Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 24 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 30

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 30 de Noviembre de 2016

SUMARIO                                              


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COMUNICACIONES

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con las que remite:

Informe de las actividades realizadas durante su visita de trabajo a Ginebra, Suiza, del 1 al 4 de junio de 2016.

El informe del proceso de revisión de la implementación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Sesión Anual de la Comisión para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, celebradas en Nueva York, Estados Unidos, del 20 al 25 de junio de 2016.

El informe sobre la visita en el marco del Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “Elevar la productividad para el desarrollo inclusivo”, a la que acudieron ella y la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, en París, Francia, del 31 de mayo al 1 de junio de 2016; y

El informe de su participación, conjuntamente con las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara y Silvia Guadalupe Garza Galván, en el 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York, Estados Unidos, del 19 al 22 de septiembre de 2016.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS Y DE LA LEY DE PUERTOS

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Javier Lozano Alarcón, a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; y Ricardo Barroso Agramont, a nombre de la Comisión de Marina.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Raúl Aarón Pozos Lanz, Francisco Salvador López Brito, Manuel Cárdenas Fonseca, Layda Sansores San Román, Anabel Acosta Islas, se inserta su intervención; Ismael Hernández Deras, se inserta su intervención; Hilda Ceballos Llerenas y Jorge Luis Lavalle Maury.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. Se remite a la Cámara de Diputados.































































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:40 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 70 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del miércoles 30 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuentaminutos del díamartes veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y cincociudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Turismo, su informe de actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, el informe de actividades durante la V Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que tuvo lugar los días 10 y 11 de noviembre de 2016, en el Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, Chile.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Benjamín Robles Montoya, su Cuarto Informe de Actividades Legislativas.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el 29 de noviembre de 2016, a efecto de asistir a las exequias del comandante Fidel Alejandro Castor Ruz.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, correspondiente al primer semestre de 2016.- Se remitió a la Comisión de Energía.

 

Se recibió del Banco de México, el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre julio-septiembre de 2016, así como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho período, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Informe Especial sobre las Condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto porel que se reforma la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto porel que se adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto porel que se reforman y adicionan los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto porel que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de centros penitenciarios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto porel que se reforma el artículo 135 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, para establecer un vínculo entre el Senado de la República y las entidades federativas, en el marco de las actividades desarrolladas por el Comité para la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que el Senado de la República determina se adquiera el inmueble denominado “Teatro de la República”, ubicado en el estado de Querétaro.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

(Iniciativas)

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Energía Geotérmica, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre propio y de Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con respecto de la designación del Fiscal General de la República y los Fiscales Especializados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, a nombre propio y del Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Medalla de Honor Belisario Domínguez.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del expresidente de Cuba, Comandante Fidel Castro Ruz.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, dio paso a los posicionamientos de los grupos parlamentarios en relación al fallecimiento del expresidente de Cuba, Comandante Fidel Castro Ruz.- La Presidencia sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva para normar las intervenciones de los senadores. Sin discusión el Acuerdo fue aprobado en votación económica. De conformidad con el Acuerdo aprobado, intervinieron los Senadores: Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT; Luis Sánchez Jiménez del PRD; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que las comisiones entregaron una versión modificada del dictamen, con adecuaciones de técnica legislativa. Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de  Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que las comisiones entregaron una versión modificada del dictamen, con adecuaciones de técnica legislativa.Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara 2017 como el "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".- Quedó de primera lectura.

 

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo por el que se aprueba la designación del ciudadano Alejandro Díaz de León Carrillo, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, para el período comprendido del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2024.-En la discusión intervinieron los Senadores: Mario Delgado Carrillo del PRD; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. El Acuerdo fue aprobado por 83votos a favor. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado:

1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto que adicionaba los artículos 77 Bis 36 y 77 Bis 37 de la Ley General de Salud.

2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud.

3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar un artículo 52 Bis a la Ley General de Salud.

Sin discusión, los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a reforzar los trabajos para posicionar a México como un destino turístico seguro para los visitantes extranjeros, con especial impacto en el mercado canadiense.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Comisión de Educación, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar la inclusión de la perspectiva de derechos humanos como eje transversal y articulador de la Propuesta Curricular para Educación Básica y Media Superior, presentada en el marco del Modelo Educativo 2016, conforme a las recomendaciones remitidas por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 5 de octubre del año en curso.

2. Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a reforzar o, en su caso, reorientar las acciones centradas en los posgrados de alta calidad, a efecto de incrementar el número de personas que inician y culminan los estudios de posgrado en áreas prioritarias para el país.

3. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a reforzar las campañas informativas y de concientización para fomentar el uso responsable de las redes sociales entre niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir que sean víctimas de ciberdelitos.

4. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a vigilar que la administración de la disciplina escolar fijada en los reglamentos escolares sea compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que sean contrarias a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

5. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar una campaña informativa dirigida a difundir el derecho de las y los estudiantes de educación media superior y superior a acceder al Seguro Facultativo, así como de los mecanismos para tramitarlo.

Sin discusión, los cinco dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de Gobernación, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Comisión      Ejecutiva de Atención a Víctimas a garantizar la debida atención a las víctimas durante el tiempo en que su integración se encuentre incompleta y hasta en tanto concluye el proceso legislativo en el Congreso de la Unión respecto de las reformas a la Ley  General de Víctimas; asimismo exhorta a la Cámara de Diputados a discutir y, en su caso, aprobar en este periodo ordinario de sesiones la minuta de reformas a la Ley General de Victimas.

2. Que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas a verificar el cumplimiento del mandato contenido en el octavo párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección del derecho a la identidad y derechos conexos, específicamente para garantizar la gratuidad en la expedición de la primera copia certificada del registro de nacimiento.

3. Que exhorta a los gobiernos de las 32 Entidades Federativas a llevar a cabo campañas de orientación e información sobre los requisitos, elementos y características del proceso de rectificación, modificación y aclaración de errores, vicios o defectos presentes en las actas de nacimiento, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la identidad.

4. Que exhorta a las Entidades Federativas a emprender un programa intensivo de registro para todas las personas que aún no cuenten con acta de nacimiento.

5. Que exhorta al gobierno federal, a los órganos constitucionales autónomos, a los gobiernos de las Entidades Federativas y a las instituciones de educación que analicen la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad.

6. Que exhorta al Poder Ejecutivo a continuar fortaleciendo la Organización de los Estados Americanos para el desarrollo de las Misiones de Observación Electoral desplegadas con motivo de las jornadas electorales en diversos países.

7. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a decretar el 2015  como “Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón, en el ducentésimo quincuagésimo aniversario de su natalicio y bicentenario de su sacrificio”.

Sin discusión, los siete dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diez dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Consejo de Salubridad General a llevar a cabo una revisión exhaustiva y actualización integral del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, a fin de depurar y sustituir los medicamentos y productos obsoletos. Asimismo, considerar la inclusión o permanencia de los insumos que causen el menor impacto negativo al medio ambiente, tanto en su elaboración, utilización y generación de residuos.

2. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer sus campañas encaminadas a diagnosticar de manera oportuna, prevenir y erradicar la insuficiencia renal en nuestro país.

3. Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a promover campañas enfocadas en la prevención y detección de discapacidad visual, específicamente de las cataratas.

4. Que exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo Nacional de Salud Mental, la Comisión Nacional contra las Adicciones, las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil a fortalecer las acciones de prevención, investigación científica y capacitación profesional del personal médico y de recursos humanos, con el objetivo de detectar y atender de manera más eficiente a las personas en riesgo de suicidio.

5. Que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como a sus homólogas en las entidades federativas a promover el establecimiento de centros de análisis de tamiz metabólico de fibrosis quística; así como a vigilar el funcionamiento adecuado de los instalados en la Ciudad de México, Guadalajara y Mérida.

6. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la seguridad de los edulcorantes no calóricos (artificiales), para ser consumidos por el ser humano.

7. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre los avances en el cumplimiento de la meta para disminuir a cero los embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad, así como los objetivos alcanzados de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes.

8. Que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar y, en su caso, actualizar los protocolos de atención de pacientes en salud bucodental, con la finalidad de que los profesionales de salud cuenten con las instalaciones, instrumentos, insumos y tiempo necesario para brindar la atención adecuada.

9. Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un estudio con las herramientas y recursos disponibles sobre la campaña de vacunación de dengue a nivel nacional pendiente; asimismo, a revisar la eficacia de sus protocolos de prevención y erradicación del virus de Zika y Chikungunya implementado en México, especialmente en los estados de Veracruz, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

10. Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a incrementar infraestructura y programas de capacitación y especialización al personal médico relacionado con el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, los diez dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó de las ampliaciones y rectificaciones de turno que la Mesa Directiva autorizó en su reunión de este día, como lo permite el artículo 177 del Reglamento.

Se amplió el turno a los siguientes proyectos de Decreto:

1) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales, presentado el 17 de noviembre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda y

2) El que reforma la fracción segunda del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático, presentado el pasado 17 de noviembre, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos y para opinión de la Comisión Especial de Cambio     Climático y

Se rectificó el turno al proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General para Evitar el Desperdicio Alimentario, presentado el 18 de octubre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos.

La Presidencia ratificó los turnos, instruyó su publicación en la Gaceta informó que el plazo para emitir dictamen empezará a contar una vez que las comisiones sean notificadas.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 143 y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a fortalecer las medidas de prevención en las vialidades, transporte y espacios públicos a efecto de combatir los actos delictivos perpetrados por delincuentes en motocicletas y así garantizar la integridad, la seguridad y bienes de los habitantes de las 16 demarcaciones territoriales.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 31 Entidades Federativas y al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir y atender a la población afectada por los frentes fríos presentes.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que convoca a los actores relevantes, especialistas en la materia, grupos interesados, universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y colegios de profesionistas a participar en un diálogo nacional por la biodiversidad y su normatividad.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo en relación al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar acciones para promover una alimentación sana y la activación física en los centros de trabajo, a fin de prevenir y atender de manera oportuna los problemas de obesidad, sobrepeso y diabetes.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Dominicana afectado por las fuertes lluvias en el norte del país.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de la República a no autorizar líneas de crédito o empréstitos que soliciten los ayuntamientos de sus respectivas entidades que no cuenten con capacidad de pago y cuya finalidad sea la realización de obras no consideradas prioritarias para el desarrollo y el interés general.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Entidades Federativas a sumarse a los esfuerzos de las autoridades federales en las labores de identificación, ayuda y protección de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados, en contexto de migración internacional en su tránsito por México.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a implementar programas y campañas para promover la actividad física y el deporte dentro y fuera del lugar de trabajo, a fin de impulsar la actividad física en los trabajadores y así reducir los índices de obesidad y sobrepeso que tanto afecta la salud.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Emilio Gamboa Patrón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se sugiere la emisión de billetes conmemorativos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de su centenario.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a realizar diversas acciones a favor de la promoción de la activación física.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los gobernadores y presidentes municipales de la frontera norte del país a coordinar esfuerzos para el establecimiento de fronteras humanizadas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a establecer una campaña de comunicación y concientización permanente para promover la inclusión financiera y fomentar los mecanismos de ahorro formal entre la población.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los de las entidades federativas a intensificar las campañas de comunicación y concientización que promuevan la igualdad, así como el combate a la discriminación y la violencia contra las mujeres.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a analizar la situación financiera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y proponga soluciones en conjunto con las autoridades universitarias.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a llevar a cabo una investigación exhaustiva por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y material médico del sistema de salud pública del estado.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a atender con prontitud, oportunidad y eficiencia diversas irregularidades identificadas en el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Doctor y General Rafael Moreno Valle”.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Manuel Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura a producir, publicar y transmitir distintos materiales audiovisuales y bibliográficos destinados a conmemorar el centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Manuel Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República, a través del titular del Servicio Postal Mexicano, y a la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a decretar la emisión y cancelación de estampillas postales y billetes de lotería, respectivamente, conmemorativos del centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se reconoce y felicita al Doctor Alejandro Hernández Cárdenas Rodríguez por la obtención de la patente de la “rehidratación y conservación de tejidos blandos de cadáveres momificados con fines forenses y diagnóstico de causa de muerte”.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para realizar sesión solemne en homenaje al comandante Fidel Castro Ruz.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República que expresa sus condolencias al gobierno de la República de Cuba por el fallecimiento del expresidente Comandante Fidel Castro Ruz.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

(Efemérides)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 105 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el fallecimiento de Fidel Castro Ruz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Nacional de la Conservación. - Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Armada de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el 105 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional de la Conservación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Artista, Intérprete o Ejecutante.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Sida.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con treinta y dos minutos y citó a la siguiente el miércoles treinta de noviembre a las once horas.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron comunicaciones suscritas por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con las que remite:

El informe de las actividades realizadas durante su visita de trabajo a Ginebra, Suiza, del 1 al 4 de junio de 2016.



El informe de proceso de revisión de la implementación de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Sesión Anual de la Comisión para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, celebradas en Nueva York, Estados Unidos, del 20 al 25 de junio de 2016.



El informe sobre la visita en el marco del Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “Elevar la productividad para el desarrollo inclusivo”, a la que acudieron ella y la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, en París, Francia, del 31 de mayo al 1 de junio de 2016.



Y el informe de su participación, conjuntamente con las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara y Silvia Guadalupe Garza Galván, en el 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York, Estados Unidos, del 19 al 22 de septiembre de este año en curso.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país del Buque Escuela ARM “CUAUHTÉMOC” (BE 01), a fin de realizar el crucero de instrucción “CENTENARIO DE LA CONTITUCIÓN”, durante el periodo del 5 de febrero al 21 de noviembre de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el informe de la Visita de Estado del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a Colombia y su participación en la XXV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana, celebrada del 27 al 29 de octubre de 2016.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.





 

En otro apartado de nuestra agenda del día, tenemos dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con los dictámenes.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley de Inversión Extranjera, en materia de inversión extranjera en transporte aéreo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN II, INCISOS A), B) Y C); SE REFORMA LA FRACCIÓN III, INCISOS W) Y X); Y SE ADICIONA UN INCISO Y) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA

(Dictamen de primera lectura)







 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Continúo, señor Presidente.

Dos, de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, con los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de cumplimiento de disposiciones de transparencia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de marzo de 2016, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria y diversos Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

2. En sesión celebrada con fecha 4 de octubre de 2016 fue votado y aprobado por la Cámara de Diputados el Dictamen por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

3. Con fecha 5 de octubre de 2016 se comunicó ante el Pleno del Senado que se recibió de la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

4. En la fecha referida, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la mencionada minuta, a las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis, discusión y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta tiene como objetivo principal hacer las modificaciones necesarias a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para ajustar el texto normativo y la regulación interna del Instituto de conformidad con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información; por lo que  cambia la denominación del Comité de Información por el de Comité de Transparencia, facilita la rendición de cuentas y aclara que el informe anual deberá ser remitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Lo anterior a través de la reforma de los artículos 6, párrafos primero y último; 10, fracciones X y XI; 18, fracciones V y VI; 25 Bis, párrafo primero; 25 Bis 1, párrafo primero, fracciones III, IV y VIII; 28; y también la derogación de la fracción VII del artículo 25 Bis 1 todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Lo anterior se puede identificar en el cuadro siguiente:

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

INICIATIVA

MINUTA

Artículo 6o.- Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, dos Directores Sectoriales, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información y las Comisiones Consultivas Regionales.

Los integrantes del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría, de la Comisión de Inconformidades, del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de las Comisiones Consultivas Regionales, que en cualquier asunto relacionado con el mismo tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del Órgano, deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención en dicho asunto. Igualmente deberán abstenerse de promover o participar, a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva ante el Instituto.

Artículo 6o.- Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, dos Directores Sectoriales, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y las Comisiones Consultivas Regionales.
...

Los integrantes del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría, de la Comisión de Inconformidades, del Comité de Transparencia y de las Comisiones Consultivas Regionales, que en cualquier asunto relacionado con el mismo tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del Órgano, deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención en dicho asunto. Igualmente deberán abstenerse de promover o participar, a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva ante el Instituto.

Artículo 6o.- Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, dos Directores Sectoriales, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y las Comisiones Consultivas Regionales.
...

Los integrantes del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría, de la Comisión de Inconformidades, del Comité de Transparencia y de las Comisiones Consultivas Regionales, que en cualquier asunto relacionado con el mismo tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del Órgano, deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención en dicho asunto. Igualmente deberán abstenerse de promover o participar, a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva ante el Instituto.

Artículo 10.- La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I.- a IX.- ...

X.- Aprobar normatividad en materia de transparencia y acceso a la información y ordenar al Director General su expedición;

 


XI.- Designar a propuesta de la Comisión de Vigilancia a los miembros del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de la Comisión de Inconformidades;

XII.- a XIV.- ...

Artículo 10.- La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I.- a IX.- ...

X.- Aprobar la normatividad del Instituto en materia de transparencia y acceso a la información pública conforme a la legislación general y federal aplicable, así como ordenar al Director General su expedición;


XI.- Designar a propuesta de la Comisión de Vigilancia a los miembros del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades.


XII.- a XIV.- ...

Artículo 10.- La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I.- a IX.- ...

X.- Aprobar la normatividad interna del Instituto en materia de transparencia y acceso a la información pública conforme a la legislación general y federal aplicable, así como ordenar al Director General su expedición;

XI.- Designar a propuesta de la Comisión de Vigilancia a los miembros del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades.


XII.- a XIV.- ...

Artículo 18.- La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I.- a IV.- ...

V.- Proponer a la Asamblea General la designación o remoción de los miembros del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de la Comisión de Inconformidades;

VI.- Vigilar la actuación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de la Comisión de Inconformidades;

VII.- a XI.- ...

Artículo 18.- La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I.- a IV.- ...

V.- Proponer a la Asamblea General la designación o remoción de los miembros del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades;

VI.- Vigilar la actuación del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades;

 

VII.- a XI.- ...

Artículo 18.- La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I.- a IV.- ...

V.- Proponer a la Asamblea General la designación o remoción de los miembros del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades;

VI.- Vigilar la actuación del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades;

 

VII.- a XI.- ...

Artículo 25 Bis.- El Comité de Transparencia y Acceso a la Informaciónse integrará en forma tripartita, por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del gobierno federal, los cuales serán designados por la Asamblea General, durarán en su cargo seis años.

....

...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

Artículo 25 Bis.- El Comité de Transparencia se integrará en forma tripartita, por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del gobierno federal, los cuales serán designados por la Asamblea General, durarán en su cargo seis años.

....

...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

Artículo 25 Bis.- El Comité de Transparencia se integrará en forma tripartita, por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del gobierno federal, los cuales serán designados por la Asamblea General, durarán en su cargo seis años.

....

...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

Artículo 25 Bis 1.- Son funciones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información:

 


I.- y II.- ...

III.- Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Instituto;

 

 

IV.- Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del Instituto;

V.- a VI.- ...

VII.- Resolver el recurso de revisión promovido por los solicitantes en los casos de negativa de acceso a la información o por la inexistencia de los documentos solicitados, y

VIII.- Publicar un informe anual que contenga las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información y remitir una copia del mismo al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

 

...

Artículo 25 Bis 1.- Son funciones del Comité de Transparencia, además de las establecidas en la Ley General y la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las siguientes:

I.- y II.- ...

III.- Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Instituto y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición;

IV.- Favorecer la rendición de cuentas a las personas, de manera que puedan valorar el desempeño del Instituto;

V.- a VII.- ...

 

 

 

 

VIII.- Publicar un informe anual que contenga las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información y remitir una copia del mismo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
...

Artículo 25 Bis 1.- Son funciones del Comité de Transparencia, además de las establecidas en la Ley General y la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las siguientes:

I.- y II.- ...

III.- Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Instituto y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición;

IV.- Favorecer la rendición de cuentas a las personas, de manera que puedan valorar el desempeño del Instituto;

V.- a VI.- ...

VII.- (Se deroga)

 

 

 

VIII.- Publicar un informe anual que contenga las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información y remitir una copia del mismo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
...

Artículo 28.- En la Asamblea General cada sector contará con un voto. En el Consejo de Administración, en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría, en el Comité de Transparencia y Acceso a la Información y en la Comisión de Inconformidades, cada uno de sus miembros tendrá un voto.

Artículo 28.- En la Asamblea General cada sector contará con un voto. En el Consejo de Administración, en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría, en el Comité de Transparencia y en la Comisión de Inconformidades, cada uno de sus miembros tendrá un voto.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 28.- En la Asamblea General cada sector contará con un voto. En el Consejo de Administración, en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría, en el Comité de Transparencia y en la Comisión de Inconformidades, cada uno de sus miembros tendrá un voto.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones dictaminadoras reiteran el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, reconocido por el artículo 4°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene su origen histórico derivado de las prerrogativas laborales.

Para brindar soluciones en materia de vivienda a la población, el Estado Mexicano, como forma de atender el mandato constitucional del artículo 123, creó en 1972 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, organismo que cuenta con la representación de trabajadores, patrones y el Gobierno Federal, para permitir que los patrones tengan forma de proveer de vivienda a sus trabajadores, a través de mecanismos financieros adecuados que permitan acceder a una vivienda digna y decorosa.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se dictamina, consistente en ajustar la normativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para armonizarla correctamente en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Es importante señalar que el primero de junio de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que adecuaban la normatividad del Instituto para generar mayor rendición de cuentas, vigilancia, sanción, transparencia y acceso a la información, esto motivado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en 2002.

Derivado de la abrogación de la Ley Federal y de la publicación de un nuevo cuerpo normativo General y Federal en materia de transparencia y acceso a la información, surge un nuevo régimen en la materia, por lo debemos atender al Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF 04-05-2015) que establece:

“Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido dicho plazo, el Instituto será competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de conformidad con la presente Ley.”

Por lo tanto, en orden a cumplir el mandato general establecido en el transitorio, es necesario armonizar la normativa específica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que aún mantiene preceptos acordes a la norma abrogada.

TERCERA. Se concuerda con las modificaciones establecidas por la colegisladora, para derogar la fracción VII del artículo 25 Bis 1, que establecía como facultad del Comité de Transparencia y Acceso a la Información: “Resolver el recurso de revisión promovido por los solicitantes en los casos de negativa de acceso a la información o por la inexistencia de los documentos solicitados,” lo cual invade las facultades constitucionales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a continuación se citan las normas de referencia que motivan lo anterior:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6….

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I.- a VII.- …

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

….”

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

“Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones:

….
II.- Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto en el Capítulo I del Título Octavo de la presente Ley;

…”

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

“Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

II. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal; así como las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia a que se refieren los Capítulos I y II del Título Tercero de esta Ley, en términos de lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley;

…”

CUARTA. Se reitera la necesidad de establecer el Comité de Transparencia, en orden a uniformar los términos de la Ley, para encontrarse en concordancia con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para mayor claridad se transcriben los artículos de mayor referencia en las leyes respectivas respecto a los Comités de Transparencia:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

IV. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la presente Ley;

…”

Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la  presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 4. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Comité de Transparencia: Órgano colegiado al que hace referencia el artículo 64 de esta Ley;

…”

Artículo 64. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar, designado por el titular u órgano colegiado supremo, según se trate.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. Los miembros propietarios de los Comités de Transparencia contarán con los designados de conformidad con la normatividad interna de los respectivos sujetos obligados, y deberán corresponder a personas que ocupen cargos de la jerarquía inmediata inferior a la de dichos propietarios.

En el caso de la Administración Pública Federal, los Comités de las dependencias y entidades se integrarán de la siguiente forma:

I. El responsable del área coordinadora de archivos o equivalente;

II. El titular de la Unidad de Transparencia, y

III. El titular del Órgano Interno de Control de cada dependencia o entidad.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley General, esta Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.

QUINTA. Finalmente las Comisiones que dictaminan estiman pertinente reiterar la trascendencia y relevancia de la Minuta, destacando la procedencia plena de las modificaciones propuestas por la Colegisladora y la aprobación en su totalidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 6o, párrafos primero y último; 10, fracciones X y XI; 18, fracciones V y VI; 25 Bis, párrafo primero; 25 Bis 1, párrafo primero, fracciones III, IV y VIII; 28; y se deroga la fracción VII del artículo 25 Bis 1 todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, dos Directores Sectoriales, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y las Comisiones Consultivas Regionales.

Los integrantes del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría, de la Comisión de Inconformidades, del Comité de Transparencia y de las Comisiones Consultivas Regionales, que en cualquier asunto relacionado con el mismo tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del Órgano, deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención en dicho asunto. Igualmente deberán abstenerse de promover o participar, a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva ante el Instituto.

Artículo 10.-

I.- a IX.- ...

X.- Aprobar la normatividad interna del Instituto en materia de transparencia y acceso a la información pública conforme a la legislación general y federal aplicable, así como ordenar al Director General su expedición;

XI.- Designar a propuesta de la Comisión de Vigilancia a los miembros del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades;

XII.- a XIV.- ...

Artículo 18.-

I.- a IV.- ...

V.- Proponer a la Asamblea General la designación o remoción de los miembros del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades;

VI.- Vigilar la actuación del Comité de Transparencia y de la Comisión de Inconformidades;

VII.- a XI.- ...

Artículo 25 Bis.- El Comité de Transparencia se integrará en forma tripartita, por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del Gobierno Federal, los cuales serán designados por la Asamblea General, durarán en su cargo seis años.

...

...

1. a 4. ...

Artículo 25 Bis 1.- Son funciones del Comité de Transparencia, además de las establecidas en la Ley General y la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las siguientes:

I.- y II.- ...

III.- Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Instituto y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición;

IV.- Favorecer la rendición de cuentas a las personas, de manera que puedan valorar el desempeño del Instituto;

V.- y VI.- ...

VII.- (Se deroga).

VIII.- Publicar un informe anual que contenga las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información y remitir una copia del mismo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

...

Artículo 28.- En la Asamblea General cada sector contará con un voto. En el Consejo de Administración, en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría, en el Comité de Transparencia y en la Comisión de Inconformidades, cada uno de sus miembros tendrá un voto.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, el 3 de noviembre de 2016.

COMISI ÓN DE VIVIENDA.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.





 

Y por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda, en materia de participación de la Sedatu, en la política de subsidios a la vivienda.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 73 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones.

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de octubre de 2016, las Senadoras y los Senadores María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Joel Ayala Almeida, Víctor Hermosillo y Celada, Angélica Araujo Lara, Isaías González Cuevas, Rosa Adriana Díaz Lizama, Jesús Casillas Romero, Hilaria Domínguez Arvizu, María Lorena Marín Moreno y Silvia Guadalupe Garza Galván, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIAITVA

En la propuesta legislativa se señala que, las políticas en materia de vivienda, tienen el fin de brindar a los mexicanos, el acceso a una vivienda digna y decorosa en cumplimiento del artículo 4° constitucional; asimismo, en concordancia con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pretenden revertir el rezago habitacional, a través de medidas y esquemas financieros que permitan a los mexicanos acceder a una vivienda adecuada.

Por lo que considera necesario reformar el artículo 61 sobre subsidios en materia de vivienda, para que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), realice las estimaciones requeridas para cumplir con la política de subsidios.

También pretende modificar el artículo 73 de la Ley de Vivienda, para que sea la SEDATU quien, atendiendo a la rectoría en la materia, establezca los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno que deberán observarse en el diseño y ejecución de las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales.

Ya que las responsabilidades derivadas del mismo, hoy corresponden a la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y no a la Secretaria de Desarrollo Social, porque el desarrollo de estos lineamientos, es trascendental en la construcción de entornos articulados que sustentan las acciones de vivienda en nuestro país.

El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 73 DE LA LEY DE VIVIENDA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Articulo 61.-…

La Comisión, en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano yla Secretaria de Desarrollo Social, deberá elaborar anualmente, una estimación fundamentada que determine el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios.

Artículo 73.- Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno establezca la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, escuchando la opinión de la Comisión para cada grupo objetivo de la población, a fin de considerar los impactos de las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Estas Comisiones reafirman el acceso a una vivienda digna y decorosa como derecho fundamental establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluye condiciones de habitabilidad y asequibilidad, disponibilidad de servicios, infraestructura, materiales, facilidades y accesibilidad.

SEGUNDA.- La Iniciativa en comento pretende reformar varias disposiciones referentes a atribuciones correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Social en materia de vivienda, esto con el objetivo de ser asumidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); al respecto es pertinente reiterar que las facultades en materia de ordenamiento de la propiedad, asentamientos humanos y vivienda, anteriormente, eran atribuidas a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de la Reforma Agraria.

En atención al crecimiento poblacional y a la falta de ordenación en los asentamientos humanos, el 2 de enero de 2013, gracias a las modificaciones de la  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, instancia encargada de la planificación, administración, coordinación y ejecución a nivel nacional de las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial, abarcando la protección del acceso a la vivienda, la certeza jurídica de la tenencia de la tierra y el desarrollo urbano y rural.

Derivado de lo anterior, la SEDATU encabeza el sector vivienda a nivel nacional, siendo la Secretaría el referente en la materia y teniendo como facultades, entre otras, las siguientes:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,

“Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y

XI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración;

XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía;

XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;”

De lo anterior se puede concluir que las facultades perseguidas por la iniciativa son competencia de la SEDATU y en orden a armonizar la Ley de Vivienda de conformidad con la creación de la Secretaría, es necesario adecuar las antiguas referencias a la Secretaría de Desarrollo Social.

TERCERA. Se debe remarcar que en el PROGRAMA Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, como parte del “Objetivo 4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional” se encuentran las siguientes estrategias y líneas de acción:

Estrategia 4.1. Promover la oferta de soluciones habitacionales de calidad.

Líneas de acción

1

Abatir el hacinamiento procurando que la vivienda financiada por los organismos públicos de vivienda, cuente con al menos dos recámaras.

2

Brindar productos financieros que sean respuestas viables a las condiciones salariales y requerimientos habitacionales de las personas.

3

Otorgar créditos para rehabilitar, ampliar o mejorar las viviendas.

4

Coordinar esfuerzos con la industria desarrolladora de vivienda para que siga siendo motor de la economía.

5

Otorgar líneas de crédito a desarrolladores de vivienda, que cumplan con los criterios necesarios de elegibilidad vigentes, cuando se observe astringencia crediticia.

6

Generar alternativas para estimular el desplazamiento del inventario de vivienda recuperada y ofrecerla a precios accesibles a los derechohabientes.

7

Priorizar el financiamiento a las soluciones habitacionales cercanas a transporte público de calidad.

Estrategia 4.2. Fomentar la producción social organizada en los programas de vivienda popular.

Líneas de acción

1

Atender de manera prioritaria las necesidades de vivienda popular en los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

2

Apoyar financieramente la producción social y la autoproducción de vivienda para el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

3

Incentivar el uso de innovaciones tecnológicas que incorporen materiales regionales para la construcción de vivienda.

4

Promover entre los productores y distribuidores de materiales del país la conformación de centros de abasto popular que impulsen la transparencia.

5

Promover la asistencia técnica profesional para apoyar la caracterización de las viviendas populares en zonas rurales y urbanas.

6

Facilitar el financiamiento para producción social de vivienda a quienes adquieren lotes con servicios en la periferia inmediata de las ciudades.

7

Fortalecer los programas e instituciones que otorgan certeza jurídica sobre su patrimonio a hogares en situación de pobreza.

Estrategia 4.3. Generar una oferta óptima de créditos y subsidios para acciones de vivienda.

Líneas de acción

1

Fortalecer el poder adquisitivo de las personas de bajos ingresos mediante subsidios focalizados que permitan atender el rezago de vivienda.

2

Adecuar los esquemas operativos y financieros de los programas para garantizar su transparencia y legalidad.

3

Asegurar la corresponsabilidad de beneficiarios y ejecutores de acciones de vivienda para la aplicación más eficiente de los recursos públicos.

4

Impulsar la transversalidad y concurrencia con gobiernos locales para potenciar los recursos para acciones de vivienda.

5

Promover una mayor participación de la banca de desarrollo en el financiamiento de soluciones de vivienda.

6

Acompañar las acciones que atienden el rezago de vivienda, con medidas que incentiven la formalidad.

7

Promover la creación de intermediarios financieros regulados que lleven los productos y soluciones de vivienda a entidades federativas y segmentos de la población no atendida.

Estas estrategias hacen referencia expresa a las acciones de suelo y vivienda, financiadas con recursos federales o estimadas bajo concepto de subsidios, por lo que para tener un orden jurídico armónico, la SEDATU requiere que dichas acciones sean establecidas como facultad expresa de la Secretaría.

CUARTA.- En concordancia con el rol coordinador que la SEDATU ejerce en el sector, es necesario establecer la facultad de realizar la estimación del monto de recursos federales para completar la política subsidios en materia de vivienda como una facultad originaria de la Secretaría, reforzando así su papel en la regulación del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda, garantizando ciudades compactas, incluyentes y sustentables.

Por lo que, de conformidad con las reformas aprobadas por esta Soberanía, es imperante colocar la facultad primigenia en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de que esta misma sea la encargada de sectorizar dicha función entre los organismos especializados, sin restringir desde el ámbito legislativo la correcta distribución competencial al interior de la Secretaría.

QUINTA.-Por estos motivos, las Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se dictamina.

En tal virtud, y por razones de técnica legislativa, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente realizar modificaciones al Proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente:

Proyecto de Decreto de la Iniciativa:

Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones Dictaminadoras:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Articulo 61.-…

La Comisión, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano yla Secretaría de Desarrollo Social, deberá elaborar anualmente, una estimación fundamentada que determine el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios.

Artículo 73.- Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno establezca la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, escuchando la opinión de la Comisión para cada grupo objetivo de la población, a fin de considerar los impactos de las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Articulo 61.-…

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, deberá elaborar anualmente, una estimación fundamentada que determine el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios.

Artículo 73.- Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno establezca la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, escuchando la opinión de la Comisión para cada grupo objetivo de la población, a fin de considerar los impactos de las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 73 DE LA LEY DE VIVIENDA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

ARTICULO 61.-…

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, deberá elaborar anualmente, una estimación fundamentada que determine el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios.

ARTÍCULO 73.-Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno establezca la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, escuchando la opinión de la Comisión para cada grupo objetivo de la población, a fin de considerar los impactos de las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, el 3 de noviembre de 2016.

COMISIÓN DE VIVIENDA.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Son todos los dictámenes para primera lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, en materia de seguridad de la navegación marítima y de los puertos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS Y DE LA LEY DE PUERTOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentran publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra al Senador Javier Lozano Alarcón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en términos de lo que dispone el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señor Presidente. Buen día a todos.

Estamos presentando este dictamen las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene una serie de reformas y adiciones a tres ordenamientos, a tres leyes: a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos.

El objetivo central de esta reforma es una reorganización de lo que se conoce como la autoridad marítima nacional, es una redistribución o reorganización de las facultades, funciones que tienen dos dependencias del Ejecutivo Federal, por un lado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, por otro lado, la Secretaría de Marina. Ambas dependencias continuarán, como veremos a continuación, con una serie de atribuciones, pero esta reorganización es para que podamos cumplir de mejor manera con los compromisos que tenemos a nivel nacional e internacional, cumplir a cabalidad con las Leyes de Puertos y de Navegación y Comercio Marítimos, y para reforzar la seguridad en los puertos, en las costas de nuestro país.

El corazón de esta reforma es transferir la operación de las Capitanías de Puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina; estas 110 Capitanías de Puerto que tenemos en nuestro país estarían bajo el resguardo, bajo el trabajo, la supervisión, inspección, verificación y sanción de la Secretaría de Marina, pero todo el tema económico, todo el tema comercial, todo el tema de marina mercante va a continuar bajo la administración, bajo la coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Con esto, quiero dejar bien en claro, esta es una iniciativa que recibimos desde marzo de este año por parte del Presidente de la República, la estudiamos muy profundamente, escuchamos a todos los que quisieron opinar al respecto, tuvimos diversas reuniones con el propio Almirante Secretario de Marina, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, disipamos una serie de dudas, y yo les voy a decir lo que no es este dictamen, este proyecto de reformas y adiciones.

No se militarizan con esto los puertos de nuestro país, que quede muy claro que transferir la operación de Capitanías de Puerto solamente es en términos de la seguridad, por lo que hace a esas Capitanías de Puerto.

Toda la parte económica se mantiene, incluidas las API´s, las Administraciones Portuarias Integrales, se mantienen bajo la administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

No implica presupuesto adicional alguno, no implica que ningún trabajador vaya a perder su empleo ni sus derechos laborales y demás prestaciones, esto no afecta el comercio, las actividades portuarias, la marina mercante, la operación de las API´s, y tampoco hay una contradicción, porque se ha dicho, se ha comentado y seguramente será parte de la discusión esta mañana, que va en contra del artículo 129 constitucional.

Las facultades de la Secretaría de Marina, y aquí también quiero hacer otra aclaración, recordemos dos cosas:

Primero, hasta 1976 todas las actividades de la Marina en México estaban bajo, precisamente, la gestión de la Secretaría de Marina. En 1976 se hace este cambio en donde se le pasa toda la parte comercial e incluso las Capitanías de Puerto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto fue de 1976 para acá. Pero en los hechos, esta operación de las API´s ya está rebasada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y lo que sí se está arriesgando es la seguridad en nuestros puertos, en nuestras costas, y qué mejor que la Secretaría de Marina pueda hacerse cargo del mismo.

Todas las atribuciones en materia de seguridad nacional, de seguridad pública que tiene la Secretaría de Marina en otros ordenamientos quedan intocados, pero es muy importante destacar, la Secretaría de Marina es Marina y Armada de México.

¿Por qué lo comento? Porque una cosa es la parte, digamos, como fuerzas federales, como Armada de México y otra es la parte civil que tiene la Secretaría de Marina. Por eso, es que estas actividades van a quedar en las Capitanías de Puerto dentro de la dirección general de Asuntos Marítimos que depende de la subsecretaría de Marina con personal civil, los capitanes de puerto se van a convocar por un concurso público, en fin, y esto va a funcionar con el área civil de Marina, no de la Armada de México, para que quede muy clara esta distinción.

¿Y qué queda en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Toda la operación, todo el comercio marítimo, toda la Marina Mercante, el control de las Administraciones Portuarias Integrales, el fomento y desarrollo portuario, la administración y control de la Marina Mercante, reconstruir, conservar obras marítimas portuarias y de dragado, las concesiones, los permisos, las autorizaciones de servicios de los agentes navieros, la capacitación, desarrollo y control del personal de Marina Mercante, el desarrollo de la industria marítima, el servicio de pilotaje y también las funciones de autoridad en materia de tarifas, fletes y recargos. Es decir, todo esto se mantiene en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Y lo que se transfiere a la Secretaría de Marina es la seguridad marítima, la protección marítima y portuaria, la operación que comentamos de las Capitanías de Puerto, la inspección a los buques extranjeros, el registro nacional de embarcaciones y también el registro nacional de gente de mar y matriculación, el control del tráfico marítimo, el señalamiento marítimo y el resguardo marítimo federal.

En suma, lo que estamos haciendo con este dictamen que ponemos a su consideración y que les pido respetuosamente que votemos a favor, es una reorganización de nuestra autoridad marítima, es poner orden, es una redistribución de facultades y de organización, particularmente en las Capitanías de Puerto.

Pero que quede muy claro, todo el aspecto de la Marina Mercante, de las Administraciones Portuarias Integrales, de las API´s, todo lo que tiene que ver con el comercio marítimo queda intocado y queda bajo el resguardo y coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

No se militarizan nuestros puertos, pero ciertamente habrá mucho más control y seguridad en los puertos y en las costas mexicanas, que es una atribución de la Secretaría de Marina, y que es una obligación de nosotros como Estado mexicano hacer valer y salvaguardar.

Estamos haciendo un cambio muy importante, creo que ponemos las Capitanías de Puerto en mejores manos, y creo que nuestros puertos y nuestras costas quedarán bajo buen resguardo en la coordinación de la Secretaría de Marina.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchísimas gracias a todos por su atención.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Javier Lozano Alarcón.

También para presentar dictamen, tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina, para después entrar a la discusión en lo general.

Servicios Parlamentarios está recogiendo los nombres de todos aquellos que quieran inscribirse en el debate en esta discusión.

El Senador Ricardo Barroso Agramont: Con su permiso, señor Presidente. Apreciables Senadoras y Senadores de la República. Integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda:

Como Presidente de la Comisión de Marina de la presente Legislatura, considero pertinente exponer ante ustedes los argumentos que fundamentan el dictamen favorable, correspondiente a la iniciativa con proyecto de Decreto en comento.

En 1940 se creó la Secretaría de Marina, asignándosele atribuciones relacionadas con todas las actividades marítimas, tales como Marina Mercante, obras marinas, operación portuaria, señalamiento marítimo, dragado y pesca, entre otras.

Con esta organización, la Secretaría de Marina se convirtió en la única dependencia de la Administración Pública Federal que ejercía la autoridad marítima a través de las Capitanías de Puerto, las cuales eran apoyadas con recursos humanos y materiales proporcionados por los mandos navales correspondientes en ese entonces. Sin embargo, en 1976 como parte de las reformas de la Administración Pública Federal, se tomó la decisión de concentrar estas actividades marítimas, productivas y generadoras de recursos, a otras secretarías u organismos especializados, lo que provocó en ese entonces la desincorporación de la Marina Mercante, puertos, pescas y otras áreas vinculadas al medio marítimo de la Secretaría de Marina.

En la práctica, esto significó una división de la autoridad marítima, ya que su ejercicio quedó fraccionado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina.

En la actualidad, es incuestionable que las Capitanías de Puerto carecen de los medios necesarios para ejercer la autoridad y la falta de un marco legal adecuado, para que los mandos navales de la Secretaría de Marina, quienes sí cuentan en estos momentos con los recursos necesarios para hacerle frente a la delincuencia, a la vigilancia y a la salvaguarda de nuestros mares; es esta Secretaría quien sí cuenta con estos medios operativos y es por esto que resulta indispensable llevar a cabo una reingeniería en la Administración Pública Federal que permita dar cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales adquiridos por el Estado mexicano y su verificación, siendo necesario, a su vez, delimitar y redistribuir las atribuciones que actualmente ejercen en materia marítima y portuaria la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Deseo dejar muy claro que este dictamen no modifica el modelo actual de la administración portuaria, el fomento y el desarrollo portuario, el control y capacitación de la Marina Mercante, las obras marítimo portuarias y de dragado, el desarrollo de la industria marítima y en general toda actividad productiva de negocios y generadora de recursos económicos que permanece y permanecerá bajo la coordinación y supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es así que, al concentrar autoridad marítima nacional en la Secretaría de Marina, representa un beneficio para el Estado mexicano, fortalece el estado de derecho y el cumplimiento de los instrumentos internacionales, acuerdos regionales y legislación nacional, en concordancia con la política gubernamental para mostrar a México como un actor con responsabilidad global, que es lo que estamos buscando con esta reforma.

Con esta reforma las Capitanías de Puertos serán administradas, operadas a través de la Dirección General de Asuntos Marítimos, que dependerá de la Subsecretaría de Marina, en la cual labora personal civil en áreas de construcción naval, investigación y desarrollo, oceanografía, meteorología, obras y dragado.

Con esta transición, las Capitanías de Puertos se fortalecerán con los medios operativos necesarios para supervisión, inspección, vigilancia y capacidad de sanción bajo un marco legal, a fin de garantizar el ejercicio de la autoridad en materia de protección y seguridad marítima portuaria del país, sin que esto, y lo dijimos y lo puntualizamos, sin que esto implique un presupuesto o un gasto adicional a la nación.

Además, la Secretaría de Marina, se verá fortalecida con la transferencia del conocimiento, la experiencia del personal que actualmente labora en las Capitanías de Puerto; el personal sindicalizado y de confianza, conservarán sus prerrogativas laborales conforme a la ley vigente.

Esta reforma, compañeros, no viene a desplazar ni a hacer un lado a nadie, viene a fortalecer el marco legal de nuestras Capitanías de Puerto.

Por lo anteriormente expuesto, esta Presidencia de la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores considera procedente que la autoridad marítima nacional sea depositada en la Secretaría de Marina a través de esta reforma legislativa y que la Secretaría de Marina sea la que ejerza la autoridad marítima nacional, con el fin de evitar confusiones y vacíos de autoridad ante la comunidad marítima nacional, ya que son estos vacíos desde los que se sirve la delincuencia y muchas veces el crimen organizado para vulnerar el Estado mexicano.

Asimismo, estamos plenamente convencidos que la Secretaría de Marina cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir en el ejercicio de la soberanía y la autoridad en las fuerzas marítimas mexicanas, garantizar el cumplimiento del orden jurídico nacional en dichas zonas, así como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy, así como la protección al tráfico marítimo, fluvial, lacustre.
Ello, sin prejuicio de las atribuciones derivadas de esta reforma legislativa, sean competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del Poder Ejecutivo Federal.

