Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 18 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 8



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 22 de Septiembre de 2016

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al registro de asistencia, se han registrado 85 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del jueves 22 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y nueve minutos del día martes veinte de septiembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del catorce de septiembre de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Cultura, su informe de actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, su informe de actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y, su Plan de Trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Seguridad Pública, su informe de actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y, su Programa de Trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Andrea García García, el informe de la gira de trabajo a la Universidad de Oxford, la Universidad de Londres, el Centro de Investigación de Cáncer del Reino Unido y diversas instituciones médicas en Londres, llevada a cabo del 18 al 22 de julio de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, el informe de su participación en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada en San Salvador, El Salvador, los días 19 y 20 de agosto de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización para que elementos de la Armada de México participen en el “35 Aniversario de la Independencia de Belice”, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016, en la Ciudad y Puerto de Belice.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de  Marina.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 de los Programas del Sector Economía y el Anexo 2b del Programa Anual de Evaluación 2016.- Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, oficio por el que informa que en sesión celebrada el 15 de septiembre de 2016 se declaró formalmente constituida para el desempeño de sus funciones.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establecen los criterios en relación con la asistencia de Senadores que se desempeñarán como Diputados Constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Hilda Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y Ana Gabriela Guevara Espinoza, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea el Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 9 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley General de Salud; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; del Código Civil Federal; del Código Federal de Procedimientos Civiles; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado; de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley Federal contra de la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores; de la Ley de Vivienda; de la Ley General de Educación; de la Ley General de Desarrollo Social; y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia atención a víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 4 y un inciso c) al artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Movilidad.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 75 votos a favor y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. En la discusión intervino la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, a favor. El   asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. La Presidencia de la Mesa Directiva informó de las propuestas de adición de los Artículos Segundo y Tercero Transitorios, por parte de los Senadores Mario Delgado Carrillo y Luis Humberto Fernández Fuentes. El proyecto de Decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por 76 votos a favor. El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, presentó las propuestas de adición de los Artículos Segundo y Tercero Transitorios, las cuales se admitieron a discusión. Los Artículos Segundo y Tercero Transitorios del proyecto de Decreto fueron aprobados, por 75 votos a favor. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México. Se remitió a la Cámara de  Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para derogar la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración.- Para presentar el dictamen intervino la Senadora Layda Sansores San Román, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios. El dictamen fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes.

 

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral y fortalecer las acciones que permitan erradicar el trabajo infantil.- Para presentar los dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Intervinieron los Senadores: Ricardo Barroso Agramont del PRI, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; y Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta a los congresos de diversos estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño.- Intervino la Senadora Hilda Ceballos Llerenas del PRI, a favor. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en conmemoración del Trigésimo Primer Aniversario del terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

(Proposiciones)

El Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes para la comunidad indígena en nuestro país, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar medidas urgentes y realizar los cambios necesarios al paquete económico 2017 para afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del peso y eximir el pago del 5% del impuesto al valor agregado en las fronteras del país, para resolver la pérdida de competitividad y las afectaciones económicas que ha generado la homologación del IVA y la devaluación del peso en dicha zona.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo relativo a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el aumento de flujos migratorios nacionales y extranjeros en Tijuana, Baja California.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar mecanismos institucionales para que se realicen informes e investigaciones gubernamentales que arrojen diagnósticos pertinentes sobre la presunta y anunciada toxicidad del herbicida de acción total llamado glifosato, que se usa en los cultivos mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Arquitecto Teodoro González de León.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a las autoridades responsables del sector ambiental del Poder Ejecutivo Federal que se suspendan las acciones relativas a la instalación del proyecto “Planta de Amoniaco 2200 TMPD, en Topolobampo, Sinaloa”, de la empresa gas y petroquímica de occidente, S.A. de C.V.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se recibieron de la Junta de Coordinación Política, dos acuerdos por los que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, fueron aprobados en votación económica.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se modifica el calendario para llevar a cabo las comparecencias de funcionarios ante el Pleno del Senado, con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se establece ante qué comisiones comparecerán los funcionarios, en el marco del análisis del IV Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó que en la reunión de la Mesa Directiva del día de hoy se autorizó lo siguiente:

a) La rectificación de turno a siete iniciativas de reforma constitucional, en materia de revocación de mandato, presentadas durante las Sexagésima Segunda y la actual legislaturas. El turno rectificado a dichos proyectos es a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. El plazo para emitir el dictamen a que se refieren los artículos 212 y 214 del Reglamento del Senado empezará a contarse a partir de que se notifique a las comisiones de esta rectificación de turnos.

b) La rectificación de turno a trece iniciativas en materia de reformas a la Ley General de Víctimas para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos. Los plazos empezarán a contar una vez que las comisiones sean notificadas.

Las listas de los proyectos comprendidos en estas rectificaciones se publicarán en la Gaceta.

c) Los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna. La lista de estos asuntos se publicará en la Gaceta.

(Excitativa)

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la segunda vuelta electoral y la revocación del mandato, presentado el 19 de noviembre de 2014.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace una invitación a Hillary Diane Rodhman, con el fin de estrechar la comunicación con los dos países.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Oaxaca a aceptar la recomendación No. 33/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cumplimentándola a la brevedad.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo a la reserva de la biósfera El Triunfo, en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta al presidente del congreso del estado de Morelos a garantizar y proteger los derechos laborales individuales y colectivos consagrados en la Constitución y en las leyes en materia, de las y los empleados del congreso de dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una investigación exhaustiva por presuntas irregularidades relacionadas con la partida 1211 destinada a programas de empleo eventual; asimismo, para que la Auditoría Superior de la Ciudad de México contemple auditar el uso de dichos recursos en la revisión de la Cuenta Pública 2016.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra personajes y legisladores de la oposición por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar un informe exhaustivo sobre la participación de México en la Reunión del G20.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo a la prevención del embarazo en adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un estudio sobre la campaña de vacunación de dengue a nivel nacional pendiente, que la entidad de salud pública ha anunciado practicar.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se recomienda a diversas autoridades atender las consecuencias del nombramiento de Fiscal de Hidalgo al ciudadano Ramiro Lara Salinas, así como la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, a fin de evitar un nuevo recorte al presupuesto en salud.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se realicen los esfuerzos necesarios para que los Fondos Metropolitanos del país no se vean afectados con reducciones presupuestales.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Anexo Transversal "Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes", del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, la asignación de recursos presupuestales para dar cumplimiento a lo que establecen los Artículos Décimo Primero y Décimo Segundo Transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de adecuación e implementación de los centros de asistencia social.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a diseñar, conjuntamente con su contraparte de Estados Unidos, programas de capacitación de profesores bilingües para atender a población binacional en el sistema escolar básico y medio superior.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al poder ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a solicitar al Gobierno Federal la intervención de la séptima división de la policía federal “Gendarmería Nacional”, a fin de reforzar las capacidades de las instituciones de seguridad pública locales para salvaguardar a la ciudadanía de las distintas zonas de dicha entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Efemérides)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la conmemoración de los sismos de 1985.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Deporte Universitario.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el trigésimo primer aniversario del terremoto de 1985 y el Día Nacional de Protección Civil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el trigésimo primer aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veinticinco minutos y citó a la siguiente el jueves veintidós de septiembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión de Reforma Agraria, con la que remite:

Su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura y;

Su programa de trabajo correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de sus actividades durante la “Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor del Parlamento Latinoamericano y Caribeño”, celebrada los días 1 y 2 de septiembre de 2016, en Santiago de Chile.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente informada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, una solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas de la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia al Senador Alejandro Encinas Rodríguez para separarse de sus funciones legislativas en el Senado de la República”.

¿Alguien desea hacer uso de la palabra?

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo por el que se concede licencia al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para separarse de sus funciones legislativas en el Senado de la República.






Compañeros Senadores, el siguiente asunto del Orden del Día es la designación de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo como representante del Senado ante el Consejo de Premiación que otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016.

Dé lectura la Secretaría al Acuerdo remitido por la Comisión de Derechos Humanos.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Se encuentra a discusión.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo por el que se designa a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo como representante del Senado de la República ante el Consejo de Premiación que otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016. Comuníquese.






El siguiente asunto es un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Se encuentra a discusión.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






Hago de su conocimiento que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en relación con la presentación y turno de las proposiciones con punto de Acuerdo en materia presupuestal.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Se encuentra a discusión.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con la propuesta de designación que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Javier Juárez Mojica como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un periodo de nueve años.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con la propuesta de designación que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez como Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica, por un periodo de nueve años.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el 26 de septiembre de 2016, a efecto de atender la invitación que le extendiera el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para participar en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, como testigo de honor en la Ceremonia Protocolaria de suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.






FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO
PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió un oficio del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con el que remite oficio con copia del dictamen de los estados financieros y del informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto de Operación por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2014.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se declara el día 22 de septiembre de cada año como el “Día Nacional sin Automóvil”.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Asimismo, la Colegisladora nos envía un Acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a nombrar a los integrantes que formarán parte de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: También de la Cámara de Diputados, recibimos un oficio por el que informa las modificaciones en la integración de Diputados ante el Parlamento Centroamericano.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a la Junta de Coordinación Política.






Dé cuenta la Secretaría con la documentación que nos remite la Comisión de Administración del Senado.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta con la documentación, señor Presidente.

Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se recibió de la Comisión de Administración del Senado el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para septiembre de 2016.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Está a su consideración el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para septiembre de 2016.

Toda vez que no hay oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presupuesto del mes de septiembre de 2016. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señora Secretaria.   Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre de 2016.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también se recibió de la Comisión de Administración, el informe del presupuesto ejercido al mes de julio de 2016.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos a la presentación de iniciativas.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Agradezco al Senador Óscar Rosas y a la Senadora García Guajardo su amabilidad por aceptar que se adelante el turno de la Senadora.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, EN MATERIA DE CONTENIDOS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INFANTIL

(Presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias compañeros.

El día de hoy presento una iniciativa de suma trascendencia para la población infantil de nuestro país, o dicho de otra manera, con quienes realizarán la toma de decisiones del futuro de nuestro país, del futuro de México.

Los recientes cambios en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones han provocado un avance en la materia, sin embargo, debemos reconocer que los resultados esperados de la regulación en materia de contenidos dirigidos para la población infantil no han sido los suficientes, ni los esperados por la sociedad civil.

Es importante mencionar que según información del Inegi, el 94.9 por ciento de los hogares en nuestro país cuentan con televisión, lo que significa un alto índice de penetración en hogares del país.

Es una realidad que en nuestro país el tejido social está dañado, y que sobre todo los niños son vulnerables a lo que escuchan en la radio y a lo que ven en la televisión, ellos requieren que el Estado genere las políticas públicas que les propicien un sano desarrollo, y así poderles brindar las herramientas necesarias para lograrlo.

Por otro lado, según refiere un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, “en 2014, el público infantil pasó frente al televisor un promedio de 4 horas con 34 minutos. Su tiempo de permanencia se ha incrementando 24 minutos de 2006 a 2014”.

De tal manera que es un tiempo considerable para tomar en cuenta, ya que la televisión como un medio de comunicación de manera directa o indirecta forma valores cívicos y culturales a los niños. Cabe destacar que el estudio en comento denota que lo que ven más los niños son telenovelas, reality shows, dramatizados unitarios, caricaturas y concursos.

Estamos frente a una realidad que implica que lo que están viendo nuestros niños, en primera instancia no son los programas que aportan contenidos educativos. Adicionalmente, desde un enfoque de entretenimiento los programas que ven no son del todo aptos para ellos, ya que se trata principalmente de telenovelas y realitys shows, situaciones que resultan alarmantes.

Debemos dar cumplimiento al artículo 4o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su párrafo noveno establece que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez”. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Por lo tanto, el Estado mexicano debe garantizar los derechos de los niños y buscar mecanismos que sean jurídicamente progresivos, atendiendo una realidad que es lamentable y en la cual está inmerso todo nuestro país, no sólo los niños.

Cabe destacar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones también ha establecido que el Estado debe garantizar que el público infantil consuma contenidos de calidad, cosa que desde luego no se está cumpliendo.

Como legisladores estamos obligados a cerrar el andamiaje jurídico para reforzar y dar cumplimiento a lo dispuesto por nuestra Constitución, mediante el órgano que propone esta iniciativa, el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Es imperante que este órgano cuente con facultades que garanticen y promuevan contenidos de calidad, a fin de garantizar un sano desarrollo para la población infantil y para todas las y los mexicanos en general.

Estamos ante la realidad de que la programación que menos ve la población infantil, es la que exhibe el contenido cultural, y que la programación destinada al público infantil no siempre es apta para ellos.

Así de pobre es este tema de los contenidos en los medios de comunicación, que deberían de ser una herramienta eficaz para generar conciencia entre todos nosotros los mexicanos y que, por el contrario, está propiciando una descomposición de la forma de ver las cosas y de la forma cómo actúan las personas que viven en este país.

De tal forma que, compañeras Senadoras y Senadores, los medios de comunicación con mayor penetración en los hogares, deberían ser herramientas de desarrollo humano, en virtud de todo lo antes mencionado, esta iniciativa propone darle mayores facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para revisar y sancionar a quien dirija programación destinada al público infantil y en general, y que no se apegue a un contenido apto para ellos.

Finalmente, esta iniciativa es presentada con el fin de mejorar los contenidos destinados a la población infantil y en general, y con ello garantizar el interés superior de la niñez plasmada en nuestra Constitución Federal.

Por lo que si todos ustedes me apoyan para que esta iniciativa prospere, se apruebe, podrémos iniciar aquí desde el Senado de la República, una cruzada nacional para que la televisión se convierta en la herramienta que requerimos nosotros los mexicanos, para formar conciencias libres y destinadas a superarse, a evolucionar y a desarrollar más este país como todos anhelamos.

Muchas gracias, compañeros.

Iniciativa



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Beristain Navarrete. Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Óscar Román, ¿con qué objeto?

El Senador Óscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Para pedirle a la Senadora Beristain, si me permite sumarme a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Le solicito a la Secretaría tome nota, por favor.






Tiene el uso de la palabra el Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN MATERIA DE COMPRAS CONSOLIDADAS DE MEDICAMENTOS EN EL SECTOR SALUD

(Presentada por el Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Óscar Román Rosas González: Muchas gracias, señora Presidenta.

Antes de iniciar, quisiera pedirle su autorización para que me permita, en esta intervención, presentar un punto de Acuerdo, que también está considerado en el Orden del Día.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Adelante, Senador. Tomamos nota de su solicitud.

El Senador Óscar Román Rosas González: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Senadoras y Senadores:

El día de hoy pondré a su consideración dos temas que han sido publicados en el Orden del Día.

El primer asunto, tiene que ver con un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, y de Economía, de conformidad con sus respectivas competencias, informe al Senado de la República sobre el cumplimiento de la mano de obra local contratada por licitantes que participan en las obras y servicios públicos, convocados por las entidades y dependencias de la Administración Federal.

Sobre este tema, como ustedes saben, en el 2015 aprobamos adicionar la fracción XXI del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, para que todas las convocatorias de licitación pública que realicen las dependencias y entidades federativas, incluyan como requisito el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán contratar en las obras o servicios a realizarse.

Dicha modificación entró en vigor el pasado 13 de mayo del presente año, y por tal motivo es necesario que este Pleno conozca sobre la ejecución y avance del cumplimiento de esta nueva disposición que tiene como objetivo potenciar el desarrollo regional e incluir la mano de obra de comunidades de las fuentes de empleo que genera todo este país.

Vale la pena resaltar y señalar que este servidor proviene del estado de Campeche. El estado de Campeche, como muchos de ustedes saben, por la situación económica petrolera, está pasando por situaciones que amerita esta iniciativa sea cumplida en su totalidad, para que la mano de obra de los campechanos, de los Carmelitas en especial, donde ha tenido un impacto significativo el despido de petroleros en esta región, que a través de esta iniciativa que se aprobó por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, se logren contratar campechanos y así disminuir el impacto que ha tenido las medidas que se han tomado.

El segundo tema versa sobre la protección a la salud que tenemos todos los mexicanos: el acceso a los medicamentos e insumos básicos para la atención médica. De acuerdo a la Ley General de la Salud, es uno de los servicios básicos a los que todo ciudadano tiene derecho.

A finales del sexenio pasado nos encontrábamos en un franco desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales públicos con precios diferenciados, segmentación de los procesos licitatorios e inventarios vacíos con la consecuente falta de atención para los usuarios y derechohabientes de los servicios médicos.

Esta administración puso en marcha el mecanismo de compras consolidadas de medicamentos donde sólo una instancia se encarga de emitir bases y requisito de participación para la proveeduría de medicamentos y material básico, así como la compra única de los mismos.

La primera compra consolidada se llevó a cabo en 2013, se registraron 14 participantes; 5 entidades y dependencias federales, 5 entidades federativas y 4 institutos de salud. El volumen de compra fue de 43 mil millones de pesos con un ahorro de 3,700 millones de pesos.

En 2014, el ahorro producto de las compras consolidadas de medicamentos fue de 4,600 millones de pesos. Para el 2015, se registraron 40 participantes, 18 entidades federativas, 17 institutos de salud y 5 dependencias federales, entre ellas el IMSS y el ISSSTE.

Los ahorros generados este año ascendieron a 2,521 millones de pesos que, sumados a los conseguidos en las compras realizadas en 2013 y 2014, representan un ahorro total acumulado de 10 mil 863 millones de pesos.

Como ustedes ven, Senadoras y Senadores, son cifras realmente significativas, que en base a la aprobación de esta iniciativa que presento, seguramente el tener estos ahorros vamos a tener una mayor cobertura de medicamentos para todas las familias mexicanas.

Este mecanismo de contratación para el suministro de medicamentos, mediante licitaciones estandarizadas, denominada “compras consolidadas”, para todos los institutos y dependencias federales en materia de salud, ha mostrado ser una herramienta útil e indispensable para asegurar el abasto oportuno de medicamentos en el sector salud.

El objetivo de la presente iniciativa es consolidar los esfuerzos que se han hecho en los últimos años a través de las compras consolidadas elevándolas a rango de ley, la participación de las dependencias y entidades federativas en dichas compras no será unilateral, sino tendrá un carácter vinculante.

Para lograr lo anterior, se crea el concepto de compras consolidadas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con ello abre la posibilidad de ampliar las compras consolidadas para otros bienes y servicios.

Asimismo, se faculta a la Secretaría de Salud como la instancia encargada de la expedición de los lineamientos y firma de convenios para la compra de medicamentos en forma consolidada.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa








PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a enviar un informe sobre el grado de cumplimiento de la mano de obra local contratada, a la que están obligados los licitantes que participan en las obras y servicios públicos convocados por las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

El suscrito, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante éste Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 13 de enero de 2016 fue publicado el decreto por el que se adiciona la fracción XXI del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, dichas adición versa sobre el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán de incorporar en a las obras y servicios contratados por el gobierno federal.1

El objetivo de la modificación a esta Ley, se justificó cuando se presentó la iniciativa en el Senado de la República, señalando que, todos participantes en los procesos de adjudicación de obra pública, estarán obligados a considerar dentro de su propuesta de participación el porcentaje de mano de obra local que utilizarían de resultar favorecidos con los trabajos u obras a realizarse.

Esta modificación, induciría al sector empresarial para que a través de sus distintas empresas e industrias volteen la mirada hacia los recursos humanos locales y permitan la incorporación de estos, con fuentes de trabajo, al desarrollo de sus regiones, y por ende al desarrollo nacional.

Dinamizaría a los diferentes gremios de trabajadores en la búsqueda de mayores fuentes de empleo, en la defensa de las fuentes de trabajo local, y en la vigilancia para el cumplimiento de la norma en beneficio de las regiones y comunidades que cuentan con el recurso humano disponible para las obras requeridas.

En suma, se dotaría al gobierno de una herramienta útil para el desarrollo local y regional, pues estaría facultado para verificar que se cumplan los porcentajes mínimos de mano de obra local en una obra o proyecto determinado.

Sin embrago, a más de medio año de haberse aprobado este mecanismo para potenciar el empleo y desarrollo local y regional, no tenemos información concreta y fiable sobre el grado de cumplimiento de los porcentajes de mano de obra local que contrataron las empresas ganadoras de licitaciones públicas de entidades y dependencias del gobierno federal.

Resulta indispensable precisar que el artículo 8 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, faculta a las secretarias de Hacienda, Economía y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, para interpretar esta Ley en cuanto a sus efectos administrativos. Por tanto, se les asignan funciones para el adecuado cumplimiento de la Ley:

“La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación”.2

Igualmente, la Secretaria de Economía queda facultada para:

“Artículo 9. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas”.3

Como se puede observar, en los artículos 8 y 9 se precisan dos funciones nodales sobre la adecuada observancia de esta ley, en primer lugar, la Secretaria de la Función Pública puede dictar disposiciones administrativas necesarias para cumplir con la normatividad establecida, en segundo lugar, la Secretaría de Economía dictará reglas para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas.

De esta manera, ambos casos, caben en el supuesto de dictar disposiciones para que los licitantes cumplan con el porcentaje mínimo de obra local que se obligaron a cumplir, cuando decidieron participar en las convocatorias de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Como un dato adicional, baste mencionar que el gasto programado en inversión física del gobierno federal, que en su mayoría es traducido en obras e infraestructura pública, asciende a 717 mil 575 millones de pesos, para 2016; ello nos da un panorama general sobre el potencial de desarrollo en las comunidades locales, a través de la contratación de mano de obra local.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas funciones, envíen al Senado de la República un informe sobre el grado de cumplimiento de la mano de obra local contratada, a la que están obligados los licitantes que participan en las obras y servicios públicos convocados por las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.

Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Oscar Román Rosas González.

1 Diario Oficial de la Federación. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422568&fecha=13/01/2016&print=true

2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Disponible
en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf

3 Idem.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: El proyecto que reforma a la Ley General de Salud, la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera.

La proposición a la que hizo referencia el Senador en tribuna, se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Sonido en el escaño de la Senadora Hilda Ceballos.

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: (Desde su escaño) Solicitar al Senador Rosas Ginzález, si me puedo adherir a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Claro, le consultamos al Senador Rosas si no tiene inconveniente, y también solicita la palabra en el mismo sentido la Senadora Gómez del Campo. Le solicito a la Secretaría tome nota de quienes han solicitado su adhesión.






Tiene la palabra la Senadora Sandra Luz García Guajardo, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Sandra Luz García Guajardo, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Sandra Luz García Guajardo: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

La de la voz, Sandra Luz García, a nombre propio y de los Senadores Luisa María Calderón, Andrea García, Sylvia Martínez, Sonia Mendoza, Laura Rojas, Sonia Rocha, Marcela Torres y José de Jesús Santana, presentamos esta iniciativa a la que en obvio de tiempo no daré lectura y le solicito su adición íntegra en el Diario de los Debates.

La propuesta reforma los artículos 447 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Uno de los mayores retos de un gobierno democrático, es incrementar la participación ciudadana, haciendo que los habitantes hagan valer su capacidad de decisión para así contribuir en la disminución del abstencionismo.

En Acción Nacional y personalmente, estoy convencida que sólo con un mayor número de votantes se podrá obtener la legitimidad y consenso que requieren los actores políticos y nuestros gobernantes para convalidar sus acciones.

Fomentar la participación como tarea fundamental, nos permite acotar la desconfianza y disminuir el costo electoral, a eficientar la erogación de los recursos públicos que se destinan a las elecciones. Es decir, que a mayor número de votantes se reduce el costo per cápita por voto.

Recordemos las elecciones de 2009, cuyo costo electoral fue de 20 mil 887 millones de pesos, lo que presentó un gasto promedio de 268 pesos por ciudadano inscrito en el padrón.

Ahora bien, si se toma en cuenta el número de ciudadanos que votaron, el costo promedio por elector fue de 346 pesos.

Si todos los mexicanos inscritos en el padrón hubiéramos votado, el costo por voto hubiera sido de 153 pesos, lo que quiere decir que el costo de cada ciudadano que no ejerce su derecho a votar es de 193 pesos.

En México, elección tras elección, se manifiesta la desconfianza, apatía y desinterés ciudadano.

Basta recordar el resultado de las elecciones presidenciales en 2012, que tuvieron una participación de un 38 por ciento. Cifras que disminuyen aún más si se desagregan los datos para Presidente de la República, Gobernadores, Diputados y Senadores.

Y da como resultado que los Senadores fuimos elegidos por sólo un 15 por ciento del electorado nacional, los gobernadores por un 20 por ciento y el Ejecutivo Federal por sólo un 16.5 por ciento.

Lo anterior, a pesar de que en nuestro país el voto es obligatorio, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 36 de la Constitución, que señala como obligaciones del ciudadano votar en las elecciones.

Adicionalmente, la fracción I del artículo 38 de nuestra Carta Magna, también establece una sanción a quien no ejerce el voto, con la suspensión de los derechos ciudadanos por un año.

Sin embargo, no se aplica, al contrario de por lo menos 10 países de América Latina en los cuales y derivado de un análisis de derecho comparado, donde se encontró que el voto es obligatorio y no ejercer este derecho trae consigo sanciones fuertes de carácter administrativo y económico, lo que se ha traducido en un alto porcentaje de votantes.

En Argentina, por no votar, se aplica una multa que va de 2 a 20 pesos mexicanos, además de no ser designado para desempeñar empleos públicos durante 3 años.

En este país, en las elecciones de 2003, con el candidato Néstor Kirchner, la participación fue de un 78.22 por ciento.

En Bolivia se aplica una multa de 416 pesos mexicanos y en caso de incumplimiento del pago, éste se convertirá en arresto.

En las elecciones presidenciales de 2009 con Evo Morales, como candidato, la participación fue de 94.31 por ciento.

En Brasil, la multa equivale a 18 pesos mexicanos y la prohibición a inscribirse a ocupar cargos públicos y a realizar trámites administrativos.

En el 2010, con la candidata Dilma Rousseff a la presidencia, la votación fue del 93.30 por ciento.

El caso chileno también es representativo de los altos niveles de votantes, ya que en sus elecciones presidenciales de 2009, participó el 96.6 por ciento de su padrón.

En Ecuador la sanción por no votar es equivalente a una multa de 505 pesos mexicanos, el voto es obligatorio para los que sepan leer y escribir; facultativo para los analfabetos y para los mayores de 75 años.

Otros países como Paraguay, Perú y Uruguay también tienen el mismo esquema de voto y presentan una participación arriba de niveles de 80 y 90 por ciento.

Por lo anterior, se pretende que en nuestro país se haga efectiva la suspensión de los derechos sin prerrogativas contempladas en la Constitución a quienes no votan sin causa justificada, a través de que no se haga válida la credencial para votar, emitida por el Instituto Nacional Electoral durante un periodo de un año.

Se establecen excepciones para aquellos ciudadanos que no hayan acudido a votar por un caso fortuito o fuerza mayor comprobada; los mayores de 70 años, los que se hubieran ausentado del territorio nacional, acreditando el hecho por cualquier medio probatorio aceptado por la autoridad competente en el plazo que se señala, como medida que contribuya a contrarrestar el abstencionismo y legitimar el acceso al poder público.

Votar debe considerarse no sólo un derecho, sino una obligación que impone la democracia.

El gobierno y las instituciones han tenido severas crisis de credibilidad, por lo que en muchas ocasiones el rechazo a la oferta política se manifiesta no votando.

Se trata entonces de generar un cambio en la cultura y el comportamiento político, lo que se traduce en la necesidad de hacer efectiva la obligatoriedad en la participación jurídicamente y de hacer consciencia en la ciudadanía.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora García Guajardo. El Senador Hermosillo y Celada desea adherirse, la Senadora Gómez del Campo con el mismo propósito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, invitados por el Senador Aarón Irízar López.

Agradecemos su visita al Senado de la República, ¡sean bienvenidos!






Se concede la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Presentada por el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM)

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señora Presidenta y Compañeras, compañeros Senadores, buenas tardes.

La alimentación es una necesidad básica y primordial para mantener la vida. El Estado mexicano, a través de la Carta Magna, está obligado a garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Lamentablemente existen mexicanas y mexicanos que pasan hambre y sufren desnutrición, ya sea por su situación económica o incluso por el desconocimiento y falta de información nutrimental oportuna.

Hoy, ante esta situación, debemos blindar primordialmente a nuestra niñez por ser el futuro de México, hay que redoblar los esfuerzos para que ese sector tenga asegurada su alimentación cada día.

Recordemos que la correcta alimentación en los primeros años de edad de los infantes es de suma importancia por ser una etapa que puede marcar la diferencia entre brindarles una vida de calidad y el riesgo que sufran enfermedades por el resto de su existencia.

En México un gran número de padres y madres de familia cuentan con prestaciones laborales o sociales como guarderías o centros de atención para menores, es decir, espacios donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de las niñas y los niños.

Al respecto; el objeto de la presente iniciativa es garantizar que los hijos de padres trabajadores tengan asegurado el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad en las guarderías. Asimismo, que los alimentos proporcionados sean sanos, adecuados a su edad y satisfagan sus necesidades fisiológicas.

La iniciativa que hoy presento, compañeros Senadores, fortalece el derecho a la alimentación de las niñas y los niños que se encuentran en centros de atención infantil, al establecer puntualmente en la ley de la materia:

1.- Los productos básicos que deben considerarse en los menús alimenticios de los infantes.

2.- Precisar las características que deben reunir los víveres que se consumirán en las instancias infantiles.

3.- Determinar la obligación de capacitar al personal encargado de los alimentos en materia de nutrición.

4.- Estipular sanciones por acciones u omisiones que transgredan el derecho a una alimentación de calidad de los menores.

Con estas adiciones a la ley se otorga mayor certeza jurídica a los padres de familia y a los propios responsables de los centros de atención infantil sobre la calidad de los alimentos que se proporcionarán a las niñas y los niños en las guarderías.

Se prevé que la alimentación que se sirve en las guarderías cumpla con el mandato constitucional de ser adecuada, sana y nutricional.

Se vela por el bienestar de los infantiles para que puedan desarrollarse física, intelectual y socialmente.

Además, se toman acciones para evitar enfermedades prevenibles como el sobrepeso, obesidad, anemia y desnutrición infantil.

Estoy convencido que la niñez de nuestro país no debe padecer hambre, por el contrario, debe tener acceso a los alimentos más idóneos para lograr jóvenes y adultos con una mejor calidad de vida.

Esfuerzos legislativos, como el que hoy emprendo con esta iniciativa, deben garantizar que los menores de edad cuenten con una alimentación que permita el máximo desarrollo de sus capacidades físicas e intelectuales.

Espero contar, compañeros, con su apoyo y sumar esfuerzos por el bienestar de nuestra niñez mexicana.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito, JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La alimentación es una necesidad básica y primordial para mantener la vida.

Por ende, en convergencia con el acontecer internacional respecto al derecho a la alimentación que data desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 en su artículo 25; y a su vez del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) referente al artículo 11; la República Mexicana en ambos casos, al hacerse parte de estos Tratados, reconoció la obligatoriedad de respetar, proteger y efectuar progresivamente los derechos en ellos reconocidos, incluido el derecho a una alimentación adecuada sana y nutricional.

Tal es el caso, que nuestro país en correspondencia a dicha responsabilidad estableció a nivel constitucional mediante reforma al artículo 4 párrafo tercero el derecho a la alimentación1, a saber:

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

En ese sentido, el estado acató ser el obligado frente a los mexicanos para que tengan acceso a una alimentación adecuada que satisfaga sus necesidades fisiológicas; condición fundamental para el logro del desarrollo óptimo e integral de toda persona y de la sociedad en general.

I. OBJETO DE LA INICIATIVA

Las niñas y los niños, son sin duda los más beneficiados en tener una dieta sana a fin de potenciar su crecimiento. Una correcta alimentación durante la temprana edad2 puede marcar la diferencia entre una vida de calidad y el riesgo de sufrir enfermedades.

En México, un gran número de padres y madres de familia cuentan con prestaciones laborales o sociales entre las que se encuentran guarderías o centros de atención para menores, es decir, espacios donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños.

Al respecto, el objeto de la presente iniciativa es que los hijos de padres de familia que trabajan y se encuentran en guarderías, tengan asegurado el derecho a la alimentación sana, nutritiva y de calidad, asimismo, que los alimentos proporcionados sean inocuos, acorde a su edad y satisfaga sus necesidades fisiológicas.

La fórmula para fortalecer estagarantía individual es: puntualizar los productos básicos que deben considerarse en los menús alimenticios de niñas y niños, establecer las características que deben reunir los víveres que se consumirán en las estancias infantiles, determinar la obligación que el personal encargado de los alimentos se capacite en materia de nutrición y estipular sanciones por acciones u omisiones que transgredan el derecho humano en mención.

II. CONSIDERACIONES

La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, es el ordenamiento jurídico que regula los centros de atención de menores3, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas.

El ordenamiento en materia, establece que los centros de atención infantil pueden ser públicos, mixtos o privados y que deben lograr la observancia y ejercicio del derecho de los menores de edad a recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada.

Sin embargo, en las actividades que deben llevar a cabo los centros de atención infantil para dar cumplimiento al derecho en mención, no se especifican cuálesson los víveres y los criterios que deben cumplir éstos para lograr una alimentación inocua, adecuada y suficiente para su nutrición.Asimismo, no se hace hincapié en la capacitación o entrenamiento que deben tener las personas encargadas de la elaboración de las dietas alimenticias a fin de lograr un correcto equilibrio nutricional en los menores de edad para su acertado crecimiento y potenciar su desarrollo físico, psíquico y social, aunado a la repercusión negativa en la habilidad para aprender, pensar, racionalizar y su destreza para socializar, comunicarse con los demás, adaptarse a nuevos ambientes y personas. Consecuentemente, no se establecen sanciones que acompañen la inobservancia de garantizar el derecho a una alimentación adecuada.

A) De la necesidad de especificar los productos básicos en las dietas alimenticias.

La omisión de especificar los víveres básicos en la dieta de las niñas y niños que se encuentran en centros de atención infantil, representan un grave problema para los menores de edad respecto a su desarrollo, además que la inadecuada ingesta de alimentos sólidos puede representar, un severo daño a la salud con enfermedades como: sobrepeso, obesidad, diabetes, anemia y desnutrición, entre otras.

Según datos de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), posiciona a nuestro país en el número uno respecto a la obesidad infantil en el mundo4. Por ello, la obesidad y sobrepeso son de los principales retos a vencer para lograr una población infantil sana.

