentos a favor de una reducción del número de legisladores. Primero, opinan que es muy costoso tener un Congreso Integrado con el actual número de diputados y senadores (47 por ciento) de las respuestas. Segundo, que es difícil que los legisladores se pongan de acuerdo “cuando son muchos” (19 por ciento). En tercer lugar, los entrevistados expresan que, al ser muchos, entre los diputados y senadores siempre existen “algunos muy malos que echan a perder el trabajo” (15 por ciento). Finalmente, el (15 por ciento) de los ciudadanos que favorecen la disminución del número de legisladores consideran que el trabajo de éstos “no sirve a los ciudadanos”.

Cualquier reducción en el número de legisladores en la figura plurinominal per se provocará impactos positivos en toda la cadena del proceso legislativo e incluso en términos presupuestarios. Entre los argumentos que se señalan para la disminución de legisladores en la figura plurinominal destacan: Rompen con el principio del federalismo por ser diputados que representan a los partidos políticos y no a los territorios como los de mayoría y de primera minoría. Favorecen la falta de consensos ya cuerdos entre las diversas fuerzas del Congreso. Resultan ser un alto costo para el erario público.

Se debe atender a la disminución en el número de legisladores plurinominales como algo negativo ya que se reconoce el aporte significativo de éstos en la construcción y fortalecimiento de nuestra democracia, en la medida que se respondió a la necesidad de permitir que las minorías tuvieran representación en el Congreso, aun sin que éstos pudieran alcanzar la mayoría para ganar circunscripciones electorales.

Hoy más que nunca se tiene a bien proponer la disminución del número de legisladores en la figura plurinominal toda vez que la realidad actual ofrece diversas opciones partidistas cada vez menos desproporcionadas en términos de representatividad, hoy en día se goza de clara pluralidad en el Congreso lo que hace viable la disminución de legisladores plurinominales.

Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto le solicito de la manera más atenta dé tramite a la siguiente:

EXCITATIVA

Único.- En los términos de lo dispuesto por los artículos 66, numeral 1, inciso c) y 67 numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia, remita solicitud de excitativa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que emita atenta excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales con la finalidad de que dictamine la Iniciativa con proyecto de decreto que modifica un párrafo a los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Remítase a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Igualmente de la Colegisladora, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Nacional de Procedimientos Penales.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: La Cámara de Diputados nos remite, también, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió también un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite el documento denominado Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios en la Administración Pública Federal 2015.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Remítase a las Comisiones de Derechos Humanos, Para la Igualdad de Género y de Trabajo y Previsión Social.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CONTRALORÍA INTERNA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el informe detallado y ejecutivo semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 2016.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: El informe queda en poder de la Secretaría para consulta de los ciudadanos Senadores y se pondrá a consideración de la Asamblea en la próxima sesión.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.





 

Tiene la palabra quien está en el uso de la voz, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Presentada por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, a nombre propio y de las Senadoras Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Estimadas compañeras y compañeros Senadores. Con su permiso, señor Presidente.

La propuesta de iniciativa que hoy presentamos, tiene la finalidad de adicionar dos párrafos finales al artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, y su finalidad es establecer un mecanismo para el inicio de un procedimiento de infracción en relación con violaciones a derechos de propiedad intelectual y de derecho de autor.

Algunas consideraciones que motiva nuestro proyecto, se basa en la innegable utilidad de las tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo crecimiento en las últimas dos décadas ha sido constante y vertiginoso. Ningún ámbito de la vida cotidiana hoy es ajeno a su influencia y gradualmente se han constituido en un medio de socialización de la información y también en el conocimiento de tan importantes temas, como son la radio, la televisión y el libro.

Las nuevas tecnologías, todos podemos coincidir, han contribuido a establecer nuevos estilos de vida y han creado espacios de intercomunicación entre personas que hace prescindible el encuentro personal. Su influencia se ha dejado sentir en las relaciones personales, culturales, económicas e incluso políticas.

El lenguaje digital ha hecho posible la transmisión de datos, imágenes y sonidos por una misma banda de manera simultánea. Millones de archivos, de todo tipo, transitan a cada segundo en las redes, en la Internet.

La información que se integra, genera, reproduce y se discute en Internet atiende al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los usuarios y cualquier tentación a limitarla se traduciría en la violación a un derecho humano fundamental. Sin embargo, debemos reconocer también y acreditar el amplio margen de soberanía del que gozan los internautas en cuanto al acceso, la consulta, la emisión de opiniones y la autorrepresentación en Internet.

De hecho, hoy día, resulta común la compra de bienes o la contratación de servicios a través de Internet mediante el intercambio de información de personas, que incluye direcciones electrónicas e información bancaria.

Pero no todo lo que ocurre en las redes, también debemos reconocer, es deseable, pero no por ello tampoco es punible. Tal vez regularlo en algunos capítulos muy específicos podría ser motivo de alguna deliberación, es el caso del “sexting”, del “ciberbullying” o del “grooming”, que constituyen prácticas lamentables en las redes para las que aún hoy no contamos con un mecanismo específico para evitarlas y mucho menos para sancionarlas.

Sin duda, esto representa un riesgo que las sociedades han corrido en nombre de la libertad de expresión, aunque ya existen medios jurídicos en algunos países para limitar estas prácticas. No obstante, hay una serie de actividades que ya se realizan en Internet, que han sido acreditadas por la sociedad y que incluyen el desahogo de procedimientos de orden administrativo y de orden judicial.

Son a ellos a los que queremos referirnos, son procedimientos como la facturación electrónica, la presentación de declaraciones fiscales vía Internet, las notificaciones a través del buzón fiscal personalizado, el registro de nombres de dominio, etcétera. Todos estos medios, para iniciar trámites, convocar a consultas e incluso para desahogar pruebas.

El Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 210-A, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Lo anterior establece claramente que no sólo se tiene pleno valor probatorio la información generada, sino también la comunicada por medios electrónicos.

Actualmente, para iniciar un procedimiento de infracción administrativa a cargo de quien ostenta la titularidad de bienes a patente o derecho de autor, deben cubrir una serie de requisitos, entre ellos proporcionar el nombre del probable infractor o de su representante, además de su domicilio y la descripción de los hechos. Sin embargo, las faltas administrativas a los derechos de propiedad intelectual o de derecho de autor, se realizan en las redes por sujetos anónimos, cuyas únicas referencias, en muchos casos, es su dirección electrónica; es decir, el conjunto de caracteres que identifican un apartado postal virtual de una persona.

La idea de la propuesta normativa que hoy presentamos, es precisamente que en los casos en los que las infracciones se realicen a través de Internet, el correo electrónico sea una opción para cubrir los requisitos de notificación para el inicio formal del procedimiento administrativo de infracción.

En el mundo de las nuevas tecnologías, señoras y señores Senadores, donde ocurren millones de eventos a cada instante, se propone que la notificación vía correo electrónico certificado, supla la notificación personal, sólo en los eventos que ocurren en Internet y únicamente respecto de las violaciones a los derechos de propiedad industrial o de derecho de autor.

De ninguna manera, y quiero subrayar, se propone coartar la libertad de expresión o limitar la autorrepresentación en Internet. Se trata solamente de crear un recurso administrativo que permita a los autores y a los inventores proteger su obra y evitar conductas que lesionan la creatividad individual y el talento, y cuya práctica incide directamente en la capacidad de innovación y de creación cultural de los mexicanos.

Es por ello, señor Presidente, que agradeceré incorpore la exposición de motivos y el proyecto de Decreto de manera íntegra en el Diario de los Debates de esta propuesta que las Senadoras Marcela Guerra, Graciela Ortiz y su servidora ponemos a consideración de esta Soberanía.

Muchas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Blanca Alcalá. Sírvase Servicios Parlamentarios tomar nota de la solicitud del Senador Hermosillo y Celada para suscribir la iniciativa anterior. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.





 

Recibimos en la Mesa Directiva la iniciativa del Senador Fernando Yunes Márquez, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por el Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN)

FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANY ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Garantizar la seguridad es una condición indispensable para vivir dentro de un Estado de Derecho, generar las condiciones para que los ciudadanos accedan a mejores condiciones de vida es una obligación de las autoridades en todos los niveles de gobierno.

En ese sentido, el Senado de la República, en sesión extraordinaria de fecha 17 de junio de 2016, aprobó el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 21 Constitucional, y se reforman los artículos 73, fracción XXIII; 76, fracción ll; 115; 116; y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública. En el referido artículo 21, se establece lo siguiente:

“…La seguridad pública es una función a cargo del Estado que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva y la sanción de las infracciones administrativas, y tiene como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y la ley general en la materia. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, subsidiariedad, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

A su vez,  las fracciones VI y VII del mismo artículo establecen que:

“… VI. Las reglas para la actuación de las instituciones policiales conforme a protocolos homologados de actuación y operación, incluido el uso legítimo de la fuerza; equipamiento, y demás aspectos que permitan construir capacidades en todo el país para la eficaz función policial.

VII. La actuación de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno con base en los criterios de coordinación que establezca la ley general de la materia. La misma preverá los casos de excepción en que las instituciones policiales de las entidades federativas actuarán bajo el mando de las federales y en que las municipales lo harán bajo el mando de las estatales o federales, a fin de asegurar la eficacia de la función policial y los fines de la seguridad pública.”

Es importante mencionar que los textos anteriormente descritos, lograron un amplio respaldo de todos los grupos parlamentarios, encontrándose dicha minuta a la consideración de la H. Cámara de Diputados.

Sin demérito de que esperamos el desenlace del proceso legislativo de la citada minuta de reformas constitucionales en materia de seguridad pública, se debe señalar que el vigente párrafo noveno del artículo 21 Constitucional, prevé que la “actuación de las instituciones de seguridad pública, se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución”.

Al tiempo que en la fracción XXIII del artículo 73 Constitucional se otorgan facultades al Congreso de la Unión para legislar en torno a las bases de coordinación de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública. En este sentido, con objeto de impulsar un mejor desempeño de las funciones de seguridad pública, es menester impulsar la presente iniciativa relacionada con la instalación de puestos de control y revisión vehicular, mejor conocidos como “retenes”, que sin duda, constituyen una de las principales acciones para cumplir con estos objetivos y son una medida implementada por la Federación, en coordinación con los tres niveles de gobierno, por medio de la cual, las fuerzas federales acotan la presencia de las organizaciones criminales y dificultan su operación.

Sin embargo, debemos reconocer que este mecanismo de control ha generado descontento por parte de la ciudadanía, pues es una medida que adolece de reglas claras para la implementación y de un sinnúmero de abusos cometidos por los elementos de seguridad pública hacia la ciudadanía. Por mencionar algunos ejemplos, la falta de identificación por parte de las autoridades o la documentación oficial que justifique la instalación de punto de revisión y control vehicular, han provocado que los derechos de los ciudadanos se vean gravemente afectados, al no ser un procedimiento que esté debidamente regulado.

Actualmente, los puntos de revisión carreteros operan bajo un alto índice de discrecionalidad, lo cual los vuelve ineficaces; además, sobre estos operativos pesa un alto índice de percepción de violaciones a los derechos humanos, desconfianza ciudadana, pérdida de tiempo y en general, constituyen un proceso que resulta molesto, invasivo y causa incomodidades para las personas que tienen la necesidad de transitar en el tramo donde se localiza el punto de revisión respectivo; incluso, es una estrategia que ha provocado una percepción de mayor inseguridad por parte de los ciudadanos.

En este contexto, se estima necesario proponer la reformas y adiciones necesarias a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de establecer un protocolo homologado para los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, en torno a formas de actuación, operación y equipamiento para los puntos de control y revisión vehicular con el propósito de lograr que la ciudadanía comprenda que estos operativos tienen por objeto salvaguardar los derechos de los ciudadanos y de manera paralela combatir a las organizaciones delictivas.

En el siguiente cuadro comparativo, se detallan las modificaciones de la propuesta de reforma y adición a la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Dice

Debe decir

ARTÍCULO 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:
I. al IX. …

X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;

 

 

 

ARTÍCULO 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:
I. al IX. …

X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública, dando cumplimiento a los protocolos homologados de actuación y operación, incluido el uso legítimo de la fuerza; equipamiento, y demás aspectos que permitan construir capacidades en todo el país para la eficaz función policial en los términos que señale el reglamento en la materia;

ARTÍCULO 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

I. al X. …

XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;

 

XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

ARTÍCULO 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

I. al X. …

XI. Utilizar los protocolos de investigación, protocolos homologados para puntos de revisión y control vehicular y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;

XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública siguiendo los protocolos homologados para puntos de revisión y control vehicular, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda.

ARTÍCULO 41.-Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

I. al VII

VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

 

IX, X. …

XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.

ARTÍCULO 41.-Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

I. al VII

VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales siguiendo los protocolos homologados para puntos de revisión y control vehicular, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
IX, X. …

XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas, administrativas aplicables y, en el caso de puntos de revisión y control vehicular, con base en los protocolos homologados.

 

Artículo 43 Bis.- La Federación y las entidades federativas establecerán en las disposiciones legales correspondientes, que los integrantes de las Instituciones Policiales deberán seguir los protocolos homologados de actuación y operación, incluido el uso legítimo de la fuerza; equipamiento, y demás aspectos que permitan una eficaz función policial. Dichas disposiciones contendrán al menos lo siguiente:

I. Establecer los criterios mínimos para la implementación de los operativos;

II. Determinar los protocolos de actuación y procedimientos relativos a:

a) La selección de conductores;

b) Revisión de vehículos automotores;

c) Integración del comando, y;

d) Los demás que determine la autoridad competente;

III. Definir los lineamientos para que cada operativo esté fundado y motivado con una orden administrativa, emitida por la autoridad competente;

IV. Dotar a los puntos de control de mecanismos de video vigilancia y grabación de los procedimientos de revisión;

V. Crear una cartilla con información básica que sea entregada de forma obligatoria al conductor, donde se explique lo siguiente:
a) El procedimiento a seguir durante la revisión;

b) La información e identificación de los elementos policiales que realizan la revisión, conforme a lo establecido por el artículo 42 de esta ley;

c) Los derechos y obligaciones del conductor y sus acompañantes durante el operativo.

VI. Promover las medidas necesarias para generar confianza en el ciudadano, teniendo como base la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y el derecho a una vida libre de violencia;

VII. Las demás que disponga la autoridad competente y que establezcan las disposiciones legales aplicables.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitirá el reglamento que establecerá las atribuciones y articulación del protocolo homologado en los puntos de revisión y control vehicular.

Ahora bien, es importante mencionar que diversas instituciones federales han hecho esfuerzos por documentar, sistematizar y estandarizar sus procedimientos en materia de seguridad pública y específicamente para puntos de revisión vehicular. Sin embargo, es fundamental la homologación de los puntos de control y revisión vehicular en todos los órdenes de gobierno que permita a las policías municipales, de la Ciudad de México, estatales y fiscalías de todo el país, actuar bajo los requerimientos mínimos de     eficacia, eficiencia, seguridad y certidumbre en la instalación e implementación de estos puntos, estableciendo áreas de competencia en el tema y la coordinación entre instituciones.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados en el proemio de la presente iniciativa, se somete al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO UNICO.- Se reforman: el artículo 7, fracción X; artículo 40, fracciones XI y XII; artículo 41, fracción VIII y último párrafo; y se adiciona el Artículo 43 Bis, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

I. al IX. …

X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública, dando cumplimiento a los protocolos homologados de actuación y operación, incluido el uso legítimo de la fuerza; equipamiento, y demás aspectos que permitan construir capacidades en todo el país para la eficaz función policial en los términos que señale el reglamento en la materia;

ARTÍCULO 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

I. al X. …

XI. Utilizar los protocolos de investigación, protocolos homologados para puntos de revisión y control vehicular y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;

XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, siguiendo los protocolos homologados para puntos de revisión y control vehicular, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

ARTÍCULO 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

I. al VII

VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales siguiendo los protocolos homologados para puntos de revisión y control vehicular, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

IX, X. …

XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas, administrativas aplicables y en el caso de puntos de revisión y control vehicular, con base en los protocolos homologados.

Artículo 43 Bis.- La Federación y las entidades federativas establecerán en las disposiciones legales correspondientes, que los integrantes de las Instituciones Policiales deberán seguir los protocolos homologados de actuación y operación, incluido el uso legítimo de la fuerza; equipamiento, y demás aspectos que permitan una eficaz función policial. Dichas disposiciones contendrán al menos lo siguiente:

I. Establecer los criterios mínimos para la implementación de los operativos;

II. Determinar los protocolos de actuación y procedimientos relativos a:

a) La selección de conductores;

b) Revisión de vehículos automotores;

c) Integración del comando, y;

d) Los demás que determine la autoridad competente.

III. Definir los lineamientos para que cada operativo esté fundado y motivado con una orden administrativa, emitida por la autoridad competente;

IV. Dotar a los puntos de control de mecanismos de video vigilancia y grabación de los procedimientos de revisión;

V. Crear una cartilla con información básica que sea entregada de forma obligatoria al conductor, donde se explique lo siguiente:

a) El procedimiento a seguir durante la revisión;

b) La información e identificación de los elementos policiales que realizan la revisión, conforme a lo establecido por el artículo 42 de esta ley;

c) Los derechos y obligaciones del conductor y sus acompañantes durante el operativo.

VI. Promover las medidas necesarias para generar confianza en el ciudadano, teniendo como base la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y el derecho a una vida libre de violencia;

VII. Las demás que disponga la autoridad competente y que establezcan las disposiciones legales aplicables.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitirá el reglamento que establecerá las atribuciones y articulación del protocolo homologado en los puntos de revisión y control vehicular.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá reformar el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para adecuarlo a las disposiciones del presente Decreto, en un plazo no mayor a 180 días posteriores a su entrada en vigor.

TERCERO.- Las legislaturas de las entidades federativas realizarán las reformas a las leyes que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. Durante los 180 días posteriores a la entrada en vigor de las disposiciones legales locales aludidas, el Ejecutivo local y, en su caso, los Ayuntamientos, harán las adecuaciones pertinentes a las normas reglamentarias de su competencia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente

Sen. Fernando Yunes Márquez.





 

Se concede la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 143 y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 143 Y 206 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, compañero y amigo señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como ustedes saben, el pasado mes de octubre diversas organizaciones internacionales le otorgaron a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el primer lugar en la Clasificación Global del Derecho a la Información que evalúa el marco jurídico general en materia de transparencia en 112 países.

Sin duda, la expedición de esta ley, el año pasado representó un importante avance para la consolidación de la transparencia en el ejercicio de la función pública en nuestro país, lo que hoy por hoy es una de las principales exigencias de las y de los mexicanos; sin embargo, es claro que una buena ley no es suficiente por sí sola para acabar con los problemas de opacidad.

Uno de los grandes retos que tenemos por delante, es poner fin a la arraigada concepción patrimonialista de los servidores públicos sobre los asuntos públicos.

Por ejemplo, recuerdo que cuando discutimos y aprobamos la ley, teníamos conciencia de las resistencias que muchos de los servidores públicos opondrían en el plazo inmediato. Por ello, previmos mecanismos para hacer exigible el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Uno de ellos es el recurso de revisión, ante la vulneración al derecho de acceso a la información por parte del sujeto obligado, tenga o no el carácter de servidor público, se prevé la posibilidad de que el solicitante impugne la resolución a través de dicho recurso, mismo que será sustanciado ante los organismos garantes nacional o de las entidades federativas, según sea el caso.

Sin embargo, entre las causales por la que procede el recurso de revisión previstas en el artículo 143, no se contempla el caso de que el sujeto obligado haga entrega al solicitante de información falsa, hipótesis que implicaría que el sujeto obligado simule cumplir a cabalidad sus obligaciones de transparencia, cuando en realidad las evade y en tal hipótesis se deja en indefensión al solicitante.

Y por eso en ese sentido, el artículo 206 de la propia Ley General señala las causas de sanción por incumplimiento de obligaciones de transparencia, que deberán prever tanto la Ley Federal como las entidades federativas, entre las cuales tampoco se contempló la entrega dolosa de información falsa por parte de los sujetos obligados.

Por tal razón, compañeras y compañeros, la presente iniciativa tiene como propósito que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevea como causal de procedencia del recurso de revisión la entrega de información falsa, y que cuando tal conducta sea cometida de manera dolosa sea motivo de sanción por incumplimiento de obligaciones de transparencia.

Cabe aclarar que con esta propuesta no se sanciona la entrega de información falsa cuando la conducta no sea dolosa, es decir, cuando a través de recurso de revisión se acredite que el servidor público desconocía la información de la que hizo entrega fuese falsa en su totalidad o en alguna de sus partes y por lo tanto haya obrado de buena fe al entregarla.

Espero, compañeras y compañeros, que esta iniciativa que tiene por objeto fortalecer el derecho de las y de los ciudadanos, acceso a la información, encuentre el respaldo necesario para su aprobación.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 143 Y 206 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PARA PREVER LA ENTREGA DE INFORMACIÓN FALSA COMO HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El fin último de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, es la de transparentar plenamente el ejercicio de la función pública, reconociendo la obligación de transparencia de los sujetos obligados como la contraparte del derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

Sin duda, su expedición representó un importante avance para la consolidación de la transparencia en el ejercicio de la función pública en nuestro país, que hoy por hoy es una de las principales exigencias de las y los mexicanos.

Con el fin de garantizar plenamente el derecho de acceso a la información del ciudadano, se establecieron mecanismos mediante los cuales el ciudadano puede acudir ante los sujetos obligados en busca de información y éstos quedan obligados a proporcionarla en los términos señalados en el propio ordenamiento, salvo en los casos de excepción expresamente previstos.

En ese sentido, dicho ordenamiento señala que la información sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, así también que no se podrá clasificar como reservada información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad y que el ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización.

Tales prescripciones, junto muchas otras, colocan a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como una herramienta de avanzada. Tan es así, que el pasado mes de octubre diversas organizaciones internacionales le otorgaron el primer lugar en la Clasificación Global del Derecho a la Información (Global Right to Information Rating), que evalúa el marco jurídico general en materia de transparencia de 112 países.

Sin embargo, es claro que una buena ley no es suficiente por sí sola para acabar con los problemas de opacidad en nuestro país. Uno de nuestros grandes retos que tenemos por delante, es poner fin a la arraigada concepción patrimonialista de los servidores públicos sobre los asuntos de su competencia. En ese sentido, debemos avanzar en una cultura de legalidad y transparencia, que seguramente tardará mucho tiempo, tal vez generaciones enteras, en echar raíces.

De igual forma, será necesario hacer un gran esfuerzo a nivel de las entidades federativas, en donde radican gran parte de nuestros rezagos en materia de transparencia y donde dichas concepciones patrimonialistas son profundamente arraigadas.

Conscientes de esa problemática y de las resistencias que previsiblemente muchos servidores públicos opondrían al cumplimiento de esta Ley en el inmediato plazo, las Cámaras del Congreso de la Unión previeron mecanismos para hacer exigible el cumplimiento por parte de los sujetos obligados. Es así que, ante la vulneración al derecho de acceso a la información del solicitante por parte del sujeto obligado, tenga o no el carácter de servidor público, se prevé la posibilidad de que dicho solicitante impugne la resolución a través del recurso de revisión, mismo que se sustanciará ante los organismos garantes nacional o de las entidades federativas, según sea el caso.

Para tal efecto, el artículo 143 establece los casos en los cuales procederá dicho recurso, destacando aquellos que tienen que ver con entregas de información  incompletas, inaccesibles, así como conductas de carácter omisivo o evasivo por parte de los sujetos obligados.

Sin embargo, entre las trece fracciones que integran el artículo 143, no se contempla el caso de que el sujeto obligado haga entrega al solicitante de información falsa, hipótesis que implicaría que el sujeto obligado simule cumplir a cabalidad sus obligaciones de transparencia, cuando en realidad las evade y, en tal hipótesis se deja en indefensión al solicitante, toda vez que las causales de procedencia del recurso de revisión están expresamente señaladas en dicho precepto.

Si bien la obligación de transparencia de todo sujeto obligado conlleva de manera implícita el deber de proporcionar información que sea veraz, también es cierto que la Ley General es omisa en establecer la posibilidad expresa de que el solicitante impugne la entrega de información falsa.

En el mismo orden de ideas, el artículo 206 de la propia Ley General señala las causas de sanción por incumplimiento de obligaciones de transparencia que deberán prever tanto la Ley Federal como las de las Entidades Federativas, entre las cuales tampoco se contempló la entrega dolosa de información falsa por parte de los sujetos obligados.

Ante las omisiones en los artículos 143 y 206, nos encontramos en la posibilidad de que el sujeto obligado proporcione información falsa al solicitante, lo que como ya se señaló, constituye un claro incumplimiento de sus obligaciones de transparencia, pero además coloca en estado de indefensión al solicitante, quien se ve imposibilitado para interponer el recurso de revisión, haciéndose así nugatorio su derecho de acceso a la información, con independencia de que la actuación del sujeto obligado haya sido dolosa o involuntaria.

Ahora bien, en caso de que dicha conducta haya sido probadamente dolosa, la propia omisión de la Ley impediría la imposición de una sanción, toda vez que ninguna de las hipótesis del artículo 206 serían aplicables y es de explorado derecho que no puede imponerse sanción por analogía, provocando así la impunidad para el servidor público que evada su obligación de transparencia mediante la entrega dolosa de información falsa.

Por tal razón, la presente iniciativa tiene como propósito que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevea como causal de procedencia del recurso de revisión la entrega de información falsa, sin importar si ésta se realiza de manera dolosa o no.

De igual manera, se propone que la entrega de información falsa de manera dolosa por parte del sujeto obligado, constituya una causa de sanción por incumplimiento de obligaciones de transparencia, de manera que tanto la Ley Federal como las de las Entidades tengan la obligación de prever la hipótesis y su correspondiente sanción. Cabe aclarar que, en este caso, no se sanciona la entrega de información falsa cuando la conducta no sea dolosa, es decir, cuando a través del recurso de revisión se acredite que el servidor público desconocía que la información de la que hizo entrega fuese falsa en su totalidad o en alguna de sus partes y, por tanto, haya obrado de buena fue al entregarla.

Es necesario subrayar que las propuestas a ambos artículos no solamente implican la subsanación de una omisión por parte del Congreso, sino además conllevan tanto la protección del derecho de acceso a la información a través de la previsión de una causal específica, como la sanción en caso de su incumplimiento, con lo que se pretende lograr su estricta observancia por parte de todo sujeto obligado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 143; las fracciones XIV y XV del artículo 206; se adicionan una fracción XIV al artículo 143 y una fracción XVI al artículo 206, todos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de:

I. a XI.

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;

XIII. La orientación a un trámite específico, o

XIV. La entrega de información falsa en su totalidad o en alguna de sus partes.

Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes:

I. a XIII.

XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por los Organismos garantes;

XV. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus funciones, o

XVI. Entregar dolosamente información falsa en su totalidad o en alguna de sus partes.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Sen. Benjamín Robles Montoya.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede la palabra a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 122 constitucional y se deroga el Artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto en Materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, del 29 de enero de 2016.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE DEROGA EL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 29 DE ENERO DE 2016

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señora Presidenta.

Además, quería solicitar su venia para presentar en este mismo turno otra iniciativa que tengo inscrita para el día de hoy.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con mucho gusto, adelante.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Uno de los principales objetivos de la reforma política de la Ciudad de México, publicada el 29 de enero del presente año en el Diario Oficial de la Federación, fue la necesidad de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía o por lo menos así se planteó.

Armonizando, en relación con lo que garantizan para el resto de las entidades integrantes del pacto federal, en lo concerniente a la organización de su régimen interno en la integración de sus órganos de representación y gobierno.

En ese tenor, la presente iniciativa que reforma la fracción III del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, tiene por objetivo, armonizar y hacer congruentes las disposiciones que en esta materia establece la fracción I del artículo 116 y las que corresponden al artículo 122, fracción III.

El artículo 116 constitucional señala en la fracción I, segundo párrafo que:

“Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo”.

En este caso, sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos al día de la elección.

En dicho artículo, como se puede apreciar, solo se establece como impedimento para ser gobernador, haber ocupado el mismo cargo con anterioridad a través de un proceso electivo, no estando en este supuesto, quienes lo hubieren hecho por designación de manera interina, como provisional o como encargado de despacho, siempre y cuando no se trate del periodo inmediato anterior.

Debido a que 29 de las constituciones del estado, tienen una armonización respecto al texto de este mismo artículo 116, es menester eliminar todo tratamiento diferente para situaciones iguales, siendo constitucionalmente justo y adecuado la aplicación de los mismos supuestos jurídicos aplicables para el resto de los integrantes del pacto federal.

Con base en lo anterior, se da cuenta que los estados permiten a los ciudadanos que ocuparon el cargo de gobernador sustituto, designado, interino, provisional a ser electos para un periodo posterior, siempre y cuando no sea el inmediato y sólo se establece impedimento para quienes hubieran ocupado ese cargo a través de una votación directa, secreta y universal.

A diferencia de lo anterior, sin justificación de carácter constitucional, jurídica o doctrinal, el artículo 122 constitucional establece para la Ciudad de México supuestos diferentes a los que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las constituciones estatales establecen para el resto de las entidades federativas y, con ello, para el resto de los ciudadanos de la República, por lo que existe una inequidad en el tratamiento a una de las entidades federativas y por lo tanto una afectación a los derechos políticos activos y pasivos de los habitantes de la Ciudad de México.

De aceptarse este criterio, en consecuencia, el texto del Décimo Quinto Transitorio de la reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicada en enero pasado, ya no tendría ninguna justificación constitucional porque en congruencia con lo anterior, tendrían que aceptarse los mismos criterios y supuestos que los contenidos en la reforma al artículo 122 constitucional.

Al armonizar los supuestos constitucionales en esta materia, se permitirá que la Constitución de la Ciudad de México desarrolle tal y como lo mandata el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, los requisitos que deberá reunir a quien aspire a ocupar la titularidad del Ejecutivo Local, en el marco de la autonomía que se le confiere a esta entidad federativa, pero incorporando la experiencia y la normatividad que el resto de las entidades federativas han desarrollado en sus respectivas constituciones estatales.

En suma, con esta iniciativa lo que se busca es que quienes han ocupado o puedan ocupar, en lo sucesivo, el cargo de interino o provisional de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México puedan volver a ser candidatos y postularse a ese cargo por mayoría, poniendo la condición de que no sea en un periodo inmediato a cuando ellos hayan ejercido ese cargo de manera interina o sustituta.

Es lo que se le había conocido justamente como la cláusula “Camacho” cuando se buscó limitar la posibilidad de que él accediera a ese cargo por la vía de elección popular, y que me parece a estas alturas anacrónicas y justamente se trata de generar los mismos derechos para todos los ciudadanos que habitamos en esta Ciudad de México.

Por otra parte, quiero presentar a esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo a un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, las y los mexicanos son quienes más horas trabajaron durante el 2015 al laborar 2246 horas en todo el año, un aumento del .8 por ciento en comparación con el 2014; en tanto que en Alemania las personas pasan menos tiempo en oficinas al dedicar sólo 1,371 horas por debajo del promedio de la OCDE.

Esto significa que en México se trabaja 480 horas más o el equivalente a 60 días de trabajo con jornadas de 8 horas, más que el promedio de la OCDE, que es de 1766 horas al año.

Empero, las amplias y exhaustas jornadas de trabajo no impactan de manera proficua a los hogares mexicanos, hoy la gente trabaja más, pero le alcanza menos.

Ésta es una arista del modelo laboral mexicano que en palabras del especialista en derecho laboral, Arturo Alcalde, puede definirse como “monstruoso”, debido a que las contrarreformas que han desmantelado el régimen de protección de los derechos de los trabajadores del país.

Uno de los fenómenos que en años recientes se ha visibilizado al interior de los centros de trabajo, es el mobbing.

En México el mobbing es un tema que ha cobrado relevancia a partir de la década del siglo XXI. Las primeras obras escritas que lo toman como objeto de estudio aparecen en el año 2007, a través de investigaciones de corte antropológico.

Para algunos autores y organismos internacionales, el anglicismo puede ser equiparable al acoso moral, para otros es igual al concepto de acoso psicológico, y para otros más el término compuesto de acoso laboral lo define.

La Organización Mundial de la Salud ha dado grado de pandemia al ser causante de varios suicidios, definiéndolo como una situación de violencia o acoso recurrente dirigida hacia un trabajador o trabajadora con la intención de aislarlo de un grupo laboral; sus principales características son las conductas crueles y hostiles que se convierten en tortura psicológica para la víctima.

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 12 millones de personas padecen mobbing en el mundo, mientras en Europa está catalogado como riesgo laboral y es considerado una epidemia.

A nivel internacional se han realizado esfuerzos para eliminar comportamientos que generen violencia en el lugar de trabajo, debido a la alza de incidentes de tipo emocional o psicológica, ya que existen pruebas que sugieren que la exposición a dichos incidentes, especialmente cuando es por tiempo prolongado, tiene efectos perjudiciales para la salud y el bienestar de la víctima; en segundo lugar, porque la violencia psicológica en el lugar de trabajo es más frecuente que la violencia física.

El 28 de abril de 2016, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo centró su informe en las tendencias mundiales sobre el estrés relacionado con el trabajo y su impacto, por eso esta iniciativa busca, efectivamente, atender este problema.

Y por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, adicionar un inciso c) al artículo 3o. Bis, definiendo al acoso laboral como aquellos comportamientos y actitudes violentas que se ejercen de manera sistemática por un grupo o colectivo hacia una persona, independientemente del nivel jerárquico que ocupen, causando estado de indefensión y vulnerabilidad, que repercute en la salud física y mental de la víctima, obligándola en ocasiones a la renuncia o, lo que es peor a veces, al suicidio.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

La Suscrita, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  Y SE DEROGA EL DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 29 DE ENERO DE 2016, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la norma fundamental que rige jurídicamente al país, la cual define las relaciones entre los poderes de la federación; poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres niveles de gobierno; asimismo, establece las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta.

El pasado 29 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la  Ciudad de México.

Dicha reforma, en su Artículo 122 Fracción III señala: El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad, será electo por votación, universal, libre, secreta y directa y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del ejecutivo local designado o electo en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino provisional, sustituto o encargado del despacho.

….

Asimismo, en el Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México del 29 de enero de 2016establece que los ciudadanos designados o electos, en ningún caso y por ningún motivo podrán ocupar nuevamente el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado de despacho.

Con un criterio diferente a lo que se establece en esta materia para la Ciudad de México, el artículo 116 Constitucional, donde seestablecen las bases que deberá tener los  poderes de los Estados de la República, señala que:

Artículo 116.- El poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación.

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo.

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco añosinmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.

En dicho artículo, como se puede apreciar, solo se establece como impedimento para ser Gobernador, haber ocupado el mismo cargo con anterioridad a través de un proceso electivo, no estando en este supuesto, quienes lo hubieran hecho por designación de manera interina, como provisional o como encargados del despacho, siempre y cuando no se trate del periodo inmediato anterior.

En el mismo sentido, las Constituciones de  29  estados tienen una armonización respecto al texto del mismo artículo 116, como se puede observar a continuación:

Constituciones de los Estados

Aguascalientes

Capítulo X
Del Poder Ejecutivo

Artículo 39.- El ciudadano que hubiere ocupado el cargo de Gobernador Provisional o Interino, o aquél que bajo cualquier denominación supla las faltas temporales del Gobernador; así como el ciudadano que con el carácter de Gobernador Sustituto supla la falta definitiva del Gobernador, no podrá ser electo o designado como Gobernador en cualquiera de sus formas, si no han trascurrido dos años de que cesó en sus funciones.

Artículo 40.- No podrá ser electo Gobernador para el período inmediato, el ciudadano que haya desempeñado ese cargo por designación distinta a la de elección popular

Baja California

Capítulo I
Del Poder Ejecutivo

Artículo 43.- Los impedimentos para volver a ocupar el cargo de Gobernador son los que consigna el Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Baja California Sur

Capítulo II
Del Poder Ejecutivo

Artículo 78.- El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

Asimismo, no podrá ser electo para el período inmediato el Gobernador sustituto Constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del Constitucional, aun cuando tengan distinta denominación.

Tampoco podrá ocupar el cargo para el período inmediato, el Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que bajo cualquier denominación supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en forma ininterrumpida los dos últimos años del período.

Campeche

Capítulo XV
Del Poder Ejecutivo

Artículo 68.- El ciudadano electo para substituir al Gobernador Constitucional en el caso de falta absoluta de éste, no podrá ser electo gobernador para el período inmediato.

El ciudadano que hubiese sido designado gobernador provisional en el caso de falta absoluta de gobernador, no podrá ser electo para el período inmediato, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.

Coahuila

Título Segundo

De los Poderes Públicos

Capítulo I.
Del Origen y División del Poder

Artículo 30.- El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, substituto o encargado del despacho.

Nunca podrán ser electos para el período inmediato, el Gobernador substituto o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, independientemente de la denominación que se le dé; así como el Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que bajo cualquiera denominación, sea nombrado para cubrir faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.

Colima

Título IV
Capítulo I

Del Poder Ejecutivo.

Artículo 54.- El Gobernador del Estado cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

 a) El Gobernador sustituto constitucional o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del Constitucional, aun cuando tenga distinta denominación.

b) El Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.

Chiapas

Capítulo I
Del Gobernador del Estado

Artículo 38.- Para ser Gobernador, se requiere:

VII.-No haber ocupado en el periodo inmediato anterior el cargo de Gobernador provisional, interino o sustituto.

Chihuahua

Título VIII
Del Poder Ejecutivo

Capítulo I

Del Gobernador del Estado

Artículo 90. Nunca podrá ser electo para el período inmediato el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Gobernador Provisional, el de Gobernador Sustituto o el que haya sido designado para concluir el período en caso de falta absoluta del Gobernador Constitucional cualquiera que sea el nombre con que se le designe. Tampoco podrá ser electo para el período inmediato, el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Gobernador con el carácter de Interino, o el que lo haya asumido por ministerio de ley, o con cualquiera otra denominación, durante los dos últimos años del período que precede al nuevo período constitucional.

Durango
Capítulo V

Del Poder Ejecutivo

Sección primera

De la elección y requisitos

Artículo 89.- Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en una sola persona que se denominará Gobernador del Estado. El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo; ni aún con el carácter de interino, provisional o substituto. La persona que haya sido Gobernador del Estado interino, sustituto o provisional, no podrá ocupar la gubernatura en el período inmediato, con ningún  carácter.

Guanajuato

Capítulo Tercero
Del Poder Ejecutivo

Sección Primera
Del Gobernador del Estado

Artículo 70. El Gobernador del Estado, cuyo origen sea el de elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de Interino, Provisional, Sustituto o Encargado del Despacho. No podrán ser electos para el período inmediato el Gobernador Sustituto, el Interino, el Provisional o el ciudadano que por Ministerio de Ley y bajo cualquier denominación supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.

Guerrero

Sección II

Estatuto Jurídico del Gobernador

Artículo 81. El mandato del Gobernador será de seis años improrrogables.

1. El Gobernador cuyo origen sea la elección popular no podrá volver a ocupar ese cargo bajo ningún carácter;

2. El Gobernador sustituto, o aquel que se designe para concluir el período en caso de falta absoluta no podrá ser electo para el periodo inmediato; y,

3. El Gobernador interino, provisional, o el ciudadano que bajo cualquier denominación supla las faltas temporales del Gobernador, no podrá ser electo para el periodo inmediato, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del período.

Hidalgo

Capítulo II
Del Poder Ejecutivo

Sección I
Del gobernador

Artículo 64.- Para suplir las faltas temporales del Gobernador no mayores de 6 meses, el Congreso del Estado nombrará un Gobernador Interino. En caso de darse la solicitud de licencia estando en receso el Congreso, la Diputación Permanente convocará de inmediato a una sesión extraordinaria del Congreso, para cumplir esta finalidad.

El Gobernador del Estado, electo popular, ordinaria o extraordinariamente, en ningún caso y por ningún   motivo, podrá volver ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de Interino, Provisional, Sustituto o Encargado del Despacho. Tampoco podrá ser electo Gobernador Constitucional, el ciudadano que hubiere  sido designado Gobernador Interino, Provisional o Sustituto. Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

 A).- El Gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;

B).- El Gobernador Interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualesquiera denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del período.

Jalisco

Capítulo I
Del Poder Ejecutivo

Artículo 45. El Gobernador del Estado cuyo origen sea la elección popular extraordinaria, estará sujeto a las mismas prohibiciones señaladas en esta Constitución para el que lo fuera en elecciones ordinarias.

El ciudadano que haya desempeñado el Poder Ejecutivo como Gobernador substituto, designado por el Congreso para concluir el período, aun cuando tenga distinta denominación, el interino o el que bajo cualquiera denominación supla las faltas temporales del Gobernador del Estado, nunca podrá ser electo para el período inmediato, siempre que desempeñe el cargo dentro de los dos últimos años del período.

El ciudadano que hubiere sido nombrado Gobernador interino, en los casos de falta absoluta del titular, ocurrida en los dos primeros años del período respectivo o Gobernador provisional en los casos a que se refiere el capítulo de Prevenciones Generales de esta Constitución, no podrá ser electo en los comicios extraordinarios que se celebren con ese motivo.

El Gobernador del Estado electo como interino, podrá ser designado por el Congreso del Estado para continuar ejerciendo el Poder Ejecutivo como interino o substituto

Estado de México

Capítulo Tercero
Del Poder Ejecutivo

Artículo 67.- El Gobernador del Estado durará en su encargo seis años. Quien haya sido electo popularmente, nunca podrá serlo para otro período constitucional ni designado para cubrir ausencias absolutas o temporales del Ejecutivo.

Artículo 69.- El período constitucional del Gobernador del Estado comenzará el 16 de septiembre del año de su renovación.

Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

a) El Gobernador sustituto o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del electo popularmente.

b) El Gobernador interino, el provisional, o el ciudadano que bajo cualquier denominación supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del período.

Michoacán de Ocampo

Capítulo III

Del Poder Ejecutivo

Artículo 52.- Nunca podrán ser electos para el período inmediato;

a).- El Gobernador substituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación, y

b).- El Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los últimos años del período.

Morelos

Título Cuarto
Del Poder Ejecutivo

Capítulo I
Del Gobernador

Articulo 60.- No pueden ser Gobernador del Estado:

I.- Los ministros de algún culto, salvo que hubieren dejado de serlo con la anticipación y en la forma que establezca la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal;

II.- Los miembros del ejército mexicano y quienes tengan mando de fuerza dentro o fuera del Estado, que no se hayan separado del servicio activo con seis meses de anticipación, inmediatamente anteriores a las elecciones;

III.- Los que tengan algún empleo, cargo o comisión civil del Gobierno Federal, si no se separan noventa días antes del día de la elección;

IV.- Los Secretarios del Despacho, el Fiscal General del Estado y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, si no se separan de sus respectivas funciones 90 días antes del día de la elección;

V.- Los Gobernadores del Estado cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo, podrán volver a ocupar ese cargo, ni aún con carácter de interinos, provisionales, substitutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

A).- El Gobernador substituto constitucional o el designado para concluir el período, en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando sea con distinta denominación;

B).- El Gobernador interino, el provisional, o el ciudadano que bajo cualquiera denominación supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.

VI.- Los Presidentes Municipales si no se separan de sus funciones 90 días antes del día de la elección; y

VII.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como el personal directivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ni los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución.

Nayarit

Título Cuarto
Capítulo I

Del Poder Ejecutivo

Artículo 65.- No puede ser Gobernador el que con anterioridad hubiere ejercido el Poder Ejecutivo mediante elección popular.

Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

A). El Gobernador sustituto Constitucional o el designado para concluir el periodo en caso de falta absoluta del Constitucional, aun cuando tenga distinta denominación.

B). El Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.

Nuevo León

Título V
Del Poder ejecutivo

Artículo 84.- El Gobernador del Estado será electo cada seis años y tomará posesión de su cargo el día 4 de octubre del año en que se celebre la elección.

El Gobernador cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

No podrán ser electos para el período inmediato:

a) El Gobernador designado por el Congreso del Estado para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional; y

b) El Gobernador Interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.

Oaxaca

Capítulo III
Del Poder Ejecutivo

Sección Primera 
Del Gobernador del Estado

Artículo 75.- El ciudadano que sustituyere al Gobernador Constitucional, en caso de falta absoluta de éste, aún cuando fuere nombrado por el Senado, no podrá ser electo Gobernador para el período inmediato. Tampoco podrá ser reelecto Gobernador para el período inmediato el ciudadano que fuere nombrado interino en las faltas temporales del Gobernador Constitucional. El ciudadano que haya ocupado el cargo de Gobernador del Estado, por elección ordinaria o extraordinaria o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo de Gobernador en cualquiera de sus modalidades.

Puebla

Título Cuarto

Del Poder Ejecutivo

Capítulo I

Del Gobernador

Artículo 73.- No podrán ser electos para el período inmediato:

a).- El Gobernador provisional designado por la Comisión Permanente o el Gobernador interino designado por el Congreso, para suplir las faltas temporales del Gobernador de elección popular directa.

b).- El Gobernador substituto designado por el Congreso para concluir el período por falta absoluta del Gobernador de elección popular directa.

Quintana Roo

Capítulo III

Del poder Ejecutivo

Sección Primera

Del Gobernador

Articulo 89.- El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

 Nunca podrá ser electo para el período inmediato:

I.- El Gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tengan distinta denominación, y

II.- El Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que bajo, cualquiera denominación, supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.

Sinaloa

Capítulo  III

Del Poder Ejecutivo

Artículo  61. La persona que haya fungido como Gobernador en los casos previstos por los Artículos 59 y 60, no podrá ser electa popularmente Gobernador Constitucional del Estado para el período inmediato.

Sonora

Capítulo  III

Poder Ejecutivo  Sección I

Elección y funcionamiento

Artículo 73.- El Gobernador cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo ni aún con carácter de interino, provisional, substituto o encargado del despacho. Nunca podrá ser electo en el periodo inmediato:

a) El Gobernador substituto Constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del Constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;

b) El Gobernador Interino, el Provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.

Tabasco

Título Cuarto

Poder Ejecutivo

Capítulo I
Del Gobernador del Estado

Artículo 45.- El Gobernador Constitucional entrará en funciones el día primero de enero siguiente a la elección y durará en su cargo seis años.

El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:

a) El Gobernador Sustituto Constitucional o el designado para concluir el periodo en el caso de falta absoluta del Constitucional, aun cuando tengan distintas denominaciones.

b) El Gobernador interino, el Provisional o el ciudadano que bajo cualquier denominación supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo de los dos últimos años del periodo.

Tamaulipas

Título V

Del Poder Ejecutivo

Capítulo I
Del Ejecutivo

Artículo 88.- Los Gobernadores que con el carácter de interinos o substitutos nombrados por el Congreso, no podrán ser electos para el período inmediato siguiente, ni para el que se convoque, si estuvieren en funciones un año antes de la elección.

Tlaxcala

 

Título  V
Del Poder Ejecutivo

Capítulo  I
Disposiciones Generales

Artículo 59. El Gobernador entrará a ejercer su encargo el día primero de enero inmediato posterior a su elección, rendirá protesta ante el Congreso el mismo día y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Gobernador, cuyo origen haya sido la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo, podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del Despacho. Nunca podrán ser electos para el período inmediato: a) El ciudadano designado por el Congreso o por la Comisión Permanente para concluir el período en caso de falta absoluta del Gobernador, cualquiera que sea su denominación, e b) El ciudadano designado por el Congreso o por la Comisión Permanente, que bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del Gobernador en los dos últimos años del período.

Veracruz

 

Capítulo III

Del Poder ejecutivo

Artículo 47. ….

….

….

El Gobernador provisional podrá ser elegido por el Congreso como sustituto.

El ciudadano que hubiere sido designado Gobernador provisional para convocar a elecciones, en el caso de falta de Gobernador, en los dos primeros años del período respectivo, no podrá ser electo en las elecciones que se celebren con motivo de la falta de Gobernador, para cubrir a la cual fue designado.

El Gobernador sustituto, el interino, el provisional o el ciudadano, que bajo cualquier denominación hubiere sido designado Gobernador, para concluir el período en caso de falta absoluta del Constitucional o que supla las faltas temporales de éste, no podrá ser electo para el período inmediato siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del período.

Yucatán

Título Quinto

Del Poder Ejecutivo

Capítulo  I

Del Gobernador del Estado

Artículo 53.- El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

 Nunca podrá ser electo para el período inmediato:

a) El Gobernador sustituto Constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del Constitucional, aun cuando tenga distinta denominación.

 b) El Gobernador Interino, el provisional o el Ciudadano que bajo cualquiera denominación, supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del período.

Zacatecas

Capítulo Segundo

Del Poder Ejecutivo

Sección Primera

De los Requisitos y Elección

Artículo 79. ….

I. a IV.

V. El Gobernador sustituto no podrá ser electo para el periodo constitucional inmediato, así como tampoco los interinos que hubiesen desempeñado el cargo seis meses durante el año en que se deban verificar las nuevas elecciones;

Con base en lo anterior, se da cuenta que los estados permiten a los ciudadanos que ocuparon el cargo de gobernador sustituto, designado, interino, provisional a ser electos para un periodo posterior, siempre y cuando no sea el inmediato y sólo se establece impedimento para quienes hubieran ocupado ese cargo a través de una votación directa, secreta y universal.

A diferencia de lo anterior, sin justificación de carácter constitucional, jurídica o doctrinal, el Artículo 122 Constitucional establece para la Ciudad de México supuestos diferentes a los que la Constitución General de la República y las Constituciones Estatales establecen para el resto de las entidades federativas y para el resto de los ciudadanos de la nación, por lo que existe una inequidad en el tratamiento, en este sentido, a una de las entidades federativas y por lo tanto una afectación a los derechos políticos activos y pasivos de los habitantes de la Ciudad de México.

En este sentido la disposición que se pretende reformar es contraria al espíritu y a la letra de la reforma constitucional, en materia de reforma política de la Ciudad de México publicada el 29 de enero de 2016 que expresamente en su exposición de motivos estableció la necesidad de garantizar los derechos políticos de los ciudadano y habitantes de la Ciudad de México armonizando en relación con los que se garantiza para el resto de las entidades integrantes del pacto federal en lo que respecto a la determinación de organización de su régimen interno, y por su puesto a la integración de sus órganos de representación y gobierno, por lo que no debería de existir un tratamiento diferente para situaciones iguales, siendo constitucionalmente justo y adecuado la aplicación de los mismos supuestos jurídicos aplicables para el resto de los integrantes del pacto federal.

Es por ello que esta iniciativa no tiene otro objetivo que el de armonizar y hacer congruentes las disposiciones que en esta materia establece la Fracción I del Artículo 116 y las que corresponden al Artículo 122 Fracción III.

De aceptarse este criterio, en consecuencia, el texto del Décimo Quinto Transitorio de la reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicada en enero pasado, ya no tendría ninguna justificación constitucional porque en congruencia con lo anterior, tendrían que aceptarse los mismos criterios y supuestos que los contenidos en la Reforma al Artículo 122 Constitucional multicitada, por lo cual, se propone su derogación.

Al armonizar los supuestos constitucionales en esta materia se permitirá que la Constitución de la Ciudad de México desarrolle tal y como lo mandata el artículo 122 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, los requisitos que deberán reunir quien aspire a ocupar la titularidad del Ejecutivo local. En el marco de la autonomía, que se le confiere a esta entidad federativa, pero incorporando la experiencia y la normatividad que el resto de las entidades federativas ha desarrollado en sus respectivas constituciones estatales.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se reforma la fracción III del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 122…

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa y no podrá durar en su encargo más de 6 años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso podrá volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interno, provisional, sustituto o encargado del despacho.

Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:

a) El jefe de Gobierno sustituto o el designado para concluir el periodo en caso de falta absoluta, aun cuando tenga distinta denominación;

b) El Jefe de Gobierno Interino, el provisional o la persona que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del Jefe del Gobierno, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos cargos del periodo.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo.

Artículo Segundo.- Se deroga el Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México del 29 de enero de 2016.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La Suscrita, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el estudio: “Employment Outlook 2016”1,elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), las y los mexicanos son quienes más horas trabajaron durante el 2015, al laborar dos mil doscientas cuarenta y seis horas en todo el año, un aumento de 0.8 por ciento en comparación con el 2014. En tanto que en Alemania las personas pasan menos tiempo en oficinas, al dedicar sólo mil trescientos setenta y un horas, por debajo del promedio de la OCDE.

Esto significa que en México se trabaja 480 horas más o el equivalente a 60 días de trabajo con jornadas de ocho horas más, que el promedio de la OCDE que es de: 1,766 horas al año.

Empero, las amplias y exhaustas jornadas de trabajo no impactan de manera proficua en los hogares mexicanos: hoy la gente trabaja más, pero le alcanza menos.

Ésta es sólo una arista del modelo laboral mexicano que en palabras del especialista en derecho laboral Arturo Alcalde puede definirse como “monstruoso”, debido a las contrarreformas que han desmantelado el régimen de protección de los derechos de los trabajadores del país.

Uno de los fenómenos que en años recientes se ha visibilizado al interior de los centros de trabajo es el: mobbing.

En México el mobbinges un tema que ha cobrado relevancia a partir de la última década del siglo XXI. Las primeras obras escritas que lo toman como objeto de estudio aparecen en el año de 2007, a través de investigaciones de corte antropológico.

Para algunos autores y organismos internacionales, el anglicismo puede ser equiparable al acoso moral, para otros es igual al concepto de acoso psicológico, y para otros más es el término compuesto de acoso laboral lo que lo define.

Es un hecho que el número de acosadores es algo muy significativopara identificar al mobbing; para algunos especialistas el mobbinges un tipo de acoso realizado de forma grupal, una especie de arreglo entre varios para eliminar al blanco del ataque como si se tratase de un trabajo en equipo (Fuentes, 2014:16).

Es decir, este grupo enojado, realiza estrategias de aislamiento y hostigamiento hostil en contra de un solo sujeto y ejerce todo su poder por medio de una  violencia sutil pero extrema, para terminar cualquier vestigio de autoestima de la persona elegida; lo lamentable es que si para entender quién va tras quién y por qué en un caso de mobbing, se requiere de un análisis de caso cuidadoso, sensato y verídico, muchas de las veces los instigadores y perpetradores se convencen a sí mismos de que están en lo correcto (Westhues, 2013:31:32).

