Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 22

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 04 de Noviembre de 2016

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación; Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos; Fernando Yunes Márquez, a nombre de la Comisión de Justicia y Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

Las comisiones dictaminadoras presentan propuestas de modificación a los artículos 8, 29, 30, 33, 34, 36, 39 Bis, 40, 42, 46, 52, 54, 57, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 95, 97, 98, 100, 114, 117, 164, Quinto Transitorio, y de adición de los Transitorios Décimo Quinto y Décimo Sexto que se aprueban.

Se inserta voto particular del Senador Armando Ríos Piter. Para presentar su voto particular, interviene la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Benjamín Robles Montoya, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Iris Vianey Mendoza Mendoza, se inserta su intervención; María del Pilar Ortega Martínez, Lorena Cuéllar Cisneros, Dolores Padierna Luna, Martha Angélica Tagle Martínez, Miguel Romo Medina, Carlos Alberto Puente Salas, se inserta su intervención; Francisco Salvador López Brito, se inserta su intervención; María Elena Barrera Tapia, se inserta su intervención; Jesús Casillas Romero, se inserta su intervención; Raúl Morón Orozco, se inserta su intervención; Marcela Torres Peimbert, se inserta su intervención; Armando Ríos Piter, Hilda Esthela Flores Escalera, se inserta su intervención; María Lucero Saldaña Pérez, Héctor David Flores Ávalos, se inserta su intervención, Mariana Gómez del Campo Gurza y María Cristina Díaz Salazar. Se inserta intervención de la Senadora Sandra Luz García Guajardo.

Para su discusión en lo particular, intervienen los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre propio y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, quien presenta propuesta de modificación a los artículos 1, 8, 39 Bis, 67 y 68 que no se admiten, Zoé Robledo Aburto, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 6 y 7 que no se admiten y María del Pilar Ortega Martínez, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 8, 39 Bis, 67 y 166 que no se admiten.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Se remite a la Cámara de Diputados.


































































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (10:57 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Con gusto, señor Presidente. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se tiene acreditados 77 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del viernes 4 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y cinco minutos del día jueves tres de noviembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, el informe de la reunión con organizaciones nacionales campesinas, celebrada en la sede del Senado de la República el 27 de octubre de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora María Elena Barrera Tapia, el informe de sus actividades durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, el informe de sus actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la    Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a los integrantes del Comité Técnico del Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración No. 1705 “Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto de la Cámara de Senadores, para el periodo del 1º de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017”.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite solicitud de autorización para que elementos de la Armada de México participen en la Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina “EXPONAVAL CHILE 2016”, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, en la ciudad de Valparaíso, Chile.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe de la Visita del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, al Estado de Israel para asistir a la Ceremonia Oficial para Jefes de Estado y de Gobierno, con motivo de las exequias del expresidente Shimon Peres, el 29 y 30 de septiembre de 2016.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2016. Adicionalmente, incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2016; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; y adjunta la información por la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de    banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Tercer Informe Trimestral correspondiente al período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, su Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2015.- Se remitió a la Comisión de Vivienda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, para dar conclusión a los asuntos que no han recibido dictamen.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de noviembre de 2016.- Se sometió a consideración de la Asamblea, sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de septiembre de 2016.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone la designación del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo como Diputado Constituyente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que la votación se realizaría por cédula, se recibieron un total de 69 votos: 65 a favor y 4 en contra, del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo. En consecuencia, se designó al Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo como Diputado Constituyente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

 

En cumplimiento a la obligación constitucional derivada del segundo párrafo del artículo 69 Constitucional y conforme al Acuerdo que establece las normas para el análisis del IV Informe de Gobierno, se procedió a recibir la comparecencia de la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para analizar la Política Exterior en el marco del IV Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- En términos de lo que establece el artículo 69 de la Constitución, la servidora pública rindió la protesta correspondiente para los efectos de lo preceptuado por el artículo 93 constitucional. Posteriormente, en una primera intervención hizo uso de la palabra la Maestra Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de Relaciones Exteriores. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Zoé Robledo Aburto del PRD; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Marcela Guerra Castillo del PRI. Para las rondas de preguntas-respuestas-comentarios, hicieron uso de la tribuna los Senadores: Manuel Cárdenas Fonseca, pregunta y comentario; Martha Angélica Tagle Martínez, pregunta y comentario; Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT, para realizar pregunta; Layda Sansores San Román del PT, para realizar comentario; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM, pregunta y comentario; Rabindranath Salazar Solorio del PRD, pregunta y comentario; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN, pregunta y comentario; Teófilo Torres Corzo del PRI, pregunta y comentario; y Angélica de la Peña Gómez del PRD, pregunta y comentario.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

Continuaron en la ronda de preguntas-respuestas-comentarios los Senadores: Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, para realizar pregunta; y Humberto Mayans Canabal del PRI, para realizar comentario.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

Continuaron en la ronda de preguntas-respuestas-comentarios los Senadores: Gabriela Cuevas Barron del PAN, pregunta y comentario; Angélica Araujo Lara del PRI, pregunta y comentario; Sylvia Leticia Martínez Elizondo del PAN, pregunta y comentario; Lucero Saldaña Pérez del PRI, para realizar pregunta; y Óscar Román Rosas González del PRI, para realizar comentario. En una última intervención hizo uso de la palabra la Maestra Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de Relaciones Exteriores. El Presidente de la Mesa Directiva informó que en cumplimiento al Artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso, y el punto cuarto del acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.  

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que integra las preguntas parlamentarias que se formulan al Presidente de la República, en el contexto del Cuarto Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó que en la reunión de Mesa Directiva de este día, se autorizó la ampliación de plazo a la Comisión de Puntos Constitucionales para la dictaminación de los siguientes asuntos: a) Iniciativas en materia de revocación de mandato, y b) Iniciativas en materia de segunda vuelta electoral; esto, a partir de la última iniciativa sobre el tema, que le fuera turnada. La Presidencia instruyó publicar la lista de iniciativas en la Gaceta del Senado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados.- Se instruyó su publicación en la Gaceta.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 65 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo VIII al Título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y Cristina Díaz Salazar y del Senador Fernando Yunes Márquez, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 487 y se adiciona el artículo 487 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras y Senadores Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez, Humberto Mayans Canabal, Roberto Albores Gleason, Luis Humberto Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Carmen Dorantes Martínez, Roberto Gil Zuarth, Enrique Burgos García, Ernesto Gándara Camou, Francisco Yunes Zorrilla, Jesús Priego Calva, Manuel Cavazos Lerma, Yolanda de la Torre, Martha Palafox Gutiérrez, Ernesto Cordero Arroyo, Hilda Ceballos Llerenas, Raúl Morón Orozco, Miguel Ángel Chico Herrera, Ricardo Barroso Agramont, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu y Héctor Larios Córdova, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir la información correspondiente a un derrame de mil litros de azufre fundido en la carretera federal 136 México-Zacatepec, Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir informes sobre el Convenio de Coordinación Marco celebrado con el ejecutivo del estado de Chiapas en materia de infraestructura pluvial y sobre el avance de obra pública relacionada a diversos programas presupuestarios.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para realizar un período extraordinario de sesiones en el próximo receso para materializar los acuerdos suscritos y las propuestas de los propios legisladores, respecto a los objetivos del Parlamento Abierto y así impulsar los requerimientos para los conceptos de gobierno abierto.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar campañas de evaluación y seguimiento a los centros de tratamiento de adicciones, en lo referente al cumplimiento de los requisitos médicos, legales y éticos correspondientes a su acreditación.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar sobre los actos organizados por el Sindicato 7 de Mayo en Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión Contra la Trata de Personas.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, destine recursos económicos suficientes que permitan fortalecer la productividad agrícola rural de la nación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Esteban Albarrán Mendoza y Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto, ante la grave situación socioeconómica por la que atraviesa el estado de Guerrero, reconsidere la partida presupuestal del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 e incremente los recursos destinados al estado; y/o al menos, no reducir el monto aprobado en el Presupuesto de 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a evitar la creación de fondos en el Ramo 23 conocidos como “moches”.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a informar sobre los avances y próximas acciones relacionadas con el programa “Tu Receta es Tu Vale”.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la comisión especial de ciudades inteligentes.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo sobre la implementación del programa “Vales de Medicinas” por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

De los Senadores Fernando Torres Graciano, Joel Ayala Almeida, Carlos Romero Deschamps, Patricio Martínez García, Manuel Cavazos Lerma y de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se incremente el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, en un 10% con relación al presupuesto otorgado en 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a realizar adecuaciones presupuestales e informar sobre diversos puntos en materia de movilidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado los dos siguientes.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a evitar el recorte presupuestal en el Ramo 12: “Salud” del ejercicio fiscal 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del municipio de Villa Purificación, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de Villa Purificación, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio Teocuitatlan de Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de Diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio en San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio en San Martín de Bolaños, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Tecolotlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio Teocaltiche, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio Teuchitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura vial y sus obras complementarias del Municipio de Villa Purificación, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el Instituto Politécnico Nacional reciba un incremento presupuestal del 6% para infraestructura y equipamiento.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los Crímenes contra Periodistas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los Crímenes contra Periodistas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Ecología.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Ciudades.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Ecología.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de Muertos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y Conflictos Armados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos y citó a la siguiente el viernes cuatro de noviembre a las diez horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión del Distrito Federal, con la que remite su informe anual de actividades, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura y su programa anual de trabajo para el segundo año de ejercicio de la actual Legislatura.







 

De la Comisión de Juventud y Deporte, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al primer año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.







 

De la Comisión de Administración, con la que remite su plan anual de trabajo para el segundo año de ejercicio de la actual Legislatura.







 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de actividades legislativas, correspondiente al primer año de ejercicio también de la actual Legislatura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia del Registro Nacional de Cáncer.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso m) y se adiciona un inciso n) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, en materia de atención de hijos de reclusas.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Compañeros Senadores, les informo que el día de ayer en las Cámaras del Congreso concluyeron el proceso legislativo de la reforma al Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, dicho Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer, jueves 3 de noviembre.

En razón de lo anterior, los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo por el que se establecen las acciones necesarias para dar cumplimiento al Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias del Decreto del 1° de julio de 2008, las acciones que se proponen a este Acuerdo son las siguientes:

1. Emitir una declaración para la aplicación del Decreto.

2. Tomar la protesta para el desempeño de cada uno de los cargos de los Magistrados con su nueva duración.

El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños. En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se encuentra a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo por el que se establecen las acciones para dar cumplimiento al Decreto que reforma el Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de julio de 2008.

Publíquese este Acuerdo en la Gaceta del Senado y remítase al Diario Oficial de la Federación para su publicación.





 

Una vez aprobado el Acuerdo por el que se establecen las acciones que el Senado debe realizar para dar cumplimiento al Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias del Decreto aprobado por las Cámaras del Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer, procederemos a emitir la declaración que se señala en el Acuerdo.

Les solicito su atención para darle lectura a dicha declaración.

DECLARATORIA



Con la anterior declaración, el Senado de la República da cumplimiento al Decreto publicado el día de ayer por el que se reforma el Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de julio de 2008. Remítase la declaración al Diario Oficial de la Federación para su publicación.





 

Les informo que los Magistrados José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante Gonzales, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, se encuentran en el salón contiguo, por lo que solicito a las Senadoras y a los Senadores: Ivonne Liliana Álvarez García, Fernando Yunes Márquez, Zoé Robledo Aburto, Carlos Alberto Puente Salas, Jesús Casillas Romero, Enrique Burgos García y Miguel Romo Medina, los inviten a pasar a este salón de sesiones a fin de que tomen protesta de ley.

(La comisión cumple)

Les solicito a todos los presentes ponerse de pie, y antes de ello saludo a las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine Madeline Otálora Malassis y Felipe de la Mata Pizaña, que también nos acompañan en este día. Si quieren bajar magistradas, si quieren bajar también son invitadas de honor del Senado de la República.

(Todos de pie)

PROTESTA DE LEY

Ciudadanos Magistrados José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante Gonzales, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, sean bienvenidos al Senado de la República.

Se les ha convocado para que rindan la protesta que dispone el Decreto que reforma el Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008.

Conforme a las disposiciones del Decreto al que me he referido y la elección que en su momento realizó este Pleno, los ciudadanos José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales desempeñarán su encargo para el periodo que inicia el 4 de noviembre de 2016 y concluye el 31 de octubre de 2023; y los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón desempeñarán su encargo para el periodo que inicia el 4 de noviembre de 2016 y concluye el 31 de octubre de 2024.

En consecuencia, les pregunto: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los Magistrados José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante Gonzales, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Muchas felicidades!

A nombre del Senado, les deseamos el mayor de los éxitos.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Informo a la Asamblea que van a presentar el dictamen la Senadora Cristina Díaz, la Senadora Angélica de la Peña, el Senador Fernando Yunes y la Senadora Graciela Ortiz, inmediatamente después entraremos a la discusión en lo general, para hablar a favor y en contra, para que se vayan registrando.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto del artículo 196 del Reglamento.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su anuencia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Es de reconocer que la Ley General de Víctimas significó un avance en nuestra legislación de la mayor importancia, ya que tiene un perfil humanista y progresista. Se constituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual complementó todo el andamiaje jurídico, estableciendo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como la institución encargada de operar la política de Estado en materia de atención a víctimas, y el de establecer un derecho victimal eficaz.

No obstante, las necesidades para la debida atención a las víctimas demandan una ley actualizada, que atienda efectivamente la problemática de las víctimas y dote de herramientas claras a las instituciones encargadas de atenderlas, a fin de garantizar que las víctimas recuperen su proyecto de vida.

Es importante mencionar que estas reformas se han construido con la cercanía y participación de los colectivos de víctimas y las ONG's, por tanto, tenemos la convicción de que las reformas planteadas serán un cambio en beneficio de ellas.

Y es importante también señalar el trabajo realizado por mis compañeros Senadores. Mi más amplio reconocimiento a los compañeros que integramos las comisiones que hemos dictaminado y que nos llevó meses el trabajo; el trabajo en comisiones, el encuentro, el escuchar, el atender las diversas y plurales opiniones de todas estas organizaciones y de las víctimas.

Mi profundo reconocimiento a la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; a mi compañero y amigo también Fernando Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia; a mi estimada compañera y amiga Graciela Ortiz, Presidenta de Estudios Legislativos; y sin duda, nuestro reconocimiento a nuestros secretarios técnicos, su trabajo tiene un alto valor para todos nosotros.

Esencialmente los cambios que se proponen son, y debo aclarar que en esta mesa plural de trabajo, en donde están los Senadores y sin duda la presencia de todas estas organizaciones, también debo de reconocer la intención siempre del gobierno, de atender a las víctimas.

Nuestro reconocimiento también al gobierno, al Presidente Enrique Peña Nieto; sin duda, estos cambios que hoy se proponen, es por la participación de todos.

Primero, reglas para la debida coordinación institucional entre la Comisión Ejecutiva y las entidades federativas, a efecto de que las víctimas puedan acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral.

Segundo, la facultad para que la Comisión Ejecutiva otorgue subsidiariamente ayudas a cargo del fondo a través de los convenios que celebre con las entidades federativas.

Tercero, en ese sentido las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, con el fin de atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades, como son: alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Cuarto, se crea una nueva estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con lo cual desaparecen los comités con excepción del interdisciplinario evaluador, cuya función principal consiste en elaborar los proyectos de reparación.

Esto contribuirá a eficientar la investigación y la generación de política pública al concentrarse en una sola área.

Quinto, se determina la conformación del patrimonio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la integración y funcionamiento de la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva que servirá como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolla la Comisión Ejecutiva.

Sexto, la comisión estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, sustituyendo así el actual funcionamiento de la CEAV, auxiliado por las áreas administrativas correspondientes.

Séptimo, se fijan como atribuciones de la Comisión Ejecutiva, dictaminar la procedencia sobre casos de atención a víctimas, cuya competencia originaria corresponde al fuero local para asistir y, en su caso, reparar las víctimas del fuero local a través de la "facultad de atracción".

Ello va a contribuir a agilizar el trato a las víctimas mediante un procedimiento claro y específico. Esta "facultad de atracción" es un tema muy importante para las víctimas y fuimos sensibles ante la necesidad, ante la exigencia, ante el sentido de justicia y dolor de las víctimas.

Octavo, la CEAV deja de ser un órgano colegiado y la responsabilidad estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos.

Noveno, será electo por las dos terceras partes del Senado de la República, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Décimo, contará con facultades para designar a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Décimo primero, se establece la obligación de las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas.

Décimo segundo, la Comisión Ejecutiva podrá proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común cuando la entidad federativa lo solicite por no contar en el momento de la disponibilidad presupuestaria para su otorgamiento.

Décimo tercero, se faculta al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de coordinación entre la CEAV y las comisiones de víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la CEAV. Dichos convenios garantizaran criterios de transparencia y oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Décimo cuarto, se incluye el interés superior de la niñez como principio rector en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En armonía con el nuevo Sistema de Justicia Penal, se reforma la ley para fortalecer la actuación del asesor jurídico y otorgar a las víctimas el rol que le corresponde en la procuración e impartición de justicia, garantizando en todo momento el debido proceso en igualdad de condiciones y hacer valer los derechos de las víctimas.

Décimo quinto, se establece que para procurar hacer efectivos cada uno de estos derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral, podrá contar de manera inmediata y prioritaria con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que consideren necesarias.

Décimo sexto, se ampliará también los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no sólo el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante.

Y es importante mencionar que para la primera integración del Comisionado Ejecutivo y de la Asamblea Consultiva, se establecen de manera única y excepcional los transitorios siguientes:

Transitorio Quinto. Dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo quien durará en el cargo tres años.

Transitorio Décimo Quinto. Por única ocasión, para la primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva a que se refiere el artículo 84 Octies, el comisionado ejecutivo enviará propuestas de integrantes al Senado de la República el cual los elegirá por las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria.

Debemos ser claros los Senadores, con esta ley se está garantizando la obligación de las entidades federativas de crear fondos de ayuda específicos.

Se blinda el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en el ámbito de las entidades federativas por si fuera el caso de que sean omisos en la creación de las comisiones ejecutivas, asunto que ha sido denunciado por las víctimas que en muchos estados no tienen esta comisión, estarán sujetos a las sanciones de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de que en ese espacio las secretarías generales de gobierno sean las que asuman la responsabilidad de atención a las víctimas.

Lo tenemos muy claro, estamos comprometidos en garantizar la debida atención a las víctimas en todos los ámbitos y para el acceso a las medidas de ayuda y de reparación, podrá, en caso de incumplimiento o por carencia de recursos de sus entidades federativas, la comisión ejecutiva en manera subsidiaria atender dichas demandas.

En conclusión, Senadores, en términos generales se está generando un nuevo instrumento jurídico que permita a las víctimas acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral de manera inmediata, como la exigencia y como la demanda más importante de todas ellas, así como de establecer una estructura orgánica funcional para ello.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar, ha presentado el dictamen por parte de la Comisión de Gobernación.

Tiene el uso de la palabra para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, su Presidenta, la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras, señores Senadores:

El dictamen que hoy ponemos a su consideración contiene diversas reformas a una de las piezas legislativas trascendentales en el marco jurídico de nuestro país, fruto de una demanda colectiva y de la lucha de miles de víctimas y familiares de personas que sufrieron en carne propia la realidad del país en materia de delitos y violaciones a los derechos humanos.

Esta ley es la Ley General de Víctimas. Todos recordamos la historia del recorrido en el país a lo largo y ancho, y también de la presencia de estos colectivos en Estados Unidos, justamente con este propósito: visibilizar las violaciones de las que son víctimas quienes clamaban justicia; y por supuesto el Estado mexicano al clamor de esta sociedad, garantizó resolver todos los impedimentos para que esta ley fuera desjudicializada, a final del sexenio pasado, entrara en vigor y luego también se hicieran reformas pertinentes.

Sin embargo, a poco más de tres años de distancia, las propias víctimas han estado prácticamente en la oficina de todas y de todos ustedes, precisamente pidiéndonos la revisión de la ley. Denunciando fracasos en el diseño legal e institucional, que hoy hace necesario que reformemos de manera integral el modelo de atención a víctimas que se encuentra vigente en el país y, por supuesto, este perfeccionamiento a partir de la implementación de una ley totalmente novedosa para nuestro país.

Un poquito de historia quizá.

En 2013 muchos colectivos de víctimas, sus familiares y muchas organizaciones de la sociedad civil, exigieron aprobar una ley construida desde la sociedad, y así lo hicimos.

Pocos meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, nos exigieron aprobar reformas propuestas por ellos, para atender observaciones de tipo jurídico, y así lo hicimos.

Hoy nuevamente se nos plantea un conjunto de exigencias que hemos intentado reflejar hasta dónde ha sido posible, siempre pensando, intentando reflejar, insisto, con la voluntad política de todas las partes y lograr la construcción de estas reformas de este dictamen que hoy ponemos a su consideración, y yo sí creo que es importante destacar, teniendo siempre enfrente, resolver el problema que se nos estaba exigiendo resolver; es decir, lograr que las víctimas de delitos o las víctimas de violaciones a los derechos humanos fuesen atendidas de manera debida, también de manera respetuosa, desde la Comisión de Atención a Víctimas.

Es importante señalar que hay tres cuestiones importantes que están contenidas en el dictamen, una de ellas tiene que ver con que las víctimas que vienen de las entidades federativas reciban la ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva, pero también planteamos esa responsabilidad de las Comisiones de Atención a Víctimas de las entidades federativas, según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar las necesidades de alimentación, de traslado, de aseo personal, del pago de su hotel, la atención psicológica, el transporte de emergencia o cualquier alojamiento que fuese transitorio, pero siempre que éste pueda ser en condiciones de dignidad y segura.

Ese era uno de los clamores que las víctimas nos han estado planteando. No ser maltratadas, no ser revictimizadas, aduciendo porque no se presenta una factura inscrita en el marco de lo que establece el SAT, estos recursos que devengan las víctimas no son reintegrados.

Eso me parece que es uno de los elementos importantes que establecemos en estas reformas, las medidas de ayuda provisional, siempre con un enfoque, y lo destacamos, transversal de la perspectiva de género y diferencial durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima o las víctimas puedan emprender el siguiente paso en condiciones de atención inmediata a su necesidad.

La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de los estados, de las 32 entidades federativas, podrán otorgar a cargo de sus recursos de ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, en casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere la Comisión Ejecutiva o las comisiones estatales podrán autorizar que la víctima o víctimas que acudan a una institución de carácter privado con cargo al fondo o también con cargo al fondo estatal, según corresponda.

En este sentido, es importante destacar que las reformas inscriben de manera puntual, de manera enfática esta atención.

También establecemos que la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales, según corresponda, podrán cubrir los gastos que se originen, con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos, con cargo al fondo, el que está a nivel federal, o en cargo al fondo a nivel estatal, según corresponda.

Pero también atendemos que México está en un proceso de formación desde las universidades de especialistas en estas materias y, por lo tanto, establecemos que estos pagos a estos expertos, a estos peritos podrán ser excepcionalmente también extranjeros en el caso de que no haya mexicanos especialistas en estas necesidades, es importante esa reforma.

No menos importante, es agregar que los servicios a que se refiere la presente ley, tomen en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a mayor riesgo, como es el caso de niñas, niños y adolescentes; mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y también personas en situación de desplazamiento interno.

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo donde establecemos estas características, a ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabiente. Especificamos que las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda, cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:

Primero. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal.

Segundo. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes.

Tercero. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional.

Cuarto. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional pública o privada, cuando así sea autorizado en términos de lo que referencia la propia ley.

En caso de que las comisiones de víctimas no hayan cubierto los gastos de las víctimas, en los ámbitos locales, la Comisión Ejecutiva de conformidad con los lineamientos que estamos planteando en estas reformas, podrá brindar la ayuda a que se refieren estos preceptos que acabo de mencionar, con cargo al fondo.

Es importante subrayar que lo anterior no exime de su responsabilidad a las comisiones estatales de víctimas de las entidades federativas, pues éstas deberán reintegrar los gastos en términos de lo que también previsoriamente establecemos en el artículo 81 de estas reformas.

En caso de incumplimiento al reintegro, la Federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa de que se trate, y la Comisión Ejecutiva dará aviso a la Auditoría Superior de la Federación y en caso de incumplimiento de la entidad federativa.

Ésta es una reforma trascendental, impedimos que las víctimas de las entidades federativas, que hoy llegan a esta Comisión Ejecutiva y que no se les puede atender por el fondo federal, hoy deben ser, y así lo decimos en el addéndum que estamos presentando, no es "podrán", "deberán" atender a las víctimas de las entidades federativas.

¿Qué pasa con los recursos que deberían estar saliendo de las arcas, de los fondos creados por cada una de las 32 entidades? Eso no debe ser preocupación de las víctimas de las entidades federativas, tanto víctimas de delitos, como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ya basta que revictimicemos, y entonces, la Secretaría de Hacienda debe hacer lo suyo.

El sentido, el objeto sustantivo de esta ley es que se atienda a todas las víctimas de las entidades federativas.

Estas reformas, por supuesto, facilitan a las víctimas la atención que el Estado debiera obligarles, pero al no estar concretándose esta petición, pues son hoy atendidas y deben ser atendidas por el fondo federal.

Volvemos, volvemos, volvemos señoras y señores, a los términos del artículo 1o. constitucional, cuando se orienta desde su transitorio en la reforma del 11 de junio de 2011, la gran reforma en materia de derechos humanos, volvemos a reivindicar ese artículo, y atendemos a todas las víctimas del país, eso es muy importante refrendar.

Ahora bien, puedo seguir hablando de todas las bondades que tiene esta reforma. Hemos enfrentado muchas dificultades, sin embargo, nos parece importante que hoy logramos pasos trascendentales. No logramos todo, ya lo dije, puedo señalar uno: desplazamiento interno.

Nosotros presentamos iniciativas, el Senador Yunes y yo, enfatizando en el desplazamiento forzoso interno. En la negociación no quedó forzoso, pero queda el desplazamiento interno, donde no se demerita cada una de las características establecidas en el estándar internacional de lo que es el desplazamiento forzoso interno.

No hay absolutamente ninguna persona que sea víctima de un desplazamiento interno, ya sea por desastre natural, ya sea por violencia, ya sea por conflicto armado, inclusive, o por la instalación de los megaproyectos que no sea atendida ahora por estas reformas, que por cierto establecemos en la exposición de motivos las recomendaciones en esta materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Si a mí me preguntan: ¿Estas reformas, Senadora de la Peña, valen la pena refrendarlas, aun cuando haya pendientes? Yo les digo: ¡Sí! Porque tengo enfrente, como todas y todos, quienes trabajamos en ellas, a las víctimas, particularmente a aquellas que hasta ahora no habían sido atendidas.

Hay otras reformas importantes, no me voy a detener en ellas. Simplemente quiero terminar invocando la sensibilidad de cada uno y cada una de ustedes, sobre todo en mi grupo parlamentario para que tomen consideración del avance de las reformas.

Hoy vamos a tener una Comisión de Atención a Víctimas unipersonal. Integramos una Asamblea Consultiva con nueve personalidades de las Organizaciones No Gubernamentales.

Es verdad, la CEAV es una entidad paraestatal. La ley obliga que debió haber tenido una junta de gobierno, se creó todo un movimiento alrededor de impedir que hubiera, de que rechazáramos la propuesta de que se integrara una Junta de Gobierno. Sin embargo, esta Junta de Gobierno que está constituida por cuatro representantes de las Organizaciones No Gubernamentales, cuatro funcionarios públicos, y quien está al frente de la Comisión de Atención a Víctimas, está acotada, no podrá intervenir en las decisiones de la Comisión de Atención a Víctimas.

De tal manera, que es importante señalar que aun cuando haya resistencias a la integración de esta figura, pues también, tengo que decirlo de manera clara y precisa, que no podrá intervenir en las decisiones que tienen que ver con la reparación integral del daño al que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos y las víctimas de delitos, que para el caso de la ley son exactamente igual.

No es una más o menos importante respecto de la otra.

Muchas gracias, y perdonen que me haya llevado tanto tiempo, pero era necesario enfatizar las características de las principales reformas que hoy presentamos a su consideración.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Angélica de la Peña, que ha presentado el dictamen por parte de la Comisión de Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra para los mismos efectos, como Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Fernando Yunes Márquez.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Quiero, en primer lugar, agradecer a mis compañeras las Senadoras Cristina Díaz y Angélica de la Peña, por todo este trabajo conjunto durante muchos meses, que se ha dado en diversas reuniones de trabajo, debates internos con organizaciones de la sociedad civil, y que hoy estoy convenido que nos traen un buen dictamen, un dictamen que ayudará a las víctimas.

Es importante recordar como contexto, que la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad del año 2008, se estableció como un principio constitucional la reparación del daño a las víctimas y por tal nació, en su momento, en 2013, la Ley General de Víctimas.

Hoy este dictamen, lo que busca es precisamente aprovechar la referida reforma constitucional para corregir los errores de la ley vigente, que si bien, constituyeron en su momento un gran avance en el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas, así como un avance, también, importante en la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y, por ende, la Comisión Ejecutiva, tenemos la obligación, yo diría que no solamente legal, sino moral también, de mejorar el marco jurídico actual, particularmente la obligación de atender sus extractos, que de acuerdo a las demandas de las víctimas y sus familiares, son actualmente inoperantes.

Desde hace muchos meses estas comisiones unidas hemos analizado el tema, iniciamos con la reforma en materia de desaparición forzada, que sigue siendo uno de los grandes pendientes que tenemos en el Senado.

Una de las quejas constantes de las víctimas, son la falta de apoyo económico y la imposibilidad de acceso a los fondos de ayuda en los procesos de búsqueda de sus seres queridos, la mayoría de ellos, ante estas situaciones, tienen que vender incluso sus viviendas para poder hacer frente a todos los gastos que implica realizar una búsqueda seria y efectiva. Todos ellos han sido defraudados por el Estado mexicano y por las entidades federativas.

Otro de los principales problemas que enfrenta esta ley, es el inadecuado diseño institucional de los órganos operativos de atención a las víctimas, que necesariamente tiene que ser modificada.

Hoy en día, esta estructura no permite un adecuado funcionamiento de todas las instancias involucradas en la materia.

Por todo lo anterior se propone, en primer lugar, flexibilizar los mecanismos de acceso a los fondos, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos por demás burocráticos.

Con esta reforma, incluimos en la figura de los recursos de ayuda, diversos gastos como alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que le permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

Además, se establece la obligación de los estados para que cuenten con un fondo de apoyo eficaz y asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, y con ello, la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales de todas las entidades, podrán otorgar recursos de ayuda.

Para garantizar el funcionamiento de este esquema, se determina una compensación subsidiaria a víctimas, cuando la entidad federativa que corresponda, no cuente en ese momento con los recursos para su otorgamiento.

Lo anterior, será factible jurídicamente mediante convenios de coordinación entre la CEAV y las comisiones de víctimas de las entidades federativas.

Por otra parte, la ley vigente establece que la CEAV únicamente puede intervenir tratándose de delitos federales. Esto resulta totalmente inadecuado, pues existen un sinnúmero de víctimas de delitos del fuero común que se encuentran impedidas para obtener los apoyos contenidos en la ley.

Conforme a lo anterior, se propone establecer la figura de la facultad de atracción, a fin de determinar de manera clara los supuestos en los que la CEAV puede intervenir en la reparación de las víctimas de delitos del fuero común.

De igual forma, se pretende incluir el interés superior de la niñez como principio rector de este ordenamiento, en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ahora bien, por lo que respecta al diseño institucional de la CEAV, ésta se integra actualmente por siete comisionados, aunque en realidad hoy funciona solamente con tres de ellos.

Es evidente que esta estructura es muy costosa y no contribuye a la agilidad, eficiencia, y operatividad de la comisión.

Por lo anterior, se propone que la misma deje de ser un órgano colegiado y se convierta en un órgano unipersonal, con un comisionado ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del fondo, la asesoría jurídica y el Registro Nacional de Víctimas y será propuesto por el Presidente de la República en terna y ratificado por el Senado por las dos terceras partes de los presentes.

Aprovecho el momento para hacer un llamado al Presidente de la República y al gobierno federal, a que tengan sensibilidad y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, para que las propuestas enviadas al Senado, tengan un alto nivel de consenso.

En otro orden de ideas, y derivado de la reforma constitucional de 2008, el papel de la víctima en la administración, procuración e impartición de justicia se volvió imprescindible, por lo que se proponen diversas disposiciones a fin de cumplir con este objetivo, entre las que se encuentran: fortalecer la figura del asesor jurídico, al ser uno de los principales mecanismos con los que se cuenta en la Ley General de Víctimas para hacer valer sus derechos a través de un efectivo servicio civil de carrera.

Se establecen mecanismos para que las víctimas puedan contar con servicios de atención médica, psicológica, trabajo social y aquellas que consideren necesarias para cumplir con este objetivo.

Aseguramiento del acceso de las víctimas en la educación y asegurar su permanencia en el sistema educativo, entre ellas, incluye a las víctimas de desplazamiento interno.

Asimismo, se amplían los criterios de representación del asesor jurídico, para que cubran no solamente el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante.

Compañeras y compañeros: Este dictamen se ha trabajado con gran amplitud desde hace mucho tiempo, es un tema que hemos analizado y estudiado junto con las organizaciones de la sociedad civil. El tema de atención a víctimas no es un tema político, ni de partidos o ideologías, es un tema de alto interés social y de interés nacional que debemos atender y solucionar, la realidad actual es que miles de personas buscan apoyo y no lo reciben.

Queremos decirles a las víctimas de delito que el Senado de la República ha puesto en marcha las acciones necesarias para que puedan obtener la ayuda que se merecen, la ayuda que requieren de una verdadera democracia.

Seamos muy claros, el fondo real de lo que se propone el día de hoy, no es la nueva junta de gobierno que tendrá la comisión ni la totalidad de su estructura, la finalidad real es que las víctimas y sus familiares puedan tener un verdadero y eficaz acceso a los apoyos económicos, becas, oportunidades laborales, o la atención médica y un correcto asesoramiento jurídico, y con ello tener un verdadero respaldo por parte de la autoridad.

Son miles los familiares y personas desaparecidas que esperan que la Comisión Ejecutiva actúe y funcione, les garantizamos que así será.

Los invito, compañeras y compañeros, a votar a favor del presente dictamen, no nos neguemos la oportunidad que ahora tenemos de apoyar a las víctimas a acceder a un verdadero y eficiente apoyo, seamos partícipes de este progreso normativo y dejemos como legado una digna atención a las víctimas de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Fernando Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia, que ha presentado el dictamen.

Para los mismos efectos, tenemos a la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, para presentar el dictamen.

La Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Tal vez uno de los avances más relevantes en materia de derechos humanos, es no solamente la persecución eficiente del delito, la configuración de los tipos para que respondan a la realidad que en este sentido vive hoy el país, sino fundamentalmente reconocer lo que sucede, no solamente con quien comete el delito que debe ser sancionado con todo rigor, sino desde luego con aquellos que son víctimas de ese delito.

En los últimos años, México ha tenido problemas por una serie de delitos que se han venido cometiendo y que han ido dejando víctimas a lo largo y ancho del país, cuyos derechos no eran reconocidos por la ley, y tal vez esa sea la parte más importante, el elemento toral de esta Ley General de Víctimas que hoy venimos a presentar ante ustedes los presidentes de cuatro comisiones, la Comisión de Justicia que preside el Senador Fernando Yunes; la Comisión de Derechos Humanos que preside la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, Angélica de la Peña; la Comisión de Gobernación como comisión líder en esta materia, que preside la Senadora Cristina Díaz; y la Comisión que preside su servidora, de Estudios Legislativos.

Por ello, y convencidos de que el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas del delito constituye un elemento esencial, primordial para consolidar el sistema de libertades, para garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos, es condición indispensable que las bases legales sean funcionales, que sean aplicables en la realidad y que tengan un adecuado desarrollo normativo para el ejercicio de esos derechos.

Es a partir, ustedes lo saben, de la reforma constitucional en materia de justicia penal, cuando reformamos el artículo 20 en su Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reconoció como uno de los principios generales el de reparación del daño a la víctima.

En esta disposición, en su origen, se sostuvo la finalidad de sentar la base constitucional para que se permita a las personas invocar la protección del orden jurídico y acudir ante las instituciones facultadas para garantizar sus derechos, y específicamente para garantizar de manera integral la asistencia y protección a las víctimas del delito.

Sin duda, como ya lo mencioné, los hechos delictivos ocasionan una lesión a la sociedad y tienen un efecto concreto en las personas y en las familias, y en esta parte es donde estriba la importancia de la reforma que venimos a plantear ante ustedes, de la Ley General de Víctimas, reconocer, a través de esta ley, tal situación de víctimas, identificar y darle respuesta a sus necesidades, me parece que es un tema vinculado a los derechos fundamentales y forma parte de lo que todos anhelamos: la construcción de una sociedad más justa, más equilibrada, que le dé respuesta al sentir de los ciudadanos.

En los distintos países, en el mundo, tradicionalmente se ha considerado, se contempla al delincuente ignorando a la víctima, sin tomar en cuenta que la victimización puede provocar daños severos que en muchas ocasiones son de difícil o de imposible reparación que ciertamente lesionan al individuo, a la mujer, al niño, al joven, al hombre, que son víctimas de ese delito, pero que en conjunto, también van lesionando y dañando el tejido social.

Porque penetran en el nivel más profundo de la integridad de una persona, no solamente en su estado físico, sino en su estado emocional; y alcanzan sus relaciones sociales y familiares, su situación económica y su situación jurídica en la mayoría de los casos.

Es por lo anterior, que en el dictamen que presentamos a la consideración de este Pleno, se resalta la necesidad de reformar de manera integral la actual Ley General de Víctimas y, en efecto, la legislación sobre protección y atención a las víctimas que es una herramienta fundamental en nuestro país, después de tres años de su publicación necesita ser reformada, necesita ser mejorada y necesita buscar que su aplicación sea verdaderamente funcional y real para quienes hacen uso o quienes requieren del amparo y la protección de esta ley.

Por ello, el análisis y la revisión de su efectividad en la práctica, dio lugar a que se observaran algunas disposiciones que son ineficientes, que retrasan la operación de los órganos ejecutivos que atienden directamente a las víctimas y que hicieron nugatorio el espíritu esencial de la Ley General de Víctimas redactada en su momento.

Yo quiero reconocer aquí que la Ley General de Víctimas, sin duda alguna significa un adelanto en nuestra legislación de la mayor importancia, porque cuenta con un perfil humanista y progresista.