La alimentación descomunal que tiende a la acumulación anormal o excesiva de grasa y puede ser perjudicial para la salud, se explica en parte por el fenómeno de transición nutricional que experimenta el país, teniendo como características una occidentalización de la dieta, en la cual5:

1) Aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados, adicionados con altas cantidades de grasas, azúcares y sal;

2) Aumenta el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente de la población;

3) Disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos;

4) Aumenta de forma importante la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y de productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo de este modo su gasto energético;

5) Aumenta la oferta de alimentos industrializados en general; y

6) Disminuye de forma importante la actividad física de la población.

En ese sentido, si los infantes consumen alimentos hipercalóricos que inciden en sobrepeso y obesidad por ser ricos en grasa, sal, azúcares e industrializados, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, están propensos a detonar enfermedades prevenibles como: enfermedades cardiovasculares, cardiopatía y accidentes cerebrovascular; diabetes; hipertensión; hiperlipidérmias; hernia; cardiomegalia; infartos; venas varicosas; embolia pulmonar; los trastornos del aparato locomotor, en especial la osteoartitis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones y algunos cánceres como el endometrio, de mama y colon.

Por otro lado, la FAO, ubica a México en el sitio dieciocho a nivel global en desnutrición crónica6. El INEGI señaló que los preescolares de 12 a 23 meses, presentaron la prevalencia más alta de anemia (38.3) durante 20127. Y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en 2012, detectó que el 2.8% de los menores de cinco años presentan bajo peso, 13.6% muestran baja talla, 1.6% desnutrición aguda y 23.3% anemia.

Asimismo, la ENSANUT analizó datos de 4,016 niños menores de 5 años de edad pertenecientes al cuartil bajo de nivel de condiciones de bienestar con datos de peso y talla que representan a una población de 3,345,600 niños. El tamaño de muestra fue de 1,600 menores en zonas urbanas, que representan a 1, 707,400 menores y de 2,416 en zonas rurales que representan a 1,638,200 niños. A saber:

RESULTADOS CUARTIL BAJO DE NIVEL DE CONDICIONES DE BIENESTAR

CONCEPTO

MENORES DE 5 AÑOS

LOCALIDADES RURALES

LOCALIDADES URBANAS

COMPARACION A NIVEL NACIONAL

TALLA BAJA

22.9%
Que equivale a 765 mil

 

 

Empeora hasta 9.3% para los niños que pertenecen a lasfamilias en las peores condiciones de bienestar (13.6 vs. 22.9%).

PESO BAJO

5.4%
Que equivale a 179 mil

6.5%
Que equivale a 106 mil

4.2%
Que equivale a 72 mil 500

 

EMACIACIÓN

1.9%
Que equivale a 64 mil 500

 

 

 

RETARDO EN EL CRECIMIENTO LINEAL

 

27.4%

18.5%

 

De conformidad al estudio de magnitud de la desnutrición infantil, determinantes y efectos de los programas de desarrollo social 2007-2012, se detalla que periodos prolongados de desnutrición denotan bajo crecimiento y desarrollo anormal del ser humano. Asimismo, puntualiza que entre las principales consecuencias resaltan daños físicos y cognitivos irreversibles, los cuales pueden perjudicar el estado de salud y nutrición de los niños y en el futuro tener secuelas sociales y económicas. Aunado a ello, se destaca que otro problema de malnutrición en nuestro país es la anemia:

CONSECUENCIAS DE ANEMIA

MENORES
DE
5 AÑOS

• Alteraciones del desarrollo psicomotor
• Retardo del crecimiento físico
• Disminución de capacidad motora cuando ocurre antes de los dos años
• Alteraciones en la inmunidad celular y como consecuencia aumento de la duración y severidad de las infecciones, en edades posteriores.

Cabe subrayar que si bien existe un extenso bagaje de instrumentos normativos en materia alimentaria (Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo; Norma Oficial Mexicana NOM-043- SSA2-2012, servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación; Estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes; y Lineamientos de la estrategia integral de asistencia social alimentaria. Etc.) también es cierto que, es fundamental para los responsables de los centros de atención infantil tener claras sus obligaciones en la Ley marco que las regula para realizar una cabal observancia sin que medie desconocimiento o duda; como también es cierto que, es imprescindible para los padres de familia tener total certeza jurídica sobre las obligaciones que tienen los centros de atención infantil en materia de alimentos para garantizar plenamente el derecho de sus hijos a una alimentación adecuada, sana y nutricional.

En esa lógica, se propone especificar que los centros de atención infantil ofrezcan en las dietas de las niñas y niños para cumplir con su obligación de brindar alimentación adecuada y suficiente para su nutrición, los siguientes productos básicos y estratégicos:

a) Frutas y verduras, frescas y deshidratadas

b) Legumbres y hortalizas

c) Cereales y tubérculos

d) Granos y semillas

e) Frutos secos

f) Lácteos

g) Huevo

h) Pescado y mariscos

Con esta adición en la Ley, se prevé que la alimentación que se sirve en los centros de atención infantil cumpla con el mandato constitucional de ser adecuada, sana y nutricional, además de velar por la salud de los infantes y puedan desarrollarse física, intelectual y socialmente, así como, evitar sobrepeso, obesidad, anemia y desnutrición en cualquiera de sus tipos (bajo peso, baja talla y emaciación).

B) De la necesidad de especificar los criterios que deben cumplir los productos alimenticios.

Hoy día existe al alcance de la población víveres que no cumplen con estándares de sanidad e inocuidad, o bien, contienen microorganismos nocivos, manipulaciones genéticas, conservadores, complementos artificiales o sustancias químicas tóxicas, que ponen en riesgo la salud y bienestar de los menores con enfermedades, que van desde un malestar estomacal hasta reacciones alérgicas y cáncer.

Baste citar un ejemplo, cuando los menores consumen alimentos contaminados con microorganismos nocivos (virus, bacterias, hongos, helmintos y protozoos) están expuestos a enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas enfermedades de los humanos que tienen su origen o se transmiten por la exposición directa e indirecta con animales domésticos y silvestres, o bien, por la ingesta de los productos derivados de estos (por ejemplo, carne, leche, huevos) o por contacto con su entorno.

Actualmente, se han descrito más de 150 enfermedades zoonóticas que afectan la salud de la población humana, mismas que tienen presencia en todo el mundo. Algunas de ellas:

#

PATÓGENO

ENFERMEDAD

MANIFESTACIÓN CLÍNICA

HUÉSPEDES Y TRANSMISORES

FORMA DE TRANSMISIÓN

1

VIRUS

Gripe aviar8

Fiebre alta, síntomas gripales, diarrea, vómitos, dolor abdominal y torácico, sangrado por la nariz y las encías, hipoxemia, disfunción de múltiples órganos y sobreinfecciones bacterianas y fúngicas.

Aves de corral.

Por contacto directo o indirecto con aves de corral infectadas, vivas o muertas.

 

 

 

2

BACTERIAS

Tuberculosis9

Tos generadora de esputos, cansancio,
adelgazamiento, sudores nocturnos, fiebre, hemotisis. dolor torácico.

Bovinos y caprinos.

Por ingerir producto lácteos contaminados y no pasteurizados.

Salmonelosis10

Náusea, vómito, diarrea, dolores abdominales.

Bovinos, porcinos y aves.

Por ingerir alimentos contaminados.

3

PROTOZOOS

Cisticercosis11

Protuberancias en piel; convulsiones o síntomas similares a tumor cerebral; insuficiencia cardiaca y disminución o pérdida visual.

Cerdo.

Por comer carne de cerdo, verduras o frutas contaminadas.

Por otro lado, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas -casi 1 de cada 10 habitantes- por ingerir alimentos contaminados y 420 000 mueren por esta misma causa, con la consiguiente pérdida de 33 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad.

Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria, que provocan cada año 125 000 defunciones en este grupo de edad.

Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas al consumo de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 550 millones de personas y provocan 230 000 muertes.

La inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están fuertemente relacionadas. Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad y malnutrición, que afecta especialmente a los lactantes, los niños pequeños, los ancianos y los enfermos.

Datos plasmados en el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018 indican que diferentes instancias de la Administración Pública Federal tienen centros de atención infantil y entre los servicios que otorgan es la alimentación, a saber:

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL

DEPENDENCIA

POBLACION
OBJETIVO

NIÑOS ATENDIDOS

NÚMERO DE CENTROS

Guarderías

IMSS

Hijos de trabajadores afiliados
(2 meses a 2 años)

214, 034
(2008)

1554

Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI)

ISSSTE

Hijos de trabajadores afiliados
(2 meses a 2 años)

34, 047
(2007)

275

Centros de Desarrollo Integral Infantil (CENDI)12

SEP

Población infantil
(0 a 5 años 11 meses)

71, 186
(ciclo escolar 2007-2008)

Sin información

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

SEDESOL

Población infantil
(1 a 3 años 11 meses y de 1 a 5 años 11 meses)
<>

125,359
(2007)

264, 164
(2010)

5, 504
(2007)

9, 587
(2010)

Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil

SNDIF

Población infantil
(45 días a 5 años 11 meses)

51, 492
(ciclo escolar 2008-2009)

559

Centros de Asistencia Infantil Comunitarios

SNDIF

Población infantil
(45 días a 5 años 11 meses)

88, 751
(ciclo escolar 2008-2009)

2, 195

Como puede advertirse existe un gran universo de niñas y niños que están bajo el amparo de los servicios que se brindan en los centros de atención, por ello, se requiere dotar de certidumbre legal en materia de alimentación sana y de calidad tanto a los menores beneficiados de este servicio, como a los responsables de cada uno de los centros de cuidado infantil, respecto a los alimentos que se sirven en las dietas.

De ahí la imperiosa urgencia de establecer puntualmente los criterios que deben cumplir los víveres que se adquieren, abastece y alimentan a las niñas y niños en los centros de atención infantil.

Los criterios que deben cumplir los víveres son:

1. Productos orgánicos. Aquellos que son obtenidos de manera natural con respeto al medio ambiente y cumpliendo con criterios de sustentabilidad, es decir, eliminando la utilización de insumos, como fertilizantes y plaguicidas sintéticos, medicamentos veterinarios, semillas y especies modificadas genéticamente, conservadores, aditivos e irradiación. Para su cabal cumplimiento se estará a lo dispuesto en la Ley de Productos Orgánicos.

2. Productos con buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Aquellos que son obtenidos bajo medidas higiénico-sanitarias, para asegurar que se minimiza la posibilidad de contaminación física, química y microbiológica de un vegetal o producto fresco, así como los riesgos zoosanitarios en los bienes de origen animal. Para su cumplimiento se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y Ley Federal de Sanidad Animal.

C) De la necesidad de especificar la obligación de capacitar a las personas encargadas de la elaboración de las dietas alimenticias.

Para frenar la epidemia de enfermedades prevenibles (obesidad, sobrepeso, padecimientos por alimentos contaminados) por concepto de alimentación deficiente en menores de edad, es necesario crear entornos saludables y de condiciones de asequibilidad y accesibilidad de opciones dietéticas más saludables para las niñas y niños.

Por consiguiente, se requiere capacitar al personal encargado de la preparación de los alimentos en los centros de atención infantil a fin de fortalecer el conocimiento acerca de los alimentos y sus nutrientes, así como, proporcionar las herramientas para saber qué hacer y cómo actuar para mejorar la nutrición.Asimismo, para proporcionar en la ingesta alimenticia de los infantes, las cantidades recomendadas de minerales, vitaminas, energía, proteínas, entre otros, y erradicar las deficiencias nutrimentales.

En suma, para que a través de la capacitación en nutrición se generen alimentos que incluyan víveres ricos en carbohidratos, proteínas y grasa buenas para contribuir en el crecimiento y desarrollo adecuados de los menores cuidando en todo momento que el aporte energético de la dieta no sea excesivo.

En ese orden de ideas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes: Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos13.

Dicho ordenamiento también establece que: todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia. Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, en cumplimiento a sus derechos: Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica certificación de la autoridad sanitaria14.

Por lo previamente advertido en la Ley marco de los derechos de los infantes es que la capacitación del personal encargado de la dieta de los menores en los centros de atención infantil es también una obligación.

En ese orden de ideas, se propone que el personal que labore en los Centros de Atención que presten servicios, estén obligados a participar en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación en materia de nutrición que establezcan las autoridades competentes.

D) De la necesidad de especificar las sanciones por transgredir el derecho a una alimentación adecuada.

Actualmente, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil establece multa administrativa por no elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y niños conforme a un plan nutricional y/o no cumplir con los requisitos mínimos de alimentación balanceada establecidos en la Norma Oficial respectiva.

Al respecto, con la finalidad de fortalecer el derecho a la alimentación adecuada de las niñas y los niños, así como, otorgar elementos jurídicos a los padres de familia y los propios responsables de los centros de atención infantil sobre la calidad de los alimentos que se proporcionan en las dietas alimenticias, se establece como multa administrativa que:

• Quién no considere en la alimentación de los menores los productos básicos y estratégicos para garantizar una alimentación adecuada y suficiente (Frutas y verduras, frescas y deshidratadas; Legumbres y hortalizas; Cereales y tubérculos; Granos y semillas; Frutos secos; Lácteos; Huevo; Pescado y mariscos); y,

• Que éstos, no cumplan con los criterios de producción orgánica, o bien, no cumplan con buenas prácticas agrícolas y pecuarias, conllevan a una violación y en consecuencia una sanción.

Lo anterior se establece, a fin de desincentivar rotundamente prácticas que atenten contra el bienestar de los menores, bajo el entendido que es necesario imponer infracciones y sanciones en la Ley por incumplimiento o violación a sus disposiciones.

Para una mejor interpretación de la reforma propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Texto Vigente

Propuesta

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:

I al IV. …

I al IV. …

V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;

V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;

 

Se considerarán productos básicos y estratégicos para garantizar una alimentación adecuada y suficiente:

a) Frutas y verduras,frescas y deshidratadas;
b) Legumbres y hortalizas,
c) Cereales y tubérculos;
d) Granos y semillas;
e) Frutos Secos;
f) Lácteos;
g) Huevo;
h) Pescado y mariscos.

Los Centros de Atención utilizarán para la alimentación aquellos productos básicos y estratégicos identificados como orgánicos o con buenas prácticas agrícolas y pecuarias.

VI. a X. …

VI. a X. …

Artículo 54.- El personal que labore en los Centros de Atención que presten servicios, estará obligado a participar en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación de competencias, así como de protección civil que establezcan las autoridades competentes.

Artículo 54.- El personal que labore en los Centros de Atención que presten servicios, estará obligado a participar en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación de competencias, así como de protección civil y nutrición que establezcan las autoridades competentes.

Artículo 70. La multa administrativa será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:

Artículo 70. La multa administrativa será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:

I.  …

I.   …

II. No elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y niños conforme al plan nutricional respectivo, y/o no cumplir con los requisitos mínimos de alimentación balanceada establecidos en la Norma Oficial respectiva;

II. No elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y niños conforme al plan nutricional respectivo, y/o no cumplir con los requisitos mínimos de alimentación balanceada establecidos en el artículo 12 fracción V de esta Ley, y la Norma Oficial respectiva;

III. a V. …

III. a V. …

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 12, artículo 54 y la fracción II del artículo 70 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:

I al IV. …

V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;

Se considerarán productos básicos y estratégicos para garantizar una alimentación adecuada y suficiente:

a) Frutas y verduras, frescas y deshidratadas;

b) Legumbres y hortalizas,

c) Cereales y tubérculos;

d) Granos y semillas;

e) Frutos secos;

f) Lácteos;

g) Huevo;

h) Pescado y mariscos.

Los Centros de Atención utilizarán para la alimentación aquellos productos básicos y estratégicos identificados como orgánicos o con buenas prácticas agrícolas y pecuarias.

Artículo 54.- El personal que labore en los Centros de Atención que presten servicios, estará obligado a participar en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación de competencias, así como de protección civil y nutrición que establezcan las autoridades competentes.

Artículo 70. La multa administrativa será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:

I. …

II. No elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y niños conforme al plan nutricional respectivo, y/o no cumplir con los requisitos mínimos de alimentación balanceada establecidos en el artículo 12 fracción V de esta Ley, y la Norma Oficial respectiva;

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Jorge Aréchiga Ávila.

1 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011.

2 En el primer año de vida un infante triplica su peso y aumenta hasta 50% su talla. Estos datos son los indicadores base para evaluar el estado nutricional, salud y desarrollo.

3 Artículo 8, fracción I. Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

4 La Obesidad en el Menor de Edad. IMSS. Véase: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/obesidad-menoredad

5 Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

6 Según datos referidos en la presentación del Ranking Nacional de Nutrición Infantil. Véase: México, con más de 1 millón de niños desnutridos en http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/12/11/mexico-mas-1-millon-ninos-desnutridos

7 INEGI “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA DEL NIÑO” DATOS NACIONALES. Véase:  http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/default.asp?c=269&e=

8 Gripe Aviar. OMS. Véase: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/es/

9 Tuberculosis humana de origen bovino y salud pública. Véase: http://www.oie.int/doc/ged/D12850.PDF

10 Salmonelosis. Véase: http://web.oie.int/esp/normes/mmanual/pdf_es_2008/2.09.09.%20Salmonelosis.pdf: Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales. Véase: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19161&Itemid=

11 Cisticercosis, el cerdo no es el único causante de la enfermedad en los humanos. SSA. Véase: http://www.gob.mx/salud/articulos/cisticercosis-el-cerdo-no-es-el-unico-causante-de-la-enfermedad-en-los-humanos?idiom=es

12 CENDI con nivel de educación inicial y preescolar de modalidad escolarizado.

13 Artículo 103 fracción I Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

14 Artículo 109 fracción III Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

El Senador Óscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidente Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Sí. La Senadora Hilda Ceballos y el Senador Óscar Rosas, ¿con qué objeto, señores Senadores?

Senadora Ceballos Llerenas, por favor.

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: (Desde su escaño) Solicitar adherirme a la iniciativa del Senador Jorge Aréchiga.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Senador Rosas González.

El Senador Óscar Román Rosas González: (Desde su escaño) De la misma manera, pedirle al Senador Aréchiga Ávila, si me permite sumarme a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: El Senador Aarón Irízar, el Senador Olvera. Tome nota la Secretaría. Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

Del mismo modo, esta Mesa Directiva también le da la más cordial bienvenida a un grupo de mujeres del estado de Chiapas, invitadas por el Senador Roberto Albores Gleason.

Agradecemos de la misma forma su visita al Senado de la República. ¡Bienvenidas!

Les informo que en el Orden del Día de la sesión ya no se registraron los siguientes dictámenes que están publicados en la Gaceta Parlamentaria:

El relativo a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, para reformar los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General, que no se mantiene en la agenda a petición de diversos grupos parlamentarios.

Del mismo modo, el de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda, para reformar el artículo 111 de la Ley de Migración, que tampoco se mantiene en la agenda debido a que requiere de ajustes, de técnicas legislativas.






En consecuencia, tenemos para primera lectura únicamente el dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara el año 2016 “Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL AÑO “2016, CENTENARIO DE LOS CONGRESOS FEMINISTAS DE YUCATÁN”

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de Acuerdo en torno a los riesgos que corren niñas, niños y adolescentes al utilizar las redes sociales e Internet. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, para presentar el dictamen.

La Senadora Martha Elena García Gómez: (Desde su escaño) No.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: ¿Se excusa la Senadora?

La Senadora Martha Elena García Gómez: (Desde su escaño) Sí, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En ese sentido, le pediría entonces a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pueda hacer uso de su intervención, según la tengo registrada.

Sonido en el escaño de la Senadora De la Torre Valdez, por favor.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) La presentaré por escrito para que quede integrada.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora De la Torre Valdez. Insértese el texto de la intervención de la Senadora Yolanda de la Torre en el Diario de los Debates.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Asimismo, se insertan intervenciones de los Senadores Margarita Flores Sánchez, Martha Elena García Gómez y José Antonio Olvera Acevedo.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora Martha Elena García Gómez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En virtud de no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el punto de Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Autosuficiencia Alimentaria, con punto de Acuerdo que exhorta a realizar una campaña en medios de comunicación que atienda los problemas de alimentación y salud en la población de 0 a 5 años. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA; Y DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura, señora Presidenta.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señora Secretaria.

Se insertan intervenciones de los Senadores Sonia Rocha Acosta, Francisco Salvador López Brito, Carmen Dorantes Martínez, Lisbeth Hernández Lecona, Yolanda de la Torre Valdez y Martha Elena García Gómez.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora Martha Elena García Gómez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En virtud de que no hay oradores que hayan solicitado el uso de la tribuna, le solicitaría a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el punto de Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






El siguiente dictamen corresponde a la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que se solicita, en primer término, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres información sobre las acciones que han realizado para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia sexual en contra de las mujeres y las niñas. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al dictamen, señora Presidenta.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En consecuencia, está a discusión.

Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En consecuencia, está a discusión. Preguntaría si existe interés de alguna Senadora o Senador de hacer uso de esta tribuna.

En virtud de que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer las acciones y estrategias que se han realizado para que más empresas adopten diversos procesos y prácticas que permitan eliminar las brechas de discriminación y desigualdad laboral. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al dictamen, señora Presidenta.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En consecuencia, está a discusión.

Se insertan intervenciones de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Anabel Acosta Islas.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora Anabel Acosta Islas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse al anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la trayectoria y aportación política y social de María Luisa Salcedo Morales, quien fue la primera Diputada Constituyente en el país, en 1975. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al dictamen, señora Presidenta.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En virtud de que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, que contiene proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen en el 35 Aniversario de la Independencia de Belice, que se llevará a cabo del día 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016, en la ciudad y Puerto de Belice.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos del Orden del Día el dictamen relativo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: El dictamen está disponible en sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO A FIN DE QUE PARTICIPEN EN EL 35 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE BELICE, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE BELICE

(Dictamen de primera lectura)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Consulto a la Asamblea si existe el interés de algún Senador de hacer uso de esta tribuna.

En virtud de que no hay oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Pablo Escudero Morales: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen en el 35 Aniversario de la Independencia de Belice, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016, en la Ciudad y Puerto de Belice. Se remite al Ejecutivo Federal.






En el apartado de proposiciones, tiene la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a llevar a cabo campañas de orientación y formación sobre los requisitos, elementos y características del proceso de rectificación, modificación y aclaración de errores, vicios o defectos presentes en las actas de nacimiento.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La protección del derecho a la identidad se ha fortalecido en todo el mundo, incluyendo a nuestro país.

Para dimensionar la relevancia de este derecho humano, basta mencionar que además de ser crucial para el bienestar de la persona, también lo es para la sociedad en la que se desarrolla, en virtud de que permite tener mayor certeza jurídica.

En el contexto internacional sobresale la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, o lo que respecta al ámbito nacional, destaca la adición de un párrafo octavo en el artículo 4o. constitucional, que se llevó a cabo durante la LXII Legislatura.

La reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014, a la letra estableció que en México toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantiza el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento.

La reforma representó un avance sustancial en el orden jurídico nacional, porque además de tutelar un derecho medular para el desarrollo individual y colectivo, se sentaron las bases para determinar las diversas problemáticas derivadas por la falta de tener un acta de nacimiento.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, refiere que la falta de ella constituye una de las principales causas de inasistencia o deserción escolar de las niñas y niños, siendo los grupos vulnerables como el de los menores migrantes no acompañados, los que resultan más afectados.

Este documento es esencial para la identidad ciudadana y jurídica de las personas, así como para el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones. A pesar de ello, su expedición no se encuentra exenta de posibles errores en su contenido, situación que eventualmente puede derivar en un impacto de dimensiones mayúsculas en el acceso a diversos derechos como son el acceso a la educación, el trabajo o seguridad social, así como las complicaciones para heredar o testar.

Aunque se trata de una problemática que se presenta principalmente en personas mayores de 60 años, actualmente en entidades como Oaxaca, 7 de cada 10 actas de nacimiento tiene algún error ortográfico, lingüístico, mecanográfico, de escritura o de inversión de apellidos.

Otro caso que ejemplifica la situación, ocurre en el estado de Guerrero, donde 670 mil personas tienen doble registro y un millón 200 mil tienen errores ortográficos en sus actas de nacimiento.

Aunado a lo anterior, está documentado en distintos medios de comunicación múltiples casos de personas que no pueden acceder a la liquidación o pensión que conforme a ley les corresponde debido a anomalías en su acta de nacimiento.

Entre las anomalías más comunes, están aquellas relacionadas con errores mecanográficos, ortográficos u otros que no afecten los datos esenciales del documento público; y por otro lado, están aquellos que sí tienen un impacto en los datos del acta, tales como utilizar otro apellido o nombre.

Por lo que respecta a las rectificaciones, lo primero que debemos tener en cuenta, es que al tratarse de errores que sí afectan de forma sustancial los datos personales del registrado, es una instancia judicial y no el Registro Civil, quien conoce del asunto, lo cual implica mayores gastos para el interesado.

Asimismo, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, una de las causas de la inasistencia a las escuelas y de la deserción escolar es la falta de actas de nacimiento de las niñas y los niños, en especial en las zonas de población indígena. Por ejemplo, el 18 por ciento de los menores de un año no cuentan con registro de nacimiento. En Chiapas, el 44 por ciento; en Guerrero, el 40 por ciento; en Morelos y Oaxaca, el 26 por ciento y en Veracruz, el 23 por ciento.

En consecuencia, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, estimamos oportuno que los gobiernos de las 32 entidades federativas, a través de su Registro Civil, lleven a cabo campañas de orientación e información sobre los requisitos, elementos y características del proceso de rectificación, modificación y aclaración de errores, vicios o defectos presentes en las actas de nacimiento, poniendo énfasis, sobre todo, en la población más vulnerable del país.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante las últimas décadas, la protección del derecho a la identidad se ha fortalecido en todo el mundo, incluyendo a nuestro país. Para dimensionar la relevancia de este derecho humano, basta mencionar que además de ser crucial para el bienestar de la persona, también lo es para la sociedad en la que se desarrolla, en virtud de que permite tener mayor certeza jurídica.

En el contexto internacional, sobresale la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña1 en su artículo 8, establece las siguientes cuestiones: 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño y preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias lícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente a su identidad.

Por lo que respecta al ámbito nacional, destaca la adición de un párrafo octavo al artículo 4 constitucional que se llevó a cabo durante la LXII Legislatura. La reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 20142, a la letra estableció que en México: Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

La reforma en comento, representó un avance sustancial en la ingeniería del orden jurídico nacional porque además de tutelar un derecho medular para el desarrollo individual y colectivo, se sentaron las bases para terminar diversas problemáticas derivadas por la falta de tener un acta de nacimiento.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), refiere que la falta de ella, constituye una de las principales causas de inasistencia o deserción escolar de las niñas y niños, siendo los grupos vulnerables como el de los menores migrantes no acompañados, los que resultan más afectados3.

El acta de nacimiento es un documento certificado legalmente mediante el cual se acredita el origen de una persona, de acuerdo con el artículo 58 del Código Civil Federal, debe contener los siguientes datos4: día, hora y lugar del nacimiento; sexo del presentado; nombre y apellidos; la razón de si se ha presentado vivo o muerto; y la impresión digital del presentado.

En los casos en los que el menor se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta. Si el alumbramiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, se asentará como domicilio del nacido, la entidad de que se trate.

Este documento es esencial para la identidad ciudadana y jurídica de las personas, así como para el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones. A pesar de ello, su expedición no se encuentra exenta de posibles errores en su contenido, situación que eventualmente puede derivar en un impacto de dimensiones mayúsculas en el acceso a diversos derechos como son el acceso a la educación, el trabajo o seguridad social, así como complicaciones para heredar o testar.

Aunque se trata de una problemática que se presenta principalmente en los grupos poblacionales de personas mayores de 60 años (debido a que la época en la que comenzaron a laborar, no había documentos oficiales como la Clave Única de Registro de Población o la credencial de elector, e incluso eran contratados por un acuerdo verbal), actualmente en entidades como Oaxaca, siete de cada 10 actas de nacimiento tiene algún error ortográfico, lingüístico, mecanográfico, de escritura o de inversión de apellidos5.

Otro caso que ejemplifica la situación, ocurre en el estado de Guerrero, donde según declaraciones de Oscar Apolonio López Rosales, supervisor regional del Registro Civil estatal,670 mil personas tienen doble registro y un millón 200 mil tienen errores ortográficos en sus actas de nacimiento6.

Aunado a lo anterior, está documentado en distintos medios de comunicación múltiples casos de personas que no pueden acceder a la liquidación o pensión que conforme a ley les corresponde debido a anomalías en su acta de nacimiento.

Entre las anomalías más comunes, están aquellas relacionadas con errores mecanográficos, ortográficos u otros que no afecten los datos esenciales del documento público; y por otro lado, están aquellos que sí tienen un impacto en los datos del acta, tales como utilizar otro apellido o nombre.

En cuanto a los primeros, el registro civil, como institución de carácter público y de interés social, que entre otras cuestiones, a través del titular y sus Oficiales investidos de fe pública, expide las actas relativas al nacimiento, tiene la atribución de llevar a cabo la aclaración de los vicios y/o defectos que contengan las actas. A pesar de que se trata de un trámite que aparentemente tiene un costo accesible y  es rápido, según testimonios ciudadanos, el mismo puede llegar a costar miles de pesos y extenderse por meses.

Por lo que respecta a las rectificaciones, lo primero que debemos tener en cuenta, es que al tratarse de errores que sí afectan de forma sustancial los datos personales del registrado, es una instancia judicial y no el Registro Civil, quien conoce del asunto, lo cual implica mayores gastos para el interesado.

De acuerdo con información vertida en medios de comunicación, puede derivar en costos superiores a los 15 mil pesos para la persona que desee realizar una rectificación, situación que se presenta en detrimento del derecho a la identidad de la población mexicana7.

Asimismo, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), una de las causas de la inasistencia a las escuelas y de la deserción escolar es la falta de actas de nacimiento de las niñas y los niños, en especial en las zonas de población indígena. Por ejemplo, 18% de los menores de un año no cuentan con registro de nacimiento. En Chiapas, 44%; en Guerrero,40%; en Morelos y Oaxaca, 26% y en Veracruz, 23%.8

En consecuencia, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, estimamos oportuno que  los Gobiernos de las treinta y dos entidades federativas, a través de su Registro Civil, lleven a cabo campañas de orientación e información sobre los requisitos, elementos y características del proceso de rectificación, modificación y aclaración de errores, vicios o defectos presentes en las actas de nacimiento, poniendo énfais en los los grupos más vulnerables del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las treinta y dos Entidades Federativas, para que a través de su Registro Civil, lleven a cabo campañas de orientación e información sobre los requisitos, elementos y características del proceso de rectificación, modificación y aclaración de errores, vicios o defectos presentes en las actas de nacimiento, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la identidad, poniendo énfasis en la población más vulnerable de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente.

1 http://www.unicef.org/paraguay/spanish/py_convencion_espanol.pdf

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348863&fecha=17/06/2014

3 http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6991.htm

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf

5 http://www.ororadio.com.mx/noticias/2016/03/siete-de-cada-diez-actas-de-nacimiento-tienen-errores/

6 http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2016/08/14/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

7 http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2012/09/10/costo-errores-las-actas-nacimiento

8http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/losinvisibles/Resumen_Los-Invisibles_estado-de-la-educacion-en-mexico_2014.pdf

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Flores Sánchez. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de maestros y alumnos de la carrera de Ciencia Política y Gobernanza de la Universidad de Monterrey, invitados por el Senador Raúl Gracia Guzmán, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo en esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo en relación al anuncio de Pemex del descubrimiento de seis nuevos yacimientos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

La situación crítica en la que se encuentra Petróleos Mexicanos puede verse reflejada a la luz del nuevo recorte que viene planteado en el Presupuesto de Egresos de la Federación por 102 mil millones de pesos en la cifra de los ingresos petroleros.

En medio de estas dificultades, el 13 de septiembre pasado, Pemex anunció el descubrimiento de dos yacimientos de petróleo crudo superligero en aguas profundas y cuatro yacimientos de crudo ligero en aguas someras.

Ante un descubrimiento tan promocionado por Petróleos Mexicanos, es necesario hacer algunas consideraciones:

La capacidad productiva prevista, para los primeros dos yacimientos, sería de 15 mil barriles diarios; mientras que las reservas probadas oscilan entre 140 y 160 millones de barriles de petróleo crudo. Estamos hablando, por lo tanto, de yacimientos medianos.

Con respecto a los otros cuatro, su capacidad de producción sería de apenas 7 mil barriles diarios con reservas probadas que van entre 50 y 60 millones de barriles.

Como las cifras lo demuestran, estos son sólo yacimientos pequeños.

La producción de los seis yacimientos sería en total de apenas 22 mil barriles de petróleo diarios, cantidad insignificante comparada con la pérdida de 200 mil barriles diarios que ha venido ocurriendo durante todo 2016 y proyectada para 2017.

El optimismo frente a estos descubrimientos resulta desproporcionado, parece tratarse de una estrategia mediática, o más mediática y de poco fondo que sólo busca mostrar a los inversionistas privados que hay un potencial petrolero en el Golfo de México y justo por ello, Pemex ha afirmado en su comunicado de prensa que este hallazgo fortalece la estrategia de asociaciones planteada por la empresa productiva del Estado, ya que consolida los polos de desarrollo de los campos descubiertos en aguas profundas.

Si se trata de asociaciones, como la de Pajaritos no sería recomendable esa figura.

Lo verdaderamente importante sería que este anuncio sobre el recorte de los 100 mil millones de pesos y la política de desmantelamiento deliberado que ha venido aplicando los últimos directivos de la empresa, fuera reflexionada por la Cámara de Diputados antes de aceptar el recorte programado.

No es la primera vez que somos testigos de anuncios optimistas emitidos con el único objetivo de precipitar decisiones que, la verdad, no han sido las mejores; como muestra tenemos el tan sonado “tesoro profundo” que se publicitó para justificar la reforma energética.

Resulta preocupante que Pemex, una empresa que con sus propios recursos ha venido haciendo estos descubrimientos, asumiendo los riesgos respectivos como también la inversión para ceder todo después en beneficio del interés privado. Pemex está poniéndole la mesa a las transnacionales para que no tengan que correr un solo riesgo y sí puedan sacar provecho que en realidad debería corresponderle a la nación.

Hay que notar también que la Secretaría de Hacienda ha afirmado que el número de pozos a explorar, en 2017, será de cero, porque le están asignando cero pesos a exploración, y Pemex anunció que tiene planeados 30 pozos exploratorios para el próximo año, esto quiere decir, entonces, que la mayoría de los pozos exploratorios de Pemex serán realizados por el sector privado.