“De ahí que los actos de violencia psicológica ejercida por una sola persona, en contra de otro, u otros, como Leymann lo señala, aunque pueden ser extremos e incluso provocar la deserción laboral, finalmente no son llevados a cabo de forma grupal; segundo, quizá tampoco tengan la intención de que el agredido o agredidos dejen el empleo”2.

Los actos de un solo individuo, cuando éste detenta el poder formal, se pueden traducir simplemente en lo que se conoce como un liderazgo autoritario o abuso de poder, donde las acciones tiendan a matizarse de un acoso moral dirigido a uno o a varios individuos, pero no logra configurarse la unión de un grupo en contra de otro, que debe ser precisamente uno sólo si se pretende hablar de mobbing.

Elementos y características fundamentales en el mobbing:

a) La violencia que se infringe sobre la víctima es extrema;

b) Se realiza de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona. Es fundamental que la variable de otra u otras personas sea descartada;

c) Se destruye la reputación del sujeto atacado. Para esto es fundamental el descrédito y los rumores; y que se trate de un trabajador considerado antes del acoso como un elemento valioso o competente;

d) Existe el deliberado y constante maltrato verbal y no verbal para minar y desestabilizar emocionalmente al trabajador, con el objetivo de destruir y socavar cualquier defensa de su parte, por medio de un maltrato que se ejerce como una labor de equipo: un tipo de violencia grupal muy específica;

e) Se deteriora y disminuye la capacidad laboral, al destruir la capacidad psicológica;

f) La víctima es estigmatizada; y mientras dure el hostigamiento, se pretende que permanezca en ese estado de indefensión;

g) Existe una pasividad de los testigos de la violencia por temor al grupo que es violento;

h) Se pone en peligro su empleo; o bien, se degrada su ambiente de trabajo;

i) Se atenta contra su dignidad o integridad psíquica, o física, de la persona, pues se le descalifica a lo largo de la jornada de trabajo, con la intención de su devaluación psicológica más que de un roce profesional por competencia;

j) Debe ser considerado como un problema público, cuya presencia incrementa sobre todo debido a la legitimidad del grupo que acosa, esto ante los ojos de la sociedad tiende a la minimización y ocultamiento;

j) Sus actos se constituyen en gestos, palabras y silencios; que desmontan emocionalmente y devasta la vida de aquellos que lo sufren;

k) Se ocasiona graves disturbios a la salud física y mental y provoca la renuncia del empleo;

l) Además de promover el desarrollo de enfermedades, la sujeción o la pasividad se considera como una instigación a la ideación suicida; inclusive puede culminar con la muerte de la víctima;

m) Es una campaña colectiva e intensa de compañeros de trabajo donde hay una idea conjunta: excluir, castigar y humillar;

n) Es iniciado por lo general por un sujeto que detenta una especie de poder o influencia; no es precisamente el poder generado por un nombramiento formal;

o) Esta necesidad imperante de devastar y eliminar se esparce como si fuese un virus, y se transmite a todas las personas, una tras otra, quienes se suman con actos para simpatizar con el grupo que acosa, o con silencios, por temor a ser la siguiente víctima del grupo;

p) En tanto la campaña subsiste, debe haber un sinnúmero de estrategias y comunicaciones hostiles por parte del grupo acosador, que sin lugar a dudas, deben llegar a ser vistas como legítimas.

Estos dieciséis incisos nos permiten entender las características, condiciones y circunstancias que deberían verse reflejadas en la conceptualización de este fenómeno, que lleve por un lado a las propuestas legislativas concretar su intención de encuadrar la tipología del mobbingen sus preceptos jurídicos y por el otro, a la certera difusión del fenómeno entre la población”3.

Mobbing en cifras

La Organización Mundial de la Salud ha dado grado de pandemia al ser causante de varios suicidios. Esta instancia internacional lo define como: una situación de violencia o acoso recurrente dirigida hacia un trabajador o trabajadora con la intención de aislarlo de un grupo laboral. Sus principales características son conductas crueles y hostiles que se convierten en una tortura psicológica para la víctima.4

Así el acoso en los lugares de trabajo (respecto a lo que estipula la OMS) debe considerarse como el conjunto de fenómenos que utilizan esta estrategiapara diversos objetivos, incluyendo entre otros: disciplina, rechazo, aislamiento o simplemente, la persecución psicológica como un ajuste de cuentas.

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 12 millones de personas padecen mobbing en el mundo, mientras, en Europa está catalogado como riesgo laboral y es considerado una epidemia.

A nivel internacional se han realizado esfuerzos para eliminar comportamientos que generen violencia en el lugar de trabajo, debido al alza en los incidentes de tipo emocional o psicológica; ya que existen pruebas que sugieren que la exposición a dichos incidentes, especialmente cuando es portiempo prolongado, tiene efectos perjudiciales para la salud y el bienestar de la víctima; en segundo lugar, porque la violencia psicológica en el lugar de trabajo es más frecuente que la violencia física.5

Ante ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) define un Entorno Laboral Saludable como: “aquel en el que los trabajadores y directivos colaboran en utilizar un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo”.6

El 28 de abril de 2016, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Organización Internacional de Trabajo centró su informe en las tendencias mundiales sobre el estrés relacionado con el trabajo y su impacto. Este informe tiene como objetivo exponer las tendencias en lo que se refiere al estrés relacionado con el trabajo tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, con objeto de sensibilizar a la población sobre la magnitud del problema.7

Recordando que la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno, el 28 de abril fue la fecha elegida por el movimiento sindical mundial para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

En dicho informe la OIT define la violencia en el lugar de trabajo como: “toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra el en ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma.”

La violencia psicológica (emocional) es el abuso del poder intencionado, incluidas la amenaza de la fuerza física, contra otra persona o grupo, que puede tener como resultado el daño en el estado o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Incluye el maltrato verbal, el bullying (o intimidación) o el mobbing (o acoso psicológico), y las amenazas.

El bullying y el mobbing son comportamientos repetitivos y ofensivos con intención vengativa, cruel o maliciosa de humillar o debilitar a un individuo o un grupo de trabajadores. Sin embargo la característica esencial en el mobbing es que no es de tipo diádica, sino que es llevada a cabo por un grupo de personas, quienes durante un período considerable (de más de seis meses), logran eliminar a la víctima por motivos culturales, de formación académica superior, de raza o por roles de género.

No omito comentar que en el informe de la Organización Internacional del Trabajo (2016) intitulado: “Estrés en el Trabajo. Un reto colectivo”; se abordan diferentes formas de violencia en el trabajo, y en concreto sobre el acoso psicológico, introduciendo distintos tipos de acoso, siendo el mobbing el objetivo del presente documento.

En ocasión del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2016), la Dra. María del Pilar Paz Román8 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, menciona que en los últimos años han sido más frecuentes las patologías por factores psicosociales que alteran la salud y originan la ausencia de trabajadores en su centro laboral. La fatiga, el estrés crónico, así como el acoso laboral (mobbing), entre otros, van a la alza. Estudios de la Facultad de Medicina muestran que entre 30 y 60 por ciento de los trabajadores en México, padecen estrés laboral dependiendo de la actividad y el lugar.

Por su parte la Dra. Beatriz Adriana Bustos Torres, investigadora del Departamento de Estudios Socio Urbanos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, quien prepara un libro sobre violencia laboral en el Occidente de México, estudiando casos de Aguascalientes, Colima y Jalisco; ha documentado que el acoso laboral, conocido como mobbing aumenta cada día no sólo en el número de gente que lo sufre, sino que con diferentes modalidades. Presión psicológica, encargo de tareas de última hora, órdenes que cambian de un día para otro, trato diferenciado entre empleados, burlas, insultos o de plano acoso sexual, son algunas torturas que empleados de Jalisco sufren en sus trabajos, a veces en silencio. No hay oficio que se salve o empresa que esté exenta. Y en el Occidente del país, el fenómeno aumenta. En este contexto las mujeres sufren más violencia laboral9.

En sus investigaciones, la antropóloga social combina los datos estadísticos y las encuestas con la indagación de campo con empleados y consultas con dependencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ha detectado que las mujeres son quienes más sufren de violencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del INEGI, de 785 mil 377 mujeres ocupadas, 283 mil 671 sufren algún tipo de violencia laboral.

Debido a las jornadas laborales tan largas que van de 8 a 10 horas, es en los centros de trabajo donde la gentepermanece más tiempo, por lo que ser víctima demobbing tiene graves repercusiones en el estado de salud físico y mental, en ocasiones llegando aser fatal, previo a ello algunos de los principales síntomas son: la pérdida del sueño, enfermedades gastrointestinales, cutáneas, neurosis, psicosis y hasta suicidios.

La violencia comprende cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual, o incluso la muerte. Partiendo de esta definición las    manifestaciones de la violencia son muy diversas y afectan a las y los seres humanos con ciertas particularidades dependiendo de a quien se dirige y en que espacios se presenta.

El espacio laboral no está exento de manifestaciones de violencia y dado que la violencia se “naturaliza” o “normaliza” es frecuentemente invisibilizada, aunque sus consecuencias sean de alta gravedad y mellen en la dignidad de las personas tal y como se enuncia en párrafos anteriores.

Esta es parte de la atmosfera laboral cotidiana en la que resiste y subsiste la clase trabajadora al interior de sus centros de trabajo,ante ello, los ambientes laborales psicológica y mentalmente saludables deberían ser considerados como un derecho básico para los trabajadores, recordemos que México ratificó en 1984 el Convenio Internacional del Trabajo Número 55 Sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, el cual indica que el término salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos físicos y mentales.

Finalmente quiero agradecer a la Maestra Diana Hernández Moctezuma, quien interesada y preocupada en el tema, aportó sus conocimientos enriqueciendo con ello la presente iniciativa.

Así por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Artículo Único. Se adiciona inciso C) al artículo 3° Bis, se reforman: la fracción VIII del  artículo 47°, la fracción II del artículo 51, lasfracciones XII y XIII del artículo 133°, la fracción XI del artículo 135 y la fracción VI del artículo 994° de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

a) Hostigamiento…

b) Acoso sexual…

c) Acoso laboral: Comportamientos y actitudes violentas que se ejercen de manera sistemática por un grupo o colectivo hacia a una persona, independientemente del nivel jerárquico que ocupen, causando estado de indefensión y vulnerabilidad, que repercute en la salud física y mental de la víctima, obligándola en ocasiones a la renuncia.

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:

I – VII…

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento, acoso sexualy/o acoso laboral contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;

IX – XV…

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

I…

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento, acoso sexual,y/o acoso laboral malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;

III –X…

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I-XI…

XII. Realizar actos de hostigamiento, acoso sexual, y/o acoso laboral contra cualquier persona en el lugar de trabajo;

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento, acoso sexual y/o acoso laboralen el centro de trabajo;

XIV –XV…

Artículo 135.- Queda prohibido a los trabajadores:

I-X…

XI. Acosar sexualmentey/o laboralmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo.

Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:

I-V…

VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso, hostigamiento sexualy/o acoso laboral, en contra de sus trabajadores; y

VII…

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

Bibliografía
Fuentes, R. (2014). Bajo la mirada de los perpetradores. México: Instituto Politécnico Nacional.
Westhues, K. (2013). Mobbing en la Academia. La importancia de su reconocimiento. En F. Peña, & e. al, Develando el mobbing(págs. 23-32). Ciudad de México: Eón.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Tagle Martínez. Daremos turno a las iniciativas presentadas por la Senadora Tagle; por un lado, la de reforma constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera; y, por otro lado, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 Disponible en: http://www.oecd.org/els/oecd-employment-outlook-19991266.htm

2 Hernández, M. Diana (2015). Análisis Metodológico Conceptual: del Mobbing al Asedio Psicológico Grupal Laboral (tesis de posgrado). Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigaciones, Económicas, Administrativas y Sociales.

3 Ibídem.

4 “La mitad de los profesionistas en México enfrenta el mobbing” (en línea) La Jornada, Diciembre 28 de 2014. [fecha de consulta: 29Noviembre 2016]. Dirección: URLhttp://www.jornada.unam.mx/2014/12/28/sociedad/030n1soc

5 “Factores organizacionales en la comprensión del mobbing”. Psicología Iberoamericana (Enero-Junio, 2012), Vol. 20, No. 1 pp. 80-90. issn 1405-0943 (en línea)Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/1339/133924623009.pdf

6 “Entorno Laborables Saludables. Fundamentos y Modelos de la OMS. Contextualización, prácticas y literatura de apoyo. (2010) Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44466/1/9789243500249_spa.pdf?ua=1

7 “Estrés en el trabajo. Un Reto Colectivo”. Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 28 de Abril de 2016.Organización Internacional del Trabajo. (En línea) Disponible en:
http://www.un.org/es/events/safeworkday/

8 “Ausentismo Laboral debido a factores psicosociales” (en línea) Gaceta UNAM, Abril 28 de 2016. [echa de consulta: 29 Noviembre 2016]. Dirección: URL http://www.gaceta.unam.mx/20160428/ausentismo-laboral-debido-a-factores-psicosociales/

9 “80 por ciento de mexicanos ha sufrido acoso laboral” (en línea) Universidad de Guadalajara. Septiembre 27 de 2015. [Fecha de consulta: 29 Noviembre 2016]. Dirección: URLhttp://www.udg.mx/es/noticia/80-por-ciento-de-mexicanos-ha-sufrido-acoso-laboral





 

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta, señora Presidenta. Para primera lectura tenemos los siguientes dictámenes:

Dos, de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, que contienen:

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Dictamen de primera lectura)







 

Y proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara la primera semana del mes de abril de cada año como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE”

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera de la LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se declara la primera semana del mes de octubre de cada año como la "Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte".

Estas Comisiones, con fundamento en el Artículo 72inciso E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de las iniciativas descritas y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 11 de octubre de 2016, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se declara la primera semana del mes de octubre de cada año, como la "Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte".

II. El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reconoce que toda persona tiene derecho a la Cultura Física y a la práctica del Deporte.

III. En el año de 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) promovió la iniciativa para celebrar el 6 de abril de cada año el “Día Internacional de la Actividad Física”.

OBJETO DE LA MINUTA

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos, Primera procedieron al estudio de la iniciativa presentada, efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en las misma, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la colegisladora a través de las consideraciones expuestas y mediante las cuales se desprende la necesidad de Decretar una Semana Nacional de la Cultura Fisca y el Deporte

Con base en lo anteriormente mencionado señalamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Considerando que el objeto de la minuta es el de promover la conmemoración de una Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, de conformidad con lo expuesto por la Colegisladora, bajo el argumento de que efemérides como la propuesta, vienen a sumarse a programas federales y locales que buscan disminuir las adicciones, la obesidad y el sobrepeso a nivel nacional.

Se señala que el establecimiento de este tipo de medidas son necesarias y urgentes en nuestro país, pues las estadísticas nacionales son alarmantes en materia de salud pública.

Se argumenta que el deporte debe entenderse como una herramienta para la formación, desarrollo y mejoramiento de las capacidades físicas de una persona así como el mejor desarrollo para el manejo adecuado de sí mismo en su entorno, permitiendo la interacción de los aspectos sociales, emocionales y físicos.

Se hace alusión a que “la “Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte” adoptada el 21 de noviembre de 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 20ª reunión en Paris, determina como finalidad la de “poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.”

Al respecto y sobre las consideraciones que la colegisladora observó, quienes conformamos esta Comisiones dictaminadoras, creemos de nuestra parte hacer alusión a lo observado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha establecido en una serie de reportes, en especial en el reporte técnico 916: Dieta, Nutrición y la Prevención de Enfermedades Crónicas recomendaciones basadas en evidencia, que proponen cambios de conducta en el ámbito individual, prácticamente todos los reportes técnicos de la OMS, la OPS, los Institutos de Medicina de los Estados Unidos y el Fondo Mundial para la Investigación en Cáncer (WCRF),  identifican la necesidad de que los gobiernos trabajen sobre el entorno promotor de obesidad (“obesigénico”), buscando hacerlo más propicio para la práctica de alimentación saludable y actividad física por parte de la población debiendo ser regla en las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades.

Aunado a lo anterior consideramos de relevancia señalar que la misma OMS promovió en 2003 la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, con la finalidad de concientizar a la población del mundo de activarse físicamente, quedando establecido el día 6 de abril de cada año como la fecha de su celebración, misma que en nuestro país se festeja desde 2005.

Consideramos importante resaltar que actualmente y desde la fecha de referencia, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) implementa diversas actividades con motivo de dicho día mundial, todo ello con la participación de todos los Gobiernos Estatales (a través de sus Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte) eventos y acciones conmemorativos de la celebración, desde caminatas, clases masivas de aerobic´s, ejercicios en empresas, zumba, eventos deportivos y recreativos, adecuando las actividades a sus recursos, características y referencias de la población.

Al día de hoy y con motivo de esta celebración participan en coordinación con la propia CONADE entre otros:

• Gobiernos Estatales

• Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte

• Gobiernos Municipales

• Comisiones Municipales del Deporte

• Secretaría de Educación Pública

• Educación básica, media superior y superior en los Estados

• Gobierno Federal

• SEP

• INAPAM

• IMJ

• SSA

• IMSS

Por lo anterior es importante reconocer la necesidad de promover una fecha calendario que con motivo de hacer a lusión a la importancia de la Cultura Física y el Deporte; pudiese resaltarse su promoción a fin de construir acuerdos, diseñar presupuestos, hacer eventos deportivos masivos en todo el país, realizar análisis y diagnósticos de los rubros mencionados por instituciones, grupos y estudiosos del tema.

Consideramos como principal referencia y base de nuestro análisis, lo señalado en el Actual Plan Nacional de Desarrollo, mediante el cual se expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. 

El Plan establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población en general el acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar de toda la población mexicana.

Como parte fundamental para atender estas necesidades, el Gobierno Federal propone estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales y de edad, en todas las regiones del país.

Destacando que la importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente en todos los grupos poblacionales, sin importar su edad; por ello se impulsará el desarrollo de una cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, en las ciudades y en el campo.

Es indudable que un objetivo primordial será el de propiciar la generación de políticas nacionales para apoyar, estimular, coordinar, supervisar, evaluar y dinamizar programas de trabajo para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte que favorezcan la generación de oportunidades para que los individuos y sus comunidades tengan la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral a través de acciones y proyectos que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida.

Asimismo, en dicho plan se reconoce que se deberá coordinar el trabajo desde las diversas instituciones que promuevan y desarrollen programas en las distintas disciplinas deportivas, que permitan a través de instituciones públicas y privadas en el ámbito de la salud y el deporte estimular la práctica del deporte entre los niños y jóvenes.

En ese contexto es que coincidimos en promover una celebración hacia la cultura física y el deporte reconociendo lo considerado por la OMS relativo a que  la actividad física como "todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas"; es un término amplio que abarca una multiplicidad de actividades, todas ellas beneficiosas para la salud. Subraya la importancia de la prevención no farmacéutica de las enfermedades cardiovasculares y pone el acento en la promoción del movimiento activo utilizando el consejo "por tu salud muévete".

Por ello es de resaltar lo expuesto con referencia a que la declaración del Día Mundial de la Actividad Física, significó un día no sólo para pasar de la teoría a la práctica evitando la quietud, sino también para que se fundamente y debata en las escuelas y en la comunidad toda sobre la importancia de evitar el sedentarismo.

Todo ello ha permitido ir conociendo y promoviendo un mayor conocimiento sobre los aportes de una cultura física significativa para la salud no solo física, sino también  con amplios beneficios en lo social, donde ya se encuentra fundamentado como la actividad física Incrementa la autoestima y reduce la tendencia a desarrollar comportamientos peligrosos.

De igual forma hoy podemos encontrar como la actividad física y su aporte en la niñez durante su etapa escolar, reduce el riesgo de actitudes negativas frente a la escuela y la salida de la misma.

Está demostrado que en el niño la actividad física tiene efectos positivos contra los miedos y las depresiones, favoreciendo la autoestima y el desarrollo de algunas capacidades.

Por ello, es de nuestra consideración resaltar que, el ejercicio físico en el niño va a contribuir a los procesos de desarrollo y maduración de su potencial genético; el ejercicio fomenta la disciplina, la capacidad de concentración y una actitud participativa;  una vida activa en la infancia afecta directamente y de manera positiva la salud en la edad adulta.

Asimismo, siendo la actividad física tan importante para el bienestar y la salud de las personas, un programa nacional bien estructurado y fortalecido desde las mismas políticas del estado, colaborarían en la formación de una población más sana y productiva; de aquí se desprende la importancia sobre el establecimiento de programas interinstitucionales, entre todas aquellas instituciones de bienestar social, que tengan que ver con el tema en la actualidad.

Por ello es que creemos atinado sí promover una fecha para una celebración, no obstante consideramos que dicha fecha deberá ser no en el mes de octubre como lo propone la colegisladora, sino en una fecha donde exista un mejor antecedente que permita las mejores condiciones para su celebración.

Por lo que los integrantes de estas comisiones que dictaminan acordamos  promover que dicha celebración se lleve dentro de la primera semana del mes de abril de cada año y sumar a lo ya establecido dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física.

Considerando para ello de que en la medida en que las instituciones con algún vínculo en la materia fortalezcan sus planes y programas de promoción y fomento de la actividad física, en esa medida estarán fortaleciendo valores que contribuyen al desarrollo integral de toda persona, a través de la Cultura Físca y el Deporte.

Siendo aplaudible y ampliamente reconocido el que Instituciones como, Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte; Comisiones Municipales del Deporte; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud; el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; el Instituto Mexicano de la Juventud; el Instituto Mexicano del Seguro Social y los tres niveles de gobierno, implementen hasta la fecha actividades de amplio impacto con motivo del Día Mundial de la Actividad Física, promoviendo los beneficios de ser físicamente activo.

Por todo lo anterior, los integrantes de las Comisiones que Dictaminan, al hacer el estudio y análisis de cada uno de los argumentos presentados, corroboramos la necesidad de ofrecer a la sociedad en nuestro País un bondadoso elemento que le permita concientizar sobre los beneficios de la actividad física y deportiva en beneficio de la salud pública.

Una vez expuestos los antecedentes, el contenido de las propuestas y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:

IV. CONCLUSIONES

Primera.- La Minuta remitida por la H. Cámara de Diputados ha sido considerada y valorada favorablemente, en los términos acordados por los miembros de estas Comisiones que dictaminan.

Segunda.- La declaración dela "Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte", durante el mes de abril, alentará a las diversas instituciones nacionales, estatales y municipales, en la materia; al fomento y rediseño de los planes y programas que permitan definir una nueva política pública concebida para promover y fomentar en la población la importancia para la salud de mantenerse activa físicamente.

Tercera.- El declarar en nuestro país la "Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte", será una muestra de la actitud dispuesta por parte de los poderes públicos, ante una problemática como la obesidad y el sobrepeso, constituyendo con ello un referente permanente en los objetivos y prioridades de la acción pública en nuestro país.

Cuarta.- Con la aprobación de la Minuta en los Términos acordados se reconocerá el esfuerzo de la Estado mexicano por el pleno desarrollo y reconocimiento del derecho constitucional  a la Cultura Física y a la práctica del Deporte.

Como resultado de los razonamientos expuestos, las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera someten a la consideración del Pleno de éste Senado de la República para efectos de lo establecido en el Artículo 72inciso E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE DECLARA LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE”.

Artículo Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara la primera semana del mes de abril de cada año como la "Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte".

Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública, con motivo dela "Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte" promoverá y difundirá en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior, las bondades y sus beneficios mediante la realización de diversas actividades afines.

Artículo Tercero. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con motivo de la "Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte" promoverá y difundirá a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte la realización de diversas actividades y eventos afines a dicha conmemoración.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 6 de diciembre de 2016.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.





 

Asimismo, tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, que contienen:

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, emiten y someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 28 de octubre de 2014, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Promoción de la Cultura de Seguridad Social, y se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Educación.

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, la iniciativa de mérito para su análisis, estudio y dictaminación.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1.- En la iniciativa de mérito, se aduce que la Carta Internacional de Derechos Humanos (ONU, 1948) expresa en su Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, en función de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

También se afirma que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha definido a la seguridad social como “La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.

Por ello, señala que frente a esta concepción, está más que reconocido que los valores forman parte de la identidad de las personas y orientan las decisiones, fortaleciendo el sentido del deber ser. Se inculcan desde temprana edad en el seno familiar y se convierten en el sustento para hacer posible la convivencia en sociedad.

Se refiere que la solidaridad, el respeto, la justicia, la responsabilidad, la integración y la tolerancia; son los valores más representativos que se encuentran presentes en los sistemas de seguridad social y configuran, precisamente, su sustento.

2.- Aunado a lo anterior, se manifiesta que gracias a la Declaración de Guatemala, se adoptó la Estrategia Regional para una Ciudadanía con Cultura en Seguridad Social: “Seguridad Social para Todos”.

Por lo que dicha Declaración, fue presentada por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), la Organización del Trabajo (OIT), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), el 3 de noviembre de 2009, en el marco de la Vigésima Quinta Asamblea de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, realizada en la ciudad de Guatemala.

Se resalta también que este importante documento, surge con el propósito de que a través de programas educativos, y con el involucramiento de las organizaciones internacionales en la materia y las propias instituciones de seguridad social de cada país, se difunda entre la sociedad en su conjunto, los principios y valores esenciales de la seguridad social.

3.- Continúa señalando la Iniciativa que se dictamina, que la Estrategia “Seguridad Social para Todos” es un programa social y educativo dedicado a construir los cimientos de una cultura en seguridad social que poco a poco sensibilice a la población en general acerca de los valores y principios que la sustentan, poniendo a disposición de todas las personas, sin importar edad o situación económica, herramientas informativas amenas sobre temáticas relacionadas con la materia.

En consecuencia, se considera en la Iniciativa que:

• Esta estrategia parte de la premisa de que la seguridad social está presente en todas las etapas de la vida de las personas, pero en general se ignora su presencia y se desconocen sus aportes en favor de una vida más digna.

• En la actualidad, una proporción importante de las poblaciones de los países de América Latina carecen de protección social y peor aún, no la entienden como un derecho exigible.

• Se reconoce que el origen de esta realidad responde a numerosos factores, entre los que se destacan la falta de información y de educación, así como una condición social de exclusión que impide disfrutar o valorar un esquema de protección social. Esta desinformación ha dado como resultado la generación de numerosos prejuicios relacionados con la protección social.

• De esta manera, el objetivo del programa Seguridad Social para Todos se orienta a sensibilizar, concienciar e involucrar a la población interamericana, desde una edad temprana hasta una edad adulta, en los principios y valores de la seguridad social utilizando canales como la educación formal y la no formal, los medios de comunicación, las tecnologías de la información y la divulgación social para generar, en el mediano y largo plazos, una cultura en materia de seguridad social que permita a los ciudadanos vivir en una sociedad integrada, con bases comunes de protección social.

4.- En el plano nacional, la iniciativa refiere que durante los días 21, 22, y 23 de noviembre de 2012, Senadores integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, participaron en la Segunda Reunión de Legisladores de Seguridad Social, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

También que como resultado de los trabajos de dicho encuentro, se enfatizó sobre la importancia que representa para los Estados el adherirse a la Declaración de Guatemala, y de que el conocimiento de los valores y principios de la seguridad social, constituye una herramienta de inversión en materia de seguridad social, que propiciará, a mediano y largo plazo, cimentar una sociedad justa, equitativa y solidaria.

Se indica que en fechas 7 de febrero de 2013 y 20 de febrero 2014, respectivamente el pleno del Senado de la República aprobó sendos puntos de acuerdo a través de los cuales y en un marco de respeto a la colaboración de los Poderes, se exhortó al Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se declare la última semana de abril, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955; instrumento que constituye la norma mínima y de mayor relevancia de la seguridad social.

En ese mismo tenor, manifiesta que se exhortó al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, con el objeto de que se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar acciones dirigidas a promover y fortalecer la cultura de la seguridad social.

Como parte de estos esfuerzos por impulsar una cultura de seguridad social, el iniciador de este Proyecto, apunta que el Senado de la República a través de su Comisión de Seguridad Social y en colaboración con el Centro Interamericano de la Seguridad Social (CIESS), celebró la Semana Nacional de la Seguridad Social del 22 al 26 de abril de 2013, conjuntamente con la Cámara de Diputados; y la Semana de la Seguridad Social del 21 al 25 del mismo mes de 2014.

Se dice de esta manera, que estas dos jornadas que se llevaron a cabo en esta Cámara Alta, en la que participaron servidores públicos del ámbito federal y local, especialistas de organismos internacionales y del sector académico, privado y social, resultaron un relevante ejercicio de reflexión, análisis y de gran aportación para la labor parlamentaria y legislativa en la materia.

5.- Finalmente se refiere en la Iniciativa materia del presente Dictamen, que en el plano internacional, se tienen dos importantes precedentes en torno a este esfuerzo de los estados en América Latina por promover una cultura y los principios y valores de la seguridad social, por la vía legislativa:

• El Congreso de la República de Colombia expidió en 2011, la Ley 1502, por la cual se promueve la cultura en seguridad social en Colombia, y se establece la semana de la seguridad social.

• Por su parte, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, aprobó el 9 de Julio de 2014, la Ley de la Semana de la Seguridad Social, cuyo fin es el de concientizar a la población nicaragüense, sin distinción de credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social, desde una edad temprana hasta su adultez, sobre los derechos y beneficios que brinda la seguridad social, así como establecer una cultura basada en sus principios y valores.

En suma, el propósito de la Iniciativa que se tiene a bien dictaminar, es expedir la Ley para la Promoción de la Cultura de Seguridad Social.

CONSIDERACIONES

I.- Estas Comisiones Dictaminadoras, reafirman que hoy en día existe un consenso internacional en torno a la consideración de que la seguridad social debe concebirse como un derecho humano inalienable, que exige el impulso de acciones en los ámbitos público, privado y social, tendientes a garantizar su ejercicio, respeto y conocimiento.

Es por ello, que coinciden con la afirmación que sostiene: “derecho que no se conoce no puede ser disfrutado ni exigido”. Por eso es fundamental instituir una formación integral respecto a los objetivos y alcances de la seguridad social y los valores que la sustentan, y no puede haber mejor forma de hacerlo, que desde el ámbito legislativo.

II.- Con base en esta premisa, y considerando que el Poder Legislativo ha declarado mediante decreto, la última semana de abril de cada año como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, estas Comisiones que dictaminan, estiman viable y pertinente, sin que sea necesaria la expedición de un ordenamiento jurídico, realizar adecuaciones legislativas, cuyo objetivo básico sea:

• Promover y fomentar el conocimiento y la divulgación sobre los derechos y beneficios que otorga la Seguridad Social; así como establecer una cultura basada en sus principios y valores.

• Considerar como principales sujetos promotores de la cultura de seguridad social, a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social; de Educación Pública; de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De esta forma, se establece como una de sus facultades y atribuciones de los sujetos promotores referidos, la promoción de la cultura de la seguridad social y el fomento de sus valores y principios.

III.- Esta Comisiones dictaminadoras, destacan de manera relevante, la adición contenida en el artículo 7de la Ley General de Educación, para precisar que: “La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el de promover, fomentar y difundir los valores y principios que sustentan la seguridad social”.

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO

Estas Comisiones estiman que al no requerirse la expedición de un nuevo ordenamiento para alcanzar el objetivo de impulsar y promover la cultura de la seguridad social, propone modificar diversas disposiciones jurídicas de la legislación vigente, como a continuación se expone:

ORDENAMIENTO

ARTÍCULO QUE SE MODIFICA
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

1.-Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

Se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 40.

 

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XVI.-…

XVI Bis.- Promover la cultura de la seguridad social y fomentar sus principios y valores entre los trabajadores y sus familias.

XVII a XIX.- …”

2.-Ley General de Educación.

Se adiciona la fracción XII Bis al artículo 7.

“Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I a XII.- …

XII Bis.- Promover, fomentar y difundir los valores y principios que sustentan la seguridad social.
XIII. a XVI.- …”

3.- Ley General de Salud.

Se reforma la fracción XIII del artículo 7.

“Art. 7.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XII.- …

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud; así como la cultura de la seguridad social, sus principios y valores.

XIII Bis a XV.- …”

4.- Ley del Seguro Social

Se reforma la fracción IX del artículo 251.

“Art. 251.- El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:

I. a VIII.- …

IX. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social; así como promover su cultura, y fomentar sus valores y principios.

X. a XXXVII.- …”

5.- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Se reforma la fracción VIII del artículo 208.

“Artículo 208.- El Instituto tendrá las siguientes funciones:

I. a VII.- …

VIII. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social; así como promover su cultura, y fomentar sus valores y principios;

IX a XI.- …

…”

Considerando, que:

1. En sus referentes históricos constitucionales, la seguridad social quedó plasmada en el texto original de la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de 1917, que estableció: “Se consideran de utilidad social, el establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal, como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular.”

2. El 18 de enero de 2016, se publicó el Decreto por el que se declara la última semana de abril como la “Semana Nacional de la Seguridad Social” en el Diario Oficial de la Federación.

3. Este conjunto de modificaciones legales, se corresponden y armonizan con el Decreto antes referido.

4. En suma, estas Comisiones Unidas coinciden ampliamente con las argumentaciones y el objetivo principal de la iniciativa, con las modificaciones ya expuestas.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del Pleno de este Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; GENERAL DE EDUCACIÓN; GENERAL DE SALUD; DEL SEGURO SOCIAL; Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción XVI Bis al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XVI.- …

XVI Bis.- Promover la cultura de la seguridad social y fomentar sus principios y valores entre los trabajadores y sus familias.

XVII a XIX.- …”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción XII Bis al artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I a XII.- …

XII Bis.- Promover, fomentar y difundir los valores y principios que sustentan la seguridad social.

XIII. a XVI.- …”

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Art. 7.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XII.- …

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud; así como la cultura de la seguridad social, sus principios y valores.

XIII Bis a XV.- …”

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción IX del artículo 251 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

“Art. 251.- El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:

I. a VIII.- …

IX. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social; así como promover su cultura, y fomentar sus valores y principios.

X. a XXXVII.- …”

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción VIII del artículo 208 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

“Artículo 208. El Instituto tendrá las siguientes funciones:

I a VII.- …

VIII. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social; así como promover su cultura, y fomentar sus valores y principios;

IX. a XI.- …

…”

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, se cubrirán con cargo a sus presupuestos autorizados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de octubre de 2016.

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Y proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 137 BIS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, emiten y someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 9 de diciembre de 2015, las Senadoras y Senadores Raúl Morón Orozco, Lorena Cuéllar Cisneros, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete, Iris Mendoza Mendoza, Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza Chávez, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo y Benjamín Robles Montoya, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social.

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, la iniciativa de mérito para su análisis, estudio y dictaminación.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1.- La iniciativa de mérito, señala que el pasado 14 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre el Informe relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, presentado por el Estado Mexicano el 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza.

Refiere que las conclusiones del Comité son por demás contundentes, al señalar que la información aportada por México “ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas…”.

Agrega que el Gobierno Federal pretende negar la existencia de un problema grave al que el propio Comité califica como generalizado, en el que no ha habido una verdadera voluntad de actuar para erradicarlo, y que ello se refleja incluso en las cifras oficiales consignadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según las cuales existen 23, 689 personas no localizadas, desde 2007, de las cuales 9,672 han tenido lugar durante el actual sexenio. Cantidad que puede crecer por la cifra negra de quienes no han denunciado los hechos, por diversos motivos. Hasta marzo del 2015 se tiene un registro total de 25,821, de los cuales el 59% son personas que se encuentran en edad productiva.

2.- Se sostiene en la iniciativa materia del dictamen, que lamentablemente “no existe un registro que indique de manera fidedigna el número de víctimas de desaparición”, toda vez que de los casos registrados de personas no localizadas, resulta imposible determinar cuántos constituyen desaparición forzada, es decir, cuántos fueron cometidos por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización o aquiescencia del mismo Estado. A pesar de ello, la cifra de personas desaparecidas es una muestra clara y contundente de un problema generalizado que el Gobierno Federal insiste en negar.

3.- Se reconoce también que vivimos una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su justa dimensión por el Estado mexicano, y que limita el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública y justicia en detrimento de la integridad y la vida de miles de mexicanos y el bienestar familiar.

Aunado a lo anterior, se considera en dicha Iniciativa que la desaparición de una persona es una tragedia no sólo para la persona que desaparece, sino también para sus familiares, que quedan en una situación de incertidumbre y vulneración.

Además, de que los familiares del desaparecido deben afrontar problemas específicos, que varían en función de su situación individual, del contexto local y de su entorno sociocultural. Los problemas son de diverso orden: psicológico, jurídico, administrativo, social y económico.

Se considera que los familiares de personas desaparecidas tienen problemas económicos directamente vinculados a la desaparición de su ser querido y no logran satisfacer sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, vivienda, educación de los hijos, etcétera; y que la mayoría de las personas desaparecidas son hombres adultos, por lo que muchas familias de personas desaparecidas pierden su sostén financiero.

4.- Continúa señalando la iniciativa, que con frecuencia las mujeres se convierten en jefas de hogar, aunque se les ofrecen menores posibilidades de ganarse la vida. Por otro lado, en la medida en que el estatuto de una persona desaparecida no es reconocido oficialmente, la familia por lo general no recibe el apoyo que suele darse a los familiares en caso de fallecimiento.

El estatuto jurídico indeterminado del cónyuge o de los descendientes de una persona dada por desaparecida tiene consecuencias por lo que respecta a los derechos de propiedad, custodia de los hijos, derechos de sucesión y posibilidades de volver a contraer matrimonio.

De esta manera, indica que la desaparición de una persona se da por varios motivos, sin embargo esas circunstancias están vinculadas a la ignorancia, la incapacidad, la negligencia o la falta de voluntad de las autoridades para brindar seguridad a las personas y que esto no ocurra o para que en su caso se localice su paradero.

5.- Se aduce también, que el Estado mexicano no ha sido capaz de cumplir con su obligación de brindar seguridad, ni tampoco acceso a la justicia y a la verdad, en los casos de desaparición forzada o a manos de particulares.

Que existen normas fundamentales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional en materia de derechos humanos cuyo objetivo es contribuir a impedir la desaparición de personas, por lo que en las autoridades estatales recae, en primer lugar, la responsabilidad de evitar las desapariciones y de averiguar el paradero de las personas dadas por desaparecidas.

Destaca es importante que todos los Estados actúen con determinación para impedir las desapariciones, se abstengan de cometer secuestros u otros actos que provoquen desapariciones forzadas y hagan todo lo necesario para delucidar lo ocurrido a las personas dadas por desaparecidas y para aportar una ayuda a los familiares que no tienen noticias de sus familiares.

6.- También se manifiesta en la iniciativa, que el 13 de septiembre del presente año diversas organizaciones sociales solicitaron al Senado resguardar los bienes patrimoniales; entregaron un paquete de propuestas, señalando que con la desaparición de una persona la familia enfrenta pérdida de derechos, ante el Infonavit, IMSS e ISSSTE, debido a vacíos en la legislación.

Señala en consecuencia, que la tarea del Congreso de la Unión debe ser promover la aplicación de un marco jurídico sobre las personas desaparecidas, y la protección de los derechos de sus familiares, acorde a los tratados internacionales en esta materia, además de impulsar la adopción de políticas y medidas para garantizar su aplicación efectiva, en este marco se inscribe la presente iniciativa.

Se considera que la persona desaparecida es en muchas ocasiones el principal sostén económico de la familia o el único titular de los bienes comunes. En general, se trata del padre. En esos casos, las mujeres de los desaparecidos quedan sumamente vulnerables; queda despojada del derecho a recibir el apoyo financiero y material que suele darse a las viudas.

Considera además que el estado de vulnerabilidad que enfrenta la familia del desaparecido, el Estado debe brindarles la protección debida de manera pronta y eficaz, en este sentido, la seguridad social, es uno de los aspectos que deben brindarse a la brevedad, pues la pareja y los hijos, requieren el acceso a una pensión que les permita satisfacer sus necesidades básicas, así como el acceso al resto de rubros que integran la seguridad social.

Refiere también que los familiares de los desaparecidos deben tener acceso al sistema de seguridad social. Por tal motivo, debe crearse un mecanismo que agilice el trámite para el acceso a la pensión de familiares de desaparecidos. Desafortunadamente, en el Código Civil Federal vigente, la posibilidad jurídica de obtener una declaración de ausencia y presunción de muerte es prolongado, por eso el Estado debe optar por implementar un procedimiento administrativo, en caso de desaparición de persona a manos del estado o de particulares, que sea ágil y expedito, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21 de la Ley General de Víctimas.

7.- Finalmente se señala en la iniciativa de mérito, que en este sentido deviene el compromiso de armonizar la regulación que protege los derechos humanos considerando el sistema de seguridad social que opera en nuestro país, a través de la Ley del Seguro Social y de la Ley del ISSSTE, por lo que el tema de pensión otorgada a familiares de trabajadores y pensionados desaparecidos, debe contar con las mismas reglas.

Por ello, propone que el contenido del artículo 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se replique en la ley del Seguro Social, para que cualquier ciudadano que desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes, con derecho a la Pensión, disfruten de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia.

CONSIDERACIONES

1.- Estas Comisiones Unidas reconocen y apoyan el propósito principal de la Iniciativa que dictaminan, el cual consiste en armonizar la legislación y prever en la Ley del Seguro Social, el supuesto normativo en el que se establece que los familiares de todo pensionado bajo el régimen del seguro social, podrán disfrutar de la pensión, en el caso de que se suscite su desaparición de su domicilio por más de un mes, sin que se tengan noticias de su paradero.

Lo hacen sin dejar de considerar, que en la Ley vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE), se prevé en el artículo 137 tal supuesto, estableciendo: “Si un Pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de la pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva.”

Es evidente que este precepto, lo que busca es proteger y no dejar en estado de indefensión a los familiares de todo pensionado, cuando se actualice dicho supuesto.

En ese tenor, se coincide plenamente en adicionar un artículo 137 Bis a la Ley del Seguro Social, a fin de establecer el mismo supuesto previsto en el artículo 137 de la Ley del ISSSTE, para garantizar el disfrute de la pensión con carácter provisional, a los beneficiarios del pensionado con derecho a ella, en el caso de que el pensionado bajo el régimen del seguro social, desaparezca de su domicilio por más de un mes, siempre y cuando se compruebe el parentesco y la desaparición del mismo mediante la exhibición de la denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente.

Además, también coinciden que en el caso de que se acredite el fallecimiento del pensionado, los familiares derechohabientes, podrán disfrutar de la pensión de manera definitiva.

2.- Estas Comisiones no pueden dejar de advertir, que en materia civil corresponde a los Jueces del Registro Civil de cada Entidad Federativa inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia y, en su caso, la presunción de muerte, los cuales se rigen por los plazos señalados en el artículo 705 del Código Civil Federal.

De esta forma, la legislación vigente establece que se podrá solicitar la declaración de ausencia una vez que han transcurrido dos años desde el día en que haya sido nombrado el representante y en caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia sino pasados tres años, que se contarán desde la desaparición del ausente (artículos 669 y 670 del Código Civil Federal).

Con relación a la presunción de muerte, esta podrá ser declarada por el juez, a instancia de parte interesada, cuando hayan transcurrido 6 años desde la declaración de ausencia (artículo 705 del Código Civil Federal).

Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideran con mayor razón adecuada la adición del artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social, en los términos del artículo 137 vigente de la Ley del ISSSTE, pero con algunas modificaciones toda vez que los plazos relativos a la declaración de ausencia y de presunción de muerte de las personas, son muy amplios, situación que en la práctica impide el disfrute pleno de los beneficios de la pensión por parte de los beneficiarios del pensionado con derecho a ella, en el supuesto ya aludido.

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO

1.- No obstante lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras quieren precisar que no se estima viable la propuesta de reforma al artículo 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que se agrega el término “trabajador”:

“Artículo 137. Si un Pensionado o trabajador desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva.”

Al respecto, cabe señalar que:

a) No es posible que a los trabajadores en activo que se “desaparezcan” por más de un mes, independientemente del tiempo de cotización, se les otorgue una pensión a sus familiares, en razón de que se afectarían las proyecciones financieras que se realizan para cubrir el seguro de invalidez y vida correspondiente a cada régimen de Seguridad Social (IMSS-ISSSTE).

b) Lo anterior, generaría un aumento considerable del universo de pensiones temporales o permanentes bajo los supuestos del seguro de invalidez y vida, con un alto impacto presupuestario, que necesariamente tendría que estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, lo que entrañaría un aumento considerable de los recursos asignados para su cumplimiento.

2.- La misma argumentación se aplica para la propuesta de adición del término “trabajador” en el artículo 137 Bis contenido en la Iniciativa que se dictamina.

“Art. 137 Bis.- Si un Pensionado o trabajador desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva.”

3.-Por lo anterior, y a efecto de tener mayor claridad en torno al proyecto de Decreto que finalmente proponen estas Comisiones Unidas con las modificaciones señaladas, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

ARTÍCULO 137 VIGENTE
LEY DEL ISSSTE

ARTÍCULO 137 BIS QUE SE ADICIONA
LEY DEL SEGURO SOCIAL

Art. 137.- Si un Pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de la pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva.

Artículo 137 bis.- Si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, sus beneficiarios con derecho a la pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección del ramo de vida del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, exhibiendo la denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus beneficiarios, sin que en ningún caso pueda entenderse una obligación del Instituto respecto de aquellos importes que hubieran sido pagados a los beneficiarios. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionado, la transmisión será definitiva.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del Pleno de este Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 137 BIS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 137 bis.-Si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, sus beneficiarios con derecho a la pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección del ramo de vida del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, exhibiendo la denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus beneficiarios, sin que en ningún caso pueda entenderse una obligación del Instituto respecto de aquellos importes que hubieran sido pagados a los beneficiarios. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionado, la transmisión será definitiva.”

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 25 de octubre de 2016.

Suscriben

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Y también tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen de primera lectura)



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de apoyo a pequeños productores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Preguntaría a la Asamblea si alguna Senadora o Senador tiene interés de intervenir en la presentación de este dictamen.

Al no haber oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico por diez minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar en su oportunidad de la votación.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señora Presidenta, conforme al tablero electrónico, se emitieron 81 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de la Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de cultura de paz en el deporte. A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Está a discusión en lo general. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señora Presidenta, conforme al tablero electrónico, se emitieron 77 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara la primera semana del mes de abril de cada año como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”. A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE”

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la segunda lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Preguntaría si hay interés de alguna Senadora o Senador para poder hacer uso de la tribuna. Al no existir oradores inscritos, ábrase el tablero electrónico por tres minutos para recoger la votación de las Senadoras y los Senadores. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señora Presidenta, conforme al tablero electrónico, se emitieron 80 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la primera semana del mes de abril de cada año como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.





 

Informo a la Asamblea que tenemos inscritos siete dictámenes, en sentido negativo, que desechan diversas iniciativas.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta, señora Presidenta.

Tenemos uno de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, de Estudios Legislativos, Primera durante la LXII Legislatura  fueron turnadas para su estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 13 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

II. El 1 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera procedieron al estudio de la iniciativa presentada,  efectuando razonamiento sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la misma, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la Senadora promovente.

Conforme a la exposición  de motivos, el objetivo de la iniciativa es el que el Instituto Mexicano de la Juventud sea la institución que elabore y ejecute el Programa Nacional de Empleo para Jóvenes con la participación de los sectores social y privado que permita incorporar a las y los jóvenes al mercado laboral con salarios dignos y con prestaciones sociales.

Expone que una de las principales preocupaciones para las y los jóvenes mexicanos es obtener un empleo con buen salario y estabilidad laboral a partir de un empleo formal, según la Encuesta Nacional de Valores en Juventud (ENVJ) del Instituto Mexicano de la Juventud y la UNAM.

Argumenta que acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo para los jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad es del 9.5 por ciento y los temas que más le preocupan a la juventud mexicana son la inseguridad y el desempleo.

Refiere que el 85 por ciento de los jóvenes ocupados no gana más de 6 mil pesos al mes y apenas una cuarta parte de los empleos formales que se crearon en el último año fueron para ellos, por lo que en consecuencia, la mayoría recurre a la informalidad.

Señala que México es uno de los países que mayor aumento tuvo en la tasa de desempleo en la población joven desde la crisis económica, al pasar de 73 al cuarto trimestre de 2007 a 103 en el primer trimestre de 2012, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Resalta que el Instituto Mexicano de la Juventud tiene como objetivos fundamentales, definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita la incorporación plena de los jóvenes al desarrollo del país; la planeación y programación de políticas y acciones relacionadas con la juventud y; promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, entre otras.

Con base en lo anteriormente mencionado señalamos la siguiente:

III. CONSIDERACIONES

Con relación a la iniciativa motivo del presente Dictamen, quienes integramos éstas Comisiones que dictaminan, considerando las argumentaciones anteriormente señaladas propiamente por la Senadora promovente, creemos conveniente fundamentar que con relación a la propuesta de reforma para el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en cuanto a incluir que "las políticas, programas, servicios y acciones en materia de empleo comprendida será a partir de los 15 años de edad", se estima innecesaria, ya que el pasado 17 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se eleva la edad mínima para trabajador para trabajar a 15 años.

Creemos conveniente señalar que con esta reforma constitucional, se estableció un principio a favor de los menores como un esfuerzo decidido para fortalecer la política nacional en esta materia, con lo cual se asume el compromiso de combatir el trabajo infantil con la colaboración de toda la sociedad, a fin de dar cumplimiento a las normas mínimas contenidas en los tratados internacionales, por lo que al establecerse en la constitución federal como prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años, es evidente que las medidas que se tomen en materia de inclusión laboral, será para las personas en edad permitida para trabajar.

Respecto a la creación del Programa de Empleo para Jóvenes, se considera que, aun y cuando pudiera parecer loable este tipo de propuestas, estimamos su improcedencia ya que actualmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha tomado medidas para favorecer el ingreso al mercado laborar de los jóvenes, así como su permanencia en la que se cumplan y respeten las condiciones laborales, además de las medidas de seguridad y salud en los centros de trabajo.

Es importante destacar que con la pasada reforma laboral, se crearon nuevas modalidades de contratación con salario, prestaciones, seguridad social y antigüedad, tales como la figura de: "capacitación inicial" como una forma de contratación en la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados, bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado.

Asimismo la vigencia de esta nueva modalidad es de una duración máxima de tres meses o en su caso, hasta de seis meses sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados.

Por lo que con esta nueva modalidad, los jóvenes tendrán un empleo que se compagine con su situación y necesidades particulares. No obstante lo anterior, la Ley Federal del Trabajo prevé en el artículo 537, fracción VI, que el Servicio Nacional de Empleo, dependiente de la STPS, deberá diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable.

Actualmente la legislación laboral prevé la figura de "salario por unidad de tiempo", en la cual el trabajador y el patrón podrán convenir el monto, así como el pago por cada hora de prestación de servicio, siempre y cuando en ningún caso sea inferior al que corresponda a una jornada diaria, no se exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trate.

Por lo que con esta nueva figura los jóvenes estudiantes, que cuentan con algunas horas disponibles para trabajar, podrán acceder al mercado laboral, sin la necesidad de dejar su proceso  educativo.

En ese tenor consideramos relevante señalar que la STPS es la instancia rectora por parte del Gobierno de la República, en los temas de vinculación laboral, protección de los derechos de los trabajadores y vigilancia y promoción de la paz laboral.

Por lo que en ese sentido y en cumplimiento a los objetivos del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, la Política Laboral Nacional, se conforma de diversos ejes rectores, que tienen por objeto impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva; democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, así como conservar la paz laboral.

Aunado lo anterior, el Gobierno Federal ha puesto en marcha diversas acciones encaminadas a capacitar y adiestrar a diversos grupos vulnerables, con el objeto de promover el incremento de la productividad, siendo ésta una estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Lo anterior, es acorde con lo que se prevé en el artículo 40, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal misma que señala que le corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento.

Por otra parte el Servicio Nacional de Empleo tiene entre otros objetivos el de promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a la colocación de los trabajadores, así como diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable.

Por lo que del análisis derivado por quienes conforman estas Comisiones  Dictaminadoras es de observarse que las propuestas motivo del presente Dictamen contravienen disposiciones establecidas en marcos jurídicos como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de la propia Ley Federal del Trabajo, por lo que su inclusión en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, resulta improcedente.

Por las consideraciones expresadas y toda vez que las reformas y adiciones propuestas a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, ya se encuentran previstas en otros ordenamientos vigentes específicos en la materia, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas señalamos las siguientes:

IV. CONCLUSIONES

Primera. La iniciativa presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, ha sido considerada y valorada no favorable por los miembros de estas Comisiones que dictaminan.

Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la iniciativa, motivo del presente Dictamen, nos permitimos someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero. No es de aprobarse la iniciativa presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.





 

Y tenemos seis de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, que desechan los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforma los artículos 7o. y 54 de la Ley General de Educación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7o. Y 54 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7º y 54 de la Ley General de Educación, presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 14 de abril de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 182, 183, 188, 190, 204 y 221 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente

ESTRUCTURA

1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la iniciativa, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

2. En el apartado denominado “II. Objeto, descripción  y proyecto de decreto de la iniciativa” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

4. En el apartado “IV. Resolución”, se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la consideración del Pleno Senatorial para el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se dictamina.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. En sesión ordinaria celebrada el 14 de abril de 2015, el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7º y 54 de la Ley General de Educación.

2. La Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa a la Comisión de Educación y de Estudios Legislativos; para su estudio y dictamen correspondiente.

II. OBJETO, DESCRIPCIÓN Y PROYECTO DE DECRETO DE LA INICIATIVA

II.1 Objeto

Propone la adición de una fracción XVII al artículo 7º y una reforma el artículo 54 de la Ley General de Educación, para impulsar modificaciones legislativas en materia de infraestructura educativa (INFE) para garantizar el desplazamiento de las personas con discapacidad motriz. De este modo la reforma establece que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá entre sus fines el de contar con la infraestructura adecuada para personas con discapacidad, en específico para las personas que tengan discapacidad motriz. Ello, a fin de garantizar su desplazamiento dentro y fuera de las aulas de clases, así como en las demás instalaciones con las que cuente la institución educativa.

