Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 13 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 23



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Noviembre de 2016

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:51 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 80 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del martes 8 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL VIERNES
CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las diez horas con cincuenta y siete minutos del día viernes cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del tres de noviembre de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión del Distrito Federal, su Informe Anual de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, y su Programa Anual de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Juventud y Deporte, su informe de actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, su Plan Anual de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Carmen Dorantes Martínez, su informe de actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso m) y se adiciona un inciso n) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establecen las acciones para dar cumplimiento al Decreto que reforma el Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el jueves 3 de noviembre las Cámaras del Congreso concluyeron el proceso legislativo de la reforma al Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008 y que fue publicado el 3 de noviembre; en esa virtud, los integrantes de la Mesa Directiva suscribieron un Acuerdo por el que se establecen las acciones necesarias para dar cumplimiento al Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias del Decreto del 1 de julio de 2008. Las acciones que se proponen en el Acuerdo son: 1) Emitir una declaración para la aplicación del Decreto y 2) Toma de protesta para el desempeño de cada uno de los cargos de los magistrados con su nueva duración. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó su publicación en la Gaceta del Senado y su remisión al Diario Oficial de la Federación, para su publicación.

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitió la declaración de la Cámara de Senadores que da cumplimiento al Decreto que reforma el Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que de Acuerdo a las disposiciones del Decreto y a la elección que en su momento realizó el pleno de Senado, los ciudadanos José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales, desempeñarán su encargo para el período que inicia el 4 de noviembre de 2016 y concluye el 31 de octubre de 2023, y los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, desempeñarán su encargo para el período que inicia el 4 de noviembre de 2016 y concluye el 31 de octubre de 2024. Los magistrados rindieron su protesta de ley.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.- Para presentar el dictamen, hicieron uso de la palabra los Senadores: Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia; y Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. El Presidente de la Mesa Directiva informó que las Comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuestas de modificación al dictamen, la Asamblea autorizó integrar las propuestas al proyecto de Decreto para su discusión.La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza intervino para presentar voto particular. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Armando Ríos Piter, de su voto particular, se integraría al Diario de los Debates. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Benjamín Robles Montoya del PRD, en contra; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, en contra; Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, en contra; Dolores Padierna Luna del PRD, a favor; Martha Angélica Tagle Martínez, en contra; Miguel Romo Medina del PRI, a favor; Armando Ríos Piter del PRD, en contra; Lucero Saldaña Pérez del PRI, a favor; Héctor David Flores Ávalos del PAN, a favor; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; y Cristina Díaz Salazar del PRI, para rectificación de hechos. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones de los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, Francisco Salvador López Brito, Raúl Morón Orozco, Marcela Torres Peimbert, Jesús Casillas Romero, Hilda Flores Escalera y María Elena Barrera Tapia, se integrarían al Diario de los Debates. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. El Presidente de la Mesa Directiva informó de las reservas de los Senadores: Silvia Guadalupe Garza Galván y Luisa María Calderón Hinojosa, a los artículos 1, 8, 39 Bis, 67 y 68; Zoé Robledo Aburto, a los artículos 6 y 7; y Ma. del Pilar Ortega Martínez, a los artículos 8, 39 Bis, 67 y 166. El proyecto de Decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por 78 votos a favor y 9 en contra. La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, presentó las reservas a los artículos 1, 8, 39 Bis, 67 y 68 del proyecto de Decreto, las cuales no se admitieron a discusión. El Senador Zoé Robledo Aburto, presentó sus reservas a los artículos 6 y 7 del proyecto de Decreto, las cuales no se admitieron a discusión. Las reservas de la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, a los artículos 8, 39 Bis, 67 y 166, no se admitieron a discusión. Los artículos 1, 6, 7, 8, 39 Bis, 67, 68 y 166 del proyecto de Decreto, fueron aprobados en los términos del dictamen, por 75 votos a favor y 7 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados.- Se instruyó su publicación en la Gaceta.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 46 BIS a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 3 y se adiciona el Capítulo Quinto de la Ley de Energía para el Campo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo 20, fracción VII del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el quinto párrafo del artículo 239 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción XIV del artículo 34 y adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la     Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a intensificar las medidas y acciones para preservar la original y loable finalidad del denominado “El Buen Fin”.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Senadores Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México a regular el acceso a la estación Tláhuac de la Línea 12, en las inmediaciones de la Av. San Rafael Atlixco.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Benjamín Robles   Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo  Rural, Pesca y Alimentación a implementar un programa de emergencia productivo y de empleo en la subregión petrolera del sur sureste.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo en relación al Día Mundial de las Ciudades.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña de difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la televisión abierta y la televisión de paga.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir la información correspondiente a un derrame de diésel en la carretera Ures-Mazocahui, en el municipio de Ures, Sonora.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Chiapas, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Educación para Adultos a impulsar el destino del gasto público, a gasto de capital y no a gasto corriente para mejorar las condiciones de educación en dicho estado, proporcionando mayor infraestructura con el fin de incrementar el patrimonio público en materia educativa.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que realice un estudio comparativo entre las diversas tecnologías para la elaboración de bolsas de plástico e inicie el procedimiento para la emisión de las normas oficiales mexicanas sobre los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar el apoyo necesario a fin de mitigar la situación financiera de los municipios veracruzanos, agravada por la retención injustificada de los fondos federales a éstos dirigidos, por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para que los ganaderos del estado de Coahuila eleven su estatus zoosanitario.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en materia de detección oportuna de cáncer infantil.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de la República a considerar la implementación de infraestructura que permita el uso de bicicletas, como son los sistemas de bicicletas públicas, redes de ciclovías y biciestacionamientos; y a realizar campañas informativas sobre normas de conducción segura.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz a que, de manera inmediata, entregue las participaciones federales indebidamente retenidas a los ayuntamientos de la entidad, que ascienden aproximadamente a más de 6 mil millones de pesos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público los resolutivos primero y segundo; y a la Comisión de Justicia el tercero de ellos.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en materia de especialización en pediatría oncológica para el combate al cáncer infantil.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de la República de Italia por el reciente terremoto sucedido en el centro del país, que tuvo como saldo diversas personas heridas y daños materiales.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en materia de un Acuerdo nacional entre los tres poderes para dar atención al 100% de los niños enfermos de cáncer.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del “Día Internacional para la Tolerancia”, a celebrarse el 16 de noviembre, impulsen campañas de información, promoción y concientización de la tolerancia como valor fundamental para el reconocimiento, protección y respeto de los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo para fortalecer el programa de acción específico "Cáncer en la infancia y la adolescencia 2013-2018".- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo un informe integral en el que detallen las acciones que se han implementado luego de que el pasado mes de junio se emitiera la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 14 municipios de la entidad.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a evitar el recorte presupuestal a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en materia de mejorar la infraestructura para la atención del cáncer infantil.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a presentar un informe pormenorizado sobre las presuntas omisiones del partido Morena en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y, en su caso, dé cuenta de las acciones administrativas iniciadas conforme a la normatividad aplicable.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una mayor partida presupuestal a la FEPADE, con el fin de mejorar la impartición de justicia en materia electoral en el país.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Justicia del Senado el segundo.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a instrumentar los programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a identificar, sancionar y prevenir diversas irregularidades como la venta de plazas, el nepotismo, el tráfico de influencias y los denominados “aviadores” en el sector educativo, ante los presuntos casos de esta naturaleza en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, destine más recursos a los programas y acciones específicas en materia migratoria con el objeto de proporcionar un mayor apoyo a los migrantes en su travesía por el territorio nacional, además de garantizar el respeto, protección y salvaguarda de sus derechos humanos establecidos en nuestra Constitución Política Federal y en los Tratados Internacionales de los que el país es parte.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a cumplir las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteadas en la Recomendación M-01/2016; asimismo, remita un informe respecto al estado físico y humano de los centros penitenciarios en Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a elaborar un instrumento de medición mensual en el cual se proyecten los delitos cometidos en contra de las mujeres; asimismo, exhorta al Gobierno Federal a declarar la Alerta de Violencia de Género en el estado de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la construcción del Salón para el Artesano y Usos Múltiples 1ª Etapa, en el municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la Rehabilitación de Espacios en Unidad Deportiva 1ra. Etapa en el municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, diversos proyectos en materia de infraestructura carretera para el estado de Campeche.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, diversos proyectos en materia de infraestructura portuaria para el estado de Campeche.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, diversos proyectos en materia educativa para el estado de Campeche.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tecolotlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica para el estado de Campeche.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teuchitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de rencarpetamiento de Camino a Tequililla 1ª Etapa en el municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Efemérides)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Ferrocarrilero.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride para referirse al Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con doce minutos y citó a la siguiente el martes ocho de noviembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, por la que hace saber que el 12 de noviembre de 2016, rendirá el informe de sus actividades desarrolladas durante el cuarto año de ejercicio como Senador de la República, en Tepic, Nayarit.








De la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite los informes de sus participaciones en las reuniones de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada el 14 de octubre pasado; y en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, HABITAT III, celebrada del 17 al 20 de octubre de 2016.








De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite su informe de actividades del primer año de ejercicio de la actual Legislatura.








Dos, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, con las que remite los siguientes informes:

Como Presidenta de ParlAmericas, del Encuentro Parlamentario en América Central: “El Camino Electoral de las Candidatas”, realizado en Antigua, Guatemala, del 11 al 13 de septiembre de 2016, y








Como Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; y Secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República, el relativo al evento de alto nivel sobre la entrada en vigor del Acuerdo de París, que tuvo lugar el 21 de septiembre pasado, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.






Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.

Tiene la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, para presentar a nombre propio y de diversos legisladores, una iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley General de Movilidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE MOVILIDAD

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de diversos Senadores)

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Antes de presentar la iniciativa quisiera primero reconocer la labor, el compromiso, el trabajo de mis compañeras integrantes de la Comisión Especial de Movilidad que me honro en presidir: De la Senadora Mariana Gómez del Campo, Secretaria de la comisión; y de la Senadora Luz María Beristain, quien también funge como Secretaria de la Comisión Especial de Movilidad.

Desde luego, agradecer y reconocer el respaldo de mi coordinador parlamentario, del Senador Emilio Gamboa Patrón, quien no tuvo ninguna limitante y siempre estuvo apoyando esta iniciativa que a lo largo de muchos meses, de algunos años ya, hemos venido trabajando, no solamente los legisladores, sino también lo hemos hecho a través de escuchar a diversos organismos de la sociedad civil, a instancias de los gobiernos municipales y estatales.

Y el día de hoy también quiero reconocer el apoyo y el respaldo de más de 65 legisladores, Senadoras y Senadores, que han suscrito esta iniciativa.

Y para iniciar yo quisiera, primero, hacer algún cuestionamiento. ¿Nos hemos puesto a pensar cuánto tiempo invertimos en nuestros traslados, en nuestros desplazamientos, en qué condiciones lo hacemos?

¿Nos hemos puesto a pensar cuánto nos cuesta nuestro transporte, cuánto es lo que pagamos económicamente por nuestros traslados y cuáles son los efectos que le estamos ocasionando al medio ambiente con los mismos?

Seguramente la respuesta todos la sabemos.

Como ustedes saben, yo podría ponerles un ejemplo, represento al estado de Jalisco, vivo en la ciudad de Zapopan, una ciudad con cerca de 350 mil habitantes, en la que algo así como 500 mil vehículos aporta a la zona metropolitana de Guadalajara, en la que hay un registro de más de 1 millón 800 mil vehículos.

Y transitar, por ejemplo, por una avenida del municipio de Zapopan, como Avenida Vallarta, Aviación, como Santa Margarita, Servidor Público, como la propia Avenida Patria, pues puede representar dedicarle entre 40 y 50 minutos en horas pico para recorrer apenas 5 kilómetros; y esas zonas, precisamente a horas pico, pues se generan muchos contaminantes que están haciendo efectos nocivos para las ciudades de nuestro país.

Nada distinto a lo que pasa en cualquier zona urbana del país, nada distinto con lo que ocurre en la Ciudad de México, lo que ocurre en Monterrey, lo que ocurre en Hermosillo o lo que pueda estar pasando en cualquier otra ciudad del país.

Por eso es que estamos permitiéndonos presentar esta iniciativa para, si ustedes a bien lo tienen, pues aprobemos una Ley General de Movilidad, una ley general que pueda sentar las bases para que todas las entidades del país, para que los municipios de México, podamos caminar en el mismo sentido e ir revirtiendo los efectos nocivos de políticas públicas que no han resultado ser las mejores.

Esta ley contempla, en principio, la distribución de competencias y deja muy claro qué le corresponde a la Federación, qué le corresponde a los estados y qué le corresponde a los municipios.

Desde luego, tenemos que partir de la base de los principios de la política nacional de movilidad sustentable, de eso se trata, de la movilidad urbana sustentable, que podamos caminar a traslados más eficientes, que tengamos la posibilidad de hacerlo de manera segura, cómoda, si es necesario no pagar, que no sean tan onerosos y, sobre todo, que no le tengamos que ocasionar daños al medio ambiente.

Por eso, los principios básicos, que son el lenguaje internacional en materia de movilidad, estamos hablando que el espacio público debe ser accesible, la accesibilidad universal, el espacio público incluyente, la intermodalidad, la sustentabilidad, el desarrollo social y económico, la participación ciudadana y la transparencia.

Tres objetivos perseguimos con esta ley:

El primero de ellos, como ya lo mencioné con anterioridad, hacer eficientes nuestros traslados, hacer eficientes nuestros desplazamientos, pero también que lo hagamos sin afectar e ir revirtiendo los efectos nocivos que le hemos ocasionado al medio ambiente.

México ya suscribió compromisos en la COP21 y con esta ley estaremos haciendo parte importante.

Y la tercera tiene que ver con la seguridad vial.

Por eso, primero lo que tenemos que hacer es ponerle orden al espacio público. No es posible que la casa de todos, que es la calle, pueda ser una tierra de nadie, una verdadera jungla en el que pareciese que quien es poseedor o quien utiliza el vehículo particular, tiene la ventaja y la preferencia por otras modalidades de transporte.

Por eso, ponemos en el centro de la atención y en la prioridad del uso del espacio público, en principio a las personas con discapacidad.

En segundo término, estamos proponiendo que en el espacio público, pues en principio que las personas con discapacidad tendrían que tener prioridad los ciclistas, los peatones, desde luego, los usuarios del transporte público, porque pareciese que a pesar de que la inmensa mayoría de los recursos se invierten para infraestructura, para el vehículo particular, pues es una paradoja que la inmensa mayoría sigue utilizando el transporte público como medio de traslado y no se invierta lo necesario, obviamente por ser personas vulnerables, los usuarios de las bicicletas, las motocicletas, desde luego, tenemos que promover el auto compartido y, finalmente, el vehículo particular.

En esta iniciativa, planteamos como centro de la atención a las personas con discapacidad, porque se debe de garantizar que la accesibilidad al espacio público sea lo suficiente adecuado.

Estamos hablando de infraestructura en banquetas, en rampas, en paraderos, en espacios en el transporte público y que de alguna manera tengamos la posibilidad de hacerlo.

Otro de los aspectos que contempla esta ley, tiene que ver con la seguridad vial. Y para iniciar tenemos que caminar hacia bases uniformes, y una de ellas tiene que ver con las licencias de conducir.

No nos parece adecuado que en algunas entidades federativas los requisitos son mínimos para obtener una licencia de conducir. Estamos hablando que en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, antes de aprobar la Ley de Movilidad en la ciudad, el único requisito que se pedía para obtener una licencia es presentarse con el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, una identificación y en cinco minutos tenía la licencia; sin embargo, en otras entidades exámenes rigurosos, de conocimiento del Reglamento de Tránsito, pericia para poder conducir un vehículo, el estado físico de la vista, el estado físico de las personas, prácticamente complicado.

Lo que estamos planteando, entonces, es establecer como un requisito general en todo el país, que la expedición de licencias tenga por lo menos requisitos uniformes y parecidos.

Habíamos planteado un tema fundamental que es la prevención de accidentes, y lo hemos dicho, que para prevenir accidentes, pues está nada más tener conciencia. La mayoría de los accidentes, en su 95 por ciento se pueden prevenir.

Por eso, en esta ley estamos planteando una nueva cultura de prevención de accidentes, que los ciudadanos que utilizan el vehículo particular tengan la precaución de revisar las condiciones mecánicas del mismo, que respeten las leyes y los reglamentos de tránsito, que no excedan los límites de velocidad, que cuenten con el equipamiento necesario, por ejemplo, para trasladar a menores de edad, las sillas con seguridad; y obviamente lo que estamos planteando es reducir los accidentes, como ya ocurre en la Ciudad de México, como ya ocurre en la ciudad de Guadalajara o como está ocurriendo en el estado de Veracruz, en donde ya se aplican las pruebas de alcoholimetría y que esto ha reducido en más de 30 por ciento los accidentes viales.

Hay que recordar que la primera causa de muerte de los jóvenes entre 11 y 29 años son, precisamente, los accidentes viales, y el 30 por ciento de esos accidentes están relacionados con el consumo de alcohol o de drogas de los conductores.

Por eso es que estamos planteando que estas pruebas, con un esfuerzo importante de las entidades federativas, se puedan aplicar en todas las zonas urbanas del país; obviamente lo que estamos buscando también, y ya lo decíamos, cómo podemos revertir los efectos nocivos al medio ambiente, pues un transporte público sustentable, eficiente, cómodo, seguro y de preferencia con combustibles limpios.

Efectivamente, hemos visto esfuerzos importantes para modernizar los vehículos de transporte público, pero no dejan de ser vehículos que contaminan, y de muestra están estos vehículos articulados con doble espacio, en la que pueden transportar hasta 400 personas, pero que usan diésel que contamina demasiado.

Y hay pruebas, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Guadalajara para fabricar autobuses eléctricos, buscar la forma de regresar al esquema de trolebuses o buscar los esquemas como ya se está haciendo en la Ciudad de México a través del Metro, en Guadalajara el tren eléctrico, o también en Monterrey.

Sin duda, para mejorar la movilidad hay prácticas que han resultado eficientes, exitosas, pero que de manera aislada no están dando los resultados que pudiesen dar si los potencializamos y los promovemos en todo el país, sin duda, el programa de bicicleta pública, aquí en la Ciudad de México ya tiene algunos años, llegaron ya casi a los 50 millones de viajes a través de este sistema de bicicletas en las cuales se pueden usar de manera de préstamo.

En Guadalajara hoy se cumplen dos años, hay estadísticas que llegaron ya prácticamente a los 3 millones de viajes de este sistema de bicicleta pública y que se puede trabajar a través de las entidades federativas, para que este programa pueda estar en todo el país y que tengamos la oportunidad de utilizar el mismo elemento, para poder usar una bicicleta pública en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey o en cualesquiera de las ciudades ,o en Toluca que también ya lo tienen, y que lo podamos usar de manera indistinta en cualquier entidad de la República.

Ya vimos que utilizar la bicicleta, en la no motorizada, ofrece la mayor de las ventajas: desplazamientos rápidos, desplazamientos que generan beneficios a la salud al usar la bicicleta, la infraestructura no es onerosa, es ubicar algunos ciclopuertos, algunas ciclovías, y de manera segura se puede utilizar en traslados cortos de no más de 5 kilómetros, es mucho más eficiente la bicicleta que el vehículo particular, mientras que un vehículo particular en horas pico puede circular entre los 13 y 15 kilómetros, en una bicicleta lo podemos hacer a 17 kilómetros.

Por eso es importante que promovamos, a través de esta ley, este programa a nivel nacional de bici pública.

Otro planteamiento importante, ¿por qué en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿En la zona metropolitana del Valle de México? Sí hay elementos y políticas públicas que buscan que los vehículos emitan la menor cantidad de contaminantes posibles, a través del Programa de Verificación Vehicular, y en otras entidades de la República no los hay.

Estamos planteando que los vehículos no contaminen ni en la Ciudad de México ni en Monterrey, ni en Guadalajara, ni en Mérida, ni en La Paz, ni en Tijuana. Este programa debe de ser generalizado y evitar que los vehículos sigan contaminando y el programa de verificación vehicular ha dado resultados; por eso es importante que en todas las entidades federativas, que en todas las zonas urbanas del país se cuente con este tipo de programas de verificación vehicular, inclusive estamos yendo más.

Si hay algún ciudadano propietario de un vehículo que lleva su vehículo a verificar para saber si contamina, se puede hacer una revisión general del vehículo, a manera de estar conscientes en qué condiciones está para evitar accidentes, cómo está de frenos, cómo está de llantas, en qué condiciones están las luces, sobre todo las de stop, cómo está la dirección y qué pueda tener, quién ya fue a verificar su vehículo, un diagnóstico de las condiciones del vehículo para tomar las previsiones y evitar accidentes.

Sin duda, para que todo esto se haga posible, se hace necesario establecer un sistema nacional de movilidad sustentable, a través de una comisión intergubernamental para la movilidad sustentable, un consejo consultivo para la movilidad sustentable, un sistema de información para la movilidad sustentable y un fondo nacional para la movilidad sustentable.

Inclusive, con estos programas de verificación vehicular se pueden obtener de alguna manera fondos internacionales para seguir impulsando estos temas en materia de movilidad.

Los instrumentos de planeación, obviamente la estrategia nacional, las estrategias nacionales y municipales, el programa nacional y estatal de planeación, con la finalidad que tengan los ciudades, una vez que aprobemos esta ley, si ustedes así lo determinan, pues que tengamos una legislación que nos permita avanzar hacia lograr ciudades más amigables, más seguras, más vivibles.

Que este espacio que es de todos, sea el espacio de convivencia y de uso del espacio público más eficiente.

Que tengamos la oportunidad de hacer ciudadanía, de hacer comunidad y de vivir de mejor manera en nuestras zonas metropolitanas.

Me excedí del tiempo, les agradezco su atención y ojalá, pido la comprensión de las comisiones dictaminadoras, para que aprobemos este instrumento que sin duda habrá de ser de gran beneficio a las ciudades del país.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Jesús Casillas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Movilidad.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los estudiantes y maestros de la Universidad Mundial, Institución de Educación Superior Privada de Baja California Sur, invitados por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.

Agradecemos su visita al Senado de la República, ¡sean ustedes bienvenidos!

Sonido en el escaño del Senador Rabindranath Salazar.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Pues para felicitar por esta iniciativa tan importante, que sin duda contempla elementos fundamentales para tener una mejor salud y un mejor ambiente, felicito al Senador Casillas y, por supuesto, solicito amablemente si me permite suscribirla.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Sonido en el escaño de la Senadora Cuéllar.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Para pedirle al Senador que me dé la oportunidad de suscribirme en esta iniciativa tan importante para el deporte, para la salud de muchas personas, así es que te felicito amigo, y me suscribo, si me lo permites.

Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Para el mismo efecto la Senadora Barrera Tapia, Senador Priego Calva, Senadora Pilar Ortega, Senador Luis Sánchez, Senador Morón Orozco, solicito a Servicios Parlamentarios recaben las firmas de quienes lo están solicitando.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar a nombre propio y del Senador Fernando Herrera Ávila del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y del Senador Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del PAN y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente, con su venia. Señoras y señores legisladores:

A nombre propio y de diversos Senadores y Senadoras del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, presento la siguiente propuesta.

Y bueno, iniciaré señalando que hay varias iniciativas ya que están recogiendo la propuesta que hoy planteamos en este Pleno, y espero que esto abra la posibilidad de tener un diálogo y una discusión en el Senado en torno a las reformas que México todavía tiene que realizar en su sistema electoral.

Sin intentar hacer un recuento de las reformas electorales acontecidas en nuestro país entre 1977 y 2007, lo cierto es que en su conjunto han aportado grandes transformaciones al sistema electoral mexicano y que no podemos negar tampoco que, aunque hubo algunos problemas de procesamiento en algunas de ellas, en suma vinieron a mejorar la calidad de nuestra democracia. El caso mexicano es un buen ejemplo para sostener lo que muchos estudiosos señalan, al considerar que un sistema electoral y su diseño puede abonar en la calidad de la democracia de un país.

También es importante señalar que el avance hacia la consolidación de nuestra democracia, que no es un proceso acabado y que todavía está en fase de maduración, los efectos de estas reformas electorales que se dieron a partir de 1977, se traducen en particularidades, en aciertos, pero también en errores, que es necesario ir adecuando en el transcurso del tiempo.

Y yo creo que es un momento muy oportuno para, también seguir generando las transformaciones necesarias para tener una democracia plena en nuestro país.

Aspiramos a un sistema democrático que en términos de democracia formal podamos decir que nuestros gobernantes sean elegidos realmente por una representación que les brinde legitimidad plena para realizar las acciones que les están encomendadas, a partir del mandato ciudadano, eso es lo menos que podemos señalar.

Es así que hoy estamos presentando una propuesta de reforma que adopte nuestro sistema electoral mexicano, el sistema de segunda vuelta que tuvo su antecedente aproximadamente en 1852 en Francia a través de la figura del balotaje y que a lo largo de todo este tiempo, pues se ha venido adoptando en distintos sistemas, sobre todo en aquellos que han pasado de ser bipartidistas a ser multipartidistas, y donde la segunda vuelta juega un mecanismo que abona a la gobernabilidad, a la legitimidad de los gobiernos y esto lo podemos ver muy bien en América Latina, porque justamente países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Uruguay y Costa Rica, en alguna fase de su sistema han adoptado el sistema de segunda vuelta.

Y esto a decir de especialistas en sistemas electorales, ha venido coincidiendo con el proceso de transición democrática que estos países han tenido y que han marcado su adopción del sistema de segunda vuelta, y lo podemos ver en Brasil en 1989, en Chile en el mismo año, en Colombia en 1994; en El Salvador en 1994; en Guatemala en 1985; en Perú en 1985; en Uruguay en 1999.

Es importante, también señalar que con este sistema se atiende a un gran dilema, por un lado una mayor legitimidad equivalente también a una mayor fragmentación y por otro lado una menor aceptación con mayor concentración, como reportan algunos estudiosos de distintos sistemas electorales.

Y si analizamos el caso mexicano, nos encontramos que a partir, concretamente de 1997 en donde se instala en el Congreso, el sistema que rompe las mayorías absolutas, y posteriormente en el 2000, el año de la alternancia, en donde podemos encontrar propiamente un cambio histórico en nuestro país con el advenimiento del sistema democrático o con el robustecimiento del sistema democrático, desde esa fecha ningún presidente ha contado con un respaldo de mayoría absoluta en el Congreso; incluso si revisamos desde el año 2000 los procesos electorales, veremos que los triunfos de estos candidatos oscilan entre el 42.52 pro ciento que fue el más alto; después 35.89 por ciento 38.21 por ciento en la última elección.

En el año 2006, además, tenemos una más clara división del voto en tres partidos o en tres fuerzas y una diferencia mínima entre el primero y segundo lugar; y posteriormente en el año 2012 vimos que el primer lugar en la elección gana con un 38.21 por ciento, pero que eso equivale realmente en la última elección de 2012 al 17 por ciento del padrón electoral.

Con ello, pues queda claro que estas mayorías relativas no tienen una fuerte o legitimación, y por ello es que hoy estamos proponiendo la modificación de algunas disposiciones constitucionales para establecer en nuestro sistema electoral la segunda vuelta a partir de una votación de mayoría relativa con umbral.

Lo anterior, por lo siguiente: porque la segunda vuelta construye legitimidad del gobernante al tener un amplio respaldo en votos, pues le daría la posibilidad al candidato electo a su partido de realizar alianzas con otras fuerzas políticas en la etapa previa a la segunda votación.

También creo que es importante para un país como México en donde persisten profundas divisiones encontradas entre las distintas regiones del país, diferencias marcadas por las grandes brechas económicas y la falta de igualdad de oportunidades, además de diferencias culturales.

La polarización social se refleja en la polarización política, lo que no abona a la gobernabilidad. Ante un escenario como el que vivimos, la suma de visiones no radicalizadas pero que se encuentran distribuidas en grupos o partidos distintos, puede construir mayorías a través del sistema de segunda vuelta.

Otro aspecto que abonaría a la gobernabilidad, es que los esquemas de segunda ronda electoral, tienden a reducir la fragmentación política del multipartidismo. También perfecciona la democracia en cuanto a expresión de la voluntad ciudadana, pues elimina el riesgo de triunfo de aquellos candidatos que son ampliamente rechazados por la mayoría, y que no ven reflejado en los resultados de una mayoría relativa, pues realmente es su voluntad como electores.

Un sistema como éste, creo que para quienes lo critican diciendo que inhibirá la participación ciudadana, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda porque el elector que está en primera ronda, pues de alguna manera no satisfecho con los resultados, pueda en segunda ronda acudir para que se refleje su voluntad.

La segunda ronda, entonces, puede incentivar la participación de los votantes, quienes sabrían de antemano que el candidato de su elección puede tener una segunda oportunidad, o bien, si este ya no está, pues elegir entre los que pueden tener una mejor posibilidad de reflejar lo que ese ciudadano piensa y cuál es el proyecto de país que él está defendiendo y cuál es el que más se acerca a su decisión.

También los distintos estudiosos de los sistemas electorales señalan que la segunda ronda es un sistema flexible que tiene un gran margen de adaptabilidad.

Otro de los temas que se han argumentado en contra de la segunda vuelta, es que su implementación implicaría un elevado costo económico; yo difiero en esto, porque el proceso electoral en sí, durante todo el proceso de campaña realmente es el que tiene el mayor costo, pero yo también señalaría que cuánto le ha costado a nuestro país y le podrá seguir costando la división, la insatisfacción social y la falta de legitimidad, pero por sobre todo ello, la ingobernabilidad.

Es por ello que lo que estamos proponiendo hoy, es reformar el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer como requisito para ser electo Presidente de la República, el obtener al menos el 42 por ciento de la votación válidamente emitida.

La razón por la que se propone este porcentaje obedece al comportamiento electoral en la historia reciente de México, que a partir de la transición democrática y después de la alternancia el máximo de votación fue justo del 42.52 por ciento.

En el caso de que ningún candidato registrado obtenga una mayoría igual o mayor al 40 por ciento de los votos en la elección, tendrá lugar una segunda elección dentro de las siguientes cuatro semanas, participarán como candidatos en la segunda ronda electoral los dos candidatos o candidatas que hayan obtenido el primero y segundo lugar en el número de los votos válidamente emitidos.

Con esta propuesta, creo que abonaríamos mucho al perfeccionamiento de nuestro sistema electoral, generaríamos las condiciones necesarias para que los gobiernos electos a nivel nacional gocen de la legitimidad necesaria en un momento de grandes retos para nuestro país y para su democracia.

Es un tema que ha propuesto también nuestro partido a lo largo de muchos años y somos consecuentes con las banderas en defensa de la democracia del Partido Acción Nacional, y hoy también sumados, por supuesto, otros partidos en la presentación de esta propuesta que sometemos a su consideración.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Pilar Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de  Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, para armonizar las disposiciones que regulan el derecho a la salud de los adultos mayores con los compromisos internacionales asumidos por México. Esto con la perspectiva de justicia social.

Nuestra iniciativa tiene como objetivo la necesaria progresividad de los derechos exigibles por los grupos vulnerables en una época en que los derechos sociales se están transformando.

En el caso particular de los adultos mayores, México requiere ponerse al día en los nuevos conceptos gerontológicos que exigen una gran participación de la familia y de la misma comunidad cercana a ellos. Nuestro objetivo fundamental es contribuir en elevar la salud, la satisfacción y la calidad de vida de los adultos mayores.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población, se estima que la edad media de la población se incrementará de 38 a 45 años entre 2030 y 2050; a su vez la población de 65 años y más aumentará de 4.8 millones a 17 millones entre 2000 y 2030; y alcanzará 32.5 millones al llegar el año 2050.

Nuestro país vive una transformación demográfica sin precedentes, en donde el envejecimiento de la población nos lleva a la necesidad de generar respuestas institucionales y sociales en el área de la salud para encarar los desafíos presentes y futuros.

Existe una relación entre la enfermedad y el envejecimiento: el envejecimiento es factor de riesgo para la disminución de la salud y de la funcionalidad, sin embargo esto no quiere decir que todas las enfermedades aumenten con la edad, no toda la gente envejece de la misma manera.

La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente como la ausencia de enfermedades o padecimientos. Llegar a la vejez gozando de buena salud y bienestar requiere un esfuerzo personal durante toda la vida y un entorno en el que ese esfuerzo pueda tener éxito. La responsabilidad de las personas consiste en llevar un modo de vida saludable; la de los gobiernos, en crear un entorno favorable a la salud y al bienestar incluso de la vejez.

Tanto por razones humanitarias como económicas es necesario brindar a las personas de edad el mismo acceso a la atención preventiva y curativa a la rehabilitación de que gozan otros grupos. Al mismos tiempo debe disponerse de servicios de salud concebidos para atender las necesidades específicas de los adultos mayores, teniendo en cuenta la detección oportuna de enfermedades y canalización para su debida atención clínica, tal y como lo plantea la presente iniciativa.

La mayor vulnerabilidad de los adultos mayores a los problemas de salud se traduce en que se requieren recursos humanos capacitados, recursos tecnológicos y recursos materiales diferenciados y apropiados para el cuidado de la salud, en una etapa de la vida en la que las enfermedades tienden a ser crónicas y no agudas, además de que se requiere asignación de recursos suficientes para la prevención de la disfuncionalidad y la discapacidad, los que a la fecha son limitados.

Será de considerar que la promoción de la salud en los adultos mayores empieza con el proceso de empoderamiento para tres motivos:

Primero. La participación activa en el autocuidado.

Segundo. La toma de decisiones sobre cambios de comportamiento.

Tercero. Demandar calidad de atención.

Por lo tanto, la educación en salud y la promoción de una cultura de autocuidado son elementos tan básicos para los adultos mayores, situación que se propone en esta reforma.

Los adultos mayores también son vulnerables al maltrato, sea físico, sexual, psicológico, emocional, económico o material; al abandono, a la falta de atención y a graves pérdidas de dignidad y respeto. Los datos actuales indican que una de cada 10 personas mayores sufre maltrato. El maltrato de las personas mayores no se limita a causar lesiones físicas sino también graves problemas psicológicos de carácter crónico, como la depresión y la ansiedad, y está demostrado que la salud mental influye en la salud del cuerpo, y a la inversa.

En los establecimientos de atención primaria de salud la depresión no se diagnostica ni se atiende de acuerdo a su gravedad o con perspectiva clínica integral. Es frecuente que los síntomas en este trastorno de los adultos mayores se pasen por alto y no se traten porque coinciden con otros problemas que experimentan los adultos mayores.

Por eso, es importante que el sector salud fortalezca la atención en salud mental y neuronal en los adultos mayores y, sobre todo, los servicios de detección de maltrato e inicio de trastornos de este tipo, esto para prevenirlos y retardar o limitar su aparición.

Este compromiso está asumido, a nivel internacional, en los “Principios a favor de las personas de edad” emitidos el 16 de diciembre de 1991, por la Organización de las Naciones Unidas dentro del área de los cuidados, el principio número 11, declara que:

“Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad”.

Por las razones expuestas, vengo a presentar propuestas de reforma a la Ley General de Salud, a fin de que el sistema de salud incorpore lineamientos específicos a favor de las necesidades de salud de las personas mayores.

Esta iniciativa propone siete aspectos básicos:

1.- Proteger la salud funcional de los adultos mayores.

2.- Impulsar una política de reorientación para la promoción, la prevención y la prestación de servicios de salud de los adultos mayores.

3.- La educación para la salud y la promoción de una cultura de autocuidado.

4.- Un enfoque preventivo promocional para lograr una disminución o retraso de la funcionalidad y dependencia, así como una mejor calidad de vida en la etapa de envejecimiento. Con una participación fundamental en la atención primaria y sus   equipos.