Pero tampoco eso queda claro, dónde estará el beneficio porque las finanzas públicas no soportarían otro recorte a Pemex porque están ya los ingresos petroleros casi llevados a su mínimo porcentaje y está creando un hoyo fiscal muy preocupante.

Todo el beneficio hasta ahora sería sólo para los privados.

Es por ello que estamos solicitando se pida a Pemex un informe detallado sobre la forma en la que piensan explorar los yacimientos recientemente descubiertos, mismo que deberá contener también detalles sobre la forma en la que se van a financiar los trabajos de exploración de los 30 pozos de los que habla Pemex.

También estamos solicitando a la Cámara de Diputados que analice la propuesta de recorte a Pemex antes de aceptarla justo con el proyecto de Presupuesto aprobado por su Consejo de Administración, y que no vayan afectar la viabilidad económica de la empresa porque la actividad petrolera se ha visto influenciada por los bajos precios del petróleo, eso es cierto, pero también por la caída en la producción petrolera derivada de la falta de recursos para las inversiones públicas, las inversiones de Pemex y ante el fracaso obvio de la reforma energética dado que no ha fluido la inversión privada que esperaban.

México tristemente está transitando de ser un país petrolero a uno dependiente de las importaciones petroleras y sus derivados, además de los impactos negativos en el comercio exterior y en las finanzas públicas, la caída de la actividad petrolera ha afectado a los estados petroleros entre otros graves problemas.

Pero el caso de Pemex es patético en materia de lo que ha venido haciendo el gobierno, primero lo afectan muy seriamente cargándole el mayor peso de los recortes al gasto público; luego lo han tenido que apoyar e inyectarle recursos públicos para que no sucumba antes de tiempo, en abril pasado le transfirieron 73,500 millones de pesos para que pudiera reducir el enorme pasivo que tiene Pemex con sus proveedores y para pagar el costo de las pensiones.

En agosto, el gobierno asumió 184,230 millones de pesos del pasivo laboral de Pemex y le irá entregando estos pagos de las pensiones y, ahora, le vuelven a quitar 100 mil millones. ¿Quien los entiende?, primero le quitan, luego le ponen, luego le vuelven a quitar; el mal manejo de la empresa se agravó con la reforma energética, y fíjense bien, transformó a Pemex de ser la principal fuente de recursos públicos a ser una carga para las finanzas públicas. Esto es kafkiano, esto es insólito porque se trata de un país petrolero, y ningún país petrolero se tienen estas cuentas con sus petroleras.

Nosotros quisiéramos no sólo que no se le recortaran a Pemex recursos para su inversión, sino que la Cámara de Diputados le asigne mayores recursos a Pemex para fortalecerla y que Pemex sea como todas las petroleras del mundo, que son públicas, una verdadera empresa pública petrolera que lejos de ser una carga para las finanzas sea una petrolera que le dé ingresos petroleros al país.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con relación al anuncio de PEMEX del descubrimiento de seis nuevos yacimientos, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 13 de septiembre, Petróleos Mexicano anunció que durante exploraciones sus técnicos descubrieron de dos yacimientos de petróleo crudo súper ligero en aguas profundas y cuatro de crudo ligero en aguas someras, los cuales se ubican en el Golfo de México.

En el Cinturón Plegado Perdido se perforó el pozo Nobilis-1, el cual se ubica a 220 kilómetros de la costa de Tamaulipas con un tirante de agua de 3 mil metros y una profundidad total de más de 6 kilómetros. Su capacidad productiva podría alcanzar 15 mil barriles diarios; se estiman reservas totales 3P que oscilan entre 140 y 160 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.1

En aguas someras se descubrió el pozo Teca-1, ubicado a 30 kilómetros de la costa entre los estados de Veracruz y Tabasco, en un tirante de agua de 44 metros, el cual cuenta con crudo ligero y gas condensado. Las reservas totales 3P se estiman entre 50 y 60 MMpce y podría producir alrededor de 7 mil barriles por día.

Ante este descubrimiento que tanto promocionó Petróleos Mexicanos la semana pasada, es necesario hacer una serie de señalamientos:

1. El anuncio en más mediático que productivo. Esos yacimientos no tienen tamaño suficiente para detener la declinación de la producción de hidrocarburos que acarreo la reforma energética. Es necesario señalar que de acuerdo al Paquete Económico 2017, Pemex producirá un promedio diario de un millón 928 mil barriles de petróleo, el promedio más bajo desde 1990, cuando comenzaron los registros del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía (Sener).2

2. Nobilis-1, en aguas ultra profundas, se encuentran en un tirante de agua en los límites tecnológicos, razón por la cual el gobierno dirá que Pemex necesita asociarse con las grandes compañías trasnacionales. Tenemos entonces un nuevo farmout en puerta, el cual es un término empleado para referirse una asociación estratégica entre una empresa que tiene derechos de explotación y producción con un tercero, el cual obtiene los derechos.3

3. La noticia le viene como anillo al dedo al gobierno de Peña Nieto, el cual se encuentra en dificultades para atraer inversionistas que concursen en la cuarta convocatoria de Ronda Uno, el farmout de Trion y las dos convocatorias de la Ronda 2. No descartamos que la noticia sea parte de una estrategia publicitaria. Según el boletín de Pemex, los descubrimientos “confirma el potencial petrolero de las provincias geológicas del Golfo de México”. En ese mismo tenor, “este hallazgo fortalece la estrategia de asociaciones planteada por la empresa productiva del Estado en el Cinturón Plegado Perdido ya que consolida los polos de desarrollo de los campos descubiertos en aguas profundas”. ¿Si Pemex ya absorbió el riesgo geológico por qué compartir el hallazgo con el privado, hallazgo que además está en aguas someras donde Pemex es campeón mundial?

4. No es la primera vez que se anuncian descubrimientos de manera oportunista para precipitar decisiones privatizadoras (lo hizo Fox, Calderón y ahora Peña).

5. Pemex y no el sector privado es el que está realizando los descubrimientos. Pemex es quien está asumiendo todo el riesgo geológico (encontrar o no encontrar hidrocarburos en cantidades comerciales). Los privados no están jugando el papel que se supone deberían jugar, vienen cuando ya todo está hecho, vienen cuando la mesa ya está servida, vienen cuando la inversión pública ya dio resultados, vienen a quedarse con la renta cuando no realizaron ningún esfuerzo.

Cabe señalar que el director de PEMEX, José Antonio González Anaya, ha mencionado que el descubrimiento de los seis yacimientos le va a aportar a la Empresa Productiva una producción fresca de crudo y gas, aunque esto no resuelve el problema financiero de la empresa.4 Asimismo, reconoció que el campo Nobilis-1, al igual que el de Trion, darán sus resultados de producción en seis o siete años, siendo que el de Teca-1 puede hacerlo en un año y medio, lo cual no inyectará recursos a PEMEX en el corto plazo, a lo que debe incorporársele el recorte de 102 mil millones de pesos del presupuesto para 2017 de la empresa.

Aunado a lo anterior, Pemex también anunció que tiene planeado perforar 30 pozos exploratorios en 2017. En el sureste perforará 10 pozos en la porción terrestre y 12 en aguas someras, incluyendo cuatro pozos delimitadores, lo que permitirá incrementar el conocimiento de los campos recién descubiertos, así como acelerar su desarrollo y puesta en producción. Asimismo, se tiene programado perforar 4 pozos adicionales en las aguas profundas del Cinturón Plegado Perdido. Otros 4 pozos serán perforados en lutitas-shale gas- en la cuenca Tampico Misantla y la porción sur de la cuenca de Burgos.5

La exploración que realizaremos en aguas profundas y yacimientos no convencionales (shale gas) contribuirá sin duda a fortalecer nuestra estrategia de farmouts o asociaciones en áreas en las que tenemos considerado establecer alianzas para compartir el riesgo geológico y financiero, así como tener acceso a las mejores prácticas de la industria y así asegurar la viabilidad comercial de este tipo de yacimientos.

Cabe señalar que “la estrategia programática de Hacienda proyecta que el número de pozos a explorarse el próximo año será de cero –este año fueron 29– y también se disminuirán una tercera parte de los proyectos de desarrollo de pozos, pues de 228 que hubo en 2016 habrá sólo 156 el próximo año”.6 Lo anterior es derivado del recorte presupuestario que Hacienda ha propuesto para PEMEX el siguiente año, donde se recorta el 4836 por ciento del presupuesto para exploración de yacimientos, el cual pasó de 28 mil 750 millones de pesos en el ejercicio de este año a 14 mil 749 millones de pesos para el ejercicio de 2017.

Si Hacienda no va a dar recursos para exploración los mismos se van a financiar con recursos privados de empresas a las cuales PEMEX les regalará lo que ha trabajado durante años. Tal parece que en adelante la mayoría de los pozos exploratorios de PEMEX serán realizan en alianza con el sector privado, lo cual es una nueva vertiente de la privatización de la industria petrolera.

Ante estos escenarios, es necesario que la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos envíen a este Senado un informe detallado acerca de la manera en la cual se van a explotar los hidrocarburos recientemente encontrados en el pozo Nobilis-1 y Teca-1, así como para que explique la forma en la cual se van a financiar los 30 pozos exploratorios que PEMEX piensa explorar el siguiente años.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía se apruebe el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos un informe detallado acerca de la forma en la cual se van a explotar los yacimientos recientemente descubiertos por PEMEX en los pozos Nobilis-1 y Teca-1, en el cual se contenga, además, la forma en la cual se financiarán los trabajos de exploración de 30 pozos que la Empresa Productiva del Estado recientemente anunció.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Boletín de prensa 55, Descubre Pemex seis yacimientos de petróleo crudo, Petróleos Mexicanos, disponible en: http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2016-055-nacional.aspx

2 Pemex producirá en 2017 el menor volumen de crudo de los últimos 26 años, E Consulta, 15 de septiembre de 2016, disponible en: http://e-veracruz.mx/nota/2016-09-15/nacion/pemex-producira-en-2017-el-menor-volumen-de-crudo-de-los-ultimos-26-anos

3 Cochran, Merlin, Apuntes sobre energía, Los Farmouts– El Concepto, disponible en:
https://apuntesenergia.com/2014/10/14/los-farmouts-el-concepto/

4 Cruz, Noé y Verdusco, Mario Alberto, “Problemas de Pemex no acaban con yacimientos”: González Anaya, el Universal, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/09/19/problemas-de-pemex-no-acaban-con-yacimientos-gonzalez-anaya

5 Boletín de prensa 55, Óp. Cit.

6 http://www.jornada.unam.mx/2016/09/11/economia/018n2eco

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Dolores Padierna. Túrnese a la Comisión de Energía.






Se concede la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de conocer el uso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Víctimas.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, señor Presidente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, reconoce el derecho de las víctimas u ofendidos del delito y de violaciones a derechos humanos a recibir protección, así como las medidas de atención necesarias para garantizar su seguridad física y psicológica y a la reparación integral del daño.

Este es mi segundo punto de Acuerdo que presento ante el Pleno, precisamente para ver esta situación tan delicada a la que tenemos que entrar a esta materia.

La Ley General de Víctimas, en su artículo 79, establece al Sistema Nacional de Atención a Víctimas como una instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas en el tema. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas tiene por objeto proponer, establecer, supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, así como las demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justica, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

Aunado a esto, la misma ley designa al órgano operativo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; dicha comisión cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, la cual tiene como función el atender y apoyar a quienes hayan sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos. Esto con el fin de que las personas obtengan verdad, justicia y reparación del daño para que, en la medida posible, recuperen un proyecto de futuro.

El país está pasando por un momento en que el crimen organizado ha encontrado contextos de irse expandiendo. Uno de los más notables es el narcotráfico. Entre sus múltiples efectos que esta actividad tiene en la sociedad y una de sus más brutales expresiones son los numerosos huérfanos que dejan a su paso.

México no presenta datos sistematicos oficiales sobre el número total de niños y adolescentes huérfanos, siendo que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indica que debe haber un sistema de información nacional con el objetivo de contar con datos que permitan monitorear la situación de todas las niñas, niños y adolescentes del país. Por eso nos estamos preguntado ¿qué es lo que está pasando con las cifras de los niños huérfanos a causa del narcotráfico? ¿Qué apoyo se encuentran recibiendo en estos momentos?

Por su parte, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral reporta que al 31 de julio de 2016, un saldo de 1,480.5 millones de pesos, resultado de ingresos de 1,564.8 millones de pesos y egresos por 84.2.

De esos 84.2 millones de pesos, se han utilizado 80.2 millones como reparación integral o reembolso de las ayudas inmediatas a víctimas directas e indirectas.

Nos falta ver dónde están los otros 4 millones de pesos.

Y también decirles que este fondo no fue creado para ahorrar, porque este es el producto de varios años.

Este fondo fue creado para apoyar, reparar el daño hasta donde sea posible.

Y tenemos muchos niños que están desamparados. Y pongo el caso de mi tierra, Allende, Coahuila, donde ocurrió un momento lamentable en la historia, no solamente de Coahuila, sino de México, donde autoridades municipales, estatales y federales no se dieron cuenta de lo que sucedió ahí: casas incendiadas, derrumbadas, familias desaparecidas y muchos niños huérfanos, donde no se ha tenido un acercamiento con estas personas, y eso es lo que estamos pidiendo, una reunión de trabajo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y que se haga cargo, de que no tenemos cifras oficiales, pero hay alrededor de 20 mil niños huérfanos.

Solamente por darles este caso de Allende, Coahuila, hay más de 70 niñas y niños, de 7 a 10 años de edad que están ahorita huérfanos, que perdieron a su madre y padre en estos escandalosos y terroríficos actos de la delincuencia organizada bajo el amparo de las autoridades.

Así es que pido su ayuda, amigas y amigos Senadores de la República, para que se solicite una reunión de trabajo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con la Comisión de Derechos Humanos, a efecto de conocer el uso y destino del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Víctimas, y la forma de implementar mecanismos más eficientes para acceder al mismo.

¡Menos burocracia, más acción!

Y nosotros, nuestra obligación es velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes de este país, por todos.

Ahorita lo que estoy pidiendo, porque es el Fondo de Atención de Víctimas, es que se les apoye y que se les repare el daño hasta donde sea posible.

Por su atención, muchísimas gracias.

Gracias, Senador Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Garza. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.






Tiene ahora la palabra el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un punto de Acuerdo en relación a incrementos presupuestales para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas del país.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Las Áreas Naturales Protegidas son bienes públicos que constituyen una fuente insustituible de bienes y servicios indispensable para el desarrollo del país, por su riqueza en aguas, materias primas, material genético, conservación de la biodiversidad, regulación de los ciclos nutrientes y la regulación climática, así como la estabilización costera, amortiguamiento de desastres naturales, así como actividades productivas como el turismo, entre otros.

De acuerdo con estimaciones conservadoras de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el valor de los bienes y servicios ecosistémicos federales le dan a los mexicanos, en el acumulado de manera anual, 50 mil 935 millones de pesos. En el 2008, de acuerdo a un estudio de la propia Conanp, por cada peso del presupuesto federal invertido en las Áreas Naturales Protegidas, éstas aportaban de regreso 52 pesos.

Dicho de otro modo, las Áreas Naturales Protegidas son activos generadores de recursos económicos, no un pasivo ni una carga, sino al contrario, son una derrama económica para de recursos para todos los mexicanos.

No debemos olvidar que la misión de la Conanp consiste en conservar el patrimonio natural de México mediante las propias Áreas Naturales Protegidas y las diferentes modalidades que existen para la protección del medio ambiente.

Por ello, es importante recalcar que dentro de la responsabilidad que tiene hoy la comisión recaen más de 25 millones de hectáreas, todas parte de áreas naturales equivalentes a cerca del 13 por ciento del territorio nacional.

Gracias a los estudios sobre vacíos y omisiones para la conservación de la biodiversidad en México y el estudio Brecha en el Financiamiento de las Áreas Naturales Protegidas Federales, entre otros trabajos, se ha podido conocer las necesidades que actualmente se tienen de financiamiento.

De acuerdo a estas proyecciones sobre la brecha del financiamiento se requiere un incremento presupuestal para poderlas mantener en un estado óptimo y generador de riqueza de alrededor del 287 por ciento, lo que representa una inversión de 25.4 mil millones de pesos adicionales al presupuesto con el que se contó durante el 2006.

En este contexto, es por todos conocido, que la Secretaría de Hacienda ha presentado en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación un recorte de casi 240 mil millones de pesos para el ejercicio de 2017. El complejo entorno internacional; sin duda, no nos deja, me explico, con mayores márgenes, sin embargo, si hay que buscar en dónde recortar una de las áreas más sensibles y que representaría un impacto retroactivo, sería precisamente recortar en este rubro.

Habría un efecto multiplicador positivo, no sólo en el caso de que no se recortara, sino, además, buscar ampliar los recursos para las Áreas Naturales Protegidas. Por eso, es indispensable que nosotros los legisladores, y en su caso muy particular los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, consideren un aumento presupuestal para estas Áreas Naturales Protegidas, o cuando menos, velemos porque los recursos con los que se cuenta actualmente no sean recortados.

Como está contemplado hoy el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año, el programa contempla una reducción de 340 millones de pesos equivalentes al 26 por ciento del recorte, lo cual con esto no solamente lograríamos los recursos que se están buscando, sino tendríamos un recorte con un impacto significativo.

En virtud de lo anterior, presento a su consideración el siguiente punto de Acuerdo

Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, contemplen un incremento real de los recursos destinados a estas Áreas Naturales Protegidas, o cuando menos, se respete el presupuesto con el que se encuentra actualmente a sabiendas de que mantener estas áreas no solamente generan valor en lo económico, sino, además, un valor de sustentabilidad ecológica que no tiene remplazo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A INCREMENTOS PRESUPUESTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PAÍS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son bienes públicos que son una fuente insustituible de bienes y servicios indispensables para el desarrollodel país, por su riqueza en agua, materias primas, material genético,conservación de la biodiversidad, regulación de ciclos de nutrientes y regulaciónclimática, estabilización costera, amortiguamiento de desastres naturales, turismoy recreación, entre otros.

Su valor por lo tanto, como patrimonio natural de los mexicanos, es muy elevado y es nuestro deber y obligación garantizar su sustentabilidad.

De acuerdo con estimaciones conservadoras de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el valor de los bienes y servicios ecosistémicos quelas ANP federales proporcionan a los mexicanos se estima en 50 mil 935 millonesde pesos por año. En 2008, de acuerdo con un estudio de la propia Conanp [*] , por cada peso del presupuesto federalinvertido en las ANP, éstas aportaron a la economía al menos 52 pesos.

Dicho de otro modo, las ANP son activos generadores de recursos económicos, no un pasivo ni una carga, que dejan una derrama económica muy importante en sus zonas de influencia económica. Este es un motivo adicional que nos debe comprometer a no escatimar en recursos fiscales para su conservación. Reducir el gasto en esta importantísima materia, podría comprometer la existencia de las ANP.

No debemos olvidar que la misión de la Conanp consiste en conservar el patrimonionatural de México mediante las propias ANP y otras modalidades de conservación. Para ello trabaja en la protección, el manejoy la restauración de ecosistemas, así como en tareas de conocimiento, cultura ygestión de las mismas. La Conanp tiene bajo su responsabilidad más de 25 millonesde hectáreas de ANP equivalentes a cerca del 13 por ciento del territorio nacional.

Gracias a los estudios sobre vacíos y omisiones para la conservación de la biodiversidaden México [*] y el estudio Brecha en el Financiamiento de las Áreas NaturalesProtegidas Federales de México [*] , entre otros trabajos, se ha podido conocer las necesidades de financiamiento para las ANP del país.

De acuerdo a las proyecciones del estudio sobre la brecha en elfinanciamiento se requería un incremento presupuestal promedio del 287 porciento de 2011 a 2018, lo que representa una inversión de 25.4mil millones de pesos durante este periodo.

En este contexto, es por todos conocido que la secretaría de Hacienda ha presentado en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación un recorte de casi 240 mil millones de pesos para 2017. El complejo entorno internacional que ha dificultado el crecimiento de la economía mexicana, aunado al necesario estímulo fiscal que se implementó desde la crisis global de 2008-2009, elevó de manera considerable la proporción del endeudamiento del sector público como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

En aras de la estabilidad macroeconómica, el gobierno de la República planteó con absoluta responsabilidad un ajuste al gasto público para el próximo año, que permitirá alcanzar un superávit primario. No obstante, como aquí resaltamos, existen rubros estratégicos en los que no debemos escatimar como lo es el cuidado y conservación de las ANP, que lejos de ser una carga, constituyen un generador de ingresos adicionales y una cadena de generación de valor que multiplica los beneficios de cada peso que se destina a ellas.

Habría pues un efecto multiplicador positivo no solo de no recortar, sino de ampliar los recursos públicos dedicados a las ANP. Por eso, es indispensable que los legisladores encargados de la asignación de los recursos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deban considerar un aumento presupuestal para las ANP, o cuando menos, velar porque no sean disminuidos.

Como está contemplado el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, si bien en el Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se mantienen los mismos recursos asignados, a la Conanp le corresponderían menos recursos fiscales del orden de 340 millones de pesos equivalentes al 26 por ciento de recorte respecto a 2016, en el programa de Vida Silvestre, contemplado en el rubro de “Protección al medio ambiente en el medio rural”.

En virtud de lo anterior, presento a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, contemplen un incremento real de los recursos destinados a las Áreas Naturales Protegidas, o cuando menos, que sus programas no sufran recortes respecto al Ejercicio Fiscal 2016.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

[*] Bezaury-Creel J. E. 2009. El Valor de los Bienes y Servicios que las Áreas Naturales Protegidas Proveen a los Mexicanos.

TheNatureConservancy Programa México - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. México D.F.

[*] Conabio-Conanp-Tnc-PRONATURA. 2007. Vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre de México, espacios y especies. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, TheNatureConservancy-Programa México, Pronatura A.C

[*] Bezaury-Creel J. E., S. Rojas-González de Castilla, J. M. Makepeace, Brecha en el Financiamiento de las Áreas Naturales Protegidas Federales de México. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. TheNatureConservancy, Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. México D.F, 2011

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Luis Armando Melgar. Túrnese a la Cámara de los Diputados.






Se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a rendir un informe sobre las acciones que se llevarán a cabo para contrarrestar el alza en el número de homicidios en el país.

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

México en la última década vive bajo la sombra del miedo, la incertidumbre y altos índices de delincuencia, la estrategia de seguridad emprendida en las últimas dos administraciones ha dado como resultado un enrarecimiento del ambiente social y político, ocasionando que la paz social y el estado de derecho se quebranten.

Este clima que prevalece en todo el país ha ocasionado un alza principalmente en delitos como el homicidio, secuestro, extorsión y robo, delitos que impactan de manera directa en la vida cotidiana de la ciudadanía, al grado que los índices de percepción de inseguridad en los últimos años han ido a la alza. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 67.7 por ciento de la población considera que en términos de delincuencia vivir en su ciudad es inseguro, mientras que de los mismos resultados se obtuvo que más del 50 por ciento asegura que la situación de seguridad en el país seguirá igual o peor en los próximos 12 meses.

En esta cruda realidad, uno de los delitos que mayor impacto y preocupación genera entre la población, los especialistas, organizaciones civiles y en el ámbito internacional, es el homicidio.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad en su estudio “Homicidio: una mirada a la violencia en México” 2015, “pocos son los delitos cuyas consecuencias son tan severas como las de un homicidio partiendo desde la pérdida de un ser querido hasta la atención psicológica requerida por los familiares. Esto se debe a que no estamos hablando de una afectación cualquiera sino de la privación de uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, el cual no puede ser suspendido en ningún caso ni circunstancia de acuerdo con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Es decir, la particularidad y la importancia de analizar la grave situación que se vive en México como consecuencia del alza del delito del homicidio, es que éste atenta en contra del mayor de los derechos humanos y del cual el Estado es responsable de garantizar la vida.

A estas consecuencias, los expertos han señalado que se deben sumar el debilitamiento de las instituciones del Estado, condiciones de impunidad crónica, afectación a la gobernabilidad e incluso dificultades en los procesos electorales derivado de un contexto de inseguridad y violencia que desincentive la participación ciudadana.

El mes de agosto pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro, Extorsión 2016, el cual toma en cuenta la incidencia delictiva que se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de investigación reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalía General de las 32 entidades federativas.

En dicho informe el Secretario señala que del mes de enero al mes de julio de 2016 el número total de homicidios en el país ha sido de 22 mil 036, de los cuales 12 mil 376 son dolosos, mientras que 9 mil 660 fueron culposos, el número a nivel nacional de secuestro fue de 745, mientras que el delito de extorsión tiene un registro de 2 mil 885.

Las tres entidades que muestran un mayor número de homicidios son, Guanajuato con 1,793, el Estado de México con 1,720, Guerrero con 1.704, y en el caso de Zacatecas presenta un índice de 395. De seguir esta tendencia el año 2016 terminará con cifras similares al 2011 cuando este delito alcanzó su máximo histórico con 27,213, de acuerdo a los datos del Inegi.

En este sentido y frente a un panorama tan alarmante, resulta indispensable que el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación informe a esta Soberanía ¿cuáles son las acciones precisas que pretende llevar a cabo para atender el alza de número de homicidios en México?, ¿cuáles son las causas atribuibles al incremento de este delito?, y, ¿qué cambios resultan pertinentes en la estrategia de seguridad emprendida por el gobierno federal?

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes o visitantes, sin embargo, las cifras incitan a pensar que la capacidad del gobierno para resguardar la vida y la seguridad de los mexicanos ha sido superada, lo que sugiere una grave crisis social y política.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.






Tiene la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre las acciones que se están instrumentando para cumplir con los compromisos internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hace unos días en esta Cámara, en este Pleno, discutimos en los mejores términos con la más amplia disposición y con el más grande compromiso de todas y todos los legisladores, de todos los partidos políticos, respecto de la enorme responsabilidad e importancia que tenía el que el Senado de la República como ente encargado formalmente de los temas internacionales pudiéramos ratificar el Acuerdo signado por la comunidad internacional en diciembre del año pasado en París.

La COP 21, como bien se dijo y lo reitero hoy, es una enorme y gran plataforma de encuentros y coincidencias, especialmente al cuidado de ésta que es nuestra casa común, que es planeta.

Para nadie es un secreto que la indiscriminada explotación de los recursos naturales y la nula educación ambiental, ni conciencia ambiental que tenemos en muchos lugares del mundo, en muchos lugares de nuestro país, y la falta de políticas públicas precisas, eficientes y eficaces ha descuidado el medio ambiente. No queremos heredarle a las generaciones futuras un planeta convulso y con un aire impuro.

Por eso es tan importante este Acuerdo de París, en el que líderes de todo el mundo, de todos los estratos y de todos los ámbitos de la vida política académica y social, encontraron la forma de ponernos de acuerdo en un gran esfuerzo, en un gran ejercicio.

Después de haber ratificado el Acuerdo, es nuestra tarea, como legisladores, el darle seguimiento, el establecer los mecanismos y las herramientas necesarias para que este Acuerdo que hemos ratificado, con relación a la COP 21 de París, tenga efectos en los hechos, en la vida real.

De nada nos sirven normas y acuerdos internacionales si éstas no se acompañan de políticas públicas y procesos de verificación que, por cierto, también están establecidos en el Acuerdo; para que las acciones realmente lleguen donde necesitamos que lleguen, a darle a todos los habitantes de este mundo un lugar mejor para vivir, un plan de acción global que nos permita dar ese paso en el camino correcto para lograr los objetivos.

Este Acuerdo que nosotros ratificamos, requiere de al menos el 55 por ciento, o sea, 55 partes de la Convención para que sea un Acuerdo ya válido en las Naciones Unidas, y que esto nos permita que las emisiones totales de gas puedan detenerse y pueda detenerse asimismo el calentamiento global, que como establecimos hace unos días, el reto era no permitir que llegue a 2 grados de calentamiento y como una tarea fundamental establecernos el reto de, con nuestras acciones, lograr detenerlo en 1.5 grados de calentamiento. Esto no ha sucedido.

Por eso, en este punto de Acuerdo, quiero pedirles que nos hagan el favor de apoyarlo, le estamos pidiendo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a su titular, a que a la mayor brevedad posible presente ante este Pleno la estrategia, las acciones y la ruta crítica que debemos llevar para lograr que el Acuerdo sea una realidad, y que los mexicanos nos sintamos orgullosos de haber cumplido cabalmente con el compromiso.

Queremos que haya una efectiva política pública y programas que implementados nos den la oportunidad de llegar a los foros internacionales con la certeza y la tranquilidad de que México ha cumplido, y ha cumplido bien.

Por ello, me permito someter a la consideración de este Pleno este punto de Acuerdo, por el que pido su apoyo.

Muchas gracias, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cambio climático representa una de las principales amenazas a la seguridad, la vida humana y de miles de especies. El calentamiento global aumenta cada vez más, amenazando los diferentes ecosistemas del planeta y cambiando los patrones climatológicos, con serias repercusiones para la economía y el desarrollo de sociedades en todo el mundo.

Derivado de la actividad humana e industrial, el siglo XX estuvo marcado por una excesiva contaminación que llevó a aumentar rápida y considerablemente el calentamiento del planeta.

Ante esta situación, el 12 de diciembre del 2015 se alcanzó un compromiso internacional histórico, por su importancia y trascendencia, que tendrá para el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente y la preservación de la vida misma, se trata del Acuerdo de París sobre cambio climático, alcanzado en el marco de la XXI Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP21) realizada en el seno de la Organización de las Naciones Unidas.

La magnitud de tal Acuerdo no tiene precedentes, el evento reunió a los mandatarios de 196 países, la mayoría de los cuales habían presentado sus Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional1; asistieron más de 40 mil personas entre representantes de organismos internacionales, delegados, organismos no gubernamentales y miembros de la sociedad civil. Los asistentes a la Conferencia trabajaron en conjunto para crear un documento que sustituyera anteriores acuerdos como el Protocolo de Kioto de 1997.

Una parte toral para que el Acuerdo de París tuviera éxito fue la participación de China y Estados Unidos, los principales países emisores de contaminantes en el mundo con aproximadamente el 25% y 14% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, ninguno se encontraba dentro del Protocolo de Kioto.

Los principales acuerdos logrados en París son los siguientes:

• Mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2oC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 oC con respecto a los niveles preindustriales.

• Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático, y promover la resilencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

• Cada parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar, las cuales representarán una progresión con respecto a las anteriores.

• Los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo podrán preparar y comunicar estrategias, planes y medidas para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero que reflejen sus circunstancias especiales.

• Reforzamiento de la cooperación para la adaptación, resilencia y la mitigación a través del intercambio de información, buenas prácticas, experiencias, planificación de políticas públicas y transferencia de tecnología.

• Se fomenta la cooperación financiera a los países en desarrollo para que éstos puedan lograr sus metas establecidas en materia de mitigación y adaptación.

• Cooperación en materia de educación, formación, sensibilización y participación ciudadana en materia de cambio climático.

• Elevar los flujos financieros para conseguir un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero.

México, aún sin ser uno de los países con mayores índices en emisiones de contaminantes a la atmósfera (sólo el 1.37% del total), asumió compromisos ambiciosos dentro de sus Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional, además, fue el primer país en desarrollo en presentarlas. Los compromisos adquiridos por nuestra nación establecen la reducción de hasta un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020 y hasta en un 50% para el año 2050.

La aplicación del Acuerdo de París resulta también fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ya que las medidas y acciones contenidas en dicho instrumento para el combate al cambio climático convergen directamente con las metas planteadas en los objetivos número 7 y 13, a saber, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

México ha sido muy activo dentro de la agenda internacional en la introducción de temas referentes al combate al cambio climático y protección al medio ambiente, fue uno de los países más comprometidos con Francia en la realización de la COP21 en 2015.  

A nivel nacional, también se han emprendido importantes reformas legales en la materia. Destacan la creación de la Ley General de Cambio Climático, que entró en vigor en 2012; la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático.

Cumpliendo con nuestro compromiso, el pasado 14 de septiembre, el Senado de la República ratificó el Acuerdo de París para así poder dar paso a su implementación. Para su entrada en vigor, el Acuerdo requiere que al menos 55 Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que representen al menos el 55 % de las emisiones totales de GEI lo hayan ratificado, aceptado, aprobado o se hayan adherido al mismo. Esto no ha sucedido, sin embargo, nuestro país no tiene ni debe esperar a que esto suceda para empezar a realizar las acciones necesarias para cumplir el acuerdo y estar más cerca de llegar a las metas que se han propuesto.

El artículo 60 de la Ley General de Cambio Climático, señala que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la encargada de elaborar la Estrategia Nacional que tiene como objetivo enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es un organismo público descentralizado sectorizado en la SEMARNAT, entre sus objetivos se encuentran realizar análisis de prospectiva sectorial; colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático; y emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o adaptación al cambio climático.

A fin de tener un mejor seguimiento e información sobre los avances y las estrategias que el Gobierno Federal lleva a cabo a través de dichas instancias, resulta necesario que el Senado de la República pueda tener acceso a un informe detallado sobre las acciones que se están realizando en la materia.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a que presenten ante esta Soberanía en un plazo no mayor a 30 días, un informe pormenorizado sobre las acciones, programas y estrategias que se están instrumentando o se tiene contemplado implementar en el territorio nacional, a fin de cumplir con los compromisos internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero, en sintonía con el Acuerdo de París ratificado por el Senado de la República el pasado 14 de septiembre.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente.

1 Las Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), son compromisos presentados unilateralmente por los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo a su realidad y contexto socioeconómico interno. Incluyen acciones específicas de mitigación, de financiación, adaptación, desarrollo de capacidades, así como transferencia de tecnología y cooperación.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Raúl Pozos. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.






Se concede ahora la palabra al Senador Ernesto Cordero Arroyo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a coordinar los esfuerzos necesarios para disminuir al máximo el uso del popote en nuestro país.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a todos.

El uso irracional de plásticos como el popote nos está llevando a un problema ambiental muy grave a nivel local e internacional. La cantidad de plásticos en la superficie planetaria es alarmante, hay ejemplos concretos en tierra y mar de cómo este problema puede rebasar la capacidad humana para revertirlo.

El 80 por ciento de los plásticos que flotan en el mar proceden de tierra. El popote se escurre fácilmente por alcantarillas, por sus características físicas genera problemas de azolvamiento y gastos de mantenimiento en la red hidráulica, alcanza ríos y posteriormente aguas oceánicas.