Es por ello que la comisión, la cual me toca presidir, hemos votado este dictamen a favor.

Muchas gracias, compañeros.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias a usted, Senador Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina.

Damos inicio a la discusión en lo general, y se le concede el uso de la palabra, para hablar en contra, a don Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Cuando se planteó la reforma energética, Peña Nieto dijo: que no se trataba de privatizar nada, que ni un tornillo, y están ya vendidos los ductos, está ya en desaparición la CFE y Pemex.

Cuando se reformó aquí la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se dijo que era necesario que entraran los agentes migratorios norteamericanos a México, en nuestras propias instalaciones, y que estarían armados, pues nada más porque el uniforme de los agentes migratorios norteamericanos tenía que tener la pistola, y con eso se abrió el país para que en todas nuestras instalaciones migratorias estén los Estados Unidos ejerciendo una función estratégica del Estado mexicano.

Cuando se dijo que se requería elevar las penas en materia de ductos porque se estaban robando la gasolina de manera escandalosa, que estaba limitado a eso, presentaron una iniciativa de encarecimiento de todos los delitos en materia de hidrocarburos, ya no sólo lo que decían los mentirosos que subieron a decir que era nada más para proteger los ductos, mienten, se estableció el terrorismo en materia de plantas energéticas, etcétera, también se mintió.

Y así es como han estado destruyendo a este país a base de mentiras, de mentiras que surgen de la Presidencia de la República y que aquí las avalan de una manera absolutamente irresponsable, absolutamente irresponsable.

Ahora nos vienen a decir que esa reforma en materia de Marina, de puertos, del manejode las Capitanías de Puerto, no cambia nada, y es otra mentira más, es sin duda alguna, la militarización de todos los puertos de este país, es absolutamente cierto, y hay que leerla, porque no leen, y aquí viene el cambio de lo que se modifica y obviamente se le está entregando a la Secretaría de Marina Armada de México el control de todos los puertos del país.

Mienten cuando dicen que no se militariza, claro que se militariza y hay que ver todo lo que se está cambiando en este dictamen que es una batea de babas; yo no sé cómo se atreven a hacer este tipo de dictámenes, dice "es sólo una reorganización, vamos a mejorar la distribución de las funciones".

No, señores, no mientan, se trata de la militarización a través de la Armada de México de todos los puertos del país; y sigue la militarización, que ya están preparando, estableciendo nuevas leyes para permitir que el Ejército Mexicano se mantenga ocupando al propio país. Están jugando con fuego, están jugando con fuego y ustedes los están ayudando.

No tienen ni idea de lo que es vivir en un régimen militar, no tienen ni idea. El Ejército, y la Marina es un Ejército; la Marina, la Armada de México es militar; el Ejército tiene una función letal en todos los países del mundo, no es una organización administrativa como aquí se ha dicho, "no se va a militarizar nada, van a quedarse", no es cierto, es la militarización de los puertos mexicanos y van hacia la regularización de la ocupación del Ejército Mexicano de nuestro país, y vamos a vivir en un régimen militar, esto es lo que están haciendo.

Pero como no analizan las cosas como se dan, esto es por pedacitos, así como apareció el que nos va a invadir cuando se les dé la gana, el sistema migratorio norteamericano en México, ahora establece por aquí una función de reorganización administrativa, qué vergüenza, y se atreven a venir a decir aquí mentiras en esta tribuna porque así lo manda Peña Nieto.

Y les voy a decir otra cosa, no es ni siquiera Peña Nieto, la ocupación militar de los puertos es una instrucción de los Estados Unidos, eso es, a través de las fuerzas armadas están militarizando todo el continente, porque con eso se garantizan sus inversiones y el manejo de sus negocios en México. Es lo que están haciendo.

Están ustedes, los que aquí vinieron y los que van a votar, al servicio de los intereses norteamericanos bélicos, para controlar a México a través de la militarización de todo el país, eso es la militarización de los puertos.

Si siguieran y estudiaran lo que está pasando con este país, se darían cuenta de que los puertos mexicanos ya están siendo asignados lo hemos dicho, ya están siendo asignados a las empresas norteamericanas que se van a establecer en México.

Eso se ha dicho en el Congreso de los Estados Unidos, que nos informan, porque aquí lo que menos importa es informarse, es que hay que votar esta batea de babas, entonces se dice, que es una reorganización de las funciones, cuando es una militarización de los puertos de México, de todos sus puertos de México.

El designio de la reforma energética es no llevarse el petróleo, no llevarse la electricidad, no, es utilizar el territorio nacional, es utilizar los ductos en la explotación del petróleo y la electricidad para favorecer a las empresas transnacionales que ya están designadas para ocupar los puertos de México. Estamos perdiendo el territorio nacional.

En consecuencia, no es nada más la militarización, lo que es la realidad y no la mentira que vienen aquí a decir con una desvergüenza increíble. Eso está controlado por el extranjero.

Ya se lo dijimos aquí a la Secretaria de Relaciones Exteriores, hace muy poco, cuando vino, para hacerle ver que lo que pasa en este país es que todos los días están entregando a los intereses norteamericanos. Y le platicábamos a la señora Secretaria y a ustedes, que no atienden y no les importa nada, que el Secretario de Marina y el Secretario de la Defensa Nacional, ya están al servicio de los intereses norteamericanos, ya.

Nuestras Fuerzas Armadas por conducto de las cúpulas, no los soldados mexicanos que son explotados como todos los mexicanos que están bajo sueldos ínfimos.

Cuando se cambió el mando del Comando Norte de Estados Unidos, ahí estaban sentados el Secretario de la Defensa Nacional y el Secretario de Marina, ya se los dijimos.

Ahí el Secretario de la Defensa de los Estados Unidos dijo: "que agradecía a este par de funcionarios mexicanos que estaban ya operando a nivel mundial en la defensa de los valores de la libertad", lo que ellos dicen siempre, pero ahí estaban sentaditos los dos, aceptando que sus funciones ya están vinculadas a los intereses norteamericanos.

Pero aquí no se dan cuenta de nada, aquí no se defiende al país, aquí se vota de manera absurda, de manera ignorante e irresponsable.

Y lo que están ustedes haciendo, Senadores y Diputados que van a votar por esto, sin haber leído y lo puedo apostar, el dictamen éste que no dice lo mismo, hay una reorganización, no, hay un traslado de las funciones principales a la Secretaría de Marina y, por tanto, a la Armada de México. Eso es lo que están haciendo.

Y están llevando a México a un régimen militar policiaco ustedes, aceptando estos mandatos absurdos, antinacionales, traidores a la patria, y el Presidente de la República es el que está impulsado todo esto.

¿Y nuestros hijos, y nosotros mismos, vamos a vivir bajo un régimen militar?

¿Qué no saben lo que es eso?

¿Qué no saben lo que significa estar bajo un control militar?

Pero eso es lo que le interesa a las inversiones norteamericanas. Eso es.

Están jugando con fuego, dense cuenta, no atienden, platican, ahí en la burbuja del PRI están muy ocupados en lo que sea, menos en la defensa de los intereses nacionales.

Militarizar los puertos de México, es una amenaza más a la militarización de este país, es la verdad.

Hay que votar en contra, hay que decirle al Presidente que está entregando al país; hay que pararlo y no estar aquí de obsequiosos, ignorantes, sin leer nada, participando en una conjura contra la democracia mexicana que es la militarización y establecimiento claro de un régimen policíaco-militar al cual se van ustedes a ver sometidos a sus hijos, a sus familias y están jugando con fuego con el apoyo del Senado de la República que no cumple sus funciones, sino se convierte en un palero de los intereses extranacionales del Presidente de la República.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, don Manuel Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo con la representación del grupo parlamentario del PRI, a decir que nosotros vamos a favor de esta iniciativa y el dictamen que presentan las comisiones unidas.

Basta recordar que nuestro tiene una vastísima cantidad de kilómetros de costas y de mar territorial.

El dictamen que hoy nos ocupa está atendiendo a esta condición de nuestro país, sin dejar de reconocer que son a través de las costas y de los puertos por donde se dan entradas y salidas de mercancías a todas las partes del mundo, lo que genera crecimiento económico, lo que genera empleo; permite la entrada y salida de miles de personas de nuestro país y del mundo en la actividad turística, y que también albergan grandes e importantísimos ecosistemas que también generan miles de empleos.

La propuesta enviada por el señor Presidente de la República el pasado 3 de marzo, tiene como objetivo precisar las competencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina, especialmente en el rubro de los puertos y del rubro marítimo para proteger y hacer eficiente el funcionamiento de este importante sector.

Debo hacer un reconocimiento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, a la Dirección General de Marina por la amplísima disposición para que en el encuentro de los consensos se planté un nuevo esquema, un mejor esquema de trabajo en la Marina Mercante y los puertos.

Estoy seguro que se hará un trabajo conjunto con la Secretaría de Marina para que esta nueva disposición sea para el bien de nuestro país.

Quiero hacer mención de que fue también producto de un amplio proceso, desde hace meses de análisis, de estudio, escuchamos voces, discutimos, trabajamos en comisiones unidas a las que también se les reconoce su trabajo, a la de Marina y a la de Estudios Legislativos para lograr llegar a este proyecto de dictamen.

No ha sido fácil, porque las visiones a través de las experiencias suelen ser diversas, la riqueza de las propuestas nos permitió arribar a este dictamen que hoy se presenta.

Reingeniería de las estructuras y de las funciones de la administración pública, es una de las tareas centrales consignadas en este documento, sobre todo aquellas que intervienen de manera directa en materia marítima, creo que ese es el camino correcto.

Se ha establecido también en la exposición de motivos desarrollada por el Ejecutivo y se han recogido en el dictamen las ventajas de esta transformación, de entrada es muy importante leer a fondo y a profundidad la exposición de los motivos y las características fundamentales para que no exista confusión, y para que podamos tener una visión clara de lo que está presentando la iniciativa y sus particularidades.

Podemos hablar de que con esta iniciativa se cumple con los estándares establecidos a nivel internacional y con los lineamientos que establece la Organización Marítima Internacional.

También se destaca en este cambio de facultades, la no representación de costos adicionales, como bien se ha dicho acá, en ningún presupuesto federal, y tampoco, lo diré con claridad y acento, no habrá afectaciones a los derechos laborales de las y los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Pero lo más importante, es que se estará en mejores posibilidades de proteger nuestra nación y de preservar la soberanía nacional, así como la seguridad del territorio, contar con sistemas más eficientes de seguridad marítima y portuaria, que hoy son la prioridad para este importantísimo sector, y no sólo en materia de seguridad, sino también garantizar el desarrollo de los puertos, que sea una actividad, que sea la palanca del desarrollo de México.

Cuando hablamos de esta materia, debemos reconocer que existen muchas áreas sensibles, como el cuidado del medio ambiente y la seguridad, que cada día es más necesaria para las embarcaciones y los puertos, por mencionar algunos.

Cada día es más frecuente que estas zonas de nuestro territorio sean escenarios de actos de piratería, de inmigración ilegal, de pesca ilegal, de contrabando de combustibles, instituciones ilícitas y otras formas de crimen organizado.

En ese sentido, la Secretaría de Marina cuenta con los recursos materiales, técnicos y humanos, y el prestigio de una institución de las Fuerzas Armadas a toda prueba, para cumplir con este ejercicio de la soberanía, es la autoridad de las zonas marinas mexicanas, garantizando el cumplimiento del orden jurídico nacional.

Antes de concluir, debo advertir sobre la magnitud de estas responsabilidades que están contenidas en la iniciativa y que se extienden a la Secretaría de Marina, pues se trata, pues, de la intervención y control de la contaminación marina, de la protección del tráfico marítimo, fluvial y lacustre, en fin.

Tenemos toda la confianza y la absoluta certeza de que se cumplirán a cabalidad todas estas condiciones.

Finalmente, modernización de puertos y de sistemas, seguridad tecnológica de punta y un sistema portuario de clase mundial, ese es el reto. Estamos seguros que lo lograremos, y por eso en el Partido Revolucionario Institucional vamos a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz.

Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Buen día, compañeras y compañeros Senadores.

En primer lugar, quiero manifestar el reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de México en cuanto lo que respecta a sus facultades garantes en la Constitución General de la República de vigilar, cuidar la soberanía nacional a través de la vigilancia de nuestros litorales y el apoyo a la población civil en casos de desastres, de la cual todos reconocemos.

Pero en el análisis de esta iniciativa, que viene del Secretario de Marina y del Ejecutivo Federal, veo algunas situaciones contradictorias por las cuales me veo obligado a participar en este debate en forma personal y fijar posición en cuanto al análisis que he hecho de la misma.

Quiero comentar que vengo de un municipio y un estado costero.

Fui presidente municipal de Ahome, Sinaloa, que tiene su puerto, en Topolobampo, donde como presidente municipal tuve una gran relación de trabajo con los capitanes de puerto.

Y luego cuatro años, director de la Administración Portuaria Integral del Puerto de Topolobampo, donde seguí esta relación de trabajo, y que tiene su origen en la reforma que se llevó a cabo a nuestra normatividad en 1976 en la cual, de la Secretaría de Marina se desincorporan y se da la separación entre lo que son las administraciones portuarias integrales y las Capitanías de Puerto, 110 tengo entendido, que por su misma naturaleza son totalmente de carácter civil, tanto Capitanías de Puerto como administraciones portuarias integrales son de naturaleza civil.

Y del análisis de esta reforma de 1976, en los 40 años de vida de esta reforma, hemos observado un progreso en los puertos del país, tenemos puertos de clase mundial, está Altamira, Veracruz, en el Golfo; están los puertos del Pacífico, de altura, Ensenada, Mazatlán, Lázaro Cárdenas, entre otros que son de clase mundial.

Y lo que hace la Capitanía de Puerto son una serie de acciones de tipo administrativo que van en materia de seguridad de la vida en el mar, es decir, revisión de las características de la constitución, de lo que es el estado en que se encuentran los diferentes buques mercantes de transporte, turísticos, de pesca, que por cierto suman alrededor de 170 mil embarcaciones, entre menores y mayores.

Y ahora le estamos dando ese trabajo a la Secretaría de Marina Armada de México de vigilar, desde el punto administrativo, el estado en que se encuentran las embarcaciones, darles las licencias, los permisos a los mismos y a quienes las manejan, a quienes las conducen, estamos hablando de miles y miles de marineros que se forman en las escuelas náuticas mercantes del país, una en Mazatlán, otra en Tampico, otra en Veracruz, que forman marinos mercantes, ingenieros navales, pilotos navales que salen con un gran conocimiento en legislación portuaria, marítima, naval, mercante, y precisamente en manos de ellos están las Capitanías de Puerto.

De tal manera que el pretender ahora, a través de esta iniciativa, incorporar nuevamente, después de 40 años que hemos visto un buen trabajo a través de la SCT, para cumplir con estas funciones netamente civiles de las Capitanías de Puerto, sí tengo algo de contradicción, y lo tengo que decir, puesto que se me comenta que se van a integrar a la Dirección General de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría de Marina, que es de carácter civil, pues tengo mis reservas, tengo mis dudas, si van a quedar dentro de esta subsecretaría, bueno, también se tendrán que hacer, creo yo, para incorporar las Capitanías de Puerto, una serie de adecuaciones normativas y reglamentarias para que quede protegida la actuación civil que tienen las Capitanías de Puerto.

Nos referían que desde el punto de vista de reorganización, pues precisamente esta reforma de 1976 fue para reorganizar el sistema marítimo portuario a través de las APIs, las Administraciones Portuarias Integrales, y las Capitanías de Puerto.

Se habla de compromisos marítimos internacionales, pues quiero decirles que de 172 países de la Organización Marítima Internacional, sólo 11 países mantienen las Capitanías de Puerto bajo el régimen militar, entre ellas Corea del Norte, Chile, República Dominicana, Honduras, Colombia, entre otros, y que de los 34 países de la OCDE, que México forma parte, sólo Chile cuenta o mantiene una Capitanía de Puerto bajo régimen militar, entonces, si lo que decimos es para compromisos marítimos internacionales, pues ni la OCDE ni la OMI están en esa tesitura.

Ampliar la seguridad de los puertos. La seguridad de los puertos no únicamente depende de las capitanías, es un trabajo integral entre aduanas, migración, la misma Secretaría de Salud también interviene en esto, y la Armada de México ya tiene una importante participación en la vigilancia, en la seguridad de los puertos.

De tal manera que está cumplido también el aspecto de seguridad, de tal manera que de una serie de contradicciones en esta iniciativa sí me preocupa y, desde luego, no con el 129 donde en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, está muy claro, y en aras de la seguridad, entonces, yo creo que en los aeropuertos también se están cometiendo irregularidades donde se dan eventos de introducción de drogas, de crimen organizado, entonces yo creo que la Aeronáutica Civil también la tenemos que intervenir a través del área militar.

Y en las carreteras de todo el país se dan una serie de delitos, entonces también tendremos que poner la dirección de autotransporte terrestre en manos también del Ejército para los mexicanos que sí vivimos atemorizados por la situación de inseguridad, pues, entonces, tengamos plena confianza en que ahora sí nos van a cuidar.

Veo una serie de situaciones contradictorias. Yo veo que la tendencia es aprobar este dictamen.

Hago votos porque la Dirección General de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría de Marina, realmente van a tener una gran responsabilidad, la verdad, muy complicada, son, les comentaba, el número de embarcaciones que tienen ya, mercantes, nuestro país, son muchísimos, realmente, estamos hablando de un gran número, 170 mil embarcaciones, para distraer las funciones de la Secretaría de Marina Armada de México, en este tema que es netamente administrativo, y que creo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo estaba haciendo bien.

¿Qué le pediríamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Que les dé el presupuesto adecuado a las Capitanías de Puerto.

Miren, en el Puerto de Topolobampo, de donde soy originario, por cobro de derechos en 2015 entraron más de 40 millones de pesos, ¿saben cuánto le dan de presupuesto a la Capitanía de Puerto? Alrededor de un millón de pesos.

Y aparte, hay una serie de vacantes por todos lados en las Capitanías de Puerto, es decir, plazas de agentes que deben cubrirlas y no las han cubierto. Falta capacitación, estructura, impulsar las Capitanías de Puerto, como debería de ser desde hace muchos años, y fortalecer el resguardo marítimo que depende de las Capitanías de Puerto y que no se ha hecho.

Entonces, ha habido una situación de desatención de la SCT a las capitanías, que no creo sea la mejor salida, el entregarlas a la Secretaría de Marina Armada de México.

Ése es mi punto de vista muy personal, y espero que esto no vaya a complicar el desarrollo y crecimiento de los puertos que tenemos en el país.

Manzanillo, claro ejemplo de progreso, que hay situaciones de crimen organizado, bueno, les vuelvo a insistir, no es la Secretaría de Marina sola, está aduanas, hay que ajustar aduanas, hay que ajustar a migración, hay que ajustar a la Secretaría de Salud, hay que ajustar a la misma Armada de México para que cumplan con su función a cabalidad y tener realmente puertos y litorales seguros.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Francisco Salvador López Brito.

Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, el Senador Manuel Cárdenas Fonseca.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.

Hoy es un día triste, desastroso, desde mi muy particular punto de vista, y por lo visto, ese criterio que yo comparto con otros compañeros, es en ambos sentidos.

Aquí la pregunta es, ¿quién engaña al Presidente?

¿Quién, en el día a día, no le permite ver la realidad, él que no tiene una formación legal de abogado? Y que le señalan la ruta a trazar, pero que cuando le permiten ver la realidad y la base legal, reacciona como reaccionó, y hay que reconocerlo, con su reciente iniciativa para darle salida al conflicto, de un transitorio para el Fiscal General de la República.

¿Por qué no hacen aquí lo mismo?

¿Por qué no entendemos que lo que está pasando con esto es absolutamente grave?

Pero como así quieren legislar, como no quieren entender de razones, por eso vengo a expresarme a favor del dictamen.

Así les gustan los dictámenes, sin sentido, contradictorios a la Carta Magna ¡Pues hay que darles gusto, compañeros! Sigamos deteriorando la estructura jurídica de este país, sigan entrando por la trastienda, en lugar de reformar la Constitución, porque así lo quieren, porque así lo mandan, en la obsequedad y en la sinrazón. Les doy mi participación a favor de éste, ya clasificado como mamotreto de dictamen.

¿Por qué también estoy a favor en el criterio de ustedes? Porque viola la Consitución. Estoy también a favor del dictamen, porque genera dos autoridades responsables para atender el mismo tema.

Estoy a favor del dictamen adicionalmente, porque en el tema de seguridad ya está clarito lo que señala el 19 Bis y el 19 Ter del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria, pero quienes elaboraron este dictamen lo quieren desconocer.

Hay que darles gusto, hay que enarbolarlos en su misión porque fueron y se entrevistaron con la parte interesada, el General Secretario fue el Almirante de Marina, fueron a ver a la parte interesada, que ni de leyes saben.

¿Quién engaña al Presidente?

¿O será un vaticinio de lo que ya les planteé aquí?

La entrevista de Colin Powell con Joaquín López Dóriga, previo al año electoral en el que se presumía que podía ganar el señor de los spots, y que otros le han copiado su manera de ser, en el que Colin Powell en su retiro como el segundo a bordo de la autoridad norteamericana le contestó: y también un militar, el que ustedes tengan, el que ustedes elijan.

Pero fíjense nada más, cómo no voy a estar a favor si lo que aquí plantean es una indebida estructura del gasto porque cuida los derechos laborales en la transmisión de un personal, de una secretaría a la otra.

Cómo no voy a estar a favor si lo que plantean es una reingeniería de la administración pública, que habla del que le da al traste a la razón primigenia y a lo que señala la Organización Mundial del Comercio y la Organización Marítima Internacional.

Ya dijeron aquí, son nada más 13 de ciento y tantos, vaya, ni el 10 por ciento.

Pero también les voy a decir por qué estoy a favor, porque les gusta engañar al Presidente.

El dictamen parte de cuatro premisas falsas, que yo las apoyo por falsas. Dice que la Semar no es la Armada de México y actuará en los puertos como un órgano administrativo civil.

Híjole, ¡mis respetos eh!

Dice que su razón de ser es la Marina Armada de México y éste es su brazo operativo, y es la que operará las capitanías de puerto.

Peor, qué brújula llevaba ese marino que hizo este dictamen, que los acuerdos internacionales en la materia, de los que México forma parte, obligan estos cambios.

Mienten, fortalezcan a la SCT, porque aquí señalan que quienes vienen a defender esto que los marinos lo harán mejor, qué falta de respeto a las más de 15 organizaciones que lo han hecho bien.

Qué falta de respeto a esas personas que han generado menos problemas que las áreas de seguridad públicas, que las áreas de aeropuertos.

Y bueno, me traen la tarjeta del tiempo, cosa que les agradezco y yo le solicito a la Presidencia me dé el mismo tiempo que a los anteriores oradores que pasaron de los 10 minutos.

Así pues, estoy a favor, porque otra premisa falsa es que las actividades que se desarrollan en aguas territoriales son competencia de la Semar, la Marina Mercante y la Marina de Guerra tienen propósitos distintos, las aguas sólo en el medio para realizar una actividad comercial o de transporte de pasajeros.

Es tan extensa la violación a los criterios y al derecho positivo mexicano, que ponen en riesgo la solidez institucional de la Armada de México, vienen aquí a decirnos que es una de las instituciones con mayor credibilidad.

Cuídenla por favor, ya se les fue uno en Los Mochis y lo atrapó la Policía Federal de Caminos porque iba a exceso de velocidad, ya sacaron un boletín de prensa, primero diciendo que habían sido los mejores 15 de la Armada de México que en Mazatlán, para que se les fuera en Mochis, de una casita de 182 metros cuadrados, para luego tener que rectificar y aclarar que sí, efectivamente habían sido policías federales y porque iba a exceso de velocidad.

Qué ganas de destruir lo poco bueno.

Claro que mi respeto a la Secretaría de Marina y a sus integrantes.

Claro que mi rechazo a distorsionar la estructura jurídica de nuestro país, pero como se trata de tirarlo por la borda, por eso voy a favor del dictamen, hay que seguir pateando nuestro estado de derecho.

Adicionalmente, ustedes quieren complicar el trabajo de las Capitanías de Puerto, no lo pudieron hacer mejor que con este dictamen, si de lo que se trata es de desgraciar el trabajo de las Capitanías de Puerto, ¡hombre! Pues cómo no voy a estar a favor del dictamen.
Si de lo que se trata es de violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer a la Semar como autoridad máxima en materia de puertos y que se sobrepasa lo que estableció la jurisprudencia en la materia, que consideró que es inconstitucional la participación de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad, y que sólo lo serán como auxiliar de las autoridades civiles competentes, nunca, nunca supliendo sus funciones, si de lo que se trata es darle el traste a esto, pues cómo no voy a estar a favor del dictamen, no tiene un ápice, una coma que regatearle.

Por último, si de lo que se trata es dotar a la Secretaría de Marina de facultades de Ministerio Público y de permitirle que actúen bajo principios de seguridad nacional y de interés público poco claros para el cierre de puertos, pues claro que estoy a favor del dictamen.

Pero adicionalmente, si ustedes escucharon a quienes vinieron a defender el dictamen, pues cómo no voy a estar a favor del dictamen si sus argumentos son, y así lo señalaban, "no habrá mayor gasto", bueno, pues entonces pasen a ese personal de la Secretaría de Marina a la SCT, y así de sencillo, inviértanla y cumplan con los tratados internacionales, y cumplan con lo que rige el criterio que impera en la Organización Marítima Internacional.

Y por otro lado dicen: "que la pesca ilegal", "que la destrucción del ambiente", yo no puedo contradecir, digo, qué pena, compañero López Brito, hay que ir a favor del dictamen, no hay que llevar a la Secretaría de Marina a que sustituya la incompetencia y la omisión de la Semarnat, mucho menos que hagan licitaciones multimillonarias para nuevos aeropuertos, pues entonces que usen el que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional allá en el estado de Hidalgo, hay que ir a favor de estas cosas tan mal hechas, porque así lo hemos venido demostrando en asuntos trascendentes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Manuel Cárdenas.

Senador Cárdenas, usted se registró para hablar a favor, ¿verdad?

Senadores, yo les pediría de su comprensión, ustedes saben y conocen bien lo que marca justamente el Reglamento del Senado para ordenar los debates, y en este caso usted se registra a favor, para votar en contra, el problema es que ya traemos tres oradores en contra.

Les pediría que con el objeto de que tenga desarrollo el debate, si pudiéramos intercalarlos para la siguiente.

Le doy el uso de la palabra, Senador Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Señor Presidente, fui absolutamente respetuoso del proceso y del debate legislativo, y dí mis argumentos del por qué estoy a favor del dictamen, de tal suerte que, con todo respeto, ni por asomo acepto sus comentarios, sugerencia o recomendación.

Esos son mis argumentos para ir a favor de este dictamen, y el dictamen en ningún momento determina el sentido del voto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Cárdenas, respetamos su opinión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores para hablar en contra.

La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Como les decía ayer, la Medalla Belisario Domínguez sólo fue un canapé, y hoy ofrecemos a la Marina el gran banquete, los mejores manjares, más de 100 puertos pasan a su control, se le entregan a los militares las áreas productivas estratégicas de México, y además, pues del ya desmesurado poder militar y político, los "consen" de los Estados Unidos hoy se les da mayor poder económico y se les convierte en otro poder fáctico, subordinando la autoridad civil a la autoridad militar.

Cualquier ocurrencia es buen pretexto, total, que como dice el Senador Bartlett Díaz, aquí nadie lee, cuando alguien lee, pues inmediatamente le entra la duda, como al Senador López Brito que es un hombre con experiencia.

Aquí dicen que si por organización administrativa, que si para combatir la entrada de cargamentos de droga, pues entonces hubiesen pedido sólo las aduanas y no las Capitanías de Puerto, porque el marco ya estaba dado, como aquí lo dijeron, para generar una coordinación institucional, y ya tenían una importante participación en seguridad y en vigilancia.

Y se violenta, claro que sí. Por eso votó a favor, nada más que no lo comprenden.

El Senador Cárdenas, pues diciendo que se violente el artículo 129 constitucional.

Pero que importa, miren, que tal de cínicos seremos en este Senado, que desmiéntame Presidente, y ojalá eso pudiera ser, porque me daría mucho gusto. Que se van a invertir 130 millones de pesos para comprar el Teatro de la República para celebrar el próximo año el aniversario de la Constitución, desgajada, maltratada, violada, con más de 600 artículos modificada. Yo no sé si piensan que sea la sede o que sea su mausoleo, pero sería muy interesante saberlo.

Y como administradores portuarios, decía mi compañero de Campeche: mis compañeros de Campeche, la verdad, les tengo mucha estimación, son encantadores, pero son mentirosos, cada vez que vienen aquí y no se cansan, dicen que no va a ver privatización, a lo mejor están autoengañados, porque son de buen corazón.

Pero hay van a Campeche a decir que no habrá pérdida de empleos, también me lo dijo aquí mi compañero Senador, líder sindical, Romero Deschamps, esa noche, le recuerdo que hasta me invitaba a un paseíto para darme cuenta que no se estaban despidiendo a trabajadores.

Ya vaya y dese otro paseíto por el Carmen para que vea cuántos desempleados hay, y cómo está quedando esa ciudad en ruinas como elefante blanco.

Pero no se cansan de mentir y, hoy nos vienen a decir, que esto es para que sean más eficientes.

Ya la Marina demostró en 40 años que tuvo las administraciones portuarios, que son unos ineptos; y justamente los únicos dos puertos que manejó la Marina este año, el de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas. El de Lázaro Cárdenas fueron los que tuvieron los peores resultados, los únicos que decrecieron; mientras los demás aumentaron su productividad.

Esto es una puñalada por la espalda, no solamente al país, también hoy un homenaje a la Marina Mercante, que son profesionales, que son eficientes, que tienen un prestigio reconocido y que sea considerado que son la más prestigiada de América Latina.

Y aquí ni siquiera se escuchó su voz, ni siquiera fueron tomados en cuenta, invisibles.
Esto es no conocer los galones de su uniforme.

Creo que la de Marino Mercante más que una profesión, es una pasión que ni siquiera hemos respetado.

Peña no sólo ha regalado el país a las transnacionales, ese es el fondo de la olla, sino que se comprometió a blindarlas de cualquier ataque de narcos o de protestas ciudadanas y destina al Ejército y a la Marina para que cuiden sus bienes.

Y aquí estamos muy atrasados, pero el señor Pascual, ex Embajador de México, dijo, el 23 de julio de 2015 en el Senado de los Estados Unidos: compañeros, a frotarnos las manos, los puertos mexicanos servirán para las exportaciones norteamericanas y para que aumentemos y mejoremos nuestra competitividad.

Ellos ya lo tenían planeado, le llegó la orden en inglés al señor Peña Nieto, tardó en digerirla, pero aquí estamos cumpliendo el augurio.

La militarización del país es consecuencia de tener un Presidente débil e inútil, que se atemoriza cuando lo sacan de su Palacio, si no tiene montado un set televisivo o un telepronpter a la vista, no sabe qué hacer, está muerto de miedo y por eso vive arrodillado ante los militares prestos a acatar sus órdenes a las que viene aquí este Senado a apoyar y avalar. A ellos no se les pide que rindan cuentas.

Aquí el Senado sólo trabaja para responder a las consignas de su amo.

Y, sólo, termino con esta preocupación que aquí expresó el licenciado Bartlett, porque de veras somos unos irresponsables.

Militar el país, es empedrar los caminos a la dictadura.

Parece que no saben lo que hacen. Estamos creando un gran monstruo, su hambre de poder no va a saciarse nunca, y sólo podremos acabar con él, el día que despertemos, dándole de beber de nuestra propia sangre y de la sangre de nuestros hijos.

Creo que entonces será muy tarde.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Layda Sansores San Román.

Me han pedido la palabra, sí, ¿con qué objeto, Senador Romero?

El Senador Carlos Romero Deschamps: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Entonces lo tendría que registrar al final, si quiere para alusiones, se lo doy en este momento.

El Senador Carlos Romero Deschamps: (Desde su escaño) Así es, para decirle a la Senadora Sansores que está equivocada, trabajadores petroleros de planta no han sido despedidos, ni en Campeche ni en Veracruz ni en Tabasco, en ningún centro de trabajo. Que sí hay trabajadores que laboraban en compañías despedidos, es otro tema, porque no dependen del sindicato petrolero.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Romero Deschamps.

Se registra de manera íntegra en el Diario de los Debates las intervenciones de la Senadora Anabel Acosta y del Senador Ismael Hernández Deras.

La Senadora Anabel Acosta Islas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Ismael Hernández Deras: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senadora Layda, ¿con qué objeto?

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Pues también para alusiones personales, así como se maneja o para hechos, lo que le convenga más.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La registro al final.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Pues nada más para contestarle rápidamente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La registro, Senadora Sansores, para hechos, con gusto, Senadora.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Que el señor es muy candoroso, ninguno de los sindicalizados, mire, tiene una serie de argucias, primero crearon las outsoucing, donde los controla, después los pensiona.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senadora, por favor.

No, la registro para hechos al final, ya me han pedido para hechos, se la dimos para alusiones.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Bueno, él lo pidió para hechos, y se la dieron para qué.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: No, se la dimos para alusiones personales.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Bueno, démela para alusiones personales, es para terminar el asunto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Le estaba contestando a sus opciones, la registro para hechos, Senadora.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Bueno, si a él se lo dieron para alusiones personales, y habló para hechos, pues seamos parejos, el mismo rasero, ¿o porque es líder sindical?

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La registro para hechos. Él pidió para alusiones, en ese momento, porque usted lo aludió, hay que seguir el debate, la registro para hechos y le doy el uso de la palabra en su momento, tenemos más oradores en el registro. La registro, con gusto.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Bueno, es usted muy amable. Está bien.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Por favor, adelante, Senadora Hilda Ceballos.

Perdón, ¿con qué objeto, Senadora Graciela?

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Perdón, una moción, señor Presidente, si me la permite, por favor.

Mire, un comentario, a mí me parece que esta alta tribuna del Senado de la República debe ser una garantía de la expresión de quienes como Senadoras y Senadores de la República participamos en él.

Pero me parece también que la Mesa Directiva, el Presidente en lo particular, debe observar que la participación en la tribuna debe garantizar esa libertad de expresión, pero me parece que lo que no puede permitir el Presidente de la Mesa Directiva, y desde luego no podemos permitir quienes integramos este Senado con orgullo y con disposición hacia los mexicanos, son los insultos, y me parece que la Senadora Sansores se excede en los insultos.

Y en consecuencia, que sea borrado del Diario de los Debates los insultos proferidos por la mencionada participante.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Ortiz González.

Vamos a revisar, a detalle, la versión estenográfica, para revisar eso. Usted conoce bien el Reglamento, conforme a eso, si se infirieron, vamos a revisar la versión estenográfica, haremos el exhorto.

Tiene el uso de la palabra Senadora Hilda Ceballos.

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Gracias, señor Presidente. Con la venia de la Presidencia de la Mesa Directiva. Senadores y Senadoras:

Acudo a esta tribuna para referirme al dictamen que estamos discutiendo, y que se aprobó el pasado 23 de noviembre en las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Estudios Legislativos; y de Marina, relativo a la iniciativa de reforma legal que envió el titular del Ejecutivo Federal durante los primeros días del mes de noviembre de 2016, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, con el objetivo de que la Secretaría de Marina sea la autoridad marítima nacional y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes siga siendo la encargada de ejercer las funciones de Marina Mercante.

México es un país privilegiado en materia marítima, en razón de que tiene acceso a dos Océanos, el Pacífico y Atlántico, a dos mares, el Caribe y de Cortés, además del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec.

En el Océano Pacífico hay 26 puertos, y en el Golfo de México existen 22 puertos; todos los puertos, sin excepción alguna, son importantes para la actividad económica de nuestro país, ya que concentran el 100 por ciento de la carga contenerizada y el 80 por ciento de la carga comercial.

En el año 2000 el tráfico marítimo de contenedores en unidades equivalentes de 20 pies TEU en México fue de 1 millón 315,701 TEU, para 2014 ascendió a 5 millones 273,945 TEU, esta última cifra es cuatro veces mayor a la reportada en el 2000, de acuerdo con la información estadística del Banco Mundial.

Aproximadamente el 80 por ciento del volumen del comercio mundial, y más del 70 por ciento de su valor financiero, transitan por el mar y por los puertos del mundo entero, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD.

El transporte marítimo logra alimentar a casi 4 millones de personas durante un mes, así como transportar suficientes hidrocarburos para calentar a una ciudad entera durante un año, además de transportar mercancías terminadas por 20 mil camiones pesados por carretera, de acuerdo a la Organización Marítima Internacional, OMI.

El dictamen que fue aprobado por 18 votos a favor y una abstención en las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, coincide con las razones expuestas por el Presidente de la República, en el sentido de armonizar la legislación mexicana con las últimas reformas de los convenios internacionales para la seguridad de la vida humana en el mar, y para prevenir la contaminación por los buques, armonización legislativa que permitirá una reingeniería de la Administración Pública Federal en cuanto a estructuras, funciones y organizaciones de las Secretarías de Marina y de Comunicaciones y Transportes, adecuar las leyes de navegación y comercio marítimo y de puertos.

En materia marítima portuaria a favor de las Secretarías de Marina y de Comunicaciones y Transportes, definir una sola autoridad marítima nacional para que ejerza la soberanía, protección y seguridad marítima, además de salvaguardar la vida humana en el mar y control del tráfico marítimo a cargo de la Secretaría de Marina.

Esta Secretaría también supervisará a la Marina Mercante y proporcionará servicios de información y seguridad para la navegación marítima, nombrar y remover a las Capitanías de Puerto. Atribuir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que lleve el Registro Público Marítimo Nacional, otorgue permisos y autorizaciones de navegación para prestar los servicios en vías generales de comunicación por agua; regule y vigile las actividades de pilotaje; organice y regule la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante.

Seguir permitiendo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicite la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, cuando la primera presuma prácticas anticompetitivas, prácticas monopólicas absolutas y prácticas monopólicas relativas.

A partir de ello se declare un mercado relevante, que en este caso es el transporte marítimo, colaboración administrativa entre una entidad de la Administración Pública Federal y un órgano constitucional autónomo para garantizar el derecho fundamental de libre competencia y concurrencia que señala el artículo 28 constitucional.

Al respecto, cabe mencionar que el 14 de noviembre de 2016, el pleno de la Cofece impuso una multa por más de 45 millones a Golfo Transportación, Naviera Ocean GM y a Naviera Magna, ya que entre septiembre de 2013 a noviembre de 2015, se coludieron para fijar precios con diferencias de un peso y alteración de horarios en la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros en la ruta Playa del Carmen-Cozumel.

Transferir las Capitanías de Puerto a la Secretaría de Marina y seguir permitiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regule, organice y administre la Marina Mercante, así como continuar a cargo de la administración portuaria, el fomento y desarrollo portuario.

Senadoras y Senadores presentes: Aprobar en sentido positivo bajo los términos el dictamen que formularon las secretarías técnicas de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, significa fortalecer y coadyuvar el desarrollo del sistema marítimo portuario de México.

Mi voto será en sentido positivo, ya que en estas reformas legales a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, permitirá que el Puerto de Manzanillo siga consolidándose como uno de los puertos estratégicos de carga y continúe liderándose como el principal puerto de entrada de contenedores donde su participación nacional es de 60 por ciento en el Pacífico mexicano, y del 46 por ciento en el resto del país.

Esto ha permitido que las relaciones comerciales de México sigan siendo favorables con Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Japón, China, Taiwán, Corea, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas.

Reiteramos nuestro reconocimiento a las fuerzas armadas, especialmente a la Marina-Armada de México, quienes han cuidado de todos los ciudadanos mexicanos, quienes han cuidado de la seguridad de nuestro país, de nuestras familias y de nuestros conciudadanos.

Reconozcámosles todos, aquí en el Senado, el trabajo que han llevado a cabo, y en este sentido, doy mi total aprobación para este dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Hilda Ceballos.

Este Senado da la más cordial bienvenida al honorable señor Do Ba Ty, General del Ejército de la República Socialista de Vietnam, Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, y miembro del Parlamento de la Provincia de Láo Cai.

¡Bienvenido usted y todos sus acompañantes!

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente.

Primero que nada, como Senador por el estado de Campeche, quiero enviarle todo mi reconocimiento, agradecimiento y admiración a la Secretaría de Marina Armada de México, y al igual que nos ha pasado en otros debates en este Pleno, escuchamos que se dicen muchísimas cosas que no vienen en el contenido de la ley o dictamen que estamos discutiendo o aprobando.

Y permítanme hablar con un poco más de detalle.

La Secretaría de Marina Armada de México tiene consagrado en varios artículos de nuestra Constitución, pero particularmente en el artículo 30, efectivamente, labores militares, como son el mandato para organizar, administrar y preparar a la Armada de México, pero también tiene labores de prevención en materia de seguridad, en materia de vigilancia, en materia de inspección, de las cuales no solamente las llevan a cabo, sino las llevan a cabo de una manera muy profesional, muy seria, y además, de una manera muy eficiente.

¿Qué es lo que sí dice este dictamen?

¿Qué es lo que sí está consagrado en esta ley?

Pues que la Subsecretaría de Marina se va a encargar de labores de seguridad, de protección marítima y portuaria, de inspección a buques extranjeros, lo cual tiene que ver también efectivamente con el combate a la corrupción, del control del tráfico   marítimo, de la protección del medio ambiente, la cual de por sí ya viene incluida en el artículo 30.
¿Qué es lo que no viene en este dictamen?

¿Qué es lo que no está como parte de este dictamen? El control y la administración de las API´s.

Se han cansado en esta tribuna de decir que va el control y la administración de las API´s, eso se mantiene como una facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del desarrollo portuario, tampoco pasa a la Secretaría de Marina, se queda en la SCT, al igual que la administración y control de la Marina Mercante.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador Lavalle, discúlpeme un momentito.

Por favor, si le dan volumen al Senador Cárdenas, ¿con qué objeto, Senador Cárdenas?

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Señor Presidente, para por su conducto, se le pregunte al orador si me acepta una pregunta.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador Lavalle.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con mucho gusto, Senador, nada más termino mi intervención.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Cuando termine, Senador. Gracias.

Adelante, Senador Lavalle.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Qué otras cosas no están incluidas que se han dicho que van a formar parte de esto que permanece en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las obras, construcciones y conservaciones de obras portuarias, los servicios de pilotaje también se mantienen en el área de la SCT, la administración y la definición de tarifas, fletes y recargos también permanecen en el área de la SCT, las concesiones, las autorizaciones de agentes navieros, todo esto permanece en la SCT, no se transfiere a la Secretaría de Marina, entonces, hablemos de lo que vamos a aprobar hoy.

Lo que vamos a aprobar hoy tiene el objeto de separar de manera acertada las actividades que son inherentes a los puertos nacionales, es decir, por un lado la seguridad; y por otro lado, la administración y el desarrollo portuario.

En cuanto a la seguridad se encuentran las tareas, como lo dije, de vigilancia, inspección, búsqueda y rescate, las cuales de aprobar este proyecto estaríamos encargándoselas a la Secretaría de Marina.

Debemos recordar que esas actividades ya las realizaba, como dijeron otros oradores aquí, la Marina hasta antes de 1976, cuando con la finalidad de concertar las actividades marítimas productivas fueran transferidas de la Semar a la SCT, la Marina Mercante y la administración de puertos, la pesca, entre otras más.

Ahora bien, al transferir a la Marina Mercante al área de la SCT, se pasaron también las Capitanías de Puerto de las cuales tanto se hablaba, que son el ente a través del cual el Estado ejerce su autoridad marítima y regula las normas en materia de protección y seguridad, facultades que tiene específicamente la Secretaría de Marina.

Con esta transferencia se separaron los medios operativos, materiales y humanos de la Armada de México, que en la práctica significó una fractura de la autoridad marítima, ya que su ejercicio quedó dividido en dos dependencias del gobierno federal.

Hoy estamos corrigiendo y llevando a las mejores condiciones posibles lo que ocurre en los puertos de nuestro país.

Con este dictamen se elimina la división de la autoridad marítima, dejando en manos de la Semar, mientras que la SCT se encargará de las actividades económicas y administrativas en materia de puertos.

Volviendo a repasar, porque se ha dicho muchas veces lo que va y lo que no va, las Capitanías de Puerto se encargarán de la seguridad, protección marítima y portuaria, de la inspección de buques extranjeros de abanderamiento y ribereño, del registro nacional de embarcaciones, de protección del medio ambiente y el control de tráfico marino, entre otros, en esta misma materia.