Asimismo, el instrumento establece que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades y por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados deberán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios, mismos que se autorizará siempre y cuando, cuenten con la infraestructura para facilitar la movilidad de las personas con alguna discapacidad.

En artículos transitorios, la iniciativa de reforma, establece que a la expedición de este decreto las Instituciones de educación privada que estén funcionando sin el debido reconocimiento de validez oficial de estudios y que no cuenten con la infraestructura para facilitar el desplazamiento de las personas con alguna discapacidad (elevadores, cajones de estacionamiento, rampas, puertas amplias para el acceso de las sillas de ruedas, y las demás que fuesen necesarias), contarán con un plazo de 6 meses para regular su situación.

II.2. Descripción

En opinión del SenadorJosé Rosas Aispuro Torres, la estructura educativa rige la manera en que se forman los nuevos integrantes de la sociedad y permite a las nuevas generaciones apropiarse de la cultura, el arte, el conocimiento, la tecnología, los valores y de una determinada sociedad. Sin embargo, plantea interrogantes sobre la adecuación de las instalaciones de las instituciones de educación, específicamente para las personas con discapacidad motriz.

Aclara el Senador proponente que la discapacidad motriz es una condición de vida que afecta el control y movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y respiración de las personas que la padecen, limitando su desarrollo educativo, personal y social.

Sobre el contexto social de la discapacidad la iniciativa expone que  hay más de 1.000 millones de personas en el mundo con alguna forma de discapacidad. Sostiene que hay diversos tratados y convenios internacionales relativos a los derechos humanos que proclaman el derecho a la educación de todas las personas, entre los que destaca la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

Señala de manera particular la correlación entre vejez y discapacidad, asociada con enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales, destacando además los factores ambientales, así como de discapacidad (originadas por accidentes, catástrofes naturales, hábitos alimenticios y el abuso de sustancias psicotrópicas).

Con relación al caso de México, el cuerpo argumentativo del instrumento destaca que hay 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad (5.1 % de la población total del país), de los que el 58.8 % tiene una discapacidad motriz, originadas sobre todo por la prevalencia de alguna enfermedad (39%), seguidas de las que se originaron por la vejez (23%).

El Senador Rosas Aispuro indica que la llamada infraestructura accesible denominaa los lugares que cuentan con estacionamientos cercanos al acceso principal (más amplios que los comunes), zonas peatonales más amplias o libres de obstáculos y puertas amplias para sillas de ruedas.

Asegura que las instituciones educativas requieren contar con rampas para sillas de ruedas, así como elevadores o rampas de acceso para sillas de rueda, baños amplios con barras para apoyo y con lavabos adaptados; de otra forma, las personas con discapacidad aumentan los riesgos en los que incurren.

II.3. Proyecto de Decreto.

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, esta Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se dictamina:

LEY VIGENTE

INICIATIVA PROPUESTA

Artículo 7.-...

I.-... a la XVI.-...

 

 

 

 


Artículo 54.-...

Por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

 

 

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos.

Artículo 7.-...

I.-... a la XVI.-...

XVII.- Deberán de contar con la infraestructura adecuada para personas con discapacidad, en específico para las que tengan discapacidad motriz. A fin de garantizar su desplazamiento dentro y fuera de las aulas de clases, así como en las demás instalaciones con que cuente la institución educativa.

Artículo 54.-...

Por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados deberán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios, mismos que se autorizará siempre y cuando, cuenten con la infraestructura para facilitar la movilidad de las personas con alguna discapacidad.

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos.

TRANSITORIOS

Primero. A la expedición de este decreto las Instituciones de educación privada que estén funcionando sin el debido reconocimiento de validez oficial de estudios y que no cuenten con la infraestructura para facilitar el desplazamiento de las personas con alguna discapacidad (elevadores, cajones de estacionamiento, rampas, puertas amplias para el acceso de las sillas de ruedas, y las demás que fuesen necesarias), contarán con un plazo de 6 meses para regular su situación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

Tercero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En atención al contenido de la iniciativa propuesta por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativo de la Cámara de hacen las siguientes:

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

III.1. Consideraciones de carácter jurídico

PRIMERA. El Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene plena legitimidad para formular la iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República.

III.2. Consideraciones de carácter argumentativo

SEGUNDA. Las Comisiones dictaminadoras coinciden con las propuestas del Senador Rosas Aispuro en cuanto a la importancia que reviste para las personas con discapacidad el que la infraestructura esté adaptada a sus necesidades. Sin embargo, es preciso que esta iniciativa se contraste con el marco normativo vigente, lo que será expuesto en las consideraciones subsecuentes.

TERCERA. El artículo primero de la Carta Magna prescribe que:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

*Énfasis añadido

CUARTA. Con base en la premisa constitucional, el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), que desarrolla los derechos de dicho grupo de personas y distribuye el marco competencial entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar tales derechos. Entre otras disposiciones, la Ley define a la accesibilidad y los ajustes razonables como:

Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;
Ajustes razonables: Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; (fracciones I y II del artículo 2).

En materia educativa, el artículo 12 de la misma norma señala que:

La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. …

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;

III. … a XIV. …

*Énfasis añadido

QUINTA. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), publicada en el DOF el 14 de diciembre el 2014, rebasó el contenido de la norma citada anteriormente, pues, en materia educativa, estableció la obligación de las autoridades de garantizar (no de impulsar, como lo prescribe la LGIPD)“el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado”.

El artículo 10 de la misma Ley establece que en la aplicación de la LGDNNA:

[S]e tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

Asimismo, la norma explicita el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad (artículo 13, fracción X), yel artículo 47, en su último párrafo, obliga a las autoridades a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

El capítulo Décimo de la LGDNNA (Arts. 53 a 56) se refiere expresamente al derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Dispone, entre otras cosas, que estas personas tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos consagrados en la Ley, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, y prescribe con claridad su derecho a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes (artículo 53).
Los artículos 54, 55 y 56 establecen las obligaciones de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para garantizar los derechos prescritos en el artículo inmediato anterior:

Artículo 54. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable.

Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de señalización en Braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios.

No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales.

No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Artículo 55. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad.

Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán disposiciones tendentes a:

I. Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, a efecto de prevenir la ocultación, abandono, negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

II. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna;

III. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares;

IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, y

V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia. Dichos reportes deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad, escolaridad, entidad federativa y tipo de discapacidad.

Artículo 56. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible.

NOVENA. Respecto al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el instrumento establece la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de “[g]arantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado”. (Artículo 57, fracción XIII).

DÉCIMA. El 1 de junio de 2016 fue publicado el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de Educación Inclusiva. Dicha reforma incorporó elementos relevantes para garantizar el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad en el SEN. Entre otras, sus disposiciones indican que:

Artículo 41. …

Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades. Se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración a la vida social y productiva. Las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de sus estudios en los niveles de educación media superior y superior.

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables.

Respecto de los particulares que prestan servicios educativos, la misma reforma incorporó como requisito para la obtención de las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios el de contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables. (Artículo 55, fracción II).

DÉCIMA PRIMERA. En materia de infraestructura, el artículo 17 de la LGIPD establece que:

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos:

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva

DÉCIMA SEGUNDA. Por su parte, el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa menciona que en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas.

DÉCIMA TERCERA. Debido a que el objeto del instrumento legislativo que motiva este dictamen ha sido atendido en las reformas referidas en los numerales anterior, estas comisiones dictaminadoras consideran que la salvaguarda del bien jurídico a que alude el proyecto de decreto se encuentra consagrado en el marco legal vigente, por lo que se coincide en la conveniencia de dar por concluido el procedimiento legislativo de la iniciativa enunciada en los antecedentes.

IV. RESOLUCIÓN

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estima sin materia procedente y se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaba y adicionaban los artículos 7º y 54 de la Ley General de Educación, en materia de accesibilidad de la infraestructura educativa. En consecuencia, se da de baja de los registros y se archiva como asunto definitivamente concluido.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 9 de noviembre de 2016.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se reforma una fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación.

PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto Decreto por el que se reforma y adiciona una fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de Educación, presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 06 de octubre de 2015.

Con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente:

ESTRUCTURA

1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la iniciativa, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

2. En el apartado denominado “II. Objeto, descripción  y proyecto de decreto de la iniciativa” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

4. En el apartado “IV. Resolución”, se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la consideración del Pleno Senatorial para el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se dictamina.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. En sesión ordinaria del 06 de octubre de 2015, el SenadorJosé Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto Decreto por el que se reforma y adiciona una fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de Educación

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto porlos artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1; fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República.

3. La Presidencia de la Mesa Directiva de ese órgano del Congreso dispuso, también en esa misma fecha, el turno a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de las Iniciativas a efecto de darla por recibida.

II. OBJETO,  DESCRIPCIÓN Y PROYECTO DE DECRETO DE LAINICIATIVA

II.1 Objeto

La iniciativa presentada por el Senador Rosas Aispuro Torres propone incorporar, como uno de los fines de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, el de inculcar los conceptos y principios fundamentales de la educación y seguridad viales, promoviendo y fomentando la armonía, concientización, cordialidad, solidaridad y convivencia social. Asimismo, establece que dichos fines educativos también deberán prever la impartición de cursos como materia obligatoria en educación básica para dar a conocer toda la simbología y los reglamentos que regulan la vialidad en todo el territorio nacional.

De la misma manera, incorpora los conceptos de “Seguridad vial” y “Señalización vial”.

A. 2 Proyecto de Decreto

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, estas Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se dictamina:

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
VIGENTE

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- a XVI.- ..

 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- a XVI.- ..

XVII.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la educación vial, promoviendo y fomentando la armonía, concientización, cordialidad, solidaridad y convivencia social.

XVIII.- Impartir cursos como materia obligatoria en educación básica para dar a conocer toda la simbología y los reglamentos que regulan la vialidad en todo el territorio nacional.
Se entiende por:

Seguridad vial: conjunto de políticas y sistemas orientados a la prevención de accidentes de tránsito.

Señalización vial: conjunto de elementos y objetos visuales de contenido informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter, que se colocan en la vialidad.

TRANSITORIOS

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

III. 1 Consideraciones de carácter jurídico

PRIMERA. El Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene plena legitimidad para formularla iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República.

III. 2 Consideraciones de carácter argumentativo

SEGUNDA. La Ley General de Educación es una norma que distribuye competencias y establece la concurrencia de los distintos órdenes de gobierno involucrados en la función social de la educación que brinda el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Las disposiciones de la ley también definen los elementos que constituyen el Sistema Educativo Nacional y sus relaciones, así como los fines y criterios que orientarán a la educación pública, mismos cuyo contenido se expresa en la ley de manera general con el propósito de que los planes y programas de estudio respondan al dinamismo de la sociedad y a los retos de la formación de las futuras generaciones en México.

TERCERA. De conformidad con los preceptos de la Ley General de Educación, los planes y programas de estudio de educación básica y normal son  responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, mismos que son integrados con base en los fines y criterios establecidos en el artículo 7 y 8 de la ley y con la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Desde esta perspectiva, el Congreso en esta materia tiene facultades para incidir en los fines y criterios que orientan a la educación y no en la formulación propia de los contenidos educativos, ya que por disposición constitucional, es una facultad encomendada de manera exclusiva al Ejecutivo federal.

CUARTA. La educación vial, entendida como el conjunto de conocimientos que proporcionan a las y los alumnos elementos para distinguir y respetar los señalamientos viales y de tráfico de vehículos automotores, así como las competencias para conducirse entre el tráfico, constituye una materia asociada a los contenidos de la Educación Cívica y Ética. Dentro de los planes de Educación Básica 2011, emitidos en el marco de la Reforma Integral para la Educación Básica, se buscó incorporar temas de relevancia social dentro de las condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. (Acuerdo secretarial 592, publicado en el DOF el 19 de agosto de 2011).

Estos temas favorecen aprendizajes relacionados con valores y actitudes sin dejar de lado conocimientos y habilidades, y se refieren a la atención a la diversidad, la equidad de género, la educación para la salud, la educación sexual, la educación ambiental para la sustentabilidad, la educación financiera, la educación del consumidor, la prevención de la violencia escolar -bullying-, la educación para la paz y los derechos humanos, la educación vial, y la educación en valores y ciudadanía.1 (Énfasis añadido).

SEXTA. Por su parte, el 18 de septiembre de 2015, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fines de la educación. Entre las modificaciones se incluyó como uno de los fines de la educación el de crear conciencia sobre la prevención de accidentes:

Artículo 7.-

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, la prevención de accidentes, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

SÉPTIMA. Es importante tomar en cuenta la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/62/244 de abril de 2008, en la cual se expresa “la preocupación porque sigue aumentando el número de muertos y heridos como consecuencia de accidentes de tránsito en todo el mundo, en particular en países en desarrollo” y “reafirma la importancia de ocuparse de las cuestiones relativas a la seguridad vial en el mundo y la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación internacional, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, en los ámbitos de la creación de capacidad en materia de seguridad vial y la prestación de apoyo financiero y técnico a sus actividades”.

OCTAVA. De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Transporte y de otras dependencias públicas, en nuestro país han fallecido alrededor de 20 mil personas en el último año, 55 por ciento de los cuales ocurrieron en el lugar del incidente, 30 por ciento durante la hospitalización y el 15 por ciento restante con posterioridad, a consecuencia de las lesiones sufridas en los accidentes. De hecho, en México los accidentes viales constituyen la segunda causa de muerte entre la población de cinco a 29 años y la tercera en personas de 30 a 44 años de edad. De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Accidentes, el costo anual promedio de los mismos es de 110 millones de pesos, sin embargo, en términos de pérdidas de productividad, atención médica y rehabilitación, dicha cantidad podría alcanzar hasta el 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto anual.

NOVENA. En términos generales, puede decirse que los accidentes viales son la cuarta causa de muerte en nuestro país y un muy probable motivo de orfandad. Sin duda, el factor humano es un elemento de primer orden en la responsabilidad de los accidentes. Por ello, las comisiones dictaminadoras son de la opinión de que la cultura vial puede convertirse en un elemento que puede modificar la incidencia en el número de accidentes, porque se sustenta en normas básicas de educación y seguridad que propician actitudes responsables en el manejo de vehículos automotores y en todo lo relacionado a su desplazamiento, desde la perspectiva de los conductores como de los peatones, tanto en calles y como en avenidas, así como en zonas carreteras. Se trata de formar en los ciudadanos un elemento de cultura cívica que genere actitudes responsables y consideradas hacia los demás y, en particular, de autoprotección.

DÉCIMA. Debido a que el objeto del instrumento legislativo que motiva este dictamen ha sido atendido en las reformas referidas en los numerales anterior, toda vez que la salvaguarda del bien jurídico a que alude el proyecto de decreto se encuentra consagrado en el marco legal vigente, las comisiones dictaminadoras coinciden en la conveniencia de dar por concluido el procedimiento legislativo de las iniciativas enunciadas en los antecedentes.

IV. RESOLUCIÓN

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estima sin materia procedente y se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaba y adicionaba una fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de Educación, en materia de educación vial. En consecuencia, se da de baja de los registros y se archiva como asunto definitivamente concluido.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, el 9 de noviembre de 2016.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

1 SEP (2011) Plan de Estudios 2011. Educación Básica.
http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/images/PDF/planestudios11.pdf




 

Por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de cuotas escolares.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE CUOTAS ESCOLARES

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión les fueron turnadas, para su estudio y dictamen, diversas iniciativaspor las que se reformandiversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de cuotas escolares, presentadas por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y por la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente:

ESTRUCTURA

1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a las iniciativas, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

2. En el apartado denominado “II. Objeto y descripción de las iniciativas” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

4. En el apartado “IV. Resolución” se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la consideración del Pleno Senatorial para el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se dictamina.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. En sesión ordinaria del 25 de abril de 2014, el SenadorDavid Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 6º de la Ley General de Educación.

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto porlos artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. La Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. En sesión ordinaria del 21 de abril de 2016, la Senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 6 y la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación.

5. La proposición fue fundada en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República.

6. La Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República para su estudio y dictamen.

7. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de las Iniciativas a efecto de darla por recibida.

II. OBJETO, DESCRIPCIÓN Y PROYECTO DE DECRETO DE LAS INICIATIVAS

A. Iniciativa del Sen. David Monreal Ávila

A. 1 Objeto

La iniciativa presentada por el Senador Monreal Ávila tiene por objeto reformar el artículo 6º de la Ley General de Educación (LGE) para prohibir que las autoridades educativas soliciten  pagos o cuotas voluntarias como contraprestación del servicio educativo.

A. 2 Descripción

La sección argumentativa del instrumento hace referencia al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De dicho artículo se desprende que laenseñanza que imparta el Estado será gratuita.

En el mismo sentido, el Senador promovente sustenta su motivación en lo dispuesto por diversos tratados internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 26 señala que:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria…” Por otro lado el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales en su artículo 13 señala: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de todas las personas a la educación…la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente.

El Senador hace referencia a un marco jurídico extenso que sienta las bases para que todos los habitantes de México puedan educarse y hacer valer su derecho a la educación. Particularmente se refiere al artículo 6º de la LGE, que prescribe la gratuidad de la educación impartida por el Estado.

A pesar de las disposiciones contenidas en la legislación vigente, el Senador promovente considera que aquéllas no garantizanel principio de gratuidad de la educació pública, por lo que estima conveniente reforzar su contenido.

A. 3 Proyecto de Decreto

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, estas Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se dictamina:

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
VIGENTE

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

 

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna

Artículo 6.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Queda prohibido solicitar pagos o cuotas voluntarias por parte de las autoridades educativas. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones.

 

 

TRANSITORIOS

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

B. Iniciativa de la Sen. Verónica González Rodríguez

B.1 Objeto

La iniciativa presentada por la Senadora González Rodríguez tiene el objetivo de reformar la Ley General de Educación, con la intención de establecer la plena gratuidad en la educación que imparta el Estado, prohibiendo la solicitud de cualquier tipo de donativo en especie o económico a cambio de alguna contraprestacion educativa.

B. 2 Descripción

El texto argumentativo del instrumentose refiere a la educación como un derecho fundamental reconocido en múltiples tratados y protocolos internacionales signados por nuestro país, cuyo ejercicio les permite a las personas coadyuvar al ejercicio del resto de sus derechos.

La exposición de motivos hace una reseña del derecho a la educación en los diferentes instrumentos de derecho internacional:

En laDeclaración Universal de Derechos Humanos quedó establecido que toda persona tiene derecho a la educación y que al menos la instrucción elemental y fundamental debe ser gratuita, comprometiendo a las naciones a establecer medidas progresivas con el fin de garantizar su reconocimiento y aplicación efectiva y universal. Adicionalmente, este derecho está fundamentado en un amplio contexto de esfuerzo constante de parte de la comunidad internacional a lo largo de los años, entre los que podemos encontrar varios pactos y convenciones de los que nuestro país es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales; la Convención por los Derechos del Niño, y la Convención contra la Discriminación en Educación.

En el marco nacional, la legisladora reconoce que la base legal del derecho a la educación es el resultado de los avances conseguidos a lo largo de grandes luchas en la historia de México, que han dado lugar a que la misma Carta Magna plasme el espíritu y voluntad del Estado para garantizar este derecho entre toda su población; la fracción IV del artículo 3° señala que está se impartirá de manera gratuita.

Pese a esto, la promovente estima el cobro de cuotas o el condicionamiento del servicio es un tema que se presta a interpretaciones ambiguas.

B. 3 Proyecto de Decreto

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, estas Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se dictamina:

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
VIGENTE

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será completamente gratuita, queda prohibido a las autoridades escolares y a las asociaciones de padres de familia solicitar cualquier tipo de donativo en especie o cuota económica voluntaria.

 

 

 

 


En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna o a la entrega de algún tipo de donativo en especie.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

 


La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

II. a XII. …

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior de manera completamente gratuita, sin condicionamiento a la entrega de cualquier tipo de donativo económico o en especie.

La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

II. a XII. …

 TRANSITORIOS

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

III. 1. Consideraciones de carácter jurídico

PRIMERA. Los Senadores David Monreal Ávila y Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, tienen plena legitimidad para formular la iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República.

III. 2 Consideraciones de carácter argumentativo

SEGUNDA. La gratuidad de la educación se sitúa como una obligación suplementaria del principio de accesibilidad, ya que implica garantizar que no existan obstáculos económicos en el acceso y permanencia de las personas en los procesos educativos. La gratuidad parte entonces de una idea básica: si una persona tiene un derecho, es deber del Estado remover todos los obstáculos que se interponen para que pueda gozar de ese derecho.

TERCERA. En México, el artículo tercero de la Constitución Política se refiere al derecho a la educación. El primer párrafo del  artículo dispone que:

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La  educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior  serán obligatorias.

La fracción IV del mismo artículo añade que: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.

CUARTA. Bajo el amparo de este andamiaje jurídico, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de  los Acuerdos 96 y 97, por los que se establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias y Secundarias, respectivamente, establece el derecho de los alumnos de ser inscritos  sin el cobro de cuotas u otros conceptos (artículo 35, fracción VI del Acuerdo 96), y la prohibición expresa al personal escolar de solicitar a la comunidad escolar cuotas o aportaciones de cualquier especie que no hayan sido previamente aprobadas por las autoridades correspondientes (artículo 14, fracción XII del Acuerdo 97). Asimismo, las normas de control escolar para la inscripción, reinscripción, acreditación, regulación y certificación aplicables a la educación básica y media superior, emitidas por la misma Secretaría, establecen los requisitos y procedimientos para el acceso, permanencia y certificación de los servicios, los cuales excluyen, naturalmente, cualquier tipo de contraprestación.

QUINTA. Desde hace décadas, en las escuelas públicas mexicanas -tal como lo señala la colegisladora-, se suscita una práctica que ha perturbado el principio de gratuidad de la educación consagrado en el orden jurídico nacional: al inicio de cada ciclo escolar, mediante los órganos directivos o a través de las asociaciones de padres familia, se solicita el pago de aportaciones que, en muchos casos, se convierten en exigencias que condicionan el acceso y la permanencia a y en los servicios educativos.

La persistencia de estas prácticas ha sido ampliamente documentada y denunciadas en todo el territorio nacional. Tanto padres de familia, como diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos estatales de derechos humanos han evidenciado su recurrencia.

SEXTA. De acuerdo con un análisis realizado por la SEP en 2010, el monto de las aportaciones voluntarias en ese año ascendió a más de 6 mil 380 millones de pesos. Asimismo, hasta 2011, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reportaba que, en promedio, los padres de familia de una escuela de educación básica pública, en contexto urbano favorable, pagan anualmente 690 pesos, lo cual sucedía en un 97.7 por ciento de las escuelas. En el estudio La educación preescolar en México. Condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, el INEE establece que en las escuelas públicas de este nivel educativo la principal fuente de recursos económicos son los padres de familia. En la inversión en mobiliario, las “cuotas voluntarias” pagan el 60.5 por ciento del gasto; en infraestructura el 58 por ciento; en equipo el 56.4 por ciento y en servicios el 46.7 por ciento; el resto lo cubren las autoridades estatales, junto a los recursos del Programa Escuelas de Calidad, asociaciones civiles o empresas, entre otros donantes. “En la mayoría de los rubros examinados, los padres de familia son la principal fuente de recursos económicos para financiar los gastos de operación de las escuelas”.1

SÉPTIMA. Si bien diversas fuentes han reconocido la importancia de la participación de la comunidad en el mejoramiento de los centros escolares -en tanto que permite que otros actores se involucren en los procesos educativos y coadyuven en el establecimiento de mecanismos para garantizar la transparencia en la toma de decisiones sobre el uso de recursos escolares-, también han sido contundentes al señalar que las contribuciones a los centros educativos pueden ocasionar que éstos se vuelvan dependientes de los apoyos externos, sin tener la certeza de que en el corto, mediano y largo plazos podrán satisfacer sus necesidades a través de dichas fuentes.2

OCTAVA. Aunque la participación de la sociedad en el ámbito educativo está reconocida en la misma LGE (Capítulo VII), los casos de condicionamiento de los servicios educativos y, por ende, la violación al principio de gratuidad, ha ido en aumento, en parte -explican los denunciantes-, por la ambigüedad a que ha dado lugar la Ley. En este sentido, desde la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión fue confeccionada una serie de instrumentos para precisar las interpretaciones y alcances de la participación social en los diversos ámbitos educativos. En el caso de las cuotas escolares, el espíritu de estas propuestas fue recogido en el decreto aprobado por la Cámara de Diputados y que constituye la materia del presente dictamen.

NOVENA. El 26 de febrero de 2013 fue promulgada una reforma a los artículos 3° y 73 constitucionales, que fue concebida para dar continuidad a la ampliación y reorientación del Sistema Educativo Nacional (SEN). Ampliarlo, para que no sólo se garantice el acceso al Sistema, sino para promover que éste sea de calidad; reorientarlo, para crear los mecanismos que aseguren una mejora continua de los componentes de la dinámica educativa, a través de la evaluación.

Con el propósito de consolidar los contenidos de la reforma, los artículos transitorios establecieron la obligación del Congreso de la Unión de promover reformas al marco jurídico para:

Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. [Quinto transitorio, fracción III, inciso a)].

Durante el curso de las discusiones, en el seno de la opinión pública, diversos actores encontraron dicha disposición como un resquicio para la validación del cobro de cuotas escolares y, en consecuencia, fue calificada como el detonante legal de un  proceso privatizador de la educación. En el marco de estos debates, los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República presentaron una iniciativa para eliminar la imprecisión de este razonamiento, reiterando que, en efecto, “si la educación es entendida como un deber del Estado y como un derecho de la personas, el acceso a este servicio no puede estar condicionado a la capacidad de compra de ese derecho”. El razonamiento de los legisladores indicaba que “partiendo de los alcances de la gratuidad y de las responsabilidades del Estado, es propósito nuestro reiterar el acceso a la educación como un derecho fundamental de toda persona, cumplimiento que no es potestativo, sino obligatorio para el ente recipendario de tal responsabilidad (en este caso el Estado), y que, bajo ninguna circunstancia, puede condicionarse o limitarse, pues ello haría nugatorio el Derecho a la Educación”.

DÉCIMA. El desdoblamiento del nuevo mandato constitucional dio lugar a la confección de dos nuevos ordenamientos y una serie de modificaciones a la LGE, entre las que fue incluida la reiteración del principio de gratuidad y el esclarecimiento de aquellos supuestos que históricamente provocaron una interpretación errónea de  la Ley. Así pues, las reformas -publicadas el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación-, establecieron la prohibición expresa de condicionar el acceso a los servicios educativos a cambio de cualquier pago o contraprestación, y facultaron a las autoridades educativas para implementar los mecanismos encaminados a regular el destino y la aplicación de los recursos que, en su caso, sean transferidos a los centros escolares a través de donaciones: 

TEXTO ANTERIOR

LEY VIGENTE

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Artículo 6o. La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio  educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio  educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

Para despejar la sobreinterpretación de lo dispuesto en el artículo 67, el nuevo texto de la LGE establece que las cooperaciones que, en su caso, hagan las asociaciones de padres de familia serán de carácter voluntario y bajo ningún supuesto se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

TEXTO ANTERIOR

LEY VIGENTE

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I. y II.-…

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar;

 

 


IV.-… y V.-…

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I.-… y II.-…

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, según lo dispuesto por el artículo 6o. de esta Ley, en ningún caso se  entenderán como contraprestaciones del servicio educativo;

IV.-… y V.-…

Debido a que el objeto delos instrumentos legislativos que motivan este dictamen ha sido atendido en las reformas referidas en los numerales anterior y que la salvaguarda del bien jurídico a que alude el proyecto de decreto se encuentra consagrado en el marco legal vigente, las comisiones dictaminadoras coinciden en la conveniencia de dar por concluido el procedimiento legislativo de las iniciativas enunciadas en los antecedentes.

IV. RESOLUCIÓN

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estiman sin materia procedente y se desechan:

a) la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba el párrafo primero del artículo 6º de la Ley General de Educación, y

b) la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformanba el artículo 6º y la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación.

En consecuencia, se dan de baja de los registros y se archivan como asuntos definitivamente concluidos.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, el 9 de noviembre de 2016.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

1 INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2010). La educación preescolar en México. Condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. México, pp. 29-41

2 Cfr.  Bracho, T. (1995). Gasto privado en educación. México, 1984-1992. Revista Mexicana de Sociología, pp. 91-119;  Bracho, T. & Zamudio, A. (1997). El gasto privado en educación. México, 1992. Revista Mexicana de Investigación Educativa, pp. 323-347; Schmelkes, S., González, R. & Rico, A. (1983). La participación de la comunidad en el gasto educativo. Conclusiones de 24 estudios de caso en México. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 8 (1), pp. 9-47.





 

Por el que se reforma la fracción XIV del artículo 7o. de la Ley General de Educación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación, la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente:

ESTRUCTURA

1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la iniciativa, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

2. En el apartado denominado “II. Objeto y descripción de la iniciativa” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

4. En el apartado “IV. Resolución” se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la consideración del Pleno Senatorial para el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se dictamina.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. En sesión ordinaria del 31 de marzo de 2016, la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación.

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República.

3. La Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de las Iniciativas a efecto de darla por recibida.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

II.1 Objeto

La iniciativa propone incluir, como fin de la educación impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, el fomento al acceso a la información pública gubernamental por medio de internet y tecnologías de la información similares y de las mejores prácticas para ejercerlo, procurando la provisión de medios para el ejercicio de este derecho.

II.2 Descripción

El cuerpo expositivo del instrumento señala que, con el paso del tiempo, la concepción del derecho a la información se ha ido transformando y evolucionando de acuerdo al momento histórico y las condiciones o necesidades de cada etapa. En la actualidad, el desarrollo de nuevas tecnologías, la globalización y la facilidad para acceder a estos recursos ha permitido que la información se masifique, y pasemos de modelos educativos tradicionales en los que solo se requerían profesores, libros y pizarrones a la implementación de los modernos recursos como el internet, tabletas y una gran interacción de múltiples equipos informáticos que facilitan y enriquecen la tarea del aprendizaje.

En opinión de la legisladora promovente es elemental hacer notar que el acceso a la educación va ligado al acceso a la información, es decir, son procesos conjuntos que deben acompañarse para conseguir resultados óptimos y permitir el pleno goce de estos derechos. Hoy en día la mayoría de los países han reconocido que es indispensable buscar mecanismos que faciliten la transparencia y la obtención de datos de cualquier índole, atendiendo a diversos tratados internacionales y buenas prácticas en la gestión pública.

Para la promotora de la iniciativa es necesario profundizar el esfuerzo realizado para atender las necesidades tecnológicas de nuestras escuelas garantizando el pleno respeto a los derechos y las condiciones para hacerlos valer. Se debe aprovechar el enorme potencial de instrumentos como el internet, que contribuyen a apoyar la educación y el aprendizaje de las personas en una sociedad donde los contrastes y la pobreza están generando enormes brechas.

II.3 Proyecto de Decreto

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, estas Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se dictamina:

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
VIGENTE

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y losparticulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los

fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los siguientes:

I.-… a XIII.-...

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.

 

 

XIV Bis.-… a XVI.-…

 

 

 

 

 

I.-…. a XIII.-…

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental por medio de internet y tecnologías de la información similares y de las mejores prácticas para ejercerlo, procurando la provisión de medios para el ejercicio de este derecho.

XIV Bis.-… a XVI.-…

TRANSITORIOS

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

III. 1 Consideraciones de carácter jurídico

PRIMERA. La Senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene plena legitimidad para formular la iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto por los    artículos 8, numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República.

III. 2 Consideraciones de carácter argumentativo

SEGUNDA. Las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden con los argumentos expuestos en la iniciativa de la Senador González, respecto de la necesidad de potenciar el ejercicio del derecho a la información mediante el uso de TIC; no obstante, resulta pertinente exponer algunas precisiones que, en general, apuntan a demostrar que el objeto de la iniciativa se encuentra salvaguardado en diversos instrumentos jurídicos vigentes y a enfatizar la inconveniencia de que las acciones encaminadas a cristalizar el ejercicio de un derecho (como el del acceso ala información pública) se circunscriba al acceso a las tecnologías de la comunicación y la información. A partir de esta tesis, las consideraciones subsecuentes se concentran en exponer que, desde el ámbito educativo, existen disposiciones legales y políticas públicas encaminadas a garantizar tanto el derecho a la información como el de acceso a las tecnologías de la información y comunicación de las y los educandos.

TERCERA. El pasado 11 de junio de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. El decreto incorporó, entre otras disposiciones, un nuevo párrafo tercero al artículo sexto de la Constitución General para estipular que: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicio”.  Esta nueva redacción constituye el concepto de tecnologías de la información y comunicación como objeto jurídico, susceptible de ser regulado por sí.

TERCERA. Conforme a las disposiciones del nuevo andamiaje constitucional en materia de telecomunicaciones fue desarrollada la legislación secundaria que define con mayor detalle el marco competencial de las autoridades involucradas en el sector. Así pues, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, prescribe en su artículo 218 una serie de obligaciones para la autoridad educativa federal (que recae en la Secretaría de Educación Pública), a saber:

I. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de Estrategia Digital emita el Ejecutivo Federal, promover en coordinación con la Secretaría, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector de educación;

II. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población infantil, y

III. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.

SEXTA. Con el propósito de hacer efectivo el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet., el Ejecutivo Federal creó la Estrategia Digital Nacional, un plan de acción a 5 años dirigido a fomentar la adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación e insertar a México en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

La Estrategia Digital Nacional contempla entre sus objetivos el de cristalizar una Educación de Calidad, para cuyo logro, apunta, es necesario integrar las TIC al proceso educativo, tanto en la gestión educativa como en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como en los de formación de los docentes y de difusión y preservación de la cultura y el arte, para permitir a la población insertarse con éxito en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Para cristalizar dicha meta, el Ejecutivo despliega una serie de líneas de acción, entre las que destaca el de “Crear contenidos digitales alineados con los planes curriculares e impulsar la evaluación de estos planes con el objetivo de incorporar el uso de las TIC”.

Énfasis añadido

No debe pasarse por alto que, de acuerdo con la Constitución General y con Ley General de Educación, la facultad de determinar el contenido de los planes y programas de estudio está reservada para la autoridad educativa federal, y que para ejercer dicha función la SEP debe  partir de los principios y fines de la educación establecidos en los artículos 7º y 8º de la LGE, donde ya está prescrita la promoción del derecho al acceso a la información pública, ergo, los contenidos digitales deben desarrollar lo relacionado con dicho tema.

SÉPTIMA. Ahora bien, la legislación vigente que regula la transparencia y el acceso a la información en México -Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), reconoce la importancia de la educación en la consecución de los propósitos que persiguen ambos campos. En el primer caso, la LGAIP faculta a las organismos garantes, esto es, a aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de los artículos 6o., 116, y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a: “[p]roponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones (artículo 54, fracción I).

Por su parte, el artículo 43 de la LFAIP faculta al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para que, a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezca, pueda:

I. Proponer a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica;

II. Promover entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

III. Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la instalación de módulos de información, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere la presente Ley;

IV. Proponer entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

V. Establecer entre las instituciones públicas de educación y las autoridades educativas competentes, acuerdos para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información;

VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población;

VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y

IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.

OCTAVA. Para afianzar los razonamientos anteriores estas comisiones evocan el contenido vigente Ley General de Educación, que -con el propósito de alinearse a las disposiciones constitucionales en materia de telecomunicaciones, fue modificada el 19 de diciembre de 2014. Dicha reforma estableció un andamiaje legalque, desde la perspectiva educativa, reconoce a las TIC como objeto de interés del Sistema Educativo Nacional. El decreto está expresado en los siguientes términos:

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7o., 12 Y 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE USO Y REGULACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 7o.; y se adicionan la fracción V Ter al artículo 12, y la fracción X Bis al artículo 14, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- ...

I. a VI. ...
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables;

VIII. a XVI. ...

Artículo 12.- ...

I. a V Bis. ...

V Ter.- Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo;

VI. a XIV. ...

Artículo 14.- ...

I. a X. ...

X Bis.- Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento;

XI. a XIII. ...

...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la autoridad educativa federal emitirá los lineamientos a que se hace referencia en la fracción V Ter del artículo 12 del presente Decreto.

México, D.F., a 20 de noviembre de 2014.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Rúbricas."

NOVENA. En el dictamen correspondiente las comisiones en turno argumentaron que: la propuesta legal de establecer lineamientos específicos para el objeto TIC responde a la necesidad de que el sistema educativo dote explícitamente de elementos para que los usuarios tengan la capacidad de afrontar interacciones complejas, o para integrar informaciones, todas ellas característica vinculadas a las TIC. Para ello es preciso que las autoridades educativas, desde su ámbito de competencia, generen mecanismos encauzados a fomentar un razonamiento dialéctico, éticamente informado, que genere un saber acerca de lo que debe hacerse en una situación práctica concreta. Se aspira, por tanto, a trasladar a los problemas y preocupaciones prácticos una serie de valores educativos generales que se desarrollan a la luz de los contextos reales en los que aquellos se aplican.

DÉCIMA. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, establece un conjunto de derechos inherente a cada niña, niño y adolescente (NNA) en territorio mexicano. Entre tales derechos se incluyen el Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y el Derecho a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información. Sobre el primero, la norma prescribe que NNA tienen, entre otro, el “[d]erecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.  (Artículo 13, fracción XIII).

Respecto del Derecho a acceder a la información, la Ley indica que:

Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán la difusión de información y material que tengan por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud física y mental. El Sistema Nacional de Protección Integral acordará lineamientos generales sobre la información y materiales para difusión entre niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

El mismo ordenamiento legal involucra a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, eduquen en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación (artículo 57, fracción XX).

DÉCIMA PRIMERA. Como ha quedado manifestado, la propuesta presentada por la Senadora promovente se encuentra atendida ya sea por la legislación vigente o por las políticas públicas en la materia. Debido a que el objeto del instrumento legislativo que motiva este dictamen ha sido atendido en las reformas referidas en los numerales anterior, y que la salvaguarda del bien jurídico a que alude el proyecto de decreto se encuentra consagrado en el marco legal vigente, las comisiones dictaminadoras coinciden en la conveniencia de dar por concluido el procedimiento legislativo de las iniciativas enunciadas en los antecedentes.

IV. PUNTO DE ACUERDO

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estima sin materia procedente y se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaba la fracción XIV del artículo 7º de la Ley General de Educación, en materia de acceso a la información mediante tecnologías de la información y la comunicación. En consecuencia, se da de baja de los registros y se archiva como asunto definitivamente concluido.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, el 9 de noviembre de 2016.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Por el que se modifica la fracción XIII y se  adicionar una fracción XIV del artículo 14 de la Ley General de Educación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XIII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores les fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV del artículo 14 de la Ley General de Educación presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el día 20 de octubre de 2015.

Con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente:

ESTRUCTURA

1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la iniciativa, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

2. En el apartado denominado “II. Objeto, descripción  y proyecto de decreto de la iniciativa” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

4. En el apartado “IV. Resolución” se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la consideración del Pleno Senatorial para el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se dictamina.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. En sesión ordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2015, el Senador David Monreal Ávila del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción XII y se adiciona la fracción XIV al artículo 14º de la Ley General de Educación, en materia de cambio climático.

2. La Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa a la Comisión de Educación y de Estudios Legislativos; para su estudio y dictamen correspondiente.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN Y PROYECTO DE DECRETO DE LA INICIATIVA

II.1 Objeto

Propone establecer como una obligación concurrente entre las autoridades educativas federal y locales la de ejecutar programas que difundan y promuevan los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales.

II.2. Descripción

Las consideraciones que hace el senador Monreal Ávila versan sobre los siguientes temas:

En el ocaso del siglo XX líderes mundiales de más 189 países, bajo el cobijo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecieron los ocho objetivos del milenio, a fin de comprometerse a implementar acciones comunes y resolver los problemas que más aquejan a la humanidad, dentro de los cuales se encuentran erradicar la pobreza, brindar enseñanza primaria universal, y la lograr la sostenibilidad del medio ambiente.

A la luz de 15 años de haber sido establecidos dichos objetivos, en el documento “Objetivos del Milenio Informe de 2015”, la ONU ha dado conocer algunos de los logros alcanzados en quince años de implementación de dichas políticas internacionales. Por ejemplo, en materia de reducción de pobreza extrema, dicho Informe señala que en las últimas dos décadas el número de personas en esta condición ha disminuido de manera significativa, al pasar de 1,926 millones en 1990, a 836 millones en 2015; en cuanto al objetivo de alcanzar instrucción primaria universal, los datos arrojan que la cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial, pasando de 100 millones en el año 2000 a aproximadamente 57 millones en 2015.

En materia ambiental, continúa a exposición, si bien registran avances en la disponibilidad de agua potable entre la población mundial, pasando del 76% en 1990 a 91% en 2015, no existen tales avances en cuanto a las acciones que agravan el problema del cambio climático. Por ejemplo, del informe se desprende que “la deforestación, la degradación de bosques y una gestión forestal pobre liberan carbono a la atmósfera, lo que contribuye al cambio climático; proyecta que un aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero calentará aún más el planeta y causará cambios perdurables en el sistema climático, lo que significa una amenaza de consecuencias graves e irreversibles para las personas y los ecosistemas”. Según las proyecciones, los impactos sobre los sistemas naturales y humanos abarcarán todo el mundo, con efectos variables de región en región. Incluyen ecosistemas y hábitats alterados, impactos perjudiciales en la agricultura que podrían llevar a la escasez alimentaria, más fenómenos meteorológicos y desastres naturales extremos de mayor duración, junto con numerosos riesgos a la sociedad. Muestra de ello es el incremento en las cantidades de emisiones de mundiales de dióxido de carbono, las cuales entre 1990 y 2012 aumentaron 50 por ciento.

Asimismo, el último reporte mundial sobre cambio climático, publicado en el año 2007, reveló que:

• El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar.

• Las emisiones mundiales de GEI por efecto de actividades humanas han aumentado, desde la era preindustrial, más de un 40% entre 1970 y 2004.

• Las concentraciones atmosféricas mundiales de bióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) han aumentado notablemente por efecto de las actividades humanas desde 1750, y son actualmente muy superiores a los valores preindustriales, determinados a partir de núcleos de hielo que abarcan cientos de miles de años.

El promovente sugiere que los daños causados por el cambio climático se extienden a las cosechas, como consecuencia de las sequías; riesgos en la salud; así como fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas y huracanes. En el caso de México, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), las temperatura promedio a nivel nacional aumentaron 0.85º C y las temperaturas invernales 1.3ºC desde los años sesenta del siglo pasado, mismo que resulta en la disminución de la productividad agrícola, trastorno de fuentes hídricas (con sequías más frecuentes) y aumento de precipitaciones en otras regiones; lo cual repercutirá en cambio en los ecosistemas y biodiversidad.

Por su parte, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados señala que a pesar de que el cambio climático es un problema que daña a la población, la mayoría de las personas se inclinan por favorecer el crecimiento económico, aún en contra del desarrollo sustentable, de lo que el senador Monreal deduce que no se logra comprender la magnitud del problema y sus consecuencias.

Desde el punto de vista del senador Monreal Ávila, la adaptación al cambio climático debe partir del sistema educativo, empezando por las aulas, más allá de las campañas informativas o los programas adyacentes.

II.3. Proyecto de Decreto.

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, esta Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se dictamina:

LEY VIGENTE

DECRETO PROPUESTO

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I a XII Quintus…

EN LA PROPUESTA EL TEXTO DE LA FRACCIÓN XIII PASARÍA A CONVERTIRSE EN LA FRACCIÓN XIV.

 

 

XIII.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I a XII…

XIII.- Ejecutar programas en el ámbito de su competencia que difundan y promuevan los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales encaminados a la protección y preservación del medio ambiente.

XIV.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS.

ÚNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En atención al contenido de la iniciativa propuesta por el senador Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativo de la Cámara de hacen las siguientes:

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

III.1. Consideraciones de carácter jurídico

PRIMERA. El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene plena legitimidad para formular la iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República.

III.2. Consideraciones de carácter argumentativo

SEGUNDA. En términos generales estas comisiones coinciden con los argumentos que sostiene el senador Monreal Ávila, en el sentido de que es preciso difundir y promover los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales encaminados a la protección y preservación del medio ambiente; no obstante, resulta pertinente exponer algunas precisiones que, en general, apuntan a demostrar que el objeto de la iniciativa se encuentra salvaguardado en diversos instrumentos jurídicos vigentes.

TERCERA. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

CUARTA. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) define en la fracción XXXVIII del artículo 3° que la educación ambiental es el “Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.”

Asimismo, la fracción V Bis del mismo artículo establece la definición del cambio climático en los siguientes términos: “Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables.”

A su vez, la fracción XX del artículo 15 de la LGEEPA establece que para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en la Ley, la autoridad debe observar, entre otros principios, que la educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

Por último, la Sección III, artículo 39, menciona que las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales.

QUINTA. La Ley General de Cambio Climático (LGCC) estableció como uno de sus objetos, en la fracción V del artículo 2, el fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. Adicionalmente, el artículo 7 de dicha Ley estableció en su fracción VI, inciso c que corresponde a la Federación establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con esta Ley, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en materia de educación; y en la fracción XI de dicho artículo se dispone que también es facultad de la Federación directamente promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático en todos los niveles educativos, así como realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima.

SEXTA. Las entidades federativas tienen facultades para formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa (inciso d, fracción II del artículo 8), mientras que la fracción X las faculta para realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático. El artículo 22, fracción XII de la LGCC, faculta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a proponer al Sistema Educativo Nacional el contenido educativo de libros, libros de texto y materiales didácticos sobre cambio climático, de conformidad con la Ley General de Educación.

SÉPTIMA. La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático constituye la vía, de acuerdo con las facultades reflejadas en el artículo 47 de la LGCC, para promover la coordinación de acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia de cambio climático, dentro de las cuales se cuenta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

OCTAVA. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece en su artículo 43 el derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan el desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social de dicho grupo poblacional. Asimismo, la LGDNNA establece en la fracción XIS del artículo 57 que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán, entre otras, inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente.

NOVENA. Una vez realizado el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, las Comisiones Unidas coinciden con la preocupación y motivación del legislador proponente, pero considera que el marco normativo actual es suficiente para difundir y promover los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales encaminados a la protección y preservación del medio ambiente.

IV. RESOLUCIÓN

Con base en las consideraciones anteriores, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estima sin materia procedente y se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modificaba la fracción XIII y se adicionaba una fracción XIV del artículo 14 de la Ley General de Educación., en mataría de mitigación del cambio climático. En consecuencia, se da de baja de los registros y se archiva como asunto definitivamente concluido.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, el 9 de noviembre de 2016.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Y por el que se reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativo de la Cámara de Senadores les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7º de la Ley General de Educación, en materia de prevención y detección temprana del cáncer de mama y otras enfermedades crónico-degenerativas, presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 20 de octubre de 2015.

Con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente:

ESTRUCTURA

1. En el apartado denominado "I. Antecedentes Generales" se relata el trámite brindado a la Iniciativa, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y tumo para el dictamen respectivo.

2. En el apartado denominado "II. Objeto, descripción y proyecto de decreto de la iniciativa" se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

3. En el apartado denominado "III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen", los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

4. En el apartado “IV. Resolución”, se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la consideración del Pleno Senatorial para el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se dictamina.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. En sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2015, el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7º de la Ley General de Educación, en materia de prevención y detección temprana del cáncer de mama y otras enfermedades crónico-degenerativas.

2. La Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa a la Comisión de Educación y de Estudios Legislativos; para su estudio y dictamen correspondiente.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

II.1 Objeto

La iniciativa presentada por el Senador Aispuro tiene el propósito de establecer, entre los fines de la educación impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, el de inculcar y desarrollar acciones de prevención en torno a las enfermedades crónico-degenerativas, tales como el cáncer, en especial el de mama; diabetes; hipertensión arterial; obesidad; papiloma humano, y VIH/SIDA.

Las consideraciones que hace el Senador Rosas Aispuro versan sobre tres temas en particular:

a) Descripción del cáncer. Con este término genérico se designa a las enfermedades que tienen en común la característica de la multiplicación rápida de células anormales que pueden invadir partes del cuerpo o propagarse a otros órganos (metástasis). Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad (aproximadamente 14 millones de nuevos casos y 8.2. millones de muertes al año) y se calcula que aumentará en 70% en los próximos 20 años. Los factores de riesgo se identifican con la masa corporal, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y alcohol, así como infecciones víricas (hepatitis B y C y papiloma). El 70% de las muertes se presentan en África, Asia, América Central y Sudamérica.

b) Prevención y tratamiento. El Senador promovente sostiene que es posible reducir y controlar el cáncer mediante la detección temprana y el tratamiento de quienes padecen esta enfermedad, y a través de acciones que mitiguen los factores de riesgo.

Por otro lado, el texto argumentativo hace énfasis en que la reducción de la mortalidad es posible a través de la detección a tiempo, que comienza con el conocimiento de los síntomas y signos iniciales, para que se puedan diagnosticar y tratar tempranamente.

c) El caso de México. Desde 2006 el cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las mujeres de 30 a 54 años. La tasa de muertes por este padecimiento es aproximadamente de 9 por cada 100,000 casos, donde el 60% muere entre los 30 y 59 años de edad. En promedio la aparición de esta enfermedad es a más temprana edad en comparación con los países desarrollados. De acuerdo con el promovente, no se dispone de datos confiables a nivel nacional.

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, esta Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se dictamina:

LEY VIGENTE

INICIATIVA PROPUESTA

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

 I al IX.- …

X.-Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

 

 

 

XI al XVI.-…

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

 I al IX.- …

X.- Inculcar y desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, en lo que se refiere a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, especialmente de mama, la diabetes, la hipertensión arterial, obesidad, el papiloma humano, VIH/SIDA y el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI al XVI.-…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En atención al contenido de la iniciativa propuesta por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativo de la Cámara de hacen las siguientes:

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

III.1. Consideraciones de carácter jurídico

PRIMERA. El Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene plena legitimidad para formular la iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República.

III.2. Consideraciones de carácter argumentativo

En términos generales las comisiones dictaminadoras coinciden con los argumentos que sostiene el Senador Rosas Aispuro, en el sentido de que es necesario reforzar las políticas dirigidas a prevenir las enfermedades que tienen más incidencia en la población mexicana.

Sin embargo, es necesario hacer precisiones en dos sentidos: respecto del marco normativo vigente, que -en opinión de las comisiones- contiene elementos que atienden el objeto de la iniciativa, y respecto de las políticas públicas que han sido desarrolladas para reducir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas.

III.2.1. Marco Normativo Actual.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 3º de la Carta Magna prescribe que el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; y para su plena operación da la facultad al Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.

Asimismo, la Constitución General de la República establece, en su artículo 4º, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. De manera particular, para los niños y las niñas, se identifica la relación al derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Este marco normativo constituye la base sobre la que se han tejido las leyes que desarrollan de manera específica las acciones que habrán de emprenderse para garantizar los derechos a la salud y a la educación prescritos en la Carta Magna.

Ley General de Educación (LGE)

Actualmente, como lo menciona la propia iniciativa del Senador Rosas Aispuro, la Ley establece como uno de los fines de la educación impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, el de “Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias”. (Énfasis añadido).

Ley General de Salud (LGS)

Por su parte, el artículo 3º de la LGS establece como materia de la salubridad (fracción XI), la educación para la salud; mientras que el artículo 27 considera como servicio básico de salud la propia materia de educación para la salud. Asimismo, el artículo 65 establece que las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán, entre otras, las acciones relacionadas con la educación básica (fracción IV); y el artículo 66 de la misma norma abunda en que la prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de conformidad con las bases de coordinación que se establezcan entre las autoridades sanitarias y educativas competentes.

El artículo 68 reconoce como servicios de planificación familiar, entre otros, la promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual (fracción I); mientras que las facultades para coordinar las actividades de las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones en estas materias le corresponden a la Secretaría de Salud.

Asimismo, el marco normativo en materia de salud abunda en especificaciones en materia de educación para la salud en los artículos 111,112 y 113, mimos que, por su trascendencia para propósitos de este dictamen, se transcriben a continuación:

Artículo 111. La promoción de la salud comprende:

I. Educación para la salud;

II. Nutrición, orientación alimentaria y activación física;

III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático;

IV. Salud ocupacional, y

V. Fomento Sanitario.

*Énfasis añadido

CAPITULO II
Educación para la Salud

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares.

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población. Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica.

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Adicionalmente, en materia de nutrición, la Secretaría de Salud cuenta con facultades para normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables (artículo 115, fracción II),e impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica (fracción IX).

III.1.2 Políticas públicas.

Programas Sectoriales

De acuerdo con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, durante la presente administración se tienen las siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción:

OBJETIVO 2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

ESTRATEGIA 1.1. Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario

Línea de acción 1.1.6. Fomentar los entornos que favorezcan la salud, en particular escuelas de educación básica, media superior y superior.

ESTRATEGIA 1.4. Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones

Línea de acción 1.5.3. Coordinar con el sector educativo del nivel básico y medio superior una educación integral de la sexualidad.

ESTRATEGIA 3.7. Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes

Línea de acción 3.7.5. Vincular acciones con la Secretaría de Educación Pública para la regulación de las cooperativas escolares.

OBJETIVO 4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país

ESTRATEGIA 4.1. Asegurar un enfoque integral para reducir morbilidad y mortalidad infantil en menores de cinco años, especialmente en comunidades marginadas

Línea de acción 4.1.9. Reforzar la acción comunitaria en el desarrollo infantil y la educación inicial.

ESTRATEGIA 4.5. Impulsar la atención integral en salud para las personas con Discapacidad

Línea de acción 4.5.4. Propiciar la coordinación interinstitucional para articular la rehabilitación con acciones de educación, deporte, recreación, capacitación, empleo y asistencia social.

ESTRATEGIA 4.7. Intensificar las acciones de promoción, prevención y atención de la salud en las enfermedades desatendidas

Como parte de las acciones transversales, también se incluye el “Garantizar a mujeres indígenas jefas de familia el acceso a servicios básicos en materia de salud y educación”.