5.- Aborda los diversos procesos de rehabilitación que apuntan a moderar la disminución de la capacidad motora de las personas mayores, a través de intervenciones centradas en la atención primaria, pero que se extiende también hasta la atención secundaria y terciaria.

6.- La identificación a nivel de atención primaria del grado de deterioro de la capacidad cognitiva, para dar curso a intervenciones dirigidas que apunten a moderar el avance de dicho deterioro y cuando éste es avanzado e irrecuperable, a fortalecer los mecanismos de apoyo familiares y comunitarios.

7.- La formación en geriatría del personal de salud, especialmente de los servicios primarios.

Compañeras y compañeros Senadores, la creciente necesidad de asistencia y tratamiento de una población que envejece exige políticas adecuadas. Las políticas que propician la salud durante toda la vida, incluidas la promoción de la salud, autocuidado y prevención de las enfermedades, la tecnología de asistencia, los cuidados para la rehabilitación, cuando éstos estén indicados, los   servicios de salud mental y neuronal, la promoción de los modos de vida saludables y los entornos propicios pueden reducir los niveles de discapacidad asociados con la vejez.

Las actividades de promoción de la salud y el acceso universal de las personas de edad a los servicios de salud durante toda la vida, son el pilar del envejecimiento sano y activo, éste es el reto a enfrentar por los servicios de salud en México.

Es urgente poner al día nuestras leyes respecto a los nuevos paradigmas gerontológicos, y empezar a transformar los ordenamientos y las normas para que los sectores más vulnerables cuenten con herramientas actuales en la defensa de sus derechos y el envejecimiento tanto individual como social en el caso de los adultos mayores, no sea un factor más de inequidad y de injusticia.

Por su atención muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






En otro apartado del Orden del Día, tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta de los dictámenes, señor Presidente.

Tenemos cinco dictámenes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, con los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se reforman los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, 17 Y 18 DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen de primera lectura)








Y por el que se reforma el primer párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen de primera lectura)








Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Dictamen de primera lectura)








Tenemos también un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el 30 de septiembre de cada año “Día Nacional de la Lucha contra la Desigualdad”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD”

(Dictamen de primera lectura)








Igualmente, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con un proyecto de Decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO SÉPTIMO CON UN CAPÍTULO ÚNICO Y LOS ARTÍCULOS 145, 146 Y 147 A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)








Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con proyecto de Decreto por el que se declara el mes de abril de cada año como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL MES DE ABRIL DE CADA AÑO COMO EL “MES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES”

(Dictamen de primera lectura)








Y por último, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el primer miércoles de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Salud Mental Materna”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL PRIMER MIÉRCOLES DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA SALUD MENTAL MATERNA”

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se declara el primer miércoles de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Salud Mental Materna”.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de mayo de 2016, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo y Yolanda de la Torre Valdez, Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentaron Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el primer miércoles de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Salud Mental Materna”.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha Iniciativa propone que el Congreso de la Unión declare el primer miércoles de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Salud Mental Materna”.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud mental materna.

B. De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), la salud materna, es: “La salud de la mujer en un ámbito concreto de su manera de vivir, realizarse y pertenecer a una familia en una sociedad, promoviendo la capacidad y la autonomía para que su condición de madre no haga peligrar su propia vida. De este modo, la maternidad saludable es esperanza para las mujeres, para sus hijos, sus familias y para la misma sociedad a la que pertenecen.”

C. A la par de este gran tema se debe señalar que los problemas de salud mental (de los cuales la depresión materna es el más común), son muy frecuentes en mujeres de bajos ingresos. Esto puede ser resultado de la vulnerabilidad en la que se encuentran debido a factores intrínsecos tales como: eventos estresantes de la vida, apoyo social bajo, estrés del cuidado infantil y pobreza, entre otros.

Así mismo los hijos de madres deprimidas, incluyendo aquellos con depresión subclínica, pueden experimentar una gama de consecuencias negativas incluyendo retardo en su desarrollo, deficiencias cognitivas e inseguridad en el establecimiento de vínculos.

Para el bienestar de la propia madre así como la de sus hijos, la salud mental materna debe colocarse en una prioridad, ya que es parte medular para el desarrollo y crecimiento de los hijos. Muchas mujeres sufren y experimentan emociones negativas frente a los numerosos cambios vitales del embarazo y el posparto.

D. A nivel mundial el 25% de las mujeres embarazadas experimenta algún tipo de malestar psíquico significativo. Ello no es de baja importancia, ya que no solo afecta la madre sino que, tanto el estrés y la enfermedad mental materna pueden afectar directamente al feto y al recién nacido con impacto sobre su desarrollo físico, cognitivo y emocional que puede perdurar en el tiempo.

La atención y los cuidados hacia la salud mental de la madre, proporcionan el apoyo necesario para que las mujeres puedan ampliar sus recursos y capacidades personales, adaptarse mejor a estos desafíos y vincularse afectivamente con su bebé.

E. Así mismo, las madres en depresión están a menudo sobrellevadas en su papel de crianza, tienen dificultades para captar los impulsos infantiles, luchan para satisfacer las necesidades sociales y emocionales de sus niños, y son menos tolerantes frente al mal comportamiento de los menores.

Desgraciadamente el estigma social se identifica la enfermedad mental en este periodo con ser “una mala madre”, la idealización de la maternidad y los déficits en la formación especializada de los profesionales en este ámbito, hacen que la salud mental de las madres no sea tomada en cuenta y que no se evalúe, ni se atienda, de un modo semejante a como se hace con la salud física en la gestación.

F. La prevención como en todo aspecto de salud, es la madre de todos los caminos para parar o no dar pie a padecimientos, por ello se debe aumentar la detección y el tratamiento.En la mayoría de países, la patología mental durante el embarazo y/o el posparto pasa desapercibida, no se detecta y, a pesar de que se dispone de terapias e intervenciones eficaces, las madres no reciben los tratamientos necesarios para su recuperación. Sabemos que la falta de tratamiento tiene consecuencias a corto y largo plazo, tanto para la madre como para el recién nacido. Por ende sin la detección, comprensión, cuidado, apoyo y tratamiento el impacto de estas enfermedades puede ser devastador en las mujeres afectadas, llevando un daño colateral a sus parejas y en sus familias.

G. Los problemas que causan estos trastornos conllevan una serie de padecimientos severos que pueden incluso llevar a las madres al suicidio. Este es un fenómeno frecuente en madres primerizas. Por ello se destacan algunos datos importantes para visualizar un poco más la magnitud de dicho problema:

• El 10% de las madres presenta una depresión posparto.

• 1 de cada 5 madres presenta algún trastorno mental durante el embarazo o el posparto (los más frecuentes depresión y ansiedad).

• El 4% de las madres presenta un trastorno mental grave.

• 1 de cada 1000 madres padece una psicosis puerperal que propiciará ingreso hospitalario. En aquellas madres con un trastorno bipolar previo el riesgo alcanza el 50%.

• El suicidio es una de las principales causas de muerte materna durante el primer año después del parto.

• El infanticidio materno durante los primeros meses de vida suele realizarse en el contexto de una depresión grave o de una psicosis puerperal con el fin de proteger a los hijos/as del sufrimiento (suicidio ampliado).

• El trastorno mental durante el embarazo o el posparto dificulta el establecimiento y el mantenimiento de un vínculo afectivo con el/la bebe.

Cabe señalar que la depresión posparto puede incluir diversos trastornos perinatales como los siguientes:

• Ansiedad o depresión durante el embarazo, esto lo padecen entre el 8.5% y el 11% de las mujeres embarazadas.

• Depresión posparto, lo sufren entre el 6.5% y el 12.9% y los síntomas son muy diversos como pensamientos agresivos hacia él bebe, falta de apetito o sueño y sentimientos de culpabilidad.

• Trastorno Obsesivo Compulsivo Posparto, lo sufren de 3 a 5% de las madres primerizas.

• Trastorno de Pánico Posparto, hasta el 11% de madres primerizas llegan a padecerlo.

• Trastorno de Psicosis Posparto, entre 1 y 4 de cada 1,000 partos, puede generar delirios o alucinaciones.

• Trastorno por Estrés Postraumático, ocurre en una frecuencia de 1 a 6% de las mujeres.

H. Es importante hacer énfasis en la prioridad que tiene la salud mental materna, ya que las mujeres son la base para el desarrollo y posterior crecimiento de los hijos. En este tenor de ideas la importancia y la necesidad de actuar para resolverlo se vuelve prioridad, la Organización Mundial de la Salud publicó una guía para tratar la depresión perinatal titulada “ThinkingHealthy, a manual forpsychosocialmanagement of perinatal depression”1donde se establecen recomendaciones para mejorar el proceso del embarazo y mantener intervenciones psicológicas en favor de las mujeres y los niños.

En un aspecto internacional diversas asociaciones han iniciado una campaña global para que la población tenga una mayor sensibilidad sobre este periodo vulnerable de las mujeres, donde se pueda dar una correcta detección y por lo tanto se canalice al tratamiento adecuado. Para ello desde 2015 se iniciaron trabajos para buscar establecer el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Esta iniciativa va de la mano a la posición de nuestro país planteada por medio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz para responder a la convocatoria internacional y sumarse al Día Mundial de la Salud Materna como una forma de que se haga visible y se atienda de un mejor modo la depresión de las madres durante su embarazo o en el posparto.

I. En México, según las investigaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, cuando menos el 9% de las mujeres padecen depresión durante el embarazo y cerca del 13% llegan a padecerlo en el posparto.

Estas cifras son alarmantes, la salud mental de 1 de cada 10 madres mexicanas está en riesgo debido a su condición de madre, aunque este padecimiento es más frecuente en las personas que ya hayan experimentado algo similar en otra etapa.

Este es uno de los momentos más vulnerables de las mujeres, en que más necesitan apoyo, por lo que se debe buscar generar los incentivos para contar con tratamientos específicos para recuperarlas.

Por lo anterior es necesario poner sobre la mesa la educación sexual, trabajar en políticas públicas del sector salud que incluya métodos anticonceptivos y de planificación familiar que garantizan que las mujeres puedan decidir y ejercer sus derechos. Incluida por su puesto la salud mental, reconociendo el papel que el Estado debe jugar para facilitar las tareas de cuidado y por su puesto involucrando a las parejas para que no sea responsabilidad exclusiva de las mujeres.

J. En aras de tener un día de salud mental materna, para que se ponga espacial énfasis a la madre durante el parto y después de este, por los padecimientos mentales que pueden llegar a sufrir y que a su vez el hijo o bien la familia también lleva el daño colateral, y con el afán de concientizar lo que implica este tema, es que estas Comisiones codictaminadoras están a favor de la Iniciativa objeto del presente dictamen.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se declara el primer miércoles de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Mental Materna”.

ÚNICO. El Honorable Congreso de la Unión, declara el primer miércoles de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Mental Materna”.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de noviembre de 2016.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

1 http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/28417

Son todos los dictámenes para primera lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 11 de abril de cada año, como el "Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson".

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 11 DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO EL "DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL PARKINSON"

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se declara el 11 de abril de cada año como el "Día Nacional de la lucha contra el Parkinson".

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de abril de 2016, la Senadora Andrea García García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que declara el 11 de abril de cada año como el "Día Nacional de la lucha contra el Parkinson".

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha Iniciativa propone que el Congreso de la Unión declare el 11 de abril de cada año como el "Día Nacional de la lucha contra el Parkinson".

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema del parkinson.

B. De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), los trastornos neurológicos (desde la epilepsia y la enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares hasta el dolor de cabeza) afectan en todo el mundo a unos mil millones de personas. Entre los trastornos neurológicos figuran también los traumatismos craneoencefálicos, las infecciones neurológicas, la esclerosis múltiple, y la enfermedad de Parkinson.

En el informe NeurologicalDisorders: Publichealthchallenges, se pone de manifiesto que en todo el mundo están afectadas unos mil millones de personas, 50 millones sufren epilepsia, y 24 millones padecen Alzheimer y otras demencias.

Así mismo dicha organización mundial estima que cada año mueren 6.8 millones de personas como consecuencia de los trastornos neurológicos.

C. La enfermedad de Parkinson, también denominada Parkinsonismo idiopático, parálisis agitante o simplemente párkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra.

Este trastorno del movimiento, se caracteriza por la pérdida de neuronas productoras de dopamina en áreas específicas del cerebro de forma crónica y progresiva.

La prevalencia del Parkinson se ha estimado que es del 0.3% y cerca del 2% en personas mayores a 60 años de edad.

D. En nuestro país existen datos duros y alarmantes, ya que más de 500 mil personas padecen esta enfermedad neuro-degenerativa, que cada vez va más en aumento.

Según datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, existen al menos 500,000 pacientes con enfermedad de Parkinson en el país, situando la prevalencia de la enfermedad en un rango de media a baja: 50-100 por 100,000 habitantes. Prevalencia similar a la de los países orientales. Lo anterior no escapa a la similitud que se presenta con otras enfermedades en México y con algunos países orientales, posiblemente por el origen genético que comparten ambas poblaciones.

Cabe decir que dicha enfermedad, es una de las primeras causas de atención en consulta externa en centros de atención de tercer nivel.

E. La sintomatología  de dicho padecimiento es la siguiente:

• Temblores: Lentos y rítmicos. Predominan estando en reposo y disminuyen al hacer un movimiento voluntario. No necesariamente los presentan todos los pacientes.

• Rigidez muscular: Resistencia a mover las extremidades, hipertonía muscular.

• Bradicinesia: Lentitud de movimientos voluntarios y automáticos. Falta de expresión de la cara. Escritura lenta y pequeña (micrografía). Torpeza manipulativa.

• Anomalías posturales: Inclinación del tronco y la cabeza hacia delante. Codos y rodillas están como encogidos.

• Anomalías al andar: Marcha lenta, arrastrando los pies. A veces se dan pasos rápidos y cortos (festinación), con dificultad para pararse. Episodios de bloqueo (los pies parecen que están pegados al suelo).

• Trastorno del equilibrio: Reflejos alterados, fáciles caídas.

• Trastornos del sueño: insomnio para coger el primer sueño, sueño muy fragmentado en la noche, despertarse muy temprano y no volver a dormirse, pesadillas vívidas, gritos nocturnos, somnolencia diurna…

Problemas asociados

• Dolores de tipo muscular o articular.

• Fatiga, agotamiento fácil, cansancio crónico.

• Estreñimiento.

• Falta de control de la orina (incontinencia).

• Problemas sexuales: generalmente falta de deseo sexual, impotencia o frigidez.

• Trastornos depresivos y aislamiento social.

• Sudoración excesiva y crisis de seborrea.

• Trastornos respiratorios.

• Trastornos de la deglución (se traga mal y solo semi-líquidos).

• Trastornos oculares: sequedad de ojos, picor, visión doble, falta de enfoque visual.

• Enlentecimiento de las funciones psíquicas.

Los síntomas no motores de la enfermedad se encuadran en los trastornos de sueño, la lentitud generalizada, la apatía, el cansancio, la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta, el estreñimiento, la hipotensión, la dermatitis seborreica, los trastornos en la micción y la sialorrea (exceso de salivación).

F. Estas comisiones codictaminadoras coinciden con la proponente en destinar un día donde se refuercen las acciones para concientizar en  las necesidades de las personas aquejadas de esta dolencia. En este tenor de ideas se señala que en 1997, la Organización Mundial de la Salud estableció que el 11 de abril se celebraría el Día mundial del Parkinson, fue está la fecha escogida al coincidir con el nacimiento de James Parkinson, médico británico que describió por primera vez la «parálisis agitante», término que él mismo acuñó.

Por ello en aras de tener un día especial para enfatizar estrategias y líneas de acción en la lucha contra el parkinson es que se coincide en los términos de la iniciativa.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se declara el día 11 de abril de cada año, como el Día Nacional de la lucha contra el Parkinson.

ÚNICO. SE DECLARA EL DÍA 11 DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO EL "DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL PARKINSON".

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

A las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, nos fue turnada esta iniciativa que pretende instituir el "Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson", y que da origen a esta proyecto de Decreto que ponemos a su consideración.

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al 1 por ciento de la población mayor de 65 años de edad.

Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Rehabilitación, AMPAC Parkinson-México, y la Secretaría de Salud, en México existen más de 500 mil personas, me parece un número conservador aunque son los registros, que padecen esta enfermedad neurodegenerativa, la cual cada vez va en aumento, pues se prevé que en una década pudiera duplicarse.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos neurológicos, desde la epilepsia, la enfermedad del Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares, hasta las cefaleas o migrañas, afectan en todo el mundo a unas mil millones de personas.

Entre los trastornos neurológicos, figuran también los traumatismos craneoencefálicos, las infecciones neurológicas, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad también denominada parkinsonismo idiopático o parálisis agitante, o simplemente Parkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce, con el tiempo, a una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción de determinas neuronas que se llaman Pigmentadas de la sustancia Nigra.

Afortunadamente, los avances que tenemos en materia de diagnóstico y tratamiento, ahorita pasan por un buen momento, desde el punto de vista médico, científicos y neurocirujanos mexicanos han ofrecido, no nada más a nivel nacional sino a nivel mundial, importantes aportaciones en este tema, tanto en el médico como en el quirúrgico para atender esta enfermedad.

Por lo antes expuesto, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con la atribuciones que les otorgan, pues, la normatividad correspondiente, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se declara el día 11 de abril de cada año, como el "Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson", con su transitorio correspondiente en el sentido de que el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su apoyo a este Decreto, les doy, de anticipado, las gracias, y será una aportación a un tema importante en la salud pública de México para reflexionar sobre los cuidados, el diagnóstico y el tratamiento a esta enfermedad.

Por su atención, muchas gracias.

Intervención



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador López Brito.

Está a discusión. Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El Parkinson es la segunda condición neurodegenerativa con mayor frecuencia en el mundo, afecta aproximadamente al 3 por ciento de la población mayor de 65 años.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos neurológicos, desde la epilepsia y la enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares, hasta el dolor de cabeza, afectan a unas mil millones de personas en todo el mundo. Entre los trastornos neurológicos figuran también los traumatismos craneoencefálicos, las infecciones neurológicas, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson.

La característica básica es la pérdida de las neuronas que producen la dopamina en algunas áreas específicas del cerebro de manera progresiva y crónica.

En nuestro país no existe un dato preciso sobre el número de personas afectadas por esta enfermedad; sin embargo, algunas estimaciones señalan que hay más de cien mil personas afectadas por este padecimiento que se puede presentar a partir de los 40 años de edad, pero con mayor prevalencia después de los 60.

El origen de esta enfermedad es desconocido, aunque se puede señalar que aproximadamente en el 15 por ciento de los casos se presentan factores que determinan una mayor probabilidad de sufrir esta difícil enfermedad.

El tratamiento es a base de fármacos y con terapia física que ayuden al paciente a conservar la capacidad motora y mejorar la postura, la marcha y, sobre todo, a evitar la inmovilidad y dependencia.

Una de las situaciones que ha causado preocupación en nuestro país, es la aparición de esta enfermedad a partir de los 40 años de edad, cuando antes su prevalencia se mantenía en personas mayores de 60 años.

El tratamiento para pacientes con Parkinson no es sencillo, pese a ello nuestro país ha realizado importantes investigaciones sobre esta enfermedad, como las del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, quien ha sido reconocido a nivel internacional.

En el grupo parlamentario del PRI seguiremos impulsando las medidas necesarias para incidir en un mejoramiento en el nivel de vida de la población, es por estas razones que votaremos a favor del presente dictamen por el que se decreta el día 11 de abril de cada año, como el "Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson".

Con la aprobación de este dictamen se busca incidir y promover las acciones que se realizan para combatir esta enfermedad.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Ceballos Llerenas.

Se inserta intervención de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Al no haber más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron 82 votos en pro, cero en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se declara el día 11 de abril de cada año, como el "Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson". Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Que se registre, por favor, el voto de la Senadora Ivonne Álvarez, en pro.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud, para crear el Centro de Clasificación de Enfermedades.

PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 109 TER Y 109 QUÁTER A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 104 Bis a la Ley General de Salud, en materia del Centro Mexicano de Clasificación de Enfermedades.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de septiembre de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 104 Bis a la Ley General de Salud, en materia de Clasificación de Enfermedades.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.


II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa propone que la Secretaría de Salud coordinará el Centro Mexicano de Clasificación de Enfermedades, el cual será un órgano colegiado que tendrá por objeto normar, vigilar y promover el uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, así como desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país.

Por ello la propuesta suscrita por la Legisladora proponente, pretende adicionar un artículo 104 bis, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

INICIATIVA

SIN CORRELATIVO

Artículo 104 Bis.- La Secretaría de Salud coordinará el Centro Mexicano de Clasificación de Enfermedades, el cual será un órgano colegiado que tendrá por objeto normar, vigilar y promover el uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, así como desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

B. La definición de ENFERMEDAD según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la "Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y unos signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible".

Por otro lado la SALUD para la misma Organización mundial es la siguiente:

"La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".

C. Hay que señalar que la clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, fue respaldada por la Cuadragésima Tercera Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1990 y se empezó a usar en los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de 1994.

La clasificación es la última en una serie que tiene sus orígenes en el año 1850. La primera edición, conocida como la Lista Internacional de las Causas de Muerte, fue adoptada por el Instituto Internacional de Estadística en 1893. La OMS asumió la responsabilidad de la CIE a su creación en 1948. La Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 1967 el Reglamento de Nomenclaturas que estipula el uso de CIE en su revisión más actual por todos los Estados Miembros.

Dicha clasificación es de suma importancia ya que constituye uno de los estándares internacionales más usados para elaborar estadísticas de morbilidad y mortalidad en el mundo.

El propósito de la CIE es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas, y en diferentes momentos. También permite la conversión de los términos diagnósticos y de otros problemas de salud, de palabras a códigos alfanuméricos que facilitan su almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la información.

D. Una clasificación de los distintos tipos o formas de enfermedades se puede realizar atendiendo a diversos criterios:

• Rapidez con la que aparecen y por su duración:

Agudas: Se manifiestan rápidamente, pero son de corta duración (por ejemplo la gripe).

Crónicas: se desarrollan con lentitud y duran mucho tiempo, en ocasiones toda la vida (por ejemplo la artritis).

• Por la frecuencia:

Esporádicas: solamente se producen algunos casos en la población (por ejemplo, los derrames cerebrales)

Endémicas: Exclusivas de una región concreta, donde se registran casos de manera habitual (por ejemplo, el paludismo en las zonas tropicales).

Epidémicas: Atacan a gran números de personas en un período corto de tiempo.

Por su origen:

Infecciosas: Son causadas por microorganismos patógenos.

No infecciosas: No son provocadas por microorganismos.

• Por su ubicación:

Externas: Desarrolladas hacia fuera del organismo (heridas, úlceras).

Internas: Desarrolladas al interior del cuerpo.

Existe una clasificación realizada por organismos internacionales de salud (OMS y OPS) que las agrupa de la siguiente manera:

1. Enfermedades infecciosas y parasitarias.

2. Neoplasmas.

3. Enfermedades de la sangre y del sistema inmunológico.

4. Enfermedades endocrinas.

5. Desórdenes mentales.

6. Enfermedades del sistema nervioso central y de los órganos sensoriales.

7. Enfermedades de los sentidos.

9. Enfermedades del sistema cardiocirculatorio.

10. Enfermedades del sistema respiratorio.

11. Enfermedades del sistema digestivo.

12. Enfermedades de la piel.

13. Enfermedades del aparato locomotor.

14. Enfermedades del sistema genitourinario.

15. Enfermedades del embarazo, parto y puerperio.

16. Enfermedades del feto y del recién nacido.

17. Enfermedades congénitas, malformaciones y alteraciones cromosómicas.

18. Síntomas y observaciones clínicas o de laboratorio anormales no clasificados en otras parte.

19. Lesiones, heridas, intoxicaciones y otros factores externos.

20. Otras causas de mortalidad y morbilidad.

21. Caídas, golpes, y accidentes diversos

22. Efectos secundarios.

23. Factores que afectan el estado sanitario.

E. Para darle claridad en este rubro, en nuestro país existe el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México (CEMECE), el cual es el centro nacional de referencia para promover y vigilar el uso correcto de las clasificaciones Internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México, entre las que destacan la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10), la Clasificación del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y la Clasificación de Procedimientos en Medicina (CPM). Dicho Centro también funge como asesor a los usuarios de estas clasificaciones en la solución de los problemas detectados durante su aplicación. Con ello se contribuye al mejoramiento de la calidad de las estadísticas relacionadas con la salud en el país.

Este Centro está adscrito a la Secretaría de Salud, como órgano colegiado. En él participan representantes de las siguientes instituciones del Sistema Nacional de Salud: Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) bajo la coordinación de la propia Secretaría.

Se debe enfatizar que fue creado por la Secretaría de Salud en 1985, siguiendo una recomendación de la OMS para ser un centro nacional de referencia en la promoción y vigilancia del uso de la CIE y brindar capacitación y asesoría a los usuarios para mejorar la calidad de la información. Por esa razón fue denominado Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades. A partir de 1995 extendió su influencia a otras clasificaciones como la de Procedimientos Médicos y más adelante a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y otras Clasificaciones Derivadas.

Se inició como un componente del departamento de mortalidad en la DGE con apoyo de recursos financieros y técnico (visita de asesores al país) por parte de la OPS/OMS y desde entonces a la fecha lleva a cabo las siguientes funciones:

• Capacitación.

• Coordinación.

• Asesoría.

• Investigación.

En enero de 2008, luego de cumplir con la definición de los términos de referencia y los procedimientos señalados por la Organización Mundial de la Salud el CEMECE fue designado como Centro Colaborador de la OMS siendo su Director General el Director del Centro para un período inicial de 4 años, que fue renovado en 2012 para otros 4 añosesto significa, además de un gran logro, un enorme reto mantener y fortalecer el prestigio del Centro cumplir con los términos de referencia pactados con la OMS, que consisten principalmente en una participación más activa dentro de los foros de discusión de la propia organización y en las reuniones internacionales, en la colaboración para la actualización y desarrollo de las diversas clasificaciones y en un incremento en la asesoría hacia otros países de Latinoamérica.

F. La NOM 035-SSA3-2012, establece en su numeral 5.6 que la instancia que regula y vigila el uso de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud en México, es el Centro Mexicano para la clasificación de enfermedades, asimismo, en su numeral 12.2.13, párrafo segundo, señala que la generación de tabulados de principales causas de mortalidad debe realizarse conforme los criterios establecidos por dicho centro.

Aun cuando el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades se contempla en la norma, actualmente no se encuentra con un instrumento jurídico que sustente su creación y garantice el desarrollo de sus funciones, las cuales son primordiales para la elaboración de las estadísticas a nivel nacional.

B. Por lo anterior estas comisiones codictaminadoras coinciden con la proponente, en tener un cuerpo colegiado y establecer cuál será su función. Por ello en aras de tener una reforma viable y operativa, en cuanto al Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, y con el objetivo de que por técnica legislativa, dicha reforma, pueda ser mejor redactada para su exacta interpretación jurídica y el ámbito de competencia sea el adecuado, es que se propone la siguiente redacción:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

INICIATIVA

PROPUESTA DE LAS COMISIONES UNIDAS DICTAMINADORAS.

SIN CORRELATIVO

Artículo 104 Bis.- La Secretaría de Salud coordinará el Centro Mexicano de Clasificación de Enfermedades, el cual será un órgano colegiado que tendrá por objeto normar, vigilar y promover el uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, así como desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país.

 

SIN CORRELATIVO

 

Artículo 109 ter.

La Secretaría de Salud coordinará el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, el cual será un órgano colegiado que tendrá por objeto normar, vigilar y promover el uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, así como desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país.

El Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades estará integrado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, que presten servicios de salud, y podrán participar representantes de los sectores social y privado, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía así como miembros honorarios que la Secretaria de Salud invite por su destacado conocimiento en la materia.

Los miembros del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades deberán ser expertos en materia de clasificaciones y generación de información en salud.

SIN CORRELATIVO

 

Artículo 109 Quáter.- El funcionamiento del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades se regirá por sus reglas de operación, que serán aprobadas por la Secretaría de Salud, a propuesta del propio Centro.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 109 TER Y 109 QUATER A LA LEY GENERAL DE SALUD.

UNICO: SE ADICIONA UN ARTÍCULO 109 TER Y 109 QUATER A LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo 109 ter. La Secretaría de Salud coordinará el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, el cual será un órgano colegiado que tendrá por objeto normar, vigilar y promover el uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, así como desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país.

El Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades estará integrado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, que presten servicios de salud, y podrán participar representantes de los sectores social y privado, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía así como miembros honorarios que la Secretaria de Salud invite por su destacado conocimiento en la materia.

Los miembros del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades deberán ser expertos en materia de clasificaciones y generación de información en salud.

Artículo 109 Quáter.- El funcionamiento del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades se regirá por sus reglas de operación, que serán aprobadas por la Secretaría de Salud, a propuesta del propio Centro.

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento al presente Decretos e sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia.

Presento a la consideración de esta Asamblea, el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con modificaciones, de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 109 Ter y un 109 Quáter a la Ley General de Salud, en materia de clasificación de enfermedades.

El objetivo de esta modificación es crear el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, con el cual se va a normar, vigilar y promover el uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales y nacionales de la Organización Mundial de la Salud, así como desarrollar las clasificaciones que se requiera en el país.

¿Por qué es importante la clasificación de las enfermedades?

Para precisamente a través de un registro correcto, de un registro confiable de los diferentes problemas patológicos, de las diferentes agrupaciones de   enfermedades que tenemos en nuestro país, con base en esto, llevar a cabo políticas públicas de prevención, de atención y, desde luego, también de aplicación de los recursos para la diferente lucha en contra de las enfermedades que afectan en nuestro país.

El presente proyecto de Decreto tiene un único artículo por el cual se adicionan, como les comentaba, los 109 Ter y artículo 109 Quáter a la Ley General de Salud.

El artículo 109 Ter quedaría como sigue: "La Secretaría de Salud coordinará el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, el cual será un órgano colegiado que tendrá por objeto normar, vigilar y promover el uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, así como desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país.

El Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades estará integrado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, que presten servicios de salud, y podrán participar representantes de los sectores social y privado, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía así como miembros honorarios que la Secretaría de Salud invite por su destacado conocimiento en la materia.

Los miembros del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades deberán ser expertos en materia de clasificaciones y generación de información en salud.

Artículo 109 Quáter: El funcionamiento del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades se regirá por sus reglas de operación, que serán aprobadas por la Secretaría de Salud, a propuesta del propio Centro".

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Pongo a su consideración estas modificaciones a la Ley General de Salud, cuyo objetivo es precisamente tener y contar con una mejor información sobre los problemas de patologías que afectan a las familias, a las mexicanas y a los mexicanos.

Por su atención, y esperando su apoyo con su voto a favor, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador López Brito.

Está a discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se ha inscrito la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con la venia del señor Presidente. Honorable Asamblea:

Garantizar un sistema de salud universal, accesible y de calidad, que dé respuesta a los retos del siglo XXI, constituye una de las tareas más relevantes del Estado mexicano para asegurarle a la población uno de los derechos humanos más importantes, como es el del acceso a la salud.

La salud, como ustedes bien saben, es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud, y para el mismo organismo, una enfermedad es una alteración o desviación del estado físico por causas conocidas, manifestadas y signos característicos cuya evolución es más o menos previsible.

A nivel mundial, existe la clasificación de enfermedades y problemas relacionados con la salud, la cual es central en la elaboración de estándares internacionales de comportamiento y estadísticas de mortalidad y morbilidad.

De ahí la importancia de que México cuente con un órgano colegiado que tenga como objeto fomentar, monitorear y acompañar el uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, así como desarrollar las que se requieran en el país, de acuerdo con nuestras propias características y necesidades.

Actualmente, el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, y Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la Organización Mundial de la Salud en México, es el referente el seguimiento del uso correcto de las clasificaciones internacionales.

A pesar de ello, coincidimos con el dictamen al indicar que el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, se contempla la norma; sin embargo, carecía, hasta el día de hoy, del sustento jurídico para su creación y desarrollo de sus funciones, las cuales son determinantes en la elaboración de estadísticas y políticas públicas para la debida atención de enfermedades en el país.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, votará a favor de la adición de los artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud.

Con estas modificaciones, será la Secretaría de Salud quien coordinará el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, el cual estará integrada por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública y podrán participar actores del sector social y privado.

Compañeras y compañeros legisladores: Con su voto a favor le daremos certeza jurídica a la creación, facultades y atribuciones del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, dichos centros estamos seguros que se consolidará como elemental en normar, vigilar y promover las clasificaciones que se requieren en el país, ya que contará con las herramientas necesarias para realizar un registro sistemático de los indicadores de mortalidad y morbilidad en diferentes momentos del país.

Esta información es fundamental para el análisis y comparación de las enfermedades por su duración, frecuencia y ubicación, pero también es crucial para la implementación de tratamientos accesibles, oportunos y adecuados para la sociedad mexicana.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

El propósito de la CIE es permitir al registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas y en diferentes momentos.

También permite la conversión de los términos diagnósticos y de otros problemas de salud, de palabras a códigos alfanuméricos que facilitan su almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la información.

Una clasificación de los distintos tipos o formas de enfermedades, se puede realizar atendiendo a diversos criterios, rapidez con la que aparecen por su duración, agudas, por la frecuencia, esporádicas, endémicas, epidémicas, infecciosas, externas.

Existe una clasificación realizada por organismos internacionales de salud que las agrupa de la siguiente manera:

Enfermedades infecciosas y parasitarias, neoplasmas, enfermedades de la sangre y del sistema inmunológico, enfermedades endocrinas, desórdenes mentales, enfermedades del sistema nervioso central y de los órganos sensoriales, enfermedades de los sentidos, enfermedades del sistema cardiocirculatorio, enfermedades del sistema respiratorio, del sistema digestivo, de la piel, del aparato locomotor, del sistema genitourinario, del embarazo, parto o puerperio, del feto y del recién nacido, enfermedades congénitas, malformaciones y alteraciones cromosómicas.

La clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, la clasificación del funcionamiento de la discapacidad y de la salud y la clasificación de procedimientos en medicina.

Dicho centro también funge como asesor a los usuarios de estas clasificaciones en la solución de los problemas detectados durante su aplicación, con ello se contribuye al mejoramiento de la calidad de las estadísticas relacionadas con la salud en el país.

Este centro adscrito a la Secretaría de Salud, como órgano colegiado, donde participan representantes de las instituciones del Sistema Nacional de Salud como el IMSS, el ISSSTE, el Sindicato Petrolero, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, bajo la coordinación de la propia Secretaría de Salud.

En la norma establece en su numeral 5.6, que la instancia que regula y vigila el uso de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud en México, es el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, asimismo, que la generación de tabulados de principales causas de mortalidad debe realizarse conforme a los criterios establecidos por dicho centro.

Aun cuando en el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades se contempla en la norma y actualmente no se cuenta con un instrumento jurídico que sustente su creación y garantice el desarrollo de sus funciones, las cuales son primordiales para la elaboración de las estadísticas a nivel nacional.

Por ello, el Partido del Trabajo, felicitamos a las comisiones codictaminadoras que coincidimos con esta propuesta para tener un cuerpo colegiado y establecer cuál será su función, por ello, en aras de tener una reforma viable y operativa en cuanto al Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, y con el objetivo de que por técnica legislativa dicha reforma pueda ser mejor redactada para su exacta interpretación jurídica y el ámbito de competencia sea el adecuado.

Por eso es que estamos en favor de esta propuesta.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Se inserta intervención de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En consecuencia, está aprobado en lo general el proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, sobre sentencias de juicios en los que intervengan personas con discapacidad intelectual.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 222 BIS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

En los últimos años hemos logrado fortalecer y poner al día la legislación en materia de derechos humanos, basta mencionar el cambio de paradigma que tuvimos con la reforma constitucional de junio de 2011 en esta materia, los avances son permanentes y notables. Sin embargo, aún tenemos retos formidables, entre ellos, lo concerniente al acceso a la justicia para las personas con discapacidad.