¿Qué es lo que queda y permanece en la SCT? Se encargará del fomento y el desarrollo portuario. Además que va a estar encargado, por civiles, la construcción, como bien decía el Senador López Brito, efectivamente, la construcción y conservación de las obras marítimas, quedan en la SCT; la capacitación, desarrollo y control del personal de la Marina Mercante permanece en la SCT, y el desarrollo de la industria marina, permanece también en la SCT.

Entonces, desde el punto de vista de la industria, pues es el mejor de los mundos. Van a tener en mejores manos la seguridad, el control, la supervisión y la vigilancia, va a estar en mejores manos, y lo que permanece en la SCT, es lo que queremos y necesariamente debe seguir siendo administrado por autoridades civiles.

En consecuencia, lo que hace esta reforma es incrementar la seguridad en los puertos, acorde con las medidas y parámetros internacionales, utilizando la infraestructura con la que cuenta la Secretaría de Marina.

Para terminar, este proyecto fue apoyado por Acción Nacional en comisiones, en tanto que incrementa la seguridad en los puertos nacionales, y reordena de manera adecuada la administración de éstos en beneficio de la economía nacional y de todos los mexicanos.

Por su atención, señor Presidente, muchas gracias.

Y no sé la pregunta del Senador Cárdenas.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Volumen, por favor, en el escaño del Senador Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Habida cuenta de que el orador insiste en incrementar la seguridad, habida cuenta de que no es abogado, es contador público y mi debate es jurídico, y tomando en consideración la contradicción de la indebida estructura que se está planteando, entonces pasarán ese personal a la SCT, si lo que querían no es generar un gasto adicional, y en una cortesía parlamentaria, retiro la pregunta, porque éste es un debate jurídico, no de administración de recursos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Senador José Luis Lavalle Maury: A mí sí me gustaría contestarla.

Miren, si hay algo por lo que se ha distinguido este Senado, y hago un comentario final, señor Presidente, con su permiso, es en precisamente destinar las labores de cada área que debemos tener, desde el punto de vista gubernamental, a las personas mejores facultadas para hacerlo. No solamente lo dice nuestra Constitución, no solamente lo dicen las leyes secundarias, no solamente lo dicen los mexicanos que hoy por hoy refrendan su confianza a la Marina y a la Armada de México.

El tema aquí es que las labores de seguridad las lleve a cabo quien mejor lo hace en nuestro país, que son precisamente los militares.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Lavalle.

Tengo registrados, para hechos, a la Senadora Layda Sansores y también al Senador don Manuel Bartlett.

Si le dan volumen, por favor, al Senador Cárdenas Fonseca, ¿con qué objeto, Senador?

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos y para alusiones personales.

Yo en ningún momento hice ninguna pregunta, así que no tenía por qué usted acceder a que se me contestara lo que no pregunté, pero entiendo la cortesía parlamentaria y bienvenida la tolerancia, porque no había pregunta de mi parte.

Es contador, nosotros somos abogados.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Así es Senador, hemos sido tolerantes con el tiempo, está un Senador en tribuna y yo no le voy a limitar el uso de la palabra. Qué bueno que lo comprende y lo registro.

Adelante, Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: Aquí nada más rápidamente con mi compañerito.

Él argumenta que hay cambios en los artículos 30 y 33 de la Ley Orgánica, sí, pero las funciones de las Capitanías de Puerto quedan intocadas, entonces esto es violatorio del artículo 129 constitucional, porque en tiempos de paz no puede ningún militar ejercer más funciones que las que tengan exactamente conexión con la disciplina militar.

¿Y dígame qué disciplina militar tiene que ver con autorizar los arribos, los despachos, abanderar y matricular embarcaciones? Eso por un lado.

Por el otro, a mi compañero que dice que no se ha despedido a ningún empleado de Pemex, de veras, dan tristeza las argucias, ¿no? Y todos los trabajadores que subían a plataformas, no estaban sindicalizados, no tenían base, no habían comprado su plaza tal vez, ¿verdad?, pero eran trabajadores de Petróleos Mexicanos, y uno hubiese esperado que usted sacara la cara para defender esta empresa nacional, porque mucho usted recibió de ella y nunca dio la cara por su gente, y hoy están sufriendo las consecuencias. Claro, se lo fueron dando a la "outsourcing chingar" para que ellos los explotaran y éstas reciben ganancias millonarias.

Y por el otro lado, para mi compañera que se siente muy ofendida y siempre se anda aquí envolviendo en la bandera, cuando ya su Presidente anda haciendo promoción por el señor Calderón y dice que el PAN es lo verdaderamente importante, lo dijo ayer en su Congreso, y no corrigió.

Pues nada más le quiero decir que yo no dije ningún insulto, y que me lo demuestre. El decir que Peña Nieto es débil e inútil, solamente es una descripción, no es un insulto, y es inútil porque no ha podido darle provecho y certidumbre a este país, y es débil porque está a la vista de todos y tiene 2.3 de calificación, ellos, los ciudadanos están juzgando su capacidad y su eficacia.

Entonces yo solamente le estoy diciendo la realidad, ningún insulto compañera, y yo   creo que vengan otra vez con mejores argumentos para defender aquí a su inútil Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Layda Sansores.

Senadora Hilaria, ¿con qué objeto?

La Senadora Hilaria Domínguez Arvizu: (Desde su escaño) Con el objeto de que para mí resulta muy incómodo como mujer, he servido a la patria como campesina, como política y como servidora que he sido del pueblo de México.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Disculpe, Senadora, ¿quiere que la registre para hechos? Ayúdeme a guardar el orden.

La Senadora Hilaria Domínguez Arvizu: (Desde su escaño) Sí, por favor.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La registro, con mucho gusto, Senadora Hilaria Domínguez.

Tiene el uso de la palabra don Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Es obvio que la estrategia que siguen quienes coordinan a las fracciones de este Senado es no discutir, eliminar toda participación porque saben muy bien que en el debate surgen, precisamente, las debilidades de sus planteamientos, entonces vamos a seguir buscando que no se debata en el Senado de la República, y es lo que estamos viendo aquí, si hay argumentos pasen a decirlos.

Se trata de discutir y dialogar, ese es este Senado, y obviamente, desde luego, pues el debate puede ser rudo, puede ser fuerte, ningún Senador puede ser reconvenido, ni por la Presidencia del Senado; tratamos de ser cuidadosos, un poco por razón de educación, pero los calificativos son válidos, son válidos al señor Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros, porque hay que recorrer los estados, por ejemplo, Campeche está devastado, Tabasco está devastado.

La entrega del petróleo a empresas extranjeras ha sido brutal, y con todo respeto y a lo mejor nuestro compañero aquí Secretario General de los Petroleros nos puede recordar ¿cómo fue que se acordó, Senador, que se iba a despedir a los trabajadores? Está acordado en las reformas estructurales, en la reforma energética está acordado que van a entregar no solamente a los trabajadores que ya están saliendo rápidamente, sino acordaron también quitarles derechos.

Acordaron que el estado generoso que ha vivido del petróleo iba a ser un gran esfuerzo para ayudar a un arreglo en relación con los derechos de los trabajadores, los derechos ganados con el esfuerzo de los trabajadores petroleros, tienen que revisarse las pensiones, los trabajos y está dispuesto el Secretario de Hacienda, listo para apoyar al sindicato y a los trabajadores siempre y cuando acepten que les mochen sus derechos.

Ésto está en la ley, han traicionado a los petroleros, han traicionado a los electricistas, han pactado la ruina del Estado en materia de energía.

Entonces la verdad, y no es un insulto, se lo digo directo al señor Secretario del Sindicato Petrolero, creo que pactó y creo que está entregando todo y aquí vino a apoyar la entrega del petróleo mexicano, aquí lo vino a entregar.

Si tiene usted algo más que decir, suba aquí, señor, porque no sube nunca, ahí está protegido, ahí está para que no lo toquen.

¿Quiere usted hacer señas? Venga aquí a hacerlo, Senador, no se ría, sea valiente eh, ¿quiere decir algo? Suba aquí, porque lo que pasa es que no se quiere discutir.

Fíjense ustedes nada más un Senador panista, López Brito, que conoce el sistema, que ha trabajado en las Capitanías de Puerto, nos vino a decir con toda honestidad cómo se ha progresado a través de las Capitanías de Puerto y a decir, a final de cuentas, que no consideraba que era un avance que la Armada de México se apoderara de las Capitanías de Puerto.

Vienen aquí otra vez a decir que no se dice lo que se dice. Dicen que hay un reacomodo de funciones, no, hay una transmisión de las asociaciones claves a la Secretaría de Marina y, por tanto, a la Armada de México, que además inventan ahí una cosa desde hace años, que una cosa es la Secretaría de Marina y otra cosa es la Armada de México, aun cuando el Almirante, jefe de uno, es el jefe de la otra, no es la militarización, lo tienen desde el primer artículo que analiza esa comparación. Han creado lo que se llama "la autoridad nacional", un sistema de autoridad nacional, que la tiene ya, en este cambio, la Secretaría de Marina, o sea, la Armada de México.

Aquí está desde el primer artículo, que es el artículo 30, fracción V, establece: "Ejercer la autoridad en las zonas marinas mexicanas, en las materias siguientes", y ahí vienen los principales, ahí está. Y si siguen ustedes en este comparativo, se van a dar cuenta que no es una reorganización, es un cambio de los conceptos fundamentales de autoridad a la Marina y, por tanto, a la Armada de México, eso es lo que están haciendo.

Y aquí se dice, no es cierto que es un arreglo nada más, no, es una entrega de los puertos a la Marina, y no se les olvide, porque hay que disfrazar todo, la entrega de los puertos a la Marina tiene que ver con lo que aquí dijo Layda, es señalado por el ex Embajador Pascual en el Congreso de Estados Unidos, ya está definido en el mapa en Estados Unidos, en el Congreso, en qué lugares van a estar las empresas norteamericanas transnacionales para hacer plataformas de lanzamiento de comercio de nuestros puertos, la ocupación de nuestros puertos, o sea, no es casual un paso tras otro.

Si decimos: "no, es que esta es una cuestión administrativa, no tiene la mayor importancia", no, claro que tiene. Los intereses de las transnacionales, ahora vamos a ver qué hacen con Trump porque acordó Peña todo con Barack Obama y con la Clinton, por eso se paseaban aquí como partidarios de la Clinton, está acordado ya la entrega de los puertos mexicanos a las empresas transnacionales, ya está acordado.

Entonces no es casual que ahora resulta que le entregan a la Marina, a la Armada de México, la militarización de los puertos, porque va junto, si no se dan cuenta es por perversión o por ignorancia.

El territorio nacional está entregado, los puertos están ya concesionados y necesitan los intereses transnacionales norteamericanos que se los cuiden las Fuerzas Armadas, la Marina, es lo que están haciendo y por eso vienen con mentiras otra vez.

Miren ustedes, aquí, es una pequeña reforma administrativa, no es cierto, es la militarización de todos los puertos mexicanos, eso es lo que es, para la defensa de los intereses de exportación de empresas transnacionales extranjeras, es lo que es, es lo que están haciendo.

Y cuando decimos que es "traición a la Patria" lo es, "traición a la Patria". Esos acuerdos del Presidente Peña Nieto están inscritos en el Código Penal y se entiende por "traición a la Patria" todo acuerdo con una potencia extranjera, eso es, entonces no se molesten, vengan a discutir.

Como le digo a Romero Deschamps, venga a discutir, lo menciono, ojalá algún día se animara, ahí lo está protegiendo un compañero que protege y que también ataca, usted que está ahí, que anda paseándose de manera que vamos a echarle ganas, y no preparen una aprobación verdaderamente brutal en contra de los intereses nacionales, no la preparen para que no haya debate.

Suban, defiendan, indígnense, suban a indignarse, nosotros también vamos a contestarles, de una vez, y entonces, sin quererlo, fíjate, ya se engancharon en el debate, y en el debate surgen precisamente las debilidades, como lo hizo el señor Senador López Brito, a quien felicito por tener una actitud independiente y no acatar la instrucción "vamos a votar por esto". Él dice: "no, está mal, porque las Capitanías de Puerto, todo ese trabajo de los marinos mercantes ha funcionado", pero eso no les importa, les importa cumplir con compromisos que son traición a la patria.

Si hay algún otro compañero que se moleste por el leguaje, pues podemos discutirlo.

Yo puedo sacar el Código Penal para decirles lo que es traición a la patria.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, don Manuel Bartlett.

Y solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se abre el registro para reservas.

En virtud de que no hay otros oradores ni reservas, ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de esta votación.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 63 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El mayor reto en materia ambiental consiste en la correcta aplicación de las normas vigentes en la materia. Aquellas que tienen como fin preservar la vida silvestre, limpiar los ríos, los mares, sanear el aire y fomentar la investigación.

Mitigar y adaptarnos a esto que es el reto más grande que tiene hoy la humanidad, que es adaptarnos al cambio climático.

La opción más fácil para alcanzar ésto sería reprimir la actividad económica, pero acertadamente la actual administración federal apuntó en un sentido inverso, al señalar como un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo el impulso de un crecimiento verde que preserve nuestro patrimonio natural al tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

En el caso de lo anterior el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero diagnosticaron severamente la actual situación medioambiental del país.

En esos documentos se reconoce que el crecimiento del país no ha sido ambientalmente sustentable, así como también que paralelamente al aumento del Producto Interno Bruto crecieron las emisiones del CO2.

La generación de residuos y las descargas de aguas residuales, a la vez que la cubierta vegetal se redujo, mientras que el costo total de la degradación ambiental representó 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto con relación al 2011.

Asimismo, la emisión total del CO2 en 2010 fue cercana a los 748 millones de toneladas, lo que colocó a México entre los primeros 15 países en este rubro por su volumen de emisión.

La actual administración ha reconocido que el país puede dar impulso a las energías renovables y reducir emisiones de contaminantes climáticos de vida corta.

Por lo que ha establecido como una línea de acción elaborar propuestas de instrumentos económicos que otorguen incentivos fiscales a acciones de conservación, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y medio ambiente. En este rubro, en el cual se pretende incidir la presente iniciativa, es decir, en el apoyo a los contribuyentes que colaboren con la mejora del ecosistema.

Lo anterior se afirma toda vez que la posibilidad de acceder a apoyos fiscales, está prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1980, la cual establecía que las inversiones se podrían deducir mediante la aplicación de los por cientos máximos autorizados por dicha ley, al monto original de la inversión con equipos para la generación de energía proveniente de fuentes renovables.

Lo que nos lleva a concluir, que si bien es cierto, se mantiene un beneficio demérito, éste también se ha reducido, por lo que es susceptible ser ampliado para volver al esquema anterior, mismo que nos parece mucho más provechoso para la actividad productiva.

Es por ello que proponemos a través de la presente iniciativa una reforma al artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de que los por cientos máximos autorizados para deducir, tratándose de activos fijos, serán del 100 por ciento para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables, y prevenir y controlar la contaminación ambiental o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente.

Si como afirma Al Gor: “Corremos el peligro de cambiar la composición de la atmósfera terrestre de manera mucho más desastrosa que cualquier erupción volcánica de la historia”.

Entonces, proponer soluciones creativas que procuren el desarrollo sustentable sin que estas impliquen un menoscabo a la producción, se vuelve una necesidad para quienes ocupamos una responsabilidad pública, y tal es la inquietud que motiva la formulación de la presente iniciativa, la cual espera contar con el aval de esta Soberanía.

Solicito a la mesa sea inscrito el documento completo con la propuesta formal del nuevo texto del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Muchas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz. Se toma su solicitud. Túrnese a la Cámara de Diputados.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora Silvia Garza, ¿con qué objeto?

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, felicitar al proponente Senador, excelente su propuesta. Esto dará un excelente impulso a lo que necesitamos de bajar los niveles de contaminación, y decirle si me permite suscribir su interesante e importante iniciativa.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Adelante, Senador.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Desde luego que sí, Senadora, con todo gusto.

Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Tome nota Servicios Parlamentarios.





 

Corresponde el uso de la tribuna al Senador Héctor David Flores Ávalos, con aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en relación con la Fiscalía General de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Presentada por el Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Durante los últimos años el fantasma de la impunidad no sólo no ha desaparecido, sino que ha incrementado la zozobra que permea en nuestra sociedad, atemoriza a los ciudadanos y, peor aún, alienta a los delincuentes a seguir quebrantando el estado de derecho.

Hemos visto, inclusive, ya algunas expresiones preocupantes que respaldan a quienes han pretendido tomar en sus manos el ejercicio de la justicia.

Este diagnóstico desolador nos da cuenta de que el diseño de la actual Procuraduría General de la República ya no es funcional. No lo digo yo, lo demuestran las cifras, quisiera referirme a algunas.

El Índice Global de Impunidad, en ese índice México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en impunidad, alcanzando una cifra de 75.7 puntos porcentuales, tan sólo por debajo de Filipinas, lo cual resulta no solamente preocupante, sino inaceptable; además de ser el segundo país más violento, sólo por debajo de Venezuela.

La Procuraduría General de la República como fue diseñada, y la reforma constitucional de 2014, mediante la cual se creó la Fiscalía General de la República, hoy, antes de entrar en vigor, ya presenta algunas controvertidas, o algunos problemas, digamos, controvertidos.

El manejo selectivo de la procuración de justicia, los altos índices de impunidad, la desconfianza de la sociedad nos dice que estas instituciones no solamente no están funcionando, o no han funcionado a la altura de las exigencias de la ciudadanía, sino que nos enfrentamos a un reto frente a una institución que todavía no ve la luz y ya presenta serios cuestionamientos sobre su legitimidad.

El sistema democrático, creemos, atraviesa una crisis innegable, y en mucho la atraviesa porque no ha logrado satisfacer las más elementales demandas de la ciudadanía, y una de ellas, quizá la más sentida, es la administración y la procuración de justicia.

¿Qué es un Estado que resulta incapaz de procurar justicia a sus ciudadanos? ¿De qué sirven las leyes o las instituciones en un entorno donde la corrupción no tiene castigos? ¿Qué percepción de la democracia queremos que tengan los ciudadanos ante la corrupción, ante la impunidad, que en realidad no son más que otras formas o formas alternas de injusticia?

El proyecto de reforma que hoy presento en nombre del grupo parlamentario del PAN, tiene como fin, precisamente, apuntar a la solución de este tipo de problemas, es posible construir una nación con estado de derecho.

Hace dos años en el marco de la reforma político-electoral, en un contexto de aprobación mucho más favorable para el Ejecutivo Federal, se hizo un primer esbozo de la nueva Fiscalía General de la República, tanto en la sociedad civil como en el recinto de este Senado de la República hubieron voces que señalaron las deficiencias de ese diseño que nunca satisfizo del todo a esta Soberanía, en ese entonces, el partido en el gobierno ostentaba una condición, desde el punto de vista político y desde el punto de vista del respaldo de la ciudadanía, que pensamos hoy no se tiene.

Es momento de reflexionar, las circunstancias han cambiado, la diluida legitimidad de algunas instituciones y la opinión de la sociedad civil han presionado para aceptar  que no es posible transitar de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía General de la República si no agotamos previamente un proceso de legitimación claro y transparente, de cara a la ciudadanía, que nos deje satisfechos a todos: a la clase política, desde luego, a los responsables de su aprobación en este Senado y en la Cámara de Diputados, pero también a la sociedad en su conjunto.

El actual diseño institucional de la Fiscalía General de la República plasmado en la Constitución Política, como lo dije hace un momento, no parece ser capaz de procurar la ansiada justicia por los mexicanos.

Quisiera resaltar brevemente algunos de los aspectos que contiene esta iniciativa y que le dan materia a lo que hace un momento comentaba.

Primero, respecto del nombramiento del Fiscal General se establecen nuevos requisitos, uno de ellos es que el Fiscal General de la República no haya desempeñado cargos de dirección o representación en algún partido político, por lo menos durante seis años anteriores a su designación, es indispensable generar confianza y credibilidad en los ciudadanos.

Sobre la duración y la remoción del cargo, se establece que el Fiscal General deba cubrir su encargo hasta por siete años improrrogables.

Los Senadores promoventes sabemos que la duración promedio de un Procurador General de la República hasta el día de hoy, lamentablemente no ha rebasado el año y medio. Sin embargo, también pensamos que la institución, el compromiso que demanda esa institución, parece hacer inviable contar con un procurador de nueve años.

Se establecen igualmente candados a la remoción del fiscal, consideramos que si el nombramiento se hace a través de un ejercicio de colaboración entre poderes, la remoción deba hacerse de esa misma forma; se señala como plazo diez días para que el Senado resuelva y de lo contrario se entiende aceptada la solicitud de remoción que haga el Ejecutivo, que es consistente con el proceso de nombramiento.

Las fiscalías especializadas, la Inspectoría General y el Consejo Consultivo son otros elementos novedosos.

Respecto de las fiscalías especializadas, incluimos la de derechos humanos, además de la electoral y, desde luego, de la Fiscalía Anticorrupción.

En este sentido, vale destacar nuestra preocupación porque las tres fiscalías especializadas tengan el mismo rango jerárquico que el fiscal general.

No hay razón para no considerarlo así, la generalidad del fiscal está en función de su capacidad, de su competencia para conocer de cualquier materia, la generalidad no es un tema de rango, es un tema de competencia.

La especialidad de la materia por parte de estas fiscalías lo que hace es que genera una competencia que es exclusiva y excluyente de la Fiscalía General.

También se prevé la figura de la Inspectoría General, la cual funcionará como un órgano interno de control y se encargará de perseguir los delitos que cometan los servidores públicos adscritos a la Fiscalía.

Asimismo se establece la existencia de un consejo consultivo formado por cinco consejeros, el cual tendrá la facultad de opinar sobre la emisión de instrumentos normativos que regulen el funcionamiento de la Fiscalía General, revisar o incluso proponer las políticas de profesionalización de los servidores públicos adscritos a esta Fiscalía General.

Respecto al nombramiento y remoción de los nuevos cargos creados en el diseño institucional, los fiscales especializados se proponen sean nombrados por cinco años improrrogables y sean nombrados y removidos igualmente por el Senado de la República.

En el procedimiento de remoción se iniciará a solicitud del 33 por ciento de los integrantes del Senado.

Estas reformas a la Fiscalía General de la República, son una oportunidad histórica    ante un México que lamentablemente ve cómo se levantan algunas voces en favor de justicieros o de personas que al margen de la ley pretenden tomar la impartición de justicia en sus manos, es indispensable que el Estado mexicano tenga una respuesta clara y contundente, que parta de la idea de darle una autonomía eficaz, operativa a la Fiscalía General de la República, pero también a las fiscalías especializadas.

El Estado mexicano y la percepción de la ciudadanía, en opinión del grupo parlamentario del PAN, sólo podrá cambiar y transformarse en la medida en la que devolvamos esa confianza, a través el ejercicio de la procuración de justicia en manos de una Fiscalía General lo suficientemente autónoma.

Finalmente, compañeras y compañeros Senadores, me parece importante mandar un mensaje a la ciudadanía: Debemos ser empáticos con nuestros connacionales que demandan, que claman un alto a la corrupción y hay que mandar una clara señal de que en México las instituciones efectivamente pueden funcionar.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Héctor Flores Ávalos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE HIDROCARBUROS

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente. Con la venia de la sala.

¡Al pueblo de México!

¡Al pueblo de Tabasco! Con mucho amor y cariño.

Compañeras y compañeros Senadores:

Es innegable la enorme aportación que para la riqueza nacional le ha significado el desarrollo de la industria petrolera en los estados de Tabasco y Campeche.

En el caso de Tabasco, mi estado bello, este desarrollo se traduce en que actualmente mi estado es el primer productor nacional de gas y el segundo productor nacional de crudo.

No obstante este importante crecimiento y su valor en la economía nacional, ha tenido grandes costos sociales y ambientales; es evidente que a mayor número de instalaciones, mayor número de accidentes y siniestros potenciales.

Es por ello que se mantiene como un gran pendiente dentro del sector energético, la atención y la resolución no sólo de los impactos ambientales, sino también de los pasivos sociales provocados por el desarrollo de esta industria.

Los pasivos sociales se conforman con aquellas afectaciones derivadas de la actividad petrolera que han sido denunciadas en diversos momentos por los ciudadanos en contra de la ahora Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, Pemex.

Como parte de estas afectaciones, se vislumbran de manera general: la merma en la producción agrícola; contaminación de suelo, aire y agua; muerte de semovientes; inducción y retención de agua; daño a activos de producción, pesca, agricultura y ganadería; y deterioro a infraestructura pública y vivienda.

También destacan los derrames de crudo que han sido, desafortunadamente, una constante que afecta recursos naturales y actividades productivas. Estos derrames representan, quizás, la afectación más alarmante e impactante para la población.

Así tenemos que, conforme a cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Tabasco ocupó el primer lugar en derrame de petróleo crudo, en virtud de que el volumen derramado en 442 eventos ocurridos en la entidad representa el 40 por ciento del total nacional.

Esta afectación ha generado reclamaciones, por parte de los ciudadanos afectados, ante Pemex, como primera instancia, y ante la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del gobierno de Tabasco.

Es claro que la ausencia de atención y resolución a las mismas, constituyen una problemática que representa la cara indeseable y perjudicial de la industria petrolera.

Como parte de este tipo de afectaciones y pasivos sociales de la industria petrolera en la entidad, generado por la actividad de Pemex, destaca como ejemplo emblemático el incidente del Pozo Terra 123, ubicado en el ejido El Sitio, Nacajuca, Tabasco, el cual ocurrió el 27 de octubre de 2013.

Este evento generó, compañeras y compañeros, 43 mil reclamaciones por daños a vivienda, a cultivos y mortandad de peces, que fueron dictaminadas improcedentes en primera instancia, de Pemex.

Con la presente iniciativa que presento, propongo:

Primero. Establecer la política de Estado que contemple la reparación, atención y prevención de estos daños sociales, pasivos sociales, ocasionados por la industria de hidrocarburos, cuyo diseño, ejecución y cumplimiento se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo y se sujete al cumplimiento de la ley.

Dicha política debe comprender el diseño y ejecución de programas integrales, que incluyan acciones encaminadas a atender, resarcir y prevenir dichos pasivos.

Impulsar a partir de la previsión legal de estos Programas Integrales de Reparación Social, la coordinación de acciones entre la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y las Empresas Productivas del Estado, principalmente Pemex, y las entidades y dependencias competentes de los gobiernos de las entidades federativas correspondientes.

En concreto, se propone una adición de un Capítulo V Bis denominado “De la Política Nacional de Reparación Social y sus Programas Integrales”, al Título Cuarto, “Disposiciones aplicables a la Industria de Hidrocarburos”, de la Ley de Hidrocarburos.

Además, se propone que en la realización de los estudios de impacto ambiental de la actividad derivada de contratos y asignaciones respecto a dicha industria, se prevea también la coordinación de las dependencias competentes de los gobiernos estatales para que coadyuven en la prevención de afectaciones económicas y sociales a poblaciones, comunidades y grupos sociales.

Considerando que: los daños a pasivos sociales constituyen una asignatura pendiente, muy importante no sólo para Tabasco, sino también para otros estados con vocación petrolera y para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos en la era de la posreforma energética; y de acuerdo al artículo 25 de nuestra Ley Fundamental, la planeación democrática nacional debe recoger las aspiraciones y las demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo.

En ese tenor, proponemos dos disposiciones transitorias para que:

1. La Secretaría de Energía, dentro de un plazo de 30 días contando a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, inicie el proceso de diseño y ejecución de los Programas Integrales de Reparación Social, en coordinación con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, así como con las dependencias competentes de los gobiernos de las entidades federativas con mayor actividad de la industria de hidrocarburos, con el objeto de identificar y atender los daños o pasivos sociales y brindar respuesta con acciones resarcitorias e indemnizatorias a las comunidades y grupos sociales que han sido afectados.

El Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, adecuará el Plan Nacional de Desarrollo para incluir la política nacional de reparación social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas que correspondan y, en su caso, con la participación de los municipios.

Compañeras y compañeros Senadores, aquí estamos todos para luchar por la justicia, los pueblos de donde se ha extraído el petróleo, con la gran contaminación, han perdido su tierra, se han contaminado sus lagunas y sus peces mueren, y ahora no hay trabajo, no hay producción del campo y la gente tiene hambre y requiere que este Senado de la República le haga justicia.

Yo le pido a la Presidencia de la Mesa Directiva se inserte la versión íntegra de mi propuesta de reforma en el Diario de los Debates.
Espero, Senadoras y Senadores, ante el pueblo de México, que apoyen esta iniciativa, porque el pueblo ya no está aguantando mucho el que no tenga justicia y que tengan que emigrar a otros estados o a otros países porque no tienen fuente de trabajo; hay hambre, hay mucha necesidad en las comunidades.

Y mi estado, que se ha caracterizado por ser un estado rico en agua, tierra, petróleo, gas; el petróleo a las comunidades, al pueblo, simplemente no lo ha ayudado, y le hemos entregado mucho dinero, toneladas de dinero al gobierno federal, y estamos esperando, todavía, que nos devuelvan una parte de lo que tanto, que Tabasco, le ha dado al pueblo de México.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Fernando Mayans Canabal. Se obsequia su solicitud, se solicita se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos.





 

Corresponde el uso de la tribuna al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 33 de la Ley General de Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación.

El Sistema Educativo Nacional históricamente ha enfrentado grandes problemáticas y desafíos, entre ellos se encuentran la cobertura en la educación básica y media superior, ampliar la oferta en el nivel superior, la calidad educativa, la infraestructura escolar, así como reducir la deserción y abandono escolar; sin embargo, aunque existen ciertos avances en cada uno de éstos ámbitos, aún hay mucho por hacer.

Por citar un ejemplo, en materia de cobertura educativa por nivel, en los últimos 50 años el país ha tenido un avance significativo en educación básica, mientras que en el año de 1970, el 36.1 por ciento de la población de 6 a 14 años no asistía a la escuela, para 1990 esta cifra había disminuido al 13.4 por ciento.

Para el ciclo escolar 2015-2016 la cobertura de educación básica, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en la población entre 13 y 14 años de edad, es de 96.6 por ciento; mientras que la cobertura en la modalidad escolarizada, en educación media superior, alcanzó el 74.2 por ciento de la población en edad de 15 a 17 años.

Por su parte, en la educación superior, en la modalidad escolarizada técnico superior, normal y licenciatura, tuvo una cobertura apenas del 31.2 por ciento del grupo de población entre 18 y 22 años de edad, lo que significa que en este nivel educativo es donde existe mayor rezago en materia de cobertura.

En este sentido, si bien el acceso a la educación básica y media superior ha tenido un aumento significativo, mientras que en el nivel superior es mínimo el avance, existen datos que revelan que hoy en día la problemática no se centra en el ingreso a cualquiera de los niveles educativos, sino en la permanencia en los mismos, sobre todo, las estadísticas muestran que en la educación media superior y superior es donde la deserción y el abandono escolar cobran mayor fuerza.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, en el análisis del modelo de tránsito escolar en el sistema escolarizado se puede observar esta problemática, ya que mientras que en el ciclo escolar 1999-2000, de 100 niños que ingresaron, 90 de ellos lograron egresar de dicho nivel, lo que significa que 10 abandonaron la escuela; para el ingreso a secundaria, en el ciclo 2005-2006, solamente 85 accedieron a este nivel de educación básica, pero solamente egresaron 67, quedando en el proceso 23 estudiantes que no se inscribieron a este nivel o que abandonaron sus estudios.

De tal manera que para el ciclo escolar 2008-2009, el total de alumnos que terminaron su secundaria, 7 ingresaron a escuelas técnico profesionales y 58 a bachillerato general, de los que solamente 3 lograron terminar sus estudios técnicos profesionales y 37 el bachillerato general, de lo que se obtiene que 25 estudiantes abandonaron la escuela.

Finalmente, encontramos que de los 40 estudiantes que lograron terminar su educación media superior, en cualquier modalidad, solamente 31 ingresaron a licenciatura, de los cuales, 9 tuvieron que abandonar sus estudios y solamente 22 lograron concluirlos.

Es decir, el mayor riesgo de abandono educativo se encuentra en el tránsito de la educación básica a media superior, así como en el ingreso y permanencia de los estudios superiores.

Es en ese periodo, en el que 42 estudiantes de 100 abandonan sus estudios, situación que merece la atención y esfuerzo por parte de los tres niveles de gobierno.

Las causas de la deserción y el abandono escolar son diversas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción Escolar 2012, el problema de la insuficiente escolarización en los países de Latinoamérica se refiere a la limitada capacidad de los sistemas educativos para garantizar que el alumno pueda permanecer en la escuela.

Hoy en día, en México, los estudiantes tienen grandes posibilidades de ingresar a estudiar la educación básica y media superior; mientras que encuentran grandes obstáculos y dificultades para obtener un lugar en las universidades.

Sin embargo, otro problema es mantenerse en dichos niveles educativos, lo que significa que también es un reto a vencer.

Desde esta perspectiva, en materia de abandono o deserción escolar, cobran relevancia los aspectos referentes a:

La estructura socioeconómica, política y cultural que dificultan la permanencia de los jóvenes en las escuelas;

Las condiciones de marginalidad, pobreza, vulnerabilidad social;

El prematuro ingreso al mundo laboral;

La segmentación social;

La inestabilidad económica;

El mantenimiento de tasas de bajo crecimiento y;

El alto desempleo en las sociedades.

El estudio señala que el común denominador de estos factores consiste en que la responsabilidad en su producción y reproducción se atribuyen a gentes extraescolares, como puede ser el Estado, la comunidad, el mercado, los grupos de pares y la familia, de tal manera que del análisis de estos elementos se puede concluir que la inequidad es el factor determinante para la deserción escolar.

Como puede notarse, la deserción escolar no es un tema menor, tal como ya se ha mencionado.

Si bien en los últimos años México ha tenido un avance importante en materia de cobertura educativa en los niveles de educación básica y media superior, no ha sucedido lo mismo en el hecho de mantener a los estudiantes en las escuelas, ya que los factores sociales, culturales y familiares influyen de sobremanera, al grado que determinan el hecho de abandonar sus estudios.

Uno de los enfoques que han dado a esta problemática los últimos gobiernos federales en México, ha sido el establecer programas de ayuda para estudiantes, sin que esto constituya una política pública de Estado, ya que en la mayoría de los casos, son programas sexenales que no tienen continuidad, mucho menos una visión a largo plazo; en virtud de ello, resulta insuficiente e inútil para combatir este tipo de problemáticas, al grado que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en su Indice de Desempeño de Programas Públicos Federales 2015, señaló que el 85 por ciento de los programas sociales del gobierno federal no cumplen con la meta para la que fueron creados o son tan opacos que no puede conocerse el nivel de desempeño.

De acuerdo con este estudio, sólo 10 programas tienen un desempeño óptimo, 13 tienen alto potencial y 6 son mejorables.

Por otro lado, existen 42 programas cuyo desempeño es escaso, 47 que representan “dispersión de la política social federal”, y 43 cuyo nivel de desempeño no es estimable debido a su opacidad.

En este sentido, en materia de ayuda a jóvenes que cursan su educación media superior o superior, es necesario establecer una política pública del Estado mexicano que les garantice apoyos económicos para concluir sus estudios.

Por ello, el objeto de la presente iniciativa es modificar la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, a fin de contemplar como una obligación de las autoridades educativas, establecer un programa universal de becas dirigido a los estudiantes de educación media y superior, y con ello otorgarles mayores garantías para terminar sus estudios.

Actualmente, la Ley General de Educación en su artículo 33, fracción VIII, señala como una obligación para las autoridades educativas el desarrollar “programas con perspectiva de género”, para otorgar becas y demás apoyos económicos, preferentemente a los estudiantes que enfrentan condiciones económicas y sociales que les impiden ejercer su derecho a la educación.

Sin embargo, no existe un referente específico en cuanto a los estudiantes de educación media y superior, en virtud de que es en estos niveles educativos donde existe mayor deserción escolar.

La finalidad de esta iniciativa es reducir los riesgos asociados a la desigualdad y que ocasionan que muchos jóvenes abandonen la escuela. Al garantizarles un ingreso fijo y permanente a los estudiantes, podrán dedicar su tiempo a estudiar y no tener que trabajar para solventar sus gastos.

Por años el país ha luchado por reducir la brecha de desigualdad que genera graves problemas para la sociedad.

Sabemos que resulta imposible terminar con esta brecha entre quienes tienen todas las oportunidades para desarrollarse y quienes sólo buscan sobrevivir en medio de la pobreza.

Con el establecimiento de una beca universal digna para los estudiantes de educación media superior y superior, se abona a la reducción de esta falta de oportunidades; mientras que los apoyos para los grupos vulnerables no sean una política de Estado y sólo sean programas de visión electoral, difícilmente se logrará reducir la brecha de desigualdad.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador David Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.





 

Compañeras y compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva dos Acuerdos que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por los que se modifican las comisiones senatoriales.

Solicito a la Secretaría dé lectura a ambos Acuerdos.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura al primer Acuerdo, señor Presidente.







 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura al segundo Acuerdo, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Están a discusión los Acuerdos. Al no haber oradores registrados, consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos presentados. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Me permito hacer del conocimiento de la Asamblea un Acuerdo adicional de la Junta de Coordinación Política.



Está a discusión. Al no haber oradores registrados, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo en comento.





 

Les informo a las señoras Senadoras y señores Senadores que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo oarlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 14, 17, 18, 23, 26, 27, 44, 46, 56, 57, 61, 62, 64, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 152, 155, 156 y 161 de la Ley Agraria, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La tenencia de las tierras y el reparto agrario han tenido una base histórica fundamental.

Para comprender la importancia que en nuestro país reviste la propiedad de las tierras a favor de quienes las trabajan, este es el principal motivo para promover una reforma legal que tenga por objeto atender una de las demandas más sentidas del sector rural.

El otorgamiento genuino de la propiedad de las tierras a los ejidatarios respecto de sus parcelas son circunstancias que no puede abordarse sin hacer una reflexión sobre el desarrollo histórico que ha tenido en México la división de las tierras y su propiedad.

En este sentido, la reforma que se somete a la consideración de esta Soberanía no debe pasar por alto el desarrollo histórico de la propiedad rural, que es la base en la que se fundamenta el reconocimiento de los derechos de los legítimos propietarios para trabajarlas.

La pretensión de este proyecto es subrayar las transformaciones del régimen agrario a partir del siglo XIX y particularmente a partir de la reforma constitucional de 1992, a efecto de contextualizar el objeto primordial de la reforma propuesta.

La reforma al artículo 27 constitucional de 1992 tuvo como finalidad el cambio de régimen de derechos del ejidatario sobre sus tierras, pasando de un derecho de naturaleza indefinida sobre tierras colectivas que impedían su comercialización y vinculaban al ejidatario a intereses de terceros, al régimen de propiedad privada, el cual, sin desvincular al ejidatario de la colectividad a la que pertenece, le confería la seguridad jurídica que se requiere para realizar cualquier acto jurídico que le permitiera obtener de sus tierras el mayor provecho posible.

Es momento de concretar los objetivos establecidos en la reforma constitucional de 1992, al tiempo que, en un marco de desarrollo y competitividad, se adopten las medidas que después de la aplicación de dicha reforma en 20 años se tornan necesarias.

De forma tal, que se impulse el desarrollo del campo mexicano, a través del otorgamiento del dominio pleno y absoluto de las tierras a sus legítimos poseedores.

Con estas modificaciones la Ley Agraria faculta a la asamblea ejidal para determinar la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, por lo que el núcleo de población agrario podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarias o de los que carezcan de los certificados correspondientes y, consecuentemente, destinarlas al asentamiento humano, al uso común o a parcelarlas en favor de los ejidatarios, y al uso de servicios públicos o de interés público.

De acuerdo con información pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, actualmente existen alrededor de 5’700,000 ejidatarios y comuneros. Además, con información proporcionada por el Registro Agrario Nacional, se señala que en el país existen 31,628 ejidos, lo que constituye una superficie total de 100’473,830 hectáreas de naturaleza ejidal. De ese total de ejidos, sólo 24,890 se encuentran parcelados, lo que equivale a una superficie de 26’265,545 hectáreas.

Asimismo, el Registro Agrario Nacional ha emitido 5’465,194 certificados parcelarios, sin embargo, se advierte que aún faltan por ser parcelados 6,738 ejidos, lo que equivale a una superficie de 74’208,285 hectáreas (aun cuando la mayoría de esta superficie ya está delimitada como de uso común a excepción de los achurados).

Por otro lado, existen en el país 3,685 núcleos ejidales que cuentan con dominio pleno, de los cuales se han emitido 191,782 documentos que acreditan dicho dominio a los ejidatarios.

De la ley a la práctica nos podemos encontrar con abismos, lagunas, antinomias e incluso contradicciones, es de la práctica misma de la cual hoy demanda la necesidad de una reforma.

En cuanto a la aplicación del dominio pleno y su adopción ya sea como individuo o como asociados ejidales, es en ese sentido resulta necesario revisar, modificar y con ello actualizar la tramitología burocrática para que esta se adecue efectivamente a la realidad imperante, en la que se encuentra la tenencia y propiedad de la tierra.

La indeterminación de la ley es en cierto grado necesario, sin embargo en exceso puede convertirse en arbitrariedad, esta situación es la que acontece en la ley agraria en lo que se refiere a domino pleno y la adopción del mismo, debido a que este mecanismo no se encuentra debidamente clarificado como concepto ni como procedimiento, a saber, la asamblea ejidal, tras cumplir varios trámites y algunas formalidades especiales, puede autorizar o no, en base a sus propios criterios subjetivos, que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el “dominio pleno” de sus parcelas, es decir, que se conviertan en propietarios de ellas.

Sobreproteger es limitar, este es el supuesto en el que se encuentran miles de sujetos de derechos agrarios a los cuales se le aplican figuras arcaicas y sujetas a la discrecionalidad de las autoridades, éstas situaciones inciden en la continuación de un modelo burocrático que constituye desde hace muchos años un caldo de cultivo para la corrupción.

La movilidad social de sujetos agrarios de un ejido a otro por cuestiones de índole familiar como el matrimonio es otro de los factores que motivan la presentación de esta iniciativa pues es necesario facultar a sujetos de derechos agrarios como avecindados y posesionarios para adoptar el domino pleno de sus tierras.

Por otro lado, ponderar la decisión de una mayoría sobre la voluntad individual, constituye en la actualidad una vulneración de derechos, por ello es necesario reconocer la autonomía de un sector de la sociedad que se ve afectado por situaciones como ésta que acontece hasta el día de hoy en el campo mexicano.

La reforma que se plantea a continuación tiene como fin último respetar la decisión de los sujetos de derechos agrarios para adoptar o no la propiedad de las tierras asignadas y con ello hacerlas susceptibles de enajenación, simplificar la tramitología para la adopción del domino pleno para que incluso cuando las tierras del ejido no se encuentren asignadas en su totalidad baste con la nueva delimitación al interior para que los sujetos con derechos agrarios tengan la facultad de adoptarlo en el momento que lo deseen.

Son muchas las trabas que se presentan a los ejidatarios para ejercer los derechos sobre sus tierras, por ello es necesario hacer lo que en nuestras manos se encuentre un mecanismo legal lo suficientemente ágil y dinámico para marcar la diferencia.

Las modificaciones que se pretenden con respecto a la sección segunda donde se reconoce no solo la asignación, delimitación, usufructo, sino que se establece el reconocimiento jurídico de la propiedad de sus parcelas, que le fueron dotadas al ejido en lo general y asignadas en lo particular al titular de la parcela, así como también se clarifica los actos de sucesión.

La propuesta de hacer más agiles las decisiones de los órganos del ejido y su funcionamiento están plasmadas en la sección tercera. Se pretende hacer más agiles las asambleas con menos requisitos para los tramites en lo personal y se mantienen las resoluciones que involucran a todo el ejido y se clarifica las aportaciones que los ejidos hacen para obras de infraestructura e interés público.

Las modificaciones propuestas en los artículos 44 y 46 introducen un cuarto destino y clarifican las resoluciones tomadas por la asamblea respecto a las aportaciones del ejido, así como la inscripción de los contratos mercantiles.

Se establece un nuevo concepto con respecto a la delimitación, el concepto achurado que actualmente existe pero que no se encuentra contemplado en ninguna legislación. Dicho término tiene su origen en los Decretos de Dotación que fueron ejecutados y medidos y que en los planos de Delimitación no aparece y que en la realidad son excedentes de tierras.

Dichos excedentes de tierras son reconocidos de hecho como propiedad del Ejido, más no se encuentran delimitados con plano y registrados dichos planos en el INEGI ni en Registro Agrario Nacional.

Es por eso la motivación de que sean delimitados y entregados a hijos de ejidatarios con residencia probada en el ejido.

Para el caso de las donaciones se establecen requisitos y procedimiento de inscripción.