Por lo que cabe al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se identifican los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción:

OBJETIVO 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

ESTRATEGIA 1.7. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral
Línea de acción 1.7.8. Coordinar acciones con el sector salud para las campañas de vacunación, de prevención del embarazo en edad temprana e infecciones de transmisión sexual.

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

ESTRATEGIA 2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación integral en la educación media superior

Línea de acción 2.1.5. Fomentar una educación integral con actividades que contribuyan a mejorar la salud física y mental, en un ambiente libre de discriminación y violencia.

OBJETIVO 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres

ESTRATEGIA 3.2. Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en la educación media superior y superior

Línea de acción 3.2.6. Realizar acciones para prevenir conductas de riesgo (violencia, adicciones, salud sexual y reproductiva, entre otros) que suelen desembocar en el truncamiento de la trayectoria educativa.

OBJETIVO 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral

Estrategia 4.3. Promover la realización de actividades deportivas para niñas, niños y jóvenes en horarios extraescolares

Línea de acción 4.3.4. Fomentar la participación de las niñas y mujeres en actividades deportivas, para mejorar su salud y su desarrollo humano.

Contenidos en planes y programas de estudios.

Como una expresión de las líneas de acción de los programas sexenales de educación y salud el Acuerdo 592, por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, que continúa vigente, establece como uno de los temas de relevancia social para propósitos de la enseñanza, la salud.

En el perfil de egreso de la educación básica se describen los rasgos en materia de salud de los estudiantes, en términos de que promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable (inciso h).

Además, se incluye el campo formativo de salud desde la educación preescolar hasta la secundaria:

En el caso de educación preescolar, el campo formativo Desarrollo físico y salud estimula la actividad física y busca que, desde la infancia, se experimente el bienestar de una vida activa y se tome conciencia de las acciones que se realizan para prevenir enfermedades; lograr estilos de vida saludable; desarrollar formas de relación responsables y comprometidas con el medio, y tomar medidas para evitar riesgos en el hogar, la escuela y la calle.

En el caso de Ciencias Naturales en primaria, y Ciencias en secundaria, este campo se describe en términos de la cultura de la prevención como uno de sus ejes prioritarios, ya que la asignatura favorece la toma de decisiones responsables e informadas en favor de la salud y el ambiente; prioriza la prevención de quemaduras y otros accidentes mediante la práctica de hábitos, y utiliza el análisis y la inferencia de situaciones de riesgo, sus causas y consecuencias.

Debido a que el objeto del instrumento legislativo que motiva este dictamen ha sido atendido en las reformas y en las políticas públicas referidas en las consideraciones previas, estas comisiones dictaminadoras consideran que la salvaguarda del bien jurídico a que alude el proyecto de decreto se encuentra consagrado en el marco legal vigente, por lo que coinciden en la conveniencia de dar por concluido el procedimiento legislativo de la iniciativa enunciada en los antecedentes.

IV. RESOLUCIÓN

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estima sin materia procedente y se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaba la fracción X del artículo 7º de la Ley General de Educación, en materia de prevención y detección temprana del cáncer de mama y otras enfermedades crónico-degenerativas.En consecuencia, se da de baja de los registros y se archiva como asunto definitivamente concluido.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, el 9 de noviembre de 2016.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Toda vez que no existe ningúna Senadora o Senador que haya manifestado su interés, y debido a que se encuentra publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobados los dictámenes que desechan diversas iniciativas. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.





 

El siguiente apartado del Orden del Día es la discusión de dictámenes que presentan las comisiones y sobre los que no hay reserva.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta, señora Presidenta.

Tenemos tres de la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a reformar el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, con el objeto de proponer las acciones en materia de prevención y control de accidentes y con ello impulsar las campañas de seguridad vial dirigidas a jóvenes.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, durante LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativo al fortalecimiento de Campañas de Seguridad Vial dirigidas a Jóvenes.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 14 de agosto del 2015, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se pretende emitir exhorto a fin de promover el fortalecimiento de Campañas de Seguridad Vial dirigidas a Jóvenes y evitar el uso del teléfono celular al conducir.

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen es que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto al Ejecutivo Federal y algunas dependencias de la Administración Pública, así como a las Entidades Federativas para que en coordinación se promueva e incentive la participación conjunta, a fin de implementar las acciones necesarias para que mediante campañas de seguridad vial se promuevan mecanismos que alienten al sector juvenil en nuestro país a evitar el uso del teléfono celular al conducir.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Senador promovente expone que en el mundo mueren anualmente 1.25 millones de personas por accidentes de tránsito. Describe que a pesar de que entre 2010 y 2013, la población mundial aumentó en un 4% y los vehículos en un 16%, el número de muertes por accidente de tráfico se ha estabilizado, demostrando que las intervenciones puestas en práctica para mejorar la seguridad vial han salvado vidas humanas.

Señala que Dentro de las acciones internacionales para prevenir los accidentes viales, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 proclamó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020; con la finalidad de salvar millones de vidas mediante el mejoramiento de la seguridad en la vía pública y de los vehículos; del comportamiento de los usuarios de la vía pública; y de los servicios de urgencias.

Refiere que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desempeña un papel protagónico en la orientación de las iniciativas mundiales al seguir impulsando la seguridad vial a los niveles políticos más altos; recopilar y dar a conocer las buenas prácticas en materia de prevención, recopilación de datos y atención traumatológica; intercambiar información con el público acerca de los riesgos y la forma de aminorarlos; y señalar a la atención la necesidad de destinar más fondos.

Destaca que La OMS está asociada con la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial 2015-2019 que trata de reducir las muertes y las lesiones por accidentes de tránsito en las ciudades y en los países de ingresos bajos y medios mediante el fortalecimiento de la legislación nacional sobre la seguridad vial y la aplicación en las ciudades de intervenciones de seguridad vial de eficacia demostrada.

Especifica como en México, las lesiones causadas por el tránsito siguen encontrándose entre las diez principales causas de muerte, donde en el 2014, se registraron 15,886 defunciones, con una tasa de 13.3 muertos por cada 100 mil habitantes, señalando que con ello, México ocupa la posición número 20 de 32 países del continente americano donde las entidades federativas con mayor tasa de mortalidad por accidentes viales son Sinaloa, Durango, Zacatecas y Tabasco.

Resaltando el que de acuerdo con una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), aplicada a por lo menos 600 personas, se ha identificado que las tres principales causas de accidentes automovilísticos son: usar celular al conducir (22.1%), falta de atención al volante (19.3%), y abuso al beber alcohol (18.9%).

Refiere que la OMS en el reporte “Uso del celular al volante: un problema creciente de distracción del conductor” establece que las distracciones ocasionadas por el uso del celular se relacionan con mayor riesgo de sufrir accidentes viales, hasta cuatro veces más, por lo que el uso del teléfono celular incrementa cuatro veces más las probabilidades de verse involucrado en un accidente.

Indicando por ello que usar el teléfono celular para hablar o mandar mensajes de texto mientras se maneja ocasiona que el conductor desvíe la mirada de la carretera, quite las manos del volante o manubrio y aparte la mente de la carretera y del acto de conducir, cuestión donde los jóvenes se exponen en particular a los efectos de esta distracción.

Expone que el artículo 163 de la Ley General de Salud prevé la existencia del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), el cual fue creado por el “Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, con el objeto de proponer las acciones en materia de prevención y control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1987.

Actualmente el CONAPRA está conformado por representantes de los sectores público, social y privado. Las autoridades del sector público que participan actualmente en el CONAPRA son:

a) Secretaría de Salud

b) Secretaría de Comunicaciones y Transportes

c) Secretaría de Economía

d) Secretaría de Educación Pública

e) Secretaría de Hacienda y Crédito Público

f) Secretaría del Trabajo y Previsión Social

g) Instituto Mexicano del Seguro Social

h) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

i) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Concluyendo ante ello sobre la responsabilidad que corresponde a los legisladores promover los mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de Campañas de Seguridad Víal dirigidas a Jóvenes y evitar el uso del teléfono celular al conducir.

Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Quienes integramos esta Comisión dictaminadora, compartimos los argumentos y el objetivo planteado por el Senador promovente referente a la amplia necesidad de promover las acciones necesarias que fomenten e incentiven mecanismosdestinados al fortalecimiento de Campañas de Seguridad Vial dirigidas a Jóvenes y evitar el uso del teléfono celular al conducir, a fin de propiciar un mayor involucramiento de los diferentes ámbitos de gobierno respecto de un fenómeno vial que hoy en día representa toda una realidad en materia de seguridad pública y la prevención de accidentes.

Creemos conveniente resaltar el que en el actual Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes se este coadyuvando en la implementación de las estrategias e intervenciones tendientes a disminuir los daños a la salud consecuencia de los accidentes en niños y adolescentes y los relacionados con el consumo de bebidas embriagantes y estupefacientes

Asimismo y en concordancia con la exposición de motivos donde se resalta que derivado a que los jóvenes son el grupo poblacional más susceptible a los accidentes viales provocados por el uso del teléfono celular, coincidimos en la propuesta de promover la integración del Instituto Mexicano de la Juventud en la conformación del CONAPRA, ampliando así la incidencia positiva en la generación de medidas de prevención y control de accidentes en el sector juvenil.

Consideramos conveniente señalar el que Programa Nacional de Juventud reconoce la importancia de involucrar a las y los jóvenes en las decisiones que afectan sus vidas y de crear una política de juventud que promueva su participación activa como reconocimiento y protección de su ciudadanía.

Conocemos a pleno que hoy en día la situación de las y los jóvenes mexicanos apremia a conjuntar esfuerzos de los tres ámbitos de gobierno, de los poderes legislativos federal y de los estados; del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales y en general de las Instituciones y la sociedad en su conjunto, para crear mejores condiciones que brinden a este sector una mejor calidad de vida.

Por ello consideramos que promover acciones que incentiven una mayor y activa participación coordinada, confirmara la actitud también participativa del Poder legislativo sobre la necesidad de programas y políticas, concebidas para la prevención de accidentes en beneficio la sociedad con especial énfasis a la juventud y teniendo a los jóvenes precisamente como referentes permanentes en los objetivos y prioridades de la acción pública.

Es por ello que al hacer el estudio de la proposición presentada, corroboramos la necesidad de ofrecer a la juventud en nuestro País las garantías que les permita un mejor ejercicio de sus derechos constitucionales y participativos como parte importante de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis del proyecto turnado, concluimos que el objeto de la proposición ha sido considerado y valorado favorablemente, por lo que sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a reformar el “Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, con el objeto de proponer las acciones en materia de prevención y control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud”, a fin de integrar al Instituto Mexicano de la Juventud y con ello impulsar las campañas de seguridad vial dirigidas a jóvenes.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en su respectivo ámbito de competencia, a fortalecer las campañas informativas para evitar el envío de mensajes de texto al conducir, y otras distracciones provocadas por el uso de teléfonos celulares.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las entidades federativas a revisar, o en su caso expedir, la legislación local en materia de factores de riesgo al conducir, a fin de evitar el envío de mensajes de texto al conducir, y otras distracciones provocadas por el uso de teléfonos celulares.

Senado de la República, el 6 de diciembre del 2016.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.





 

Por el que se exhorta a informar la fase en la que se encuentra el Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100” y los avances, objetivos y visión del Programa “30M”.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, durante la LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativo a la implementación y seguimiento del programa nacional “Ponte al 100”.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 15 de noviembre de 2016, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informar la fase en la que se encuentra el Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100”.

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a fin de elaborar un informe respecto a la fase en la que se encuentra así como al seguimiento del Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100”.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La Senadora promovente señala que México está inmerso en un proceso de transición en el que la población experimenta un aumento inusitado de Índice de Masa Corporal (sobrepeso y obesidad) que afecta a las zonas urbanas y rurales, a todas las edades y a las diferentes regiones.

Refiere que los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial ya que de 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó de 25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 35.2%; 35% de las y los adolescentes tiene sobrepeso u obesidad, en el ámbito nacional esto representa alrededor de 6 325 131 individuos entre 12 y 19 años de edad.

Resaltando que mientras que 7 de cada 10 personas adultas presentan sobrepeso y  de estas la mitad presentan obesidad, lo que constituye un serio problema de salud pública .

Argumenta que ante ello se han puesto en marcha diversos programas en el sector salud y educación con el objetivo de concientizar sobre las repercusiones y el deterioro al estado de salud que conlleva el sobre peso y la obesidad, a fin adoptar un estilo de vida saludable, mediante la implementación de buenos hábitos alimenticios y actividad física.

Señala que en materia de activación física, el gobierno actual lanzó el Programa Nacional de Activación Física Ponte al 100, como estrategia deportiva del sexenio, contenida en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018.

Refiere que desde su puesta en marcha Ponte al 100 tuvo discordancias, algunas de ellas fueron investigadas por el Semanario Proceso, en el reportaje que lleva por título: “La Mascarada de Ponte al 100”, donde se da cuenta del retraso en la instalación de los centros y la operación de los mismos, en la atemporalidad de los recursos, así como del nulo seguimiento de las 12 pruebas de las que consta.

Concluyendo que no obstante en el reportaje: “Ponte al 100, fracaso que se niega a morir del Semanario Proceso, da cuenta que el dicho programa nunca pasó de su fase piloto- costó una millonada, operó en la opacidad, sirvió para promover a Coca-cola y terminó siendo desincorporado de la Conade… Pero diversas dependencias, como Pemex y la Secretaría de Salud, insisten en mantenerlo vivo, pese a que no estuvo ni remotamente cerca de reducir la obesidad”.

CONSIDERACIONES

Los miembros de esta Comisión dictaminadora, consideramos que en el ámbito nacional, el deporte y la actividad física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud física, con la convicción de que si las actividades físicas se practican regularmente pueden tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública.

Creemos firmemente en que es necesario, mediante la implementación de programas y acciones institucionalizadas, enseñar a los niños la necesidad de realizar actividad física y evitar la vida sedentaria, por lo que es preciso que realicen actividad física para conseguir un adecuado balance energético entre la energía ingerida y gastada, ya que esta práctica de actividad física junto con una alimentación adecuada, estamos convencidos que reduce el riesgo de obesidad y de todas las enfermedades asociadas a ella.

A lo anterior es de observarse como los beneficios de la actividad física y el deporte son reconocidos ampliamente, señalándose que el ejercicio físico continuado acompañado de una dieta equilibrada, contribuye a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la infancia como en la vida adulta.

Por lo que respecto a la información que será requerida al Director General de la CONADE, habremos de hacer hincapié sobre toda aquella relacionada a la que recopiló y evaluó la CONADE durante el tiempo en que se implementó a nivel nacional el programa “Ponte al 100” y los resultados que se hubiesen obtenido sobre el beneficio para la ciudadanía durante su aplicación y desarrollo.

Por ello es que compartimos la idea de la Senadora promovente de recurrir a los resultados y evaluación sobre dicho programa  y su repercusión en niños, jóvenes y toda aquella persona en que aplicó, a fin de analizar el impacto de su implementación.

Por otra parte es sabido que derivado del cambio de estrategia por parte del Gobierno Federal y la nueva designación del actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, han llevado a dar un giro al programa “Ponte al 100” el cual ha evolucionado en una nuevo programa denominado muévete en 30 o “30M”.

Es por todo lo anterior y conscientes de que es en la activación física y el deporte donde está la riqueza y el potencial para hacer cambios positivos permanentes y de por vida en la población, al cambiar o fortalecer los hábitos de vida, así como los valores sobre la salud, es que reconocemos y consideramos que las instancias públicas tienen la obligación de generar una serie de marcos protectores que contribuyan a la implementación de políticas públicas destinadas a contrarrestar la obesidad y el sobrepeso, evitando su aparición continua, tanto en la infancia como en la vida adulta.

Derivado de ello habremos de dar inicio a los estudios y análisis pertinentes de la información que nos sea remitida por la CONADE sobre  la conclusión del programa “Ponte al 100” y habremos de solicitar también todo lo relacionado y concerniente al nuevo programa muévete en 30, conocido y ya puesto en marcha bajo las siglas “30M”

Todo ello a fin de contar con los elementos suficientes y objetivos para la programación de cualquier ejercicio deliberativo bajo la presencia de quien se acuerde al interior de esta Comisión.

Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Los miembros de esta Comisión que dictamina coincidimos en la necesidad de promover la solicitud de la información pertinente que nos permita obtener una visión más amplia y adecuada, respecto a la situación en estudio.

SEGUNDA.- El objeto de la proposición en estudio ha sido considerada y valorada favorablemente por los miembros de esta Comisión que dictamina, en los términos acordados.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis del proyecto turnado a esta Comisión concluimos que el objeto de la proposición ha sido considerado y valorado favorablemente, en los términos acordados, por lo que es de aprobarse la proposición y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

Único. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, informe a esta Soberanía la fase en la que se encuentra el Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100”y los avances, objetivos y visión del programa “30M” incluidos en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, así como las dependencias de la Administración Pública involucradas, los colaboradores y su contribución a dichos programas.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.





 

Y por el que se exhorta a reforzar las acciones para impulsar la actividad física en los trabajadores y así reducir los índices de obesidad y sobrepeso.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fin de impulsar la actividad física en los trabajadores.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 29 de noviembre de 2016, la Mesa Directiva turno a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fin de impulsar la actividad física en los trabajadores.

II. El 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018.

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en coordinación con el sector público y el sector privado, se implementen programas y campañas para promover la actividad física y el deporte dentro y fuera del lugar de trabajo, a fin de impulsar la actividad física en los trabajadores y así reducir los índices de obesidad y sobrepeso que tanto afecta la salud.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La Senadora promovente señala que en la actualidad el ritmo de vida de la población laboralmente activa es cada vez más estático, esta tendencia va en aumento en conjunto con los efectos secundarios que conlleva el sedentarismo, cuestiones de salud pública como el sobrepeso y la obesidad, las cuales desencadenan otra serie de enfermedades que afectan gravemente la salud y el bienestar de quien las padece, lo anterior, saturando los centros de salud y generando un considerable aumento en el gasto  público.

Argumenta que conforme a datos de la Organización Mundial de la Salud, se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica.

Resalta que  en México, los adultos jóvenes están presentando una serie de problemas de salud a consecuencia de la falta de actividad física que deben realizar conforme a su edad para evitar signos de sobrepeso, obesidad, sedentarismo, y otros problemas de salud pública.

Considera que el problema del sobrepeso y la tendencia a la obesidad en muchos jóvenes del mundo están relacionados a distintos factores, pero se ha comprobado que están más asociados a los hábitos alimenticios y al estilo de vida de cada persona; que al factor hereditario, ya que se asocian con la preferencia por una dieta compuesta de alimentos con alto contenido calórico, un elevado contenido en grasas, azúcares y otros edulcorantes calóricos, sodio y harina refinada y una escasa o nula actividad física.

En ese contexto argumenta que de acuerdo con datos del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con este programa en el año 2015 en el sector laboral se movilizaron a 4, 221,109 trabajadores de la Administración Pública y del Instituto del Deporte de los Trabajadores (INDET).

Donde los objetivos de dicho programa son:

• Aumentar la práctica del deporte social para mejorar el bienestar de la población;

• Transformar el sistema deportivo mexicano mejorando los elementos administrativos, técnicos, normativos y tecnológicos de los responsables deportivos para un mayor aprovechamiento de los recursos;

• Mejorar la infraestructura deportiva del país al garantizar la óptima operación tanto de la ya existente, como de aquella que sea de nueva creación para acercar la práctica del deporte al ciudadano;

• Implementar un sistema más eficaz de gestión del alto rendimiento para mejorar el desempeño del país en competencias internacionales;

• Impulsar la gestión del deporte desde una perspectiva transversal para incidir en la vida de las personas.

Por otra parte la Senadora promovente alude a antecedentes en los que señala que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo un llamado a las autoridades mexicanas a considerar el problema del sobrepeso como emergencia nacional, toda vez que un estudio realizado por el organismo reveló que México tiene a 32.8% de su población con problemas de obesidad, por arriba de los Estados Unidos, que pasó a segundo término con 31.8%.

Por lo que señala que ante este escenario, resulta imprescindible la creación de programas y campañas con la finalidad de lograr que la población económicamente activa realice actividades físicas y deportivas ya sea dentro o fuera de su lugar de trabajo.

Donde dentro de los puntos principales que se deben de atender para impulsar la actividad física y un estilo de vida saludable son los siguientes:

• Crear campañas que impulsen la actividad física a través de información acerca de los beneficios que se obtienen;

• Informar a la población sobre cómo llevar una dieta de alimentos saludables y evitar productos altos en azúcar y grasas,

• Concientizar en relación a las enfermedades que desencadena la inactividad física,

• Establecer espacios acondicionados para realizar actividades físicas en los lugares de trabajo,

• Disponer de un tiempo y lugar determinados para llevar a cabo actividades físicas dentro del lugar de trabajo.

Por ello la promovente señala que el punto principal es crear un cambio de conducta cotidiana, en donde la actividad física se fomente en todas partes, de tal manera que se convierta en un hábito, sobre todo en los lugares de trabajo, en donde gran parte del tiempo las personas permanecen sentadas.

Considerando así la necesidad de fomentar el ejercicio como un estilo de vida e incluir dentro de las actividades diarias el ejercicio, ya sea a través de un deporte o juegos que conlleven al gasto de energía física ya que al hablar de actividad física no se puede dejar a un lado lo que en materia de salud representa, pues padecimientos como el sobrepeso y la obesidad están ligados a la inactividad y donde la presencia de estas condiciones son cada vez más elevadas en el país, por tanto, concluye que esto significa una situación que requiere la atención urgente de las autoridades correspondientes.

CONSIDERACIONES

Los miembros de esta Comisión dictaminadora, consideramos que en el ámbito nacional, el deporte y la actividad física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud pública y unen a las diferentes comunidades, con la convicción de que si las actividades físicas se practican regularmente pueden tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública, la paz y el medio ambiente.

Reconocemos que en el ámbito nacional, el deporte y la actividad física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud física, con la convicción de que si las actividades físicas se practican regularmente pueden tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública.

Referimos que en el ámbito internacional y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el deporte y la actividad física juegan un papel importante a escala individual, comunitaria, nacional y mundial, ya que como individuos el deporte realza nuestras habilidades personales, nuestra salud en general y el conocimiento de nosotros mismos.

Hemos de resaltar que la importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente en todos los grupos poblacionales, sin importar la edad o situación social.

Consideramos como referencia para nuestro análisis, lo señalado por los Senadores promoventes respecto del Actual Plan Nacional de Desarrollo,  el cual establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población el acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar de toda la población mexicana.

Por ello consideramos que nuestro país tiene un grave problema provocado por el sedentarismo que ha derivado en la obesidad, por lo que, la práctica adecuada y continua del deporte es un factor fundamental para combatir dicho padecimiento que además está ubicado como una enfermedad crónica de origen multifactorial que es prevenible.

Asimismo consideramos que indudablemente el objetivo primordial de la proposición presentada será el promover los mecanismos que permitan propiciar la generación de acciones que permitan apoyar, estimular, y dinamizar nuevos esquemas y programas de trabajo para el desarrollo de la activación y el Deporte dentro del entorno laboral.

Coincidimos en plenitud con el objeto planteado en la proposición motivo del presente Dictamen, con referencia a la necesidad de promover en los trabajadores y su ambiente laboral, los beneficios de la actividad física y el deporte, resaltándose que el ejercicio físico continuado acompañado de una dieta equilibrada, contribuye a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la infancia como en la vida adulta.

Por lo anterior es que acompañamos la necesidad de promover el que tanto la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promuevan la implementación de acciones y programas permanentes que fomenten entre la clase trabajadora la realización de cualquier actividad física.

Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Los miembros de esta Comisión que dictamina coincidimos en la necesidad de promover la solicitud de exhorto ante las instancias motivo del presente estudio, mismas que permitan promover nuevos esquemas hacia diversos mecanismos de fomento, promoción e impulso de la actividad física y el deporte en el ambiente laboral.

SEGUNDA.- El objeto de la proposición en estudio ha sido considerada y valorada favorablemente por los miembros de esta Comisión que dictamina.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como resultado del estudio y análisis del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que en coordinación con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal se refuercen las acciones que incluyan programas y campañas, para promover el deporte dentro y fuera de los lugares de trabajo, a fin de impulsar la actividad física en los trabajadores y así reducir los índices de obesidad y sobrepeso que tanto afecta la salud.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a trabajar en estrategias tanto en el sector público como privado, para implementación de programas de promoción deportiva y actividad física dentro de los lugares de trabajo, con un espacio y tiempo destinado a llevar a cabo dichas actividades.

Senado de la República, el 6 de diciembre de 2016.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.





 

Asimismo, tenemos un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a presentar un informe sobre la participación de México en la Reunión del G20.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Consulto a la Asamblea si alguien desea reservar algunos de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes que se han referido. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.

Damos la bienvenida a un grupo de estudiantes del CBTIS No. 181 del municipio de Paracho, Michoacán, invitados por el Senador Raúl Morón Orozco. Agradecemos su visita al Senado de la República.

¡Bienvenidos, jóvenes!





 

Compañeros Senadores, con el fin de que los grupos parlamentarios estén en posibilidad de alcanzar los acuerdos que permitan el despacho de los dictámenes inscritos en el Orden del Día, daremos paso a una ronda de proposiciones.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a establecer la condonación del peaje de las casetas de la Autopista del Sol, con el fin de fomentar el turismo en el estado de Guerrero.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señora Presidenta. Honorable Pleno. Senadoras y Senadores:

Compartirles que en días recientes, el gobierno federal impulsó la propuesta, la decisión de poder recabar más ingresos a la Hacienda Pública Federal. Para ello, a partir del 30 de noviembre se ha considerado un cobro, el alza de cobro de las casetas de las diferentes autopistas del país, y consideramos que la decisión no es la más adecuada, la más correcta, en función de los tiempos que hoy vive México respecto al periodo vacacional.

Entendemos el criterio de recaudar fondos, de que hay que obtener más ingresos; pero lo que no alcanzamos a entender es que cómo podemos dar un espacio de oportunidad a las familias que deseen salir de su lugar de origen para vacacionar con sus hijos, con sus familiares, amigas, amigos, en un periodo de vacaciones donde se está incrementando el cobro de las casetas de peaje de las autopistas del país.

Pero también no alcanzamos a entender el propósito de cómo se está ayudando a los destinos turísticos si no se están promoviendo acciones para que visiten Acapulco, por citar un ejemplo, con esta alza de precio de las casetas de la autopista.

Es por eso que, consultado con mis compañeros del grupo parlamentario del PRI, hacemos un exhorto respetuoso al gobierno de la República, para que pueda suspender la decisión administrativa o a Capufe del alza de precio de las casetas en de las autopistas de todo el país.

Una suspensión en este periodo vacacional y que pueda entrar en funciones a partir de enero.

México requiere de más ingresos, lo entendemos, pero las familias también requieren que desde las instituciones les podamos generar condiciones para no afectar su economía.

En todo el territorio nacional tenemos destinos, puntos turísticos donde es en este tiempo de diciembre, de Navidad, de Año Nuevo, donde las familias se organizan, y es muy lamentable.

Lo expreso con toda responsabilidad, que no se esté pensando en las familias de escasos recursos económicos y que no se esté pensando tampoco en cómo desde el gobierno de la República, podamos generarle mayores condiciones a los destinos turísticos, para que haya una mayor asistencia y participación del turismo en los diferentes municipios o estados de la República.

Concluyo particularmente expresándoles el caso concreto de Acapulco. Acapulco, Guerrero, es en este periodo de vacaciones cuando las familias que tienen su ingreso o su ingreso depende del turismo, es cuando está la esperanza de que existan, de que vayan, de que estén en Acapulco más familias que lleven derrama económica.

En el estado de Guerrero, como muchas otras entidades federativas, no contamos con ingresos propios, dependemos en un 96.3 por ciento de lo que aporta el gobierno federal. Las familias en Guerrero, por nuestra propia condición geográfica, no se mueven en una economía local, no hay empleo.

Pero además, en Guerrero vivimos condiciones de carácter social, económicos y, de igual manera, circunstancias de inseguridad, que es importante de que no ahuyentemos el turismo con el alza de las tarifas en las casetas de cobro.

La principal economía del estado de Guerrero, para su hacienda pública estatal y para las familias guerrerenses, dependen del turismo.

Y por cierto, los invitamos a que visiten Taxco, a que visiten Acapulco, a que visiten a Ixtapa, Zihuatanejo y muchos otros recursos naturales, bellezas naturales con que cuenta nuestro estado.

Por lo tanto, compañeras Senadoras y Senadores, les pido de favor que podamos votar en favor este exhorto respetuoso al gobierno de la República, particularmente a Capufe, para que haga una suspensión de la medida tomada el pasado 30 de noviembre del alza de precios de las casetas en todas las autopistas del país, y particularmente del estado de Guerrero, en la Autopista del Sol México-Acapulco.

Muchas gracias y buenas tardes.

Gracias, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción. II y 108 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La internacionalmente famosa bahía de Acapulco, junto con Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo forman el denominado “Triángulo del Sol” y son los destinos más conocidos y frecuentados del estado de Guerrero; sin embargo, no son los únicos. Afortunadamente Guerrero cuenta con riquezas históricas, gastronómicas y culturales que rivalizan y engrandecen su patrimonio natural.

El turismo a nivel nacional aporta poco más del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) al aportar casi 1,113 billones de pesos en 20141; a pesar de que la participación que se lleva nuestro estado de esa cantidad asciende a solo el 2.5%, el ingreso proveniente del sector turístico en las finanzas estatales, representa un 25%, es decir, uno de cada cuatro pesos que ingresan a Guerrero, es aportado por el turismo.2

Nuestra tierra recibe anualmente a más de seis y medio millones de turistas, de los cuales, el 90% es de origen nacional; asimismo, del total de visitantes, únicamente el 5% lo hace por vía aérea, por lo cual, la inmensa mayoría lo realiza a través de la vía terrestre, principalmente utilizando la autopista federal de cuota MEX-095D, mejor conocida como “Autopista del Sol”.3

Los guerrerenses consideramos que la mejor forma de ayudarnos, es a través del trabajo propio, brindado de manera importante por el turismo, permitiendo así, que con el esfuerzo diario podamos llevar a casa lo necesario, lo que siempre trataremos de agradecer con la genuina hospitalidad que nos caracteriza, brindada a quienes nos visitan.

Además, celebro que el H. Congreso de Guerrero, busque coadyuvar a través de su trabajo, para promover e incentivar el mayor flujo de visitantes a los destinos turísticos de nuestra entidad. En ese sentido, el 9 de octubre pasado, pidió por unanimidad, al Ejecutivo Federal que determine una tarifa preferente por el uso de la Autopista del Sol, para continuar con la reactivación económica de la entidad45.

Por lo cual propuso un Acuerdo Parlamentario, ante el Pleno de ese órgano legislativo, en el que solicita al Gobierno Federal, la disminución del peaje de la autopista México-Acapulco en un 50% para impulsar el desarrollo económico y el turismo en la entidad. Mismo que fue aprobado el pasado 19 de noviembre. También cabe resaltar, que en marzo pasado, dicho Congreso se pronunció por que se estableciera de manera permanente el descuento del 50%6.

Cabe señalar que originalmente, dicha medida se aplicó con éxito por motivo de las afectaciones generadas por la Tormenta Tropical “Manuel” y el Huracán “Ingrid” entre 2013 y 2015, como bien lo señala el propio Acuerdo del Congreso del Estado.

Este descuento permitió que se incrementará el flujo de visitantes a nuestra Entidad, tal es el caso que en los años 2013 a septiembre de 2015, se tuvieron las siguientes cifras de tráfico en dicha autopista:

 

2013

2014

sept. 2015

Acapulco

8,908,022

8,851,862

5,091,247

Ixtapa Zihuatanejo

1,623,150

1,728,639

1,069,823

Taxco

866,499

863,088

480,287

En gran medida, el descuento del cincuenta por ciento del peaje en la Autopista del Sol, influyó favorablemente para que se tuviera una afluencia turística considerable y a la alza en los tres principales destinos turísticos de la Entidad.7

Sin embargo, el pasado 30 de noviembre, y previo al periodo vacacional, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer un incrementó las tarifas, entre un 8% y 9%, de los diferentes tramos de las autopistas que administra.8 De acuerdo también con Capufe, las cuotas en las plazas de cobro no se habían modificado desde hace cinco años.9

Ante dicho aumento, y a pesar de mantenerse el descuento del 25% en la autopista, diputados del Congreso Estatal se pronunciaron en sentido de que el gobierno federal reconsidere el aumento del 9% a la Autopista del Sol10. No obstante, considero que además de evitar el aumento en dicha autopista, se debe condonar completamente la tarifa de peaje de la vía y con esa acción, estimular de manera clara el arribo de turistas a Guerrero y propiciar que los habitantes del estado se vean también beneficiados, logrando una reactivación más profunda de la economía de todo el Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer la condonación del peaje de las casetas de la Autopista del Sol a partir del 17 de diciembre y hasta el día 8 de enero inclusive, de 2017, como medida extraordinaria para impulsar el turismo y el desarrollo económico en la entidad durante la próxima temporada vacacional.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 6 de diciembre de 2016.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1 Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México – Compendio Estadístico del Turismo en México (2015) [En línea] http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx

2•Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 2011. [En línea] http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee12/estatal/gro/default.htm

3•Ibid, Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México  [En línea] http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx

4•Pide Congreso tarifa preferencial por uso de Autopista del Sol 09/10/16 [En línea]: http://www.congresogro.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/comunicacion-social/boletines/4762-pide-congreso-tarifa-preferencial-por-uso-de-autopista-del-sol

5•Pide Congreso que disminución al peaje de la Autopista del Sol sea permanente [En línea]: http://www.congresogro.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/comunicacion-social/fotos/4672-pide-congreso-que-disminucion-al-peaje-de-la-autopista-del-sol-sea-permanente

6 Congreso de Guerrero pide descuento permanente del 50% en Autopista del Sol. 13/03/16 [En línea]: http://congresogro.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/comunicacion-social/boletines/4179-congreso-de-guerrero-pide-descuento-permanente-del-50-en-autopista-del-sol

7 Acuerdo de la Comisión de Turismo aprobado el 19 de noviembre de 2015

8•CAPUFE (2016) Comunicado 020 Actualización de Tarifas 30/11/2016 [En línea]:
http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/SalaDePrensa/ComunicadosDePrensa/Com-020-2016.pdf

9 Guadarrama, José de Jesús (2016) Alza de hasta 9% en tarifas de autopistas; sigue descuento hacia Acapulco. Excélsior 01/12/16 [En línea]: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/01/1131431

10•Interpelan diputados aumento del peaje a la Autopista del Sol [En línea]:
http://congresogro.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/comunicacion-social/fotos/4905-interpelan-diputados-aumento-del-peaje-a-la-autopista-del-sol

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Ramírez Hernández. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.





 

Tiene la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada, para presentar a nombre propio y del Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a implementar acciones como respuesta a la legalización de la marihuana en los Estados Unidos de América.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva, y les ruego que me pongan atención porque creo que este exhorto es muy importante.

En los últimos años los norteamericanos han flexibilizado la provisión de esta droga, de la marihuana, en 27 estados.

En la elección del pasado 8 de noviembre, Maine, Nevada, Massachusetts y California aprobaron el uso recreativo para mayores de 21 años. Estos estados se unen al distrito de Columbia, Oregon, Washington, Colorado y Alaska.

Además de esta ola de legalización en Estados Unidos, en Canadá ya se evalúa la posibilidad de hacer lo mismo, lo que a México le va a causar un problema muy grave.

Recordemos que en México se declaró ilegal la marihuana desde 1925, como resultado de la prohibición en Estados Unidos, y desde ese momento hemos combatido al crimen organizado para acabar con la producción, consumo y tráfico de la droga. En la década de los 80’s el crimen organizado creció de manera desmedida sin un freno real que contuviera su avance.

Desde inicios del siglo XXI, cuando nuestro país intensificó su batalla contra el crimen organizado de la mano con Estados Unidos suscribiendo la Iniciativa Mérida; de hecho los norteamericanos nos evaluaban cuánto estábamos haciendo para evitar, precisamente, que entraran los contrabandos de marihuana y otras drogas a Estados Unidos, siempre de la mano con los vecinos, socios y aliados inseparables para el bien o para el mal.

Como todos saben, en el 2006 se inició una lucha que no ha terminado hasta el día de hoy. En los últimos 10 años la batalla contra el crimen organizado tiene al país en una crisis de inseguridad que parece no tener fin, con más de 100 mil muertos, casi 30 mil desaparecidos y millones de pesos invertidos.

Y mientras aquí nos peleamos para que no se produzca y trafique la droga, en Estados Unidos no se habla de los grandes capos de la droga norteamericana. En Estados Unidos no existe la violencia derivada al combate de los cárteles.

No conocemos de los necesarios actos a la corrupción que tiene que pasar en la Unión Americana para que se permita la entrada y el consumo de su país de las drogas y peor aún, cuando Estados Unidos pone sólo los consumidores a nosotros nos tocan los muertos y ahora los estadounidenses deciden aprobar la marihuana.

De no hacer nada, ¿qué va a pasar?

El estado de California tiene un año para legalizar y abrir, precisamente, el consumo de carácter de placer de la marihuana. En este año que sigue ellos van a estar viendo las leyes, los impuestos que van a cobrar por la marihuana y los controles que van a hacer.

Nosotros no podemos hacer la vista gorda, tenemos un año para ver qué vamos a hacer, ¿por qué? Porque va a ver más consumo en California que es un estado enorme y afecta a las ciudades, sobre todo, de Mexicali y de Tijuana, y por otro lado, verdad, puede ser que haya más demanda, aunque los norteamericanos ya producen mucha marihuana en su país, de seguro va a haber más consumo y, por supuesto, como en México es ilegal, la realidad es que seguirán habiendo camiones y envíos de marihuana en nuestro país a Estados Unidos, que está en nuestro país prohibido y ellos ya la van a poder consumir dentro de un año.

Eso implica que aquí nos hagamos de la vista gorda cuando veamos un camión pasando hacia el norte. Si ustedes van a la frontera, van a ver las filas de camiones perdiendo el tiempo horas y horas para que, precisamente, los revisen a ver si traen marihuana. Es decir, va a haber más corrupción.

Los mexicanos fronterizos podrán cruzar a fumar marihuana en Estados Unidos; los cárteles que no puedan pasar toda su mercancía tendrán que buscarle mercado a nuestro país, los criminales que se vean afectados por la medida en Estados Unidos tendrán que diversificarse en otras actividades ilícitas en nuestro país.

Tenemos un año para ver esta situación, el gobierno no puede hacerse de la vista gorda, no podemos llegar tarde como generalmente lo hacemos.

¿Qué vamos a hacer? Es una paradoja legal, social, económica y cultural para los que viven, sobre todo, en la frontera, y para todo el país si no hacemos algo al respecto.

En esta situación sí podemos reclamarle a los norteamericanos porque nos metieron en el combate a la marihuana, y ahora, de una manera así, en un principio van a permitir que se fume y, sobre todo, en un estado tan enorme como California.

Yo propongo que el Ejecutivo nos informe sobre las políticas al respecto, tenemos que hacer algo y reclamar. A nosotros nos ha costado mucho en la seguridad social, en el crimen y todo, estar conteniendo este tráfico.

También que instrumente un plan que mitigue el impacto en la región fronteriza y que convoque a un amplio diálogo nacional e internacional para replantear el enfoque a las políticas alrededor de la marihuana. No es un problema nada más nuestro, ya ven que en Uruguay ya está permitido.

No podemos decir si es buena la prohibición, no me estoy poniendo en favor de que se permita la marihuana, porque todavía en los estados que se ha permitido en Estados Unidos no hay una verdadera investigación, si ha hecho bien o ha hecho mal. Es un problema mucho muy grave que tenemos que tomarlo con mucha seriedad.

Pero eso sí les voy a decir una cosa, si ellos abren las puertas, vamos a estar en una situación muy difícil que tenemos que, desde ahorita, atacarla y podemos de una manera inteligente decirles que no estamos de acuerdo que hagan estas cosas, también les podemos reclamar nosotros, como ellos reclaman muchas cosas, por los muertos en nuestro país, por tantos años de estar combatiendo el narcotráfico.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Víctor Hermosillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Asuntos Fronterizos Norte.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo por el que se  exhorta al gobierno del estado de Chiapas a implementar las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señora Presidenta.

En noviembre del 2014, Carlos Ruiz Ruiz, el encargado municipal para la prevención del delito de La Concordia, en Chiapas, llegó a su casa, tomó un bidón de gasolina, roció a su mujer y le prendió fuego.

El tema de los feminicidios en mi estado está incrementándose de manera alarmante en los próximos años, no solamente en número, sino en la saña, la violencia, la crueldad con la que se están cometiendo.

¿Y todo por qué? Por la enorme impunidad que hay entre los victimarios cada vez más de mujeres, que por el hecho de ser mujer son violentadas de esta manera.

Desde el año 2013 diversos colectivos, asociaciones, diversas activistas solicitaron la alerta de violencia de género para Chiapas, fue en 2013 y hasta 2014 se les dio respuesta, y se les dijo que no, se les dijo que no, a pesar de que había 154 muertes violentas de mujeres en el estado, totalmente documentadas, se les dijo que no y ellas se ampararon.

Ellas, a diferencia de otras instancias del gobierno del estado, sí atendieron el tema y lo atendieron de manera frontal, de manera ordenada, de manera decidida, se ampararon ante esta negativa de la Secretaría de Gobernación.

Hace apenas unos días, afortunadamente hay una buena noticia, se generó una alerta de violencia de género para Chiapas; la mala noticia es que de los 122 municipios que tiene mi estado, solamente en 7 fueron considerados para que hubiera esta alerta de género.

Son municipios efectivamente con alta población: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Tonalá, Villaflores y Chiapa de Corzo.

Sin embargo, es también en otros espacios territoriales de Chiapas en donde los feminicidios ocurren de manera más violenta y recurrente, muchas veces sin denuncia, lo que complica muchas veces también su documentación.

Ahí en la zona indígena sigue ocurriendo esta terrible triada mexicana: ser mujer, ser chiapaneca y ser indígena pareciera una precondición para la pobreza y para la violencia.

Sin embargo, en ningún municipio indígena, salvo San Cristóbal que no lo es enteramente, se emitió la alerta de violencia de género.

Y a esto se suma un dato adicional, el tema de la violencia política que está ocurriendo en contra de candidatas ganadoras que a la fecha, a pesar de las sentencias del tribunal no han podido tomar posesión porque el gobierno del estado ni el Congreso del estado generan las condiciones para que puedan hacerlo.

En ese sentido, este exhorto va en dos sentidos:

El primero, en pedirle al gobierno del estado que si no hay una alerta de género para los 122 municipios, pues entonces ellos generen medidas que garanticen la seguridad de las mujeres.

En segundo lugar, que se le destine recursos, este es un tema presupuestario que no debe de ser soslayado en ningún sentido; una sola mujer más violentada, una sola mujer más asesinada debe de alertarnos absolutamente a todos de lo que está ocurriendo en aquél estado rincón de la República y, por supuesto, que se nos informe al Senado.

Bien por la alerta de género, mal por su limitación que la hace incompleta para Chiapas.

Ojalá se volteé a ver a este lugar de la misma forma como se está alertando sobre el Estado de México o sobre otros estados del país.

En Chiapas siguen ocurriendo feminicidios, en Chiapas siguen siendo cada vez de manera más violenta, y en Chiapas, sobre todo están cada vez más escondidos.

Ojalá se sumen a esta proposición.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con mucho gusto, Senador Robledo. Túrnese a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Sonido en el escaño de la Senadora Torres Peimbert.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Quisiera solicitarle al Senador si pudiera sumarme a su proposición.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con mucho gusto, le pediré a la Secretaría tome nota. También la Senadora Hilda Ceballos.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a realizar una investigación respecto a la presunta irregularidad en el Hospital General, Zona 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señora Presidenta.

Pongo a consideración de esta Asamblea, este tema que me parece es de mucha importancia, dado que cada año hacemos exhortos y hacemos el festejo y conmemoramos el tema del cáncer en todas sus manifestaciones que tiene el ser humano, y creo que el tema de salud en el país es de vital importancia porque es el poderlos mantener con vida y que los institutos que brindan ese servicio, sean un garante.

En esta representación hemos recibido denuncias y demandas constantemente, y reiteradas, sobre el servicio institucional que se otorga a los enfermos de cáncer, hombres, mujeres y niños, porque no tiene una limitante esta enfermedad para atacar a cualquier ser humano.

Si bien este punto de Acuerdo versa sobre un instituto médico en el estado de  Zacatecas, el hospital general, y que versa sobre mastografías que se han llevado a cabo, no solamente en los últimos meses, sino de años atrás, y que se han encontrado anomalías en el servicio, y también en el caso de los resultados que se tendrían que entregar con tiempo y que han sido víctimas muchas personas del incumplimiento interno de la institución. Denuncias administrativas que ya se han interpuesto y que no han tenido tampoco una respuesta.

Hay diferentes versiones de personas que han hecho saber hasta los nombres de los médicos que están vinculados ante esta omisión, y que se instruyó a varios de los médicos de la institución a verter diferentes versiones alrededor del tema, y que bajo la investigación que se inició, se encontraron mastografías que incluso no han sido entregadas y que fueron abandonadas, se encuentran archivadas con datos desde el 2008, en algunos casos.

La denuncia avisa que al revisarse los avances y en el proceso de entrega de los resultados de esas mastografías, se encontró que no se había realizado ninguna acción y que la mayoría de los estudios no entregados a tiempo por esta área de radiología, correspondían a las unidades de medicina familiar en la capital del estado, y otro de un municipio conurbado de Guadalupe.

Pese a esta negligencia, el responsable o los responsables y las responsables, no han sido cesados del Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo la repetición de la falta obligatoria de cesarlo, los denunciantes lo atribuyen a que le radiólogo cuenta con algún respaldo político o propio de la institución.

Repito, recalco sobre los esfuerzos que hemos realizado desde este Parlamento, sin precedentes, para impulsar que los servicios y los operativos de detección del cáncer, la atención del cáncer, para tomar conciencia colectiva en la sociedad y en nuestro país, pero creo que también tenemos que hacer que esto permee hacia la institución responsable.

Tomar conciencia de las autoexploraciones, acudir de inmediato a la clínica o al centro de salud más cercano y con diferentes campañas, pero que lamentablemente esta información de repente cuando encontramos hechos como éstos, se distorsiona y se pierde el sentido de hasta dónde verdaderamente hemos alcanzado a llegar, hay que tomar en cuenta que para que el sector responda a las inmensas campañas de orientación institucional y de comunicación para atraer a los usuarios a un cuidado constante y vigilancia sostenida respecto a su cuerpo, por ello estas informacionescomo la aquí presentada, hay que encontrar una vía de solución y de respuesta. Esta irregularidad es gravísima, pues representa un riesgo, a que mujeres, repito, niños, y hombres incluso, que no se puedan realizar sus exámenes o que no se les entreguen sus resultados y estén enterados de verdaderamente cuál es su estado de salud.

Por ello, someto a su consideración el punto de Acuerdo en el que esta Soberanía exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado y a la del gobierno federal, a realizar una investigación respecto a la presunta irregularidad en el Hospital General, Zona 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, sobre dos mil mastografías sin entregar, y que remita a la Comisión de Salud del Senado de la República los resultados de esta investigación, para que esta institución tome las decisiones legislativas pertinentes.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LA PRESUNTA IRREGULARIDAD EN EL HOSPITAL GENERAL, ZONA 1, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN ZACATECAS, SOBRE DOS MIL MASTOGRAFÍAS SIN ENTREGAR Y REMITA A LA COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS RESULTADOS DE ESA INVESTIGACIÓN, PARA QUE ESTA INSTITUCIÓN TOME LAS DECISIONES LEGISLATIVAS PERTINENTES, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En nuestra representación hemos recibido denuncias y demandas reiteradas sobre el servicio institucional que se les otorga a los enfermos de cáncer. La semana pasada se solicitó un punto de acuerdo para obtener información sobre un aparato del proceso de quimioterapias que estaba fallando en un hospital reconocido y afectaba a 400 derecho habientes. Ahora nos enteramos por los medios de comunicación que en Zacatecas en el Hospital General Zona , existe un grave retraso en la entrega de resultados de más de 2 mil mastografías a las derechohabientes, pese a que algunas se practicaron desde 2008 y resultaron con alto pronóstico de cáncer de mama

2. La nota suscribe que Trabajadores de la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezados por el neurocirujano Armando Rosales Torres y la doctora María Irene Jasso Gutiérrez, denunciaron esta irregularidad. En documentos que tiene el diario La Jornada se asienta que el 23 de julio de 2015 el doctor José Gerardo Becerra, jefe de servicios de prestaciones médicas, emitió una nota informativa al entonces delegado del IMSS en el estado, Javier de Jesús Cabral Soto, para denunciar anomalías en el servicio de mastografías del Hospital General Zona 1. Turnó el caso al área jurídica del instituto. Ahí mismo se informó de la detección de la falta de envío de estudios e interpretaciones de mastografías a las derechohabientes, por un presunto incumplimiento interno.

3. Se denuncia que ya se impusieron acciones administrativas por esa causa. El 2 de marzo de 2015, una doctora, localizó en cajas de anaqueles del servicio de radiología 882 mastografías sin entregar, de 14 meses anteriores, y 184 estudios sin interpretación, de enero-febrero de ese año. Ante esa omisión se instruyó al personal enviar de inmediato los estudios a las unidades donde los médicos familiares entregarían los resultados a sus pacientes. En una segunda ocasión se hallaron mastografías abandonadas. La denuncia avisa que al revisarse los avances en el proceso de entrega de resultados de mastografías, encontró que no se había realizado ninguna acción. La mayoría de los estudios no entregados a tiempo por el área de radiología correspondían a las unidades de medicina familiar (UMF) de la capital del estado y del municipio conurbado de Guadalupe. El resto, 198 resultados de mastografías debían ser enviados a las UMF foráneas, es decir, a distintos municipios del estado. Entre los más de 2 mil estudios no entregados a tiempo se encontraron mastografías que se realizaron desde 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015.

Pese a la probada negligencia, el responsable no fue despedido y sigue laborando en el IMSS. Sólo la repetición de la falta obligaría a cesarlo. Los denunciantes lo atribuyen a que el radiólogo tiene protección política.

4. Esta institución ha realizado esfuerzos parlamentarios sin precedentes para impulsar los operativos de detección de cáncer; para tomar conciencia del valor delas auto- exploraciones y acudir de inmediato a su clínica o centro de salud más cercano. Pero lamentablemente nos llega información, respecto a deficiencias en los procesos institucionales del sector salud, que hay que tomar en cuenta para que el sector responda a las inmensas campañas de orientación institucional y de comunicación social para atraer a los usuarios a un cuidado constante y vigilancia sostenida respecto a su cuerpo, por ello estas informaciones como la aquí presentada hay que encontrar una vía de solución y respuesta. Esta irregularidad es gravísima pues representa un riesgo el que existan mujeres que se realizaron mastografías y no estén enteradas de sus resultados.    

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a realizar una investigación respecto a la presunta irregularidad en el Hospital General, Zona 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, sobre dos mil mastografías sin entregar y remita a la Comisión de Salud del Senado de la República, los resultados de esa investigación, para que esta institución tome las decisiones legislativas pertinentes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente.

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Ana Guevara. Túrnese a la Comisión de Salud.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe del seguimiento de pagos vencidos a proveedores del estado de Campeche.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

En los últimos meses he venido presentando en el Senado varias iniciativas y puntos de Acuerdo de un tema fundamental para mi estado, Campeche.

La actual situación económica por la cual atravesamos, derivada de la caída de los precios del petróleo en el mundo, pues sí coloca a nuestro estado en una situación que cada día parece más crítica y de la cual simple y sencillamente no vemos a la fecha solución.

Tras la caída de la actividad petrolera, Campeche se ha enfrentado con múltiples rezagos económicos, que mantienen al 52 por ciento de la población en una situación de pobreza, hemos tenido una caída del empleo de más del 2.3 por ciento. Y hoy en día enfrentan situación prácticamente de quiebra, poco más de 450 empresas locales.

En el último año se han registrado ya más de 25 mil desempleos, y por supuesto la tasa de informalidad en Campeche ya es superior al 60 por ciento.

En términos económicos, Campeche ha acumulado ya ocho trimestres consecutivos de recesión en materia de actividad económica, y enfrenta situaciones que dificultan su recuperación como es, el ya tan anunciado Puente de la Unidad, del cual se había anunciado que iba ya a iniciar, para ahora sí terminar, con un costo de mil 100 millones de pesos, y los Diputados le asignaron 150.

Así como todo esto, pues el Presidente Peña Nieto en mayo pasado anunció un programa especial de recuperación económica, para Campeche y para Tabasco. En él se comprometió a implementar diversas medidas, entre las que se encuentran recursos adicionales del FAIP, adelantar inversiones contempladas para 2017, lo cual simplemente no ocurrió, duplicar el presupuesto de diferentes Secretarías fundamentales para mi estado, como son las de Desarrollo Social, Economía, SCT, Trabajo y Previsión Social, Turismo, así como intensificar diversas acciones por parte de la Sagarpa.

A todo esto se sumó lo que significa y significaba, en su momento, uno de los puntos más relevantes para la actividad económica en el municipio del Carmen, que es el programa de pago a proveedores, los cuales llegaron a acumular, como ya lo dijimos en su momento, más de 250 días de retraso en su pago, ya aunados a los 180 que de por sí traían en sus cartas de crédito.

Esto no solamente, pues al parecer no ha ocurrido, sino que, bueno, la deuda de Pemex sigue creciendo, vemos que ya ha superado un billón 797 mil millones de pesos.

Vemos, y nos anuncian por otro lado, que el 85 por ciento de la deuda a proveedores ha sido cubierta, lo cual no solamente es falso, y por eso es el origen de este punto de Acuerdo, porque también hemos recibido diversas preocupaciones por parte de muchos proveedores que nos dicen: que no solamente no les están haciendo los pagos correspondientes, sino que además les están exigiendo un descuento, que a veces llega de entre un 10 y un 15 por ciento a cambio del pago.