Por ello, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Las y los integrantes del grupo parlamentario del PRI, coincidimos con el proponente, en que las personas con discapacidades representan uno de los grupos poblacionales más marginados a nivel mundial, sin que nuestro país sea la excepción.

En este tenor, resulta imprescindible hacer accesible la información y documentación para las personas con discapacidad, para lo cual es crucial que puedan entender las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en los casos que se afecte su esfera jurídica.

Con la reforma propuesta se asegura que, en medida de lo posible, la persona comprenda lo que se encuentra plasmado en la sentencia. Y en aquellos casos en los que no se cumpla dicho objetivo, existan ajustes razonables a la sentencia en atención a la discapacidad específica.

Cabe advertir que la adición propuesta se encuentra en armonía con nuestra Constitución, así como con los instrumentos internacionales de los cuales forma parte el Estado mexicano.

En relación a los últimos, destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y las normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad.

Compañeras y compañeros Senadores, como se señala en el dictamen, es acertado precisar, que la sentencia en formato de lectura fácil, no sustituya a la sentencia tradicional, sino que más bien represente un complemento a la misma, de esta manera, en ningún momento se vulnera el derecho a la igualdad jurídica.

La trascendencia del dictamen que está a consideración de esta Honorable Asamblea radica, que con este fortalecemos el acceso a la justicia, particularmente de las personas con discapacidad intelectual y/o mental. Además de su importancia intrínseca, cabe hacer énfasis, en que, como lo refieren las comisiones dictaminadoras, los cambios formulados se encuentran en concordancia con la legislación nacional e internacional.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Miguel Ángel Chico Herrera.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

Este dictamen que modifica un solo artículo, tiene una enorme trascendencia para las personas que tienen alguna discapacidad intelectual, y primeramente déjenme hacer una referencia.

Hasta hace muy pocos años se consideraba que la discapacidad intelectual era absoluta, de tal manera que se implementaba el juicio de interdicción para declarar incapaz de hacer cualquier acto jurídico a una persona que tenía una discapacidad intelectual.

Ya en algunos estados, faltan la mayoría, se le permite al juez que determine, si tiene capacidad jurídica para determinar los actos legales, por ejemplo, para contratarse.

Queremos que las personas con discapacidad intelectual puedan trabajar, pero, ¿cómo pueden trabajar, si no pueden firmar un contrato porque tienen un juicio de interdicción y están declarados incapaces, legalmente?

En complemento a esta modificación, que ya existe en algunos estados y que invito, ojalá y se promueva en los códigos civiles de todos los estados, ahora viene una modificación al Código de Procedimientos Civiles, para que cuando en la sentencia esté involucrada una persona con discapacidad intelectual, se pueda hacer la sentencia, además de la formal, la que ya obliga la ley, una sentencia de lectura fácil, es decir, con párrafos cortos, que no use tecnicismos, que use lenguaje cotidiano, que ponga ejemplos, que tenga párrafos cortos, que tenga una tipografía clara.

Una persona con discapacidad intelectual debe saber cuál fue el resultado de la sentencia que le afecta, y tiene que hacerlo a través de una sentencia que la pueda leer clara, con ejemplos, y que le quede claro, por ejemplo, en el caso de un juicio de interdicción, que el juez declaró que sí tiene capacidad legal para contratarse, a la mejor tiene capacidad legal, decretó el juez, para contraer matrimonio, pero no tiene capacidad legal para hacer actos de dominio, a lo mejor, que es el objeto normalmente del juicio de interdicción.

De manera que eso es un avance. La verdad que en pocos países de Latinoamérica se han venido dando estos avances, y le agradezco y felicito a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Estudios Legislativos el que hayan dictaminado y presentado este dictamen favorable para cambiarle la vida a las personas que tienen una discapacidad intelectual, y que no necesariamente por ello están totalmente incapacitadas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Héctor Larios.

Recibimos el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González, el cual se integra al Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Que se tome registro del voto en pro de la Senadora Cristina Díaz y del Senador Ricardo Barroso, por favor.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, para sancionar el apoderamiento de cable que sirva para prestación de un servicio público.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 381 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jesús Casillas Romero: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

La administración y procuración de justicia es una de las principales funciones del Estado mexicano, por ello, es crucial garantizar que el marco normativo responda a los retos que se configuran en la actualidad.

La reforma que hoy discutimos, busca agravar las penas para delitos de apoderamiento de cable de cobre, conducta que trasciende a diversos ámbitos como son: delitos aduanales, delincuencia organizada, y delitos fiscales.

Se endurecen las penas para el delito de apoderamiento cuando se trate de cable de cobre, aluminio, acero, níquel o cualquier otro material que sirva como medio para la prestación de un servicio público y, en consecuencia de ello, se produzca la interrupción del mismo.

Para ponderar la trascendencia del tema, es importante advertir, que como señala el proponente, durante los últimos años, la comisión de este tipo de delitos y de ilícitos, ha presentado un incremento notable, cada día se incrementa más el robo de las líneas de conducción de los servicios públicos como la electricidad, el teléfono o cualquier otro que requiere el ciudadano y que el Estado mexicano lo presta.

Actualmente existe un mercado clandestino donde el cable de cobre es vendido a valores inferiores, situación que se presenta en detrimento de establecimientos, oficinas, casas habitación y en general para el Estado mexicano, al tener efectos negativos como la suspensión de la prestación de los servicios públicos.

Como lo exponen las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, existe consenso entre los especialistas en que la sustracción ilegal de cable de cobre, provoca interrupciones en la prestación de servicios públicos básicos.

En relación a los cambios propuestos, cabe destacar que éstos se encuentran en concordancia con el principio de proporcionalidad de la pena establecida en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, estamos convencidos que con las modificaciones formuladas dotaremos al Ministerio Público de la Federación de mayores elementos para investigar, perseguir y, en su caso, consignar los casos de apropiación de cable de cobre, con lo cual se da respuesta a un fenómeno que lacera profundamente a la sociedad.

En el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconocemos el trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos del Senado de la República, y por supuesto que votaremos a favor del dictamen.

Con el presente dictamen, el Ministerio Público de la Federación tendrá mayores elementos en aquellos casos donde el apoderamiento de cobre desencadene o provoque la interrupción de servicios públicos o bases, como la energía eléctrica, el servicio de telégrafos, el servicio telefónico, por mencionar algunos.

A partir de estas consideraciones, los legisladores del PRI reafirmamos nuestro voto a favor y los invitamos a que se pronuncien, compañeras y compañeros, en ese sentido.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su atención, muchas gracias.


PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Casillas Romero.

Se inserta intervención de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: El Senado de la República da la más cordial bienvenida a alumnas de educación preparatoria del Colegio del Bosque, invitadas por el Senador Roberto Gil Zuarth, quienes asisten al Senado de la República a presenciar el debate legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidas al Senado de la República!

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado  para informar de la votación.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 72 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 381 del Código Penal Federal. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 246 y se adiciona un artículo 248 Ter del Código Penal Federal, para tipificar el conducirse con falsedad o declaraciones falsas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 246, FRACCIÓN II; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 248 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención de la Senadora Graciela Ortiz González)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En virtud de que no hay oradores ni artículos reservados, ábrase el sistema de votación por tres minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 72 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 246, fracción II; y se adiciona un artículo 248 Ter del Código Penal Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeros Senadores, les informo que a petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con el acuerdo de la Comisiónes de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, se retira de la discusión el dictamen que propone y reforma los artículos 43 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, sobre el registro de nombres en las actas de nacimiento para los casos de lenguas indígenas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

Denle volumen al escaño de la Senadora Tagle Martínez, por favor.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, escuché que se ha bajado, por acuerdo del PRI y de la Comisión de Estudios Legislativos, un dictamen el día de hoy.

Me gustaría saber si alguien de los responsables en bajarlo lo puede argumentar, por qué se ha bajado este dictamen que tiene como objetivo garantizar la representación igualitaria de las mujeres en la conformación de las comisiones legislativas, que me parece un tema fundamental que no podemos retrasar en la discusión del Pleno.

Y me parece que las legisladoras deberíamos estar enteradas de por qué se bajó este dictamen.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, Senadora Tagle Martínez.

Como usted conoce bien el Reglamento, y sabe perfectamente, no es el único caso, hay varios casos en los que los Senadores en una comisión o los presidentes con un grupo parlamentario pide que se regrese a las comisiones para hacer algún ajuste de tipo parlamentario.

Si usted gusta, ahorita pedimos el oficio con el que se recibió esto, que debe ser alguno de los ajustes, se lo voy a dar en la mano, Senadora, con la razón por la que se regresa a la comisión para hacer ajustes; por lo general eso es lo que sucede, por favor, si le dan el documento a la Senadora.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ha sido omitida la lectura. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Toledo Luis, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Jorge Toledo Luis: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de la palabra para recalcar la importancia del dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, que hace obligatorio que los jueces del Registro Civil inscriban, cuando así lo soliciten los padres de familia, los nombres de las niñas y los niños en lengua indígena respetando la grafía reconocida.

Las Senadoras y los Senadores integrantes de las Comisiones de Asuntos Indígenas, así como la de Estudios Legislativos, Segunda, por unanimidad coincidimos en la importancia de esta modificación del artículo 58 del Código Civil Federal, así garantizaremos el respeto al derecho de los indígenas para nombrar a sus hijos en su lengua materna.

Es un derecho que poco a poco se ha abierto paso en la realidad cotidiana de los pueblos. En muchos casos se ha castellanizado el vocablo como el primer nombre, que es más común ahora oírlo, como Nayeli, cuando en realidad es Naxeli o algunos otros nombres en lengua materna.

Poner nombres indígenas a los hijos, es una voluntad de los miembros de los pueblos originarios como forma de mostrar su identidad y su pertenencia a las culturas ancestrales. Respetar esta decisión es parte de la interculturalidad que el gobierno mexicano debe asumir.

Con este hecho, que parece tan simple, visibilizamos a nuestras culturas originarias, a nuestras lenguas primordiales y a los hombres y mujeres que hacen uso cotidiano de ellas en las casas, calles, mercados de miles de localidades que pueblan el país.

Pero también es cierto, que o por fortuna, convivimos en México con 68 etnias indígenas, y más de 360 variantes etnolingüísticas en el país, cuyas grafías diferentes y con sonidos a veces difíciles de pronunciar por hablantes de otras lenguas.

Por eso fue tan importante expedir la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la creación del Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas, para uniformizar la grafía de las lenguas.

Con estos avances obtenidos por estas instituciones, no hay pretexto para que no se inscriban correctamente las lenguas indígenas, y eso es precisamente lo que buscan con esta importante iniciativa que hoy ponemos a su consideración.

Con su aprobación, compañeras y compañeros Senadores, no ocurrirá el caso de una familia otomí, del estado de Hidalgo a cuya hija cambiaron el nombre, pasándola del equivalente de Flor de Luna a Piedra que Muerde.

Hecho lamentable, no sólo por no respetar la grafía correspondiente, sino porque además el juez insistía en que los padres buscaran un nombre menos complicado para escribir.

Con la aprobación de esta iniciativa, los jueces tendrán la obligación de inscribir en el Registro Civil los nombres en lenguas indígenas que los padres soliciten, con la grafía reconocida por los vocablos de las lenguas originarias.

Con esta acción seguiremos perfeccionando nuestro marco jurídico para garantizar la preservación y fomento de las lenguas indígenas.

Quiero aprovechar estar en la tribuna, para hacer un reconocimiento a quien hace pocos días falleció y fue un gran defensor de los pueblos indígenas, a Rodolfo Stavenhagen, mexicano de origen alemán, que fue un luchador de los pueblos indígenas. Y quiero de manera modesta, quizás, hacerle un reconocimiento a esta labor que hizo durante toda su vida.

No me resta más, compañeras y compañeros Senadores, que pedirles su voto aprobatorio para esta importante disposición legal que beneficiará a los integrantes de los pueblos indígenas de nuestro país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Toledo Luis.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenido a un grupo de alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la Unidad Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional, invitados por el Senador Armando Ríos Piter.

Agradecemos su visita a este Senado de la República. ¡Sean ustedes bienvenidos!

En virtud de que no hay más oradores registrados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme a la votación del tablero electrónico, se emitieron un total de 72 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la discusión de dos dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión en conjunto.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura, señor Presidente. Están a discusión los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 70 de la Ley Agraria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señora Secretaria. Se encuentran a discusión.

¿Alguna reserva? Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los dos dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 70 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos: El proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley Agraria; y el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social. Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.






Tenemos la discusión de dos dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura, señor Presidente. Están a discusión los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 10 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 26, 72 Y 76 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Se encuentran a discusión.

No habiendo reservas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan los proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a sus promoventes.






Tenemos la discusión de dictámenes que presentan las comisiones y sobre los que no hay reserva.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos dos de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a evaluar la pertinencia de crear un Fondo de Atención a Migrantes Extranjeros en Zonas Fronterizas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)



(Intrervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta)








Y por el que se exhorta a continuar los contactos con las autoridades gubernamentales de Haití y Estados Unidos de América, a fin de explorar acciones conjuntas que permitan garantizar la pronta resolución de la situación de los migrantes caribeños que se encuentren en la frontera norte de México.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)








Tenemos cuatro dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de Acuerdo:

Por el que se invita a una reunión de trabajo al Coordinador General de Minería de la Secretaría de Economía.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a valorar la factibilidad y pertinencia de llevar a cabo un estudio geológico de zonificación y cuantificación del ámbar en el estado de Chiapas.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen de la proposición con punto de Acuerdo relativo a la extracción de ámbar en el estado de Chiapas.

En virtud del análisis y estudio de la punto de Acuerdo descrito, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con punto de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentadoel punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis al punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

II. Antecedentes

1. El 6 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Luis Armando Melgar Bravo integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, bajo los siguientes resolutivos:

“Primero.- Se exhorta respetuosamente al Servicio Geológico Nacional, en    coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas, a evaluar la factibilidad y pertinencia de integrar la regulación de la explotación del Ámbar en la Norma Técnica Ambiental Estatal NTAE-001-SEMAHN-2015, así como llevar a cabo un Estudio Geológico, de Zonificación y Cuantificación del Ámbar en el estado de Chiapas.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a analizar la situación actual de la extracción y comercio del ámbar en Chiapas, e implementar medidas para frenar el saqueo de ámbar realizado por empresas extranjeras y para impulsar a los productores nacionales.

Tercero.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que, a través del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías, organice ferias y muestras artesanales para impulsar la compraventa de ámbar mexicano a precio justo para los mineros y artesanos nacionales”.

III. Consideraciones de la Comisión

Primera.-Que de acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta presentada por el Senador promovente, el 15 de noviembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria General de protección de la denominación de origen Ámbar de Chiapas.1 Posteriormente, la Norma Oficial Mexicana, NOM-152 SCFI-2003, publicada en el DOF el 25 de agosto del 2003, estableció las especificaciones fisicoquímicas que debe cumplir el “Ámbar de Chiapas”, durante su extracción y elaboración; además de dar sustento a la Denominación de Origen del Ámbar.2

Segunda.- Que en México, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Minera, el Servicio Geológico Mexicano (En adelante, SGM) es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Economía a través de la Coordinación General de Minería.

Por lo que, no existe en nuestro país el Servicio Geológico Nacional como se desprende del exhorto número uno, de este punto de Acuerdo.

En este sentido, de acuerdo con este artículo 9, fracción I, el SGM tiene como atribución el promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para el mejor aprovechamiento de los recursos minerales del país.

Tercera.- Que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, (En adelante, LOAPF) regula las funciones y atribuciones de cada una de las dependencias de la Administración Pública Centralizada entre las que se encuentran las Secretarías de Estado.

Para el caso que nos ocupa, de acuerdo con la LOAPF la Secretaría de Desarrollo Social no cuenta con atribuciones para organizar ferias artesanales como se desprende el punto de acuerdo. Por otra parte, resulta ambiguo establecer el término “precio justo” toda vez que daría lugar a múltiples interpretaciones, por lo que el resolutivo número tres, es improcedente desde el punto de vista jurídico.

IV. Resolutivo

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente:


ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Servicio Geológico Mexicano para que en el ámbito de sus atribuciones valore la factibilidad y pertinencia de llevar a cabo un estudio geológico de zonificación y cuantificación del Ambar en el estado de Chiapas.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Coordinación General de Minería, para que en el ámbito de sus atribuciones evalué la situación actual de la extracción y el comercio del Ambar en Chiapas, y en su caso, implemente las medidas necesarias para impulsar a los productores nacionales y evitarla extracción por personas y empresas de manera ilegal.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

1 DOF: 15/11/2000. DECLARATORIA general de protección de la denominación de origen Ambar de Chiapas.http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2063660&fecha=15/11/2000

2 DOF: 25/08/2003. NORMA Oficial Mexicana NOM-152-SCFI-2003, Ambar de Chiapas-Especificaciones y métodos de prueba.http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=692206&fecha=25/08/2003






Por el que se exhorta a informar sobre el grado de cumplimiento en la contratación de la mano de obra local que los licitantes deben incorporar en las obras y servicios públicos convocados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen de la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar un informe sobre el grado de cumplimiento de la mano de obra local contratada, a la que están obligados los licitantes que participan en las obras y servicios públicos convocados por las entidades y dependencias de la administración pública  federal.

En virtud del análisis y estudio del punto de Acuerdo descrito, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con punto de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentadoel punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis al punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

II. Antecedentes

1. El 22 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Óscar Román Rosas González integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo:

“UNICO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas funciones, envíen al Senado de la República un informe sobre el grado de cumplimiento de la mano de obra local contratada, a la que están obligados los licitantes que participan en las obras y servicios públicos convocados por las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal”.

III. Consideraciones de la Comisión

Primera.- Que el 13 de enero de 2016 fue publicado el decreto por el que se adiciona la fracción XXI, al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (En adelante, LOPSRM) que establece el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán de incorporar en  las obras y servicios contratados por el gobierno federal.

El objetivo de la modificación a esta Ley, se justificó en que, todos participantes en los procesos de adjudicación de obra pública, estarán obligados a considerar dentro de su propuesta de participación, el porcentaje de mano de obra local que utilizarán de resultar favorecidos con los trabajos u obras a realizarse.

Asimismo, el artículo 11 de la LOPSRM establece que corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Segunda.- Que de acuerdo con la exposición de motivos de este punto de Acuerdo, a más de medio año de haberse aprobado este mecanismo para potenciar el empleo y desarrollo local y regional, no se cuenta con información concreta en relación al grado de cumplimiento de los porcentajes de mano de obra local que han estado contratando las empresas ganadoras de las licitaciones públicas en las entidades y dependencias del Gobierno Federal.

IV. Resolutivo

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, envíe a esta Soberanía, un informe en relación al grado de cumplimiento en la contratación de la mano de obra local que los licitantes deben incorporar en las obras y servicios públicos convocados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.






Y por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de nueve proposiciones sobre diversos temas.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)








Tenemos dos dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de Acuerdo: 

Por el que se exhorta a considerar en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Anexo ''Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes" del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente

METODOLOGÍA

La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe

I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada.

II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace referencia a las motivaciones y alcances de la misma.

III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su resolución.

I. ANTECEDENTES

1. El 8 de septiembre de 2016, las Senadoras Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Angélica de la Peña Gómez, Martha Angélica Tagle Martínez, Sonia Rocha Acosta, Luisa María Calderón Hinojosa y Gabriela Cuevas Barrón, y los senadores Humberto Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto, Raúl Gracia Guzmán, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Héctor Larios Córdova, Francisco Salvador López Brito y César Octavio Pedroza Gaitán, presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Anexo ''Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes" del Presupuesto de Egresos de la Federación  para  2017,  los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva, determinó turnarla a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Textualmente, las y los proponentes señalan:

“Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por primera ocasión estableció la protección especial para los derechos de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención  especial; 6) derecho

a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además, de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.

Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la Niñez.

En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección  y  el cuidado que sean necesarios para su bienestar,

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Ahora bien, un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en nuestro país es la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual por primera vez establece una visión garantista.

Gracias a esta Ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, que determina la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encarga de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

Otro avance trascendental, es que esta Ley mandata que las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.

Así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos   presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.

Es así que con la entrada en vigor de esta Legislación, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, están obligadas a garantizar bajo un enfoque de derechos y transversal la implementación de las políticas públicas necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Al respecto, cabe destacar la sustentación del 4º y 5º informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité el pasado 19 y 20 de mayo de 2015, y con fecha 5 de junio de 2015, ese Comité en su 2024ª sesión emitió Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, haciendo hincapié en lo siguiente, con respecto a la Asignación de Recursos en su recomendación número 14:

A la Luz de su Día de Debate General de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño- Responsabilidad de los Estados”, el Comité recomienda al Estado parte que:

(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de la ley;

(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para  la  garantía  de  los  derechos de la infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la infancia y a la participación de niñas y niños;

(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la infancia;

(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta al realizar recortes presupuestales en los diferentes sectores del gobierno, y que se asegure de establecer el impacto de estos recortes en niñas y niños;

(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y denunciar efectivamente la corrupción.

Cabe enfatizar que el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2015 aprobado para llevar a cabo las acciones contempladas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue a todas luces insuficiente, por lo que esta nueva Legislatura de la H. Cámara de Diputados ha tenido el compromiso de analizar bajo un enfoque de derechos el anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la asignación de los recursos con el objeto de hacer efectivos los derechos de la niñez y adolescencia considerados en la Ley General.

Por otro lado, es importante hacer mención que esta Ley en su artículo 1° menciona como objeto de la misma crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.

En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125, establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el Sistema referido.

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la Ley.

La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección; la Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales. (Artículos 121 de la LGDNNA).

Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la Ley, así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes está regulado en el artículo 123.

En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de Protección en el país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas estas figuras a nivel local las cuales ya se han implementado a nivel federal, sobre todo, cuando se observan casos cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia en lo local.

Cabe señalar que para que estas figuras operen eficientemente es imperante la asignación de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 recursos suficientes para la operatividad del Sistema de Protección Integral y la Procuraduría.

Por lo anterior, la que suscribe también exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere la creación de un Fondo de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto con la finalidad de garantizar la implementación de los Sistemas locales de Protección integral en los municipios y de las Procuradurías de Protección locales.

Este Fondo se propone que sea administrado por el Sistema Nacional de Protección Integral a través de su Secretaría Ejecutiva, y que sean consideradas como beneficiarias del mismo las entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los recursos de este Fondo se destinarán a la implementación de los sistemas de Protección municipales y la operación de los Sistemas locales ya instalados, así como, para llevar a cabo los programas locales en la materia, el sistema de información, así como dar seguimiento y monitoreo de los mismos, todo de conformidad con la Ley.

Si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un hito en la materia, es menester que se cumpla el mandato que se establece de incorporar en los proyectos de presupuesto la asignación de recursos para de esta manera garantizar efectivamente los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Al ser facultad de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, es que se realiza este exhorto, reiterando la responsabilidad y el compromiso que esta Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, y con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos.”

En ese tenor, proponen:

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se consideren en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando de manera prioritaria la asignación de presupuesto para las figuras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  a la H.  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de la Unión para que en uso de sus facultades se considere en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la creación de un Fondo de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para aquellas entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General en la materia, y que hayan implementado sus sistemas de protección locales, con la finalidad de garantizar la operatividad de dichos sistemas y la implementación de sus Sistemas Municipales y de las Procuradurías de Protección Locales.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. La proposición que se examina y dictamina tiene por objetivos exhortar, por un lado, a la Cámara de Diputados a efecto de que consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 las asignaciones presupuestales para dar cumplimiento a las acciones previstas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de, manera específica, para consolidar dos instrumentos de orden federal, el sistema nacional de protección integral y la procuraduría de protección; por otro, busca exhortar tanto a la secretaría del ramo hacendario y a la colegisladora con el fin de crear un fondo que apoye a toda entidad federativa que haya adecuado su normativa local y creado sus sistemas y procuradurías de protección correspondientes.

SEGUNDA. Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con los argumentos expuestos por las y los proponentes cuando afirman que es imperante la asignación -en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017-, de recursos suficientes que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General y garantizar la operación de los instrumentos concebidos al amparo de la misma, en los tres niveles de gobierno.

TERCERA. Efectivamente, como se apunta en la proposición que se aborda, diversos artículos de la Ley General disponen que los tres órdenes de gobierno y los órganos legislativos competentes consideren los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a las nuevas responsabilidades derivadas de la Ley General.

Nos referimos concretamente a los artículos 2, 3, 114, 125, 137 y transitorios décimo primero y décimo segundo:

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:

(…)

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;

(…)

(…)

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente    Ley.

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

Artículo 114. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los organismos constitucionales autónomos,  en el ámbito de su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar la asignación prioritaria de recursos en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 125

(…)

El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones:

(…)

IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

Artículo 137. Los Sistemas Locales de Protección tendrán, cuando menos, las siguientes atribuciones:

(…)

VII. Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales tendrán una realización progresiva;

Transitorios

Décimo Primero

Los centros de asistencia que se encuentren operando con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Décimo Segundo

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá una partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de las adecuaciones a las que se refiere el transitorio anterior y la operación de los Centros de   Asistencia Social.

Destacándose el hecho que el último párrafo del artículo 2 estipula que los órganos legislativos federal y locales establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

CUARTA. El Comité de los Derechos del Niño, luego de analizar los Informes Periódicos Consolidados 4º y 5º emitió sus Observaciones finales  al respecto, expresando satisfacción por el hecho de que la Ley General  previera  la implantación de un sistema nacional de protección integral, mostrando a la vez su preocupación acerca de la creación de los sistemas en los ámbitos local y municipal, y sus respectivas secretarías ejecutivas, así como la instauración de las procuradurías respectivas, dentro de un plazo perentorio a efecto de hacer frente a los retos que representan las disposiciones de la ley misma, y los compromisos adquiridos por el Estado mexicano, instándolo proveer los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes:

Operativo- presupuestal

Coordinación

11. El Comité acoge con satisfacción la inclusión del Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI) dentro del contenido de la LGDNNA, y que éste sistema sea encabezado por el Presidente del Estado parte. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación frente a la implementación en tiempo de un sistema como el planteado a nivel federal, estatal y municipal, que sea capaz de enfrentar las múltiples inquietudes relacionadas con la actual ausencia de un mecanismo que coordine la implementación de los contenidos de la Convención y sus Protocolos Facultativos.

12. El Comité insta al Estado parte a establecer de manera expedita el SNPI y a garantizar que este sistema sea provisto de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su efectivo funcionamiento a nivel federal, estatal y municipal. En particular, el Comité recomienda al Estado parte de manera expedita que:

(a) Establezca las Secretarías Ejecutivas a nivel federal, estatal y municipal;

(b) Establezca las Procuradurías de Protección Especial a nivel federal y estatal y garantice que funcionen de acuerdo a los contenidos de la LGDNNA.

En esa línea, el Comité también abordo lo relativo a los fondos necesarios, exhibiendo la insuficiencia, la falta de su registro puntual y de transparencia en su aplicación, recomendando presupuestar los montos necesarios para implementar de manera efectiva la Ley General, enfrentar la corrupción, medir el impacto de la astringencia de recursos, transparentar el gasto, aplicar el enfoque de derechos de infancia al diseñar el presupuesto federal a fin de garantizarlos; elevar los montos destinados a educación, salud, a la protección y a la participación de la niñez y la adolescencia:

Asignación de Recursos

13. El Comité toma nota de que los recursos asignados a la infancia han aumentado durante el período de revisión del Estado parte y que también ha aumentado la claridad frente al presupuesto asignado a niñas y niños. Sin embargo, el Comité está preocupado por:

(a) El hecho que en la LGDNNA no haya sido incluido un análisis de gastos presupuestarios;

(b) El presupuesto insuficiente asignado a la infancia, en especial a la protección y a la garantía de la participación de niñas y niños, además de la transparencia insuficiente en lo relacionado a la asignación de fondos que son transferidos desde el nivel federal a los niveles estatal y municipal;

(c) Los presupuestos federal y municipales no definen de manera adecuada los gastos destinados a la infancia;

(d) El hecho de que a pesar de existir un alto nivel de percepción de la corrupción en el Estado parte, no existe evidencia relacionada con casos de malversación de los fondos asignados a la garantía de derechos de la infancia.

14. A la luz de su día de debate general de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño – Responsabilidad de los Estados”, el Comité recomienda al Estado parte que:

(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de la ley;

(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos  de  la  infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la infancia y a la participación de niñas y niños;

(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la infancia a través de todo el presupuesto;

(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta al realizar inversiones o recortes al presupuesto en cualquier sector, y que se asegure de medir el impacto de estos recortes en niñas y niños;

(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y enjuiciar efectivamente la corrupción.

De igual manera, el Comité recomendó, en el rubro de Políticas y Estrategias Integrales:

10. El Comité recomienda al Estado parte que:

(a) Garantice que el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los Programas de Protección Locales a nivel estatal y municipal sean implementados en tiempo, que incluyan todos los aspectos contenidos en la Convención y en sus Protocolos Facultativos, incluyan una perspectiva de género, y que sean provistos de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para su adopción efectiva.  La  opinión  de  niñas,  niños y adolescentes, de la sociedad civil y de organizaciones internacionales pertinentes debe ser tenida en cuenta en este proceso.

(b) Adopte las medidas necesarias para asegurar que las entidades estatales y municipales implementen un mecanismo adecuado para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con los derechos de la infancia.

Lo anterior, considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 4 dispone que los Estados Partes deban destinar hasta el máximo de recursos disponibles para garantizar los derechos de la infancia.

QUINTA. Por su parte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha sido metódico y enfático, en distintos foros, al plantear que toda acción gubernamental requiere del financiamiento pertinente, aduciendo que lo contrario hace inviables los mejores propósitos. Por ello, ha señalado que la expresión más clara de la prioridad que el gobierno da a la infancia y la adolescencia es otorgar presupuesto suficiente para garantizar sus derechos: las políticas públicas son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social.

Al respecto, en el Informe sobre la equidad del gasto público1(Unicef-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) concluye que el incumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes representa una pérdida doble, pues se refleja en un menor desarrollo humano durante la infancia y a lo largo de la vida. Los rezagos de la infancia se acumulan en la vida adulta e impiden el desarrollo pleno de las personas hasta su máximo potencial. En este sentido, el desarrollo deficiente de capacidades en la infancia conduce al deterioro de las oportunidades en etapas posteriores. Además, la vulneración de los derechos durante la infancia impacta de manera negativa el ejercicio pleno de derechos y la autonomía en la edad adulta. Por lo tanto, el incumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes perpetúa la desigualdad y la pobreza, obstaculiza la movilidad social y, por ende, constituye un impedimento para la construcción de un México más incluyente.

SEXTA. En tales circunstancias, de acuerdo con recientes informaciones los avances alcanzados desde la publicación de la Ley General -DOF, 4 de diciembre de 2014-, dejan entrever la necesaria consolidación a mediano y largo plazo de la acción programática-instrumental de la administración pública federal, estatal y municipal.

Entre los primeros avances de la implementación de la Ley durante 20152, sobresalieron los siguientes:

• Creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral.

• Instalación del Sistema Nacional de Protección Integral.

• Publicación del Reglamento de la Ley General.

• Adecuación del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF.

Así, a junio3 de 2016, se divulgó que:

• Se contaba con el diseño de la estructura del Sistema Nacional de Información, y del diseño de 371 indicadores de medición cuantitativos y cualitativos.

• La instalación de 29 sistemas locales de protección integral y 363 municipales.

• 32 entidades federativas aprobaron en sus congresos locales las leyes de protección de derechos.

• Se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Posteriormente, en agosto de 2016, durante la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral se resumieron algunos de los acuerdos alcanzados en la primera sesión:

• Creación de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Estatales y Nacional para coordinar y poder homologar el trabajo de este Sistema a nivel nacional (primera sesión del Sistema Nacional)

• Creación de nueve comisiones homólogas -de coordinación-, en las entidades federativas, comisiones de Secretarios Ejecutivos Estatales con Secretarios Municipales, y el compromiso de todas las entidades federativas de crearlas antes del fin de año.

• Creación -en la primera sesión del Sistema Nacional-, de la Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño4 (hasta agosto se habían creado comisiones similares en ocho entidades federativas)

• Creación de la Comisión de Justicia Integral para Adolescentes (primera sesión del Sistema Nacional)

• Creación de la Comisión contra la Explotación y el Abuso Sexual en Línea de Niños, Niñas y Adolescentes (primera sesión del Sistema Nacional)

También, se detalló que hasta agosto de 2016:

• Se habían instalado 32 sistemas locales de protección integral, con sus respectivas secretarías ejecutivas.

• Se emitieron 13 reglamentos de leyes estatales de protección integral.

• 29 estados cuentan con procuradurías de protección adecuadas a las nuevas circunstancias; en tres más, ya realizan las tareas correspondientes.

• Cuatro entidades han puesto en marcha sus sistemas de información.

• 655 municipios y una delegación ya cuentan con sistemas de protección integral.

• La procuradurías de Protección han instalado 959 oficinas con  cobertura en las 32 entidades federativas

Entre los logros de la segunda sesión del Sistema sobresalen5:

• La aprobación del Programa Nacional de Protección Integral.

• La aprobación de la estrategia “25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”

• Creación de un grupo de trabajo interinstitucional para el diseño de instrumentos relativos a la evaluación de las políticas y para la asignación de presupuestos, que puedan dar cumplimiento a los acuerdos, resoluciones y recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Integral (coordinado por la Secretaría de Hacienda)

• Creación de la Comisión de Desarrollo Infantil Temprano (presidida por la Secretaría de Salud)

• Creación de la Comisión de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes (presidida por el Sistema Nacional DIF)

• Transformación de la Comisión contra Explotación y Abuso Sexual, aprobada en la primera sesión, para convertirla en la Comisión contra Toda Forma de Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes (coordinada por la Comisión Nacional de Seguridad)

SÉPTIMA. Frente a este panorama que registra importantes avances en materia protección de derechos de la niñez y la adolescencia, para esta Comisión Dictaminadora los resolutivos que se proponen resultan significativos y oportunos6 dado que la eficacia de la aplicación de las normas -la viabilidad de sus disposiciones- requiere indefectiblemente de recursos de distinta naturaleza, pero principalmente presupuestales a fin de consolidar paso a paso los logros alcanzados.

En suma,  estamos ciertos, que la marcha de la economía nacional atraviesa una coyuntura crítica que obliga a racionalizar el gasto en el ejercicio fiscal del año próximo, no obstante, ésta Soberanía apela a la sensibilidad de la Colegisladora a efecto de prever y etiquetar los recursos adecuados que consoliden los avances normativos, reglamentarios, programáticos, estratégicos, instrumentales, etcétera, registrados a partir de la publicación de la Ley General en materia de derechos de la niñez.

El Congreso mantiene hasta ahora una deuda permanente con este vasto sector poblacional, por lo que la inversión en la promoción, protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, atendiendo los principios rectores que la misma Ley enuncia, redundará sin duda en beneficios para sociedad.

Por lo anteriormente razonado y expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a consideración de este Honorable Pleno el siguiente:

ACUERDO

Primero. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se consideren en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando de manera prioritaria la asignación de presupuesto para las figuras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la creación de un Fondo de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para aquellas entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General en la materia, y que hayan implementado sus sistemas de protección locales, con la finalidad de garantizar la operatividad de dichos sistemas y la implementación de sus Sistemas Municipales y de las Procuradurías de Protección Locales.

COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA.