Los popotes, de apariencia tan inofensiva e higiénica, están presentes en cualquier lugar, y son altamente peligrosos, ya que su consumo es elevadísimo y su distribución está entendida en el mercado como parte de un amable servicio y no como parte de un problema terrible. Es un producto ambientalmente nocivo que debe controlarse. Tarda entre 150 y 250 años en degradarse mientras que su vida útil es tan sólo de 30 minutos.

Necesitamos normativas que controlen su uso como parte de las soluciones que las ciudades modernas como la nuestra deben asumir en cuanto al uso racional de los plásticos. Otras soluciones recaen en la difusión del trabajo académico que sustente dichas normativas.

Actualmente países como Estados Unidos, Reino Unido y España existen campañas que buscan eliminar el uso del popote y que están alcanzando resultados notables.

En México, la Universidad de la Comunicación a través de su Maestría en Educación y Comunicación Ambiental, trabaja en el diseño de estrategias sociales que ayuden a mitigar los problemas ambientales que, previo diagnóstico y desde perspectivas realistas, gozan de soluciones viables, por lo que actualmente encabezan la campaña social: “No usamos popotes”.

Esta campaña busca:

Incidir en la industria restaurantera y de servicios alimenticios para que se sumen a este esfuerzo reduciendo y eliminando el consumo del popote.

- Alcanzar a la población civil a través de normativas que le otorguen nuevas responsabilidades sociales.

- Incentivar a los centros educativos de todos los niveles en cuanto a la enseñanza del uso racional de plásticos a través de materias ecológicas que persigan nuevos valores ambientales.

Lo anterior está sustentado en la siguiente información y en los siguientes datos:

- De 100 a 250 años es lo que tarda un popote en desintegrarse.

- Durante los eventos anuales de recolección de basura en las playas de Estados Unidos, en los últimos 25 años se recolectaron 6,263,319 popotes y agitadores.

- En 1955, en Estados Unidos se fabricaron los primeros popotes hechos de polipropileno virgen y colorantes; estos popotes aún no se desintegran.

- 30 minutos como máximo, es la vida útil de un popote.

- 17,000 popotes se consumen por día en 12 estados de la República Mexicana.

- 500 millones de popotes por día se utilizan en el mundo.

- 6 por ciento de toda la basura que se genera en Quintana Roo son popotes.

- Un restaurante familiar puede generar un gasto de 75,000 popotes por año en la Ciudad de México.

- 1 millón de aves marinas mueren al año por ingesta de plásticos.

- 100 mil mamíferos y tortugas mueren al año por ingesta de plásticos.

- Más de 600 mil popotes esparcidos por las playas del mundo en el año 2012.

- De acuerdo con cifras del Foro Económico Mundial en el 2050 habrá más plástico que peces en el mar.

- Los plásticos, hay que recordarlo, están diseñados para durar por siempre.

El uso del popote afecta sensiblemente al medio ambiente y daña diversos ecosistemas y muchos animales. Es una basura no biodegradable a corto plazo y que debe ser regulada y controlada su producción y su distribución. Con acciones tan sencillas como dejar de usar popote se puede cambiar el mundo.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal, a   través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que coordine los esfuerzos necesarios para disminuir al máximo el uso del popote en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¿Senador Ernesto Cordero, pueden acompañarlo algunos Senadores?

El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Sería un gusto, señor Presidente. Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si nos ayuda la Secretaría Técnica, por favor, a recoger las firmas, y el de la voz también, si me lo permite, Senador Cordero, con mucho gusto firmamos. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.






Tiene la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo relacionado a actos de violencia política en las entidades federativas.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores:

Quiero expresar mi preocupación respecto de que este punto de Acuerdo que motiva mi presencia aquí, pueda ser un asunto recurrente en los próximos días, semanas y meses en nuestro país.

Ya hemos venido a esta tribuna a presentar puntos de Acuerdo donde se solicita que distintas instancias puedan proteger a las mujeres que han ocupado cargos de elección, y que se ven amenazadas y obligadas a dejar sus encargos.

Hemos tratado aquí el caso, también, importante, de la Magistrada en San Luis Potosí, que motivó también un punto de Acuerdo, no sabemos qué fue lo que pasó, aquí mismo en el Senado de la República.

Tenemos entendido que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación envió una comunicación al Senado de la República para que aquí se diera curso, y en todo caso, remover a quienes han infringido esta violencia política contra la Magistrada de San Luis Potosí, que es un caso escandaloso, e insisto, de una gran preocupación y no sabemos qué pasó.

Ojalá, señor Presidente de la Mesa Directiva, nos pueda informar qué pasó con ese caso que llegó de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Senado de la República.

Y hoy me ocupa el caso de Claudia Carrillo Gasca, ella es Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral en el estado de Quintana Roo, su asunto, su caso ha sido denunciado en diferentes instancias como actos de violencia política, por cierto, no solamente para su persona, sino también para otros integrantes del organismo público electoral de Quintana Roo.

Y se señala de manera precisa, que aviolencia, estas amenazas, este hostigamiento que es mucho más latente, en este caso, a Claudia Carrillo, por su condición de género. También que es perpetrado contra otros consejeros por parte de quien funge como presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Es señalado de manera contundente con nombre y apellido.

Estas acusaciones graves van, desde amenazas a la persona de Claudia Carrillo, desde mensajes de texto anónimos y publicaciones que dañan su imagen, por parte de funcionarios en la entidad, cuya finalidad consiste básicamente en el impedimento y obstaculización para que se le impida el desarrollo de sus funciones y atribuciones, y de las cuales este Senado de la República tiene conocimiento.

No quiero invocar en esta tribuna los distintos ordenamientos en el ámbito internacional, tampoco quiero esgrimir el Marco Jurídico Constitucional, simplemente quiero hablar de la dificultad, claro, pidiéndole al señor Presidente que inscriba el punto de Acuerdo de manera íntegra en el Diario de los Debates, sino yo quiero señalar y motivar a este Pleno del Senado de la República, para que tomemos medidas profundas y serias y nos alertemos y prevengamos respecto de que se pueden venir como una bola de nieve estas amenazas y hostigamientos a mujeres que están ocupando este tipo de encargos.

Si bien los hombres lo padecen, las mujeres, por su condición de ser mujeres, la situación es mucho más compleja, sobre todo, como es el caso que hoy nos ocupa de Claudia, en Quintana Roo, en donde la situación ha obligado no solamente a inconformarse, sino incluso a tener e invocar la ayuda de la FEPADE.

Hoy mismo, en la FEPADE, se encuentra solicitando medidas cautelares para protegerla de las amenazas.

La situación ha obligado también a asesorarla, ayudarla, atenderla, desde el punto de vista psicológico por parte de la FEPADE para que ella pueda seguir adelante, y no ceda ante las presiones para que renuncie.

Obviamente el contexto en el que ella se desenvuelve, igual los otros integrantes de este organismo electoral en Quintana Roo, tiene que ver por la circunstancia misma, la circunstancia político-electoral de Quintana Roo, y que esperemos empiece a corregirse a partir de la llegada del nuevo gobernador.

No es motivo del punto de Acuerdo hablar de la situación del gobierno actual de Quintana Roo, todas y todos sabemos, nos estamos informando a través de los medios de comunicación sobre las características de un gobierno que a todas luces viene siendo y va a seguir siendo señalado por distintas imputaciones que alcanzan en esta forma de gobernar por parte del actual gobernador que está a unos de días de terminar, de seguir controlando, como es el caso de este organismo electoral en la entidad.

De ahí que el presidente del organismo electoral precisamente sea quien dirige todas estas actitudes alevosas, ventajosas, de hostigamiento y de amenazas y de presión a quienes no coinciden o a quienes no se alinean a sus objetivos.

Los puntos que estamos proponiendo en este punto de Acuerdo son los siguientes:

Primero.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a emitir las normas orgánicas necesarias que regulen el funcionamiento de los tribunales electorales de las entidades federativas, su forma de organización, así como el procedimiento para la imposición de sanciones, así como desahogar los procedimientos de remoción y sustitución pendientes de su dictaminación que mandata la Sentencia SUP-JDC-4370/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar, consignar y en su caso ejercitar la acción penal correspondiente para los casos de violencia política en contra de mujeres en las entidades federativas.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los organismos públicos locales de las entidades federativas para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en la materia, establezcan e implementen protocolos para atender la violencia política contra las mujeres, tomando en su caso como referente, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Cuarto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales Electorales de las Entidades Federativas…; es decir, que tomen en consideración este protocolo que he mencionado.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo

Quien suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 108,276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporó desde el año 2011 el reconocimiento a los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte, por tanto, tales derechos tienen como características ser universales, indivisibles e interdependientes y progresivos, su existencia va más allá del reconocimiento “formal” por parte de los Estados.

Por tanto, la violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y se traduce en una violación a sus derechos humanos ya sus libertades fundamentales.

En ese sentido es importante señalar que en el Senado de la República hemos conocido de diversos casos que implican violencia política contra mujeres.

2. Uno de éstos y que vemos con preocupación es el caso de la C. Claudia Carrillo Gazca, Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral en el Estado de Quintana Roo, la cual ha denunciado en las instancias correspondientes actos de violencia política no sólo contra su persona, sino demás integrantes del Organismo Público Local Electoral (OPLE), por parte del C. Víctor Venamir Vivas Vivas Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo y demás funcionarios del propio OPLE y del Poder Judicial del Estado.

Se trata acusaciones graves que van desde amenazas a su persona, mensajes de texto anónimos y publicaciones que dañan su imagen, por parte de funcionarios de la entidad cuya finalidad consiste básicamente, en el impedimento y obstaculización para que se le impida el desarrollo de sus funciones y atribuciones y de las cuales este Senado de la República tiene conocimiento.

3. El artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, considera la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

En el mismo sentido, los artículos 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer establecen el marco referencial de lo que debe conceptualizarse como violencia contra la mujer, el derecho de éstas a una vida libre de violencia y discriminación, así como las obligaciones de los estados partes, para condenar estas prácticas y las acciones para su erradicación.

Congruente con estos instrumentos internacionales la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión554/2013 (Caso Mariana Lima Buendía) el reconocimiento delos derechos humanos de las mujeres surgió ante la necesidad de establecer un régimen específico de protección al comprobar que la normativa general a nivel internacional de los derechos humanos no era suficiente para garantizar la defensa y protección de las mujeres, quienes por su condición ligada al género, requieren de una visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de sus derechos, como el impartir justicia con perspectiva de género, y proscribirla discriminación contra la mujer en todas las esferas de la vida.

En este sentido, destaca la Primera Sala, en el amparo en revisión antes citado, que el caso del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación es un ejemplo claro de cómo a nivel interno e internacional se ha desarrollado, de manera evolutiva, el contenido y alcance de dicho derecho a través –por un lado–de tratados, constituciones y leyes, así como –por otro– por medio de la interpretación que de dicho derecho han hecho los tribunales constitucionales e internacionales.

Así pues, los estándares en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son claros en establecer que las autoridades estatales  –lo que incluye a este Senado de la República- no sólo deben condenar toda forma de discriminación basada en el género, sino también, están obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad de género y de sexo en sus normas, y abolir todas aquellas leyes, costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias contra las mujeres.

Por lo tanto, el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad, de evitar los argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad.

4. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al respecto. Al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-194/2016, se analizó el ejercicio de las atribuciones de la Presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas en relación con la designación de los funcionarios electorales que integran las ponencias de los magistrados del órgano jurisdiccional, en donde se concluyó que los integrantes del colegiado tienen la facultad de designar a su personal de apoyo, atribución que no puede ser asumida por la Presidente del citado Tribunal.

Por su parte, en el SUP-JDC-574/2016, la Sala Superior analizó la legalidad de la remoción del Presidente del Tribunal Electoral del estado de Oaxaca, en el cual, si bien se confirmó la determinación emitida, por el Pleno del órgano, se analizó que tal actuación se hubiera realizado respetando las garantías del funcionario judicial.

En el expediente SUP-JDC-4370/2015, el caso de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, la Sala Superior determinó que fue víctima de violencia política por parte de sus pares magistrados, quienes le aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función.

Parte importante de esta resolución pone de manifiesto que “si bien existen una serie de disposiciones básicas tendentes a regular la actuación de los funcionarios judiciales; sin embargo, las mismas resultan insuficientes, pues no se establece con precisión cuál es el marco jurídico normativo que debe regir el funcionamiento de estos órganos, por lo que se hace necesario que las autoridades legislativas(en este caso el Senado de la República) emitan las normas orgánicas necesarias que regulen el funcionamiento de estos órganos, la forma de organización, su estructura y las relacionadas entre sus integrantes y los funcionarios del propio órgano jurisdiccional, así como el procedimiento para la imposición de sanciones, en caso de violaciones a la normativa electoral”.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a emitir las normas orgánicas necesarias que regulen el funcionamiento de los tribunales electorales de las entidades federativas, su forma de organización, así como el procedimiento para la imposición de sanciones, así como desahogar los procedimientos de remoción y sustitución pendientes de su dictaminación que mandata la Sentencia SUP-JDC-4370/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar, consignar y en su caso ejercitar la acción penal correspondiente para los casos de violencia política en contra de mujeres en las entidades federativas.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en la materia, establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia Política contra las mujeres, tomando en su caso como referente, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en  Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales Electorales de las Entidades Federativas, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en la materia, establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia Política contra las mujeres, tomando en su caso como referente, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en  Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Angélica de la Peña. Se instruye que se registre de manera completa el punto de Acuerdo, instruiremos también a la dirección jurídica para que nos dé un informe detallado de lo que ha solicitado la Senadora Angélica de la Peña. Túrnese, respecto al Primer resolutivo, a la Junta de Coordinación Política; y el Segundo, Tercero y Cuarto a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Pasamos a una segunda ronda de iniciativas.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de septiembre de cada año como el Día Nacional contra la Lucha del Linfoma no Hodgking y Linfoma Hodgking.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL DÍA NACIONAL CONTRA LA LUCHA DEL LINFOMA NO HODGKING Y LINFOMA HODGKING

(Presentada por la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y del Senador Francisco Salvador López Brito)

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Con la venia de la Presidencia. Senadoras y Senadores de la República:

Con la atribución que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relativos del Reglamento del Senado de la República, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y del Senador Francisco Salvador López Brito, así como nuestra compañera, María del Rosario Pineda Gochi, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentamos ante este Pleno, la iniciativa que declara el 15 de septiembre de cada año como el Día Nacional contra la Lucha del Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking; neoplasia que ocupa el 54 por ciento de todos los tipos de cáncer en la sangre, además se ubica entre el sexto y octavo lugar de los diferentes tipos de cáncer en nuestro país.

La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer es la transformación de una célula normal en una célula tumoral a través de un proceso multifásico que su progresión de lesión precancerosa se convierte en tumor maligno.

Existen causas genéticas y agentes externos para padecer esta enfermedad de morbilidad y mortalidad.

Entre los agentes externos sobresalen tres:

Primero.- Carcinógenos químicos, como el asbesto, componentes del humo del tabaco, aflatoxinas y arsénico.

Segundo.- Carcinógenos físicos, como son las radiaciones ultravioleta e ionizantes.

Tercero.- Carcinógenos biológicos causados por virus, bacterias o parásitos.

Los factores de riesgo para desarrollar cáncer son el consumo del tabaco y alcohol, dieta inadecuada que conlleva sobrepeso y obesidad, inactividad física, contaminación de la atmósfera e inhalación del humo por la quema de combustibles sólidos; tan sólo el consumo de tabaco es considerado el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer, ya que causa el 22 por ciento de las defunciones a nivel mundial por cáncer en general; y el 70 por ciento de muertes por cáncer de pulmón.

A nivel mundial, en 2012 se registraron 14 millones de casos, y fallecieron 8.2 millones de personas. Se prevé el incremento de nuevos casos en un 70 por ciento para los próximos años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.

En tanto, que para el Continente Americano, durante 2012 fallecieron 1.3 millones de personas, de esos decesos, el 47 por ciento se dieron en América Latina y El Caribe.

Se tiene previsto que la mortalidad a causa de cáncer aumente en 2.1 millones de personas para 2030, conforme a la Organización Panamericana de la Salud.

El Linfoma es un cáncer que comienza en las células del sistema linfático, y se caracteriza en Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking, éste último es el más frecuente al estar presente en el 90 por ciento de los pacientes diagnosticados de Linfoma a la edad de incidencia en común, en adultos, niñas, niños y adolescentes, ya que se diagnostica a partir de los 50 años de edad, y la edad promedio de diagnóstico oscila en el intervalo de 45 a 55 años de edad; es curable entre el 70 al 90 por ciento.

En lo que respecta al Linfoma Hodgking, observa una tasa de incidencia de 3 casos por cada 100 mil habitantes. La prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, en razón de que el 85 por ciento lo padecen hombres y su curva de incidencia es de carácter bimodal, es decir, en varones de 15 a 34 años y de 50 en adelante.

La iniciativa que presentamos Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, tiene como objetivo declarar el 15 de septiembre de cada año como el Día Nacional contra la Lucha del Linfoma Hodgking y Linfoma No Hodgking, como medida para concientizar a la población de este cáncer de tipo sanguíneo que afecta a la población adulta de nuestro país, sin excepción alguna de su aparición en niñas, niños y adolescentes.

Esta medida de concientización sumará a los esfuerzos que se realizan a nivel mundial por autoridades de salud, fecha que se conmemora a nivel internacional, y es una medida impulsada por la Lymphoma Coalition, que busca incrementar el conocimiento del Linfoma para su diagnóstico y tratamiento debido a que en sus primeras etapas es confundido como gripe.

Esta asociación mundial señala que cada año se diagnostican a 350 mil personas, de las cuales, fallecen 200 mil, es decir, el 57 por ciento de las personas diagnosticadas.

Las acciones públicas de concientización contra la lucha del Linfoma Hodgking y Linfoma No Hodgking, recaerán en la Secretaría de Salud en su carácter de Coordinadora del Sistema Nacional de Salud, para que ésta establezca, coordine y promueva políticas públicas para concientizar y atender a pacientes oncológicos del Linfoma Hodgking y Linfoma No Hodgking, debido a que la tasa de incidencia del Linfoma Hodgking o enfermedad de Hodgking es de 3 casos por cada 100 mil habitantes; y que la tasa de incidencia del Linfoma No Hodgking para hombres es de 4.5 casos por cada 100 mil habitantes; y en mujeres es de 3.3 casos por cada 100 mil habitantes.

Por ende, si esa medida es aprobada ante las comisiones dictaminadoras que turne la Mesa Directiva, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Le solicito, por favor, que mi intervención se haga íntegra en el Diario de los Debates.

Muchas gracias a todos.

Iniciativa

Los que suscriben, HILDA CEBALLOS LLERENAS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senadores de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, todos ellos del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL DÍA NACIONAL CONTRA LA LUCHA DEL LINFOMA NO HODGKING Y LINFOMA HODGKING, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), por sus siglas en inglés- el cáncer (neoplasia o tumor maligno) es la transformación de una célula normal en tumoral a través de un proceso multifásico que tiende a la progresión de una lesión precancerosa en tumor maligno.

Las causas del cáncer son por factores genéticos del paciente y agentes externos, éstos últimos son: carcinógenos físicos (radiaciones ultravioleta e ionizantes), carcinógenos químicos (asbesto, componentes del humo del tabaco, aflatoxinas, arsénico) y carcinógenos biológicos (infecciones causadas por virus, bacterias o parásitos).

Los factores de riesgo para desarrollar cáncer radican en el consumo del tabaco y alcohol, dieta inadecuada que conlleva al sobrepeso y obesidad (ingesta reducida de frutas y verduras), inactividad física, contaminación en las ciudades e inhalación del humo por la quema de combustibles sólidos; tan sólo, el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo ya que causa el 22% de las defunciones a nivel mundial por cáncer en general y el 70% de las muertes mundiales por cáncer de pulmón; en países de ingresos bajos y medios el 20% de las defunciones por cáncer son de agentes externos, como es el caso de carcinógenos biológicos, es decir infecciones por virus de hepatitis B (VHB) y C (VHC) o por papilomavirus humanos (PVH), mismos que aumentan el riesgo de cáncer de hígado y cuello uterino.

El cáncer es una de las causas principales de morbilidad y mortalidad en el mundo, en 2012 se registraron 14 millones de nuevos casos y fallecieron 8.2 millones de personas, de estas defunciones el 70% han sido en África, Asia, América Central y Sudamérica; a nivel mundial, los cinco tipos de cáncer más comunes en el hombre son: pulmón, hígado, estómago, colon/recto, y esófago, para el caso de las mujeres son: mama, pulmón, estómago, colón/recto y cuello uterino1. Se prevé que el número de nuevos casos aumente en un 70% en los próximos 20 años.2

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, señala que el cáncer es una de las causas principales de mortalidad en el continente Americano, en 2012 fallecieron 1.3 millones de personas de las cuales el 47% sucedieron en América Latina y el Caribe, se espera que la mortalidad por esta enfermedad aumente hasta 2.1 millones de personas para 2030, en el continente.3

El 4 de febrero de cada año se conmemora el “Día Mundial contra el Cáncer”, medida que tiene por objeto concientizar a la población de esta enfermedad no transmisible (ENT), misma que junto con las enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas y la diabetes causan el deceso de 38 millones de personas anuales de los cuales el 75% se concentra en países de bajos y medianos ingresos; esta medida fue impulsada por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC).4

El cáncer durante la infancia y adolescencia es poco frecuente si se compara con adultos pero sí es una de las causas de morbimortalidad en la población que no excede los 20 años. Durante 2012, en América Latina y el Caribe, fueron diagnosticados con cáncer aproximadamente 29 mil niños y adolescentes menores de 15 años, lo más comunes, tipo de cáncer, son leucemia, tumores en el cerebro y sistema nervioso central, linfomas, neuroblastoma, rabdomiosarcoma, tumor Wilms, cáncer de hueso y células germinativas gonadales, todos ellos tienen un 5 % de origen por mutación hereditaria que puede estar asociada y no asociada con síndromes familiares así como por mutaciones genéticas durante el desarrollo fetal y exposición de los padres a sustancias químicas cancerígenas (pesticidas).56

Para 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señaló el porcentaje de morbilidad en la población de 0 a 19 años de edad y de 20 años en adelante, por tipo y sexo: 

Cuadro 1. % de morbilidad: tipo de cáncer y por sexo

Tipo de cáncer

De 0 a 19 años

De 20 años en adelante

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central

6.3

5.6

n.d.

Sistema linfático y tejidos afines

9.1

5.8

9.9

5.2

Hueso y de los tejidos articulares

6.0

5.4

n.d.

Órganos hematopoyéticos7

58.7

62.0

10.6

5.8

Testículo/Ovárico

4.2

2.5

6.4

6.7

Vías urinarias

1.6

2.5

n.d.

Mama

n.d.

0.7

29.5

Órganos respiratorios e intratorácicos

n.d.

8.6

2.8

Órganos digestivos

n.d.

25.0

13.88

Por ende, en el intervalo de 0 a 19 años se señala que la morbilidad por órganos hematopoyéticos predomina, con mayor incidencia en mujeres que en hombres, es decir afecta más a mujeres: 62% respecto a los hombres: 58.7%; para personas mayores de 20 años la incidencia se reduce drásticamente, además de afectar más a hombres: 10.6% en comparación con mujeres: 5.8%.

Ahora bien, tanto a menores de 19 años como a mayores de 20 años en adelante, el cáncer del sistema linfático y tejidos afines -Linfoma Hodgking y Linfoma no Hodgking: LH y LNH-, para hombres y mujeres registra con ligera similitud en incidencia; en hombres menores de 19 años es del 9.1% respecto a mayores de 20 años, 9.9%, en el caso de mujeres menores de 19 años es de 5.8% si se compara con el 5.2% en mayores de 20 años.

El linfoma Hodgking (enfermedad de Hodgking o LH) y linfoma No Hodgking (linfoma o LNH), es un tipo de cáncer que tiene como origen el crecimiento anormal y descontrolado de células llamadas linfocitos (glóbulos blancos), células que se localizan en ganglios y tejidos linfáticos (sistema linfático), mismas que pertenecen al sistema inmunológico. 910

El Linfoma Hodgking, en los Estados Unidos de Norteamérica, la tasa de incidencia es de 3 casos por cada 100 mil habitantes y de ellos el 85 % se diagnostica en varones cuya curva de incidencia es bimodal, es decir de 15 a 34 años y después de los 50 años; en la Unión Europea, la incidencia es de 2.2 casos por cada 100 mil habitantes y la tasa de mortalidad es de 0.7 casos por cada 100 mil habitantes. Este tipo de linfoma es curable en un 80 al 85%.

La American CancerSociety elaboró una estimación que para 2010 se diagnosticarían 8 mil 490 casos, de ellos 4 mil 670 serán en hombres y fallecerán 1 mil 320 varones. El dato más reciente para México fue el de 2003, elaborado por el Instituto Nacional de Cancerología -INCAN- en el cual se reportaron 935 casos, en mayores de 15 a 19 años de edad tanto a hombres como a mujeres.11

El Linfoma No Hodgking es muy frecuente en adultos que en niños, a nivel mundial, se diagnóstica a partir de los 50 años y la edad promedio de diagnóstico oscila entre los 45 a 55 años, la incidencia en niños es rara y cuando se descubre tiene una cura del 70 al 90%; la tasa de incidencia en hombres es de 5.6 casos por cada 100 mil habitantes y la tasa de mortalidad es de 3.2 casos por cada 100 mil habitantes, en mujeres la tasa de incidencia es de 4.1 casos por cada 100 mil habitantes y la tasa de mortalidad es de 2.4 casos por cada 100 mil habitantes.12

El 15 de septiembre de cada año se conmemora a nivel mundial el “Día Mundial del Linfoma”, iniciativa impulsada por la LymphomaCoalition, que busca incrementar el conocimiento del Linfoma para su diagnóstico y tratamiento debido a que sus primeras etapas puede ser confundido como gripe, en razón de que sus síntomas son cansancio, fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos; la LymphomaCoalition señala que cada año mueren 200 mil personas y se diagnostica a 350 mil personas en todo el mundo. 

Del proyecto de Decreto:

La presente iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se declara el 15 de septiembre de cada año como el “Día Nacional contra la Lucha del Linfoma Hodgking y Linfoma No Hodgking” tiene como objetivo central la concientización de este tipo de cáncer que afecta y aqueja a la población adolescente y adulta del país, especialmente el envejecimiento es un factor de riesgo para la aparición del cáncer, ya que la incidencia de esta enfermedad aumenta conforme a la edad en razón de que los mecanismos de reparación celular pierden su eficacia con el paso del tiempo13.

Para México, el Linfoma Hodgking tiene una incidencia promedio de edad en hombres de 15 a 19 años y en mujeres con el mismo intervalo de edad y de 20 a 24 años, para ambos la tasa de incidencia es de 3 por cada 100 mil habitantes14; en tanto que el Linfoma No Hodgkingse diagnóstica en una edad promedio de 45 a 55 años, la tasa de incidencia para hombres es de 4.5 por cada 100 mil habitantes y su tasa de mortalidad es de 2.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que en mujeres es de 3.3 por cada 100 mil habitantes y su tasa de mortalidad es de 1.6por cada 100 mil habitantes15.

Le corresponderá a la Secretaría de Salud en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, establecer, coordinar y promover políticas públicas encaminadas a atender pacientes con Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking con el fin de restablecer su estado completo de bienestar físico y mental, ello para garantizar su derecho humano a la protección de la salud;  así como a divulgar a la población en general sobre los factores de riesgo para padecerlo, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Capítulo I “Disposiciones Comunes” del Título Segundo “Sistema Nacional de Salud” de la Ley General de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- El Congreso de la Unión, declara el 15 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional contra la Lucha del Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente

1 Organización Mundial de la Salud, “10 datos sobre el cáncer”, www.who.int/features/factfiles/cancer/facts/es/

2 Organización Mundial de la Salud, nota descriptiva 297 “Cáncer”, 2015,
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/

3 Organización Panamericana de la Salud, “Cáncer”,
www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view_article&id=2<emid=40735&lang=es

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer”, 2016, pp. 1-2, www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/cancer2016_0.pdf

5 Instituto Nacional del Cáncer, “Cáncer en niños y adolescentes”,www.cancer.gov/espanol/tipos/infantil/hoja-informativa-ninos-adolescentes

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer”, Óp. Cit.

7 Incluye los órganos: bazo, ganglio linfático, timo, hígado y medula ósea.

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día Mundial Contra el Cáncer”, Óp. Cit.

9 American CancerSociety, “Enfermedad de
Hodgking”,www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002297-pdf.pdf

10 American CancerSociety, “Linfoma No
Hodgking”,www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002315-pdf.pdf

11 Instituto Nacional de Cancerología, “Oncoguía: Linfoma de Hodgking”, pp. 134,
www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1327326244.pdf

12 Instituto Nacional de Cancerología, “Oncoguía: Linfoma No Hodgking”, pp. 140,
www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1327326441.pdf

13 Organización Mundial de la Salud, nota descriptiva 297 “Cáncer”, Óp. Cit.

14 Instituto Nacional de Cancerología “Oncoguía: Linfoma Hodgking”, pp. 134, Óp. Cit.

15 Instituto Nacional de Cancerología “Oncoguía: Linfoma No Hodgking”, pp. 140, Óp. Cit.

Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Francisco Salvador López Brito.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Con gusto, Senadora Ceballos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Tiene la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO XVIII AL TÍTULO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes.

Vengo a presentar una iniciativa muy simple, es una reforma, una adición al Título Sexto, el Capítulo XVIII de la Ley Federal del Trabajo, y es pensando en los periodistas. Es un tema simple, cotidiano, ya sabemos que nuestro país es de los más violentos y que los periodistas corren más riesgo aquí, y que México se ha comprometido, y que en 2011 se elaboró y se promulgó una Ley para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que estamos muy alertas a este tema; sin embargo, yo quería hablar de los periodistas en lo cotidiano.

Los periodistas que todos los días se levantan, que crecen, que trabajan, que van a perseguir la nota, que luego hacen una familia, que se enamoran, que tienen hijos y que siempre están corriendo riesgos y de repente pierden el trabajo, se van a otro trabajo; no les gusta la nota a sus directores y los desocupan.

Así que estoy hablando de esta simpleza, de los derechos laborales de los periodistas. Por eso es una modificación una adición muy simple al título de trabajos especiales.

Definimos lo que es un periodista, según la OIT, y con esto queremos que tenga acceso y certidumbre y seguridad social en su labor.

Lo especial que tendría esta modificación es que también ponemos la cláusula de conciencia o la objeción de conciencia que dice que un periodista, cuando le cambian el color de su nueva nota, pueda reclamar que no va así y que no sea despedido; pero que, además, cuando su empresa cambie de línea de trabajo con la que no esté de acuerdo, pueda dimitir sin que le quiten el derecho a sus derechos sociales o a su seguridad social y a su liquidación.

Es una adición muy simple y yo pienso en los periodistas cotidianos que nos sirven, que nos acompañan, que miran la realidad desde su óptica y que nos la dan a conocer, tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con la democracia y tiene que ver simplemente con la seguridad social a la que tienen derecho los periodistas, y que muchas veces no tomamos en cuenta.

Eso es cuanto, señor Presidente.

La presentamos el Senador Ernesto Ruffo, la Senadora Andrea García y una servidora.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Luisa María Calderón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández, por favor.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Solamente para solicitarle a la promovente pueda adherirme, porque para mí es muy importante el apoyo a los periodistas y a la comunicación veraz que rinden cada día.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¡Claro que sí! La Senadora Lisbeth Hernández, la Senadora Mariana Gómez del Campo, la Senadora Itzel Sarahí Ríos, la Senadora Sylvia, el Senador Ismael Hernández, y hay muchos más, el Senador López Brito. La Secretaría Técnica, si me ayuda a recoger las firmas, si es tan amable.






Se concede la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el Apartado A del artículo 123 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Ustedes recordarán que en el 2012 una de las primeras reformas que hicimos en el Senado de la República fue esa reforma en materia laboral, una reforma que nos dijeron, sólo por el hecho de ser aprobada, de esas reformas estructurales, se crearían 500 mil plazas, una cuestión que de ninguna manera se ha dado hasta este momento.

Pero en esta reforma dejaron de lado cuestiones verdaderamente de fondo, importantes, como es:

¿Qué hacer con las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto a nivel federal como de las locales?

¿Qué hacer ahí en esta instancia? Que es una instancia que ha permitido la corrupción durante toda su vigencia.

En ese entonces yo decía que si queríamos hacer una reforma realmente de fondo, tendríamos que transformar esas Juntas de Conciliación y Arbitraje en otro órgano que fuera parte del Poder Judicial.

Tengo una propuesta en ese sentido.

Y, bueno, hemos conocido, como ustedes, todas y todos conocen, el Presidente de la República envió una iniciativa justamente para transformar esas Juntas de Conciliación y Arbitraje en juzgados, no llega a lo que yo tengo como propuesta, que es hacer un Tribunal de lo Social, pero bueno, algo ya se avanza en ese sentido.

Sin embargo, esta iniciativa del Presidente de la República no está completa, y éste es el sentido de mi participación.

Si bien es cierto que hay principios fundamentales que deben ser conservados, como lo es la aspiración de asegurar la protección a los trabajadores frente a las adversidades que genera el sistema capitalista de producción, y en especial la política económica del neoliberalismo, no puede aceptarse que se sigan protegiendo intereses ilegítimos, ni mantener por más tiempo instituciones que no han servido para hacer efectivos los derechos sociales plasmados desde 1917 en el artículo 123 constitucional, entiéndase entre esos órganos, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Cualquier propuesta de reforma laboral que deje en pie los pilares de la discrecionalidad gubernamental, la explotación del trabajo ajeno y no ofrezca la oportunidad de renovar y fortalecer el sistema de representación de los trabajadores, a fin de que la democracia penetre a las organizaciones sindicales y les otorgue la legitimidad derivada del verdadero respaldo de sus miembros, no estará a la altura de las circunstancias por las que hoy atraviesa nuestro país.

La iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución que presento, comprende contenidos esenciales en materia laboral, tanto en lo sustantivo como en la transformación institucional, que son necesarias para la reestructuración moderna y democrática del derecho social mexicano y en particular, del relativo al trabajo.