Esto, amigas y amigos, se llama extorsión, y no lo podemos permitir.

La situación económica que enfrenta el municipio del Carmen, la situación económica que enfrentan muchísimas empresas en el municipio del Carmen, y lo que ha generado en problemas, no solamente de desempleo, sino el incremento de la tasa delictiva, pues es lo que me lleva precisamente a hacer este punto de Acuerdo en el cual, pues sí quiero preguntarle a Pemex que nos informe de manera muy detallada, cómo está este programa de pago a proveedores.

Si es cierto este rumor que se corre, que están exigiendo un descuento a cambio del pago y qué, pues, simple y sencillamente todo pareciera que está haciendo una terrible simulación.

La situación que enfrenta el Carmen, la situación económica que enfrenta mi estado, Campeche, el próximo año podría empeorar si seguimos permitiendo anuncios sin absolutamente ningún sustento.

Por su atención, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Lavalle Maury. Túrnese a la Comisión de Energía.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a convocar a los maestros de México a realizar un análisis minucioso de la actual situación educativa en nuestro país.

El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

En la evaluación PISA 2105, presentado a nivel mundial el pasado 6 de diciembre, México ha obtenido resultados verdaderamente preocupantes en lo que respecta a los tres ámbitos en que se aplica la prueba, competencia en ciencia, comprensión lectora y competencia en matemáticas. Desde hace 15 años, México ha ocupado los últimos lugares en esta evaluación.

Los alumnos evaluados de nuestro país no aprobaron ninguno de los tres exámenes. Los resultados de PISA 2015 señalan que México no ha superado el rezago educativo, y es obvio que las reformas aprobadas en 2013 e implementadas en los últimos años no han dado los resultados esperados.

Llevamos ya, al menos, tres años de un supuesto cambio educativo, que por el contrario, nos mantiene en niveles muy bajos en conocimientos.

Ante la gravedad que representa el rezago en el desempeño de los estudiantes mexicanos, hora de reorientar la política educativa en nuestro país, que no es más que el reflejo de todo el sistema educativo nacional.

Este informe nos muestra que los estudiantes mexicanos tienen un rezago de 2.5 años de aprovechamiento, esto debe comprenderse de manera integral. Si los alumnos tienen estos problemas en su desempeño, es porque el sistema en su conjunto está fallando, esto se suma a la desigualdad en oportunidades educativas, en infraestructura, en un espiral de exclusión, pero también de pobreza y marginación. Esto también debe tomarse en cuenta para transformar el sistema educativo nacional, los indicadores son solamente una parte de un diagnóstico que exige propuestas integrales y urgentes.

Estamos en el último lugar en educación entre los países de la OCDE, no hemos aprobado en ningún examen de esta evaluación, pero también estamos reprobados en las normas, reformas y cambios que el sistema educativo nacional necesita y exige, con la participación de todas y todos, sin excluir a nadie. En pocas palabras, estamos reprobados en los cambios que el sistema educativo necesita.

Esto también demuestra que la reforma educativa de 2013 no ha tenido impacto para elevar la calidad educativa. Podemos sacar algunas conclusiones de este informe y que se suman a los problemas más evidentes por los que atraviesa nuestro país.

No basta con reformar el sistema educativo para fines de ordenar su funcionamiento, es urgente pensar en una reforma incluyente, que no sólo sea de contenidos de matrícula educativa, debe ser también una reforma que cambie las diferentes formas de transmisión de conocimiento ahí en las aulas.

La reforma educativa que necesita México no puede prescindir de los maestros ni de todos los involucrados en el sistema educativo nacional. Necesitamos un sistema de evaluación que ponga énfasis no en el castigo a los profesores, sino en todos los componentes del sistema educativo nacional de una manera integral.

Requerimos la revisión y construcción de un modelo educativo nacional que defina el perfil del estudiante que nuestra sociedad demanda, pero que al mismo tiempo le dé orientación al desarrollo de un modelo pedagógico, didáctico y administrativo que contribuya a mejorar los indicadores que el sistema educativo nacional requiere.

Por el cambio de la lógica del libre mercado, de la educación como mercancía de calidad, sólo se ha llegado a la construcción de una sociedad desigual e irracional, desintegrada y violenta, sin desarrollo sustentable, y a la larga, suicida.

Por este camino, la educación no tiene sentido social y nos conduce a la creación de una nueva barbarie, ahora tecnócrata, por este camino el sistema educativo se descompone para en su lugar crear circuitos diferenciados que atiendan los distintos sectores de la población.

Una verdadera reforma del sistema educativo nacional debe ir, entonces, acompañada de una profunda deliberación y análisis del futuro de la educación en México, que tome en cuenta la construcción de un nuevo modelo educativo sustentado bajo principios,   valores, retos y premisas fundamentales, que considere a la educación como un bien y un derecho humano universal, cultural, humanista, integrador, pluricultural, obligatorio y gratuito y, al mismo tiempo, como un instrumento de equidad, justicia e inclusión social, que ratifique su carácter laico, científico y orientador del desarrollo nacional para la generación de competencias para la vida, el trabajo y la colaboración comunitaria.

El nuevo modelo educativo exige, sin duda, el impulso de un nuevo sistema de formación y profesionalización de todos los actores del proceso educativo, tanto en la función docente como administrativa y directiva, bajo nuevos mecanismos de incentivos, evaluación de desempeño y ascenso por méritos, estabilidad, recategorización laboral, que haga más flexible su ingreso y permanencia con relación a los que actualmente contempla la carrera magisterial.

El gobierno de la República debe hacer un alto y reflexionar muy seriamente sobre estos indicadores, sobre la evaluación PISA 2015, pero también sobre otros indicadores mucho más importantes, precisos y determinantes en la evaluación.

De la educación del presente y del futuro, compañeras y compañeros, todos somos responsables.

Por lo anterior, exhortamos al gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que convoque a los maestros de México a realizar un análisis minucioso de la actual situación educativa en nuestro país, para que participen en la construcción del nuevo modelo educativo, para que implemente un diálogo abierto en el que participen los maestros de México y todos los sectores que integran el sistema educativo para resolver los problemas que prevalecen en el modelo educativo que nos han mantenido por 15 años rezagados.

Por su atención, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a la Comisión de Educación.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Muchas gracias. Solamente para sumarme al punto de Acuerdo del Senador Morón, coincidimos plenamente.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con mucho gusto, Senador Demédicis. Le pido a la Secretaría tome nota.





 

Tiene la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a llevar a cabo las acciones tendientes a materializar la reinserción social como finalidad primordial de la pena privativa de la libertad.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia.

Las conductas consideradas antisociales han ido evolucionando a través del tiempo, situación que ha sido una de las principales problemáticas que estancan la consolidación de una sociedad pacífica y respetuosa de las normas mínimas de conducta, así como del fortalecimiento de la seguridad y protección de los valores jurídicamente protegidos.

En la actualidad se ha dado lugar a diversos sistemas enfocados a la readaptación social de los sujetos que han delinquido, los cuales se basan en la individualización de la pena y del tratamiento penitenciario con atento respeto a los derechos humanos, complementándolo con un tratamiento penitenciario. Este tratamiento se ha hecho acompañar por otras herramientas tales como la educación, el trabajo, el estudio psicológico del sujeto, entre otras.

Constitucionalmente el artículo 18 en su segundo párrafo, sienta las bases por las que se rige el sistema penitenciario en el país, así como su objetivo, el que a la letra refiere: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

De la lectura del precepto se desprende que gran parte de lo dispuesto por el máximo ordenamiento, no es una realidad palpable, pues en la reinserción social aún se tienen grandes y preocupantes obstáculos por enfrentar.

Lamentablemente México se ha olvidado de su sistema penitenciario, siendo que su buen funcionamiento es parte medular para que los sujetos que se encuentran compurgando sus penas se reinserten de forma positiva a la sociedad y sean productivos en la misma. Todo lo contrario sucede en el contexto actual, pues dadas las malas condiciones y el desapego a los principios por los que deberían regirse los centros penitenciarios, existe una baja, si no es que nula, rehabilitación de los sujetos que se encuentran recluidos.

Sustento de lo anterior es lo referido en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, que con la tarea de fiscalizar los objetivos y metas del Sistema Nacional Penitenciario identificó que en el 2014 el 44 por ciento de los 24 mil 776 internos en centros federales fue reincidente, lo que significó una nula efectividad de las actividades de reinserción.

He aquí la cuestión medular que ha puesto en jaque al sistema penitenciario, pues como se ha reiterado, está muy lejos de cumplir con los estándares fijados por la Constitución y los derechos humanos se han convertido en una falacia dentro de los centros penitenciarios.

A nivel internacional el país refleja un estatus poco decoroso respecto del cumplimiento de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos adoptadas para el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1955.

Basta adentrarse a la lectura de este instrumento para darse cuenta que en México no se cumple con más de la mitad de lo establecido.

Se debe asimilar la idea de que el sistema penitenciario forma parte del funcionamiento de toda sociedad, una racionalización incluyente, requiere de la participación activa de todos, tal como se ha sostenido.

La situación es suficientemente alarmante como para exhortar a todas y cada una de las autoridades responsables a trabajar en conjunto por la consecución de una solución concisa a esta situación.

Es tiempo de recuperar terreno en un aspecto tan abandonado, pues todas estas deficiencias se ven reflejadas en la situación de inseguridad actual que podría agravarse si no se actúa de inmediato en esta cuestión toral.

Por eso estamos pidiendo:

Uno, se lleve a cabo de forma diligente las acciones tendientes a materializar la reinserción social como finalidad primordial de la pena privativa de libertad.

Dos, rindan a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones que se han llevado a cabo respecto al cumplimiento de los estándares mínimos que establece a nivel internacional para las instituciones penitenciarias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las conductas consideradas antisociales han ido evolucionando a través del tiempo, situación que ha sido una de las principales problemáticas que estancan la consolidación de una sociedad pacífica y respetuosa de las normas mínimas de conducta, así como del fortalecimiento de la seguridad y protección de los valores jurídicamente protegidos.

Históricamente anterior a la pena privativa de libertad existían diversas sanciones que se imponían a los sujetos que cometieran conductas consideradas como lesivas para el orden y la tranquilidad social, una forma de retribuirles un mal por el mal que habían causado; se legitimaban en un inicio penas sustentadas en la venganza privada, posteriormente fundadas en la venganza divina y finalmente en la venganza publica, comúnmente materializada a través de las ejecuciones.

Con el paso del tiempo la facultad de castigar le fue concedida al Estado por sus propios gobernados mediante un contrato social, con ello se fue conservando el mismo sentido retributivo en la imposición y ejecución de sanciones, conjuntándolo paulatinamente con una idea a la vez humanística. Se buscó sustituir sanciones como las penas de muerte, optando por conservar la vida del sujeto mientras se le privaba de la libertad en cárceles.

La palabra cárcel proviene del latín carcer, carceris (edificio con rejas donde ponen a los presos); y el Diccionario de la Real Academia Española lo concibe como el “local destinado a reclusión de presos”1. El origen de las cárceles se remonta a los romanos que en principio les daban utilidad como instrumentos de control social en el que se albergaba a los presos políticos con la idea de dar imagen de democracia y civilidad. Posteriormente con los griegos las cárceles albergaban a los delincuentes que cometían ilícitos contra el Estado, no obstante seguía preponderando el abuso de la pena de muerte.

Con el devenir del desarrollo de las sociedades, el Estado se da cuenta del valor económico que representan los sujetos que compurgan penas privativas de libertad y da lugar a la aparición del uso de la prisión como un medio de explotación de la fuerza de los sujetos, esto en el entendido de que muchas de estas funciones obedecían al concepto de la pena como un sufrimiento.

Más adelante los estudiosos del tema se dieron a la tarea de continuar con la humanización de la pena, surgiendo así sistemas correccionalistas o moralizadores que tenían la finalidad de transmitir valores a los penados. Los fines de estos sistemas se pretendían alcanzar inicialmente a través del aislamiento total en prisión, pues según esto, cada sujeto se enfocaría en reflexionar sobre sus actos; después se modificaría este sistema al incorporar la posibilidad de trabajar inculcándole a los penados valores como la responsabilidad.

Diversos teóricos del derecho penitenciario han referido que posteriormente la pena dejó de tener un fin en sí misma, ya no representaba un castigo, dolor o aflicción. Lo anterior tuvo cabida con la aparición de sistemas penitenciarios progresivos, en los cuales se trata de transitar a la idea de que la pena privativa de libertad debe tener una finalidad diversa y ser más humana, pues con ella el sujeto debe adquirir conocimientos y herramientas para su correcta reinserción a la sociedad.

En la actualidad se ha dado lugar a diversos sistemas enfocados a la readaptación social, que se basan en la individualización de la pena y del tratamiento penitenciario, complementándolo con un tratamiento postpenitenciario; llevándose acabo todo lo anterior con atento respeto a los derechos humanos. El tratamiento penitenciario se ha hecho acompañar por otras herramientas, tales como la educación, el trabajo, el estudio psicológico, entre otras.

Ahora bien, después de la breve y genérica referencia histórica que se ha hecho con antelación, es importante puntualizar lo que principalmente interesa al presente: analizar los objetivos por los que actualmente se rige el sistema penitenciario en México, tomando en consideración su función ejecutiva respecto de la pena privativa de libertad.

Constitucionalmente el artículo 18 en su segundo párrafo sienta las bases por las que se rige el sistema penitenciario en el país así como su objetivo, el cual a la letra refiere que:

“…El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Del anterior precepto se desprenden las herramientas con las cuales se pretende lograr la reinserción de los sujetos a la sociedad, añadiendo una finalidad preventiva, es decir, que el sujeto una vez reinsertado a la sociedad no vuelva a delinquir.

Sin embargo, gran parte de lo dispuesto por el máximo ordenamiento no es una realidad palpable, toda vez que la reinserción social tiene grandes y preocupantes obstáculos. Podrían citarse problemas como la sobrepoblación en los centros penitenciarios, las malas condiciones de su infraestructura, la corrupción, la violación a los derechos humanos, entre otros.

Lamentablemente México se ha olvidado de su sistema penitenciario, siendo que este es la parte medular para que los sujetos que ya han compurgado sus penas se reinserten de forma positiva a la sociedad y sean productivos en la misma. Todo lo contrario sucede en la actualidad, pues dadas las malas condiciones y el desapego a las principios por los que deberían regirse los centros penitenciarios, existe una baja, si no es que nula, rehabilitación de los sujetos que se encuentran recluidos en ellas.

Sustento de lo anterior es lo referido en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, que con la tarea de fiscalizar los objetivos y metas del Sistema Nacional Penitenciario, identificó que en 2014 el 44.0% (10,901) de los 24,776 internos en centros federales fue reincidente, lo que significó una efectividad limitada de las actividades de reinserción.2

No cabe duda que hay problemas de fondo en el funcionamiento del sistema penitenciario, y las autoridades facultadas para solucionar esas cuestiones no han actuado de forma diligente para resolverlas.

Los incipientes avances en el fortalecimiento del Sistema Nacional Penitenciario ponen de manifiesto una continuidad en los tratamientos de reinserción deficientes, lo que provocó que a 2014 no se registraran avances de consideración en la superación del problema que dio origen a la política pública, que pone en riesgo la reinserción a la sociedad de los 24,776 internos recluidos en los Centros Federales de Readaptación Social, así como la contención de su reincidencia y, en consecuencia, la contribución al mejoramiento de las condiciones de seguridad pública.3

En 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizo un Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, del cual se desprenden las siguientes consideraciones:

Por lo que hace a irregularidades detectadas en los Centros de Readaptación Social Estatales, se enlistaron 39 preocupantes problemas4, de entre los cuales destacan:

1. No existe clasificación entre procesados y sentenciados en dormitorios y en áreas comunes.

2. Deficientes condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos.

3. Se detectaron, áreas de privilegios, así como presencia de objetos y sustancias prohibidas, así como de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población.

4. Hacinamiento, ya que se observó una deficiente distribución de los internos.

5. Sobrepoblación.

6. Deficiencias en la capacitación del personal penitenciario.

7. Deficiencias en las acciones para la vinculación del interno con la sociedad (visita familiar, íntima, comunicación telefónica y biblioteca).

Respecto de los Centros Penitenciarios Federales las irregularidades, aunque parecen tener una menor cantidad, son coincidentes en su mayoría con las de los estatales, por ello el problema del sistema penitenciario no puede sectorizarse.

He aquí la cuestión medular que ha puesto en jaque al Sistema Penitenciario, pues como se ha reiterado, está muy lejos de cumplir con los estándares fijados por la Constitución. Los derechos humanos se han convertido en una falacia dentro de los centros penitenciarios.
Es obligatorio asimilar la idea de que el Sistema Penitenciario forma parte del funcionamiento de toda la sociedad, pues al tener la primordial tarea de reinsertar al penado a través de los diferentes medios, y una vez que son puestos en libertad, la función resocializadora requiere de la participación activa de todos. Es lamentable que no se generen las condiciones suficientes para que la reinserción social se materialice, pues por el contrario, si desde el interior de los centros penitenciarios no se concibe la idea de respeto a las normas de conducta, la preparación del sujeto para vivir en libertad y el fortalecimiento de valores, nada positivo se puede esperar para la sociedad.

Asimismo, también resulta inaceptable que culturalmente se perciba por la mayoría de los mexicanos a las cárceles como “escuelas del crimen”, un determinismo que nace ante la abrumadora situación de la inseguridad en el país, pues cifras como las anteriormente expuestas, ponen en entredicho la efectividad de esa tarea de reinserción y resocialización.

No se puede ser omiso en que también el crecimiento de este problema se debe a la falta de participación de las autoridades corresponsables a que se refiere el artículo 3, fracción II de la reciente Ley Nacional de Ejecución Penal:

“Artículo 3. Glosario

Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por:

[…]

II. Autoridades Corresponsables: A las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Cultura, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y sus equivalentes en las entidades federativas, así como aquellas que por su naturaleza deben intervenir en el cumplimiento de la Ley, en el ámbito de sus atribuciones; […]”

De lo anterior se pude mencionar por ejemplo, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no ha generado las condiciones oportunas para colaborar en el tratamiento postpenitenciario de los sujetos puestos en libertad, la Secretaría de Desarrollo Social no ha impulsado programas de alto impacto que fomenten precisamente esa tarea con los sujetos.

Por si lo anterior no fuera suficiente motivo de indignación, el país a nivel internacional refleja un estatus poco decoroso respecto del cumplimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, las cuales especifican los principios y practicas generales que se consideran aceptables para el tratamiento de los reclusos y representan las condiciones adecuadas mínimas que aceptan las Naciones Unidas y que también han sido concebidas para proteger contra los malos tratos, particularmente en relación con la imposición de la disciplina y la utilización de instrumentos de coerción en las instituciones penales.5

Basta con adentrarse a la lectura de este instrumento para darse cuenta que en México no se cumple con más de la mitad de lo establecido, verbigracia la inobservancia de la efectiva separación por categorías a los reclusos, las condiciones mínimas de los locales destinados a los reclusos, la higiene, servicios médicos, disciplina y sanciones, la información y derecho de queja de los reclusos, profesionalización del personal penitenciario, entre muchas otras cuestiones que hacen parecer totalmente ajeno al país de estas reglas.
Aunado a lo anterior, del mismo instrumento es válido citar los siguientes principios rectores aplicables a la categoría de personas sentenciadas, los cuales evidentemente no operan ni se han logrado en México:

“…58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.

59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer…”

Tal como se ha sostenido en el desarrollo de las presentes consideraciones, el Sistema Penitenciario en el país no ha arrojado los resultados deseados, ni mucho menos se ha ajustado a los entandares mínimos internacionales; la situación es lo suficientemente alarmante como para exhortar a todas y cada una de las autoridades responsables a trabajar en conjunto por la consecución de una solución concisa a esta situación.

A pesar del avance legislativo en materia penal, por lo que respecta a la implementación de sistema penal acusatorio, la utilización de la privación de libertad como ultima ratio, la integración de los derechos humanos, el fortalecimiento del principio de presunción de inocencia, entre otras cuestiones, es imprescindible trabajar en la crisis del sistema penitenciario que aún sigue latente, y que realmente se cumpla con la finalidad de reinserción social. Cada persona recluida tiene que encontrar en las instituciones penitenciarias un espacio físico en el cual tenga la posibilidad de prepararse para la vida en libertad y consecuentemente enmendar con acciones positivas su comportamiento en el pasado.

Es tiempo de recuperar terreno en un aspecto tan abandonado, pues todas esas deficiencias se ven reflejadas en la situación de inseguridad actual que podría agravarse si no se actúa de inmediato en esta cuestión toral.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la autoridad penitenciaria dependiente del Ejecutivo Federal y a las dependientes de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargadas de operar el Sistema Penitenciario, a que, en conjunto con las Autoridades Corresponsables a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal:

1) Lleven a cabo de forma diligente las acciones tendientes a materializar la reinserción social como finalidad primordial de la pena privativa de libertad; y

2) Rindan a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones que se han llevado a cabo respecto al cumplimiento de los entandares mínimos que se establecen a nivel internacional para las instituciones penitenciarias.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Sen. David Monreal Ávila.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

1 Véase en el Diccionario de la Real Academia Española [en línea]. Búsqueda disponible en:
http://dle.rae.es/?id=7Tue0Tp

2 Auditoria Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. Auditoría de Desempeño: 14-0-04100-07-046. Disponible en:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_0046_a.pdf

3 Ibídem

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf

5 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos. Disponible en:  https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-
emx/article/view/4695/4102





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a adelantar la campaña para prevenir la propagación y picadura del mosquito que transmite los virus del zika, dengue y chikungunya.

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Con la venia de la Presidencia. Senadoras y Senadores:

Acudo al Pleno de esta Soberanía con la atribución que me confiere el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República, para presentar proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, con el objetivo de que analice la viabilidad de adelantar la campaña nacional para prevenir la propagación y picadura del mosquito que transmite los virus del zika, dengue y chikungunya.

En el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Este tipo de derecho humano es considerado un derecho de carácter social, prestacional, en la medida que implica y conlleva una serie de obligaciones positivas por parte de las autoridades administrativas del Estado mexicano, para que éste asegure la asistencia médica, derecho a la atención a asistencia sanitaria, derivado de la causa o afectación que provoca la falta de salud hacia las personas, obligándolos a preservar este bien jurídico tutelado en la Ley Suprema del país y tratados internacionales en la materia, para su pleno goce y disfrute.

Los mexicanos tenemos que aprender a tomar medidas de prevención ante el peligro latente de ser picados por el mosquito que transmite los virus del zika, dengue y chikungunya, no es la excepción la población que habita en los climas tropicales y subtropicales, es la más expuesta a este peligro, dado que la temperatura calurosa y húmeda, son factores que hacen más fácil la propagación de las enfermedades.

El dengue es una enfermedad con mayor antigüedad en comparación de las otras dos.

El chikungunya fue detectado en el año 2014 en el estado de Chiapas; y el zika, se confirmó el primer caso autóctono en noviembre de 2015.

El dengue ha sido una de las enfermedades con mayor relevancia dentro del país, puesto que se estima que el 60 por ciento del país cuenta con las condiciones ideales para su propagación y que cerca de 50 millones de personas que habitan en estas zonas se encuentran en un latente peligro de adquirir dicha enfermedad.

El objetivo es que la Secretaría de Salud del gobierno federal adelante la campaña nacional para combatir la picadura del mosquito Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, con el objetivo de que la ciudadanía cuente con información anticipada, oportuna y de fácil acceso, y de esa manera pueda combatir la propagación del mosco y, en su caso, puedan ser atendidas con prontitud y pleno conocimiento de la causa.

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, a analizar la viabilidad de adelantar la campaña nacional para prevenir la propagación y picadura del mosquito Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, agentes que transmite los virus del zika, dengue y chikungunya, a efecto de que en las temporadas de mayor propagación la población cuente con la información suficiente y de esa manera se reduzca el número de contagios y los decesos causados por estas enfermedades.

Muchas gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo

La que suscribe, HILDA CEBALLOS LLERENAS, Senadora de la República e  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los mexicanos tenemos que aprender a tomar medidas de prevención ante  peligro latente de ser picados por el mosquito Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, agentes que transmiten los virus del zika, dengue y chikungunya. Por supuesto, la población que se ubica en regiones con climas tropicales y subtropicales es la más expuesta a este peligro, dado que la temperatura calurosa y húmeda son factores que hacen más fácil la propagación de las enfermedades.

Hay que destacar que el dengue es una enfermedad con mayor antigüedad en comparación de las otras dos, puesto que los primeros indicios de chikungunya fueron detectados en el año 2014 en el estado de Chiapas y en el caso del zika se confirmó el primer caso  autóctono en noviembre de 2015.

Los síntomas de las enfermedades, los cuales aparecen después de un periodo de incubación de 3 a 12 días, son los siguientes:

  •  Aumento de la temperatura corporal;
  •  Dolor de cabeza y cuerpo cortado;
  •  Cansancio;
  •  Salpullido;
  •  Dolor en articulaciones de manos y pies;
  •  Conjuntivitis;
  • Inflamación de miembros inferiores.

Sin embargo, el dengue ha sido una de las enfermedades con mayor relevancia dentro del país puesto que se estima que el 60% del país cuenta con las condiciones ideales para su propagación y que cerca de 50 millones de personas que habitan en estas zonas se encuentran en un latente riesgo de adquirir dicha enfermedad.

Científicamente se ha logrado evidenciar que estos tipos de mosquitos logran tener una etapa de vida que oscila entre los 15 y 30 días siempre y cuando las condiciones de humedad y temperatura lo permitan, de igual medida llega a ser peligroso las distancias en las que llegan a volar (en especial las hembras) puesto que alcanzan distancias de 40 a 60 metros logrando tener un mayor alcance de propagación.

El objetivo es que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, SSa, adelante la campaña nacional para combatir la picadura del mosquito Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, con el objetivo de que la ciudadanía cuente con información anticipada, oportuna y de fácil acceso, y de esa manera pueda combatir la propagación del mosco y, en sucaso, puedan ser atendidas con prontitud y pleno conocimiento de la causa.

Es una realidad que un porcentaje de la población, al tener poco conocimiento de los síntomas que produce el virus del zika, dengue o chikungunya, suele confundirlo con otro tipo de enfermedades, tales como una simple gripe o fiebre por infección estomacal. Lo más grave del asunto es que al tener desconocimiento de estas enfermedades, al contagiarse, puede conllevar a un mal autodiagnóstico y, por consiguiente, a padecer daños neurológicos e incluso la muerte.

Hoy, se cuenta con estudios científicos que la transmisión del virus se puede realizar de persona a persona, sea por relaciones sexuales o por la vía perinatal, una situación grave si consideramos que las mujeres embarazadas que sufren la picadura pueden contagiar al bebe en proceso de gestación, lo cual, entre otras cosas, conlleva el riesgo de malformaciones fetales como la microcefalia.

Como todos tenemos conocimiento, no hay vacuna ni tratamiento específico para las enfermedades causadas por los virus que propaga el mosquito Aedes Aegypti y Aedes Albopictus. Por ello, es necesario que la sociedad cuente con información oportuna para poder exterminar los criaderos de mosquitos y contar con los “insumos caseros”, como mosquiteros o repelentes para evitar picaduras.

La Secretaría de Salud, ha emprendido campañas exitosas y gracias a su oportuna intervención se ha podido combatir al mosquito y, sobre todas las cosas, atender a las personas que han sido contagiados, sea por zika, dengue o chikungunya.

Tal es la campaña ¡Sin criaderos no hay mosquitos!: Evita el zika chikungunya y dengue, la cual, entre otras cosas, difunde una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de contraer las enfermedades: 1. Utilizar repelentes de insectos y pabellones de camas; 2. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas; 3. Utilizar camisas de manga larga y pantalones largos; 4. No auto medicarse y acudir a las unidades de salud para ser atendidos; 5 Eliminar los criaderos de mosquitos en las viviendas.1 Adicionalmente se recomienda tapar depósitos de agua de uso doméstico, eliminar el agua de floreros o macetas; cambiar el agua de las mascotas y, en caso de tener relaciones sexuales, siempre utilizar preservativo.

El apoyo y ampliación durante todo el año de estrategias de mercadotecnia social como “Lava, tapa, voltea y tira” a nivel nacional lograrían tener mayor impacto puesto que estas enfermedades se localizan en mayor medida en centros agrícolas, ganaderos, industriales, pesqueros, petroleros y turísticos.

De allí, la importancia de adelantar una amplia campaña de prevención contra la picadura del mosquito. Es decir, que las acciones gubernamentales, en coordinación con las autoridades locales, sean a lo largo de todo el año y no en los meses previos o durante la temporada de lluvias, que es cuando alcanzan el auge los criaderos de mosquitos.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos que si bien son enfermedades que no pueden erradicarse o atenderse debido a que no hay cura, también estamos conscientes que una campaña con mucha anticipación puede ser una herramienta efectiva para que la sociedad esté plenamente prevenida. Saber qué hacer puede ayudar a salvar vidas, y la SSa cuenta con todos los medios a su alcance para realizar una campaña adelantada.

No solamente ayudará a mantener informada a la sociedad, sino también permitiría a las unidades médicas de salud a prever los medicamentos necesarios para controlar las enfermedades o padecimientos relacionados con los virus del zika, dengue o chikungunya.
Los últimos brotes que cobraron la vida de muchas personas y que, en algunos casos, no se tuvo el abasto suficiente de medicamentos, principalmente –Tamiflu–, obligan a la Secretaría de Salud a plantearse la necesidad de adelantar la campaña en contra del mosquito Aedes Aegypti, plantear su reforzamiento o incluso mantener o campaña permanente, a efecto de prevenir futuros contagios, el desabasto de medicinas o la sobredemanda de atención en las unidades médicas del país.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a analizar la viabilidad de adelantar la campaña nacional para prevenir la propagación y picadura del mosquito Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, agentes que transmite los virus del zika, dengue y chikungunya, a efecto de que en las temporadas de mayor propagación la población cuente con la información suficiente y de esa manera se reduzca el número de contagios y los decesos causados por estas enfermedades.

Dado en el salón de Plenos del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente

Sen. Hilda Ceballos Llerenas.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Ceballos Llerenas. Túrnese a la Comisión de Salud.

1 http://www.gob.mx/chikungunya-dengue




 

Se concede la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a establecer e implementar protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar este punto de Acuerdo que parte de la premisa fundamental de la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de junio de 2011 que, como todos sabemos, trajo como consecuencia el establecimiento y protección de los derechos de todas las personas, por lo que dicha reforma obliga a todas las autoridades a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos; sin embargo, y también lo sabemos, todavía hay muchos retos que enfrenta el Estado mexicano para que esta premisa constitucional se vuelva una realidad.

Hoy, en este punto de Acuerdo, me refiero a uno de esos retos, que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad.

Hay que reconocer que en nuestro país se han instrumentado diversas acciones para eliminar barreras físicas y sociales que limitan la autonomía y el libre tránsito a distintas instalaciones de las personas con discapacidad, y algunas otras regulaciones en torno a generar la plenitud de sus derechos a estas personas; sin embargo, vemos que todavía hay pendientes por implementar, medidas legislativas que garanticen el acceso a las personas con discapacidad a la justicia.

Hace algunos meses presenté una iniciativa que pretende justamente establecer reglas en este sentido. Hoy lo que estamos haciendo con el punto de Acuerdo es plantear en los esfuerzos que ya ha hecho el Poder Judicial de la Federación, y cómo este esfuerzo tiene que ser replicado en las entidades federativas.

El problema de las personas con discapacidad no es menor si atendemos a la medición que hace la propia Organización de las Naciones Unidas, al señalar que existen aproximadamente 650 millones de personas con alguna discapacidad y en nuestro país datos del Inegi establece una cuantificación de aproximadamente 5 millones 700 mil personas.

Hay también la obligación que tiene el Estado mexicano para cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y dos de los artículos de esta convención:

El artículo 12 se refiere al igual reconocimiento como personas ante la ley. Y el artículo 13, al acceso a la justicia.

Y, en este sentido, esta previsión internacional, de la cual es parte México, señala que los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso, mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigo en todos los procedimientos judiciales con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

Con ello se busca, de acuerdo a lo que establece la propia convención, asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia.

Y los Estados Partes se comprometerán a promover la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

Y es justamente, en el ámbito de la justicia, donde se han identificado las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad, lo que motivó, en su momento, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se hayan implementado diversas acciones que engloban elementos técnicos y jurídicos, fundamentados en el principio pro persona que buscan garantizar el derecho de acceso a la justicia a las personas con discapacidad, de las cuales destaca, justamente, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad. El cual atendiendo a la especialidad del público a quien está dirigida, es decir, ante jueces y personal que integran el Poder Judicial de la Federación, centra su atención en el derecho de acceso a la justicia a las personas con discapacidad.

El objetivo es buscar que se garanticen que los recursos disponibles para la justiciabilidad de los derechos sean efectivos en la práctica, con la finalidad de que el derecho de acceso a la justicia sea ha ejercido bajo estándares óptimas de eficacia, tomando en consideración las necesidades particulares y concretas de las personas con discapacidad.

Antes de finalizar y señalar cuál es el objetivo del punto de Acuerdo, me parece muy oportuno señalar que en el propio protocolo se establece en la parte del diagnóstico de lo que hoy observamos en el Sistema de Justicia Federal, la falta de conocimiento en el ámbito judicial sobre lo que es la discapacidad y, por consiguiente, la nula sensibilización y toma de conciencia respecto de quienes tienen esta condición de vida.

La ausencia o escaso reconocimiento de las personas con discapacidad como titulares de derechos. La falta de accesibilidad en la infraestructura física y en el entorno de las comunicaciones y de la información del Sistema de Justicia en México, y también la ausencia de aplicación de los instrumentos internacionales de la materia en los procesos judiciales en los que intervienen las personas con discapacidad.

En síntesis. Falta de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad. Falta de sensibilidad sobre esta condición de vida, pero también un total desconocimiento de los protocolos internacionales que ya ha suscrito el Estado mexicano.
Y ante ello, pues, se genera este protocolo que, justamente, el objetivo del mismo es generar dentro del Poder Judicial de la Federación las medidas adecuadas para que haya esta capacitación, esta sensibilización y distintos principios para que la justicia se aplique tomando en consideración estas medidas establecidas en el protocolo, dirigidas a las personas con discapacidad.

Lo que hoy estamos proponiendo en este punto de Acuerdo, es que no sólo sea en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, sino que el protocolo sea también implementado por las propias entidades federativas, de tal manera que estamos proponiendo un exhorto respetuoso a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones establezcan e implementen protocolos para juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad, tomando como referente el protocolo de actuación para quienes imparten justicia, en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1, 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA ESTABLEZCAN E IMPLEMENTEN PROTOCOLOS PARA LOS JUZGADORES EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, trajo como consecuencia el reconocimiento y protección de los derechos de todas las personas, por lo que dicha reforma obliga a todas las autoridades, a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos.

En este contexto encontramos a un grupo vulnerable, que ha sido estigmatizado a lo largo del tiempo, nos referimos a las personas con discapacidad, mismas que si bien es cierto son consideradas como titulares de todos los derechos previstos en nuestra Constitución General, así como en los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte, también lo es que todas las autoridades están obligadas, en sus distintos ámbitos de competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar  los derechos humanos de las personas de este grupo vulnerable.

Si bien es cierto, en nuestro país se han instrumentado diversas acciones para eliminar las barreras físicas y sociales que limitan la autonomía y el libre tránsito a distintas instalaciones de las personas con discapacidad, también lo es que tenemos pendiente implementar medidas legales que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a la justicia.

Resulta de vital importancia la visibilización de  los diferentes obstáculos que encuentran las personas con discapacidad en el camino hacia el pleno ejercicio de sus derechos y de manera específica cuando son parte en un proceso judicial y/o administrativo, principalmente por las dificultades en el acceso a la información sobre sobre sus derechos y la forma de ejercerlos.

El problema planteado no es menor si consideramos que según datos de la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial existen aproximadamente 650 millones de personas con discapacidad y en nuestro país, según datos de INEGI, 5 millones 739 mil 270 personas1.
El Estado Mexicano debe cumplir con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, toda vez que como Estado parte está comprometido a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos, entre los cuales destaca el de adoptar medidas que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención.

Los artículos 12 y 13 de la Convención, hacen referencia al igual reconocimiento ante la ley y el acceso a la justicia; es decir que todas las personas con discapacidad tienen derecho a que sea reconocida su personalidad jurídica, se les proporcione salvaguardias adecuadas y sobre todo efectivas para impedir abusos; asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos; incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales; asimismo de promover la capacitación del personal de los órganos de encargados de la administración de justicia y del sistema penitenciario, mismos que a la letra señalan: 

Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley.

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

Artículo 13 Acceso a la justicia

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
Y es justamente en el ámbito del sistema de justicia donde se han identificado las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad, lo que ha motivado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya implementado diversas acciones que engloban elementos técnicos y jurídicos, fundamentados en el principio pro persona,  que buscan  garantizar que el derecho de acceso a la justicia personas con discapacidad, de las cuales destaca el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, el cual atendiendo a la especialidad del público a quien está dirigido, es decir a las y los jueces que integran el Poder Judicial de la Federación centra su atención en el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, siendo a este Poder a quien le corresponde adoptar acciones encaminadas a garantizar que los recursos disponibles para la justiciabilidad de los derechos sean efectivos en la práctica, con la finalidad de que el derecho a la justicia sea ejercido bajo estándares óptimos de eficacia, tomando en consideración las necesidades particulares y concretas de las personas con discapacidad.2

Por ello se estima de fundamental importancia el establecimiento de mecanismos claros, certeros, didácticos que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata, oportuna y adecuada, en los casos involucren derechos de las Personas con Discapacidad,  de tal suerte que se eviten violaciones que generen discriminación y desigualdad.

Bajo esta óptica es que se estima pertinente que a efecto de ampliar el esfuerzo realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la creación del mencionado protocolo, la presente proposición con punto de acuerdo pretende en términos generales exhortar a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia establezcan e implementen protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad tomando, en su caso como referente, el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas con discapacidad”, así como a las Procuradurías Generales de Justicia, Fiscalías Generales de las Entidades Federativas, y a la Procuraduría General de la República, para que por conducto de la Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para los ministerios públicos y policías ministeriales en materia derechos de personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, consciente de respetar los principios inherentes a las garantías de igualdad y no discriminación, en el marco de los diversos instrumentos internacionales existentes en la materia, la suscrita somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO  DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia establezcan e implementen protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad tomando, en su caso como referente, el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas con discapacidad”, implementado por el Poder Judicial de la Federación.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en la materia para que por conducto de la Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para los ministerios públicos y policías ministeriales en materia derechos de personas con discapacidad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Túrnese a la Comisión de Justicia.

1 Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de personas con discapacidad. p 7.

2 Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de personas con discapacidad. p 11





 

Se concede la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo para investigar la represión a la reportera Iris Mabel Velázquez Oronzor, por autoridades del Estado de México.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señora Presidenta.

En efecto, compañeras y compañeros, someto a consideración de ustedes, de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo para que se investigue la represión de que fue objeto la reportera del periódico Reforma, Iris Mabel Velázquez Oronzor, por autoridades del Estado de México, al tenor de las siguientes consideraciones:

Es una vergüenza que desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde asumimos la más amplia protección de éstos, la transgresión a la libertad de expresión y prensa sean una conducta reiterada tanto de autoridades federales como de las entidades federativas.

Sobre el tema, el más reciente caso de violencia contra periodistas involucra al gobierno del Estado de México, con el caso de represión ejercida contra una reportera del diario Reforma, atribuible a integrantes de la policía estatal y a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

El pasado 30 de noviembre, Iris Mabel Velázquez Oronzor, fue agredida violentamente por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y policías estatales cuando cubría una información sobre el desalojo de familias de la organización Unión Nacional de Ejidos Forestales y Agrícolas, UNEFA, en el predio conocido como Loma Larga, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Iris acudió esa mañana a realizar su trabajo de reportera en el municipio de Atizapán, donde fue testigo del desalojo violento de más de 300 familias. Cuando los policías se dieron cuenta de su presencia, la agredieron: Ella fue golpeada, arrastrada, escupida, amenazada y vejada sexualmente.

Detenida por más de dos horas en los separos del centro de justicia de Tlalnepantla, y a pesar de identificarse como periodista del diario Reforma, fue agredida por policías uniformados.

Ha dicho textualmente lo siguiente: “Pedí ayuda al fiscal Ángel Rodríguez, pero me la negó; me dijo que no me conocía, y que no estuviera chingando, es más, que me volteara y ni lo viera”. Ahí termina la cita.

En el desalojo, policías le quitaron una cámara fotográfica, un iPad, una grabadora. Ella dijo: “no se los quería dar y me bajaron a toletazos, toda la pierna tengo golpeada, querían que me hincara; los que me agarraron al principio fueron cuatro policías bajándome a toletazos, otros golpeándome”.

Tras ser detenida, fue llevada a una construcción en la misma colonia donde se efectuó el desalojo, junto con 22 detenidos en el interior de un cuarto, un civil dio la orden de agredirla.

De sus declaraciones se desprenden actos que son inadmisibles en un estado democrático de derecho, como los siguientes: violencia física, violencia verbal, violencia sexual, amenazas, humillación y robo.

Al enterarse de lo ocurrido, periodistas de diversas fuentes pidieron al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, apoyo y justicia para su compañera. Con esta presión, la periodista pudo salir finalmente de los separos y quedar en libertad.

Derivado de la denuncia realizada por Iris Velázquez, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la agresión de servidores públicos mexiquenses, el gobierno estatal informó mediante un comunicado que, cito textualmente de nuevo:

“Los mandos operativos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana que encabezaron el despliegue en un predio en el municipio de Atizapán, en donde presuntamente se registraron los hechos objeto de la denuncia, han sido separados de sus funciones.

Se trata de un coordinador operativo, un subdirector y dos mandos regionales, que se someterán al proceso que determine la Procuraduría de Justicia del Estado, institución que, en el desarrollo de la indagatoria, determinará si más elementos estarían involucrados en esta investigación, de manera directa o indirecta, para proceder conforme a derecho. Además, serán sometidos a proceso correspondiente de la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de México.

De igual manera, el fiscal regional de Tlalnepantla, así como su jefe de unidad, tomaron la decisión de separarse de sus cargos de la Procuraduría, a efecto de que sean investigados y se deslinden las responsabilidades a las que pudieran haber llegado. Ambos servidores públicos se someterán a la indagatoria respectiva, misma que determinará su futuro dentro de la procuraduría”, dice el comunicado.

Sabemos que la Procuraduría de Justicia del Estado inició una investigación para esclarecer la detención y abuso contra la periodista del diario Reforma, así como también la Comisión Estatal de Seguridad ha hecho público que dará vista a la Contraloría Interna y a la Inspección General de Instituciones de Seguridad Publica para sancionar a los elementos en caso de encontrar pruebas en su contra.

Ante estos hechos, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, instruyó al Programa de Atención de Agravios a Periodistas a entrevistarse con la periodista agraviada y profundizar en cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de la Visitaduría General de Tlalnepantla, inició el expediente de queja TLAU/565/2016 para investigar la denuncia sobre lesiones, malos tratos y abusos de autoridad.

Señoras y señores Senadores, como miembros del Congreso de la Unión, no podemos dejar que un hecho tan grave como el narrado quede en la anécdota, es indispensable que se investigue a fondo lo ocurrido pues adquiere repercusiones no sólo legales, sino de índole política.

¿Con qué seguridad podrán realizar su trabajo los periodistas en el Estado de México a partir de estos hechos?

¿Qué garantías tiene el ejercicio periodístico en esta entidad, en la que yo vivo?

¿Cuál es el compromiso del gobernador del Estado de México en el resguardo de las libertades de expresión y prensa?

Por lo anterior, pongo a su consideración la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Sin embargo, también quiero comentarles que al día de hoy, me dice la reportera, que no le han regresado sus pertenencias, que no las han localizado, que las fotografías que pudo tomar, incluso de las personas que le arrebataron su equipo, se las llevaron los de la Procuraduría. Y, bueno, ahí hay una actitud que me parece que va a entorpecer toda esta investigación.
El punto de Acuerdo dice lo siguiente:

Primero. En razón de que la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República, tiene por objeto:

1.- Brindar una atención integral y cálida a las y los periodistas que solicitan a la comisión su intervención para dar seguimiento a sus casos ante las autoridades competentes.

2.- Desarrollar una relación cercana con las autoridades competentes para que la información necesaria para dar seguimiento a las agresiones se genere de manera ágil y oportuna.

3.- En el marco de la función de seguimiento, propiciar que las autoridades competentes cumplan con las obligaciones derivadas de las leyes de la República.

4.- Contribuir a través de su actividad a elevar significativamente el nivel de seguridad de las y los periodistas.

5.- Proponer al Pleno las iniciativas que resulten derivadas de sus actividades de seguimiento de las agresiones, para consolidar el respeto a la libertad de expresión en México así como a los informadores y medios de comunicación.

Luego entonces, se exhorta a que dicha comisión se avoque a la investigación de la agresión sufrida por la periodista Iris Mabel Velázquez Oronzor, cometida por autoridades del Estado de México, a fin de brindarle una atención integral y dar seguimiento puntual a las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales y judiciales de dicha entidad, mediante la acción que determine la responsabilidad, la aplicación de sanciones y la reparación del año en la persona de Iris Mabel Velázquez Oronzor.

Segundo. Con independencia de las medidas hasta ahora tomadas por las autoridades del Estado de México involucradas, se exhorta a las mismas a que se castigue conforme a derecho y se adopten las sanciones penales que ameriten por la conducta de los funcionarios y servidores públicos, y no quede únicamente en la separación del cargo.

Por su atención, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

Luis Sánchez Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, para que se investigue la represión de que fue objeto la reportera del periódico Reforma Iris Mabel Velázquez Oronzor por autoridades del Estado de México, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Es una vergüenza que desde la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, donde asumimos la más amplia protección de éstos, la transgresión a la libertad de expresión y prensa sea una conducta reiterada tanto de autoridades federales como de los estados.

Sobre el tema, el más reciente caso de violencia contra periodistas involucra al Gobierno del Estado de México, con el caso de represión ejercida contra una reportera del diario Reforma, atribuible a policías estatales y a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

El pasado 30 de noviembre, Iris Mabel Velázquez Oronzor (reportera del periódico Reforma) fue agredida violentamente por agentes de la PGJEM y policías estatales cuando cubría una información sobre el desalojo de familias de la organización “Unión Nacional de Ejidos Forestales y Agrícolas” (UNEFA), en el predio conocido como “Loma Larga”, en el municipio de Atizapán, Estado de México.

Iris acudió esa mañana a realizar su trabajo de reportera en el municipio de Atizapán, donde fue testigo del desalojo violento de más de 300 familias. Cuando los policías se dieron cuenta de su presencia la agredieron: ella fue golpeada, arrastrarda, escupida, amenazada y vejada sexualmente.

Detenida por más de dos horas en los separos del Centro de Justicia de Tlalnepantla, y a pesar de identificarse como periodista del diario Reforma, fue agredida por policías uniformados.

Ha dicho textualmente: “pedí ayuda al fiscal Ángel Rodríguez, pero me la negó, me dijo que no me conocía y que no estuviera chingando, es más, que me volteara y ni lo viera”.

En el desalojo, policías le quitaron una cámara fotográfica, un iPad y una grabadora. Ella dijo: “no se los quería dar y me bajaron a toletazos, toda la pierna la tengo golpeada, querían que me hincara, los que me agarraron al principio fueron cuatro policías bajándome a toletazos, otro golpeándome”.

Tras ser detenida, fue llevada a una construcción en la misma colonia donde se efectuó el desalojo, junto con 22 detenidos y en el interior de un cuarto un civil dio la orden de agredirla.

De sus declaraciones, se desprenden actos que son inadmisibles en un Estado Democrático de Derecho:

1. Violencia física

2. Violencia verbal

3. Violencia sexual

4. Amenaza

5. Humillación

Al enterarse de lo ocurrido, periodistas de diversas fuentes pidieron al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, apoyo y justicia para su compañera. Con esta presión, la periodista pudo salir finalmente de los separos y quedar en libertad.

Derivado de la denuncia realizada por Iris Velázquez, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), por la agresión de servidores públicos mexiquenses, el gobierno estatal informó mediante un comunicado que:

“Los mandos operativos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), que encabezaron el despliegue en un predio en el municipio de Atizapán, en donde presuntamente se registraron los hechos objeto de la denuncia, han sido separados de sus funciones.
Se trata de un coordinador operativo, un subdirector y dos mandos regionales, que se someterán al proceso que determine la PGJEM, institución que, en el desarrollo de la indagatoria, determinará si más elementos estarían involucrados en esta investigación, de manera directa o indirecta, para proceder conforme a derecho. Además, serán sometidos al proceso correspondiente de la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM).

De igual manera, el Fiscal Regional de Tlalnepantla, así como su jefe de unidad, tomaron la decisión de separarse de sus cargos en la PGJEM, a efecto de que sean investigados y se deslinden las responsabilidades a las que pudiera haber lugar. Ambos servidores públicos se someterán a la indagatoria respectiva, misma que determinará su futuro dentro de la PGJEM.”

Sabemos que la PGJEM inició una investigación para esclarecer la detención y abusos contra la periodista del diario Reforma, así como también la Comisión Estatal de Seguridad (CES) ha hecho público que dará vista a la contraloría interna y a la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública (IGISPEM) para sancionar a los elementos en caso de encontrar pruebas en su contra.

Ante estos hechos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, instruyó al Programa de Atención de Agravios a Periodistas a entrevistarse con la periodista agraviada y profundizar en cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), a través de la Visitaduría General de Tlalnepantla, inició el expediente de queja TLAU565/2016 para investigar la denuncia sobre lesiones, malos tratos y abuso de autoridad.

Senadoras y Senadores:

Como miembros del Congreso de la Unión no podemos dejar que un hecho tan grave como el narrado quede en la anécdota, es indispensable que se investigue a fondo lo ocurrido pues adquiere repercusiones no sólo legales sino de índole política. ¿Con qué seguridad podrán realizar su trabajo los periodistas en el Estado de México, a partir de estos hechos?

¿Qué garantías tiene el ejercicio periodístico en esa entidad?

¿Cuál es el compromiso del Gobernador del Estado de México en el resguardo de las libertades de expresión y prensa?

Por lo anterior, pongo a su consideración la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero: En razón de que la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República tiene por objeto:

1. Brindar una atención integral y cálida a las y los periodistas que solicitan a la Comisión su intervención para dar seguimiento a sus casos ante las autoridades competentes.

2. Desarrollar una relación cercana con las autoridades competentes para que la información necesaria para dar seguimiento a las agresiones se genere de manera ágil y oportuna.

3. En el marco de la función de seguimiento, propiciar que las autoridades competentes cumplan con las obligaciones derivadas de las leyes de la República.

4. Contribuir a través de su actividad a elevar significativamente el nivel de seguridad de las y los periodistas.

5. Proponer al Pleno las iniciativas que resulten derivadas de sus actividades de seguimiento de las agresiones para consolidar el respeto a la libertad de expresión en México así como a los informadores y medios de comunicación.

Se exhorta a que dicha Comisión se avoque a la investigación de la agresión sufrida por la periodista Iris Mabel Velázquez Oronzor, cometida por autoridades del Estado de México, a fin de brindarle una atención integral y dar seguimiento puntual a las investigaciones que realicen las autoridades ministeriales y judiciales de dicha entidad, mediante las acciones que determine la responsabilidad, la aplicación de sanciones y la reparación del daño en la persona de Iris Mabel Velázquez Oronzor.

Segundo: Con independencia de las medidas hasta ahora tomadas por las autoridades del Estado de México involucradas, se exhorta a las mismas a que se castigue conforme a derecho y se adopten las sanciones penales que ameriten por la conducta de los funcionarios y servidores involucrados, y no quede únicamente en la separación del cargo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Sen. Luis Sánchez Jiménez.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador Luis Sánchez Jiménez. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

Volumen, por favor, en el escaño del Senador Rabindranath y de la Senadora Calderón.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para solicitarle a mi compañero y amigo, el Senador Luis Sánchez, si nos permite suscribir el punto. Creo que es muy importante el señalar este tipo de abusos y que no sigan ocurriendo en nuestro país.

Felicitarle por el punto, y si nos permita suscribirlo.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.

Si le dan volumen en el escaño de la Senadora Calderón Hinojosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Si me permite el Senador sumarme, pero además yo no sé si podamos hacer un agregado al Instituto Nacional de las Mujeres, para que hagan un esfuerzo especial por capacitar a los servidores públicos que están en seguridad.

No es posible que siga aumentando y aumentando la violencia de los policías contra las mujeres.

¿Sí pudiera hacerle un agregado a su punto de Acuerdo? Sí, lo redacto, claro.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora. Está turnado a la comisión, pero a la propia comisión se puede hacer llegar una ampliación, si es la intención del promovente ponerlo.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a realizar las acciones necesarias para promover la inclusión de las personas con condición de espectro autista en todas las esferas de desarrollo.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos del espectro autista pertenecen a un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral y abarcan afecciones tales como el autismo, el trastorno desintegrador infantil, el síndrome de Asperger, caracterizados por presentar dificultades en la comunicación y la interacción social, así como un repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo. Cifras de la Organización Mundial de la Salud mencionan que: Uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista.

El trastorno del espectro autista daña la capacidad de comunicación y relación social de las personas, limitando la interacción del individuo con el entorno social motivo por el cual las personas que padecen este tipo de trastorno sufren discriminación y exclusión en el ámbito escolar donde no existen esquemas y programas que permitan la plena inclusión en el sistema educativo.

En México alrededor de 400 mil niños están dentro del espectro autista, esto significa casi 1 por ciento de todos los niños en el país. La mayoría de los niños que fueron identificados dentro del espectro autista, estaban dentro de los niños en salones de clases generales, que nunca habían sido diagnosticados con autismo; el otro 42.5 por ciento ya había sido diagnosticado y estaba en programas de educación especial.

Sólo poco más del 30 por ciento de los niños y niñas identificados con autismo tienen también una discapacidad intelectual.

Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna. El tema de este año, “El autismo y la Agenda 2030: inclusión y neurodiversidad”.

El autismo y otras formas de discapacidad son parte de la experiencia humana que contribuye a la diversidad. Por ello, las Naciones Unidas han hecho hincapié en la necesidad de incorporar la discapacidad adoptando un enfoque integral en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y programas de las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que no se perpetúe la desigualdad.

En este año 2016 se enfatiza en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable:

4) Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

8) Promover el desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

10) Reducir la desigualdad en los países. Y objetivo 11) Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean, inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

En ese sentido, presento hoy ante este Pleno, el punto de Acuerdo en el que la Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para garantizar el derecho a la educación, desde un enfoque de inclusión de todas las personas con discapacidad, y en especial aquellas con condición de espectro autista.

Y por otra parte, se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Conadis, a impulsar dentro del ámbito de sus atribuciones, campañas de difusión y sensibilización respecto a la condición del espectro autista.

Es cuanto, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos del espectro autista (TEA) pertenecen a un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral y abarcan afecciones tales como el autismo, el trastorno desintegrador infantil, el síndrome de Asperger, caracterizados por presentar dificultades en la comunicación y la interacción social, así como por un repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo. Cifras de la OMS mencionan que: Uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista (TEA).1"

El trastorno del espectro autista daña la capacidad de comunicación y relación social de las personas, limitando la interacción del individuo con el entorno social motivo por el cual las personas que padecen este tipo de trastorno sufren discriminación y exclusión en el ámbito escolar donde no existen esquemas y programas que permitan la plena inclusión en el sistema educativo.

En México alrededor de 400,000 niños están dentro del espectro autista, esto significa casi 1% de todos los niños en el país…La mayoría de los niños que fueron identificados dentro del espectro autista (57.7%) estaba dentro de los niños en salones de clase generales que nunca habían sido diagnosticados con autismo.

El otro 42.5% ya había sido diagnosticado y estaba en programas de educación especial. Sólo poco más de 30% de los niños identificados con autismo tienen también una discapacidad intelectual.2

Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna el Tema de este año: “El autismo y la Agenda 2030: inclusión y neurodiversidad”.

El autismo y otras formas de discapacidad son parte de la experiencia humana que contribuye a la diversidad humana. Por ello, las Naciones Unidas han hecho hincapié en la necesidad de incorporar la discapacidad adoptando un enfoque integral en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que no se perpetúe la desigualdad.

En este año 2016 se enfatiza en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable:

4) Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos;

8) Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos;

10) Reducir la desigualdad en los países y entre ellos;

11) Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; y

17) Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

México ha suscrito la Agenda 2030 por ende se ven implicado en desarrollar acciones encaminadas a dar cumplimiento a dichos objetivos.

Aunque, cada niño y niña tiene derecho a un trato igualitario, proporcionar la educación adecuada y específica acorde a sus necesidades resulta complicado máxime si el equipo docente, y de psicología, o trabajo social, no cuenta con las herramientas adecuadas por no contar con la capacitación necesaria.

Una educación inclusiva e incluyente es primordial para poner fin a la discriminación y escalar el acceso de las personas a otros ámbitos como el laboral, no obstante, la experiencia de muchas niñas, niños y jóvenes así como de sus familias está aún muy lejos de una verdadera inclusión.

En abril de 2015 se promulgó la Ley General para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista, cuyo objetivo es impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de personas con la condición del Espectro Autista y establece lo siguiente:

Artículo 10

IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente;

X. Contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley General de Educación, con elementos que faciliten su proceso de integración a escuelas de educación regular;

Desafortunadamente tanto en escuelas públicas como privadas no se reflejan los esfuerzos por promover esta inclusión. El profesorado y equipo de psicología, en general tiene desconocimiento de la Condición del Espectro Autista, cuentan con poca o nula información respecto al manejo adecuado de los grupos con personas que presentan esta condición para que se cumpla con el objetivo de tener un aprendizaje regular, que los incluya en las actividades extraescolares, y que evite que sean víctimas de bullying, frecuentemente su actuar se limita a quejarse y confinarlos al final del salón, segregarlos de las actividades deportivas porque los consideran incapaces de participar, a solicitar a los papas que se les ponga una maestra de apoyo en clases cuando muchos padres no tienen los recursos económicos para contratar a alguien.

Es importante mencionar que desafortunadamente esta condición va en aumento, actualmente 1 de cada 100 niños en México presenta alguna condición del espectro autista, en ese sentido, es muy importante realizar campañas de información y sensibilización que expliquen en que consiste la condición del espectro autista, a fin de crear conciencia en la población al respecto de esta condición.

Con la reciente reforma educativa se contempla que el Modelo Educativo 2016 promueva la incorporación de docentes especializados en educación inclusiva para asesorar a sus compañeros en la atención a alumnos con necesidades diversas: desde estudiantes sobresalientes y con discapacidades hasta niñas, niños o jóvenes de escuelas de educación especial que por primera vez se inscriben en escuelas regulares.

“Otro recurso esencial para el aprendizaje son los materiales educativos. La comunidad escolar requiere contar con libros y materiales didácticos suficientes para el número de alumnos que atiende en diferentes formatos. Se debe procurar que, en la medida de lo posible, la comunidad escolar cuente tanto con materiales educativos afines a la diversidad de estilos y necesidades de aprendizaje, como específicos para los estudiantes con alguna discapacidad.3

La población escolar con discapacidad deberá ser objeto de atención específica”.4

Además de la Secretaría de Educación Pública, otra instancia que debería impulsar y coordinar acciones para la integración de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que tiene por objetivo establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida.

CONADIS es el órgano rector de políticas públicas en discapacidad con reconocimiento nacional e internacional por su liderazgo, innovación y experiencia, y entre sus atribuciones podemos mencionar:

V. Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad;

VI. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización;

Sin dejar de reconocer que ha habido avances en el plano formal, un grupo de padres y madres de familia de niñas, niños y jóvenes con Condición de Espectro Autista, del estado de Veracruz, preocupados porque los avances no han impactado en su entorno inmediato, y en un ánimo de suma de voluntades, proponen:

Que la Secretaría de Educación Pública en el ámbito de sus atribuciones;

• Implemente programas de capacitación específicos para las y los docentes encaminados a atender a la población con condición de Espectro Autista.

• Que las instituciones educativas de todos los niveles elaboren y presenten un programa de capacitación permanente al personal docente, así como de especialización de un profesional de la salud para brindar una verdadera atención y apoyo para la inclusión de los niños y jóvenes a una educación regular.

• Agilizar el modelo educativo de inclusión de las personas con discapacidad, obligatorio para las escuelas públicas sino también privadas en todos los niveles de educación.

• Impulsar campañas de información para la comunidad escolar.

• Constituir un grupo colegiado que de monitoree el cumplimiento a la Ley General para la atención y protección a personas con la condición del espectro autistay su reglamento en las instituciones de educación.

• Sancionar a todas aquellas instituciones educativas que no promuevan esta inclusión y no contemplen capacitación al personal para brindar una adecuada atención a los niños y jóvenes.

• Vigilar que quienes aspiran a ocupar un puesto de trabajo tanto para escuelas públicas y privadas cuenten con un perfil de formación adecuado.

• Que las Instituciones Educativas cuenten con apoyo a familiares de niñas, niños y jóvenes en la condición del espectro autista orientándolos y canalizándolos a los profesionales en la materia, para lo cual deben contar con un censo actualizado de las instituciones y profesionales en el tema de su localidad.

Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad:

• impulse campañas amplias de difusión y sensibilización respecto a la condición de espectro autista con el objetivo de promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se proponen los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDOS

Primero. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que en ámbito de sus competencias realice las acciones necesarias para garantizar el derecho a la educación desde un enfoque de inclusión de todas las personas con discapacidad, en especial de aquellas con condición de espectro autista.

Segundo. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad a impulsar dentro del ámbito de sus atribuciones campañas de difusión y sensibilización respecto a la condición de Espectro Autista.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Martha Tagle. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

1 Organización Mundial de la Salud, Trastornos del espectro autista, en línea en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/es/

2 El Economista, Aún sabemos muy poco del autismo, publicado el 29 de febrero de 2016.
En línea en: http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/02/29/aun-sabemos-muy-poco-autismo

3 ModeloEducativo 2016. Documento PDF
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118382/El_Modelo_Educativo_2016.pdf p.29

4 Ibídem p.67





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Héctor David Flores Ávalos, para presentar a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios, un punto de Acuerdo que exhorta a implementar en los planes de estudio del nivel de educación básica la materia nutricional del buen comer.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, vengo a esta tribuna a presentar un punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, por conducto a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con la Secretaría de Salud implemente en los planes de estudio de nivel de educación básica la materia nutricional del Buen Comer.

La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte y discapacidades prematuras en la edad adulta. Los niños con sobrepeso u obesos tienen mayores probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y de padecer en edades más tempranas enfermedades no trasmisibles como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares.

El riesgo de la mayoría de las enfermedades no transmisibles resultantes de la obesidad depende en parte de la edad de inicio y de la duración de la obesidad. La obesidad en la infancia y la adolescencia tienen consecuencias para la salud tanto a corto como largo plazo.

Las consecuencias más importantes del sobrepeso y la obesidad infantil, que a menudo se manifiestan hasta la edad adulta, son, por citar algunos ejemplos: la enfermedad o las enfermedades coronarias, la diabetes del tipo dos, los cánceres, la presión arterial alta, el colesterol, los ataques al corazón, enfermedades del hígado, la osteoartritis, problemas ginecológicos, en fin, por mencionar algunos.

Las enfermedades cardiovasculares, en especial las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares ya son el motivo principal de muerte en todo el mundo, matando a más de 17 millones de personas cada año y la diabetes se ha convertido con rapidez en una epidemia de nivel mundial. La proyección de las muertes causadas por diabetes incrementarán en más de un 50 por ciento en el mundo dentro de los años venideros, según datos de la propia Organización Mundial de la Salud.

Nuestro país enfrenta en la actualidad una doble carga de morbilidad, se debate con el problema de enfermedades infecciosas y la subnutrición y, al mismo tiempo, se sufre un rápido aumento de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, especialmente en el medio urbano.

Esta doble carga es causada por una nutrición inadecuada durante el periodo prenatal, la lactancia y la infancia, seguida de una exposición de alimentos ricos en grasas y calorías y pobres en micronutrientes.

Conforme a los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud en 2013 alrededor de 42 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso y como es del conocimiento de todos, México ocupa, lamentablemente, el primer lugar mundial en obesidad infantil; y el segundo, en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos de América.

La experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad.

Con el fin de sentar las bases más sólidas para poner en marcha una respuesta integral al problema de la obesidad infantil, la Organización Mundial de la Salud constituyó una comisión de alto nivel para acabar con este problema, integrada por más de 15 personas, eminentes todos en su materia, en su profesión, y se ha encargado a esta comisión la preparación de un informe que permita especificar los enfoques y las combinaciones en las diversas formas de tratar este problema.

Los resultados de dicho informe trajeron consigo una serie de recomendaciones para combatir la obesidad infantil y hacer un llamamiento a los gobiernos para que tomen acciones que sean definitorias en el abatimiento de este programa, y uno de estas recomendaciones es precisamente que se incluya dentro de los programas educativos estos programas que tienen que ver con la nutrición y con la salud.

Para conseguir resultados satisfactorios en esta materia, será crucial la integración de actividades en una iniciativa escolar de promoción de la salud, con la colaboración activa del área de la educación. Así, las intervenciones que se incorporen en la jornada o en el plan de estudios escolar se considerarán parte de su competencia. Con una colaboración adecuada y pertinente de los profesores, estimamos que se puede tener un gran avance en el combate de este problema.

Hay que reconocer que la Secretaría de Salud ha hecho esfuerzos importantes en medios de comunicación para dar a conocer programas que orientan sobre el problema de la obesidad infantil; sin embargo, esto al día de hoy, de acuerdo con las cifras que tiene la propia autoridad federal, sigue resultando insuficiente.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, es que vengo a esta tribuna a presentar este punto de Acuerdo, repito, para exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud se incorpore en los planes de estudio de nivel educación básica la materia nutricional del Buen Comer.

Por su atención, muchas gracias, compañeros.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Héctor David Flores.

Por favor, si le dan volumen al escaño de la Senadora Lisbeth Hernández.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Para solicitarle al promovente, dado el interés del tema en la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria y del Frente Parlamentario contra el Hambre, estamos a favor de apoyar su punto de Acuerdo, y pedirle poderlo suscribir.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Acepta el Senador. Muchas gracias.

Por favor, volumen en el escaño de la Senadora Calderón Hinojosa, si son tan amables.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Para sumarme al punto de Acuerdo.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Para sumarse también, el Senador Hermosillo, el Senador Rabindranath, el Senador Luis Sánchez, la Senadora Ceballos. Solicito a Servicios Parlamentarios que recojan las firmas. Túrnese a la Comisión de Educación.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de Acuerdo en materia de conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores mexicanos.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

La conciliación de la vida laboral y familiar es una estrategia que facilita la auténtica igualdad entre hombres y mujeres y contribuyen a construir una sociedad basada en la calidad de vida de las personas, con el fin de que tanto hombres como mujeres puedan desarrollarse en todos los ámbitos vitales, progresar profesionalmente, atender las responsabilidades familiares y poder disfrutar del tiempo, tanto familiar como personal.

Estas políticas deben ser dirigidas tanto a hombres como mujeres para garantizar la igualdad de oportunidades, así como de la distribución del trabajo remunerado y las labores del hogar. El cuidado de la familia y la crianza de los hijos son un tema que corresponde y que implica tanto a hombres como a mujeres, deben participar activamente no sólo en el rol de proveedores económicos, sino la crianza activa de los hijos.

Se ha comprobado que la participación femenina en el mercado laboral tiene la misma importancia para el crecimiento económico como también la participación masculina, sin embargo, por la insuficiencia de las medidas conciliatorias, como aquellas del cuidado infantil, horarios reducidos, permisos de maternidad y lactancia o trabajo desde el hogar, la participación de las mujeres en actividades económicas se ve disminuida conforme aumenta el número de hijos.

La igualdad de las oportunidades es un tema beneficioso para todos, no sólo para las mujeres, y abre el camino a una sociedad que implemente políticas concretas hacia el desarrollo humano integral.

Los roles laborales y personales son bidireccionales, ya que lo que sucede en un área afecta a la otra área y viceversa. Ante la falta de políticas que promuevan el bienestar personal, las empresas se enfrentan con mayores problemas de ausentismo, disminución del rendimiento, baja productividad y específicamente la pérdida de personal altamente calificado, que quieren dedicarse a sus familias, sin encontrar la posibilidad dentro del mercado laboral. La implementación de políticas de conciliación genera grandes beneficios inclusive a nivel institucional y nacional, pues incrementa los niveles de motivación, satisfacción, salud y bienestar social.

Actualmente la licencia de maternidades de 12 semanas, 84 días pagados, que pueden ser distribuidos antes y después del parto, o de 6 semanas en caso de adopción. La licencia de paternidad, por otro lado, es únicamente de 5 días remunerados en ambos casos.

Esta no es la única política de conciliación que debe ser aplicable de manera equitativa entre hombres y mujeres, sino que también la flexibilidad de horarios y de espacios laborales, así como los permisos parentales, que ayudan a que la actividad empresarial y personal sea más estable.

Cabe destacar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleva a cabo el programa “Empresa Familiarmente Responsable”, en donde se otorga a los centros de trabajo el distintivo denominado “Empresa Familiarmente Responsable”, el cual tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores fortaleciendo la conciliación entre el trabajo y la familia. Es de reconocerse el trabajo que está llevando a cabo esta Secretaría, sin embargo, aún falta mucho por hacer a nivel federal y por supuesto, en las entidades federativas de nuestro país.

Con legisladores federales como nosotros, no podemos olvidar la grave responsabilidad que nos asigna el artículo 4o. de nuestra Constitución, al dar al Estado la obligación de proteger la organización y el desarrollo de la familia, desde luego buscando mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas y de promover dentro de ellas una mayor igualdad y corresponsabilidad entre el hombre y la mujer; así como de procurar que en el seno familiar sea siempre el mejor lugar de crianza, el desarrollo y la educación de los niños.

En este sentido, debe atenerse con sentido de urgencia que en todos los niveles y órdenes de gobierno se promuevan medidas y políticas que fomenten y faciliten la conciliación entre el trabajo y la familia.

Por lo antes expuesto, y con esta finalidad, solicito exhortar a la Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social, a fortalecer medidas, políticas o cualesquiera otras actividades o disposiciones encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida familiar y de los trabajadores mexicanos.

Dos. Exhortar a los titulares del poder ejecutivo de los estados de la República y de la Ciudad de México a que diseñen e implementen políticas encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral de las y los trabajadores mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

¡Que viva la familia!

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Hernández Lecona. Túrnese a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.





 

Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA COMPETENCIA DE LAS PERSONAS

(Presentada por el Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE Se ADICIONA la fracción VIII Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud; y Se ADICIONA el inciso d a la fracción X del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La demencia es la primera causa de incapacidad en el adulto mayor y se calcula que para el año 2050, aproximadamente 3 de cada 10 adultos mayores la padecerán.

A la demencia se le define como la pérdida progresiva de las funciones cognitivas a causa de alguna enfermedad que afecta al cerebro y que deteriora distintas funciones mentales como la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la conducta, además afecta el estado de ánimo, la personalidad y la realización de actividades diarias. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, pero existen muchas más enfermedades que pueden provocarla.

A pesar del alto impacto que este problema tiene entre la población, fue hasta la década de los años 80´s que se reconoce como un problema de salud mundial y hoy se ha convertido en el tercer problema de salud en países desarrollados, apenas detrás de los accidentes cardiovasculares y el cáncer.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, las principales formas de demencia senil sonla enfermedad de Alzheimer (50-70%), la demencia vascular (30-50%) y otras formas de demencia asociadas a diabetes, hipotiroidismo, infecciones o genéticas.

Se trata de un padecimiento que, sin duda, está desgastando la salud de nuestros adultos mayores y suele afectar sustancialmente la calidad de vida de sus familias y cuidadores; por lo tanto, atendiendo la dinámica demográfica de nuestra población, es fundamental atender este tema antes de que llegue a ser un problema de dimensiones que salgan del control de nuestro sistema de salud.

Las proyecciones de población muestra que para el año 2050 habrá 28 millones de personas mayores de 65 años y, tomando en cuenta los promedios internacionales, la prevalencia de demencia se incrementa a5 por ciento para los grupos de 71 a 79 años de edad y a 37.4 por ciento para el rango de 90 años y más.

Se calcula que en nuestro país existen alrededor de 800 mil personas afectadas con algún tipo de demencia, con una incidencia de 30 casos por cada mil personas al año, sin embargo, considerando la dinámica poblacional ya mencionada, dicho padecimiento sin lugar a dudas irá en aumento en los próximos años.

Se calcula que a nivel mundial la dependencia de las personas adultas mayores es del 13 por ciento, cifra que refleja la necesidad de cuidados especiales debido al acelerado envejecimiento de la población. Se estima que del año 2010al 2050 el número total de personas dependientes a nivel mundial se duplicará; además, el número de personas adultas mayores dependientes es mayor en países emergentes y en vías de desarrollo.

En el caso de nuestro país, el trabajo no remunerado en saludes un rubro que además de representar el 19 por ciento del Producto Interno Bruto, refleja la carga económica de los cuidados en nuestro país, mismos que tienen como determinante principal la demencia en la edad avanzada.

Tomando en cuenta la alta carga que ya representan los cuidados de laspersonas mayores dependientes viene ahora un reto mayor considerando  las necesidades de aquellos con deterioro cognitivo mayor, como la demencia.

Existen un consenso generalizado entre especialistas que afirman que las personas afectadas por esta condición requieren de cuidados especializados y de personal capacitado para su atención. Ello, más allá de la naturaleza del padecimiento, debido a la comorbilidad que presentan y que suele contribuir ala discapacidad y dependencia y al incremento en el costo de su atención y cuidado.

Frente a este escenario, la Secretaria de Salud a través del Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer lanzaron en 2014 el Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias; cuyo objetivo es promover el bienestar de las personas con Enfermedad de Alzheimer y enfermedades afines y sus familiares, mediante el fortalecimiento de la respuesta del Sistema de Salud Mexicano, en sinergia con todas las instituciones responsables.

Sin embargo, es necesario fortalecer este esfuerzo llevando a rango de ley este importante esfuerzo puesto que debe considerarse como parte de la protección integral que nuestro país garantiza en términos de derechos a las personas adultas mayores.

Desarrollar desde este momento actividades para prevenir y atender la demencia en adultos mayores, es oportuno y necesario a fin de mejorar la calidad y expectativa de vida del sector de la población que nos ha legado su esfuerzo y trabajo.

CUADRO DE CAMBIOS

TEXTO VIGENTE
LEY GENERAL DE SALUD

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. a VIII. (...)

Se adiciona

 

 

IX. (…)

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. a VIII. (...)

VIII Bis. Programas de apoyo orientados a evitar el maltrato, el abandono, los malos cuidados y de fomento al respeto a adultos mayores diagnósticados con algún tipo de demencia.

IX. (…)

TEXTO VIGENTE
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 18.- Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizar a las personas adultas mayores:

I. a IX. (…)
X. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos:

a. hasta c. (…)

Artículo 18.- Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizar a las personas adultas mayores:

I. a IX. (…)
X. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos:

a. hasta c. (…)

d. Cuidados especializados en caso de algún tipo de demencia, que incluya, además de la capacitación necesaria para los cuidadores, una cultura de respeto a este tipo de personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se ADICIONA la fracción VIII Bis al artículo 73 dela Ley General de Salud, para quedar de la forma siguiente:

Ley General de Salud

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. a VIII. (...)

VIII Bis. Programas de apoyo para familias, orientados a evitar el maltrato o abandono de adultos mayores diagnóstica dos con algún tipo de demencia.

IX. (…)

Artículo Segundo. Se ADICIONA el inciso d a la fracción X del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 18.- Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizar a las personas adultas mayores:

I. a IX. (…)

X. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos:

a. hasta c. (…)

d. Cuidados especializados en caso de algún tipo de demencia, que incluya, además de la capacitación necesaria para los cuidadores, una cultura de respeto a este tipo de personas.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LAS FRACCIONES VII Y IX, APARTADO B DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Patricio Martínez García, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así́ como en los artículos 8 numeral 1, fracción 1 y 164, numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden las siguientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años en México es, sin duda el sector aeroespacial, el cual se caracteriza por demandar altos niveles de calidad, tecnología y seguridad en todas sus actividades.

El crecimiento que se ha venido dando en el sector obedece a diversos factores que permiten al país mantenerse como un fuerte destino de inversión, la cercanía que se tiene con dos de los mayores mercados como lo son Estados Unidos y Canadá, la ubicación geográfica que permite tener salida por ambos litorales del país, la reducción de costos para productos con altos precios de transporte y almacenamiento, los centros de investigación y desarrollo vinculados con potencial para el sector aeroespacial así como el capital humano; son sólo algunas de las ventajas competitivas que México ofrece.

Esta situación privilegiada nos obliga a pensar en una política del Estado mexicano en materia aeroespacial que tenga como base la innovación, transferencia e intercambio educativo y tecnológico. Plasmado el potencial que tiene el sector aeroespacial en una política pública, sostendría y aumentaría la inversión de dicho sector, pasando a ser un componente fundamental en nuestra economía, logrando posicionarnos a nivel internacional como un país con las capacidades necesarias para fungir como un puente entre naciones que demanden tecnología aeroespacial.

La meta es construir una industria generadora de inversión, tecnología, innovación y patentes. Si logramos fortalecer la infraestructura tecnológica, a través de la asociación público-privada, nuestro país estaría en condiciones humanas y tecnológicas para contar con una constelación de satélites de observación, drones y aeronaves que favorezcan la generación de información que ayude a las dependencias y entidades gubernamentales a generar políticas públicas eficaces y eficientes. Cabe resaltar que la fabricación de aviones y helicópteros en México, significaría una serie de oportunidades en la creación de Pymes para la fabricación de partes y abastecer la demanda del sector cuyos pedidos ascienden a 963 mmdd al cierre del 2013 de los cuales, 670 mmdd son proveeduría.

Ejemplo de esto es el Pentagon System el cual “se basa pues en una política de intervencionismo estatal en la economía, pública o privada, pues de otra manera ésta no resistiría la volatilidad de los mercados, los efectos destructivos del sistema de mercado sobre el capital privado, o las amenazas de continuidad de la industria avanzada.” En otro sentido, el Pentagon System “coordina la economía privada, otorga beneficios a los principales consorcios, los subsidia, orienta los impuestos hacia el I+D+I (Investigación + Desarrollo + Innovación) sin consultar al contribuyente si desea que sus impuestos se gasten de esa manera, dirige la industria de avanzada, y garantiza un mercado para la producción excedente.”

México incursionó desde hace apenas 10 años en el sector manufacturero aeroespacial, demostrando, hasta hoy, una historia de éxito que con avances importantes y crecimientos relevantes (de dos dígitos anuales), consolida paulatinamente una gran alternativa para el desarrollo. Contamos con cerca de 300 empresas dedicadas al sector aeroespacial, que generan 45,000 empleos y exportaciones de más de 6.5 billones de dólares anuales. Según estimaciones de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, las exportaciones manufactureras de este sector, para los próximos 5 años, superarán los 13.3 billones de dólares.

Esta industria ha sido una importante generadora de talento en nuestro país, al cumplir con los altos estándares de calidad impuestos por instancias como la Federal Aviation Administration (FAA), así como con las certificaciones NADCAP y AS 9100. Esto nos ha permitido ubicarnos dentro de los 10 proveedores para la industria aeroespacial en los Estados Unidos.

El sector aeroespacial está en clara expansión. “India, China, el Medio Oriente y otras regiones de Asia-Pacífico reportan un aumento en la demanda de asientos y se estima que continuará creciendo a razón de 5% anual en los próximos 20 años. El documento 2015 Global Aerospace and Defense Industry Outlookseñala que, derivado del incremento en el número de pasajeros, habrá una demanda creciente de aviones más eficientes para un número cada vez mayor de aerolíneas. El estudio antes citado estima que los pedidos de nuevos aviones oscilarán entre las 31,000 y las 34,000 aeronaves.”

Aunado a lo anterior, la consultora internacional Pricewaterhouse Coopers (PwC) en su investigación Aerospace Top 100 special report 2013: Industry returns to profitable growthafirma que “la industria aeroespacial mundial está dominada por no más de una decena de países que le han apostado a este sector como mecanismo de desarrollo tecnológico a través de la generación de patentes, lo que trae consigo una dinámica económica muy poderosa que fomenta inversiones considerables. De las empresas mencionadas en el citado reporte, la estadunidense Boeing y el consorcio europeo Airbus acapararon la mayor parte de los ingresos de la industria en el 2013, con 86.6 y 78.6 billones de dólares, respectivamente.”

Ahora bien, una de las ramas del sector aeroespacial es la aviación civil. En este sentido, son constantes los exhortos de esta Soberanía a las distintas dependencias federales para que pongan un alto a los sobreprecios para itinerarios escasos, y esto se da gracias a la existencia de rutas en donde pocas aerolíneas ofrecen sus servicios suelen tener tarifas más altas. Por ejemplo, en aquellas rutas con mayor competencia las tarifas promedio por kilómetro volado disminuyen hasta un 30%.

El planteamiento materia de la presente iniciativa es que, considerando la relevancia del tema, como país podamos generar una política pública en materia aeroespacial y que sea el Senado de la República, mediante la creación de una comisión ordinaria en la materia, el gran impulsor de este importante proyecto nacional.

Por supuesto, será fundamental abrir el debate, intercambiar opiniones y experiencias entre todos los actores involucrados; Poder Ejecutivo federal, Poder Legislativo, gobiernos locales, iniciativa privada, academia, organizaciones de la sociedad civil y, en general, todos aquellos interesados en impulsar a la industria aeroespacial como motor del desarrollo económico de México y como elemento esencial de nuestra soberanía nacional.

Es en base a estas consideraciones que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se adiciona una fracción II al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden las siguientes, para quedar como sigue:

Artículo 90.

1…

I…

II. Aeroespacial;

III. a XXXI…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente

Sen. Patricio Martínez García.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN EL INCISO C, FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2o. LAS FRACCIONES XIV, XV Y XVI DEL ARTÍCULO 3o. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 8o. EN TODOS SUS INCISOS Y EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

(Presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador Raúl Aaron Pozos Lanz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan el inciso C, fracción II del artículo 2º; fracciones XIV, XV, XVI del artículo 3º; fracción IV del artículo 8º en todos sus incisos y el artículo 18-A, todos de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las telecomunicaciones constituyen un instrumento estratégico para impulsar el desarrollo económico, aumentar la productividad y competitividad del país, y contribuir a la equidad social.

Y este fue precisamente uno de los primeros sectores en el que se concretaron los cambios estructurales impulsados por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde el inicio de la actual Administración, para la transformación del país.

Indudablemente, se trata de un sector que registra una importante dinámica de crecimiento, y cuya participación en la economía supera el 5%, con tasas de crecimiento superiores a las de la economía nacional.

Con todo, los retos de penetración, cobertura, brecha digital y competencia del sector son formidables. El acceso a servicios de telecomunicaciones en México es aún limitado para gran parte de la población. Nos encontramos en los últimos lugares en penetración de banda ancha entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Ante tal escenario, el Poder Ejecutivo presentó la Reforma de Telecomunicaciones, aprobada por el Congreso de la Unión, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 11 de junio de 2013.

Su propósito fundamental es incentivar la competencia efectiva en todos los sectores de las telecomunicaciones con el objetivo de asegurar la cobertura universal de los servicios de televisión, radio, telefonía y datos para todo el territorio nacional, así como contar con precios adecuados para mejorar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Son actividades económicas que, por un lado, producen insumos estratégicos para el incremento de la productividad de las empresas y, por el otro, son instrumentos que propician el fortalecimiento de los derechos fundamentales de las personas, el cual representa el eje rector de la Reforma.

La Reforma Constitucional se basó en cuatro ejes centrales: incorporación de nuevos derechos a la Constitución; creación de nuevos órganos reguladores con autonomía constitucional; un nuevo modelo de organización industrial para las telecomunicaciones, la radio, la televisión y nuevas reglas para la procuración de la competencia económica; así como mandatos para emprender políticas públicas para el desarrollo del sector.

Derivado de la Reforma, el Congreso de la Unión expidió un solo ordenamiento legal que regula de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y demás adecuaciones legislativas complementarias, el cual fue publicado en el DOF por el Ejecutivo Federal el 14 de julio de 2014.

Sin duda, se trata de una de las reformas más ambiciosas en esta nueva era y la que mayor impacto económico y social, que ya se está traduciendo en beneficios concretos en el bolsillo de las familias mexicanas.

A la distancia, los resultados de la Reforma de Telecomunicaciones han permitido sentar las bases para que nuestro país se integre plenamente a la sociedad de la información y el conocimiento; elevar la competencia e incrementar la inversión y el cabio tecnológico en el sector; disminuir los precios de los servicios y mejorar su calidad; incidir en los niveles de penetración del servicio de banda ancha inalámbrica, lo que significa que cada vez más mexicanos tengan acceso a Internet y aprovechen los beneficios que esta tecnología ofrece; entre otros..

Los esfuerzos y efectividad de las nuevas condiciones en el sector han sido reconocidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al señalar a principios de 2015 que la regulación de México era significativamente menos restrictiva, lo que implica que nuestro país se sitúa por debajo del promedio de la OCDE1, toda vez que el nuevo marco legal es más favorable para el desarrollo del sector.

En síntesis, nos encontramos inmersos en un proceso en el que se busca democratizar los servicios de telecomunicaciones, siempre en beneficio de la población, principalmente la que habita en las zonas más rezagadas del territorio nacional.

Ahora bien, cabe mencionar que, en el Paquete Económico de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso en la Ley del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), un gravamen con una tasa de 3% a los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil, Internet y tv de paga), por lo que este impuesto se cobra directamente a los usuarios y consumidores de dichos servicios.

El IEPS es un impuesto indirecto que tiene como objetivo gravar el consumo final de determinados bienes y servicios. En México, el IEPS se divide en petrolero que corresponde al aplicado a la gasolina y el diésel; y en no petrolero que corresponde al gravamen en tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas energéticas y saborizadas, cervezas, sorteos, apuestas y servicios de telecomunicaciones, que son considerados como bienes y servicios suntuarios o de lujo.

Cabe mencionar que el IEPS en los servicios de telecomunicaciones, excluye a la telefonía rural, pública y servicios de interconexión, así como aquellos servicios empaquetados de internet, a través de redes fijas y móviles, siempre y cuando se determine la contraprestación correspondiente al servicio de acceso a Internet de manera separada a los demás servicios de telecomunicaciones en la factura y cuyo monto no exceda 30% del total de las contraprestaciones que se facturen en forma conjunta.

El IEPS a los servicios de telecomunicaciones no solo es costoso para la población, también ha sido un factor de freno a la penetración de los servicios y con una mínima capacidad recaudatoria. Durante el periodo 2010-2014, este impuesto ha permanecido con la misma tasa impositiva, con una recaudación que se presenta en la siguiente tabla:

Recaudación del IEPS en los Servicios de Telecomunicaciones

Concepto

2010

2011

2012

2013

2014

Recaudación (Millones de pesos)

5,885

7,966

6,037

7,589

7,198.0

Porcentaje de ingresos tributarios

0.47

0.37

0.37

0.26

0.30

Se prevé que la recaudación deberá ser menor en años subsiguientes debido a las bondades de la Reforma en Telecomunicaciones, que ya son una realidad para la población mexicana, destacando las siguientes: i) La desaparición de los cargos por larga distancia nacional a partir de enero de 2015 y ii) la desaparición del roaming nacional en telefonía móvil.

Aunado a lo anterior, este impuesto genera un costo social dado que equivale a una tasa impositiva del 19.5%, al aplicarse el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 por ciento al precio neto de IEPS de 3% a los servicios de telecomunicaciones (artículo 18 de la Ley del IVA), por lo que las telecomunicaciones tienen un gravamen de 3.48 puntos por arriba de la tasa general del IVA.

De igual forma, dicho impuesto grava el acceso a Internet dado que el IEPS se aplica a todo concepto de renta por línea de acceso a las diferentes redes de telecomunicaciones, por lo que el acceso a los servicios de banda ancha en efecto es gravado.

Considero que el IEPS a los Servicios de Telecomunicacionesesun impuesto regresivo, dada la actual tendencia de penetración de los servicios móviles y de acceso a Internet a estratos de cada vez menor nivel de ingresos. Sin embargo, es necesario destacar un dato relevante en torno a la proporción que representa la contribución de este impuesto sobre el ingreso de las familias mexicanas: un hogar en el quintil superior de la distribución del ingreso paga cerca de un décimo de lo que paga un hogar en quintiles en el extremo inferior de la distribución por los servicios de telecomunicaciones.

En este sentido, derogar el IEPS a las telecomunicaciones permitiría un mayor acceso a los mexicanos a las tecnologías de la información y comunicación, permitiendo de esta manera, continuar cerrando la brecha digital, tanto geográfica como de ingreso, con una política incluyente en el acceso general a los servicios de telecomunicaciones y que los nuevos servicios que aparezcan en el mercado no tengan obstáculos impositivos extraordinarios que desincentiven su uso.

La nueva legislación en materia de telecomunicaciones traerá esquemas novedosos de tarifas y precios en los servicios actuales y futuros, que solo deben estar sujetos al IVA, como único impuesto indirecto aplicable, de tal forma que permita democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones, uno de los objetivos fundamentales del Gobierno Federal en la materia.

Sumado a ello, cabe recordar que el artículo 6º, inciso B, de nuestra Constitución Política, establece que: I. “El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales” y II. “Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, claridad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”.

Es indispensable maximizar los beneficios sociales que brindan las redes de telecomunicaciones, a través de la ejecución de políticas públicas eficaces, que permitan aumentar la cobertura y la calidad de los servicios para un mayor número de mexicanos, que contribuya a mejorar su nivel de vida.

Por tal motivo, se propone derogar el inciso C de la fracción III del artículo 2º para derogar el Impuesto a los Servicios de Telecomunicaciones y, por lo tanto, se derogan también las fracciones XIV, XV, XVI del artículo 3º; la fracción IV del artículo 8º; y el artículo 18-A.

En mérito de todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se derogan el inciso C, fracción II del artículo 2º; fracciones XIV, XV, XVI del artículo 3º; fracción IV del artículo 8º en todos incisos y el artículo 18-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. …..

II. En la prestación de los siguientes servicios:

A)…..

B)…..

C) Se deroga

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a XIII. …

XIV. Se deroga

XV. Se deroga

XVI. Se deroga

Artículo 8o.- No se pagará el impuesto establecido en esta Ley:

I. a III. …

IV. Se deroga

Artículo 18-A.-Se deroga

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.

1 Estudios económicos de la OCDE: México 2015.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO N) AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por las Senadoras Hilda Estela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y por el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Y JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO N) AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE ORIENTACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL EDUCATIVO, SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA PÉRDIDA Y DERPERDICIO DE ALIMENTOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El problema mundial de la pérdida y desperdicio de alimentos tiene un origen multifactorial; las causas son tan variadas como las etapas de la cadena alimentaria en la que se presenta este lamentable fenómeno. Una de estas etapas es la del consumo, donde grandes cantidades de alimentos son tiradas a la basura principalmente en los hogares y en los restaurantes.

De acuerdo con el informe sobre Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles1, el aumento de la renta y los cambios demográficos en los últimos 20 años han traído consigo variaciones en los hábitos alimentarios, con un despegue del consumo de los alimentos elaborados, la aparición de problemas de obesidad y un nivel medio de desperdicios por consumidor al alza.

De las cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(FAO) se desprende que la mayoría de los desperdicios de los hogares son de frutas y hortalizas (39%), seguidos por los de cereales (33%). De acuerdo con una encuesta realizada en el Reino Unido el 41% de los desperdicios de alimentos se debe a que se cocina o sirve una cantidad excesiva, y el 54% a que no se consumen a tiempo.

Según el referido informe, a menudo, se generan más desechos en los hogares donde predominan los adolescentes y los jóvenes, y que el entorno cultural influye en el nivel de desechos. Estas tendencias generales varían en función del contexto, observándose diferencias nacionales y regionales significativas.

De ahí la importancia de la sensibilización pública atendiendo a las características propias de cada región o comunidad como una herramienta de gran valor para evitar que millones de toneladas de alimentos se desperdicien anualmente en todo el mundo.

En este contexto las escuelas se convierten en espacios idóneos para generar conciencia y cambiar la actitud de alumnos, padres y madres de familia, así como de personal educativo, en torno a la necesidad de implementar estrategias de reducción en la pérdida y desperdicio de alimentos en los hogares y los planteles educativos, así como para el aprovechamiento eficiente de los mismos.

Sin embargo, al tratarse también de un tema de interés para la comunidad donde las escuelas se encuentran insertas, debe hacerse más amplia la participación de los actores involucrados. Por ello esta iniciativa visualiza a los consejos municipales de participación social como entes promotores y articuladores de acciones en materia de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, así como del aprovechamiento eficiente de los mismos.

Los consejos municipales de participación social se conciben como órganos donde la comunidad escolar y las autoridades contribuyen a la construcción de una cultura de colaboración coordinada y al desarrollo de relaciones de confianza en la comunidad educativa; donde la presencia ciudadana juega un papel fundamental.

De ahí que sean precisamente estos consejos los órganos desde donde deba promoverse una nueva cultura en torno a los hábitos de consumo, y al aprovechamiento de los alimentos de acuerdo a las características propias de la comunidad; misma que se arraigue cada vez con mayor fuerza en las futuras generaciones.

La reforma educativa nos permite abordar este tema de una forma constructiva, generando conciencia desde las generaciones más jóvenes, contrario a una política punitiva que genere rechazo. Y que mejor forma que aprovechar esta estructura de consejos municipales en que se trabaje la comunidad escolar y el gobierno conjuntamente. 

El trabajo conjunto de los integrantes del consejo permitirá incorporar medidas contra la pérdida y desperdicio de alimento como una forma de vida, así a través de la concientización desde la escuela, y con la práctica en los hogares se generará esta dinámica positiva aprovechando el momento que ésta viviendo México una de las transformaciones más profundas, de lo más importante que tenemos, que es la educación.

Las acciones que se implementen en este sentido deberán sensibilizar a la comunidad escolar sobre la cantidad de alimentos desperdiciados en los hogares y el costo que esto representa, y deberán promover cambios de hábitos como una mejor planificación de las compras en los hogares y conocimiento del significado de las fechas de caducidad; mejor almacenamiento de alimentos; mayor cuidado en las porciones que se preparan;  una mejor gestión de los residuos de alimentos; e incluso un uso más eficiente de los alimentos en los comedores escolares.

Por lo antes expuesto, y convencidas de que es inaplazable generar una mayor conciencia sobre la necesidad urgente de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en los hogares, a través de la educación y la participación social, sometemos a la consideración de esa H. Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ALIMENTOS.

ÚNICO. Se adiciona un inciso n), corriéndose el actual n) para quedar como o), del artículo 70 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 
Artículo 70.-

a) a  m) …

n) Promoverá y coadyuvará en actividades de orientación, sensibilización y capacitación dirigidas a alumnos, padres de familia, maestros, directivos y empleados escolares, en materia de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, así como del aprovechamiento eficiente de los mismos, y

o) En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

TRANSITORIOS

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Consultable en http://www.fao.org/3/a-i3901s.pdf




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL TÍTULO TERCERO “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD” UN CAPÍTULO V BIS “DE LAS CESÁREAS”, INCORPORANDO LOS ARTÍCULOS 66 BIS Y 66 TER A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Patricio Martínez García, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII  Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral I, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona al Título Tercero “Prestación de los Servicios de Salud” un Capítulo V Bis “De las cesáreas”, incorporando los artículos 66 Bis y 66 Ter de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las últimas décadas, en nuestro país se ha venido presentando de manera cada vez más recurrente, el aumento en el número de nacimientos por cesárea, dando lugar a un incremento en los riesgos en la salud de las mujeres embarazadas de nuestro país.

Este tipo de nacimiento (por cesárea) se ha convertido en una opción frecuente para no pasar por la etapa del parto natural, siendo que, por su condición quirúrgica y la manera en que se lleva a cabo, debería de ser una opción última, y así tratar de evitar al máximo una cirugía mayor.

El parto por cesárea, también llamado parto quirúrgico, es para permitir el nacimiento del bebé. El bebé se saca a través del abdomen de la madre, es una cirugía mayor y conlleva riesgos, además de que la recuperación tarda más que con el parto natural.

Este incremento en el número de cesáreas ha originado una postura clara emitida por la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), en donde se declara que “sin las indicaciones y precauciones necesarias implica riesgos de salud que sobrepasan los posibles beneficios, al practicarse en mujeres que finalizan el periodo gestacional.”

La realización de una cesárea trae consigo algunas situaciones negativas que pudieran presentarse para las madres y los recién nacidos.  Éstos incluyen infección, hemorragia peligrosa, transfusiones de sangre y coágulos. Los bebés que nacen por cesárea tienen más problemas respiratorios inmediatamente después de su nacimiento. Las mujeres que tienen cesáreas permanecen en el hospital más tiempo que las madres que tienen partos naturales. Además, la recuperación de esta cirugía tarda más tiempo y es considerada más dolorosa que un parto natural, según lo relatan por su experiencia, madres con ambos procesos en diferentes partos. Las cesáreas también aumentan el riesgo de problemas en embarazos futuros, pues las mujeres que han tenido cesáreas tienen un mayor riesgo de ruptura uterina. Si se rompe el útero, las vidas del bebé y de la madre estarán en peligro.

Existen diversos estudios sobre los riesgos que implica la realización de las cesáreas, sin embargo, uno de los más precisos y documentados es el presentado por la “Coalition for Improving Maternity Services” organización norteamericana cuyo objetivo es el cuidado y bienestar de las madres, los recién nacidos y sus familias.

Esta organización publicó el documento “Riesgos de Cesárea para la Madre” estudio elaborado en los Estados Unidos, en el cual sobresalen los siguientes puntos:

La cesárea conlleva un riesgo de mortalidad materna de 5 a 7 veces superior al parto natural. (14.29%)

Las complicaciones durante y después de la cirugía incluyen posible daño quirúrgico a la vejiga, útero y venas (2 cada 100), hemorragia (entre 1 y 6 mujeres de cada 100 requieren transfusiones sanguíneas), accidentes relacionados con la anestesia, embolias en las piernas (entre 6 y 20 de cada 1000), embolia pulmonar (1 a 2 de cada 1000), parálisis de la vejiga (10 a 20 por 100 casos leves, 1 en 100, severos), e infección (hasta 50% más).

Una de diez madres reportan dificultad para realizar las actividades normales dos meses después del parto, y una en cuatro reporta dolor en el lugar de la incisión como un problema mayor. Una de catorce aún reporta dolor en la incisión hasta seis o más meses después del parto.

Las mujeres que tienen una cesárea requieren ser re-hospitalizadas dos veces más que las que tienen un parto normal. Especialmente con las cesáreas no programadas, diversos estudios sostienen que las mujeres tienden a experimentar emociones negativas, incluyendo baja autoestima, una sensación de fracaso, pérdida de control y desilusión. Están propensas a desarrollar depresión postparto o síndrome de stress post- traumático. Algunas madres expresan intensos sentimientos de miedo y ansiedad hacia sus cesáreas aun años después.

Las mujeres que tuvieron cesárea son menos propensas a decidir volverse a embarazar. Al igual que con cualquier cirugía abdominal, las cicatrices internas pueden provocar dolor pélvico, dolor durante las relaciones sexuales y problemas intestinales.

Las consecuencias reproductivas comparadas con el parto vaginal incluyen: mayor infertilidad, abortos espontáneos, placenta previa (la placenta cubre el cérvix), desprendimiento de placenta (la placenta se desprende parcial o completamente antes del parto) y partos prematuros. Incluso en las mujeres que planean una  cesárea repetitiva, el índice de ruptura uterina es de 1 en 500 versus 1 en 10 mil en mujeres que no tienen cicatriz uterina.

El mismo documento señala que entre los riesgos de las cesáreas para los bebes sobresalen:

Especialmente con las cesáreas programadas, algunos bebés nacerán prematuramente. Los bebés que nacen incluso poco tiempo antes de que estén listos pueden experimentar problemas respiratorios y problemas al amamantar.

1 a 2 bebés de cada 100 es cortado accidentalmente durante la cirugía. Estudios que comparan la cesárea electiva o la cesárea por razones no relacionadas con el bebé con el parto vaginal, demuestran que los bebés tienen 50% más posibilidades de tener puntuaciones  bajas en el test de Apgar, 5 veces más necesidad de recibir asistencia para respirar y 5 veces más propensión a ser admitidos en terapia intensiva o intermedia.

Los bebés que nacen por cesárea electiva tienen 4 veces más posibilidad de desarrollar hipertensión pulmonar persistente que los bebés nacidos por parto vaginal. Esta afección puede ser causa de muerte. Las madres suelen tener más dificultad en el apego con su bebé. Esto puede deberse a que por lo general sostienen menos tiempo a sus bebés en brazos, los amamantan menos y no suelen tener alojamiento conjunto, por las dificultades de cuidar a un bebé mientras se recuperan de una cirugía mayor.

Estos bebés son menos propensos a ser amamantados. Las consecuencias adversas para la salud de la alimentación con fórmula son numerosas y pueden ser severas.

Finalmente, en el caso de las cesáreas repetitivas señalan que:

La cesárea electiva conlleva el doble de riesgo de muerte materna comparada con el parto vaginal. El tejido de cicatrices anteriores incrementa la posibilidad de daño quirúrgico. Una mujer de cada 100 con más de una cesárea tendrá un embarazo ectópico (el embrión se implanta fuera del útero). La hemorragia asociada a un embarazo ectópico es una de las mayores causas de muerte materna, comparada con una mujer que no tiene cicatriz uterina, la mujer tiene más de 4 veces el riesgo de tener placenta previa con una cesárea anterior, 7 veces más riesgo con dos o tres cesáreas previas, y 45 veces más riesgo con cuatro o más cesáreas anteriores. La cesárea aumenta más de dos veces las oportunidades de que el bebé muera e incremente el índice de partos pretérmino más de 6 veces.

Comparada con una mujer con partos anteriores y ninguna cesárea, una mujer con una cesárea previa o más tiene 3 veces más riesgo de tener desprendimiento prematuro de placenta. Con desprendimiento de placenta, 6 de cada 100 bebés mueren, y 3 de cada 10 nacen demasiado temprano.

La posibilidad de tener placenta accreta (la placenta crece hacia adentro o incluso a través del útero) aumenta de 1 de cada mil con una cesárea previa a 1 de 100 con más de una cesárea previa. 

Prácticamente todas las mujeres con esta complicación requerirán una histerectomía, casi la mitad tendrá una hemorragia masiva, y 1 de cada 11 bebés y 1 de cada 14 madres morirá. 

La incidencia de placenta accreta ha aumentado 10 veces en los últimos 50 años y ocurre ahora en 1 de cada 2 mil 500 partos.

Las mujeres que tienen cesáreas repetitivas electivas tienen más probabilidad de presentar hemorragias que requieran transfusión, presentándose más embolias, e infecciones. La recuperación postparto después de una cesárea repetitiva electiva es aún más difícil cuando hay más niños que atender.

Es necesario recalcar uno de los factores que motivan esta iniciativa. En la gran cantidad de cesáreas que se realizan hoy en día no se le explica de manera clara y contundente a la madre parturienta que a partir de la realización de la primer cesárea se incrementa considerablemente el riesgo de desarrollarse la placenta accreta o previa, la cual deriva de manera directa en graves complicaciones para un posible segundo parto que puede consistir en grandes hemorragias producto del desprendimiento de la placenta, pudiendo, en el peor de los casos ser incontrolable hasta generar la muerte de la madre.

Esta situación, no es una ocurrencia, está sustentada con evidencia científica, siendo técnicamente verificable, razón por la cual podemos señalar que si esta información se le hiciera saber a la madre embarazada antes de optar por una cesárea, seguramente se reduciría en forma considerable el número de cesáreas.

Estas afectaciones, por si mismas, parecen suficientes para incidir de una manera más efectiva en disminuir el número de cesáreas que se practican en nuestro país.

El incremento en el número de cesáreas se debe, entre otros factores, a que existe un considerable número de especialistas que han optado por practicar esta operación debido a que les implica menor tiempo, les genera mayores ingresos por esta operación, además de que las unidades de salud privadas, también se benefician con cobros más altos que los de un parto natural, debido al uso de quirófanos, del personal médico, de medicamentos, etc. Esto es tendencia internacional, no solo señalado para México.

Otro factor, es que algunas embarazadas optan por esta opción para no pasar por los dolores que se presentan durante el parto natural, sin estar plenamente conscientes de los posibles riesgos que se puedan presentar durante la operación y más aún durante el resto de vida de la madre.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, realizadas en los años 2000 y 2012, el porcentaje de cesáreas con relación al total de nacimientos por año, ha pasado del 30% en el 2000 a 45.2% en el 2012, un incremento superior al 50%. Esta estadística coloca a nuestro país como el primer lugar en el mundo en práctica de cesáreas.

En el sector privado del 2000 al 2012, el número de cesáreas pasó de 43.4% al 70% y en el sector público esta cifra pasó de 30.6% a 41%.

A nivel internacional se estima que se practican 18.5 millones de cesáreas al año, de las cuales el 50% se consideran innecesarias, lo que ocasiona un incremento de 5.4 veces el costo para la atención de los nacimientos.

En México esta cifra ya es del 50%, lo que significa que 1 de cada 2 nacimientos es por cesárea, en el sector privado esta cifra llega al 70%, sin embargo, muchos de éstos casos no son medicamente justificadas, incrementando de manera considerable los gastos para los servicios públicos y privados de salud, además del ingente riesgo, en muchos casos innecesario, para las madres y los recién nacidos.

La mejora de la salud materna era uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados por la comunidad internacional en el año 2000. México se comprometió a reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, lo que significaría que para el 2015 disminuiría la Razón de Mortalidad Materna (RMM) a 22 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos.

Según datos del Observatorio de Mortandad Materna señalan que en el 2015, la tasa que se presentó fue de 31.7 defunciones por cada 100 mil nacimientos, lo que representa aproximadamente 712 muertes, situación que evidencia el incumplimiento de la meta.

En el año de 1985, la Organización Mundial de la Salud realizó dos estudios: una revisión sistemática de los estudios disponibles en los que se pretendía determinar la tasa ideal de cesárea en un país o en una población determinados y un análisis mundial por países con los datos más recientes disponibles. Sobre la base de estos datos con métodos internacionalmente aceptados y mediante las técnicas analíticas más adecuadas, la OMS concluyó lo siguiente:

1. Las cesáreas son eficaces para salvar la vida de las madres y los neonatos solamente cuando son necesarias por motivos médicos.

2. A nivel de población, las tasas de cesárea superiores al 10% no están asociadas con una reducción en las tasas de mortalidad materna y neonatal.

3. Las cesáreas pueden provocar complicaciones y discapacidades significativas, a veces permanentes o incluso la muerte, especialmente en los lugares que carecen de instalaciones o de capacidad para realizar cirugías de forma segura, y para tratar las complicaciones quirúrgicas. Idealmente, las cesáreas deben realizarse solo cuando son indispensables por razones médicas bien fundamentadas.

En base a estas conclusiones de la OMS, se sustenta la presente iniciativa afirmando que no es posible mantener tan altas las tasas de cesáreas en nuestro país y es urgente e imperativo el reducirlas.

En nuestro país se publicó en el año de 1995 la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, “Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio”. La misma tiene como objetivo principal “Establecer los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y la atención del recién nacido normales”.

Esta norma, si bien establece como recomendación el que se hagan hasta 20%, como tope máximo, el número de cesáreas en el país podemos mencionar que en año 2000, exceptuando Chiapas y Oaxaca, todos los Estados de la República rebasan el límite recomendado para esta práctica; en el año 2012, según la encuesta Nacional de Salud, 2010, 22 entidades duplican el número de cesáreas.