1Ver: Informe sobre la equidad del gasto público. Unicef, PNUD, septiembre de 2015; http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_PNUD_Equidad_Gasto_low.pdf

2 Ver: https://www.gob.mx/segob/articulos/100-dias-10-acciones-imaginando-un-mexico-mejor-para-43-millones-de-ninas-ninos-y-adolescentes

3Ver: https://www.gob.mx/segob/articulos/sipinna-180-dias-trabajando-por-los-derechos-humanos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-nna?idiom=es

4 Ver: DOF: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5434210&fecha=22/04/2016

5 Ver: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-segunda-sesion-ordinaria-del-sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es

6 Cabe subrayar, que la Cámara de Diputados ha creado diversos fondos específicos, ejemplos de ellos lo son: el de capitalidad, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423970&fecha=29/01/2016 ; o el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423971&fecha=29/01/2016






Y por el que se exhorta a que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se eviten ajustes o recortes al gasto público asignado a programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y adolescentes.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII Legislatura, le fue turnada  para  su  análisis  y  dictamen correspondiente, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a evitar que los ajustes presupuestales al gasto público para lo que resta del año 2016 y el año 2017, previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afecten los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y adolescentes, privilegiando una estrategia nacional para la primera infancia que esté acompañada de recursos suficientes y que adopte un enfoque de formación de capacidades en edades tempranas y de prevención de desigualdades futuras.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  85,  86  y  94  de  la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada.

II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace referencia a las motivaciones y alcances de la misma.

III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su resolución.

I. ANTECEDENTES

1. El 14 de septiembre de 2016, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a evitar que los ajustes presupuestales al gasto público para lo que resta del año 2016 y el año 2017, previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afecten los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y adolescentes, privilegiando una estrategia nacional para la primera infancia que esté acompañada de recursos suficientes y que adopte un enfoque de formación de capacidades en edades tempranas y de prevención de desigualdades futuras.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva, determinó turnarla a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Textualmente, el proponente expone:

“Durante la presentación del informe del Estado Mundial de la Infancia 2016, dado a conocer en México por la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el pasado 28 de junio del presente año, se señaló que en México 53.9 por ciento de la población e niñas, niños y adolescentes en edades de entre 0 y 17 años, es decir, cerca de 21 millones, viven en situación de pobreza.

El informe destacó también que las niñas, niños y adolescentes en el país padecen por el ingreso de sus hogares, su origen étnico, su lugar de residencia y su género, que se acentúa sobre todo en las poblaciones infantil y adolescente cuyas familias viven en situación de pobreza, los que habitan en zonas rurales y los que pertenecen a la población indígena, quienes enfrentan las mayores desventajas.

En este sentido, se señaló que nueve de cada 10 menores hablantes de lenguas indígenas están en pobreza.

Además, en estados como Guerrero y Chiapas cuatro de cada mil niñas de entre 10 y 14 años ya tienen al menos un hijo.

En lo que se refiere a matrimonios infantiles, los estados con más altos índices de pobreza y donde se registran mayores porcentajes de este tipo de uniones destacan: Chiapas con 44.82 por ciento, Guerrero con 42.41 por ciento, y Oaxaca con 39.1 por ciento.

En el informe se indica que la desigualdad no es inevitable ni insuperable, por lo que se requiere invertir en la niñez.

En este sentido, los representantes de Unicef solicitaron al Gobierno Federal evitar recortes a programas dirigidos a la primera infancia, el grupo con menor desarrollo humano y con mayor pobreza en todo el país.

Por su parte, en la Infografía “Desarrollo Humano y gasto público para niñas, niños y adolescentes en México”, publicada por Unicef en noviembre de 2015, indica que la primera infancia (0 a 5 años) recibe el menor gasto público en desarrollo humano, dentro del grupo de niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior, tomando en consideración que la Unicef indica que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide los logros en las dimensiones de salud, educación e ingreso y se expresa como un valor entre 0 y 1.

Por lo anterior, el organismo recomienda que el gasto público deba adoptar un enfoque de formación de capacidades en edades tempranas y de prevención de desigualdades futuras.

Más específicamente, el documento publicado por Unicef señala que para la población infantil ubicada en el rango de edades entre los 6 y los 17 años, los apoyos para mantener sus estándares de bienestar en base al Índice de Desarrollo Humano arrojan un superávit, por lo que se descuida a la población que cursan la primera infancia, es decir, entre los 0 y los 5 años de edad, dejándolos desprotegidos en términos de apoyos en salud, educación e ingreso para alcanzar los estándares de bienestar requeridos por la Unicef.
A partir de lo anterior, el organismo recomienda que para promover el desarrollo y el goce efectivo de derechos de las niñas, niños y adolescentes es necesario:

• Ampliar la atención dirigida a los niños y niñas de 0 a 5 años a través de una estrategia nacional para la primera infancia, acompañada de recursos suficientes.  

• El gasto en la infancia debe tener una distribución que contemple la realización progresiva de todos los derechos para ofrecer una atención integral y cerrar brechas de desarrollo entre la población.  

• En particular, el gasto en desarrollo humano destinado a la infancia debe beneficiar de manera prioritaria a la niñez indígena, a los que pertenecen a niveles de bajo ingreso, a los que habitan en zonas rurales y los que habitan en la zona sur-sureste del país.  

Asimismo, recomendó que para promover el desarrollo humano:  

• El gasto en desarrollo humano debe contribuir a prevenir la acumulación de rezagos a través de una distribución más equitativa y centrada en la población menos favorecida.  

• Por lo que respecta a educación, se debe asignar presupuesto para que las niñas, niños y adolescentes que están fuera del sistema escolar asistan y para que quienes están rezagados se pongan al corriente.  

• En materia de salud, recomienda cambiar de un enfoque correctivo a uno preventivo.  

Ahora bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el micrositio Transparencia Presupuestaria los impactos presupuestales resultado del Segundo Ajuste preventivo al gasto en el presente año 2016, que asciende a 31 mil 715 millones de pesos.

El documento publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) destaca que el ajuste impacta principalmente a las secretarías de Educación Pública (SEP), de Salud, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y organismos del Gobierno Federal, con un presupuesto equivalente a 22 mil 479.5 millones de pesos.

El resto impacta en el presupuesto ocho secretarías de Estado, entre las que destaca la de Desarrollo Social, y tres organismos federales, entre ellos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La reducción de mil 550 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) afectará seriamente al Programa de Fomento Social de la Dirección de Opciones Productivas, pues los dos recortes afectaron los recursos previstos para este rubro, a tal grado que sólo recibirá 14% del presupuesto que originalmente se le había asignado y por consiguiente se verán mermados sustancialmente los 150 apoyos económicos que este año preveía entregar.

Por otra parte, a Prospera, el principal programa social federal que apoya a 6.1 millones de personas, se le reducirán mil millones de pesos.

El programa de comedores comunitarios también verá afectado la asignación de recursos para apoyar a alrededor de medio millón de personas con dos alimentos al día de lunes a viernes, el cual, adicionalmente, tiene como meta este año llegar a 5 mil 100 comedores.

Al Programa de Empleo Temporal se le redujeron 100 millones. El de 3x1 para Migrantes que para este año contemplaba financiar 2 mil 20 proyectos, tendrá una baja de 50 millones de pesos.

Los especialistas coinciden en señalar que los programas como Prospera, el Programa de Empleo Temporal y los comedores comunitarios, afectados con el recorte presupuestal verán mermada su operación y el alcance de sus metas, repercutiendo sensiblemente en la población infantil.

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el informe “Cómo va la vida 2015”, destacó que la tasa de pobreza entre la población infantil es de 25.8%, lo que significa que es la tercera más elevada entre los países miembros, sólo después de Israel y Turquía, que registran 28.5 y 28.4%, respectivamente.

Asimismo, en el informe se señala que los niños y las niñas en México viven con altos niveles de marginación y baja escolaridad.

En el estudio de referencia en el que se establecieron once indicadores de la calidad de vida, tales como educación, salud, riqueza, empleo y salario, calidad del medio ambiente y seguridad personal, se detalló que respecto a la mortalidad infantil, la tasa en México es de 13.3%; es decir, la más elevada entre los países de la organización.

Con base a los datos ofrecidos, consideramos necesario que el Estado mexicano tome en cuenta las propuestas de los organismos internacionales para abatir la pobreza infantil y realice las estrategias de política pública necesarias y con recursos suficientes para atender a los grupos de edad que cursan la primera infancia, así como dotarlos de apoyos en salud, educación e ingreso para alcanzar los estándares de bienestar que requieren para lograr un desarrollo pleno.”

En ese tenor, propone:

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a evitar que los ajustes presupuestales al gasto público para lo que resta del año 2016 y el año 2017 previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afecten los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y adolescentes, privilegiando una estrategia nacional para la primera infancia que esté acompañada de recursos suficientes y que adopte un enfoque de formación de capacidades en edades tempranas y de prevención de desigualdades futuras.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. La proposición que se examina y dictamina tiene por objeto instar al gobierno federal evite —dados los recortes presupuestales en curso y para el próximo año—, afectar los programas federales que benefician a la niñez y la adolescencia, subrayando la necesidad de privilegiar una estrategia de atención a la primera infancia.

SEGUNDA. Esta comisión dictaminadora comparte los juicios expuestos por el proponente cuando afirma que es necesario que el Estado mexicano tome en cuenta las propuestas de los organismos internacionales para abatir la pobreza infantil mediante estrategias de política pública adecuadas, con recursos suficientes, específicamente para atender la primera infancia, a fin de garantizarles un desarrollo pleno.

Al respecto, se tiene presente que el noveno párrafo de la Carta Magna mandata que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En consecuencia el último párrafo del artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

Lo anterior, en concordancia con el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño que estipula que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

TERCERA. Como lo indica el proponente uno de los organismos internacionales que ha expresado su satisfacción por los avances normativos alcanzados por nuestro país, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ha expuesto también en cifras crudas acerca de la precaria situación socioeconómica que agobia a la niñez y la adolescencia, y de la necesaria inversión para abatirla.

En efecto, en el Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México (2015) el Unicef señala con toda claridad que a partir de la investigación realizada:

• El grupo el menor índice de desarrollo humano [*] es los niños y niñas en la primera infancia. 

• Que se observan brechas de desarrollo humano entre niños indígenas y quienes no lo son

• Se reconoce que el nivel de desarrollo de niñas, niños y adolescentes se redujo entre 2008 y 2012 en Nayarit, Colima y Baja California Sur, y que la esperanza de vida de los menores de 18 años de Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas y Coahuila disminuyó durante este periodo

En esa perspectiva, aduce el Unicef, el gasto público en desarrollo humano (GDH), es decir, el gasto público destinado a salud, educación e ingreso, no se distribuye necesariamente entre los grupos o dimensiones donde existen mayores carencias [*]  por lo que su potencial como herramienta —para derrotar la desigualdad y promover el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia—, se disipa.

Precisa también que el GDH per cápita y la proporción de beneficiarios del gasto es menor en la primera infancia que en otras etapas de la niñez.

Así, el organismo mundial subraya que:

Una asignación equitativa del presupuesto público que comience desde las primeras etapas de la vida puede ampliar las oportunidades de desarrollo y garantizar el goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

La redistribución de recursos es fundamental para garantizar el desarrollo sostenido y más igualitario en todo el país. 

Por lo que concluye que el incumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes representa una pérdida doble, pues se refleja en un menor desarrollo humano durante la infancia y a lo largo de la vida. Los rezagos de la infancia se acumulan en la vida adulta e impiden el desarrollo pleno de las personas hasta su máximo potencial [al] conducirlo hacia el deterioro de las oportunidades en etapas posteriores. Además, la vulneración de los derechos durante la infancia impacta de manera negativa el ejercicio pleno de derechos y la autonomía en la edad adulta. Por lo tanto, el incumplimiento de los derechos (…) perpetúa la desigualdad y la pobreza, obstaculiza la movilidad social y, por ende, constituye un impedimento para la construcción de un México más incluyente [*]  .

Particularmente, advierte que es urgente ampliar la coordinación y oferta programática de atención dirigida a los niños y niñas de 0 a 5 años a través de una estrategia nacional para la primera infancia, a fin de promover su desarrollo y satisfacer sus necesidades de protección, orientación y cuidado. Tal estrategia, como componente clave del futuro Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que exige la LGDNNA, permitiría al país aprovechar el potencial de este grupo de población, tanto hoy como en las etapas posteriores de sus vidas.

Enseguida enlista los componentes de la estrategia orientada a la primera infancia:

 Una estrategia integral para la población de 0 a 5 años requiere de atención en los siguientes ámbitos: atención prenatal; promoción de la salud y nutrición desde el nacimiento, incluyendo la promoción de la lactancia materna; estimulación y maduración de capacidades motoras y aptitudes intelectuales, y orientación sobre atención y crianza para padres o profesionales relacionados con el cuidado de los niños (visitas de personal de salud a los hogares). Este último es un componente decisivo: puesto que los menores de cinco años pasan la mayor parte del tiempo con sus familias, es fundamental que esta estrategia empodere a las familias y las apoye para que cuenten con instrumentos y capacidades que les permitan desarrollar y monitorear los avances de sus propios hijos e hijas.

CUARTA. Por otro lado, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados identifica en el apartado octavo del  Análisis del Paquete Económico 2017, Finanzas Públicas [*]  diversos anexos  transversales previstos en el Presupuesto de Egresos, entre ellos el dirigido a la atención de niñas, niños y adolescentes.

Afirma el Centro de Estudios que los recursos previstos son distribuidos en ochenta y cinco programas presupuestarios a cargo de diversas dependencias y entidades, cuya suma global pretende garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los siguientes derechos:

Derecho a la supervivencia: Salud, vivienda y su infraestructura, alimentación y nutrición, y asistencia social. 

Derecho al desarrollo pleno: Educación, deportes, recreación y cultura y urbanización, además de desarrollo regional. 

Derecho a la protección: Protección contra abuso, violencia, explotación y discriminación. 

Derecho a la participación: Información, medios masivos de comunicación y participación ciudadana.

Al respecto, calcula que si bien nominalmente en el “Anexo 18 recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes”, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2017, se prevé un aumento nominal de 22 mil 267.3 millones de pesos —para alcanzar un monto global que ronda los 759 mil 246.4 millones de pesos, considerando que en 2016 fue de 736 mil 979.147 millones de pesos aproximadamente—, en realidad, señala, su variación real es negativa 0.3 por ciento, respecto al año anterior.

QUINTA. En conclusión, diversos organismos internacionales, como lo apunta el proponente, coinciden complementariamente en que el rezago social que registra nuestro país incide negativamente en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y de manera particular en el segmento identificado con la primera infancia.

Frente a esta realidad imperante, el quehacer del Estado resulta apremiante, más allá de políticas paliativas que atemperan efectos pero que no abaten las causas de dicho rezago ni garantizan el ejercicio pleno de sus derechos.

En este tenor, decíamos, la inversión, que no gasto, en aquellas acciones programáticas —en todos los rubros—, derivadas de la implementación de la Ley General de los Derechos debe consolidarse prioritariamente puesto que cualquier afectación presupuestal profundizaría la deuda social, la desigualdad presente, a la par que dañaría irremediablemente el desarrollo de más de treinta millones de personas.

Cabe hacer la acotación que la inversión garantizada para hacer frente a los retos y mandatos emanados de una legislación ejemplar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, ha de medirse en términos reales a fin de sortear falsas expectativas al respecto

Por lo anteriormente razonado y expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a consideración de este Honorable Pleno el siguiente:

ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que el ejercicio fiscal 2017, se eviten ajustes o recortes al gasto público asignado a los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y adolescentes, privilegiando una estrategia nacional para la primera infancia.

[*]  El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: la capacidad de disfrutar de una vida larga y saludable; la capacidad de adquirir y poseer conocimientos, y la capacidad de contar con recursos suficientes para vivir dignamente. (…) Si bien el IDH no abarca los cuatro grupos de derechos de la CDN (supervivencia, desarrollo, protección y participación), sus componentes coinciden con los derechos de supervivencia y desarrollo. Esta discusión se presenta al inicio del informe y es fundamental, pues establece el marco teórico del análisis estadístico. Adicionalmente, el IDH y sus componentes identifican logros y sirven para analizar si la distribución del gasto público en salud, educación y en transferencias al ingreso es equitativa. El enfoque de derechos también enriquece a la perspectiva de desarrollo humano, ya que proporciona una plataforma para impulsar y exigir la dotación de capacidades básicas a los nna y a las nuevas generaciones (ibídem, páginas 19 y 20)
[*]  Ibid, pp. 4 y ss.
[*]  Informe sobre la equidad del gasto público. Unicef, PNUD, septiembre de 2015;página 93; http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_PNUD_Equidad_Gasto_low.pdf
[*]  Ver: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/septiembre/cefp0242016.pdf

Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. No tengo reservadas registradas, pero, pregunto a la Asamblea si alguien quisiera reservar algo.

Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y así es del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han descrito. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Asuntos Migratorios.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta de ellos.

Por el que se exhorta al gobierno federal a informar sobre los programas federales que atienden a las familias de retorno a nuestro país.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)








Y por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a redoblar esfuerzos y garantizar canales seguros de migración.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)



Son los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. En consecuencia, están a discusión.

Tengo registrados a la Senadora Lorena Marín Moreno, para referirse al dictamen sobre programas federales que atienden a familias de retorno a nuestro país, y después a don Víctor Hermosillo.

Se da la bienvenida, por parte del Senado de la República, a un grupo de alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del municipio de Pénjamo, Guanajuato. Invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Marín Moreno.

La Senadora María Lorena Marín Moreno: Con su permiso, señor Presidente.

De acuerdo con la definición de Naciones Unidas, el migrante de retorno es aquella persona que regresa a su país de ciudadanía después de haber sido migrante internacional y que intenta permanecer en su propio país, al menos por un año.

Después de que durante muchos años la constante en nuestro país había sido la expulsión de migrantes hacia los Estados Unidos, actualmente este fenómeno ha comenzado a detenerse, incluso a revertirse.

Muchos de nuestros connacionales están regresando a nuestro país, algunos involuntariamente por haber sido deportados, pero muchos otros también de forma voluntaria.

La migración de retorno ha adquirido una mayor relevancia en nuestro país, las causas se asocian al aumento de la seguridad en la frontera, el deterioro de las condiciones de vida de los migrantes por la recesión económica de Estados Unidos, y una mayor estabilidad económica de México.

El principal motivo de retorno de hombres y mujeres, es reunirse con la familia, en cuatro y cinco de cada diez casos respectivamente. Poco más de 15 por ciento de los hombres han regresado a México debido a que fueron deportados, seis de cada diez migrantes que retornan de Estados Unidos, ingresaron con algún documento migratorio o eran ciudadanos de dicho país.

Entre el año 2000 y 2010, la cantidad de migrantes de retorno de Estados Unidos a México se triplicó, de los 824 mil mexicanos que regresaron, el 72 por ciento fueron hombres y el 90 por ciento tenía entre 18 y 64 años de edad; además el 71 por ciento contaba con estudios a nivel básico, 19 por ciento estudios de bachillerato y el 6 por ciento grado de licenciatura o más.

En 2013, el número de migrantes mexicanos de retorno ascendió a 131 mil 625; en 2015, del total de la población que residía en México, 688 mil vivieron en el extranjero en 2010.

Es importante destacar que la gran mayoría de esta población, el 82 por ciento tiene entre 18 y 39 años de edad, por lo que representan una importante fuerza de trabajo.

Como vemos, la migración de retorno es una realidad actual y constituye un desafío para el Estado mexicano en su conjunto, ya que se hace necesario implementar programas que ofrezcan a nuestros connacionales que regresan a México alternativas para su desarrollo integral.

Es fundamental crear programas para apoyar a los trabajadores migrantes de retorno y a sus familias con el propósito de incorporarlos al mercado laboral formal, coadyuvando con ello a su desarrollo personal, familiar y al de México.

Compañeras y compañeros legisladores, los migrantes mexicanos han sido una pieza clave en el desarrollo económico y social de nuestro país, gracias a su trabajo y a las remesas que enviaron durante años, particularmente desde Estados Unidos, sus familias han podido desarrollarse y progresar, sus hijos pudieron estudiar y buscar un mejor futuro para ellos y para México.

Es momento de retribuir lo que han hecho nuestros paisanos por nuestra sociedad y por el desarrollo de nuestro país.

No podemos darles la espalda, nuestro apoyo será fundamental para su reincorporación a nuestra sociedad, desarrollo social y personal.

Por estos motivos, el grupo parlamentario del PRI, nos posicionamos a favor del presente dictamen, convencidos de que con ello coadyuvaremos a crear un mejor futuro para los migrantes mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Lorena Marín Moreno.

Tiene el uso de la palabra don Víctor Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva. Muchas gracias.

El problema en la frontera, de los expulsados, es un problema muy grave. Se dice que ahora están regresando más mexicanos a México que los que quieren ir a Estados Unidos. La realidad es que no están regresando porque quieren, los están deportando, y precisamente este gobierno de Obama ha sido el que más ha deportado mexicanos que vivían en Estados Unidos, con las consecuencias que ya sabemos.

Este hacinamiento en las fronteras, en Mexicali, hace dos años eran 60 mil los que expulsaban, un poco más en Tijuana y no hay ayuda del gobierno federal, esa es una realidad. Ya ha habido muchas situaciones en que se han, aquí en la tribuna, exhortado a que se les ayude y de una manera u otra, eso no sucede.

Si no fuera por las organizaciones de la sociedad, la situación de estos individuos estaría muy difícil. La mayoría de ellos quisiera regresar a Estados Unidos porque, precisamente, salieron de sus ciudades o de sus pueblos porque no tenían trabajo ahí, es muy difícil hacerles un programa aquí con las condiciones del país.

Por otro lado, muchos de ellos dejaron familias en Estados Unidos; es un problema muy grave que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la población también, o sea Gobernación debería ponerle más énfasis.

Esta cosa se complicó ahora con una migración a través de nuestro país, de antillanos y personas de África que son muy notables, se ve muy claro por su color, y entonces nos preocupamos, estuvo en la prensa y todo eso, pero ese es un grupo que no es mexicano, está en tránsito, quiere ir a Estados Unidos y por ningún motivo es la cantidad de los que expulsan de Estados Unidos. A ambos hay que atendérseles, pero en primer lugar, pues, a nuestros compatriotas que regresan de Estados Unidos de una manera forzada.

Eso hay que exhortar rápidamente en esta situación, como lo dijo la Senadora María Lorena Marín, a las autoridades, que le pongan atención a este grave problema porque en realidad no hay una atención debida.

Hace poco, fue el Secretario de Gobernación junto con la Canciller y el Secretario de la Sedesol, y visitaron y dijeron que estaban muy preocupados, pero hasta ahorita no sucede nada; hay que poner la atención del gobierno federal, con todas las dificultades que tenemos económicas en el país, que ya sabemos de presupuestos, para que de una manera u otra ponga más atención en este problema.

Los expulsados de los Estados Unidos y las personas que no son mexicanas, que están llegando a la frontera con la intención de introducirse en Estados Unidos y que vienen de Haití, algunos de África, como se dice, y de muchos países del mundo.

Hay que hacerlo pronto, porque si no va a ser una situación de conflicto y también una situación de desprestigio para nuestro país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, don Víctor Hermosillo.

Se recibió en la Mesa Directiva el texto de la intervención del Senador Sofío Ramírez Hernández, sobre el dictamen que exhorta a garantizar canales seguros de migración, el cual se integra al Diario de los Debates.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Intervención. Con el permiso de la Pesidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Tenemos la discusión de dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta con los dictámenes. Tenemos cinco dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a informar sobre la conveniencia de firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)








Por el que se exhorta a informar del proceso que han realizado para recibir recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)








Por el que se desecha la proposición que exhorta a crear centros de atención para personas con discapacidad.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)








Por el que se desecha la proposición que exhorta a designar al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)








Y por el que se desecha la proposición que exhorta a llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de que los contribuyentes con alguna discapacidad para caminar, moverse o ver, cuenten con las facilidades necesarias para realizar sus declaraciones fiscales correspondientes a 2016.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)








Tenemos un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, que contiene un punto de Acuerdo por el que se exhorta a reforzar acciones, programas y estrategias destinadas a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentran a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lilia Merodio Reza, para presentar los dictámenes.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Por economía procesal me referiré en bloque a los seis dictámenes que l Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración de esta Asamblea.

Todos hemos escuchado alguna vez que los jóvenes son el futuro y, efectivamente, en México, de acuerdo a datos del Inegi, se estima que en 2020 se vivirán en promedio 78 años, y para el 2050 el promedio de vida será de 81 años.

Por lo tanto, en 23 años, más de la cuarta parte de la población serán adultos mayores, de tal forma que debemos, además, brindar mejores servicios de calidad de vida a nuestros adultos mayores, que el día de hoy tengan la posibilidad de tener un servicio efectivo, pero también de gran calidad, y sentar así las bases para que nos permitan afrontar las necesidades de toda esta población.

Actualmente, según el Consejo Nacional de Población, Conapo, en México viven más de 12 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa esto el 10 por ciento de la población nacional; sin embargo, su atención resulta compleja en tanto que se tiene que considerar aspectos además de la edad, por ejemplo, factores biológicos, sociales, económicos, culturales, entre otros.

Desafortunadamente, las personas adultas mayores constituyen un sector desprotegido en lo que a sus derechos se refiere, además de enfrentar la pérdida de sus capacidades físicas y de ingresos para vivir, se enfrentar a contextos de violencia, discriminación, falta de acceso a los servicios de salud, trabajo, educación, vivienda digna y en general, carecen de los medios necesarios para su desarrollo integral.

Según algunos estudios realizados en el país sobre violencia intrafamiliar, el porcentaje de esta población que ha sufrido maltrato y agresiones oscila entre el 8 y 18 por ciento, asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, seis de cada diez personas en México consideran que los derechos de los adultos mayores no se respetan.

En ese sentido, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presentamos diversos dictámenes que tienen por objeto exhortar primeramente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe detallado sobre la conveniencia de firmar por parte del Estado mexicano, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Esto ayudará a evaluar el camino que se debe tomar para que el Estado mexicano pueda procurarles mayor protección, velando siempre por sus derechos humanos, seguridad y justicia.

En segunda instancia, se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que se refuercen sus acciones, programas y estrategias destinadas a fomentar, atender, procurar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores.

Finalmente, proponemos reformar el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para eliminar la discriminación hacia las personas adultas mayores por su origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra forma que atente contra su dignidad humana.

Con esto se consolida la inclusión, respeto, dignidad y calidad de vida de las personas adultas mayores.

Recordemos que ellos son una fuente de conocimiento, valores y enseñanzas, por tal motivo debemos construir políticas públicas que garanticen su pleno desarrollo.

Por el otro lado, en este Senado de la República hemos aprobado reformas en materia de transparencia, precisamente para optimizar el uso de los recursos públicos y erradicar la opacidad en su destino.

Y si bien resulta fundamental el uso racional de los recursos federales, es mayor cuando se trata del presupuesto que se destina para la atención e inclusión de personas con discapacidad.

En México, de acuerdo con el Inegi, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son casi seis millones, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total de nuestro país.

Por tal motivo, hacemos un llamado a las entidades federativas para que rindan un informe a esta Soberanía sobre el proceso que han realizado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

Porque las personas con discapacidad enfrentan múltiples dificultades para ejercer a plenitud sus derechos, sobre todo los relacionados con su accesibilidad y movilidad.

Compañeras y compañeros Senadores, les pido su voto a favor de estos seis dictámenes que, como ya escucharon, pues no solamente busca garantizar una mayor calidad de vida de los servicios de salud a los adultos mayores, sino también a las personas con discapacidad para que tengan una mejor calidad de vida.

Como legisladores debemos tener presente que el compromiso del desarrollo humano integral de los grupos más vulnerables de nuestro país deben ser nuestra prioridad.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Lilia Merodio Reza.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona entregó a la Mesa Directiva el texto de su intervención para que se registre de manera íntegra en el Diario de los Debates.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Para referirse al dictamen que exhorta a informar del proceso para recibir recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se concede la palabra a la Senadora Anabel Acosta Islas.

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo a hablar a favor de un dictamen, que considero que es de gran relevancia social, ya que pretende contribuir a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad del transporte público.

Cabe señalar que entre las personas más pobres a nivel mundial, 1 de cada 5 se encuentra en situación de discapacidad; mientras que cerca del 60 por ciento del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar se encuentran desempleadas.

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el 2014, revelan que casi 7.2 millones de personas reportan tener algún tipo de discapacidad, lo que significa una prevalencia del 6 por ciento.

En ese sentido, el gobierno federal ha realizado importantes esfuerzos y destinado recursos para crear las instituciones y mecanismos a fin de garantizar los derechos de este sector poblacional y contribuir a su desarrollo integral e inclusión.

Sin embargo, aún persiste una brecha importante en el acceso a las condiciones adecuadas. La falta de accesibilidad a la infraestructura constituye un desafío formidable para cerrar la diferencia de las oportunidades que aún enfrentan.

Nuestro país es eminentemente urbano, más de 7 de cada 10 habitantes residen en localidades mayores a 15 mil habitantes, lo que se traduce en desafíos crecientes en términos de necesidades sociales, como la movilidad.

Como se señala en el dictamen, el transporte es una facultad de las denominadas residuales, por lo que su atención compete a las entidades federativas, conforme al artículo 124 constitucional.

En esa virtud, plantea la pertinencia al hacer un llamado a las legislaturas locales para que consideren la incorporación de una cuota del 5 por ciento de concesiones de transporte público para el uso y la atención exclusiva para personas con discapacidad.

Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, que asciende a 600 millones de pesos.

Dichos recursos, deberán orientarse a proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con todos los demás.

Compañeras y compañeros Senadores, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que uno de los principios que deberá observar una política pública es la accesibilidad, y en el grupo parlamentario del PRI seguiremos trabajando por garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, para contribuir a su desarrollo integral, su inclusión en el mercado de trabajo, a la dinámica social y a la accesibilidad universal al transporte público.

Por lo anterior, coincidimos con las promoventes para que se exhorte respetuosamente a las entidades federativas, a fin de que rindan un informe sobre los avances del proceso que han realizado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir los recursos para el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

Por lo anterior, los invito a votar a favor de la presente iniciativa.

Es cuando, señor Presidente, gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Anabel Acosta Islas.

Tiene el uso de la palabra, para referirse al mismo tema, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

He pedido el uso de la palabra porque he promovido algunos puntos de Acuerdo que tienen que ver con el fondo de accesibilidad.

El fondo de accesibilidad es una acción importante que hemos logrado en este país. Se creó en la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados; impulsamos, porque fui la promotora, de este Fondo que es histórico, que por primera vez en nuestro país, pero que además tomando ejemplos de otros países, se creó con el fin de hacer posible el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.

¿Y por qué digo hacer posible el ejercicio de derechos? De nada sirve que las personas con discapacidad, como todos los demás, tengan acceso a la cultura, a la recreación, al deporte, si ni siquiera pueden salir de su casa.

¿Cómo hacer posible que un niño o una niña puedan llegar a la rehabilitación, al médico o a su escuela, si ni siquiera puede abordar un transporte público?

Este fondo de accesibilidad fue histórico y ha generado una dotación de recursos, una asignación presupuestal de recursos, que cada año se ha venido destinando a las entidades federativas, para que ahí se pueda a través de diferentes mecanismos que han decidido los gobiernos de los estados, poder impactar para que las personas con discapacidad tengan acceso al transporte público.

Pero no solamente ha impactado en las personas con discapacidad, también ha ayudado a las personas adultas mayores, porque como todos sabemos, a partir de cierta edad las personas adultas mayores ya no levantan con la misma agilidad sus pies y su movilidad se ve limitada o reducida.

Pero también ha ayudado a las mujeres embarazadas a tener más seguridad al accesar al transporte público. Porque además ha permitido adquirir camiones de transporte público, que tienen una concepción moderna más de inclusión.

Este transporte público, aunque la etiqueta es Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, la verdadera misión es ser un transporte accesible, que nos hace a todos y a todas iguales.

Pero también quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a la Cámara de Diputados federales y a la Secretaría de Hacienda, aquí hemos enviado ya varios puntos de Acuerdo pidiéndoles se recupere.

Es cierto que la Secretaría de Hacienda, y hay que reconocerlo, ha tenido disposición en ir avanzando para su mejor manejo y mayor impacto, pero también lo es que este año, para el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, el fondo viene en ceros.

Como Senadora he estado trabajando, impulsando este tema. Pero también quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamado a las y los Diputados, que no pueden dejar esta partida en ceros, porque además es un compromiso presidencial, el 084, donde el propio Presidente Enrique Peña Nieto ha estado comprometido, donde este país tiene avances y donde somos ejemplo en el país de todo lo que estamos haciendo. Por eso será muy importante la actuación de los Diputados en recuperar este fondo.

Inclusive les comparto algo, ustedes saben que soy Diputada con licencia y Senadora en funciones. Me duele tanto y me pesa tanto que este fondo venga en ceros, que estoy pensando y valorando la decisión de regresar a la Cámara de Diputados para discutir el presupuesto.

Éste es un tema, es una lucha de vida, es una lucha de diferentes organizaciones de y para personas con discapacidad, que nos costó mucho este logro, que fue una amplia discusión y un debate enorme que dimos. Inclusive el año pasado que me tocó discutir el presupuesto, históricamente logramos por primera vez en la historia de nuestro país, que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, por primera vez tuviera una perspectiva de inclusión. Y esto es histórico, porque en todo el mundo no hay un antecedente. Y con base a eso, no podríamos hoy dejarlo en ceros.

Me interesa mucho, me importa, está una lucha de vida puesta aquí. Están organizaciones de y para personas con discapacidad, y están muchas personas en el país esperando que este fondo, que no es la gran cosa, son 600 millones de pesos, y que le llega a cada entidad federativa, no deje de ejercerse porque es muy importante; nunca vamos a ser un país de derechos, ni ciudades de derechos, mientras las personas con discapacidad ni siquiera puedan salir de su casa.

A una persona con discapacidad le cuesta hasta 150 y 200 pesos diarios tomar un taxi, porque no tiene otras alternativas, sólo para ir a la terapia. Un padre de familia está gastando entre 80 y 200 pesos diarios para llevar a su niño, a su niña a la escuela.

¿Cómo concebir el ejercicio de derechos? Salud, educación, recreación, cultura, deporte, si ni siquiera podemos acceder al transporte público.

Este fondo es de la mayor importancia, porque además es la única asignación presupuestal que tiene que ver con la verdadera inclusión de las personas con discapacidad.

Por eso les pido, y sé que lo obtendremos, su apoyo. Se los pido en lo personal, porque el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad es una lucha de años. Desde 1990 más de 800 organizaciones en este país hemos hecho fuerza común, para que la inclusión sea una realidad, es una política pública transversal que permite la verdadera inclusión.

Y de verdad, aprovecho la ocasión para desde aquí hacer un llamado a la Cámara de Diputados, y poder comentar con ustedes que es tan importante, que me preocupa y ocupa tanto y que es una razón por la que hago política, que seguramente ejerceré mi derecho de Diputada porque lo voy a defender con uñas y dientes, este presupuesto para las personas y para la inclusión de las personas con discapacidad.

Por su apoyo, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Yolanda de la Torre.

Informo a la Asamblea que recibimos el posicionamiento de la Senadora Sonia Rocha Acosta, sobre el dictamen que exhorta a informar sobre la conveniencia de firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se integrará al Diario de los Debates.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Para presentar el dictamen que exhorta a reforzar acciones, programas y estrategias destinados a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, se concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano se remitió este punto de Acuerdo para exhorta al INAPAM a que fortalezca sus políticas públicas.

Si bien es cierto que estamos involucrados en este tema. Les quiero señalar que hoy en día nuestros adultos mayores, quienes han sido nuestros padres, nuestros abuelos, hemos visto con tristeza que han sido abandonados.