Las modificaciones propuestas para las tierras de uso común, así como las tierras parceladas, facultando a la asamblea a emitir una nueva delimitación, parcelamiento y asignación a sujetos de derechos agrarios, ejidatarios, posesionarios, avecindados u otros, que a su vez se adecue el término no solo de usufructo y posesión, sino que se amplía insertando el termino de propiedad de las parcelas.

Así mismo se clarifica la facultad jurídica que posee los sujetos de derechos agrarios, ejidatarios, posesionarios, avecindados u otros. Ya que han existido diferentes criterios y conceptos a quien se le otorga el dominio pleno y desde la visión legislativa esta facultad la tiene la persona independientemente que tenga una o varias parcelas, y no la propia tierra.

Para el caso de terrenos nacionales se clarifica la subasta pública y el mecanismo para que el Registro Agrario Nacional proceda a su inscripción tanto los títulos de propiedad, así como los contratos mercantiles.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforman los artículos 14; 23, fracciones VII y IX; 26, párrafos primero y segundo; 27, párrafo segundo; 46; 56, párrafo primero y segundo; 57, en el primer párrafo; 61, segundo párrafo; 62, primero y tercer párrafos; 76; 78, párrafo primero; 79; 80, primer párrafo; 81; 82, primer párrafo; 83, primer párrafo; 152, la fracción II; 155, la fracción III; 156; y el 161. Se adicionan en los artículos 17, un segundo párrafo, recorriéndose el segundo vigente para pasar a ser el tercer párrafo; 44, con la fracción IV; 56, a la fracción II, un segundo párrafo, la fracción IV y un tercer párrafo al final; 57, un segundo párrafo, recorriéndose el segundo vigente para pasar a ser el tercero; 62, un segundo párrafo, recorriéndose el segundo vigente para pasar a ser el tercero; 75, con una fracción VI; y Se derogan los artículos 18 y 64; todos de la Ley Agraria.

Artículo 14.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de propiedad sobre sus parcelas. Además, gozarán de los otros derechos que el reglamento Interno de cada ejido les otorgue sobre las tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan.

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

En caso de que el ejidatario no formule la lista de sucesión prevista en el primer párrafo de este artículo, se aplicarán las reglas de sucesión legítima previstas por la legislación civil que corresponda.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Artículo 18.- Se deroga.

Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;

II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;

III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros;

IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos;

V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común;

VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;

VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, donaciones a la Federación, Estado o Municipio, para obras de infraestructura fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;

VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios;

IX. Reconocimiento de la propiedad de los ejidatarios sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley;

X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su régimen de explotación;

XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;

XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;

XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;

XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva, y

XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 26.- Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos señalados en las fracciones VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 23, en cuyo caso deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios.

Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran, salvo en el caso de la asamblea que conozca de los asuntos señalados en las fracciones VIII, X, XI, XII XIII XIV y XV del artículo 23, la que quedará instalada únicamente cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios.

Artículo 27.- Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad.

Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea.

Artículo 44.- Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en:

I. Tierras para el asentamiento humano;

II. Tierras de uso común,

III. Tierras parceladas, y

IV. Tierras para infraestructura, interés público o servicio público.

Artículo 46.- El ejido, por resolución de la asamblea y los ejidatarios, podrá otorgar en garantía las tierras de uso común o parcelado. Esta garantía deberá constituirse ante notario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad que corresponda.

En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, cuando se trate de tierras de uso común, el acreedor, por resolución del tribunal agrario, podrá hacer efectiva la garantía.

Artículo 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta Ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, para infraestructura, interés público o servicio público, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:

I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido;

II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos.

En el caso de tierras achuradas estas se asignarán a hijos de ejidatarios con residencia probada con el debido parcelamiento económico;

III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo, y

IV. Podrá asignar las áreas necesarias para infraestructura, interés público o servicio público a favor de la Federación, los Estados y Municipios.

En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los títulos de propiedad o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional.

Para el caso de las donaciones a la Federación, Estados o Municipios el Registro Agrario Nacional emitirá el título de propiedad respectivo y lo inscribirá ante el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 57.- Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:

I. Posesionarios reconocidos por la asamblea;

II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate;

III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más;

IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea.

Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción IV del artículo 56, deberá existir solicitud previa a la asamblea ejidal por conducto del comisariado ejidal con los siguientes requisitos:

I. Superficie requerida y plano georreferenciado de la misma;

II. Descripción de la obra de infraestructura a realizar, la causa de interés público a satisfacer o el servicio público que se pretenda prestar, y

De esta solicitud deberá darse vista a la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará que se cumplan con los requisitos.

Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal.

Artículo 61.- La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por los individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del Procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras.

La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva. Incluidas las relativas a infraestructura, interés público o servicio público.

Artículo 62.- A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios beneficiados los derechos de propiedad y usufructo de las mismas, en los términos de esta ley.

El Registro Agrario Nacional emitirá el título de propiedad y lo someterá a inscripción en el Registro Público de la Propiedad que corresponda.

Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales, y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil Federal.

Artículo 64.- Se deroga.

Artículo 75.- En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios conforme al siguiente procedimiento:

I. La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley;

II. El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión de la Procuraduría Agraria, la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan. Esta opinión deberá ser emitida en un término no mayor a treinta días hábiles para ser considerada por la asamblea al adoptar la resolución correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que, para los efectos de esta fracción, el ejido pueda recurrir a los servicios profesionales que considere pertinentes.

III. En la asamblea que resuelva la aportación de las tierras a la sociedad, se determinará si las acciones o partes sociales de la sociedad corresponden al núcleo de población ejidal o a los ejidatarios individualmente considerados, de acuerdo con la proporción que les corresponda según sus derechos sobre las tierras aportadas.

IV. El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras, deberá ser cuando menos igual al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito.

V. Cuando participen socios ajenos al ejido, éste o los ejidatarios, en su caso, tendrán el derecho irrenunciable de designar un comisario que informe directamente a la asamblea del ejido, con las funciones que sobre la vigilancia de las sociedades prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el ejido o los ejidatarios no designaren comisario, la Procuraduría Agraria, bajo su responsabilidad, deberá hacerlo.

VI. Igualmente, podrá haber trasmisión de la propiedad de las tierras de uso común, en caso de hacerse efectiva una garantía, siempre que se hubieren cumplido con los requisitos previstos por el artículo 46.

Las sociedades que conforme a este artículo se constituyan deberán ajustarse a las disposiciones previstas en el Título Sexto de la presente ley.

En caso de liquidación de la sociedad, el núcleo de población ejidal y los ejidatarios, de acuerdo a su participación en el capital social, y bajo la estricta vigilancia de la Procuraduría Agraria, tendrán preferencia, respecto de los demás socios, para recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social.

En todo caso el ejido o los ejidatarios, según corresponda, tendrá derecho de preferencia para la adquisición de aquéllas tierras que aportaron al patrimonio de la sociedad.

Artículo 76.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de propiedad aprovechamiento, explotación y uso de sus parcelas.

Artículo 78.- Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditarán con sus correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios y/o título de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional los cuales ostentarán los datos básicos de identificación de la parcela. Los certificados parcelarios serán expedidos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de esta ley.

En su caso, la resolución correspondiente del tribunal agrario hará las veces de certificado para los efectos de esta Ley.

Artículo 79.- El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo, podrá aportar sus derechos de propiedad a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles.

Artículo 80.- Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. O bien a personas ajenas al ejido.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, y

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Artículo 81.- Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley. Podrá facultar a los ejidatarios, avecindados, posesionarios y otros a solicitar el dominio pleno de su o sus parcelas y otorgará a los solicitantes la propiedad de dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta Ley.

Artículo 82.- Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir la propiedad de sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad.

A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común.

Artículo 83.- La asignación en propiedad sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del ejido.

La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, en cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuará las cancelaciones correspondientes.

Artículo 152.- Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional:

I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales;

II. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros, donaciones de interés público a la federación, estados y municipio.

III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales;

IV. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de esta ley;

V. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales;

VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del Título Sexto de esta ley;

VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales, y

VIII. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes.

Artículo 155.­- El Registro Agrario Nacional deberá:

I. Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de serie T y denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales;

II. Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su extensión, clase y uso;

III. Registrar las transmisiones de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a que se refiere el artículo 46, así como las operaciones de los censos ejidales;

IV. Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo, y

V. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala el artículo 56 de esta Ley.

Artículo 156.- Los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones o documentos sobre conversión de propiedad ejidal a propiedad privada y de ésta al régimen ejidal, así como la adquisición de tierra por sociedades mercantiles o civiles, deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional. Asimismo, los notarios públicos deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional de toda traslación de dominio de terrenos rústicos de sociedades mercantiles o civiles.

Artículo 161.- La Secretaría de Reforma Agraria estará facultada para enajenar a título oneroso, mediante subasta pública, terrenos nacionales a los particulares, cuando estos cuenten con vocación agropecuaria, de acuerdo al valor base de la subasta será de acuerdo al valor comercial que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine el Instituto de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El Registro Agrario Nacional contará con un plazo de noventa días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para emitir las disposiciones respectivas.

Artículo Segundo. La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano contará con un plazo de noventa días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para emitir las disposiciones respectivas.

Artículo Tercero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE RIGE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CREA EL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA SU FUNCIONAMIENTO

(Presentada por la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Senadora por el Estado de Tamaulipas, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se crea la LEY QUE RIGE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CREA EL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA SU FUNCIONAMIENTO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La rotonda de las personas ilustres se encuentra dentro del panteón civil de dolores y es el lugar en el que -desde el año de 1872-  se guardan los restos de los héroes y personas célebres de nuestra historia.

Dicho lugar fue declarado por el entonces Presidente Lerdo de Tejada como el espacio para honrar y exaltar la memoria de las personas ilustres. En el año de 1876 se realizó la primera inhumación en la rotonda, teniendo el teniente coronel Pedro Letechipía el honor de ser el primer héroe en ser sepultado en tan especial lugar.

El 19 de marzo de 1986 el entonces Presidente Miguel de la Madrid Hurtado emite decreto en el cual señala la importancia de contar con criterios para decidir los restos de las personas que deban trasladarse a la rotonda de los hombres ilustres. En dicho decreto se crea un cuerpo colegiado encargado de “inducir una verdadera reflexión nacional mediante una profunda participación en el proceso de selección de los héroes y personajes eminentes merecedores de alto reconocimiento de que a su muerte se les consagre un lugar de honor”

Dicho órgano colegiado fue denominado “Consejo Consultivo de la Rotonda de los Hombres Ilustres” integrado por el Secretario de Gobernación, quién lo preside, así como los Secretarios de Defensa Nacional, Marina, Educación Pública, el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

Igualmente, en dicho decreto se estableció que el Presidente de la República ordenará la inhumación de las personas que a su consideración hubieren tenido en vida los merecimientos por sus acciones heroicas, virtudes cívicas o políticas o sus aportaciones destacadas en los campos de las ciencias, de las artes o de la cultura.

Fue hasta el año 2003, cuando el entonces Presidente Vicente Fox Quesada emitió un nuevo decreto en el cual cambia el nombre de “rotonda de los hombres ilustres” a “rotonda de personas ilustres” a efecto de darle un denominación con perspectiva de género y no soslayar la valiosa contribución de la mujer mexicana a la vida nacional; sin embargo, dicho propósito no ha sido cumplido, ya que a la fecha de 116 personas en la rotonda sólo seis son mujeres: Ángela Peralta, Rosario Castellanos, Virginia Fábregas, Tina Modotti, María Lavalle, Dolores del Rio. María Izquierdo, Amalia González Caballero de Castillo Ledón

Es importante destacar que en dicha rotonda faltan mujeres tan importantes como son Frida Kahlo, Consuelo Velázquez, Carmen Serdán, Elvia Carrillo Puerto, entre muchas otras, e inclusive es importante señalar que esta Cámara de Senadores ha solicitado al Ejecutivo que incluya a Sor Juana Inés de la Cruz a dicha rotonda; sin embargo, dichos llamados no han sido escuchados por la autoridad correspondiente.

Es menester recalcar que existen casos en que no se tiene conocimiento de la localización de los restos de los héroes y mexicanos destacados, por lo cual existe la posibilidad de erigir un cenotafio.

El mantenimiento, uso y destino de la rotonda para mí es primordial, ya que ahí se encuentran los restos de destacados Tamaulipecos, tal y como son los de Juan José de la Garza, Manuel González y de la diplomática y dramaturga tamaulipeca Amalia González Caballero de Castillo Ledón, primera mujer en ser parte de un gabinete presidencial, embajadora y una de las principales activistas que lograron el voto de la mujer.

Es importante destacar que el sitio web oficial de la rotonda http://rotonda.segob.gob.mx/ a cargo de la Secretaría de Gobernación se encuentra en absoluto abandono, ya que dicha página web se encuentra deshabilitada. Lo anterior genera que no se cuente con información oficial en la internet sobre los hombres y mujeres que han sido declarados ilustres, lo que causa confusión inclusive en el número de personas cuyos restos ahí se encuentran, ya que existe información contradictoria en diversos sitios de internet.

Debido a la apatía de la Secretaria de Gobernación sobre la rotonda, es importante que la nueva Secretaría de Cultura tome las riendas del lugar y genere condiciones que permitan que la lámpara votiva se encuentre permanentemente encendida y en excelente condición. Igualmente, impida robos y vandalismo en el lugar y evite que se repitan actos indebidos en la rotonda, como el mal uso que se hizo de ella en el mes de julio de 2014 cuando se hizo una fiesta privada en el lugar.

Es importante señalar que la rotonda lleva algunos meses en reparación; sin embargo, según respuesta de gente que labora en el Panteón Dolores no se cuenta con fecha para su reinauguración.

No pasa desapercibido que la presente iniciativa propone abrogar un decreto del ejecutivo; sin embargo, en opinión de la suscrita una Ley puede abrogar un decreto siempre que no exista una invasión de esferas propias y constitucionales del poder ejecutivo. Lo anterior es así atendiendo al principio constitucional de superioridad de una Ley.

Por lo anterior, dentro de las propuestas incluidas en la presente iniciativa destacan:

a) La creación de un fideicomiso público que se encargue de dotar de recursos para el mantenimiento de la rotonda, así como para la construcción de los monumentos de las personas que por decreto vayan a ser inhumadas en ella; Igualmente, dotará de recursos para los estudios que sirvan como elementos de juicio para emitir la declaratoria respectiva y para identificar los restos de las personas susceptibles de estar en la rotonda y se desconozca su paradero;

b) Se amplía al Congreso de la Unión la facultad de declarar a una persona ilustre, ya que al ser actualmente una facultad exclusiva del poder ejecutivo, se encuentra limitada al capricho o gusto de la administración en turno.

c) Se elimina el Consejo Consultivo de Rotonda de las Personas Ilustres, ya que para hacer una declaratoria de persona ilustre, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo se apoyarán en las áreas que ellos consideren convenientes. Igualmente, es necesario mencionar que el hecho de que la Secretaría de Gobernación presidiera dicho Consejo hacía complicado su labor, derivado en que la naturaleza de la Secretaría no es compatible con el fin último de la Rotonda.

d) Igualmente, ante la indiferencia de la Secretaría de Gobernación sobre la rotonda, se faculta a la Secretaría de Cultura parala creación y mantenimiento del portal web de la rotonda, así como para la elaboración de los materiales bibliográficos de las personas que se encuentran en la rotonda. Igualmente, la Secretaría de Cultura será la encargada del diseño de los monumentos de las personas inhumadas en la rotonda.

e) Se deberán declarar personas ilustres con una perspectiva de género, ya que no puede ser posible que de 116 personas que se encuentran en la rotonda, únicamente 8 sean mujeres.

Es importante señalar la importancia que tienen los cementerios en otras partes del mundo, los cuales han pasado de ser simples lugares donde se entierran personas a ser lugares culturales ampliamente visitados, tal y como ocurre en Paris con el cementerio Père-Lachaise, el cual llega a tener más de dos millones de visitantes anuales, debido –entre otras cosas- al impulso que sus autoridades le ha dado.

Ante el histórico deterioro de la Rotonda de las Personas Ilustres, así como por la falta de un claro andamiaje jurídico que delimite las competencias sobre ella, ante el Pleno del Senado de la República presento la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

ÚNICO.- SE CREA LA LEY QUE RIGE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CREA EL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA SU FUNCIONAMIENTO:

LEY QUE RIGE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CREA EL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA SU FUNCIONAMIENTO

Artículo 1.- La presente ley es de orden e interés público y tiene como objeto fijar las bases que regirán el funcionamiento de la rotonda de las personas ilustres de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.- La rotonda de las personas ilustres de los Estados Unidos Mexicanos es el espacio físico que sirve para honrar los restos de las mujeres y hombres que por sus contribuciones a la patria merecen ser recordadas por el pueblo de México.

Artículo 3.- La rotonda de las personas ilustres de los Estados Unidos Mexicanos se ubica en el Panteón Civil de Dolores y su administración, mantenimiento, y equipamiento estará a cargo de la Alcaldía de la Ciudad de México que tenga competencia territorial en la demarcación.

Los gastos erogados para cumplir con lo señalado en el párrafo inmediato anterior será con cargo al Fideicomiso de la Rotonda de las Personas Ilustres, por lo que cada año destinará una partida para tal fin.

Artículo 4.-Se crea el Fideicomiso de la Rotonda de Personas Ilustres que tiene porobjeto dotar de recursos suficientes para llevar a cabo las siguientes actividades:

a) La inhumación de las personas que por decreto vayan a ser depositadas en la rotonda;
b) El mantenimiento, equipamiento y restauración de la rotonda;

c) Los estudios necesarios que sirvan como elementos de juicio para emitir la declaratoria respectiva;

d) Los estudios necesarios para ubicar e identificar los restos de personas susceptibles de estar en la rotonda y se desconozcan su paradero;

e) Realización de ceremonias solemnes en la rotonda; y

f) Edición de obras literarias concernientes a la rotonda y a las personas que se encuentran en ella.

Artículo 5.- El Fideicomiso será público y contará con un Comité que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes Instituciones: de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; de Cultura, Gobernación, Educación y del Gobierno de la Ciudad de México. Por cada representante propietario del Comité habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

Artículo 6.-El Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Artículo 7.- El Comité Técnico se sujetará en su funcionamiento a lo siguiente:

a) Se reunirá cada vez que lo estime conveniente, previo citatorio del Presidente del Comité Técnico notificado a los miembros del propio Comité con antelación mínima de cinco días a la fecha de la reunión, pero sesionará por lo menos en forma anual.

b) Sesionará válidamente con la mayoría de los miembros que lo integran. Si falta un miembro propietario, podrá ser sustituido por su respectivo suplente para todos los efectos legales y en especial para la integración del quórum.

c) Tomará sus decisiones por mayoría de votos de los presentes. El Presidente del Comité Técnico tendrá voto de calidad para el caso de empate en las votaciones.

d) Cada miembro del Comité tendrá derecho a un voto.

e) De cada sesión se levantará acta, que deberán firmar el Presidente y el Secretario.

Artículo 8.-El patrimonio del Fondo que será administrado por el Fideicomiso, se constituirá por:

I. Las aportaciones del Gobierno Federal.

II. Las aportaciones que hagan las entidades federativas;

III. Los productos que se generen por la inversión y la administración de los recursos y bienes con que cuente dicho Fondo;

IV. Los demás que, por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 9.- El fideicomitente del Fideicomiso será el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El fiduciario del Fideicomiso será Nacional Financiera, S.N.C.

Artículo 10.- El titular del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión podrán emitir la declaratoria de mujer u hombre ilustre y ordenar su inhumación en la Rotonda, a aquellas personas que por sus aportaciones heroicas, cívicas, políticas, culturales, científicas o deportivas hayan destacado para poner en alto el nombre de México.

Artículo 11.- El titular del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión podrán solicitar estudios, opiniones y cualquier información que considere indispensable para poder emitir el decreto de declaratoria.

Artículo 12.- Cualquier persona e institución pública y privada podrá proponer al Ejecutivo Federal o al Congreso de la Unión propuestas de personas que merezcan que sus restos se encuentren en la rotonda de las personas ilustres, debiendo acompañar las razones que ameriten dicho honor, así como los medios de convicción que consideren convenientes.

Artículos 13.- Antes de emitir una declaratoria de persona ilustre y ordenar su inhumación en la rotonda, la autoridad que lleve el trámite deberá publicar en dos medios impresos de circulación nacional la intención de emitir dicha declaratoria, a efecto de que los habitantes puedan emitir observaciones al proyecto de decreto.

Artículo 14.- El candidato a ser inhumado en la rotonda de las personas ilustres, deberá contar con cinco años de haber fallecido.

Artículo 15.- La ceremonia de inhumación deberá ser solemne y estar un representante de los tres poderes de la unión. Igualmente se invitará a un representante de la entidad federativa en donde la persona a inhumar haya nacido o en la entidad federativa en donde haya destacado.

Artículo 16.- Las declaratorias de personas ilustres que se realicen deberán ser con perspectiva de género.

Artículo 17.- La Secretaría de Cultura será la encargada de realizar los materiales bibliográficos conmemorativos de las personas que se encuentran en la rotonda. Así como la creación y mantenimiento del portal web de la rotonda.

Artículo 18.- La Secretaría de Cultura será la encargada del diseño de los monumentos conmemorativos de las personas que vayan a ser inhumadas en la rotonda.

Artículo 19.- En caso de que no se cuenten con los restos físicos del hombre o mujer ilustre, se podrá erigir un cenotafio.

Artículo 20.- La rotonda deberá contar con un asta bandera que será utilizada en las ceremonias y con una lámpara votiva que deberá estar permanentemente encendida.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga el decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que rigen la rotonda de las personas ilustres, del Panteón Civil de Dolores de fecha cuatro de marzo de dos mil tres.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Sandra Luz García Guajardo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad de género es fundamental para garantizar la correcta realización de los derechos humanos de las y los ciudadanos. Considerando el contexto social y administrativo, que prevaleció a lo largo de varias décadas en nuestro país, es fundamental revisar nuestro marco jurídico para erradicar textos disciminitorios que llegaron a promulgarse en perjuicio de millones de mujeres.

Además, en opinión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la tradición jurídica continua habiendo leyes que institucionalizan la condición secundaria para mujeres y niñas respecto a la nacionalidad y ciudadanía, la salud, la educación, derechos maritales, derechos laborales, patria potestad y los derechos a la propiedad y a la herencia. Estas formas de discriminación menoscaban el empoderamiento social de la mujer.

Con la presente Iniciativa buscamos atacar este problema al proponer que se derogue el artículo 158 del Código Civil Federal puesto que el mismo establece que la mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados 300 días después de la disolución del anterior, mientras que para el hombre no existe alguna limitación sobre el tema, situación que a todas luces contiene una esencia discriminatoria.

Historicamente esta medida busco evitar un divorcio en caso de embarazo, sin embargo, el dia de hoy esto puede conocerse de manera rápida con una prueba simple de embarazo, por lo que continuar con esta medida resulta ofensiva para toda mujer.

Por otra parte, es una una disposición que contraviene el sentido del artículo 4º de nuestra Constitución cuando señala que el hombre y mujer son iguales ante la Ley, además, de iren contra de lo establecido a partir de la reforma en materia de derechos humanos.

La discriminación es un fenómeno vulnera la dignidad, los derechos y libertades fundamentales de las personas, por ello, debemos mantener una visión progresista al revisar el marco jurídico para actuar de manera congruente a los principios que hemos estipulado para desarrollar una sociedad más justa e igualitaria en los últimos años.

La discriminación puede obedecer a distintas causas, pero el resultado siempre es el mismo: la negación del principio de igualdad y la violación de derechos fundamentales. Existen países donde las mujeres no pueden vestirse a su gusto, conducir un vehículo, trabajar de noche, heredar bienes o atestiguar en los tribunales.

La mayoría de leyes que son expresamente discriminatorias y están vigentes tienen que ver con la vida familiar, algunas limitan el derecho de la mujer a contraer o no matrimonio, así como el derecho a divorciarse y volverse a casar, lo cual propicia prácticas maritales discriminatorias, como la obediencia de la mujer y la poligamia.

Las leyes que estipulan de manera explícita la “obediencia de la mujer” todavía gobiernan las relaciones maritales en muchos puntos de nuestro país. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010señaló que para el 10 por ciento de la población femenina en nuestro país, la discriminación constituye uno de los mayores problemas, y un 7.7 por ciento considera que son las problemáticas relativas a las relaciones entre géneros, uno de los mayores obstáculos para gozar plenamente de sus derechos.

Como puede apreciarse, las mujeres aún padecemos muchas formas de discriminación que han limitado el ejercicio de nuestros derechos y libertades, a causa principalmente de la vigencia de un conjunto de estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional.

Por otra parte, suprimir estereotipos y juicios discriminatorios de valor, ha hecho que en nuestra sociedad se haga el replanteamiento de roles entre hombres y mujeres dentro de una familia, misma que incluso puede ser ya homoparental, sin embargo, las mujeres continuamos bajo un oscurantista velo jurídico que permite discriminarnos y limitar el ejercicio de nuestros derechos.

Como podemos ver, estamos ante un escenario inaceptable si consideramos que data de hace más de 25 años, la adopción de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), y 10 años después la celebración de la Conferencia de Beijing y la adopción de su Plataforma de acción. No podemos tolerar que sigan existiendo leyes discriminatorias en nuestro país.

Finalmente, a estos problemas en la Ley, debemos considerar el grave problema que existe en cuanto a la interpretación de la misma al momento de la impartición de justicia, en opinión del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito a nuestro país le hace falta mucho para aplicar correctamente la Ley y tenemos un serio problema de interpretación discriminatoria y sexista por parte de los jueces.

Incluso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, señaló que la discriminación por género es una situación que prevalece en nuestro país, y ha desarrollado un llamado permanente para construir mecanismos que eviten procesos discriminatorios que concurren en el campo del derecho civil mexicano, entre ellos el del matrimonio.

CUADRO DE CAMBIOS

TEXTO VIGENTE
CÓDIGO CIVIL FEDERAL

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 158.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación.

Artículo 158.-Derogado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se DEROGA el artículo 158 del Código Civil Federal, para quedar de la forma siguiente:

Código Civil Federal

Artículo 158. Derogado

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE PRÓSTATA”

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 10 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DEL REDACTOR DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN”

(Presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD)

LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por medio de la cual se decreta el 10 de abril de cada año como el “DÍA NACIONAL DEL REDACTOR DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A nivel global, la labor informativa que ejercen los medios de comunicación trasciende e influye en los diversos ámbitos de la sociedad, así como en la toma de decisiones de la estructura política y económica que conduce a la misma.

Hoy por hoy, la cobertura noticiosa que se realiza a través de periódicos, revistas, radio, televisión, sitios de internet y redes sociales impulsa a políticos, empresarios, líderes, organizaciones e instituciones a promover e implementar acciones en beneficio social. La responsabilidad de la cobertura de noticias recae en un amplio equipo de profesionales, entre ellos, los redactores.

En nuestro país, cientos o quizás miles de personas se desempeñan como redactores en los medios de comunicación. Se trata de un importante y talentoso sector que diariamente hace posible la programación de los medios electrónicos y la difusión de medios impresos; sin embargo, al permanecer en el anonimato, su trabajo y esfuerzo carece de reconocimiento.

Cada año diversas Instituciones y Organizaciones entregan preseas a los medios de comunicación más importantes, así como a los más destacados periodistas y presentadores de noticias, olvidando en todo momento a los redactores, manos que diariamente hacen posible la transmisión de noticieros, programas educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento, así como la difusión de los medios impresos.

La programación de los medios electrónicos y la impresión de periódicos y revistas no sería posible sin todo un ejército que labora día y noche, los 365 días del año para mantenernos a la vanguardia en términos informativos y de entretenimiento. Parte importante de ese ejército son los redactores.

En el caso de los noticieros, la mayoría de los equipos de redacción maneja un amplio abanico de información política, económica, social, cultural, policiaca, ciencia, tecnología, estadística, geográfica, medio ambiente y en algunos casos hasta información deportiva tanto en el ámbito nacional como internacional. Además de estar ampliamente informados, los redactores deben contar con una habilidad especial, escribir las noticias en lenguaje estrictamente coloquial para su fácil transmisión y entendimiento entre las diversas audiencias.

En el país, la mayoría de los redactores no goza de las mejores condiciones laborales, en muchos casos son víctimas de discriminación, violencia laboral, falta de oportunidades e incluso bajos salarios.

A propósito del factor DISCRIMINACIÓN, las personas que aspiran a trabajar en medios de comunicación, particularmente en la radio y la televisión, se enfrentan a un gran reto y un imponente paradigma; si cuentan con rasgos físicos particulares y son egresados de universidades privadas, el camino a los puestos de mayor reconocimiento y con mejores salarios se facilita; en cambio, para quienes provienen de universidades públicas, aún cuando tengan la capacidad para desempeñarse en diversas áreas, las oportunidades se reducen. La mayoría de los redactores son egresados de universidades públicas y pocas veces tienen oportunidad de crecimiento laboral.

A pesar del nivel académico que demanda el puesto de un redactor, los salarios que a ellos se otorganno se comparan con gran parte de la estructura que integra a los medios de comunicación; por ejemplo, la brecha salarial entre los redactores y los presentadores de noticias es amplia; esto a pesar de que los primeros hacen parte importante del trabajo de los segundos.

Cabe destacar que el objetivo de esta iniciativa no son los salarios, ni las condiciones laborales; lo que se pretende es el RECONOCIMIENTO a ese grupo de personas cuyo trabajo llega prácticamente a todos los rincones del país y es de gran utilidad. Además, es importante señalar que los redactores no sólo tienen presencia en los medios de comunicación, también son parte importante de diversas instituciones y organismos de carácter público y privado. En todos los casos, el puesto de un redactor demanda una formación académica, regularmente con perfil periodístico.

La aprobación para instituir el “DÍA NACIONAL DEL REDACTOR DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN”, sería el primer paso y el más importante para sacar del anonimato a miles de trabajadores. El siguiente paso sería proponer a las organizaciones e instituciones que premian la labor periodística, entregar reconocimientos también a los redactores.

En la historia de la humanidad, muchas mujeres han dejado y siguen dejando huella a su paso por el mundo. En México, la lista es muy larga y muchas veces poco conocida; tal es el caso de las mujeres que formaron parte importante del Movimiento de Independencia.

María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario está catalogada como la primera mujer en el país que escribió en un periódico. Su labor más importante fue disuadir a través de la palabra durante la lucha de Independencia.

Desde muy joven y hasta el final de sus días, Leona Vicario escribió para defender sus ideales de justicia, lealtad y responsabilidad social, sin buscar recompensas. La mayor parte de sus escritos fueron publicados en los diarios. “El Semanario Patriótico Americano” y “El Ilustrador Americano”, dirigido por Andrés Quintana Roo, con quien contrajo nupcias.

Tras concluir el Movimiento de Independencia, Leona Vicario continuó con actividades políticas, periodísticas y poéticas en el diario “El Federalista”, editado con sus propios recursos y en el cual siguió escribiendo hasta su muerte.

Celia del Palacio, autora del libro Adictas a la Insurgencia, consideró a Leona Vicario como la primera mujer en México que defendió su derecho a pensar. En 1831, publicó una carta dirigida al señor Lucas Alamán, uno de los párrafos más destacados del documento dice…

“Por lo que a mi toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado siempre con total independencia, y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado”.

Leona Vicario nació el 10 de abril de 1789. Fue hija de don Gaspar Martín Vicario, regidor perpetuo de la Ciudad de México, peninsular con familia de abolengo que contrajo segundas nupcias con Camila Fernández de San Salvador, nacida en Toluca, descendiente de la nobleza alcohua.

Murió el 21 de agosto de 1842, a los 53 años. En 1900 trasladaron sus restos a la Rotonda de los Hombres Ilustres y en 1925, al Ángel de la independencia, donde reposan junto con los de otros caudillos de ese movimiento. Hoy es considerada no solo como heroína de la Independencia, sino también como la primera periodista de México.

Es por ello que se propone que el 10 de abril, sea declarado “DÍA NACIONAL DEL REDACTOR DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN”, en memoria de Leona Vicario, primera mujer mexicana que se dio a la tarea de escribir para un periódico.

Es importante señalar que el objetivo de esta propuesta es el reconocimiento a ese grupo de personas cuyo trabajo llega prácticamente a todos los rincones de este país y con ello ayudar a reducir las brechas de desigualdad que existen entre los mexicanos, garantizando la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

Por todo lo anterior, pongo a consideración de la Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO- El H. Congreso de la Unión declara el 10 de abril de cada año “Día Nacional del Redactor de la Radio y la Televisión”.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Luz María Beristain Navarrete.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, Raúl Gracia Guzmán, Senador de la República en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2, 5, artículo 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El dictamen legislativo se define de la siguiente manera:

En términos parlamentarios, el dictamen es una resolución acordada por la mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un parlamento o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones en que se funde la resolución. Los dictámenes se deben emitir dentro de los plazos fijados por los reglamentos respectivos. Por lo general los legisladores que dictaminan, son los miembros de la comisión respectiva.1 (Coordinador, 1998)

2. Las comisiones encargadas de emitir un dictamen legislativo tienen la obligación de investigar sobre el asunto que deben de dictaminar y para ello; pueden pedir información de la materia y allegarse de los elementos necesarios para emitir el dictamen, en muchas ocasiones se realizan foros previo a emitir el dictamen y una serie de actividades que buscan conocer los argumentos de un sector o sectores que se encuentran involucrados en esa materia, todo ello busca tener la certeza suficiente de que el dictamen que se someterá a votación por parte de los integrantes de las comisiones involucradas pueda obtener la información necesaria para tomar una decisión adecuada.

3. Para emitir el dictamen todas las comisiones tienen un espacio de tiempo para la presentación del dictamen, para ello cada Cámara tanto la de Senadores como la de Diputados tienen en sus distintos reglamentos tiempos diferentes y mecanismos distintos para emitir un dictamen y que este se ponga a discusión y a votación. La Cámara de Senadores tiene un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno, así lo establece el artículo 212 del Reglamento del Senado de la República, así lo establece:

1. Las iniciativas y proyectos turnados a comisiones son dictaminados dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno, con las salvedades que establece este Reglamento.

2. Cuando la trascendencia o la complejidad de una iniciativa o proyecto lo hagan conveniente, la Mesa puede disponer un plazo mayor al señalado en el párrafo anterior. 

3. De igual forma, dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción del turno, las comisiones dictaminadoras pueden pedir al Presidente, mediante escrito fundado y motivado, la ampliación de los plazos señalados en este artículo hasta por la mitad del tiempo que les haya correspondido. La Mesa resuelve lo conducente e informa al Pleno en la siguiente sesión.

4. Para efectos del cómputo de los plazos para dictaminar, los días hábilesincluyen losrecesos legislativos, en los términos de este Reglamento.2(República, 2010)

Si bien es cierto, en los artículos que van del 213 al 219 del Reglamento del Senado de la República se establecen los mecanismos por los cuales los Senadores pueden pedir mediante una excitativa al presidente de la Cámara se emita el dictamen correspondiente al asunto que deben dictaminar, o en algunos casos que por su complejidad requieran de un mayor tiempo para emitirlo, también se establece el mecanismo por el cual la Mesa Directiva puede reasignar el turno a otra comisión o comisiones porque no han dictaminado las que en un inicio se les turno el asunto para su dictamen o que no tengan una causa justificada por la cual no se emitió el dictamen en los plazos referidos.

En el reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 182 establece como máximo cuarenta y cinco días para que las comisiones emitan el dictamen correspondiente:

Artículo 182.

1. Todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este Reglamento y la Constitución establecen. 3

Este plazo se establece para iniciativas que no sean constitucionales para las iniciativas de reforma constitucional el plazo es distinto ya que es en un máximo de 90 días, lo anterior se establece en el artículo 89 de este reglamento:

2. En el caso de las iniciativas de reforma constitucional, se observará lo siguiente:

I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de noventa días,

II. La comisión o comisiones que consideren conveniente prorrogar la decisión de la iniciativa turnada, deberán hacer la solicitud al Presidente, por conducto de su Junta Directiva, dentro del término para dictaminar, establecido en el numeral anterior. La Mesa Directiva resolverá las solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de otorgarse, las comisiones tendrán hasta noventa días más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término. No podrá haber más de una prórroga, y

III. Aquellas que no se resuelvan en el plazo indicado, se tendrán por desechadas. El Presidente instruirá su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos.

Para las iniciativas de carácter preferente se establece lo siguiente:

3. En el caso de las iniciativas preferentes, se observará lo siguiente:

I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que fue presentada,

II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable,

III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen correspondiente, se tendrá por precluida la facultad de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente:

a) El Presidente deberá emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo para dictaminar.

b) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación.

c) La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor trámite deberá ser el primer asunto que sea discutido y votado durante la sesión del Pleno.

d) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada, en términos de lo dispuesto en el Apartado G del artículo 72 de la Constitución.

e) El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado por la Cámara, será enviado de inmediato a la Cámara revisora, en calidad de minuta, para los efectos del artículo 71 de la Constitución. (Diputados, 2010)

4. Es evidente que los pazos para dictaminar en una y otra Cámara son diferentes y que en algunos casos depende principalmente del acuerdo político, la trascendencia y la importancia del tema para poder dictaminar de manera más rápida o más lenta. Es cierto que de existir condiciones que propician que se puede acelerar el proceso para dictaminar y la voluntad política puede explicar esas condiciones con mayor claridad.  

5. Aunado a este escenario en donde los tiempos para dictaminar en cada Cámara son diferentes; el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece como plazo cinco días después de recibir el dictamen. Así lo establece:

Artículo 87.- Toda Comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 4(Mexicanos, 1934)

6. Existe una diferencia muy clara entre lo que establece el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los otros dos reglamentos tanto el de la Cámara de Senadores como el Reglamento de la Cámara de los diputados. Los tiempos para dictaminar en ambas Cámaras son distintos y este artículo puede generar confusión pues en ningún caso las Cámaras respetan este plazo para dictaminar los proyectos que le son enviados.

CONSIDERACIONES

I. El reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

Notas sobre la vigencia de este Reglamento:

1. De conformidad con el Artículo Primero Transitorio del Reglamento del Senado de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2010 y que entró en vigor el 1 de septiembre de 2010, “a partir de esa fecha dejarán de ser aplicables en cuanto se refiere al Senado de la República, las disposiciones relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”.

2. De conformidad con el Artículo Tercero Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2010 y que entró en vigor el 1 de enero de 2011, “quedan sin efecto para la Cámara de Diputados, las disposiciones contenidas en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1934 y sus reformas”.

3. De conformidad con el Artículo Noveno Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2010 y que entró en vigor el 1 de enero de 2011, “todas aquellas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que sean materia de Congreso General, así como de la Comisión Permanente, seguirán vigentes en tanto no se expida el ordenamiento específico”.

De esta forma podría entenderse que todo lo referente a las disposiciones relativas a cada Cámara se podrá resolver conforme a lo que establece cada uno de sus reglamentos, para un mejor funcionamiento, sin embargo, existen artículos como el 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que establece un tiempo muy diferente al que se puede encontrar en cada reglamento de cada Cámara y se encuentra vigente dentro del reglamento. Lo anterior genera confusión ya que los tiempos para dictaminar una iniciativa son diferentes en cada una de las Cámaras y no se ajustan al periodo cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido el asunto.

II. Si bien es cierto, los plazos para emitir un dictamen parecen estar claros dentro de lo que establece el reglamento de cada una de las Cámaras; aún a pesar de las grandes diferentes que existe entre uno y otro. Es evidente que al estar establecidos los tiempos para dictaminar en los diferentes reglamentos no tendría que encontrarse establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aún a pesar de que los artículos transitorios se pudiera interpretar que cada reglamento pondrá sus plazos para dictaminar y que lo establecido en Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ya quedará sin efecto. Es por ello que considero debe dejarse en claro que cada Cámara establecerá sus tiempos para emitir un dictamen en sus diferentes reglamentos sin observar lo establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. Es necesario establecer con claridad que los tiempos para emitir un dictamen se encontrarán establecidos en cada reglamento de cada una de las Cámaras observando las particularidades y condiciones de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Para quedar de la siguiente manera:

Artículo 87. Toda Comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los plazos establecidos en sus respectivos reglamentos. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

Para explicar de manera más detallada la iniciativa propuesta a esta Soberanía, a continuación, expongo el siguiente cuadro comparativo:

Texto actual

Propuesta de adición

ARTICULO 87.

Toda Comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

ARTICULO 87.

Toda Comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los plazos establecidos en sus respectivos reglamentos. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

Fuentes Consultadas

Coordinador, B. V. (1998). Diccionario universal de términos parlamentarios . En B. V. Coordinador, Diccionario universal de términos parlamentarios (pág. 760). México: MIGUEL ÁNGEL PORRÚA.
Diputados, R. d. (2010). Reglamento de la Cámara de Diputados. México: Cámara de Diputados .
Mexicanos, R. p. (1934). Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Méxcio: Cámara de Diputados.
República, R. d. (2010). Reglamento del Senado de la República. México: Senado de la República .

1 Berlín Valenzuela Francisco Coordinador Diccionario universal de términos parlamentarios edición MIGUEL ÁNGEL PORRÚA, librero-editor 1998 p.p. 251-760.

2 Reglamento del Senado de la República

3 Reglamento de la Cámara de Diputados

4 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 144 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Estela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Saraí Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu,  Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos LLerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 144 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD Y CARTILLAS NACIONALES DE VACUNACIÓN ELECTRÓNICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una condición saludable es el estado en el que un organismo vivo ejerce normalmente sus funciones. Sin embargo, ésta puede dañarse, trastornarse o cambiar al desarrollar una enfermedad ya sea curable o incurable.

Un ejemplo de ello es la viruela, una de las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido en la historia de la humanidad, según investigaciones por sí sola, contribuyó a casi erradicar poblaciones enteras; no obstante, gracias a un programa de vacunación, considerado como una de las victorias más importantes de la medicina moderna, se declaró erradicada en 1980.

Aunque ya desde tiempo atrás, las vacunas eran consideradas como una medida preventiva de salud pública en el mundo, en la actualidad se siguen concibiendo como una de las medidas de mayor impacto en la salud, toda vez que han evitado infecciones a millones de personas y salvado igual número de vidas a través de programas de vacunación para la población infantil, adolescente y adulta.

La Organización Mundial de la Salud define como vacunas a cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizados nasal u oral.

La primera vacuna surgió en Inglaterra, gracias a los trabajos de investigación del médico Edward Jenner contra la viruela en 1796. Y fue hasta 1874 cuando en Alemania se instituyó la primera ley de vacunación y se introdujo la obligación de vacunar contra la viruela a toda la niñez en su primer año de vida.

En México, la evolución de las vacunas ha estado a la par con el resto del mundo. Según el documento vacúname, la historia de las vacunas en el país inicia en 1804, año en el cual el Dr. Francisco Balmis introdujo a México la vacunación antivariolosa.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, sostiene que toda persona tiene derecho a la protección de la Salud.

La Ley General de Salud, en su artículo 2°, establece que ese derecho tiene como finalidad, entre otros puntos, lo siguiente:

I. El bienestar físico y mental del hombre (y de la mujer) para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.

III. La protección y el acrecentamiento de los valores de coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social.

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.

V. El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

Esta misma ley, en su artículo 134, establece que las vacunas contra la tosferina, la difteria, el tétano, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en futuro estime necesarias la Secretaría de Salud, son obligatorias en los términos que fije esa dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones para suministrar las vacunas, conforme a los programas establecidos y de observación obligatoria en las instituciones de salud.

Actualmente, los programas permanentes de vacunación nacional atienden cada año a más de 25 mil menores, que son inoculados/as (vacunados/as) contra enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y la viruela; inmunizaciones que según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) salvan a millones de niños y niñas en el mundo.

Información disponible en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al 2011 revela el número de inmunizaciones (vacunas) por tipo aplicadas en instituciones públicas del sector salud.

De acuerdo con información del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) de la Secretaría de Salud, las vacunas pueden contener el microorganismo que causa la enfermedad (un virus o una bacteria) pero muerto o debilitado, algún derivado del microorganismo (por ejemplo, una toxina) o partículas del microorganismo (proteína), para la producción de defensas. A este tipo de sustancias se les llama antígenos.

Otras sustancias que hacen la vacuna más potente son:

1. Adyuvantes: para que responda mejor en la producción de defensas:

2. Conservadores: para evitar su descomposición y contaminación (por hongos o bacterias) durante su fabricación.

3. Estabilizantes: que mantienen la estabilidad de la vacuna para no cambiar las características con la que se elaboró y lograr la protección.

Las vacunas se pueden dividir de acuerdo con sus composiciones, éstas pueden ser bacterianas o virales, en inactivas o vivas atenuada, también de acuerdo con otros componentes por ejemplo, proteínas, toxinas y células.