En el sector privado es donde se ha presentado el mayor incremento de este tipo de cirugías: del año 2000 al 2012, el porcentaje ha aumentado de 30.6 a 60.4%. las mujeres que atienden sus partos en los hospitales privados llegan a tener hasta un 70% de cesáreas.

Esta situación debe de ser valorada y supervisada por este H. Congreso de la Unión, ante la evidente falta de control. Es necesario recalcar, que otro de los efectos que genera el incremento considerable de cesáreas en nuestro país, es como lo mencionamos antes, un incremento en los costos generados, tanto para el sector privado, en el presupuesto de numerosas familias a las que se les encarece innecesariamente el nacimiento de sus hijos, como para el sector público, independientemente de las probables graves consecuencias a la salud de las madres y de los recién nacidos, principal razón por lo cual surge la presente iniciativa.

En el año del 2002 la Secretaría de Salud publicó el documento “Lineamiento Técnico para la Indicación y Práctica de la Operación Cesárea”, en el cual se define un protocolo de actuación que tendrían que seguir los médicos del sector salud, público y privado, que cumple con el rigor científico para tomar la mejor decisión en beneficio de la madre y del recién nacido.

En este documento se señala un apartado denominado “Estrategias para la Reducción de la Frecuencia de Cesárea”, en la que se señalan 6 líneas de acción principales con acciones específicas en cada una de ellas.

1. Vigilancia del indicador hospitalario del número de cesáreas en relación al número de nacimientos.

• Revisión y análisis permanente de indicadores hospitalarios de cesáreas en relación a las metas institucionales establecidas.

• Incorporar como una acción sustantiva del Comité Institucional de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal, el análisis periódico, retrospectivo, de la toma de decisión para la indicación de la operación, de la toma de decisión para la indicación de la operación cesárea con la participación del personal médico involucrado.

• Establecer procedimientos intrahospitalarios que contribuyan a disminuir el número de cesáreas innecesarias (ver anexo II).

• Seguimiento de las acciones  y compromisos establecidos y retroalimentación al personal de salud de la unidad.

2. Capacitación permanente del equipo de salud sobre las indicaciones de la operación cesárea.

• Integrar el Lineamiento técnico para la Indicación y la Práctica de la Operación Cesárea en el programa de capacitación de cada unidad hospitalaria.

• Reforzar la enseñanza del personal médico, incluyendo a los médicos internos y residentes de gineco-obstetricia.

• Instalar, difundir y utilizar la Biblioteca Electrónica de Salud Reproductiva elaborada por la Organización Mundial de la Salud.

• Capacitar al personal en el uso de la tecnología perinatal moderna.

• Fortalecer la capacitación del personal de salud en técnicas de comunicación interpersonal de calidad, con enfoque de riesgo y detección temprana de signos y síntomas de alarma durante la gestación.

• Capacitar en forma permanente a las parteras tradicionales y a las auxiliares de salud del programa de aplicación de cobertura, en la atención del embarazo, con énfasis en la identificación oportuna de signos y síntomas de alarma; para la referencia oportuna de la mujer con embarazo de riesgo a las unidades de salud.

3. Establecimiento de estrategias en las unidades de salud.

• Incorporar estrategia de la segunda opinión en la toma de decisiones para realizar operación cesárea.

• Utilizar correcta y sistemáticamente el partograma.

• Promover el uso adecuado del carnet prenatal y de la cartilla nacional de salud de la mujer.

• Identificar a través de una marca (sello) los expedientes clínicos y carnets perinatales de las mujeres con embarazo de alto riesgo, notificando a la jurisdicción sanitaria para su vigilancia y seguimiento.

4. Investigación

• Realizar investigaciones clínicas, sociales y operativas, que identifiquen los factores asociados al incremento de la cesárea en las diferentes instituciones y las estrategias exitosas para su disminución.

• Difundir los resultados de estudios de investigación para incrementar la calidad de la práctica obstétrica.

5. Acciones de información, educación y comunicación (IEC) en salud perinatal.

• Realizar sesiones educativas dirigidas a las embarazadas y al público en general para desalentar falsas expectativas de la operación cesárea, basadas en ideas de que evita el dolor del trabajo de parto o se conserva la estética corporal.

• Las sesiones educativas deberán incluir información sobre los cambios que ocurren durante la gestación, los signos y síntomas de alarma, etapas del trabajo de parto, incluyendo los prodromos del mismo, sobre todo en mujeres primíparas. Un aspecto muy relevante es el de informar sobre los beneficios del uso de la operación cesárea, cuando está correctamente indicada y sobre los riesgos anestésicos y quirúrgicos cuando se practica innecesariamente. (esto omite advertir de consecuencias graves a mediano y largo plazo).

• Establecer en las unidades hospitalarias un área de comunicación educativa y social en salud reproductiva.

6. Estrategias del Sistema Nacional de Salud

• Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud deberán implementar estrategias de vigilancia del indicador del número de operaciones cesáreas, con relación al número de nacimientos y mantener esquemas de capacitación permanente al personal operativo en salud perinatal con énfasis en la prevención de operaciones cesáreas sin justificación o indicación médica.

• En el nivel regional y/o estatal, las autoridades de las instituciones de salud revisarán y vigilarán la evolución del indicador de operaciones cesáreas con el apoyo del Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva y los Comités Estatales

• A nivel federal, las instituciones apoyarán las acciones en el nivel operativo a través de asistencia técnica, capacitación y comunicación, cuando sea necesario.

En base a estas consideraciones podemos concluir sobre la necesidad de legislar en esta materia, buscando la obligatoriedad de que tanto los médicos como las clínicas de maternidad, hospitales, o cualquier centro de salud, público o privado, donde se realicen alumbramientos, informen de manera fehaciente y por escrito, además de conservar el registro de esta información, a las madres parturientas, o en el caso de inhabilitación física al responsable legal que acompañe a la paciente, sobre los peligros que implica la práctica de la cesárea.

No se debe permitir que por motivos económico-comerciales, comodidad o cualquier otra razón, ajenas al principio técnico fundamental por el cual surgió la cesárea, que es la de realizarse solo en caso de un caso excepcional y médicamente justificado, se sigan practicando este número de cesáreas como se presenta en la actualidad.

Es necesario tomar decisiones contundentes en aras de disminuir esta práctica, toda vez que a pesar de existir múltiples señalamientos, reglamentos, observaciones y normas para inhibir esta práctica, en los hechos las estadísticas nos indican que estos esfuerzos han sido infructuosos. Por esta razón, con objeto de implementar acciones que disminuyan el número de cesáreas, proponemos establecer que ningún servidor médico profesional (ginecólogo, obstetra, médico general, cirujano, etc.), o centro de salud, público o privado, puedan rebasar un máximo de 15% de nacimientos por cesárea respecto del total de alumbramientos que practiquen anualmente como profesional o como centro de salud, recordando que según la OMS, el porcentaje óptimo no debe ser mayor del 15%.

La violación a esta disposición debe de ser castigada con una fuerte sanción, proponiendo que del ejercicio profesional del médico que supere este porcentaje, se le inhabilite por parte de la Secretaría de Salud para ejercer su profesión, por un periodo de 5 años, y en el caso de los centros de salud, sean sancionados con la clausura definitiva del mismo, con el fundamento de evidenciar la falta de ética y seriedad profesional manifestados en el abuso, al practicar cesáreas a madres parturientas que no lo requieren.

Es necesario buscar los mecanismos necesarios para disminuir el número de cesáreas tanto en el sector público como en el sector privado. Para lograr esto, es necesario modificar el marco legal vigente, y obligar a las instituciones de salud, públicas y privadas, a reportar un registro ante la Secretaría de Salud documentada con información fidedigna y bajo protesta de estar declarando la verdad sobre el registro de cesáreas que se realizan por centro de salud y por médico, anualmente. Sin la entrega de este registro, no se podrá ejercer profesión en alumbramientos en esos centros de salud mencionados.

En caso de violar el porcentaje dispuesto, ya sea por profesional médico o por centro de salud, la Secretaría de Salud, realizará las acciones correctivas señaladas anteriormente. Con esta disposición es de esperarse se reduzca drásticamente el número de cesáreas que se realizan en México y se optará por el procedimiento del parto natural como la opción más viable, económica y menos riesgosa para la madre y el recién nacido. La Secretaría de Salud estará obligada a rendir informe detallado al Congreso de la Unión sobre la evolución que anualmente está teniendo esta cirugía indebidamente creciente, considerándose ya como un problema de liberalidad médica no controlada.

En el caso de solicitud consiente de la madre, es necesario que se le brinde toda la información sobre los riesgos que conlleva la realización de esta intervención quirúrgica y las posibles afectaciones y riesgos, presentes y futuros, que se pudieran presentar tanto para ella como para el recién nacido, además de contar con el derecho  a recibir una segunda opinión médica. En base a estas consideraciones, es que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto:

UNICO: Se adiciona al Título Tercero “Prestación de los Servicios de Salud” un capítulo V Bis “De las cesáreas”, incorporando los artículos 66 Bis y 66 Ter, para quedar como sigue:

Capítulo V Bis
De las cesáreas

Artículo 66 Bis.- El objetivo del presente capítulo es establecer mecanismos para el control en la realización de las cesáreas en el Sistema Nacional de Salud.

Artículo 66 Ter.- El control en la realización de las cesáreas como una opción para los nacimientos tiene carácter prioritario y comprende entre otras, las siguientes acciones:

I: Los centros de salud, tanto públicos como privados, elaborarán un registro de los nacimientos que se llevan a cabo en ellos durante cada año calendario, señalando al médico responsable y el tipo de parto que se realizó, natural o cesárea.

II: El registro anterior deberá quedar firmado bajo protesta de declarar la verdad, pudiendo la autoridad en materia de salud, en caso de existir dudas fundamentadas, la realización de una auditoría operativa al centro de salud, para en caso de encontrar inconsistencias, proceder al retiro de título para ejercer, al profesional responsable de la institución, que aparece como tal ante la autoridad.

III: Este registro se entregará anualmente a la Secretaría de Salud, durante el primer mes de cada año. En caso de no entregarlo se suspenderá en sus funciones al director responsable.

IV: El porcentaje máximo de cesáreas por médico y por centro de salud, en ningún motivo podrá exceder del 30 por ciento anual en una etapa inicial y para el segundo año el porcentaje máximo permitido será del 20 por ciento. En caso de superar este porcentaje, la autoridad responsable de la Secretaría de Salud, deberá inhabilitar al médico responsable por un periodo de 5 años, entrando en vigor al día siguiente de la fecha en que practicó la última cesárea, además el Director General del Centro de Salud, privado o público, será inhabilitado.

V: Antes de llevar a cabo una cesárea, el centro de salud, público o privado, tendrá la obligación ineludible de entregar la información necesaria por escrito a la madre parturienta o al representante que la acompañe, sobre los peligros y consecuencias futuras que implica la realización de la cesárea, tanto al presente como al futuro, y deberá de anexarse al expediente médico de la paciente, la evidencia de esta amplia información.

VI: Las cesáreas solo deberán de llevarse a cabo en el caso excepcional en que se ponga en peligro la salud y/o la vida de la madre parturienta y/o del recién nacido, como lo establece la sana práctica médica profesional.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO: Los Congresos de las Entidades Federativas tienen 90 días para adecuar su marco legal al presente decreto.

SEGUNDO: La Secretaría de Salud establecerá los procedimientos a seguir para dar cumplimiento en lo estipulado en el artículo 66 Ter, fracción IV, del presente Decreto.

TERCERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente

Sen. Patricio Martínez García.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES

(Presentada por los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 348 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Estela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Saraí Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos LLerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 348 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Certificados de Defunción son los documentos oficiales para certificar las muertes en nuestro país. Son expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas.

La expedición de los Certificados de Defunción es requisito indispensable para obtener el Acta de Defunción ante el Registro Civil. Permite a las autoridades del Sistema Nacional de Salud, a los investigadores y a los responsables de programas de salud conocer los daños a la salud de la población. Informa sobre los resultados de programas preventivos, apoya la evaluación y la planeación de los servicios de salud.

La mortalidad cobra gran relevancia cuando es posible conocer con mayor detalle las causas que desencadenaron el proceso que llevó a la muerte y los factores personales y ambientales que contribuyeron. Constituye la fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de mortalidad, las cuales, además de las causas, recogen otras variables sociodemográficas como la edad, el sexo, el lugar de residencia y ocurrencia de las defunciones que tienen gran importancia en el análisis de la mortalidad.

El procedimiento para obtener el Certificado de Defunción consiste en solicitarlo con el médico que atendió al occiso durante su última enfermedad. Se solicita en la Clínica o Centro de Salud u Hospital o con otro médico. Sólo en el caso de que no se encuentre un médico que certifique la defunción se debe acudir con la autoridad competente (presidente municipal, comisariado ejidal, etc.). Si el fallecimiento fue por accidente o violencia se deberá dar aviso al ministerio público. Es muy importante revisar que todos los datos del certificado de defunción estén correctos, legibles y que coincidan con la identificación oficial del fallecido. El Certificado de Defunción debe entregarse en original y dos copias. Una vez que se obtiene es necesario acudir en la Oficina del Registro Civil, donde se canjeará por el Acta de Defunción, que es el documento legal necesario para tramitar inhumación, incineración, cobro de seguros y pensiones, entre otros.

Por lo anterior es claro que el Certificado de Defunción se debe entregar en el Registro Civil para poder adquirir el Acta de Defunción.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Proyecto de Decreto que modifica el artículo 348 de la Ley General de Salud, en materia de certificados de defunción.

Artículo 348. La inhumación o incineración de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del Oficial del Registro Civil que corresponda, quien exigirá la entrega del certificado de defunción.

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Estela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Saraí Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos LLerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL  ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Muy pocos cambios se han hecho en los programas para formar médicos especialistas, advierte un estudio de la Academia Nacional de Medicina (ANM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el cual también resalta la carencia de un censo real de los galenos que ejercen su profesión.

Con base en datos aportados por la Secretaría de Educación Pública se ha estimado que existen 2.2 médicos por cada mil habitantes, pero no considera a quienes han muerto o están jubilados ni a los que se dedican a otra actividad.

En realidad habría menos de un médico por mil habitantes, señala el estudio, mientras en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el promedio es de 3.2 por esa misma cantidad. En cuanto a especialistas, la relación en México es de 1.26 por mil, y en la OCDE, de 1.78 por mil, en promedio.

Lo paradójico es que el problema no es el déficit en la formación de médicos, porque el país está por encima del promedio de la OCDE, que es de poco más de 10 por 100 mil habitantes por año, en contra 12 por 100 mil en México. El reto es la formación de especialistas y su incorporación a las instituciones de salud.

Los datos de la investigación forman parte del libro Desarrollo de especialidades médica en México y fueron presentados por el académico Germán Fajardo durante el Foro Más y Mejor Salud, México 2030, organizado por la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La obra reconoce que históricamente el sistema nacional de salud ha operado con déficit de personal sanitario, en comparación con otros países, por razones diversas, como falta de presupuesto, crecimiento indiscriminado de la infraestructura clínica y hospitalaria, aumento de la población y de jubilados, así como el cambio en la prevalencia de enfermedades, pues las de tipo infeccioso han sido superadas por las crónicas no transmisibles (cáncer, diabetes y afecciones cardiacas, entre otras). También es parte del problema la ausencia de un modelo de atención que determine las necesidades de recursos humanos con base en los riesgos de las enfermedades y la demanda de servicios.

A todos estos factores se agrega que en los siguientes 15 años se jubilará alrededor de 25 por ciento de los especialistas en activo. Sólo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde ahora se están retirando 2 mil por año, aproximadamente, lo que aumenta la presión sobre la cantidad de expertos en las diferentes áreas de la medicina que ya deberían estarse preparando.

Aunque este es un tema que desde hace varios años se conoce en el sistema nacional de salud, los avances son mínimos en la recomposición de los espacios para la formación de especialistas. Hace cuatro años, se determinó la entrada directa a las áreas de neumología y geriatría, con lo que se redujo a cuatro años el periodo de entrenamiento, pero están pendientes otras más y lograr la organización efectiva para que haya equidad en la distribución de los especialistas dentro del territorio nacional.

El estudio de la ANM y Conacyt incluyó el cálculo de la cantidad de médicos especialistas que harán falta en el país de mantenerse la actual tendencia en la formación de estos recursos humanos. Aun cuando la demanda de servicios se mantuviera sin cambios, para 2030 harían falta más de 40 mil.

Si la demanda de atención en hospitales sube 30 por ciento, la cantidad de expertos que harían falta serían casi 90 mil en el mismo año.

La falta de planeación para formar oncólogos, geriatras y nefrólogos afecta a los más pobres.

El futuro alcanzó a México y no está preparado para hacerle frente, las enfermedades que se preveían hace décadas llegaron, pero no así los médicos que se encarguen de aliviarlas. Nuestro país carece de especialistas suficientes para atender los nuevos males que aquejan a los mexicanos, en especial a los de menos recursos económicos y de comunidades marginadas.

Los médicos especialistas se han convertido en un lujo que forma parte del sector privado o sólo de quienes tienen acceso a los principales hospitales e institutos públicos de salud que se concentran, exclusivamente, en las principales ciudades del país y que enfrentan problemas de saturación.

De acuerdo con expertos y estudios en la materia, desde hace décadas se preveía que, al aumentar la esperanza de vida, se registrara un cambio de hábitos alimenticios y una vida más sedentaria; los mexicanos tendrían nuevos padecimientos, principalmente crónico-degenerativos que requieren de médicos especialistas.

Pero ni las autoridades del sector Salud, ni las universidades tuvieron la visión de futuro para impulsar la formación de especialistas en oncología, geriatría, nefrología, neumología, radiología, cirugía plástica y reconstructiva, alergia e inmunología, genética y reumatología, que actualmente urgen en el país.

Las cifras contundentes. En geriatría, por ejemplo, en todo el país sólo hay 400 especialistas, conforme a datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (inapam). Es decir, 400 geriatras para una población de más de 10 millones de adultos mayores, que representan 9% de la población total que requieren cada día una atención médica más especializada.

Lo mismo ocurre con oncología, en la que sólo hay mil 200 especialistas para todo el país, de acuerdo con datos de la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos que reúne a todos los profesionales de este campo de trabajo. Esta cifra es claramente insuficiente para atender adecuadamente una enfermedad que es la tercera causa de muerte en la República Mexicana.

Cada año, más de 80 mil personas en México fallecen por tumores malignos y se detectan 125 mil nuevos casos de cáncer. Ese es el tamaño del reto en este sector.

Lo mismo ocurre con nefrología, en la que se tiene un poco más de 800 nefrólogos en el país para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades renales.

Ello, a pesar de que actualmente hay 9 millones de mexicanos que tienen insuficiencia renal crónica causada por la diabetes e hipertensión, de los cuales 129 mil se encuentran graves.

A inicios del presente año, Abelardo Meneses García, director del instituto Nacional de Cancerología, evidenció la falta de especialistas sobre todo en las áreas de oncología pediátrica, hematoncología y radioterapia.

El funcionario advirtió que persiste la idea de que se titula “un buen número” de médicos, pero lo cierto es que no hay especialistas en el ramo. En México, recordó, hay unas 116 escuelas o facultades de Medicina y sólo ocho tienen la materia de Oncología en sus asignaturas y en algunas ocasiones es de carácter optativa.

Cifras del sector Salud y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportan que hay 259 mil médicos en todo el Sistema Nacional de Salud, de los cuales alrededor de 38% corresponden a médicos especialistas, es decir, 95 mil. Pero la mayoría de ellos son especialistas en males que ya no son los de mayor demanda de la población.

Entidades como Oaxaca, Chiapas, Estado de México y puebla son las que registran el mayor déficit de expertos. A éstos se suman también Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo y Guanajuato.

El 80% de los médicos especialistas se encuentran concentrados en las grandes ciudades, mientras que hay grandes carencias en las zonas suburbanas y rurales, lo que deriva en una desigualdad en la atención médica.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), titulado “El Panorama de la Salud 2013 (Health at a Glance 2013)”, señala que a pesar del gran incremento en el número de médicos desde 1990, México tiene 2.2 doctores por cada mil habitantes, uno menos que el promedio de la OCDE de 3.2, lo que deriva en un efectivo acceso a los servicios de salud.

En el pasado Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 2013, en la que participaron 25 mil médicos para la asignación de siete mil lugares, se observó que las especialidades con el mayor número de plazas fueron: medicina familiar, medicina interna, pediatría, anestesiología, cirugía general y ginecoobstetricia.

Para las autoridades de Salud, estas especialidades ya no responden al perfil epidemiológico del país. Ahora, señalan en sus análisis, se requieren expertos en áreas como geriatría, neumología, radiología, siquiatría y medicina de rehabilitación.

De manera adicional, los resultados del Consenso Interinstitucional para la Formación de Médicos Especialistas en México 2012, concluyeron que actualmente las escuelas de Medicina están formando más médicos generales de los que se pueden contratar y no existe una política interinstitucional para la contratación del egresado de esta rama, pues se desconoce cuál es la necesidad real de los médicos.

La población mexicana, al igual que diversas poblaciones en el mundo, están invirtiendo su pirámide poblacional. En un futuro no tan lejano, necesitaremos más especialistas relacionados con enfermedades crónico-degenerativas, de los cuales escasean, y de los pocos que tenemos, se enfrentarán a una sobrecarga de pacientes.

Por todo esto, no sólo debe preocuparnos el número de especialistas. Además, se requiere promover un estilo de vida saludable, cultura de prevención de enfermedades, y la implementación de políticas públicas que beneficien a los servicios de salud pública.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Proyecto de Decreto que modifica la fracción I del artículo 90 de la Ley General de Salud, en materia de formación, capacitación y actualización del personal de salud.

Artículo 90…

I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran en base a la transición epidemiológica para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud;

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

Referencias:
• Falta planeación para Formar Especialistas, estudio Conacyt y la ANM. Ángeles Cruz Martínez.
• México. Sin Especialistas contra Males Crónicas. Ruth Rodríguez (El Universal).
• ENARM. Mx.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a organismos públicos locales de las entidades federativas, así como a las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos para atender la violencia política contra las mujeres. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La suscrita, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1, 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ASÍ COMO A LAS PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS GENERALES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS ESTABLEZCAN E IMPLEMENTEN PROTOCOLOS PARA ATENDER LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, trajo como consecuencia el reconocimiento y protección de los derechos de todas las personas, por lo que dicha reforma obliga a todas las autoridades, a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos.

En este contexto encontramos a un grupo vulnerable, que ha sido estigmatizado a lo largo del tiempo, nos referimos a las personas con discapacidad, mismas que si bien es cierto son consideradas como titulares de todos los derechos previstos en nuestra Constitución General, así como en los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte, también lo es que todas las autoridades están obligadas, en sus distintos ámbitos de competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar  los derechos humanos de las personas de este grupo vulnerable.

Si bien es cierto, en nuestro país se han instrumentado diversas acciones para eliminar las barreras físicas y sociales que limitan la autonomía y el libre tránsito a distintas instalaciones de las personas con discapacidad, también lo es que tenemos pendiente implementar medidas legales que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a la justicia.

Resulta de vital importancia la visibilización de  los diferentes obstáculos que encuentran las personas con discapacidad en el camino hacia el pleno ejercicio de sus derechos y de manera específica cuando son parte en un proceso judicial y/o administrativo, principalmente por las dificultades en el acceso a la información sobre sobre sus derechos y la forma de ejercerlos.

El problema planteado no es menor si consideramos que según datos de la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial existen aproximadamente 650 millones de personas con discapacidad y en nuestro país, según datos de INEGI, 5 millones 739 mil 270 personas1.

El Estado Mexicano debe cumplir con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, toda vez que como Estado parte está comprometido a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos, entre los cuales destaca el de adoptar medidas que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención.

Los artículos 12 y 13 de la Convención, hacen referencia al igual reconocimiento ante la ley y el acceso a la justicia; es decir que todas las personas con discapacidad tienen derecho a que sea reconocida su personalidad jurídica, se les proporcione salvaguardias adecuadas y sobre todo efectivas para impedir abusos; asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos; incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales; asimismo de promover la capacitación del personal de los órganos de encargados de la administración de justicia y del sistema penitenciario, mismos que a la letra señalan: 

Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley.

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

Artículo 13 Acceso a la justicia

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

Y es justamente en el ámbito del sistema de justicia donde se han identificado las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad, lo que ha motivado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya implementado diversas acciones que engloban elementos técnicos y jurídicos, fundamentados en el principio pro persona,  que buscan  garantizar que el derecho de acceso a la justicia personas con discapacidad, de las cuales destaca el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, el cual atendiendo a la especialidad del público a quien está dirigido, es decir a las y los jueces que integran el Poder Judicial de la Federación centra su atención en el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, siendo a este Poder a quien le corresponde adoptar acciones encaminadas a garantizar que los recursos disponibles para la justiciabilidad de los derechos sean efectivos en la práctica, con la finalidad de que el derecho a la justicia sea ejercido bajo estándares óptimos de eficacia, tomando en consideración las necesidades particulares y concretas de las personas con discapacidad.2

Por ello se estima de fundamental importancia el establecimiento de mecanismos claros, certeros, didácticos que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata, oportuna y adecuada, en los casos involucren derechos de las Personas con Discapacidad,  de tal suerte que se eviten violaciones que generen discriminación y desigualdad.

Bajo esta óptica es que se estima pertinente que a efecto de ampliar el esfuerzo realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la creación del mencionado protocolo, la presente proposición con punto de acuerdo pretende en términos generales exhortar a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia establezcan e implementen protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad tomando, en su caso como referente, el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas con discapacidad”, así como a las Procuradurías Generales de Justicia, Fiscalías Generales de las Entidades Federativas, y a la Procuraduría General de la República, para que por conducto de la Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para los ministerios públicos y policías ministeriales en materia derechos de personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, consciente de respetar los principios inherentes a las garantías de igualdad y no discriminación, en el marco de los diversos instrumentos internacionales existentes en la materia, la suscrita somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia establezcan e implementen protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad tomando, en su caso como referente, el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas con discapacidad”, implementado por el Poder Judicial de la Federación.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en la materia para que por conducto de la Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para los ministerios públicos y policías ministeriales en materia derechos de personas con discapacidad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.

1 Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de personas con discapacidad. p 7.

2 Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de personas con discapacidad. p 11





 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo los procedimientos financieros y administrativos correspondientes para la construcción de una Clínica de Hemodiálisis en el municipio de Amaxac, Tlaxcala. Se turna a la Comisión de Salud.

Los Senadores que suscribimos la presente propuesta, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II del artículo 8; 95; 109; 110; 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, por el que SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA DE HEMODIÁLISIS EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC, TLAXCALA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La salud es un derecho, elemento sustantivo que tenemos como personas para solventar nuestra vida. En este sentido, la insuficiencia renal se ha convertido en una epidemia que ya empieza a rebasar las magnitudes de la diabetes, y de acuerdo con la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales, ya es la primera causa de discapacidad en nuestro país. Una de cada 10 personas se encuentra en etapas tempranas de la enfermedad.

Frente a este adverso escenario, y considerando que se trata de una enfermedad crónica de proporciones epidémicas, tenemos la obligación de llevar a cabo acciones que puedan contener este mal y los efectos sociales y económicos que el mismo conlleva.

Un diagnóstico de enfermedad renal lleva implícitas muchas cosas, que comienzan con la interminable búsqueda de un diagnóstico acertado que paulatinamente viene aparejado con diálisis, medicamentos de alto costo, necesidades especiales de alimentación y en muchos casos hasta discapacidad.

Esta es una situación que se agrava cuando se trata de localidades en nuestro país que se encuentran alejados de zonas urbanas donde puede atenderse este padecimiento. Es decir, en estas zonas además de los costos económicos implícitos a la enfermedad debe agregarse la necesidad de transportarse a donde se trata la enfermedad.

En el caso específico de Tlaxcala, entidad que tiene el primer lugar en insuficiencia renal en cuanto a densidad poblacional, existen familias que no tienen uno sino hasta dos o tres enfermos en casa que necesitan diálisis para sobrevivir, situación que trae fuertes impactos para el enfermo y su familia que trata de salir adelante aún a costa del patrimonio familiar.

Esto es más preocupante para el Estado si consideramos que tan solo en 2014 se tiene  registro de 354 casos de insuficiencia renal, de los cuales 65 ya están en espera de donación. Además a partir de 2012 este padecimiento se convirtió en la tercera causa de muerte entre mayores de diez años.

En cuanto a atención, se calcula que en el Estado al año se llevan a cabo 17 operaciones de riñón, cifra muy por debajo si tomamos en cuenta el referente de la Ciudad de México que atendió 717. Los servicios que presta el Estado se encuentran muy por debajo de la media a pesar del gran problema que existe, e incluso, en un hecho inusitado ocurrido hace un año, un paciente de hemodiálisis falleció afuera de una clínica en la Comunidad de La Candelaria; a causa de problemas de higiene en los tratamientos de hemodiálisis y diálisis debido a que el manejo  de los pacientes no es el adecuado y pone en riesgo su salud.

De acuerdo con datos de Organizaciones Civiles, en Tlaxcala el problema de la insuficiencia renal se ha extendido principalmente en zonas en donde proliferan descargas de tóxicos al aire libre por parte de empresas de diferentes ramos; ejemplo de ello se presenta en la comunidad de Texcalac donde hay más de 30 casos en una comunidad de cinco mil 630 habitantes.

Este problema adquirió ya niveles en que incluso el Congreso del Estado reconoció que no ha existido una atención adecuada para pacientes con insuficiencia renal crónica y que los índices de mortalidad a causa de ese mal ubican a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional, por ello, presentaron la iniciativa que crea la Ley para la Atención Integral de la Enfermedad Renal Crónica en el estado de Tlaxcala.

En diagnóstico de los Servicios Estatales de Salud, en la entidad existen poco más de 60 mil pacientes que no reciben tratamientos consecutivos para atender los procesos médicos y preventivos de diálisis y hemodiálisis que requieren los enfermos.

En este contexto, para el presente año se presentan condiciones poco favorables para el Estado  a causa de los ajustes presupuestales que se llevaron a cabo por la caída de las participaciones federales, mismo que impacta en rubros de alta prioridad como es el de salud.

Como podemos ver, las necesidades de la entidad son vastas y los recursos escasos; pese a ello, el Gobernador del Estado, no muestra sensibilidad ni congruencia con la realidad que padece la población, ya que además de que ha amagado con ajustar recursos presupuestales para la salud, se niega a firmar un convenio ante autoridades federales que autoriza recursos para la construcción de una Clínica de Hemodiálisis.

Esto es algo absurdo y carente de toda lógica, si consideramos los problemas que padecemos en la entidad, que además ya no alcanza el servicio para atender a toda la cantidad de pacientes del Estado y hay personas, entre ellos niñas y niños, que están muriendo por no contar con su hemodiálisis.

Con mucho esfuerzo y más allá de colores y trincheras políticas, hemos llevado a cabo la gestión de este recurso, incluso se cuenta con el terreno donado por el Municipio de Amaxac, y el equipamiento gestionado a través de la Fundación Ale. Solo necesitamos el acto administrativo del Gobierno del Estado para empezar a trabajar. Sin embargo, esto no se lleva a cabo.

Como podemos ver, es una situación que requiere el apoyo de esta Cámara, la salud está más allá de distinciones políticas, se trata de gente que está muriendo por falta del servicio y por la cual apelamos a su sensibilidad para suscribir esta propuesta que estamos considerando de urgente y obvia resolución, debido al poco tiempo que resta el mandato de Mariano González Zarur, pues en caso contrario dicho recurso se reasignaría a otras cosas, perdiéndose para el Estado.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo los procedimientos financieros y administrativos correspondientes a efecto de ratificar el Convenio correspondiente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la construcción de una Clínica de Hemodiálisis en el Municipio de Amaxac, Tlaxcala.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, informen a esta soberanía sobre los detalles de la firma y entrega de las ministraciones al estado de Tlaxcala correspondientes al Fondo destinado para la construcción de una Clínica de Hemodiálisis en el Municipio de Amaxac, Tlaxcala.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Suscribe,

Sen. Lorena Cuellar Cisneros.





 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Chiapas a legislar en materia de derechos indígenas respecto a la organización, representación, autoridades e instituciones políticas, en armonía con el respeto de sus usos y costumbres. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

El suscrito, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS A LEGISLAR EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN, REPRESENTACIÓN, AUTORIDADES E INSTITUCIONES POLÍTICAS, EN ARMONÍA CON EL RESPETO DE SUS USOS Y COSTUMBRES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, los cuales a la fecha conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

Asimismo, nuestra Carta Magna garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización; aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, en un marco de respeto por lo que ve a las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres.

Es de todos conocido que Chiapas es una entidad de la República con una marcada presencia indígena, lo cual como connacionales es símbolo de orgullo e historia viva que nos trae día a día, el recordatorio de nuestros orígenes e identidad como Nación.

Lamentablemente, hoy también somos testigos de cómo el orden, paz social y respeto por el prójimo en ese estado se encuentra alterado por falta de tolerancia, dialogo y afectación de los derechos humanos en su sentido más elemental.

Los pueblos indígenas como bien lo estipula la Carta Magna tienen derecho a decidir sobre su manera de gobernarse y ser gobernados (usos y costumbres), en ese sentido, líderes de 105 comunidades del municipio de Oxchuc, Chiapas pidieron al Gobierno estatal se les respetara ese derecho reconociendo como Alcalde de ese municipio al C. Oscar Gómez López, el cual fuera electo el pasado 15 de febrero por más de 30 mil pobladores.

Cabe mencionar que del proceso electoral para la elección de Alcalde efectuado en  dicho municipio la C. María Gloria Sánchez Gómez resultó electa, pero ante el descontento e inconformidad de la población de esa localidad en su mayoría indígena, pidió licencia definitiva para dejar su encargo ante el Congreso del Estado desde el 11 de febrero del año en curso. Actualmente, Sánchez Gómez interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de ser reinstalada en el cargo.

Como puede notarse, existe un conflicto político-social en esa demarcación territorial en donde se tornan endebles tanto los derechos de los indígenas como el de las instituciones electorales.

Esta controversia se replica a lo largo de los Altos de Chiapas en donde las comunidades indígenas en pleno uso de sus derechos exigen el respeto de sus usos y costumbres, las garantías constitucionales y el cumplimiento de sus derechos humanos.

Otra problemática que se está presentando en la entidad es la falta de entrega de recursos a los Ayuntamientos que los pueblos indígenas eligieron por usos y costumbres y que el Gobierno estatal reconoció como autoridad.

Para mayor abundamiento se considera el caso del municipio de Chenalhó, en donde fehacientemente el Congreso del estado nombró a Miguel Sántiz Álvarez como presidente municipal sustituto, para el periodo 2016-2018, mediante Decreto 216, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 88, párrafo primero de la Constitución Política local, en virtud que previamente fue electo por comunidades originarias de acuerdo a sus usos y costumbres. 

Baste citar que la violación de los derechos indígenas radica en que a la fecha, ese municipio no ha recibido las partidas presupuestarias que le corresponden por ley, hecho que con todo razón hizo que las diferentes comunidades indígenas se manifestaran y en pleno ejercicio de sus derechos hicieran la petición formal para que se liberaran las participaciones económicas que les corresponden, mismas que hasta el momento no se han entregado afectando de manera imperiosa el desarrollo y prosperidad de los chiapanecos de ese territorio.

Es por lo antes expuesto que, en atención al pleno reconocimiento de los derechos humanos que tenemos todos los ciudadanos mexicanos y, al marco de legalidad previamente establecido en nuestro estado de derecho, hago un llamamiento a las autoridades del estado de Chiapas para que den respuesta a la problemática político-social que hoy aqueja a diversas comunidades originarias del estado, a fin de devolver la paz en la sociedad, garantizar el cumplimiento de los derechos indígenas y respetar  la pluralidad social. 

Cabe recordar que la Constitución Política del Estado de Chiapas establece en su artículo 34 que el derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Gobernador del Estado.

II. A los Diputados.

III. Al Titular del Poder Judicial del Estado, en lo relativo a su orden jurídico interno; así como de aquellas materias que en razón de su actividad jurisdiccional tengan conocimiento.

IV. Al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en materia de su ramo.

V. A los Ayuntamientos, en asuntos municipales.

VI. A los ciudadanos del Estado, en los términos que disponga la Ley, la cual establecerá los requisitos, alcances, términos y procedimientos para su ejercicio.

En ese sentido, y en observancia a la problemática existente en el Estado de Chiapas en materia de derechos humanos en torno al respeto de usos y costumbres de los pueblos indígenas en el rubro de la forma de organización, representación, autoridades e instituciones políticas, el que suscribe somete a consideración de esta Honorable Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del  Estado de Chiapas y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de esa entidad federativa, a que en ejercicio de su derecho constitucional a iniciar leyes o decretos realicen una legislación que dé cuenta de los derechos indígenas en materia de organización, representación, autoridades e instituciones políticas, en armonía con el respeto de sus usos y costumbres.

Dado en el Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Sen Luis Armando Melgar Bravo.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar acciones de vigilancia permanente a fin de preservar los recursos naturales del estado de Coahuila de Zaragoza. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La suscrita, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional de la LXIII legislatura del H. congreso de la unión, con fundamento a lo dispuesto por el articulo 8 numeral I fracción II Y 276 del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que en el ámbito de sus facultades realice acciones de vigilancia permanente a fin de preservar los recursos naturales, del estado de Coahuila de Zaragoza al tenor de las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de plantas y animales1. Nuestro país representar apenas el 1% de la superficie terrestre y en ella resguarda al 10% de la diversidad biológica del mundo2. Esta inmensa diversidad de especies, sumada a una enorme diversidad de ecosistemas, la quinta en el mundo, es resultado de las características geográficas, la variedad de climas y la compleja topografía de México3.De acuerdo a las estadísticas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México, en cuanto al número de especies, ocupa a nivel mundial el segundo lugar en reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en plantas vasculares y anfibios y el octavo en aves4. La mayoría de estas especies son endémicas de nuestro país5.

Nuestro país destaca internacionalmente por albergar una enrome diversidad de cactáceas. Los cactos son una familia de plantas con flores dentro de las que se encuentran los conocidos nopales. La familia Cactaceae se divide en tres grupos: El primer grupo incluye los nopales (del náhuatlnopalli, denochtli, tuna ypalli, hoja), y el xoconostle (del náhuatl, xococ, agrio ynochtl, tuna, “tuna agria”), de tallos aplanados como raquetas y con frutos conocidos como tunas. También se incluyen las chollas y tencholotes, de tallos cilíndricos delgados cubiertos de espinas. El segundo grupo incluye a los cactos alargados, chaparros y redondos en forma de barril y en forma de candelabros. Se conocen como órganos, cardonales, candelabros, biznagas, liendrillas, borregos, peyotes, chiotillas, jiotillas, quiotillas, garambullos o padres nuestros, pitayas, pitayo de abuelito, tetechos, cabezas de viejos, viejos y viejitos. Algunas de estas especies pueden vivir más de 500 años. El tercer grupo incluye pocas especies conocidas como cactos con hojas o árbol del matrimonio, que se consideran los cactos más primitivos6.

La familia Cactaceae, originaria del Continente Americano, agrupa a cerca de 2000 especies, las cuales han logrado adaptarse a los climas desérticos. México es el centro más importante del mundo en concentración de cactáceas. Los cactólogos reconocen la existencia de 913 taxones, conformando 669 especies, las cuales se encuentran agrupadas en 63 géneros, y se reconocen 244 subespecies. .En cuanto a endemismo se refiere, de las 669 especies registradas para México, 518 especies (25 géneros) y 206 subespecies son endémicas de México, es decir, que el 78% de las especies sólo habitan en nuestro país7.El estado de San Luis Potosí es el que posee una mayor diversidad de cactáceas, con un registro de 151 especies. Le siguen los estados de Coahuila con 126 especies, de las cuales 48 son endémicas8, y Nuevo León y Oaxaca con 118 especies cada uno. San Luis Potosí también es el estado con mayor riqueza de géneros (33), seguido por Oaxaca con (32) y Tamaulipas (31)9.

En los desiertos Chihuahuense y Sonorense, así como algunos valles de Hidalgo y Querétaro se encuentra cerca del 60% de los géneros de México, de los cuales, 25% son propios o exclusivos del país. Además cerca del 44% de los cactus mexicanos crecen sólo en esta extensa región, de las cuales posiblemente más de 400 son propios de México También en la región de Tehuacán-Cuicatlán, en los estados de Puebla y Oaxaca existe una gran diversidad de cactos10.

Para proteger labiodiversidad en riesgo, nuestro país cuenta con herramientas como al La Norma Oficial Mexicana (NOM- 059-SEMARNAT-2010). Dicha norma tiene como objetivo identificar y enlistar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestre en peligro dentro de la república mexicana. Un vez clasificadas, se busca emprender las medidas de protección adecuadas a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En específico, un gran número de especies de cactáceas se encuentran en alguna categoría de riesgo debido intensa explotación a la que han sido sujetos. La Norma Oficial Mexicana (NOM- 059-SEMARNAT-2010) enlista 255 especies, el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluye 65 y la Convención sobre Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), enlista 41 especies (Apéndice I), y el resto de las cactáceas están consideradas dentro del Apéndice II. Las principales causas de riesgos, son: el cambio de usos del suelo; la introducción de especies exóticas, y la colecta directa de ejemplares11.

En años recientes, debido al carácter global del tráfico, la necesidad de proteger la flora y fauna de la depredación del crimen organizado trasnacional se ha convertido en una prioridad para la comunidad internacional. En números, se estima que 350 millones de plantas y animales son vendidos en el mercado negro cada año. El valor anual estimado del tráfico de fauna ronda entre 7 y 23 mil millones de dólares, mientras que el valor de la tala ilegal en el mundo ronda los 30 a 100 mil millones de dólares anules, lo que las convierte en algunas de las actividades ilegales más lucrativas del mundo12. Se estima que se encuentra en el cuarto lugar de importancia como comercio ilegal, después del tráfico de drogas, el tráfico de personas y los productos falsificados13. Asimismo, ocupa el segundo lugar mundial como amenaza para la vida silvestre, después de la destrucción y fragmentación de hábitats naturales14.

El estado de Coahuila, cuyo territorio está incluido en su mayoría en el Desierto chihuahuense, contribuye más que cualquier otro estado al número de especies endémicas para esta gran zona árida. Lamentablemente es el estado se presenta también la máxima concentración (29 especies) de cactáceas amenazadas dentro del Desierto chihuahuense15.Un ejemplo reciente de esta clase de actos perjudiciales para la biodiversidad es el suscitado en días recientes la PROFEPA detuvo a dos sujetos que transportaban 92 ejemplares de noa (agave victoria reginae) y 44 especies de bonete de obispo (astrophytummyriestigma). Ambas especies de cactáceas se encuentran incluidas en el listado de la NOM-059 por estar en peligro de extinción16.

Con el objetivo de llamar la atención sobre unas de las expresiones que más han dañado a la biodiversidad del estado de Coahuila someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que en el ámbito de sus facultades realice acciones de vigilancia permanente a fin de preservar los recursos naturales del estado de Coahuila de Zaragoza, con especial énfasis en las enlistadas en la NOM- 059- SEMARNAT-2010.

Dado el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 ¿Qué es un país mega diverso? CONABIO. Consultado en línea el 13/07/2016:
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html

2 Sarukhán, et al. 2012. Capital natural de México. Acciones estratégicas para su valoración, preservación y recuperación. CONABIO, México.

3 Meiners Ochoa. M., y L. Hernández López. 2007. Únicamente en México...especies endémicas y plantas de Jalisco. CONABIO. Biodiversitas 71:10-15-

4 ¿Qué es un país mega diverso? CONABIO. Consultado en línea el 13/07/2016:
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html

5 Especies endémicas. Biodiversidad Mexicana. CONABIO. Consultado en línea el 13/07/2016:
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/endemicas/endemicas.html

6 Cactos y biznagas (Cactaceae). CONABIO. Consultado en línea:
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/plantas/magnoliayMarg/cactaceas.html

7 Jimenez, C. 2011. Las cactáceas mexicanas y los riesgos que enfrentan. Revista Digital Universitaria [en línea]. 1 de enero de 2011, Vol. 12, No.1. Consultado en línea:
http://www.revista.unam.mx/vol.12/num1/art04/#a

8 Villarreal-Quintanilla, José Á.; Encina-Domínguez, Juan A. 2005. Plantas vasculares endémicas de Coahuila y algunas áreas adyacentes, México Acta Botánica Mexicana, núm. 70, pp. 1 – 46 Instituto de Ecología, A.C.

9 Jimenez, C. 2011. Las cactáceas mexicanas y los riesgos que enfrentan. Revista Digital Universitaria [en línea]. 1 de enero de 2011, Vol. 12, No.1. Consultado en línea:
http://www.revista.unam.mx/vol.12/num1/art04/#a

10 Cactos y biznagas (Cactaceae). CONABIO. Consultado en línea:
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/plantas/magnoliayMarg/cactaceas.html

11 Ibíd.

12 UNODC. 2016. Reporte mundial sobre delitos contra la vida silvestre: el tráfico de especies protegidas. Naciones Unidas.

13 J. Myburgh, en: J. Haken, 2011. Crimen transnacional en el Mundo en Desarrollo, Integridad Financiera Global, Washington, DC, USA. Ibid: http://transcrime.gfi ntegrity.org

14 SEMARNAT y PROFEPA. 2013. Tráfico ilegal de vida silvestre. México.

15 Villarreal-Quintanilla, José Á.; Encina-Domínguez, Juan A. 2005. Plantas vasculares endémicas de Coahuila y algunas áreas adyacentes, México Acta Botánica Mexicana, núm. 70, pp. 1 – 46 Instituto de Ecología, A.C.

16 Capital Coahuila. Detiene PROFEPA a dos traficantes de cactáceas. Consultado en línea: http://www.capitalcoahuila.com.mx/zona-verde/detiene-profepa-a-dos-traficantes-de-cactaceas





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Auditor Superior de la Federación información sobre la situación final que guardan las auditorías a las cuentas públicas 2011, 2012, 2013 y 2014 realizadas al gobierno del estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, programas sociales, acciones y estrategias que erradiquen el tráfico ilegal de armas de fuego en el territorio nacional. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.







 

Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial o autorice que una comisión ordinaria, en un plazo mínimo, analice y se le den los elementos jurídicos, técnicos y económicos para que se definan y, en su caso, se comprueben y revisen los límites territoriales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. Se turna a la Junta de Coordinación Política.







 

De la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a asignar recursos para la creación de nuevas guarderías en el estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México a realizar diversas acciones respecto a la posible tala de 21 árboles aproximadamente en las instalaciones del Club de Futbol América, S.A. de C.V. en la Delegación Coyoacán. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a os Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México a realizar diversas acciones  respecto a la posible tala de 21 árboles aproximadamente en las instalaciones del Club de Fútbol América, S.A. de C.V. en la delegación Coyoacán, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Diversos medios de comunicación nacionales han expuesto que el Club de Fútbol América, S.A. de C.V., taló por lo menos 21 árboles, para remodelar y construir una nueva cancha de futbol denominada “Cien años de grandeza”, ubicada en sus instalaciones de Coapa, en la delegación Coyoacán.

Dichos actos se realizaron sin informarle a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, lo que implicaría que se realizaron fuera de los supuestos de legalidad e incurriendo en diversas faltas administrativas e incluso de índole penal. 

La cancha fue habilitada en un terreno que tenía una antena y una hilera de árboles, mismos que fueron destruidos para poder realizar la obra. Por medio de solicitudes de información que se realizaron a la Secretaría de Medio Ambiente, se confirmó que la institución no cuenta con ningún trámite registrado para derribar árboles, de igual forma no se tiene ninguna manifestación de impacto ambiental de la dirección del Club de Fútbol América, S.A. de C.V.; por otro lado, la delegación Coyoacán a través de la Dirección de Desarrollo Urbano local, también informó que no tiene documentos de manifestación de construcción, licencias de construcción, autorización o permiso para los trabajos de elaboración de la cancha de futbol.1

Como mencioné anteriormente, la tala de árboles para construir la cancha del Club de Fútbol América, S.A. de C.V. en sus instalaciones puede ser que encuadre en una conducta tipificada como delito, mismos que se encuentra previsto en el Artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, que a la letra dice:

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles.

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por quinientos días multa, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido”.2

Sin mencionar la privación de la libertad y la multa, algo que se debe considerar es que, en la parte final del artículo establece que cuando las conductas se realicen a nombre, beneficio o bajo el amparo de una moral también se le impondrá una multa y la posible prohibición de realizar determinados negocios.3

Cabe mencionar que existe la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, empresas privadas y particulares que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal.4 Dicha norma fue ignorada. De igual forma, existe un Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal que establece una multa que va del 5 al 10% del valor de las construcciones terminadas o en proceso, cuando no se tengan los permisos necesarios, tal como lo estipula el Artículo 253 que a letra dice:

ARTÍCULO 253.-Se sancionará al propietario o poseedor con multa equivalente del cinco al 10 por ciento del valor de las construcciones en proceso o terminadas, en su caso, de acuerdo con el al avalúo emitido por un valuador registrado ante la Secretaría de Finanzas, cuando:

I. Se realicen las obras o instalaciones sin haber obtenido previamente el registro de manifestación de construcción, la licencia de construcción especial, la autorización o permiso respectivo de acuerdo con lo establecido en este Reglamento, y

 II. Las obras o instalaciones no concuerden con el proyecto autorizado y no se cumpla con las disposiciones contenidas en las Normas de Ordenación de los Programas General, Delegacionales y/o Parciales, o no se respeten las características señaladas en el resultado de la consulta del Sistema de Información Geográfica, certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades o con la constancia de alineamiento y número oficial.5

De manera que ante la ola de acontecimientos que van desde derribar arboles hasta hacer una construcción, pareciera que todas las acciones fueron realizadas sin los permisos adecuados, ya que al solicitar la información por medio de una solicitud de acceso, los permisos eran inexistentes.6

Las autoridades deberán fincar las responsabilidades administrativas y penales en caso de haberlas por talar aproximadamente 21 árboles y construir sin los permisos necesarios, ya que no se puede actuar fuera del marco de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia realice una inspección para determinar si es que para la construcción de una nueva cancha de futbol del denominado Club de Fútbol América, S.A. de C.V., ubicado en sus instalaciones de Coapa, en la delegación Coyoacán, fueron talados 21 árboles aproximadamente sin los permisos correspondientes. Además que remita a esta Soberanía a la brevedad posible información sobre el resultado de sus investigaciones. De igual forma se solicita que trabaje en coordinación con las demás autoridades competentes para realizar dicha investigación.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de su competencia realice una inspección para determinar si es que para la construcción de una nueva cancha de futbol del denominado Club de Fútbol América, S.A. de C.V., ubicado en sus instalaciones de Coapa, en la delegación Coyoacán, fueron talados 21 árboles aproximadamente sin los permisos correspondientes. Además que remita a esta Soberanía a la brevedad posible información sobre el resultado de sus investigaciones. De igual forma se solicita que trabaje en coordinación con las demás autoridades competentes para realizar dicha investigación.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia realice una inspección para determinar si es que para la construcción de una nueva cancha de futbol del denominado Club de Fútbol América, S.A. de C.V., ubicado en sus instalaciones de Coapa, en la delegación Coyoacán, fueron talados 21 árboles aproximadamente sin los permisos correspondientes. Además que remita a esta Soberanía a la brevedad posible información sobre el resultado de sus investigaciones. De igual forma se solicita que trabaje en coordinación con las demás autoridades competentes para realizar dicha investigación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 8 de diciembre de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Información consultada el 5 de diciembre de 2016 en: http://aristeguinoticias.com/0412/mexico/america-derribo-al-menos-18-arboles-para-cancha-del-centenario-sin-permisos-ni-tramites/

2 Código Penal para el Distrito Federal, consultado el 5 de diciembre de 2016 en:
http://www.aldf.gob.mx/archivo-d261f65641c3fc71b354aaf862b9953a.pdf

3 Proceso, información consultada el 5 de diciembre de 2016 en: http://www.proceso.com.mx/465036/america-incurrio-en-delito-ambiental-al-construir-la-cancha-cien-anos-grandeza

4 NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2006, consultada el 5 de diciembre de 2016 en: http://centro.paot.org.mx/centro/normas/NADF-001-RNAT-2006.pdf

5 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, consultado el 5 de diciembre de 2016 en: http://www.fimevic.df.gob.mx/documentos/transparencia/reglamento_local/RCDF.pdf

6 Información consultada el 5 de diciembre de 2016 en: http://www.animalpolitico.com/2016/12/america-tala-arboles-reglamentos/





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a dar a conocer la posición de las entidades federativas respecto a las acciones que está llevando a cabo el presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, en los ámbitos político, social y económico de México. Se turna a la Comisión de Federalismo.

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación Soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES (CONAGO) A DAR A CONOCER LA POSICIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO A LAS ACCIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL PRESIDENTE ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, EN EL ÁMBITO POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE MÉXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Después de la elección de Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el martes 08 de noviembre de 2016, en la que resultó electo el candidato del Partido Republicano, Donald Trump frente a la candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton, es urgente articular un plan de emergencia nacional para responder con estrategia y claridad  a este nuevo desafío en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.  Por ello, a través de un punto de acuerdo hicimos un llamado al titular del Ejecutivo Federal a convocar a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas del país a construir una ruta en todos los ámbitos, frente a la nueva administración de nuestro vecino del norte.

Ante dicho exhorto, a la fecha el Titular del Ejecutivo Federal ha hecho caso omiso, queriendo aparentar que la situación está controlada y que la relación con Estados Unidos es positiva. Sin embargo, la realidad nos muestra lo contrario ante las acciones que ha comenzado a llevar a cabo el Presidente electo Donald Trump para frenar las inversiones de empresas norteamericanas en nuestro país como el caso de la compañía de aires acondicionados “Carrier”.

El lunes 29 de noviembre de 2016,en diversos medios electrónicos e impresos se dio a conocer que esta empresa anunció un acuerdo con el Señor Trump para mantener su planta de producción en Indianápolis con 1,400 trabajadores; luego de que en febrero pasado había manifestado que trasladaría su producción a Monterrey, México, a partir de 2017.