Se constituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual contempló todo el andamiaje jurídico y estableció a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que conocemos como CEAV, para ser la institución encargada de operar la política de estado en materia de atención a víctimas y establecer un derecho victimal eficaz.

Ya mis compañeros, presidentes de comisiones, han referido la importancia de las modificaciones legales que se proponen en esta pieza legislativa, sólo quiero mencionar algunas que me parece que son las más relevantes, por ejemplo: el flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda a las Víctimas, la ayuda inmediata a la asistencia, la atención y la rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos burocráticos, me parece de la mayor importancia.

La justicia, ese es un principio de derecho que todos conocemos, la justicia que no es oportuna y atingente, deja de ser justicia y esa es parte esencial, tal vez, de la importancia que tiene esta reforma a la Ley General de Víctimas que ha sido presentada por los presidentes de las comisiones.

El establecer la obligación de que las entidades federativas cuenten con este mismo fondo de ayuda, de asistencia y reparación integral, que den asesoría jurídica y que tienen un registro puntual de las víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Ejecutivas de los estados podrán entonces, con cargo al fondo federal o a los fondos estatales, proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos, me parece que es de la mayor importancia.

El que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno actúen conforme a los principios y criterios establecidos en la ley, y si no los atienden, queden sujetos a las responsabilidades administrativas civiles o penales a que haya lugar, da la importancia de que México, en su conjunto, a través de todos sus órdenes de gobierno, vaya caminando en la consecución de esta búsqueda de respeto a los derechos humanos de quienes son víctimas de algún delito en el país, y creo que es lo que más podríamos resaltar como un gran avance de lo que se está presentando el día de hoy.

Yo no quisiera extenderme más, porque fue verdaderamente prolija la forma en que fue expresada y explicada por Angélica de la Peña, por mi compañera Cristina Díaz, por el Senador Fernando Yunes, el contenido de las reformas que estamos hoy presentando.

Solamente concluiría que, en términos generales, se está generando un nuevo instrumento jurídico que va a permitir a las víctimas acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral de manera inmediata, y eso, compañeras y compañeros Senadores, eso es buscar que la justicia en México cumpla con un principio esencial del derecho, que la justicia sea oportuna y que la justicia sea expedita de manera fundamental para aquellos que han sido víctimas de un delito y que han perdido en ocasiones, a veces, hasta sus seres queridos y que son por las omisiones o las ausencias en la ley, a veces son doblemente victimizados.

Yo quisiera felicitar de corazón, viniendo de un estado como el mío, que ha sufrido etapas negras en materia de seguridad, felicitar el compromiso de Cristina Díaz, el compromiso de Angélica de la Peña, el compromiso de Fernando Yunes, y el compromiso de todas y todos ustedes si es así su deseo apoyar esta ley que les estamos presentando.

Muchísimas gracias por su atención.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, que ha presentado el dictamen.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación a diversos artículos del proyecto de Decreto, las someteremos a su consideración. El texto correspondiente está publicado en la Gaceta Parlamentaria, si la Asamblea las aprueba, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren al texto del dictamen las propuestas contenidas en este documento.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobadas las propuestas de las comisiones. La discusión se dará sobre estas mismas que ya han sido integradas al dictamen.

También quisiera informarles que recibimos los votos particulares del Senador Armando Ríos Piter y de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

El voto particular del Senador Armando Ríos Piter se integrará al Diario de los Debates de manera completa.

(Voto particular del Senador Armando Ríos Piter)



Tiene el uso de la palabra, para presentar su voto particular, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Buenos días a todas y a todos.

En días como hoy celebro y agradezco ser y pertenecer a un grupo parlamentario que nos permite la libertad de pensar, de actuar y de votar en cada uno de los temas como así lo consideremos.

Agradezco pertenecer al partido y al grupo parlamentario de las libertades.

Y en nombre del Senador Armando Ríos Piter, y de una servidora, presento este voto particular en un tema tan trascendental, pero que además nos ha costado años de esfuerzo, no sin antes celebrar el trabajo de las comisiones.

Posiciono con un voto particular en contra de la totalidad de este dictamen que ahora se discute, en virtud de que en su momento se presentó una serie de propuestas que no fueron consideradas.

Primero, se propone la modificación a los siguientes artículos:

Al 4. Para incorporar la definición del Derecho Internacional Humanitario sobre Víctimas que otorga una protección más amplia.

A los artículos 6, 7, 8, 9, 38, 47, 63, 79, 11, 119, 131 y 150 para incluir a las víctimas de desplazamiento interno forzado aun cuando en tres artículos se incorporan ya la frase de "desplazamiento interno", pero no en el 6, que es fundamental por ser el artículo de las definiciones.

En los artículos 15 y 23 que incorporan el derecho de las víctimas a contar con peritaje independiente, ahora no sólo no recuperaron lo propuesto, sino que agregando el artículo 12 dejaron peor el texto al especificar que las víctimas no podrán contar con peritajes independientes o internacionales, a menos que no haya peritos nacionales capaces.

No hemos entendido nada de las recomendaciones nacionales e internacionales de que hay un déficit de capacidades institucionales en materia de peritajes forenses.

El enfrentamiento científico, como en el basurero de Cocula, fosas comunes con patrones de fotos clandestinas como en Tenancingo, se caen las consignaciones por peritajes mal hechos en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; se entregan cuerpos equivocados a los familiares como en la explosión de Pemex, y ahora les están condicionando a las víctimas que sólo si no hay peritos nacionales buenos, es que podrán contar con peritajes de calidad.

Asimismo, se presentó propuesta de modificación a todos los artículos referidos a la estructura orgánica, porque esta ley de las víctimas y para las víctimas, y por las víctimas, que pasó por un veto presidencial y una controversia constitucional, tiene una estructura de organismo descentralizado no sectorizado sui géneris, y ya hemos revisado la Constitución en sus artículos 1o., 17, 20, 73, 90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y no encontramos por qué deba incorporarse una junta de gobierno, ni que sea obligación la designación del Comisionado Presidente, por el Ejecutivo Federal.

De la misma manera, en nuestra propuesta se plantearon cambios al artículo 84 para adicionar derechos a la justicia restaurativa.

En el artículo 85 la integración del CEAV, como un Consejo Directivo y un Comisionado Presidente, así como un procedimiento para su elección, además se propuso considerar en el artículo un mecanismo revocatorio a quienes integran la CEAV y no cumplan con los derechos establecidos en la ley.

En el artículo 86 se propuso no quitar el candado de dos años para servidores públicos, lo cual sí se está haciendo, y en una fracción V, con un candado de perfil, de no haber sido señalado por recomendaciones nacionales o internacionales de derechos humanos.

En el artículo 87 respecto a la duración del cargo.

En el artículo 88 de las facultades del Consejo Directivo, consideramos que con la Junta de Gobierno que se aprobó en comisiones unidas, se está violentando el principio universal de no progresividad en materia de derechos. las propuestas de los artículos 84, del proyecto de dictamen del Decreto, en el sentido de que se instale una Junta de Gobierno, es un retroceso y significa regresar a un modelo superado ya en lo que fue Províctima, que fue tan cuestionado por las víctimas en la administración anterior, incluso, como una traición a las demandas del propio movimiento.

Presento esta intervención con mi voto particular en contra y del Senador Armando Ríos Piter, porque aunque reconozca que contiene elementos positivos y que realizaron un gran trabajo las comisiones, lo que le da sustento a un organismo que puede lograr eventualmente su plena autonomía, ha sido lesionado.

Esta ley ha vencido, por derecho propio, todos los cuestionamientos a su estructura, a tres años de vigencia se han ganado amparos, se ha recibido reparación del daño con base en esta ley, y hasta la fecha ninguna autoridad de las competentes, constitucionalmente ha controvertido con base en las facultades.

A la Comisión Ejecutiva, como organismo descentralizado no sectorizado, sin la junta de gobierno ni designación presidencial de su presidente, por qué votar a favor si validaríamos un retroceso violentando el principio de progresividad en materia de derechos e independencia.

Podemos escuchar argumentos de nuestros colegas legisladoras y legisladores, de que no ha funcionado la comisión, pero no reconocemos que a estos señores y señoras comisionados que tanto ahora criticamos, fueron electos por nosotros, y no somos capaces ni siquiera de criticar la ligereza de haberlos electo sin que cumplieran los requisitos en cuanto a perfiles que hoy señalamos.

Como Senadoras y Senadores, hemos estado incumpliendo los mandatos que la ley señala, y luego decimos que la ley no sirve.

Es el mismo caso del Ejecutivo Federal al definir ternas que violentan la ley, elaboraron un reglamento contrario a la ley y sus mecanismos, y ahora dicen que no funciona en estructura, que desde el primer día invadieron e intervinieron, con esta reforma se consolida la ocupación de la Secretaría de Gobernación en este organismo que alguna vez intentó tener independencia de quienes con su acción u omisión son responsables de la violencia criminal e institucional que viven las víctimas de este país.

Por ello, no podemos votar a favor de esta reforma regresiva en materia de derechos humanos, en particular, de los derechos de las víctimas.

Muchas gracias.

Voto Particular.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Iris Vianey.

Vamos a pasar a la discusión en lo general, y me permito informales que tenemos más de 22 oradores, unos para hablar a favor y otros en contra.

Saben que es obligación de esta Presidencia privilegiar el debate, por lo anterior, vamos a ser, ahora sí, estrictos con el tiempo, para que pueden hablar a favor y en contra. Después de que lleven cuatro minutos, recibirán su tarjeta de tiempo y luego serán interrumpidos por el Presidente, con el objeto de privilegiar el debate, porque tenemos muchos oradores.

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar en contra.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda que la construcción de una ley como la de víctimas, suele ser un proceso complejo, un proceso largo, porque se tienen que ir conciliando los intereses y los diferentes puntos de vista, muchas veces contrapuestos sobre un mismo asunto.

El tema de la atención integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, que tuvo origen en el sexenio pasado, estuvo plagado de diferendos, pues el reconocimiento de la calidad de víctimas de miles de personas implicaba también un reconocimiento por parte del gobierno federal en turno, de las consecuencias de su estrategia de seguridad.

Así que su respuesta fue la creación de Províctima, un organismo descentralizado, intrascendente, desde mi punto de vista, inoperante y sometido del todo a los intereses del Ejecutivo que nada hizo en favor de las víctimas, pero que ante la movilización y activismo de personas y organizaciones, principalmente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, finalmente se logró la expedición de la Ley General de Víctimas y la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo que a pesar de su naturaleza jurídica como paraestatal, contaría, así se decía, con una sana independencia del Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones.

Por desgracia, como todos sabemos, el diseño colegiado fracasó, y la CEAV se vio atrapada en los vergonzosos conflictos internos que sostuvieron sus propios comisionados.

Hoy, a todos nos queda claro la necesidad de rediseñar la institución para hacerla eficiente, para hacerla operante, y es así que hemos llegado hasta este punto, hasta la discusión de un dictamen que pretende, no sólo rediseñar a la CEAV, sino también de modificar algunos otros aspectos de la ley, particularmente para lograr que por fin las entidades cuenten con sus comisiones locales de atención a víctimas, que es otro de los grandes pendientes que pretendemos subsanar.

Pero compañeras y compañeros, aunque reconozco avances muy importantes en este proyecto, no puedo dejar de señalar el desaseo que se dio en el proceso legislativo en su discusión y aprobación en comisiones, porque no puede ser que se nos envíe el proyecto de dictamen y se nos convoque a la reunión de comisiones y con unas horas de anticipación, para que al llegar a dicha reunión se nos diga que en el transcurso de la noche se volvió a modificar y se pretenda que la aprobemos así, sin saber qué se modificó y por qué, solamente pidiéndonos un acto de fe.

Por eso votamos en contra en comisiones, y es que, compañeras y compañeros, en un dictamen tan extenso como éste, no basta que durante la reunión se dé lectura a las modificaciones y se nos muestren de manera aislada en una pantalla, para que en unos minutos analicemos su correspondencia o consonancia con el resto del proyecto.

Yo entiendo los obstáculos que ha representado la construcción de esta reforma, pero no puede ser justificación para que el resto de los integrantes de la comisión actuemos como simples levanta dedos, no es así como yo ejerzo mi labor como Senador de la República.

Y en cuanto al fondo, me preocupa que en este proyecto se profundice la injerencia del Ejecutivo en la CEAV, que sea la Secretaría de Gobernación quien tome el control de la comisión a través de métodos de designación a modo, tanto del Comisionado, como de los miembros de la Asamblea Consultiva. Y ojalá me equivoque, porque no quisiera ver a la CEAV convertida en una nueva Províctima a modo del Ejecutivo.

Y es por estas razones, señor Presidente, que a pesar de que reitero mi reconocimiento en los avances de este proyecto, he decidido que mi voto será en contra.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya, y gracias por respetar el tiempo.

Denle volumen, por favor, en el escaño del Senador Casillas, ¿con qué objeto, Senador?

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más para comunicarle, estoy anotado en la lista de oradores a favor, voy a declinar mi participación, para que me hagan favor de borrarme.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Claro que sí. Muchas gracias, Senador Casillas Romero.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum, para hablar a favor.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos.

Quiero empezar por reconocer a los presidentes de las comisiones, a Cristina, a Angélica, a Chela, a Fernando, por el esfuerzo que hicieron para que este dictamen después de tantos debates, investigaciones, reuniones, pudiera estar aquí un dictamen tan importante a la Ley General de Víctimas.

Y quiero hablar especialmente de un tema, que por mucho tiempo, nosotros, hemos impulsado, es lo que tiene que ver con desplazamiento forzado interno.

Somos 11 estados de la República, pero a nombre del estado de Sinaloa, quiero agradecer fuertemente que finalmente el tema del desplazamiento forzado interno se logre.

Aquí, en este dictamen, hay una decena de iniciativas de diversos grupos parlamentarios, que lo único que busca, que lo único que pretende es eficientar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el sistema nacional.

Encontramos que algunas entidades federativas no cumplián con las disposiciones previstas en la ley, y tampoco se les brindaba el apoyo oportuno a víctimas, y se revisó a fondo el tema del Fondo de Atención a Víctimas, que a pesar de que tenía una cantidad muy importante para ejercer, solamente se había ejercido el 3 por ciento.

Por lo tanto, también se advirtió la necesidad de flexibilizar las reglas de acceso para apresurar los apoyos básicos.

Este dictamen habilita a la Comisión Ejecutiva para llevar a cabo convenios de coordinación con las entidades, y contar con reglas claras para la reintegración de los fondos prestados.

Me parece un avance muy importante, y el grupo parlamentario del PRI reconoce todo el esfuerzo que se ha hecho para tener a la mano un documento tan importante que refleja el compromiso del Senado de la República con uno de los apartados más demandados por esta sociedad, que es la atención a víctimas.

También este dictamen trata el caso del incumplimiento con el reintegro a la Federación compensatoria al monto respectivo, con cargo a las transferencias de los recursos federales.

Destaco también que la Comisión Ejecutiva tiene aspectos muy importantes para expedir los lineamientos para que la víctima no tenga mayores cargos de comprobación.

Es un avance importantísimo. No debemos regatear el esfuerzo que se ha hecho. Entiendo que puede ser mejorada esta ley, pero lo que tenemos a la mano refleja lo que la sociedad civil organizada, lo que la sociedad nos ha demandado.

Una vez más, muchas felicidades y nuestro reconocimiento a las cuatro comisiones que hicieron un trabajo importante, y que me siento muy contenta de formar parte de la Comisión de Derechos Humanos, y que hoy entreguemos el resultado en este dictamen.

Especialmente, subrayo el tema de desplazamiento forzado interno, porque era una de las tareas que no habíamos querido reconocer y que hay cientos de familias que viven divagando, están sin los recursos, perdieron su patrimonio, y que hoy tenemos elementos tan importantes para poder atender a estas víctimas.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Diva Hadamira Gastélum.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para hablar en contra.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de ayer supimos de la desaparición de otras cuatro personas en el municipio de Chilapa, en la zona centro del estado de Guerrero. Estas se suman a las 170 que ha habido desde el 2013 a la fecha.

El día 1º de noviembre mataron a mansalva a cuatro estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, jóvenes que iban en su vehículo, del cual, sin ninguna explicación se bajaron para recibir la muerte.

Todos los días, familiares de personas desaparecidas en todo el país, organizan brigadas, búsquedas de sus seres queridos, en los cerros, en donde buscan fosas clandestinas, muertes dolosas, desaparecidos forzados o por particulares.

Miles de desplazados, y así podemos sumar las tragedias y atrocidades que vivimos en este momento, y nosotros, los legisladores y las legisladoras estamos en este momento a punto de aprobar una reforma a la ley que debe proteger a las víctimas de la violencia, sin el aval de las víctimas y en retroceso de lo que teníamos anteriormente, retrocediendo en la mínima independencia que se había logrado obtener en la misma y en derechos que ya habían sido adquiridos por las víctimas.

Nos dice el gobierno federal y las comisiones de dictamen, que la ley no funciona y que la Comisión Ejecutiva no sirve como está, pero se les olvida decirnos que las ternas para nombrar estos comisionados, las enviaron de la Secretaría de Gobernación, y que nosotros los elegimos por lo que somos corresponsables en su funcionamiento y también se les olvida a los del gobierno que la emisión del reglamento de la ley, es una facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación, y que hicieron un reglamento contrario a la ley, lo que, precisamente, suponemos es para que ésta no funcionara, con el sólo hecho de modificar el reglamento, la ley podría funcionar.

Voy a votar en contra de esta reforma, porque independientemente del retroceso y de reconocer que también hay modificaciones que podrían eliminar la burocracia que se ha creado en el organismo que atiende a las víctimas, existen elementos de un retroceso fundamental en el dictamen que hoy se está votando, incluyendo lo que ya se agrega en la adenda.

En los argumentos que se manifestaron cuando se introdujo la designación presidencial del Comisionado Ejecutivo y la Junta de Gobierno, se planteó que así lo establecían los esquemas de los organismos descentralizados en la ley de paraestatales, por lo que iba en paquete.

Ahora, saludamos que se elimine la designación presidencial, pero nos preguntamos, ¿por qué se insiste en mantener una Junta de Gobierno?

Vamos a formular una interpretación a partir de los transitorios que hoy tenemos.

En el Quinto Transitorio, por única vez, será el Presidente de la República el que designe al Comisionado Presidente por tres años, designación transexenal, cosa de lo que debemos tomar nota, le agregan un Décimo Quinto Transitorio para que por única vez el Comisionado Presidente, sea designado por el Presidente de la República, designe a las personas que conformarán la Asamblea Constitutiva integrada por expertos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil, pero sigue habiendo una Junta de Gobierno presidida por Segob, por la Subsecretaría de Derechos Humanos, por lo que el esquema de esa reforma quedaría de la siguiente forma:

Por los próximos dos años, el Presidente de la CEAV será el que decida el gobierno federal, la Asamblea Consultiva será la que decida el Presidente de la CEAV, designada por el gobierno federal y la Junta de Gobierno será presidida por el Secretario de Gobernación.

Por eso decimos que esta es una reforma coyuntural para consolidar el control de la Secretaría de Gobernación en la estructura de atención a las víctimas.

Para concluir, en motivos del tiempo, suscribo y destaco un comunicado de reforma a la Ley General de Víctimas que es denominado "Acuerdo Político que Desampara a las Víctimas". Este comunicado se emitió en la Ciudad de México el 26 de octubre de 2016.

Lo suscribimos y aquí tenemos academias, expertos, activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y de la sociedad civil, colectivos de víctimas que no suscriben esta reforma, por lo que la votaremos en contra.

Muchas gracias.

Intervención



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Resulta clara la situación crítica que vive nuestro país. La creciente violencia reflejada en los últimos reportes de incidencia delictiva, sobre todo que dan cuenta organizaciones y observatorios que se dedican justamente a medirlos.

También México, en tiempos recientes, se ha caracterizado lamentablemente por una creciente y reiterada violación a derechos humanos, una crisis de inseguridad que engloba estos fenómenos y que debe ser enfrentada y combatida a través de una estrategia integral; sin embargo, pese a esta situación, México no ha sido capaz de incluir en la política criminal una visión integral que atienda a las víctimas, que las visibilice en su justa dimensión, no sólo como parte de una cifra de incidencia criminal.

Es necesario que se desarrollen políticas integrales para atender y reconocer los derechos de la víctima, derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia integral.

Por ello, una reforma sustantiva a la Ley General de Víctimas era necesaria y es por ello que votaré a favor del presente dictamen, así como lo hicimos como integrantes de la Comisión de Justicia.

Es necesario que esta ley tenga, efectivamente, modificaciones certeras que ayuden, finalmente, a reconocer los derechos de las víctimas y a que el Estado mexicano se haga cargo de la función que le corresponde en este papel.

Es por ello que, si bien es cierto, consideramos como positivas la mayor parte de las modificaciones que se atienden en este dictamen, también debemos reconocer, como lo haremos en su momento, que todavía hay temas que se tienen que solucionar y aspectos de la ley que deben de modificarse. Presentaremos algunas reservas que dan cuenta de esta situación, e incluso que tienen que ver con el propio dictamen y que consideramos debe ser perfeccionado.

Me referiré a los aspectos que consideramos favorables del dictamen que se somete a su consideración, y uno de ellos justamente tiene que ver con los mecanismos de acceso al fondo, ya que se fortalece el otorgamiento de medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos por demás burocráticos y prácticamente inaccesibles.

Para lo cual se define como recursos de ayuda a diversos gastos, como son: alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

Se establece la obligación de las entidades federativas a contar con un fondo de ayuda, asistencia, reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas de los estados podrán, con cargo al fondo federal o a los fondos estatales, según corresponda, proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos, cuando la entidad federativa lo solicite por no contar en el momento de la disponibilidad presupuestaria necesaria para su otorgamiento.

Se faculta al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones de víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dichos convenios garantizarán criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Un aspecto medular en este dictamen es el cambio de la propia naturaleza de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que originalmente fue concebida como un órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, lo que significa que la institución es un órgano de implementación de las decisiones que se toman en el seno del sistema nacional.

Por lo que hoy, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dejará de ser un órgano colegiado y la responsabilidad estará a cargo de un comisionado ejecutivo, con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del fondo, la asesoría jurídica y el registro nacional de atención a víctimas.

El cambio de esta comisión estará a cargo ahora de un comisionado ejecutivo, se establecen los mecanismos para su designación, también se establecen mecanismos de participación de la sociedad a través de la Asamblea Consultiva, se establece también el interés superior de la niñez, como principio rector en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo, insisto, consideramos que hay algunos aspectos que deben perfeccionarse y en su momento presentaremos las reservas pertinentes, sin embargo, consideramos, como lo dije a un inicio, que las propuestas que contiene este dictamen en su mayoría beneficiaran el desarrollo de la Ley General de Víctimas, por lo cual pedimos su votación a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

Senadora Dolores Padierna, la tengo registrada para hablar a favor, la Senadora Pilar Ortega acaba de hablar a favor y el Senador Morón me pidió que registrara en el Diario de los Debates, si usted nos autoriza, le daríamos el uso de la palabra para hablar en contra, a la Senadora Lorena Cuéllar y luego usted a favor, si lo considera. Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar, para hablar en contra.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Hago uso de esta tribuna para razonar el sentido de mi voto al presente dictamen conforme a las consideraciones que he venido escuchando por parte de distintos grupos de la sociedad civil y que expongo a continuación.

Sin duda, el objeto de la presente reforma es fundamental para nuestro país, uno de cada cuatro mexicanos es víctima, por ende, considero que en los términos que se presenta se minimizan los alcances que podríamos tener en este tema.

Las constantes violaciones en materia de derechos humanos hoy tienen en una situación de vulnerabilidad a nuestra sociedad, misma que se encuentra lastimada por la indiferencia que han mostrado nuestras instituciones.

Han sido evidentes muchos casos de ejecuciones, tortura, desplazamiento, entre otros, mismos que son producto de la omisión o acción de nuestras autoridades, lo que ha llevado a distintas organizaciones internacionales a señalar de manera contundente que en nuestro país se cometen crímenes de lesa humanidad.

Y por su lado, de manera casi crítica y cínica, el gobierno insiste en no reconocer esta crisis, lo que lleva a constantes episodios de confrontación. Por ello, como legisladores, debemos ser más más incidentes para hacer frente a esta problemática.

En este sentido, considero que la reforma que hoy se presenta no va al fondo para atender el difícil contexto social que atraviesa nuestro país a causa de la grave crisis de violencia, delitos y victimización.

Distintas organizaciones especialistas en derechos humanos han venido reflexionando en varios puntos de este proyecto, y coinciden en que la Ley General de Víctimas aún está muy lejana de poderse hacerse realidad.

El problema, ya no son los derechos de las víctimas, sino la voluntad y efectividad institucional que fueron creadas para garantizarlos; es decir, que mientras el Estado no reconozca la magnitud del problema que estamos atravesando, continuará defraudando la esencia de este ordenamiento y, este el punto de fondo, es decir el cómo.

Es también el gran ausente en esta reforma, que básicamente rediseña la estructura de competencias y mecanismos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que cabe señalar, ha dejado mucho que desear.

Claro ejemplo es lo siguiente: el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que entre 2014 y 2016 asciende a 1,500 millones de pesos, presenta un subejercicio del 90 por ciento; cuenta con personal insuficiente y poco capacitado para los procesos del nuevo sistema penal acusatorio y no hay especialistas en peritajes y otras técnicas de defensa a las víctimas.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, el Registro Nacional de Víctimas apenas cubre el 0.02 por ciento, es decir, menos de 4 mil inscripciones contra un universo de 23.3 millones de víctimas.

Esta comisión ha hecho funciones de un organismo de control extraoficial que nunca ha sido autónomo, y en la presente reforma se propone que el Presidente de la República designe a su titular, cosa que es completamente antidemocrática.

Además se excluye la posibilidad de que dicho titular sea elegido entre quienes ya han formado parte del organismo.

Con esto, además hacemos de lado la demanda de que algún día está comisión sea un organismo autónomo y en su lugar se mantiene una junta de gobierno presidida por la Secretaría de Gobernación.

Es decir, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas será más una pieza de contención política que como eje de una política nacional de atención y transformación de las causas estructurales de la violencia.

Como si esto no fuera suficiente, en el régimen transitorio se establece que mientras se nombren las comisiones en las entidades, sean los secretarios de gobierno de los estados los que atiendan dicha función.

Esto me preocupa, particularmente, dadas las condiciones que atraviesa mi entidad Tlaxcala, puesto que como han dado a conocer distintos medios, se vive en una violación sistemática a los derechos humanos de personas y colectivos que llegan a manifestarse en contra del autoritarismo estatal. Incluso, el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó violaciones a distintos derechos en contra de personas jubiladas por parte del gobernador.

Por ende, con este artículo transitorio se da paso a que continúe la impunidad y crezca la impotencia que sienten estudiantes, adultos mayores, sindicalistas y trabajadores del Estado que han puesto de manifiesto su inconformidad por actos del gobierno estatal.

Hago un respetuoso llamado para que nos tomemos mayor tiempo en esta discusión del proyecto que hoy nos ponen a consideración, porque sin duda no toca los problemas que estamos teniendo de fondo, sino que además deja muchas interrogantes.

Por ello, mi voto será en contra de este dictamen, porque es a todas luces insuficiente por las personas de mi estado y de nuestro país quienes continúan en las calles manifestándose en contra de la impunidad, el olvido y la indiferencia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para hablar a favor.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Durante la última década, las víctimas de los delitos y de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país han levantado la voz y han reclamado una atención integral por parte del Estado mexicano, hace cinco años, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad concentró miles de estas voces en torno a la necesidad de contar con una legislación especial que precisamente velara por los derechos de las personas que habían sido víctimas de un delito o de alguna violación a sus derechos humanos.

Con la Ley General de Víctimas se avanzó, de manera importante, en la construcción de ese andamiaje legal e institucional que esas miles de víctimas reclamaban hace más de un lustro; sin embargo, aunque la ley representó un avance sustancial, a través del tiempo se fueron detectando problemas para su aplicación, para su operación y sobre todo para brindar una correcta atención precisamente a las personas para las que fue creada, es decir, para las propias víctimas.

Por ello, desde diferentes sectores sociales, políticos, de familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, las comisiones dictaminadoras se dieron a la tarea de construir una serie de reuniones, foros y encuentros para ir recabando las ideas y las propuestas que permitieran mejorar la Ley General de Víctimas, pero no sólo la ley como un instrumento normativo, sino principalmente para el mejoramiento de la atención y de los servicios que se brindaban desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El dictamen que hoy discutimos y que cuenta con el voto favorable de varios integrantes de mi fracción, del PRD, integra muchas de estas inquietudes y propuestas formuladas por las propias víctimas y por especialistas en la materia, buscando en todo momento que desde este Poder Legislativo, se abone al fortalecimiento y operación de las instancias del Estado mexicano encargadas de la atención integral para todas las víctimas que lamentablemente existen en nuestro país.

Algunos aspectos positivos que me parece importante destacar de este dictamen y que sirvieron de base para que nosotros decidiéramos apoyarlos son:

La modificación de las reglas de operación del fondo de ayuda a las víctimas flexibilizando sus criterios e integrando mecanismos más ágiles para su operación, garantizando una intervención oportuna para cubrir los gastos de las víctimas en el momento en que sean requeridos.

Otro, es la eliminación de procesos burocráticos y simplificación de los trámites para las víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El fortalecimiento de la figura del asesor jurídico, a través del servicio profesional de carrera, con lo que se busca profesionalizar a las y los asesores jurídicos que en muchos de los casos que atienden se han convertido en los únicos abogados y defensores y defensoras de las propias víctimas.

El fortalecimiento de la atención integral a las víctimas, estableciendo la compensación subsidiaria por parte del Estado y el pago de los gastos de ayuda para las víctimas de aquellas entidades en donde no se cuenta con recursos para atenderles debidamente.

Otra, es la formación de la Asamblea Consultiva en donde participan directamente las y los representantes de la sociedad civil, de la academia, de los familiares de las víctimas, de los colectivos y de toda aquella persona que cuente con la experiencia y la sensibilidad para trabajar y orientar las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La participación de cinco integrantes de la Asamblea Consultiva, en la propia Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, marcando un precedente muy positivo en cuanto a la participación de actores civiles en este tipo de instancias de gobierno y de toma de decisiones, pues los representantes de la sociedad civil contarán con voz y voto para la toma de decisiones.

También está la modificación del procedimiento para el nombramiento del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en donde se incluye un mecanismo obligatorio de consulta e intervención de la sociedad civil para elegir al mejor perfil a la mejor persona para ocupar este cargo.

El Ejecutivo deberá consultar a los colectivos de víctimas, a los expertos, a las organizaciones de la sociedad civil, además está la clarificación de los procesos administrativos y penales que se podrán iniciar en caso de que algún servidor público o servidora pública incumpla con sus obligaciones frente a las víctimas o las coloque en una situación de revictimización innecesaria.

Son muchos los argumentos, tengo varias cuartillas de cuestiones positivas y avanzadas que tiene este dictamen, pero, finalmente, termino diciendo que es fundamental que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ejecutivo Federal aseguren y garanticen los fondos necesarios para la operación de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y para la propia organización del Fondo para las Víctimas, de lo contrario, avanzaremos de manera significativa en términos legales, pero estaremos estancados en términos operativos sin recursos o sin fondos suficientes para atender a las víctimas.

El compromiso debe ser con todas y todos, del Poder Legislativo, de la sociedad civil, del Ejecutivo Federal, de los ejecutivos estatales, de todas y de todos, siempre mirando por el bien y por la reparación del daño de las miles de víctimas que diariamente nos recuerdan que esta sociedad les debe y les debe mucho.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

Le preguntaría a la Senadora Martha Tagle, que la tengo registrada para hablar a favor, ¿tiene inconveniente de que le demos el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter para que hable en contra?

¿Usted va a hablar en contra también? ¡Ah! Entonces, tiene usted el uso de la palabra, Senadora Martha Tagle.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

De hecho debo decir que me ha costado mucho definir la posición de mi voto, porque me consta el trabajo que en las comisiones han hecho para poder llegar al mayor de los consensos posibles, particularmente quienes presiden las Comisiones de Derechos Humanos; de Gobernación; de Estudios Legislativos; y de Justicia, trabajaron arduamente para llegar a un consenso y poder presentar hoy a este Pleno una reforma a la Ley General de Víctimas que pueda incorporar la mayor cantidad de observaciones que ha presentado la sociedad civil organizada.

Sin embargo, tampoco puedo olvidar cuál es el origen y destino de esta ley, esta ley surgió de una demanda ciudadana ante una terrible realidad en nuestro país, una terrible realidad en nuestro país que habla de una ciudad llena de fosas clandestinas por todo nuestro territorio, de múltiples desapariciones forzadas, de tortura y malos tratos, de víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos cometidas, en mayor de los casos, por diferentes entes del Estado mexicano.

Y justo por eso es que hoy he decidido votar en contra de este paquete de reformas a la Ley General de Víctimas, porque si bien se ha hecho un esfuerzo importante para modificar aquellas cuestiones que no hacían operativa la Ley General de Víctimas, como es el tema de los fondos y la competencia de éstos, el problema fundamental sigue estando en quién está a la cabeza de quienes harán posible la reparación de las víctimas, que desafortunadamente a pesar de los esfuerzos que se hicieron sigue siendo el gobierno que está al frente.

Se hizo un esfuerzo importante porque la Junta de Gobierno tuviera la menor influencia posible, y sin embargo la Asamblea será designada, precisamente, por esa Junta de Gobierno, pero además en esos transitorios que es donde justo se ve la verdadera intención de la ley.

Se metieron a los transitorios dos temas que son realmente regresivos, dos transitorios que hablan de excepciones, que solamente por esta ocasión se tendrán que hacer excepciones, pero que es ahí justo donde está el interés del titular del Ejecutivo.

Pues en esta ocasión la Asamblea Consultiva no será definida por la Junta de Gobierno, sino por el Comisionado Ejecutivo, quien a su vez por única ocasión, de acuerdo a un Transitorio Quinto, será propuesto en un plazo de 30 días a este Senado de la República, por el titular del Ejecutivo, sin que medie una terna de por medio a un proceso básicamente de ratificación, como lo que solemos hacer en el Senado de la República y que hemos visto recientemente en el caso del Procurador General de la República, de la Secretaría de la Función Pública, que son procesos de ratificación fast track, de inmediato, sin siquiera mediar contemplación de si las personas que están siendo propuestas cumplen o no con el perfil, cumplen o no con los requisitos y si son las personas idóneas para ocupar esos cargos. Y lo más lamentable es que se elegirá por tres años, lo que quiere decir que irá más allá de este sexenio.

Por eso, es que he decidido razonar mi voto, y en esta ocasión manifestarme en contra de las reformas propuestas a la Ley General de Víctimas.

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Martha Tagle. Ha hablado la Senadora en contra.

Tengo registrado también al Senador Armando Ríos Piter para hablar en contra, pero no le va a importar que deje primero al Senador Romo Medina, para que hable a favor.

Senador Romo, si gusta hacer uso de la palabra.

El Senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, señor Presidente.

En el PRI estamos convencidos de que la atención oportuna, eficaz e integral a las víctimas de los delitos demanda un esfuerzo responsable y comprometido de todas las instituciones del Estado mexicano.

Los Senadores de la República tenemos el compromiso de trabajar permanentemente en el fortalecimiento de nuestro marco jurídico, para atender las medidas de compensación, restitución, rehabilitación, satisfacción, pero sobre todo asegurar las garantías de no repetición; es decir, actualizar nuestras leyes en beneficio de las víctimas y sus familias.

La atención integral a las víctimas exige una ley actualizada, que dote las herramientas necesarias a las instituciones encargadas de atenderlas, para permitirles con ello recuperar su tranquilidad, seguridad y proyecto de vida.

Bajo esas consideraciones, el voto de mi grupo parlamentario será, sin duda alguna, en sentido positivo.

Nos pronunciamos a favor de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuente con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica de gestión.

Y aquí quisiera yo, si me lo permiten, hacer una consideración por algunas reflexiones que se han vertido en esta tribuna, en el sentido del formato del procedimiento con el que se debe de elegir al Comisionado Ejecutivo de esta organización fundamental.

Quiero aquí solamente sustentar que no es un procedimiento directo del Ejecutivo el que se tendrá que establecer para esta nominación, sino que es a través de la consulta de colectivos, a través de las organizaciones sociales, de académicos, de especialistas en la materia. Solamente vinculo en este comentario y sustento esta afirmación en el Transitorio Quinto de este dictamen, de esta reforma donde efectivamente le otorga la facultad al titular del Ejecutivo, para proponer al Senado de la República, mediante una consulta de todos estos colectivos, y será éste el que elija con las dos terceras partes de los presentes, a este importante funcionario.

Estas nuevas atribuciones serán complementadas al dotarla de la facultad de atracción de casos del fuero local y de la dotación de mecanismos, ciudadanos de consulta y participación, como lo he señalado y lo repito, de la sociedad civil y la academia.

Estamos seguros que con estas modificaciones mejorarán los servicios de procuración, orientación y asesoría jurídica para las víctimas del delito y se rijan por los principios de oportunidad, competencia y suficiencia.

El fortalecimiento de la legislación de atención a víctimas nos permitirá contener, disminuir y prevenir actitudes de indiferencia hacia ellas y facilitará la asistencia a quienes hayan resultado agraviados por la comisión de un delito.

Compañeras y compañeros legisladores, reconocemos que la Ley General de Víctimas ha representado un avance significativo a nuestra legislación; sin embargo, estamos comprometidos en fortalecerla permanentemente para dar mayor certeza a las víctimas de sus familias.

Senadoras y Senadores de la República, con su voto a favor contribuiremos a que el Estado mexicano siga cumpliendo con su responsabilidad de otorgar seguridad a sus habitantes y atienda una de las problemáticas más sentidas, como consecuencia de la vulneración o violación a los derechos humanos, con mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y atención, así como de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Miguel Romo Medina.

Les informo que los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, el Senador Francisco Salvador López Brito, la Senadora María Elena Barrera Tapia, el Senador Jesús Casillas Romero, el Senador Raúl Morón Orozco y la Senadora Marcela Torres Peimbert, han pedido que sus intervenciones se registren de manera íntegra en el Diario de los Debates.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora María Elena Barrera Tapia: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Jesús Casillas Romero: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Raúl Morón Orozco: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora Marcela Torres Peimbert: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Posicionamiento Ley General de Víctimas

Después de este proceso de reforma para mejorar el cuerpo normativo que regula la atención y la reparación del daño para las víctimas, hoy tenemos un Dictamen que trae consigo diversos aspectos positivos:

En primer lugar, habrá mayores facilidades para tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral. Las entidades federativas deberán contar con un fondo de ayuda para proporcionar recursos a las Comisiones Ejecutivas en los estados. Además, se modifican los mecanismos de acceso al fondo, y se establece la creación de convenios de colaboración entre el CEAV y las comisiones de víctimas de las entidades federativas.