Objetivo vital que demanda el país, es la eliminación del corporativismo sindical que fomenta relaciones autoritarias, de sumisión y estimula que las organizaciones de los trabajadores sometan sus intereses a los del Estado y el sector empresarial.

Se requiere dar paso a organizaciones sindicales libres, a un modelo de relaciones laborales en donde la injerencia estatal y de los patrones en la vida interna de los sindicatos esté prohibida y sea severamente sancionada por la ley. Estos postulados representan no sólo viejos anhelos de la clase trabajadora, sino también el cumplimiento de compromisos y obligaciones que en el ámbito internacional ha adquirido nuestro país, concretamente con la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical, hoy de rango constitucional. Pendiente está la elevación a rango constitucional de las normas del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, incorporando sus preceptos directamente en nuestra Carta Fundamental para apuntalar a la institución jurídica de la contratación colectiva.

Por ello, la fracción XVI Bis al artículo 123 constitucional que propongo, se eleva a este rango el derecho a la contratación colectiva, cuestión que por 100 años está pendiente desde el Congreso Constituyente de 1917, que no logró acuerdo para reconocer a la contratación colectiva, rango de derecho social constitucional.

En el texto se señala que contrato colectivo de trabajo es el acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.

Con esta reforma, la contratación colectiva será un instrumento normativo en concordancia con los Convenios 87 y 98 de la OIT, puntales universales de la justicia social, resaltando las obligaciones de las autoridades jurisdiccionales y administrativas de garantizar efectivamente los derechos de libertad sindical y contratación colectiva, así como de estimular su ejercicio libre, progresivo y democrático.

Apuntalar el derecho instrumental de huelga exige erradicar la aplicación de la requisa y de cualquier otra figura administrativa o judicial que atente contra la huelga lícita, es una tarea que hay que acometer en beneficio de la libertad de sindicalización, de contratación colectiva y por ende, de la huelga.

Una de las mayores agresiones a los sindicatos y coaliciones que llevan a cabo una suspensión legal de actividades, es la llamada requisa, prevista en las leyes de aviación civil, reglamentaria del servicio ferroviario, de aeropuertos, entre otras.

Por ello, se propone establecer en el propio Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la huelga no podrá afectarse por medida administrativa alguna, quedando considerada no sólo la requisa, la requisición o la intervención administrativa, sino cualquier otro acto administrativo que vulnere los derechos de una asociación de trabajadores. Ninguna medida administrativa o judicial debe ser obstáculo en el ejercicio del derecho de huelga.

Una de las principales preocupaciones planteadas en la iniciativa que hoy presento, es la relacionada con el salario de los trabajadores. De acuerdo con la fracción VI del Apartado A del artículo 123 Constitucional vigente, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia en el orden material, social o cultural y promover la educación obligatoria de los hijos.

Actualmente los salarios mínimos se fijan por una Comisión Nacional de los Salarios Minimos, integrada por representantes de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. Sin embargo, los resultados de esa comisión no son alentadores, hoy en día vemos que los incrementos acordados por esta comisión en nada han beneficiado a los trabajadores.

La correlación de fuerzas en este organismo opera en contra del trabajador, ya que en la mayoría de los casos el voto de los representantes del gobierno y el de los representantes del capital y la aquiescencia de la representación de los trabajadores en la Conasami, han resultado tangiblemente negativos, cada día nos alejamos más del salario constitucional y la extrema miseria impera entre las familias de los trabajadores que reciben el salario mínimo, y su precariedad es tal que la suma de varios salarios mínimos no supera la línea de la pobreza en la mayoría de las familias mexicanas que lo reciben. El salario mínimo en México es ya uno de los más bajos del mundo.

La dramática caída de los salarios pone en evidencia que los procedimientos establecidos para su revisión son inoperantes, sobre todo cuando se encuentran en juego intereses ajenos a los de los trabajadores. Asimismo, la composición tripartita de la autoridad encargada de fijar y revisar los salarios mínimos posibilita la asociación de los representantes de los patrones y del gobierno, donde el voto de los representantes de los trabajadores no ha logrado hacer efecto positivo alguno.

Con objeto de eliminar el control gubernamental corporativo sobre la determinación de los salarios mínimos, se propone que la decisión de fijar los montos de éstos, sea una facultad exclusiva de una nueva institución constitucional autónoma, cuya integración tenga como fuente la profesionalización y la representatividad con contenido social y técnico.

Así, se propone la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la creación del organismo autónomo del Estado, denominado Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de Utilidades, que tendrá a su cargo realizar bajo los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia y compromiso social, los estudios para determinar los salarios mínimos general y profesional, así como el porcentaje de utilidades de las empresas repartibles entre los trabajadores.

Los incrementos que se conciben en la iniciativa a los salarios mínimos serán anuales, pero el Instituto podrá acordar un ajuste en algún otro momento del año en función del deterioro salarial sufrido por el incremento del costo de la vida.

Al efecto, también se plantea la reforma de la fracción IX del Apartado A del artículo 123 constitucional, en lo relativo a la sustitución de la Comisión Nacional Tripartita para la fijación del porcentaje repartible de las utilidades por el propuesto Instituto Nacional de Salario Mínimo y Reparto de Utilidades.

Hoy es necesario perfeccionar la justicia laboral administrativa a cargo de la inspección del trabajo, es otro tema muy relevante. Se trata de la justicia laboral del día a día por las inspecciones del trabajo de cada entidad federativa en una división que no ha permitido que la inspección del trabajo, en sus diversos ámbitos, funcione de manera eficiente, ya que los recursos presupuestales asignados han resultado insuficientes para que se disponga de inspectores del trabajo en el ámbito local, en la suficiente cantidad y la debida especialización y capacitación para asumir con eficacia sus funciones.

De suerte, existen entidades federativas en las que la Institución es prácticamente inexistente, adicionado al hecho de insuficiencia legislativa reglamentaria e internacional, ya que México no ha ratificado los Convenios de la OIT en materia de inspección del trabajo, así como el fenómeno de la escasa sindicalización representativa y la prevalencia de contratación colectiva falsificada y, por tanto, inoperante y escasa, ha determinado la crisis en los ámbitos de la justicia laboral tanto jurisdiccional como administrativa, que es necesario superar en beneficio de una real justicia social de la clase trabajadora.

Así que mediante la modificación del párrafo final del numeral del inciso b) de la fracción XXXI del Apartado A del artículo 123 constitucional, por la importancia de la aplicación de la ley en el ámbito administrativo de vigilancia cotidiana de su cumplimiento, la inspección del trabajo se deba a rango constitucional, se enriquecen sus atribuciones y se reserva al gobierno federal por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, su organización y el control de sus funciones.

Señoras Senadoras y Senadores, nuestro país tiene por delante la ocasión de construir un auténtico espacio de prosperidad y justicia social que tenga por objeto la verdadera cohesión social.

La productividad no debe verse como un fin en sí mismo, la productividad es, ante todo, un medio para dar solución a las necesidades materiales y al bienestar social.

Reforcemos y dignifiquemos el papel de los trabajadores en la economía nacional ampliando sus derechos y proporcionando el espacio legal, eficiente, que permita una real justicia social que atienda a la abolición de todas las formas de explotación.

¡México lo demanda!

¡Los trabajadores y trabajadoras mexicanas lo merecen!

Muchas gracias.

Iniciativa

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ Senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta Cámara de Senadores, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES VI, IX, XVIII Y XXXI Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS, DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No es convincente el argumento de que hay que renunciar a los cambios constitucionales por la necesidad de avanzar gradualmente en las transformaciones del mundo del trabajo, ya que de este modo se pretende encubrir, sin lograrlo, la defensa del statu quo.

Si bien es cierto que hay principios fundamentales que deben ser conservados, como lo es la aspiración a asegurar mínimos de protección a los trabajadores frente a las consecuencias adversas derivadas de las incertidumbres y riesgos derivados de su condición y a mejorar su realidad a través del ejercicio de los correspondientes derechos colectivos, no puede aceptarse que se sigan protegiendo intereses ilegítimos ni mantener por más tiempo instituciones que no han servido para asegurar, después de casi un siglo de vigencia, la efectividad de los derechos fundamentales.

En todo caso, los riesgos y la inseguridad no tendrían por qué derivarse de un cambio de mayor envergadura que busque poner estos derechos, tanto los que corresponden a los trabajadores como a cualquier otro ciudadano, a salvo de los criterios de oportunidad del Poder Ejecutivo.

Cualquier propuesta de reforma laboral que deje en pie los pilares de la     discrecionalidad gubernamental y no ofrezca la oportunidad de renovar y fortalecer en forma pacífica el sistema de representación de los trabajadores, de manera que la democracia penetre a las organizaciones y les otorgue la legitimidad derivada del verdadero respaldo de sus miembros, no estará a la altura de las circunstancias por las que hoy atraviesa el país.

Conducirá, en cambio, a apuntalar y perpetuar estilos de representación, y de intervención gubernamental que resultan incompatibles con la democracia y que tienden a erosionarla más de lo que ya lo está. Se requiere, por tanto, de la acción cotidiana de los trabajadores y el ejercicio de sus libertades en el marco de reglas y garantías que permitan conseguir ese imperativo de transparencia y justicia, sin sacrificar la paz que se requiere para avanzar en el desarrollo económico.

La iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución que presento, comprende contenidos esenciales en materia laboral, tanto en lo sustantivo como en la transformación institucional, que son necesarias para la reestructuración moderna y democrática del modelo laboral mexicano.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Derechos colectivos, libertad sindical, contratación colectiva y huelga

Objetivo vital que demanda el País, es la eliminación del corporativismo sindical que fomenta relaciones autoritarias, de sumisión y estimula que las organizaciones de los trabajadores sometan sus intereses a los del Estado y el sector empresarial.

Se requiere dar paso a organizaciones sindicales libres, a un modelo de relaciones laborales en donde la injerencia estatal y de los patrones en la vida interna de los sindicatos esté prohibida y sea sancionada. Estos postulados representan no sólo viejos anhelos de la clase trabajadora, sino también el cumplimiento de compromisos y obligaciones que en el ámbito internacional ha adquirido nuestro país, concretamente con la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad sindical, hoy de rango constitucional, así como con la elevación a rango constitucional las normas del Convenio 98 de la OIT -hasta ahora pendiente de ser ratificado por México- sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, ello incorporando sus preceptos directamente en nuestra Carta Fundamental para apuntalar la fundamental institución jurídica de la contratación colectiva.

Por ello en fracción XVI Bis que propongo, se eleva a rango constitucional del derecho a la contratación colectiva, cuestión que por casi cien años, está pendiente desde el Congreso Constituyente de 1917, que no logró acuerdo para reconocer a la contratación colectiva rango de derecho social constitucional. En el texto se señala que contrato colectivo de trabajo es el acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.

Con esta reforma, la contratación colectiva será un instrumento normativo en el que culminarán de las garantías sociales de libertad sindical en concordancia con los convenios 87 y 98 de la OIT, puntales universales de la justicia social, resaltando las obligaciones de las autoridades jurisdiccionales y administrativas de garantizar efectivamente los derechos de libertad sindical y contratación colectiva así como de estimular su ejercicio libre, progresivo y democrático.

Además de los salarios y las condiciones de trabajo, el contrato colectivo deberá contener las normas relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, las que estén encaminadas a aumentar la productividad, así como aquellas que permitan organizarla bilateralmente, medirla y asegurar un reparto justo de los resultados alcanzados.

Apuntalar el derecho instrumental de huelga exige erradicar la aplicación de la requisa y de cualquier otra figura administrativa o judicial que atente contra la huelga lícita es una tarea que hay que acometer en beneficio de la libertad de sindicalización, de contratación colectiva y, por ende, de la huelga.

Una de las mayores agresiones a los sindicatos y coaliciones que llevan a cabo una suspensión legal de actividades es la llamada requisa, prevista en las leyes de Aviación Civil, Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de Aeropuertos, entre otras; requisición, establecida en la Ley de Vías Generales de Comunicación, e intervención administrativa, regulada en Ley de Expropiación. Un nuevo orden laboral, en donde los gobiernos "saquen las manos" de los sindicatos, tiene que empezar por respetar los derechos sociales constitucionales de los trabajadores.

Por ello, se propone establecer en el propio apartado A del artículo 123 que la huelga no podrá afectarse por medida administrativa alguna, quedando consideradas no sólo la requisa, la requisición y la intervención administrativa sino cualquier otro acto administrativo que vulnere los derechos de una asociación de trabajadores. Ninguna medida administrativa o judicial debe ser obstáculo en el ejercicio del derecho de huelga.

Fijación de los salarios mínimos y fijación del porcentaje del reparto de utilidades

Una de las principales preocupaciones planteadas en la iniciativa es la relacionada con el salario de los trabajadores. De acuerdo con la fracción VI del apartado A del artículo 123 vigente, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y promover la educación obligatoria de los hijos.

Actualmente los salarios mínimos se fijan por una comisión nacional integrada por representantes de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. Aparentemente, la fórmula de su integración resulta muy interesante: "los representantes de los trabajadores integrarán esta autoridad del trabajo". Sin embargo, los resultados no son alentadores: hoy en día vemos que los incrementos acordados por esta comisión en nada han beneficiado a los trabajadores.

La correlación de fuerzas en este organismo opera en contra del trabajador, ya que en la mayoría de los casos el voto de los representantes del gobierno y el de los representantes del capital y la aquiescencia de la representación de los trabajadores en la CONASAMI, han resultado tangiblemente negativos: cada vez nos alejamos más del salario constitucional y la extrema miseria impera entre las familias de los trabajadores que reciben el salario mínimo y su precariedad es tal, que la suma de varios salarios mínimos no supera la línea de la pobreza en la mayoría de las familias mexicanas que los perciben, en razón de que el salario mínimo en México es ya uno de los más bajos del mundo.

La dramática caída de los salarios mínimos pone en evidencia que los procedimientos establecidos para la revisión de éstos son inaplicables, sobre todo cuando se encuentran en juego intereses ajenos a los trabajadores. Asimismo, la composición tripartita de la autoridad encargada de fijar y revisar los salarios mínimos posibilita la asociación de los representantes de los patrones y del gobierno en donde voto de los representantes de los trabajadores no ha logrado efecto positivo alguno.

Con objeto de eliminar el control gubernamental corporativo sobre la determinación de los salarios mínimos, se propone que la decisión de fijar los montos de éstos sea una facultad exclusiva de una nueva institución constitucional autónoma, cuya integración tenga como fuente la profesionalidad y la representatividad con contenido social y técnico.

Así, se propone la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la creación organismo autónomo de Estado, denominado Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de Utilidades, que tendrá a su cargo realizar, bajo los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia y compromiso social, los estudios para determinar los salarios mínimos general y profesionales así como del porcentaje de utilidades de las empresas repartible entre los trabajadores.

Los incrementos que se conciben en la iniciativa a los salarios mínimos serán anuales, pero el Instituto podrá acordar un ajuste en algún otro momento del año, en función del deterioro salarial sufrido por el incremento del costo de la vida.

Al efecto también se plantea la reforma de la fracción IX del apartado A del 123 constitucional, en lo relativo a la substitución de la Comisión Nacional tripartita para la fijación del porcentaje repartible de las utilidades, por el propuesto Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de Utilidades.

Jurisdicción Federal única en la inspección del trabajo

Hoy es necesario perfeccionar la justicia laboral administrativa, a cargo principalmente de la inspección del trabajo. Se trata del ámbito de justicia laboral del día a día, ejercida en el ámbito federal por la Inspección Federal del Trabajo y en el ámbito local, por las inspecciones del trabajo de cada entidad federativa, en una división que no ha permitido que la inspección del trabajo, en sus diversos ámbitos, funcione de manera eficiente, ya que los recursos presupuestales asignados han resultado insuficientes para que se disponga de inspectores del trabajo en el ámbito local, en la suficiente cantidad y la debida especialización y capacitación, para asumir con eficacia sus funciones.

De suerte, existen entidades federativas en que la institución es prácticamente inexistente y ese entorno, adicionado al hecho de insuficiencia legislativa reglamentaria e internacional, ya que México no ha ratificado los convenios de la OIT en materia de inspección del trabajo, así como al fenómeno de la escasa sindicalización representativa y la prevalencia de contratación colectiva falsificada y por tanto inoperante y escasa, ha determinado la crisis en los ámbitos de la justicia laboral, tanto jurisdiccional como administrativa, que es necesario superar en beneficio de la justicia social para las clase trabajadora

Así que mediante la modificación del párrafo final del numeral del inciso b) de la fracción XXXI del apartado a del 123 constitucional, por la importancia de la aplicación de la ley en el ámbito administrativo, de vigilancia cotidiana de su cumplimiento, la Inspección del Trabajo se eleva a rango constitucional, se enriquecen sus atribuciones y se reserva al gobierno federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y previsión Social, su reorganización y el control de sus funciones.
En razón de lo anterior, someto a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.- Se modifican las facciones VI, IX, XVIII y XXXI y se adiciona la fracción XVI Bis, del apartado A del artículo 123 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en la siguiente forma:

Artículo 123. . .

A …

VI.- El salario mínimo que deberán disfrutar los trabajadores se clasificará en general y profesional; el primero regirá en todo el País y el segundo se aplicará de forma diferenciada en ramas determinadas de la actividad económica así como en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza laboral.

El salario mínimo general deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades individuales delos responsables de los distintos tipos de familia existentes en el País, en el orden material, social y cultural; para proveer de alimentos, vestido, recreación, salud y la educación obligatoria de los hijos o pupilos. El salario mínimo profesional se fijará considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

La Federación contará con un Sistema Federal de Información Económica para los Salarios y el Reparto de Utilidades, cuyos datos serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. El salario mínimo se determinará en forma anual y podrá revisarse e incrementarse en cualquier momento en el curso de su vigencia, de conformidad con la Ley, por un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios conforme a la Ley que al respecto expida en Congreso de la Unión: el Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de Utilidades.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo del Instituto, que contará con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información socioeconómica y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por nueve vocales designados escalonadamente por los dos tercios de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso, uno de ellos fungirá como Presidente de la Junta, mismo que saldrá de una terna que al efecto presente el Presidente de la República, cuatro de cuatro ternas que presenten los organismos de trabajadores y cuatro de cuatro ternas que presenten los organismos patronales.

Los vocales deberán contar con título profesional en las áreas económica, social o jurídica, con experiencia no menor de 10 años en el ámbito laboral, de nacionalidad mexicana, no haber sido dirigente de partido político durante los cinco años previos a su designación o tener un cargo de elección popular, o ser servidor público de los gobiernos federal, estatal o municipal.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

El organismo realizará los estudios y diagnósticos económicos y sociales para determinar el salario mínimo, tanto general como profesional, dictará las bases normativas de los programas federal y sectoriales en materia de conservación y creación de empleos adecuadamente remunerados, así como las bases normativas aplicables al reparto de utilidades. Las sesiones de su Junta de Gobierno serán públicas en los términos que señale la ley reglamentaria.

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, cuyo cometido estará a cargo del Instituto Nacional de Salario Mínimo y Reparto de Utilidades de conformidad con las siguientes normas:

a) Fijará cada cinco años el porcentaje de utilidades que deba repartirse anualmente entre los trabajadores.

b) Practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesidad de reinversión de capitales.

c) Podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen.

d) Podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares, conforme a las reglas que al efecto establezca su Ley;

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, más los ingresos por dividendos o utilidades en acciones, los intereses devengados a favor del contribuyente en el ejercicio, la fluctuación de moneda extranjera cuando se contratan deudas o créditos que no se pagan en el momento de su exigibilidad y cualquier otro concepto que pueda incrementar la ganancia de una empresa en un año fiscal, de acuerdo con la situación económica del país.

f).- Se deroga.

XVI Bis.- Contrato colectivo de trabajo es el acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. La contratación colectiva será un instrumento normativo acorde con las demás garantías sociales y principios generales establecidos en esta Constitución. Además de los salarios y de las condiciones de trabajo, el contrato colectivo deberá contener las normas relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, las que estén encaminadas a aumentar la productividad, así como aquellas que permitan medirla y asegurar un reparto justo de los resultados alcanzados, de conformidad con la ley reglamentaria correspondiente.

En materia Federal, tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en sus respectivos ámbitos de competencia; así como en materia Local, las Autoridades de Trabajo de cada una de las entidades federativas, así como las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de cada uno de ellas, en sus respectivos ámbitos de competencia, proveerán y garantizarán los derechos a la libertad sindical y a la contratación colectiva, estimulando y fomentando, por una parte, la libre sindicación entre los trabajadores y los patrones y por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones del empleo.

XVIII.-….

La huelga lícita no podrá ser afectada por medida administrativa o judicial alguna;

XXXI.-

a) …

1. a 22. …

b) …

1. a 3 …

También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa; organización de la Inspección del Trabajo en los ámbitos Federal y de las entidades federativas, obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, expedirá la Ley Sistema Federal de Información Económica para los Salarios y el Reparto de Utilidades.

Tercero.- El Congreso de la Unión expedirá en un plazo no mayor de noventas días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley Orgánica del Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de Utilidades.

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que contrarias al contenido del presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Luis Sánchez Jiménez.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Luis Sánchez Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Compañeros Senadores: Les informo que los asuntos referidos a solicitudes de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna. La lista de estos asuntos se publicará en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, establezca partidas presupuestales específicas con recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 ESTABLEZCA PARTIDAS PRESUPUESTALES ESPECÍFICAS CON RECURSOS SUFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

Derivado del régimen transitorio de dicha reforma se identificaron las reformas secundarias que se requerían para darle funcionalidad a esta reforma constitucional.

Ciudadanos y legisladores participamos conjuntamente en un proceso de discusión y aprobación de estas reformas secundarias, con los paquetes de reformas que presentaron los diferentes grupos parlamentarios y la iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como Ley 3de3por parte de la Sociedad Civil presentada el 2 de febrero de este año ante la sociedad para recabar las firmas necesarias y poder ser entregada al Congreso como Iniciativa Ciudadana, lo cual sucedió el 17 de marzo de este año.

Si bien se trató de un proceso algo accidentado toda vez que se aprobó en un periodo extraordinario (16 de junio de 2016) y se recibieron observaciones del Ejecutivo Federal (29 de junio de 2016) esta reforma se publicó finalmente el 18 de julio de este año.

Por este motivo, la siguiente etapa será la implementación de la Reforma, para ello se deberán dotar de recursos a las entidades que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal 2017 no se advierte la existencia de una partida presupuestal específica que permita la entrada en operaciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

Esta política debería verse reflejado en el presupuesto de las instituciones que conforman el Comité Coordinador del Sistema, (la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa) que si bien cuentan con incrementos presupuestales en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal 2016, no necesariamente estarán orientados a cubrir sus nuevas funciones, ni tampoco podemos asegurar que serán suficientes para ello.

Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del subsecretario de Egresos Fernando Galindo, señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto contará con un presupuesto de 9,431 millones de pesos, además de una bolsa de quinientos millones de pesos para crear nuevas plazas.

En este sentido, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el Sistema Nacional Anticorrupción requerirá un mínimo de 1,507 millones de pesos para arrancar operaciones.

En contraste, organizaciones de la sociedad civil, como Fundar, Transparencia Mexicana y el Laboratorio de Políticas Públicas han señalado que se requieren aproximadamente 63 mil millones de pesos para operar todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo anterior a propósito de un ejercicio para detectar cuánto dinero se necesita para implementar el sistema, realizado por José Luis Chicoma, del Laboratorio de Políticas Públicas. Sin embargo, han aclarado que se trata de una cifra que no es precisa, porque el cálculo se hizo de manera rudimentaria, sin todos los elementos de cálculo presupuestal oficial.

Por supuesto será la Cámara de Diputados el órgano que deberá determinar el presupuesto exacto y la distribución del mismo, pero se considera pertinente escuchar a todas las voces que han participado en el proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y establecer una o varias partidas presupuestales específicas con recursos suficientes para que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción sea una realidad.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 establezca una partida presupuestal específica con recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de su Comité de Participación Ciudadana y su Secretaria Ejecutiva.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 establezca partidas presupuestales específicas con recursos suficientes para que la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puedan ejercer sus nuevas facultades derivadas de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

TERCERO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República,
el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.






Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo con exhortos a la Cámara de Diputados en lo que se refiere al paquete económico 2017 para que en el rubro de “Servicios Personales” asigne un gasto similar a la cantidad con la que inició la presente administración federal, incremente el  presupuesto destinado a educación y fortalezca e incremente el gasto público en inversión y financiamiento destinado a programas sociales. Se turna a la Cámara de Diputados.

RAÚL MORÓN OROZCO, Legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Paquete Económico 2017 que el Gobierno federal ha presentado a la Cámara de Diputados está enmarcado en un contexto sumamente adverso: México atraviesa por una crisis económica, social, de derechos humanos y de seguridad ciudadana, y podríamos decir que hasta ética y humanitaria, en lo que respecta a la legitimidad misma de sus gobernantes. El actual Gobierno de la República está pagando las consecuencias de decisiones políticas sumamente equivocadas y de aplicar un modelo económico inequitativo, ineficiente y que no genera ni la riqueza nacional prometida ni un beneficio significativo para los sectores más vulnerables.

El paquete de reformas supuestamente estructurales que impuso el actual Gobierno federal en la primera parte de este sexenio es el día de hoy el factor que está causando un rechazo y un malestar sin precedentes en la percepción pública que se tiene de él. Estos elementos harán más complicada la aceptación de un Paquete Económico para el año 2017 presentado por el Poder Ejecutivo, y que tendría que estar directamente vinculado a los conflictos más apremiantes que experimenta el país. La sociedad mexicana exige que todos los sectores sean tomados en cuenta en el gasto público, lo que difícilmente será una realidad ante el anuncio de un presupuesto restringido.

El Presidente había prometido que bajaría el ritmo del gasto, que iba a contener la deuda y a mejorar la calidad misma de este gasto. Los expertos que comienzan a analizar la racionalidad económica y presupuestal del Paquete Económico 2017, su pertinencia y consecuencias, están afirmando ya que estos compromisos presidenciales no se cumplen en el Paquete 2017. Además, las pautas de crecimiento en las obligaciones del gasto social y el costo financiero de los pasivos orillaron al Gobierno federal a proponer un importante recorte de su gasto programable, que desde 2015 se observa en franca caída: de los 3, 944, 863millones de pesos en 2015, a los 3,497, 660millones de pesos propuestos por el Gobierno federal para 2017.

El Gobierno federal propone un incremento de casi el 6 % en la deuda pública, así como un endeudamiento interno adicional al techo de deuda considerado, mientras sigue sin controles la discrecionalidad con la que el Poder Ejecutivo solicita y se le autoriza el endeudamiento federal. No contamos con la claridad suficiente por parte del Gobierno federal para identificar y analizar los ámbitos y rubros, los programas y proyectos, que serán financiados con deuda, por lo que no se pueden estimar los costos y beneficios, el impacto mismo, que este endeudamiento generaría. Además, la economía mexicana sigue sin alcanzar el crecimiento prometido durante todos estos años.

El Presidente también ha dicho que privilegiará la inversión pública, particularmente en infraestructura y “capital humano”. Sin embargo, el recorte en infraestructura sería de 35 mil millones de pesos, los programas afectados son: “Proyectos de construcción de carreteras” y “Reconstrucción y Conservación de Carreteras”. En salud, se recortarán los programas del “Seguro Popular” y el de “Atención a la Salud”.

La gran contradicción de este Paquete Económico radica en que mientras se recortan estas áreas socialmente estratégicas, vemos un aumento en la cuenta de “Servicios Personales”. En lo que va del sexenio, este rubro aumentó casi en 30 mil millones de pesos. ¿Sigue este Gobierno federal sin entender que la sociedad mexicana está llegando al hartazgo en lo que se refiere al gasto superfluo y al incremento lastimoso en áreas que no son una prioridad para el desarrollo social, la educación y la salud de los mexicanos?

Ante los recortes anunciados y la abierta debilidad estructural que generaría la aprobación del Paquete Económico 2017 en los términos en que fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, lo que también debemos preguntar es lo siguiente: ¿Cuál es el verdadero objetivo del Poder Ejecutivo al enviar un Paquete Económico que castiga a áreas estratégicas en el desarrollo y bienestar del país como educación, infraestructura y salud? ¿Es el mismo comportamiento suicida, como el de invitar al xenófobo y anti-mexicano Donald Trump a una reunión casi de Estado, éste de llevar al país al límite en sus capacidades presupuestales para hacer frente a sus problemas y aprovechar la crisis que esto generaría para superar la propia crisis que experimenta el Gobierno federal a cuatro años de una “Presidencia fallida”?

No se deben hacer cálculos políticos con las necesidades más apremiantes de los mexicanos. Esto es lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha entendido y por eso todo le sale mal.

En lo que se refiere a los recortes en educación, en 2016, la Secretaría de Educación Pública tuvo un presupuesto aprobado de más 302 mil millones de pesos; para el próximo año 2017 tendrá aproximadamente 265 mil millones de pesos, lo que representa un recorte de más de 37 mil millones de pesos. Es absolutamente contradictorio y un síntoma del extravío del actual Gobierno el hecho de que la Reforma Educativa impuesta en 2013, en 2017 se le vaya a recortar casi el 72 por ciento de su presupuesto, lo mismo ocurre con el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que se reduce en 11 por ciento, y el de Inclusión Digital, que el próxima año se queda en ceros.

Bien sabemos que ningún Paquete Económico satisface enteramente las necesidades de todos los sectores, sin embargo, es una obligación del Gobierno federal privilegiar el gasto social y la inversión pública, así como disminuir sus gastos superfluos. Este Paquete Económico no obedece a esta exigencia de la sociedad mexicana.

A partir de los anterior, proponemos el siguiente Decreto con

PUNTO DE ACUERDO:

Primero.- Exhortamos a la Cámara de Diputados que, en su propuesta de Paquete Económico 2017, en lo que se refiere al rubro de “Servicios Personales”, asigne un gasto similar a la cantidad con la que inicio la presente administración federal.

Segundo.- Exhortamos a la Cámara de Diputados que, en su propuesta de Paquete Económico 2017, incremente el presupuesto destinado a educación, con el objetivo de mantener el derecho a la educación y la atención a áreas estratégicas como infraestructura educativa.

Tercero.- Exhortamos a la Cámara de Diputados que, en su propuesta de Paquete Económico 2017, fortalezca e incremente el gasto público en inversión y financiamiento destinado a programas sociales en materia de salud y desarrollo social, esto para superar las condiciones de marginación y pobreza en la que viven millones de mexicanas y mexicanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Morón Orozco.






De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se autorice presupuesto a la enfermedad denominada Hipertensión Arterial Pulmonar y se incluya al Sistema de Protección Social en Salud dentro del Fondo de Gastos Catastróficos. Se turna a la Cámara de Diputados.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, ANABEL ACOSTA ISLAS, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es un síndrome de etiología muy diversa. Se caracteriza por un aumento progresivo en la presión de la arteria pulmonar. Sin duda es la enfermedad más grave que afecta la circulación pulmonar ya que constituye una condición potencial para el desarrollo de insuficiencia cardiaca y muerte. El diagnóstico de la HAP requiere un alto índice de sospecha y una cuidadosa atención a la evaluación de la gravedad y la clasificación de la enfermedad. La evaluación adecuada y la comprensión de los determinantes de la gravedad de la hipertensión arterial pulmonar son necesarias para guiar la terapia apropiada.1

La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad que amenaza la vida y está definida por una presión arterial pulmonar en reposo≥ 25 mmHg con una presión pulmonar capilar en cuña ≤ a 15mmHg.2

La información referente a la epidemiología de esta enfermedad comenzó con un registro prospectivo realizado en Estados Unidos en la década de los 80´ en los Institutos Nacionales de Salud (NIH), en el que se describió por primera vez la evolución a cinco años de 187 pacientes con HAP “primaria” (ahora llamada idiopática) con los siguientes resultados:

1. El tiempo promedio entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico era de 2 años.

2. Existencia de una mala evolución sin tratamiento, con sobrevida promedio de 2.8 años desde el diagnóstico por cateterismo derecho; y que a los 5 años era el 34%.

3. Afectación a jóvenes (edad promedio 36 años), frecuencia mujer-hombre 1.7:1 y una incidencia de 1-2 casos/1,000 000 habitantes/año.

En el año 2002, comenzó un estudio de registro nacional francés (French Network onPulmonary Arterial Hypertension), que describió la enfermedad en 3 años de 674 pacientes mayores de 18 años con HAP, documentada hemodinámicamente. Este estudio demostró lo siguiente:

1. La sobrevida al año (88%) era mejor que en la década de los 80´a pesar de que medicamentos como el sildenafil no estaba autorizado en Francia y bosentán estaba reservado para pacientes en clase funcional III de la NYHA.

2. Prevalencia 15 casos/1,000 000 de habitantes adultos.

3. Incidencia 2.4 casos/1,000 000 habitantes adultos/año.

4. En 56.5% la HAP estaba asociada con otras enfermedades como enfermedad del tejido conectivo, cardiopatía congénita, hipertensión portal, infección por el VIH, drogas y toxinas en especial anorexigénicos.

5. En 43.5% no se encontró algún factor identificable (idiopática o familiar).

6. Determinaron que era una enfermedad de mujeres jóvenes en etapa fértil.

7. Edad promedio de los pacientes fue de 50 ±15 años.

8. Este estudio siguió demostrando que los pacientes son diagnosticados de manera tardía, con síntomas >27 meses y un deterioro significativo de la clase funcional III o IV de la NYHA.3

La información aportada por los registros de HAP realizados en los últimos años sitúa la prevalencia y la incidencia de HAP en Europa entre 15-60 casos/millón y 5-10 casos/millón/año respectivamente. 4

En América Latina, así como en México no existen datos epidemiológicos sobre la enfermedad. Actualmente la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) está desarrollando un proyecto denominado Registro Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar (RELAHP) que tiene como objetivo caracterizar la población contemporánea que padece la condición de hipertensión pulmonar en la región latinoamericana. Su meta es mantener bajo observación la evolución de la hipertensión pulmonar en la región, promover y profundizar el entendimiento del curso de la enfermedad. En el diseño del estudio participan múltiples centros (México 2, Honduras 1, Venezuela 1, Colombia 1, Brasil 3, Chile 1, Uruguay 1 y Argentina 2), realizando un registro observacional, prospectivo, en donde se incluyen a pacientes con hipertensión pulmonar con diagnóstico reciente confirmados con cateterismo cardiaco derecho y seguimiento a 5 años, que inició en enero de 2014. 5

De acuerdo a su etiología dentro del gruo de HAP se encuentran las HAP idiopáticas y HAP asociadas con ciertos factores de riesgo como son: factores hereditarios, inducidas por fármacos y toxinas, relacionadas con enfermedades del tejido conectivo, infección por VIH, hipertensión portal, cardiopatía congénita, esquistosomiasis, enfermedad venoclusiva pulmonar y/o hemangiomatosis pulmonar y la  hipertensión persistente del recién nacido.6

Para la HAP se han propuesto diferentes clasificaciones para su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. En 2013 se realizó la última revisión de las guías internacionales en Niza, Francia, donde el objetivo de la clasificación fue individualizar la expresión biológica de la enfermedad, por medio de categorías que comparten similitudes en los mecanismos fisiopatológicos, presentación clínica y opciones terapéuticas, así como para estandarizar el diagnóstico. Esta clasificación cuenta con 5 categorías en donde la HAP se ubica en el grupo 1.7

1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP).