Su fabricación o elaboración debe cumplir con los parámetros de calidad y seguridad contenidos en la NOM-036-SSA2-2002 sobre prevención de enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano.

El Esquema Nacional de Vacunación para la prevención y control de enfermedades provee, a través de los servicios de salud, las vacunas en cada etapa de la vida para evitar el padecimiento de algunas enfermedades infectocontagiosas, con consecuencias graves en la salud o la muerte.

En 2009, la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE, DIF y los servicios de salud de SEDENA, SEMAR y PEMEX se dieron a la tarea de diseñar cinco cartillas nacionales de salud, con la misma presentación y esquemas de vacunación acorde con rangos de edad Y7o género, en todos los servicios de salud:

• Para niñas y niños de 0 a 9 años,

• Adolescente de 10 a 19 años,

• De la Mujer de 20 a 59 años,

• Del Hombre de 20 a 59 años,

• Del Adulto Mayor de 60 años y más

Cada cartilla contiene, además, acciones de promoción de la salud, detección, prevención y control de enfermedades y un apartado para citas médicas.

Sin embargo, es el esquema básico de vacunación dirigido a los niños y niñas de 0 a 9 años, el que conlleva a mayor número de inmunizaciones con el fin de evitar problemas de desarrollo o invalidez infantil que pudiera repercutir en su calidad de vida futura.

Especialistas en pediatría en la práctica privada recomiendan la aplicación de las siguientes vacunas, además de la ya mencionadas. Varicela (al año y a los cinco 5 o 6 años de edad) y Hepatitis A (al año de vida y la segunda seis meses después de la primera dosis).

De acuerdo con información del Censia, debe revisar periódicamente la Cartilla Nacional de Salud para checar qué vacuna le corresponde al menor de acuerdo con su edad.

Es conveniente que le menciones al personal encargado de la vacunación si la niña /o está sana/o, tiene fiebre, está pasando por alguna enfermedad, es alérgico a algún alimento o medicamento, si ha presentado algún problema con alguna vacuna o si recibió transfusión de sangre o inmunoglobulina en el último año.

Lo anterior permitirá al personal médico valorar si es conveniente aplicar la vacuna o esperar para que se encuentre en mejores condiciones, con el fin de aprovechar la protección contra la enfermedad específica que ofrece la vacuna.

A fin de garantizar la atención de las necesidades fundamentales de salud a todos los mexicanos, desarrollar sus aspiraciones de plenitud y con ello, mejorar sus condiciones de vida, el Sector Salud diseñó las cartillas nacionales de salud unificadas, instrumento de salud pública inscrito dentro de la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud, presentada en febrero de 2007.

Con la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud, el Gobierno Federal, a través del Sector Salud, impulsa nuevas acciones de carácter anticipatorio para reducir el impacto de las secuelas por tratamientos tardíos de enfermedades y lesiones en individuos, familias, comunidades y sociedad. Para lograrlo, se plantea dos objetivos: reducir la carga de enfermedad, modificando los determinantes con entornos y comportamientos saludables e integrar la protección personal con prevención específica para cada etapa de la vida.

Para dar cumplimientos a los objetivos planteados por la Estrategia Nacional, la Federación y los Servicios estatales de Salud firman un Convenio de Colaboración Institucional encaminado a garantizar un paquete de intervenciones de promoción y prevención accesible a toda la población a través de una herramienta única, válida para todo el Sector Salud, como son las cartillas nacionales de salud unificadas.

Así, la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE, DIF y los servicios de salud de SEDENA, SEMAR y PEMEX se dieron la tarea de diseñar cinco nuevas cartillas nacionales de Salud: de Niñas y Niños de 0 a 9 años, del Adolescente de 10 a 19 años, de la Mujer de 20 a 59 años, del Hombre de 20 a 59 años y del Adulto Mayor de 60 años y más que integran acciones de promoción de la salud, nutrición, detección, prevención y control de enfermedades, esquema de vacunación y un apartado de citas médicas.

Las cartillas nacionales de salud unificadas estarán disponibles en las unidades de salud de todo el país a partir de enero del 2009.

Cartillas:

1. Cartilla Nacional de Salud de Niñas y Niños (de 0 a 9 años)

2. Cartilla Nacional de Salud de Adolescente (de 10 a 19 años)

3. Cartilla Nacional de Salud de la Mujer (de 20 a 59 años)

4. Cartilla Nacional de Salud del Hombre (de 20 a 59 años)

5. Cartilla Nacional de Salud del Adulto Mayor (de 60 años ó más)

En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, se dio a conocer el proyecto de la Cartilla Electrónica de Vacunación, que la Estrategia Digital Nacional impulsa como una de las acciones para alcanzar un sistema de salud más efectivo en nuestro país.

Del 24 al 30 de abril de 2016, la Organización Mundial de la Salud celebró la Semana Mundial de la Inmunización. Durante esta semana, se impulsó la vacunación como medida esencial para prevenir múltiples enfermedades en personas de todas las edades.

En el marco de esta celebración, se dio a conocer el proyecto de la Cartilla Electrónica de Vacunación (CEV), que la Estrategia Digital Nacional promueve como una de las acciones para cumplir con el objetivo salud universal y efectiva. (http://www.gob.mx/mexicodigital/acciones-y-programas/salud-universal-y-efectiva)

El centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, implementa la CEV, proyecto que se compone de una aplicación móvil, un tablero de control, un administrador web y la Cartilla Nacional con un chip.

Los distintos componentes del proyecto de la CEV permiten mantener un sistema de registro digital con información actualizada de las dosis que cada niño o niña recibe. Además, gracias a este sistema también es posible crear estadísticas generales a nivel regional y nacional, para identificar y comparar avances en la implementación de los programas de vacunación.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 144 Bis de la Ley General de Salud, en materia de cartillas de salud y cartillas nacionales de vacunación electrónica.

Artículo 144 Bis. Las instituciones de salud deberán entregar de manera gratuita a la población las Cartillas Nacionales de Salud e implementarán progresivamente la cartilla electrónica de vacunación CEV, mismo que deberá ser utilizado en todos los establecimientos de salud de los sectores público y privado de todo el territorio nacional. Asimismo, la Secretaría determinará en la Norma Oficial Mexicana respectiva las indicaciones para su llenado.

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el  30 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a destinar recursos provenientes de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Tabacos Labrados para operar el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se condenan los actos de violencia política de género en el estado de Tlaxcala y se solicita a distintas autoridades intervenir en los hechos. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La suscrita, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción II del artículo 8 y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, por el que se CONDENAN LOS ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE TLAXCALA; Y SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE DISTINTAS AUTORIDADES PARA INTERVENIR EN LOS HECHOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A nivel internacional se ha podido llegar a un consenso entre las naciones en el más amplio sentido de respeto a los derechos humanos, estableciendo garantías y protocolos de atención para ello.

En este sentido, es necesario llevar a cabo la reflexión sobre los problemas de violencia de género, que sin duda son un grave retroceso entre nuestros ciudadanos puesto que minimizan el reconocimiento del maltrato que sufren millones de mujeres a muchos niveles todos los días.

El amplio uso de este concepto muestra que la violencia contra las mujeres no es solo una cuestión biológica, es de género.  Es una situación de discriminación en perjuicio de quienes no son varones, por el simple hecho de no serlo.

Las Naciones Unidas definen a la violencia de género como "todo acto de violencia de que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos”.1

Nuestro país es catalogado por dicho organismo como uno de los veinte peores países en la cuestión y por ello recientemente fue creado un protocolo para emitir la llamada “alerta de género” al considerar sumamente alarmante lo que acontece en nuestro territorio, la primera de ellas fue en 2014 por los abortos y muertes que se presentaron en Guanajuato y más tarde, en 2015 por la cantidad de defunciones en el Estado de   México.

Sin embargo, la problemática no se limita solo a feminicidios, violencia en el hogar, acoso laboral o abuso sexual, también existe la violencia política de género, misma que se gesta con la intención de inhibir la participación política de las mujeres de forma activa en la toma de decisiones.

El concepto es aparentemente nuevo para nuestro país, sin embargo, desde el año 2000 se empezó a usar en América Latina debido a la participación de varias Concejalas en Bolivia que pretendían evidenciar el problema y establecer soluciones en el área legislativa ante la falta de criterios en ese sentido. El esfuerzo concluyo con la creación de un protocolo para rastrear y reportar casos de mujeres que habían resultado electas y eran víctimas de este tipo de violencia. Para el 2012, este movimiento dio como resultado la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres2, marcando la pauta legislativa para toda la región y exhibiendo la importancia que tiene resolver esta situación.

De acuerdo con múltiples instrumentos internacionales como son; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos públicos de su país, al acceso igualitario a las funciones públicas, a votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto.

Nuestra Carta Magna y el marco normativo de nuestro país consagran el principio de igualdad y equidad de género, además de acatarlo como principio fundamental y eje de las políticas públicas desde la reforma del 2011 en materia de derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de estos avances, aún continúan presentandose casos de asesinato, desaparición, extorsión, intimidación y todo tipo de violencia hacia las mujeres que han sido precandidatas, candidatas, dirigentes, presidentas municipales, gobernadoras, colaboradoras o funcionarias en casi todas las Entidades Federativas a cualquier nivel de gobierno.

En este sentido, Tlaxcala es uno de los estados en donde además de tener cifras alarmantes de casos donde se atenta contra la integridad de las mujeres, encontramos situaciones en donde autoridades y titulares presentan conductas discriminatorias que pueden ir desde los comentarios públicos de corte sexista hasta evitar autoritariamente su participación en funciones propias de la embestidura y responsabilidad pública que les confirió la sociedad.

Esto se encuentra ampliamente documentado en casos como el del Ayuntamiento de la Capital, donde el alcalde, Adolfo Escobar Jardínez, ha limitado las funciones de la Síndico Katy Valenzuela Díaz, a causa de que en ejercicio de sus funciones dicha funcionaria ha exhibido los excesos y opacidades de dicho alcalde, teniendo como respuesta además de la violencia política en su contra, el ser presionada incluso de manera económica socavando su ingreso y el de su personal, situación que sin duda atenta contra lo establecido en nuestro marco jurídico Federal, Estatal y Municipal, además de contravenir los compromisos establecidos y ratificados por nuestro país a nivel internacional.

Este lamentable acto, ha tenido como respuesta el silencio y la omisión por parte del Ejecutivo Estatal, mismo que ha demostrado su consentimiento a este tipo de actos deplorables, como en los recientes comicios electorales en el Estado.

Acciones de este tipo suelen ir acompañadas de otro tipo de violencia adicional como la económica, al omitirse la contribución a actividades de tipo político por el simple hecho de ser mujer o incluso, se llegue a presentar el supuesto de que el mismo se condicione a cambio de favores sexuales  o conductas inapropiadas, todo con el fin de que las mujeres desistan de sus actividades, vulnerando nuevamente su derecho a participar en la vida pública sin violencia.

Al reconocer la presencia de este problema y al mismo tiempo, notar la falta de legislación en la materia, la FEPADE emitió un protocolo3 en el que se establezcan las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres, con la   intención de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.

Sin embargo, este ha sido insuficiente y cientos de delitos quedan impunes además de seguir violentando a mujeres día a día ante la falta de medidas cohercitivas en la legislación y la coacción por parte del Estado.

Hoy en día para Gobernar, no debemos ser omisos a la intención que establecimos en la Agenda 2030 en materia de igualdad de género y atendiendo las recomendaciones emitidas por la ONU en la Resolución de la Asamblea General 48/104 que menciona como urgente la necesidad de aplicar y respetar los derechos fundamentales de todas las mujeres, al ser la violencia de generó una grave violación a los mismos que impide la igualdad, el desarrollo y la paz.

Por lo anterior es necesario que desde esta soberanía, alertemos a las instancias Federales correspondientes para que intervengan y lleven a cabo las investigaciones  que consideren a fín de exhibir y castigar a los funcionarios que llevan a cabo estas conductas en los Gobiernos locales, particularmente los municipales del estado de Tlaxcala.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República condena enérgicamente los actos de violencia política de género que distintas autoridades municipales y estatales han llevado a cabo en contra de funcionarias, limitando las funciones que su representación popular legalmente les confiere.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres, para que, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación  de la Violencia contra las Mujeres, lleve a cabo una investigación sobre los hechos en el Estado de Tlaxcala y se pronuncie sobre los mismos.

TERCERO.- El Senado de la República hace un respetuoso llamado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en uso de sus facultades y a través de los Institutos Estatales, exija en el registro de candidatos a cargos de elección popular una plataforma que contenga un compromiso público y protocolo de actuación en caso de violencia política de género.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre del 2016

Suscribe

Sen. Lorena Cuellar Cisneros.

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

2•http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/docs/Ley%20N%C2%BA243%20Contra%20el%20Acoso%20y%20Violencia%20Politica%20hacia% 20las%20Mujeres.pdf

3 http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf





 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".

La violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres, especialmente cuando es ejercida por su pareja o en forma de violencia sexual. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta las siguientes cifras con respecto a esta problemática:

• El 35% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

• La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja.

• Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja.

• Estas formas de violencia pueden afectar negativamente a la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y aumentar la vulnerabilidad al VIH.

A nivel nacional, el INEGI revela las siguientes cifras relativas a la violencia contra la mujer:

• 63 de cada 100 mujeres mexicanas mayores de 15 años han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de otras personas.

• Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años: 68% ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.

• El 32% de las mujeres mexicanas han padecido violencia sexual por parte de agresores, incluyendo actos de intimidación, acoso o abuso sexual.

• En promedio se estima que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.

Ante esta situación, las Naciones Unidas determinaron que cada 25 de noviembre se celebre en todo el mundo el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

La finalidad de esta conmemoración es concientizar a todos los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a que se comprometan a que ninguna mujer o niña esté expuesta a algún tipo de violencia, así como velar porque existan políticas adecuadas para resolver este grave problema.

En la legislación federal de nuestro país se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, que de acuerdo con su artículo 1º tiene por objeto:

“Establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En este contexto, el Gobierno Federal ha integrado como política pública el “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014–2018”, operado por la Secretaría de Gobernación. Dicho instrumento identifica las siguientes problemáticas para garantizar los derechos humanos de las mujeres:

• Insuficiente armonización legislativa y escasa cultura de la no violencia contra las mujeres.

• Violencia en contra de las mujeres en el sector educativo, laboral y en el Sistema Nacional de Salud.

• Escasos servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.

• Acceso limitado a la justicia para las mujeres.

• Limitada coordinación institucional en materia de violencia contra las mujeres.

Con base en esta problemática, el Programa establece cinco grandes objetivos:

1. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres.

2. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas.

3. Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia.

4. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción.

5. Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Se observa que el objetivo número 2 está dedicado a la prevención integral. En este tema, la OMS destaca que pocas intervenciones tienen tanta efectividad como la prevención primaria, para impedir que se produzca el primer episodio de violencia.

La OMS señala que para producir verdaderos cambios que perduren, es importante realizar acciones afirmativas que desde la legislación y las políticas públicas protejan a la mujer; combatan la discriminación de la mujer; fomenten la igualdad de género; y ayuden a adoptar normas culturales más pacíficas.

En este sentido, el objetivo 2 del Programa contiene las siguientes estrategias para atender el tema de prevención desde distintos ángulos:

• Establecer acciones integrales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en el sector educativo.

• Promover acciones integrales de prevención, detección y atención oportuna de violencia contra las mujeres en los centros de trabajo.

• Fortalecer los servicios para la detección oportuna de la violencia contra las mujeres en el Sistema Nacional de Salud.

• Establecer acciones integrales de seguridad ciudadana para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en la comunidad.

En todas estas materias se requiere una participación coordinada de diversas autoridades en los tres órdenes de gobierno, para garantizar que las acciones sean efectivas y logren su finalidad.

Por ello, consideramos adecuado que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el Senado de la República realice un exhorto a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno para fortalecer las acciones de prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer las acciones de prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las niñas y mujeres.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 30 de noviembre de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 OMS. Violencia contra la mujer. Nota descriptiva. Septiembre de 2016
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
2 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre). Boletín del 23 de noviembre de 2015
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf
3 DOF: 30/04/2014 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014





 

Del Senador Manuel Bartlett Díaz y de la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República a que en el año 2017 se privilegie, otorgue e imponga la máxima condecoración a una mujer u hombre indígena que se distinga por su servicio a la Nación. Se turna a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

Los suscritos, Senadores de la República Manuel Bartlett Díaz y Layda Sansores San Román, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía; proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta a los integrantes de la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República para que en el año 2017 se privilegie, otorgue e imponga la Máxima Condecoración a una mujer u hombre indígena que se distinga por su servicio a la Nación.

CONSIDERACIONES

El 3de enero de 1953, a propuesta del entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Adolfo Ruiz Cortines, se expidió el decreto por el cual anualmente se entrega la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se distingan por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad consecuencia de un ejemplo de una vida profesional y personal practicada por el médico y político Belisario Domínguez Palencia, asesinado el 7 de octubre de 1913.

Derivado de lo anterior y con la publicación del citado decreto en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1953, la Máxima Condecoración del Senado de la República a la fecha del presente, ha sido otorgada en sesenta y cinco ocasiones integrando un acervo histórico excluyente de mujeres y hombres indígenas patriotas con lo que la nación cuenta. Sin considerar en el proceso para la elaboración de dictamen el mandato Constitucional consagrado en el Artículo 1° párrafo quinto que salvaguarda el principio de no discriminación al establecer, [Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas]

Por lo anterior anteriormente expuesto, propongo a está Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República para que en el año dos mil diecisiete se privilegie, otorgue e imponga la Máxima Condecoración a una mujer u hombre indígena que se distinga por su servicio a la Nación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Layda Sansores San Román.





 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a revocar el nombramiento del actual Secretario de Desarrollo Social, Lic. Luis Enrique Miranda Nava, debido a la inopia en conocimientos sobre desarrollo social, así como la notoria ausencia de principios que rigen la función pública, indispensables para el logro de los objetivos y garantía de los derechos sociales. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

La suscrita, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 7 de septiembre del año en curso, el titular del ejecutivo  designó a Luis Enrique Miranda Nava, como nuevo Secretario de Desarrollo Social, convirtiéndose en el tercero al frente de la Secretaría de Desarrollo Social en los 4 años que van del sexenio.

Previo a incursionar en una de las áreas más vapuleadas y que menos resultados positivos ha obtenido, Miranda Nava se desempeñaba como Subsecretario de Gobernación.

En materia de desarrollo social, muchos han sido los intentos para erradicar la pobreza, empero las cifras van en aumento. Recientemente según las estadísticas de la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México es el quinto país más pobre de América Latina y el único, junto con Guatemala y Venezuela, donde la pobreza aumentó en los últimos ocho años.

En el documento intitulado “Panorama social de América Latina 2015” de la Cepal, que fue divulgado el pasado el 22 de marzo (2016) y que causó escozor en el gobierno de México, entre 2012 y 2014 –los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto— la pobreza se incrementó en este país en 4.1 puntos, al pasar de 37.1% a 41.2%.

Y la pobreza extrema aumentó en 2.1 puntos. De 14.2% a 16.3%.

Así lo estima la Cepal, organismo de Naciones Unidas especializado en estudiar la realidad económica y social de América Latina y que tiene el más confiable y completo acervo estadístico sobre la región.

De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, en 2014 México registró un índice de pobreza del 41.2%, diez puntos más que Ecuador, 8.5 más que Bolivia y 18.5 más que Perú1.

Esta es la realidad de México en materia social.

Aunado a ello, el recién nombrado Secretario de Desarrollo Social, ha mostrado absoluto desconocimiento en un área prioritaria, cuyo objetivo es garantizar y mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas, bajo los principios de equidad, sustentabilidad y justicia social.

Así el pasado 23 de noviembre, Miranda Nava compareció en la Colegisladora ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Fomento Cooperativo y Economía Social, con motivo dar a conocer el estado que guarda la administración pública federal en materia de Desarrollo Social en torno al 4° Informe de Gobierno, desde el inicio y en el transcurso de sus participaciones fue evidente la ausencia de conocimientos, la falta de claridad en los conceptos sobre la medición de pobreza y los tipos, aseverando que la Secretaría de Desarrollo Social no es responsable del combate a la pobreza; siendo esta dependencia quien tiene como objetivo principal el combate efectivo de la pobreza tal y como se encuentra establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

No obstante, la intolerancia y cerrazón frente a la crítica  demuestra la falta de carácter y de compromiso con el servicio público, a la par de faltar a los principios con los que un funcionario debe conducirse, entre ellos el respeto hacia la diversidad de opiniones, lo anterior debido a su lamentable conducta frente a los cuestionamientos realizados por las y los legisladores, en especial por la contestación dirigida a la Diputada Federal Araceli Damián González, académica y especialista en temas de pobreza y política social. Al tiempo de afirmar que funge como “operador político”.

Este es el reflejo de la intransigencia con la que ha actuado el gobierno federal, la imposición y nula disposición a atender realidades diferentes, siendo el debate y la rendición de cuentas  parte fundamental de un ejercicio democrático.

No obstante varios han sido los tropiezos de Miranda Nava, su tono agresivo es característico, recordemos que en su primera visita a Querétaro como Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda hizo un llamado a partirle la madre a los malos que quieren venir a su pueblo a quitarles el orden, la paz y los beneficios.2

Posteriormente de acuerdo al comunicado de la dependencia federal, Miranda Nava pidió a las familias de Querétaro y de todo el país defender la paz social y evitar a los malos que quieren quitarles el orden, la paz y los beneficios.”

Ante ello insisto en la necesidad de que sean los mejores perfiles quienes ocupen los espacios, en este caso al frente de las Secretaría de Desarrollo Social, y no únicamente ser designados y permanecer en dichas posiciones por responder a intereses políticos o compadrazgos; en el caso de Miranda Nava resulta sumamente preocupante que, al ser él un operador político, esté a cargo de los programas sociales en vísperas de los siguientes procesos electorales, entre los que se encuentran los del Estado de México.

Fundado y motivado en lo antes expuesto, someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal Lic. Enrique Peña Nieto, a revocar el nombramiento del actual Secretario de Desarrollo Social Lic. Luis Enrique Miranda Nava, debido a la inopia en conocimientos sobre desarrollo social, así como la notoria ausencia de principios que rigen la función pública, indispensables para el logro de los objetivos y garantía de los derechos sociales.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1•“México, más pobre de lo que se cree”. PROCESO en línea (4 de abril 2016). Disponible en http://www.proceso.com.mx/435741/mexico-pobre-lo-se-cree

2•“Partan la madre a los malos”. Reforma en línea (20 de Septiembre 2016) Disponible en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=943974&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=943974





 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo en relación con la prevención del cáncer de próstata y pulmón en hombres. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir la información correspondiente a un derrame de aceite lubricante industrial en la carretera Reynosa-Monterrey, municipio de Cadereyta, Nuevo León. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita la información correspondiente a un derrame de aceite lubricante industrial, en la Carretera Reynosa–Monterrey, municipio de Cadereyta, Nuevo León, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 17 de noviembre del presenta año, se registró una volcadura de un tráiler de doble remolque, propiedad de la empresa Transportes Santa María Express S.A. de C.V., en el kilómetro 51 de la Carretera Reynosa–Monterrey, municipio de Cadereyta, Nuevo León. El tráiler trasladaba aceite lubricante industrial.

Ante tal situación la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), acudió a verificar el lugar, ya que hubo una afectación en una superficie de suelo natural de aproximadamente 12 m2.

Al lugar acudió personal de PROFEPA, de Protección Civil y elementos de la Policía federal, para atender el percance. Los inspectores de PROFEPA estuvieron supervisando todas las labores que fueron efectuadas de manera inmediata por personal de la empresa dueña del camión para intentar contener el derrame, donde se buscaba detener o limitar la dispersión del aceite lubricante que se transportaba, además de realizar un trasvase a dos pipas que llegaron al lugar para poder trasportar el material que se encontraba aún en la unidad volcada.

Mediante un comunicado de prensa la PROFEPA anunció que practicará una visita de inspección a la empresa responsable con la finalidad de ordenarle las medidas y acciones necesarias para realizar la restauración total del sito afectado.1

Además de que el Código Penal Federal establece una pena que puede ir de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente infiltre, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.2

De manera que la PROFEPA deberá evaluar la situación y fijar las medidas necesarias, así como las sanciones correspondientes y en su caso dar vista a la autoridad competente en caso de la posible comisión de un delito.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita a esta Soberanía a la brevedad posible información sobre el resultado de sus investigaciones respecto del posible daño ocasionado por el derrame de aceite lubricante industrial en aproximadamente 12 m2 de suelo natural, en el kilómetro 51 de la Carretera Reynosa-Monterrey, municipio de Cadereyta, Nuevo León, el pasado 17 de noviembre del presenta año.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que en el ámbito de sus facultades establezca las sanciones correspondientes, en caso de haberlas, respecto al derrame de aceite lubricante industrial en aproximadamente 12 m2 de suelo natural, en el kilómetro 51 de la Carretera Reynosa–Monterrey, municipio de Cadereyta, Nuevo León, El pasado 17 de noviembre del presenta año. Además de dar parte a las autoridades competentes en caso de la posible comisión de un delito.

Dado el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, comunicado de prensa, consultado el 18 de noviembre de 2016 en:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9073/1/mx/supervisa_profepa_acciones_inmediatas_para_atender_contaminacion_de_suelo_por_la_volcadura_de_una_pipa_que_transportaba_aceite_en_cadereyta_nuevo_leon.html

2 Código Penal Federal, consultado e 18 de noviembre de 2016 en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf





 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Héctor Larios Córdova, Rabindranath Salazar Solorio y David Monreal Ávila, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía para exponer el plan de liberalización del mercado de la gasolina y el diésel. Se turna a la Comisión de Energía.

Los suscritos, Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO y DAVID MONREAL ÁVILA con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes y:

CONSIDERACIONES

El 15 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Ley de Ingresos para 2017. Por medio de ésta, se hicieron modificaciones a la Ley de Hidrocarburos para adelantar a 2017 la liberalización del mercado de la gasolina y diésel. Las leyes secundarias de la reforma energética establecían que la liberalización no se daría sino hasta el 2018.

Esta Ley de ingresos, establece que durante el 2017 y 2018 la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), establecerá el cronograma para que se liberalicen el mercado de estos combustibles, de modo que los precios se determinen de manera libre por las gasolineras.

Las nuevas disposiciones terminan con el mecanismo de control de precios máximos establecido para el 2016. En 2017, no habrá banda de fluctuación de precios máximos, sino regiones de precios libres y regiones de precios controlados, por un mecanismo, que según la ley de ingresos, determinará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esta liberalización traerá un incremento significativo en los precios de la gasolina y el diésel, inclusive en las regiones de precios controlados. De acuerdo con un pronóstico del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP)1, con la liberalización mercado el precio de la gasolina Magna podría llegar a los $15.33 pesos y la Premium a $16.65 pesos. Esto debe ser evitado a toda costa, porque afectaría la competitividad del país, y directamente a las familias y empresas mexicanas.

Actualmente, en nuestro país no hay condiciones efectivas de competencia en la refinación, importación, transporte, almacenamiento, distribución y venta al público de la gasolina y diésel. Lo que hace previsible grandes problemas para la liberalización de los mercados.

La infraestructura del Sistema Nacional de Logística de Petrolíferos se compone por 6 refinerías, 73 terminales de almacenamiento y reparto (TAR), 15 terminales y residencias de operación marítima y portuaria (TOMP), 5,213 kilómetros de oleoductos, 8,946 kilómetros de poliductos y 11, 431 estaciones de servicio. Todo el sistema fue desarrollado desde el sector público y está bajo el control de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con excepción de algunas estaciones de servicio que, a partir de este año, dejaron de ser franquicias de la empresa productiva del Estado.

Previo a la liberalización del mercado, el Estado debió procurar la existencia de condiciones de competencia de manera paulatina. Si es que efectivamente se quería un mercado verdaderamente competitivo en favor de los consumidores, no solo entre regiones de nuestro país sino al exterior, con nuestros competidores y socios comerciales.

La libre competencia en la gasolina y el diésel es una ficción. Mientras se liberalizan los precios, con el argumento de crear mercados competitivos, el gobierno intervendrá en el precio final de los combustibles por medio de una fuerte carga fiscal, que hoy representa alrededor del 40% del precio al público.

La fuerte carga impositiva de la gasolina y el diésel, que se compone de una cuota del Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), impuesto a los combustibles fósiles, cuota estatal e Impuesto al Valor Agregado (IVA), significan una intervención del gobierno para extraer recursos de las familias y empresas, que lejos de incentivar un mercado competitivo en favor de los ciudadanos, se reduce a una intervención recaudadora.

Por su lado, la Comisión Reguladora de Energía será la encargada de implementar el modelo de liberalización de los mercados. Adicionalmente a la facultad de establecer el cronograma de liberalización, la CRE  también operará el sistema de información de precios de gasolina, diésel turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano; en las actividades de expendio al público de gasolinas y diésel, la CRE podrá establecer la regulación de precios cuando la COFECE determine que no existen condiciones de competencia efectiva; y, en su caso,  tendrá la facultad de informar a la SHCP del incremento desproporcionado de los precios de los combustibles para que se establezcan precios máximos.

Es evidente lo complejo del proceso de liberalización de los precios de la gasolina y el diésel que iniciará a partir del 1 de enero de 2017, y la vulnerabilidad de los consumidores ante la inexistencia de condiciones efectivas de competencia en estos mercados; por ello, es fundamental que la CRE explique ante esta soberanía y de cara a los ciudadanos, las medidas que adoptará para la liberalización de la gasolina y el diésel, así como los mecanismos para evitar que esta liberalización afecte todavía más a las familias y empresas mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente punto resolutivo.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República solicita la comparecencia ante esta Soberanía del Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía para que explique los mecanismos y la ruta para la liberalización de los precios de la gasolina y el diésel durante los años de 2017 y 2018, así  como las medidas para garantizar que la liberalización no afecte a las familias y empresas mexicanas con un aumento en el precio de los combustibles.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Mario Delgado arrillo.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. David Monreal Ávila.

1 Implicaciones del paquete económico 2017. CIEP, 2016. Pág. 8.




 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a diseñar y difundir campañas sobre la importancia y beneficios del aprovechamiento del agua pluvial y se realicen talleres sobre elaboración de sistemas para su captación y uso. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a emitir un informe sobre los motivos por los cuales los mecanismos anticorrupción existentes no han logrado un combate efectivo contra el delito del lavado de dinero; asimismo, aplique a la brevedad nuevas acciones y medidas que permitan la reducción y erradicación de este delito. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.







 

Del Senador Jesús Priego Calva, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes y a las entidades federativas a informar el avance de reciclaje en neumáticos usados en nuestro país. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El que suscribe, JESÚS PRIEGO CALVA, Senador de la República, de la LXIII Legislatura del Congreso del Unión, Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Senado de la República, en sus artículos 8 numeral 1 fracción II;  y 276 numeral 1, fracción I, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte; y a las Entidades Federativas, para que informen sobre el avance de reciclaje en neumáticos usados, que se están llevando a cabo en nuestro país.

CONSIDERACIONES

Como es de su conocimiento, tanto a nivel federal, como estatal y municipal, seguimos teniendo el grave problema del amontonamiento de neumáticos o llantas usadas arrojadas en infinidad de lugares, provocando un problema de contaminación ambiental en nuestro país.

Es importante destacar que, se consideran a los neumáticos usados, como residuos peligrosos y de manejo especial, como se señala con las modificaciones realizadas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, en sus artículos 19; 28; 98; y 100;y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su artículo 6, publicadas en el Diario Oficial dela Federación, el 4 de junio de 2014.

En la primera Ley citada, se tocan puntos fundamentales en relación al reciclaje por aumento, consumo y desecho de llantas usadas, como son los siguientes:

a) Los obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo especial para el desecho de estos neumáticos, son los grandes generadores, productores, importadores, exportadores y distribuidores de neumáticos usados, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas correspondientes, bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida.

b) Las Entidades Federativas establecerán obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes, pequeños, y prestadores de servicios de residuos de manejo especial, para prevenir, valorar y gestionar los residuos de los neumáticos usados.

c) En los municipios se llevarán a cabo las acciones necesarias para la prevención, valoración y gestión de los residuos urbanos, sujetándose conforme a las leyes estatales, considerando las siguientes:

I.- Obligaciones para los generadores de residuos;

II.- Requisitos para la prestación de los servicios para su manejo;

III.- Ingresos que deberán obtener por brindar el servicio especial de su manejo.

d) En la legislación de las Entidades Federativas deberán contener las prohibiciones en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, para los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores de la gestión de neumáticos usados, garantizando su recolección de acuerdo a la norma oficial mexicana.

Posteriormente, en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, alude sobre la concesión para construir, conservar y mantener los caminos y puentes federales, para que se emplee caucho reciclado proveniente de neumáticos usados.

Cabe recordar que, desde el 1° de febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos al Plan de manejo, incluyendo su procedimiento, y el listado de residuos (tomando en consideración a los neumáticos de desecho);como es de notarse, se consideró con antelación en este ordenamiento jurídico, los criterios para determinar el manejo de residuos, sujetados a un plan de manejo para poder reciclar.

El objetivo de esta proposición es, saber los avances de ¿quiénes, en qué lugar, y cuantos son? los que están aprovechando el programa de recolección, concentración, y procesamiento en el reciclaje de neumáticos o llantas usadas, con la finalidad de aminorar la contaminación ambiental, y dar el uso adecuado para su reutilización en diversas aplicaciones, sin olvidar que también debe ser considerado para construir, conservar y mantener los caminos y puentes federales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único: La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y a las Entidades Federativas, para que informen sobre el avance de reciclaje en neumáticos usados, que se están llevando a cabo en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Priego Calva.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el anuncio del fin de la emergencia sanitaria global por el virus del Zika. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, mariana Gómez del campo gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR EL ANUNCIO DEL FIN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GLOBAL POR EL VIRUS DEL ZIKA, realizado por la Organización Mundial de la Salud, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En el pasado año el virus del zika representaba una problemática global, tal virus es transmitido por la picadura de un mosquito del género Aedes y se cataloga como un arbovirus, que son aquellos animales invertebrados como zancudos y garrapatas  tales son los transmisores del virus al ser humano.

Se identificó por vez primera en macacos (Uganda, 1947), a través de una red de monitoreo de la fiebre amarilla. Posteriormente, en 1952, se identificó en el ser humano en Uganda y la República Unida de Tanzania.

Se han registrado brotes de enfermedad por este virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico.

Entre los años sesenta y los ochenta se detectaron infecciones humanas en África y Asia, generalmente acompañadas de enfermedad leve. El primer gran brote se registró en la Isla de Yap (Estados Federados de Micronesia) en 2007. En julio de 2015 Brasil notificó una asociación entre la infección por el virus de Zika y el síndrome de Guillain-Barré, y en octubre del mismo año su asociación con la microcefalia.

En la actualidad se han identificado los síntomas que ocasiona dicha picadura para recibir las atenciones necesarias a tiempo y evitar complicaciones en caso de ser infectado.

A su vez se han creado medidas preventivas para erradicar el riesgo de ser infectado, tales como: el uso de mosquiteros que pueden impregnarse con insecticida, utilizar repelentes con caridina y ropa que cubra las extremidades, para que haya menos posibilidades de sufrir una picadura.

La OMS recomienda que, para prevenir la infección por el virus en el curso de una relación sexual, toda persona que regrese de zonas donde se sepa que hay transmisión activa del virus mantenga relaciones sexuales seguras u observe abstinencia sexual durante seis meses. Las parejas sexuales de mujeres embarazadas que residan en zonas donde haya transmisión local del virus o que regresen de una de esas zonas deberían mantener relaciones sexuales seguras u observar abstinencia sexual mientras dure el embarazo.

La OMS ha tomado participación colaborando con los países para controlar la enfermedad por el virus de Zika mediante la adopción de las medidas definidas en el Marco de respuesta estratégica al zika:

• Definir las investigaciones sobre la enfermedad por el virus de Zika y darles prioridad convocando a expertos y asociados.

• Potenciar la vigilancia del virus de Zika y sus complicaciones.

• Reforzar la capacidad de comunicación sobre los riesgos a fin de involucrar a las comunidades para que comprendan mejor los riesgos asociados al virus.

• Fortalecer la capacidad de los laboratorios para detectar el virus.

• Ayudar a las autoridades sanitarias a aplicar las estrategias de control de los vectores destinadas a reducir las poblaciones de mosquitos del género Aedes.

• Elaborar recomendaciones acerca de la atención clínica y el seguimiento de las personas con complicaciones relacionadas con la infección por el virus del Zika, en colaboración con expertos y otros organismos sanitarios.

El 18 de noviembre pasado, la Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la emergencia sanitaria global por el virus Zika nueve meses después de que se declarara. Se confirma así el temor de muchos científicos y expertos que pone en cuestión el futuro de los esfuerzos por acabar con la epidemia.

David Heymann, presidente del Comité de Emergencias de la Organización, ha hecho mucho hincapié en que el virus sigue siendo un serio problema para la salud y que puede tener consecuencias devastadoras como la hidrocefalia o el síndrome de Guillain-Barré.

Pese a que, según la OMS, el Zika sigue siendo una amenaza “de proporciones alarmantes” y se  insiste en que es una "prioridad" para la Organización, se debe resaltar  que en estos últimos  nueve meses se han  detectado más de 2000 casos de microcefalia vinculada al Zika y hasta el día de hoy no se tiene ningún tipo de  vacuna ni tratamiento.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por el anuncio del fin de la emergencia sanitaria global por el virus del Zika, realizado por la Organización Mundial de la Salud y exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a continuar colaborando con los países de América Latina y el Caribe, para erradicar esta enfermedad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Mariana Gómez del Campo Gurza y Armado Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Costa Rica, Nicaragua y Panamá afectados por el paso del huracán “Otto”. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los suscritos, Senadores Mario Delgado Carrillo, Mariana Gómez del Campo Gurza y Armado Ríos Piter, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno, con carácter de urgente resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, que expresa el respaldo y solidaridad hacia el pueblo centroamericano por los daños sufridos y las lamentables pérdidas humanas producidas por el paso del Huracán Otto, en razón de los siguientes antecedentes y:

CONSIDERACIONES

El huracán Otto, es el séptimo de la temporada en el Atlántico y el huracán que más ha golpeado a Centroamérica; en su pico más alto, tuvo rachas de 190 km por hora1. Los daños materiales a Panamá, Costa Rica y Nicaragua se siguen contabilizando. Hasta el momento, los gobiernos de los países afectados han reportado más de una decena de muerto; a las personas fallecidas se suman, también, una gran cantidad de damnificados y desplazados.

En Panamá, el paso de Otto dejó por lo menos cuatro muertos y cinco desaparecidos2. Además, el gobierno está atendiendo a más de 242 personas en albergues, y reportó por lo menos 38 viviendas con pérdidas. Ante esta situación, se planea reubicar a familias y ofrecerles viviendas por los peligros de inundaciones.3

En Nicaragua no se reportaron víctimas mortales que lamentar, pero se reubicaron más de 10 mil personas en 69 comunidades4 y los daños materiales a viviendas se están contabilizando.5

Costa Rica no había sido afectada directamente por un huracán desde que comenzaron sus registros en 1851 y el último fenómeno meteorológico que se registró fue el ciclón Juana en 19886. Hasta ahora, los daños en el norte del país, una de las zonas más pobres, han sido severos. Se reportaron más de seis mil personas en 52 albergues7 y se mantienen por lo menos23 comunidades aisladas. Hasta ahora, se reportan 10 víctimas fatales y 25 desaparecidos; mientras el gobierno, sigue recopilando información89. Asimismo, se ha informado que en infraestructura hay daños importantes preliminares por alrededor de ₡4.734 millones de colones costarricenses  (unos 176 millones de pesos mexicanos).Para dimensionar lo ocurrido, en seis horas cayó el agua que correspondería a un mes completo (cerca de 200 litros/m2).10

A los daños inmediatos que se van reportando y contabilizando, se suman los daños permanentes en infraestructura pública, transporte y servicios públicos básicos. Estos daños económicos se intensifican en las zonas más pobres de esas naciones.

En este contexto, conscientes de los profundos lazos que existen entre estas naciones que son hermanas del pueblo mexicano, el Senado de la República expresa su solidaridad con los pueblos afectados por el paso del Huracán Otto y al gobierno mexicano para ofrezca la cooperación internacional necesaria, para hacer frente a los daños ocasionados y las lamentables pérdidas humanas causadas por el fenómeno meteorológico.

En razón de lo anterior, se somete a consideración de esta H. Asamblea con carácter de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República se solidariza con los pueblos de Costa Rica, Nicaragua y Panamá afectados por el paso del huracán Otto y exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a ofrecer la cooperación internacional necesaria para la reconstrucción de las zonas afectadas, el restablecimiento de su infraestructura dañada y a prestar ayuda humanitaria, tras el paso del fenómeno meteorológico en dichas naciones hermanas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Suscriben

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Armando Ríos Piter

1 Cfr http://www.elmundo.es/internacional/2016/11/25/58386a8f22601d93728b45ac.html

2 Cfr. http://www.laprensa.com.ni/2016/11/23/internacionales/2139331-panama-y-costa-rica-azotados-por-
huracan

3 Cfr. https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Presidente-Varela-revisa-tareas-de-asistencia-a-damnificados-en-Chiriqui

4 Cfr http://www.laprensa.com.ni/2016/11/25/nacionales/2140538-otto-deja-mas-de-diez-mil-evacuados-en-
nicaragua

5 Cfr http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38071162

6 Cfr http://www.laprensa.com.ni/2016/11/23/internacionales/2139331-panama-y-costa-rica-azotados-por-
huracan

7 Cfr http://www.laprensa.hn/mundo/1021378-410/costa-rica-busca-a-desaparecidos-tras-el-paso-del-
hurac%C3%A1n-otto

8 Cfr http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38071162

9 Cfr  http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/27/1130712

10 Cfr. http://presidencia.go.cr/comunicados/2016/11/declaracion-del-presidente-de-la-republica/





 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar y aplicar un programa permanente para mejorar la distribución de medicamentos en todo el país, fomentando la creación de bancos de medicamentos y facilitando la operación de los ya existentes. Se turna a la Comisión de Salud.

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN TODO EL PAÍS, FOMENTANDO LA CREACIÓN DE BANCOS DE MEDICAMENTOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”.

Sin lugar a dudas, la salud es un derecho de todos los mexicanos, y una de las primeras obligaciones de los gobiernos de todos los órdenes, es velar por el cumplimiento del mismo. Parte fundamental de dicha obligación es garantizar la adecuada y eficiente distribución de los medicamentos en todo el país.

En este sentido, el Programa Sectorial de Salud contempla los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción referentes al suministro de medicamentos:

Objetivo 2. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad.

Estrategia 2.6. Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud de calidad.

Líneas de acción
2.6.1. Fortalecer la cadena de suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas de salud.

2.6.2. Incrementar el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades locales.

2.6.3. Implementar programas de distribución de medicamentos que alineen los incentivos de las instituciones de todos los participantes.

2.6.4. Fomentar el uso racional de la prescripción de medicamentos.

Estrategia 2.7. Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Línea de acción
2.7.5. Asegurar el abasto oportuno y completo de medicamentos e insumos.

Objetivo 5. Asegurar la generación y uso efectivo de los recursos en salud.
Estrategia 5.5. Fomentar un gasto eficiente en medicamentos e insumos.

Líneas de acción
5.5.6. Aplicar esquemas novedosos de compra y abasto de medicamentos para asegurar su surtimiento.

Experiencias internacionales muestran que una forma de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la distribución de medicinas –sobre todo en las áreas más pobres-, es mediante la creación de los llamados Bancos de Medicamentos.

A menudo se trata de organizaciones sin ánimo de lucro, como el llamado BANCO FARMACÉUTICO, de España, constituido en 2007 y que opera tres proyectos como1:

1) La Jornada de Recogida de Medicamentos: tiene lugar un día al año (la próxima será el 4 de marzo de 2017) y el objetivo es recoger medicamentos nuevos que no requieran prescripción médica para donar a las entidades asistenciales con las que colabora Banco Farmacéutico. Únicamente se recogen los medicamentos sin prescripción médica que las entidades asistenciales han solicitado previamente, ya que de esta forma se focalizan los esfuerzos en cubrir necesidades reales y concretas de las personas sin recursos.

El día de la Jornada de Recogida, los voluntarios de Banco Farmacéutico invitan a los ciudadanos que entran en las farmacias a participar comprando algún medicamento del listado.

2) Fondo Social de Medicamentos: Este proyecto tiene como objetivo cubrir los gastos en medicamentos de aquellos pacientes que, por diferentes motivos socioeconómicos, no puedan costearse los gastos del tratamiento. Este proyecto pretende, pues,       asegurarse que ningún paciente deba renunciar a su tratamiento por falta de recursos económicos.