En el nuevo proyecto también se fortalece la actuación de los asesores jurídicos federales por ser uno de los mecanismos más efectivos con los que cuenta la Ley para hacer valer los derechos de las víctimas.

Esta no es la primera Ley que reformamos en torno a la protección y garantía de un derecho humano, puedo poner de ejemplo a la ley General de Transparencia y a la ley Federal de Transparencia, en las cuales siempre hubo una interlocución continua con los académicos y expertos de la sociedad civil organizada, y el día de hoy son de las mejores leyes del mundo en materia de Derecho de acceso a la información.

Sé que en cualquier ley que busque garantizar un derecho humano debe cumplir con tres principios:

  • El principio pro persona versus el principio pro estado; no entiendo como el proyecto integra este principio sin la suficiente participación ciudadana de las víctimas y organizaciones al interior del Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, le estamos dando mayor importancia a las decisiones de Estado que al punto de vista ciudadano;
  • El principio de no regresión y progresividad versus el principio statu quo; tampoco cumplimos con este principio porque no puedo comprender que de un acto republicano de nombramiento de un órgano colegiado, pasemos a una designación directa del ejecutivo, en que democracia republicana una Cámara del Congreso regala sus facultades a otro poder, renunciando a los controles democráticos y al diseño de pesos y contrapesos;
  • El principio de certeza y predictibilidad versus principios generalistas, respecto a este principio me preguntaría yo: ¿por qué estamos renunciando a legislar sobre las facultades de la Asamblea Consultiva de la CEAV?, es necesario que dejemos claro en el cuerpo de la Ley qué es lo que está facultada para hacer la Asamblea Consultiva a efecto de que sus funciones no sean diluidas en un reglamento que de manera unipersonal hace el Ejecutivo.

No entiendo por qué el Gobierno en un contexto generalizado de violaciones graves a los derechos humanos, en un entorno sumamente volátil de escozor social, ingobernabilidad y falta de legitimidad del ejecutivo, regatea los derechos de las víctimas, utilizando la coyuntura de la ineficiencia de la CEAV para apoderarse de ella. Me parece imperdonable este regalo que algunos Senadores pretenden hacer a la SEGOB. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es para los ciudadanos, no para el gobierno.

A pesar de estos avances, debemos considerar que lo delicado del tema, sumado a la actual crisis en materia de atención a víctimas hace necesario ajustar algunos detalles en el diseño institucional de la CEAV, bajo dos ejes.
El primero:

La colaboración en el marco de división de poderes, a través de más y mejores controles parlamentarios; por ello, a pesar de mi voto a favor en lo general, propondré dos reservas mediante las cuales se buscará:

  •  Que la asamblea Consultiva de la CEAV sea siempre nombrada por el Senado de la República, con pleno apego a los principios de Parlamento abierto, es decir, máxima publicidad y participación ciudadana en todos y cada uno de las etapas del nombramiento. Lo cual implica eliminar el décimo quinto transitorio y modificar la redacción del 84 Octies.
  •  Eliminar el Quinto transitorio a través del cual se regala al titular del Ejecutivo Federal el primer nombramiento que se hará del Comisionado a efecto de que se realice en terna propuesta por el Ejecutivo Federal.

Segundo:

Que las facultades de la Asamblea consultiva se determinen en la Ley y no transfiramos la facultad al Ejecutivo, esto dará certeza sobre los alcances y la participación de los ciudadanos en la vida interna de la CEAV.

Es cuanto Señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: A pesar de ello, después del Senador Armando Ríos Piter, todavía tengo registrados seis Senadores para hablar, ya todos en el mismo sentido, a favor.

Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a plantear mi posición en contra del presente dictamen, toda vez que considero que por más esfuerzos que sea han hecho, y que lo reconozco de parte de los presidentes, las presidentas también, de las comisiones unidas que lo están presentando el día de hoy, en favor de buscar aproximarse y acercase en muchos de los cuestionamientos que se han venido haciendo a este tema, como poder tener una mayor accesibilidad al fondo por parte de las víctimas, que es una de las principales críticas de la gente en todo el país, que dice: "Oye, esta comisión no está funcionando, porque sufrimos un hecho de violencia en algún lugar de la República, y a final de cuentas el dinero se sigue acumulando ahí, en un fondo, con muchos cientos de millones de pesos, pero a nosotros, a las víctimas no nos sirve, no nos funciona, no nos da atención".

Eso, y lo he celebrado desde que dictaminamos esto en comisiones, es un avance, ¡qué bueno!, qué bueno que estemos buscando acercarnos y buscar que estos instrumentos sean benéficos para la gente que ha sufrido estos hechos de violencia en el país.

Ahí yo he destacado el trabajo de mi compañera Angélica de la Peña, que sin duda alguna en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues ha tenido una gran sensibilidad para acercarnos en ese tema.

Pero una vez que he reconocido ésto, no puedo votar a favor de un dictamen que mantiene la discusión de hace cinco años. Hace cinco o seis años, ustedes recordarán, porque lo vimos y muchos lo sentimos en lo más profundo, a cientos de hombres y mujeres que fueron a lo largo y ancho de toda de la República, pasando por Morelos, pasando por Nayarit, estacionándose en Querétaro, llegando hasta Chihuahua, yendo a Guerrero, a cada uno de los puntos del país, donde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, iba levantando una voz, que era la voz del sufrimiento de las víctimas de la violencia.

Hombres y mujeres, y muchos de ellos de Guerrero, que habían perdido a una hija, que habían perdido a una esposa, que no encontraban después de cuatro años a un hijo, y que no había ninguna autoridad que les diera señales de dónde estaba.

Y trayendo aquí a esta tribuna, la voz de padres de familia que me decían: "Yo cómo voy a confiar en la autoridad, Diputado", porque yo era Diputado en aquel entonces, "si a mí me consta en videos que fue la policía de Veracruz la que levantó a mi hijo y después no supimos nada más de él, o que fue la policía de Tamaulipas, o que los últimos que los vieron fueron policías en algunos de estos rincones del territorio bañado por la sangre y el dolor".

Entonces, si no entendemos de dónde venimos, compañeras y compañeros, difícilmente vamos a entender de qué se trata esta ley, de qué se trata haber construido una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por los hechos de la violencia.

Y ese precisamente es el punto más importante, compañeras y compañeros, con el que yo difiero profundamente de lo que hoy está a punto de aprobarse.

Cuando dejan en este dictamen una Junta de Gobierno, dejamos de escuchar a esos padres, a esas madres de familia, a esos hermanos, a esas hermanas, que dicen: "cómo vamos a aceptar de una Comisión de Atención a Víctimas, a miembros del Estado mexicano, cuando es el Estado mexicano mismo el que está involucrado en la violencia que nos está quitando a nuestros familiares".

Ese es el meollo del tema y por eso Calderón veto esta ley, y por eso, se recibió con gran agrado, por parte de esas víctimas, cuando el Presidente Peña Nieto quitó ese veto. Ese debate sigue instalado, compañeras y compañeros, porque siguen siendo decenas de miles de víctimas en el país, y es un hecho que no se quedó aislado en el sexenio anterior.

Hoy tendríamos que entender que los principios de París que dieron origen a ese planteamiento, que sea la gente, las ciudadanas y los ciudadanos que han sufrido esa violencia, quienes puedan representar a las víctimas, el punto nodal de reencuentro con esa gente a la que el Estado mexicano le ha fallado en lo más básico y fundamental, que es el respeto a la vida, a garantizarles que vivan en Morelos, en Querétaro, en Guerrero, en Chihuahua. Eso es en lo que ha fallado el Estado mexicano.

De tal manera que yo no puedo acompañar un dictamen que falla en lo fundamental, que se acerquen muchas cosas, pero que falla en lo fundamental.

Ahí, donde hay un hombre desaparecido, ahí donde hay una fosa clandestina, ahí donde hay una ausencia que se recuerda con dolor día con día, por un padre, por una madre, por un hermano, por una hermana, es donde el Estado mexicano ha estado colapsado.

Y eso, podemos ponernos de acuerdo en un dictamen de esta naturaleza, pero si esa gente no logra encontrar oídos, escucha, sentimiento y emoción que comparta ese dolor, de ninguna manera vamos a reconciliar ese país.

Ésta era una oportunidad o es, espero persuadirlos en ello, yo no puedo votar en contra de esto, porque mucha gente de Guerrero y mucha gente del país, quisiera tener una comisión diferente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Armando Ríos Piter.

Los siguientes oradores todos son a favor y tengo registradas seis reservas.

Tengo registrados para hablar a favor todavía a la Senadora Hilda Flores, Lucero Saldaña, al Senador Héctor David Flores y a la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Hilda Flores nos pide que su intervención se registre de manera íntegra en el Diario de los Debates.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Le daría el uso de la palabra, si así desea hacerlo, a la Senadora Lucero Saldaña.

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Gracias, señor Presidente.

Mi reconocimiento a las comisiones que hicieron posible un dictamen con la escucha constante de diversas voces, organizaciones, tanto en el terreno internacional como nacional.

A favor del dictamen, porque para una víctima es importante el que se avance. De tener una estructura que había sido colegiada, con dificultad en la toma de decisiones y en dar pronta respuesta, a tener hoy un Comisionado Ejecutivo, de una estructura de varias comisiones, ahora a una Comisión Interdisciplinaria; de tener hoy estándares internacionales, para que no solamente la atención integral, sino la reparación del daño, con una poyo inmediato, así como apoyos que van a representar transparencia en el ejercicio del fondo.

El nombre de la ley queda como víctimas y no solamente de delitos, porque también se incluye a quienes son violentados en sus derechos humanos por parte de una autoridad.

Estos esquemas que hoy estamos refiriendo, han tenido una larga historia desde los 90's, en que se empieza a hablar del tema de víctimas de delitos, y ya hasta el 2008 efectivamente viene el tema de reparación del daño.

¿Quiénes son víctimas y cómo poder tener acceso en una localidad determinada? Pues hay una coordinación ahora, no solamente a nivel federal, sino a nivel local, para que se asegure que haya recursos, se asegure de cualquier forma a que las entidades federativas vean por un fondo. El diagnóstico es que la mitad de las entidades tenían una comisión y menos de ellas, se veía que no tenían la aplicación de estos comisionados.

Hoy estamos ante un dictamen en el que con esta reforma se brindará certidumbre al extender el reconocimiento de las víctimas en cualquier parte de nuestro país y que puede haber la atracción de delitos locales, siempre y cuando hayan pasado precisamente por esa etapa local.

Se está reconociendo a que la ciudadanía forme parte de una asamblea consultiva, no consejo, asamblea, en donde, habrá esa profesionalización y esa transparencia en el manejo del recurso. También se está viendo en esta reforma lo que la ciudadanía ha estado demandando: agilizar el trámite, pronta respuesta, atención profesional; es decir, capacitación adecuada tanto en el tema de niñez, como en el tema de igualdad de género y también en las diferencias de acuerdo a la condición de vulnerabilidad.

Las entidades, entonces, darán un servicio y estaremos respondiendo a las necesidades muy concretas que la sociedad nos ha demandado.

Con dicho dictamen hoy le queremos decir a la sociedad que si se hablaba de que no están todas las voces, todo lo que les preocupa en esta ley, es de gran avance, por eso el grupo parlamentario del PRI vota a favor, reconociendo el gran trabajo en mesas de discusión con las propias autoridades que estarían implementando esto, pero también con familiares y víctimas de los delitos.

Les pedimos su voto a favor y cualquier duda que haya, poderla atender. Tenemos oportunidad de revisar, como lo estamos haciendo hoy, de una aplicación, cuál es la mejor respuesta más ágil de política pública para un tema fundamental donde a nivel internacional todos los países están abonando al mismo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Lucero Saldaña Pérez.

Tengo registrados, para hablar a favor, al Senador Héctor David Flores Ávalos y a la Senadora Mariana Gómez del Campo, y me ha pedido la palabra para hechos la Senadora Cristina Díaz, después de ella preguntaré a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El presente dictamen es producto de un trabajo que integra múltiples iniciativas, si no mal recuerdo deben ser 12 las que se presentaron por Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios.

Lo primero que celebro es este interés multipartidista por revisar a fondo la eficacia y eficiencia de la actual Ley General de Víctimas, y lo celebro porque en el trabajo legislativo, y más cuando se trata de una ley general que, en mi opinión, trasciende los límites ordinarios del federalismo por cuanto a que invade la esfera de competencia de los estados y municipios, es fundamental encontrar el acuerdo político.

Y el acuerdo político, en mi opinión, no necesariamente significa tener un punto de vista uniforme o idéntico sobre el contenido de la ley, pero sí indispensablemente revela una unidad de propósito; esa unidad de propósito, en mi opinión, es la que hoy debe destacarse.

Todo progreso, en mi opinión, es iniciado por confrontar los conceptos actuales, la realidad prevaleciente y es ejecutado el suplantar las instituciones existentes. Esa ejecución, la de suplantar las instituciones existentes, debe realizarse no solamente con sumo cuidado, sino también, y sobre todo, con claridad extraordinaria sobre lo que se pretende lograr.

Es indispensable saber lo que se quiere para saber qué es lo que no funciona, y qué es lo que se propone para remediarlo.

Por eso destaco la unidad de propósito detrás de este dictamen.

Voy a mencionar tres aspectos, no porque sean los únicos, sino porque realmente me parecen de una gran relevancia.

Hay en principio el reconocimiento de que una ley de estas características debe significar que el Estado en cualquiera de sus frentes, debe no sólo permitir, sino también asegurar la atención y el resarcimiento de las víctimas, con independencia de si se trata de una víctima del ámbito federal o local.

Hoy se propone que el Fondo de Atención a Víctimas previsto en esta Ley General de Víctimas, a través de un esquema de compensación con las entidades federativas, le haga frente a ese compromiso, independientemente de que la víctima haya resultado afectada por un hecho ilícito de competencia estrictamente local. En eso me parece que hay un avance fundamental.

En segundo lugar, y toda vez que una vertiente importante, más no exclusiva de las víctimas provienen de la actividad del Estado, existe también claridad acerca de la necesidad de incluir la participación de la sociedad en el proceso de conformación, tanto del órgano de gobierno como del Comisionado Ejecutivo en esta Comisión de Atención a Víctimas.

Es evidente por los resultados que ha tenido hasta hoy la comisión, que el texto de la norma vigente no lo permite.

La participación de la sociedad en el órgano de gobierno es un elemento de control extraordinario que permite hacer transparente el escrutinio público las decisiones que ahí se adopten sin perder de vista que es el Estado el responsable primordial de garantizar la conducción de la comisión y de lograr los objetivos de política pública detrás de esa institución.

Lo mismo ocurre con la consulta pública que debe hacerse para escoger a la persona que será propuesta al Senado como Comisionado Ejecutivo.

Y este tema no es menor, déjenme decirlo con claridad, en lo personal me hubiera gustado que, por ejemplo, en lugar de consulta, se hubiera planteado una convocatoria, una convocatoria que sujetará al Ejecutivo a cumplir, él mismo, con los condicionamientos previamente establecidos en un documento que fuera a la vista de la sociedad calificable.

Sin embargo, tampoco puede obviarse la bondad de transitar a favor del acuerdo político, y un acuerdo político que entiende que garantizar el escrutinio social, que abona a la verticalidad y el equilibrio de las decisiones de la comisión, está previsto en este dictamen.

Esto es mi opinión lo fundamental; además reconocer que la solución no   necesariamente es ciudadanizar todas las instituciones, en el sentido de que, reitero, es el Estado y debe ser el Estado el principal responsable de garantizar la eficacia de sus instituciones.

Señor Presidente, por razón de tiempo, simple y sencillamente me gustaría decir que mi voto es a favor de este dictamen, en razón de que, en mi opinión, recoge avances significativos en relación con el texto vigente y que, si bien es cierto que pudiera encontrarse quizás una redacción mucho más acabada en ciertos temas que han creado controversia, la realidad es que permitirle a las víctimas que comiencen a ser atendidas, a ver satisfechas sus necesidades de ayuda inmediata, es comenzar a hacer justicia.

Por eso mi voto es a favor, señor Presidente, y dejo constancia de mi participación para que sea incluido en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Intervención.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Integre Servicios Parlamentarios de manera completa el documento que ha dejado el Senador Héctor David Flores Ávalos.

Tiene el uso de la palabra para hablar a favor, la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Bueno, me parece éste un día muy relevante en materia legislativa, se están abordando dictámenes que inciden directamente en la transformación de la realidad de muchísimas personas en nuestro país que, desafortunadamente, han sufrido violaciones, han sufrido abusos, han sufrido atropellos, incluso, de personas que han perdido algún familiar y se han topado con un muro de insensibilidad por parte de diversas autoridades. Y también una ley con serias complicaciones para poderse ejecutar.

Me queda claro que no existe ley perfecta, pero que las comisiones han hecho un trabajo, un esfuerzo muy importante y han tratado también de escuchar a las diferentes voces.

Yo quiero compartirles, y por eso mi interés de intervenir en este dictamen, que durante la Comisión Permanente, primero, como ustedes saben, se creó la Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, fuimos testigos de la urgencia de reformar la Ley General de Víctimas, las personas que resultaron víctimas en la comunidad, pues no pudieron acceder al fondo de ayuda de manera pronta y expedita, debido a que no contaban con facturas de los gastos que habían erogado por servicios funerarios, por ejemplo, o para el reembolso de los traslados, para el hospedaje, para la alimentación, para la atención médica que recibieron en hospitales particulares.

Después de una reunión larga que tuvimos con el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nos reunimos con diferentes actores, pero hubo temas que nos inquietaron, y lo que hicimos fue un grupo de Senadores integrantes de esta comisión de Nochixtlán, la Senadora María Hilaria Domínguez, el Senador Fidel Demédicis, el Senador Ismael Hernández Deras, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, el Senador Benjamín Robles, lo que hicimos fue presentar una iniciativa de ley concretamente para que se discutiera también en esta Ley General de Víctimas, y que fuese tomada en cuenta.

Yo quiero decirles que, afortunadamente tomaron en cuenta la gran mayoría de lo que expusimos en esta iniciativa de ley, por ejemplo, la parte de prever que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas estén facultadas para otorgar de manera directa medidas de ayuda, asistencia y atención, con cargo al fondo federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente.

Prever que en casos urgentes o de extrema necesidad, también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones de las entidades federativas estén facultadas para autorizar que las víctimas que se encuadren en algunos supuestos, acudan a instituciones privadas de atención médica y sean cubiertos sus gastos. Incluir el reembolso de los traslados que las víctimas deban realizar para acudir o recibir atención médica o para alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes.

Flexibilizar los requisitos de inscripción al Registro Nacional de Víctimas, y prever que la Comisión Ejecutiva pueda inscribir víctimas del fuero común cuya calidad haya sido reconocida por el ministerio público, una autoridad jurisdiccional o mediante un organismo protector de los derechos humanos.

La posibilidad también de prever la facultad de atracción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos parecía fundamental.

Yo agradezco a las tres comisiones, a las dos presidentas y al presidente que hayan podido incluir muchas de estas propuestas que hicimos desde una iniciativa de ley que nació en esta Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca.

Qué bueno, qué bueno que tengamos la sensibilidad para impulsar este tipo de legislación y poderle hacer la vida a la gente mucho más fácil, cuando desafortunadamente son víctimas y este tipo de hechos, pues se dan en diferentes estados de la República.

Es cuanto, gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

No tengo más oradores registrados, solo tengo una última intervención, para hechos, de la Senadora Cristina Díaz, después de ella preguntaré a la Asamblea si está suficientemente discutido el tema.

Por favor, sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias por darme la oportunidad de poder rectificar en hechos el trabajo que han hecho las comisiones. Es muy importante señalar, en el orden cronológico que se envió a los correos personales de los Senadores, los cambios que iban surgiendo a partir de las reuniones que teníamos de trabajo las comisiones con expertos, con académicos y con ONG's.

El primer correo fue el 4 de octubre de 2016, y se envió el primer proyecto de dictamen para conocimiento de todos, el 11 en físico y en correo personal, y por supuesto se subió a los micrositios de las comisiones.

El 11 de octubre de 2016, primera convocatoria a reunión de comisiones unidas a efectuarse el día 13 del mismo mes, y se adjuntó el proyecto de dictamen.

Dicha comisión se mantuvo permanente, y el 13 de octubre se envía una nueva convocatoria a reunión de comisiones unidas a efectuarse el 18 del presente.

El 17 de octubre se envía proyecto de dictamen con modificaciones respecto del anterior, debidamente señaladas para efecto de que los Senadores lo pudieran identificar.

El 18 de octubre del mismo año, en virtud de diversas observaciones de Senadores, así como de la sociedad civil y colectivos de víctimas, se declara un receso para analizar dichas propuestas de modificación.

El 22 de octubre se envió notificación para reanudar sesión de comisiones unidas a efectuarse el 25 del mismo mes, y se adjunta dictamen con modificaciones debidamente señaladas.

Mismo día y mismo mes se llevó a cabo la reunión de comisiones unidas, y en dicha reunión se llevó a cabo una amplia discusión, se hicieron modificaciones aprobadas por los integrantes de las mismas, adicionalmente se acordó que las propuestas de modificación no acordadas en reunión de comisiones fueran presentadas en el Pleno en la sesión de discusión del dictamen, como se ha hecho en su conducción, señor Presidente.

Dichas modificaciones sólo fueron en tres aspectos:

Primero. A los artículos 84 Octies, 85, Quinto Transitorio y se adiciona el Décimo Quinto y Décimo Sexto respecto del mecanismo en nombramiento tanto del Comisionado Ejecutivo, la integración de la Junta de Gobierno y de la Asamblea Consultiva.

Segundo. A los artículos 8 y 39 Bis para dejar en términos "deberá" en vez de "podrá" respecto de la aplicación de recursos con cargo al fondo por parte de la Comisión Ejecutiva que muy bien dio una amplia explicación la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

A los artículos 29, 30, 33, 34, 36, 40, 42, 46, 52, 54, 57, 80, 82, 88, 89, 97, 100, 114, 117 y 164 para corregir referencias de Distrito Federal y establecer entidades federativas, una corrección de estilo.

En este sentido, las modificaciones fueron publicadas debidamente en la Gaceta del Senado, previo a la discusión del Pleno.

¿Qué les puedo mostrar a todos ustedes como Asamblea? Que aquí están las notificaciones de recibido, cada vez que un documento nuestro se modificaba.

Le agradezco la oportunidad, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Cristina Díaz.

Se inserta intervención de la Senadora Sandra Luz García Guajardo.

La Senadora Sandra Luz García Guajardo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el tema está suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si considera que el tema está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

El tema está suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

En consecuencia, abrimos el registro de reservas, y nos han hecho llegar las Senadoras Silvia Garza Galván y Luisa María Calderón reservas a los artículos 1, 8, 39 Bis, 67 y 68.

El Senador Zoé Robledo nos ha hecho llegar reservas a los artículos 6 y 7.

Por parte de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, los artículos 8, 39 Bis, 67 y 166.

Y se pregunta a la Asamblea si alguien más desea hacer una reserva o adición.

No habiendo ninguna, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y los artículos no reservados.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 78 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

En la discusión en lo particular, recibimos las reservas de las Senadoras Silvia Garza y Luisa María Calderón a los artículos 1, 8, 39 Bis, 67 y 68 del proyecto de Decreto.

Para presentar dichas reservas, tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

He estado preguntando con mis compañeros las razones de algunos artículos, y he firmado junto con mi compañera Silvia Garza, en su ausencia, la reserva que hace de varios de los artículos.

Quiero insistir en el artículo 67, es el que a mí me incomoda, me duele, y lo voy a decir con un ejemplo, hace tres años…

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Perdón, Senadora.

¿Artículo 77?

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Artículo 67.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Artículo 67. Perdón.

Discúlpeme.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Artículos 66 y 67, que es el de la sentencia.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Nada más para no confundir.

El artículo 66 no lo tenemos reservado, nada más para informar a la Asamblea.

El artículo 67 sí, sí ahí quiere hacer la intervención también, pero informo a la Asamblea que el artículo 66 no está reservado.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Ok. Artículo 67.

Hace tres años, en mi estado, en Tanhuato, después de tres intentos de homicidio, mataron al alcalde Gustavo Garibay, tenía tres chiquitos. Hubo denuncia, nunca han encontraron al victimario.

Hace seis meses encontraron muerta a su esposa Gabriela. Torturada, con la cara desollada, y se quedaron tres chiquitos sin ninguna protección.

Los cuida su abuelo, que es un campesino, que no sabe leer y que no tiene manera de mantenerlos. Él quiere sacarlos de Tanhuato porque siente que tiene que salvarles la vida.

Las preguntas son: ¿cuándo va a haber sentencia?, ¿y cuándo esos tres chiquitos van a tener reparación del daño?

Por supuesto que mataron a su papá, es una víctima del delito.

Por supuesto que mataron a su mamá, es una víctima del delito.

Y resulta que la autoridad recogió el poco dinero que tenían en su casa, y dijo: "Que lo pueden usar hasta que la más pequeña cumpla 18 años". Hoy tiene 3 años.

Por eso me parece muy difícil aceptar que hasta que haya una sentencia, el estado asumirá o no la responsabilidad de la reparación del daño.

Si van a ir a hacer el juicio, si los van a entrevistar, si los gastos, estos, de gestoría o de operación los ponga el estado, no hay problema.

El tema es, ¿quién va a darles de comer, cobijo, afecto, acompañamiento a tres niños que se han quedado sin mamá y sin papá, víctimas de un delito?

Por eso me parece que no es aceptable que hasta que haya una sentencia o una resolución, haya reparación del daño, y por eso, señor Presidente, y por eso Asamblea, estoy en contra de este artículo 67.

Gracias.

Propuestas de modificación.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Luisa María Calderón.

Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas mencionadas a los artículos 1, 8, 39 Bis, 67 y 68.

La Secretaría Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación de los artículos que ha hecho mención el señor Presidente. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten las propuestas, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. No se admiten a discusión los artículos 1, 8, 39 Bis, 67 y 68. Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tiene la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar sus reservas a los artículos 6 y 7 del proyecto de Decreto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Dice el Capítulo III, en su artículo 60 de la Atención a las Víctimas de Desplazamiento Forzado:

"La Atención a las Víctimas del Desplazamiento Forzado se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada.

Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad, sus libertades personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas".

Eso dice la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de Colombia.

El país quizá más emblemático respecto al fenómeno, no a la población de desplazamiento interno, al fenómeno de desplazamiento interno, que ha habido en la región y quizá en el mundo. Un tercio de la población colombiana llegó a estar desplazada en cierto momento.

Por eso estas reservas, porque en la ley no queda todavía claro qué entendemos por desplazamiento y tampoco queda claro que el desplazamiento es siempre forzado. Esa palabra hubiera sido extraordinaria tenerla.

Yo también reconozco, como muchos que han pasado por aquí, el trabajo de las comisiones.

Reconozco que el tema por fin haya llegado a la legislación mexicana. Pero no puedo dejar de insistir en dos cosas:

Primero. La definición de desplazamiento.

Segundo. El establecimiento permanente, que el desplazamiento siempre es un fenómeno forzado.

¿Qué entiende el dictamen? Veamos críticamente este dictamen.

Hay siete menciones al desplazamiento interno forzado en el dictamen que acabamos de votar, y en ellas, en cada una de las menciones, el artículo 7, por ejemplo, que habla de las víctimas y sus derechos, se habla de personas en situación de desplazamiento interno, no forzado, desplazamiento interno nada más, y se comparan, en ese mismo artículo y en esa misma fracción, a la infancia, a los adultos mayores, a la población indígena y a las personas en situación de desplazamiento.

¿Por qué es relevante esto? Porque ahí está el error, el desplazamiento es un fenómeno, el desplazamiento forzado es un fenómeno, no es una población en situación de vulnerabilidad, es decir, déjenme ponerlo de una manera, hay víctimas que se desplazan, pero también hay quien se desplaza y en ese momento se convierte en una víctima, y me parece que eso sigue sin estar claro aquí en el dictamen.

En las otras menciones que se hacen sobre el fenómeno se establecen las víctimas del delito del secuestro, desaparición forzada, de otras formas de privación de la libertad y nunca se menciona el fenómeno de desplazamiento en el artículo 7; después en el artículo 8, cuando se establecen las políticas públicas, sólo se dice que para atender a los desplazados internos, a las personas desplazadas internas, van a recibir ayuda médica y psicológica, hasta ahí.

Posteriormente el propio dictamen dice no, los vamos a atender muy bien, ¿quién los atiende? El DIF. Cómo el DIF va a poder atender a los 280 mil desplazados, que probablemente hay en México, según el monitoreo de desplazamiento interno forzado de Noruega, que es el dato más real que tenemos en México, hay otros peores, hay quien dice que el fenómeno de desplazamiento podría estar ya en México, arriba de medio millón de personas.

Entonces, ahí está, me parece, el error, considerar al desplazamiento como una población vulnerable y no como un fenómeno que debemos atender.

Reconozco que después, en el mismo dictamen, en el artículo 79, se habla que en el caso de las víctimas de desplazamiento interno que se encuentran en una entidad federativa distinta a su entidad, que es casi siempre el caso, la Comisión Ejecutiva promueva su debido registro, que es lo principal, su atención y la reparación.

¿Qué significa la reparación en el tema de desplazados?

Primero, retorno seguro, generar las condiciones para que la gente pueda regresar.

Segundo, cuando el retorno no puede ser seguro o no puede existir, entonces el establecimiento de esa población que entra en el fenómeno, en el nuevo lugar en donde está en ese momento.

Creo que ahí está la clave, en tener una definición y no la tenemos, y quizá estamos perdiendo una oportunidad, porque hay que quedar claros, los desplazados en México, todos son forzados y existen, el problema es que no lo logramos visibilizar, no sabemos quiénes son.

Déjenme decirles de manera muy breve, y le pido su consideración, señor Presidente, quiénes son los desplazados, bueno, son aquellos periodistas que tienen que salir de sus estados, como los de Veracruz, para garantizar sus vidas y seguir escribiendo, esos son desplazados internos.

Las presidentas municipales de Chenalhó, de Oxchuc, que no pueden asumir y ejercer su cargo, porque hay violencia política de género contra ellas, son desplazadas internas.

Las personas que se han tenido que mover por proyectos de desarrollo son desplazados internos, si no tenemos una buena definición, puede la autoridad creer que los desplazados, en realidad son damnificados o que son migrantes, y son dos fenómenos completamente diferentes.

Ahí está la solución.

Mi voto en el dictamen fue por una razón, porque creo que este puede ser el punto de destino hacia donde debemos caminar, perdón, que éste no es el punto de destino, que éste es el punto de origen apenas, de un fenómeno que nos debe llevar a un lugar, ese lugar se llama Ley General de Prevención y Atención del Desplazamiento Interno Forzado en México.

Esta iniciativa de ley está desde el martes 18 de diciembre de 2012 en el Senado. Es decir, está en sus manos, que realmente demos el paso que necesitamos dar para atender el fenómeno de desplazamiento y no sea, no siga creciendo, hasta que en un momento realmente ya no podamos hacer absolutamente nada al respecto.

Es cuanto, señor Presidente. Le agradezco su tolerancia.

Propuestas de modificación.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas que ha expuesto en tribuna el Senador Zoé Robledo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas del Senador Zoé Robledo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Los artículos 6 y 7 se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Recibimos la propuesta de la Senadora Pilar Ortega Martínez a los artículos 8, 39 Bis, 67 y 166 del proyecto de Decreto. Dichas reservas están en el monitor de sus escaños.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es del interés de alguien que sean leídas por la Secretaría.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de su interés que se dé lectura a las reservas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No es necesario dar lectura a las reservas, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Entonces consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Al no haber más artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 1, 6, 7, 8, 39 Bis, 67, 68 y 166, en los términos del dictamen.

El Senado de la República saluda y da la más cordial bienvenida al maestro Armando Manzanero, destacado compositor mexicano, invitado del Senador Emilio Gamboa.

Bienvenido, maestro Manzanero, y le solicito a Servicios Parlamentarios que suba por él y lo acompañen al Pleno para que lo puedan saludar los Senadores de la República. Es un invitado distinguido del Senado de la República. Por favor, Servicios Parlamentarios, vayan por el maestro y que nos acompañe aquí abajo para el término de la sesión.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 75 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 6, 7, 8, 39 Bis, 67, 68 y 166 del proyecto de Decreto, en los términos que se presentó el dictamen.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Compañeros Senadores: Hago de su conocimiento que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para que, en su caso, se permita su atención oportuna. La lista de estos asuntos se publicará en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a evitar el recorte presupuestal a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dela Cámara de Diputados evite el recorte en el ejercicio fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A lo largo de la historia, el deporte es y ha sido una actividad recurrente, principalmente por la juventud y parte de la niñez. De conformidad con la Real Academia Española la palabra deporte significa “Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”. Sin embargo, dicha palabra conlleva más de lo que su definición establece.

El deporte es una de las principales actividades que sirven combatir algunos problemas de salud tal y como es la obesidad, hipertensión y diabetes. De acuerdo con la Secretaría de Salud el sobrepeso y la obesidad han aumentado en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, teniendo nuestro país el primer lugar mundial en obesidad infantil.

Sin lugar a dudas, todas las personas que practican un deporte, alcanzan un nivel de bienestar mayor que las personas que no lo realizan, ya que, no solamente mejoran su salud, además incrementan su estado emocional y su integración social es mucho mayor.

Asimismo, es importante destacar los valores sociales que se desarrollan a través del deporte, entre los que destaca el respeto, la cooperación, la competitividad, mejora el trabajo en equipo, la lucha por la igualdad, preocupación por los demás y compañerismo; por el lado de los valores personales destaca la habilidad (física y mental), mejora el estado de ánimo, logro de reto personal, autodisciplina, mejora de la salud, entre otras.

Como sabemos, el deporte que se practica en nuestro país mantiene dos fines, el competitivo o de alto rendimiento y el amateur, ambos tienen un trato diferenciado, mientras que el primero se destaca por obtener marcas que las asociaciones establecen para poder hacerse acreedor a estímulos o apoyos para incrementar aún más el rendimiento, el último solo se mantiene como mera actividad cotidiana. Lo importante de esta distinción, radica en que los deportistas de alto rendimiento deben mantener una constancia en el desempeño de sus actividades, mediante el asesoramiento de un profesional y el amateur simplemente lo hace por mera convicción. Sin embargo, ambos deportistas deben tener una constante.

Para resaltar la importancia del deporte en nuestro país, fue en diciembre de 1988 mediante Decreto Presidencial que surgió la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, encargado de la promoción y el fomento del deporte y la cultura física.

En 1990, se promulgó la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte que constituyó la primera en materia deportiva en nuestro país, situando a la Comisión Nacional del Deporte como su entidad rectora, pero manteniendo su carácter de organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Fue hasta el 24 de febrero de 2003 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura Fisca y Deporte1 y se creó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, la cual desde ese momento y hasta nuestros días, mantiene la conducción de la política nacional en materia de cultura física y deporte, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), como actualmente la conocemos, es una institución del gobierno mexicano, encargada de desarrollar e implantar políticas de Estado que fomentan la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas, fortaleciendo su desarrollo social y humano, e impulsando la integración de una cultura física sólida que oriente la utilización del recurso presupuestal no como gasto sino como inversión, promoviendo igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte.

Finalmente es importante que se cuenten con los recursos necesarios que permitan una correcta implementación de mecanismos para el aprovechamiento de estructura e infraestructura deportiva, así como los actos que se desarrollen en el ámbito de la cultura física y el deporte nacional.

En este año en la propuesta del Ejecutivo Federal hubo una disminución, en los recursos destinados para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados evite el recorte presupuestal para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte del presupuesto de egresos del  ejercicio fiscal 2017.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Actualmente se expidió una nueva ley con la misma denominación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013.




 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una mayor partida presupuestal a la FEPADE, con el fin de mejorar la impartición de justicia en materia electoral en el país. Se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Justicia del Senado el segundo de ellos.

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a asignar una mayor partida presupuestal a la FEPADE con el fin de mejorar la impartición de justicia en materia electoral en el país, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A pesar de los importantes avances y la consolidación de las instituciones político-electorales de nuestro país, considerando las diversas reformas en este ámbito a nuestros sistemas de organización y justicia electorales, parecen permanecer las áreas de oportunidad en esta materia, particularmente en lo que respecta a la investigación de delitos y malas prácticas electorales.

Sin duda, la actuación de las instituciones encargadas de promover, organizar y calificar las elecciones y defender el voto de los ciudadanos, debería de ser uno de los elementos más transparentes y además, tangibles y asequibles a los ciudadanos. Esto así porque lo realmente sustantivo detrás de la emisión y defensa del voto de los electores, es el propio principio de representatividad, asentado este en nuestra Constitución y pilar fundamental de todo sistema democrático contemporáneo.

En este sentido, la historia de la defensa y transparencia del voto en nuestro país es, evidentemente, paralela a los cambios políticos que México ha enfrentado en por lo menos los últimos 30 años. Donde pasamos de un régimen político de partido hegemónico a la alternancia y pluralidad partidista, donde la competencia electoral es el medio idóneo de la defensa de ideales y proyectos políticos de distinta índole.

Bajo estos antecedentes, no es casual que las principales instituciones electorales de nuestro país hayan surgido como consecuencia de las elecciones presidenciales de 1988, que sea tal vez el hito histórico-político más trascendente de los últimos años. Si bien la principal institución generada de esta coyuntura fue el otrora Instituto Federal Electoral a fin de transparentar la organización de las elecciones así como el recuento de los votos, existe otro hecho fundamental para el año de 1994 que es la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, mejor conocida como la FEPADE.

En efecto, la FEPADE nace como respuesta al reclamo ciudadano de construir instituciones sólidas, basadas fundamentalmente en criterios técnicos para otorgar credibilidad a los procesos electorales. Al día de hoy, aunque la FEPADE continúa siendo parte de la Procuraduría General de la República (PGR), es sumamente relevante que cuente con autonomía técnica, a fin de integrar y determinar las averiguaciones previas en materia penal electoral con independencia de otras áreas de la PGR.