1.1 HAP idiopática

1.2 HAP hereditaria

1.2.1 BMPR2

1.2.2 ALK-1, ENG, SMAD9, CAV1, KCNK3

1.2.3 Desconocida

1.3 Inducida por drogas o toxinas

1.4 Asociada con:

1.4.1 Enfermedad del tejido conectivo

1.4.2 Infección por VIH

1.4.3 Hipertensión portal

1.4.4 Enfermedades congénitas del corazón

1.4.5 Esquistosomiasis

1´Enfermedad veno-oclusiva pulmonar y/o hemangiomatosis capilar pulmonar

1´´Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (PPHN)

2. Hipertensión Pulmonar (HP) con enfermedad ventricular izquierda.

3. Hipertensión Pulmonar con enfermedad pulmonar o hipoxemia, incluida la HP con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la HP con enfermedad pulmonar intersticial. 

4. Hipertensión Pulmonar Tromboembólica crónica. 

5. La Hipertensión Pulmonar debida a causas poco claras o multifactoriales.8

La clasificación funcional de la HP (que aplica en la HAP) se basa en una versión modificada de las categorías de la New York HeartAssociation (NYHA) para insuficiencia cardiaca izquierda  en un sistema más reciente de la Organización Mundial de Salud (OMS).​

• Clase I: Pacientes con hipertensión pulmonar sin limitación en la actividad física.

• Clase II: Pacientes con hipertensión pulmonar con leve limitación de la actividad física; están sin limitación en reposo, la actividad física ordinaria produce disnea, fatiga, dolor torácico o presíncope.

• Clase III: Pacientes con hipertensión pulmonar con limitación marcada de la actividad física; sin limitación en reposo, la actividad física ordinaria produce disnea, fatiga, dolor torácico o presíncope.

• Clase IV: Pacientes con hipertensión pulmonar con incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin síntomas. Estos pacientes manifiestan signos de falla cardiaca derecha y síncope. La incomodidad se encuentra presente por cualquier grado de actividad física. 9

En las primeras etapas de la enfermedad, los síntomas son leves y no específicos, por lo que es difícil de identificarla. Los síntomas no específicos incluyen disnea, debilidad y fatiga, lo que significa que otras condiciones tales como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e incluso la falta de condición física a menudo sean consideradas antes que la HAP. En consecuencia, el diagnóstico de la HAP es un reto. El tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es a menudo más de 2 años, y esto no ha mejorado en los últimos 20 años.10 Otros síntomas y signos de la enfermedad que se pueden presentar son los derivados por la insuficiencia cardiaca derecha y síncope.

La gran mayoría de los pacientes diagnosticados de HAP con la clasificación de la OMS están en clases funcionales III y IV,  problema  que se ha demostrado para predecir una mejor supervivencia. La naturaleza de los pacientes diagnosticados formalmente con HAP también ha cambiado en los últimos años, al menos en el mundo occidental, con un aumento significativo de la edad y el número de comorbilidades. Al identificar a los pacientes con HAP más tempranamente es probable que sea más beneficioso, permitiendo terapias dirigidas antes de una insuficiencia cardiaca derecha significativa. La detección es posible en grupos bien definidos de pacientes con alto riesgo de desarrollar HAP, pero este enfoque no es factible en la población en general. La identificación de pacientes con HAP temprana se basa en profesionales de la salud que tienen conocimiento de la enfermedad. 11 Por lo que la concientización de la enfermedad y la educación para la salud desde el primer nivel de atención en el Sistema de Salud es fundamental.

El diagnóstico de la HAP es primordialmente la sospecha clínica, la exclusión y una adecuada historia clínica, se le debe realizar además a los pacientes una radiografía de tórax, ecocardiograma, pruebas de funcionamiento respiratorio,  estudio del sueño, una prueba de caminata, biomarcadores cardiacos, anticuerpos específicos, serología para VIH, pruebas de funcionamiento hepático, ultrasonido hepato-esplénico, gamagramma pulmonar ventilatorio/perfusorio, angiotomografía, tomografía helicoidal,  resonancia magnética cardiaca, se le realizan parámetros hemodinámicos y para la confirmación del diagnóstico el cateterismo cardiaco derecho y las pruebas de reactividad vascular pulmonar herramientas de diagnóstico de seguridad y obligatorias en todos los pacientes.12

La Dra. Guadalupe Espitia, jefe del servicio de Cardio-neumología del hospital 1º. de Octubre del ISSSTE comenta que  el diagnóstico es complejo y costoso para los pacientes y que deben de llegar por referencia lo antes posible a centros especializados para realizar un diagnóstico oportuno.

El diagnóstico oportuno de la enfermedad mejora la calidad de vida de los pacientes y la sobrevida de los mismos comenta el Dr. Sergio Humberto López Estupiñán, médico neumólogo en la Ciudad de Guadalajara.

En los últimos años se han producido importantes avances en la atención clínica de la HAP, especialmente en el tratamiento, que han dado lugar a una mejoría significativa en las expectativas de supervivencia y mejoran la calidad de vida de los pacientes aquejados con esta enfermedad.

En México existe la guía del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) denominada Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial Primaria en el Adulto México: Secretaría de Salud 2010 la cual  deberá de ser actualizada y ser incluyente realizando una guía clínica para niños ya que no es una enfermedad propia del adulto.

Muchos médicos expertos en el tema se basan en las guías internacionales para el manejo adecuado de los pacientes. Vale la pena mencionar dos de ellas consensuadas por médicos internacionales en donde han participado médicos mexicanos como es el caso del Dr. Tomás René Pulido Zamudio jefe del Departamento de Cardio-neumología del Instituto Nacional de Cardiología “”Ignacio Chávez”. Estas guías son:

1. Algoritmo terapéutico Niza, Francia 2013.

2. Guías de la Sociedad Española de Cardiología/Sociedad Europea de Cardiología (ESC/ERS) 2015. 13

Tanto la monoterapia como el tratamiento secuencial combinado mejoran la calidad de vida y la sobrevida de estos pacientes. Estudios clínicos aleatorizados como es el caso del estudio SERAPHIN entre otros lo avalan. En este estudio se incluyeron a pacientes mexicanos.

Estos pacientes también son candidatos a trasplante pulmonar. La sobrevida después del trasplante pulmonar puede llegar a ser hasta del 50% a 5 años y hasta del 70% con una adecuada terapia médica. En Pittsburg con el trasplante pulmonar la sobrevida es del 75% a 5 años y en Toronto del 65%.

Desafortunadamente en nuestro medio no existe experiencia en el tema de trasplante pulmonar. 14

El pronóstico de la enfermedad es malo por lo que lo importante iniciar con un tratamiento oportuno y específico como lo menciona el Dr. Guillermo Cueto Robledo, especialista en medicina crítica del Hospital General de México.

Respecto a los costos el Dr. Luis Efrén Santos Martínez, médico especialista en Cardio-neumólogía, jefe de servicio de la clínica de Hipertensión Pulmonar del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI realizó una investigación en la literatura médica en la atención de pacientes con HAP, describe que en relación a los costos de atención los estudios son escasos y en general se han referido a comparaciones de costos entre las diferentes alternativas de tratamiento. Así por ejemplo Highlang et al, condujeron un estudio de costo-efectividad comparando un agonista ER con dos diferentes análogos de la prostaciclina. El estudio reportó costos médicos directos para el 2002 en los Estados Unidos, resultando en estimaciones de $36,208, $89,038 y $73,790 US dólares para el tratamiento con Bosentán, Treprostinil y Epoprostenol, respectivamente en un año.

Wilkens et al, en el 2010, en un estudio sobre carga de la enfermedad en pacientes con HAP en Alemania, reportó grandes variaciones en los costos y que los mismos aumentaban al incrementar la severidad de la enfermedad. Los autores mostraron una carga económica considerable de la HAP. Los costos asociados a copagos por medicamentos, hospitalizaciones y otros costos asociados al manejo de la HAP, ascendieron a 1,880 euros por paciente por año. Los autores consideraron que este valor representa una carga económica considerable para los pacientes y familiares, sobre todo si se toma en consideración que la mayoría de los pacientes eran jubilados o no empleados. En este estudio, 32% de los pacientes estaban en esta condición. Muchas veces la condición física genera discapacidad para trabajar, impactando desfavorablemente en la economía de los pacientes y sus familiares, generando igualmente, un impacto económico sustantivo para la sociedad en su conjunto debido a la pérdida de la productividad asociada.

En junio del 2014 la enfermedad denominada “Hipertensión Arterial Pulmonar”, fue aprobada como enfermedad que ocasiona gastos catastróficos, por el Consejo General de Salubridad lo cual significa un gran avance.

Esta inclusión a gastos catastróficos ha sido una labor interminable de pacientes, asociaciones civiles y médicos, sin embargo, para que se concluya esta inclusión falta aún la autorización de presupuesto.

Con lo anterior se concluye que la HAP es una enfermedad que afecta principalmente mujeres, en edad laboral, la concientización de la enfermedad y la referencia oportuna a centros expertos mejoraría la calidad de vida de los pacientes y posiblemente la sobrevida, el acceso a los medicamentos específicos es fundamental ya que evita hospitalizaciones, la saturación de los servicios de urgencias, gastos de bolsillo de los pacientes y sus familias, la integración rápida a los centros de trabajo y evita incapacidades.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El senado de la república exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de discusión y dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se autorice presupuesto a la enfermedad denominada Hipertensión Arterial Pulmonar y se incluya al Sistema de Protección Social en Salud dentro del Fondo de Gastos Catastróficos.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizú.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Channick R, Williamson TL. Diagnosis and  treatment of pulmonary arterial. CardiolClin 2004; 22: 441-452.

2 Simonneau G, Torbicki A, Hoeper MM, et al. Selexipag: an oral, selectiveprostacyclin receptor agonistforthetreatment of pulmonary arterial hypertension. EurRespir J 2012; 40: 874:880.

3 Naval N. Epidemiología de la hipertensión arterial. InsufCard 2010; 5 (4): 192-196

4 Bossone E, D´Andrea A, D´Alto M, et al.  Echocardiography in pulmonary arterial hypertension: from diagnosis to prognosis. J Am SocEchocardiogr 2013; 26: 1-14.

5 https://www.alatorax.org/circulacion-pulmonar/relahp

6 Ordoñez VL, Montes CC, Mora SJ, et al. Hipertensión arterial pulmonar. El Residente 2015; 10 (1):18-30.

7 http://www.sociedadlatinahp.org/#!about3/c1ngq

8 Simonneau G, Gatzoulis MA, Adatia I, et al. UpdateClinicalClassification of PulmonaryHypertension. J Am CollCardiol 2013; 62: D34-41.

9 Rosas RM, Campos CR; Morales BJ. Clasificación clínica de la hipertensión arterial pulmonar. Neumología y Cirugía de Tórax 2006; 65 (S4): S19-S27.

10 Mathai S. Diagnosing PAH-Currentchallenges and insights. 14th International PulmonaryHypertensionForum. Copenhagen, Denmark; 28-29 March 2015.

11 Hoeper MM, Bogaard HJ, Condliffe R, et al. Definitions and Diagnosis of PulmonaryHypertension. J Am CollCardiol 2013; 62: D42-50.

12 Espitia G, Pulido T, Velázquez H. Herramientas diagnósticas en HAP. 5to. Foro de Unificación de criterios y tratamiento del paciente con HAP. Cancún, Quintana Roo 2016.

13 Nazzareno G, Humbert M, Vachiery JL, et al. Comentarios a la guía ESC/ERS 2015 sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar. RevEspCardiol 2016; 69 (2): 102-108.

14 Moreno HJ, Pulido T, Espitia G. 5to. Foro de Unificación de Criterios en el Diagnóstico y Tratamiento del Paciente con HAP 2016.  Cancún, México.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes para la operación, mantenimiento y equipamiento de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y evitar así el recorte propuesto en el proyecto de Presupuesto para 2017. Se turna a la Cámara de Diputados.








De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ismael Hernández Deras, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al Congreso del estado de Oaxaca a que, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos del estado de Oaxaca, ambos para 2017, contemplen etiquetar los recursos necesarios a fin de construir una universidad pública o un instituto tecnológico en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca; así como para ampliar el hospital básico comunitario de dicho municipio. Se turna a la Cámara de Diputados el resolutivo Primero y a la Comisión de Educación del Senado los resolutivos Segundo y Tercero.

Los suscritos, Senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO Y BENJAMIN ROBLES MONTOYA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, Y AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, A QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CONTEMPLEN ETIQUETAR LOS RECURSOS NECESARIOS A FIN DE CONSTRUIR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA O UN INSTITUTO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA; ASÍ COMO PARA AMPLIAR EL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE DICHO MUNICIPIO, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 19 de junio de 2016, tuvo lugar un enfrentamiento de elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambas del Estado de Oaxaca, con manifestantes y maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, durante un operativo cuyo objeto era permitir la libre circulación de vehículos en la autopista 135-D y la carretera federal 190, ambas en su cruce ubicado en las afueras de Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

Derivado de esos hechos, el 22 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó una Proposición de común acuerdo en la que se condenaron los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, se exhortó a las autoridades competentes a investigar los hechos a fin de que se finquen las responsabilidades correspondientes, y se previó la conformación de una Comisión plural para dar seguimiento a tales hechos.

A raíz de lo anterior, el 29 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el Acuerdo por el que se creó la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016 (en lo sucesivo, la “Comisión de Nochixtlán”) en el que se estableció que sus actividades serían “la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos”.

En dicho Acuerdo se designó como Presidenta a la Senadora Mariana Gómez del Campo, y se señaló que la vigencia de la Comisión de Nochixtlán sería “hasta que se considere atendido el objetivo para el que fue creada, o en su caso, cuando concluya el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y sus integrantes deberán presentar un informe de sus actividades”.

A lo largo de la existencia de la Comisión de Nochixtlán, los legisladores integrantes sostuvimos diversas reuniones de trabajo con servidores públicos tanto del Gobierno Federal, como del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como con los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

A efecto de dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2106 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, legisladores integrantes de la Comisión de Nochixtlán visitamos el lugar del enfrentamiento y sostuvimos diversas entrevistas con pobladores de Nochixtlán, con integrantes del Comité de Víctimas y del Comité Social, así como con el director del Hospital Básico Comunitario y con maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

SEGUNDO.-El pasado 08 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el Paquete Económico para el año 2017 a la Cámara de Diputados, en cuyo Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se prevé un recorte de 239 mil millones de pesos en el gasto gubernamental, lo cual representaría, en caso de ser aprobado en esos términos por la Cámara de Diputados, una reducción de 1.7% del PIB en términos reales, en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año en curso.

En el Paquete Económico para el año 2017 se prevén, entre otras cosas, lo siguiente: (i) un crecimiento del Producto Interno Bruto anual de alrededor de 2.5%; (ii) una cotización promedio del dólar interbancario en $18.02; (iii) una inflación anual del 3.0%;(iv) un precio promedio de 42 dólares por barril de petróleo de mezcla mexicana; y (v) una plataforma de producción diaria de 1.9 millones de barriles de petróleo.

Con base en lo anterior y tomando en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

SEGUNDO.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

TERCERO.- Que la fracción I del numeral 1 del mencionado artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, establece que los puntos de acuerdo serán de exhorto: (i) cuando se solicite a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su desempeño; (ii) cuando se solicite información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad; (iii) cuando se solicite la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros; y (iv) cuando se solicite crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial.

CUARTO.- Que en términos de lo dispuesto por las fracciones IV, V y VI del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2017, debe ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre, y por la Cámara de Senadores a más tardar el 31 de octubre; y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2017, debe ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. Asimismo, tanto dicha Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos de la Federación, deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 20 días naturales siguientes a su aprobación.

QUINTO.- Que en la visita que legisladores integrantes de la Comisión de Nochixtlán realizamos el pasado 29 de agosto a Asunción Nochixtlán, los suscritos constatamos la situación actual de la prestación de los servicios médicos en el Hospital Básico Comunitario de Asunción Nochixtlán, y la ausencia de opciones de educación superior para los jóvenes de Nochixtlán y de los poblados cercanos.

SEXTO.- Que como se puede leer en la Relatoría temática de los hechos del Informe de actividades de la Comisión de Nochixtlán, lamentablemente, a pesar que el Hospital Básico Comunitario de Nochixtlán opera de forma muy eficiente, las camas con las que cuenta son insuficientes y es urgente una ampliación de sus instalaciones, pues las 12 camas con las que cuenta son realmente insuficientes para dar servicios médicos de calidad a personas de 56 municipios de la zona. Resultó alarmante evidenciar que decenas de pacientes eran atendidos en pasillos y áreas no adecuadas, así como la falta de equipamiento necesario. 

SÉPTIMO.- Que una de las demandas sociales de los pobladores de Asunción Nochixtlán, es que el gobierno lleve a cabo la inversión en la infraestructura necesaria para la educación superior de los jóvenes de la zona, pues actualmente los jóvenes de Nochixtlán y de los poblados cercanos no pueden estudiar allí, pues no existe oferta de educación superior en la zona, y sólo unos cuantos tienen la posibilidad de viajar a la ciudad de Oaxaca para estudiar. No puede dejarse de observar que Asunción Nochixtlán es un centro poblacional muy relevante en términos regionales por lo que la inversión en la comunidad redundará en beneficio de pobladores de al menos 56 municipios adicionales.

OCTAVO.- Que como se desprende de las conclusiones del Informe de actividades de la Comisión de Nochixtlán, es realmente urgente que los jóvenes de Asunción Nochixtlán y de los poblados cercanos, cuenten con la oportunidad de acceder a la educación superior, y estudiar alguna carrera que los forme profesionalmente para que tengan un mejor futuro, en un campus de alguna universidad pública o instituto tecnológico, que sea construido en Nochixtlán, pues no existen universidades en el lugar.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Cámara, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que dentro del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del año 2017, etiquete los recursos necesarios a fin de construir una Universidad Pública o un Instituto Tecnológico en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca; así como para ampliar el hospital básico comunitario de dicha comunidad. reconociendo en ambos casos las demandas de la población de Nochixtlán cuya atención resulta fundamental para el restablecimiento de las condiciones de desarrollo de dicha región.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Oaxaca, a que dentro del presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2017, contemple etiquetar los recursos necesarios a fin de construir una Universidad Pública o un Instituto Tecnológico en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca; así como para ampliar el hospital básico comunitario de dicha comunidad, al menos al doble de su capacidad actual.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que establezcan los mecanismos de coordinación necesarios con la finalidad de que se construyan una Universidad Pública o un Instituto Tecnológico en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca; así como para la ampliación del hospital básico comunitario de dicho municipio, reconociendo en ambos casos las demandas de la población de Nochixtlán cuya atención resulta fundamental para el restablecimiento de las condiciones de desarrollo de dicha región.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Maria Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Ismael Hernández Deras.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Benjamín Robles Montoya.






De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se consideren con suficiencia los recursos necesarios para cubrir los fondos de ayuda en materia de atención a víctimas, así como para cumplir las obligaciones legales relativas a los programas en materia de derechos humanos, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Se turna a la Cámara de Diputados.

La que suscribe, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2017, se consideren con suficiencia los recursos necesarios para cubrir los fondos de ayuda en materia de atención a víctimas así como para cumplir las  obligaciones legales relativas a los programas en materia de derechos humanos, todo ello de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El pasado 8 de septiembre del presente año, conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del ejecutivo federal por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2017, el cual enumera en su introducción como factores causantes de los recortes previstos en el proyecto presupuestal a distintos programas y rubros, a las complejas dificultades que enfrenta México, además de la alta volatilidad de los mercados financieros globales, y la prevalencia de un crecimiento negativo de la producción industrial de los Estados Unidos, conjugado todo con los bajos precios del petróleo, y la mayor probabilidad de políticas proteccionistas en el mundo.

En consecuencia, el paquete para 2017 que presentó el ejecutivo federal estableció una reducción considerable a rubros actualmente sensibles que buscan proteger, promover y garantizar los derechos humanos conforme al artículo 1º  Constitucional, es el caso del anexo 13, relativo a las erogaciones para la igualdad entre las mujeres y hombres, en el cual en el respectivo ramo 4 que se refiere a gobernación, el gasto previsto para el programa de derechos humanos es reducido a casi la mitad de lo aprobado en 2016; mientras en el mismo anexo, pero en relación con el gasto para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres,  se plantea un recorte de casi el 25% del gasto programado para este año.

En el mismo orden de ideas, el ramo 17, perteneciente a la Procuraduría General de la República, el ejecutivo propone recortar las erogaciones para la atención a las víctimas a cerca de $381,582 pesos, presupuesto de por sí ya risible si se toma en cuenta que dicho rubro para la atención a las víctimas es de tan solo 4 millones de pesos actualmente. 

De igual forma, otro caso emblemático previsto también en el anexo 18 es el que se  refiere a recursos para la atención a niñas, niños y adolescentes, pues el proyecto plantea reducciones respecto del ejercicio inmediato anterior a áreas sustantivas, como es el caso de la relacionada al gasto para la promoción del respeto a los derechos humanos y la atención a las víctimas del delito.

En el anexo 19, que se refiere a las acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y la promoción de proyectos productivos, es significativa la reducción que se plantea, lo que no deja de ser cuestionable tomando en consideración el alto índice y aumento de hechos delictivos en el país, los cuales se han incrementado y que alarmantemente se trata de delitos del fuero común y ajenos a la delincuencia organizada, lo que deja de lado cualquier explicación que se pudiera dar sobre eso, esto hace evidente que se requiere la ejecución efectiva de programas que permitan atacar al delito común.

En conclusión, es evidente que el proyecto de presupuesto deja fuera aspectos medulares para la atención a los derechos humanos y las violaciones a éstos, pues no prevé ni programáticamente la creación de rubros preponderantes, un caso en particular es el relativo al fondo de atención a las víctimas del delito de trata y explotación, previsto en el artículo 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el cual mandata al ejecutivo la creación de un fondo de  protección y asistencia a las víctimas de esos delitos, mismo que deberá integrarse, entre otras cosas, con los recursos previstos para dicho fin en los presupuestos de egresos respectivos, dependiendo del nivel estatal o federal que se trate.

No obstante, y a pesar de que el ejecutivo ha sido omiso en la propuesta de un gasto relativo a la atención a las víctimas de los delitos en esa materia, por este medio se hace un atento llamado a la Cámara de Diputados con el objeto de que dicho gasto sea previsto y debidamente etiquetado con ese fin en el presupuesto de egresos de la federación correspondiente al próximo año, y de esa manera, se cumpla con la obligación prevista en el dispositivo aludido relativo a la creación de fondos para la atención y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas.

Igualmente se hace el presente llamado para advertir a la colegisladora sobre la pertinencia de realizar un examen exhaustivo y a conciencia de las partidas propuestas en los distintos anexos relativos a derechos humanos, pues existe un recorte considerable con relación al ejercicio inmediato anterior, recorte que no es acorde con los requerimientos y las necesidades que surgen con motivo de las obligaciones previstas en el artículo 1º constitucional.

Empero no son únicamente las obligaciones previstas en el precepto constitucional las que establecen la imperante necesidad de no reducir recursos al ámbito de la promoción, protección y respeto de los derechos humanos, sino además, hemos sido exhibidos reiteradamente a través de distintos foros internacionales como un estado en el cual no se respetan los derechos humanos.

Apenas en marzo de 2015, el Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, ZeidRa’ad Al Hussein, denunció como parte del informe anual que rinde su oficina al Consejo de Derechos Humanos de esa organización, a una treintena de países donde se comenten violaciones graves a los derechos humanos, y expreso que tales violaciones se concentran en Latinoamérica en países como México y Venezuela.

Sobre lo anterior es preciso hacer hincapié que aun cuando dichas violaciones a derechos humanos dimanan de la delincuencia organizada, el estado mexicano se vuelve un responsable solidario ante la ausencia de sanción y la prevaleciente impunidad en el país, lo que lógicamente implica el incumplimiento al mandato del artículo 1º constitucional en su vertiente de previsor, investigador y sancionador de las violaciones a derechos humanos que puedan acontecer.

De esa manera, diversas organizaciones y organismos internacionales han alertado el alto índice de violaciones a derechos humanos en México, lo que hace que nuestra Constitución a pesar de establecer ciertas obligaciones y mandatos en materia de derechos humanos, no se cumplan ni se prevean mecanismos efectivos para hacerlo, lo que para el filósofo y constitucionalista Karl Loewenstein significaba una constitución de carácter  nominal, es decir que existen mandatos únicamente en la carta fundamental, pero no se cuenta con condiciones adecuadas para hacerlos cumplir, y menos se podrá con las reducciones presupuestales a las partidas y programas para ejecutar de forma progresiva los mandatos previstos en el texto constitucional.

No obstante lo anterior,  paradójicamente el Gobierno Federal, de forma incongruente propone un aumento de gasto en ciertos rubros, es el caso del contemplado en el ramo 2 correspondiente a la Oficina de Presidencia de la República, en el cual, en relación con la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, se propone aumentar el gasto en lo relativo a los servicios personales, planteando para 2017 la cantidad de $78,105,632.00, mientras que en el año inmediato anterior se le aprobaron $72,996,082.00, lo que hace evidente que existe una contradicción en el discurso de austeridad del Gobierno Federal con los hechos que muestra.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y ante la urgente necesidad de que se sigan dando pasos firmes a enmendar las acciones de protección y respeto de los derechos humanos, propongo hacer un llamado a la Honorable Cámara de Diputados con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados para que en el análisis y aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2017, tome en cuenta las obligaciones emanadas del mandato constitucional como son las partidas relativas a la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y consecuentemente, a la prevención, investigación, sanción y reparación de los derechos humanos, y prevea cumplir con las obligaciones legales para el funcionamiento de los fondos para la atención a las víctimas del delito, principalmente en materia de trata de personas y explotación.

Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Adriana Dávila Fernández.






Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, en el presupuesto que sea aprobado para el Fondo Metropolitano, se destine al menos el 5 por ciento para la movilidad urbana sostenible. Se turna a la Cámara de Diputados.








Las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 62 Y SE REFORMAN LOS NUMERALES 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez)

Las que suscriben, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO integrante del Partido Revolucionario Institucional y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ integrante del Partido de la Revolución Democrática, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 62; Y SE REFORMAN LOS NUMERALES 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 81, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La democracia tiene como base la inclusión, por lo que ésta no puede funcionar adecuadamente al excluir de la representación a la mitad de la población1, es decir, dejar de lado a las mujeres.

A lo largo de la historia, las mujeres hemos visto excluidos o limitados nuestros derechos civiles y políticos, lo anterior debido a estereotipos de género que nos han colocado en la esfera de lo privado que conlleva el trabajo doméstico y el cuidado de otras personas.

El término paridad se refiere a la “estrategia política que tiene por objetivo garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de decisiones. En la práctica, la paridad se traduce como la apertura de mayores espacios de participación política de las mujeres”2.

Las mujeres no participamos en la toma de decisiones en condiciones de igualdad respecto a los hombres; en la Cámara de Diputados, la participación femenina es del 42.4% mientras que en el Senado de la República es de 34.4%, ello gracias a la reforma Constitucional del 2014 que elevó a rango Constitucional la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género para el registro de candidaturas a distintos cargos de elección popular3.

Por otro lado, el gabinete legal y ampliado del Poder Ejecutivo cuenta con dos Secretarias de Estado, la Procuradora General de la República, así como la titular del Instituto Nacional de las Mujeres y del Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia DIF, es decir, de 30 instancias, solo cinco se encuentran encabezadas por mujeres4.

En la administración Pública Federal, “es baja la presencia de mujeres en los puestos de alta dirección, solo una quinta parte de las Secretarías de Estado tienen a una mujer como titular y en los puestos de dirección de área las mujeres ocupan solo la  tercera parte; mientras que, en el Poder Judicial, las cosas no son muy distintas, pues de once integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo dos son Ministras.5.

En ese contexto, para hablar de una verdadera democracia, es necesario eliminar los obstáculos que den lugar a la discriminación de las mujeres, así como la creación de condiciones favorables a éstas, que posibiliten su acceso a las mismas oportunidades que los hombres.

De lo anterior se desprende la importancia de hacer uso de las llamadas acciones afirmativas, cuyo origen se remonta a la India, en donde se les denominó “compensatorydiscriminations” y tenían como propósito eliminar la diferencia social y lograr la igualdad entre la ciudadanía. Esta figura también se empleó n Estados Unidos para abolir la discriminación contra personas afroamericanas.

Las acciones afirmativas de conformidad a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)6 y se definen como medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, estas medidas no se consideran como una forma de discriminación y cesarán hasta en tanto se haya alcanzado la igualdad.

Estas medidas positivas, se han empleado con el propósito de abrir espacios públicos a las mujeres, ello a través de las llamadas “cuotas de género”, las cuales pese a encontrar resistencias, han funcionado en nuestro país (especialmente en el poder legislativo) y deberán desaparecer una vez lograda la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Otros instrumentos de carácter internacional, hacen alusión al derecho de participación de las mujeres, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer7, la cual, reconoce el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, además subraya que las mujeres tienen el derecho de votar y ser electas en todas las elecciones sin discriminación alguna y en pie de igualdad frente a los hombres, además, también reconoce el derecho a ocupar cargos públicos.

La CEDAW determina como obligación de los estados Partes, medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública y garantizar a las mujeres el goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos en igualdad de condiciones con los hombres.

Las medidas referidas, se refieren a asegurar la participación de las mujeres en todas las formas de toma de decisiones, sea en el ámbito político, administración pública, organismos públicos y privados nacionales e internacionales.

Es de precisar que las acciones afirmativas comprenden una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas en los ámbitos legislativo, ejecutivo, administrativo y reglamentario8.

Las medidas especiales deben asegurar la igualdad de representación de las mujeres en la formulación de la política gubernamental; así como la promulgación de una legislación eficaz que prohíba la discriminación de las mujeres9.

El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recomendó a nuestro país fortalecer las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles conforme, a la Recomendación General No. 23, por ello, exhortó a introducir medidas de carácter temporal10, en ese contexto, para atender esta recomendación, sería indispensable introducir estas medidas en los cargos públicos en niveles de toma de decisiones.

Un ordenamiento más que consagra los derechos civiles y políticos de las mujeres es, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos11 que reconoce el principio de igualdad entre mujeres y hombres para gozar de sus derechos civiles y políticos. Este instrumento determina que mujeres y hombres tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos en condiciones de igualdad, así como en las funciones públicas de su país.

En el contexto regional, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer12 refiere que el derecho al voto y a ser “elegido” para un cargo nacional “no deberá negarse o restringirse por razones de sexo”, mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos13 también reconoce a las mujeres los mismos derechos que a los hombres y determina que dicho reconocimiento debe estar plasmado en las leyes, así mismo, se reconoce a las mujeres su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

Por otro lado, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer14 señala que las mujeres tienen derecho “a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos de su país, incluyendo la toma de decisiones”.

Destacan los acuerdos emanados en el seno de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer15, en la que se manifestó que a pesar de los procesos de democratización en el mundo, las mujeres siguen insuficientemente representadas en casi todos los niveles de gobierno, por ello, es indispensable establecer medidas para garantizar la participación de las mujeres en todas las estructuras de poder, en iguales condiciones que los hombres. También se planteó la instrumentación de medidas positivas para conseguir un número decisivo de mujeres en puestos estratégicos para la toma de decisiones.

Otro instrumento que debe tenerse en cuenta, es el Consenso de Quito16, el cual abordó entre uno de sus temas, el de la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, en ese sentido, se acordó entre otras cuestiones: la adopción de acciones afirmativas para garantizar la plena participación femenina en cargos públicos y de representación política; se determinaron estrategias hacia los partidos políticos como la incorporación de la perspectiva de género en sus agendas, así como instrumentar acciones positivas para incluir la paridad.

Si bien, la Declaración Universal de Derechos Humanos17 no es un instrumento vinculante, reconoce el derecho de acceso a las funciones públicas nacionales en condiciones de igualdad.

En lo relativo al marco jurídico nacional que sustenta los derechos civiles y políticos de las mujeres, encontramos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos18 consagra los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en la materia, como es el derecho a la participación, adicionalmente prohíbe cualquier forma de discriminación incluida la basada en el género y reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.

El texto Constitucional, hace referencia al impulso de la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones en la comunidad.

Los derechos de la ciudadanía también se encuentran plasmados en la Constitución, pero es de hacer notar que en el artículo determina como una obligación partidaria garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladoras y legisladores federales y locales.

Es importante tener presentes los preceptos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación19 que establecen como una forma de discriminación la negativa o condicionamiento del derecho a la participación política, de manera concreta, el derecho al sufragio, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas gubernamentales, lo anterior implica que discriminación. Además, se introduce el mandato a los órganos públicos y las autoridades federales de implementar medidas positivas y compensatorias para favorecer la igualdad real de oportunidades de las mujeres en la esfera política y de toma de decisiones.

En ese sentido, se observa que el término discriminación comprende cuestiones relacionadas con la participación política de las mujeres y su participación en cargos decisorios.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales20 determina que es un derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular y que las candidaturas a diputaciones y a senadurías a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadurías por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidaturas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplencia del mismo género.

También se prevé que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres21 contempla que la política nacional en materia de igualdad entre ambos sexos deberá proponer los mecanismos operativos adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas, entre las acciones que se proponen, se encuentra la de promover la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres en las estructuras políticas, así como la evaluación de dicha participación.

Resulta emblemática la Sentencia 12624, fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obligó a los partidos políticos a respetar la cuota de representación del género femenino, garantizando la cuota de género 60-40 en las elecciones federales de 2012.