3) Caramelos Solidarios: Nace con el fin de ayudar a las personas más desfavorecidas atendidas en las entidades asistenciales a costear los medicamentos que necesitan. Con la venta de caramelos solidarios en las farmacias participantes se recogen fondos para financiar la medicación que necesitan las personas sin recursos.

Otro ejemplo es la FUNDACIÓN MISIÓN SALUD2, de Colombia que recolecta medicamentos, insumos hospitalarios y otros bienes de salud, para ponerlos a disposición de instituciones dedicadas al cuidado de enfermos en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, siguiendo las directrices sobre donaciones de medicamentos de la OMS, particularmente hogares geriátricos, organizaciones dedicadas a la protección de niños abandonados y organizaciones especializadas en el desarrollo de personas en condiciones de discapacidad.

Diversas organizaciones civiles en México también han creado bancos de medicamentos, como la asociación “Sólo por Ayudar”, A.C., que opera un banco de medicamentos a partir de donaciones de distintos laboratorios. Actualmente apoya a 800 mil personas en más de 100 comunidades y ha distribuido más de 2.6 millones de unidades de medicamentos.

En este mismo sentido, La Orden de Malta México, A.C. inició un banco de medicamentos en 1996. Los medicamentos se entregan a través de clínicas, hospitales, casas de salud, dispensarios, y comunidades registradas. En 2015 se entregaron casi 2.3 millones de piezas de medicamento, obtenidos de 110 donaciones nacionales y 6 internacionales.

Existen más ejemplos de cómo la sociedad civil se organiza para coadyuvar en lo que es una obligación constitucional de las autoridades, pero que estas, son las primeras que debe preocuparse y ocuparse de que desde los gobiernos locales y el federal, se promueva la creación de más bancos de medicamentos, pero al mismo tiempo, se supervise que ninguna empresa o dependencia incurra en manejos ilegítimos e ilegales durante los procesos de licitación y en la determinación de sus precios.

De parte de las empresas farmacéuticas, debería haber un compromiso de donar un porcentaje de medicinas a estos bancos de medicamentos, para que no haya un solo rincón del país que carezca de estos.

Para ello, las compras que de ellos se hagan por parte de organismos públicos federales deben seguirse realizando de manera consolidada para asegurar el mejor precio posible y ahorro sustanciales para el gobierno, pero también, en dichas licitaciones se debe exhortar a las farmacéuticas a realizar las referidas donaciones a los bancos de medicamentos.

Por su parte, la Comisión Federal de Competencia debe mantener una vigilancia e investigación permanente para identificar posibles casos de colusión que conduzca a una manipulación de precios en perjuicio del interés público.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, a desarrollar y aplicar un programa permanente para mejorar la distribución de medicamentos en todo el país, fomentando la creación de bancos de medicamentos y facilitando la operación de los ya existentes.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a las dependencias federales que compran medicamentos –como la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos– y a las dependencias locales de los estados que también lo hagan, a que promuevan acciones de coordinación institucional a fin de efectuar compras consolidadas y transparentes de medicamentos, que incluyan la donación voluntaria por parte de las empresas farmacéuticas a los bancos de medicamentos.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) a que investigue e informe a esta soberanía los procesos de comercialización y distribución de todos los medicamentos a nivel nacional, a fin de identificar posibles casos de colusión y/o manipulación de precios.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 https://www.bancofarmaceutico.es/quienes-somos/empresas-y-instituciones-colaboradoras/




 

Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se recomienda a los alcaldes del estado de Zacatecas a impulsar acciones para mejorar las condiciones de las casas o institutos municipales de cultura. Se turna a la Comisión de Cultura.







 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Honorable Congreso de Yucatán a legislar en la Constitución Política del estado y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Yucatán, atendiendo al principio de paridad de género. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La suscrita, Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de Yucatán legisle en la Constitución Política del estado de Yucatán y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Yucatán, atendiendo al principio de paridad de género, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En mi carácter de ciudadana Yucateca, como exdiputada local, exdiputada federal y ahora Senadora de la República y preocupada en los temas de paridad de género que garanticen a las mujeres tener igualdad de oportunidades frente a los hombres en todos los espacios públicos.

En nuestro país, la presencia de las mujeres en las estructuras de poder y toma de decisiones se ha incrementado en los últimos años. La igualdad de género es un principio constitucional plasmado en el artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el cumplimiento de este precepto, es preciso que existan oportunidades reales y efectivas para las mujeres en todos los espacios públicos.

Sin embargo, aún existen importantes barreras que limitan su plena inclusión en la vida pública nacional y tenemos que seguir insistiendo en todos los cambios necesarios en la legislación a fin de poder conformar una autentica paridad de género, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas es una exigencia jurídica derivada de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para hacer cumplir los términos de lo tratados y convenciones internacionales que éste ha suscrito, desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, no debemos perder de vista que la inclusión de las mujeres en la política nacional, son fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia.

Conforme a las recientes reformas político-electorales se establece en nuestra Carta Magna en su artículo 41 fracción I, segundo párrafo que: “Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir en la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

Con motivo de lo anterior es necesario realizar la confirmación de disposiciones entre la Constitución Federal y la del estado de Yucatán a fin de dar cumplimiento al principio de igualdad. Por lo anterior manifiesto y sugiero que se hagan las reformas siguientes.
Al primer párrafo del artículo 20 con la finalidad de cumplir con la paridad de género en el caso de los suplentes deberá reformarse en los términos siguientes:

Texto vigente

Texto propuesto

CAPÍTULO II

De la Elección e Instalación del Congreso

Artículo 20.- El Congreso del estado de Yucatán se compondrá de veinticinco Diputados electos popularmente cada tres años, de los cuales, quince serán electos por el principio de mayoría relativa y los restantes, por el de representación proporcional, mediante el procedimiento que la Ley establezca. Por cada Diputados Propietario de mayoría relativa, se elegirá un Suplente.

 



CAPÍTULO II

De la Elección e Instalación del Congreso

Artículo 20.- El Congreso del estado de Yucatán se compondrá de veinticinco Diputados electos popularmente cada tres años, de los cuales, quince serán electos por el principio de mayoría relativa y los restantes, por el de representación proporcional, mediante el procedimiento que la Ley establezca. Por cada Diputados Propietario de mayoría relativa, se elegirá un Suplente que tendrá que ser del mismo género.



En el artículo 21 constitucional referente a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional a los partidos políticos y colaciones deberá considerarse en su fracción segunda la sustitución del vocablo “equidad” por el de “paridad entre los géneros” para quedar en los términos siguientes:

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 21.- Para la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional a los partidos políticos y coaliciones, se considerará lo siguiente:

I.-   …

II.- Los principios de pluralidad, representatividad y equidad, y

III.-

Artículo 21.- Para la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional a los partidos políticos y coaliciones, se considerará lo siguiente:

I.-   …

II.- Los principios de pluralidad, representatividad y paridad de género, y

III.-

También resulta obligatorio llevar a cabo ajustes a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Yucatán, en su Libro Primero, el Título Segundo que refiere a la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo; y los Ayuntamientos, en su artículo 7 señala que el ejercicio del poder legislativo se deposita en el Congreso, que se integra con quince diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y diez diputados electos por el sistema de representación proporcional.

Atenta a lo anterior, en el Libro Cuarto en donde se señala del Proceso Electoral, es necesario reformar del Título Segundo que reseña de los actos preparatorios de la elección en su Capítulo III, del Procedimiento de Registro de Candidatos, su artículo 214 en su fracción I, los incisos a y b, atendiendo al principio de paridad de género ya mencionado, para quedar en los términos siguientes:

Texto vigente

Texto propuesto

CAPÍTULO III

Del Procedimiento de Registro de Candidatos

Artículo 214.- Las disposiciones del presente capítulo regulan el procedimiento de registro de candidatos a cargos de elección popular.

I.- El registro de candidatos a cargos de elección popular, se realizará conforme a los siguiente:

a) Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa, se registrarán por formulas compuestas cada una por un candidato propietario y un candidato suplente del mismo género;

b) Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de representación proporcional, se registrarán por medio de listas de 5 candidatos propietarios, alternando los géneros de los candidatos para garantizar el principio de paridad
hasta agotar la lista;

c) …

d) …

II.- …

a) …

b) …

CAPÍTULO III

Del Procedimiento de Registro de Candidatos

Artículo 214.- Las disposiciones del presente capítulo regulan el procedimiento de registro de candidatos a cargos de elección popular.

 

I.- El registro de candidatos a cargos de elección popular, se realizará conforme a los siguiente:

a) Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa, se registrarán por formulas compuestas cada una por un candidato propietario y un candidato suplente, que tendrán que ser del mismo género.

b) Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de representación proporcional, se registrarán por medio de listas de 10 candidatos propietarios, alternando los géneros de los candidatos para garantizar el principio de paridad hasta agotar la lista;

 

c) …

d) …

II.- …

a) …

b)

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de Yucatán legisle atendiendo al principio de paridad de género, reformas en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del estado de Yucatán y en el artículo 214 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Yucatán.

Dado en el Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República saluda el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito por el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, el pasado día 24 de noviembre de 2016. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SALUDA EL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA SUSCRITO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA-EJÉRCITO DEL PUEBLO, EL PASADO DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado jueves 24 de noviembre, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) de Colombia firmaron un segundo acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá, capital de ese país. Esto tras el sorpresivo resultado del plebiscito convocado para refrendar el primer acuerdo con las FARC, en octubre de este mismo año.

Ahora, con este nuevo acuerdo, se pretende rescatar los logros alcanzados a lo largo de cuatro años de negociaciones emprendidas en la Habana, Cuba. Ahora es turno que el Congreso colombiano sea quien de cause a la ratificación del acuerdo.

La paz en Colombia es un tema sobre el cual el Congreso mexicano ha mostrado su apoyo en diversas ocasiones. El del trece de agosto de 2015, por ejemplo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, emitió un acuerdo saludando las conversaciones llevadas a cabo en La Habana, entre el gobierno de la República de Colombia y FARC-EP, tendientes a la construcción de una paz estable y duradera.

De forma más reciente, el Senado de la República congratuló la firma del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, del pasado mes de septiembre. Este fue un hecho por demás histórico que saludamos en su momento reconociendo la voluntad manifiesta de las partes involucradas por avanzar en el camino de la construcción de la paz en Colombia.

No obstante que el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 favoreció al “NO”, es menester decir que quienes promovieron dicho rechazo, obedecen a intereses de la oligarquía local; y en un acto de irresponsabilidad dejaron pasar la oportunidad histórica de avanzar hacia la construcción de la paz  con justicia social en el marco de un proceso de reconciliación nacional.

Ese lamentable hecho, no implicó el fin de las negociaciones. Por el contrario, las Delegaciones del Gobierno de Colombia y de las FARC, coincidieron en avanzar con paso firme rumbo al fin del conflicto.

En ese tenor, el pasado día 24 de noviembre de 2016, ambas Delegaciones suscribieron lo que se conoce como Segundo Acuerdo, entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), por el Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

Tras la firma del nuevo acuerdo, el Presidente Juan Manuel Santos dijo a sus compatriotas que "[e]ste acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos". El Segundo Acuerdo incorpora cambios que solicitaban voceros del "No",de las cuales destacan las siguientes:

• El acuerdo ahora no pasará a formar parte de la Constitución. "Sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución".

Sin embargo, se acuerda incorporar un artículo transitorio a la Constitución que da una vigencia a los acuerdos de paz desde su incorporación a la Constitución hasta la finalización de tres períodos presidenciales posteriores, a forma de blindar el acuerdo ante potenciales Presidencias que quisieran modificarlo.

• La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema especial de justicia transicional acordado en La Habana, ahora tendrá un límite de diez años y sólo podrá recibir solicitudes de investigación durante los primeros dos años.

• No habrá jueces extranjeros en la JEP, como sí contemplaba el anterior acuerdo, además de que las decisiones de la JEP podrán ser revisadas por la Corte Constitucional.

• El nuevo Acuerdo obliga a todos los que se presenten a la JEP a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades; los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado con ánimo de enriquecimiento personal podrían quedar por fuera de la JEP (es decir, ser sometidos a la justicia regular y perder los beneficios de la justicia especial).

Hay otra modificación que no fue exigida por el "No". Era algo que preocupaba a otros sectores, como a la organización Human RightsWatch (HRW) y tiene que ver con el rol de los mandos en las acciones de sus subordinados. El nuevo texto aclara que "Se entiende por control efectivo de la respectiva conducta, la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como indica el artículo 28 del Estatuto de Roma".

Una modificación similar se incorporó para el caso de los mandos de las FARC. Por otra parte, el nuevo texto menciona que deberán responder ante la JEP agentes del Estado que hayan "participado en el diseño o ejecución de conductas delictivas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado" por "acciones u omisiones". Al hablar de "diseño" puede esto involucrar a mandos que no hayan participado materialmente del delito (es igual con el caso de "omisión": si un mando no actuó para detener la conducta delictiva).

Destaca en el nuevo Acuerdo, que se  especifica que las FARC deberán declarar durante la dejación de armas sus bienes y activos. Éstos luego se utilizarán para reparar a las víctimas del conflicto y, se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género a fin de buscar garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos.

El texto también deja claro que "Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, por su pertenencia a la población LGBTTTI, o por cualquier otra razón; ni tampoco del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la libertad de conciencia.

 El nuevo Acuerdo establece que se buscará tomar las medidas necesarias para restablecer, en igualdad de condiciones, los derechos de aquellas personas y grupos victimizados por sus creencias religiosas con ocasión y en razón del conflicto armado.

Como se desprende de lo anterior, este Segundo Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia y las FARC es en una nueva oportunidad de que la paz sea una realidad.

Finalmente, en reconocimiento a la voluntad de aquellos que trabajaron por alcanzar la paz y en concordancia a los principios nacionales e internacionales que rigen la política exterior de México, se estima pertinente que este Senado refrende su posición de saludar el acuerdo signado, y de esa forma reconocer que sus frutos serán un bien, no sólo para nuestra hermana República de Colombia, sino para la paz en la región.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a ésta Soberanía se apruebe el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República saluda el Segundo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito el día 24 de noviembre de 2016 y reconoce la expresa voluntad del Gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo de seguir firmes en el compromiso de alcanzar la paz para Colombia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre 2016

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.





 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer sus campañas de información y concientización en relación a la importancia de mantener y preservar limpias y en buen estado las playas del país, con el objetivo de dinamizar el turismo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El que suscribe, Raúl Aarón Pozos Lanz, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La contaminación en las playas, es producto de actividades humanas que se desarrollan alrededor de ríos, mares y lagunas. Dichas acciones se traducen en la llegada de fertilizantes o plaguicidas, residuos provenientes de actividades industriales y descargas de drenaje de origen doméstico, agrícola e industrial.

Esta problemática se agrava durante la afluencia de vacacionistas, debido a que los servicios urbanos muchas veces son rebasados, y los residuos terminan en nuestros mares, playas y lagunas costeras.

Nadar e ingerir aguas insalubres, pone en riesgo la salud de la población, estas condiciones producen diversos daños, como irritación en la piel, infecciones en oídos, ojos y aparato respiratorio, además de malestar estomacal y enfermedades gastrointestinales.

Otra manera común de enfermarse, es a través de la ingesta pescados y mariscos que contienen sustancias tóxicas como cadmio, plomo, mercurio, cobre y zinc, o bacterias de salmonella y de cólera, lo cual pone en peligro serio la integridad física de la población.

En este sentido, las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Marina y Turismo, de manera coordinada mantienen el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas, esto con el objetivo de que la ciudadanía tenga información oportuna sobre la calidad bacteriológica del agua en los principales destinos turísticos del país1.

Entre otras medidas, se encuentra la norma NMX-AA-120-SCFI- 2006, que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas bajo las cuales se pueden clasificar como limpias y aptas para que las personas puedan ingresar sin que representen un peligro2.

Según las últimas 2 mil muestras en 260 playas del país, tomadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios, el 100% de las playas de los 17 estados costeros del país son aptas para uso recreativo.

A pesar de ello, existen playas que históricamente han presentado altos índices de contaminación, un ejemplo es la conocida como Tlacopanocha en el estado de Guerrero, la que tan sólo en el año 2014 tuvo por lo menos el registro de dos mil 143 y 607 enterococos3.

Las políticas instrumentadas en la presente administración han sido las correctas, esto se ha reflejado en la obtención de diversos distintivos como el “Blue Flag” otorgado a algunas de nuestras playas por contar con calidad de estándar global.  México cuenta con 26 playas y una marina que ostentan este reconocimiento y que nos consolida como un país turístico4.

Sólo en los primeros 4 meses del año en curso, según la Secretaría de Turismo, los turistas internacionales ascendieron a más de 11.4 millones de personas, lo cual es 9.9% más respecto al mismo periodo del año pasado. Debido a este aumento, la balanza de la actividad turística alcanzó los 3 mil 739 millones de dólares.

Respecto a la transportación marítima en cruceros, los puertos que absorbieron el mayor número de pasajeros, fueron los de Cozumel, Majahual y Ensenada; los cuales representan 76.3% del total de pasajeros.

A pesar de que este incremento representa un gran beneficio para las economías locales y del país, representa también un reto para mantener las playas de nuestro país limpias. Es necesario fortalecer las campañas de información, para hacer conciencia de los benéficos que obtenemos al preservarlas en óptimas condiciones.

Para el PRI, es una prioridad proteger la salud de los usuarios, mejorar la calidad ambiental de las playas nacionales y acrecentar los niveles de competitividad de los destinos turísticos mediante la realización de acciones coordinadas entre los órdenes de gobierno como campañas de limpieza, operativos de verificación y políticas públicas de seguimiento a los servicios turísticos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que de manera coordinada con los gobiernos de las entidades federativas, fortalezcan sus campañas de información y concientización en relación a la importancia de mantener y preservar limpias y en buen estado las playas del país, con el objetivo de dinamizar el turismo.

Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.

1http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas-ambientales/sistema-nacional-de-indicadores-ambientales-snia/programa-de-playas

2 http://legismex.mty.itesm.mx/normas/aa/aa120-06.pdf

3 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/20/1082032

4https://www.gob.mx/sectur/articulos/seis-nuevas-playas-mexicanas-se-suman-al-distintivo-blue-flag-sectur-32139?idiom=es





 

De la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí, solicitada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La que suscribe, Senadora SONIA MENDOZA DÍAZ integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 en la fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, 108, 109, 110, 164, 169 y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE  EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES EMITA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLICITADA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA MISMA ENTIDAD. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de noviembre de 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, dio a conocer a la opinión pública el “Informe Especial sobre la situación del respeto de los derechos humanos de las mujeres en el caso de feminicidios en San Luis Potosí”.

El citado informe recabó información del periodo comprendido del 23 de julio del 2011, fecha en que entró en vigor el tipo penal de feminicidio en el Estado de San Luis Potosí, hasta el 2 de noviembre del 2015; donde de acuerdo con la información que recabó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se observó el fallecimiento de 169 mujeres que debieron ser investigadas acorde al tipo penal de feminicidio, lo anterior con la información brindada por diversas autoridades como la Procuraduría General del Estado, el Poder Judicial del Estado, la Dirección General del Registro Civil, a Dirección General de la Policía Ministerial, todas del estado de San Luis Potosí; así como del INEGI y datos hemerográficos de distintos medios de comunicación del Estado, en relación con la privación de la vida de las mujeres.

2. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, observó que si bien el 10 de abril de 2015 entró en vigor el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el estado de San Luis Potosí, éste no se aplicó en los casos ocurridos de abril a noviembre del 2015, donde es necesario señalar que tal circunstancia ha sido manifestada en las observaciones finales del Comité para Eliminar la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), dirigidas a México en el mes de agosto del año 2012. 1

3. La CEDH-SLP, con el propósito de dar impulsar la atención para la investigación de los feminicidios, se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la creación de una Unidad o Fiscalía Especializada en las investigaciones relacionadas con la privación de la vida de las mujeres por razones de género, así como realizar programas de capacitación y profesionalización dirigidos a agentes de Ministerio Público y de la Policía Ministerial del Estado que incluyan el tema de Derechos Humanos, en particular sobre violencia de género, violencia feminicida, técnicas de investigación para casos de homicidio y feminicidio, acceso a la Justicia, Derecho a la Verdad e Investigación Eficaz, así como de manuales y protocolos sobre investigación de feminicidios, que les permita contar con herramientas para una correcta investigación.

4. De esa información sobre la privación de la vida de mujeres, en el periodo mencionado, el 72.2% de las 169 víctimas que se documentaron, se concentran en los siguientes municipios con esta distribución: 66 mujeres en San Luis Potosí, 22 mujeres en Soledad de Graciano Sánchez, 10 en Tamuín, 10 en Ciudad Valles, 8 en Tamazunchale y 6 en Matehuala. Donde a dicha estadística se agregan dos víctimas por hecho ocurridos del 3 al 15 de noviembre de 2015, en el municipio de Matehuala, lo que arroja un total de 171 mujeres privadas de la vida en el Estado de San Luis Potosí, por lo que aquella Comisión Estatal de Derechos Humanos consideró que en esos seis municipios es donde principalmente se requiere la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

5. A mayor abundamiento, los artículos 17 y 21, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; II, XVII y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos de abusos de Poder; señalan los Derechos de Legalidad, Seguridad Jurídica y Acceso a la Justicia, para que toda persona pueda hacer valer estos derechos que le son propios por el hecho de ser persona, así como el disponer de un procedimiento por el cual la justicia les ampare contra actos de autoridad que violen sus derechos consagrados en estos instrumentos.

6. Es además, que los artículos 5, 7 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), y 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reconocen que toda mujer tiene el derecho de goce, ejercicio y protección de todos los Derechos Humanos, y a las libertades consagradas por los instrumentos nacionales e internacionales sobre los Derechos Humanos, entre otros, que se respete su vida, integridad física, psicológica y moral, a la libertad y a la seguridad personal. Además, señalan el deber del Estado para actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres que hayan sufrido la violencia y que incluyan, entre otros, el acceso efectivo a tales procedimientos; fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, personal policial y además funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.

7. De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta de género contra las mujeres, es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Por lo que de esta manera, la Alerta de Género representa un mecanismo de actuación de las autoridades públicas que buscan cumplir con las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, atendiendo específicamente, entre otras, a una de las violaciones más graves a este derecho: la violencia feminicida. Donde el objetivo fundamental de esta Alerta de Género, será garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, a partir del cese de la violencia en su contra, y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que vulnere sus derechos humanos, a través de la determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades públicas federales, en coordinación con la Entidad Federativa en la que se decrete, el enfrentar y erradicar la violencia feminicida en ese territorio determinado.

8. En ese sentido y con facultades para ello, es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, con escrito fechado el 20 de noviembre de 2015, solicitó a la Lic. Lorena Cruz Sánchez en su calidad de Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; que una vez que se está en la última etapa del proceso que exige la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su respectivo Reglamento, donde el informe que remitió el Gobierno de San Luis Potosí ha sido seriamente señalado y cuestionado en su integración y metodología, donde además se considera que no se implementaron las propuestas contenidas en las conclusiones del Informe que se envió por conducto de la Comisión Nacional.

9. Por lo anteriormente expuesto, se exponen los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario;

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los Senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de Ley o Decreto;

III. Que con base en los hechos narrados en el capítulo de antecedentes de esta propuesta y en la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, se demuestra la existencia de los elementos constitutivos de violencia de género en ese Estado de la República, en términos de las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 22 de la Ley Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

IV. Quede acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 25, en relación con el artículo 38 de su Reglamento, corresponde al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación el declarar la alerta de violencia de género y notificar dicha declaratoria al Poder Ejecutivo, en este caso, del estado de San Luis Potosí, y

V. Que reconociendo que el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promueven la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres2. Asimismo, implica realizar las acciones necesarias que aseguren reducir los factores de riesgo, anticipar y evitar la generación de la violencia contra las mujeres3. En ese sentido, ésta solicitud, se debe de reconocer como una obligación de medio o de comportamiento 4 para erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí.

Es por todo lo anterior, que someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, en ejercicio de las atribuciones anteriormente expuestas y que la ley le otorga, declare la “Alerta de Violencia de Género” en el estado de San Luis Potosí y notifique dicha Declaratoria al Poder Ejecutivo de ese Estado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Sonia Mendoza Díaz.

1 CEDAW/C/MEX/7-8, par. 17

2 Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Párr. 175

3 Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs México. Párr. 252

4 Art. 7 b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California a solicitar una exhaustiva investigación por los señalamientos de enriquecimiento ilícito en los que presuntamente ha incurrido el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La corrupción es una práctica que consiste en el abuso del poder, de funciones o de los medios para sacar un provecho económico o de otra índole. En ese sentido, se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima.

En cualquier parte del mundo, y México no es la excepción, la corrupción del poder público es una depravación moral, una práctica que de ninguna manera debe ser tolerada; sino por el contrario, debe ser perseguida y castigada de manera ejemplar.

La corrupción, en todas sus formas y representaciones, es un problema que a México le ha significado importantes costos económicos, políticos y sobre todo sociales.

En ese sentido llama la atención la denuncia que un medio de comunicación nacional realizó recientemente, relativa a que el actual Gobernador del Estado de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, ínexplicablemente se ha enriquecido desde que fungió como Presidente Municipal de Tijuana, en el periodo 1998-2001, hasta la fecha en su actual cargo. 1

Se habla de una supuesta compra de más de 50 bienes entre casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios y turísticos, así como centros comerciales, lo que le ha permitido multiplicar su fortuna en los últimos años, desde que empezó en el mundo de los negocios con una simple casa de empeño.

De acuerdo a este medio de comunicación televisivo, el gobernador Kiko Vega construye en este momento una casa de 2 mil 500 metros cuadrados ubicada en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Tijuana, cuyo valor se considera asciende a 4 millones de dólares, que por el tipo de cambio actual ronda los 80 millones de pesos; inversión que no es acorde con su salario, que asciende a poco más de 100 mil pesos mensuales. 2

Se menciona además que el titular del Poder Ejecutivo de Baja California, en diversas ocasiones ha rechazado hacer pública su declaración patrimonial, e incluso ha llegado a manifestar que no hará la llamada “3 de 3”, mientras que la legislación no lo obligue.

Adicionalmente, con documentos oficiales, en el reportaje se asevera que en el último año de su Gobierno en el municipio de Tijuana, Kiko Vega subastó los lotes 4C1 y 4C2 del desarrollo Urbano Ejido Mariano Matamoros, cuya superficie es de casi 18 mil metros cuadrados, a un precio de 5,5 millones de pesos. Dicha subasta se concretó el 28 de noviembre de 2001 y quedó en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California, dos días antes de terminar el mandato.

El beneficiario fue Enrique Rafael Victoria Espinoza, quien 10 meses después –el 30 de agosto 2002-, vendió los mismos lotes a los hermanos Enrique Alejandro, José Fernando y Francisco Arturo Vega de Lamadrid a un costo de 5,6 millones de pesos, solo 100 mil pesos más; y que, para el año 2007 ya estaban valuados en 27 millones de pesos.

“El Ayuntamiento lo vende a 5.5 millones de pesos y el gobernador los recupera a 5.6 millones de pesos. 100 mil pesos de diferencia. Así fue como se hizo ese negocio millonario. Y entonces en 2007, el avalúo que (…) ya habla que lo que él compró en 5.6, ya valía 27 millones de pesos”, señala un periodista de importante Semanario del norte del país, entrevistado como parte del reportaje de la televisora nacional en referencia. 3

Cabe señalar que desde su campaña a la gubernatura de Baja California fue acusado de obtener predios públicos a través de triangulaciones.

“En la década de los 90, como director de Inmobiliaria del estado de Baja California, adquirió seis propiedades en diferentes puntos de la entidad y cuando fue titular de Finanzas con Héctor Terán Terán, entre 1995 y 1996, se hizo de otro predio”, destacan publicaciones periodísticas del año 2013. 4

En abril del 2015, se informó que Vega construía un fraccionamiento de 160 departamentos, cuyas ventas representarían ingresos de 128 millones de pesos, sobre la Vía Rápida Alamar en la colonia Guadalupe Victoria, a 500 metros de la Central Camionera en la ciudad de Tijuana.

“Nombrado como Fraccionamiento San Carlos, el conjunto de departamentos, cuyo proyecto de elaboración inició durante febrero del año pasado, se erige sobre un terreno de 25 mil 600 metros cuadrados, el cual durante 2005 fue adquirido por el gobernador a 22 millones de pesos, con base en el acuerdo al Registro Público de la Propiedad y del Comercio”. 5

Es así como existen múltiples denuncias, mediante las que se pone en tela de juicio el rápido e inexplicable enriquecimiento, presúntamente ilícito, en el que ha incurrido el Gobernador panista de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

El grupo parlamentario del PRI siempre se ha manifestado a favor de que todo gobierno, sea cual fuere su origen, y sus servidores públicos, deben rendir información precisa, confiable y comprobable de su gestión.

Las senadoras y los senadores priístas asumimos los reclamos de la sociedad mexicana a fin de retomar el orden, la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Por ello hemos tomado en cuenta iniciativas ciudadanas, como la llamada “3 de 3”, y las mejores prácticas que a nivel internacional se llevan a cabo.

Cabe señalar que el Congreso local tiene en el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California (OFSBC), a un ente con autonomía técnica y de gestión que de acuerdo al Artículo 37 Fracción VII de la Constitución Política local, así como lo dispuesto por los Artículos 98 y 100 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de la entidad y sus municipios, cuenta con las atribuciones para fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas estatales, incluyendo a los municipios, organismos dotados de autonomía y particulares, cuando manejen recursos de origen público. 6

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Baja California para que a través de las instancias competentes, solicite una exhaustiva investigación por los señalamientos de enriquecimiento ilícito en los que presuntamente ha incurrido el Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1 http://noticieros.televisa.com/programas-chapultepec-18/?platform=hootsuite

2 http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmPublicacionesDeOficio.aspx?id=2310

3 http://zetatijuana.com/2016/11/23/la-fortuna-de-kiko-vega-en-la-mira/

4 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/07/01/906707

5 http://www.sdpnoticias.com/estados/2015/04/13/kiko-vega-construye-fraccionamiento-en-tijuana-ventas-le-
dejaran-128-mdp

6 http://www.ofsbc.gob.mx/Home/QuienesSomos





 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a integrar y administrar el Sistema Nacional de Información, Registros Nacionales y Base de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la    Adolescencia.

El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A INTEGRAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, REGISTROS NACIONALES Y BASE DE DATOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La adopción es el medio por el cual el Estado garantiza a un menor de edad la protección integral de sus derechos a través de la integración a una familia, que le proveerá de la protección y cuidados necesarios para su desarrollo.

Hoy en día el derecho civil y familiar reconoce la adopción como el medio legal por el cual se incorpora a alguien al núcleo familiar, es decir, es el medio por el cual se le permite a un individuo tener un hogar.

El 04 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con ello se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Un gran acierto de esta Ley es que contempla en su artículo 29 fracción III:

“Contar con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, adopciones concluidas e informar de manera trimestral a la Procuraduría de Protección Federal”.

Posteriormente en Noviembre de 2015, presente junto a mis compañeros Senadores; Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Héctor Larios Córdova, Luis Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas y Miguel Barbosa Huerta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la Ley General de Adopciones que tiene como objetivo general el homologar a nivel nacional el proceso de adopción. Si bien dicha iniciativa aún se encuentra turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Salud y de Estudios Legislativos, nos da satisfacción que gran parte de nuestra propuesta se contempló un meses despuésen el Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentesexpedido en diciembre de 2015 con el objeto de regular las atribuciones de la Administración Pública Federal a efecto de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Mismo que contempla en el título cuarto “Sistema Nacional de Información, Registros Nacionales y Bases de datos de niñas, niños y adolescentes” el capítulo I titulado “del Sistema Nacional de Información” que establece en el artículo 34 que la Secretaría Ejecutiva en coordinación con los sistemas de protección locales, integrará, administrará y actualizará el SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN para monitorear los progresos alcanzados en elcumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país y, con base en dicho monitoreo,adecuar y evaluar las políticas públicas en esta materia.

El reglamento es claro en su articulado en referencia al Sistema Nacional de Información:

Artículo 35. El sistema nacional de información a que se refiere este Capítulo contendrá información cualitativa y cuantitativa que considere lo siguiente:

I.La situación sociodemográfica de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluida información nacional, estatal y municipal, desagregada por sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico, entre otros;

II.La situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes en términos de los artículos 10, 47 y demás disposiciones aplicables de la Ley;

III.La discapacidad de las niñas, niños y adolescentes en términos del artículo 55 de la Ley;

IV.Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos establecidos en la Ley y los indicadores que establezca el Programa Nacional;

V.La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes contemplados en los Tratados Internacionales, la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VI.La información que permita monitorear y evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las medidas de protección especial, incluidas las medidas dictadas como parte del plan de restitución de derechos a que se refiere el artículo 123 de la Ley, y

VII.Cualquier otra información que permita conocer la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 36. El sistema nacional de información, además de la información prevista en este Capítulo, se integrará con los datos estadísticos de:

I. Los sistemas de información de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción a que se refiere el artículo 29, fracción III de la Ley;

II.Los registros de niñas, niños y adolescentes bajo custodia de los Centros de Asistencia Social a quese refiere el artículo 111, fracción II de la Ley;

III.El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social a que se refiere el artículo 112 de la Ley;

IV.Las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley, y

V.El registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en procedimientos de adopción, en términos del artículo 32, fracción VII de la Ley.

Artículo 37. La información del sistema nacional de información será pública en términos de las disposiciones federales en materia de transparencia y acceso a la información pública. La Secretaría Ejecutiva debe presentar la información que integra el sistema nacional de información en formatos accesibles para las niñas, niños y adolescentes.

Desafortunadamente, aun con los avances legislativos, a más de un año 11 meses del decreto de la Ley aun no contamos con el “Sistema Nacional de Información, Registros Nacionales y Bases de datos de niñas, niños y adolescentes”, por lo que en México no contamos con la cifra exacta de menores de edad en Centros de Asistencia Social. Según estimaciones de asociaciones civiles se calcula que en nuestro país habría más de 29,310 niños viviendo en 703 instituciones, cifra muy superior a la declarada por el INEGI en el último Censo de Población y Vivienda 2010 que registró un total de 19 mil 174 menores de edad habitando en casas hogar.

Las estadísticas publicadas en 2013 por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia refieren que 27,757 niñas, niños y adolescentes (NAA) viven en centros públicos y privados de los cuales 6 mil 341 están en albergues por una situación de abandono; 4 mil 841 por haber sufrido maltrato; 199 por orfandad; 99 por crimen organizado; 244 son expósitos, y 16 mil 33 por otras situaciones como ingreso voluntario, por disposición del Ministerio Público o por tráfico de menores.

Contar con esta información es trascendental para la organización, dirección y control de todas las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes.

Por lo cual es urgente contar con el Sistema Nacional de Información que sea la base de la planeación, organización, dirección y control de todas las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes. Y muy importante que nos permita saber cómo se está beneficiando cada niño del país de los programas y políticas públicas en los tres niveles de gobierno.Por ello es que consideramos necesario que se realice este exhorto, reiterando la responsabilidad y el compromiso que esta Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Único.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a integrar y administrar el sistema nacional de información, registros nacionales y base de datos de niñas, niños y adolescentes en cumplimiento a los artículos 34, 35, 36 y 37 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418303&fecha=02/12/2015
3 Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América latina; DOCUMENTO DE DIVULGACION LATINOAMERICANO, Contextos, causas y consecuencias de la privación del derecho a la convivencia familiar y comunitaria, 2011. Pág. 19





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a instrumentar mecanismos para evitar que la población caiga en manos de cirujanos plásticos que carecen de certificación u obtuvieron sus títulos académicos de manera fraudulenta. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La cirugía plástica es una herramienta fundamental en el desarrollo de la medicina moderna. Gracias a este tipo de operaciones centenares de personas pueden mejorar su calidad de vida. Esta especialidad médica es recurrida para la corrección de anormalidades de origen congénito, tales como labios leporinos o simplemente para reconstruir miembros causados por accidentes o enfermedades.

Tan es relevante su importancia que a la fecha los cirujanos plásticos son actores clave para operaciones experimentales, por ejemplo, en los trasplantes completos de rostro. Algunas operaciones que realizan los cirujanos plásticos se encuentran:

• Anormalidades congénitas relacionadas con paladares hendidos, deformaciones de manos o brazos, malformaciones de mamas, cráneo o faciales;

• Deformaciones adquiridas por quemaduras, traumatismos, enfermedades, tumores de piel, cara y cuello;

Esta rama de la cirugía cada vez más es recurrida por las personas para mejorar su estética física. Una parte importante de las investigaciones está dirigida a perfeccionar las técnicas de implantes de mamas, glúteos, abdomen, injertos de cabello, eliminación de ojeras, arrugas y tatuajes,  problemas de piel, entre otras.

Es por ello que estos especialistas médicos más allá de contar con su cédula profesional expedida por la Dirección general de profesiones y su experiencia en su rama médica, también deben pertenecer a uno de los 47 consejos médicos especialistas reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas A. C. (CONACEM) que funge como organismo auxiliar de la administración pública federal para la preparación de especialistas.

En este entendido los médicos que requieran ejercer la práctica de dicha especialidad deben de demostrar que pertenecen al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C., en la cual podrán obtener su certificación médica la cual avala productos, medicamentos y técnicas que son probadas y autorizadas nacional e internacionalmente por instituciones médicas, para poder realizar intervenciones quirúrgicas que no pondrán en riesgo la vida de pacientes.

Lamentablemente muchos mexicanos han sido víctimas de personas que carecen de la certificación para realizar intervenciones quirúrgicas. Hay muchos consultorios clandestinos que operan sin las condiciones mínimas de higiene, quirófanos y la instrumentación médica necesaria. Peor aún, hay quien sin escrúpulos utilizan materiales que ponen en peligro de la integridad física de los pacientes.

Hay diversas investigaciones periodísticas y denuncias ante el ministerio público, en la mayoría de las entidades del país, que evidencian la falta de ética por parte de personal médico que no demuestra fehacientemente que están preparados quirúrgicamente para la realización de dichos procesos médicas, dejando a pacientes totalmente desfigurados, con el desarrollo de otras enfermedades clínicas o la muerte.

La gran popularidad de mejorar la imagen estética de los pacientes ha ido en aumento en los últimos años y los médicos que se dedican a realizar dichas intervenciones quirúrgicas cada vez son más por lo redituables que son, motivo por el cual estos delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente y enganchan a las víctimas con falsa información médica haciendo mal uso de la ética profesional.

En esta medida, la Ley General de Salud establece en su artículo 83 y 272 bis 2, que los medios de información y publicidad de sus servicios deben tener a la vista los datos oficiales registrados en las distintas instituciones relacionados a su preparación profesional, con el fin de brindarles a sus pacientes seguridad al momento de contratar sus servicios.

De igual manera, los centros médicos donde se practican estas operaciones deben de contar con los permisos necesarios para poder ejercer de manera legal, tendrán que realizar los trámites correspondientes para poder obtener las licencias sanitarias expedidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para poder laborar de manera formal.

La cirugía plástica sólo tiene que ser practicada por médicos especializados, es decir, por aquellos que acrediten el equivalente a la especialidad en cirugía plástica, reparadora o estética, así como la experiencia requerida para el desempeño de la disciplina.

En el año 2015, el presidente de Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A. C. (AMCPER), el Dr. Eugenio Rodríguez Olivares, estableció que por cada cirujano especializado en la materia existen 15 seudo especialistas que ofertan los mismos servicios ya que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la realización de dichas operaciones. 

De allí, la importancia de que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), desarrollen mecanismos para evitar que los ciudadanos sean víctimas de cirujanos plásticos que obtuvieron sus títulos académicos de manera fraudulenta.

De la misma forma a través de la CONAMED tratar oportunamente aquellos casos en los cuales estos médicos fraudulentos han causado daños físicos y morales a pacientes, los cuales han presentado sus respectivas quejas medicas a fin de que se resuelvan con prontitud para que se clausuren estas clínicas y llevar hasta las últimas instancias judiciales a estos delincuentes de la salud.

En el Grupo Parlamentario del PRI, reprobamos estas malas prácticas médicas que solo atentan contra la vida de miles de mexicanos y denigran la imagen de miles de médicos especialistas que se dedican a ofrecer sus servicios de manera confiable y legal, ya que más allá de mejorar la estética de sus pacientes su objetivo principal es tratar medicamente aquellas afecciones que ponen en peligro su vida.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten mecanismos para evitar que la población caiga en manos de cirujanos plásticos que carecen de certificación u obtuvieron sus títulos académicos de manera fraudulenta.

Dado en el salón de Plenos del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a los organismos descentralizados que componen el sistema de salud público y al Instituto Nacional de las Mujeres a impulsar medidas para combatir el cáncer de próstata, con una perspectiva de género. Se turna a la Comisión de Salud.







 

Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a realizar las gestiones necesarias para que una plaza pública y/o una calle de la entidad lleve el nombre de “Gonzalo Miguel Rivas Cámara”, quien recientemente fue condecorado, de manera post-mortem, con la Medalla “Belisario Domínguez”. Se turna a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

El suscrito, Senador Esteban Albarrán Mendoza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El objetivo de poner el nombre de alguien a una plaza pública o una calle de nuestro país, radica en reconocer la trayectoria de una persona que en un tiempo, espacio y lugar determinado sobresalió por sus acciones, virtudes o aportaciones en beneficio de la población. 

En este orden de ideas, considero pertinente que una plaza pública y/o una calle del estado de Guerrero, lleve el nombre de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, mexicano ejemplar que en sesión solemne celebrada en la Antigua Casona de Xicoténcatl (sede alterna del Senado de la República), el 24 de noviembre del año en curso fue condecorado post mortem con la Medalla Belisario Domínguez 2016.

Para ponderar la magnitud del acontecimiento en comento, cabe mencionar algunos de los aspectos más relevantes de la más importante distinción que entrega el Senado de la República. Lo primero que debemos advertir es que Belisario Domínguez Palencia es reconocido por su trayectoria como médico, periodista y legislador -donde se inmortalizó como defensor de la libertad de expresión-.

En relación a la presea, el origen de ésta data de 1953, año en el que el entonces Presidente de la República, Adolfo Ruíz Cortines envió una iniciativa al Honorable Congreso Federal para institucionalizar la entrega de la medalla en honor al prócer de la patria chiapaneco.

En consecuencia, el 28 de enero de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la    Federación el decreto por el cual se creaba esta presea, la cual se entrega en Sesión Solemne para honrar la memoria de este mexicano ilustre, que como sabemos fue asesinado de manera artera el 7 de octubre de 1913(durante el régimen de Victoriano Huerta).

Como ya se ha referido, la Medalla de Honor "Belisario Domínguez", es la máxima distinción que otorga el Senado de la República y, es entregada a los mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad. 

Con su entrega, cada año se revalora el profundo significado que tiene la figura del Doctor y Senador chiapaneco Belisario Domínguez en la historia de México por haber afrontado con determinación, patriotismo y valentía al autoritarismo de su época, comprometiéndose con ello, de manera permanente, a favor de la democracia y con lo más altos intereses de la patria.

Teniendo en cuenta las consideraciones referidas y después de llevar a cabo el análisis de 26 propuestas de candidatos presentadas por diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas; y particulares, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, como cuerpo colegiado, llegó a la determinación de condecorar a Gonzalo Miguel Rivas Cámara, decisión que fue ratificada por el pleno de esta Soberanía y posteriormente, formalizada en sesión solemne.

En el Grupo Parlamentario del PRI, celebramos esta decisión porque consideramos que se trata de una forma de reivindicar y reconocer a los miles de héroes anónimos que existen en nuestro país, personas comunes que cotidianamente realizan acciones extraordinarias en distintos ámbitos.

Gonzalo Miguel Rivas Cámara, es un digno ejemplo de las personas que diariamente contribuyen al desarrollo de sus comunidades y por ende, del país entero. Nació en Veracruz el 28 de abril de 1962. Contrajo matrimonio y fue padre de dos hijas, estudió la carrera de Ingeniería en Sistemas de Cómputo.

Este notable mexicano vivió en Acapulco, en Iguala y en Chilpancingo, donde tenía dos empleos, encargado de sistemas en gasolineras y en el Diario de Guerrero. De acuerdo con información de la Marina, pertenece a una familia de marinos, prueba de ello es que su padre y hermano también fueron parte de esta honorable institución, donde llegó a ser Teniente de Fragata.

Pero sin duda, la fecha que marcó la grandeza de su legado, ocurrió el 12 de diciembre del 2011, cuando evitó la explosión de una gasolinera. Al respecto, no podemos omitir señalar que ese mismo día, se llevaba a cabo un bloqueo en la autopista México-Acapulco a la salida de Chilpancingo.