Es necesario enfatizar, que desde febrero se había dado a conocer por parte de Carrier, y su matriz, United Technologies, el cierre de dos de sus plantas en Estados Unidos; una en Indianápolis con 1,400 empleados y otra en Huntington con 700 trabajadores, e invertir en Santa Catarina, Nuevo León.

El plan de la empresa buscaba un ahorro de $65 millones de dólares en gastos, aunque estaba sujeto a negociaciones con el sindicato de trabajadores. Sin embargo, el anuncio de la empresa fue criticado duramente por Donald Trump durante su campaña presidencial, en una visita a Indianápolis en abril pasado, cuando citó el caso como ejemplo de la necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Es claro que el cabildeo de Donald Trump y la estrategia en contra de las inversiones en México ya iniciaron y ante este escenario, nos preguntamos: ¿Cuántos convenios más permitiremos que se caigan en las diferentes entidades de nuestro país? ¿Hasta cuándo reaccionará el Gobierno Federal y, en particular, la Secretaría de Economía para crear un plan de respuesta frente al cumplimiento de las promesas de campaña del presidente electo de Estados Unidos?.

De tal manera que solicitamos nuevamente al Gobierno Federal, al Presidente Enrique Peña Nieto, y a su secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal para que se pronuncien sobre esta situación, y nos digan cuáles son las medidas que se van a implementar o si ya se cuenta con un plan, para evitar otros casos como el de la compañía Carrier.

A la par del Gobierno de la República, las entidades que hoy potencialmente se vean afectadas, y especialmente el caso concreto de Nuevo León, tienen que manifestarse.

Por ello, desde el Senado de la República hago un llamado a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), y en especial al gobernador Eruviel Ávila –quien encabeza esta conferencia- , así como al Gobernador de Nuevo León, para manifestar la posición de los gobiernos de las entidades federativas, respecto a las acciones que está llevando a cabo el Presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, en el ámbito político, social y económico de México.

Es urgente que los gobernadores y las gobernadoras se pronuncien en una reunión extraordinaria, con una posición firme sobre la manera en la que se busca enfrentar esta situación.  A su vez es necesario hacer un planteamiento diplomático pararevisar y replantear los acuerdos que se tienen con Estados Unidos, con una ruta clara y firme que permita dar ciertas certezas en un escenario adverso y cambiante.

Si el gobierno federal se mantiene al margen, los Senadores y Gobernadores que representamos a diferentes estados expulsores de migrantes así como a los estados fronterizos, debemos construir una red entre las entidades mexicanas y las ciudades santuario de Estados Unidos, como Chicago, San Francisco, Nueva York, entre otras, que están dispuestas a proteger a los migrantes y a seguir promoviendo acuerdos comerciales e inversiones en beneficio de ambos lados de la frontera.

Si durante la campaña, el candidato republicano Donald Trump hizo varios señalamientos contra México y los mexicanos, y ahora como Presidente electo estamos observando que está cumpliendo las promesas de campaña, no podemos seguir esperando, sin saber cuál es la estrategia del gobierno mexicano, ni cómo se está pensando enfrentar esto que significa el cierre de contratos, de promesas, de planteamientos, de acciones conjuntas, que están afectando, en este caso, a Nuevo León, pero que presumimos que pueden afectar a varios Estados de la República, a potenciales empleos, y a muchos empleos que están instalados.

Como miembro del Senado de la Repúblicay ante las recientes acciones de Donald Trump y con sus amenazas latentes; estamos obligados a una profunda reflexión sobre las acciones que tenemos que realizar como Estado mexicano en la defensa de nuestros ciudadanos y de la economía nacional.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) a dar a conocer la posición de las entidades federativas respecto a las acciones que está llevando a cabo el Presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, en el ámbito político, social y económico de México.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2016.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De la Senadora María del Rocío Pineda Gochi y del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la Declaración de la Charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se turna a la Comisión de Cultura.







 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a revisar las reglas de operación “PROSPERA”, Programa de Inclusión Social relacionadas con la salud, para que se busque la forma más conveniente en que puedan acudir a las reuniones o talleres comunitarios para el auto-cuidado de la salud las mujeres jefas de familia que reciben el apoyo y quienes tienen que salir a trabajar para complementar el sustento familiar. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

La suscrita, Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social a revisar las Reglas de Operación PROSPERA Programa de Inclusión Social relacionadas con la salud, dirigidas a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad, conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES

La lucha contra la pobreza ha sido uno de los pilares fundamentales de cada uno de los gobiernos en turno, y en las últimas décadas se ha buscado combatirla con base en políticas de asistencia a los sectores más pobres; la experiencia internacional y las mejores prácticas demuestran que se ha migrado de políticas asistencialistas a políticas de desarrollo, en las cuales el Estado se convierte en un facilitador para que las personas encuentren los espacios y las fórmulas adecuadas para mejorar sus condiciones de vida.

En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° se señala el deber del Estado de garantizar el derecho de toda persona a la protección de la salud, asimismo en la Ley General de Desarrollo Social se establece que la Política Nacional de Desarrollo Social tiene entre otros objetivos, el de propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales y el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades.

Si el objetivo central de la política social es realizar acciones que garanticen el acceso a una alimentación suficiente y de calidad, en contribuir a la senda y permanencia educativa y al acceso a servicios de salud entre la población que se encuentra en situación de pobreza. Para lograrlo, se estableció una reingeniería del gasto público para el ejercicio presupuestario 2016, con el propósito de fortalecer las acciones tendientes a superar la pobreza y garantizar los derechos sociales de la población, PROSPERA Programa de Inclusión Social y el Programa de Apoyo Alimentario (PAL) se fusionaron a partir del presente ejercicio fiscal.

Con motivo de esa fusión, PROSPERA opera a través de cuatro componentes que son: de alimentación, de salud, de educación y de vinculación; la población objetivo para este tipo de apoyos, lo es la que se encuentra en situación de pobreza extrema; sin embargo, en cada uno de los componentes existe una serie de condiciones para ser otorgados los apoyos a las familias beneficiarias, para el caso que vengo a formular, refiere al componente de salud, el cual, para que aplique a las familias asignadas el esquema viene encaminado con una corresponsabilidad de éstas y opera bajo tres estrategias.

a) Proporciona de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud, el cual constituye un beneficio con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona.

b) Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) de los niños y niñas, desde la etapa de gestación, a través de la vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición, así como de la entrega de suplementos alimenticios a niños y niñas de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, éstas últimas hasta por un año y control de los casos de desnutrición, por último.

c) Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el apego a los tratamientos de pacientes crónicos.1

Para el mes de junio de este año PROSPERA tenía una cobertura de 6.79 millones de familias integradas por 28.2 millones de personas, que habitan en 116,601 localidades de 2457 municipios y delegaciones políticas de las 32 entidades federativas del país. El 54% del total de familias beneficiarias se ubica en zonas rurales, el 19% en semiurbanas y 26% en urbanas. Por otra parte, PROSPERA opera bajo dos esquemas de atención: con corresponsabilidad y sin corresponsabilidad, ésta es un factor importante para este programa, porque permite que las familias sean una parte activa, al procurar la asistencia de las mismas a las unidades de salud que les corresponde y que cada miembro de la familia, acuda a las citas médicas y cumplan con la asistencia a los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud y así se contribuye a la prevención de enfermedades.

Dentro de las acciones y resultados de PROSPERA, respecto del componente de salud, se impartieron 1,162,375 cursos en materia de salud, nutrición e higiene que comprende temas relacionados con alimentación, salud; adolescencia y sexualidad; sobrepeso y obesidad; prevención de adicciones; detección de cáncer de mama y desarrollo infantil, entre otros temas relevantes.2

Por otra parte, se conoce que, a junio de 2016, existen 112,692 representaciones sociales a nivel nacional, integradas por 60,039 comités de promoción comunitaria y 52,653 vocales unitarias, que en conjunto agrupan 377,529 vocales, lo cual representa un avance en comparación con los 45,142 comités de promoción comunitaria integrados por 231,430 vocales con los que se contaba al inicio de la actual administración.3

Ahora bien, es cierto que las acciones emprendidas por PROSPERA programa de inclusión social se fomenta la participación de la población beneficiaria bajo el esquema de corresponsabilidad y en algunos de los componentes como lo es el de salud, se requiere la asistencia de la población beneficiaria a las diferentes platicas que se dan, es necesario revisar que estas no causen perjuicio a la población beneficiaria, pues a veces se contrapone la programación de éstas pláticas con las actividades que realizan las beneficiarias para conseguir el sustento de cada día y en consecuencia se encuentran en riesgo de quedar fuera del Programa, pues, como está señalado en las sesiones de orientación bimestrales que se dan exclusivamente a los vocales, se proporciona información acerca de los trámites, derechos, compromisos y corresponsabilidades que deben cumplir las familias beneficiarias para asegurar su permanencia en el Programa.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social a revisar las Reglas de Operación PROSPERA Programa de Inclusión Social en el componente con la salud, dirigidas a la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad.

Dado en el Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Sen. Rosa Adriana Diaz Lizama.

1 4° Informe de Labores 2015-2016, SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social, pág. 24.

2 Ibid. Pág. 25

3 Ibid. Pág. 26





 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a publicar los criterios de evaluación que se utilizan para la selección de los beneficiaros de los proyectos productivos agrícolas y a que desarrollen alternativas de consulta a las reglas, bases y convocatorias que hagan posible su acceso a todos los sectores de la población y a que actualice periódicamente su padrón de beneficiarios para garantizar la mejor asignación de recursos al campo. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

El suscrito, Senador RAÚL AARÓN POZOS LANZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

El artículo 25 Constitucional, establece que le corresponde al Estado Mexicano la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y la justa distribución del ingreso y riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

La igualdad de oportunidades es indispensable para impulsar la productividad en nuestro país, es por esto que dentro de las Metas Nacionales que considera el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se establece una línea de acción para cada sector del país. En el mismo PND se considera la planeación para encuadrar el país a nivel nacional con el contexto internacional que se vive, ello para la evolución de nuestra economía mediante políticas públicas incluyentes.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, mediante sus acciones a implementar nos dirige a un eje rector para impulsar –concretamente- sectores que en administraciones pasadas presentaban pérdidas en competitividad y productividad, siendo el caso del sector agropecuario.

El PND,  reconoce que “el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser fortalecida” por lo que establece como una de las cinco metas nacionales, un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo; asimismo, busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos. 1

El 30 de diciembre del 2015, se publicaron las bases de operación para nueve Programas y componentes de la SAGARPA 20162:

1. Programa de Fomento a la Agricultura.

2. Programa de Productividad Rural.

3. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.

4. Programa de Fomento Ganadero.

5. Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola.

6. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

7. Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados.

8. Programa de Concurrencia con Entidades Federativas, y

9. Programa de Apoyos a Pequeños Productores

Cada uno de estos, busca satisfacer las necesidades de los beneficiarios fomentando el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general, se suman al objetivo principal del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de impulsar la productividad y competitividad en el Sector Agroalimentario. Lo anterior observando las prioridades que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018.3

El propósito es, el desarrollo y crecimiento del sector rural4, especialmente de los pequeños y medianos productores y se logra a través de un enfoque productivo y de impulso al valor agregado, y generando un impacto positivo en alrededor de 3.7 millones de mexicanos.

Para el otorgamiento de estos beneficios se emiten reglas de operación, mismas que son elaboradas por la SAGARPA previa consulta a pequeños productores, legisladores, organizaciones civiles y al Consejo Mexicano para el Desarrollo Sustentable. Las reglas garantizan igualdad de oportunidades, y los lineamientos para acceder a los programas que son fundamentales para impulsar el sector agropecuario y generan un país más próspero. Una vez desarrolladas las reglas se publican y se dan a conocer mediante convocatorias emitidas en dos ciclos agrícolas: primavera-verano y otoño-invierno, y estas, junto con los requisitos establecidos en la convocatoria, son publicadas en el portal de internet de la Secretaría y en el Diario Oficial de la Federación.

Si bien estas reglas de operación se publican y las bases de la convocatoria son públicas el proceso de selección no lo es. Es fundamental que la SAGARPA informe sobre los criterios utilizados en la selección de los proyectos productivos ya que es la única manera de que el proceso sea transparente y que los beneficiarios pueden tener claras las oportunidades de acceso a los beneficios que los programas representan. Esto también ha sido observado por la GESOC (Gestión Social A.C.)5, que en 2011 emitió un índice de Desempeño de los distintos Programas Públicos Federales de la SAGARPA, y en el que consideró necesario que la Secretaría presentara un informe sobre los criterios para la obtención de beneficios e indicadores para la realización de los proyectos productivos en el campo.

Adicionalmente, la personas que deseen formar parte de alguno de los programas debe verificar los requisitos establecidos en las reglas y presentar una solicitud, ambas cosas vía internet. A pesar de que hemos avanzado mucho en el sector de las telecomunicaciones, y a que gracias a la reforma en la materia hoy cada día más mexicanos tienen acceso a internet, todavía hay un gran sector de la población que no cuenta con las herramientas físicas o conocimientos para realizar trámites por internet. Al ser esta la única vía de consulta de las reglas, requisitos e ingreso de solicitud, un gran sector de la población se encuentra excluido. Esto es especialmente cierto para el sector de la población al que los programas están dirigidos y se pueden ver más beneficiados.

Incluso si se cuenta con acceso a la red, existe una complicación adicional que limita el acceso a estos programas, esto es que el lenguaje usado es específico, técnico y únicamente disponible en español. Esto claramente representa un problema para la población potencial y para el sector que más podría verse beneficiada por los programas ya que en muchos su nivel académico es bajo o son miembros de comunidades indígenas cuya lengua no es el español.6

Por otro lado, para mejorar las condiciones de acceso a estos programas emitidos por la Secretaría, es fundamental que sus padrones se encuentren actualizados en todo momento; es necesario que la Secretaría actualice dichos padrones periódicamente para tener certeza de que, para los padrones con límite de cupo, este sea utilizado por quienes realmente están en posibilidad de tener acceso a los programas.7

La inversión en el campo representa una gran oportunidad de reducir la pobreza y las brechas sociales que tanto afectan a los mexicanos, este sector productivo tiene un enorme potencial por lo que se debe garantizar que los recursos designados al impulso del sector lleguen a quienes más lo necesitan.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de este Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que publique los criterios de evaluación que se utilizan para la selección de los beneficiaros de los proyectos productivos agrícolas y a que desarrollen alternativas de consulta a las reglas, bases y convocatorias que hagan posible su acceso a todos los sectores de la población.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que actualice periódicamente su padrón de beneficiarios para garantizar la mejor asignación de recursos al campo.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente.

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, n.d.:
file:///C:/Users/dalia.gutierrez/Downloads/PND-introduccion.pdf

2 Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación; publicado el 30 de diciembre del 2015:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421845&fecha=30/12/2015
2Íbidem: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421845&fecha=30/12/2015

3 La SAGARPA emite información de manera extemporánea e incompleta mediante su portal de internet, que la mayoría de ocasiones se encuentra fuera de servicio para el beneficiario potencial del programa como se puede observar en la página oficial de la Secretaría: http://www.gob.mx/sagarpa/archivo/articulos.

4 Publicación de Reglas de Operatividad 2016, SAGARPA, publicada el 30 de diciembre del 2015: http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/sanluispotosi/boletines/Paginas/2016B001.aspx

5 GESOC, organización de la sociedad civil dedicada a la investigación y gestión para el desarrollo, análisis de políticas públicas e implementación y evaluación de proyectos en México:
http://www.gesoc.org.mx/site/?page_id=2.

6 Nota Periodística: MVS Noticias, mediante su portal de internet, “ Mal Diseño de programa de SAGARPA facilita uso electorero y los convierte en negocio de unos cuantos”, publicado el 4 de noviembre del 2015:http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/mal-diseno-de-programa-de-sagarpa-facilita-uso-electorero-y-los-convierte-en-negoco-de-unos-cuantos-278

7 Programas de Apoyo 2016; SAGARPA; n.d.:
http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/Paginas/default.aspx





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a promover campañas permanentes de concientización entre la población sobre la protección y trato digno de los animales domésticos y en situación de calle, con el objetivo de prevenir y erradicar su maltrato. Se turna a la a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde octubre de 1978, el artículo 3° de la Declaración universal de los derechos de los animales, aprobada por la UNESCO y la ONU, hace mención al maltrato animal, al señalar que “Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos de crueldad. Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia”1.

El maltrato animal comprende una serie de comportamientos de parte de personas que causan dolor innecesario estrés o incluso su muerte de forma muy abrupta y sanguinaria.

En los últimos años, hemos sido testigos de una creciente preocupación por el maltrato hacia los animales que empleados como mascotas, en los laboratorios, en las granjas, en los zoológicos y en los espacios públicos las cuales han sido violentadas.

La protección de los derechos de los animales contribuye a que disminuya el número de maltratos y violencia y a que los responsables de su maltrato sean castigados y merecedores de sanciones que conforme a la gravedad de su conducta.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que presenciar o perpetrar maltrato animal en la infancia puede desembocar en patologías sociales en la edad adulta, puede indicar maltrato hacia personas en edad infantil, es un recurso de poder en la violencia de género2.

Dicha organización, plantea que el maltrato animal, aparte de su valor intrínseco a los animales, representa un indicador de riesgo social y de alteración de la salud pública; por ello, es importante sancionar y prevenir este tipo de actos, dado que no sólo se protege la integridad de los animales, sino se previene un problema que puede desembocar en la afectación de la vida humana.

En nuestro país, la Ley General de Vida Silvestre, integró las definiciones de maltrato y crueldad en su artículo 3º fracciones X y XXVI, al plantear a la crueldad como un acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia y, maltrato como todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación o cualquier fin3.

Actualmente, no existe un censo sobre mascotas o animales domésticos, pese a que diversos medios de comunicación, señalan que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima alrededor de 28 millones, de los cuales 18 millones son caninos4.

El 70% de estos perros vive en situación de calle, ya sea por motivos de abandono o por que se reproducen entre si y sólo el 30% tiene la fortuna de contar con un hogar.

Según datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en la capital del país hay cerca de 120 mil perros callejeros, los cuales generan entre cinco y seis toneladas de heces fecales por día, que provocan hasta el 60% de las infecciones intestinales y estomacales que se reportan cada año5.

La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados (AMMVEPE)6, menciona que el crecimiento anual de la población de perros callejeros es de 20%, por lo que se deben tomar medidas para disminuir el índice de estas enfermedades, así como para generar conciencia para que los dueños de las mascotas no las abandonen, al mismo tiempo, fomentar su adopción y cuidado responsable.

Cada año mueren en México cerca de 60 mil animales a causa de violencia y maltrato ejercido contra ellos. La Ciudad de México y los estados de Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Nayarit, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán, Veracruz y Chihuahua, son las únicas entidades que han incluido tipificar la conducta del maltrato animal como delito en sus respectivas legislaciones.

Un caso de maltrato documentado por diversos medios de comunicación, se dio cuando un hombre maltrató y lanzó un perro a un asador encendido. Tras los hechos, el animal fue llevado al veterinario, quien informó que el perro presentó quemaduras de primero y segundo grado, gastritis y estado de ánimo temeroso; además de dermatitis, anemia y atrofia en un ojo7.

Debido a que esta tendencia crece cada vez más, resulta necesario crear conciencia de lo importante que es velar por la seguridad e integridad de los animales, ya que son considerados como cuidadores y protectores.

Ante esta situación, es necesario que los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan campañas permanentes de concientización entre la población sobre la defensa de los animales domésticos y en situación de calle, con el objetivo de prevenir y erradicar su maltrato.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la trascendencia del maltrato animal, toda vez que representa un problema social y de salud pública, por ello seguiremos fortaleciendo políticas para salvaguardar la integridad de los animales domésticos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan campañas permanentes de concientización entre la población sobre la protección y trato digno de los animales domésticos y en situación de calle, con el objetivo de prevenir y erradicar su maltrato.

Dado en el Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente.

1 http://www2.me.gov.ar/efeme/diaanimal/derecho.html

2 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/animalwelfare/maltrato_animal_abril2009[1].pdf

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_130516.pdf

4 http://perrocontento.com/2015/08/inegi-determina-a-mexico-en-el-3o-lugar-de-maltrato-hacia-los-animales/

5 http://www.salud.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/hospital-veterinario-de-la-ciudad-de-mexico

6 http://www.ammvee.org.mx/

7 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/01/1114494





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León y al gobernador del estado, a mantener la propuesta de eliminación de la tenencia en los términos vigentes, reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017. Se turna a la a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y felicita a los charros y escaramuzas de México por la inscripción de la nominación “La Charrería, tradición ecuestre en México”, en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se turna a la Comisión de Cultura.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La identidad de nuestro país se encuentra sustentada en la protección y preservación de nuestras costumbres y tradiciones, pues son éstas las que nos definen, distinguen y proyectan en el concierto de las naciones. Sobre el particular, somos un territorio privilegiado que cuenta con una amplia riqueza cultural, que es reconocida en todo el mundo.

A través del presente punto de acuerdo, los legisladores del PRI, reconocemos y felicitamos a los charros y escaramuzas de México, práctica tradicional que recientemente fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.   

El 1º de diciembre del año en curso, la UNESCO dio a conocer doce nuevas inscripciones en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre ellas, el Festival internacional de pesca y cultura de Argungu, en Nigeria; El teatro de marionetas en Eslovaquia y Chequia, en Eslovaquia y Chequia; el Carnaval de El Callao, en Venezuela; y La Charrería, en México1.

Otras manifestaciones culturales de nuestro país que han sido inscritas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad son2:

• En 2008, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos.

• En 2009, la Ceremonia Ritual de los Voladores; y los lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado.

• En 2010, la tradición gastronómica de Michoacán cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de Michoacán; La pirekua, canto tradicional de los p'urhépechas; y Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo.

• En 2011, el Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta.

En relación a La Charrería, la UNESCO estima que es un elemento importante de la identidad y el patrimonio cultural de las comunidades depositarias de esta tradición y constituye para ellas un medio para transmitir valores sociales importantes a las nuevas generaciones.

Durante la undécima reunión celebrada en Etiopía, el Comité Intergubernamental para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO, expresó que La Charrería también constituye un medio para transmitir valores importantes a las nuevas generaciones3.

Para comprender la trascendencia del reconocimiento, cabe mencionar que en términos del numeral 1 del artículo 2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, el “patrimonio cultural inmaterial” comprende los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural4.

Se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad para contribuir a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

Aunado a lo anterior, es oportuno precisar que entre las principales características que tiene el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sobresale que es: Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo; Integrador; Representativo; y Basado en la Comunidad5. En consecuencia, son determinantes para preservar la esencia de una nación o región, pero también para impulsar el desarrollo de su población.

La Charrería es una práctica tradicional y símbolo de identidad, cuyo origen data del siglo XVI, como resultado del auge que tuvieron las haciendas que tenían la necesidad de invetariar y marcar una gran cantidad de ganado en cada propiedad.

Quienes forman parte de este gremio, participan en las charreadas, competiciones en las que hombres y mujeres muestran ante el público su destreza en las diferentes suertes de arrendar y jinetear yeguas y toros cerriles.

En este contexto, es de suma importancia llevar a cabo acciones tendientes a fortalecer e impulsar la práctica de esta actividad que, dicho sea de paso, en su origen facilitaba la convivencia entre los ganaderos de diversas zonas de México, función que actualmente es realizada por las escuelas y asociaciones dedicadas a este arte. 

La Charrería, concebida como el deporte nacional por excelencia, es un motivo de orgullo, tradición, cultura e identidad, cuya práctica combina de manera armónica la equitación con diversas formas de jaripeo, actividades ecuestres y formas tradicionales de la ganadería. Por ello, el reconocimiento, no solo se presenta en favor del gremio, sino que más bien, tiene beneficios potenciales para México como nación.

Por ello, es vital contribuir a incentivar e impulsar el desarrollo de competencias como las charreadas, a fin de que al tiempo de conservar las tradiciones mexicanas, las mujeres y hombres que participan en ellas, tengan la posibilidad de continuar mostrando su talento en las distintas actividades que comprende, teniendo como premisa fundamental, la observancia del respeto y protección de todos los seres vivos que participan en esta tradición.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República reconoce y felicita a los Charros y Escaramuzas de México, por inscripción de la nominación “La Charrería, tradición ecuestre en México”, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México (CONADE), para que en el marco de sus funciones, implemente e impulse acciones encaminadas a desarrollar, fomentar y coordinar los programas deportivos relativos a “La Charrería” en nuestro país, a fin de coadyuvar a la salvaguarda y promoción de esta tradición.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016s.

Atentamente.

1 http://es.unesco.org/news/doce-nuevas-inscripciones-lista-representativa-del-patrimonio-cultural-inmaterial-humanidad

2 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-heritage/

3 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/patrimonio/2016/12/1/unesco-declara-la-charreria-patrimonio-inmaterial-de-la

4 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf

5 http://www.unesco.org/culture/ich/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de salud materna y perinatal encaminadas a mejorar la calidad de los servicios para la atención de las emergencias obstétricas. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La muerte materna hace referencia a los fallecimientos ocurridos durante el embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del mismo. Las causas pueden ser por complicaciones del embarazo o por la incorrecta atención médica.

Nuestro país ocupa los primeros lugares a nivel internacional con el mayor número de muertes maternas, relacionadas con problemas durante el embarazo, parto y postparto. De acuerdo con la Secretaría de Salud, SSa, entre los años 2010 y 2014, casi 6 mil mujeres perdieron la vida durante el embarazo, parto y posparto. Las principales causas fueron: hemorragias, hipertensión arterial, eclampsia, preclamsia, entre otros.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, CNEGSR, señala que el 40 por ciento de los casos de muerte materna que se reportaron en el año 2015, se debieron a malos diagnósticos médicos y, sobre todo, a que las mujeres no asisten a sus consultas programadas.

Una situación adicional que debe mencionarse es que, en muchas ocasiones, una inadecuada atención o seguimiento médico puede producir discapacidades permanentes en las mujeres: dolores crónicos, fistulas, inmovilidad, daños en el sistema reproductivo o infertilidad.

En México se han realizado extraordinarios esfuerzos para garantizar la adecuada atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como todas las atenciones médicas que requiere un recién nacido. Fue así que en el año 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, que establece una serie de criterios para mejorar la salud de la madre durante el embarazo.

Posteriormente, en el año 2009 las autoridades de salud federal firmaron un “Convenio General de Colaboración” con el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a efecto de que todas las unidades médicas del país contarán los instrumentos y personal especializado para atender las emergencias obstétricas y de esta manera reducir la morbi-mortalidad materna y perinatal.

Sin embargo, es hasta el 17 de febrero de 2016, después de un estudio detallado de aquellos interesados, es que se aprueba como tal la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida prefacio. Dicha norma es complementada con otras 28 Normas Oficiales Mexicanas, a fin tener un mayor control sobre las medidas médicas que se requieren para que los pacientes sean atendidos con rapidez, de manera eficaz y que se brinden las condiciones óptimas durante su estancia en hospitales o centros de salud.

Constitucionalmente con estas normas se atiende a la garantía que tutela el derecho humano a la salud y de brindar la libertad de optar por el número de hijos que se quiera tener, tal y como está establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución.

De igual manera, la Ley General de Salud en su artículo 3º y 61 establece un concepto sobre los cuidados materno-infantiles, así como la obligación de establecer las acciones que se deben de seguir para la atención de cualquier embarazo en cualquiera de sus etapas.

La salud materno-infantil tiene como bien jurídico tutelado el de salvaguardar la reproducción biológica y social del ser humano; es condición esencial del bienestar de las familias, y constituye un elemento clave para reducir la desigualdad y la pobreza.

Es primordial que todas aquellas mujeres que se encuentre en algún periodo de gestación cuenten con una “atención prenatal”, a fin de vigilar la correcta evolución del embarazo (evitando poner la vida en riesgo de los pacientes) y de esta manera brindar una adecuada preparación de las pacientes para el parto, el puerperio y el manejo del recién nacido.

Es muy importante el cuidado de la madre y el recién nacido, puesto que el “periodo neonatal” que comprende de 28 días a partir del nacimiento es fundamental para saber si la vida del bebé será viable, tendrá alguna complicación durante su crecimiento o en dado caso morir.

Son innegables los avances en materia de reducir las muertes maternas y perinatales. La Secretaría de Salud, SSa, durante los últimos años ha instrumentado programas de salud materna, los cuales, entre otras cosas, han permitido identificar y atender a las mujeres que se encuentran en riesgo de sufrir complicaciones durante su embarazo.

No hay mayor evidencia que el Programa de Salud Materna que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el Plan Sectorial de Salud 2013-2018, en el cual está orientado a acelerar la obtención de resultados de impacto en salud materna y perinatal.

Dicho programa maternal se encuentra dentro el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), creada como respuesta a la obligación del PND de contar con una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno.

Puesto que en dicho programa se busca reducir la mortalidad materna y fortalecer la atención perinatal con enfoque de interculturalidad. Atendiendo cualquier situación obstétrica de manera oportuna, monitoreando desde el inicio del embarazo el correcto desarrollo del feto hasta después de nacido el bebé.

Las acciones más importantes y destacables que se tienen con estas nuevas disposiciones se encuentran dirigidas a:

1. impedir la transmisión perinatal de sífilis y VIH, mediante su detección y tratamiento oportunos;

2. promover la adecuada nutrición, la prescripción de hierro y ácido fólico, y multivitamínicos, así como, evitar el uso y abuso de sustancias tóxicas y adictivas para prevenir bajo peso y daños en el feto;

3. enfatizar sobre las ventajas de la lactancia materna y el espaciamiento de los embarazos a través de la adopción de un método anticonceptivo posparto;

4. reafirmar el derecho universal a la salud sexual y reproductiva, la opción libre e informada, el respeto a la integridad física y el derecho a no sufrir discriminación ni coerción en todos los asuntos relacionados con la vida sexual y reproductiva de las personas;

5. si llegara a existir alguna complicación no diagnosticada de manera oportuna y que ésta evolucione a una forma severa, la atención de urgencias obstétricas será una prioridad todos los días del año, sea o no derechohabiente de alguna las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que atienden urgencias obstétricas; y

6. atender la violencia que sufren las mujeres, puesto que tiene efectos negativos en la salud emocional y física de la mujer embarazada y complicaciones graves en su salud sexual y reproductiva.

El último punto llega a ser de vital importancia debido a que la violencia sexual y la violencia a la mujer pueden ocasionar embarazos no deseados, problemas ginecológicos, abortos provocados e infecciones de transmisión sexual, entre ellas, la infección por sífilis y/o VIH.

Es importante que se atiendan estos actos de violencia, puesto que son agravantes ajenas a alguna complicación médica natural que se pueda generar durante esta etapa materna.

Abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer son solo algunos ejemplos de los daños que se pueden generar por la violencia, para lo cual es necesario realizar acciones de prevención primaria de la violencia familiar y de género, así como canalizar a servicios especializados a las mujeres que la viven, sobre todo si se encuentran en etapa gestacional.

Las unidades médicas de todo el país tienen que estar ampliamente preparadas para atender las emergencias obstétricas. Las clínicas y hospitales tienen que contar con quirófanos, instrumental, profesionales de la salud capacitados y con programas de vigilancia postparto, con el objetivo único de salvar vidas.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que la mayoría de las muertes maternas y perinatales pueden ser prevenibles con una adecuada atención médica. En México, durante el año 2011 se tenían datos relacionados a que alrededor de la mitad de las intervenciones médicas se han hecho por la especialidad de ginecología y obstetricia según datos del Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios.

Y para el año 2012 el número de muertes se disminuyó de manera considerable en comparación con años anteriores, puesto que datos del “Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas”, por cada 100 mil nacimientos existen 49.4 muertes maternas.

Estos datos pueden ser aún más bajos si se atendieran de manera oportuna los embarazos, sin embargo, la discriminación que existe en ciertos centros médicos u hospitales, la no atención de verdaderas emergencias obstétricas por el simple hecho de no encontrarse registradas en la clínica en la que se quiere atender y los excesivos costos en centros hospitalarios privados han sido situaciones que elevan el número de muertes.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos con la atención médica que se debe brindar a todas aquellas mujeres que pasan por la etapa de maternidad, puesto que constitucionalmente es de suma importancia proteger la salud de todo mexicano, en este caso, del proceso clínico que deben de llevar antes y después del nacimiento materno.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en coordinación con sus homologas en las 32 entidades federativas, a fortalecer las acciones de salud materna y perinatal encaminadas a mejorar la calidad de los servicios para la atención de las emergencias obstétricas.

Dado en el salón de Plenos del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva sobre el destino de los recursos asignados por la actual administración a la estrategia de combate a la inseguridad pública, ante el incremento sistemático del número de delitos en la entidad. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad pública es un derecho fundamental de las personas, ya que permite garantizar su integridad física, patrimonio e inclusive su propia vida. Se trata de una una tarea compleja que exige la estrecha coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, como lo estipula el artículo 21 constitucional.

No obstante la trascendencia de este asunto para toda sociedad, cabe destacar que con base en datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de delitos ha creciendo de manera sostenida en el estado de Guanajuato.

Basta señalar que entre enero y octubre de 2016, se presentaron 88 mil 774 denuncias, cifra que representa un aumento de 12 por ciento con respecto al mismo periodo de 2015 y de 35 por ciento con relación al 2013. Tan sólo en el mes de octubre, se cometieron 9 mil 151 delitos del fueron común, un incremento de 6.3 y 15 por ciento respecto al mismo mes de dichos años, respectivamente.1

Lo anterior, no obstante que el gobernador, Miguel Márquez Márquez, impulsó desde el 2014 el Programa Integral de Seguridad “Escudo”, a fin de convertir a la entidad en una de las más seguras del país, con una inversión de 2 mil 700 millones de pesos y un despliegue de recursos tecnológicos sin precedente.2

De acuerdo con diversos medios periodísticos existen fallas en los arcos de videovigilancia y no hay cifras oficiales de los botones de pánico que han sido instaladas, así como de aquellos que se encuentran en función, e inclusive, se reportan algunos que si bien han sido instalados no funcionan correctamente. 

Ello permite confirmar que el programa no ha dado los resultados esperados para contener los crecientes niveles de inseguridad. Ante este panorama, en días pasados, el gobernador presentó una nueva estrategia denominada “Guanajuato Unido por la Seguridad”, encaminada a generar mayor inversión con recursos públicos y privados, a través de la cual se invita a los empresarios a participar en fideicomisos para mejorar los entornos y otorgar becas que coadyuven a mejorar los índices de inseguridad en la entidad.3 

La estrategia se sustenta en cuatro pilares, a saber: una policía fuerte y confiable, comunidades dignas, una sociedad participativa, y familia y valores. Pretende involucrar 20 dependencias para trabajar en 50 polígonos en todo el estado que cuentan con problemas de desintegración familiar, consumo de drogas, pandillerismo e inseguridad.

Otras medidas adicionales son el programa “Amigos del tren”, que involucra a las empresas ferroviarias para  otorgar 3 mil becas a los menores de edad que viven en las inmediaciones de las vías, a efecto de evitar los saqueos; modernizar su infraestructura y equipamiento de los cuerpos policiacos; mejores prestaciones a los policías estatales, como un incremento salarial del 10 por ciento; dignificar sus viviendas y becas educativas para sus hijos; entre otras.

El artículo 66 de la Constitución Política estatal, así como la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, otorgan a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato atribuciones para fiscalizar la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal y los Organismos Autónomos y en general los que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo.4
 
Establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato tiene entre sus atribuciones analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría. Si del examen que se realice aparecieran diferencias entre los ingresos o los egresos, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades conforme la Ley.

Asimismo, realizará auditorías de desempeño en el cumplimiento de objetivos y metas contenidos en los programas y sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, y podrá investigar hechos denunciados sobre presuntas irregularidades en el manejo, aplicación o custodia de los recursos públicos, y en su caso, ordenar la práctica de una auditoría o remitir al Congreso del Estado el expediente para los efectos de su competencia.

Garantizar la seguridad pública a todos los guanajuatenses es una facultad del titular del Poder Ejecutivo estatal, por lo que es urgente que se investigue el destino de los recursos millonarios asignados para tal propósito, ante las presuntas irregularidades y la ineficacia de la estrategia implementada, y, en caso de acciones u omisiones, se castigue conforme a la Ley a los presuntos responsables, de acuerdo a la normatividad vigente.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos en que el ejercicio de los recursos públicos debe realizarse con transparencia y eficacia, en beneficio de los ciudadanos 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Congreso del estado de Guanajuato para que a través de la Auditoría Superior de la entidad y en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación exhaustiva sobre el destino de los recursos asignados por la actual administración a la estrategia de combate a la inseguridad pública, ante el incremento sistemático del número de delitos en la entidad.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus facultades, se realice una investigación sobre el destino de los recursos federales orientados a la estrategia de combate a la inseguridad pública en el Estado de Guanajuato, a efecto de que se ejerzan con transparencia, oportunidad y eficacia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente.

1 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_102016.pdf

2 http://noticias.guanajuato.gob.mx/2014/04/15/pone-en-marcha-el-gobernador-miguel-marquez-marquez-el-programa-de-seguridad-escudo/

3 http://zonafranca.mx/lanza-marquez-estrategia-contra-la-inseguridad-a-billetazos-anuncia-creacion-de-fideicomisos-publico-privados/

4 http://www.congresogto.gob.mx/leyes





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y al Congreso del estado de Puebla a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación al manejo de recursos realizado por el gobernador del estado de Puebla durante la presente administración, debido a la presunta comisión de acciones tendientes a ocultar una deuda pública superior a los 76 mil millones de pesos en la entidad. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia y la rendición de cuentas, son principios fundamentales e inherentes a todo régimen que se asuma como democrático, cuya observancia y respeto son vitales para el óptimo desarrollo de la población.

El primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal dispone que: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

En contravención a lo anterior, en días recientes se dio a conocer en diversos medios de comunicación que de acuerdo con estudios realizados por el Dr. Eudoxio Morales Flores -investigador de la Benemérita Universidad Nacional Autónoma de Puebla (BUAP) y especialista en finanzas públicas-, el Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas es el responsable de ocultar una deuda pública de 76 mil millones de pesos en la entidad (ocho veces superior a la que heredó en 2011).

Sobre el particular, el propio catedrático e investigador ha precisado que “está utilizando a la estructura del gobierno para blanquear dinero”1, además de que la cantidad de recursos públicos futuros, están siendo comprometidos “de manera oculta”.

Para ponderar la gravedad del asunto y la urgencia de que las imputaciones sean esclarecidas sin mayor dilación, es oportuno hacer mención de los hallazgos más relevantes que han sido evidenciados en fechas recientes2:

• En el ámbito normativo, se ha cuestionado que en septiembre de 2012 el actual Gobernador del estado de Puebla, presentó una modificación al Artículo Sexto de la Ley Estatal de Deuda Pública, con la cual se estableció que no constituyen deuda pública los proyectos de inversión para la prestación de servicios de largo plazo o los proyectos o contratos relacionados con obra pública o bienes. Cabe mencionar que en otras ocasiones, esta situación ya ha sido advertida desde el Senado de la República.

• Posteriormente, en noviembre de 2012 la Secretaría de Finanzas del Estado suscribió el Fideicomiso 144, al que según refieren diversos medios de comunicación, llegan los recursos públicos destinados a pagar “todo tipo de obligaciones que contraiga el   estado”.

• Con la firma del Fideicomiso 144, se creó la empresa Evercore, a través de la cual el titular del Ejecutivo estatal ha podido llevar a cabo la construcción de obras y comprometer ingresos de la entidad sin que dichas erogaciones se reflejen en el monto final de la deuda pública3

• Los cambios a la legislación en comento y el manejo que se ha dado al Fideicomiso, han permitido a Evercore llegar a administrar alrededor de 550 mil millones hasta 2062. Así, en lugar de que dichos recursos pudieran ingresar a la Hacienda del estado, llegarán al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/0144.

• Lo anterior se torna aún más grave si tenemos en cuenta que bajo el esquema en comento, los costos de diversas obras serán superiores a los anunciados de manera oficial debido a los intereses pactados a tasas anuales de entre 9.5 y 13.5%. Por si esto no fuera suficiente, se garantiza de manera indefinida el pago de cuanta deuda contraiga el mandatario.

• Un ejemplo de las anomalías y ocultamiento de información es el Museo Barroco, obra que fue construida bajo el esquema de PPS y que en diciembre del año pasado fue valuado en siete mil 280 millones de pesos, pero que en realidad, según indican los estudios dados a conocer, se pagará en 23 años a una tasa anual de 9.63%, lo que hará que el costo real ascienda a 18 mil 337 millones de pesos. 

Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que el Senado de la República no puede ni debe ser omiso o indiferente, por el contrario, debe contribuir e impulsar el desarrollo de las acciones que hagan asequible el esclarecimiento de los hechos para que, en su caso, se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación y al Congreso del estado de Puebla para que, en el marco de sus funciones, lleven a cabo las investigaciones correspondientes en relación al manejo de recursos realizado por el Gobernador del Estado de Puebla durante la presente administración, debido a la presunta comisión de acciones tendientes a ocultar una deuda pública superior a los 76 mil millones de pesos en la entidad.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente.

1 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/11/29/exigen-la-camara-diputados-investigar-deuda-oculta-76-mil-mdp-moreno-valle/

2 http://www.sinembargo.mx/28-11-2016/3120239

3 http://www.sinembargo.mx/14-10-2016/3103757





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar una investigación en relación a las acciones u omisiones de funcionarios públicos de la Delegación Cuauhtémoc que permitieron la destrucción de inmuebles que forman parte del catálogo de Inmuebles Declarados Monumentos con Valor Artístico. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La delegación Cuauhtémoc es uno de los órganos políticos administrativos más importantes de la Ciudad de México, tanto por su actividad económica, como por su importancia cultural.

En este sentido, la delegación Cuauhtémoc cuenta con diversos Inmuebles Declarados Monumentos con valor Artístico, es decir, inmuebles que por decreto expedido por el Presidente de la República o en su caso por el Secretario de Educación Pública, cuentan con una amplia representación en el contexto urbano, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, así como materiales y técnicas utilizadas en su construcción.1

El gobierno delegacional en Cuauhtémoc lejos de instrumentar las acciones que contribuyan a preservar este patrimonio cultural ha incurrido en diversas omisiones que han tenido como consecuencia la destrucción o el daño de este tipo de inmuebles:

• El 3 de noviembre de 2015,  el Instituto Nacional de Bellas Artes, solicitó a la delegación Cuauhtémoc la verificación y la suspensión inmediata de obras realizadas al interior del inmueble ubicado en el número 144 de Tonalá, en la colonia Roma Norte, el cual a pesar de esta solicitud fue modificado para ser utilizado como un restaurante, esto a pesar de forman parte del catálogo de inmuebles con valor artístico.

• El 9 de mayo de 2016, el INBA solicitó a la Delegación Cuauhtémoc, que se detuvieran las obras en una casa declarada como de  valor artístico en el año de 1982, ubicada  en  el número 169 de la calle de Mérida, en la colonia Roma Norte, sin embargo, esta fue demolida en el mes de agosto.

• Otros inmuebles afectados de manera irreparable, a pesar de las advertencias del INBA y de los vecinos a la delegación de que estas iban a demolidas, se ubican en: Hamburgo 169, Oaxaca 85, Mérida 56, Mérida 169, Atlixco 34, Zacatecas 194, Guanajuato 168, Querétaro 51, Mérida 234, Insurgentes Sur 341.2

Estos daños al patrimonio cultural de la delegación, tienen una constante, que es la de propiciar el desarrollo de la industria inmobiliaria a costa del patrimonio cultural, en virtud de que en la mayor parte de los inmuebles demolidos se comienzan a construir edificios departamentales.

Está situación pone de manifiesto otra problemática, que es la relacionada a la violación del uso de suelo y a una presunta red de corrupción que expide permisos de manera irregular.

De acuerdo a una investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, para que los desarrolladores inmobiliarios puedan iniciar sus trabajos, sin contar con la autorización del INBA, éstos acuden a un gestor que se ocupa de facilitar todos los trámites burocráticos.

"existe un equipo de gente que trabaja en la delegación pero que no forma parte de la estructura de la delegación. Oficialmente no trabajan ahí, pero sí traen chalecos, gafetes, todo. Les dan las facilidades. A través de ellos se hacen las negociaciones para que puedas trabajar sin papeles"3

Sin duda, la corrupción ha sido uno de los principales distintivos de la administración de Ricardo Monreal al frente de la delegación Cuauhtémoc, basta recordar, la detención del titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano Padilla, en Polanco por portar  600 mil pesos en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su procedencia lícita y presumiblemente procedían de las extorsiones que el funcionario realizaba a los restauranteros de la zona para que pudieran operar de manera indebida.

Los legisladores del PRI condenamos estos hechos que atentan contra el patrimonio y derechos culturales de los capitalinos. Consideramos que las acciones y omisiones del Jefe Delegacional que derivaron en daño al patrimonio histórico y diversas violaciones al uso de suelo deben ser investigadas por las instancias correspondientes y en su caso se debe aplicar las sanciones que conforme a derecho procedan.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación en relación a las acciones u  omisiones de funcionarios públicos de la delegación Cuauhtémoc que permitieron la destrucción de inmuebles que  forman  parte del catálogo de Inmuebles Declarados Monumentos con valor Artístico.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva ante las autoridades correspondientes, las acciones que conforme a derecho procedan en contra el Jefe Delegacional en Cuauhtémoc,  que por acción u omisión  permitieron la destrucción de inmuebles que  forman  parte del catálogo de Inmuebles Declarados Monumentos con valor Artístico.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que a través de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, lleve a cabo una auditoría por  diversas acciones  u omisiones que derivaron en violaciones al uso de suelo en la delegación Cuauhtémoc.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2016.

Atentamente.

1 Inmuebles Declarados Monumentos con Valor  Artístico, < http://www.inba.gob.mx/transparencia/Inmuebles>  Consultado el 5 de diciembre de 2016.

2 El Efecto Monreal, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, <
https://contralacorrupcion.mx/factormonreal/> Consultado el 5 de diciembre de 2016.

3 Ibíd.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno municipal de Morelia a implementar las acciones que le corresponden como parte de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género emitida por la Secretaría de Gobernación el pasado 27 de junio para 14 municipios del estado de Michoacán de Ocampo, con especial atención en las colonias Villas del Pedregral y Ciudad Jardín de la capital michoacana. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A través de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) se activa todo un mecanismo a través del cual se implementan en un territorio determinado, las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establece la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En ella se determinan los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1

En dicho ordenamiento legal se estipula que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se emite cuando: 2

• Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame.

• Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

• Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

En el artículo 23º de la misma, se decreta que mediante la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se deberá:

• Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo.

• Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida.

• Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres.

• Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres.

En este tenor, el 27 de junio pasado la Secretaría de Gobernación (SEGOB) notificó la puesta en marcha de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 14 municipios del Estado de Michoacán: Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. 3

El día que se emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Michoacán, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que su implementación fue una acertada decisión del Gobierno Federal, y que también representaba una gran oportunidad del Gobierno del Estado para atender de manera integral y eficaz, esta grave problemática.

En esa misma ocasión exhortamos al Gobierno del Estado de Michoacán para que, independientemente de la Alerta de Violencia de Género ya emitida para 14 municipios, institucionalizara las políticas públicas que permitieran prevenir y erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres en los 113 municipios de la entidad.

A principios del año, Morelia destacaba por contabilizar el mayor número de feminicidios en la entidad. 4 No obstante a ello, a principios del mes de noviembre, la representante de la Asociación Civil “Leonas de la Corregidora”, señaló que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) han impedido el flujo de información respecto a las cifras de feminicidios en Michoacán. 5

Desde su punto de vista, las autoridades estatales ocultan las estadísticas ya que estas son punto de partida para medir las acciones de las autoridades luego de haberse implementado el Decreto de la Alerta de Violencia de Género, y porque no existe una “prevención real” de hechos violentos.

Por su parte el Presidente Municipal de Morelia, también sin dar datos o cifras precisas sobre el tema de la violencia de género, señaló a mediados de noviembre que hay dos colonias de la capital michoacana que concentran alta incidencia, estas son Villas del Pedregal y Ciudad Jardín.

De acuerdo al Alcalde moreliano, ambas colonias poseen elevada densidad  poblacional y marcadas carencias económicas, que combinadas han desencadenado el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres.6

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Municipal de Morelia a implementar, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, las acciones que le corresponden como parte de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género emitida por la Secretaría de Gobernación el pasado 27 de junio para 14 municipios del Estado de Michoacán de Ocampo; con especial atención en las colonias Villas del Pedregral y Ciudad Jardín de la capital michoacana.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de diciembre de 2916.

Atentamente.

1 http://www.gob.mx/inmujeres/prensa/sobre-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007

3 http://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-alerta-de-violencia-de-genero?idiom=es

4 https://www.quadratin.com.mx/principal/Morelia-municipio-mas-feminicidios-Michoacan-este-ano/

5 http://www.mimorelia.com/ssp-y-pgje-mantienen-en-opacidad-cifras-de-feminicidios-en-michoacan/

6 https://www.quadratin.com.mx/morelia/registran-2-colonias-mayor-incidencia-violencia-genero-en-morelia/





 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a realizar las investigaciones y recopilación de estadísticas que permitan conocer las causas y efectos sobre los hechos delictivos que derivan en feminicidios. Se turna a la a la Comisión de Seguridad Pública.

El que suscribe, Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República, con respeto a la Soberanía de las Entidades Federativas, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para que se realicen las investigaciones y la recopilación de estadísticas, que permitan conocer las causas y efectos sobre los hechos delictivos que derivan en feminicidios, para evaluar las políticas públicas en materia de prevención, disuasión, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en Baja California Sur, con el objeto de dar resultados efectivos en contra de las actividades delictivas que resultan en feminicidios, y así, disminuir los índices de violencia contra las mujeres.

CONSIDERACIONES

En la actualidad existen diversas problemáticas que atentan contra los derechos humanos. Un claro ejemplo es la violencia contra las mujeres, situación de la que México no está exento y que ha provocado el interés de diversos sectores de la población, en especial de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

La violencia contra las mujeres y niñas tiene muchas expresiones: la psicológica, la física, la sexual (acoso y abuso sexual) la económica, y se observa su presencia de forma indistinta, en los sectores públicos y privados: en las escuelas, en los diferentes tipos de servicios que brinda el Estado, así como en el ámbito laboral y familiar.

Estas conductas violentas se dan contra mujeres y niñas sin importar el estrato social al que pertenezcan, sin embargo, se advierte una mayor presencia de violencia efectuada en contra de mujeres y niñas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad por su edad, condición física o pertenencia étnica, sobre todo porque disponen de menos recursos para enfrentar las acciones lesivas en su perjuicio, constituyendo uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática.

Cabe destacar que a nivel internacional han existido importantes esfuerzos jurídicos por sancionar, evitar y erradicar los distintos tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas, mismos que han sido plasmados en la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), específicamente la recomendación número 19 en la cual se menciona la necesidad de que los Estados parte “alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella”. “Un Estado que no cuente con información estadística clara y suficiente sobre el índice y  características del feminicidio o femicidio, difícilmente podrá cumplir con su obligación de prevención de esta forma extrema de violencia contra las mujeres.” (OACNUD, 2009, p. 41).

Asimismo, un Informe del Secretario General de la ONU señala: “En la mayoría de los países los datos policiales y forenses sobre los homicidios son incompletos, y frecuentemente no brindan una información básica acerca de las circunstancias de la muerte o la relación entre la víctima y el infractor. En varios los países donde los datos sobre los homicidios ni siquiera se desagregan por sexo de la víctima.” (Naciones Unidas, 2006a: 78).

Por lo que se refiere al ámbito nacional, era necesario crear un marco jurídico que se enfocara en la protección de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas, y con ello dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales en la materia de los que el país es parte.

Por tal motivo, y tomando como base las Convenciones Internacionales antes mencionadas, el 1 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene como objetivo el prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar.

Esta Ley presenta varias modalidades de violencia contra las mujeres, siendo la violencia feminicida en la que nos enfocaremos para los fines del presente punto de acuerdo.

Diversos autores, consideran al feminicidio como un neologismo, entendiéndose esta figura como: las muertes intencionales y violentas de mujeres y niñas, por su sola condición de género, que surge en un contexto de permisibilidad social, donde lamentablemente existe una gran impunidad.

La expresión muerte violenta enfatiza la violencia como determinante de la muerte y desde una perspectiva penal incluirían las que resultan de delitos como homicidio simple o calificado (asesinato) o parricidio en los países en que aún existe esta figura1.

Respecto al ámbito jurídico penal en nuestro país, en el artículo 325 del Código Penal Federal, se establecen los elementos normativos del tipo penal del feminicidio, los cuales son:

• Privar de la vida

• Que el sujeto pasivo sea mujer

• Que exista alguna de las razones de género enlistadas en el artículo mencionado.

Es preciso señalar que la diferencia entre los delitos de homicidio y feminicidio es la existencia de alguna razón de género, como puede ser que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; entre otros.

Derivado de la tipificación de esta figura penal, diversas entidades federativas han incluido el delito de feminicidio en sus respectivos Códigos Penales, con la finalidad de atender un fenómeno social que vulnera derechos y libertades consagradas en nuestro máximo ordenamiento jurídico nacional.

Habría que decir también, que el Estado de Baja California Sur, incluyó al feminicidio como una de las agravantes del delito de homicidio en su legislación penal, en un esfuerzo por hacer frente a tal fenómeno criminal.

Derivado de lo anterior, diversas organizaciones de la sociedad civil, se han encargado de difundir acontecimientos tan lamentables como la muerte de mujeres y niñas que se han suscitado en nuestra entidad, exigiendo a las autoridades una serie de políticas públicas que permitan erradicar en su totalidad la presencia de dicha actividad criminosa, así como el esclarecimiento de muchos homicidios perpetrados en contra de mujeres sudcalifornianas.

Al respecto, es importante señalar que entre 2013 y 2015, 6,488 mujeres fueron privadas de la vida, según datos obtenidos de las estadísticas del INEGI. De lo anterior se desprende que hubo un 46% más que en el periodo entre 2007 y 2009.