La FEPADE tiene los siguientes objetivos:

procurar justicia en materia penal electoral federal de manera pronta y expedita, con apego al marco legal en beneficio de la sociedad;

actuar con un elevado sentido de la democracia;

contribuir a garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales

Como puede apreciarse, la relevancia de la FEADE en sistema electoral es fundamental para generar confianza en los comicios, impartir justicia y castigar e inhibir los delitos electorales. Cabe mencionar que los delitos electorales, son de los actos ilícitos que deben combatirse con mayor énfasis en virtud de que en primera instancia representan agravios al derecho de todo mexicano de votar y ser votado, además que son los delitos que en todos sus casos cuentan con una alta dosis de dolo, lo cual afecta significativamente el desarrollo económico nacional.

Sin embargo, una de las grandes problemáticas de la FEPADE es la asignación presupuestal que recibe año tras año, mismo que por encontrarse dentro de la PGR no resulta suficiente para realizar con la autonomía y suficiencia necesaria la construcción de los expedientes y averiguaciones.

En promedio, la FEPADE ha recibido anualmente desde su creación alrededor de 140 millones por año, lo cual en un porcentaje de cercano al 92% se destina exclusivamente al pago del personal y el aproximadamente 8% restante para la investigación y prevención del delito. Comparada la partida presupuestal de la FEPADE con otros organismos competentes en el ámbito electoral, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales resulta muy desfavorecida, en virtud de que recibe alrededor del 2 por ciento del presupuesto del Instituto Nacional Electoral y el 5 por ciento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuentan con bastos recursos para realizar sus funciones, mientras que la FEPADE debe valerse de diversas áreas de la PGR, como lo son la policiaca, la pericial y las delegaciones federales. Este último elemento resulta relevante en tanto que, cuando es el caso, las delegaciones reciben las respectivas denuncias y en pocas ocasiones realizan las primeras investigaciones, pero en la mayoría de los casos, envían los expedientes desde el primer momento a la FEPADE.

Esta actuación de las delegaciones, significa una mayor carga para la FEPADE en cuanto a la investigación corresponde en tanto que como ya se ha señalado no cuenta con los recursos humanos, de infraestructura y financieros para realizar las diligencias correspondientes de una manera pronta y eficaz. Del mismo modo, existen antecedentes en los tribunales federales, donde los ministerios públicos federales son intermediarios en las notificaciones y no de investigación, puesto que todos los alegatos, recursos y formulación de pruebas son elaborados directamente por el personal de la FEPADE.

Acorde con todo lo anterior, en el Proyecto de Presupuesto de la Federación para el año 2017 es de poco más de 160 millones de pesos, del cual 145 millones y medio están destinados a servicios personales y el resto a gasto operativo. Este presupuesto es casi 11 millones menor que el ejercicio 2016, cuando se le asignaron cerca de 171 millones de pesos.

Tales cifras no corresponden con la relevancia que tiene la FEPADE en la investigación, castigo y prevención de delitos electorales, en particular por los requerimientos que tiene la multicitada institución en materia de investigación.

El fortalecimiento de una institución como la FEPADE nos conviene a todos, en virtud de que atiende uno de los elementos fundamentales de la democracia nacional como lo son la transparencia y la solidez de la vigilancia de los procesos electorales.

De acuerdo a una encuesta de este año, cerca del 60 por ciento de la población nacional no confía en la principal institución electoral del país que es el INE, debido a que señalan que existen inconsistencias en los resultados electorales y el manejo, la organización y la legalidad de los comicios. Si bien esta percepción ciudadana podría ser inexacta derivado de las atribuciones con que cuenta el INE, las inconsistencias que señalan los ciudadanos en la encuesta citada, sí podrían ser tareas de la FEPADE.

De suerte que el fortalecimiento de la FEPADE, representa implicaciones positivas para la todas las instituciones del sistema electoral mexicano en tanto que se encuentra relacionada con la impartición de justicia y el castigo a delitos sumamente relevantes para la vida pública nacional. Por tanto, es menester que se le asigne un mayor presupuesto a la FEPADE y que la PGR presente un informe pormenorizado sobre las medidas o programas que se tengan destinadas dentro de dicha institución para mejorar el actuar de la multicitada fiscalía.

Es por todo lo anterior que pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la colegisladora a que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación considere la relevancia y trascendencia en materia de investigación, prevención y castigo de delitos electorales, así como de certidumbre y transparencia de los procesos electorales que desempeña la FEPADE y con base en ello asigne los recursos necesarios para fortalecer y mejorar el gasto de operación de dicha fiscalía y con ello se consolide en nuestro país una mejor y más efectiva justicia electoral.

Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Procuraduría General de la República un informe pormenorizado sobre las medidas o programas que se tengan planificadas para fortalecer la actuación de la FEPADE y la colaboración entre las delegaciones de la PGR y esta fiscalía con el fin de mejorar las relaciones interinstitucionales que deriven en una mejor y más efectiva justicia electoral.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.





 

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, destine más recursos a los programas y acciones específicas en materia migratoria con el objeto de proporcionar un mayor apoyo a los migrantes en su travesía por el territorio nacional, además de garantizar el respeto, protección y salvaguarda de sus derechos humanos establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el país es parte. Se turna a la Cámara de Diputados.

El que suscribe, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la proposición con punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, destine más recursos a los programas y acciones específicas en materia migratoria con el objeto de proporcionar un mayor apoyo a los migrantes en su travesía por el territorio nacional, además de garantizar el respeto, protección y salvaguarda de sus derechos humanos establecidos en nuestra Constitución Política Federal y en los Tratados Internacionales de los que el país es parte.

CONSIDERACIONES

México tiene 4,301 km de línea fronteriza en el norte y sur del país, de los cuales 3,152 km corresponden a la frontera con Estados Unidos, 956 km con Guatemala y 193 km con Belice; además de los 11,122 km de costas distribuidos en los océanos Pacífico y Atlántico.

A través de dichas fronteras, ingresan al país personas de diversas nacionalidades con el objeto de llegar al límite fronterizo norte y cruzar hacia Estados Unidos de América (EUA) en busca de mejores condiciones y oportunidades de vida en comparación con las de su país de origen.

Dentro de los factores que provocan que las personas emigren de sus países natales hacia Estados Unidos, principalmente, destacan la inestabilidad económica, inestabilidad política y los índices delictivos y de violencia.

Además de mexicanos, latinoamericanos, africanos y asiáticos ingresan al país desde la frontera sur y recorren el territorio nacional hasta llegar al límite fronterizo norte y cruzarlo. Sin embargo, no todos logran cruzar hacia Estados Unidos, lo que los obliga a asentarse en nuestro país. Asimismo, algunos de los que logran cruzar son repatriados.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el año 2014 cerca de un millón de mexicanos documentados y no documentados migraron hacia EUA, de los cuales más de 400 mil mexicanos que fueron repatriados.

Aunado a esto, no existen cifras oficiales de los migrantes extranjeros que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur, sin embargo se calcula que son unos 150,000, aunque Organizaciones de la sociedad civil mencionan que la cifra podría aumentar hasta 400,000, toda vez que no existe un registro certero.

Ante ello, las autoridades competentes se han visto en la necesidad de destinar recursos para apoyar a los migrantes sin importar su nacionalidad. En este sentido, en 1990 se puso en marcha un programa piloto en el Estado de Baja California, el cual tuvo como finalidad el auxiliar a los migrantes que fueran víctimas de la delincuencia en el territorio nacional. Dicho programa se convirtió en el Grupo Beta Tijuana.

Dado los buenos resultados del programa en comento, en 1994 se creó el Grupo Beta Nogales, en Sonora, y un año después los Grupos Beta Tecate y Matamoros, en Baja California y Tamaulipas respectivamente.

Hoy en día existen 22 Grupos Beta en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca,cuyo objeto consiste en proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes sobre sus derechos.

Es importante mencionar que estos grupos de ayuda a migrantes tienen su fundamento legal en el artículo 71 de la Ley de Migración que a la letra dispone que:

La Secretaría (de Gobernación) creará grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria.

Asimismo, durante su travesía, a los migrantes se les presentan diversas situaciones que ponenen riesgo su vida, tales como el ser víctimas de robo, violaciones, homicidio, tortura, explotación laboral, entre otros, sin importar edad o género.

Lo anterior se puede ejemplificar con lo sucedido el 2 de noviembre del año en curso, cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a 186 personas originarias de El Salvador, Honduras y Guatemala, que eran trasladadas en condiciones de hacinamiento por presuntos traficantes. Cabe resaltar que de las 186 personas, 66 son menores de edad.

Asimismo, en un domicilio ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, se rescataron a 13 personas indocumentadas provenientes de Hondura y Guatemala, de las cuales siete son menores de edad. Las 13 personas eran explotadas laboralmente.

Ejemplos como los anteriores podemos encontrar constantemente en las noticias. Pero lo más alarmante, es que hay menores de edad que también son víctimas de explotación y de violación de sus derechos humanos. Con información de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, en el año 2014 cerca de 15 mil menores de edad cruzaron la frontera sur de Estados Unidos sin acompañante alguno, mientras que en el 2015 la cifra ascendió a 18 mil, y se espera que para el año en curso la cifra supere los 20 mil niños migrantes no acompañados.

Al tratar de cruzar solos la frontera, los migrantes menores de edad están expuestos, en mayor medida, a ser víctimas de la delincuencia, de explotación sexual o laboral, de trata, a sufrir accidentes o maltrato institucional al momento de ser repatriados, o a perder la vida durante el camino.

Sean adultos o menores de edad y pese a ser indocumentados, los migrantes son personas que cuentan con derechos humanos reconocidos en nuestra legislación y en diversos instrumentos internacionales. Así, el artículo 1° de nuestra Carta Magna dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

En este mismo sentido, el artículo 6 de la Ley de Migración señala que el Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en nuestro marco jurídico, con independencia de su situación migratoria.

Ante esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que los migrantes tienen los siguientes derechos humanos1:

Derecho a la Nacionalidad.

Derecho al libre tránsito.

Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 

Derecho a la atención consular. 

Derecho a no ser discriminado.

Derecho al asilo.

Derecho al refugio.

Derecho a la protección de la unidad familiar.

Derecho a la dignidad humana.

Derecho a no ser criminalizado.

Derecho ser alojados en una estación migratoria.

Derecho a un alojamiento digno.

Derecho a no ser incomunicado.

Derecho a un traductor.

Derecho a no ser detenidos en Albergues.

Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional.

Respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad.

En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y siete Tratados sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconocen como principios básicos y generales la no discriminación y la igualdad de los migrantes ante la ley, y mencionan que los Derechos Humanos se aplican a todas las personas sin distinción de ningún tipo, tales como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra, origen social o nacional, propiedad, nacimiento u otro status2.

Grave es la situación a la que se enfrentan los migrantes tanto en México como en otros países, que la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que es necesario que los estados miembro consideren en sus políticas migratorias los siguientes rubros3:

la despenalización de la migración irregular;

la búsqueda de alternativas frente a la detención administrativa de migrantes en situación irregular;

el combate de la xenofobia y la discriminación contra los migrantes;

los derechos de los niños migrantes;

los derechos económicos, sociales y culturales;

la protección efectiva de la vida y los derechos humanos en las fronteras internacionales; y

el acceso válido a recursos para los migrantes que son víctimas de violaciones de derechos humanos.

Ante tal situación, es necesario que las autoridades competentes intensifiquen los programas que se han estado implementando con la finalidad de garantizar protección a los migrantes, tanto adultos como menores de edad, además de salvaguardar sus derechos. Para ello, es necesario que tengan los recursos económicos suficientes que permitan cumplir con sus objetivos.

Por tal motivo, la presente proposición con punto de acuerdo tiene la finalidad de realizar un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, destine mayores recursos para que las autoridades competentes en materia migratoria realicen las actividades necesarias para garantizar el respeto, la protección y salvaguarda de la vida y de los derechos de los migrantes nacionales y extranjeros que cruzan el país rumbo a la frontera norte en busca de mejores oportunidades de vida.

En razón de lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República formula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, destine más recursos a los programas y acciones específicas en materia migratoria con el objeto de proporcionar un mayor apoyo a los migrantes en su travesía por el territorio nacional, además de garantizar el respeto, protección y salvaguarda de sus derechos humanos establecidos en nuestra Constitución Política Federal y en los Tratados Internacionales de los que el país es parte.

Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo.- Sen. María Lorena Marín Moreno.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. Sandra Luz García Guajardo.- Sen. Héctor David Flores Ávalos.- Sen. Tereso Medina Ramírez.- Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes

2 http://picum.org/es/nuestro-trabajo/migrantes-indocumentados/derechos-humanos/

3 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/102.asp





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la construcción del salón para el artesano y usos múltiples 1ª etapa, en el municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para  la Construcción de Salón para el Artesano y Usos Múltiples 1era Etapa en el Municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Acatic, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de Salón para el Artesano y Usos Múltiples 1ra. Etapa en el Municipio de Acatic, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de espacios en unidad deportiva 1ra. Etapa en el municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal, 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la Rehabilitación de Espacios en Unidad Deportiva 1ra. Etapa en el municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los espacios deportivos han evolucionado con el paso del tiempo, y se constituyen como un generador de calidad de vida en la población, que facilitan la práctica deportiva de forma segura y motivacional, ya que, existen diseños de infraestructuras que hacen que el ambiente sea placentero y cumpla con las necesidades sociales.

Entre ellos, son las construcciones de los domos deportivos y más que funcionales, buscan posicionarse con una visión más artística y arquitectónica, con infraestructuras de calidad que brinden seguridad y confianza a la hora de implementar algún deporte, siendo una distracción sana para el beneficio de los habitantes, por lo que, es necesario adecuar las instalaciones deportivas para incitar a la población a tener esparcimientos de calidad y mejorar la integración familiar.

El municipio de Acatic, carece de espacios deportivos y se encuentran en malas condiciones por la falta de mantenimiento, por ello, con la construcción de la infraestructura deportiva se verá beneficiada los habitantes indirectos y las comunidades aledañas, ya que, tendrán espacios de calidad para realizar actividades físicas, así como fomentar más las convivencias y las interacciones humanas con diversos torneos deportivos que promoverán un ambiente sano.

Es evidente que los beneficios de la construcción generaran una mayor motivación y una mejoría en la calidad de vida, permitiendo así, que los habitantes tengan espacios donde realizar sus deportes y sus actividades físicas que permitan desarrollarse en ambientes dignos, fomentar una buena alimentación y una calidad de vida saludable.

El municipio de Acatic, tiene la necesidad de modernizar y contar con nuevas y mejores espacios deportivos con infraestructura de alto nivel que representen la identidad de municipio, contando con instalaciones dignas, confiables y brindando seguridad a los habitantes en general.

Los resultados esperados de la ejecución del proyecto para fomentar actividades sanas en tiempos de ocio, ya que, al no tener espacios recreativos, algunos ciudadanos invierten su tiempo en actividades que perjudican su salud. Por lo tanto, considero indispensable y ejecutivo la asignación del recurso del proyecto de la Rehabilitación de Espacios en Unidad Deportiva 1ra. Etapa en el municipio de Acatic, Jalisco. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Rehabilitación de Espacios en Unidad Deportiva 1ra. Etapa en el municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de San Cristobal para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Villa Guerrero, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Amatitan, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Amatitan, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, diversos proyectos en materia de infraestructura carretera para el estado de Campeche. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, Senador de la República a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante este Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 8 de septiembre del presente el Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2017, un componente medular de este paquete es el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual contiene los programas y proyectos prioritarios para el país.

Cada año la Federación destina recursos vía apoyos, inversiones y programas que impactan económicamente a las Entidades Federativas, se habla así de un presupuesto federalizado. Para el Ejercicio fiscal 2017, el Estado de Campeche recibirá 3 mil 108 millones de pesos, a través de diversas obras y proyectos de inversión en materia de educación, salud y transporte, recursos hidráulicos, cultura, entre otros rubros.

Respecto al año inmediato anterior, Campeche recibió 4 mil 323 millones de pesos, es decir 26.64% más que lo presupuesto para el próximo para 2017.

Esta disminución de 1 mil 24 millones de pesos afectara seriamente importantes obras y proyectos en infraestructura carretera que están por ejecutarse.

El presupuesto para Caminos rurales y carreteras alimentadoras sufrió una disminución del 100%, es decir que, durante el año 2017 en el estado no se cuentan con recursos para reparar y mejorar los caminos y carreteras rurales de los 11 municipios de Campeche.

El componente de conservación de la infraestructura carretera sufrió una disminución importante al pasar de 670 millones a 157 millones de pesos. Lo anterior representa una reducción de 24.62% equivalente a 179. 4 millones de pesos. Debido a las condiciones geográficas y naturales del Estado, es necesario que la infraestructura carretera este en constante mantenimiento.

De igual manera se dejaron sin recursos el entronque Hecelchakán, diversos estudios y proyectos, así como el programa de empleo temporal para Campeche, el cual no fue considerado para este ejercicio fiscal.

Es importante que se continúen etiquetando recursos para obras que ya se venían ejecutando, y no sufran cambios, modificaciones o adecuaciones, como son:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a su colegisladora, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública para que se mantengan sin cambios o modificaciones los recursos  para los siguientes proyectos etiquetados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017:

Cd. del Carmen Campeche, Tramo: Champoton-Villa Madero. 243.6 Millones de pesos.

Libramiento de Atasta.170.0 Millones de pesos.

Entronque Tenabo III. 85.0 Millones de pesos.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a su colegisladora, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública  incluya en el Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los siguientes proyectos en materia de infraestructura carretera:

Acceso al puerto de Seybaplaya (Carretera entronque autopista Campeche-Champoton-Seybaplaya). 373.3 Millones de pesos.

Libramiento Champotón (Forma parte del corredor Puebla-Progreso) 845.8 Millones de pesos.

Libramiento Escárcega (Conexión entre Chiapas, Villa Hermosa y Quintana Roo). 480.0 Millones de pesos.

Periferico Pablo Garcia y Montilla (Alumbrado vial, retorno y obras de drenaje, registro vigente 2016). 55.3 Millones de pesos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Óscar Román Rosas González.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, diversos proyectos en materia de infraestructura portuaria para el estado de Campeche. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, Senador de la República a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante este Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy en día, la infraestructura portuaria es pieza clave para incrementar la productividad y competitividad de los países con economías globalizadas, tal es el caso de México que en los últimos años ha destinado más recursos y proyectos prioritarios para la modernización de sus terminales portuarias.

El Estado de Campeche cuenta con una de las industrias portuarias y marítimas más robustas de nuestro país. El Sistema Portuario de Campeche se integra por 12 puertos;  puertos con vocación exclusiva para la exportación de petróleo, puertos de abastecimiento a las plataformas petroleras, puertos de operación de combustibles, puertos pesqueros y áreas portuarias no habilitadas.1

Destaca el Puerto de Isla del Carmen, ubicado como el segundo puerto más importante del país, por su capacidad para mover 18 millones de toneladas anuales, además de registrar el mayor número de embarcaciones arribadas por año.

Ciudad del Carmen es la capital petrolera de México. Desde hace más de tres décadas, se ha consolidado como un verdadero polo de desarrollo en materia energética, no sólo de México, sino del mundo. En sus litorales se extrae más de 50 por ciento del crudo que se produce a nivel nacional.

El Puerto Isla del Carmen, es punto estratégico para más de cien empresas  nacionales e internacionales relacionadas con la industria energética y los diversos servicios de proveeduría de insumos esenciales para la industria.

Ante los cambios en el paradigma energético mexicano, se deben realizar diversas ampliaciones y adecuaciones al Puerto Isla del Carmen, con la finalidad de dar puntual cabida al arribo de numerosas empresas que buscaran puertos modernos y competitivos para el traslado de mercancías y prestación de diversos servicios marítimos.

Ante esta oportunidad de desarrollo, el Presidente de la República ha sido muy enfático en apoyar decididamente los Puertos de Campeche, sin embargo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017, dicho apoyo ha sido disminuido.

La Ampliación del Puerto Isla del Carmen tiene presupuestados 328 millones de pesos para 2017, en el ejercicio 2016 recibió 870 millones de pesos;  lo que significa que sufrió una  reducción de 542 millones de pesos. Lo anterior demorara las obras proyectadas para la ampliación de las zonas de servicios, así como el dragado del canal de acceso.

Por lo que hace a la ampliación del Puerto de Seybaplaya, puerto con un gran potencial para el arribo de barcos de gran calado, no tienen asignación presupuestal para 2017.

En 2016 recibió recursos por 230 millones, por lo que de aprobarse el presupuesto como esta obtendría una reducción del 100%.
México tiene un gran potencial en sus puertos, debemos apostarle a la modernización y ampliación de los mismos, Isla del Carmen y Seybaplaya son ejemplo de

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a su colegisladora, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública, incremente los recursos destinados para las Ampliaciones de los Puertos Isla del Carmen y Seybaplaya, Campeche, en el Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a su colegisladora, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública, incluya en Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los siguientes  proyectos:

Modernización del Puerto de Isla de Carmen (Compromiso Presidencial) 1275.0 Millones de Pesos.

Modernización Puerto de Seybaplaya (Compromiso Presidencial)  628.5 Millones de pesos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Óscar Román Rosas González.

1 http://apicampeche.com.mx/files/pmdp1419.pdf




 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Martin de Bolaños, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de San Martin de Bolaños, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Martin de Bolaños, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, con    punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, diversos proyectos en materia educativa para el estado de Campeche. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, Senador de la República a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante este Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación no sólo es un derecho constitucional, es un derecho humano fundamental para el desarrollo de los individuos en sociedad. Sin educación las posibilidades de crecimiento personal, desarrollo profesional, y oportunidades económicas, son menores o simplemente se ven truncadas.

En nuestro país la educación gratuita en todos sus niveles está garantizada por el Estado. En materia educativa, Federación, Estados y Municipios tienen obligación de coordinarlas en aras de brindar una educación de calidad, es decir, con oportunidad, con educadores calificados e instalaciones adecuadas.

Llevar a la práctica este principio-educación de calidad- sin lugar a dudas es más difícil para las Entidades Federativas con mayores carencias. Campeche, lamentablemente, se encuentra entre las diez entidades con mayor población en situación de pobreza, lo cual implica mayores esfuerzos para cumplir con la disposición constitucional.

La Federación, a través de diversas transferencias hacia los Estados busca incidir en el mejoramiento de la calidad educativa, sin embrago los recursos para las entidades con mayores atrasos son insuficientes para estar ala vanguardia de los retos educativos.

En la actualidad, el Gobierno del Estado de Campeche apuesta por afrontar la necesidades y prioridades del sistema educativo estatal. Por ello se ha propuesto construir un Centro de Capacitación para la Atención de la Primera Infancia, sabedor de que la mejor educación es la que comienza desde los primeros años.

De la misma manera, busca construir y equipar un Centro para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, puesto que la igualdad de oportunidades comienza con la educación para todos sin distingo de clase social, económica o discapacidad física.

La profesionalización y actualización del cuerpo docente es fundamental para tener una educación de calidad. Por ello, con la creación de un Centro de Capacitación Docente en la entidad se lograra que los maestros adquieran nuevas herramientas de enseñanza y mejoren los métodos ya empleados en las aulas.

Finalmente, se busca que, cada vez más, los jóvenes se interesen por las ciencias y dar un viraje de  las carreras tradicionales a carreras que hoy tienen demanda, pero no hay capital humano en formación o suficientemente capacitado. Para ello, se busca crear una red de Centros Matemáticos en los municipios de Campeche, Carmen Escárcega y Calkiní.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta a su colegisladora, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública,  incluya en Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los siguientes proyectos:

Centro de Capacitación para la Atención de la Primera Infancia 20.0 Millones de pesos.
Centro de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad 25.0 Millones de Pesos

Centro de Capacitación Docente 50.0 Millones de pesos

Centros Matemáticos (Municipios de Campeche, Carmen, Escárcega y Calkiní) 15.0 Millones de Pesos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Óscar Román Rosas González.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tecolotlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tecolotlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tecolotlan, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tecolotlan, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica para el estado de Campeche. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, Senador de la República a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante este Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la última década, la brecha del acceso a los servicios de agua potable y drenaje ha ido disminuyendo. De acuerdo con cifras y estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), para 2015 el 98. 65 dela población a nivel nacional cuenta con agua entubada y el 92% con drenaje.

Cabe destacar la disponibilidad de instalaciones, como son tomas, llaves en viviendas y pozos, son independientes de la dotación del recurso hídrico para las familias. De 31.3 millones de hogares, 29 millones cuentan con dotación de agua; de los cuales 12.2 millones reciben agua diariamente, 4.4 millones reciben agua cada tercer día, 1.6 millones dos veces por semana y 1.0 millones reciben agua una vez por semana.

De manera particular, en el Estado de Campeche existen 228 mil 627 viviendas con disposición de agua; de ellas 91.02 por ciento son abastecidas por el servicio público, 3.78 porciento, mediante pozo comunitario, 4.10 por ciento, a través de pozo particular; el 0.8 por pipa, 0.48 por otra vivienda, 0.31 por otro lugar, y 0.24 por ciento no se especifica.

Del total de viviendas con disponibilidad de agua entubada, el 65.18 por ciento tiene disponibilidad dentro de la vivienda, 34.82 porciento fuera de la vivienda, pero dentro del terreno. El 6.38 por ciento de viviendas en Campeche tiene, hoy en día, acceso al agua por acarreo.

En este tema, es importante destacar que el Programa Hidráulico para Campeche, vía Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, tiene una disminución real del 66 por ciento. Para el ejercicio fiscal 2016 se presupuestaron 236.5 millones de pesos, mientras que para el próximo año se tienen presupuestados 79.1 millones de pesos.

Respecto al rubro de subsidios para la administración del agua potable se etiquetaron 47.8 millones de pesos, con una disminución de 136 millones de pesos. En cuanto a los subsidios agrícolas se etiquetaron 31.3 millones de pesos, con una disminución real, respecto del año anterior, de 21.1 millones.

Actualmente, se tienen proyectados diversos programas en infraestructura hidráulica prioritarios para la entidad, cuyo monto total asciende a 443 millones de pesos, entre ellos destacan la ampliación del sistema de agua potable de Ciudad del Carmen, el acueducto Campeche Tercera Etapa; la rehabilitación de diversas plantas de aguas residuales en el estado y la ampliación de las redes de distribución de agua potable en Isla Aguada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a su colegisladora, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública, incluya en el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los siguientes proyectos:

Acueducto Hobomó Campeche Tercera Etapa 79.2 Millones de pesos.

Ampliación de las redes de distribución de la red de Agua Potable Tercera Etapa, en Chiná Campeche 5.0 Millones de pesos.

Ampliación de las redes de distribución de la red de Agua Potable Primera Etapa, en Isla Aguada, Municipio de Carmen 6.0 Millones de pesos.

Ampliación del sistema de agua potable Primera Etapa, en José Ma. Pino Suarez, Municipio de Carmen 2.0 Millones de pesos.

Construcción de drenaje pluvial Miguel Hidalgo, tramo Av. Francisco I. Madero 75.0 Millones de pesos.

Construcción de drenaje pluvial Miguel Hidalgo, tramo Av. Álvaro Obregón 75.0 Millones de pesos.

Construcción de drenaje pluvial Miguel Hidalgo, tramo Av. Gobernadores-Av. Hidalgo 70.0 Millones de pesos.

Rehabilitación de Diversas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Estado 121.0 Millones de pesos.

Proyecto ejecutivo para la Sectorización del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de San Francisco de Campeche 6.0 Millones de pesos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Oscar Román Rosas González.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tenamaxtlan, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tenamaxtlan, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se  exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Teocaltiche, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teocaltiche, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se  exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teuchitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teuchitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Teuchitlan, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teuchitlan, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del Senado de la República. el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tonaya, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tonaya, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:


CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República,
el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Valle de Juárez, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los espacios deportivos han evolucionado con el paso del tiempo, y se constituyen como un generador de calidad de vida en la población, que facilitan la práctica deportiva de forma segura y motivacional, ya que, existen diseños de infraestructuras que hacen que el ambiente sea placentero y cumpla con las necesidades sociales.

Entre ellos, son las construcciones de los domos deportivos y más que funcionales, buscan posicionarse con una visión más artística y arquitectónica, con infraestructuras de calidad que brinden seguridad y confianza a la hora de implementar algún deporte, siendo una distracción sana para el beneficio de los habitantes, por lo que, es necesario adecuar las instalaciones deportivas para incitar a la población a tener esparcimientos de calidad y mejorar la integración familiar.

El municipio Zapoltitic carece de espacios deportivos y se encuentran en malas condiciones por la falta de mantenimiento, por ello, con la construcción de la infraestructura deportiva se verá beneficiada los habitantes indirectos y las comunidades aledañas, ya que, tendrán espacios de calidad para realizar actividades físicas, así como fomentar más las convivencias y las interacciones humanas con diversos torneos deportivos que promoverán un ambiente sano.

Es evidente que los beneficios de la construcción generaran una mayor motivación y una mejoría en la calidad de vida, permitiendo así, que los habitantes tengan espacios donde realizar sus deportes y sus actividades físicas que permitan desarrollarse en ambientes dignos, fomentar una buena alimentación y una calidad de vida saludable.

Los resultados esperados de la ejecución del proyecto fomentar actividades sanas en tiempos de ocio, ya que, al no tener espacios recreativos, algunos ciudadanos invierten su tiempo en actividades que perjudican su salud. Por lo tanto, considero indispensable y ejecutivo la asignación del recurso para diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Zapoltitic, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Zapoltitic, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Zapoltitic, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de reencarpetamiento del camino a “Tequililla” 1ª etapa en el municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de rencarpetamiento de Camino a Tequililla 1era. Etapa en el Municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las vías de comunicación no solo permiten ir, de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.

Para el municipio de Acatic, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados se han deteriorado los carriles de esta zona, ocasionando baches, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y prospera, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio.

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Este proyecto, permitirá la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, cuyo objetivo principal será el de realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá un ciclovía, áreas de descanso y equipamiento en áreas peatonales.

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Acatic, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el reencarpetamiento de Camino a Tequililla 1ra. Etapa en el Municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2017.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 46 BIS RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3o. Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO QUINTO, ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY DE ENERGÍA PARA EL CAMPO

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM)

El suscrito CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, Senador de la República Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la Carta Magna, se establecen las garantías individuales y derechos humanos de los que gozan todos los seres humanos. En materia de menores de edad, el artículo cuatro da cuenta que el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, entre los que destacan: alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Lamentablemente hoy día, al hablar de los menores de edad es sinónimo de desnutrición, abandono, pobreza, explotación, falta de seguridad y carencia de oportunidades.

Según datos del INEGI del año 2015, refieren que en México habitaban 39.2 millones de personas menores de 18 años1, de éstos, cerca del 40% dejaron de estudiar para insertarse en el mercado laboral, vulnerando el desarrollo pleno de los infantes.

Con base en cifras de la UNICEF, nuestro país se ubica en el 14° sitio entre los estados con alto índice de mortalidad infantil absoluta esto es, (menores de cinco años de edad). Anualmente fallecen en México cerca de 183 mil niños menores de cinco años.

Ahora bien, desde 1922 existe información sobre las principales causas de muerte, incluidas las tumoraciones, pero es hasta 1955 que los datos de mortalidad se proporcionaron por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el estudio Historia del registro de cáncer en México, de Aldo Allende López y Arturo Fajardo Gutiérrez (Revista Médica IMSS, 2011), en nuestro país se han llevado a cabo diferentes esfuerzos para contar con datos del cáncer, sin embargo, éstos no han cristalizado y por ello se desconoce mucho de la epidemiología del cáncer en la población adulta, principalmente. En los niños se tiene un mayor conocimiento epidemiológico de estas enfermedades, pero no deja de ser información aislada que brinde una verdadera visión de la problemática a nivel nacional y sectorial.

De acuerdo con el estudio citado, uno de los primeros intentos por medir la incidencia del cáncer en la población en general fue en 1940, cuando la Secretaría de Salud inicia los primeros intentos para organizar el registro de los datos de cáncer. Es cuando se funda la Campaña Nacional de la “Lucha Contra el Cáncer” enfocada principalmente en la prevención del cáncer cervicouterino y se plantea realizar un registro estadístico.

Si bien en1982 se crea el Registro Nacional de Cáncer (RNC) dentro de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, y se hace una prueba piloto en cuatro hospitales de la ciudad de México para probar la forma de recolección de datos (tarjeta de registro de cáncer), es hasta 1996 cuando se inicia en el IMSS el primer registro de cáncer en niños con base poblacional2.

En la actualidad el registro de los casos de cáncer en los niños de nuestro país es demasiado volátil, cada institución del sector público tiene sus propias cifras, inclusive las Instituciones de Asistencia Privada (IAPs) que se dedican al acompañamiento de los infantes que padecen distintos tipos de cáncer, no se ponen de acuerdo en el número total o aproximado de pacientes a nivel nacional.

De acuerdo con el estudio de Aldo Allende y Arturo Fajardo, fue hasta 1995 cuando se publicó el primer estudio sobre la incidencia de cáncer en niños residentes del Distrito Federal, con datos obtenidos de los principales hospitales situados en esta entidad (Hospital Infantil de México, Hospital General de México, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional y el Hospital de Oncología y Hematología del Hospital General del Centro Médico La Raza, el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y el Instituto Nacional de Pediatría).

En este mismo compendio se establece que en 1995 el Boletín Médico del Hospital Infantil de México publicó el primer estudio sobre la incidencia de cáncer en niños residentes del Distrito Federal (incidencia general y por cada grupo de cáncer en niños).

Como también, que en 1996 en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS se inició el registro de cáncer en niños. Este registro es activo, prolectivo y de base poblacional, y solo recaba los casos de cáncer que se atienden en los principales hospitales que tiene el IMSS para la atención de los niños derechohabientes.

De conformidad con los datos anteriores se puede concluir que el esfuerzo que se ha realizado hasta la fecha, refleja sólo ejercicios aislados especialmente de casuísticas hospitalarias en general y sobre algunos tumores en forma específica como leucemias, y no corresponden a una verdadera política pública de Estado que permita obtener datos duros a detalle que induzcan a un conocimiento de la realidad del cáncer de niñas, niños y adolescentes en México.

Si bien el 19 de octubre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el “Decreto por el que la Secretaría de Salubridad y Asistencia organizará el Registro Nacional de Cáncer (RNC), se establece que “será obligatoria la notificación al RNC, de los casos de tal enfermedad diagnosticados en todas las instituciones o dependencias de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en las demás instituciones de salud del sector público, privado y social, así como en aquellos detectados por médicos particulares”, a la fecha ésta determinación no se cumple a cabalidad.

Para mayor abundamiento, en el “Programa Sectorial del Sector Salud 2013-2018”, instrumento para alcanzar los objetivos que en materia de salud se han establecido en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, se retoman datos del CeNSIA y no del RNC: “de acuerdo con los registros del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), la supervivencia global estimada a 5 años para todos los tipos de cáncer en menores de edad, en Unidades Médicas Acreditadas (UMA) para la atención de esta enfermedad, es del 56%. Si bien esto representa un avance significativo en relación a años previos, México aún se encuentra por debajo de los estándares encontrados en países desarrollados, donde se espera que el 80% de los pacientes se curen.”3

Por si fuera poco en el mismo documento <<Programa de Acción Específico. Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018>>se traza una estrategia que tampoco se ha cumplido: “Es primordial fortalecer el Registro Nacional de Cáncer, ya que la información es la base para la toma de decisiones e implementación de estrategias dirigidas. El Programa (Sectorial del Sector Salud 2013-2018) será el vínculo entre áreas como epidemiología, que cuenta con el registro de cáncer en niños y adolescentes (RCNA) y en Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que registra los casos financiados por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED), así como otras instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) para identificar el seguimiento de cada menor con cáncer de forma que se puedan obtener datos confiables que permitan la construcción de indicadores comparables con estándares internacionales para continuar avanzando en la atención de calidad de estos pacientes ya que un registro sólido es la fuente de información fidedigna que permite el diagnóstico situacional continuo para tomar decisiones de política pública dirigidas a las áreas de mayor oportunidad e impacto, adaptadas al comportamiento epidemiológico de la enfermedad a través del tiempo”.

A pesar de lo anterior y después de más de treinta años de existir el Registro, al día de hoy no existe una cifra exacta a nivel nacional de cuantos niñas, niños y adolescentes padecen de cáncer, qué tipo de cáncer padecen, cuántos nuevos casos son detectados al año, cuántos gozan de tratamiento, cuántos no han sido detectados, cuál es el costo total del tratamiento, cuántos sobreviven a la enfermedad, en qué lugar geográfico del país se ubican, entre otros datos fundamentales como, cuántos son niñas, cuántas son niños, cuántos son adolescentes, etc. De igual manera no se sabe con exactitud qué parte del problema atienden las Instituciones de Asistencia Privada y cuanto invierten en ello.

Las respuestas a todas esas preguntas no solo revelarían que se cuenta con un Registro eficaz y permanente, sino que además, como se señala más arriba, permitirían “el diagnóstico situacional continuo para tomar decisiones de política pública” que redundaría en la atención integral a una enfermedad que representa “una de las principales causas con mayor número de años de vida potencialmente perdidos, ya que se estima que cada niño que no sobrevive al cáncer, pierde en promedio 70 años de vida productiva. Además de ser un factor negativo para la salud emocional y la dinámica familiar.”

Como se establece en la Ley General de Salud, a la Secretaría de Salud como entidad rectora del sector, le corresponde:

Artículo 109.- La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos que integren las estadísticas nacionales para la salud que elabore, para su incorporación al Sistema Nacional Estadístico, y formará parte de las instancias de participación y consulta que para esos fines se instituyan.

Artículo 109 Bis.- Corresponde a la Secretaría de Salud emitir la normatividad a que deberán sujetarse los sistemas de información de registro electrónico que utilicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos.

Por las razones expuestas el que suscribe considera que es de la mayor importancia hacer del Registro Nacional de Cáncer Infantil un mandato legal que sin excusa ni pretexto se cumpla en tiempo y forma para que se convierta en un instrumento esencial para lograr la atención integral de todos estos pacientes.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se adiciona la fracción X al apartado A, recorriéndose en su orden la subsecuente, y se adiciona la fracción VII al apartado B recorriéndose en su orden la subsecuente, del artículo 13; y se adiciona el artículo 109 Ter de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. al IX. …

X. Elaborar, actualizar y publicar el Registro Nacional de Cáncer Infantil, y

XI. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las que se establezcan en esta Ley y en otras disposiciones generales aplicables.

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:

I. al VI. …

VII. Remitir al Ejecutivo Federal la información sobre cáncer infantil en la entidad, a fin de integrarla al Registro Nacional de Cáncer Infantil;

VIII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables.