Por más política pública que podamos reforzar, no hay más como el fortalecimiento de los valores, del amor que la familia le puede transmitir a sus adultos mayores, fueron ellos quienes nos han dado los argumentos necesarios para ser hoy buenos seres humanos, nos dieron su cariño, su atención, nos cuidaron, nos vigilaron, nos educaron. Y hoy en día tenemos que retribuirles esa gran ocupación que tuvieron cuando nosotros éramos pequeños.

En nuestro país más de 121 millones de habitantes vemos en la Ciudad de México cómo son abandonados y mueren adultos mayores, por no ser llevados al hospital, por no ser llevados al servicio médico o por no darles un plato de comida. Esto ha caído en una ingratitud y una falta de solidaridad, de apoyo moral a nuestros adultos mayores.

Vemos que ellos están careciendo de la forma de movilidad, de escuchar, de poder observar, de moverse y por eso es que tenemos que hacer este llamado al INAPAM para que pueda fortalecer sus políticas públicas.

Vemos que el 10 por ciento de la población de adultos mayores está en esta situación, donde el 67 por ciento no puede subir o bajar escaleras, que se limitan para poder ver, que no pueden ya ser operados, que no pueden trasladarse al servicio médico, o peor aún, no pueden ni siquiera llevarse un pan de alimento, y para ello es necesario, y nos apremia, que haya gente profesional, también que esté a cargo de esta capacitación permanente y una certificación del personal médico para una atención oportuna y adecuada en el Sector Salud.

Además es necesario consolidar y ampliar los esquemas laborales de vivienda, educativos, esto significa transitar de modelos asistencialistas e introspectivos a uno proactivo y resolutivo que genere y consolide herramientas para el trabajo, la educación y la salud.

Coincidimos con el dictamen al señalar que estas políticas públicas deben estar acompañadas de programas gubernamentales, federales, estatales y municipales, que promuevan la ocupación, la asistencia y las retribuciones justas para nuestros adultos mayores.

En este tenor, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, estamos a favor del presente dictamen por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las instancias homólogas en las entidades federativas para que se refuercen sus acciones, programas y estrategias destinadas a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores.

¡Que vivan en plenitud los adultos mayores!

Muchas gracias.

Intervención



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobados. Comuníquense.





Pasamos a la discusión de dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta de los dictámenescon punto de Acuerdo:

Por el que el Senado de la República hace un reconocimiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por fomentar la cultura de la propiedad intelectual y la importancia del consumo responsable de productos originales.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a reforzar las medidas necesarias que eviten la reventa de boletos para la protección de los consumidores.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen de la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar las medidas u optar por crear nuevos mecanismos, a fin de evitar la reventa de boletos en la celebración de espectáculos públicos y, de esa manera, salvaguardar los derechos de los consumidores.

En virtud del análisis y estudio del punto de Acuerdo descrito, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con punto de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentadoel punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis al punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

II. Antecedentes

1. El 27 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Ismael Hernández Deras integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo:

“ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar las medidas u optar por crear nuevos mecanismos, a fin de evitar la reventa de boletos en la celebración de espectáculos públicos, y de esa manera salvaguardar los derechos de los consumidores”.
III. Consideraciones de la Comisión

Primera.- Que la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene por objeto la promoción y protección de los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

En este sentido, esta Ley regula las funciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (En adelante, Profeco) que es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Segunda.- Que de acuerdo, con la exposición de motivos de este Punto de Acuerdo, uno de los principales rubros en la adquisición de bienes por medios electrónicos, es la venta de boletos para eventos, ocupando el tercer sitio, de acuerdo con datos del “Estudio de Comercio Electrónico en México 2015”.

La preventa de boletos preferenciales tiene una especie de membresía en ciertos grupos financieros y marcas para tener acceso a los eventos. El problema no es el acaparamiento del mercado, sino los conflictos que se deriven como la reventa por parte de personas que se dedican a esta actividad y que resulta perjudicial para el consumidor.

Tercera.- Que en el caso de la Ciudad de México, la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, prohíbe tanto la venta de boletos en la vía pública y la alteración del precio en el que se ofrezcan originalmente. Así, cualquiera que se encuentre revendiendo boletos es remitido al Juzgado Cívico imponiéndoles penas pecuniarias mínimas y en relación al fraude se les impone un castigo de 6 a 12 años de prisión.

IV. Resolutivo

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones refuerce en coordinación con los organizadores de los espectáculos públicos, las medidas necesarias que eviten la reventa de boletos para la protección de los consumidores.

Sala de comisiones del Senado de la República,
el 19 de octubre de 2016.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se encuentran a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Priego Calva, para referirse al dictamen por el que se hace un reconocimiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Senador Jesús Priego Calva: Con la venia de la Presidencia. Honorable Asamblea:

México está comprometido con el consumo responsable. La administración del Presidente Enrique Peña Nieto apuesta por un comercio abierto y con reglas claras para proteger y direccionalmente a productores y consumidores.

La Ley de la Propiedad Industrial contempla las bases para que las actividades industriales y comerciales promuevan un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos, impulse las actividades creativas e inventivas, desarrollen mejoras técnicas y propicien el progreso de la calidad de los bienes y servicios.

Por estas razones, salvaguardar la propiedad industrial mediante el otorgamiento de patentes, registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas comerciales, así como la aclaración de protección de denominaciones de origen son una tarea conjunta entre autoridades y sociedad.

En el grupo parlamentario del PRI celebramos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, participe activamente del desarrollo de la competitividad de nuestro país.

No resulte extraño que en estos momentos sea reconocida como la 12ª Oficina de Propiedad Industrial de los 188 Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Además, ocupa el catorceavo lugar en materia de solicitudes de patentes y el noveno en registros de marcas, su esfuerzo es permanente.

Hace un año el IMPI y la Secretaría de Economía convocaron al Segundo Concurso de Cartel Universitario dirigido a jóvenes para la generación de publicidad por cartel con el tema “Por un México original” el cual tuvo gran éxito y se duplicará en lo consecuente.

Sabemos que el daño causado por las actividades comerciales y legales en la venta de productos piratas sigue ocurriendo en diversos puntos del país.

Recientemente fue el caso de la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República, PGR, decomisó en cuatro locales del Centro Histórico, ubicado en la delegación Cuauhtémoc, más de 85 mil productos piratas, entre los cuales había prendas de vestir, calzado deportivo, libros falsificados y desmanteló un laboratorio de películas en las que se decomisaron 87 mil DVD’s.

Todos los días el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual hace un enorme esfuerzo por combatir actos como éstos que atentan contra la propiedad industrial y constituyen competencia desleal, mientras que la PGR se ha encargado de dar cumplimiento a las órdenes de jueces para dar cabal cumplimiento a las sanciones.

Del otro lado de la moneda destacan que al cierre de 2015, el IMPI tuvo récord histórico en el número de solicitudes de registro de patentes y marcas al alcanzar 141 mil 839 expedientes.

El director del instituto reconoció que desde enero de 2013, a la fecha, ha recibido un 105 por ciento más de solicitudes que en el sexenio anterior, tan sólo las solicitudes de patente por mexicanos aumentaron 178 por ciento.

Estos datos son prueba firme del compromiso del gobierno de la República con la propiedad intelectual y el fomento a la innovación en la industria y en la academia.

Actualmente este Senado se encuentra en un análisis a fondo de las virtudes y desafíos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y cobra particular importancia el trabajo del IMPI cuando nos enteramos que el 30 por ciento de las solicitudes de marcas se ha hecho a través de las oficinas regionales y en subdelegaciones de la Secretaría de Economía.

Por estas razones, nos sumamos al reconocimiento que hoy se hace al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y todo el equipo que ahí labora, por su fomento a la cultura de la propiedad intelectual y a la concientización de la importancia y del consumo responsable de productos originales en aras de la defensa de los consumidores y de la certeza jurídica para la propiedad industrial.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador Jesús Priego Calva. Es usted muy amable, Senador.

Recibimos el texto de la intervención del Senador Ernesto Gándara Camou, referido al dictamen para evitar la reventa de boletos, el cual se integra al Diario de los Debates.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROFECO A REFORZAR LAS MEDIDAS PARA EVITAR LA REVENTA DE BOLETOS.

Con su venia senador Presidente
Honorable Asamblea

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que la reventa de boletos para espectáculos públicos es un acto ilegal que debe ser erradicado. Esto no será posible mientras existan autoridades públicas, principalmente elementos de seguridad pública, que no actúen en contra de los revendedores.

La reventa en la mayoría de las entidades federativas es una actividad que reditúa muchas ganancias. Todos se encuentran involucradas en ella: desde el oficial que omite su responsabilidad de remitir al juez cívico al infractor, pasando por el acaparador de boletos, las empresas que brindan los espectáculos, hasta llegar el consumidor final que decide pagar una cantidad adicional al precio original.

Por ello, es importante la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, con la finalidad de tratar de reducir la reventa de boletos en los espectáculos públicos. Una regulación que debe presentarse desde que los promotores de los espectáculos públicos, las empresas expendedoras de los boletos y las instituciones financieras, se ponen de acuerdo para colocar en el mercado un porcentaje del boletaje en “preventa” o “acceso preferencial” a los tarjetahabientes.

Tal y como el presente dictamen lo establece: “el problema no es el acaparamiento del mercado, sino los conflictos que se derivan como la reventa por parte de personas que se dedican a esta actividad y que resulta perjudicial para el consumidor”. En ese sentido, es necesario que la PROFECO, en coordinación con los promotores de espectáculos, refuercen los mecanismos para garantizar que los boletos ofrecidos en “preventas”, no sean adquiridos finalmente por los revendedores.

Se estima que en México, a través de las empresas especializadas en venta por internet, se venden más de 6 millones de boletos al año. Desafortunadamente, casi el 20 por ciento van a parar a manos de los revendedores, los cuales llegan a ofrecer el mismo boleto con un incremento de hasta en 400 por ciento.

Sin duda, tiene que haber un freno a la reventa. Por lo anterior, es que los invitamos a votar a favor del presente dictamen por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la PROFECO para que en el ámbito de sus atribuciones refuerce, en coordinación con los organizadores de los espectáculos públicos, las medidas necesarias que eviten la reventa de boletos y así se salvaguarde los derechos de los consumidores.

SI bien no se puede prohibir que la venta de boletaje para espectáculos públicos, al menos un porcentaje, se realice mediante reservaciones, preferencias, derechos de apartado o cualquier otro motivo, lo cierto es que si se puede regular para que no vayan a caer a manos de los revendedores.

Es cuanto senador Presidente.

Por su atención muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobados. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a incluir en su carta de programación una barra temática dirigida a la niñez y a la adolescencia.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a incluir en su carta de programación una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia, en virtud de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente

METODOLOGÍA

La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe

I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada.

II. En el apartado titulado “CONTENIDODELAPROPOSICIÓN” se hace referencia a las motivaciones y alcances de la misma.

III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su resolución.

I. ANTECEDENTES

1. El 17 de agosto de 2016, la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a incluir en su carta de programación una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia, en virtud de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. En la Gaceta1 del Senado de fecha 06 de septiembre de 2016 se publicó el Inventario de Asuntos para la Cámara de Senadores (mayo-agosto, 2016)2 -remitida  por la Comisión Permanente-, del cual dio cuenta la Mesa Directiva senatorial, turnando la proposición en comento a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, para su análisis y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Textualmente, la proponente expone:

“Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia de México es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014 y publicada el 4 de diciembre del mismo año.

Gracias a esta Ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se encarga de determinar la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y coordina de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

Es por ello, que dicho marco normativo garantista considera a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y observa lo siguiente:

• Obliga al Estado mexicano a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellos: a la vida, la identidad, a vivir en familia, a una vida libre de violencia, a la salud, a la educación, a la participación y a no ser discriminado.

• Reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

• Garantiza que el Presupuesto de Egresos de la Federación y de las entidades federativas se canalicen recursos para el cumplimiento del mandato de esta Ley.

• Dispone que es deber de la familia, el Estado y la comunidad el respeto y auxilio para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

• Contempla requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus modalidades cuenten con servicios de calidad, además de medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

• Establece que las personas que ejerzan la patria potestad, tutela y/o guarda y custodia de un menor de edad garanticen los derechos alimentarios y el desarrollo integral de éstos.  

• Crea el Sistema Nacional de Protección Integral, presidido por el Presidente de la República que determinará la rectoría y coordinación de los sistemas locales y municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• Crea la Procuraduría de Protección para una efectiva protección y restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia.

• Otro aspecto a destacar es que la Ley mandata a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, el impulsar la cultura de respeto, promoción, y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de la Ley. Razón por la cual se deben de impulsar mecanismos que permitan promocionar los derechos de la niñez y la adolescencia a través de los espacios idóneos.

Esta Ley que ha sido aplaudida por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, marca un referente en el cambio de paradigma de uno proteccionista a uno garantista.

Al respecto el Comité en sus Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México , hace hincapié en la importancia de que en todas las políticas, programas y proyectos ya sea de índole legislativo, administrativo y judicial sea considerado de manera primordial el interés superior del niño:

Interés superior del niño

19. Aunque se resalta el reconocimiento constitucional al derecho de niñas y niños de que su interés superior sea tenido en cuenta como consideración primordial, al Comité está preocupado por los informes en los que se menciona que este derecho no se aplica en la práctica de manera consistente.

20. A la luz de su observación general Nº14 (2013), sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, el Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para velar porque ese derecho sea debidamente integrado y consistentemente aplicado en todos los procedimientos y decisiones de carácter legislativo, administrativo y judicial, así como en todas las políticas, programas y proyectos, que tengan pertinencia para los niños y los afecten. Se alienta al Estado parte a que elabore criterios para ayudar a todas las autoridades competentes a determinar el interés superior del niño en todas las esferas y a darle la debida importancia como consideración primordial.

En ese tenor, en el ámbito del Poder Legislativo, existe el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el cual es un medio de comunicación de Estado, dependiente del Poder Legislativo y perteneciente a la nación, creado en 1998. Su objetivo es reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria proveniente de las Cámaras del Congreso de la Unión y la Comisión Permanente, así como contribuir e informar, analizar y discutir pública y ampliamente la actividad legislativa, como lo establece su reglamento.

Dicho Reglamento establece que el Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de los actos a través de los cuales las Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la Constitución y que la legislación encomienda.

Asimismo en su artículo quinto inciso e) , menciona que este Canal tiene entre sus funciones el contribuir al fortalecimiento educativo y cultural que requiere el avance del país, así como fomentar el desarrollo de la cultura cívica y política en la sociedad; con énfasis en la población infantil y juvenil.

En virtud de lo anterior, es de suma relevancia que en el Canal del Congreso se difundan los derechos contenidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que en virtud de dicha legislación se considere la posibilidad de que en su carta de programación contenga una barra temática orientada a la niñez y adolescencia.

Es así, que se solicita a la Comisión Bicameral del Canal del Congreso la cual es el órgano rector del Canal, para que dentro del ámbito de sus atribuciones proponga y apruebe dentro de su carta de programación una barra para la niñez y la adolescencia.

De igual manera, es importante destinar presupuesto para esta barra temática, y que esta asignación sea considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, esto de conformidad con el artículo 8 del Reglamento del Canal del Congreso el cual señala que los ingresos del Canal se conforman con las aportaciones que anualmente realice el Congreso, a través de cada Cámara por partes iguales, de acuerdo con el presupuesto que les haya sido asignado al efecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La difusión de los derechos de la niñez y la adolescencia es un mandato a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El Poder Legislativo a través del Canal del Congreso debe impulsar la cultura de promoción y protección de los derechos de la niñez mexicana.”

En ese tenor, propone:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a incluir en su carta de programación una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia en virtud de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los recursos para una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia en el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. La proposición que se examina y dictamina tiene por objeto exhortar a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso a fin de incluir en la carta programática un segmento dirigido a niñas, niños y adolescentes; asimismo, exhortar a la colegisladora incluir una partida presupuestal que apoye la concreción de la barra temática infantil.

SEGUNDA. Esta comisión dictaminadora expresa su coincidencia con la proponente cuando asevera que es de suma relevancia que en el Canal del Congreso se difundan los derechos contenidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante la inclusión de una barra temática ad hoc, en virtud de que la normativa3 del Canal establece que una de sus atribuciones es la de contribuir al fortalecimiento educativo y cultural que requiere el avance del país, así como fomentar el desarrollo de la cultura cívica y política en la sociedad; con énfasis en la población infantil y juvenil (artículo 5, inciso e)

Ello, considerando que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos4 establece en el numeral 2 del artículo 140 que el Canal tiene por objeto –esencialmente-, reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa, por lo que para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, como órgano rector5 del mismo.

TERCERA. De atender el presente exhorto, el Congreso sellaría su compromiso para con la niñez y la adolescencia mexicana al promover el conocimiento de sus derechos y la difusión de las acciones administrativas, legislativas, sociales, económicas con observancia de derecho a la información de un amplio sector de la sociedad.

De ese modo, estaría también observando una disposición de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que versa en torno al derecho a la libertad de expresión, que en palabras de la misma se refiere a:

(…) ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño (artículo 13 numeral 1)

Por cuanto al rol que juegan los medios de comunicación, la Convención plantea, luego de reconocer la función que desarrollan, en el artículo 17, que los Estados Partes alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29, referido a la educación de la niñez6.

Artículo 17. Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

De suyo, el artículo 42 compromete a los Estados Partes a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños; además, de dar a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países respectivos (numeral 6, artículo 44)

Lo anteriormente descrito se ve reforzado con la recomendación vertida por el Comité de los Derechos del Niños e inserta en el párrafo 76 del documento intitulado Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, junio de 2015:

IV. Aplicación y presentación de informes

A. Seguimiento y difusión

76. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las recomendaciones contenidas en las presentes observaciones finales se apliquen plenamente. El Comité recomienda también que los informes periódicos cuarto y quinto consolidados, las respuestas escritas del Estado parte a la lista de cuestiones y las presentes observaciones finales se difundan ampliamente en los idiomas del país.

CUARTA. En abundancia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en el Capítulo Décimo Cuarto, “De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información”, que las autoridades competentes deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 64). Más aún, que la libertad de expresión conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades, por lo que dichas autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que permitan la recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre temas de interés general para ellos

En esa línea, en el artículo 65 se asienta que la niñez y la adolescencia tienen derecho al libre acceso a la información, por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la difusión de información y material que tengan por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud física y mental, cuestión que de acuerdo con el segundo párrafo de este artículo corresponde al Sistema Nacional de Protección Integral acordar los lineamientos generales sobre la información y materiales para difusión entre niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Igualmente, el artículo 67 establece que las autoridades competentes procurarán que los medios de comunicación difundan información y materiales sobre el interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de la educación que dispone el artículo 3º Constitucional; los servicios, instalaciones y oportunidades destinados a niñas, niños y adolescentes; las orientaciones para el ejercicio de sus derechos; la promoción de la prevención de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y la comisión de actos delictivos, y el enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y perspectiva de derechos    humanos.

En el artículo subsecuente, la Ley General estipula que con apego a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión los concesionarios se abstendrán de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al principio de interés superior de la niñez.

QUINTA. Por otro lado, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) estableció -en el artículo 15, fracción LX-, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones supervisará que en la programación dirigida expresamente a la infancia se respeten los valores y principios previstos en el artículo tercero Constitucional, las normas de salud, así como los lineamientos establecidos que regulan la publicidad pautada durante la programación al público infantil.

En otro precepto, 226, señala que con objeto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, y para contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos previstos en el artículo 3º constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a la niñez y la adolescencia deberá:

• Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales.

• Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas.

• Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia.

• Informar y orientar sobre los derechos de la infancia.

• Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional.

• Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana.

• Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científicos, artísticos y sociales.

• Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad

• Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente.

• Estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud.

• Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y de trata de personas.

• Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones.

• Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

• Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales.

• Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos pornográficos.

En ese ámbito, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano dispone -artículo 7-, que algunos de los principios rectores del Sistema son los de:

• Promover el conocimiento, los derechos humanos, libertades y difusión de los valores cívicos.

• Apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales con necesidades específicas.

• Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre mujeres y hombres, evitando toda discriminación entre ellos.

• Preservar los derechos de los menores.

Teniendo como algunas de sus facultades, de acuerdo con el artículo 11, la de coordinarse con los medios públicos de radiodifusión de carácter federal, a efecto de garantizar el cumplimiento de sus fines, así como la de realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales y contenidos audiovisuales que promuevan el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad y la no discriminación, por sí mismo o a través de terceros.

SEXTA. En tal circunstancia, esta Comisión dictaminadora considera plausible y viable dar curso a los exhortos planteados por la proponente dado que -el primero-, tiene por objeto reforzar derechos básicos de la niñez y la adolescencia como lo son los de libertad de expresión -en su más amplia acepción como lo estipula la Convención sobre los Derechos del Niño7-, y de acceso a la información, establecidos en el  Capítulo Décimo Cuarto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por demás,  el órgano rector, la Comisión Bicamaral, está en condiciones tomar cartas en la esfera programática puesto que una de sus atribuciones -de conformidad con el artículo 14, inciso g, del Reglamento de Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos-, es la de proponer y aprobar la carta de programación y las transmisiones del trabajo legislativo, en tanto que  respecto a ello los órganos de gobierno de ambas Cámaras, Mesas Directivas y Juntas de Coordinación Política, recibirán una copia del proyecto de programación y podrán remitir observaciones y propuestas a la Comisión.

Por demás, a partir de un aspecto sencillamente técnico, el que se capte de manera abierta el Canal de Congreso constituye una oportunidad para ampliar las audiencias de tan importante órgano de difusión, lo que daría pie a potenciar la divulgación de toda la información concerniente a un sector poblacional que ronda los cuarenta millones de personas, convirtiendo la señal legislativa en un aliado permanente de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la concreción de sus responsabilidades en materia de difusión.

Por cuanto al exhorto -el segundo-,  a la Colegisladora a efecto de que se asignen recursos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, para una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia en el Canal del Congreso también se considera viable puesto que de acuerdo con los artículos 7 y 8, su presupuesto tiene como principal fuente el que se fija en aquel.

CAPÍTULO III
DEL PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL CANAL

Artículo 7. El presupuesto del Canal se integra con los derechos e ingresos que por cualquier título legal adquiera o perciba a través de las Cámaras del Congreso, mismo que deberá sujetarse a los principios de racionalidad y eficiencia presupuestaria.

Artículo 8. Los ingresos del Canal se integran con:

a) Las aportaciones que anualmente realice el Congreso, a través de cada Cámara por partes iguales, de acuerdo con el presupuesto que les haya sido asignado al efecto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con la normatividad establecida en cada Cámara;

b) Los ingresos derivados de patrocinios, intercambio de servicios, tiempo al aire, programación y otros servicios prestados, conforme a la normatividad aplicable;

c) La Comisión podrá gestionar, ante los órganos competentes de ambas Cámaras, recursos extraordinarios para el desarrollo de proyectos específicos del Canal, debiendo ofrecer el debido sustento, y

d) Todo ingreso que reciba el Canal deberá enterarse a través de la oficina que para tal efecto se designe en cada Cámara.

Por lo anteriormente razonado y expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a consideración de este Honorable Pleno el siguiente:

ACUERDO

Primero. El Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a incluir en su carta de programación una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia en virtud de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los recursos para una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia en el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA.

1 Ver: Gaceta: LXIII/2ppo-1/65613. Martes 6 de septiembre de 2016.

2 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65613

3 Ver: http://www.senado.gob.mx/comisiones/canal_congreso/docs/RCTCGEUM.pdf

4 Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/168_040316.pdf

5 Ver: Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos http://www.senado.gob.mx/comisiones/canal_congreso/docs/RCTCGEUM.pdf

6 Artículo 29. 1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

7 Artículo 13, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Elena García Gómez.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia vengo a fundamentar este dictamen, en sentido positivo, referente a una proposición con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a incluir en su carta de programación una barra temática dirigida a la niñez y a la adolescencia en virtud de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta comisión dictaminadora expresa su coincidencia con dicha propuesta, cuando asevera que es de suma relevancia que en el Canal del Congreso se difundan los derechos contenidos en la ley general mediante la inclusión de una barra temática, en virtud de que la normativa del Canal establece que una de sus atribuciones es la de contribuir al fortalecimiento educativo y cultural que requiere el avance del país, así como fomentar el desarrollo de la cultura cívica y política en la sociedad con énfasis en la población infantil y juvenil.

Por demás, el órgano rector, la Comisión Bicamaral está en condiciones de tomar cartas en la esfera programática, puesto que una de sus atribuciones, de conformidad con el artículo 14, inciso g) del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es la de proponer y aprobar la carta de programación y las transmisiones del trabajo legislativo, en tanto que respecto a ello, los órganos de gobierno de ambas Cámaras, Mesas Directivas y Juntas de Coordinación Política, recibirán una copia del proyecto de programación y podrán remitir observaciones y propuestas a la comisión.

De atender el presente exhorto, el Congreso sellaría su compromiso para con la niñez y la adolescencia mexicana, al promover el conocimiento de sus derechos y la difusión de las acciones administrativas, legislativas, sociales, económicas, con observancia de derecho a la información de un amplio sector de la sociedad.

En tal circunstancia, esta comisión dictaminadora considera plausible y viable dar curso a los exhortos planteados por la proponente, dado que el primero tiene por objeto reforzar derechos básicos de la niñez y de la adolescencia, como lo son los de la libertad de expresión en su más amplia acepción, como lo estipula, todo esto, sobre los derechos, y también establecidos en el Capítulo XIV de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por cuanto al exhorto segundo a la Colegisladora, a efecto de que se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, para una barra temática, dirigida a la niñez y la adolescencia en el Canal del Congreso, y también que se considere viable, de conformidad con los artículos 7º y 8º del Reglamento del Canal.

En ese sentido, esta comisión suscribe cabalmente las propuestas plasmadas en la proposición con punto de Acuerdo en mención.

Por ello, señores Senadores, pido su voto a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Martha Elena García Gómez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Yolanda de la Torre Valdez.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Yo iniciaría haciendo una recapitulación de cómo en este país hemos avanzado en favor de los niños y las niñas.

La reforma constitucional de junio de 2011 fue un antes y un después en este país en materia de derechos humanos, pero luego, en octubre de 2011, la reforma constitucional de interés superior de la niñez fue un antes y un después también en materia de niños y niñas, porque por primera vez pudimos, desde nuestra Ley Fundamental, desde nuestro orden jurídico madre, poder definir que los niños y las niñas, su interés y sus derechos están por encima de cualquier actividad.

Y esto significa que en tareas administrativas, jurisdiccionales y en materia de política pública, los niños son primero, y que en un conflicto de intereses, inclusive de derechos constitucionales y en una ponderación de derechos, prevalecerá siempre el interés superior de la niñez, y eso es de lo más importante que hemos logrado en este país.

Se reformó también el artículo 73 constitucional, que otorga las facultades al Congreso de la Unión para legislar, y eso permitió que esta Legislatura, ustedes, Senadoras y Senadores, pudieran impulsar desde aquí la iniciativa preferente del Presidente Enrique Peña Nieto con la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y sin embargo fue, además de esta gran iniciativa del Presidente, fue trascendental el trabajo que hicieron las y los Senadores de todas las expresiones políticas, un trabajo reconocido públicamente, nacionalmente, de lo que ha impactado.

Y a partir de estos antecedentes, las niñas y los niños hoy, en este país, desde la política pública, desde el gobierno, tienen otro tratamiento, pero me parece que en esa gran tarea que ha hecho el Senado tenemos que seguir avanzando.

Por eso yo aprecio este dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y a su Presidenta, María Elena, como en el antiguo anterior punto de Acuerdo; a nuestra Presidenta también, Lilia Merodio, de Grupos Vulnerables, cómo se van sumando esfuerzos y compromisos, cómo el anhelo y la pasión de los Diputados por servir a quienes más lo necesitan, está plasmado aquí todos los días.

Como hoy está plasmado el interés de las y los Senadores por apoyar a los niños y a las niñas de nuestro país, pero especialmente por hacer pleno su ejercicio y acceso a los derechos.

Dicen que “el que es buen juez, por su propia casa empieza”, y nosotros tenemos aquí una oportunidad con el Canal del Congreso, que es nuestro, y que personalmente aspiro a que un día el Canal del Congreso llegue a cada entidad del país, a cada municipio, a cada comunidad, barrio, fraccionamiento, a los ejidos, a lo rural y a lo urbano, para que la gente y los ciudadanos realmente conozcan el trabajo que hacemos y el compromiso que tenemos con nuestro país.

Hoy está abierto en la Ciudad de México, pero tengo la esperanza que antes de que termine esta Legislatura podamos avanzar y que los ciudadanos tengan su legítimo derecho a conocer lo que estamos haciendo aquí, el trabajo en comisiones. Pero me parece que también hoy es un momento oportuno para que en la barra de programación se incluya a los niños y a las niñas.

Ya lo comentó aquí la presidenta de la Comisión de los Derechos de Niñez y Adolescencia, la Senadora nos decía del tiempo que las niñas y los niños pasan frente al televisor, me parece que es importante que les demos a conocer sus derechos, pero que también de un formato accesible conozcan lo que sus Senadores y Diputados hacen, lo que pasa en este país, porque este mundo, como decía Luis Donaldo Colosio, “lo tenemos prestado por ellos”.

Por su apoyo, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Yolanda de la Torre.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la firma de un acuerdo de coordinación para la atención integral del cáncer infantil en México.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la firma de un acuerdo de coordinación para la atención integral del cáncer infantil en México. Comuníquese.






Informo que recibimos otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones del Senado.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se encuentra a discusión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. Comuníquese.






MESA DIRECTIVA

Compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana, autorizó la rectificación de turno al proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, presentado el 10 de agosto pasado, para quedar en las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Hago de su conocimiento que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 se turnarán directamente a la Cámara de los Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna. La lista de estos asuntos se publicará en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la asignación de recursos para ser destinados específicamente a proyectos en materia de movilidad urbana sustentable. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se contemple una asignación de recursos específicamente para ser destinados a proyectos en Materia de Movilidad Urbana Sustentable; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Mucho se ha dicho sobre la movilidad de las personas, como una necesidad y un  derecho indefectible para la satisfacción de sus necesidades básicas y por lo tanto, un deber del Estado el garantizarla. Sin embargo, todos sabemos los enormes retos ante una problemática de movilidad y sus graves implicaciones sociales, económicas, medioambientales, energéticas, de salud, de seguridad y del espacio público.

Resulta indispensable actuar de forma inmediata, y cambiar el paradigma de la movilidad. El gobierno federal, como muchos gobiernos locales, están trabajando para planear y construir mejores ciudades donde vivir, ciudades sustentables en las que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades actuales sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Trabajos que por primera vez han quedado planteados en los instrumento de planeación para el desarrollo, con loables perseguibles como los siguientes:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018.

Objetivo 2.5
Para impulsar con éxito una política nacional que propicie un entorno adecuado para una vida digna, es indispensable la construcción de ciudades que garanticen el derecho a un medio ambiente sano y viajes urbanos bajo condiciones de seguridad y equidad.

Estrategia 2.5.1.
Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.

Líneas de acción
Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado.

Programa Sectorial
Objetivo 3

Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 2013-2018

Objetivo General
Impulsar una política de movilidad sustentable que incremente la calidad, disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos.

Objetivo Particular
Incentivar la gestión y diseño de políticas públicas locales que impulsen el cambio modal a medios sustentables, eficientes y seguros, como el transporte no motorizado y el transporte público.

Meta
Brindar asistencia técnica a 90 gobiernos locales en la implementación de proyectos para la movilidad urbana sustentable.

Para ello, evidentemente se hace necesario de la inversión. Esto es, canalizar recursos económicos que permitan lograr los objetivos y hacer de lo subjetivamente deseable, una objetiva posibilidad.

En conclusión, es indispensable y de grado prioritario el incremento de recursos a destinarse en proyectos de Movilidad Urbana Sustentable, para hacer realidad los objetivos ya transcritos, así como los estratégicos que han venido desarrollando, entre otras dependencias federales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, entre los que destacan…

La Implementación misma de una estrategia nacional de movilidad urbana sustentable, basada en la articulación de políticas de suelo y transporte;

Impulsar la adopción del modelo del Desarrollo Orientado al Transporte como modelo urbano para la planeación de las ciudades mexicanas;

Desarrollar guías metodológicas y lineamientos de movilidad sustentable que faciliten la implementación de proyectos locales y de buenas prácticas;

Promover con autoridades locales estudios que permitan entender los procesos de crecimiento, expansión y patrones de movilidad de las ciudades;

Incentivar alianzas público-privadas para la ejecución y mantenimiento de proyectos de movilidad sustentable;

Promover el mantenimiento y modernización de la infraestructura vial y de transporte bajo criterios de “calle completa” seguridad y eficiencia;

Incentivar proyectos de recuperación, ampliación y mantenimiento de infraestructura peatonal y ciclista para incrementar viajes sustentables;

Promover entre actores públicos y privados el desarrollo de sistemas orientados a racionalizar el uso del automóvil a nivel institucional;

Impulsar sistemas públicos de bicicletas;

Implementar el uso de tecnologías de la información en sistemas de movilidad urbana para mejorar la eficiencia de traslados; y

Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida.

Estos objetivos requieren recursos para ser concretados, por ello que resulta oportuno que con motivo y a colación de que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017será aprobado en breve plazo en la colegisladora, el que se contemplen recursos en los términos descritos, esto es, para proyectos de Movilidad Urbana Sustentable.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se contemple una asignación de recursos etiquetados y suficientes específicamente para la inversión en proyectos del Programa de Impulso a la Movilidad Urbana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), principalmente en infraestructura peatonal, transporte público y ciclista.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 74, 108, 111 Y 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO TERCERO, DENOMINADO DEL “PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE MINISTROS, MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”, QUE CONSTA DE LOS ARTÍCULOS 252 AL 264 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA EL PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende dos disposiciones por una parte ordena lo que comúnmente se conoce como Informe Presidencial, el cual lo rinde el titular del Poder Ejecutivo Federal cada año, precisamente, al iniciarse el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, informando por escrito la situación que guarda la administración pública del país a su cargo.

Por otra parte, determina que cuando el Congreso -o una sola de sus cámaras- se reúnan en un periodo extraordinario de sesiones es obligación del presidente de la Comisión Permanente informar acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Conforme a los antecedentes históricos que se tienen registrados sobre esta costumbre jurídico-política de informar, se remonta a los primeros años de nuestra vida independiente con la Constitución de 1824, ya que en sus artículos 67 y 68 señaló que el Congreso General se reuniría el 1° de enero y a esta reunión asistiría el presidente de la Federación, quien pronunciaría un discurso que contestaría, en términos generales, el que presidiese el Congreso, y sólo disponía que los secretarios de despacho dieran cuenta a cada cámara, tan luego como se abrieran las sesiones anuales, del estado de su respectivo ramo (artículo 120).

El primer Presidente de la República Guadalupe Victoria (1824-1829), impuso la práctica de que en el acto inaugural del periodo ordinario de sesiones fuera el Jefe del Ejecutivo quien pronunciara un discurso relativo a la situación política y administrativa prevaleciente. 

Esta práctica fue recogida también en la Constitución de 1857 y dispuso en su artículo 63 que: “A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el Presidente de la Unión y pronunciará un discurso en el que manifieste el estado que guarda el país. El Presidente del Congreso contestará en términos generales”.

El texto original de la Constitución de 1917 señalaba que: “A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del país; y en el segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara de que se trate, las razones o causas que hicieron necesaria su convocación y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.”1

El informe presidencial tiene una doble importancia, dar cuenta a la representación popular e informar a la nación de lo realizado durante el curso del año por las Secretarías que conforman la Administración Pública Federal; la finalidad del informe será que el Congreso de la Unión tenga la oportunidad de comprobar, inspeccionar, verificar, examinar y valorar la actividad del Ejecutivo en sesiones subsecuentes.