Según testigos de los hechos, dos personas rociaron de gasolina una despachadora y colocaron una garrafa que contenía gasolina sobre la misma, después le prendieron fuego. Ante estas acciones, él se mantuvo en el sitio y logró cerrar las válvulas, acción con la cual evitó la muerte de cientos de personas.

Derivado de su acto heroico, resultó con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo y 20 días después falleció. Aunque posteriormente fue distinguido al ser nombrado “Hijo Predilecto de Chilpancingo”, recibir homenaje en Veracruz y obtener la Medalla Belisario Domínguez 2016, los legisladores del PRI, consideramos que ello puede ser complementado con las acciones solicitadas en el presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Guerrero para que en el marco de sus funciones, realice las gestiones necesarias para que una plaza pública y/o una calle de la entidad lleve el nombre de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, quien recientemente fue condecorado, de manera post mortem, con la Medalla Belisario Domínguez 2016.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Esteban Albarrán Mendoza.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por los ataques contra de los defensores de derechos humanos en Colombia, en el marco de la suscripción de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, mariana Gómez del campo gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN PORLOS ATAQUES CONTRA DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA EN EL MARCO DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FARC-EP, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el marco social que se vive hoy en día en Colombia, la comunidad internacional se mantiene atenta al nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

La población civil y defensores de Derechos Humanos han sido, durante todo el conflicto armado, los más afectados al estar en los territorios que la guerrilla ha conquistado o defendido.

Cabe mencionar que existen informes por parte de organizaciones no gubernamentales que protegen a defensores de derechos humanos, como la llamada “Somos Defensores”, que señalan que aún con la presión de las instancias internacionales en materia de derechos humanos e inclusive de países de la región, no se ha logrado conseguir que se aclaren los asesinatos de los defensores en territorio colombiano ni castigar a los responsables. Lamentablemente, no existe un medio de comunicación a nivel internacional que no resalte la magnitud y complejidad que en engloba la violación de la integralidad de los derechos humanos de los defensores en Colombia.

Las ONG reportan que durante el 2016 se han presentado 70 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como 279 amenazas y 28 atentados contra estas personas. Dicho documento publicado por el diario colombiano “El Espectador”, señala que 30 de esos homicidios han tenido lugar en fechas posteriores al inicio del cese del fuego bilateral y definitivo pactado entre el Gobierno y las FARC. Una de las características que han tenido los hechos de violencia, de acuerdo al documento, es que fueron realizados por individuos fuertemente armados luego de amenazas directas o indirectas. El texto denuncia que en amplias zonas del territorio colombiano ha habido presencia de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, ejércitos antirrestitución y Águilas Negras que realizan acciones de control paramilitar en vías intermunicipales y veredas, amenazas de muerto con panfletos, llamadas o degüello de perros, toques de queda, asesinatos, restricciones de movilidad y desplazamientos forzados. Dichas acciones se realizan mayormente en los departamentos de Meta, Guaviare, Norte de Santander, Santander, Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Tolima, Caquetá, Choco, Cauca, Nariño, Valle del Cauca  y Putumayo.

2. En octubre de 2016, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se anunciaron al Gobierno de Colombia serias preocupaciones por la impunidad en casos de exparamilitares, violencia contra la mujer y falta de justicia e investigación en casos de periodistas. La Comisión del EPU reclamó a la delegación del Estado colombiano, encabezada por la Alta Consejera de Derechos Humanos, Paula Gaviria, la falta de respuestas contundentes sobre las observaciones y peticiones puntuales que los expertos de ONU hicieron en 2009, fecha de la última evaluación.

En materia de periodismo, se señaló al Estado colombiano por no haber presentado en su informe ningún avance en los casos de las interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad. Además, en el anexo final le da al Estado un plazo de un año para que entregue un avance en las recomendaciones sobre actos de intimidación, amenazas o ataques a periodistas y defensores de derechos humanos. Así como solicita que se avancen los procesos judiciales contra integrantes de la Fuerza Pública que hayan participado en hechos concretos contra periodistas, defensores y sindicalistas.

3. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó el aumento de asesinatos de defensoras y defensores derechos humanos en 2016 en los últimos meses y nota con preocupación la mayor vulnerabilidad a esta violencia de líderes campesinos, indígenas y afrocolombianos.

La CIDH indicó que, si bien las denuncias de amenazas, atentados, detenciones arbitrarias y hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos han disminuido significativamente respecto del 2015, los asesinatos han aumentado en los últimos meses. A través de un comunicado, externó su preocupación ante la situación pues de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, durante los últimos meses los asesinatos de personas defensoras han incrementado, en particular, preocupa que en la mayoría de estos casos, los autores serían grupos armados ilegales.

La CIDH expresó su preocupación por la especial vulnerabilidad de defensoras y defensores campesinos, indígenas y afrocolombianos frente a los asesinatos, que se concentran en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Nariño. El último caso del que la CIDH ha tenido conocimiento, señala el asesinato del defensor campesino Yimer Chávez Rivera el 16 de octubre en el departamento de Cauca. Rivera era integrante de la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (ORDEURCA) así como líder de la Guardia Campesina y Popular en la vereda de Frontino en la municipalidad de La Sierra.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que con base en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

4. Que con fundamento en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le otorga las facultades al Presidente de: Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta su preocupación por los ataques contra organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos en la República de Colombia, en el marco de la suscripción de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, al tiempo que se solidariza con los familiares de las víctimas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través del Representante de México en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ponga a consideración de dicho Consejo la pertinencia de que la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos visite la República de Colombia y realice un informe al respecto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe respecto a la evaluación de impacto ambiental, así como los permisos para el desarrollo de cuatro centros comerciales ubicados en la Delegación Xochimilco, debido a presuntas anomalías en las licencias de construcción, riesgos en materia de protección civil y evaluación de impacto ambiental. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 11 de diciembre de 1987, Xochimilco fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés)1.

Esta decisión se basó en la forma en la que ha mantenido la esencia de sus orígenes prehispánicos, arte y cultura colonial, así como a la producción en las chinampas de hortalizas, plantas de ornato y flores de diversas especies. Dichas características hacen de Xochimilco una excelente opción para los visitantes.

En octubre de 2013, la Red Internacional de Ciudades con Patrimonio Intangible (ICCN) distinguió a esta jurisdicción con el carácter de Patrimonio Mundial Intangible Excepcional por su valor cultural plasmado en sus costumbres, tradiciones, mitos y leyendas2.En este orden de ideas, es de suma importancia que lo concerniente al desarrollo urbano, sea con estricta legalidad.

En contravención a ello, en días recientes, diversos medios de comunicación dieron a conocer que el Gobierno de la Ciudad de México avaló la construcción de cuatro obras irregulares en la delegación Xochimilco. Precisan que con ello se pretende llevar a cabo la construcción de tres desarrollos comerciales que violan la ley y uno más, ya se encuentra en operación.

Los primeros tres proyectos consisten en la construcción de la plaza comercial Paseo Xochimilco, en Barrio San Marcos; un Walmart, en Santiago Tepalcatlalpan; y la Plaza Terrazas Arenal, en Santa María Tepepan. Además, el que ya está operando, un Chedraui, en Santiago Tulyehualco.

La Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, han expresado que entre las afectaciones de los proyectos en comento está que representan riesgos en materia de Protección Civil o abastecerse con más de 400 mil litros de agua en zonas con escasez.

Otra anomalía es que se pretende llevar a cabo la tala de cientos de árboles sin contar con los permisos correspondientes. Los aspectos referidos se agravan aún más si tenemos en cuenta que existe el peligro de eventualmente se pueda invadir el polígono declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

La importancia de llevar a cabo las acciones formuladas en el presente punto de acuerdo, radica en que las irregularidades y omisiones, podrían derivar en afectaciones como escasez de agua; hundimientos y riesgos de protección civil; así como daño a la movilidad, a acuíferos, al patrimonio y a la economía local.

Otro aspecto a considerar es que se trata de una problemática que ha sido advertida con antelación, prueba de ello es que la Coordinación de Pueblos de Xochimilco ha realizado marchas, plantones y mítines en demanda de la clausura definitiva de las obras, así como la presentación de denuncias y la promoción de amparos bajo el argumento de que se violó el Derecho de Consulta y el Derecho a la Tierra y Territorio de los Pueblos Originarios.

Entre las acciones que se han desarrollado, a finales de marzo de 2016, se clausuró simbólicamente dos construcciones irregulares por carecer de los permisos correspondientes y poner en riesgo la disponibilidad de agua en la zona. Sobre el particular, el vocero de la Unión Comunitaria por el Pueblo de Tepepan, expresó que uno de los inmuebles se encuentra ubicado en un polígono de patrimonial cultural3.

Aunado a lo anterior, durante abril del año en curso, la delegación Xochimilco y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) de la Ciudad de México, llevaron a cabo la clausura de la construcción de una plaza comercial y el Wal-Mart, también, por carecer de los permisos necesarios4. En aquella ocasión durante el operativo realizado en un predio de Santiago Tepalcatlalpan, se colocaron 100 sellos de clausura y fueron desalojados 352 trabajadores. 

A partir de estas consideraciones, el presente punto de acuerdo tiene dos grandes objetivos, por un lado, garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de desarrollo urbano, y por otro lado, evitar que la demarcación pudiera perder los nombramientos otorgados por la UNESCO.

Cabe tener en cuenta que conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad de México5, en materia de política urbana, el Jefe de Gobierno tiene las siguientes atribuciones: la planeación, organización, administración, control, evaluación y operación referidas en general a la ejecución de obras; y aplicar y hacer cumplir la presente Ley y demás disposiciones que regulen las materias relacionadas con la misma.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus funciones y a través de las instancias correspondientes, presente ante esta Soberanía un informe detallado respecto a la evaluación de impacto ambiental, así como de los permisos para el desarrollo de cuatro centros comerciales ubicados en la delegación Xochimilco, debido a presuntas anomalías en las licencias de construcción, riesgos en materia de Protección Civil y evaluación de impacto ambiental.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1 http://www.xoximilco.com.mx/xochimilco.php

2 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/10/09/922705

3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/420217-clausuran-vecinos-de-xochimilco-obras-supuestamente-irregulares

4 http://www.milenio.com/df/clausura_plaza_comercial_Xochimilco-
permisos_construccion_Xochimilco_0_715728698.html

5 http://www.aldf.gob.mx/archivo-3a6419f3c20189c5c79382d35f87c41f.pdf





 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del    Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al sector salud en general a implementar diversas estrategias para que las compras consolidadas de medicamento y los programas de sustitución o equivalencia terapéutica que se lleven a cabo en dichas instituciones, sean con total apego al bienestar del paciente y no a los ahorros que se puedan generar. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, ANDREA GARCÍA GARCÍA, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 8, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, se define al medicamento genérico con el término de producto farmacéutico multifuente, que es aquel medicamento que es considerado como intercambiable.

En México, el medicamento genérico intercambiable, es aquel fármaco con la misma sustancia activa y forma farmacéutica, con igual concentración o potencia, que utiliza la misma vía de administración y que mediante las pruebas reglamentarias requeridas ha comprobado que sus especificaciones farmacopéicas, perfiles de disolución o su biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son equivalentes a las del medicamento de referencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º, fracción XIV, del Reglamento de Insumos para la Salud.

De acuerdo con la OMS, se recomienda en forma general a los 1952 Estados Miembros, a tender a la demostración de la equivalencia terapéutica y declaración de intercambiabilidad de todos los productos multifuentes, y a establecer los criterios básicos para la realización de los estudios y garantizar la intercambiabilidad de los productos multifuente, sin comprometer la seguridad, calidad y eficacia de los productos farmacéuticos, tomando en cuenta los criterios para las excenciones de los estudios in vivo, según el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica.

De acuerdo con lo anterior, basándose en las mejores prácticas mundiales implementadas en los sistemas de salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS,  creó en 1998 el Programa de Sustitución Terapéutica, con el fin de incluir medicamentos innovadores y de alta calidad al Cuadro Básico Institucional, con mejores niveles de costo-efectividad.

La selección de medicamentos del programa está a cargo de los mejores especialistas del IMSS, quienes se basan en guías de práctica clínica nacionales e internacionales, en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y en las mejores prácticas internacionales.

Dicho programa busca encontrar el mayor y mejor costo beneficio en lo que respecta a los medicamentos, si todo funciona como la teoría establece y no se presentan reacciones adversas, el programa posee una excelente idea para solucionar el problema de abastecimiento de medicamentos.

La misma práctica ha migrado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, con el objetivo de generar ahorros en la compra de insumos y medicamentos para la salud.

No obstante, la preocupación de la aplicación de los Programas de Sustitución o Equivalencia Terapéutica en el IMSS e ISSSTE, se deriva directamente de los pacientes, toda vez que no han sido informados de manera correcta, sobre la ejecución de los programas y los efectos secundarios que conllevan en su salud.

Los genéricos bioequivalentes se fundamentan en estudios clínicos de equivalencia terapéutica y/o estudios in vitro, que asegura la eficacia y la seguridad del medicamento similar a un costo menor. El cambio de la receta médica de un Medicamento original por un similar debe hacerse sobre la base de estudios de equivalencia terapéutica que permita la correcta intercambiabilidad del producto.

Ya que una aplicación de medicamento similar inequivalente trae consigo consecuencias que repercuten en la economía tanto del paciente como de la institución de salud. Por una parte, en el paciente se presentan cuestiones de ausencia laboral, desgaste en recuperación y gasto en capital, y por parte de la institución, se presenta un mayor gasto de horas en personal y en instalaciones, una posible hospitalización (días ocupando una cama).

Si bien en otros países la medida puede funcionar y en México no habían quejas desde su implementación, tenemos que tomar en cuenta las características particulares que cada entorno presenta para aterrizar de manera correcta la idea, por lo que es necesario darle un estricto seguimiento al programa en ambas instituciones y en caso de no arrojar los resultados esperados, como en los últimos 2 años, donde los pacientes de diabetes o de esclerosis múltiple, han manifestado que la sustitución del medicamento no ha sido la adecuado y las ha traído efectos secundarios, poder cambiar la estrategia.

La importancia de vigilar los programas de sustitución o equivalencia terapéutica, con base en lo anterior, viene de analizar que tenemos un país con graves problemas de sobrepeso y obesidad que los llevan a padecer enfermedades crónicas y que implica un fuerte gasto de bolsillo que puede ocasionar gastos catastróficos en la economía familiar.

Es importante que los programas de sustitución o equivalencia terapéuticas, se realicen con conciencia absoluta de que no todos los pacientes reaccionarán de manera favorable al medicamento y que pueden y están teniendo efectos adversos en su salud, que los puede llevar a:

• Seguir consumiendo el único tratamiento que les da su sistema de seguridad social, con los efectos adversos a su salud que éste le ocasiona; o

• Adquirir el medicamento por cuenta propia y que ello implique un empobrecimiento y un desequilibrio a su economía familiar.

Sin embargo, muchas de estas consecuencias pueden ser incosteables para la población mexicana, ejemplo de ello, con una de las enfermedades más comunes en nuestro país, que ocupa la primer causa de mortalidad en personas de edad productiva, con una tasa en 2014 de 46.1 por cada 100 mil habitantes, que equivalió a poco más de 234 mil personas fallecidas, la Diabetes Mellitus.

Si dicha enfermedad no se encuentra controlada y esto se logra a base de una dieta balanceada y un tratamiento médico oportuno y de calidad, puede desencadenar complicaciones como neuropatía, complicaciones oftálmicas, hipoglucemia, nefropatía, infartos agudos al miocardio, y accidentes cerebrovasculares con costos de $156,602.42 millones de pesos. Que por paciente equivalen a un costo anual en promedio, por paciente de cada posible complicación de:

1. Neuropatía ($40,674.56)1

2. Amputación ($76,949.55)2

3. Retinopatía Catarata y Glaucoma (oscilan entre $16,928.31 y $48,460.52)3

4. Hipoglucemia ( oscilan entre $26,273.06 y $42,577.55)4

5. Coma diabético ($34,054.79)5

6. Insuficiencia Renal (oscilan entre $61,078.36 y $40,700.78)6

7. Accidente cerebrovascular e infarto cerebral ($37,832.36)7 por mencionar algunos.

Sin embargo, la Diabetes Mellitus solo es un ejemplo, ya que los programas de Sustitución o Equivalencia Terapéutica, pueden afectar en enfermedades cardiovasculares, cuyas consecuencias de una mala sustitución impliquen cirugías, o bien, con la Esclerosis Múltiple, donde lamentablemente por el tipo de enfermedades, si los pacientes no reaccionan bien al medicamento, las consecuencias son irreversibles e irreparables.

De las 3 anteriores que mencionamos, todas tienen que ver con una población en edad productiva y por consecuencia, se debe tener suma conciencia de las repercusiones que una mala sustitución o equivalencia terapéutica, puede implicar en los pacientes, como llevarlos a desarrollar discapacidades.

Es importante, para vigilar el correcto funcionamiento de la estrategia, establecer bases estadísticas que generen los propios institutos de la salud, y planear las adquisiciones a partir de la demanda y las tendencias que se observen de las mismas.

Este es uno de los puntos más importantes, toda vez que con base en ello, se pueden generar las compras consolidadas, tomando en cuenta aquellos pacientes de diversas enfermedades, cuya equivalencia terapéutica no les ha funcionado, o bien les ha ocasionado efectos secundarios que merman su salud.

Debemos recordar por una parte, que los ahorros en la Sustitución o Equivalencia Terapéutica, pueden ser a mediano y largo plazo, grandes gastos a partir de las enfermedades o complicaciones que se deriven de los efectos secundarios que se manifiesten en ciertos pacientes, por no tener el criterio de brindar el medicamento que les funciona, a aquellos que no tuvieron una reacción favorable con dicha sustitución.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y al sector salud en general, a implementar diversas estrategias para que las compras consolidadas de medicamentos e insumos para la salud y los programas de sustitución o equivalencia terapéutica que se lleven a cabo en dichas instituciones, sean con  total apego al bienestar del paciente cuidando siempre la calidad y no el ahorros económico que se pueda generar.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al  Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a implementar campañas de información, dirigidas a los pacientes, a conocer sobre su derecho a tener un consentimiento informado sobre los alcances de su tratamiento y posibles efectos secundarios.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que informen a esta Soberanía, a partir de la implementación de los Programas de Sustitución o Equivalencia Terapéutica, A) ¿A cuánto ascienden los recursos económicos que se han ahorrado con la implementación de dichos programas?, B)¿Qué porcentaje de pacientes han respondido favorablemente a la sustitución y del porcentaje que ha tenido efectos secundarios, a cuánto asciende el costo de su atención?.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al  Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se implementen estrategias para el monitoreo estricto de los pacientes que reciben medicamento a partir de los Programas de Sustitución o Equivalencia Terapéutica, con la finalidad de que aquellos que tengan efectos secundarios, puedan acceder a otro medicamento que no menoscabe la salud del paciente, priorizando su bienestar y no el ahorro económico, y en caso de tener un monitoreo, se informe a esta Soberanía los resultados del mismo.

QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al  Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que informen a esta Soberanía, sobre los criterios científicos que avalan la sustitución de las claves de medicamentos de los Programas de Sustitución o Equivalencia Terapéutica.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Andrea García García.

1 Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014

2 Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014

3 Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014

4 Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014

5 Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014

6 Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014

7 Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán a hacer públicas o transparentes las licitaciones, adjudicaciones y contratos realizados con las empresas relacionadas con el presidente municipal de Zitácuaro, por la comisión de posibles irregularidades como conflictos de interés, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Carlos Herrera Tello es ingeniero constructor y dueño de diversas empresas que han sido relacionadas con incumplimiento de contratos, posible malversación de recursos y obras realizadas a sobrecostos en las entidades de Michoacán y en la Ciudad de México.

De acuerdo con medios de información, sólo en el estado de Michoacán durante el periodo 2013-2014 las empresas de Carlos Herrera recibieron contratos por montos superiores a los 49 millones 773 mil 798 pesos, en la mayoría de las obras, la Auditoría Superior local identificó inflación1.

Entre las empresas involucradas, se encuentra “Qualiti Construcciones S.A. de C.V. y Phomsa Construcciones S.A. de C.V.”, sobre todo, en obras como carreteras, drenajes y caminos que recorrerían y unirían los principales municipios de la entidad; llama la atención que algunas obras fueron liquidadas antes de terminarlas, incluso sin contar con el sustento documental de inicio, seguimiento o conclusión de construcción.

Para tener claro el panorama de estas irregularidades, es imprescindible indicar las edificaciones inconclusas en Tuxpan en el que las empresas de Carlos Tello, participaron en licitaciones “simuladas” para ser beneficiadas con cuantiosos contratos. En particular, durante el ejercicio fiscal 2013- 2014 se licitaron obras por un monto mayor a los 133 millones de pesos, en una de ellas, por 5 millones 112 mil 233 pesos relativa a la construcción de una red de drenaje participaron sólo tres empresas, todas ellas con participación de Carlos Herrera Tello.

Con anterioridad, diversos legisladores del Grupo Parlamentario del PRI en esta Soberanía, hemos dado cuenta de una posible red de corrupción que opera en por lo menos 25 municipios del estado de Michoacán, la cual sólo en el año 2014 programaron obras con un presupuesto superior a los 264 millones de pesos2.

Es importante referir que no es la primera ocasión en que Carlos Herrera Tello, es relacionado con irregularidades, basta señalar los contratos de obra firmados con la administración de Víctor Hugo Romo en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México por más de 190 millones de pesos, sin que hasta el momento existan indicios de su realización y conclusión3.

En particular, existe evidencia de una empresa que supuestamente defraudó las arcas delegacionales por 31 millones de pesos, con contratos específicos para instalar, componer y dar mantenimiento a luminarias instaladas en la demarcación. Ante estos hechos, las organizaciones vecinales se han manifestado debido a que se erogaron gastos pero no se realizaron trabajos para el mejoramiento de dicho servicio público4.

Las empresas Phomsa Construcciones S. A. de C. V., Torecoma S. A. de C. V. y Quality Construcción S. A de C. V., fueron las más beneficiadas al recibir entre octubre y diciembre de 2013, contratos superiores a los 188 millones 179 mil 96 pesos para diversas obras5.

Diversos medios nacionales, en su momento hicieron de conocimiento público la realización de licitaciones poco transparentes, en la que en su mayoría sólo participaban y se beneficiaban empresas relacionadas con el alcalde de Zitácuaro en el estado de Michoacán.

Su administración como presidente municipal, se ha caracterizado por la poca experiencia de sus funcionarios, la prestación ineficiente de servicios públicos y falta de planeación en la realización de obra púbica, a pesar de ello, existen indicios de que el gobierno del estado está realizando trabajos en coordinación con las empresas de Carlos Herrera Tello, contratos que deben se transparentados para prevenir actos de  corrupción.

Lo anterior, deja clara la necesidad de transparentar el ejercicio de los presupuestos y hacer público los contratos con las empresas relacionadas con el presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, por la comisión de posibles irregularidades como conflicto de interés, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos.

Es de vital importancia que las autoridades de comprobar la realización de estos ilícitos establezcan las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho den lugar para identificar, sancionar y prevenir estos actos de corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Michoacán, para que en el ámbito de sus atribuciones haga público o transparente las licitaciones, adjudicaciones y contratos realizados con las empresas relacionadas con el presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, por la comisión de posibles irregularidades como conflicto de interés, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos. Asimismo, de comprobarse estos ilícitos, se establezcan las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho den lugar para identificar, sancionar y prevenir estos actos de corrupción.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1 http://epizentro.com.mx/titulares/obras-caras-con-recurso-federal-hacen-amigos-de-silvano-en-oriente-de-
michoacan.php

2 https://laextra.mx/revelan-santo-utazo-vs-silvano-ex-presidente-del-congreso-federico/

3 http://www.marmorinforma.mx/carlos-tello-edil-zitacuaro-envuelto-escandalo-corrupcion-la-cdmx/

4 http://www.moreliactiva.com/involucran-al-alcalde-de-zitacuaro-en-fraude-millonario/

5 http://www.diariodemexico.com.mx/exhiben-contratos-vromog-empresas-ligadas-alcalde-perredista-michoacan/





 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Nacional de Seguridad a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y así reducir los índices de mortalidad derivados de suicidios, accidentes y homicidios. Se turna a la Comisión de Salud.

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hoy en día, las principales causas de muerte en jóvenes son los suicidios, accidentes viales y los homicidios, situaciones que han aumentado a través de los años, lo cual representa un desafío para las diversas autoridades competentes.

Actualmente los jóvenes se enfrentan a distintas problemáticas; la violencia, el desempleo, la pobreza y la inequidad educativa, la humillación y el sentimiento de desvalorización son las principales, la violencia encabeza la lista como causa de muerte en la juventud mexicana; homicidios, accidentes de transporte, y lesiones autoinfligidas son las más frecuentes.

Sumado a las problemáticas mencionadas, se encuentra la delincuencia organizada, la cual a partir del desempleo, la pobreza y la necesidad que deriva de éstas, utilizan a los jóvenes para la realización de actividades ilícitas que en la mayoría de los casos implican violencia y compromete la integridad física de este vulnerable sector.

En un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señala que la población joven en México enfrenta múltiples retos para escapar de la pobreza. La conjunción del abandono escolar, la difícil inserción en el mercado laboral, los bajos salarios y las desigualdades, constituyen un reto para evitar el ingreso de los jóvenes a dicha condición social, situación que como se aprecia, expone a la juventud a tomar decisiones incorrectas.

Una vez detectadas las principales causas de muerte en jóvenes, toca a cada autoridad el desarrollo e implementación de políticas públicas que incentiven la generación de medidas de prevención para disminuir la incidencia y por ende, los decesos ocasionados por estas causas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen tres tipos de riesgos que vulneran la vida de jóvenes y adolescentes:

1. La violencia es una causa importante de mortalidad. Se calcula que todos los días mueren 180 adolescentes como consecuencia de la violencia interpersonal. Aproximadamente una de cada tres defunciones de varones adolescentes registradas en países de ingresos bajos y medianos en la Región de las Américas de la OMS se debe a la violencia;

2. Las lesiones involuntarias son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad entre los adolescentes. En 2012, unos 120, 000 adolescentes murieron como resultado de accidentes de tránsito. Los jóvenes conductores necesitan asesoramiento sobre seguridad vial y al mismo tiempo se debe aplicar con rigor las leyes y reglamentos que prohíben conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas;

3. La salud mental juega un papel importante en relación a los índices de suicidio, la depresión, es la principal causa de morbilidad entre los adolescentes.

Los datos estadísticos de la OMS manifiestan que:

Se calcula que en 2015 murieron 1,3 millones de adolescentes, en su mayoría por causas prevenibles o tratables;

• Las lesiones por accidentes de tránsito fueron la principal causa de mortalidad en 2012, con 330 adolescentes muertos al día;

• Otras de las principales causas de mortalidad entre los adolescentes son el VIH, el suicidio, las infecciones de las vías respiratorias inferiores y la violencia interpersonal;

• La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta empiezan a manifestarse a los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados.

Para México estas cifras no son ajenas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las principales causas de muerte en la sociedad mexicana son los accidentes de transporte, las agresiones y la diabetes mellitus. Sin embargo, según la edad de cada sector de la población, varían dichas causas.

La población joven presenta las muertes con mayor violencia con un 53% a nivel nacional, siendo las agresiones la principal causa de muerte en éstos con 28.5%, seguido de los accidentes de transporte con un 17% y las lesiones autoinfligidas con 7% en estas dos últimas el sector más vulnerable son los jóvenes de 15 a 19 años.

En el caso de las mujeres las principales causas de muerte son las mismas, sólo en menor escala, por agresiones representa un 11%, por accidentes de transporte 10% y por lesiones autoinfligidas 6%;

Como los datos y cifras lo demuestran, en México los niveles de mortalidad entre jóvenes son elevados, el costo tanto social como económico de la violencia en el país aumenta cada año y el tejido social se debilita debido al daño ocasionado en la población.

En 2013 se creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo eje principal es reforzar la política de prevención, a la fecha no ha logrado disminuir la tasa de homicidios a nivel nacional ya que continúa registrándose como la principal causa de muerte en los jóvenes.

Asimismo, se creó el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) que es la unidad administrativa de la Secretaría de Salud responsable de dirigir la política nacional en materia de prevención de lesiones ocasionadas por accidentes; gestionar ante las instancias públicas, privadas, sociales involucradas en el tema de accidentes y coordinar la operación de los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes de las 32 entidades federativas, la implementación de estrategias y acciones tendientes a disminuir la morbilidad y mortalidad consecuencia de las lesiones accidentales, en beneficio de la población mexicana.

Aun con la creación de estas instituciones y comisiones no ha sido suficiente para disminuir los índices de mortalidad en la juventud mexicana.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y reducir los índices de mortalidad derivados de suicidios.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y reducir los índices de mortalidad derivados de accidentes de tránsito.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y reducir los índices de mortalidad derivados de la violencia.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Andrea García García.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre las acciones instrumentadas en la entidad para atender la problemática de inseguridad pública que aqueja a los ciudadanos, ante el aumento sostenido del número de delitos durante el presente año. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad pública es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. El artículo 21 de nuestra Ley Fundamental, establece a letra que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

En este contexto, se trata de una tarea primordial que implica un trabajo coordinado, responsable y profesional de los tres ámbitos de gobierno, para salvaguardar el patrimonio, integridad física y la vida de los mexicanos.

Pese a ello, de acuerdo con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de delitos ha venido creciendo sistemáticamente en el estado de Guanajuato, en perjucio de la población.

Cabe señalar que entre enero y octubre del año en curso, se presentaron un total de 88 mil 774 denuncias, cifra que representa un incremento de 12 por ciento con respecto a las registradas en el mismo periodo de 2015 y de 35 con relación a igual lapso de 20131.   

Es preciso destacar que tan sólo en el mes de octubre pasado, se cometieron 9 mil 151 delitos del fueron común, lo que equivale a un aumento de 6.3 por ciento con respecto al mismo mes del año previo y de 15 por ciento en relación a octubre de 2013, es decir, a prácticamente un año de iniciado el actual gobierno.

Tanto en términos absolutos como relativos, los delitos con mayor incidencia, son: robos con 28 mil 901 casos; delitos patrimoniales con 11 mil; y lesiones dolosas con 8 mil 912, datos equivalentes a 33, 12 y 10 por ciento con relación al total cometidos en la entidad.

De manera particular, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, se incrementó de 11.21 en 2013 a 15.11 en 2014 y a 13.59 en lo que va del año. Y la misma tendencia se observa en los principales delitos cometidos en el estado.

Ello permite corroborar que a pesar de las acciones implementadas a la fecha por el gobierno estatal, éstas han sido insuficientes para contener los crecientes niveles de inseguridad que persisten en la entidad, lo cual compromete los objetivos y metas planteados desde el inicio de la gestión.

Pese a este panorama, el gobernador de la entidad, Miguel Márquez Márquez descarta y niega el aumento de la inseguridad en el estado, señalando inclusive que el incremento en homicidios dolosos “no daña de manera directa a la sociedad”.2

El artículo 3 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, establece que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios orientada al logro de los siguientes fines: Salvaguardar los derechos humanos y sus garantías, la preservación del orden y la paz pública; disminuir y contener la incidencia delictiva; orientar e informar a las víctimas y ofendidos del delito, para que reciban una atención adecuada y oportuna; optimizar la labor de las instituciones policiales en el combate a la delincuencia, las conductas antisociales, la prevención; y promover que los ciudadanos incrementen su confianza en las instituciones que realizan tareas de seguridad pública, entre otros.3

Pese a ello, es evidente el aumento de la inseguridad y violencia en la entidad, la cual ha provocado temor entre los guanajuatenses, ya que atentan contra su bienestar, vida y patrimonio.

El combate efectivo de la inseguridad pública es una de las asignaturas pendientes en la entidad, por lo que es urgente que el gobierno del estado de Guanajuato, informe a esta Soberanía, sobre las acciones que se están llevando a cabo para reducir la incidencia delictiva, a fin de restituir la paz y tranquilidad de la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato para que, de manera coordinada con los gobiernos de los municipios que integran la entidad, fortalezcan de manera urgente las acciones en materia de seguridad pública ante el aumento del número de delitos; asimismo, se informe a esta Soberanía sobre las medidas implementadas en la atención de dicha problemática.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_102016.pdf

2 http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2016/10/25/seguridad/homicidios-son-por-rinas-no-afectan-la-
sociedad-marquez

3http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/132/Ley_del_S_de_Seg_Pub_del_Edo_de_Gto_REF_P.O._01Jul2016.pdf





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Mario Delgado Carrillo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al de la Ciudad de México a emitir estudios sobre el impacto ambiental que tendrá la obra del Viaducto Elevado “La Raza-Indios Verdes-Santa Clara” en esta ciudad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y Senador MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, en carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA Al GOBIERNO FEDERAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EMITIR ESTUDIOS DE SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL QUE TENDRÁLA OBRA DEL VIADUCTO ELEVADO “LA RAZA-INDIOS VERDES-SANTA CLARAEN ESTA CIUDAD; conforme al siguiente:

ANTECEDENTES

En el mundo, se estima que se pierden 5 mil millones de árboles al año y de seguir así, en 300 años el planeta ya no tendrá árboles.

Conforme a un estudio realizado por expertos y científicos en 2015, se calculó que a nivel internacional, Bolivia es uno de los países con más árboles por habitante. En contra posición, Israel es uno de los países con menos árboles por habitante. Cabe mencionar que de lo anterior, depende todo un contexto geográfico. En este orden de ideas otras cifras a nivel internacional son las siguientes:

País

Número total de árboles

Árboles por persona.

Canadá

318,180,524,032

8.9

Estados Unidos

228.2293.902.336

716

Brasil

301,781,614,592

1.4

Bolivia

59,277,484,032

5.4

Chile

19,183,013,888

1.07

Noruega

14,247,255,040

2.7

España

11,391,461,376

245

Rusia

641,607,335,936

4.4

Hong Kong

29,745,610

4

Australia

76,714,500,096

3.2

En el estudio mencionado, señala que se deforesta 15 mil millones de árboles cada año a nivel mundial y se reforesta a solo 10 mil millones, es decir, tenemos un déficit de 5 mil millones de árboles que se están perdiendo.

Las principales causas de la deforestación son:

• Cambio de uso de suelo.

• Ampliación de la frontera agrícola y agropecuaria.

• Erosión.

• Urbanización.

Cabe mencionar que desde que el ser humano ha habitado la tierra, se ha perdido casi la mitad de árboles que han existido en el planeta.

En ese sentido, es de gran relevancia destacar el papel que tienen los árboles en la vida humana, y de acuerdo con una publicación de la asociación Ecogestos, en las ciudades, la pérdida de árboles eleva las temperaturas y la evaporación del suelo. Es así que las radiaciones solares son absorbidas o reconducidas por las hojas de los árboles durante el verano, mientras que en invierno esa misma función la cumple el filtrado que provocan las ramas. Además, el impacto del viento también puede ser modificado a través de los árboles.

Esto sucede en cuanto a la velocidad y la dirección del viento, que pueden ser más influenciadas si el follaje de los árboles es más denso y contundente. Los árboles también cumplen un papel vital en el control de la lluvia y otros fenómenos climatológicos como el granizo.

De esta manera, tanto la lluvia como el granizo son inicialmente absorbidos por los árboles, que en consecuencia logran proteger a las edificaciones, a las personas y a los animales. Específicamente en cuanto al agua, los árboles la absorben y almacenan, reduciendo la cantidad que llega a casas y calles, disminuyendo riesgos de inundaciones.

De igual forma, las radiaciones solares son absorbidas o reconducidas por las hojas de los árboles durante el verano, mientras que en invierno esa misma función la cumple el filtrado que provocan las ramas. Además, el impacto del viento también puede ser modificado a través de los árboles.

Aunado a ello, en una publicación del diario New York Times, señala que “un árbol de 30 metros de altura, con diámetro en el tronco de medio metro en la base, produce unos 2.721 kilogramos de oxígeno suficientes para que dos personas respiren por un año”.

Por otro lado, de acuerdo con datos publicados por el periódico “El Diario de México”, en lo que va de la actual administración se han talado más de 10 mil árboles en la Ciudad de México y una de las principales causales es el cambio de uso de suelo. En este sentido, Tlalpan es la delegación en donde más se han derribado árboles, la cifra asciende a mil 675, seguido de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo con más de mil árboles cada una.

Asimismo, el Centro Virtual de Información del Agua ha revelado que la construcción de grandes obras en la capital del país, como los segundos pisos en tramos del Anillo Periférico, la Supervía Oriente, las líneas de Metrobús o más recientemente la Fase 2 del Deprimido Vehicular Insurgentes Mixcoac, ha provocado la tala de al menos 56 mil 553 árboles durante las tres últimas administraciones.

La Secretaría del Medio Ambiente, prevé una compensación económica por cada árbol derribado, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México ha recibido un aproximado de 90 millones 818 mil 898 pesos de los 10 mil árboles derribados, por lo tanto el promedio de compensación por cada árbol es de 11 mil pesos, cabe mencionar que tal compensación no es igual, no obstante para una inmobiliaria se le cobra 2 pesos por el derribo de 41 árboles, a otra se le cobra 151 mil 538 pesos por 13 árboles. 

En el caso de la deforestación por obras públicas en la Ciudad de México principalmente por construcciones de metrobus, se han autorizado talar 3 mil 494 árboles. Ante tal situación el Gobierno de la Ciudad ha implementado como forma de mitigación, la compensación económica de más de 90 millones de pesos, la plantación de más 53 mil árboles y el trasplante de 110 árboles. Pero lamentablemente se ha favorecido a la infraestructura para el automóvil y construcciones de infraestructura privada.

Por otra parte, a inicios del presente año se concedió la licitación por parte del gobierno Federal para la construcción del proyecto “La Raza-Indios Verdes-Santa Clara” que tendrá una longitud de 9.7 kilómetros y será una vialidad de capacidad para 50 mil vehículos al día con la intención de ser una alternativa ágil de acceso a la Ciudad de México. Dicha concesión fue adjudicada a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), para el proyecto de diseño, construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento del Viaducto elevado. Su iniciativa consta de un pago inicial de un millón de pesos, capital de riesgo de 2 mil 84 millones 835 mil pesos y costos de obras sin incluir el IVA por 4 mil 384 millones 698 mil pesos.

Se calcula que se derribarán 5 mil 936 árboles en la zona de 61 especies diferentes. Ante tal situación vecinos han manifestado su rechazo total al proyecto, ya que causaría un “ecocidio” en la zona.  Es lamentable tal situación en la que se encuentra la Ciudad de México respecto a temas ambientales,  factores como la deforestación son causantes de tener una pésima calidad de aire y si continuamos alentando proyectos urbanos sin ninguna regulación ni compensación ambiental en unos años más el habitar en esta Ciudad será imposible. En el caso de del proyecto en comento, el derribo de más de 5 mil árboles causará un impacto gravísimo en el ecosistema y cabe señalar que una reforestación no remedia el problema ya que si bien se plantan nuevos árboles, los que se encuentra en la zona del proyecto tienen muchos años y su tamaño no será igual a los que proveen plantar. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes argumentó que la construcción ayudará a desahogar el tráfico que se genera en las carreteras libres y de cuota de México-Pachuca y Circuito Interior, y el tránsito en Insurgentes Norte y vías secundarias. Además, de reducir los tiempos de traslado entre la Avenida Montevideo y la Caseta Ojo de Agua 

Cabe destacar que la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, declaró en días pasados, que la administración capitalina rechazará la construcción del viaducto por considerarlo “depredador con el medio ambiente, pues se pretende construir sobre una zona arbolada que es un pulmón de la Delegación Gustavo A. Madero”. Además de que pasará por encima de un acueducto.

Asimismo, de acuerdo a declaraciones del titular de la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, Edgar Oswaldo Tungüi Rodríguez, aseguró que “el proyecto del Gobierno Federal no cumple con los permisos correspondientes”.

CONSIDERANDOS

I.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 párrafo quinto refiere que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bien estar y que este derecho será garantizado por el Estado.

IV.- Conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico en su artículo 2 se considera de  utilidad pública  la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

V.- Que Conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico en su artículo 28 menciona que la “evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaria establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar  desequilibrio  ecológico  o  rebasar  los  límites  y  condiciones  establecidos  en  las  disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas…quienes  pretendan  llevar  a  cabo  alguna  de  las  siguientes  obras  o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría

VI.- Los interesados en la realización una obra deberán presentar una manifestación de impacto ambiental ante la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conforma al artículo 30 de la Ley General de Equilibrio Ecológico.

VII.- De acuerdo con el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico una vez presentada la manifestación de impacto ambiental y previa evaluación de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta misma podrá: autorizar la obra; negarla o en su caso autorizar de manera condicionada a fin de evitar los impactos ambientales.

VIII.- Que conforme al Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas en su artículo 15 fracción III en la planeación de obras las dependencias y entidades deberán tomar en cuenta “Los avances tecnológicos en función de la naturaleza de las obras y servicios y la selección de los procedimientos de seguridad del personal e instalaciones, construcción,

IX.- Conforme a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en su artículo 3  fracción  II se considera de utilidad pública “El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y vigilancia de las áreas verdes,  áreas de  valor ambiental, áreas naturales protegidas  de competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración ecológica y en general del suelo de conservación y suelo urbano para la preservación de los ecosistemas y elementos naturales”

X.- Conforme a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal son autoridades en materia ambiental el Jefe de Gobierno, el Titular de la secretaria del Medio ambiente, Secretaria de Ciencia y Tecnología, los Jefes Delegacionales y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Ecológico

XI.- Que conforme al artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal para el derribo, poda o trasplante de árboles se necesita autorización de la Delegación respectiva.

XII.- Que conforme al artículo 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal todo derribo de árbol debe conllevar una restitución ya sea física o económica, ponderando siempre la primera.

XIII.- Que dentro de las facultades de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal se encuentra evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia y en su caso, autorizar condicionalmente o negar la realización de proyectos, obras y actividades, lo anterior conforme al artículo 9 fracción V de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

XIV.- Conforme a la Ley Ambiental del Distrito Federal en su artículo 46 menciona que toda persona interesada en realizar una obra que afecte al medio ambiente requiere una Evaluación de Impacto Ambiental.

XV.- Que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, los habitantes de la ciudad tienen derecho a ser informados y tener acceso a toda la información relacionada con la realización de obras

XVI.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades estarán obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano que pueda causar la ejecución de la obra pública, con sustento en estudios de impacto ambiental, impacto urbano y los referentes a la materia de protección civil.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice y haga público un estudio sobre el impacto ambiental que tendrá el proyecto de construcción del Viaducto Elevado denominado “La Raza-Indios Verdes-Santa Clara”.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a que emita un informe técnico sobre la Manifestación de Impacto Ambiental que tendrá la obra del Viaducto Elevado “La Raza-Indios Verdes-Santa Clara”.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México a que no se realice el proyecto de Viaducto Elevado “La Raza-Indios Verdes-Santa Clara”, en tanto no se garantice que dicho proyecto no implicará el derribo masivo de árboles.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Mario Delgado Carrillo.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a informar sobre las acciones penales y administrativas iniciadas por el fraude cometido en contra de Pronósticos para la Asistencia Pública en el sorteo 02518 del 22 de enero de 2012. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP), es un organismo público descentralizado, que  fue creado el 24 de febrero de 1978 por el Decreto del Ejecutivo, que tiene por objeto  la obtención de recursos destinados a la Asistencia Pública mediante la organización y /o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional de concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, organizados por la propia entidad o por terceros.

Los recursos que recauda la institución, son entregados a la Tesorería de la Federación, quien los canaliza a asuntos prioritarios como salud, educación, alimentación, entre otros.

En sentido contrario a estos fines, durante el sexenio pasado se presentaron diversas irregularidades en dicha institución, en los que destacan la simulación de sorteos, el desvío de recursos públicos y gastos excesivos en viáticos.1

Prueba de ello, lo representan la inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública, de Adolfo Blanco Tatto, exdirector de Pronósticos Deportivos,  por 17 años y una multa de poco más 60 millones pesos; así como la inhabilitación de exsubdirector de Pronósticos Gabriel Martínez Guízar, por un periodo de 15 años y una  multa económica de más de 46 millones  de pesos, derivados de la negligencia administrativa de ambos funcionarios.2

Por otra parte, de acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-1-06HJY-02-0426GB-094 realizada por la ASF, el 22 de enero de 2012, se llevó a cabo el Sorteo Melate y Revancha número 02518, el cual fue manipulado con la intención de defraudar a Pronósticos para la Asistencia Pública,  por un monto de 160 millones de pesos. En dicho fraude participaron tanto personal de la institución como trabajadores del proveedor de servicios de filmación.