Es indispensable asegurar la representación de las mujeres no solo en cuanto hace a los cargos de representación popular, sino a todos aquellos espacios de adopción de decisiones en los cuales las mujeres hemos estado marginadas por el solo hecho de ser mujeres.

Lo anterior implica que deben removerse los obstáculos que impidan la participación femenina en términos paritarios, así como, crearse las condiciones necesarias a fin de que las mujeres tengan acceso a los puestos de adopción de decisiones en condiciones de igualdad respecto a los hombres, por lo que se considera necesario un sistema de cuotas que les aseguren espacios a las mujeres en los puestos de toma de decisiones en los tres poderes.

Por lo antes expuesto, las suscritas, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al numeral 1 del artículo 62; y se reforman los numerales 1 y 3 del artículo 81, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 62.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con una Presidencia, tres vicepresidencias y cuatro secretarias, electas por mayoría absoluta de las y los Senadores presentes y en votación por cédula.

Cuando la Presidencia sea ocupada por un hombre, dos Vicepresidencias deberán ser ocupadas por dos Senadoras y en caso de que la Presidencia sea ocupada por una mujer, dos Vicepresidencias serán ocupadas por dos Senadores, garantizando los Grupos Parlamentarios, la paridad de género de su representación en la Mesa Directiva.

2. [...]

3. [...]

ARTICULO 81.

1. Al inicio del periodo constitucional de cada legislatura, se conformará la Junta de Coordinación Política, la cual se integra por las personas que coordinen los grupos parlamentarios representados en la legislatura. Adicionalmente a los anteriores, serán integrantes de la Junta de Coordinación Política: dos personas integrantes por el grupo parlamentario mayoritario y una persona por el grupo parlamentario que, por sí mismo, constituya la primera minoría de la Legislatura, quienes deberán dar equilibrio parlamentario en la representación de la Junta de Coordinación Política. En su ausencia la Coordinación de cada grupo parlamentario podrá nombrar un Senador o Senadora que le represente.

2. [...]

3. Los grupos parlamentarios podrán nombrar y sustituir libremente a quienes los representen en la Junta de Coordinación Política, mediante el acuerdo firmado por la mayoría de sus integrantes, que se comunicará formalmente a la Mesa Directiva, sin menoscabo de lo dispuesto en el numeral uno de este artículo.

4.[...]

5.[...]

6.[...]

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 Bareiro, L. (1996). Las recién llegadas. Mujer y participación política.IIDH. Costa Rica.

2 INMUJERES. (2007). Glosario de Género. México.

3 INMUJERES. (2015). Boletín sobre desigualdad en cifras. Año 1, número 18. México.

4 http://www.gob.mx/presidencia/estructuras/gabinete-legal-y-ampliado

5 INMUJERES. (2015). Boletín sobre desigualdad en cifras. Año 1, número 18. México.

6 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio de 1981.

7 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de marzo de 1953. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de abril de 1981.

8 Recomendación General No. 5. (7° periodo de sesiones, 1988).

9 Recomendación General No. 25. Medidas especiales de carácter temporal (30º período de sesiones, 2004).

10 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (36° período de sesiones, 2006).

11 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Ratificado por México el 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 1981.

12 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 2 de mayo de 1948. Aprobada por México el 24 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de abril de 1981.

13 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. 22 de noviembre de 1969.

14 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 1994. Aprobada por México el 12 de noviembre de 1998 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1999.

15 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Beijing, China del 4 al 15 de septiembre de 1995.

16 Consenso de Quito. En el marco de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto del 2007.

17 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.

18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917.

19 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio del 2003.

20 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de mayo de 2014.

21 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de agosto del 2006.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

(Presentada por la Senadora Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del PRD)

Senadora ALEJANDRA ROLDAN BENÍTEZ, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, presento a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA CRIMINALIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

ANTECEDENTES

Uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país en los últimos años es la inseguridad y la violencia; las políticas públicas y estrategias para la prevención del delito son ineficaces, con pocos o nulos resultados, que obligan a analizar a fondo esta problemática, pues las disposiciones normativas vigentes, se encuentran orientadas al castigo y a la reinserción social de las personas, es decir, el sistema solo se en foca en intervenir una vez sucedido un hecho considerado como sancionable.

Aunado a lo anterior, dentro de la prevención del delito un sector muy vulnerable y poco atendido es el de la niñez. Existe una íntima relación entre la presencia de comportamientos o conductas destructivas en la infancia y en la adolescencia y el comportamiento delictual adulto. Las conductas o entornos negativos en los que se desarrolla un niño o niña, amplían las posibilidades de que en un futuro puedan desarrollar un comportamiento antisocial o delictivo en la vida adulta. Estos factores criminógenos es decir, aquellos que favorecen las conductas antisociales, pueden ser de diversos tipos como por ejemplo, los sociales, los psicológicos, los familiares o los biológicos.

De acuerdo a los resultados de la primera encuesta realizada a la población interna en Centros Federales de Readaptación Social, llevada a cabo por el CIDE, en el año 2012, se identificaron las siguientes conductas o entornos negativos en los que se desarrollaron la mayoría de los internos: abandono o negligencia por parte de los padres, bajo nivel de escolaridad, deserción escolar e incorporación al mercado laboral informal a temprana edad, abandono del hogar, consumo de alcohol o drogas ilícitas entre los adultos responsables, familiares en prisión, violencia o conflictos en la familia, abuso sexual, bajos ingresos, empleo inestable, formación de pareja y procreación a temprana edad, los cuales constituyeron factores criminógenos o de riesgo que aumentaron las posibilidades de cometer delitos.

Asimismo también se detectó que aquellos que pertenecen a los sectores sociales más bajos son quienes tienen mayor probabilidad de ser detenidos y procesados, en tanto que los sectores privilegiados encuentran con mayor frecuencia la forma de evadirse.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Continuamente a través de los medios de comunicación se dan a conocer noticias en las que se ven involucrados niños o adolescentes que caen en las redes del crimen organizado, recientemente el Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas denunció el reclutamiento de menores en México por parte de la delincuencia organizada.

Se recuerda con gran preocupación y tristeza, el caso de Edgar N. "El Ponchis", un niño involucrado desde los 11 años con la delincuencia organizada, quien fue detenido a la edad de 14 años y confesó haber degollado a cuatro personas por órdenes de un narcotraficante del cártel del Pacífico Sur.

De acuerdo al “Diagnóstico de las y los Adolescentes que Cometen Delitos Graves en México”1, respaldado por Unicef y la Secretaría de Gobernación, refieren que al año, son privados de su libertad, en distintas partes del territorio nacional, un promedio de 16,885 adolescentes de los que 4,558 son acusados por la comisión de delitos graves.

El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez señala que estos niños, “son víctimas del abandono de la protección del Estado, de su familia y de su comunidad, aunque al mismo tiempo victimarios, pues lo primero no les exime de responsabilidad penal",

Dentro de las conclusiones señaladas en el informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Violencia, niñez y crimen organizado” se señala que:2

“Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de distintas formas de violencia y vulneraciones a sus derechos. Son víctimas de abusos, violencia y negligencia en el ámbito de sus hogares, en la escuela y en sus comunidades, por parte de adultos, de sus pares y por las fuerzas de seguridad del Estado. Las diversas formas de violencia y vulneraciones de derechos interactúan y se retroalimentan y no deben ser vistas y tratadas de modo independiente y aisladamente en las políticas públicas. El cúmulo de violaciones a sus derechos sitúa a los niños, niñas y adolescentes en condiciones de extrema vulnerabilidad y los expone a ser captados por organizaciones delictivas.

Las limitaciones que enfrentan los adolescentes en el ejercicio y disfrute de los derechos, y la falta de oportunidades educativas y laborales para que puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo en condiciones de dignidad, contribuyen a exponerles a las organizaciones criminales y a sus actividades. La existencia de niños y adolescentes vinculados a grupos delictivos es a juicio de la Comisión un impacto en sí mismo consecuencia de la falta de medidas por parte del Estado que garanticen los derechos de los niños y los proteja frente a diversas vulneraciones a sus derechos, la exclusión y la violencia que enfrentan en diversos niveles. De acuerdo con los artículos 19 de la CADH y VII de la DADH los Estados están obligados a articular medidas especiales de protección para la niñez que tomen en adecuada consideración su estado de desarrollo y situación de vulnerabilidad; esta obligación implica tomar medidas para prevenir la vulneración de derechos y garantizar el ejercicio de los mismos en condiciones de igualdad para todos los niños, niñas y adolescentes.”

Por lo que debe existir una intervención temprana, por parte de las autoridades, en niñas, niños y jóvenes, para prevenir que se conviertan en delincuentes; pues el sistema de justicia solo se está enfocando en la sanción del delincuente y no se analizan las causas por las cuales se han cometido los hechos ilícitos. El Estado tiene que garantizar que se realicen programas enfocados a disminuir los orígenes de la violencia, así como propiciar el compromiso activo de los jóvenes con sus comunidades, la convivencia pacífica y la no violencia, para ello debe fomentar la participación y creación de actividades de esparcimiento donde se aprendan las nociones de trabajo en equipo, espacios de dispersión con vigilancia policial, entre otros, en los que se debe garantizar el debido subsidio para su funcionamiento.

Es imperioso diseñar e implementar planes nacionales y locales para prevenir y enfrentar la violencia y la inseguridad, con la participación ciudadana y contando con las opiniones y las experiencias de los niños, niñas y adolescentes sobre sus realidades, promover políticas integrales, holísticas y multisectoriales, que involucren a todos los sectores que tienen incidencia en las condiciones de seguridad. Ello implica que diversos sectores colaboren y coordinen su accionar, entre ellos: seguridad, justicia, salud, educación, servicios sociales, servicios de formación profesional y acceso al empleo, cultura, deporte y recreación, urbanismo, y, finanzas, entre otros, de esto se deriva que la tarea de prevención del delito debe abarcar desde la federación hasta los municipios, con una coordinación y colaboración de las diferentes áreas de gobierno, como secretaria de salud, de educación de desarrollo social, de economía, del trabajo, etc., con la finalidad de contribuir a la prevención temprana del delito en el caso de menores y diseñar programas que buscan neutralizar o prevenir las conductas transgresoras del menor, desde los niveles básicos de educación ya que hay una estrecha relación entre la delincuencia juvenil y el bajo nivel académico de éstos

Se deben contemplar a las instituciones educativas como agentes de cambio que ayuden a proporcionar las herramientas para la prevención del delito en niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, se proponen modificaciones a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para señalar dentro de sus objetivos el establecimiento, determinación, desarrollo, implementación y supervisión de acciones claras, precisas y eficaces encaminadas a la prevención del delito, a través de la coordinación entre las dependencias de la Administración Pública y la ciudadanía, con la finalidad de realizar una articulación y fijación de una Política de Estado para la prevención de la violencia y la delincuencia, basada en dos pilares fundamentales:

1. Diagnostico Social. A cargo de las dependencias involucradas, quienes elaborarán estudios de campo y visitas en zonas que presenten elevados índices de factores criminógenos y que representen un riesgo o peligro para niños, niñas y adolescentes. 

2. Coordinación entre las dependencias de la Administración Pública. Se plantea la coordinación entre las diferentes dependencias de la administración pública y la sociedad para cumplir con el objetivo de la ley y brindar de manera conjunta atención y seguimiento a los casos que representen un factor de riesgo o peligro  para niños, niñas y adolescentes.

Las reformas propuestas son las siguientes:

TEXTO ACTUAL

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto el diseño, desarrollo, implementación y  evaluación de políticas públicas, programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como establecer las bases de coordinación para alcanzar el mismo, entre la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.

Artículo 2.- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir, combatir y erradicar las causas y factores, tanto sociales como criminógenos, que favorezcan la generación de violencia y de delincuencia. Los entes públicos de los tres niveles de gobierno encargados del diseño e implementación de dichos políticas, programas y acciones emitirán lineamientos que tengan por objeto de prevenir, evitar y, en su caso detectar cuando los mismos sean utilizados con fines electorales o beneficien por motivos de preferencia política a un grupo determinado.

Artículo 3.- La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios:

I. Respeto irrestricto a los derechos humanos;

II. Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria;

III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo;

IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la comunidad académica de manera solidaria, para que contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;

V. Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación;

VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales;

VII. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia étnica, sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada y acciones afirmativas;

VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios, y

IX. Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes aplicables.

Artículo 3.- La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios:

I …

II. Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno y con sus distintas instituciones, desarrollará políticas públicas integrales y eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria;

III a IX. …

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Centro Nacional: El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Unidad Administrativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Comisión: La Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública;

III. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Seguridad Pública;

IV. Ley: La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

V. Participación ciudadana y comunitaria: La participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la comunidad académica;

VI. Programa Nacional: El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

VII. Programa anual: El programa de trabajo anual del Centro Nacional;

 

VIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

IX. Secretariado Ejecutivo: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

X. Secretario Ejecutivo: El Titular del Secretariado Ejecutivo, y

 

XI. Violencia: El uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Quedan incluidas las diversas manifestaciones que tiene la violencia como la de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras.

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I a III…

 

 

 

 

 

IV. Criminógeno.- Factores que propician la criminalidad.

V. Ley: La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

 

 

 

VI. Participación ciudadana y comunitaria: La participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la comunidad académica;

VII. Programa Nacional: El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

VIII. Programa anual: El programa de trabajo anual del Centro Nacional;

 

IX. Reglamento: El Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

X. Secretariado Ejecutivo: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XI. Secretario Ejecutivo: El Titular del Secretariado Ejecutivo, y

XII. Violencia: El uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Quedan incluidas las diversas manifestaciones que tiene la violencia como la de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras.

Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo mediante:

I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano;

 

 

II. La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;

III. El fomento de la solución pacífica de conflictos;

IV. Estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquéllos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad, y

V. Se establecerán programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación.

Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo mediante:

I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano, que contemplen como beneficiarios, de modo primordial y bajo un enfoque interdiciplinario, a las niñas, niños y adolescentes;

II a V …

Artículo 8.- La prevención en el ámbito comunitario pretende atender los factores que generan violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria y comprende:

I. La participación ciudadana y comunitaria en acciones tendentes a establecer las prioridades de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias;

II. El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos;

III. Fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social entre las comunidades frente a problemas locales;

IV. La participación ciudadana y comunitaria, a través de mecanismos que garanticen su efectiva intervención ciudadana en el diseño e implementación de planes y programas, su evaluación y sostenibilidad, y
V. El fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 8.- La prevención en el ámbito comunitario debe atender los factores criminógenos que generan violencia y delincuencia y contemplar la participación ciudadana y de la comunidad, y comprende:

I a V…

Artículo 9.- La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, mediante:

I. El mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental y el diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público y de vigilancia;

II. El uso de nuevas tecnologías;

III. La vigilancia respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad;

IV. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de violencia, y

V. La aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de victimización.

Artículo 9.-

 

 

 

I a V. …

 

 

 

 

 

 

 

VI. Recuperación de espacios en zonas consideradas de alto riesgo, transformándolos en espacios con actividades recreativas, deportivas o culturales, preferentemente para niñas, niños y adolescentes.

Artículo 10.- La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como mínimo lo siguiente:

I. Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad;

 

 

 

II. La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, en las políticas públicas en materia de educación, y

III. El fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos.

Artículo 10.- La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como mínimo lo siguiente:

I. Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a las niñas, niños y adolescentes y en general a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad. Aquellos enfocados a niñas, niños y adolescentes contemplarán al desarrollo de conductas prosociales que incluyan la ayuda, la cooperación y la solidaridad.

II. La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, en las políticas públicas educativas en los niveles básico, medio y superior, y

III…

Sin correlativo

Artículo 10 Bis. En el desarrollo de las políticas públicas, programas y acciones preventivas en niñas, niños y adolescentes, se incluirán  protocolos que ayuden a identificar y atender los siguientes aspectos:

a) Bajo o deficiente rendimiento académico.

b) Baja o nula interacción con su entorno escolar es decir, relación con profesores y compañeros.

c) Conductas violentas o depresivas.

La atención en estos casos será de manera coordinada entre las diferentes instancias de la administración pública y contemplando la colaboración de los padres o tutores. 

Sin correlativo

Artículo 10 Ter. Se diseñará un plan de atención específico para los casos señalados en el artículo anterior, tomando en cuenta de manera preponderante, el interior superior de la niñez y en el que se incluirá por lo menos:

I. La enseñanza de principios y valores fundamentales, el respeto a la identidad propia y a los derechos humanos;

II. El desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física.

III. El desarrollo de actividades que fomenten la identidad y pertenencia a su entorno social.

IV. El respeto y comprensión de opiniones y puntos de vista diversos.

V. El apoyo emocional.

VI.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en materia de prevención del delito y la criminalidad que cometen niños, niñas y adolescentes.

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 10; y se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter; todos de la  Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto el diseño, desarrollo, implementación y  evaluación de políticas públicas, programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como establecer las bases de coordinación para alcanzar el mismo, entre la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir, combatir y erradicar las causas y factores, tanto sociales como criminógenos, que favorezcan la generación de violencia y de delincuencia. Los entes públicos de los tres niveles de gobierno encargados del diseño e implementación de dichos políticas, programas y acciones emitirán lineamientos que tengan por objeto de prevenir, evitar y, en su caso detectar cuando los mismos sean utilizados con fines electorales o beneficien por motivos de preferencia política a un grupo determinado.

Artículo 3.- La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios:

I …

II. Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno y con sus distintas instituciones, desarrollará políticas públicas integrales y eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria;

III a IX. …

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Centro Nacional: El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Unidad Administrativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Comisión: La Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública;

III. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Seguridad Pública;

IV. Criminógeno.- Factores que propician la criminalidad.

V a XII. …

Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo mediante:

I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano que contemplen primordialmente, la participación de niñas, niños y adolescentes

II a V …

Artículo 9.-

I a V. …

VI. Recuperación de espacios en zonas consideradas de alto riesgo por sus índices delictivos, transformándolos en espacios para la realización de actividades recreativas, deportivas o culturales, con especial énfasis en las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 10.- La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como mínimo lo siguiente:

I. Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a las niñas, niños y adolescentes y en general a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad. Aquellos enfocados a niñas, niños y adolescentes contemplarán al desarrollo de conductas prosociales que incluyan la ayuda, la cooperación y la solidaridad.

II. La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, en las políticas públicas educativas en los niveles básico, medio y superior, y

III…

Artículo 10 Bis. En el desarrollo de las políticas públicas, programas y acciones preventivas en niñas, niños y adolescentes, se incluirán  protocolos que ayuden a identificar y atender los siguientes aspectos:

a) Bajo o deficiente rendimiento académico.

b) Baja o nula interacción con su entorno escolar es decir, relación con profesores y compañeros.

c) Conductas violentas o depresivas.

La atención en estos casos será de manera coordinada entre las diferentes instancias de la administración pública del nivel de gobierno respectivo y contemplando la colaboración de los padres o tutores. 

Artículo 10 Ter. Se diseñará un plan de atención específico para los casos señalados en el artículo anterior, tomando en cuenta de manera preponderante, el interior superior de la niñez y en el que se incluirá por lo menos:

I. La enseñanza de principios y valores fundamentales, el respeto a la identidad propia y a los derechos humanos;

II. El desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física.

III. El desarrollo de actividades que fomenten la identidad y pertenencia a su entorno social.

IV. El respeto y comprensión de opiniones y puntos de vista diversos.

V. El apoyo emocional.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Alejandra Roldan Benítez.

1 AZAOLA, Elena. “DIAGNÓSTICO DE LAS Y LOS ADOLESCENTES QUE COMETEN DELITOS GRAVES EN MÉXICO”. Disponible en: http://www.unicef.org/mexico/spanish/Diagnostico_adolescentes_web.pdf

2 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaNinez2016.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 160, 161, 162, 164, 166, 167 Y 169 LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por los Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas y Carlos Alberto Puente Salas)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por las Senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a presentar un reporte específico de las inconsistencias encontradas en la banca múltiple y si están relacionadas a actividades ilícitas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito    Público.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- En el boletín de prensa conjunto 072/2016 del 05 de septiembre del 2016 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se presenta un resumen del “desempeño del sector de la Banca Múltiple”, con datos estadísticos y financieros al cierre de julio de este año, que incluye una “evaluación de la calidad y consistencia de la información”.

Se menciona que son 47 los bancos pertenecientes a dicho sector y se precisa de la existencia de inconsistencias diversas hasta en 16 bancos, en algunos casos como muy serias sobre su desempeño.

La medición que realiza la CNBV para la calidad y consistencia de la información que obligatoriamente tienen que reportar los 47 bancos, tiene tres métricas denominadas “semáforos”. Están en el “semáforo verde” todas aquellas instituciones que enviaron su información completa y consistente entre sus diversos reportes presentados. En “semáforo amarillo” las que presentan información completa, pero con inconsistencias entre sus reportes, mientras que en “semáforo rojo” están las instituciones con información incompleta o con inconsistencias graves o inconsistencias en más de dos reportes presentados. Sobre los 16 bancos que no están en semáforo verde, es muy limitada la información detallada de las inconsistencias o falta de información obligatoria.

2.- Este tipo de calificación se aplica por parte de la CNBV a los reportes de cada banco respecto de, cuando menos, su Balance General; a la Cartera de Crédito; a la Captación de Recursos y de su Estado de Resultados. Así mismo, el origen y aplicación de la Cartera de Crédito por Crédito Comercial otorgado a Empresas, Entidades Financieras, Estados y Municipios, y Gobierno Federal y Organismos Descentralizados, así como para Vivienda.

Los resultados de este ejercicio, ofrecen que 16 bancos presentan inconsistencias en sus reportes; algunos de ellos en dos o más, lo cual es preocupante por las implicancias financieras en cuanto su origen y en cuanto la seguridad para los usuarios. De aquí la urgencia de conocer en detalle, qué es lo que la CNBV ha detectado en específico en esos casos de inconsistencia, que representan el 34% del sistema bancario privado; ¿qué medidas está adoptando la CNBV en estos casos? y si están relacionadas con las denominadas Actividades Vulnerables u otras ilícitas establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o inclusive no establecidas en la Ley por ser novedosas como prácticas de lavado de dinero.

3.- El artículo 2 de la mencionada Ley establece que:

“El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento”.

Mientras que el artículo 17 de la misma, ofrece las especificaciones de lo que son las Actividades Vulnerables que realizan los bancos, pero que presentan la posibilidad de ser vehículos para el lavado de dinero.

En este sentido, es necesario que la CNBV se pronuncie también sobre su aprobación de apertura de cinco bancos más, en una economía con claros síntomas de tendencia a la recesión, como se expresa en los recortes presupuestales para el 2017 y con un sistema financiero que tiene 34% de bancos funcionando con irregularidades.

4.- Los activos de la Banca Múltiple suman, al 31 de Julio del presente año, la cantidad de 7,994 miles de millones de pesos (mmdp), mientras su pasivo es de 7,135 mmdp. La Cartera de Crédito de 4,085 mmdp y la captación de recursos de 4,518 mmdp.  En el boletín se precisa que en la “Evaluación de la Calidad y la Consistencia de la Información” de la CNBV, se detectan inconsistencias en diversos reportes de los bancos y cuando se trata de evaluar la “Consistencia con la Información detallada de Cartera” en el tema de Cartera Comercial, hay hasta 16 bancos que presentan inconsistencias.

5.- La preocupación viene en referencia a las declaraciones de Teodoro Briseño, director de TM Sourcing, para el periódico La Jornada el 03 de septiembre: “En México son blanqueados cada año entre 15 mil y 50 mil millones de dólares, principalmente mediante el sistema financiero” y dijo que hay actividades vulnerables de ser empleadas por los grupos delictivos para lavar dinero, entre estas están las operaciones inmobiliarias, las realizadas en centros bancarios y en la banca privada donde se atienden a clientes con alto ingreso.

Si esto es así, entonces podría significar –en promedio-- que el 10% de los activos bancarios estarían relacionados con el blanqueo con actividades vulnerables. 

Señala el autor de la nota, el periodista Roberto González, que de la mano de la innovación tecnológica han surgido otros canales para lavar dinero, que uno de ellos está en las plataformas digitales como Fintech o las compañías crowdfunding, que es un tipo de financiamiento colectivo de proyectos por medio de pequeñas aportaciones de gran cantidad de personas.

Agrega que una medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 2013, determinó que el lavado de dinero en México alcanza unos 340 mil millones de pesos, así mismo que según la Consultoría Stratfor, las organizaciones criminales mexicanas envían a México entre 19 mil y 39 mil millones de dólares producto de actividades ilegales.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de Acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a presentar a esta Soberanía un reporte específico de las inconsistencias encontradas en la banca múltiple y si estan relacionadas a actividades ilícitas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.






Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo al santuario Playa de Puerto Arista, en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL SANTUARIO PLAYA DE PUERTO ARISTA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Área Natural Protegida “Playa de Puerto Arista” se ubica en el municipio de Tonalá, en el suroeste del estado de Chiapas. Tiene una superficie total de 212.48 hectáreas.1

De acuerdo con información de INEGI (Serie III), los tipos de vegetación presentes en esta zona son: Vegetación de Dunas Costeras, Vegetación Hidrófila, Selva Baja Caducifolia y Manglar.

Cabe destacar que los manglares representan un ecosistema altamente productivo, con una gran riqueza biológica y proporcionan una gran diversidad de recursos y servicios ambientales, como refugio de aves migratorias, protección contra huracanes, filtros biológicos de agua, abastecimiento de mantos freáticos, sumidero de carbono, captura de gases de efecto invernadero, recursos aprovechables en acuacultura, ecoturismo y otras actividades productivas.2

En la Playa de Puerto Arista se encuentran las cuatro especies de mangles existentes en México: Mangle negro (Avicenniagerminans), Mangle rojo (Rhizophora mangle), Mangle botoncillo (Conocarpuserectus) y Mangle blanco (Lagunculariaracemosa).

Las especies representativas de fauna en esta zona son:3

• Tortugas marinas: Tortuga golfina (Lepidochelysolivacea), Tortuga laúd (Dermochelyscoriacea), Tortuga verde (Cheloniamydas), Tortuga carey (Eretmochelysimbricata).

• Reptiles: Caimán (Caimancrocodilus), Cocodrilo americano (Crocodylusacutus),Iguana negra (Ctenosaurapectinata), Tortuga gravada (Trachemysscripta).

• Mamíferos: Ocelote (Leoparduspardalis), Tigirllo(Leoparduswiedii), Mapache (Procyonlotor), Oso hormiguero (Tamandua mexicana).

• Aves: Cigüeña americana (Mycteria americana), Garza roja (Egrettarufescens), Jojo, garza tigre (Tigrisomamexicanum), Rabijunco pico rojo (Phaethonaethereus), Perico frente naranja (Aratingacanicularis), Aguililla rojinegra (Parabuteounicinctus), Aguililla negra menor (Buteogallusanthracinus), Pato cucharón norteño (Anasclypeata), Cerceta ala azul, pato media luna (Anasdiscors), Pato golondrino (Anasacuta).

A fin de proteger esta gran riqueza natural, en 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el “Decreto por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova dicha especie”, el cual designa16 playas como zonas para protección de tortuga marina, incluyendo:4

• Playa de Puerto Arista, en el Estado de Chiapas, con una longitud de 30 Kms., situada entre los paralelos 15°59'00" N-93°58'00"W y 15°52'30" N-93°42'13"W.

Posteriormente, en 2002 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se determinan como áreas naturales protegidas, con la categoría de santuarios, a las zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, ubicadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, identificadas en el decreto publicado el 29 de octubre de 1986.”5

Dicho Acuerdo considera que las playas para protección de tortuga marina debían tenerla categoría de santuarios, para dar mayor certeza y seguridad a la política de protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas incorporados en la declaratoria correspondiente.

De conformidad con el artículo 55 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección a la Atmósfera (LGEEPA), los santuarios son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida.

En los santuarios sólo se permiten actividades de investigación, recreación y educación ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área. Las actividades de aprovechamiento no extractivo quedan restringidas a los programas de manejo, y normas oficiales mexicanas emitidas por la SEMARNAT.

Adicionalmente, en 2008 esta zona fue designada como Sitio RAMSAR 1823 “Sistema Estuarino Puerto Arista”, con una superficie de 62 mil 138.46 hectáreas, debido a que cumple con dos de los nueve criterios de la Convención Ramsar:6

• Criterio 2: Un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si sustenta especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o comunidades ecológicas amenazadas.

• Criterio 4: Un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si sustenta poblaciones de especies vegetales y/o animales cuando se encuentran en una etapa crítica de su ciclo biológico, o les ofrece refugio cuando prevalecen condiciones adversas.

Es necesario mencionar que la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida también como Convenio RAMSAR fue firmada en la ciudad de Ramsar, Irán el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975. El objetivo principal de la Convención, es la conservación y el uso racional de los humedales en todos sus aspectos. En 1986 México se adhirió a la Convención Ramsar y actualmente cuenta con 142 sitios RAMSAR, que protegen un área total de 8 millones 643 mil 581.5 hectáreas.7

A pesar del reconocimiento internacional que se ha dado al Sistema Estuarino Puerto Arista, reconocíendolo como un sitio RAMSAR, la zona también requiere de un programa de manejo para definir y regular las actividades que serán permitidas y restringidas, a fin de garantizar el aprovechamiento sustentable del manglar y otros recursos naturales, así como proteger y conservar a las tortugas marinas y otras especies que habitan aquí.

Sin embargo, hasta la fecha, el Santuario Playa de Puerto Arista carece de un programa de manejo, por lo que resulta urgente su elaboración y publicación. Es importante destacar que la carencia de programas de manejo contraviene el derecho a un medio ambiente sano, como lo indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Recomendación General 26/2016, “Sobre la falta y/o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos”.8

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elabore y publique el Programa de Manejo del Santuario Playa de Puerto Arista, en el estado de Chiapas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 CONANP. Ficha técnica “Playa de Puerto Arista” (consultado en septiembre de 2016) https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=162&=11

2 CONABIO. 2013. Manglares de México: Extensión, distribución y monitoreo
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares2013/manglaresMex_2013.html

3 CONANP. Ficha técnica “Playa de Puerto Arista” (op. cit.)

4 DOF: 29/10/1986. DECRETO por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova dicha
especie.http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4815894&fecha=29/10/1986

5 DOF: 16/07/2002. ACUERDO por el que se determinan como áreas naturales protegidas, con la categoría de santuarios, a las zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, ubicadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, identificadas en el decreto publicado el 29 de octubre de 1986.http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=723470&fecha=16/07/2002

6 CONANP. 2012. Sitio RAMSAR 1823 Sistema Estuarino Puerto Arista
http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/lineamientos_instrumentos/SISTEMA_ESTUARINO_PUERTO_ARISTA.pdf

7 CONANP. Humedales de México. Sistios RAMSAR (Consultado en septiembre de 2016)
http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php

8 CNDH. Recomendación General número 26.Sobre la falta y/o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos. 13 de abril de 2016. http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_026.pdf






De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Mariana Gómez del Campo Gurza, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a realizar una investigación sobre presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos del gobierno de dicha ciudad durante el proceso electoral constituyente de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los suscritos, Senadores, MARIO DELGADO CARRILLO, DAVID MONREAL ÁVILA Y MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes:

CONSIDERACIONES

El 24 de mayo de 2016, el portal “Sin Embargo” y diversos diarios de circulación nacional dieron a conocer la investigación sobre el posible uso irregular de recursos del Gobierno de la Ciudad de México para ayudar electoralmente el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mediante la creación del programa “Acción Institucional de Ingreso Económico Temporal” por medio del cual se preveía contratar a  40 mil trabajadores eventuales en distintas secretarías y delegaciones encabezadas por el PRD en época de veda electoral y con el fin de respaldar a los candidatos de dicho partido a la Asamblea Constituyente.

La investigación señala que el Gobierno de la Ciudad de México, solicitó a la Oficialía Mayor autorización para llevar a cabo la acción de gobierno a través de la partida presupuestal 1221, denominada “Sueldos de Base al Personal Eventual”, de acuerdo con una publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 31 de marzo de 2016.1

Ante dicha situación el 25 de mayo 2016, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) contra del Jefe de Gobierno de la capital. El Gobierno de la Ciudad de México, nunca dio respuesta ante dicha acusación.

El problema central está en disfrazar un programa social en una “Acción de Gobierno”, ya que ésta no puedo ser auditada y pudo ejecutarse durante la veda electoral por la elección de los integrantes a la Asamblea Constituyentes. Aunado a ello, bajo el concepto de una “Acción de Gobierno”, según los reportes, se utilizaron recursos públicos para crear un operativo electoral en beneficio de un partido, lo cual es un delito.

Sin embargo, el pasado 5 de septiembre el Diputado Federal Vidal Llerenas explicó que de acuerdo con el análisis de los datos otorgados el pasado 14 de julio de 2016 por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Capital (InfoDF), los trabajadores eventuales de la partida 1221, fueron contratados bajo la posición presupuestal 12211115, con el Destino de Gasto 15.

Bajo este concepto el Gobierno de la Ciudad de México erogó 686 millones 880 mil pesos para contratar trabajadores temporales en las seis delegaciones que gobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en tres Secretarías y en el Sistema de Aguas durante el periodo electoral de 2016.

En esta información que se puede analizar en el portal2.Así, se pudo constatar que únicamente las delegaciones que gobierna el PRD, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tienen cero pesos en el presupuesto original en la posición presupuestal referente a los sueldos de los trabajadores eventuales, pero cuentan con recursos en el presupuesto modificado, programado y ejercido.

Mediante una solicitud de información que realizó el Diputado Llerena se puede constatar que, de acuerdo con el cotejo de claves en el Catálogo de Centros Gestores de la Secretaría de Finanzas, la Delegación Álvaro Obregón recibió 11 millones 440 mil pesos; Coyoacán, 10 millones 770 mil; Gustavo A. Madero, 21 mil 700; Iztacalco, 8 millones 070 mil; Iztapalapa, 24 millones 820 mil, y Venustiano Carranza, 10 millones 80 mil pesos.

Mientras, la Secretaría de Medio Ambiente obtuvo una partida extra de 129 millones 680 mil pesos; la Secretaría de Obras y Servicios, 137 millones 700 mil; la Secretaría de Desarrollo Social, 140 millones 410 mil, y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 192 millones 210 mil pesos.3 Es importante señalar que justo son estas dependencias las que, por su naturaleza jurídica y objetivo de política pública, tienen contacto directo con una buena parte de la población. Lo anterior las convierte en una herramienta idónea para desarrollar un proyecto como lo menciona el reportaje.  