La otra finalidad que se persigue con el informe presidencial será que el pueblo, titular de la soberanía, conozca por medio de éste las actividades del Ejecutivo y las opiniones que los representantes populares sobre el particular emitan. Conforme a la reforma de 1923 se reformó el artículo 69 constitucional a fin de señalar que el informe se presentaría a la apertura de las sesiones ordinarias.

En cuanto a la segunda parte del contenido del citado artículo se modifica con la finalidad de señalar que a la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso o de una sola de las cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Con las últimas reformas que ha sufrido el artículo 69 en cita, el informe presidencial es presentado por escrito al Congreso, es analizado por cada una de las cámaras y se puede solicitar al Presidente de la República, ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, en su momento al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad, asimismo se ordena que la Ley del Congreso y sus reglamentos regularan el ejercicio de esta libertad.

Con la última reforma el citado artículo 69 omite la comparecencia del Procurador General de la República y en un tercer párrafo señala que a la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de su mandato el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.

Así como en su momento fue necesario conocer el estado general que guardaba la administración pública; esto no ha pasado de moda y aun cuando se han realizado reformas tendientes a transparentar el uso de recursos públicos y la rendición de cuentas, siendo así como se debe realizar una evaluación de cómo el Gobierno está manejando la Administración Pública, el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como los programas y metas de desarrollo propuestas.

Ahora bien, este repaso histórico nos recuerda que, desde antes del constituyente de 1917, heredamos la obligación de que el titular del Ejecutivo Federal pronunciará un discurso en el cual manifestará el estado que guarda el país, asimismo que el Presidente del Congreso contestará en términos generales dicho discurso.

Bajo esa postura, se vino realizando el informe presidencial, conforme lo marca el artículo 69, que señalaba que el Presidente de la República, asistiría a la apertura de sesiones y presentaría por escrito un informe sobre el estado general que guardaba la administración pública del país, omitiéndose que se diera la contestación como se señalaba hasta antes del diecisiete.

Con el paso de los años lo único que teníamos el 1° de septiembre de cada año era que el Presidente de la República asistiera al Congreso de la Unión a presentar su informe por escrito a dar un mensaje a la Nación, este acto se volvió en un día de festejo y culto a la figura presidencial, considerando que todo estaba bien en el país, pues solo se vitoreaban los logros obtenidos, sin que se pudiera cuestionar aquello que lesionaba a la población por un hacer o dejar de hacer con los recursos públicos autorizados, sin embargo, este modelo lo tuvimos hasta el 2008, en que se suprimió la presencia del Titular del Poder Ejecutivo.

Se sigue conservando la obligación del Presidente de la República, en presentar un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Asimismo, se establece que cada una de las cámaras realice el análisis del informe y podrán solicitar al titular del Ejecutivo Federal ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad, y será la Ley del Congreso y sus reglamentos regularan el ejercicio de esta facultad.

Hoy en día debemos de fortalecer los mecanismos con que contamos para hacer eficiente la rendición de cuentas que sobre la administración pública que del país realiza el Titular del Ejecutivo Federal, es necesario que exista un verdadero contrapeso entre los poderes públicos, el informe que se lleva cabo, ha caído en una rutina que no lleva a un verdadero diálogo entre el titular del Ejecutivo Federal y la representación popular, son los secretarios de Estado los que comparecen a la glosa cada año, después de haber recibido el informe por escrito.

Esa comparecencia lo único que ha generado es cumplir con la intervención de los secretarios y de uno, dos o tres integrantes de cada grupo parlamentario, según el Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se Establecen las Normas para el Análisis ante el Pleno o ante las Comisiones correspondientes, tornándose en reuniones largas y tediosas, cargadas de mensajes que solo refieren a los logros obtenidos en el año que se informa, quedando a un lado acontecimientos que pudieran ser cuestionados ante la mala utilización de los recursos públicos.

Por lo anterior, propongo nuevamente la reincorporación en el texto constitucional la asistencia del Presidente de la República, a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año, para que presente el informe por escrito en que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Así mismo, propongo que el análisis de este informe lo realicen cada una de las cámaras y la cita de los secretarios de estado sea trimestralmente conforme lo requieran, para poder ir evaluando el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como los programas y metas de desarrollo propuestas, el objetivo es realizar un análisis o “glosa” más dinámico, más en tiempo real, cercano a los acontecimientos y no esperar hasta después del informe en crear un ambiente de discursos, mensajes o posicionamientos, sobre lo que se nos presenta.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, 72, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172 Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primero y segundo párrafos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 69. – A la apertura de sesiones ordinarias del Primer Período de cada año de ejercicio del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar trimestralmente conforme lo consideren a los Secretarios de Estado, los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

…”

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

1 Enciclopedia Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones.- Cámara de Diputados. Tomo VII, páginas 609-621





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO C DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5o DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE REFORMA AL ARTÍCULO 5, EN SU FRACCIÓN II, EL INCISO C., de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las personas que tienen 60 años o más son consideradas adultas mayores1, y se les considera como un grupo desprotegido de la sociedad al carecer de oportunidades laborales, de pensiones, de salud, etcétera y como consecuencia, este sector se ve excluido socialmente y aislados en la toma de decisiones, lo que afecta no solo a su economía, sino que también contribuye a la pobreza de sus bienes, a su mala salud y a su inseguridad personal.

Este sector de la sociedad posee ciertas limitaciones para el ser humano, que con el tiempo se van agudizando especialmente en los últimos años de la vida, a pesar de ello, cuentan con potenciales únicos y distintivos como pueden ser la serenidad de juicio, experiencia, madurez vital, perspectiva de la historia personal y social que pueden compensar su ánimo si es que se utilizan adecuadamente en esta etapa de la vida2.

En nuestro país se considera que las personas adultas mayores oscilan entre 7.4 millones de la población total, las cuales se encuentran en una situación de debilidad respecto del resto de la población, incluso de su familia, ya que se considera que su sola edad avanzada las coloca en una situación de dependencia familiar, discriminación y abandono.

En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5 fracción II, incisos a, b, c y d, establece la certeza jurídica dentro del ámbito judicial, señalando que el objeto de la citada Ley es garantizar a las personas adultas mayores el derecho: a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados; b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos; c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario, y d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.

Referimos que en el ámbito internacional se estima que las personas adultas mayores son un grupo vulnerable que merece especial protección de los órganos de los Estados, por encontrarse en una situación de debilidad con respecto del resto de la población, es así, que la Organización de los Estados Americanos (OEA), creó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado Protocolo de San Salvador, en donde en su artículo 17 establece: “Protección de los ancianos”: Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad.

Si tomamos en cuenta que las personas adultas mayores son por una parte titulares de derechos y obligaciones de conformidad con el artículo 22 del Código Civil Federal, que a la letra dispone:

“La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.”

Así mismo, entran al ámbito de protección de los Derechos Humanos derivado a su grado de fragilidad, por su posible posición de desventaja en el ejercicio de sus derechos y libertades y por eso son considerados como parte de un grupo de vulnerabilidad.

Para este caso se deben aplicar medidas de protección que busquen un verdadero equilibrio entre las partes, procurar que la Litis del juicio sea debidamente planteada al adulto mayor ya sea en su calidad de actor o demandado, asimismo dar la mayor celeridad y agilidad en la realización de las diligencias que se decreten en los procesos; desde el inicio de un procedimiento, se debe ordenar una entrevista por el Juez de la causa para observar el estado físico y emocional del adulto mayor.

Con esta medida estaremos contribuyendo en la preparación del trato que debe recibir el adulto mayor en los litigios y evitar injusticias relacionadas con el despojo de sus bienes de parte de familiares y extraños, que no les tienen ninguna consideración después de una larga vida de trabajo y entrega que les permitió adquirir los mismos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE REFORMA AL ARTÍCULO 5°, EN SU FRACCIÓN II, EL INCISO C.

ARTÍCULO ÚNICO. - A la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se Reforma al artículo 5°, en su fracción II, el inciso c., para quedar como sigue:

Artículo 5°. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. …

a. a la g. …

II. De la certeza jurídica:

a. y b. …

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita; a ser entrevistado por el juez de la causa a inicios del procedimiento a fin de que observe el estadofísico y emocional del adulto mayor, en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario.

d. …

III. a IX. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

1 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2 Juez Yaopol Pérez Amaya Jiménez “Protocolo de Protección de Personas Adultas Mayores en el Ámbito Judicial”. Foro Jurídico. Núm.154, julio 2016. Páginas 26-31.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 160 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN  ARTÍCULO 160 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE EMERGENCIAS CARDIOVACULARES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cardiopatía coronaria en el país es la patología cardiovascular dominante, un problema de prevención y control. Las estadísticas generales informan que las Enfermedades del Corazón figuran en 1er. Lugar, como causa de muerte, desde hace más de 20 años. El problema, ahora se agrava gradualmente, al ritmo de entonces y sin indicio de control. La aterosclerosis en todas sus formas es responsable de por lo menos la cuarta parte de todos los fallecimientos del país. Los datos combinados de mortalidad y morbilidad, general y hospitalaria, indican que la letalidad hospitalaria llega a ser de 25% por infarto agudo de miocardio IAM. La atención, antes de morir, la recibe sólo 8 de cada 100, testimonio del certificado de defunción. El restante 92% no acude a ningún hospital, por algún motivo. La incidencia anual de IAM se estima en 140,000 casos; considerando que por cada fallecido (35,000) sobreviven 3. Las tasas de mortalidad por IAM, estandarizadas por edad, son más altas que EEUU y Canadá, lo cual crea una expectativa de mayor preocupación. La explicación más plausible sobre la situación es la deficiencia de la atención preventiva, misma que se debe incluir en las situaciones de urgencia y antes de llegar al hospital. Las formas agudizadas de hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares y diabetes mellitus comparten la misma suerte. La atención temprana y adecuada para estas condiciones críticas, puede contribuir importantemente a disminuir la mortalidad cardiovascular del país, a corto y mediano plazo. El enfoque preventivo debe considerarse tanto en lo crónico como en lo urgente y lo crítico. Conviene incluir en el fomento a la salud la cultura por un corazón saludable y paralelamente promover una conciencia colectiva acerca de los problemas sobreagudos. La prestación de cuidados oportunos salva vidas y miocardios. El refuerzo a la atención pre-hospitalaria reducirá el tiempo de retraso en la llegada de casos con IAM. Llevar a cabo estas actividades es compatible con los programas existentes de reanimación cardiopulmonar, cadena de supervivencia y capacitación a técnicos en urgencias médicas.

En México la mortalidad por cardiopatía coronaria predomina entre las cardiovasculares y las cardiovasculares entre las enfermedades crónicas. La aterosclerosis y sus enfermedades clínicas se conocen bien, gracias a que se le estudia en cada individuo, en este sentido hay bastante familiaridad; pero no ocurre lo mismo con respecto a la enfermedad en la población. La manifestación del proceso patológico también debe tomarse en cuenta como comunidades. En este aspecto se le conoce mal, y por esta razón vale la pena revisar lo que ocurre en la población mexicana.

Hace ya más de 20 años las enfermedades cardiovasculares encabezan la lista de la mortalidad general. Los respectivos datos estadísticos están al alcance de todos, aparecen en reportes de la secretaría de salud y se consultan por la red electrónica, pero en realidad no son consultados por el clínico, a quien a su vez le resulta tedioso analizar los cuadros estadísticos y sin tener familiaridad para asimilarlos permite que los asuntos, en los que debiera estar enterado, se le escapan, permanecen ocultos y los ignora; finalmente, esto también afecta la percepción de los problemas de la comunidad a la que sirve y el clínico no debe estar ajeno a los problemas que atiende. Por lo tanto, este es un asunto en el que el clínico necesita apoyo para descubrir los problemas y resaltarlos, a efecto de que se tomen en cuenta, es útil en crear conciencia y eventualmente despertar ideas para el control. Pero quizás, sea suficiente con comprender mejor el problema, por lo pronto, las fuentes de información y las estrategias organizadas existentes, que bien han de complementarse si se llevan a cabo con la colaboración entre médicos clínicos, cardiólogos y en general todos.

La cardiopatía coronaria, la enfermedad cerebral vascular y la aterosclerosis en general, emergen como problema de salud pública en el mundo alrededor de la II Guerra Mundial. Primero ocurre en países de mayor desarrollo, pero la tendencia ascendente de mortalidad ya se había notado en las poblaciones del Norte de Europa como Finlandia. Desde entonces se advertía la similitud del fenómeno en diversas comunidades del mundo, de manera natural. Se aceptaba ser consecuencia de contingencia, mas no precisamente de mayor malignidad de aterosclerosis. Haciendo causa común aparecen varios fenómenos, unos aparentemente paralelos y otros en franca confluencia, son: la transición epidemiológica, en interacción con la transición demográfica; los progresos de la ciencia, la tecnología y los cambios inducidos en el estilo de vivir y la posibilidad de vivir más tiempo; con mejor control de las enfermedades transmisible, programas de salud pública, vacunas y antibióticos, han mejorado las expectativas, tanto por lo curativo como por lo preventivo; el logro de cierto bienestar general en la población de EEUU y Europa desde los años 50’s se ha debido a la mejor distribución de alimentos; aunque también cuenta el avance socio político haca la equidad y completando los requisitos para la salud mencionados en la Carta de Ottawa. El asunto de prevención también es de máximo interés para México, así como para otros países de Latinoamérica.

Por lo que respecta a actuar, se infiere que la atención temprana, apropiada sobre las condiciones agudas o el estado crítico, además de tener razones humanitarias, se justifican ante la expectativa de una reducción de la mortalidad específica por IAM, lo cual contribuye importantemente a abatir la mortalidad cardiovascular del país en el corto y mediano plazo.

Es altamente recomendable que, en las iniciativas relativas al desarrollo de la atención cardiovascular preventiva, se fomente la cultura por la salud del corazón, y se despierte la conciencia colectiva al respecto, es clave para ayudar al reconocimiento de casos críticos, este tipo de intervención ha mostrado ser efectiva en los países con tasas decrecientes de mortalidad cardiovascular. Está bien establecido que si un paciente con IAM llega a una Unidad Coronaria dentro de las primeras 6 horas de ocurrido el infarto tiene más probabilidad de salvarse, minimizar el daño de su miocardio y quedar libre de las temibles secuelas, con una larga y prolongada insuficiencia cardiaca, que también mina significativamente la economía de la familia y su calidad de vida.

Las actividades a desarrollar son: tomar acción y procurar la prestación de cuidados oportunos salva vidas; reforzar las brechas de la organización médica, que por razones obvias no está frente al paciente, cuando lo necesita, porque súbitamente entró en estado crítico a partir de un estado de “inmejorable salud”. La oportunidad de la fase previa a la hospitalización es objeto de atención, involucra la responsabilidad del propio paciente y del entorno social, al momento de ocurrir el IAM. Ante todas las barreras, es preciso reducir el tiempo de retraso, a partir del momento en que se presenta el IAM, hasta que se le practican los procedimientos de rescate al miocardio, propio de la práctica médica de alta especialidad en una Unidad Coronaria y Sala de Hemodinámica. Esta es la respuesta del problema, compatible con la creación de programas que complementan su función, y con otras iniciativas que trabajan en los diferentes escenarios clínicos, como ocurre con la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y la acción ciudadana coordinada por la “Cadena de Supervivencia”, misma actividad que de todas maneras juega un papel muy importante en situaciones no cardiovasculares, de urgencia médica, accidentes o desastres, alrededor de lo cual ha surgido la necesidad de crear cuerpos de apoyo con programas de enseñanza y capacitación a “Técnicos en Urgencias Médicas”.

La enfermedad coronaria determina un importante daño a la salud de México, más importante de lo que se advierte al enterarse por cifras publicadas en el cuadro de las Principales Causas de Muerte, no obstante ocupar el primer lugar. No hay indicio de que el daño a la salud se haya detenido o vaya disminuyendo; por el contrario, sigue creciendo. El problema que destaca más, por cifras, tendencias y las diferencias con otras poblaciones es el IAM, suceso clínico agudo y crítico, que involucra al aparato cardiovascular, genéricamente el Síndrome Isquémico Coronario Agudo. Para la cardiología mexicana es el objetivo que reclama mayor atención en la intención de controlar y abatir las tasas de mortalidad cardiovascular.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 160 BIS a la Ley General de Salud, en materia de emergencias cardiovasculares.

Artículo 160 BIS. Los establecimientos que prestan los servicios de salud a que hacen referencia las fracciones I y II del artículo 34 de la ley en comento, prestarán atención expedita con criterios de calidad, eficacia y gratuidad a los pacientes que presenten padecimiento cardiovascular, solicitados de manera directa o por referencia de otra unidad médica y con capacidad de atención a este tipo de emergencias.

TRANSITORIO

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

Referencias:
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2. Chávez DR: Mortalidad de las enfermedades cardiovasculares en México. Artículo Especial. ARch Inst Cardiol Méx 1979; 49: 303-323.
3. González MJ, Del Bosque S, del Bosque MT: Manos a la Salud. Mercadotecnia, Comunicación y Publicidad: Herramientas para la Promoción de la Salud. Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y Organización Panamericana de la Salud, 1997.
4. Gordon T, Kannel WB: The prospectiva study of cardiovascular diseases. En: Stewart G. Trends in Epidemiology Chapter 6. Springfield Illinois USA, Ed. Charles C. Thomas Publ. American Lecture Series, 1972 p.189-211.
5. Puska P, Tuomilehto J, Nissinen A, Vartiainen E: The North Karelia Project. 20 Year Results and Experiences. National Public Health Institute (KTL), Finland 1995.
6. Una Conferencia Internacional Sobre Promoción de la Salud, Carta de Ottawa Para la Promoción de la Salud Organización Mundial de la Salud, Salud y bienestar Social Canadá, Asociación Canadiense de Salud Pública. Ottawa (Ontario) Canadá 17-21 de Noviembre 1986.
7. Chavez DR: Issues and challenges for CVD prevention in Ibero-America: the challenge of human resource development. Can J Cardiol 1993: 9; Suppl D may: 195D-196D.
8. Chavez DR: Aterosclerosis. Vínculo de altruismo. En las enfermedades crónico degenerativas. Rev Vinculación. Subsecretaría de Educación SEP: ANUIES; GIRSA, SA 1999; 14: 15-19.
9. Dirección General de Estadística e Informática. Estadísticas Vitales, Daños a la Salud y Mortalidad. México, Secretaría de Salud; 2002.
10. Curtin LR. Klein RJ: Direct Standarization (Age-Adjusted Death Rates) Statistical Notes NCHS 1995; 6: 1-10.
11. Global Cardiovascular Infobase. Map and Webpage. http://cvdinfobase.ic.gc.ca/. Creado, 2002, Abr. 24, 11:42:38.
12. Braunwald E, Cannon C, McCabe CH: use of composite endpointsin thrombolysis trials of acute myocardial infaction. Am J Cardiol 1993,72: 3G-132G.
13. Velásquez MO: Nuevos horizontes para el desarrollo de la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares. Puntos de vista de las instituciones públicas. En Chávez DR. Coordinador de Declaración Ajusco 2000 Por la Salud del Corazón. Publicación de la Sociedad Mexicana de Cardiología. México, Cortesía Pfizer SA de CV; 2001.
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17. Chávez DR: (Ed Coord) Declaración Ajusto 2000 Por la Salud del Corazón. Publicación de la Sociedad Mexicana de Cardiología. México, Cortesía Pfizer SA de CV; 2001.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Coahuila a solicitar licencia y separarse de su cargo, a fin de que las autoridades correspondientes lleven a cabo las investigaciones que permitan deslindar su responsabilidad por los probables delitos cometidos en torno a las operaciones millonarias celebradas entre el gobierno de Coahuila y diversas empresas fantasma. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.








Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para convocar a los integrantes del Poder Legislativo, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a académicos expertos en la materia y a la sociedad civil a instalar a la brevedad una mesa nacional de diálogo para trabajar en el diseño y aprobación de la Ley Orgánica que transformará a la PGR en una Fiscalía General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia.

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación Soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE CONVOQUE A LOS INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO, LA SEGOB, LA PGR, LA CNDH, ACADÉMICOS EXPERTOS EN LA MATERIA Y SOCIEDAD CIVIL, A INSTALAR A LA BREVEDAD UNA MESA NACIONAL DE DIÁLOGO PARA TRABAJAR EN EL DISEÑO Y APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA QUE TRANSFORMARÁ A LA PGR EN UNA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El primer paso para resolver un problema es aceptarlo y llamarlo por su nombre. En México, para fines prácticos, la justicia penal no existe. Con 99% de impunidad, ¿quién se atreve a afirmar seriamente que somos un Estado de Derecho?

De acuerdo con información del índice de Estado de Derecho 2016 del WorldJustice Project (WJP), nuestro país ocupa la posición 108 dentro de 113 países de todo el mundo, en el rubro de justicia criminal. Afganistán, Liberia, Honduras, Bolivia y Venezuela son los únicos países que están peor que México.

En este país, el que la hace no la paga y por eso seguimos viviendo una realidad en donde el que no transa no avanza, y la prepotencia corre como pólvora a lo largo y ancho del país. Por eso pululan casos como el de Javier Duarte y Guillermo Padrés, ex gobernadores investigados por corrupción y quienes se encuentran prófugos de la justicia; o el Chapo Guzmán que se ha escapado de la cárcel en dos ocasiones, burlándose a todas luces del aparato de justicia, y tantos otros criminales que se pasean con total libertad.

En la otra cara de la moneda, están cientos de madres y familias que buscan a sus hijos en fosas clandestinas, sin que exista una autoridad a quien esto le duela y dedique sus días a procurar justicia, como si se tratara de sus propios hijos.

De acuerdo con el estudio antes mencionado, del WJP, "un estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y la enfermedad, y protege a la gente de las injusticias... Es el fundamento para comunidades de paz, oportunidad y equidad...". En un Estado de Derecho, todas las entidades e individuos, públicos y privados, rinden cuentas frente a la ley; las leyes son claras, se aplican por igual y protegen derechos fundamentales; el proceso de creación, administración y aplicación de la ley es accesible, justo y eficiente y, por último; la justicia es otorgada de forma pronta, por verdaderos servidores públicos, éticos e independientes, que cuentan con los recursos suficientes para hacerlo.

Pero en pleno siglo XXI, hay que reconocer que esta condición no se ha alcanzado todavía en México. Hoy tenemos un sistema de procuración de justicia que enfrenta enormes problemas:

• La falta de autonomía de la Procuraduría (tanto la federal como las estatales) respecto del Poder Ejecutivo.

• La baja calidad de las investigaciones de los delitos.

• Las inercias institucionales que perpetúan prácticas nocivas del viejo sistema de justicia penal, que van desde las violaciones de derechos humanos de los imputados, hasta la filtración de información a los medios de comunicación.Destaca en este rubro la pésima calidad en la integración de la Averiguación Previa.

• La falta de capacitación de los recursos humanos para llevar a cabo investigaciones y para litigar de acuerdo con los estándares del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

• La inexistencia de una política criminal, que le dé prioridad a los delitos de mayor impacto.

• La lentitud, falta de sensibilidad y tortuosidad en la atención a víctimas y testigos.

• La falta de transparencia y rendición de cuentas.

• El distanciamiento de los Ministerios Públicos respecto de la percepción ciudadana de inseguridad.

Todo esto se traduce en que tres de cada cuatro mexicanos desconfían delos ministerios públicos (Parametría, 2015), y que la cifra negra de delitos asciende a 93.7%, según la encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del INEGI (Septiembre, 2016).

En este contexto, el nombramiento del Dr. Raúl Cervantes, al frente de la Procuraduría General de la República, resulta el nombramiento más importante para el futuro de México y al mismo tiempo el menos importante.

Visto desde el presente, el Señor Procurador personifica al nombramiento más importante porque él deberá convertirse en el arquitecto de la institución que definirá, si México tiene viabilidad como país.

Visto desde el futuro es el nombramiento menos importante, porque si hacemos bien las cosas, el resultado será similar a lo que ocurre hoy con el Banco de México, donde ya no es relevante quien está en el cargo, porque si el gobernador de Banxico cambia, la inflación en México seguirá controlada y sabemos que nadie se mete con la política monetaria, más que la Junta de Gobierno de Banxico de acuerdo a criterios técnicos.

A eso debemos aspirar, a una justicia plena e imparcial que sea capaz de: esclarecer los hechos relacionados con los delitos, no acusar a los inocentes, asegurar que los culpables no queden impunes, brindar protección a las víctimas y garantizar reparación de daños, sin importar quién sea el titular de la PGR o la Fiscalía futura.

Para llegar a este feliz futuro, hay que trabajar como nunca en el presente. El nuevo Procurador General de la República tiene que iniciar, desde ya, a trabajar en temas como la construcción de una nueva arquitectura institucional, la renovación del modelo de gestión y de sus prácticas institucionales, el planteamiento de una política criminal y la profesionalización de los recursos humanos de la Procuraduría a su cargo.

A continuación, pongo sobre la mesa una propuesta de agenda de trabajo de diez puntos, en los que considero que debemos trabajar como Estado mexicano, si verdaderamente aspiramos a transformar la procuración de justicia en nuestro país.

Esta agenda de trabajo parte de la instalación, a la brevedad, de una MESA NACIONAL DE DIÁLOGO, para trabajar durante los próximos doce meses en el diseño y aprobación de la ley orgánica que transformará a la PGR en una Fiscalía General de la República. Para esto, es crucial que trabajemos de la mano el Poder Legislativo, la PGR, SEGOB, CNDH y los expertos en la materia de la academia y la sociedad civil.

1. Promover la autonomía absoluta de la PGR y, llegado el momento, de la Fiscalía General de la Repúblicapara combatir el crimen y la corrupción, estableciendo candados suficientes para la actuación libre y sin injerencias, ni de superiores jerárquicos, ni de agentes externos, en las investigaciones y diligencias de los responsables de la procuración e impartición de justicia.

2. Implementar un servicio civil de carrera, para construir una “fiscalía desde cero” que privilegie el mérito, la integridad, las capacidades y el profesionalismo. Deberá fijar reglas claras para la selección e ingreso -a través de concursos abiertos-, así como la formación, promoción y permanencia de los miembros de la fiscalía y agentes del ministerio público. Además, deberán ofrecerse buenos sueldos, prestaciones y garantías de protección.

3. Establecer una política criminal explícita y pública, que incluya estándares de calidad y principios para la toma de decisiones estratégicas.

4. Establecer criterios para racionalizar las cargas de trabajo y aplicar una política criminal. Es esencial que el MP dedique sus recursos de investigación a los casos más relevantes y que se usen procedimientos operativos efectivos para dar solución temprana y rápida a los casos pequeños.

5. Establecer los criterios para ofrecer un servicio de atención de calidad, que garantice un trato sensible, cercano y humano para las víctimas y testigos, que reduzca los tiempos de atención a denuncias y que impida vulnerar los derechos de las personas detenidas con sus actos u omisiones antes de ser presentadas ante el juez.

6. Desarrollar protocolos que garanticen investigaciones de calidad, conforme a estándares internacionales para el manejo de evidencias y el registro de detenidos.

7. Instrumentar sistemas de contrainteligencia, que permitan detectar infiltraciones de grupos criminales o personas de las altas esferas del poder que pudieran corromper e inducir a agentes del MP a distorsionar la investigación y persecución de los casos.

8. Promover y garantizar la eficiencia administrativa para evitar que las tareas administrativas sean obstáculos o distracciones para la efectiva investigación y persecución de los delitos.

9. Generar mecanismos de colaboración interinstitucional para esclarecer hechos que pudieran ser constitutivos de delitos. En particular, es necesario regular la relación del MP con la policía, para que su colaboración sea efectiva y no existan rivalidades o desconfianza entre ellos.

10. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas.

Estos diez puntos tienen como propósito servir de plataforma de arranque para entablar un diálogo interinstitucional que nos permitan construir, de manera coordinada, un sistema de procuración de justicia efectivo; y como consecuencia una correcta impartición de justicia.

Éste deberá darle la certeza a cada ciudadano de que el Estado lo protegerá, actuará en su defensa y respetará sus derechos humanos, sin importar su estrato o condición social.

Sólo así será posible recuperar la confianza perdida en las instituciones y creer en la existencia de un Estado de Derecho.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a que convoque a través de esta soberanía a los integrantes del Poder Legislativo, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, académicos expertos en la materia y sociedad civil, a instalar a la brevedad una MESA NACIONAL DE DIÁLOGO para trabajar durante los próximos doce meses en el diseño y aprobación de la ley orgánica que transformará a la PGR en una Fiscalía General de la República.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California a realizar una investigación exhaustiva por presuntas irregularidades por parte del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La sociedad mexicana exige cada vez más un ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos. En el Congreso de la Unión no somos omisos a esta demanda, sino por el contrario, hemos diseñado un sólido marco institucional y jurídico para prevenir y erradicar los actos de corrupción.

Los hechos recientes de gobernadores acusados por diversas irregularidades y abusos en el ejercicio de los recursos públicos, nos obligan a tomar las acciones necesarias para prevenir y evitar este tipo de conductas.

En ello radica la oportunidad y pertinencia de esta proposición, en virtud de las acusaciones sólidas y fundamentadas que presumen diversas irregularidades durante los tres primeros años de la administración del gobernador de Baja California,  Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su Reporte de Deuda Subnacional: Segundo trimestre de 2016, señala que la deuda total de Baja California es de más de 17 mil 500 millones de pesos, de los cuales 12 mil 666 millones corresponden al Gobierno estatal y representan un incremento de 1 mil 347 millones con respecto al año anterior.1 Ello sitúa a la entidad como la décimo segunda más endeudada del país.

La organización México ¿Cómo vamos? , en su Semáforo Estatal de Baja California, señala en color rojo el nivel de deuda, porque es de 3.7% del porcentaje del Producto Interno Bruto, mientras la media nacional es de 2.9%.2 Lejos de mantener un presupuesto austero, el gobernador adquirió un avión de un valor en el mercado entre los 885 mil y un millón 100 mil dólares.3

En una muestra de opacidad, cabe señalar que Francisco Arturo Vega de Lamadrid no ha presentado su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, conocida como tres de tres.

Una de las principales irregularidades del gobierno de Vega de La Madrid presentadas durante el presente año, es la referente a la denuncia de los maestros que no recibieron el subsidio de Beca Progreso de cerca de 410 millones de pesos. Además, del adeudo de 476 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Baja California, situación por la cual resulta apremiante conocer el destino de dichos recursos.4

Estas irregularidades se suman a las denuncias presentadas en contra del mandatario por usar sus cargos públicos en beneficio personal, hechos que fueron documentados por el Senador Héctor Yunes Landa5:

Se documentaron 7 propiedades en Estados Unidos y 17 en Baja California, las cuales adquirió a través del uso de información confidencial o utilizando cargos públicos y estatales.

Cuando Vega de Lamadrid se desempeñó como director del Instituto Estatal de Vivienda, el organismo vendió un predio a Enrique Victoria Espinoza por 209 mil pesos, propiedad que seis meses después pasá a ser propiedad Vega de Lamadrid.

8 de sus propiedades fueron adquiridas cuando se despeñó como presidente municipal de Tijuana, destacando el despojó de una propiedad a Vicenta viuda de Domínguez, mediante un juicio de prescripción de dominio.

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, tiene como principales atribuciones, las siguientes:

Fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas estatales, incluyendo a los municipios, organismos dotados de autonomía y particulares, cuando manejen recursos de origen público.

Emitir opinión jurídica respecto a iniciativas y reformas a leyes, acuerdos y decretos en materia hacendaria, que le sean solicitadas por el Congreso del Estado o sus Comisiones.6

En el Grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos en que el ejercicio de los recursos públicos debe realizarse con transparencia y eficacia. Consideramos que en el caso de la administración de Francisco Vega, estamos a tiempo de evitar posibles desfalcos a las arcas públicas y acciones que perjudiquen el futuro de los ciudadanos de Baja California.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación exhaustiva por presuntas irregularidades por parte del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1Reporte de Deuda Subnacional: Segundo trimestre de 2016, IMCO, p. 20<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/08/2016-Reporte_Deuda_Subnacional-Documento.pdf> Consultado el 28 de octubre de 2016.

2 Semáforo Estatal Baja California, México ¿Cómo vamos?
<http://mexicocomovamos.mx/new/index.php?s=mcv_ei&e=2> Consultado el 28 de octubre de 2016.

3 Kiko Vega estrena avión, Zeta, <http://zetatijuana.com/2016/09/19/kiko-vega-estrena-avion/> Consultado el 28 de octubre de 2016.

4 “Kiko” Vega con deuda histórica en BC y acusaciones de corrupción; y sólo lleva 3 años en el poder, <http://zetatijuana.com/2016/10/23/kiko-vega-con-deuda-historica-en-bc-y-acusaciones-de-corrupcion-y-solo-lleva-3-anos-en-el-poder/> Consultado el 28 de octubre de 2016.

5 Kiko Vega se enriqueció al amparo del poder: Héctor Yunes,
<http://enlaceveracruz212.com.mx/nota.php?id=47108> Consultado el 28 de octubre de 2016.

6Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, ¿Quiénes Somos? <http://www.ofsbc.gob.mx/Home/QuienesSomos> Consultado el 28 de octubre de 2016.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos de embajadores en Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Alemania, Nigeria y la Santa Sede, a fin de preservar adecuadamente la relación bilateral y el desempeño de las representaciones diplomáticas en favor de nuestros connacionales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR A LA BREVEDAD A ESTA SOBERANÍA LOS NOMBRAMIENTOS DE EMBAJADORES EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, RUSIA, ALEMANIA, NIGERIA Y LA SANTA SEDE A FIN DE PRESERVAR ADECUADAMENTE LA RELACIÓN BILATERAL Y EL DESEMPEÑO DE LAS REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN FAVOR DE NUESTROS CONNACIONALES, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Una misión diplomáticas y consulares están conformadas por un contingente de personas de un Estado presente en el territorio de otro Estado, representando al país acreditante en el país receptor. Los titulares de las misiones son representantes con carácter de extraordinario y plenipotenciario de su país frente a otro. Los jefes de las misiones diplomáticas reciben el nombre de Embajador, mientras que los titulares de las misiones consulares son llamados Cónsules.

Actualmente, México tiene 80 Embajadas, 66 Consultados, 7 Misiones Permanentes y 3 Oficinas alrededor del mundo que representan los intereses del Estado mexicano y velan por la integridad de los connacionales en el exterior.

Desde hace casi seis meses, la Embajada mexicana en Londres se encuentra sin Jefe de Misión pues Diego Gómez Pickering, quien fue ratificado el 3 de diciembre de 2013, se trasladó al Consulado de Nueva York, cargo para el que fue ratificado por el Senado el 21 de abril del año en curso.

En el caso de la Embajada de Alemania, quien fue nombrada el 17 de julio de 2013, terminó sus funciones al frente de dicha representación el 15 de julio de 2016 al ser nombrada Secretaria Ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

La representación diplomática mexicana en la Federación Rusa quedó acéfala el 11 de junio de 2016 con la ratificación de Rubén Beltrán Guerrero como Embajador de México en Chile.

La Embajada en los Emiratos Árabes Unidos, cuyo titular era Francisco Javier Alonso Escobar, ratificado el 26 de enero de 2012, terminó sus funciones el 15 de marzo de 2016.

La Misión Diplomática en la República Federal de Nigeria, cuyo titular era Marco Antonio García Blanco, ratificado el 18 de enero de 2012, terminó sus funciones al ser nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia.

La Embajada ante la Santa Sede se encuentra en la misma situación, pues su ex titular, el abogado Mariano Palacios Alcocer, quien fue nombrado el 25 de abril de 2013, renunció a su cargo por “motivos personales” el pasado 29 de agosto del año en curso.