El fraude tuvo el siguiente modus operandi:

• Previo a la transmisión del sorteo en vivo, los involucrados grabaron una urna con números ganadores.

• Posteriormente compraron los boletos con los números que previamente habían grabado.

• Durante la transmisión en vivo del sorteo sobrepusieron la imagen que previamente habían gravado.3

De los 160,045.3  millones correspondientes al primer lugar, sólo se cobraron 113,623.0 millones de peos (71.0%). Posteriormente se conocería que dicho sorteo fue manipulado, y se pretendió ganar de forma fraudulenta la bolsa acumulada; el resto por 46,422.3 miles de pesos (29.0%) permaneció en la entidad fiscalizada.

Ante estos ilícitos, PAP presentó la denuncia correspondiente ante el juzgado Décimo Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, lo que generó cuatro averiguaciones previas, números 71/UEIDALPE/LE/9/2012; 126/UEIDALPE/LE/9/2012; 281/UEIDALPE/LE/9/2012 y 53/UEIDALPE/LE/9/2012.

El 12 de agosto de 2013, se detuvo, en Amozoc Puebla, a José Luis Jiménez Mangas, quien se desempeñaba como director de Progol, Protouch y Pronósticos Rápido y es considerado el actor intelectual del fraude a PAP.

En febrero de 2015, la Procuraduría General de la República detuvo a Héctor Hugo López Jiménez, exsubdirector de Concursos y Deportes de Pronósticos para la Asistencia Pública.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que los hechos de corrupción como los que se presentaron en Pronósticos para la Asistencia Pública durante la administración pasada debilitan la credibilidad en las instituciones de beneficencia del gobierno mexicano, por ello, consideramos que en estos hechos no debe haber cabida para la impunidad y se debe sancionar a todos los responsables conforme a derecho.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República para que,  en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía sobre las acciones penales y administrativas iniciadas por el fraude cometido en contra de Pronósticos para la Asistencia Pública en el sorteo 02518 del 22 de enero de 2012. Asimismo, para que presente un informe sobre el estado que guardan dichas investigaciones.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1 Corrupción panista en Pronósticos, < http://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/index.php/2015/01/19/corrupcion-panista-en-pronosticos/> Consultado el 28 de noviembre de 2016.

2 SFP multa e inhabilita a ex director de Pronósticos  Deportivos, <
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sfp-multa-e-inhabilita-a-ex-director-de-pronosticos-deportivos.html> Consultado el 28 de noviembre de 2016.

3 Historia de uno de los mayores fraudes a Pronósticos Deportivos, <
http://noticieros.televisa.com/mexico/1502/historia-mayores-fraudes-pronosticos-deportivos/>  Consultado el 28 de noviembre de 2016.





 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a rendir un informe del avance en la implementación de las acciones contenidas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, relativas al tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El suscrito, Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a que rinda un informe del avance en la implementación de las acciones contenidas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 relativas al tratamiento de aguas residuales municipales e industriales, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con información del Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH), la contaminación del agua en nuestro país se debe principalmente a la descarga a los cuerpos receptores de una gran parte del caudal de aguas residuales sin tratamiento, por los municipios y las industrias.

También se atribuye al uso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura, a la inadecuada recolección y disposición de los residuos sólidos municipales e industriales y al acelerado proceso de erosión causado por prácticas inadecuadas en las actividades agropecuarias y silvícolas.

De acuerdo con el documento mencionado, desde diciembre de 2012 se cuenta con una infraestructura de 2,342 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales con una capacidad instalada de 140.1m3/s. Sin embargo, sólo se tratan en promedio 99.8 m3/s, equivalente al 47.5% de los 210m3/s de aguas residuales colectadas en los sistemas formales de alcantarillado.

Por su parte, el sector industrial generó en 2012 un caudal medio de 210 m3/s. Existe un total de 2569 plantas con capacidad instalada de 89m3/s, de las cuales operan 2530 y tratan 60.5m3/s de efluentes industriales. Adicionalmente, se trataron 63m3/s mediante humedales, por lo que el caudal total tratado equivale al 58.8%.

La problemática en materia de tratamiento de aguas residuales se caracteriza por la falta de recursos financieros para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento en la mayoría de las entidades federativas; altos costos de energía eléctrica y reactivos químicos para la operación; falta de capacitación del personal operativo y deficiente cultura de pago del usuario por los servicios de saneamiento, así como por la subutilización de plantas por falta de las conexiones con las redes de alcantarillado, la baja eficiencia en su gestión y la escasez de recursos por parte de los municipios para cubrir los costos de operación.

Al respecto, el PNH 2014-2018, menciona que se impulsarán estrategias para incrementar y mejorar el tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales, entre las que se encuentran:

• Mejorar el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento.

• Construir nueva infraestructura de tratamiento y colectores e impulsar el saneamiento alternativo en comunidades rurales.

• Impulsar el uso y manejo de fuentes de energía alternativas para el autoconsumo en procesos de tratamiento de aguas residuales.

• Fomentar la construcción y expansión de redes de agua residual tratada para incorporar los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales a fin de reutilizar el agua.

En ese sentido, se reconoce que existe un largo camino que recorrer en materia de tratamiento de aguas residuales, siendo necesario conocer los avances en la implementación de las estrategias planteadas para solventar la problemática existente en la materia.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional del Agua a que rinda un informe del avance en la implementación de las acciones contenidas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 encaminadas a la construcción y mejora de la infraestructura de tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales en el país.

Senado de la República, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre la cantidad de vuelos que se han cancelado en este año, así como las aerolíneas responsables, rutas y las causas que suscitaron la cancelación. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en la que se exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a que rinda un informe a esta Soberanía especificando la cantidad de vuelos que se han cancelado en este año, así como las aerolíneas responsables, rutas y las causas que suscitaron la cancelación.

ANTECEDENTES

1. El transporte aéreo: es el servicio de transporte de pasajeras (os), carga o correo mediante aeronaves que cubren rutas nacionales e internacionales y que están sujetas a itinerarios, frecuencia de vuelos y horarios.

Este servicio deberá prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio.

2. La ley de Aviación Civil define a el contrato de transporte de pasajeros como el acuerdo entre un concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio.

Lo anterior se trata, simplemente, de una obligación contraída por parte de la aerolínea con el usuario a cambio de una contraprestación.

3. De acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ocho aerolíneas mexicanas y 20 extranjeras han recibido de manera conjunta 678 quejas en el Buró Comercial de esa institución.

Estas suscitada a partir de la negativa a la entrega del producto o servicio, negativa a conceder un cambio o devolución y negativa a la devolución del depósito son las principales razones identificadas por el organismo gubernamental.(Agencias, 2016)

4. En estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil la proporción de operaciones con retrasos en AICM pasó de 19 por ciento, en 2012, a 35 por ciento, en 2015. Dejando en claro el grave aumento en las demoras que han sufrido los pasajeros.

5. Por lo que derivado de la información anterior se tiene dado por cierto que las quejas en contra de las aerolíneas, así como los retrasos en los vuelos han aumentado, por lo tanto es válido inferir que las cancelaciones de los vuelos también han aumentado, dejando al usuario en un estado de indefensión ya que esto ocasiona serios problemas a los pasajeros ya que dicha conducta de la aerolínea no está prevista, trastocando por ende las actividades planeadas bajo el itinerario pudiendo ocasionar perdidas onerosas en contra de los usuarios debido a la cancelación del vuelo.

6. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que a la letra señala:

ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.

7. Al respecto de la cancelación de los vuelos la Ley de Aviación Civil en su artículo 52 que a la letra señala:

Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Dicho lo anterior, es claro que las líneas aéreas tienen una obligación de cumplir con los servicios contratados por parte de los pasajeros, así como, existe en la ley una penalidad cuando el servicio sea cancelado por causas imputables al concesionario o permisionario, sin embargo, este término es vago ya que no existe en si una definición exacta de las causales por las cuales un concesionario puede cancelar sus vuelos.

Cabe recalcar que aun y cuando en diversas ocasiones los concesionarios cancelan los vuelos sin previo aviso a los pasajeros, estos no cumplen con las penalidades establecidas en la ley.

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la Republica exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que rinda un informe a esta soberanía especificando la cantidad de vuelos que se han cancelado en este año, así como las aerolíneas responsables y las causas que suscitaron las cancelaciones.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

Agencias. (15 de junio de 2016). Global Media. Obtenido de Global Media:
http://globalmedia.mx/noticia/88123/aeromexico-la-aerolinea-con-mas-quejas-profeco
Ley de Aviación Civil
Ley Federal de Protección al Consumidor





 

Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

“Animo a los hombres y niños de todas partes a que se unan a nosotros. La violencia de género no será erradicada hasta que todos nosotros nos neguemos a tolerarla”

Ban Ki-moon.Secretario General de Naciones Unidas.

El “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 17 de diciembre de 1999, declarando como tal el 25 de noviembre de cada año, invitando a los gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales a encaminar esfuerzos para sensibilizar a la opinión púbica acerca del grave problema de la violencia contra la mujer.

Esta fecha se eligió en honor a la memoria de las Hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en el 25 de noviembre de 1960, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Las consideraciones básicas que se tomaron en cuenta por la Asamblea General de Naciones Unidas, fueron las siguientes:

• La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos,  

• La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género,  

• La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial, y 

• La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. 

Este problema no se propio de una cultura, región o nación específica, ni destinado a grupos particulares de mujeres en la sociedad. Se trata de un grave problema de género que afecta además de a la mujer, a las familias y comunidades enteras, por tratarse de una prevalente en la sociedad.

Pareciera increíble que aun en nuestra época siga existiendo el primitivo y grave problema de violencia contra la mujer. Un lastre para el cual, la evolución del pensamiento y el paso del tiempo poco han logrado hacer para erradicar, lo que hace indispensable acciones más decisivas.

Por ello, que este 25 de noviembre, sea un día propicio para reflexionar y rechazar   todas aquellas acciones, conductas, pensamientos y actitudes que tengan por objeto la restricción a las mujeres para que se desarrollen en condiciones de igualdad de  derechos humanos; un día propicio para repudiar la violencia y la discriminación en su contra.

En el marco de esta conmemoración, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”,este 25 de noviembre y todos los demás de cada año, reiteromi rechazo y condena a la opresión de que aún son objeto muchas mujeres, la violencia y la falta de igualdad de género, como también, para pronunciarme por enfatizar los esfuerzos para lograr el reconocimiento a plenitud de los derechos de la mujer, algo que es suyo, que les pertenece, pero que lamentablemente hay quienes no lo han sabido reconocer.

Muchas gracias.

Dado en la Ciudad de México, el 30 de noviembrede 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial de la Lucha contra el Sida
1° de diciembre

Cada 1° de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, es una oportunidad para concienciar, educar y mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. Este día Forma parte del esfuerzo global para encarar el reto del SIDA: una epidemia que continúa incrementándose en todas las regiones del mundo. Cada año se enfatizan las actividades de Prevención y Control del SIDA que vienen realizando y se aportan nuevos canales de comunicación sobre el Síndrome.

Es el momento propicio para fortalecer el apoyo en la respuesta al VIH en las Américas y tomar pasos innovadores para que la Región pueda alcanzar las Metas Mundiales para acabar con la epidemia en el 2030.

La prevención combinada del VIH, detección temprana y acceso a tratamiento antiretroviral serán fundamentales para lograr detener la transmisión del virus en los próximos años. Para alcanzar ese objetivo, los gobiernos, los proveedores de servicios de salud, los organismos de cooperación, la sociedad civil, las personas viviendo con VIH, las poblaciones clave y otros interesados directos en esta lucha deben trabajar conjuntamente e intensificar la respuesta al VIH.

En el período previo al Día Mundial del Sida 2016, la campaña Levantemos las manos por la #prevenciónVIH explorará diferentes aspectos de la prevención del VIH y cómo afectan a determinados grupos, como las adolescentes y mujeres jóvenes, las poblaciones clave y las personas que viven con el VIH.

Un nuevo informe de ONUSIDA, muestra que los países se están sumando a los objetivos de acción acelerada, con un millón más de personas que han conseguido acceso al tratamiento en solo seis meses (de enero a junio de 2016). Para enero de 2016, cerca de 18,2 millones [16,1 millones–19,0 millones] de personas tuvieron acceso a medicamentos destinados a salvar vidas, entre ellas 910 000 niños, el doble de la cifra alcanzada hace cinco años. Si estos esfuerzos son continuos y se incrementan, el mundo estará en camino de lograr la meta de 30 millones de personas en tratamiento para el año 2020.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial del SIDA”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial del SIDA

Actualmente, 18.2 millones de personas en el mundo viven con VIH/SIDA, de modo que este padecimiento es uno de los problemas de salud pública más complicados a nivel mundial y en específico en aquellas partes del mundo de ingresos bajos.

Por ello, el 1º de diciembre de cada año ha sido declarado como “Día Mundial del SIDA”, con el objetivo de crear conciencia del problema, recordar a aquellos que han fallecido, así como celebrar las victorias como el acceso a servicios de prevención y tratamiento de esta enfermedad.

Para este año, el Día Mundial del SIDA impulsará la campaña con el lema “Levantemos las manos por la #prevenciónVIH”, que explorará diferentes aspectos de la prevención del VIH y cómo afectan a determinados grupos, como las adolescentes y mujeres jóvenes, las poblaciones clave y las personas que viven con el VIH.

En el contexto internacional, ONUSIDA es el organismo encargado de realizar, formas y mantener una respuesta transversal para prevenir la transmisión del VIH; busca dar asistencia y apoyar a la población en riesgo, así como mitigar dicho riesgo, reducir la vulnerabilidad de la población y el impacto de una epidemia.

Dicha institución estima que:1

• En 2015, 36.7 millones de personas vivían con el VIH y 1.1 millones personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA.

• En junio de 2016,18.2 millones de personas tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica.

La Estrategia 2016-2021de ONU SIDA se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y busca poner fin a la epidemia de SIDA para el 2030.Sus principales metas son:

Reducción de la transmisión sexual

Prevención del VIH entre usuarios de drogas

Eliminación de nuevos casos de infección por VIH en niños

Acceso al tratamiento para 15 millones de personas

Erradicación de las muertes por tuberculosis

Eliminación de las desigualdades de género, el estigma y la discriminación

En el contexto nacional, actualmente existen 135 mil 515 casos notificados de VIH y de SIDA. Para atender esta problemática, se cuenta con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA),el cual formula el Programa para la Prevención y el Control del VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual, coordinando a las instancias correspondientes para atender estas infecciones y la evaluación del mismo.

Por su parte, en el Estado de México existen 19 mil 563 casos notificados de VIH/SIDA. Es por esto, que el gobierno estatal, en coordinación con la Secretaría de Salud, ha implementado los siguientes servicios de atención y detección de VIH:

• Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención de VIH/sida e ITS (CAPASITS).

• Servicios de Atención Integral (SAIS).

En estos centros labora el personal que labora está capacitado y sensibilizado en materia de VIH/SIDA, especializado para atender a la población de una manera cálida y sin discriminación, permitiendo que se hagan e impulsen acciones de prevención, detección y atención en materia de VIH/SIDA de manera gratuita.

Asimismo, se ha implementado el Programa “Por una Infancia en Grande” operado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que busca impulsar las condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o para aquellos que viven con VIH/SIDA, cáncer o diabetes, así como los que sean trillizos, cuatrillizos o más y se encuentren en situación de pobreza multidimensional o alimentaria.

Como legisladores, debemos sumarnos a las acciones para prevenir el crecimiento de esta enfermedad crónica degenerativa, que afecta a una gran cantidad de personas de cualquier edad y género.

Por ello, el Partido Verde ha propuesto desde 2008 diversas iniciativas para impulsar la información, prevención, educación, diagnóstico, atención médica, investigación, vigilancia epidemiológica y medidas de control referentes al VIH/SIDA y las Infecciones de Transmisión Sexual.

En el contexto del Día Mundial del SIDA, nos comprometemos a seguir trabajando en la promoción de mejores políticas públicas que permitan actuar contra el VIH/SIDA en diversos frentes, incluyendo reducir al mínimo posible los contagios, garantizar la atención integral de las personas que viven con VIH, y continuar apoyando la investigación científica para encontrar una cura definitiva contra este padecimiento.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 UNAIDS. 2016. AIDS by the numbers http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/AIDS-by-the-numbers-2016_en.pdf




 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, sobre el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de las Personas con Discapacidades

La proclamación de este día tuvo su origen en la culminación del Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (1983-1992), cuyo propósito fue cumplir con el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1982.

Este 2016 está encaminado a promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) necesarios para alcanzar el futuro que queremos, y destacar el papel que desempeñan estos objetivos recién establecidos en la construcción de un mundo más inclusivo e igualitario para las personas con discapacidad.

La relación entre discapacidad y pobreza es de dos vías: la discapacidad aumenta las condiciones de riesgo de pobreza y la pobreza aumenta las condiciones de riesgo de discapacidad.1

Según datos arrojados por el último Censo de Población y vivienda del INEGI, en México los niños con discapacidades cognitivas y de comunicación son quienes menos acceden a la educación.

De acuerdo con estas mismas estadísticas recogidas en 2010 60.5% de la población con discapacidad intelectual de entre seis y 14 años no sabe leer y escribir. El porcentaje se acentúa más en el caso de las mujeres, quienes presentan un analfabetismo más alto que los hombres, esto es 28.5 frente a 20.8%, respectivamente.2

Esta situación evidencía la necesidad de construir escenarios educativos inclusivos, a fin de lograr la integración de la población con discapacidad a las escuelas, y herramientas de enseñanza para asegurar su permanencia y desarrollo de sus capacidades potenciales que le permitan tener una vida plena.

Las personas con discapacidad forman parte de un grupo poblacional que enfrenta múltiples complicaciones para acceder y permanecer al sistema educativo y por ende, al empleo lo que perpetua las condiciones de desigualdad.

Es muy importante que en esta fecha se refuercen las acciones encaminadas a incluir a las mujeres con discapacidad pues como lo establece el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad: "Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales" y que "tomarán todas la medidas pertinentes".

En particular es necesario considerar que las mujeres con discapacidad viven situaciones de mayor riesgo de abuso y explotación en ese sentido la misma convención, insta a los estados a adoptar "formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad (...) incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso".

Los retos son enormes, pero valga esta fecha para hacer conciencia y reforzar las acciones encaminadas a promover una verdadera inclusión de este sector, en concordancia con los objetivos establecidos en la Agenda 2030.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Ewan, A.  Poverty and Disability, 1994. En: El reto de la inclusión y atención integral de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el Distrito Federal En línea en:
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_reto_inclusion_estudio_discapacidad.pdf

2 El Economista: En México, 60% de niños con discapacidad no sabe leer, 21 de Marzo del 2016 ( Consultado el 26 de Noviembre del 2016) En line en:
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/03/21/mexico-60-ninos-discapacidad-no-sabe-leer





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Acción contra el SIDA”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de la Acción contra el SIDA

"Detrás del SIDA hay una vida... No la discrimines."
Gerson Becerra

Oficialmente el 1° de diciembre 1981, fue detectado el primer caso de VIH/SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) y desde entonces ha cobrado la vida de millones de personas, muy a pesar de los esfuerzos de los gobiernos y los organismos internacionales.

Y es que el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), representa las etapas más avanzadas de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Este virus infecta las células del sistema inmunitario y las destruye o trastorna su funcionamiento, lo que acarrea el deterioro progresivo de dicho sistema y acaba produciendo una deficiencia inmunitaria. La pandemia por este mal, deviene de la difusión del virus alrededor del mundo.

Por ello, luchar contra la enfermedad ha sido un trabajo arduo en todo el planeta, en el que no obstante los reconocidos avances en su tratamiento, a la fecha sigue constituyendo una condena de muerte.

En mérito de los esfuerzos contra el SIDA, en 1988 la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que esa fecha, el 1 de diciembre, se declarase Día Mundial del Sida ydesde entonces han seguido la iniciativa gobiernos, organizaciones internacionales y de caridad de todo el mundo.

Después de le cambio la denominación a la conmemoración por la del “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA” y finalmente, en el año 2011, ONUSIDA decidió cambiar el nombre por el de “Día Internacional de la Acción contra el SIDA”, por considerar que la palabra “lucha” tiene una connotación belicista.

Es por eso que esta conmemoración tiene lugar el 1 de diciembre de cada año, y se dedica a la reflexión sobre la problemática de este mal y a dar a conocer los avances contra la pandemia causada por la extensión de la infección del VIH, que entonces ha matado a más de 35 millones de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la Historia.

Destructiva física y mentalmente, pues es común que la persona que lo contrae piense que su vida ya no tiene sentido y significar una carga para su familia y alimentar sus sentimientos de duelo. En esa situación, la persona afectada puede sentir ansiedad, depresión, agresión, y rehuir a todo contacto humano, así como no querer escuchar razones por miedo a la muerte. Por si esto fuera poco, llegan a padecer la discriminación de los demás.

Definitivamente el desterrar esta enfermedad del planeta es una prioridad, se ha avanzado en ello, pero se requiere la participación y prevención de todos, el tomar conciencia, solidarizarnos, apoyar y comprender a nuestros prójimos enfermos y algo muy importante, suprimir toda discriminación en su contra.

Para tomar conciencia de ello, fue que se eligió el lazo o cinta en color rojo para simbolizar mundialmente la solidaridad hacia las personas VIH positivas y de aquellas que conviven con el SIDA; y aumentar la conciencia en la prevención y tratamiento.

A la fecha, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 15 millones de personas tienen acceso a tratamiento; las nuevas infecciones se han reducido un 35% desde el año 2000 y las muertes por esta enfermedad en un 42% desde 2004, año en el que alcanzaron su punto más alto.

Se estima que durante el año pasado murieron 1.1 millones de personas a causa de enfermedades asociadas al SIDA, 2,1 millones la adquirieron, mientras que 36 millones viven con esta enfermedad.

El mundo está adoptando la estrategia de Respuesta Rápida para poner fin al SIDA. Para erradicar esta epidemia hacia el 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Por ello, en el marco del “Día Internacional de la Acción contra el SIDA”, un reconocimiento, solidaridad y apoyo a las personas con SIDA, un homenaje a la memoria de quienes han perdido la vida por esta enfermedad, y un exhorto general para que todos tomemos conciencia de la gravedad del problema y de la importancia de educar para la prevención y el destierro de todo sesgo de discriminación para quienes la padecen.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de la lucha contra los trastornos alimenticios
30 de noviembre

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Los trastornos de alimentación han existido siempre y hay descripciones de ellos en muchos relatos de la historia. El origen del síndrome en estos trastornos del comportamiento alimentario está relacionado con la biografía personal, el contexto familiar, los acontecimientos vitales y las presiones socioculturales. Los trastornos alimenticios son enfermedades que tienen mucho que ver con la imagen y percepción de uno mismo. Las más conocidas son la anorexia y bulimia, pero en la actualidad se han encontrado muchas más enfermedades derivadas de estas.

La bulimia y la anorexia son trastornos cuya base se encuentra en alteraciones psicológicas que puede llegar a tener graves repercusiones biológicas y fisiológicas.

Desde la ausencia de menstruación, caída del pelo, sequedad en la piel, alteraciones gastrointestinales o complicaciones endocrinológicas, hasta serios problemas cardiovasculares y renales.

En la actualidad muchos medios de comunicación y la cultura hace que nosotros obedezcamos un mensaje, el de estar delgados/as, la imagen como sinónimo de éxito, auto control y eso lleva a que muchos lleven a cabo dietas, que si no se controlan sin un profesional al lado lleven a un trastorno en la alimentación.

La anorexia y la bulimia son patologías psiquiátricamente muy graves que pueden llevar hasta la muerte. La anorexia es el producto de la no ingesta de alimentos por el miedo a engordar a pesar de que el peso este por debajo de los índices normales.

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son alteraciones del comportamiento en relación con los alimentos en lo que respecta a su elección, ingestión, eliminación y sus conexiones con el peso y el cuerpo.

En cualquiera de estos aspectos se manifiestan cambios que pueden condicionar gravemente la vida personal, familiar y social de quienes se rigen por la idea de ser delgados.

México se encuentra en emergencia sanitaria no sólo por la diabetes sino por los trastornos alimenticios, se estima que cada año se presentan 350 mil nuevos casos de anorexia o bulimia, en 15% de ellos, el enfermo muere. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud”.

El 2 de diciembre de cada año ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas como “Día Internacional para la abolición de la esclavitud”, fecha que se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como son:

• la trata de personas,

• la explotación sexual,

• el trabajo infantil,

• el matrimonio forzado,

• el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados.

Actualmente, 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta Organización busca lograr la equidad y el respeto a los derechos humanos a través de la justicia social y la protección de los derechos laborales, impulsa la creación de más y mejores oportunidades de empleo y la mejora de las condiciones laborales en el mundo. La OIT, recientemente adoptó un nuevo Protocolo jurídicamente vinculante, con el fin de fortalecer los esfuerzos a nivel mundial para eliminar el trabajo forzoso.1

En este mismo contexto, la trata de personas puede considerarse una forma moderna de esclavitud, o una forma de comercio de seres humanos, ya que el tratante engancha a una o varias personas bajo engaño con el fin de explotarlas por sí mismo o por terceras personas.

Este problema ocurre a nivel global y es uno de los delitos más impactantes, ya que indigna a millones de personas en todo el mundo, acabando con lo más preciado que tienen, valorándolos como meros objetos.

Para atender el problema de la trata de personas en México, se cuenta con la “Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”, que se encuentra vigente desde 2012, y tiene por objeto establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales.

A pesar de que esta Ley representa un gran avance, diversos organismos han señalado que México, al ser un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, continúa siendo vulnerable a que mujeres, niñas, niños y adolescentes estén expuestos a ser víctimas de la trata de personas, en especial con fines de explotación sexual y laboral.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual en México oscila entre 16 mil y 20 mil. Otros estudios calculan que la cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual asciende a 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país.2

Por ello, los Senadores del Partido Verde, nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional para la abolición de la esclavitud, con el fin de promover los principios de libertad, igualdad, dignidad, de los derechos de las personas que acompañan al desarrollo y la paz, rechazando todo tipo de delitos que afecten la libertad de nuestra población.

Asimismo, continuaremos apoyando el trabajo legislativo encaminado a erradicar todas las formas contemporáneas de esclavitud, el racismo, la discriminación, la exclusión y de otros factores que impiden la construcción de un verdadero proceso de paz en México.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Naciones Unidas, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
http://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/

2 Al día las cifras hablan No. 58 “Día Mundial contra la Trata de Personas” Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

"La discapacidad limita al ser humano
abriéndole un nuevo universo de posibilidades." 
Ítalo Violo (Hombre que un accidente vial lo dejó en estado de cuadriplejia
en abril de 1999)

De acuerdo a la “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, la discapacidades aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad.

Se estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen algún impedimento que los coloca en tal situación, de los cuales, 150 millones son niños.

Ceguera, sordera, autismo, impedimentos ortopédicos, problemas emocionales serios, problemas del aprendizaje, impedimentos del habla, lesiones cerebrales traumáticas y otros impedimentos de salud, son las causas más comunes generar situación de discapacidad. Condiciones que no requieren mayor explicación para comprender que las inclemencias a las que se enfrentan las personas con alguna discapacidad son innumerables, pues se encuentran con obstáculos que dificultan la posibilidad de educación o de desarrollo profesional, exclusión de la vida cultural y las relaciones sociales normales, en ocasiones se les ingresa innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas.

Ese tipo de sufrimiento llega a generar que se sientan rechazados por la sociedad, cuando en su lugar debieran ser admirados por su esfuerzo, dedicación y alta autoestima para poder seguir adelante y superarse como, y a veces a pesar de los demás; haciendo ver que son capaces de triunfar.

En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que destacaran la celebración del Día, con miras a fomentar una mayor integración en la sociedad.

Así, desde ese año, el día 3 de diciembre tiene por objeto ayudar y entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con alguna y los beneficios que se derivarían de la integración de estas personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades. Es una buena oportunidad para recordar que todos debemos participar en lograr las mejores condiciones de inclusión, que además de evitar cualquier sensación de rechazo o discriminación, permitan a la sociedad la oportunidad de aprovechar el potencial de nuestras personas con alguna discapacidad.

Los derechos humanos son universales, nos pertenecen a todos, por lo que el marco de la conmemoración del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, este 3 de diciembre, mi más sincero reconocimiento a todas aquellas personas con alguna discapacidad; al esfuerzo, dedicación, fuerza y carácter que muestran para salir adelante y llevar una vida plena, que les permita gozar de sus derechos y libertades fundamentales en términos iguales que el resto de la sociedad, sin discriminación de ningún tipo; como también, un llamado a la reflexión para que todos contribuyamos y les permitamos el disfrute de sus derechos, fortaleciendo los particularmente ligados a su status.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del No Uso de Plaguicidas”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial del no uso de plaguicidas”
3 de diciembre

Los plaguicidas permiten controlar la proliferación de plagas y enfermedades de los cultivos y del ganado, así como reducir o evitar las perdidas en la producción de alimentos y contribuir al control de los vectores de diversas enfermedades. Sin embargo, su aplicación indiscriminada y sin control puede ocasionar daños al ambiente; por ejemplo, el deterioro de la flora y la fauna silvestres, la contaminación del suelo, los mantos freáticos, las aguas continentales y costeras, y problemas como la eutrofización1. Aunado a esto, el uso y manejo incorrecto de los plaguicidas es peligroso para el hombre, lo cual se puede manifestar por intoxicaciones de grado diverso y por efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como carcinogénesis, teratogénesis, esterilidad y mutagénesis, entre otros2.

Con fines de registro sanitario, el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos clasifica a los plaguicidas de la siguiente manera: Químicos, los cuales se dividen en dos: técnicos y formulados para uso agrícola, doméstico, forestal, industrial, jardinería, pecuario, urbano; Bioquímicos, que se dividen en semioquímicos o infoquímicos, y estos a su vez se dividen en feromonas y aleloquímicos,  que se dividen en alomonas y kairomonas; Microbiales, los cuales se dividen en bacterias, hongos, virus, nemátodos y protozoarios; Botánicos y Misceláneos3.

El 3 de diciembre se estableció como “El Día Mundial del No uso de Plaguicidas”, en conmemoración a la catástrofe de Bophal, India, ocurrida en 1984, donde una fuga de 27 toneladas del gas tóxico metilisocianato, utilizado en la elaboración de un plaguicida de la Corporación Unión Carbide, ocasionó la muerte de más de 16,000 personas4. Esta fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas, PAN (Pesticide Action Network) Internacional por sus siglas en ingles.

Este y muchos otros accidentes graves han ocurrido y siguen ocurriendo en el mundo desde que se impuso la agricultura de monocultivos con uso intensivo de agroquímicos, la cual es causa de una creciente contaminación y daño ambiental, además de graves desequilibrios en los ecosistemas5.

Aunado a esto, actualmente se están introduciendo las semillas transgénicas o modificadas por ingeniería genética, tolerantes a la acción de herbicidas o de insecticidas. Estos cultivos transgénicos inducen un mayor uso de insecticidas, herbicidas y fungicidas químicos. Por consiguiente, contribuyen cada vez más al aumento dramático de intoxicaciones y muertes en el campo, a la destrucción de la biodiversidad y a la contaminación ambiental y de los alimentos6.

En México, la Asociación Mexicana de Fabricantes de Plaguicidas y Fertilizantes afirmó que  en el año 1955 se consumían alrededor de 55 mil toneladas anuales de plaguicidas y, en 2008, la SEMARNAT calculó que se usaban unas 93 mil toneladas por año7.Según los datos disponibles, las regiones con mayor uso de plaguicidas son: Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Tabasco, el Estado de México, Puebla y Oaxaca. Se calcula que en ellas se aplica 80% del total de plaguicidas usados en el país. SEMARNAT indica que actualmente los plaguicidas de mayor uso son los herbicidas, los cuales ocupan los lugares 1, 2, 4 y 7 de los 9 plaguicidas de mayor venta. Entre los insecticidas, los más usados son los organofosforados, en especial, parafinómetíaico, metamidofós y malatión8.

En las zonas noroeste y centro (Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, Guanajuato y Jalisco) se consumen cantidades importantes de plaguicidas de todo tipo para producir granos y una gran variedad de hortalizas de exportación como tomate, cucúrbitaceas y chile. En las zonas cañeras se aplican grandes cantidades de herbicidas e insecticidas; las zonas de plátano consumen principalmente fungicidas; para el maíz se aplican sobre todo herbicidas y, en la zona de Villa Guerrero, estado de México, se utilizan cantidades importantes de diversos plaguicidas para la producción de flores de ornato9.

La Soberanía Alimentaria no sólo tiene que ver con la decisión de cada país y cada comunidad sobre qué producir de acuerdo con su cultura, con el derecho a la tierra, al agua y a las propias semillas, sino también con el cómo producir, con el respeto a los derechos humanos fundamentales individuales y colectivos, con el derecho a la vida, al ambiente sano y a una alimentación sana y adecuada10.

La alternativa viable es la agricultura basada en prácticas ecológicas y ancestrales, que requiere menos consumo de agua y energía y no usa agroquímicos, entre otras ventajas. Es una alternativa real para satisfacer las necesidades de alimentación a nivel global sin necesidad de convertir hábitats naturales a la agricultura y ofrece a pequeños productores y productoras una opción de producción, no solo de alimentos sino de cultura y vida digna. Por tanto, es la mejor garantía para alcanzar la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Plaguicidas y Fertilizantes. COFEPRIS. Consultado en línea:
http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Plaguicidas%20y%20Fertilizantes/PlaguicidasYFertilizantes.aspx

2 Plaguicidas y Fertilizantes. COFEPRIS. Consultado en línea:
http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Plaguicidas%20y%20Fertilizantes/PlaguicidasYFertilizantes.aspx

3 Plaguicidas y Fertilizantes. COFEPRIS. Consultado en línea:
http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Plaguicidas%20y%20Fertilizantes/PlaguicidasYFertilizantes.aspx

4 Día Mundial del NO uso de Plaguicidas. (2013). CITIVER. Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. Consultado en línea: http://web.ssaver.gob.mx/citver/files/2013/09/D%C3%ADa-Mundial-del-NO-uso-de-Plaguicidas.pdf

5 Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. SERNAPAM. Consultado en línea:
http://sernapam.tabasco.gob.mx/content/d%C3%ADa-mundial-del-no-uso-de-plaguicidas

6 Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. SERNAPAM. Consultado en línea:
http://sernapam.tabasco.gob.mx/content/d%C3%ADa-mundial-del-no-uso-de-plaguicidas

7 América Albert, Lilia. (2015). Panorama de los plaguicidas en México. Vía Orgánica. Consultado en línea:
http://viaorganica.org/panorama-de-los-plaguicidas-en-mexico/

8 América Albert, Lilia. (2015). Panorama de los plaguicidas en México. Vía Orgánica. Consultado en línea:
http://viaorganica.org/panorama-de-los-plaguicidas-en-mexico/

9 América Albert, Lilia. (2015). Panorama de los plaguicidas en México. Vía Orgánica. Consultado en línea: http://viaorganica.org/panorama-de-los-plaguicidas-en-mexico/

10 Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. SERNAPAM. Consultado en línea:
http://sernapam.tabasco.gob.mx/content/d%C3%ADa-mundial-del-no-uso-de-plaguicidas





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Las discapacidades son una condición de vida que puede afectar al individuo física o mentalmente, desde el nacimiento o surgir en determinado momento de su vida. En la actualidad aproximadamente mil millones de personas en el mundo, sufren algún tipo de discapacidad, constituyendo la “minoría más amplia del mundo”, de las cuales la mayor parte se encuentra en países en vías de desarrollo.

De acuerdo a cifras de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país 5.7 millones de personas, padecen algún tipo de discapacidad, representando 5.1% de la población total. De las cuales caminar y moverse, representa la discapacidad con el porcentaje más alto en la población mexicana.

Con el fin de crear conciencia en las cuestiones relacionadas con la discapacidad, sus limitaciones, los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que se derivan de la integración de este sector de la población en la vida política, social, económica y cultural; se conmemora el 3 de diciembre de cada año el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.

Es importante señalar que de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el Término “discapacitado”, es considerado discriminatorio. Siendo el término correcto al dirigirse a este sector de la población como Persona con Discapacidad; siempre anteponiendo a la persona y después la condición de discapacidad.

En este sentido el 13 de diciembre de 2006, fue aprobada la “Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y su Protocolo Facultativo, en Nueva York. Concibiéndose como un instrumento de derechos humanos con una dimensión de desarrollo social, que señala un cambio paradigmático para las personas con esta condición.

Así mismo está Convención, implementa una amplia clasificación de las personas con discapacidad, a través de ocho principios rectores. Mismos que abogan que no importando el tipo de discapacidad, las personas gocen de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inherentes al ser humano; siendo estos principios:

1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

2. La no discriminación;

3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

5. La igualdad de oportunidades;

6. La accesibilidad;

7. La igualdad entre el hombre y la mujer;

8. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

En este contexto, el Gobierno Federal ha integrado como política pública “El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad2014 - 2018”. Teniendo como objetivos de este programa:

1. Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de la administración pública.

2. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud así como a la atención de salud especializada.

3. Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo de las personas con discapacidad.

4. Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, la cultura, el deporte y el turismo.

5. Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad.

6. Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de las personas con discapacidad.

En el mismo sentido, desde 2011, en la legislación federal de nuestro país se cuenta con la “Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, la cual tiene por objeto establecer las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, en el marco del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A nivel estatal, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que viven en el Estado de México, se cuenta con los siguientes programas:

• Programa “Despensa Alimenticia en Grande con la Discapacidad”, que tiene como objetivo mejorar las condiciones alimentarias de las personas con discapacidad permanente de escasos recursos económicos, a través de la entrega bimestral de una despensa.

• Programa “Otorgamiento de Ayudas Funcionales a Personas con Discapacidad”, el cual tiene como objetivo contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población con discapacidad temporal o permanente, mediante acciones de prevención, rehabilitación e integración social. Mediante apoyos funcionales o especiales, que les permita tener una mejor integración a sus actividades en la sociedad.

Los Senadores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, promoviendo acciones en beneficio de las personas con discapacidad, para que no sean víctimas de ningún tipo de discriminación o violencia, generando así que puedan tener una mejor calidad en su salud y una justa inclusión en la sociedad.

Continuaremos dando seguimiento a las acciones del Ejecutivo Federaly los gobiernos estatales, para contribuir a la aplicación oportuna de los programas de apoyo a favor de esté importante grupo de la población.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de las Personas sin Hogar”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial de las Personas sin Hogar
28 de noviembre

“Para el hombre, como para el pájaro, el mundo ofrece muchos sitios donde posarse, pero nidos solamente uno: su hogar.”
Oliver Wendell Holmes (1809-1894)
Médico, escritor y poeta estadounidense

Sin duda, uno de los anhelos de todas las personas, a veces hasta sin meditarlo, es contar con una familia y un hogar que sirva de refugio y sede de la misma.

Reflexión que me viene a la mente, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de las Personas sin Hogar”, el 28 de noviembre, pues lamentablemente, según cifras de la Organización Mundial de Naciones Unidas (ONU),  en el mundo hay más de cien millones de personas “sin hogar”, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 70 seres humanos no cuenta con el cobijo de una vivienda.

Son muchos los términos para este caso: Persona sin hogar, sin techo, indigente, o persona en situación de calle. Lo cierto es que se trata de personas que carecen de un lugar permanente para residir y se ven obligadas a vivir a la intemperie, ya sea en la calle, en los portales de las fincas o temporalmente en albergues.

Se considera el nivel máximo de exclusión y marginación que puede existir en una sociedad moderna.

Las causas pueden ser muy variadas. Algunos autores las sintetizan o relacionan con el rompimiento de lazos familiares, personales, laborales y sociales, incluso, de adicciones y enfermedades o trastornos físicos y mentales.

También es cierto, que las personas en situación de calle requieren de una atención muy especial, del apoyo que, de inicio, rompa con la indiferencia que sufre este sector de la población, además de canalizarlo a las instancias, instituciones y organizaciones que trabajen en programas que puedan brindarles apoyo para salir adelante y superar una de las situaciones de vida más deprimentes y lastimosas en las que se puede situar una persona.

Por ello, en el marco de este día 28 de noviembre, “Día Mundial de las Personas sin Hogar”, una día propicio para reflexionar sobre la importante de sacar de la invisibilidad social a las personas en este tipo de desgracia, de finalizar la indiferencia que más les victimiza, para en su lugar, impulsar los programas que en realidad puedan aportarles para su reinserción, para la recuperación de su autoestima, su salud, a integrarse al sector laboral y en base a ello, dejen de ser parte de las estadísticas “sin hogar”, de los números “sin techo”.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA”.

EFEMÉRIDE

Con motivo del Día Mundial de la lucha contra el SIDA,
observado el 1º de diciembre.

La salud es el bien jurídico más precisado que tenemos y la prevención es la principal herramienta para conservarla. En observancia a esta premisa, conmemoramos el Día Mundial de la lucha contra el SIDA, el cual fue instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es observado el 1º de diciembre de cada año desde 1998.

Este día constituye la oportunidad para generar conciencia, educar y mejorar la comprensión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), como un problema de salud pública mundial. Además, este espacio surgió con el objetivo de recordar a las personas que han fallecido a causa de este padecimiento y reconocer los avances alcanzados en materia de prevención y tratamiento.

Este año se eligió como tema central: "Acepta el reto, terminemos con el Sida". Para ello, es crucial que los gobiernos, los proveedores de servicios de salud, los organismos de cooperación, la sociedad civil, las personas viviendo con VIH, las poblaciones clave y otros interesados directos en esta lucha deben trabajar conjuntamente e intensificar la respuesta al VIH.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el período previo al Día Mundial del Sida 2016 y a través de la campaña “Levantemos las manos por la #prevenciónVIH”, indicó que se explorarán diferentes aspectos de la prevención del VIH y cómo afectan a determinados grupos, como las adolescentes y mujeres jóvenes, las poblaciones clave y las personas que viven con el VIH.

Para comprender la trascendencia del día, es oportuno mencionar que de acuerdo con la OMS, el VIH ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de vigilancia y defensa contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. Conforme el virus destruye las células inmunitarias y altera su función, la persona infectada se va volviendo gradualmente inmunodeficiente.

El propio organismo internacional señala que la inmunodeficiencia implica una mayor sensibilidad a muy diversas infecciones y enfermedades. Por otro lado, la fase más avanzada de la infección por el VIH, conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, puede tardar entre 2 y 15 años en manifestarse.

No obstante, en las primeras semanas siguientes al contagio, puede haber una afección de tipo gripal, con fiebre, cefalea, erupción o dolor de garganta. Conforme pasa el tiempo y se va debilitando el sistema inmunitario, puede haber inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que el SIDA se define por la aparición de ciertos tipos de cáncer, infecciones u otras manifestaciones clínicas graves, de ahí la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y atención.

Los retos son mayúsculos, prueba de ello es que según información de la OMS, al menos 40% de los portadores de VIH (lo que representa alrededor de 14 millones de personas a nivel mundial), desconoce su condición y, más de 18 millones de personas seropositivos carecen de acceso a medicamentos antirretrovirales, siendo las zonas de África central y occidental las más afectadas.

El propio organismo internacional refiere que en los últimos años, las personas que conocen su estado de VIH han pasado de 12 a 40% a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, una de cada tres personas que viven con VIH en América Latina y el Caribe, no sabe que lo tiene. 

La ONU señala que en 2015, en todo el mundo había 36,7 millones de personas que vivían con VIH. Por otro lado, indica que a enero de 2016, alrededor de 18,2 millones tuvieron acceso a medicamentos destinados a salvar vidas, entre ellas 910 mil niños, cifra que duplica lo alcanzado hace cinco años.

En México, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA), estima que 180 mil personas de todas las edades tienen el VIH (de las cuales, cerca de la mitad podrían no saberlo). El propio CENSIDA, en su Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el sida en México, 2016, refiere que la epidemia del VIH en México es predominantemente transmitida por vía sexual, siendo la causante de 95% de los casos acumulados de VIH y Sida y 98% en los casos de VIH y sida diagnosticados y reportados del 2014.

Las cifras son contundentes y dejan de manifiesto grandes retos. Si bien es cierto que se han alcanzado importantes avances en la materia, también lo es que aún resulta necesario redoblar esfuerzos para prevenir el surgimiento de nuevos casos y brindar atención adecuada a las personas que lo padecen. En consecuencia, en el Grupo Parlamentario del PRI, nos pronunciamos a favor de fomentar y fortalecer las medidas pertinentes para combatir esta terrible enfermedad, haciendo de la prevención y el acceso a información nuestras principales herramientas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de noviembre de 2016.

Atentamente.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 6 de diciembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:24 horas)

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