Artículo 109 Ter.- El Registro Nacional de Cáncer Infantil, a cargo de la Secretaría de Salud, deberá integrar la siguiente información:

I. Tipos de cáncer infantil registrados;

II. Cantidad de pacientes por tipo de cáncer;

III. Índice de sobrevida;

IV. Índice de mortalidad;

V. Índice de abatimiento de la enfermedad;

VI. Datos generales de los pacientes, identificando:

a) Sexo;

b) Edad;

c) Lugar de origen;

d) Decil económico al que pertenecen;

e) En su caso, antecedentes familiares de cáncer;

f) Institución de salud en la que reciben tratamiento;

g) Tipo de tratamiento y, en su caso, costo.

La Secretaría deberá actualizar el Registro Nacional de Cáncer Infantil anualmente y publicarlo en su portal electrónico.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.

1 Estadísticas a propósito del  Día del Niño. INEGI.  27 de abril de 2016.
Véase: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/ni%C3%B1o2016_0.pdf. Consultada el 2 de noviembre de 2016.

2 Historia del Registro de Cáncer en México. Véase: http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2011/ims111c.pdf Consultada 3 noviembre 2016.

3 Programa de Acción Específico. Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL PÁRRAFO 20, FRACCIÓN VIl DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI)



(Intervención del Senador Aarón Irizar López)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 239 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 239 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PARA EXENTAR A LOS CONCESIONARIOS DE USO SOCIAL COMUNITARIOS E INDÍGENAS DEL PAGO DE DERECHO POR EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 18 de noviembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Dicha reforma exentó a las concesiones de uso social comunitario e indígena, del pago de derechos por concepto de expedición del título de concesión de espectro radioeléctrico; sin embargo, por una omisión, el legislador mantuvo el pago del uso, goce y aprovechamiento del espectro, lo cual resulta perjudicial para las comunidades indígenas, debido al elevado costo del pago de dicho aprovechamiento.

Los medios de comunicación comunitario e indígena no persiguen fines de lucro, sino que persiguen propósitos culturales, científicos, educativos o de servicio a las comunidades en las que operan, por lo que cumplen con un papel fundamental dentro de dichas comunidades, al ser en muchos casos los únicos medios a los que tienen acceso, particularmente en las comunidades más aisladas.

Según la Ley Federal de Telecomunicaciones, además de dichos propósitos, las concesiones de uso social tienen como fin la promoción, desarrollo y preservación de las lenguas de los pueblos y comunidades, su cultura y sus conocimientos, promoviendo sus tradiciones y normas internas bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas.

Sin embargo, es necesario aclarar que las concesiones de uso social también pueden ser otorgadas a instituciones de educación superior de carácter privado, por lo que resulta importante distinguir entre éstas y las concesiones de uso social comunitario e indígena.

Como es sabido, en diversos puntos del territorio nacional existen radios comunitarias que desde hace muchos años operan de manera irregular, por lo que no solamente no cuentan con una autorización para hacer uso del espectro radioeléctrico, sino que además no pagan los impuestos correspondientes.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que entró en vigor en 2014, planteó como uno de sus objetivos abrir la puerta para que las radios comunitarias que ya se encontraban operando irregularmente, pudieran regularizarse y operar con apego a derecho, garantizando así la continuidad en la prestación de este importante servicio para las comunidades indígenas y estableciendo filtros para evitar que aquellas radiodifusoras que se ostentaran como comunitarias sin serlo, aprovecharan indebidamente este esquema de regularización.

Cabe aclarar que la radiodifusión era prácticamente el único canal de comunicación al que tenían acceso una importante cantidad de comunidades en Estados como Chiapas, Oaxaca o Guerrero. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del nuevo esquema de concesiones, recientemente comenzó a operar un servicio de telefonía celular comunitaria, que a la fecha ha beneficiado ya a más de doscientos municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla y Guerrero.

Se trata, sin duda, de un importante avance cuyos resultados indican que podría seguir expandiéndose a más y más comunidades. Sin embargo, la persistencia del pago de derechos por uso, goce y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, representa un obstáculo a dicha expansión, en virtud del elevado costo que representa para las asociaciones civiles sin fines de lucro que prestan dicho servicio.

La persistencia de este derecho podría eventualmente generar la desaparición del servicio de telefonía móvil comunitaria, dejando sin oportunidad de conectarse a todas las comunidades que ya cuentan con este servicio, lo que también impediría que miles más puedan hacerlo en un futuro.

Tal situación coloca a los pueblos y comunidades indígenas en una situación de desventaja en el acceso a las tecnologías de la información, lo que constituye un contrasentido a los propósitos que el legislador se planteó al exentar de diversos pagos a los concesionarios de uso social comunitarios e indígenas.

Tal es el caso de lo mandatado en la fracción III del artículo 174-L de la Ley Federal de Derechos, que señala: III. No se pagarán los derechos a que se refieren los artículos 173 y 174-B, cuando el servicio se vincule a concesiones para uso social comunitario o indígena.” Los dos artículos a que alude esta fracción se refieren precisamente al pago de derechos por el estudio de la solicitud y, en su caso, expedición de título o prórroga de concesiones en materia de telecomunicaciones o radiodifusión, para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado, o para la ocupación y explotación de recursos orbitales.

Otro ejemplo es lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en su tercer párrafo señala que Los concesionarios de uso social estarán exentos del impuesto establecido en la Ley del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación”.

Queda clara, pues, la pretensión del Congreso de la Unión, de imponer medidas especiales para las concesiones de uso social comunitario e indígena, en virtud de la relevancia que revisten para sus comunidades y en esa lógica, consideramos que debe exentarse también el pago del uso del espectro radioeléctrico.

Es indispensable señalar que dicha exención no se traduciría en un perjuicio para los ingresos públicos, toda vez que es un derecho que la gran mayoría de las radiodifusoras comunitariasno pagaban en virtud de su situación irregular, amén de que actualmente una gran cantidad de ellas no han sido regularizadas por tratarse de un proceso que inició recientemente. Por otro lado, como ya se señaló, no había otros servicios de telecomunicaciones, como el de telefoníacelular de carácter comunitario, hasta antes de la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones; por tal motivo, la exención de este aprovechamiento no generará un perjuicio en la recaudación.

Desafortunadamente, durante la discusión del paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2017, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores dejaron pasar la oportunidad de incorporar dicha exención en la Ley Federal de Derechos; de hecho, durante la discusión en la Cámara de Senadores, el suscrito autor de la presente iniciativa, sometí a la consideración del Pleno una reserva con el objeto de incorporar al proyecto una modificación al artículo 239 de dicho ordenamiento, misma que no fue admitida a discusión en virtud de los acuerdos previos para no realizar modificaciones a la minuta y poder así remitirla al Ejecutivo Federal para su publicación.

Es por eso que ahora, sin la premura del tiempo y sin acuerdos de semejante índole, someto a la consideración de esta Soberanía una iniciativa con el objetivo de que se analice con mayor profundidad y objetividad la conveniencia de exentar del pago de derechos por uso, goce y aprovechamiento del espectro radioeléctrico en el caso de concesiones de uso social, mediante una modificación al quinto párrafo del artículo 239 de la Ley Federal de Derechos, en cuya redacción se especifique que será únicamente a los comunitarios e indígenas, no así a las que se otorguen o hayan otorgado a instituciones de educación superior de carácter privado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el quinto párrafo del artículo 239 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 239.- …

Las instituciones de asistencia médica o de beneficencia o de prevención y atención de accidentes y desastres, no contribuyentes del impuesto sobre la renta, los usuarios de las frecuencias que se autoricen durante las visitas al país de jefes de estado y misiones diplomáticas extranjeras, cuyas autorizaciones sean gestionadas por conducto de las embajadas en el país o por la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre que acrediten dichas circunstancias, así como los concesionarios de uso social comunitarios e indígenas, estarán exentos del pago del derecho por el uso del espectro radioeléctrico previsto en esta sección. Asimismo, quedan exentas del pago de derechos previsto en esta sección, las bandas de uso oficial otorgadas a las Entidades Federativas y Municipios, dedicadas a actividades de prevención y atención de accidentes, desastres, seguridad pública, seguridad nacional, salud, seguridad social, protección del ambiente y educación.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM)

El suscrito CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, Senador de la República Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, apoyar las causas nobles encaminadas a la realización de altos valores humanos, como son las actividades de filantropía, es una de las opciones más encomiables y adecuadas para la reconstrucción del tejido social. A lo largo de varias legislaturas federales se han implementado diversas medidas para deducir fiscalmente diferentes porcentajes de las donaciones que la sociedad realiza por medio de instituciones públicas y de donatarias autorizadas.

Actualmente se defiende la obligación de que las donatarias de mayores niveles de capital o ingresos tengan una estructura certificable de gobierno corporativo, esto es un acierto que se cumplió en la miscelánea fiscal de 2017, la cual se enfoca en realizar esfuerzos para aumentar los estímulos fiscales que se aprobaron a partir de un esquema claro de deducciones fiscales implementados efectivamente, generando la mayor cantidad de efectos positivos en múltiples sectores productivos.

Por ello, esta iniciativa tiene el espíritu de hacer modificaciones para incrementar y equiparar las donaciones en monto que realizan las personas físicas y morales. Ya que las donaciones, según las propias instituciones filantrópicas del país, son un valioso incentivo para la inversión, la creación de empleo formal, el crecimiento de áreas de investigación médica y la solidaridad social contra el cáncer infantil.

En este momento dichas donaciones para el caso de personas morales se rigen por la Ley de Impuesto sobre la Renta, la cual en su artículo 27, fracción I, párrafo diez dice:

“El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de la utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción total, considerando estos donativos y los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado”.

En el caso de las personas físicas, el artículo 151, fracción III, párrafo diez de la Ley de Impuesto sobre la Renta menciona lo siguiente:

“El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado”.

Bajo este marco normativo es posible que las donatarias autorizadas tengan una mejor tasa de deducción que las instituciones públicas. Desde un punto de vista fiscal, el límite de deducibilidad del 7% de las utilidades fiscales por parte de las empresas cuando se realice dicha donación mediante donataria autorizada versus el 4% en el caso de que los donativos a través de un organismo descentralizado, dejan un margen de 3% de ventaja a las donatarias autorizadas, lo cual en términos económicos sería un esquema de costos diferenciados, es decir, la utilidad fiscal de entregar a través de donatarias autorizadas es mayor que cuando se dona a hospitales o institutos de salud directamente.

Este tratamiento fiscal significa que la misma donación si es persona física o moral no tendría la misma deducibilidad, lo cual distorsiona el objetivo de quien cumple sus obligaciones estrictas como son las donatarias, golpea directamente a una de las 54 Unidades Médicas Acreditadas (publicas) para la atención de pacientes menores de 18 años con cáncer1, como: el Hospital Civil de Guadalajara (471 casos registrados), el Hospital Intantil Eva Samano de López Mateos, Michoacán (399 casos) y el Hospital de Especialidades Pediatricas, Chiapas (350 casos)2, unidades que mayor número de casos reportan a nivel nacional al Registro de Cáncer en Niñas, Niños y Adolescentes.

El Gobierno Federal ha puesto en marcha acciones en varios frentes para acelerar el crecimiento del país, pero un país no puede crecer si sus instituciones de salud no crecen. En materia de cáncer infantil la cuestión principal es que el grueso de las instituciones de salud que se dedican a la atención en comento es de carácter público, sabemos que tanto las donatarias como los hospitales e institutos hacen su mejor esfuerzo para que los niños con cáncer salgan adelante y luchen por mejores condiciones de vida.

Esta iniciativa tiene el propósito de vincular y organizar de manera coordinada el talento humano, la movilización de los recursos materiales, financieros y espaciales capaces de apoyar a cientos de familias cuyos hijos padecen de cáncer.

Derivado de ello, se han definido varios asuntos pendientes e identificado las prioridades que puedan apoyar a que esta noble causa para realizar un mayor monto de donaciones por parte de la sociedad. Varias de las principales acciones identificadas en desarrollar mecanismos solidarios se enumeran a continuación: dar prioridad al registro de casos de cáncer, ampliar convenios para el desarrollo de recursos humanos en escuelas en el extranjero, fomentar la cooperación en investigación con un enfoque regional para la atención a problemas de salud específico, continuar con el plan integral de infraestructura y equipamiento, interoperabilidad de los sistemas informáticos, continuar con el apego a los criterios de certificación y vincular mejores procesos de práctica institucional.

Debemos hacer un reconocimiento a la sensibilidad de los muchos legisladores que ante las inquietudes, necesidades y puntos de vista del sector privado, han dialogado para hacer las correcciones y cambios correspondientes, que realmente sean sustanciales en materia de las donaciones altruistas, con el único fin de vigorizar la lucha contra el cáncer infantil.

En este orden de ideas la iniciativa trata de poner en el mismo esquema a las organizaciones donatarias autorizadas y a los hospitales e institutos que se dediquen como una tarea distintivaal apoyo y vinculación para la lucha contra el cáncer infantil.

El sector filantrópico enfrenta diversos candados y mecanismos de verificación fiscal sobre el destino de las donaciones y muchas personas explican que los montos donados a los “bienhechores” originales representan una importante ayuda monetaria a gente de escasos recurso, hay que poner en contexto y comprender que las donatarias ofrecen servicios complementarios para la sociedad a los que ofrece el gobierno. Su función es canalizar y adecuar recursos que no son accesibles por sus altos costos y que provienen de la iniciativa privada.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Artículo Único.- Se modifica el último párrafo de la fracción I del artículo 27 y el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 151, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 27.

I. …

a) al f) …

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado. Salvo cuando las donaciones se realicen para instituciones vinculadas a apoyar el cáncer infantil, en la cual las donaciones se aplicarán un trato similar de 7% de los ingresos acumulables.

II. al XXII. …

Artículo 151.

I.  a  II. ..

III . …

a) a f)

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en elejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado. Salvo cuando las donaciones se realicen para instituciones vinculadas a apoyar el cáncer infantil, en la cual las donaciones se aplicarán un trato similar de 7% de los ingresos acumulables.

IV. a VIII. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.

1 Cáncer infantil en México, Secretaria de Salud, http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html

2 Boletín de Información de Cáncer en Niñas (os) y Adolescentes con cáncer 2008 a 2012. http://censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cancer/BoletinNacionalCancer2014.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

(Presentada por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM)

El suscrito CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, Senador de la República Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La población de niñas, niños y adolescentes en México se contabilizó para 2015 en un total de 39.2 millones del total de la población, esto para el segmento de edades comprendidas entre los 0 y los 17 años, lo cual indica que uno de cada tres mexicanos correspondía a una persona menor de 18 años (INEGI, 2016).

Un país que cuya tercera parte de su población corresponde a niños y jóvenes cuenta con un bono demográfico que no debe ser descuidado, puesto que si bien representa un gran activo, también implica una responsabilidad ineludible para el Estado en cuanto a la protección de los derechos que le han sido reconocidos a ese sector poblacional.

En una revisión del marco jurídico vigente en México se puede mencionar como antecedente directo la ratificación de nuestro país a la Convención Sobre los Derechos del Niño, este documento se reconoce como el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que establece los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes del mundo, plasmando en sus 54 artículos un marco jurídico novedoso debido a su contenido referente a la protección integral a favor de los menores de 18 años, el cual obliga a los Estados parte a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros (IEDF, 2016).

Al ser un Estado parte, México se obligó a modificar su legislación con la finalidad de dar cumplida satisfacción a lo exigido por la Convención. En este sentido, se han realizado modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), específicamente en el artículo 4°, dado que se encuentra en el contenido dogmático de la norma, que es donde se establecen las garantías individuales y los derechos humanos.

Más aun, se ha definido el derecho humano a la salud dentro de tesis jurisprudenciales que lo identifican como objeto de contenido y alcance jurídico, de manera que se ha justificado el contenido del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual es del tenor literal siguiente (OHCHR, 2016):

Artículo 12

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad (sic) y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado en cuanto a la validez de los tratados internacionales y la inclusión de los preceptos contenidos en los mismos en el articulado que conforma a la CPEUM. El análisis de dicha validez ha quedado registrado en los criterios utilizados por la SCJN, en el cual se ha considerado la debida fundamentación del proceso que diera origen a las probables modificaciones constitucionales, tal como se refiere la siguiente tesis aislada (SCJN, 2007):

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta suntservanda", contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional. (No. Registro: 172,650. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Abril de 2007. Tesis: P. IX/2007. Página: 6. Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, MalkahNobigrotKleinman y Maura A. Sanabria Martínez. Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada).

Como parte de la adecuación del marco regulatorio que debe responder a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, se han modificado párrafos de la CPEUM correspondientes a la tutela de derechos tan importantes como a la salud y a la identidad, que le son inherentes a todas las personas, mencionándose como parte de los derechos humanos que forman dos de los pilares para el desarrollo de infantes y adolescentes, dado que por sus condiciones requieren de acceso a un nombre que los identifique desde su nacimiento como parte de una familia y de la sociedad, siendo el derecho a la salud un derecho que al ser reconocido, se erige como un mandato irrenunciable para ser cumplido por el Estado, representado por diversas instancias de gobierno. Al respecto, se citan los correspondientes párrafos del artículo 4° de la CPEUM:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. […]

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. […]

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. […]

Sin embargo, fue necesario indicar derechos explícitos para la población a la que se hace referencia, dadas las características y necesidades específicas que requieren de atención especial, toda vez que debe atenderse el principio de convencionalidad. En este sentido, se han realizado diversas reformas en particular al párrafo noveno del artículo 4° constitucional, cuya última modificación se registró en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011, para quedar finalmente como sigue:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Como se observa, fue necesario que se señalara un apartado específico para sentar la base de los derechos de la niñez y la señalada obligación del Estado para su protección, a pesar de que ya se mencionaba, por ejemplo, el derecho a la salud, el cual debe ser otorgado a cualquier persona, incluyendo a niños y adolescentes.

Si bien el derecho mencionado debe otorgarse a todas las personas por medio de los organismos gubernamentales designados para tal efecto, debe darse prioridad a la población de los grupos vulnerables1, entre ellos la población infantil. Es en este sentido que también se ha pronunciado la SCJN, determinando la prevalencia del interés superior del niño en el proceso de desarrollo de políticas públicas, de manera que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 4º de la CPEUM, bajo el criterio de la siguiente tesis (SCJN, 2007):

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". (No. Registro: 172,003. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, Julio de 2007. Tesis: 1a. CXLI/2007. Página: 265. Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes).

Dada la estructura normativa que rige en nuestro país, se demuestra la preocupación para proteger a niñas, niños y adolescentes a partir de acciones concretas, lideradas por las instancias de gobierno competentes.

Bajo esta premisa, debemos considerar las afectaciones a la salud que mayor daño causan a la población infantil y juvenil, de manera que podamos determinar una problemática específica y, en consecuencia, establecer las medidas necesarias para combatirla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una lista de prioridades emergentes en la agenda mundial 2015 (OMS, 2016), derivada del análisis sobre la morbilidad infantil debida a anomalías congénitas, las lesiones y enfermedades no transmisibles cuyos factores de riesgo son prevenibles, señalando 6 padecimientos de ésta última sintomatología: enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías adquiridas, cánceres infantiles, diabetes y obesidad.

Al respecto, expertos en cáncer infantil en un estudio publicado por la revista LancetOncology, concluyeron que los diversos tipos de cáncer infantil son la mayor causa de muerte de niños de cero a cinco años de edad, y que a pesar de ello, es el área que tiene mayores dificultades para reunir fondos para investigación y el que menos planes de ayuda tiene en el mundo desarrollado, provocando que el 20% de los niños que desarrollen cáncer muera a falta de tratamientos disponibles para combatir los tipos más complicados de la enfermedad, disparándose el porcentaje de mortalidad en países en vías de desarrollo en donde vive el 90% de los niños con cáncer y en donde se registra el mayor número de infantes por esta enfermedad (BBC, 2013).

En el mismo sentido, la Secretaría de Salud de Baja California Sur (BCS, Salud, 2013) se pronunció por la importancia de implementar medidas para el estudio del cáncer infantil, independientemente de la representatividad del padecimiento en la población nacional, enfatizando en la necesidad de involucrar a gobierno y sociedad en acciones de carácter preventivo que permitan el diagnóstico oportuno y la atención integral de los menores de 18 años que padezcan la enfermedad.

Siguiendo esta línea argumentativa referente a la protección del grupo vulnerable al que damos seguimiento, en septiembre de 2014 fue presentada como iniciativa preferente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de fortalecer los esfuerzos del Estado en cuanto a la atención debida a los mecanismos encargados de satisfacer el precepto de interés superior de la infancia, integrando contribuciones de la sociedad civil, organismos de la ONU, en particular UNICEF, y ambas cámaras del Poder Legislativo2. Bajo esta premisa, la ley cumple con los siguientes objetivos (SRE, 2014):

1. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos;

2. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos;

3. Crear y regular el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los sistemas estatales;

4. Fijar los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en la materia;

5. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de sus derechos.

En este ordenamiento, se establece de manera explícita, el derecho a la salud de la población objetivo de esta iniciativa:

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: […]

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; […]

Lamentablemente, la falta de recursos provoca que nuestro país no pueda atender puntualmente todas las enfermedades que afectan a los niños en México, en este sentido es indispensable colaborar para que los grupos más vulnerables puedan cubrir necesidades básicas, en este caso para garantizar el derecho de acceso a la atención de la salud, como es el caso de los niños que padecen cáncer y que no tienen un tratamiento adecuado que pueda salvarles la vida.

“Resulta entonces de suma importancia que consideremos el mejoramiento de la calidad de atención del cáncer infantil como una prioridad nacional, razones no faltan para justificar esta idea, por ejemplo:

• Los niños son nuestro insumo humano más valioso y por lo tanto merecen la oportunidad de vivir y desarrollarse plenamente.

• El acceso efectivo a la atención médica de calidad constituye un derecho humano y no un privilegio.

• La atención sanitaria oportuna y eficaz, el contar con medicamentos accesibles y de buena calidad, así como la cobertura universal para los menores que padecen cáncer redundarán en disminuir el número de muertes.

Si bien es cierto que nuestro país ha logrado grandes avances en cuanto al acceso efectivo, financiación y atención de los pacientes, aún quedan muchas cosas por hacer, empezando por garantizar la atención efectiva y de calidad a todos los niños y adolescentes que sufren esta enfermedad, con lo anterior se logrará modificar la expectativa de sobrevida global que los niños mexicanos tienen al ser diagnosticados con cáncer.

Los siguientes datos, suministrados por el estudio “Comportamiento Epidemiológico del Cáncer en menores de 18 años. México 2008-2014”(Salud-CENSIA), aportan una visión general sobre la situación de los niños con cáncer en nuestro país:

En México, como en otras partes del mundo, el cáncer es un problema serio de salud pública al ser la segunda causa de muerte en personas de entre 5 y 14 años de edad, con más de 5 mil nuevos casos diagnosticados anualmente, y una prevalencia de 23 mil pacientes.

El cáncer infantil cobra cada año la vida de 2,150 niños.

Las complicaciones de la vigilancia epidemiológica en nuestro país provocan variaciones en las estadísticas respecto al seguimiento de los casos de cáncer infantil y la vía por la cual se les atiende en el sistema nacional de salud, sin embargo, existen diversas estimaciones que nos dan una idea de la magnitud del problema, especialmente en aquellos casos que carecen de atención, ya sea por falta de infraestructura, por falta de personal capacitado, o bien, porque los costos asociados al tratamiento no les permiten mantener fidelidad al mismo. Según datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer I.A.P. (AMANC), se estima que 2 mil 500 de los nuevos casos que se presentan en México reciben atención en instituciones de seguridad social; 2 mil tienen cubierto el costo de su tratamiento por el Sistema Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular); y el resto no tiene acceso aún a la atención médica especializada.

Resulta preocupante que alrededor de 2 mil 500 niños al año no tengan acceso a una atención médica adecuada para luchar en contra de la enfermedad. Cabe también señalar que el costo promedio de un tratamiento oncológico es de nueve mil pesos a la semana, de acuerdo a AMANC, lo cual en muchos casos, dadas las condiciones de pobreza y marginación de sus familiares, se vuelve incosteable, incluso para aquellos que sí tienen acceso al apoyo de las instituciones públicas de salud.

Los niños y sus familiares viven esta experiencia con gran dolor, incertidumbre y miedo. El tratamiento suele ser un proceso muy costoso que conlleva momentos difíciles para todos, sin embargo, está demostrado que los avances en las técnicas de diagnóstico y en los tratamientos han aumentado la supervivencia. Si bien es imposible evitar la aparición del cáncer en los niños, sí es posible salvarles la vida si se garantiza un tratamiento adecuado.”3

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción VI al inciso a) del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 51.

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. a V. …

VI. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el veinte por ciento del financiamiento público que reciba a las instituciones públicas y privadas de salud encargadas de la atención y el tratamiento del cáncer en niños en el país.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2016.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas

REFERENCIAS
BBC. (Febrero de 2013). Sección Mundo. Recuperado el 2016, de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/02/130219_salud_cancer_infantil_gtg
BCS, Salud. (Octubre de 2013). Cáncer Infantil. Obtenido de http://www.saludbcs.gob.mx/cancer_infantil.html
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. (2015). Programa Anual de Trabajo. México: Cámara de Diputados.
IEDF. (2016). La Convención sobre los derechos del niño http://www.iedf.org.mx/sites/DDHH/convenciones/11.pdf. Ciudad de México.
INEGI. (2016). Estadísticas a porpósito del día del niño http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/niño2016_0.pdf.
OHCHR. (2016). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . Obtenido de http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
OMS. (Enero de 2016). Organización Mundial de la Salud. Recuperado el Octubre de 2016, de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/es/
Salud-CENSIA, S. d. (s.f.). Comportamiento Epidemiológico del Cáncer en menores de 18 años. México 2008-2014. Obtenido de http://censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cancer/20160601_Boletin-2014_SEDP12sep16_4.pdf
SCJN. (Abril de 2007). Tratados internacionales son parte de la ley suprema de la Unión. México. Recuperado el 2016, de https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj996f41PfPAhXj7oMKHXQwA44QFghCMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.upf.edu%2Fintegracionenamerica%2FPAISESMAPA%2Fmexico%2FJurisprudencia_constitucional_sobre_las_relaciones_
SRE. (12 de Diciembre de 2014). Secretaría de Relaciones Exteriores: Política de derechos humanos en México. Obtenido de http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/Boletines/boletin84.pdf

1 El concepto de vulnerabilidad integra parámetros específicos que impiden el acceso al desarrollo y condiciones de bienestar a grupos poblacionales determinados, debido a sus características, sociales, personales y culturales, como lo describe el concepto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, en los siguientes términos: El concepto de vulnerabilidad se aplica a la situación en la que quedan relegados algunos sectores o grupos de la población a través de procesos de exclusión, segregación, discriminación e invisibilización que les dificulta o les impide incorporarse al desarrollo y acceso a condiciones de bienestar.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo.(Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 2015)

2 Esta ley fue promulgada el 4 de diciembre del 2014.

3 Información retomada de punto de acuerdo presentada por el Dip. Jesús Sesma el 27-10-2016 Véase: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/10/asun_3435166_20161027_1477578694.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 34 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS

(Presentada por el Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Navegación y Comercio Marítimos, publicada el 1 de junio de 2006, fue expedida con el objeto de establecer un marco jurídico que permitiera explotar los recursos marítimos en beneficio de los mexicanos, al mismo tiempo que se fortalece la marina mercante nacional con la finalidad de reducir la dependencia de embarcaciones extranjeras y poder cubrir nuestras propias necesidades. Además de incentivar el desarrollo económico y social del país, sin olvidar que el desarrollo de la marina mercante y la industria naval es la base en la integración a futuro de la industria ligera y pesada de cualquier nación.

En dicha Ley se establecieron diversos ejes normativos para abordar la marina mercante nacional, como lo son el Registro Público Marítimo Nacional, la protección a la marina de cabotaje mexicano, los oficiales mercantes, la educación náutica mercante, el pilotaje y remolque en puerto, por mencionar algunos. Para los fines de la presente iniciativa, nos enfocaremos en el servicio público de pilotaje.

En este sentido, el servicio de pilotaje o practicaje encuentra su fundamento en el artículo 32 Constitucional y en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en cuyo artículo 2, fracción XIV, dispone que un servicio público que consiste en la actividad realizada por una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, para llevar a cabo maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, con la finalidad de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje.

Además, cabe mencionar que el pilotaje o practicaje es una actividad técnica de interés público que se presta de manera regular, continua y uniforme, con la finalidad de satisfacer una necesidad pública.

Para la prestación de dicho servicio público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará la asignación de pilotos de puerto, así como las reglas de pilotaje y de operación de cada puerto, considerando las necesidades del tráfico, de conformidad con las disposiciones normativas de la Ley de  Navegación y Comercio Marítimo.

La anterior Ley refiere que todas las embarcaciones mayores que arriben o zarpen de un puerto o zona de pilotaje, están obligadas a utilizar el servicio, además de aquellas que no estándolo lo soliciten.

En este sentido, existen embarcaciones que quedan exentas de la obligatoriedad del servicio de pilotaje. Así, con base en los criterios de seguridad, economía y eficiencia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está facultada para determinar cuáles son aquellas embarcaciones como lo dispone el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.

El problema que se presenta consiste en que en la citada Ley no se especifica cuáles serán aquellas embarcaciones que eximen la obligatoriedad del servicio de pilotaje o practicaje.

Es importante mencionar que en la Ley de Navegación, abrogada por la Ley vigente, si se hacía la especificación correspondiente. De esta forma, el artículo 48 de la Ley abrogada disponía que la autoridad marítima podrá exceptuar de la obligación de utilizar servicio de pilotaje, a las embarcaciones, bajo el mando de un mismo capitán, piloto o patrón que acredite su capacidad y se dediquen a:

I. La realización de trabajos de construcción de infraestructura portuaria y dragado, en el mismo puerto, durante el periodo en que ejecuten los trabajos; y

II. La navegación interior y de cabotaje, cuando se realice de manera regular en un mismo puerto, y no transporten petróleo o sus derivados o mercancías peligrosas.

Es importante mencionar que con la publicación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el texto del artículo anterior se integró al contenido del artículo 502de su Reglamento.

Por ello, considero razonable que la redacción del artículo 48 de la Ley de Navegación, se adicione al articulado de la Ley vigente para garantizar el criterio de seguridad en el que se basan las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la materia.

Asimismo, cabe destacar que, por su naturaleza jurídica, los Reglamentos están subordinados a una Ley, de lo cual depende su validez, por lo que no puede modificar, ampliar o restringir lo establecido en el articulado de la Ley.

En este orden de ideas, el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos no puede regular situaciones que no estén contenidas en la Ley, por ello, el objeto de la presente iniciativa consiste en que el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo especifique cuáles son las embarcaciones que están exentas del servicio de pilotaje o practicaje, con lo que se dará certeza jurídica.

De esta forma, de aprobarse la presente iniciativa, el texto que se adicionaría al artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos establecería que las embarcaciones que eximen el uso del servicio de pilotaje o practicaje son aquellas bajo el mando de un mismo capitán, piloto o patrón que acredite su capacidad, y se dediquen a la realización de trabajos de construcción de infraestructura portuaria y dragado, en el mismo puerto, durante el período en que ejecuten los trabajos; las embarcaciones nacionales hasta de quinientas toneladas de arqueo bruto; y las pertenecientes a la Secretaría de Marina-Armada de México.

En mérito de lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se reforma el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 55.- …

La Secretaría determinará, con base en criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos, zonas de pilotaje, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables en las cuales sea obligatoria la utilización del servicio de pilotaje, mismos que será prestado en la forma que prevenga el Reglamento correspondiente y las reglas de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaría estará facultada de acuerdo a dichos criterios, para exceptuar del servicio de pilotaje a:

1. Las embarcaciones bajo el mando de un mismo capitán, piloto o patrón que acredite su capacidad, y se dediquen a la realización de trabajos de construcción de infraestructura portuaria y dragado, en el mismo puerto, durante el período en que ejecuten los trabajos.

2. Las embarcaciones nacionales hasta de quinientas toneladas de arqueo bruto.

3. Las embarcaciones pertenecientes a la Secretaría de Marina-Armada de México.

Las embarcaciones exceptuadas, podrán solicitar el servicio de pilotaje cuando lo estimen pertinente, y les será prestado en el turno que corresponda.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a intensificar las medidas y acciones para preservar la original y loable finalidad del denominado “El Buen Fin”. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.







 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Senadores Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México a regular el acceso a la estación “Tláhuac” de la Línea 12, en las inmediaciones de la Av. San Rafael Atlixco. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senadores a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REGULAR EL ACCESO A LA ESTACIÓN  TLÁHUAC DE LA LÍNEA 12 EN LAS INMEDIACIONES DE LA AV. SAN RAFAEL ATLIXCO.

ANTECEDENTES

1. En enero de 2014 se inauguró el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de Tláhuac, para la operación de mil 800 unidades de transporte público. Siete meses después de que comenzó a operar el CETRAM, las autoridades capitalinas analizaron un proyecto para dotarlo de infraestructura. Para ello, el Gobierno de la Ciudad de México, buscó la implementación de un programa de coinversión pública y privada con el que buscará detonar la intermodalidad para los usuarios y la actividad económica.

2. La Secretaría de Transportes y Vialidad de la Ciudad de México y la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México S.A. de C.V., trabajaron en dicho proyecto que tiene por objetivo organizar las rutas de transporte que hacen base en ese punto del oriente de la ciudad y fomentar la conectividad con los municipios conurbados del Estado de México. La Secretaría detalló que este sitio de transferencia modal contará con áreas de servicios, comercios, así como zonas de esparcimiento y diversión en un  espacio seguro y ordenado.

3. En enero del 2014, vecinos de las colonias El Triángulo, Selene y San José de la delegación Tláhuac bloquearon el acceso al Cetram de dicha delegación,  como protesta por afectaciones que ocasionan a la vialidad, además de que se agudizó las diferencias entre las rutas que hace base en ese lugar debido a cambios en la ocupación de los derroteros y bahías de ascenso y descenso.

4. Asimismo, durante un operativo de la Secretaría de Movilidad en 2014, se remitió 28 unidades al corralón vehicular y se aplicaron 18 infracciones por falta de tarjetón, titulo concesión, portan publicidad sin permiso, realizan base en sitios no autorizados y/o no respetan la cromática como parte del dispositivo implementado para reordenar el Cetram de Tláhuac.

5. El Jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, reiteró que ha aumentado el índice de robo a transeúntes y a transportes públicos, y específicamente en el Cetram de dicha delegación, en las inmediaciones, diversas rutas de transporte generan caos vial al usar las calles como bases, como es el caso de la Avenida San Rafael Atlixco se genera caos vial debido a que ésta sólo cuenta con dos carriles, y ambos son ocupados por camiones y microbuses que se detienen para el ascenso y descenso de pasajeros.

6. De acuerdo con el “Consejo de Evaluación del Desarrollo del Distrito Federal”  la mayoría de los CETRAM no cumplen con las condiciones mínimas de operación, como el espacio para su funcionamiento por infraestructura sobresaturada así como tránsito conflictivo y excesivo en los paraderos. De igual manera menciona que solo  basta un ligero recorrido por los andenes de cualquier CETRAM para ver que no operan de manera adecuada por la mala distribución, ocasionando largas filas de pasajeros y consecuentemente que los vehículos gasten más combustible, provocando mayor contaminación y haciendo que los usuarios tarden más tiempo en llegar a su destino.

Otro gran problema señalado por este Consejo es la falta  de señalización de las rutas y destinos, ya que no se menciona claramente la información precisa de donde salen determinados camiones a un destino específico.

Asimismo, otra de las grandes problemáticas que enfrenta la terminal Tláhuac de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, es con relación a que las puertas que se encuentran sobre la Av. San Rafael Atlixco frente a las calles José Bernal y Antonio Bejar, que ocasiona conflicto vial en esta zona ya que los usuarios en lugar de hacer uso del CETRAM salen por estas puertas ocasionando desorden y el ingreso de rutas de transporte “piratas”.

Cabe mencionar que 9 proyectos ejecutivos y 7 obras, que están comprometidas  por el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a ejecutarse por las Obras de Mitigación de la Línea 12 del Metro a construirse en la Delegación Tláhuac. Pero dicha información aún no es clara en donde se va a ejecutar las obras y proyectos, el costo de cada una de ellas, la dependencia ejecutora.

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que conforme al artículo 7 de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México las políticas de movilidad que deberá implementar la Administración Pública de la Ciudad de México deberán atender siempre y en todo momento los principios de: seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, resiliencia, multimodalidad, sustentabilidad, participación y corresponsabilidad social, innovación tecnológica, y muy importante, calidad; tal y como se trascribe:

IV. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;

V. Que conforme al artículo 5 de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, la movilidad es un derecho de toda persona para desplazarse efectivamente atendiendo a los principios de la misma ley; tal y como se trascribe:

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.

VI. Que conforme al artículo 80 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México el servicio de trasporte deberá de prestarse en las mejores condiciones; tal y como se trascribe:

Artículo 80.- La prestación del servicio público de transporte debe realizarse de forma regular, continua, uniforme, permanente y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.

VII. Que conforme al artículo 187 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la Administración Pública es la encargada de implementar acciones para el mejoramiento de infraestructura y servicios de los Centros de Trasferencia Modal; tal y como se transcribe:

Artículo 187.- La infraestructura para la movilidad contará con áreas de transferencia destinadas a la conexión de los diversos modos de transporte que permitan un adecuado funcionamiento del tránsito peatonal y vehicular. La Administración Pública instrumentará las acciones necesarias para crear, conservar y optimizar estos espacios; para lo cual la Secretaría emitirá el Manual de diseño y operación de las Áreas de Transferencia para el Transporte en el Distrito Federal, así como los estudios y acciones necesarias para la reconversión de las áreas de transferencia existentes con objeto de mejorar su infraestructura y servicios.

VIII. Que conforme al artículo 188 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, las áreas de trasferencia del transporte  deben de estar en condiciones de accesibilidad para personas discapacitadas, servicios óptimos y espacios que sean de fácil transito con el menor sacrificio de tiempo; tal y como se trascribe:

Artículo 188.- Las áreas de transferencia para el transporte deberán garantizar:

I. Condiciones de diseño universal y accesible para personas con discapacidad;

II. Niveles de servicio óptimos para todos los modos en los accesos y salidas, así como las áreas circundantes para todos los modos de transporte;

III. Áreas de tránsito que faciliten a los vehículos de transporte público movimientos de ascenso y descenso de pasajeros, incluidos aquellos con discapacidad con diferentes ayudas técnicas, de forma segura y eficiente;

IV. Áreas que permitan la intermodalidad del transporte público con modos no motorizados;

V. Disponibilidad de información oportuna al usuario y señalización que oriente sus movimientos;

VI. Servicios básicos para que la conexión se efectúe con seguridad y comodidad; y

VII. Tiempos de transferencia mínimos.

IX. Que conforme al artículo 189 en su párrafo segundo de las Ley de Movilidad para la  Ciudad de México, la Administración Pública  es la responsable junto con otras dependencias a garantizar una eficiente señalización para fácil orientación de los usuarios; tal y como se trascribe:

Las dependencias, organismos y particulares responsables de la administración de las áreas de transferencia para el transporte están obligados a implementar y mantener la nomenclatura y sistemas de que garanticen la fácil identificación y orientación de los usuarios.