El caso de Santa Sede es particular, debido a que se trata de una importante representación diplomática pues el 82.9% de los mexicanos se consideran católicos, según cifras del INEGI. Cabe recordar que el Sumo Pontífice es tanto Jefe de Estado de la Santa Sede como cabeza de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por lo tanto la vinculación del Estado mexicano es doble.

México y el vaticano mantienen una relación bilateral especial que se fundamenta en los datos históricos de los dos Estados. Como inicio se debe resaltar las acciones presidenciales históricas de la separación de Estado e iglesia impulsadas por el presidente Benito Juárez entre 1856 y 1861. Esto se puede observar como un primer obstáculo que se presentó para el establecimiento de relaciones diplomáticas por ambas partes.

Después de que entraran en vigor las reformas al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1992 y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en ese mismo año, se reconoció la personalidad jurídica de las iglesias y asociaciones religiosas, por lo que México y la Santa Sede iniciaron un episodio nuevo que hizo florecer la relación bilateral.

Lo anterior fue resultado de un largo proceso de acercamiento, que tuvo como antecedentes diversas visitas ejecutivas que se dieron entre la jerarquía católica y el Gobierno mexicano. Particularmente, debemos resaltar los cuatro encuentros presidenciales que se llevaron a cabo entre los dos Estados.

La primera de estas vistas tuvo lugar en febrero de 1974, cuando el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez, visitó la Santa Sede con el propósito de agradecer al Sumo Pontífice su apoyo a la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Esto representó un logro puesto que México encabezaba el Movimiento de Países No Alineados, grupo independiente de las influencias de las potencias capitalistas y socialistas, en el marco de la Guerra Fría.

Cinco años después, el otrora Presidente José López Portillo recibió la vista del papa Juan Pablo II en el Distrito Federal y en la residencia oficial de Los Pinos, en el curso de la primera estancia pastoral del Pontífice en México. En esa visita, Juan Pablo II había llegado para inaugurar el tercer Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Puebla y reconciliar con los católicos que representaban, en ese momento, más del 90 por ciento de la población mexicana.

Es importante resaltar que en la década de los años ochenta y principios de los años noventa, se planteó la revisión del marco legal de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, lo cual dio lugar a un amplio debate y, posteriormente, a un programa de modernización de la vida nacional. Se contemplaba, igualmente, aprovechar el potencial de colaboración con los nuevos actores en el escenario internacional de la época entre estos, la Santa Sede, que había intensificado su participación en los asuntos globales.

Los últimos dos encuentros se dieron entre el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari y Juan Pablo II, el cual culminó en el establecimiento formal de las relaciones diplomáticas. Durante la administración de Salinas de Gortari, Juan Pablo II regresó a México en mayo de 1990, esta vez con una importante popularidad. Aprovechando el acercamiento, el cuarto encuentro de alto nivel se llevó a cabo en el Vaticano, durante una gira presidencial por Europa, en julio de 1991.

Una vez en vigor las reformas políticas, se dio un intercambio de notas diplomáticas entre sus respectivos representantes las cuales fueron publicados el 21 de septiembre del 1992. Posteriormente, el Gobierno de México anunció el nombramiento del Prof. Enrique Olivares Santana como su primer Embajador ante la Santa Sede y la Embajada de México inició sus labores el 20 de octubre del mismo año. México igualmente reconoció como Nuncio Apostólico, al Mons. Girolamo Prigione.

Actualmente los dos Estados trabajan en impulsar el entendimiento bilateral y el derecho internacional mediante varias visitas ejecutivas. Gracias a esto y al excelente nivel de relaciones diplomáticas de cooperación en la comunidad internacional, no se ha perdido el valor de tomar posturas conjuntas en los foros globales.

Desafortunadamente, como ya hemos mencionado, el último Embajador mexicano ante la Santa Sede renunció a su cargo hace unas semanas. El pasado 16 de octubre del año en curso, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, se llevó a cabo una ceremonia en la que el Papa Francisco declaró “santo” al niño mexicano José Sánchez del Río (1913-1928), conocido como el “niño cristero”, quien fue asesinado a los 14 años durante la Guerra Cristera. Pese a ser una actividad estrictamente religiosa, no se contó con una representación diplomática en un acto que para muchos mexicanos es trascendental.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que dentro de las facultades y obligaciones del Presidente de la República se encuentra “Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales […]”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a remitir a la brevedad a esta Soberanía, los nombramientos de Embajadores en los Emiratos Árabes Unidos, la Federación Rusa, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Federal de Alemania, la República Federal de Nigeria y la Santa Sede, a fin de preservar adecuadamente la relación bilateral con cada uno de estos Estados, además del desempeño de las representaciones diplomáticas de México en favor de nuestros connacionales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 8 de noviembre de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y del estado de Guerrero a declarar zona de emergencia humanitaria el municipio de Chilapa de Álvarez y desarrollar un programa urgente para atender a las víctimas de la violencia. Se turna a la Comisión de Gobernación.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Cuauhtémoc a instrumentar el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Delegación Cuauhtémoc, debido a las presuntas denuncias de violaciones a los derechos humanos de la población callejera, derivados de los operativos instrumentados en la demarcación por el jefe delegacional. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, en dicha entidad federativa hay entre tres mil 700 y cuatro mil personas viviendo en las calles, siendo la Delegación Cuauhtémoc y específicamente en el Centro Histórico donde se encuentran aproximadamente el 40% de este sector de la población.1

La población callejera es “…un grupo poblacional que se caracteriza por ser heterogéneo en su composición-niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones-teniendo en común la extrema pobreza, los vínculos familiares quebrados o fragilizados, y la inexistencia de vivienda convencional regular, factores que obligan a estas personas a buscar espacios públicos (calles, veredas, plazas, puentes, etc.) y áreas degradadas (edificios, coches abandonados, etc.) como espacio de vivienda y subsistencia, de manera temporal o permanente, utilizando para pernoctar lugares administrados institucionalmente como albergues, o casas de asistencia, además de diferentes tipos de viviendas provisorias.”2

Las poblaciones callejeras son objetos de estereotipos que los criminalizan por considerarlos potenciales delincuentes, lo cual se traduce en diversos abusos y violaciones a sus derechos humanos que los coloca como un grupo vulnerable. La llamada limpieza social constituye una de las prácticas que atentan contra sus derechos, porque se traducen en desalojos forzados del espacio público, así como destrucción de sus pertenencias. Cabe señalar que 5 de cada 10 sectores de esta población señaló haber sido objeto de dichas prácticas.3

Otra problemática que enfrenta la mayor parte de las poblaciones callejeras es la falta de documentos que acrediten su identidad, como el acta de nacimiento o la Clave Única de Registro de Población, solo por mencionar algunas.

En este sentido, cabe señalar que 83% de hombres y 16.6% mujeres en situación de calle en la Ciudad de México, manifestó la falta de documentos de identidad4, ello no sólo es un factor que les impide ejercer sus derechos en la entidad, sino también acceder a programas sociales e incorporarse al mercado laboral formal.

La discriminación es otro aspecto que tienen que enfrontar las personas en situación de calle, de acuerdo a datos de la Audiencia Pública con Poblaciones Callejeras 2012-2013, tres de cada 10 personas señalaron haber experimentado actos de discriminación en su contra. Para los legisladores del PRI, resulta preocupante que de ese total, el 73.3% corresponde a discriminación de autoridades y 26.6% a discriminación por parte de particulares.

Es de destacar lo que sucedió recientemente en la Delegación Cuauhtémoc, en la cual se desalojó a población callejera delos alrededores de la Ciudadela. Sobre los hechos, Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), señaló que no se oponen a que las delegaciones realicen operativos, no obstante, estos no tienen que realizarse sin la concurrencia de otras autoridades, tal como lo establece el protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras.5

El protocolo comprende tres áreas de enfoque para la atención eficaz e integral de la población callejera, que son las siguientes:

Prevención, detectará los factores de riesgo que puedan derivar en la vinculación de la persona hacia la calle.

Intervención, se orienta a brindar servicios a las poblaciones callejeras.

Integración social, que logren una vida independiente.6

La titular de la CDHDF señaló que el protocolo responde a los posicionamientos realizados previamente por la CDHDF en distintos instrumentos como las Recomendaciones 23/2009, 13/2011, 7/2015, 8/2015 y el Informe Especial Situación de los Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras en el Distrito Federal 2012-2013, en los cuales se han documentado acciones sistemáticas que afectan los derechos de estos grupos de población.7

En el Grupo Parlamentario del PRI, condenamos toda forma de discriminación y violencia en contra de las poblaciones en situación de calle, por ello hacemos un llamado al jefe de gobierno de la Delegación Cuauhtémoc para que atienda, a la brevedad posible, la situación de este sector de la población con total apego y respeto a sus derechos humanos y conforme a los protocolos aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Cuauhtémoc para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, instrumenten el protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Delegación Cuauhtémoc, debido a las presuntas denuncias de violaciones a los derechos humanos de la población callejera derivados de los operativos instrumentados en la demarcación por el jefe delegacional.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que, en el marco de sus funciones verifique y, en su caso, emita las recomendaciones que conforme a derecho procedan, en relación a los operativos realizados por la Delegación Cuauhtémoc en contra de la población callejera.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1 GobCDMX atiende a 592 personas en situación de calle,
<http://www.agu.cdmx.gob.mx/sintesis/index.php/gobcdmx-atiende-a-592-personas-en-situacion-de-calle/> Consiltado el 28 de octubre de 2016.

2 Poblaciones Callejeras, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, <http://copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/poblaciones-callejeras/> Consultado el 28 de octubre de 2016.

3 Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal 2012-2013, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad De México, 2014, <http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/09/poblaciones-callejeras-integrado-imprenta.pdf>Consultado el 28 de octubre de 2016.

4 Ibíd. p.73

5 CDH: desarticulados, operativos de desalojo en CDMX, La jornada, 26 de octubre de 2016, < http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/26/cdh-desarticulados-operativos-de-desalojo-en-cdmx> Consultado el 28 de octubre de 2016.

6 Presenta CDMX protocolo para atender población
callejera,<http://www.agu.cdmx.gob.mx/sintesis/index.php/presenta-cdmx-protocolo-para-atender-poblacion-callejera/> Consultado el 28 de octubre de 2016.

7 Presentan Protocolo de Prevención y Atención a Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México, Boletín 099/2016, CNDHDF, <dhdfbeta.cdhdf.org.mx/2016/06/presentan-protocolo-de-prevencion-y-atencion-a-poblaciones-callejeras-en-la-ciudad-de-mexico/> Consultado EL 28 DE OCTUBRE DE 2016.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir información sobre un derrame de aproximadamente 30 mil litros de ciclohexano, en el municipio de Jaumave, Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita la información correspondiente a un derrame deaproximadamente 30 mil litros de ciclohexano, en el Municipio de Jaumave, Tamaulipas, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 28 de octubre del presente año, un auto-tanque propiedad de la empresa Transportes de Carga Sixtos, volcó aproximadamente a las 5 de la mañana, en el km 99 de la Carretera Federal 101, tramo Jaumave – Palmillas, Municipio de Jaumave, Tamaulipas.

El accidente provocó que fueran derramados aproximadamente 30 mil litros de ciclohexano, en una superficie de suelo natural aún no determinada, pero dicha sustancia también escurrió hacia un dren pluvial.1

Autoridades de Protección Civil del Estado, señalaron que en los primeros reportes no se detectó que el ciclohexano derramado afectara las aguas del Río Guayajelo. Sin embargo, Protección Civil Estatal, Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y la Comisión Nacional del Agua, alertaron a la población cercana al lugar del accidente, y los invitaron a no ingerir agua del Río Guayajelo, como medida preventiva para evitar alguna intoxicación o alguna otra alteración que pudiera surgir en caso de que se hubiera contaminado el agua del caudal. 

Con la finalidad de evaluar y determinar las posibles afectaciones que pudiera haber sufrido el suelo natural y en su caso el Río Guayajelo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), realizaría una inspección en materia de contaminación de suelo para poder levantar su acta correspondiente al hecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita a esta Soberanía a la brevedad posible información sobre el resultado de sus investigaciones respecto del posible daño ocasionado por el derrame de aproximadamente 30 mil litros de ciclohexanoen el km 99 de la Carretera Federal 101, tramo Jaumave - Palmillas, Municipio de Jaumave, Tamaulipas, el pasado 28 de octubre del presente año.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que en el ámbito de sus facultades establezca las sanciones correspondientes, en caso de haberlas, respecto al derrame de aproximadamente 30 mil litros de ciclohexano en el km 99 de la Carretera Federal 101, tramo Jaumave – Palmillas, Municipio de Jaumave, Tamaulipas, el pasado 28 de octubre del presente año.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, comunicado de prensa, consultado el 3 de noviembre de 2016 en:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8998/1/mx/atiende_profepa_derrame_de_ciclohexano_por_volcadura_de_auto_tanque_en_la_carretera_jaumave_%E2%80%93_palmillas_tamaulipas.html





De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría General de la República a informar sobre los hechos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete” del estado de Tlaxcala. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 8, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidio a menores de 14 años; visto en cifras, 4.5 millones de infantes son víctimas de este delitos, sin embargo, apenas el dos por ciento de los casos son conocidos.

Al respecto, el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señaló que nuestro país asigna uno de los presupuestos más bajos para atender este problema, puesto que apenas el 1 por ciento de los recursos asignados a la infancia se enfocan al combate a la violencia, abuso y explotación de menores.

Frente a este fuerte e indeseable escenario, desde esta soberanía, hemos desarrollado distintas acciones de intervención a nuestro marco jurídico, en particular, discutimos y aprobamos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, e incluso aprobamos que el 19 de noviembre de cada año fuera declarado Día Nacional contra el Abuso Infantil.

Pese a estos esfuerzos, distintos especialistas en el tema coinciden en que el abuso sexual infantil queda impune, puesto que apenas una de cada 10 violaciones son denunciadas y atendidas por la autoridad correspondiente, teniendo como razones principales las amenazas, la pena o los dichos familiares. Recientemente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mostró que de 2010 a 2015 se iniciaron más de 33 mil averiguaciones previas por abuso sexual a niñas y niños menores de 15 años, en apenas 15 entidades del país.

En este serio contexto de impunidad hacia el abuso infantil que se vive en nuestro país,  llamamos la atención de esta Soberanía ante el siguiente caso ocurrido en el Estado de Tlaxcala, donde una menor de 4 años, fue presuntamente abusada sexualmente en la estancia infantil “Rehilete”, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

A decir de la madre de la víctima, las autoridades de la Procuraduría estatal protegen al presunto responsable puesto que no han llevado a cabo las diligencias correspondientes al tratarse de quien fuera Consejero del extinto Instituto Electoral de Tlaxcala, José Conrado Delgado Teloxa.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer en el portal e-tlaxcala, desde el pasado mes de mayo fue presentada la denuncia por violación en agravio de una menor de 4 años; yde 4 peritajes que se llevaron a cabo por la Procuraduría Estatal, apenas 1 negó la posibilidad de violación; sin embargo, al no resultar convincentes los resultados de estos, familiares de la presunta víctima buscaron a otros especialistas, quienes en tres informes médicos determinaron que si hubo violación de la menor y por lo tanto el Ministerio Público debe actuar.

Además, el informe de la policía de investigación señala que las instalaciones de dicha estancia son usadas como vivienda por la directora de la misma y en consecuencia se identifica al presunto agresor manifestando que es la única persona del sexo masculino que ingresa al domicilio, por lo tanto, en base a esto debe citarse a la menor para que identifique si dicha persona es quien la agredió, diligencia que aún no se lleva a cabo pues a decir de la  Ministerio Público “se llevó a cabo en días anteriores pero la tiene en la computadora y no se ha impreso”.

Frente a esto, la SEDESOL presentó un informe sobre las personas que laboran en dicha estancia infantil y se concluyó que ahí no laboran personas del sexo masculino, además no precisó sobre la pertinencia de utilizar el lugar como casa habitación.

Esto ha llevado a los familiares de la presunta víctima a considerar una actitud evasiva por parte de la Ministerio Público, quien ha intentado persuadir a la familia de integrar la investigación por abuso sexual y no por violación, bajo el argumento de que el juez ha regresado casos similares y ella no quiere pelearse con dicha autoridad.

Durante este proceso, la menor ha presentado un notable daño psicológico mostrando cambios de conducta, además de falta de control de esfínter, rehusarse al contacto físico, incomodidad al vestir faldas o vestidos y alteraciones en su estado de ánimo, miedo y angustia.

Además, la familia de la menor ha señalado que otras personas que son familiares de una menor que también asistió a dicha estancia infantil, presentó la misma actitud e incluso problemas de salud en las partes íntimas, por ende tomaron la decisión de denunciar ante la autoridad la presunta vinculación del señor José Conrado Delgado Teloxa como probable responsable de estos abusos, tomando como base el informe de la policía de investigación y las omisiones que ha tenido la Ministerio Público para enfrentar a esta persona con las menores. 

Como podemos ver, existe una clara omisión en la actuación de la autoridad estatal, por lo que hacemos un llamado a las autoridades federales a tomar cartas en el asunto, considerando el contexto adverso que tienen nuestros niños en cuanto a su derecho a la justicia en caso de violación o abuso sexual.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que informe a esta soberanía sobre la investigación que ha llevado a cabo en relación a los acontecimientos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete”, del Estado de Tlaxcala, en donde, presuntamente han sido abusadas menores de edad.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, en uso de sus facultades, atraiga la investigación sobre los hechos ocurridos en la estancia infantil el “Rehilete”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, donde presuntamente menores de edadhan sido víctimas de abuso.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes active el protocolo de atención correspondiente para atender a las probables víctimas de abuso infantil en la estancia infantil “Rehilete” del Estado de Tlaxcala.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

Suscribe,

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a fortalecer las estrategias, políticas públicas y operativos en las carretas de la entidad, a fin de garantizar la seguridad, tranquilidad e integridad de los habitantes, turistas y transportistas ante el aumento de conductas delictivas como el robo y extorsión en las vialidades de la demarcación. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La inseguridad derivada por el aumento de asaltos, homicidios y extorciones en las carretas del estado de Oaxaca a empresas de transporte de carga, autobuses de pasajeros y autos particulares, han vulnerado la tranquilidad de la población, además ha cobrado la vida de turistas y transgredido el patrimonio de las personas que transitan por la entidad.

Lamentablemente, dicho panorama dista por mejorar ya que para los afectados los operativos y recorridos de los elementos de la policía y agentes de tránsito, han sido insuficientes y carecen de efectividad, ya que no han disminuido los casos de robos, por el contrario, en lo que va de estos meses han aumentado significativamente el número de denuncias de asaltos violentos contra la ciudadanía y visitantes.

Para tener claro el panorama, basta decir que, en sintonía con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los meses de enero y agosto de 2016, se dieron más de 1 mil 705 robos con violencia, lo cual representa un incremento de por lo menos 36% en comparación con el mismo periodo del año 2015, contexto que debe ser atendido por las autoridades estatales con el objeto de detener esta ola de violencia.

El reporte nacional, precisa con claridad que el robo de vehículos es uno de los ilícitos que más se disparó en la entidad, al pasar de 120 a 167 de esos hechos, muchos de ellos, hasta el momento no han sido localizados. Según las autoridades, las unidades de motor más vulnerables son los camiones de carga, le sigue los automóviles particulares y los autobuses de pasajeros.

Para el centro de inteligencia FreightWatch International, el conflicto magisterial dado en meses anteriores representó una situación de riesgo, que aunado a los múltiples  retenes clandestinos por parte del crimen organizado, fueron suficientes para que turistas, transportistas y usuarios de la red carretera estatal fueran de despojados de sus pertenencias y peor aún hayan puesto en peligro su integridad y vida1

Otro de los sectores más afectados según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, es el relativo al autotransporte de carga, que registró un incremento de 40%, al ascender de 474 casos en la primera mitad del año pasado a 663 en este año, con ello, comida y medicamentos (entre otros productos de primera necesidad) no llegaron a su destino.

En particular, el estado de Oaxaca junto con Tlaxcala y Puebla son las entidades que más afectaciones han tenido por estos actos antijurídicos, los cuales han dejado por lo menos daños superiores a los 663 millones de pesos2, lo cual representa cuantiosas pérdidas para los empresarios de la región.

Por estos motivos, la Cámara del Transporte ha pedido la participación decidida y eficaz del gobierno estatal para contener los asaltos carreteros cometidos por grupos criminales que desincentivan la actividad turística y generalizan el temor en la población a ser agredidos en diversas carreteras locales, situación que se ha traducido por lo menos en la disminución del 35% de las corridas en el horario nocturno y vespertino.

Según el titular de la Cámara del Transporte, la presencia de barricadas y la toma de caminos por la presencia de profesores y activistas, han causado la suspensión de operativos policiacos carreteros lo que ha generado que los delincuentes aprovechen esta coyuntura para delinquir, debido a que los elementos de las instancias de seguridad determinaron la disminución de elementos por el territorio Oaxaqueño.

Los tramos carreteros que más casos han presentado y por consecuencia más inseguros, se encuentran la zona costera, particularmente los caminos hacia San Pedro Pochutla y Candelaria Loica, la carretera que conduce al santuario de la Virgen de Juquila y a la Comunidad de Sola de Vega. En la Mixteca, los caminos de Huajuapan de León a Acatlán de Osorio y a Tehuacán han presentado una tendencia hacia el aumento de robos, asesinatos y extorciones3.

Bajo estas consideraciones, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que la Secretaría de Vialidad y Transporte, la Dirección de Tránsito de la entidad y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, amplíen sus estrategias, políticas públicas y operativos en las carretas de la entidad, a fin de garantizar la seguridad, tranquilidad e integridad de los habitantes, turistas y transportistas, ante el aumento de conductas delictivas como el robo y extorsión en las vialidades de la demarcación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al gobernador del estado de Oaxaca, para que a través de la Secretaría de Vialidad y Transporte, y la Dirección de Tránsito, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, fortalezcan las estrategias, políticas públicas y operativos en las carretas de la entidad, a fin de garantizar la seguridad, tranquilidad e integridad de los habitantes, turistas y transportistas, ante el aumento de conductas delictivas como el robo y extorsión en las vialidades de la demarcación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 8 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/10/8/concentran-5-estados-asaltos-en-carreteras

2 http://www.nvinoticias.com/nota/25765/aumenta-en-oaxaca-el-robo-de-transporte

3 http://www.tvbus.tv/web/2016/10/10/aumentan-asaltos-en-carreteras-oaxaca/






Del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la dirección de Petróleos Mexicanos y a su Consejo de Administración a revisar y establecer su logística de abastecimiento a importantes zonas de la huasteca y zona media potosina. Se turna a la Comisión de Energía.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer de manera urgente las acciones en materia de seguridad pública ante el aumento del número de delitos; asimismo, se informe sobre las medidas implementadas en la atención de dicha problemática. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad pública constituye un tema fundamental para todos los mexicanos, ya que permite salvaguardar su patrimonio, integridad física e inclusive su propia vida, a la vez que contribuye a crear ambientes propicios para la sana convivencia y tranquilidad.

El párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Constitución, establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, es decir, implica un trabajo coordinado, responsable y profesional de los tres órdenes de gobierno.

A partir de estas consideraciones, es de destacar que de acuerdo con información reciente dada a conocer por diversos medios de comunicación, con base en cifras oficiales, persiste una grave situación relacionada con la inseguridad en el Estado de Guanajuato, ello pese a que desde el inicio de la actual gestión local se planteó a la seguridad como uno de los temas prioritarios del “Programa de Gobierno 2012-2018”.

Se impulsó la estrategia transversal Impulso al Estado de Derecho, la cual tiene como objeto central garantizar la libertad, dignidad y seguridad de la sociedad en el marco de respeto a los derechos humanos y de certeza jurídica.

Asimismo, en la visión al 2018, se propone contar con un gobierno donde se respeta el Estado de derecho y se atiendan las necesidades de la ciudadanía. Se plantea que “En seis años, Guanajuato será reconocido como uno de los estados más seguros del país…”1.

Pese a las buenas intenciones del gobierno estatal, los datos disponibles permiten constatar un aumento en los niveles de inseguridad, lo que hace previsible que no se cumplan las metas en la materia -como hasta ahora- hacia el cierre del sexenio.

En primer lugar, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, señala que la población considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja a la entidad, seguido del desempleo y la pobreza.

En segundo término, para dimensionar la magnitud de problema, basta señalar que datos dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de del presente año, se registraron 79 mil 623 delitos del fuero común, cifra que representa un incremento de 13 por ciento con respecto a los observados en el mismo periodo de 2015, con lo que se ubica en el tercer lugar a nivel nacional.2

Por tipo de delito, destacan los aumentos observados en casi todos los conceptos: total de robos, 10.4%, siendo de 33 por ciento en el caso de los robos con violencia; homicidios, 8.2 por ciento; homicidios dolosos, 8.9 por ciento; y de 6.2 por ciento en los delitos patrimoniales, principalmente.

De manera particular, es oportuno mencionar que en el reporte mensual de víctimas de homicidios dolosos, se muestra un aumento de 61 casos en enero a 90 en septiembre de este año.

Pénjamo, lugar de nacimiento de Miguel Hidalgo, es uno de los municipios que más ha resentido el incremento de la violencia en la entidad. Al mes de septiembre, registraron 43 denuncias por homicidio doloso, 29 de los cuales se han cometido con arma de fuego. En el mismo periodo de 2015, el número de estos homicidios fue de 32, lo que representa un incremento de 34.3 por ciento.3

El alza de homicidios en este municipio ha sido una constante desde 2012. En efecto, una revisión retrospectiva, revela un aumento sostenido de este rubro. De acuerdo con estadísticas del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en dicho año se presentaron 20 homicidios dolosos, el cual aumentó a 38 en 2013, 40 en 2014, 49 al cierre de 2015 y 43 en lo que va del año.

Pénjamo vive una violencia histórica. En 10 meses y 3 días han sido asesinadas al menos a 102 personas. Septiembre ha sido el mes más violento en lo que va del año con 18 personas asesinadas por arma de fuego o arma blanca, y algunos cuerpos han sido encontrados decapitados o desmembrados.4

Una situación similar se ha presentado también en otros municipios de la entidad como León.

No obstante, el gobernador de la entidad Miguel Márquez Márquez descarta y niega el aumento de la inseguridad en el estado, señalando inclusive que el incremento en homicidios dolosos “no daña de manera directa a la sociedad”.

Asimismo, afirma que “Es un tema en el cual estamos trabajando en el día a día, y que vemos cómo a veces son homicidios muchos de riñas, pleitos en comunidades y colonias que luego esos son asuntos más de interés familiar, de negocios de aquella gente que también está metida en el crimen organizado”5

Ello ha provocado, justificadamente, una espiral de miedo en la población por el incremento de la inseguridad y violencia que impera en la entidad.

En este tenor, la inseguridad pública representa, pues, uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad guanajuatense, la cual atenta contra su bienestar, vida y patrimonio.

Ante este panorama, resulta apremiante que el gobierno del Estado de Guanajuato, de manera conjunta con los 46 municipios que lo integran, fortalezcan de manera urgente las acciones tendientes a reducir la incidencia delictiva en toda la entidad, con el objetivo de devolver la paz, garantizar la certeza jurídica y tranquilidad de la población..

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, de manera coordinada con los gobiernos de los municipios que integran la entidad, fortalezcan de manera urgente las acciones en materia de seguridad pública ante el aumento del número de delitos; asimismo, se informe a esta Soberanía sobre las medidas implementadas en la atención de dicha problemática.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_092016.pdf

3 http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2016/10/31/seguridad/otros-municipios/asesinatos-en-penjamo-
aumentan-34-en-2016

4 https://www.am.com.mx/2016/11/03/irapuato/sucesos/matan-en-penjamo-a-102-en-10-meses-y-3-dias-324086

5 http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2016/10/25/seguridad/homicidios-son-por-rinas-no-afectan-la-
sociedad-marquez






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a que, en cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la entidad, publique la Información Presupuestal Estatal 2016, mediante la cual diversas instancias realizan análisis sobre las prácticas económicas de las entidades federativas. Se turna a la Comisión de Federalismo.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo al Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2016, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), mediante el cual se analizan las mejores prácticas económicas en las entidades y tiene como propósito entender el manejo financiero de los estados, Michoacán es el segundo estado más opaco del país, después de Quintana Roo que se lleva el primer lugar. 1

De acuerdo al IMCO, a través del IIPE -que es un estudio que mide la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas y verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental-, se fomentan una serie de buenas prácticas contables con el propósito eliminar condiciones de opacidad.

Este índice, que lleva ocho años aplicándose, evalúa a las 32 entidades federativas del país bajo 100 criterios divididos en 10 secciones.

Los resultados del presente año revelan que entre los primeros lugares en información presupuestal están Coahuila y Jalisco, quienes cumplen al 100 por ciento los criterios. En tanto, las tres entidades más opacas, con niveles reprobatorios son la Ciudad de México (53), Michoacán (50) y Quintana Roo (48).

Cabe señalar que en su página web, en donde se pueden observar a detalle los resultados de la evaluación de este año, el IMCO realiza una serie de recomendaciones para alcanzar eficiencia y eficacia en la materia, las cuales son: 2

Institucionalizar las mejores prácticas contables para la elaboración y aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos.

Solicitar que los estados implementen en su totalidad el Presupuesto Basado en Resultados (evaluaciones de resultados).

Fortalecer los capítulos de sanciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera.

Expedir en tiempo y forma los reglamentos de la Ley de Disciplina Financiera

Elaborar anexos que permitan dimensionar el gasto público destinado a niñas, niños y adolescentes.

Reducir el impuesto a la nómina, el cual es un obstáculo a la generación del empleo y la economía formal, y sustituirlo por impuestos menos distorsionantes como el impuesto sobre la tenencia de vehículos.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, el acceso a la información gubernamental y la transparencia son elementos fundamentales para hacer realidad la rendición de cuentas de los gobernantes. Todos los servidores públicos tienen la obligación de responder a los ciudadanos por lo que hacen y por cómo lo hacen.

En ese sentido, es importante resaltar que a nivel federal, el pasado 9 de mayo de este año, se publicó el decreto mediante el cual se abrogó la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expidió una nueva la Ley en la materia.

En lo que respecta a Michoacán, el 19 de mayo de este año, el Gobierno del Estado publicó el decreto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante la cual se asegura a toda persona el acceso a la información mediante procesos expeditos. 3

No obstante, el Gobierno del Estado de Michoacán se empeña en mantener la opacidad en la información. Ya en anteriores ocasiones, el Grupo Parlamentario del PRI ha exhortado y solicitado al ente público en referencia, que informe y transparente los datos de la campaña de posicionamiento “Somos Michoacán”, las rentas y uso de aeronaves, así como los contratos de obra pública.

Consideramos que estas situaciones no deben quedar en simples anéctodas o en notas informativas, pues los recursos públicos deben utilizarse con eficacia y eficiencia en beneficio de la población, máxime cuando de acuerdo a cifras oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 2 millones 900 mil michoacanos viven actualmente en condiciones de pobreza, de los 4.5 millones de habitantes de la entidad.

Cabe recordar que poco después de tomar posesión como Gobernador, Silvano Aureoles Conejo sostuvo que Michoacán estaba al borde de la quiebra. Ante ello, implementó una serie de medidas tributarias emergentes como el reemplacamiento vehicular, el aumento de 25% en el costo de todos los trámites públicos del estado, y un nuevo endeudamiento por miles de millones de pesos.4

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán, señala en su artículo 11º, que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

A su vez, el artículo 12º del mismo ordenamiento legal, remarca que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca la Ley General y la presente Ley.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, y en cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la entidad, publique la Información Presupuestal Estatal 2016 mediante la cual diversas instancias realizan análisis sobre las prácticas económicas de las entidades federativas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1 http://cambiodemichoacan.com.mx/nota-n12795

2 http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-de-informacion-presupuestal-estatal-iipe-2016/

3 http://www.itaimich.org.mx/transparencia/pdf/inf_oficio/ley_de_transparencia.pdf

4 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aureoles-endeuda-a-michoacan-con-mil-mdp.html






Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a exhibir los contratos celebrados con la empresa “Mekorot National Water Company”. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.








Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a enviar un informe sobre el avance de las investigaciones ligadas a la posible realización de prácticas monopólicas absolutas por parte de algunas empresas del ramo farmacéutico, que en los últimos años han derivado en una tendencia a la alza en el precio de los medicamentos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento      Industrial.

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las prácticas monopólicas en la industria farmacéutica en nuestro país no son nuevas. En diversas ocasiones las autoridades han establecido sanciones a las empresas que, utilizando diversos recursos legales o no, se han coludido para aumentar los precios de los medicamentos en el mercado nacional. 

En el año 2010, la entonces Comisión Federal de Competencia (COFECO) multó con 151 millones de pesos, la más alta en la historia, a las empresas Eli Lilly, Probiomed y Laboratorios Pisa, por coordinarse de manera indebida para ganar licitaciones en la compra de medicamentos del sector salud.1

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 establece que los procedimientos de contratación por parte de entidades gubernamentales deben conseguir mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Para lo anterior, se facultó a la Comisión Federal de Competencia Económica, en el marco de la reforma constitucional en materia de competencia a supervisar, recomendar y establecer sanciones ante eventuales irregularidades en la celebración de licitaciones públicas.

Los recursos económicos de las instituciones del Estado se administran bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos para los que están destinados estos dineros. Cualquier empresa que intente participar en las licitaciones, invariablemente, tiene que sujetarse a los establecido al 28 de la misma Constitución:

"Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes."

En caso de incumplir con tal precepto se castigará con todo el rigor de la ley a aquellos que constituyan una ventaja indebida a favor de una o varias personas determinadas, causando perjuicio al público en general o de alguna clase social.

Las penas buscan evitar la nula, la competencia desleal o la simulación para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados para obtener ganancias ilícitas. Estas recomendaciones buscan dos cosas: una mayor concurrencia y que con esto se genere una mayor presión competitiva entre los que quieran participar en los concursos.

Estos acuerdos colusorios, según la observancia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al generar precios altos a los bienes abren un camino de ganancias extra normales para las empresas que están coludidas, pudiendo utilizar estos recursos para sobornar o financiar posibles dadivas a servidores públicos, causando actos de corrupción duramente castigados por la ley.2

Sin duda, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido una de las instituciones más afectadas por este tipo de prácticas, debido a que es el principal organismo público que consume medicamentos y así garantizar la salud de sus derechohabientes.

La conducta anticompetitiva por parte de empresas farmacéuticas tiene sus primeros antecedentes en el año 2000, derivadas de licitaciones públicas para la adquisición de material radiográfico, siendo desde ese momento que la entonces COFECO empezó a formular distintas recomendaciones al IMSS para proteger los procesos de competencia entre los distintos promotores de fármacos.

No obstante, ante estos hechos en el año 2014, ahora ya como Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), realizó una evaluación respecto a otra posible colusión entre empresas farmacéuticas la cual derivó a que el IMSS se viera obligado a pagar un sobreprecio de 579 millones de pesos por la compra de insulina y poco más de 43 millones por la adquisición de soluciones intravenosas, dinero que pudo ser utilizado para solventar carencias que la institución sufre.3

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento, condenó a aquellas empresas farmacéuticas que estuvieron involucradas en dicha colusión, afirmando que estas prácticas monopólicas absolutas violaban los preceptos previstos en el artículo 9°, fracción IV de la Ley Federal de Competencia Económica.