X. Que conforme a los artículos 191 y 192 de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, la Administración Pública es la encargada de administrar, otorgar permisos de construcción y explotación de los Centros de Trasferencia Modal, así como de implementar mecanismos para que los que prestan servicio de trasporte paguen los impuestos correspondientes; tal y como se transcribe:

Artículo 191.- La administración, explotación y supervisión de las terminales de transporte público y centros de transferencia modal corresponde a la Administración Pública la cual podrá otorgar la construcción y explotación de estos equipamientos a través de concesiones, permisos o esquemas de coinversión.

Artículo 192.- La Administración Pública determinará los mecanismos para que los prestadores del servicio público de transporte realicen el pago de derechos por la utilización de las áreas de transferencia para el transporte de acuerdo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Distrito Federal.

Es por todo lo anterior, que someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México a regular el acceso a la estación Tláhuac de la línea 12 en las inmediaciones de la Av. San Rafael Atlixco.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a regular el ascenso y descenso de usuarios del transporte público en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Tláhuac, con la finalidad de evitar que se exponga a los usuarios a posibles accidentes, así como a mejorar la vialidad en la Av. San Rafael Atlixco, en esa demarcación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un programa de emergencia productivo y de empleo en la subregión petrolera del sur sureste. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La crisis petrolera en Campeche, Veracruz y Tabasco se expresa no sólo en el despido masivo de trabajadores de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex), sino también en el cierre de empresas, remate de activos y bienes, reducción de salarios, aumento del desempleo regional, abandono de poblados, crecimiento de la delincuencia, de la inseguridad y el deterioro de la vida familiar por falta de ingresos y pobreza.

Sin embargo, hasta el momento no se ha aplicado alguna medida efectiva que permita contrarrestar la situación por la que están pasando más de 40 mil hogares, cuyos jefes de familia han sido despedidos por Pemex.   El efecto multiplicador es mucho mayor por la pérdida acelerada de dinámica del mercado local y regional, cuya solución requiere de acciones de emergencia en la creación de empleos alternativos. No será posible con la sola voluntad de los ciudadanos; el Gobierno Federal debe de adoptar una serie de medidas efectivas y no sólo declarativas.

Las causas de la crisis petrolera de la sub región petrolera del Sur Sureste, es una combinación de tres motivos negativos, dos de ellos impulsados por las políticas energéticas de gobiernos pasados y del actual y uno por razones de la crisis internacional de materias primas.

El primero, es la reducción progresiva de la plataforma petrolera, derivada a su vez de la insuficiencia de investigación y desarrollo y de tecnología para la exploración y explotación del energético.  Los gobiernos de los últimos tres sexenios prefirieron mantener la inercia de usar los petrodólares para financiar el presupuesto anual, antes que colocarlos en la expansión productiva de la paraestatal y de otras áreas de la economía real del país.  Con esta estrategia, los equipos y la maquinaria de Pemex se volvieron obsoletos; la capacitación técnico laboral del personal desapareció y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) no pudo hacer las innovaciones necesarias. 

Un segundo motivo que dio origen a la crisis petrolera, tiene que ver con la aplicación de la llamada Reforma Energética, que cambió la figura jurídica de Pemex para convertirla en una empresa que compitiera en el mercado petrolero en total desventaja con las transnacionales del sector. Así se puso a la empresa en la ruta de la reingeniería laboral, financiera y administrativa. La desventaja se extendió a todos los componentes de la productividad y la mercadotecnia, haciendo evidente la llegada del despido masivo de trabajadores. A la entrada del año 2014, la paraestatal tenía 154,774 trabajadores y la escalada de despidos para el 2016 redujo la planta laboral a 125,599. Se espera un descenso adicional de 10,000 puestos más para el año 2017. También se reporta periodísticamente que este año se inició con 131,822 y que el nivel donde Pemex podría operar con una administración eficiente está en el orden de 90 mil trabajadores. Entonces, todos los que ya se fueron más los que se irán -que suman unos 60,000- ¿dónde quedarán?

El tercer motivo de la crisis petrolera en el área, es la disminución radical de los precios internacionales, aparejada con la falta de alternativa energética funcionable; con la falta de una fuente alternativa de ingresos. De esa manera el gobierno federal tuvo menos ingresos y la propia empresa también. Se sumó a lo anterior el cierre de empresas extranjeras y nacionales que dejaron de operar total o parcialmente o se mudaron a otras partes de la misma región buscando abaratar costos y disminuyendo operaciones. 

Así que la recontratación de los trabajadores está muy lejos de realizarse. Por ejemplo, Campeche es el estado que genera la mayoría de la producción de hidrocarburos en el país, pero desde hace siete meses la industria hotelera se ha desplomado porque los contratos de ocupación firmados con anticipación con empresas como Halliburton y Schlumberger -grandes conglomerados internacionales- han sido cancelados y en la actualidad el promedio de ocupación en el área petrolera es de 9 por ciento. Un porcentaje imposible de sostener por siquiera tres meses.

Se podrían enumerar muchos ejemplos más de cómo el panorama es devastador y regionalizado ampliamente. En Poza Rica, el ayuntamiento gastaba en obras 26 centavos por cada peso; ahora gasta 3 centavos y las plantillas laborales de las empresas del área oscilaban entre 80 a 400 trabajadores; ahora se quedaron con 15 ó 20 empleados. Muchos de ellos están saliendo hacia la migración a EUA y los que se quedan son orillados a la delincuencia forzada para sobrevivir.

En Villahermosa, Tabasco, en el corredor Biji Yokot’an que se encuentra en la zona chontal, las ventas de negocios de comida han disminuido en 80 por ciento. Unas 50 comunidades tienen economías altamente dependientes del petróleo y los obreros que trabajaban en Pemex deambulan en los pueblos cercanos buscando recontratación o haciendo largas filas, procurando su pago por liquidación. Estos efectos se corroboran con los datos de Inegi sobre el desempleo en Tabasco, que con una tasa de 7.7 por ciento, se ubica en primer lugar nacionalmente.

En entrevistas personales que, en mi condición de Presidente de la Comisión Sur Sureste del Senado de la República, he tenido en las áreas petroleras en crisis, con ex trabajadores de Pemex, con agricultores, pescadores, pequeños comerciantes, líderes de organizaciones sociales y otros, me han manifestado que hay grandes oportunidades de negocios de captura de productos marinos, de agroindustria, de agricultura, de industria maderera, para implementar de inmediato. Que se necesita la intervención crediticia y voluntad política del Poder Ejecutivo. Así mismo me han manifestado que diversos funcionarios los han visitado, pero han hecho oídos sordos de sus comentarios y propuestas de urgencia para la zona. Sus solicitudes no han sido atendidas ni mucho menos han sido respondidas, ni por escrito ni verbalmente.

Al respecto, no se ve acción gubernamental eficaz para darle solución definitiva a la problemática que, gracias a los recortes, se va incrementando y subirá de gravedad porque por lo menos habrán 16 mil despidos más, de acuerdo a los ajustes y anuncios en comento.

Por las consideraciones expuestas, presento el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) a implementar un programa de emergencia productivo y de empleo en la subregion petrolera del sur sureste

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 4 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo en relación al Día Mundial de las Ciudades. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada 31 de octubre se celebra el Día Mundial de las Ciudades. Esta fecha fue designada por la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de concientizar a todas las naciones, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, que la urbanización ha sido un importante motor de desarrollo y reducción de la pobreza.

La urbanización ha impulsado nuevos modelos de desarrollo en beneficio de una vivienda digna, de mejor infraestructura y que se pueda contar con los servicios básicos, como salud, educación y trabajo. Se estima que actualmente cuatro mil millones de personas en el mundo viven en ciudades, es decir, el 54.5% de todos los habitantes del planeta, de acuerdo con información de la ONU.1

Dentro de las acciones internacionales relativas a la planeación del desarrollo urbano, la Asamblea General de la ONU convoca cada 20 años la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat).La Conferencia Hábitat III tuvo lugar este año, realizándose por primera vez en una ciudad latinoamericana: Quito, Ecuador, entre el 17 y 20 de octubre de 2016.

Esta Conferencia es el evento más importante de las Naciones Unidas en materia de desarrollo urbano y tiene por objeto discutir, tomar resoluciones y establecer compromisos hacia una agenda urbana sostenible a nivel global, la cual está estrechamente relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

En la Conferencia se discutió el importante reto de planificar y gestionar las ciudades, pueblos y aldeas del mundo, con el fin de cumplir con su papel como motores del desarrollo sostenible, en un planeta cada vez más urbanizado.2

Asimismo, se buscó asegurar el compromiso político de todas las naciones para conseguir el desarrollo urbano sostenible, permitiendo identificar los nuevos desafíos urbanos, por lo que se acordó establecer una Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI.

La “Nueva Agenda Urbana” es un documento orientado a las acciones, que establecerá estándares globales de logros para el desarrollo urbano sustentable. El contenido del documento gira en torno a tres “compromisos transformadores para el desarrollo urbano sostenible”:3

• Luchar contra la pobreza sin olvidar a nadie;

• Prosperidad urbana y oportunidades para todos;

• Ciudades y asentamientos humanos ecológicos y resilientes.

Cabe destacar que en diversos puntos de la Nueva Agenda Urbana se hace referencia a la importancia de los espacios verdes en las ciudades:

36. Los espacios públicos verdes tienen un impacto positivo en la salud y el bienestar, y proporcionan servicios de ecosistemas que van desde la mitigación y la adaptación del cambio climático para contribuir con el agua y la seguridad alimentaria.

56. También nos comprometemos con la creación de espacios verdes y públicos adecuados, conectados, accesibles y bien equipados, como conductores del desarrollo económico y social, generando un incremento de valor para ser captado para nuevas inversiones y compartido como ingresos públicos hacia una mejor igualdad.

71. La provisión de una red bien conectada de espacios públicos abiertos y verdes en las áreas urbanas centrales y periféricas, facilitando la vinculación con y el acceso al    entorno natural, puede mejorar la salud pública y contribuir a la calidad de vida y al bienestar de todas las personas, a través de mayor esparcimiento y actividades físicas, al mismo tiempo que se protege y se mejora el ecosistema urbano y los servicios que proporciona y mitiga los riesgos del cambio climático tales como la isla de calor urbana, entre otros.

En este sentido, los espacios verdes contribuyen a regular el clima urbano, absorben los contaminantes, amortiguan el ruido, permiten la captación de agua de lluvia para la recarga de los mantos acuíferos; pero, sobre todo, generan equilibrios ambientales en suelo, agua y aire, fundamentales para los entornos urbanos.

Además de ser lugares donde las personas pueden disfrutar del tiempo libre, la presencia suficiente de plazas, jardines y parques ayuda a construir una ciudad bien balanceada donde los espacios naturales mitigan los efectos de la edificación excesiva y de la contaminación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las ciudades deben disponer, como mínimo, de entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde por    habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población. Es aconsejable que esta relación alcance valores entre 15 y 20 metros cuadrados de zona verde útil.4

En nuestro país, la urbe más grande es la Ciudad de México, cuyas principales áreas verdes son los siguientes parques y bosques5:

Chapultepec, Aragón, Alameda Central, Alameda de Santa María, Felipe Xicoténcatl, Miguel Alemán, Revolución, San Lorenzo, Tlacoquemécatl, De los Venados, México, España, Hundido, Bosque de Tlalpan, Las Américas, Lira, María del Carmen Industrial, Parque Nacional del Tepeyac, Parque Nacional Cerro de la Estrella, Parque de los Cocodrilos y Parque Ramón López Velarde.

Asimismo, constituyen importantes áreas verdes los camellones de los grandes paseos o avenidas: Reforma, Bucareli, Horacio, Tlalpan, Tacuba, Mazatlán, Durango, Insurgentes, Oaxaca, Veracruz, Ámsterdam, Miguel Ángel de Quevedo, Los Misterios, Guadalupe y Paseo del Pedregal.

La extensión total de áreas verdes en la Ciudad de México, calculada en 2009, es de 112.89 km2. La población del entonces Distrito Federal, señalada en el Censo General de Población y Vivienda de 2010, era de 8, 851,080 habitantes. En consecuencia, la proporción de áreas verdes por habitante es de 12.75 m2, cifra que se encuentra dentro del rango mínimo recomendado por la OMS.6

Sin embargo, la distribución de áreas verdes es desigual entre las Delegaciones, de manera que 8 de las 16 demarcaciones tienen una proporción de áreas verdes por habitante menor a la recomendada por la OMS, como se observa en la siguiente tabla:

Delegación

Superficie de áreas verdes(m2/habitante), 2009

Miguel Hidalgo

35.2

Álvaro Obregón

19.2

Tlalpan

19.1

Coyoacán

18.0

Cuajimalpa

16.8

Magdalena Contreras

13.8

Xochimilco

13.1

Azcapotzalco

8.6

Benito Juárez

8.1

Cuauhtémoc

6.1

Venustiano Carranza

5.9

Gustavo A. Madero

5.0

Iztacalco

4.4

Tláhuac

3.2

Iztapalapa

3.1

Superficie de áreas verdes por habitante en las Delegaciones del Distrito Federal, 2009
Fuente: Martín M. Checa-Artasu, 2016

La segunda urbe más grande de México es Guadalajara. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio de Guadalajara tiene una población de 1, 495,182 habitantes y la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene 4, 434,878 habitantes.

De acuerdo con investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, en esta Zona Metropolitana hay en promedio 3 metros cuadrados por habitante, cifra mucho menor a la recomendada por la OMS.7

La tercera urbe más grande de México es Monterrey. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio de Monterrey tiene una población de 1, 415,512 habitantes y la Zona Metropolitana de Monterrey tiene 4, 406,054 habitantes.

Un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León indica que en el municipio de Monterrey existen 4.8 m2 por habitante y en la Zona Metropolitana de Monterrey se cuenta con 6.2 m2 por habitante. Ambas cifras se encuentran por debajo de la superficie recomendada por la OMS.8

Al igual que en la Ciudad de México y Guadalajara, las áreas verdes están mal distribuidas en Monterrey, donde se observan las siguientes cifras:

Zona

Superficie de áreas verdes (m2/habitante), 2009

Poniente

12.78

Sur y Huajuco

9.97

Centro

3.48

Norte

2.63

Superficie de áreas verdes por habitante en la Ciudad de Monterrey
Fuente: Universidad de Nuevo León, 2013

Las cifras anteriores demuestran que las tres mayores ciudades del país tienen carencia de espacios públicos verdes, pero más preocupante aún, es que las áreas verdes se encuentran distribuidas de manera desproporcional, con menor presencia en las zonas de mayor densidad poblacional.

En este sentido, consideramos que se deben redoblar los esfuerzos para impulsar que en las ciudades mexicanas exista una superficie adecuada de áreas verdes, siguiendo las recomendaciones de la OMS, de disponer como mínimo, de entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. En el contexto del Día Mundial de las Ciudades, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y a los gobiernos de las 32 Entidades Federativas a impulsar acciones para implementar la Nueva Agenda Urbana y promover la adecuada distribución de áreas verdes en zonas urbanas.

Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión,
el 4 de noviembre de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1Centro de Información de las Naciones Unidas, [en línea], Dirección URL: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36055#.WA4zenmheM9

2 http://www.ciudadesporelempleo.es/newsletters/2016/julio

3 HÁBITAT III. Borrador Cero de la Nueva Agenda Urbana. 06 de mayo del año 2016. http://www.righttothecityplatform.org.br/zero-draft-of-the-new-agenda-urbana/?lang=es

4 CAT-MED Platform for sustainable urban models, [en línea], Dirección URL:
http://www.catmed.eu/dic/es/50/zonas-verdes-y-areas-de-esparcimiento

5 Transparencia DF. ¿Sabes cuáles son las principales áreas verdes de la Ciudad de México?, [en línea], Dirección URL:http://www.transparenciamedioambiente.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Aisabes-cuales-son-las-principales-areas-verdes-de-la-ciudad-de-mexico&catid=53%3Ahabitabilidad&Itemid=432

6 Martín M. Checa-Artasu. Las áreas verdes en la Ciudad de México. Las diversas escalas de una geografía urbana. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Vol. XXI, núm. 1.159 15 de mayo de 2016 http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1159.pdf

7 Universidad de Guadalajara. Déficit de áreas verdes en la Zona Metropolitana de Guadalajara http://www.udg.mx/es/noticia/deficit-de-areas-verdes-en-la-zona-metropolitana-de-guadalajara

8 Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ciencias Forestales. 2013. Áreas Verdes del Municipio de Monterreyhttp://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/areaverdesmty.pdf





 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña de difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la televisión abierta y la televisión de paga. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

El suscrito, Senador RAÚL AARÓN POZOS LANZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 31 de diciembre de 2015, se dio un hecho histórico en México, concluyó la transición a la Televisión Digital Terrestre, dando cumplimiento a la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones. Este proceso se logró en tan sólo 18 meses, tiempo record en referencia a otros procesos de transición a nivel mundial, y se entregaron más de 10 millones de televisores digitales a igual número de hogares de escasos recursos, esto implica que 1 de cada 3 hogares del país se beneficiaron con los televisores entregados.

Gracias a la Televisión Digital Terrestre, hoy se cuenta con mayor oferta de canales, algunos en HD y mayor programación de contenidos, mejor calidad de imagen, mejor sonido y servicios como guías de programación, opciones de audio y subtítulos.

La Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones contempla la posibilidad de que los usuarios de televisión de paga, puedan recibir dentro de su programación, las señales de televisión abierta que se transmitan en la misma zona de cobertura sin ningún costo (MustOffer y MustCarry).

Así mismo, derivado de la TDT se liberó la banda de los 700 MHz, que permitirá la creación de la Red Compartida ofreciendo cobertura a más del doble de mexicanos atendidos, es decir, que 40 millones de usuarios adicionales podrán beneficiarse de la comunicación móvil, cubriendo al menos el 85% de la población, brindando un servicio de Internet más rápido, de mejor calidad y a menores precios.

Otros de los grandes beneficios de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, fue la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta con cobertura nacional, por lo que dando cumplimiento a los requisitos económicos y de cobertura requerida en la licitación, la empresa Cadena Tres de Grupo Imagen Multimedia fue la ganadora para operar una cadena de televisión digital con cobertura nacional. Cabe recordar que desde 1993, no se habían otorgado concesiones para nuevas cadenas que tuvieran cobertura nacional.

El pasado lunes 17 de octubre se transmitió por primera vez el canal Imagen Televisión, esta nueva cadena que tendrá una oferta de cobertura para más de 106 millones de habitantes, a través de 123 estaciones que transmitirán en el canal 3.

Es evidente que desde la publicación de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha habido beneficios para las y los mexicanos. Sin embargo, en ocasiones los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión no estamos informados de las mejoras que se han dado.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales en Radio, Televisión e Internet 2015, presentada por el IFT el 98% de los hogares posee al menos un aparato televisor, con un promedio de dos en cada hogar, que los canales de televisión abierta son vistos por el 81% de la población y que los géneros preferidos de la población son los noticiarios, telenovelas y películas.

También se destaca que, el 44% de la población cuenta con un servicio de televisión de paga. Sin embargo, incluso en este sector de la población los canales más vistos son los de televisión abierta. Esto quiere decir que hay familias mexicanas que pagan un promedio de 300 pesos mensuales por servicios que pudieran obtener de forma gratuita.

Eso nos hace pensar que la ciudadanía no tiene conocimiento de los beneficios que hoy se tienen como los nuevos canales de televisión abierta, la mayor calidad de imagen, de sonido, las guías de programación y mayores y mejores contenidos a través de la multiprogramación.

Es necesario que se informe a la población de los beneficios y diferencias que tiene la televisión abierta y la televisión de paga, para que toda la población, pueda tomar decisiones informadas y que abonen a sus gustos y necesidades
.
Por lo anteriormente fundado, el suscrito a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita a esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña de difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la Televisión Abierta o Radiodifundida y la Televisión de paga o restringida.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir la información correspondiente a un derrame de diésel en la carretera Ures-Mazocahui, en el municipio de Ures, Sonora. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita la información correspondiente a un derrame de diésel en la carretera Ures-Mazocahui, en el municipio de Ures, Sonora, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sábado 22 de octubre del presente año, aproximadamente a las 10 hrs., un pesado tracto-camión perteneciente a la empresa Águila Transportaciones S.A. de C.V, perdió el control y se volcó en una curva a la altura del kilometro 77 de la carretera Ures-Mazocahui, cerca del puente La Muñeca, en el municipio de Ures, Sonora.

La pesada unidad transportaba cerca de 42 mil litros de diésel. El percance no dejó personas heridas, pero si un derrame de diésel que transportaba el tracto-camión, la cantidad aún no ha sido determinada hasta el momento.

El combustible que se derramó cayó al arrollo La Muñeca, mismo que fue contenido antes de llegar al Río Sonora. Para combatir el incidente Protección Civil, el cuerpo de Bomberos y la Policía Federal Trabajaron en el trasvase del combustible derramado, y de esa manera poder determinar la cantidad vertida.1

Debido al incidente los habitantes de la zona han manifestado su preocupación y temor a que la situación empeore, ya que aún no se puede resolver por completo los percances en el Río Sonora y siguen presentándose accidentes de la misma naturaleza. Si bien es cierto el combustible no llegó al caudal del Río Sonora la preocupación por los residuos tóxicos es latente.

Ante la situación, personal de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) atendió el derrame también y evaluarán el impacto ambiental que se pudo haber generado por el incidente y levantarán el acta correspondiente.2

Como he mencionado con anterioridad, hay que tener especial interés por este tipo de sucesos, ya que se debe verificar el motivo por el que se causó el accidente, si se determina que intervinieron causales u omisiones humanas habrá que fincar las responsabilidades que sean necesarias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita a esta Soberanía a la brevedad posible información sobre el resultado de sus investigaciones respecto del posible daño ocasionado por el derrame de diésel en la carretera Ures-Mazocahui, en el municipio de Ures, Sonora, el pasado 22 de octubre del presente año.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que en el ámbito de sus facultades establezca las sanciones correspondientes, en caso de haberlas, respecto al derrame de diésel en la carretera Ures-Mazocahui, en el municipio de Ures, Sonora, el pasado 22 de octubre del presente año.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 4 de noviembre del 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Periódico La Jornada, consultado el 31 de octubre de 2016 en:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/22/profepa-evalua-danos-por-derrame-de-diesel-cerca-de-rio-sonora

2 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, comunicado de prensa, consultado el 31 de octubre de 2016 en:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8972/1/mx/atiende_profepa_derrame_de_diesel_en_ures_sonora.html





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Chiapas, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Educación para Adultos a impulsar el destino del gasto público, a gasto de capital y no a gasto corriente para mejorar las condiciones de educación en dicho estado, proporcionando mayor infraestructura con el fin de incrementar el patrimonio público en materia educativa. Se turna a la Comisión de Educación.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DE CHIAPAS, A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS A IMPULSAR EL DESTINO DEL GASTO PÚBLICO, A GASTO DE CAPITAL Y NO A GASTO CORRIENTE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE EDUCACIÓN EN CHIAPAS PROPORCIONANDO MAYOR INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE INCREMENTAR EL PATRIMONIO PÚBLICO EN MATERIA EDUCATIVA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el reciente informe del Presupuesto de Egresos de la Federación, se observa que el gasto destinado a la educación brindada en el estado de Chiapas, mantiene el mismo destino presupuestal que en el año 2016; lo cual marca una tendencia al gasto corriente descuidando el gasto de capital.

En este tenor, es importante señalar que el gasto corriente se refiere a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público durante el ejercicio fiscal sin incrementar el patrimonio federal. Es en este último punto, donde se considera necesaria el incremento en el gasto de capital, puesto que hace referencia a las erogaciones que incrementan el patrimonio público, lo cual promovería la creación de escuelas en el estado.

Hasta el momento, el presupuesto plantea un ejercicio del gasto hacia las mismas erogaciones para que las instituciones del gobierno proporcionen servicios públicos incluyendo la educación. Sin embargo, datos estadísticos denotan un aumento en el analfabetismo del 2015 al 2016; donde se observó que un alto índice de analfabetismo de 14.8% en comparación con el total nacional 5.5%.

En comparación con un incremento del mismo en el 2016 que reportó un 17.8 por ciento de analfabetismo en el estado, de una población de 4.7 millones de habitantes; 10 de los 28 municipios presentan la mayor incidencia de personas que no saben leer ni escribir. Lo anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por ende en vista de que en materia presupuestal se destina a los mismos rubros para el 2017 que en el 2016, se propone que el gasto se canalice de manera eficiente y correcta para mostrar resultados eficientes en materia educativa.

Uno de los objetivos de promover este punto es el cumplir con el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el mismo compromiso que se hizo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dicho objetivo consiste en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Se puede observar que a pesar de la brecha poblacional, la redistribución del gasto en educación es inequitativa puesto que existe una diferencia de $16,994,304,856.00 entre lo que se destina a Educación Básica y lo que se destina a Educación para Adultos para el 2017; esto se menciona con el fin de impulsar condiciones para que a futuro la población alcance niveles de educación media superior y se aumente el nivel educativo en Chiapas.

Lo anterior hace referencia al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) que se crea en el 2011 constituido por los recursos económicos para la prestación de los servicios educativos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con él los Estados recibirán los recursos económicos complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de adultos, así como la administración de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación del servicio.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Gobierno de Chiapas, a aprovechar eficiente y equitativamente el presupuesto de educación en la Entidad Federativa, para destinarlo a gasto de capital de manera que se conserve la calidad de servicios brindados actualmente.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje, con el fin de cumplir con el Objetivo 4, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

TERCERO. Se exhorta al Instituto Nacional de Educación para Adultos, a contribuir a la creación de infraestructura que aumente el patrimonio público de la Entidad Federativa y favorezca el aumento del nivel educativo en Chiapas.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que realice un estudio comparativo entre las diversas tecnologías para la elaboración de bolsas de plástico e inicie el procedimiento para la emisión de las normas oficiales mexicanas sobre los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe NINFA SALINAS SADA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción 11 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice estudio comparativo entra las diversas tecnologías para la elaboración de bolsas de plástico, así como inicie el procedimiento para la emisión de las Normas Oficiales Mexicanas sobre los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El próximo 4 de noviembre entrará en vigor el Acuerdo de París, después de que 72 países, responsables de más del 56% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, entre ellos México, concluyeron el proceso de ratificación.

A nivel global, México contribuye con el 1.4% de dichas emisiones, ocupando el lugar 12 a nivel mundial. Sin embargo, nuestro país se ha comprometido a que las emisiones en el año 2050 sean la mitad que las del año 2000, lo que se traducen en un máximo de 320 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono, a cuya mitigación deben contribuir todos los sectores económicos.

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, las contribuciones de cada sector representan los siguientes porcentajes: transporte en general, 26.2%; generación eléctrica, 19%; industria, 17.3%; petróleo y gas, 12.1%; agricultura, 12%; uso de suelo, 4.9%; residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de aguas residuales municipales y estatales, 4.6%, y residencial, 3.9 por ciento.

Si bien la generación de residuos sólidos no es un tema explícito en el Acuerdo de París, es importante atenderlo para alcanzar las metas planteadas, sobre todo considerando que son responsables, en números redondos, del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que se derivan fundamentalmente de su inadecuada gestión y disposición.

De acuerdo a la SEMARNAT, México genera al año poco más de 39 millones de toneladas de residuos sólidos, el 60% son dispuestos en 203 rellenos sanitarios, el resto, va a tiraderos a cielo abierto, a las calles, barrancas o sitios sin control. Del total, solo recicla cerca del 14%.1

La inadecuada gestión y escaso tratamiento de los residuos que diariamente se generan, ocasionan contaminación en el suelo, agua,y aire, afectando la biodiversidad.

Al respecto, el Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, Cuauhtémoc Ochoa, en el marco de la presentación de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, señaló que el costo por el mal tratamiento de los residuos asciende a 66 mil millones de pesos, incrementándose en 2 mil 500 millones de pesos adicionales cada año.2

Sin duda existe una corresponsabilidad de sociedad y gobierno para resolver el problema, pero el sector industrial es un actor fundamental, considerando, además, que su contribución en la generación de GEI es de cerca del 20%.Ante esta situación, la conservación, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas, requiere de concientización, de procesos de producción sustentables y de cambio en los patrones de consumo de la población. Y sin duda, en estas circunstancias, uno de los retos mayores lo representan los plásticos. La afectación principal la constituyen las botellas y bolsas cuya comercialización es “de usar y Tirar”. En tierra, aire y mar, no hay animales que no sufran afectaciones por los desechos plásticos.

En el Senado, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, son más de 40 las iniciativas que se han presentado tratar de dar solución a la problemática ambiental que generan los polímeros. No todas han prosperado pero sin duda hay contribuido en la concientización del problema.

Por su parte, la industria también ha realizado esfuerzos en lograr productos más sustentables.

El plástico es uno de los productos que mayores innovaciones tiene. Actualmente las tecnologías para su producción son muy diversas y van desde la utilización de recursos renovables como materia prima, hasta la incorporación de aditivos para acelerar su degradación.

Esto ha dado como resultado que además de los plásticos convencionales, existan bioplásticos, plásticos fotodegradables, oxodegradables, hidrosolubles, biodegradables, entre otros.

Al respecto, existe la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP- 2011, que establece los símbolos de identificación que deben tener los productos fabricados de plástico, en cuanto a los tipos de material a fin de facilitar su selección, separación, acopio, recolección, reciclado y reaprovechamiento. Aunque las características de los plásticos aquí enunciados son distintas, cada uno se autodefine como amigable con el medio ambiente, situación que ocurre debido a que se carecen de normas que establezca especificaciones, parámetros o estándares para definir el daño ambiental que causan, no solo en su disposición final, sino en cada etapa de su ciclo de vida.

En el 2009, el Instituto Nacional de Ecología realizó un estudio comparativo entre las bolsas de plástico degradables y las convencionales, utilizando la herramienta de análisis del ciclo de vida.3

Las conclusiones a las que se llegó en este estudio, entre otras fueron que:

- “Al comparar las bolsas de PEAD con y sin aditivo y PEBD con y sin el aditivo, se observa que en los impactos para Cambio Climático, Acidificación y Eco toxicidad no varían en un rango mayor al 10%.

Por lo tanto, el prohibir un tipo de bolsa de plástico para favorecer las del tipo degradables, desde una perspectiva ambiental, no tiene un fundamento técnico sólido únicamente para las condiciones arriba señaladas, y por ende, se corre el riesgo de incrementar el consumo de las bolsas que requieren ser manejadas adecuadamente una vez que son dispuestas, como lo son las bolsas tanto PEAD y PEBD en sus versiones oxodegradable. 

Por otro lado, el problema de fondo de las bolsas de plástico no radica, en si tienen o no una ventaja ambiental, sino en el consumo, generación y disposición de grandes volúmenes de bolsas de plástico, que requieren ser manejadas adecuadamente. Demostrando ello, un problema de un uso ineficiente de recursos.”

Finalmente, el estudio recomienda la realización de estudios complementarios que consideren el reuso, el tratamiento biológico (composta), disposición en sitios controlados y sin control, incineración, y disposición en el ambiente y en los sistemas de drenaje y alcantarillado. Han pasado siete años de dicho estudio y, como ya se mencionó, las innovaciones y los avances tecnológicos ofrecen productos más sustentables. Sin duda, en estos momentos, es importante conocer el impacto ambiental que tienen estos nuevos productos en cada una de las etapas del ciclo de vida.

Por eso, proponemos que la SEMARNAT realice un nuevo estudio del ciclo de vida de cada producto considerando las diversas tecnologías. Es un estudio que es necesario para sacar conclusiones que nos permitan establecer normas con parámetros específicos para determinar las cualidades que resultan en un menor daño ambiental.

Por tal motivo me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que utilizando la herramienta de Análisis de Ciclo de Vida, realice un estudio comparativo de las bolsas de plástico, considerando las diversas tecnologías con que son elaboradas en la actualidad, a fin de identificar el impacto que cada producto en cada proceso de elaboración tiene sobre el medio ambiente.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que una vez concluido el estudio señalado en el punto anterior, lo considere para que, con base a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, inicien el proceso para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas, que establezcan entre otros, los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con que se elaboran las bolsas de plástico.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Ninfa Salinas Sada.

1 http://www.gob.mx/residuos-solidos/articulos/reciclar. La Basura en su lugar. 15 de noviembre de 2015

2 Noticiasmvs.com. “Afectación al medio ambiente representa 4.4% del PIB: Semarnat.” Citlali Sáenz, 17 de octubre, 2016

3 Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante la herramienta de Análisis de Ciclo de Vida. Informe Final. SEMARNAT- INE, junio de 2009. México





 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar el apoyo necesario a fin de mitigar la situación financiera de los municipios veracruzanos, agravada por la retención injustificada de los fondos federales a éstos dirigidos, por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El suscrito, HÉCTOR YUNES LANDA, Senador de la República en la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestra Constitución Política, en su artículo 40, establece el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros. Un Estado federal se caracteriza por la competencia constituyente que en él tienen los estados miembros.

Asimismo, en su artículo 115, señala que las entidades federativas “adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre…”. De acuerdo con la fracción III del mismo artículo, los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b. Alumbrado público;

c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d. Mercados y centrales de abasto;

e. Panteones;

f. Rastro;

g. Calles, parques, jardines y su equipamiento;

h. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

Adicionalmente y conforme a la fracción V del mencionado artículo constitucional, los municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, entre otras funciones.

Como lo podemos observar, los municipios juegan un papel central, como el orden de gobierno de mayor proximidad a la ciudadanía, como el encargado de la dotación de los servicios públicos básicos, que son sin duda, elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población.

Por tal motivo, el Ejecutivo Federal siempre ha mostrado su compromiso con todos los municipios del país, a través de acciones desde el ámbito económico, social y político, que buscan mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes, es por ello, que el logro de este propósito exige la coordinación de los tres órdenes de gobierno en torno a un Estado eficaz, que garantice a la población el disfrute de los beneficios financieros que son dirigidos año tras año a los ayuntamientos mediante el Gasto Federalizado, aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada Ejercicio Fiscal.

El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida los recursos de Gasto Federalizado iden
tificado en las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23.

Cabe señalar, que la distribución a las Entidades Federativas y Municipios en los casos de los Ramos 28 y 33, se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V, respectivamente, de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

Es decir, las Participaciones Federales están integradas por fondos que, al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las transferencias federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados y sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En este sentido, el Ramo 28 “Participaciones Federales”, tienen como marco legal la Ley de Coordinación Fiscal, donde se establecen las fórmulas y procedimientos antes mencionados, para distribuir entre las entidades federativas los recursos de los fondos constitutivos.

En el caso específico del estado de Veracruz, la asignación de los recursos de este Ramo se presentaron de la siguiente manera para el ejercicio fiscal 2015 y 2016:

Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Veracruz, 2015-2016
(Millones y Variación Porcentual)

Concepto

PEF 2015

PEF 2016

Variación

Fondo General de Participaciones (FGP).

28,550.3

29,902.2

1.6

Fondo de Fomento Municipal (FFM).

1,088.5

1,136.6

1.3

Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

424.0

491.4

12.4

Fondo de Fiscalización y Recaudación.

1,290.1

1,344.6

1.1

Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI).

575.3

322.9

-45.6

Fondo de Compensación (FOCOM).

N.A.

N.A.

N.A.

Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS).

1,155.4

1,168.1

-1.9

Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior.

157.9

151.9

-6.6

Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos.

64.2

41.5

-37.3

Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

325.9

350.6

4.4

ISR por salarios de las entidades federativas.

1,635.2

1,191.0

-29.3

Otros Incentivos Económicos

413.5

676.7

58.7

En el caso del Ramo 33 “Aportaciones Federales”, de igual forma posee como marco legal la Ley de Coordinación Fiscal, para la designación los recursos de los fondos constitutivos, que se describen a continuación:

1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE): Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación.

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos:

a. organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad;

b. coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;

c. llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y

d. elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales.

3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Estos recursos se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

4. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos:

a. cumplimiento de sus obligaciones financieras;  

b. pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y  

c. atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.

5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos:

a. otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema;  

b. apoyos a la población en desamparo; y  

c. construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.

7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Estos recursos deben destinarse a los siguientes propósitos:

a. reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública;  
b. percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes;  

c. equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes;  

d. red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia;  

e. construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y  

f. seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.

8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente:

a. inversión en infraestructura física;  

b. saneamiento financiero;  

c. saneamiento del sistema de pensiones;  

d. modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros;  

e. modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación;

f. fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico;

g. sistemas de protección civil locales;

h. apoyar la educación pública; y

i. apoyar proyectos de infraestructura concesionada.

En el caso específico de Veracruz, la asignación de los recursos del Ramo 33 se presentaron de la siguiente manera, durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016:

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Veracruz, 2015-2016
(Millones y Variación Porcentual)

Concepto

PEF 2015

PEF 2016

Variación

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

24,467.8

25,452.4

0.9

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

4,937.1

5,389.8

5.9

Infraestructura Social (FAIS)

6,012.8

6,378.9

2.9

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF)

3,914.0

4,092.1

1.4

Aportaciones Múltiples (FAM)

1,237.4

1,279.3

0.3

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

355.7

374.6

2.2

Seguridad Pública (FASP)

387.0

298.8

-25.1

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

2,109.8

2,257.3

3.8

Fuente. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016.

Sin embargo, a pesar del incremento observado en las transferencias realizadas por la Federación a la Entidad Federativa veracruzana, éste no se ha traducido en menor desigualdad y pobreza, toda vez que Veracruz aún posee 4.6 millones de habitantes que viven en esta situación; presentándose con base en la CONEVAL, un aumento de 492.5 miles de personas en situación de pobreza entre 2012 y 2014.

Como es conocido, un número importante de ayuntamientos del país, enfrentan condiciones financieras adversas, repercutiendo directamente en los ciudadanos y las economías locales.

En el caso de los ayuntamientos veracruzanos, los problemas financieros de estos se agravan por la retenciones injustificadas de sus fondos federales por parte del gobierno estatal, generando entre otras consecuencias, la falta de pago a empleados municipales, proveedores, y dando lugar a una muy limitada obra pública. La entrega tardía, o peor aún, la no entrega, de los fondos federales muchas veces les impide a éstos aprovechar los recursos federales destinados a obra pública municipal dada la imposibilidad de los ayuntamientos de aportar el porcentaje que les corresponde.

Esta retención injustificada de los fondos federales ha venido siendo denunciada de manera recurrente por los presidentes municipales durante la administración estatal del gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, sin importar el partido político del cual emanaron, lo que ha originado incluso diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y los más severos cuestionamientos de su Titular.

Al respecto, es una prioridad conocer la situación real del déficit financiero en cada uno de los 212 municipios veracruzanos y del propio gobierno estatal, para entender la dimensión del problema y estar en condiciones de establecer una ruta que mitigue el problema de flujos en el estado de Veracruz.

Es por todos conocidos, que la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz, cuenta con las herramientas de medición pertinentes para conocer el monto y origen que deben ministrar, mes con mes, a cada uno de los municipios y organismos que lo conforman.

En ese mismo sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conoce el monto de recursos ministrados a los gobiernos estatales y municipales por cada uno de los meses del ejercicio de que se trate.

Así las cosas, es imprescindible conocer en una tabla en forma de calendario, la fuente y monto de los ingresos programados para cada uno de los 212 municipios y los organismos que lo conforman, comparado con los recursos que les fueron depositados, para establecer el comportamiento de los retrasos aludidos o no entregas de parte del gobierno estatal.

Con lo anterior, se pretende establecer la base técnica del déficit por cada uno de los 212 municipios y atender cada problema en lo particular, separando el ámbito político de la ruta de mitigación financiera que se trace en cada caso, privilegiándose una posición responsable de quienes legítimamente acuden a las instancias federales para solicitar el apoyo financiero para cada uno de los municipios del estado de Veracruz.

Cabe mencionar, que el “duediligence” es un tipo de auditoría específico que permite “desnudar” las condiciones reales de los entes a los que se les practican este tipo de procedimientos, que para el caso que nos ocupa y en aras de la transparencia, permitiría eliminar riesgos de posibles operaciones simuladas o creación de pasivos por bienes o servicios no recibidos, o no devengados, que “inflen” el déficit de cada municipio; por lo que bien valdría valorar su inmediata aplicación.

Al respecto, considero, que entre las alternativas que legalmente se tienen para mitigar el problema financiero que enfrentan los municipios aludidos, si bien son limitadas, al menos se dan en dos vías:

1. Anticipo de participaciones federales, este mecanismo ya se ha empleado antes en estados como San Luis Potosí, resulta un mecanismo transparente y eficaz para la mitigación inmediata de insolvencia, sin embargo su efecto posterior puede implicar nuevos problemas al ver reducidas sus ministraciones futuras.

2. El ramo 23 “Provisiones salariales y económicas” que tiene como objetivo otorgar recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos para:

a. Infraestructura pública.

b. Accesibilidad para personas con discapacidad.

c. Apoyo a migrantes y sus comunidades.

d. Incremento del capital físico.

e. Capacidad productiva de las entidades federativas con menor índice de desarrollo humano.

f. Desarrollo de zonas metropolitanas y fronterizas.

g. Impulso a espacios culturales y deportivos.

En este caso, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo acuerdo, puede emitir una convocatoria y reglas de operación de un programa de apoyo que encuadre en alguno de los fondos previamente citados. Los municipios individual y directamente tendrían que cumplir los requisitos que se establezcan en la convocatoria (que puede incluir el resultado del duediligence) para optar por la utilización del fondo; sobre todo ante la falta de transparencia en la utilización de este fondo al que ya le han sido asignados recursos por más de mil quinientos millones de pesos.

A pesar de la situación financiera por la que atraviesan los ayuntamientos, hay organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad, que señalan que las autoridades locales aún cuentan con oportunidades para fortalecer sus haciendas, caracterizadas en su mayoría, por una caída en los ingresos municipales y un creciente endeudamiento.

Una de las prioridades del gobierno federal es lograr de México un país próspero, de oportunidades y de bienestar, bajo el estricto respeto y consideración de las características que presenta cada entidad federativa y cada municipio del país.

Es por ello, que desde el Senado de la República solicitamos respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su apoyo e inmediata intervención a fin de que se atienda y se encuentre una solución ante la falta de recursos financieros del gobierno estatal y de los municipios veracruzanos, necesarios para cumplir con sus obligaciones en beneficio de la población.

En tal virtud, este punto de acuerdo, tiene como prioridad brindar a los municipios las posibilidades financieras para atender las principales demandas socio-económicas de sus habitantes.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a coadyuvar en la elaboración de un programa especial de apoyo económico y desarrollo a los Ayuntamiento del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que lo soliciten, a fin de mitigar su déficit financiero agravado por la retención injustificada de los fondos federales por parte de la secretaría de Finanzas y Planeación el gobierno del estado.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que otorgue las facilidades necesarias, a los ayuntamientos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que  soliciten la entrega de los fondos federales directamente, con fundamento en el artículo 6, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal; para cumplir con sus compromisos financieros y funciones constitucionales.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que otorgue por concepto de anticipo los recursos de los fondos federales determinados para el ejercicio fiscal 2017, a los ayuntamientos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que lo soliciten, de acuerdo al párrafo segundo, del artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal, para cumplir con sus compromisos financieros y funciones constitucionales.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que otorgue recursos adicionales al gobierno del estado de Veracruz a través del Fondo Ramo 23 “Provisiones salariales y económicas”, para el incremento del capital físico, mismo que coadyuvará a fortalecer las finanzas del estado.

QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que por conducto del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, apoye en el diseño e implementación de políticas públicas, programas y servicios que fortalezcan el desarrollo equilibrado de los municipios en beneficio de la ciudadanía.

SEXTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz, a través de su Secretaría de Finanzas y Planeación, para que dé a conocer la fuente y monto de los ingresos programados para cada uno de los 212 municipios y organismos que lo conforman, comparándolo con los recursos que han sido depositados por el gobierno federal y entregados a los municipios.

SÉPTIMO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz, a través de la Contraloría General del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, que de acuerdo a sus atribuciones realicen la fiscalización de los fondos relacionados con los ramos 28 y 33, enviados para los 212 municipios veracruzanos.

OCTAVO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el marco de sus atribuciones en materia de revisión y fiscalización de recursos públicos federales, establecidas en el artículo 1, fracción II y párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; para que lleve a cabo las auditorías necesarias a fin deslindar responsabilidades, evitar presuntas irregularidades y ejecutar correctamente los recursos federales destinados al estado de Veracruz.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Héctor Yunes Landa.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para que los ganaderos del estado de Coahuila eleven su estatus zoosanitario. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Ganadería a que través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de acuerdo a sus facultades, brinde el apoyo necesario para que los ganaderos del estado de Coahuila eleven su estatus zoosanitario al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAGARPA) a través del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad (SENASICA) se encarga de proteger los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica. Además, regula y promueve la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de estos, para facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal1. Uno de los indicadores que estás dependencias utilizan para clasificar a los estados productores es el estatus zoosanitario en relación la tuberculosis bovina.

El estatus zoosanitario es definido por la Ley Federal de Sanidad Animal cómo: “la condición que guarda un país o una zona o área geográfica respecto de una enfermedad o plaga de los animales“2. Elevar el estatus zoosanitario de un estado o región significa darles una mayor competitividad a los productores para comercializar su ganado y los subproductos que de él obtienen. Actualmente, el único estado del país que cuenta con un estatus zoosanitario “Acreditado modificado avanzado” que le permite movilizar bovinos castrados a los Estados Unidos sin necesidad de pruebas de tuberculina es el estado de Sonora3. Esto evidentemente les da a los ganaderos sonorenses una ventaja competitiva en relación a los ganaderos de otros estados del país. Para equilibrar está situación la SAGARPA ha brindado apoyo a diversos estados del país. Un ejemplo es el caso de los 25 millones de pesos que dicha institución aportó en el 2014 para realizar campañas para combatir la tuberculosis bovina en 12 municipios de interés en el estado de Michoacán4.

En específico, la SENASICA en su “Clasificación de regiones/estados referente a tuberculosis bovina” publicada el 9 de agosto del 2016, clasifica al estado en Coahuila en el estatus de “Acreditado preparatorio”. Esto significa que para movilizar bovinos castrados hacia los Estados Unidos, los ganaderos coahuilenses requieren realizar una prueba de tuberculina del hato de origen y del lote a movilizar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Encuesta Agropecuaria 2014 indica que en el estado de Coahuila viven1 085 300 cabezas de ganado bovino, siendo uno de los estado con mayor crecimiento de existencia de bovinos5.

Si bien el estado tiene un sector ganadero pujante, es imperante que los ganaderos del estado que represento cuenten con las condiciones óptimas para competir en igualdad con estados de gran importancia ganadera como el estado de Sonora. Por esto presento ante esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería a que través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de acuerdo a sus facultades, brinde el apoyo necesario para que los ganaderos del estado de Coahuila eleven su estatus zoosanitario.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 ¿Qué hacemos? SENASICA. Consultado en línea: http://www.gob.mx/senasica/que-hacemos

2 Ley Federal de Sanidad Animal. DOF:25/07/2007

3 SENASICA. Clasificación de regiones/estados referente a tuberculosis bovina. 9  de agosto del 2016. Consultado en línea: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/130014/2016__1-8__Situacin_al_8_de_agosto_de_2016.pdf

4 Buscan SAGARPA y ganaderos de Michoacán elevar estatus zoosanitario para mayor competitividad. 2014. SAGARPA. Consultado en línea: http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/bajacalifornia/Boletines/Paginas/sagarpaganaderosmich.aspx

5 INEGI. 2014. Encuesta Nacional Agropecuaria. Consultado en línea: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2014/doc/minimonografia/prodbovena14.pdf





 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo en materia de detección oportuna de cáncer infantil. Se turna a la Comisión de Salud.

El suscrito, CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, Senador de la República Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER INFANTIL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Anualmente en México existen entre 5,000 y 6,000 nuevos casos de cáncer en menores de 18 años, según datos aportados por la Secretaría de Salud, señalan que los 3 tipos de cáncer infantil más comunes son la Leucemia con el 52% del total de los casos, le siguen los linfomas con el 10% y los tumores del sistema nervioso central con 10%.1

Desde la década de los setenta a la actualidad, las posibilidades de sobrevivir al cáncer han aumentado, pues más del 75% de los niños diagnosticados y tratados contra el cáncer sobreviven más de cinco años, esto según datos de la organización “CANICA” Centro de Apoyo a Niños con Cáncer A.C.2

Las posibilidades de sobrevivir al cáncer han aumentado desde la década de los setentas, hoy en día, más del 75% de los niños diagnosticados con cáncer sobreviven cinco años o más.

Aun así el cáncer continúa representando una de las principales causas de muerte entre los niños, niñas y adolescentes, pues con los datos de la Secretaría de Salud y el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED) se estima que cada cuatro horas muere un niño en el país a causa de esta enfermedad, dando un promedio anual de 2,150 defunciones.3

Lo anterior se debe principalmente a la falta de un diagnóstico a tiempo, ya que conforme avanza la investigación de nuevos tratamientos curativos para el cáncer en adultos, los tratamientos en el cáncer infantil ha ido en disminución, por lo que muchas de las veces a los niños le son suministrados tratamientos descubiertos con más de treinta años de antigüedad, dejando en grado de vulnerabilidad a este sector poblacional.

En la actualidad el país cuenta con 54 unidades médicas acreditadas para la atención a pacientes de menos de 18 años con esta enfermedad y se tienen registrados 135 oncólogos pediatras pero esto no es suficiente para poder proporcionar una atención adecuada a todos los que la requieren, esto en principal medida por los elevados costos del tratamiento y los medicamentos requeridos.

La situación anterior deja expuesto que existe un  porcentaje de niños, niñas y adolescentes que por no tener la posibilidad de asistir a los centros de salud y no tener la capacidad económica para cubrir el enorme gasto que esta enfermedad representa, no pueden tener un tratamiento para recuperarse.

Para remarcar lo importante de la detección y el tratamiento temprano de esta enfermedad, cada 15 de febrero se conmemora el “Día Internacional del Cáncer Infantil” con la intención de reforzar las estrategias tanto a nivel nacional como internacional para la atención y prevención de este mal.

Se busca generar consciencia en la sociedad para que se informe y conozca los síntomas de los cánceres con mayor prevalencia en los niños y de esta forma se esté a tiempo de diagnosticar e implementar un tratamiento.

Paralelamente se busca despertar el interés entre profesionales de la medicina para especializarse en la atención e investigación de nuevos tratamientos para el cáncer infantil.

Si bien, la fecha representa un estímulo y recordatorio para trabajar conjuntamente en el establecimiento de programas y políticas públicas a favor de los niños enfermos de cáncer, lo cierto es que no debemos limitarnos a que acontezca esta fecha para diseñar e impulsar acciones que abonen al tratamiento y cura de esta enfermedad.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas constantes respecto de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas que se impartirán a los padres de familia en las escuelas públicas primarias y secundarias, cuya finalidad sea concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de la detección oportuna de este padecimiento, y con ello elevar el índice de sobrevida en cáncer infantil.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.

1 Cáncer Infantil en México, Secretaría de Salud, consultado por última vez: 03 de nov. de 2016. Véase en http://censai.salud.gob.mx/contenidos/cancer_infantil.html

2 Consultase en CANICA Centro de Apoyo a Niños con Cáncer A.C.
http://www.canica.org.mx/cancer_infantil.php

3 Cáncer Infantil en México, Secretaría de Salud, consultado por última vez: 03 de nov. de 2016. Véase en http://censai.salud.gob.mx/contenidos/cancer_infantil.html





 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de la República a considerar la implementación de infraestructura que permita el uso de bicicletas, como son los sistemas de bicicletas públicas, redes de ciclovías y biciestacionamientos; y a realizar campañas informativas sobre normas de conducción segura. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El que suscribe, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La movilidad urbana sustentable constituye uno de los temas más apremiantes para las grandes ciudades alrededor del mundo. El crecimiento demográfico en las zonas urbanas, la falta de planeación urbana, la concentración de los centros de trabajo y zonas de esparcimiento, así como un servicio de transporte público carente pueden ser el origen de problemas de contingencia ambiental, mala calidad del aire, embotellamientos viales y el aumento de tiempo en traslados de un punto a otro.

Estos problemas tienen consecuencias dañinas para la salud de la sociedad por la contaminación y para la economía nacional, ya que se reduce considerablemente la productividad además de que disminuyen la calidad de vida de la población.

De acuerdo con el INEGI, el número de vehículos registrados en circulación para el año 2015asciende a más 36 millones de unidades, mientras que el índice de motorización es de poco más de 350 vehículos por cada mil habitantes, lo que indica que la cifra se duplicó con respecto a los datos del año 2000 que era de 160 vehículos.

Tan solo en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), existen alrededor de 5.5 millones de autos en circulación y cada año se suman hasta 250 mil unidades nuevas al tránsito. De acuerdo con las previsiones realizadas con base en el crecimiento del parque vehicular, en los próximos cuatro años se podría incrementar la cantidad al doble, con lo que las vialidades colapsarían.

Ante esta problemática muchos países han tomado medidas con el propósito de crear nuevas opciones de transporte más amigables al medio ambiente y con un enfoque de movilidad urbana sustentable. En este sentido, el mejoramiento, modernización y expansión del transporte público es una piedra angular de las políticas públicas de movilidad.

En muchas ciudades del mundo y de México se han implementado Sistemas de Autobuses de Transporte Rápido con el propósito de impulsar el transporte público y combatir los embotellamientos y la contaminación. Estos sistemas han tenido un importante impacto en la reducción de la contaminación y han coadyuvado en la movilidad urbana de las grandes ciudades, sin embargo, para distancias cortas, existen otras acciones que pueden resultar más eficientes, tal es el caso de la utilización de medios de transporte como las bicicletas.

Los sistemas de bicicletas públicas urbanas tienen su origen en Ámsterdam con la idea del diseñador industrial neerlandés Laurens María Hendrikus, que a través del White Bike Plan pretendió instalar en la capital 20 mil bicicletas comunitarias en 1968. Actualmente los sistemas de bicicletas públicas constituyen uno de los principales medios de trasporte urbanos, ya que complementan al sistema de transporte público como el metro y las redes de autobuses.

La instalación de bicicletas en puntos estratégicos de la ciudad como estaciones de metro o de autobuses han propiciado su utilización para trayectos cortos y ha ayudado a reducir los embotellamientos viales. En la Ciudad de México, por ejemplo, la red Ecobici se ubica preferentemente en las estaciones de metro y autobús con mayor afluencia.

Los beneficios de la utilización de las bicicletas como medio de transporte complementario son diversos:

• Se agiliza la movilidad urbana reduciendo los tiempos de desplazamiento en distancias cortas.

• Puede reducir considerablemente el tráfico y los embotellamientos.

• Ayuda a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, la bicicleta constituye un medio de transporte amigable con el medio ambiente.

• Se reduce la necesidad de espacio para la circulación y de estacionamiento de vehículos automotor.

El uso de la bicicleta tiene un impacto positivo para la salud de la ciudadanía, ya que la actividad física reduce considerablemente las enfermedades cardiovasculares y combate la obesidad. México es el segundo país con mayor tasa de ciudadanos obesos en el mundo, sólo por debajo de Estados Unidos.

Además del sistema Ecobici en la Ciudad de México, ya existen otras regiones del país que cuentan con sistemas de bicicletas públicas como Mibici, en Guadalajara, Huizi, en Toluca, Bici Capital en Pachuca, en el caso de Puebla el sistema está en gestión.

Es necesario y factible que se fomente la expansión de los sistemas de bicicletas públicas en otras ciudades y zonas urbanas del país, ya que estos constituyen una gran opción para la diversificación del transporte público, la protección del medio ambiente y que garantiza una mejor movilidad urbana.

De acuerdo con el estudio de movilidad urbana sustentable titulado “Hacia una estrategia nacional integral de movilidad urbana”, la movilidad debe ocupar un papel central en la sociedad, ya que permite la comunicación, la actividad económica e integra a los espacios y las actividades; es una necesidad de todas las personas para poder acceder a los bienes y servicios básicos que hacen posible una vida digna. La movilidad es considerada por muchos países y ciudades alrededor del mundo como un derecho humano más, por lo que el Estado debe garantizarla.

Asimismo, el citado estudio establece que el 48% de la energía que se consume en México se utiliza para mover mercancías y personas, y la combustión de gasolina en el transporte convierte a este sector en la segunda fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del país y una de las principales causas de contaminación atmosférica, por lo que los gobiernos de las diferentes entidades de la República deben hacer esfuerzos por fomentar el uso de vehículos más amigables con el medio ambiente y no contaminantes como la bicicleta.

El artículo cuarto constitucional establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Este derecho también se encuentra previsto dentro de instrumentos internacionales como la Resolución de la Asamblea General 45/49 de la ONU, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, el Protocolo de Kioto de 2005, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes y el Protocolo de San Salvador.

En el Acuerdo de Paris sobre cambio climático, México se comprometió a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en 30% para el año 2020 y en 50% para el 2050.

El objetivo número 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El objetivo once busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. De acuerdo con la ONU, las ciudades ocupan apenas el 3% del planeta pero representan entre el 60% y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono, por lo que es necesario proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos.

No cabe duda que los sistemas de bicicletas públicas constituyen un medio de transporte eficaz y sostenible para las ciudades y zonas urbanas, el éxito obtenido alrededor del mundo y en México lo demuestran. Sin embargo, los sistemas de bicicletas públicas no son suficientes puesto que se necesita una infraestructura que haga de las bicicletas una opción viable para todos los ciudadanos. Esta infraestructura debe incluir una red de ciclovías, biciestacionamientos para aquellos usuarios que tengan bicicleta propia, así como transporte público que permita su traslado.

Adicionalmente, es fundamental generar cultura vial en toda la población, incluyendo peatones, ciclistas y conductores de transporte público y privado. Es necesario que la población cuente con la información necesaria para garantizar la seguridad de todos los que transitan las calles, por lo que es necesario realizar campañas de difusión sobre las medidas de precaución y las normas de circulación segura.

Con el objetivo de transitar hacia la construcción de ciudades sustentables que garanticen una movilidad urbana sostenible, es necesario que las diferentes entidades de la República analicen la implementación de este tipo de transporte como parte de la estrategia de movilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a los Gobiernos de los Estados de la República a considerar la implementación de infraestructura que permita el uso de bicicletas como son los Sistemas de Bicicletas Públicas, redes de ciclovías y biciestacionamientos y a realizar campañas informativas sobre normas de conducción segura.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.





 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz a que, de manera inmediata, entregue las participaciones federales indebidamente retenidas a los ayuntamientos de la entidad, que ascienden aproximadamente a más de 6 mil millones de pesos. Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público los resolutivos primero y segundo y a la Comisión de Justicia el tercero de ellos.







 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo en materia de especialización en pediatría oncológica para el combate al cáncer infantil. Se turna a la Comisión de Salud.

El suscrito, CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, Senador de la República Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CONPUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA ONCOLÓGICA, PARA EL COMBATE AL CÁNCER INFANTIL con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la Organización Mundial de la Salud, el término “cáncer infantil” generalmente se utiliza para designar distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en los niños antes de cumplir los 15 años1. Asimismo, refiere que la mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas inespecíficos, lo que puede hacer que se detecten en fases ya muy avanzadas2.

Existen diferentes tipos de Cánceres en los niños, siendo los principales3:

• Leucemia linfoblástica aguda: tumor líquido o cáncer en la sangre que comienza en la médula ósea y se disemina por el torrente sanguíneo.

• Sarcoma de Ewing: tumor óseo más común. A menudo afecta la cadera, los muslos, la parte superior de los brazos y las costillas.

• Tumores cerebrales: es básicamente una bola formada por células enfermas que se unen.

• Rabdomiosarcoma: tumor formado por células cancerosas en el músculo.

• Enfermedad de Hodgkin: cáncer del sistema inmunitario.

• Tumor de Wilms: cáncer de riñón.

• Retinoblastoma: comienza en la retina, una capa delgada de tejido que cubre la parte trasera del ojo y permite que una persona vea.

• Tumores de las células reproductoras.

• Osteosarcoma: cáncer de los huesos.

La referida Organización Mundial de la Salud, señala también que a nivel mundial el cáncer infantil es poco frecuente, pues representa entre un 0.5 por ciento y un 4.6 por ciento de la carga total de morbilidad por esta causa, con una incidencia que oscila entre 50 y 200 por cada millón de niños4.

En nuestro país, el cáncer es la principal causa de muerte en personas de entre 5 y 14 años, con un promedio anual de 2,150 muertes en la última década y con una incidencia anual de entre 5,000 y 6,000 casos en menores de 18 años5.

Para su atención integral existen diversos programas a nivel nacional, por un lado están los servicios de seguridad social en las diferentes instituciones siendo las principales el IMSS y el ISSSTE; mientras que por el otro, se encuentra el sector poblacional que no cuenta con ninguno de estos servicios y que son atendidos en los hospitales, clínicas e institutos dependientes de la Secretaría de Salud, con un presupuesto otorgado por el Seguro Popular.

Los tratamientos y cuidados son el elemento indispensable para la atención y cura de esta enfermedad, sin embargo, existen servicios que no siempre pueden ser cubiertos por dichas instituciones, tales como el alojamiento, el traslado e incluso ciertos estudios clínicos que no se encuentran contemplados dentro de la cobertura, refiriéndonos específicamente a las instituciones dependientes de la Secretaría de Salud.

La enfermedad debe ser tratada de manera integral, y parte fundamental de ello son los médicos especialistas en pediatría oncológica.

Al respecto, según el estudio “Comportamiento Epidemiológico del Cáncer en menores de 18 años. México 2008-2014”, realizado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA)6, dependiente de la Secretaría de Salud, señala que en 2014, para brindar atención a los 23 mil casos existentes el sistema de salud contaba con 180 oncólogos pediatras, lo cual representa un déficit en cuanto a los recursos humanos disponibles para la atención del cáncer infantil, pues a cada especialista en nuestro país le correspondería atender 127 casos, mientras que los estándares internacionales recomiendan 2 especialistas por cada 50 pacientes7.

Dicha situación, refleja un obstáculo importante para la optimización en el tratamiento del cáncer infantil, pues la falta de médicos especialistas impide garantizar la cobertura total de atención a niños con cáncer.

Consideramos importante que esta situación cambie, pues es gracias a la especialización que se logrará aumentar la calidad en los servicios médicos necesarios para dar atención al total de las niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer.  

El especialista en oncología pediátrica tiene un papel muy importante en el tratamiento integral del niño con cáncer, y de su actuación va a depender en muchos casos, la supervivencia y calidad de vida futura. La complejidad de los tratamientos oncológicos es cada vez mayor por lo que es necesario que los cirujanos pediátricos tengan una formación específica en cirugía del cáncer infantil, estén familiarizados con las nuevas terapias y trabajen multidisciplinarmente con el resto de equipos médicos8. Resulta igualmente necesario promover la formación de otros profesionales de la salud con especialidad en la atención a los niños con cáncer pues son diversos los cuidados específicos derivados de la toxicidad del tratamiento, de las complicaciones que puedan surgir por la propia enfermedad y fundamentalmente de la gran vulnerabilidad de estos pacientes.

Actualmente la Secretaría de Salud cuenta con una Dirección General de Calidad y Educación en Salud, organización rectora con enfoque integrador y de desarrollo que con equidad y transparencia conduce la política nacional en materia de calidad y seguridad en la prestación de servicios de salud, la formación, capacitación y desarrollo del capital humano para la salud, así como la actualización del marco normativo de la atención médica y asistencia social9.

Encontrándose dentro de sus atribuciones, la participación en la formación y el desarrollo de los recursos humanos para la salud del Sistema Nacional de Salud en un marco de colaboración entre las instituciones de los sectores salud y educativo, a través del establecimiento de estrategias para fortalecer las competencias de los profesionales de la salud y propiciar su capacidad de respuesta ante las necesidades de salud de la población con la incorporación de tecnologías de la información; así como la promoción de la investigación en sistemas de salud10.

Virtud a ello, y atendiendo a la problemática que representa no contar con los especialistas en pediatría oncológica suficientes para atender a la totalidad y creciente tasa de niños enfermos de cáncer, estimo oportuno someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, fomente en los médicos, la especialización en pediatría oncológica paralograr lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, para que en cada centro de salud se disponga de dos especialistas por cada 50 pacientes.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, celebre los convenios de colaboración correspondientes con las instituciones educativas públicas o privadas, a efecto de que fomenten la investigación respecto de nuevos tratamientos para el combate al cáncer infantil.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas

1 Organización Mundial de la Salud. 2016. El cáncer infantil, http://www.who.int/cancer/es/

2 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/cancer/media/news/Childhood_cancer_day/es/

3 Centro de apoyo a niños con cancer A.C. http://www.canica.org.mx/tiposdecancer.php

4 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/cancer/media/news/Childhood_cancer_day/es/

5 Cáncer infantil en México, http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html

6 http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/programa_cancer.html

7 http://www.sinembargo.mx/09-10-2014/1139393

8 Dr. Krauel Lucas, Programa de Formación avanzada en oncología. 2011. Proyecto: Importancia de la especialización en cirugía pediátrica oncológica para la mejoría de la supervivencia y calidad de vida del niño/a Oncológico.

9 Dirección General de Calidad y Educación en Salud. http://www.calidad.salud.gob.mx/site/somos/dg-somos_01.html

10 Dirección General de Calidad y Educación en Salud. http://www.calidad.salud.gob.mx/site/somos/dg-somos_02.html





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de la República de Italia por el reciente terremoto sucedido en el centro del país, que tuvo como saldo diversas personas heridas y daños materiales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 30 de octubre un terremoto con una magnitud de 6.5 grados en la escala de Richter sacudió el centro de Italia, con epicentro en las localidades de Perugia y Macerata. Hasta el momento no hay información sobre víctimas mortales pero, de acuerdo con datos de protección civil, hay varios heridos y cuantiosos daños materiales.

Muchos edificios e iglesias se desplomaron a causa del terremoto y diversos inmuebles sufrieron serios daños en sus cimientos. Tres días antes,  otros dos sismos, uno con una magnitud de 5.4 y otro de 6.2 grados, ya habían afectado a las mismas provincias, por lo que el daño fue mayor.

Cientos de personas se han marchado de sus casas por temor a nuevas réplicas. Cabe mencionar que el 24 de agosto del presente año, tuvo lugar otro sismo que destruyó las provincias de Amatrice, Accumoli y Arquata del Toronto, el cual provocó la muerte de 297 personas. Asimismo, varios edificios históricos fueron seriamente afectados, la Básilica de San Benito quedó totalmente destruida.

Las relaciones entre México e Italia, que datan del 15 de diciembre de 1874, se basan en la amistad, la cordialidad y la cooperación. Italia es nuestro tercer socio comercial entre los países de la Unión Europea y el undécimo a nivel mundial.

En 2015 el comercio bilateral sumó 6 mil 708 millones de dólares. Desde el año 2000, el comercio bilateral se ha incrementado en un 258.3% gracias al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México.

Italia es uno de los socios más importantes de México en la Unión Europea. Compartimos fuertes lazos de amistad e intereses mutuos en diferentes ámbitos. La solidaridad del Gobierno mexicano con otros países en este tipo de desastres ha caracterizado a nuestra política exterior a lo largo de la historia.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de la República Italiana por el reciente terremoto sucedido en el centro del país, que tuvo como saldo diversas personas heridas y daños materiales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente.





 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, con    punto de Acuerdo en materia de un acuerdo nacional entre los tres poderes para dar atención al 100 por ciento de los niños enfermos de cáncer. Se turna a la Comisión de Salud.

El suscrito, CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, Senador de la República Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE UN ACUERDO NACIONAL ENTRE LOS TRES PODERES PARA DAR ATENCIÓN AL 100% DE LOS NIÑOS ENFERMOS DE CÁNCER, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un diagnóstico de cáncer es devastador a cualquier edad pero cuando se trata de un niño, tanto el diagnóstico como el tratamiento toman otro cariz y resulta importante que el afectado reciba una atención temprana e integral.

Los cánceres en niños se tratan de manera diferente a los de los adultos. En este sentido, la oncología pediátrica surge como una especialidad médica que se concentra en la atención de niños con cáncer.

La oncología pediátrica responde a un grave problema que afecta a los sistemas de salud de todo el mundo. Debemos recordar que, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (2014), cada año se diagnostican en el mundo entre 175 mil y 250 mil nuevos casos de cáncer infantil y cerca del 90% de estos casos tienen lugar en países en vías de desarrollo, en donde la sobrevida global oscila alrededor del 20%1.

En la otra cara de la moneda se encuentran los países industrializados, donde la sobrevida es superior al 50%. Entre los factores que explican dicha brecha podemos encontrar el desconocimiento y la falta de información acerca del cáncer, diagnósticos tardíos o erróneos, una infraestructura sanitaria deficiente, profesionales de la salud poco capacitados y el alto costo de los tratamientos2.

Resulta entonces de suma importancia que consideremos el mejoramiento de la calidad de atención del cáncer infantil como una prioridad nacional, razones no faltan para justificar esta idea, por ejemplo:

Los niños son nuestro insumo humano más valioso y por lo tanto merecen la oportunidad de vivir y desarrollarse plenamente.

El acceso efectivo a la atención médica de calidad constituye un derecho humano y no un privilegio.

La atención sanitaria oportuna y eficaz, el contar con medicamentos accesibles y de buena calidad, así como la cobertura universal para los menores que padecen cáncer redundarán en disminuir el número de muertes.

Si bien es cierto que nuestro país ha logrado grandes avances en cuanto al acceso efectivo, financiación y atención de los pacientes, aún quedan muchas cosas por hacer, empezando por garantizar la atención efectiva y de calidad a todos los niños y adolescentes que sufren esta enfermedad, con lo anterior se logrará modificar la expectativa de sobrevida global que los niños mexicanos tienen al ser diagnosticados con cáncer.

Los siguientes datos, suministrados por el estudio “Comportamiento Epidemiológico del Cáncer en menores de 18 años. México 2008-2014”, aportan una visión general sobre la situación de los niños con cáncer en nuestro país3:

En México, como en otras partes del mundo, el cáncer es un problema serio de salud pública al ser la segunda causa de muerte en personas de entre 5 y 14 años de edad, con más de 5 mil nuevos casos diagnosticados anualmente, y una prevalencia de 23 mil pacientes.

El cáncer infantil cobra cada año la vida de 2,150 niños.

Los recursos humanos con los que cuenta nuestro país para atender a los niños con cáncer son limitados, para brindar atención a los 23 mil casos existentes, se contaba en 2014 con 180 oncólogos pediatras, 35 cirujanos oncólogos pediatras, 30 hematólogos pediatras, 10 radioterapeutas pediatras y 5 psico-oncologos pediatras, lo anterior es preocupante si se considera, por ejemplo, que el estándar internacional recomendado es de dos especialistas por cada 50 casos.

Las complicaciones de la vigilancia epidemiológica en nuestro país provocan variaciones en las estadísticas respecto al seguimiento de los casos de cáncer infantil y la vía por la cual se les atiende en el sistema nacional de salud, sin embargo, existen diversas estimaciones que nos dan una idea de la magnitud del problema, especialmente en aquellos casos que carecen de atención, ya sea por falta de infraestructura, por falta de personal capacitado, o bien, porque los costos asociados al tratamiento no les permiten mantener fidelidad al mismo.

De conformidad con el Programa “Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018”, implementado como un programa de acción específico alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud de la presente administración federal, el 85% de los casos de cáncer infantil que no contaban con seguridad social fueron financiados por el Seguro Popular en el año 2011. Desde que se instrumentó el financiamiento de la atención médica oncológica en menores de 18 años y la incorporación al catálogo de financiamiento de todos los tipos de cáncer que afectan a este grupo etario, el abandono al tratamiento en las UMA para la atención de menores de 18 años con cáncer disminuyó del 30% en 2006, al 7% en 20124.

Sin duda alguna, estos indicadores representan avances significativos en la atención del cáncer infantil en nuestro país. No obstante lo anterior, y dada la naturaleza de este padecimiento, resulta necesario redoblar esfuerzos para conseguir una cobertura de atención total y reducir al mínimo los índices de abandono del tratamiento del cáncer infantil.

Los niños y sus familiares viven esta experiencia con gran dolor, incertidumbre y miedo. El tratamiento suele ser un proceso muy costoso que conlleva momentos difíciles para todos, sin embargo, está demostrado que los avances en las técnicas de diagnóstico y en los tratamientos han aumentado la supervivencia. Si bien es imposible evitar la aparición del cáncer en los niños, sí es posible salvarles la vida si se garantiza un tratamiento adecuado.

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe pone a consideración de la Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación a que lleven a cabo la construcción de un Acuerdo Nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios para dar atención al 100% de los niños enfermos de cáncer en nuestros país, reduzcan su presupuesto de manera proporcional en la que participan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que esos recursos se destinen a dicho fin.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.

1 PAHO. Early Diagnosis of Childhood Cancer. Washington, DC: Pan American Health Organization; 2014, 45p.

2 Phillips SM, Padgett LS, Leisenring WM, Stratton KK, Bishop K, Krull KR, Alfano CM, Gibson TM, de Moor JS, Hartigan DB, Armstrong GT, Robison LL, Rowland JH, Oeffinger KC, Mariotto AB. Survivors of childhood cancer in the United States: prevalence and burden of morbidity. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2015 Apr;24(4):653-63

3 Disponible en: http://censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cancer/20160601_Boletin-
2014_SEDP12sep16_4.pdf Página consultada el 3 de noviembre de 2016 a las 12:54 horas,

4 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico “Cáncer en la infancia y la adolescencia 2013-2018”, México, 2013. Pág. 25.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del “Día Internacional para la Tolerancia”, a celebrarse el 16 de noviembre, impulsen campañas de información, promoción y concientización de la tolerancia como valor fundamental para el reconocimiento, protección y respeto de los derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El reconocimiento, observancia y respeto de los derechos humanos es indispensable para el óptimo desarrollo de las personas de nuestro país. Al respecto, uno de los grandes retos que prevalece es la ausencia de tolerancia en algunos sectores de la población, situación que deriva en conductas de discriminación, exclusión, segregación y agresión, por mencionar sólo algunos de sus efectos.

Sobre el particular, un esfuerzo que se impulsa desde la comunidad internacional, es la celebración del Día Internacional para la Tolerancia, cuyo objetivo es reconocer los derechos humanos universales y la diversidad de los pueblos, aspecto medular para construir una sociedad más justa, equitativa e incluyente.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de que la tolerancia como valor fundamental es determinante para transitar hacia escenarios donde impere el reconocimiento, protección y respeto de los derechos humanos, lo que a su vez, permite generar las condiciones para que en todo el país haya una sana convivencia entre la población. 

Para razonar el exhorto que formulamos, lo primero que debemos advertir es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el primer párrafo de su artículo 1º que en el territorio nacional, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece1.

Por otro lado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), señala que la tolerancia es uno de los ejes rectores para hacer asequible la paz y la reconciliación. En consecuencia, se trata de algo que debe aprenderse desde la infancia y que tienen que amparar los Estados, lo que contribuiría a un mundo más justo, sin violencia y sin discriminación2.

Entre los instrumentos internacionales en la materia, resalta la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, ordenamiento jurídico que en el numeral 1.1 de su artículo 1º, plantea que la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos.

En la porción final del precepto invocado, el instrumento jurídico precisa que la tolerancia la fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

En este orden de ideas, la tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz.3

En concordancia a lo establecido en la Declaración en comento, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho el llamado a que los Estados partes impulsen acciones encaminadas a generar condiciones de igualdad de oportunidades para todos los grupos e individuos de la sociedad.

Debido a que se trata de un fenómeno multidimensional y multifactorial, la intolerancia debe ser atendida desde todas sus aristas mediante diversas acciones, entre las que destacan las siguientes: Contar con un marco normativo solido e integral; un efectivo y responsable ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información; una participación permanente de la población; y por supuesto, de la educación en su sentido amplio.

Por lo que respecta a la educación, si bien es cierto que se debe impulsar en los diferentes ámbitos -hogar, centro de trabajo, lugares de esparcimiento y recreación y, en general en todos los espacios en los que interactuemos-, también lo es que aquella que se imparte a través del Sistema Educativo Nacional, tiene especial importancia, por ello la pertinencia de exhortar a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las entidades federativas.

Conforme al párrafo segundo del artículo 2 de la Ley General de Educación, el cual a la letra establece que: La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

El mismo ordenamiento jurídico señala que, entre otros, la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el artículo 3º de la Constitución Federal, los siguientes4:

• Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales y, la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país.

• Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

• Promover el valor de la justicia, la observancia de la Ley y de la igualdad ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos.

• Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estimamos que practicar y fomentar la tolerancia como eje de nuestro desarrollo cotidiano tiene múltiples beneficios, entre ellos, el respeto y cumplimiento del orden jurídico nacional, así como contribuir a inhibir la presencia de arbitrariedades, excesos e injusticias.

La idoneidad del presente punto de acuerdo estriba en que la ausencia o inobservancia de la tolerancia deriva en conductas de discriminación, violencia y en general, en el menoscabo de los derechos humanos, situación incompatible con todo régimen democrático, como el mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del “Día Internacional para la Tolerancia”, a celebrarse el 16 de noviembre, impulsen campañas de información, promoción y concientización de la tolerancia como valor fundamental para el reconocimiento, protección y respeto de los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

2 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=5216&id_opcion=108&op=214

3 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001518/151830so.pdf

4 Fracciones III, IV, VI y VI Bis del artículo 7 de la Ley General de Educación.





 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo para fortalecer el Programa de Acción Específico “Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018”. Se turna a la Comisión de Salud.

El suscrito, CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, Senador de la República Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO “CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2013-2018”, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cáncer se ha convertido en un serio problema de salud pública en todo el mundo, tanto por la carga que su tratamiento supone para los sistemas sanitarios como por el alarmante ritmo de crecimiento de los nuevos casos registrados en los últimos años.

De acuerdo al Informe Mundial sobre el Cáncer 2014, elaborado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), entidad de la Organización Mundial de la Salud especializada en la lucha contra dicha enfermedad, se calcula que en 2012 la carga mundial de cáncer alcanzó los 14 millones de casos nuevos al año, una cifra que se prevé aumente a 22 millones anuales en las dos décadas siguientes. En el mismo periodo, se estima que las muertes por cáncer aumenten de 8.2 millones de defunciones hasta 13 millones cada año1.

En este sentido, es evidente la necesidad de redoblar los esfuerzos en materia de prevención y detección precoz para hacer frente al alarmante aumento de la carga de cáncer a nivel mundial, pues se ha demostrado que el acceso a tratamientos eficaces y asequibles contra el cáncer, incluidos los cánceres infantiles, reduce significativamente la mortalidad, incluso en los países en desarrollo.

Es claro entonces que tanto la incidencia como la mortalidad del cáncer pueden reducirse si los gobiernos, por un lado, se comprometen a aplicar de forma efectiva medidas para proteger a sus poblaciones, implementando planes de prevención del cáncer que limiten la exposición y los comportamientos de riesgo, y por otra parte, realizan esfuerzos para garantizar el acceso oportuno a tratamientos y fármacos adecuados que permita aumentar las posibilidades de curación y supervivencia de quienes padecen esta terrible enfermedad.

Si bien el cáncer en los niños y adolescentes es una enfermedad poco frecuente2, comparada con la tasa de incidencia en otros grupos etarios, lo cierto es que éste presenta algunas diferencias con respecto a las características del cáncer en los adultos.

En primer lugar, el cáncer es una enfermedad difícil de asimilar, no sólo por la idea ampliamente arraigada de que esta supone una sentencia de muerte, sino porque además el tratamiento suele ser un proceso agresivo que conlleva momentos difíciles para todos, sin embargo, cuando se trata de niños, esta experiencia se vive con gran dolor, incertidumbre y miedo.

En segundo lugar, está el hecho de que el cáncer en los niños, a diferencia del caso de los adultos, es difícilmente prevenible. De acuerdo al National Cancer Institute, el cual coordina el programa nacional de cáncer en Estados Unidos y conduce la investigación, preparación profesional, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, no se conocen cuáles son las causas de la mayoría de los cánceres infantiles.

Cerca de 5 por ciento de todos los cánceres en los niños son causados por una mutación hereditaria (una mutación genética que puede transmitirse de padres a hijos). Las mutaciones genéticas que causan cáncer también pueden presentarse durante el desarrollo del feto en la matriz.3

Se piensa que la mayoría de los cánceres en los niños, así como en los adultos, surgen como resultado de mutaciones en genes que causan un crecimiento celular descontrolado que derivan en la aparición del cáncer. En los adultos, estas mutaciones genéticas son a menudo el resultado de la exposición a factores ambientales (como el humo del cigarrillo, el asbesto y la radiación ultravioleta del sol). Sin embargo, ha sido difícil identificar las causas del cáncer infantil, debido en gran parte a que el cáncer en los niños es poco frecuente, y a que es difícil determinar si el niño pudo haber estado expuesto temprano en su desarrollo.4

Atendiendo a lo anterior, en el caso del cáncer en niños y adolescentes, los gobiernos deben mostrar voluntad política para incrementar de manera progresiva los recursos destinados al financiamiento del diagnóstico temprano, así como del tratamiento oportuno y de calidad para menores de 18 años.

En México los esfuerzos en este sentido se resumen fundamentalmente en lo siguiente:

• La creación en 2004 del Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia (CONACIA), lo cual ha permitido la aplicación del Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, encaminado a favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de niñas, niños y adolescentes con cáncer en el país, así como facilitarles el acceso a los servicios de salud para incrementar la posibilidad de supervivencia, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

• El financiamiento de los tratamientos de los casos de cáncer infantil que no cuentan con seguridad social a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Indudablemente, estos esfuerzos han resultado en un importante avance en cuanto respecta a la lucha contra el cáncer infantil en nuestro país, razón por la cual el Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia se ha convertido en un proyecto transexenal.

En este sentido, derivado de la emisión del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, el Gobierno de la República presentó el Programa de Acción Específico “Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018”5, cuyo principal reto es fortalecer la atención integral, universal y gratuita de los menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer, mediante políticas públicas y educativas que permitan la referencia temprana y tratamiento oportuno de los enfermos, con la intención de incrementar la supervivencia, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

El Programa define claramente objetivos, estrategias y líneas de acción, no obstante, consideramos que es necesario redoblar esfuerzos en dos ámbitos fundamentales: 1) garantizar la cobertura universal para todos los casos de cáncer en menores no asegurados del país; y 2) el financiamiento de gastos complementarios al tratamiento, especialmente de quienes se atienden en lugares diferentes al de su residencia, para reducir al máximo el porcentaje de abandono.

El propio Programa refiere que en 2011, el 85% de los casos de cáncer infantil que no contaban con seguridad social fueron financiados por el Seguro Popular. Asimismo, señala que a partir de la instrumentación del financiamiento de la atención médica oncológica en menores de 18 años y la incorporación al catálogo de financiamiento de todos los tipos de cáncer que afectan a este grupo etario, el abandono al tratamiento en las Unidades Médicas Acreditadas para la atención de menores con cáncer disminuyó del 30% en 2006, al 7% en 2012, esto de acuerdo a lo reportado por la Dirección General Adjunta de Epidemiología.

Por otra parte, el estudio “Comportamiento Epidemiológico del Cáncer en menores de 18 años. México 2008-2014”, realizado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, establece que la proporción de abandono al tratamiento entre 2000 y 2004 en pacientes sin seguridad social fue superior al 20%, a partir de 2007 y hasta 2010, con el financiamiento público de los tratamientos, se observó una reducción de esta proporción, ubicándose por debajo del 6%.

El mismo documento señala que una de las principales causas del abandono del tratamiento es el hecho de que los pacientes tengan que atenderse fuera de su lugar de residencia. Se sabe que más del 11% de los casos se encuentran en este supuesto. Tan sólo en la Ciudad de México el 69% de los casos atendidos son foráneos. Las familias de quienes se atienden en lugares diferentes al de su residencia deben cubrir gastos como transporte, alojamiento y comida, lo cual no se incluye en la cobertura que ofrece el Estado y en muchos casos resultan incosteables, por lo cual constituyen un factor determinante para la continuidad del tratamiento.

Del análisis de lo anterior se desprende la necesidad de implementar las acciones conducentes para garantizar que efectivamente ningún niño, niña o adolescente con cáncer en nuestro país se quede sin tratamiento y, por otra parte, es también imprescindible encontrar una fórmula que permita financiar los gastos complementarios al tratamiento, especialmente de quienes se atienden en lugares diferentes al de su residencia, para reducir al máximo el porcentaje de abandono.

Por lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fortalecer el Programa de Acción Específico “Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018”, a fin de garantizar la cobertura universal para todos los casos de cáncer en menores no asegurados, así como el financiamiento de gastos complementarios al tratamiento, especialmente de quienes se atienden en lugares diferentes al de su residencia, para reducir al máximo el porcentaje de abandono.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.

1 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. World Cancer Report 2014. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza, 2014.

2 El término cáncer infantil generalmente se utiliza para designar distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en los niños antes de cumplir los 15 años. El cáncer infantil es poco frecuente, pues representa entre un 0.5% y un 4.6% de la carga total de morbilidad por esta causa. Las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños en las distintas partes del planeta. Véase, Organización Mundial de la Salud, “Cáncer Infantil”, en: http://www.who.int/cancer/es/ (consultado el viernes 28 de octubre de 2016).

3 Véase, National Cancer Institute, “¿Cuáles son las posibles causas del cáncer en los niños?”, en: https://www.cancer.gov/espanol/tipos/infantil/hoja-informativa-ninos-adolescentes (consultado el viernes 28 de octubre de 2016).

4 Ibídem.

5 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico “Cáncer en la infancia y la adolescencia 2013-2018”, México, 2013.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo un informe integral en el que detallen las acciones que se han implementado luego de que el pasado mes de junio se emitiera la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 14 municipios de la entidad. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El lunes 27 de junio del presente año, la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República notificó la puesta en marcha de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 14 municipios del estado de Michoacán de Ocampo: Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. 1

El anuncio lo realizó el titular de la SEGOB, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, durante la celebración de la primera sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, celebrada en la ciudad de Morelia, con la presencia del Gobernador Silvano Aureoles Conejo.

El responsable de la política interior del Gobierno Federal destacó en el acto, que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, pues a través de éste se implementan en un territorio determinado, las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia.

La ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1º de febrero de 2007, es de orden público, de interés social y de observancia general; y tiene por objetivo establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Asimismo, determina los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2

En dicho ordenamiento legal se estipula que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se emite cuando: 3

• Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame.

• Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

• Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

En el artículo 23º de la misma Ley, se decreta que mediante la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se deberá:

• Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo.

• Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida.

• Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres.

• Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres.

• Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Adicionalmente, en el artículo 49º, se determina que corresponde a las entidades federativas: instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la    política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley y, coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema.

Participar en la elaboración del Programa; reforzar a las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas; integrar el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido al Sistema; así como promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el Programa.

Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida; proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, a los programas estatales y el Programa; impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema; promover programas de información a la población en la materia; impulsar programas reeducativos integrales de los agresores; rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales; y, revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones.

Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los programas estatales; recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres; impulsar  reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género, entre otros.

En el mismo mes de junio del presente año, en una reunión de diputados locales con el Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, José Martín Godoy Castro, se ventiló que de los 47 casos de homicidio de mujeres registrados hasta ese momento del 2016, únicamente en tres casos se había girado una orden de aprehensión en contra de los presuntos responsables. 4

Así, de acuerdo a la Dip. Socorro de la Luz Quintana León, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, a prácticamente cuatro meses de haberse notificado la puesta en marcha de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 14 municipios del estado de Michoacán, lejos de ceder este fenómeno se ha incrementado.

Destacó que de acuerdo con la percepción de la sociedad michoacana, no se está cumpliendo, lo anterior ante los señalamientos de varias organizaciones no gubernamentales y grupos de mujeres”. 5

Es importante destacar que no solamente en los 14 municipios en los que se puso en marcha la Alerta de Violencia de Género se han presentado sucesos que se presumen como feminicidios, ya que se ha documentado casos en las localidades como Acuitzio, Ecuandureo, Buenavista, Jiquilpan y Tarímbaro, solo por mencionar algunos, aunque es Morelia en el que mayor número de casos ha registrado.6

Cuando se emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Michoacán, en el Grupo Parlamentario del PRI la consideramos una medida adecuada del Gobierno Federal, y una gran oportunidad para el Gobierno del Estado para atender de manera integral esta grave problemática.

En esa misma ocasión, exhortamos al gobierno del estado de Michoacán para que, independientemente de la Alerta de Violencia de Género ya emitida para 14 municipios, institucionalizara las políticas públicas que permitieran prevenir y erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres en los 113 municipios de la entidad, lo que evidentemente no ha sucedido.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República solicita al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo un informe integral en el que detalle a esta Soberanía las acciones que se han implementado luego de que el pasado mes de junio se emitiera la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 14 municipios de la entidad.

Segundo. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Michoacán para que, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, intensifique las acciones enmarcadas en los protocolos de la Alerta, y se procure una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del estado de Michoacán.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1 http://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-alerta-de-violencia-de-genero?idiom=es

2 http://www.gob.mx/inmujeres/prensa/sobre-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007

4 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n6769

5 http://diarioabc.mx/noticias/?p=46091

6 https://www.quadratin.com.mx/principal/Morelia-municipio-mas-feminicidios-Michoacan-este-ano/





 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo en materia de mejorar la infraestructura para la atención del cáncer infantil. Se turna a la Comisión de Salud.

El suscrito, CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, Senador de la República Coordinador del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER INFANTIL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cáncer es un tema que requiere la atención del Estado para diseñar e implementar las mejores estrategias que permitan su tratamiento; más aun tratándose de niños, pues aquí deberán redoblarse los esfuerzos para lograr la atención integral de los mismos.

Los antecedentes indican que desde 1922 se dieron las primeras defunciones infantiles a causas de tumoraciones, sin embargo, fue hasta 1940 que se inaugura el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), siendo el primero de los institutos nacionales de salud creados en nuestro país para brindar atención especializada a niños con cáncer en México.

A partir de ello, se fueron implementando diversas acciones y programas para la atención de niños con cáncer, se creó el Servicio de Tumores dentro del área quirúrgica, inició el tratamiento de las leucemias agudas con antagonistas del ácido fólico, y se introdujo el uso de rayos X al manejo de los tumores sólidos; asimismo, se firmó un convenio con The Children’s Cancer Research Foundation  (CCRF) y con el Hospital de niños de Boston, y se creó el Servicio de Quimioterapia del Cáncer, siendo el primero de los centros hospitalarios pediátricos de América Latina.

Fue hasta 1990 que se logra consolidar el concepto de terapia integral para el manejo del niño con cáncer. Asimismo, la implementación de un servicio de quimioterapias ambulatorias, el servicio de cirugía oncológica, la creación de una clínica del dolor y la unidad de trasplante de médula ósea, y la integración del Curso de Oncología Pediátrica a los programas de Especialidades Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México son avances significativos en el tratamiento de una enfermedad que desde entonces y hasta la fecha va en aumento.

Si bien existen cifras que nos pueden dar luz respecto el número de niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer, lo cierto es que las mismas son inciertas, pues no existe a la fecha un registro nacional de cáncer infantil, lo que lleva al desconocimiento de los enfermos y de las necesidades requeridas para su atención.

Por otra parte, un elemento esencial para la atención de dichas necesidades es la infraestructura requerida para el tratamiento específico al cáncer infantil. Si bien hoy podemos asegurar que tenemos mejores condiciones para dar tratamiento a los niños enfermos de cáncer, lo cierto es que no podemos garantizar que se esté brindando cobertura total en su atención.

Según datos de la Secretaría de Salud, actualmente México cuenta con 54 Unidades Médicas Acreditadas (UMA) para la atención de pacientes menores de 18 años con cáncer. A estas UMA acuden los niños con cáncer cuyo tratamiento es financiado por el Seguro Popular.

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 11 unidades médicas complementarias de tercer nivel, en donde se ofrecen servicios para la atención de patologías de alta complejidad diagnóstica y terapéutica. En cuanto a la infraestructura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con 15 instalaciones médicas de atención de tercer nivel, en las cuales se brinda tratamiento especializado contra el cáncer.

Lo anterior, evidencia el interés de las principales instituciones de servicios de salud por brindar mejores condiciones en la atención y tratamiento del cáncer infantil. Sin embargo, las cifras existentes y las diversas manifestaciones de grupos y asociaciones dedicados al tema señalan que las mismas son insuficientes e incluso no cuentan con infraestructura especializada, es decir, que dichas unidades médicas no cuentan con un pabellón específico para el tratamiento de niños con cáncer.

Ello sin duda refleja un problema urgente de atender, ya que el tratamiento a los diferentes tipos de cáncer en niños no puede ser atendido de la misma forma ni con la misma infraestructura con la que se brinda tratamiento a los adultos.

Si queremos que la tasa de supervivencia aumente y que cada día sean menos los casos de defunción en niños a causa del cáncer, tenemos que implementar acciones que garanticen la atención oportuna, de calidad y especializada en oncología pediátrica. Especialmente porque los niños y adolescentes requieren un trato especial por ser un grupo especialmente vulnerable pues definitivamente viven la enfermedad de modo distinto al cual lo hacen los adultos.

Es recomendable entonces que el tratamiento del cáncer para los niños se ejecute en hospitales especializados en oncología pediátrica, por las adecuadas instalaciones y personal especialmente preparado. Además del especialista en oncología infantil y del personal de apoyo, en muchos casos, los pabellones para el tratamiento especializado en cáncer, suelen contar con el acompañamiento de un psicólogo y, en casos especiales, de un fisioterapeuta. Gracias a ello los menores pueden sentirse apoyados y asistidos en todos los sentidos, lo cual les dará más fuerza para superar cualquier problema.

Por todo ello, estimo oportuno someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las instituciones de salud de los tres órdenes de gobierno a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, mejoren la infraestructura de las instituciones de salud a su cargo para la atención de niños enfermos de cáncer.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a presentar un informe pormenorizado sobre las presuntas omisiones del Partido de Morena en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y, en su caso, dé cuenta de las acciones administrativas iniciadas conforme a la normatividad aplicable. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los partidos políticos constituyen uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de las instituciones democráticas, porque además de ser uno de los canales para acceder al poder político a través de las elecciones, también contribuyen a agregar las principales demandas de la población y traducirlas en el diseño de políticas públicas.

Los partidos políticos son entidades de interés público y …tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.1

Al recibir principalmente financiamiento público para su funcionamiento, los partidos políticos son sujetos obligados a transparentar el uso y destino de los recursos de origen público que reciben.2

Entre las principales obligaciones de los sujetos obligados3 para el cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentran las siguientes:

• Constituir su Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna.

• Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles.

• Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen.

• Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional.

• Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia.

• Difundir proactivamente información de interés público.

• Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes.

En cuanto a la información específica a la que están obligados los partidos políticos4 nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, destacan las siguientes:

• El padrón de afiliados o militantes, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia.

• Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos.

• Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil.

• Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios.

• Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos.

• Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes.

• Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados.

• El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas.

• El acta de la asamblea constitutiva.

• Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión.

• El directorio de sus órganos de direcciones nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales.

• El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos de dirección señalados anteriormente y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica.

• Información sobre cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido.

• Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna.

• Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

• Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos correspondientes a sanciones.

• El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores.

• El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto.

• Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.

En un claro ejemplo de incumplimiento de sus obligaciones y en sentido contrario al derecho de los mexicanos a acceder a la información pública, el partido Morena reconoció, luego de una solicitud de información que su Comité de Transparencia aún está en proceso de conformación, argumentado que es un instituto político “de reciente creación”. Además, dicho instituto político señaló que su Unidad de Transparencia está conformada únicamente por el titular de la oficina de información pública.5

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,indicó en el expediente RRA 2464/16 que Morena no ha elaborado el reglamento para regular la creación y operación de su órgano de transparencia.6

Ante estas presuntas omisiones, el dirigente nacional del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, escribió en su cuenta de twitter lo siguiente:

“A los del INAI: dejen de estar volteando solo hacia nosotros. No somos corruptos. Pidan cuentas a la mafia del poder. No se hagan guajes.”7

Esta no es la primera ocasión que el dirigente nacional del partido Morena, muestra su falta de compromiso con la transparencia y rendición de cuentas. Cabe recordar que fue el último de los presidentes nacionales de los partidos políticos, en presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, conocida comúnmente como tres de tres, en la cual señaló no tener propiedades, cuenta bancaria, tarjetas de crédito y percibir solamente como ingreso un sueldo de 50 mil pesos.

De los 36 diputados federales de Morena, sólo dos han presentado sutres de tres; de 17 legisladores de Morena en la Asamblea de la Ciudad de México, tres han presentado su declaración; y dos de los cinco jefes delegacionales no han presentado su declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Los datos son contundentes y dan cuenta de la opacidad con la que desempeñan sus cargos públicos los integrantes de tal partido.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que estas declaraciones y la opacidad por parte de los partidos políticos deterioran la credibilidad dedichas instituciones ante los ciudadanos.

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos que abonan al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. En tal virtud, consideramos que en el contexto actual no debe haber cabida para la discrecionalidad y opacidad de los partidos políticos en el uso y ejercicio de los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre las presuntas omisiones del partido Morena en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, y en su caso, para que dé cuenta de las acciones administrativas iniciadas conforme a la normatividad aplicable.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente.

1 Párrafo segundo de la fracción I, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 23, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3 Artículo 24, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4 Artículo 76, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

5 Exhibe INAI opacidad del partido morena, Reforma, 22 de octubre de 2016 < http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=968059&sc=672&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=968059&sc=672> Consultado el 24 de octubre de 2016.

6 Ibíd.

7 Andrés Manuel (@lopezobrador). “A los del INAI: dejen de estar volteando solo hacia nosotros. No somos corruptos. Pidan cuentas a la mafia del poder. No se hagan guajes” 22 de octubre de 2016 (10:51) Tuit <https://twitter.com/lopezobrador_/status/789856807996968960?lang=es> Consultado el 24 de octubre 2016.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a cumplir las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteadas en la Recomendación M-01/2016; asimismo, remita un informe respecto al estado físico y humano de los centros penitenciarios en Nuevo León. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo, se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que de manera inmediata cumpla las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteadas en la Recomendación M-01/2016, asimismo, remita un informe respecto al estado físico y humano de los centros penitenciarios en Nuevo León, así como refiera las acciones y medidas que se han tomado para mejorar el nivel de estos centros penitenciarios.

ANTECEDENTES

1. La naturaleza jurídica de la prisión preventiva en México encuentra su origen en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual sostiene que el sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes.

2. A nivel internacional existen una serie de lineamientos conocidas como “Las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos” estas fueron adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, cuyo objetivo es la buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos.(Unidas, s.f.)

3. Dentro de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos se encuentran el derecho al registro, separación de categorías, locales destinados a los reclusos, higiene personal, trabajo, ropas y cama, alimentación, ejercicios físicos, servicios médicos, información y derecho de queja de los reclusos.(Unidas, s.f.)

4. Sin embargo, específicamente en el estado de Nuevo León la CNDH llevó a cabo visitas de seguimiento como parte importante de las acciones de supervisión por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura adscrito Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo resultado en los centros de reclusión que dependen del Gobierno del Estado de Nuevo León arrojo que dentro de estos centros penitenciarios existe la siguiente problemática:

• Persiste la sobrepoblación y condiciones de hacinamiento.

• Subsiste el autogobierno en los tres establecimientos.

• Insuficiente suministro de alimentos.

• Instalaciones en malas condiciones de mantenimiento general, especialmente las sanitarias e hidráulicas

• Insuficiencia de colchonetas

• Inadecuadas condiciones de higiene

Conexiones eléctricas improvisadas en la sección femenil

• Falta de instalaciones adecuadas exprofeso para mujeres, así como para los hijos de las internas que viven con ellas.(Humanos, 2016)

5. A raíz de dichos descubrimientos la CNDH emitió la recomendación identificada como M-01/2016 en la cual incita al Gobierno del Estado de Nuevo León a: Realizar las acciones pertinentes para garantizar que todas las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión referidos, reciban alimentos suficientes para el mantenimiento de su salud; llevar a cabo una evaluación sobre el mantenimiento y equipamiento de los centros de reclusión para asignar los recursos suficientes a fin de que las instalaciones reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene que permitan a las personas privadas de la libertad una estancia digna; prever los recursos presupuestarios para la construcción de un Centro Femenil en el Estado que reúna las condiciones previstas en la normatividad nacional e internacional, considerando la estancia digna para sus hijas e hijos; efectuar una adecuada distribución que atienda a la clasificación y separación de los internos como lo señala la ley y se eviten áreas que sobrepasen su capacidad, así como realizar una evaluación de las necesidades en materia de personal de seguridad que se requieran para garantizar la gobernabilidad de los centros.”(Humanos, 2016)

6. Sin embargo esta no es la primera vez que se evidencia las malas condiciones en las que se encuentran las prisiones del Estado de Nuevo León, ya que en mese s pasados específicamente en febrero de este año se registró una a riña en el penal de Topo Chico entre dos grupos criminales dejando un saldo de 49 muertos y 12 heridos, cinco de ellos de gravedad y subsecuentemente el día 13 de octubre se registró una riña en el penal del Topo Chico con saldo preliminar de una persona muerta y 16 heridos.

7. Como claramente se puede observar, las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios del estado de Nuevo León, no cumplen con las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos emitidas por la Organización de las Naciones Unidas en 1955, lo cual constituye un problema para la sociedad ya que de tal suerte que el objetivo de reinserción social no es posible si a su vez no se satisfacen los derechos mínimos para una persona que se encuentra purgando una pena.

CONSIDERANDOS

1. Derivado de los hechos expresados en el capítulo de antecedentes, es preocupante que el Estado de Nuevo León al día de hoy no haya atendido los grandes problemas que se presentan al interior de los centros penitenciarios.

2. De igual forma se hace especial hincapié en cumplir las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos ya que están son fundamentales para lograr satisfactoriamente la reinserción en la sociedad de los reclusos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que de manera inmediata cumpla las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteadas en la Recomendación M-01/2016.

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que remita un informe respecto al estado físico y humano de los centros penitenciarios en Nuevo León, así como refiera las acciones y medidas que se han tomado para mejorar el nivel de estos centros penitenciarios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a instrumentar los programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a identificar, sancionar y prevenir diversas irregularidades como la venta de plazas, el nepotismo, el tráfico de influencias y los denominados “aviadores” en el sector educativo, ante los presuntos casos de esta naturaleza en la entidad. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el dirigente de la disidencia magisterial de la sección 51, la existencia de personas que cobran pero no trabajan “aviadores” en el gobierno del estado de Puebla, es un fenómeno que existe y está vinculado con el poder político de la entidad, en muchos de los casos se tratan de favores políticos o pago de ayudas a los titulares de las dependencias o encargados de las oficinas de la demarcación.

Lo preocupante es que, a pesar de que se conoce el número, se sabe en dónde están y a que dedican sus actividades, las políticas gubernamentales para sancionarlos son escasas e ineficientes, por lo que es nuestra responsabilidad como Legisladores Federales evidenciar este tipo de prácticas, con la finalidad de contenerlas y advertirlas ante su proliferación. En este contexto, diversos medios de comunicación han hecho público que una constante en las dependencias del gobierno estatal en Puebla es la colaboración irregular, a través de actos de nepotismo y tráfico de influencias de hermanos, tíos, primos, cuñados, yernos, parejas y compadres. Sin embargo, esta tendencia es más notoria en la Secretaría de Educación Pública en el que se han identificado el mayor número de casos1.

Particularmente, en la Subsecretaría de Educación Superior, se han reconocido a un gran número de personas conocidas como “aviadores”, es decir, familiares y amigos que cobran sin trabajar, peor aún, están en la nómina estatal sin cumplir con los requisitos mínimos de ley como mérito académico, experiencia, perfil laboral o profesiográfico.

Entre estas personas destacan las siguientes:

• Personal de apoyo, como Javier Peña Flores, quien a decir de medios locales es la pareja sentimental de la Subsecretaria; esta persona recibe un pago de 26 mil pesos mensuales desde el año 2015. Dicho servidor público, no tiene actividades definidas y sólo hace acto de presencia en la dependencia.

• El jefe de la oficina de la Subsecretaría Raúl Gelasio Pazos Huerta, quien carece de perfil académico y funciones administrativas definidas, a pesar de ello, ostenta un pago mensual superior a los 26 mil pesos, entre las anomalías en su proceso de incorporación está el que obtuvo su alta definitiva a pocos días de haber entrado a laborar.

• María Alejandra de Gyves Romero, quien es sobrina de la Subsecretaria. Esta persona no cuenta con experiencia y mucho menos perfil docente o educativo y recibe un ingreso de 26 mil 707 pesos mensuales.

• Asimismo, se encuentra gente cercana al gobernador, como Liliana Valencia Corona, quien es parte de la red de mujeres en el PAN y a decir de ella desde la Secretaría de Educación Pública es operadora política del gobernador electo. Destaca que también recibe ingresos por ser secretaria técnica del programa de “becas de manutención”.

Esta situación es replicada en el gobierno municipal de Puebla de Zaragoza y en el ayuntamiento de San Andrés Cholula, lugares en donde se ha identificado a Aldo Francisco Burelo quien cuenta con plazas en los dos lugares por lo que cobra más de 61 pesos al mes2. Esta persona aparece como empleado de confianza en el Ayuntamiento de Puebla con un sueldo de 27 mil 940 pesos y además percibe al menos 33 mil pesos como asesor de comunicación estratégica en San Andrés Cholula. Bajo estas consideraciones, es determinante que la Secretaría de Educación Pública estatal fortalezca sus medidas, programas y políticas públicas con el objeto de identificar las personas que reciben un salario pero que no trabajan en las oficinas. De igual manera, instrumentar las acciones pertinentes para sancionar y prevenir este tipo de casos.

Aunado a estas medidas, estimamos indispensable que la Secretaría de la Contraloría lleve a cabo una revisión o auditoría a los recursos que han sido etiquetados para la contratación de personal en el sector educativo, sobre todo, porque de acuerdo con el marco jurídico vigente, dicha dependencia cuenta también con las facultades de verificar, auditar y garantizar que los recursos públicos del estado sean administrados con objetividad, eficiencia, transparencia y orientados a con los fines para los cuales fueron destinados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla, para que a través de Secretaría de la Contraloría y de la Secretaría de Educación Pública de la entidad, de manera coordina y transversal, instrumenten los programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a identificar, sancionar y prevenir diversas irregularidades como la venta de plazas, el nepotismo, el tráfico de influencias y, los denominados “aviadores” en el sector educativo, ante los presuntos casos de esta naturaleza en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente.

Bibliografía
Humanos, C. N. (23 de octubre de 2016). CNDH. Obtenido de CNDH:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_273.pdf
Unidas, O. d. (s.f.). Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. Obtenido de Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx

1 http://www.statuspuebla.com.mx/2016/10/23/los-aviadores-de-la-sub-salvatori-en-sep-puebla/

2 http://www.periodicocentral.mx/2015/politicas/funcionario-de-gobernacion-municipal-en-puebla-es-aviador-en-
el-ayuntamiento-de-san-andres-cholula





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a elaborar un instrumento de medición mensual en el cual se proyecten los delitos cometidos en   contra de las mujeres; asimismo, exhorta al gobierno federal a declarar la Alerta de Violencia de Género en el estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.







 

Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integran al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día del Ferrocarrilero”.

Día del Ferrocarrilero
7 de noviembre

El martes 7 de noviembre de 1907 un tren cargado de dinamita se dirigía al pueblo de Nacozari; uno de los vagones se incendió y Jesús García Corona, un joven maquinista de 26 años, tomó el control sacando el tren del pueblo salvando la vida de cientos de personas y sacrificando la propia. Desde entonces a Jesús García se le conoce como El Héroe de Nacozari.

La locomotora incendiada había sido construida por la compañía Porter of Pittsburg, Pennsylvania tan sólo seis años antes y ese día llevaba dinamita para la mina de Pilares a sólo cuatro kilómetros de Nacozari en Sonora. La explosión se escuchó a casi veinte kilómetros de distancia y el cuerpo de Jesús García, lanzado por el frente de la máquina, fue identificado sólo por sus botas. Ese día murieron 12 personas más que estaban cerca de la vía del tren, pero se  salvaron los habitantes del pueblo completo por la oportuna acción de Jesús García.

A partir de 1944 por decreto presidencial, ese día se conmemora en México el Día del ferrocarrilero.

Protagonista del acto heroico que salvó vidas y salvó a Nacozari de su destrucción, pero también de un acto que dejó la enseñanza de que la grandeza del ser humano, se manifiesta cuando se va más allá de sí mismo. En honor de Jesús García Corona se han edificado monumentos, escuelas con su nombre, estadios, calles, avenidas, etc., e incluso el Pueblo de Nacozari, lleva por nombre desde entonces, el de Nacozari de García.

Este acontecimiento que está inscrito en la vida de miles de trabajadores ferrocarrileros de todo el país quedo marcado como la celebración del Día del ferrocarrilero en memoria de aquellos que entregan su valioso tiempo, esfuerzo, dedicación y sacrificio en trabajar en las potentes moles de acero y recorrer miles de kilómetros de las también llamadas paralelas de acero ya sea guiando un tren de carga o pasajeros o bien dando el mantenimiento a esa importante vía de comunicación que ha servido al desarrollo y fortalecimiento de nuestro país

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al “Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados”.

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente
en la Guerra y los Conflictos Armados
6 de noviembre

Aunque la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de soldados y civiles muertos y heridos, ciudades y medios de vida destruidos, con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima olvidada. Los pozos de agua han sido contaminados, los cultivos quemados, los bosques talados, los suelos envenenados y los animales sacrificados para obtener una ventaja militar.

Para concienciar sobre este asunto, la Asamblea General declaró el Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados, el cual se celebrará el 6 de noviembre de cada año (resolución 56/4).

Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que en los últimos 60 años al menos el 40% de los conflictos internos han tenido alguna relación con la explotación de los recursos naturales, tanto por ser considerados de «mucho valor», como madera, diamantes, oro, minerales o petróleo, como por ser escasos, por ejemplo, la tierra fértil y el agua. Cuando se trata de conflictos relativos a los recursos naturales se duplica el riesgo de recaer en el conflicto.

Las Naciones Unidas concede gran importancia a garantizar que la actuación sobre el medio ambiente es parte de la prevención de conflictos, del mantenimiento de la paz y de las estrategias de consolidación de la paz, porque no puede haber paz duradera si los recursos naturales que sostienen los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos.

El 27 de mayo de 2016, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente aprobó la resolución UNEP/EA.2/Res.15, en la que reconoce la función de los ecosistemas saludables y los recursos gestionados de manera sostenible para reducir el riesgo de conflicto armado y reafirma su firme compromiso con la plena aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que figuran en la resolución 70/1 de la Asamblea General, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible».

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 4 de noviembre de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día  de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura”.

Con motivo de la conmemoración del Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
4 de noviembre

La Senadora Andrea García García integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, la siguiente:

Efeméride

Este viernes 4 de noviembre se conmemora internacionalmente el “Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura” (UNESCO), este día sirve para dar a conocer los logros conseguidos por la organización.

La UNESCO es un organismo especializado que pertenece a las Naciones Unidas, se firma su constitución el 4 de noviembre de 1946, su fundación se da posteriormente el 16 de noviembre de 1954.

La creación de la organización tiene su origen después de las dos guerras mundiales que se suscitaron dentro de un corto plazo, en un momento en donde los acuerdos políticos y económicos no eran suficientes para construir una paz duradera.

La finalidad en ese entonces era la de restablecer los sistemas educativos que tanto habían sido sacudidos tras ese periodo y de esta manera devolver a las personas una vida de calidad.

El objetivo principal es el de contribuir a la paz mundial y al desarrollo de todos los pueblos sobre todo aquellos que tienen menos medios y en los cuales es más difícil hacer llegar la educación, cultura y enseñanzas,

La organización cumple con la función de representar aquellas zonas más deprimidas y necesitadas del mundo para hacerles llegar un mensaje de paz y solidaridad de todas las demás naciones.

Uno de sus grandes objetivos es la alfabetización de la población a nivel mundial y que ningún niño se encuentre impedido de recibir una formación esencial y necesaria para su crecimiento y desarrollo.

Actualmente la organización está compuesta por 195 Estados miembros y 8 miembros asociados, todos ellos cuentan con Delegaciones Permanentes en la UNESCO, el compromiso en común de cada uno de ellos es de unidad y cooperación entre los pueblos del mundo.

México forma parte de la organización desde su nacimiento, fue uno de los catorce países en conformar la Primera Comisión Provisional y el séptimo país en firmar el Acta Constitutiva.

Asimismo, México cuenta con más de 500 escuelas incorporadas a la Red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO (Red PEA), 19 Cátedras UNESCO, 41 Reservas de la Biósfera inscritas en la Red Mundial, 33 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio   Mundial, diez acervos en el Registro Internacional Memoria del Mundo y siete expresiones culturales inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Desde 1967, México, acoge una Oficina Nacional de la Organización que se encarga de impulsar y trabajar en proyectos que promueven la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e información en la República Mexicana.

La UNESCO entre otras cosas, refuerza los vínculos entre naciones y sociedades     para:

• Que toda niña y niño tenga acceso a una educación de calidad en tanto que es un derecho humano fundamental y prerrequisito para el desarrollo humano;

• Que haya un entendimiento intercultural mediante la protección del patrimonio y el apoyo a la diversidad cultural. La UNESCO creó el concepto de “Patrimonio Mundial” para proteger lugares de un valor universal excepcional;

•Que continúe el progreso y la cooperación científica  y se refuercen los vínculos entre países con iniciativas como el sistema de alerta temprana para tsunamis, los acuerdos transfronterizos de gestión de recursos hídricos refuerzo;

•  Que la libertad de expresión sea protegida ya que es una condición esencial para la democracia, el desarrollo y la dignidad humana.

Para finalizar, es importante destacar el mensaje que la UNESCO ha transmitido al mundo, en el resalta que debemos desarrollar políticas integrales que sean capaces de responder a la dimensión social, medioambiental y económica del desarrollo sostenible y que en un mundo globalizado, los intercambios y el mestizaje deben ser oportunidades para construir la paz en la mente de las mujeres y los hombres.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2016.

Suscribe

Sen. Andrea García García.





 

Sonido en el escaño de la Senadora Diva Hadamira, ¿con que objeto?

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Para dar mi voto a favor.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Regístrense los votos a favor de la Senadora Diva Hadamira y del Senador Pozos Lanz, por favor.

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 8 de noviembre a las 11:00 horas.

Y nuevamente se le da la más cordial bienvenida al maestro Armando Manzanero y a Roberto Cantoral, hijo.

¡Bienvenidos al Senado de la República. Bienvenido maestro!

(Se levantó la sesión a las 14:12 horas)

Directorio

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