Sin embargo, el castigo para estas farmacéuticas al parecer no afectó su compromiso para mantener una competencia sana y evitar obtener ganancias ilícitas. Los estudios realizados en el presente año mostraron que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Servicio de Administración Tributaria, alertó que el alza de los precios de los medicamentos del periodo que abarca los años 2010 a 2016, estaban por encima de los estándares del mercado.4

Estos hechos han levantado sospechas de prácticas desleales por parte de algunas empresas de industrias farmacéuticas, muchas incluso que han estado bajo la observación desde el año 2015, razones por las cuales las autoridades han abierto procesos de investigación por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de distribución, comercialización y producción de medicamentos en territorio nacional.

El aumento de precios de medicamentos en el mercado es una prueba de que siguen beneficiándose las empresas, dejando a las instituciones públicas y ciudadanos en general, a la merced de desembolsar más dinero de lo que realmente cuesta su producto.

Lo que provocan estas empresas son precios mayores a los que prevalecerían en una situación de competencia, llegando a ser muy similares a los precios que impondrían los monopolios disminuyendo de esta manera la cantidad de bienes o servicios producidos por los altos costos, afectando el crecimiento de la economía nacional.

Ello pone en dificultades a aquella población que no puede solventar los gastos de tratamientos largos para combatir enfermedades crónicas, puesto que en muchos de estos procesos médicos los pacientes tienden a comprar diariamente medicamentos que regulen su estado de salud, volviendo dichos gastos al paso del tiempo en golpes fuertes a su economía personal.

La COFECE tiene la obligación de continuar con sus investigaciones, lo anterior para deslindar responsabilidades y dudas que se tengan sobre el mercado farmacéutico, el cual se estima podría afectar a millones de mexicanos inscritos al IMSS o a otras instituciones públicas de salud.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos con la salud de la sociedad y por ese motivo solicitamos a la COFECE informe a esta Soberanía sobre el avance de las investigaciones que están en proceso en contra de algunas empresas farmacéuticas por posibles prácticas monopólicas en la venta de insumos y medicamentos al sector salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) a enviar a esta Soberanía un informe sobre el avance de las investigaciones ligadas a la posible realización de prácticas monopólicas absolutas por parte de algunas empresas del ramo farmacéutico, que en los últimos años han derivado en una tendencia a la alza en el precio de los medicamentos, provocando así afectaciones económicas en el mercado nacional, a instituciones de salud pública y a la economía de pacientes.

Atentamente

Sen. Miguel Romo Medina.

Fuentes consultadas:

1. Comisión Federal de Competencia Económica. (2016). RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 2 de noviembre de 2016, de COFECE Sitio web:
https://www.cofece.mx/cofece/attachments/article/38/RecomendacionesContratacionPublica-v2.pdf
2. ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS. (2015). Combate a la Colusión en los Procesos de Contratación Pública en México: Informe Analítico del Secretariado sobre el Cumplimiento de la Legislación, Regulaciones y Prácticas de la CFE con las Mejores Prácticas de la OCDE. 2 de noviembre de 2016, de OCDE Sitio
web:http://www.oecd.org/daf/competition/CombateColusi%C3%B3nContrataci%C3%B3nP%C3%BAblica-M%C3%A9xico-InformeCFE-2015.pdf
3. Comisión Federal de Competencia Económica. (2015). Análisis de Práctica Monopólica Absoluta Colusión en licitaciones públicas de compra de medicamentos para el IMSS. 2 de noviembre de 2016, de COFEDE Sitio web: https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Historias/HISTORIA_IMSS_080415.pdf
4. Comisión Federal de Competencia Económica. (2015).
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/caso-de-colusion-en-el-imss. 2 de
noviembre de 2016, de COFECE Sitio web: https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/caso-de-colusion-en-el-imss

1 Comisión Federal de Competencia Económica. (2016). RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 2 de noviembre de 2016, de COFECE Sitio web:
https://www.cofece.mx/cofece/attachments/article/38/RecomendacionesContratacionPublica-v2.pdf

2 ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS. (2015). Combate a la Colusión en los Procesos de Contratación Pública en México: Informe Analítico del Secretariado sobre el Cumplimiento de la Legislación, Regulaciones y Prácticas de la CFE con las Mejores Prácticas de la OCDE. 2 de noviembre de 2016, de OCDE Sitio
web:http://www.oecd.org/daf/competition/CombateColusi%C3%B3nContrataci%C3%B3nP%C3%BAblica-M%C3%A9xico-InformeCFE-2015.pdf

3 Comisión Federal de Competencia Económica. (2015). Análisis de Práctica Monopólica Absoluta Colusión en licitaciones públicas de compra de medicamentos para el IMSS. 2 de noviembre de 2016, de COFEDE Sitio web: https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Historias/HISTORIA_IMSS_080415.pdf

4 Comisión Federal de Competencia Económica. (2015).
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/caso-de-colusion-en-el-imss. 2 de noviembre de 2016, de COFECE Sitio web: https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/caso-de-colusion-en-el-imss

Intervención








De los Senadores Margarita Flores Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu y Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que, en el marco de la celebración de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, considere la incorporación en las mesas de diálogo a representantes de la cadena productiva del tabaco, a fin de fortalecer las acciones en materia de salud, sin perder de vista la importancia del sector tabacalero como fuente de empleo e ingresos de campesinos y familias mexicanas. Se turna a la Comisión de Salud.








De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Ceballos Llerenas y del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer un programa de difusión nacional entre los productores agrícolas, para la donación de alimentos que no cumplen con los estándares de calidad en el mercado. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.








Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a implementar diversos mecanismos para impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en los estados con mayor rezago en la materia. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante este Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 8 de septiembre del presente, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el ejercicio Fiscal 2017; uno de sus componentes esenciales es el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el cual quedan plasmados los recursos disponibles y la asignación de los mismos a los diferentes programas y proyectos que se estiman prioritarios para el próximo año fiscal.

De acuerdo con el Proyecto de presupuesto para el 2017, el Ramo 38 de Ciencia y Tecnología ejercerá un gasto de 26 mil 936 millones de pesos, en comparación con los 35 mil millones ejercidos en 2016.1 Lo anterior significa una reducción del 23.3 por ciento para uno de los sectores nodales para potenciar el desarrollo y competitividad del país.   

Esta reducción presupuestaria, rompe con la inercia que se venía presentado, de manera positiva, en la presente administración. En 2012 el Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ascendió a 0.49%, para 2016 es de 0.54 por ciento del PIB. La disminución en los recursos otorgados en este rubro, repercutirá en el cumplimiento de la meta programada para 2018, que el gasto en ciencia, tecnología e innovación alcance el 1% del PIB.

Sobre estos recortes presupuestarios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en diversos medios de comunicación ha manifestado que, si bien el Ramo de Ciencia y Tecnología observa una reducción importante en términos presupuestarios, los programas, fondos y apoyos del Conacyt, no se verán afectados en su liquidez, puesto que se cuenta con 30 mil millones de pesos en diversos fideicomisos para ser ejercidos.2

La información financiera del Conacyt, en cuanto a los recursos disponibles de los fideicomisos constituidos, corroboran la información dada a conocer por la Secretaria de Hacienda, los balances financieros nos indican que al segundo semestre de 2016, existe un saldo neto de 29 mil 352 millones de pesos disponibles para ser ejercidos.3

El universo consta de 67 fideicomisos constituidos con gobiernos estatales, municipales y en el ámbito federal. En su mayoría, tienen como principal objetivo fomentar y desarrollar las capacidades de investigación científica y desarrollo tecnológico regional en sectores productivos, de servicios, industrial y desarrollo sustentable.

En cuanto a la situación financiera de los fondos Conacyt, al cierre del mes de junio de 2016, quedan disponibles o por ejercer un total de 13 mil 630 millones de pesos. De los cuales, 3 mil 298 corresponde a los fondos institucionales, 3 mil 228 a los fondos mixtos, 7 mil 101 a fondos sectoriales, y 3 al Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (Fidetec).

A la fecha, existen 63 fondos, distribuidos de la siguiente manera: 4 fondos institucionales, 35 fondos mixtos, 23 fondos sectoriales y un fondo Fidetec. Dentro de este abanico, destacan los fondos mixtos, que son un instrumento de apoyo al desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.4

El principal objetivo de los fondos mixtos es consolidar las capacidades científicas y tecnológicas de los estados y municipios, a través de la coparticipación de recursos  para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, orientados a resolver problemas prioritarios en las entidades y regiones del país.

Para 2016 se constituyeron 35 fondos mixtos, participan todas las entidades federativas y tres municipios, con una asignación de 4 mil 357millones de pesos. Al cierre del primer semestre del presente ejercicio fiscal se han ejercido sólo 1 mil 129 millones de pesos, es decir el 25.9% de los recursos disponibles.

De la revisión de los 35 fondos, encontramos que diversas entidades federativas prácticamente no han hecho uso de los recursos asignados. Campeche de 98 millones, tiene disponibles 96; Chihuahua no ha utilizado recursos de los 127 millones disponibles; el Estado de México de 346 millones, tiene disponibles 329; Tabasco de 231 millones, tiene disponibles 222; Tamaulipas de 137 millones tiene disponibles 231; y Oaxaca de 57 millones, tiene disponibles 56.5

Del análisis precedente podemos inferir que los recursos disponibles de los diversos fondos mixtos para las entidades federativas y municipios, que ascienden a 3 mil 228 millones de pesos, no serán ejercidos en el presente año. Asimismo, al haber una importante cantidad de recursos por ejercerse, es necesario que el Conacyt se dé a la tarea de instrumentar diversos mecánicos para canalizar de manera óptima los recursos que hoy en día no han sido utilizados hacia las entidades federativas con mayores rezagos en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de este Pleno, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a implementar, con apego a su marco legal, una estrategia para ejercer de manera óptima los recursos disponibles en los diversos fideicomisos constituidos a la fecha.

Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que implemente diversos mecanismos tendientes a impulsar el desarrollo científico y tecnológico de las entidades con mayor atraso en el sector, mediante los recursos que no sean ejercidos en el presente ejercicio fiscal.

Tercero. Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a continuar con el esquema paripassu en las diversas investigaciones y proyectos financiados a través de los distintos fondos, manteniendo las aportaciones 3 a 1 durante el ejercicio fiscal 2017, en favor de las entidades con menor desarrollo científico y tecnológico del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

Sen. Oscar Román Rosas González.

1 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: http://ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2017/ramo38

2Entrevista a José Antonio MeadeKuribreña. Secretario de Hacienda. Disponible en: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=628847&idFC=2016&sURL=

3Conacyt. Información Financiera de los Fondos y Fideicomisios Disponible en:http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/informacion-de-fondos-y-fideicomisos-conacyt

4 Ibídem. Fondos mixtos. Disponible en: http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/fondos-mixtos

5 Ídem.






De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a revisar las reglas de operación PROSPERA programa de inclusión social relacionadas con la salud, dirigidas a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable  Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social a revisar las Reglas de Operación PROSPERA Programa de Inclusión   Social relacionadas con la salud, dirigidas a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad, conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES

La lucha contra la pobreza ha sido uno de los pilares fundamentales de cada uno de los gobiernos en turno, y en las últimas décadas se ha buscado combatirla con base en políticas de asistencia a los sectores más pobres; la experiencia internacional y las mejores prácticas demuestran que se ha migrado de políticas asistencialistas a políticas de desarrollo, en las cuales el Estado se convierte en un facilitador para que las personas encuentren los espacios y las fórmulas adecuadas para mejorar sus condiciones de vida.

En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° se señala el deber del Estado de garantizar el derecho de toda persona a la protección de la salud, asimismo en la Ley General de Desarrollo Social se establece que la Política Nacional de Desarrollo Social tiene entre otros objetivos, el de propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales y el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades.

Si el objetivo central de la política social es realizar acciones que garanticen el acceso a una alimentación suficiente y de calidad, en contribuir a la senda y  permanencia educativa y al acceso a servicios de salud entre la población que se encuentra en situación de pobreza. Para lograrlo, se estableció una reingeniería del gasto público para el ejercicio presupuestario 2016, con el propósito de    fortalecer las acciones tendientes a superar la pobreza y garantizar los derechos sociales de la población, PROSPERA Programa de Inclusión Social y el Programa de Apoyo Alimentario (PAL) se fusionaron a partir del presente ejercicio fiscal.

Con motivo de esa fusión, PROSPERA opera a través de cuatro componentes que son: de alimentación, de salud, de educación y de vinculación; la población objetivo para este tipo de apoyos, lo es la que se encuentra en situación de pobreza extrema; sin    embargo, en cada uno de los componentes existe una serie de condiciones para ser otorgados los apoyos a las familias beneficiarias, para el caso que vengo a formular, refiere al componente de salud, el cual, para que aplique a las familias asignadas el esquema viene encaminado con una corresponsabilidad de éstas y opera bajo tres estrategias.

a) Proporciona de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud, el cual constituye un beneficio con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona.

b) Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) de los niños y niñas, desde la etapa de gestación, a través de la vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición, así como de la entrega de suplementos alimenticios a niños y niñas de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, éstas últimas hasta por un año y control de los casos de desnutrición, por último.

c) Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el apego a los tratamientos de pacientes crónicos.1

Para el mes de junio de este año PROSPERA tenía una cobertura de 6.79 millones de familias integradas por 28.2 millones de personas, que habitan en 116,601 localidades de 2457 municipios y delegaciones políticas de las 32 entidades federativas del país. El 54% del total de familias beneficiarias se ubica en zonas rurales, el 19% en semiurbanas y 26% en urbanas. Por otra parte, PROSPERA opera bajo dos esquemas de atención: con corresponsabilidad y sin corresponsabilidad, ésta es un factor importante para este programa, porque permite que las familias sean una parte activa, al procurar la   asistencia de las mismas a las unidades de salud que les corresponde y que cada miembro de la familia, acuda a las citas médicas y cumplan con la asistencia a los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud y así se contribuye a la prevención de enfermedades.

Dentro de las acciones y resultados de PROSPERA, respecto del componente de salud, se impartieron 1,162,375 cursos en materia de salud, nutrición e higiene que comprende temas relacionados con alimentación, salud; adolescencia y sexualidad; sobrepeso y obesidad; prevención de adicciones; detección de cáncer de mama y desarrollo infantil, entre otros temas relevantes.2

Por otra parte, se conoce que, a junio de 2016, existen 112,692 representaciones sociales a nivel nacional, integradas por 60,039 comités de promoción comunitaria y 52,653 vocales unitarias, que en conjunto agrupan 377,529 vocales, lo cual         representa un avance en comparación con los 45,142 comités de promoción comunitaria integrados por 231,430 vocales con los que se contaba al inicio de la actual administración.3

Ahora bien, es cierto que las acciones emprendidas por PROSPERA programa de inclusión social se fomenta la participación de la población beneficiaria bajo el esquema de corresponsabilidad y en algunos de los componentes como lo es el de salud, se requiere la asistencia de la población beneficiaria a las diferentes platicas que se dan, es necesario revisar que estas no causen perjuicio a la población beneficiaria, pues a veces se contrapone la programación de éstas pláticas con las actividades que realizan las beneficiarias para conseguir el sustento de cada día y en consecuencia se encuentran en riesgo de quedar fuera del Programa, pues, como está señalado en las sesiones de orientación bimestrales que se dan exclusivamente a los vocales, se proporciona información acerca de los trámites, derechos, compromisos y corresponsabilidades que deben cumplir las familias beneficiarias para asegurar su permanencia en el Programa.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social a revisar las Reglas de Operación PROSPERA Programa de Inclusión Social en el componente con la salud, dirigidas a la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad.

Dado en el Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

1 4° Informe de Labores 2015-2016, SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social, pág. 24.

2 Ibid. Pág. 25

3 Ibid. Pág. 26






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del estado de Querétaro a llevar a cabo una investigación profesional, integral e imparcial en relación a los hechos ocurridos en el establecimiento mercantil denominado “La Guelaguetza” el pasado 30 de octubre, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace unos días se viralizó a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación, un video en el que se observa a un empleado de un establecimiento mercantil denominado “La Guelaguetza sucursal constituyentes de Querétaro”, agrediendo a una mujer que arribó al lugar.

En el video en referencia, se aprecia como uno de los empleados se encara con la mujer que presuntamente realizaba conductas en detrimento del patrimonio del establecimiento, para después golpearla. Posteriormente, el agresor fue arrestado y despedido de la  taquería, según información publicada en redes sociales. 1

Este hecho generó diversas posturas respecto a si era justificada la agresión, ante el comportamiento de la mujer. En tanto, Agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID) del Estado presentaron a 10 personas, todos ellos personal del establecimiento mercantil en referencia,  para que rindan su declaración ante la Fiscalía General. 2

Adicionalmente, el titular de la Fiscalía General de Querétaro, informó que la noche del lunes pasado, la mujer que fue golpeada acudió a declarar y presentar denuncia contra su agresor, por lo que un médico certificó su estado de salud y el tipo de lesiones que presentaba.3

En relación a los hechos que se han referido, es importante tener en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el párrafo primero de su artículo 21, que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

Por otro lado, en el párrafo noveno del precepto jurídico en comento, se  establece que la seguridad pública consiste en una función a cargo de los tres órdenes de gobierno que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley.

Sobre el particular, señala que en el cumplimiento de dicha función, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

En el Grupo Parlamentario del PRI, rechazamos y condenamos todo tipo de conducta que se encuentre al margen de la ley que ponga en peligro o genere menoscabo a los bienes, integridad y tranquilidad de la población. Asimismo, nos pronunciamos a favor de la legalidad y al estricto cumplimiento del orden jurídico nacional, sobre todo cuando se trata de la protección de la esfera jurídica de la población mexicana.

En este orden de idea, estimamos que allá de las distintas versiones y especulaciones que se han difundido en diversos medios de comunicación, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de suma importancia que los hechos sean esclarecidos, para que en su caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, para que en el marco de sus funciones legales y constitucionales, lleve a cabo una investigación profesional, integral e imparcial, en relación a los hechos ocurridos en el establecimiento mercantil denominado “La Guelaguetza” el pasado 30 de octubre, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1 http://www.sdpnoticias.com/estados/2016/10/30/video-agreden-a-mujer-en-taqueria-de-queretaro

2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/10/31/rinden-10-declaracion-tras-mujer-golpeada-en-
taqueria

3 http://www.proceso.com.mx/460965/denuncia-a-su-agresor-joven-golpeada-en-taqueria-de-queretaro






Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, sobre el fallecimiento del Dr. Rodolfo Stavenhagen, Primer Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

EFEMÉRIDE

Del fallecimiento del Doctor Rodolfo Stavenhagen

El que suscribe Senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, para la programación de Efeméride con motivo de lamentable fallecimiento del Doctor Rodolfo Stavenhagen, primer Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

El legado vigente de Rodolfo Stavenhagen.

Rodolfo Stavenhagen amó a México y fincó sus raíces en nuestros pueblos originarios, como si hubiera nacido en uno de ellos, aunque su origen esté en la remota Alemania, donde nació en Frankfurt, allá en los lejanos días de 1932, pero llegó aquí a los ocho años con su familia, huyendo de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, de la negación de la interculturalidad y viviendo en carne propia el racismo.

Aquí vivió y estudió casi toda su carrera académica. En nuestra Universidad Nacional Autónoma de México hizo la carrera de Sociología y abrevó lo más granado de una institución educativa que buscaba un cambio generacional y de paradigmas, en la política y las ciencias sociales.

Cursó Artes en la Universidad de Chicago, pero luego volvió a México donde hizo la maestría en Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y después obtuvo el doctorado en Sociología en la Universidad de París.

Stavenhagen fue el modelo de mexicano pluricultural y defensor de los derechos de la diversidad étnica cultural.

Junto con otros antropólogos y sociólogos, Stavenhagen fue una de las primeras voces críticas del concepto de la “integración social” como política para asimilar a los indígenas a la cultura nacional e impulsar el mestizaje cultural como política de Estado. Fue de los primeros en plantear la necesidad del relativismo cultural, origen de nuestro actual concepto de nación pluricultural plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dejó atrás el proyecto de una cultura nacional única y homogénea.

Así, su antropología social o su sociología indígena consideró que la ideología del mestizaje y del monoculturalismo siempre “tiende a desplazar a los indígenas del escenario nacional, y en todo caso encerrarlos en los museos”. En la misma lógica, desafió también al “colonialismo interno” y los procesos de “aculturación” de los países latinoamericanos, cuestionó los conceptos de progreso y desarrollo modernos, que conciben a lo rural e indígena como un obstáculo para alcanzarlos.

Más allá de entender a los indígenas como colectivos culturalmente diferenciados, Rodolfo Stavenhagen ubicó a los indígenas también como fuerza económica explotada y en desigualdad en lo referente a derechos sociales y humanos.

Impulsó la antropología jurídica mediante el estudio del derecho consuetudinario indígena, el pluralismo jurídico y los, hoy reconocidos, sistemas normativos internos, cuestionando la imposición del legalismo uniformizante del derecho positivo mexicano.

Sus principales áreas de investigación fueron los derechos humanos de los pueblos indígenas, relaciones interétnicas, interculturales, los conflictos étnicos, la sociología agraria y los movimientos sociales. Escribió innumerables capítulos y artículos en libros, revistas y periódicos en diversos países e idiomas. Recibió en vida distintos reconocimientos nacionales e internacionales, Doctorados Honoris Causa, así como las becas Fulbright, Guggenheim y Heintz.

Sería interminable enumerar su trayectoria como científico social y activista de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, su contribución al desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas, así como su sólido compromiso y aportes en el estudio de la sociología y la antropología.

Por su apasionado conocimiento de la realidad de las comunidades y pueblos originarios, fue el primer Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas y subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Durante su trabajo como relator desarrolló una amplia revisión crítica de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en muchas partes del mundo, que utilizó para emitir recomendaciones en la materia, mismas que sirven hoy como insumos de los reclamos de los pueblos indígenas frente a sus gobiernos. Siempre reconoceremos que durante su gestión, después de más de 20 años de discusión, se aprobó en 2007 la importante Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Investigador apasionado, en El Colegio de México fundó el Centro de Estudios Sociológicos. También fue director general de Culturas Populares de la Secretaría de Educación Pública y presidente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, entre otras actividades destacadas en favor de los pueblos indígenas. Su trayectoria como académico le ha merecido, entre otras importantes distinciones, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y el nombramiento de Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Para quienes estamos comprometidos y trabajamos por los derechos y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas de México desde el Senado de la República, su legado seguirá vivo; sus planteamientos y objetivos siguen siendo necesarios para orientar nuestros trabajos cotidianos y vale la pena impulsarlos.

A unos días de su lamentable deceso, reciba hoy este gran mexicano nuestro reconocimiento y agradecimiento póstumo por su legado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.






De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día del Ferrocarrilero”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día del Ferrocarrilero

La historia de nuestros ferrocarriles se remonta a los primeros tiempos del México Independiente, unos años después de que en Inglaterra se pusiera en servicio, en 1830, el primer tren de pasajeros entre Manchester y Liverpool.

El 7 de noviembre se celebra el día del ferrocarrilero. Este festejo se efectúa en nuestro país desde 1944 y se busca honrar a los trabajadores ferroviarios en su labor diaria de dar servicio a los pasajeros.

Esta festividad se remonta a la trágica historia del denominado “Héroe de Nacozari”, hoy reconocido internacionalmente como “Héroe de la Humanidad”, por la American Royal Cross of Honor de Washington, en honor a un maquinista de 26 años que espontáneamente ofrendó su vida el día 7 de noviembre de 1907, a las 14:20 hrs., al sacar valientemente del pueblo de Nacozari, Sonora, un tren cargado con dinamita que ya se estaba incendiando, salvando la vida de sus habitantes.

Jesús García Corona dio su vida por salvar al pueblo de Nacozari, pero su memoria está reciente entre la sociedad actual. Desde joven pidió su ingreso a la compañía de ferrocarril de la empresa minera, donde el dieron un puesto de aguador y por su entrega responsable, fue escalando hasta convertirse en ingeniero de máquinas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.

Fuente:diariocultura






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día del Urbanista Mexicano”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día del Urbanista Mexicano

El arte de hacer ciudades es una actividad compleja y multidisciplinaria, que engloba un conjunto de disciplinas y conocimientos, para el estudio, la planificación y ordenación de los espacios y el territorio. Respondiendo a la dinámica económica, jurídica y cultural, de cada uno de los centros de población.

Actualmente 3 mil 700millones de personas viven en ciudades y se calcula que en el año 2050, esta cifra se duplicará. Es por ello, que las ciudades deben ser tratadas como territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural.

Sin embargo en México, al igual que en otros países en desarrollo, existen procesos acelerados y desordenados de urbanización, los cuales han provocado la degradación y contaminación ambiental, la privatización del espacio público, la generación de pobreza urbana y la exclusión social de sectores de la población.

El crecimiento de los centros de población sin una planeación urbanística adecuada afecta negativamente la calidad de vida de sus habitantes, ya que disminuye o incluso elimina las ventajas de conectividad y acceso a los servicios e infraestructura, que supone residir en las ciudades.

En este contexto, en todo el mundo han surgido diversas iniciativas, para regenerar la planeación urbanística en las actuales ciudades e impulsar el urbanismo adecuado y resiliente en los nuevos centros poblacionales.

La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, adoptada por las Naciones Unidas en 2004, es un instrumento internacional dirigido a reconocer y promover el “derecho a la ciudad”, definido como el derecho de todas las personas a disfrutar, sin discriminación de ningún tipo, de las ciudades, entendidas como espacios colectivos culturalmente ricos y diversificados que pertenecen a todos sus habitantes.

Garantizar el “derecho a la ciudad” implica el cumplimiento de principios específicos como una gestión democrática, el ejercicio pleno de los derechos, la no discriminación, la protección de grupos vulnerables, y el compromiso social del sector privado, entre otros.

Dentro de los esfuerzos más recientes para promover un mejor futuro urbano destaca la “Nueva Agenda Urbana” adoptada durante la Conferencia “Hábitat III”, celebrada en Quito, Ecuador, en octubre de 2016.

La Nueva Agenda Urbana tiene como finalidad enfrentar los desafíos de la rápida urbanización, por medio de una serie de objetivos generales, como el desarrollo de ciudades sostenibles y compactas, preservación del medio ambiente y planificación de espacios públicos y asentamientos informales con participación de los residentes.1

Además de los instrumentos internacionales para promover el urbanismo, nuestro país cuenta con un sólido marco jurídico en esta materia, destacando ordenamientos como la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, y la Ley Federal de Vivienda, entre otros.

Con lo que a través de la Reforma Urbana, impulsada por la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, se generara la pauta para la construcción de ciudades que respondan a las necesidades presentes y futuras de los habitantes de las ciudades en nuestro país. Permitiéndonos reducir la brecha de desigualdad urbana, producto de modelos urbanos caducos.

Asimismo, resulta fundamental reconocer el trabajo de los urbanistas, quienes por medio de sus conocimientos y habilidades, permiten llevar a cabo los procesos urbanísticos para una adecuada planeación y progreso de las ciudades.

Los urbanistas cumplen una importante función social, esencial para el cumplimiento del derecho a la ciudad y de otros derechos humanos derivados de éste. Su trabajo permite mejorar la calidad de vida de los habitantes, propiciando una convivencia pacífica, ordenada, armónica y justa.

Por ello, es necesario reconocer la labor de los urbanistas en México, así como recordar cada año la importancia de generar mejores condiciones de vida en las ciudades.

En virtud de lo anterior, los Senadores del Partido Verde celebramos la declaración del 8 de noviembre como “Día del Urbanista Mexicano”, que reafirma el compromiso de México para garantizar el derecho a la ciudad y la protección de los derechos humanos asociados a la vivienda y al entorno urbano.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de noviembre de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 http://es.unhabitat.org/implementar-la-nueva-agenda-urbana-para-enfrentar-los-desafios-de-la-rapida-
urbanizacion/





Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día del Ferrocarrilero”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día del Ferrocarrilero

“Y siento, también, la necesidad urgente de volver a hacer un viaje en ferrocarril. No sé hacia dónde. Pero es evidente que me he equivocado al venir a París. Ahora que no hay nada que me ate a ningún sitio.”
Mario Levrero – Escritor Uruguayo –

Existen infinidad de casos históricos, heroicos, leyendas, aventuras y literatura escrita, gráfica y fílmica en relación con los trenes y sus tripulaciones. Por ejemplo, las historias de la Revolución Mexicana tienen como marco las vías ferroviarias que trasladaban a las personas que andaban en la lucha armada.

Sin duda, el Ferrocarril en México constituye un ícono emblemático, como también aquellos que a bordo participaron de escribir la historia de México con recuerdos tan emotivos.

Por ello, muy elocuente que el día 7 de noviembre de cada año se conmemora en nuestro país el “Día del Ferrocarrilero”. Mujeres y hombres que hicieron y hacen posible el servicio de este emblemático medio de transporte, muy particular en la historia  y desarrollo de México.

Esta conmemoración se celebra desde el año de 1944, por decreto presidencial, en evocación a la hazaña histórica y manifestación de grandeza del ser humano, cuando va más allá de su propia vida por salvar la de los demás.

Se trata de los hechos en los que, el 7 de noviembre de 1907, un tren cargado de dinamita se dirigía al pueblo de Nacozari; uno de los vagones se incendió y Jesús García Corona, un joven maquinista de 26 años, tomó el control sacando el tren del pueblo salvando la vida de cientos de personas y sacrificando la propia. Desde entonces a Jesús García se le conoce como El Héroe de Nacozari.

Ese día murieron 12 personas más que estaban cerca de la vía del tren, pero se salvaron los habitantes del pueblo completo por la oportuna acción de Jesús García, en una hazaña heroica narrada por el famoso corrido “Máquina 501”.

Por ello, que en esta fecha, 7 de noviembre, se busque reconocer, además de la ofrenda de la propia vida del Héroe de Nacozari para salvar a su pueblo, a todos aquellos que entregan su valioso tiempo, esfuerzo, dedicación y sacrificio en trabajar en las potentes moles de acero y recorrer miles de kilómetros de vía, ya sea desde las oficinas de control, guiando un tren o bien dando el mantenimiento a esa importante vía de comunicación, que tanto ha servido al desarrollo y fortalecimiento de nuestro país.

Este 7 de noviembre, un merecido reconocimiento y felicitaciones a todas aquellas mujeres y hombres que sirvieron y sirven a su pueblo a través del Sistema Ferroviario del País, asimismo, un homenaje a la memoria del Héroe de Nacozari: Jesús García.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Nacional del Libro”.








Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día del Urbanista”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día del Urbanista

“Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes, sólo porque, y sólo cuando, son creadas para todos.”
Jane Jacobs
Pensadora (estadounidense, nacionalizada canadiense) sobre el urbanismo.

El 8 de noviembre es el día de forjadores de los derechos humanos asociados al territorio, como el tener una vivienda adecuada, al trabajo, a la educación, a la salud, todo en la medida que el hacer posible el derecho a ciudades funcionales pueden aportar para que algunos otros derechos, como los enunciados, sean posibles: Los Urbanistas.

Y esto es así, en virtud de que el urbanismo ha adquirido una importancia sin precedentes, ante dos propósitos imprescindibles: Reorganizar las viejas ciudades y la fundación de las nuevas de acuerdo con criterios más racionales y sustentables.

Los urbanistas se proponen mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las metrópolis, con la creación espacios verdes que sirvieran de pulmones a las ciudades, diseñando sistemas de eliminación de los residuos, reduciendo el tiempo de traslado desde las áreas residenciales a las de trabajo, racionalizando las rutas de circulación del tránsito y combatiendo el hacimiento, entre otros avances; atendiendo a la funcionalidad y dinamismo de los centros de población.

Breve síntesis que nos deja ver a grandes rasgos la trascendencia de las actividades de nuestros amigos, que tienen como tarea diaria, el objetivo de lograr las mejores formas de hacer ciudades.

Por ello, bien merecido tienen que el mismo día que se celebra el “Día Mundial del Urbanismo”, también sea “Día Mundial del Urbanista”: El día 8 de noviembre.

La organización internacional que dio origen a la celebración del Día Mundial del Urbanismo fue fundada en 1949 por el fenecido profesor Ing. Carlos Maria Del la Paolera, primer catedrático de urbanismo en la Argentina, ex director del Instituto de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Surgió de su propuesta para convocar al mundo a un día para la discusión del Urbanismo. Desde entonces se celebra en innumerables países que se hicieron eco de la invitación, y la mantienen desde hace más de sesenta años.

De la importancia de los profesionales del urbanismo estamos conscientes en esta honorable Cámara de Senadores, de ahí que el pasado 11 de octubre, aprobamos el decreto para declarar el 8 de noviembre como “Día del Urbanista Mexicano”.

Una aprobación en la que se hizo patente la necesidad y compromiso de desarrollar en las ciudades, “una planificación que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección al patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico”.

Fecha además propicia para reflexionar sobre la importancia de defender el interés público y profesional de la planificación urbana.

Por ello, compañeros legisladores, proponemos hacer este 8 de noviembre un merecido reconocimiento a todas aquellas personas que se ocupan y preocupan por conseguir espacios urbanos más humanos, cómodos, accesibles, incluyentes, saludables, habitables, respetuosos con el medio ambiente y por ende, de una mejor calidad de vida para sus pobladores.

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los urbanistas mexicanos el 8 de noviembre en su día.

Muchas Gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Urbanismo”.

“Día Mundial del Urbanismo”
8 de noviembre

El urbanismo se encarga de planificar diseños que mejoren la calidad de vida de las personas. Entre los programas urbanísticos destacan objetivos como aumentar el numero de parques y zonas recreativas, descongestionar las zonas superpobladas, mejorar la red de transporte publico, disponer barrios según criterios estéticos y funcionales, disminuir la contaminación del aire y del agua, facilitar el acceso a los centros de educación y sanidad, etc.

Se celebra en más de 30 países a nivel mundial desde el 8 de noviembre de 1949 a pedido del Instituto Superior de Urbanismo de la ciudad de Buenos Aires.

Esta iniciativa surgió del Ingeniero argentino Carlos María DellaPaolera; dicha iniciativa pretende crear consciencia de habitar en ambientes sanos y gratos con espacios verdes. Además de que busca recordar acciones necesarias para el bien común como el aumento de parques y zonas recreativas, la remodelación de algunas áreas ciudadanas, la terminación de obras de desarrollo urbano, la descongestión de zonas superpobladas y aquellas medidas que disminuyan la contaminación del aire y del agua. Esta fecha está creada para reflexionar en qué ciudad vivimos y cómo queremos que ésta se consolide en el tiempo.

Paolera expresó que: “En esas colmenas humanas, que son las grandes ciudades modernas, se ha roto el equilibrio razonable entre la obra artificial y los elementos de vida que generosamente nos brinda la madre naturaleza. Siguiendo los más variados rumbos en sus investigaciones, los urbanistas de todo el mundo han llegado a la conclusión de que es necesario reconquistar el aire, el sol y la vegetación para el ambiente de la ciudad moderna. Las teorías y realizaciones urbanísticas más opuestas concuerdan con el objetivo final consistente en asegurar la unión intima de la ciudad con la tierra viviente, dando amplia entrada a la naturaleza entre las masas inertes de la edificación urbana”

A partir de esto surge la reflexión de hoy también debe concentrarse en cómo alcanzar un equilibrio entre las edificaciones, que son obras artificiales y las áreas verdes, que son las que nos aseguran una regeneración de las condiciones de vida del hombre en la civilización.

Ciudad de México, el 8 de noviembre de 2016

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

Instituto Nacional de Estadística. (2011). Día Mundial del Urbanismo. 2016, de República Bolivariana de Veneuela Sitio web: http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=133:08-de-noviembre-dia-mundial-del-urbanismo&catid=107:efemerides-&Itemid=48.
2 RomuloBaratto. (2014). 8 de Noviembre, DíaMundial del Urbanismo. 2016, de Arch Daily Sitio web: http://www.archdaily.mx/mx/756925/8-de-novembro-dia-mundial-do-urbanismohttp://www.archdaily.mx/mx/756925/8-de-novembro-dia-mundial-do-urbanismo.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 10 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:05 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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