El Sistema Nacional Anticorrupción establece, a nivel constitucional, la excepción al  principio de anualidad y posterioridad para el ejercicio de la  fiscalización superior, cuando existe una denuncia fundada. La Auditoría de la Ciudad debe poner ejemplo a nivel nacional e iniciar una investigación del ejercicio de estos recursos, aun cuando se trate del ejercicio fiscal en curso, y deslindar las responsabilidades a que haya lugar. 

Por su lado, la FEPADE debe informar sobre el avance de las investigaciones sobre estos hechos, para que, en su caso, se deslinden las responsabilidades a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación expedita en relación al presunto ejercicio irregular de recursos por parte del gobierno de la Ciudad de México durante el proceso electoral constituyente de la Capital, y deslinde las responsabilidades a que haya lugar.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que rinda un informe sobre el estado que guarda la investigación de las denuncias por el ejercicio irregular de recursos del Gobierno de la Ciudad de México, durante el proceso electoral constituyente de la Capital.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Suscriben

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. David Moreal Ávila.- Sen Mariana Gómez del Campo.

1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 31 de marzo de 2016, Recuperado el 6 septiembre de 2016, de http://www.proyectometro.cdmx.gob.mx/ART121/FraccI/Lineamientos/LINEAMIENTOS_PRESUPUESTAL.pdf

2 “La CdMx desvió 687 millones para ayudar electoralmente al PRD en 2016: Morena”; según documentos, Portal: Sin embargo. Recuperado el 6 septiembre de 2016, dehttp://www.sinembargo.mx/05-09-2016/3088754

3 Ídem.






Del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas a cerrar definitivamente las garitas denominadas “San Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el propósito de contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con lo establecido en el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El suscrito, Senador MANUEL CÁRDENAS FONSECA, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Administración General de Aduanas, para que cierren definitivamente las garitas denominadas “San Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el propósito de contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con lo establecido en el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La franja fronteriza del norte de México tiene una gran importancia en la vida económica, política y social del país. Este territorio, que comprende parte de seis entidades federativas, de acuerdo al INEGI representa un 22.2% del Producto Interno Nacional, cuenta con una creciente población y un flujo permanente de mercancías y personas entre ambos países.

La frontera entre México y los Estados Unidos es la más transitada del mundo: diariamente cruzan legalmente más de un millón de personas y más de trescientos setenta mil vehículos, tanto de transporte como de particulares.

Este dinamismo e integración fronteriza ha estado presente a lo largo de la historia y ha dado lugar al establecimiento en la frontera de aduanas que certifiquen el pago de los impuestos respectivos de las mercancías que ingresan al país, así como puntos de revisión o garitas interiores, que cada vez se establecieron más alejadas de las fronteras.

Las garitas cumplieron un papel importante en épocas en las que se establecieron zonas francas en las fronteras, con el propósito de impulsar estas regiones de la frontera del país. Las garitas fungían como un control para las mercancías que se pretendían introducir de esas zonas libres al interior del país cumplieran con el pago de aranceles requerido. También lo hicieron durante el tiempo en que las zonas fronterizas mantuvieron un régimen preferencial del IVA, por debajo de lo que se pagaba en el resto del país.

Sin embargo, con la liberación del comercio (particularmente con el TLCAN) y con la homologación del IVA a nivel nacional en 2014, las garitas interiores han perdido su razón de ser y se han convertido en un obstáculo para el libre flujo de personas y mercancías, en un freno para el desarrollo de las regiones donde se encuentran ubicadas, en un problema para el tránsito en las carreteras y, en muchos casos, en centros de corrupción, extorsión y malos tratos para transportistas y ciudadanos que tienen que cruzar por esas zonas.

Durante muchos años, ciudadanos, transportistas, empresarios, comerciantes y autoridades de las regiones donde operan garitas interiores, han demandado su eliminación por el daño que causan a las actividades económicas de esas zonas. Estas garitas inhiben el turismo y el comercio, ya que implican someterse a una doble revisión,  perder largas horas en las carreteras y obligar a los productos de la región que van al resto del país a ser sujetos de procesos similares a la exportación.

En respuesta a estas demandas, el gobierno de la República el 28 de noviembre de 2014, anunció el  Programa de Apoyo a las Fronteras que tenía como propósito beneficiar a los  los estados de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.Este programa comprende seis puntos, el primero de ellos se refiere a la eliminación de garitas en las zonas fronterizas:

En este programa se señala:

“ Las garitas son puntos de revisión cercanos a los límites de la franja o región fronteriza, para que los pasajeros y las mercancías procedentes de dichas zonas puedan introducirse al resto del territorio nacional. Sin embargo, durante los últimos años estos puntos de revisión han dejado de cumplir su objetivo, dificultando de forma innecesaria las actividades comerciales.” (1)

Durante su intervención en la presentación del programa el Presidente Enrique Peña Nieto dijo:

“Primera acción. Vamos a empezar de manera gradual, pero ya desde hoy, tomando acción para eliminar varias garitas de la franja fronteriza. Pero a partir de la Reforma Hacendaria, aprobada por el Congreso de la Unión, varias de ellas pierden total sentido, y gradualmente lo estarán perdiendo otras más, que estaremos cerrando y clausurando y que estaremos informando a la opinión pública del tiempo y momento para hacerlo.“ (2)

Por su parte, durante el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, señaló:

Las garitas son un fenómeno, son una realidad que se difundió en toda la zona fronteriza del norte y en el sur del país a lo largo de los últimos 50 años, que en su momento tuvieron una razón de ser y que, sin embargo, hoy en día se han convertido en un punto de conflicto social, de obstrucción y de daño a la vida cotidiana de las comunidades de los estados fronterizos.

Hoy en día cuando tenemos una economía abierta, que a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio ha multiplicado por cinco el intercambio de mercancías con los Estados Unidos; donde tenemos un flujo intenso de mercancías y de personas, debemos de revisar la existencia de estas garitas; garitas que hoy implican hasta 30 minutos para el paso de vehículos de los que traen, únicamente transportan personas o a veces hasta dos horas para vehículos que transportan carga, que transportan mercancías.” (3)

En este evento se anunció la eliminación de 12 garitas entre ellas la de Mututicachi, ubicada en el kilómetro 163.5 de la carretera interestatal 89, en el tramo Arizpe-Cananea, Municipio de Bacoachi, en el estado de Sonora. Esto se hizo mediante el decreto de Modificación de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 2013 y su anexo 25, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2013.

Se han publicado otros tres decretos de modificación mediante los cuales se han cerrado 26 de las 40 garitas que existían en el país.
En mayo de 2014, durante el cierre de 4 garitas en Quintana Roo, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto reiteró su compromiso con cerrar todas las garitas de la zona fronteriza en el país:

“En noviembre del año pasado, en Ojinaga, Chihuahua anuncié el cierre de distintas garitas de la zona fronteriza y que gradualmente estaríamos cerrando todas las garitas del país.

Y así lo estaré haciendo en próximas visitas a algunos estados de la zona fronteriza y, quizá desde ahí, anticipemos el cierre de todas las garitas del país…

…Y que evita, prácticamente, para todo el país, el que quienes transiten dentro del territorio nacional, no sólo en los puntos de entrada en las fronteras, como ocurría en el pasado por las razones que se han expuesto, tuvieran que pasar por aduanas interiores.

Eso queda en el pasado y hoy prácticamente, las revisiones aduanales, como se ha explicado, sólo se habrán de hacer en los puntos de entrada al territorio nacional, sea por vía terrestre o en las aduanas que están en las instalaciones de vía aérea,…” (4)

En el mismo evento, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público.

“Las garitas tenían dos objetivos:

El primero. Hacer una revisión de comercio exterior; es decir, que la mercancía que esté transitando en el país haya cumplido con su trámite aduanal y, en su caso, pagado los impuestos correspondientes.

Esto, por instrucción del señor Presidente, ya no lo vamos a hacer en garitas. Lo vamos a hacer en el punto de entrada al país.

Qué quiere decir esto. Todas las revisiones aduanales se estarán haciendo exclusivamente en las fronteras o en los aeropuertos de entrada.

Que acabarán, por instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, cualquier revisión en materia aduanera al interior del territorio nacional.

Y en segundo lugar. El cierre de las garitas en Quintana Roo y el cierre de las garitas en todo el país es también un resultado de la Reforma Hacendaria que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado.

Porque al ya no tener una tasa diferenciada de IVA, desaparece el segundo motivo por el que existían las garitas, que era verificar que la mercancía importada hubiera pagado el IVA que le correspondía al interior del territorio nacional y no al territorio fronterizo.” (5)

A pesar de estas declaraciones, aún están operando en la zona fronteriza garitas que están obstaculizando el desarrollo económico de esas regiones, frenando el turismo y el transporte de mercancías.

En el estado de Sonora se han cerrado 4 garitas o puntos de revisión. Además de la garita de Matuticachi, se eliminaron las de Cabullona, ubicada en el kilómetro 28.5 de la carretera federal número 17 en el tramo Agua Prieta-Nacozari, Municipio de Agua Prieta; la garita de San Antonio, ubicada en el kilómetro 117.5 de la carretera federal número 2, en el tramo Imuris-Cananea, Municipio de Imuris; y la garita de Agua Zarca, ubicada en el kilómetro 21 de la carretera federal número 15, en el tramo Nogales-Imuris, Municipio de Nogales. Esto mediante el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2014.

Sin embargo, en Sonora aún operan tres garitas que se encuentran ubicadas en uno de los tramos carreteros más importantes del estado y que generan graves problemas de tránsito, molestias a los habitantes de la región y problemas a transportistas y turistas que pierden hasta más de 5 horas en estos puntos de revisión.  En Sonora siguen abiertas las garitas de “San Emeterio” ubicada en el kilómetro 27 de la carretera federal número 2, tramo Sonoyta-Caborca, en los límites de los Municipios General Plutarco Elías Calles y Caborca; la garita “Almejas” ubicada en el kilómetro 42 de la carretera estatal número 37, tramo Peñasco-Caborca, en el Municipio de Peñasco y la garita de “Caborca” ubicada en el kilómetro 92 de la carretera federal número 2, tramo Caborca-Altar, Municipio de Pitiquito, Sonora.

Estas garitas afectan principalmente a los habitantes de los municipios de General Plutarco Elías Calles, Caborca, San Luis Rio Colorado y Puerto Peñasco, ubicados en la región noroeste del Estado de Sonora, pero también impactan a los productores agrícolas que tienen que atravesar por estas carreteras.

Sonora es en estos momentos el quinto mayor productor a nivel nacional en materia de alimentos y estos puntos de revisión constituyen un freno importante para su recuperación económica y para el incremento del turismo en la región.

La economía de Sonora creció 2,7% entre marzo de 2015 y marzo de 2016 y en el primer trimestre de este año creció 0.7%. De hecho el sector agropecuario, que incluye actividades de ganadería, agricultura y pesca aportó un impulsó del 9.3%, el mayor de cualquier sector, La eliminación de estas garitas seguramente permitirá a Sonora acelerar su crecimiento económico, recuperar su lugar en el desarrollo nacional y llevar mayor bienestar a sus habitantes.

En diversos medios se ha documentado las largas filas que se hacen en estas garitas (6) y los problemas que generan en la zona, con hasta 10 horas de espera. Representantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), han señalado en diversas ocasiones que los tiempos de espera en las garitas de Sonora son por mucho superiores a los que toma el cruce a los Estados Unidos en la frontera.

Sobre el cierre de estas garitas se generaron grandes expectativas en Sonora, pero hasta la fecha no se ha recibido información sobre cuando dejarán de operar. Por el contrario, se han dado una serie de declaraciones contradictorias al respecto.

Se han hecho muchas peticiones para que el Presidente de la República ordene al SAT la eliminación de las tres puntos de revisión que sobreviven en Sonora, aduciendo los problemas de transito que genera en esa carretera, extorsión y malos tratos y la afectación al comercio en la zona, entre ellos destacan exhortos del Congreso local, peticiones de los transportistas, y en enero de este año, un punto de acuerdo del Congreso de Sonora al respecto.

Sin embargo, hasta la fecha se desconocen las razones oficiales por lo que estas garitas fronterizas o puntos de revisión fronteriza en Sonora, no han sido y continúan generando daños económicos a los transportistas y productores, inhibiendo la actividad turística en la región y afectando las actividades agrícolas y ganaderas de los habitantes de la zona noreste del estado de Sonora.

Es fundamental que se cumpla con lo establecido en el Programa de Apoyo Fronterizo de que se cierren estas garitas que “han dejado de cumplir sus objetivos y dificultan, de manera innecesaria, las actividades económicas…”, y con ello dar un impulso renovado al crecimiento de la economía de Sonora y llevar mayor bienestar social a sus habitantes.

Es necesario fortalecer el desarrollo económico de la zona e integrar definitivamente la zona fronteriza al resto del país, eliminando las trabas y los costos adicionales que les imponen las garitas internas, que ya no tienen razón de existir.

El Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, a la cual se encuentra adscrita la Administración General de Aduanas señala en su artículo 11:

“Artículo 11.- Compete a la Administración General de Aduanas:

III.- Proponer el establecimiento o supresión de aduanas, garitas, secciones aduaneras y puntos de revisión, así como aprobar las instalaciones que se pondrán a su disposición para el despacho aduanero de mercancías, su reconocimiento y demás actos o hechos que deriven de los mismos, según los programas de inversión que presenten los interesados, así como las obras que se realizarán en las oficinas administrativas de las aduanas y sus instalaciones complementarias.”

Por ello, es necesario que se impulsen las acciones necesarias para responder a las demandas de un gran sector de la sociedad sonorense y de ciudadanos y transportistas que transitan por sus carreteras y que tienen que sufrir los puntos de revisión que aún operan en la zona, aunque ya no tienen razón de ser ante la homologación del IVA a nivel nacional y el establecimiento del libre comercio en todo el país. Es importante que se cumpla con primer propósito del Programa de Apoyo Fronterizo y con lo ofrecido en diversas ocasiones por las autoridades responsables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Administración General de Aduanas, para que se cumpla con la ley, se eliminen zonas de revisión contrarias a las disposiciones jurídicas e inclusive al punto número uno del Programa de Apoyo Fronterizo presentado el 28 de noviembre de 2013, y se cierren definitivamente las garitas denominadas “San Emeterio” ubicado en el kilómetro 27 de la carretera federal número 2, tramo Sonoyta-Caborca; “Almejas” ubicada en el kilómetro 42 de la carretera estatal número 37, tramo Peñasco-Caborca, en el Municipio de Peñasco, y “Caborca” ubicada en el kilómetro 92 de la carretera federal número 2, tramo Caborca-Altar, Municipio de Pitiquito, Sonora, en el estado de Sonora, y con ello, deje de aplicarse selectivamente una disposición de carácter general, y por tanto se deje de engañar a la población y generarles expectativas que no son cumplidas.

Dado en el Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca.

(1)http://ocef.colef.mx/Archivos/documentos/DATA00008.PDF
(2)http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-presentacion-del-programa-de-apoyo-a-la-zona-fronteriza
(3)http://www.hacienda.gob.mx/SALAPRENSA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2013/lvc_programa_apoyo_fronterizo_28112013.p
4)http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-enrique-pena-nieto-durante-el-cierre-de-garitas-en-el-estado-de-quintana-roo
(5)http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-el-cierre-de-garitas?idiom=es
(6)https://www.youtube.com/watch?v=nVXXNFFENUo






Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a continuar mejorando los medios de comunicación y colaboración necesarios para mantener actualizado y depurado el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Entidades Federativas y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que continúen mejorando los medios de comunicación y colaboración necesarios para mantener actualizado y depurado el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Hoy más que nunca se deben conjuntar acciones públicas en beneficio de las personas; salvaguardar el Estado de derecho es la principal obligación del Estado mexicano. Para ello, es necesario determinar los mecanismos e instrumentos jurídicos y políticos adecuados para la protección de los derechos fundamentales.

Una de las problemáticas actuales en el Estado mexicano es la desaparición y extravió de personas; situación que flagela a la sociedad mexicana al poner en riesgo los derechos humanos de los ciudadanos. Ante esta problemática, es menester la participación y colaboración activa de las autoridades pertinentes, a efecto de llevar a cabo las acciones y diligencias enmarcadas en la ley.

Debido a lo apremiante y delicado que constituye el establecer acciones concretas para hacer frente a la desaparición y extravió de personas, el Estado mexicano y, principalmente, la Administración Pública Federal, han llevado a cabo acciones legislativas y ejecutivas pertinentes para ello.

Muestra fehaciente del compromiso del Estado mexicano de confrontar y solucionar esta problemática, la encontramos en la emisión de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), así como en la posterior creación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 

Las acciones que ha realizado el Estado mexicano son muestra irrestricta del compromiso jurídico y político que representa la protección de los derechos humanos de todas las personas. Lo anterior, a través de una política pública integral para la búsqueda de personas extraviadas, la cual, se mantienen en estricto apego a las determinaciones internaciones emitidas por los organismos correspondientes.

A pesar de los esfuerzos realizados, es necesario mejorar las vías de comunicación y colaboración entre las instituciones y órdenes de gobierno, a efecto de que apliquen la normatividad vigente y, con ello, conseguir una eficacia significativa ante las acciones que se llevan a cabo por parte del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

La información que es recabada en dicho Registro es muestra del trabajo en conjunto de los tres órdenes de gobierno; sin embargo, es imprescindible que esta información se mantenga de manera concisa y actualizada conforme a las indagatorias y a los resultados arrojados por los protocolos de actuación correspondientes.

Mantener actualizada de forma correcta la base de datos de dicho Registro, es una tarea conjunta entre las Entidades Federativas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo este último, quien debe acordar las reglas a las que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

El extravío de personas en México atiende en un gran número a personas en situación de vulnerabilidad; destacando de entre ellas, a las mujeres, situación que ha sido foco de atención para la sociedad organizada, los organismos internacionales y la política nacional en materia de seguridad pública.

En el ámbito internacional, podemos observar esta problemática mediante el Informe de Seguimiento sobre el cumplimiento del acuerdo de observaciones, emitido por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),1 en el que se hacen manifiestos los esfuerzos por parte del Estado mexicano por cumplir y proporcionar un registro de información avanzada en casos de extravío o desaparición de todo tipo de personas.

Este mismo informe internacional señala que, a fin de mejorar y dar certidumbre a la información por parte de este Registro, es necesario establecer acciones coordinadas de depuración y actualización tales como: eliminar de la lista a personas que posteriormente fueron localizadas, así como también, hacer cruces de información para identificar homonimias o registros duplicados.2

Pese a que la Administración Pública Federal recogió estas observaciones y llevó a cabo acciones concretas para depurar la base de datos de este Registro, es preciso señalar que la depuración y actualización de dicha base de datos sólo podrá ser mejorada a través de la adecuada comunicación y colaboración que exista entre las Entidades Federativas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Debido a la trascendencia de la información que recaba este Registro, es oportuno mejorar las vías de comunicación y colaboración entre la Entidades Federativas, con el objeto de mantener actualizado el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a efecto de que éste contenga únicamente información veraz y acorde a la realidad y permisividad de los cauces legales que sean llevados a cabos ante el reporte de extravió de una persona.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Entidades Federativas y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que continúen mejorando los medios de comunicación y colaboración necesarios para mantener actualizado y depurado el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Salón de sesiones del Senador de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Miguel Romo Medina.

Fuentes:
Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Informe de Seguimiento sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de acuerdo con las observaciones finales del emitidas por el Comité de la CEDAW al 7° y 8° informe consolidado de México, emitido en enero de 2015.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los derechos humanos en México, 2016.

1 El Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió observaciones finales respecto al séptimo y octavo informe consolidado de México; en las cuales, precisa al Estado mexicano el desarrollo de una política pública integral en materia de desaparición y extravío de mujeres. Estas cuestiones no sólo pueden ser planteada en una política integral sobre seguridad pública.

2 Para más información véase: Informe de Seguimiento sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de acuerdo con las observaciones finales del emitidas por el Comité de la CEDAW al 7° y 8° informe consolidado de México, emitido en enero de 2015.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República celebra el acercamiento entre los gobiernos de Argentina y Reino Unido para iniciar una etapa de cooperación constructiva que incluye el tema de las Islas Malvinas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CELEBRA EL ACERCAMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE ARGENTINA Y REINO UNIDO PARA INICIAR UNA ETAPA DE COOPERACIÓN CONSTRUCTIVA QUE INCLUYE EL TEMA DE LAS ISLAS MALVINAS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En 1764, colonos franceses de Saint Maló se establecieron en Malvinas orientales y colonos ingleses hicieron lo mismos en las occidentales; por su parte, el 9 de julio de 1816 Argentina proclamó su independencia, y en 1820 reclamó la soberanía de las islas Malvinas. En 1833, Gran Bretaña retomó el control de las islas y las declaró colonia en 1892.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1960 invitó a los países a poner fin al colonialismo, por lo que Gran Bretaña se comprometió a descolonizarlas. Con el tiempo y ante el incumplimiento británico, la ONU solicitó a los gobiernos de ambos países poner fin a la disputa por medio de la negociación.

El desacuerdo entre las Partes llevó a un conflicto armado el 2 de abril de 1982, cuando fuerzas argentinas desembarcaron y ocuparon las islas durante 74 días; el ejército británico derrotó a las fuerzas argentinas el 14 de junio de ese mismo año y mantuvo la posesión de las islas.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se reanudaron en 1990 con la firma de los Acuerdos de Madrid, los cuales incluían el restablecimiento de las las comunicaciones aéreas y marítimas, se incentivaron los acuerdos comerciales y se eliminaron las zonas de protección alrededor de las islas.

En agosto de 1994, En la reforma de la Constitución Nacional de 1994, Argentina ratifica en la primera de sus Disposiciones Transitorias, el reclamo de la soberanía y la recuperación de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur como un "objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino".

Representantes argentinos y británicos firmaron un acuerdo petrolero en septiembre de 1995, el cual establece futuras licitaciones, monitoreo y percibimiento de regalías conjuntos en las aguas al este de las islas.

En diciembre 1999, el Gobierno argentino impulsó la reanudación de las negociaciones por la soberanía de las Islas en el marco de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y diversos foros internacionales.

En 2003, Néstor Kirchner viajó a Londres donde le planteó al Primer Ministro Tony Blair la necesidad de reanudar la discusión sobre la soberanía. Se convierte así en el primer mandatario a plantear el tema oficialmente en tierras británicas desde 1982.

El Gobierno de Argentina, canceló en marzo de 2007, el acuerdo de gas y petróleo firmado en 1995, acusando al Gobierno británico de entregar unilateralmente licencias de exploración de hidrocarburos en la zona de conflicto.

En febrero de 2010, Argentina denuncia a Inglaterra antes la ONUy logra el apoyo unánime de 32 países; se exigió la intervención del organismo para impedir que empresas británicas exploren recursos petrolíferos en las Islas.

En Enero de 2012, el Gobierno de los Estados Unidos de América reconoce de facto la administración británica de las Malvinas, y hace un llamado al diálogo entre las partes para solucionar el conflicto.

El 18 de diciembre 2014, la mandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, elogió en la Casa Rosada el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EE.UU., y aprovechó la ocasión para reclamar que el Reino Unido y Argentina retomen las negociaciones sobre las Malvinas.

La Organización de las Naciones Unidas ha aprobado las siguientes resoluciones relacionados a la Cuestión de las Malvinas: de la Asamblea General 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2065 (XX), de 16 de diciembre de 1965, 3160 (XXVIII), de 14 de diciembre de 1973, 31/49, de 1º de diciembre de 1976, 37/9, de 4 de noviembre de 1982, 38/12, de 16 de noviembre de 1983, 39/6, de 1º de noviembre de 1984, 40/21, de 27 de noviembre de 1985, 41/40, de 25 de noviembre de 1986, 42/19, de 17 de noviembre de 1987, y 43/25, de 17 de noviembre de 1988, las resoluciones del Comité Especial A/AC.109/756, de 1º de septiembre de 1983, A/AC.109/793, de 21 de agosto de 1984, A/AC.109/842, de 9 de agosto de 1985, A/AC.109/885, de 14 de agosto de 1986, A/AC.109/930, de 14 de agosto de 1987, A/AC.109/972, de 11 de agosto de 1988, A/AC.109/1008, de 15 de agosto de 1989, A/AC.109/1050, de 14 de agosto de 1990, A/AC.109/1087, de 14 de agosto de 1991, A/AC.109/1132, de 29 de julio de 1992, A/AC.109/1169, de 14 de julio de 1993, A/AC.109/2003, de 12 de julio de 1994, A/AC.109/2033, de 13 de julio de 1995, A/AC.109/2062, de 22 de julio de 1996, A/AC.109/2096, de 16 de junio de 1997, A/AC.109/2122, de 6 de julio de 1998, A/AC.109/1999/23, de 1º de julio de 1999, A/AC.109/2000/23, de 11 de julio de 2000, A/AC.109/2001/25, de 29 de junio de 2001, A/AC.109/2002/25, de 19 de junio de 2002, A/AC.109/2003/24, de 16 de junio de 2003, la resolución adoptada el 18 de junio de 2004, la resolución adoptada el 15 de junio de 2005, la resolución adoptada el 15 de junio de 2006, la resolución adoptada el 21 de junio de 2007, la resolución aprobada el 12 de junio de 2008, la resolución adoptada el 18 de junio de 2009, la resolución adoptada el 24 de junio de 2010 y la resolución adoptada el 21 de junio de 2011, y las resoluciones del Consejo de Seguridad 502 (1982), de 3 de abril de 1982, y 505 (1982), de 26 de mayo de 1982.

Por otra parte, el pasado 13 de septiembre del año en curso, Sir Alan James Carter Duncan, Ministro de Estado para Europa y las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido, se reunió con la Sra. Susana Malcorra, Ministra de Relaciones Exteriores de Argentina en Buenos Aires.  Durante esa reunión, ambas partes se comprometieron a poner énfasis en la agenda positiva de las relaciones con el objetivo de estrechar aún más los vínculos bilaterales, desarrollar lazos más cercanos y una sólida cooperación en beneficio de los pueblos de ambos países.

Según el Comunicado de Prensa 307/16 publicado por la Cancillería argentina, publicada el viernes 16 de septiembre pasado, el encuentro “refleja la voluntad política de las Partes de reiniciar un diálogo sobre todos los temas del Atlántico Sur, sin exclusiones y bajo la fórmula del paraguas de soberanía acordada en 1989, que preserva los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de conformidad con la norma respectiva de nuestra Constitución Nacional”.

El texto publicado afirma que ambos países buscan “remover obstáculos en áreas tales como la pesca e hidrocarburos en el Atlántico Sur, [lo cual] generará nuevas oportunidades de cooperación y de utilización racional de los recursos naturales de las islas y el cese de actos unilaterales que entorpezcan el nuevo clima que se busca crear. Confiamos en que este nuevo clima permitirá oportunamente el inicio de conversaciones entre ambas partes para resolver la disputa de soberanía, de conformidad con el mandato existente de las Naciones Unidas y otros foros internacionales”.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República celebra el acercamiento entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para iniciar una etapa de cooperación constructiva que incluye en su agenda el tema de las Islas Malvinas. Esto refleja la voluntad de ambos países por privilegiar a través del diálogo la solución pacífica de conflictos de índole internacional.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, mediante sus buenos oficios, busque que nuestro país funja como mediador entre la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para que se impulsen las negociaciones sobre el diferendo por las Islas Malvinas, con estricto apego al derecho internacional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas a cerrar definitivamente las garitas denominadas “San Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el propósito de contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con lo establecido en el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia y la rendición de cuentas son aspectos sustanciales que fortalecen la democracia e inhiben la corrupción.

Lamentablemente en la Ciudad de México, estos preceptos han sido vulnerados durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard Casaubón y de Miguel Ángel Mancera Espinosa, ya que se han identificado diversas anomalías en los procesos de licitación, adjudicación de contratos y entrega de espacios dedicados a la infraestructura publicitaria, muchos de ellos, a cargo de las empresas propiedad de Ricardo Escoto Núñez, las cuales recientemente se han caracterizados por problemas fiscales.

En particular, las empresas de Escoto Núñez están señaladas como el grupo de publicidad exterior con el mayor número de contratos publicitarios en la Capital del país, a pesar de estas consideraciones, los procesos bajo los cuales fueron contratados acusan poca transparencia y opacidad en el uso, ejercicio y transferencia de los recursos públicos de las arcas de los habitantes de la Ciudad de México.

Es importante decir, que el “Grupo Rentable” incorpora a otras agencias de difusión como “Publicidad Rentable de espectaculares, Máxima Comunicación Gráfica, Servicios Inmobiliarios, Máxima Vallas y Unipolares”. De éstas, Escoto Núñez también es presidente de la Asociación de Publicistas en Exterior de la Ciudad de México1.

En este contexto, de acuerdo con diversos medios informativos, por lo menos 15 firmas del grupo habrían, en múltiples momentos, “defraudado” al Servicio de Administración Tributaria por cantidades que superan los 2 mil 111 millones de pesos, todos ellos, con empresas comercializadoras de espacios publicitarios, en su mayoría en la Ciudad de México.

Entre las irregularidades identificadas, se encuentran presuntas omisiones al marco jurídico, alteraciones de declaraciones fiscales, licitaciones irregulares en la que participaron diversas empresas del mismo corporativo y actos de simulación en las adjudicaciones de contratos por varios miles de pesos.

En relación con las presuntas evasiones fiscales, se cree que se omitió pagos sobre el Impuesto sobre la Renta por más de 997 millones de pesos, además de 581 millones relativos al Impuesto Empresarial a Tasa Única. Asimismo, se detectó una presunta omisión por 532 millones de pesos en el Impuesto al Valor Agregado.

No es la primera ocasión que las empresas donde es accionista Ricardo Escoto Núñez, han presentado diversas anomalías, ejemplo de ello, es que a tres semanas de concluir la gestión de Marcelo Ebrard, el Secretario de Desarrollo Urbano, autorizó de último minuto a Grupo Rentable mil 300 espectaculares a fin de que pudieran entrar al programa de reordenamiento de la publicidad exterior y fuera acreedor de cuantiosos beneficios económicos. Entre estos contratos, figuran los de la glorieta de los Insurgentes que es una de las principales de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Lo anteriormente descrito, evidencia que bajo los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, Ricardo Escoto Núñez, recibió no sólo depósitos en efectivos, sino además contratos con diversas irregularidades por las que ahora muchos de ellos, están siendo investigados por las autoridades correspondientes.

Bajo estos preceptos, los Senadores del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional consideramos fundamental exhortar al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Contraloría General, remitan a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el número de permisos de publicidad otorgados a las empresas donde es accionista Ricardo Escoto Núñez y la publicidad que ha contratado el Gobierno de la Ciudad de México con las mismas.

La Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, es muy clara al señalar que son facultades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el otorgar y, en su caso, revocar los permisos administrativos temporales, así como conceder las licencias para la instalación de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias, así como para anuncios auto soportados, unipolares o adheridos a muros ciegos en corredores publicitarios.

Lo anterior deja de manifiesto la importancia de que la Contraloría General de la Ciudad de México, realice una revisión objetiva y transparente a las licitaciones, adjudicaciones, permisos y contratos realizados con las empresas propiedad o de participación accionaria del señor Ricardo Escoto Núñez debido a la comisión de posibles actos antijurídicos, esto puede ser constatado al señalar que diversas empresas relacionadas con Escoto aparecen en la lista del Sistema de Administración Tributaria como contribuyentes morosos.

En este listado se encuentran, entre otras, Publicidad Creativa Public S.A. de C.V. y Servicios Asesoría Profesional Ejecutiva SAPE, las cuales son acusadas de entregar facturas apócrifas, otro caso de estas anomalías es que en el año 2013 la empresa Admin People MX S.A. de C.V recibió dos pagos por casi medio millón de pesos cada uno por sueldo, salarios y conceptos asimilados, por lo que no pagó impuestos, asimismo, entre 2008 y 2009 la sociedad Máxima Productividad en Servicios S.C. fuer acreedora de  casi dos millones de pesos, por los que tampoco pagó impuestos2.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Contraloría General, remita a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre el número de permisos de publicidad otorgados a las empresas donde es accionista Ricardo Escoto Núñez y la publicidad que ha contratado el Gobierno de la Ciudad de México con las mismas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente.

1 http://www.chilango.com/ciudad/nota/2012/12/21/el-zar-de-la-publicidad

2 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/escoto-financiero-de-ebrard.html






Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el gobierno del estado de Veracruz, se establezca a la brevedad posible un programa emergente de atención a las enfermedades de Zika y Chikungunya dirigido a la población del estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Salud.

Quien suscribe, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, y 109 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE ESTABLEZCA A LA BREVEDAD POSIBLE UN PROGRAMA EMERGENTE DE ATENCIÓN A LAS ENFERMEDEDAS DE ZIKA Y CHIKUNGUNYA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.-La enfermedad del zika se transmite tras la picadura de un mosquito del género aedes; Luego de un período de incubación de aproximadamente 4 días, surgen los síntomas de dicho virus que pueden durar entre 4 a 7 días, tal como ocurre con el dengue. Los síntomas que pueden dar señales de padecer dicho virus son los siguientes: dolor de cabeza, muscular y articulaciones, debilidad, edemas en extremidades inferiores, erupciones en la piel, fiebre, inflamación en manos y pies, entre otros.

Por lo que respecta a la enfermedad de Chikunyunga, es un virus que se transmite por el mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus, que causa fiebre alta, dolor en las articulaciones, erupción en la piel, dolor de cabeza y muscular.

SEGUNDA.-De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología: Guerrero, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Michoacán concentran el 60% de los casos confirmados a nivel nacional. Siendo Veracruz el estado más afectado por los virus del zika, chikungunya y dengue ante el gran número de casos confirmados.

Hasta la semana pasada por lo que se refiere al zika, fueron confirmados 680 casos en Veracruz, de los cuales 191 corresponden a mujeres embarazadas. Posteriormente, le sigue el estado de Guerrero con 666 casos y en tercer lugar está Chiapas con 547.

En cuando al virus del chikungunya, Veracruz de igual manera ocupa el primer lugar con 138 casos confirmados; En segundo se encuentra el estado de Tamaulipas con 57 y por último Nayarit con 39.

Es importante destacar, que ambas enfermedades, carecen de medicamentos o vacunas para combatirlo, así como que las dos causan secuelas graves permanentes en algunos casos, lo cual es sumamente grave al ser enfermedades mortales hoy en día en nuestro Estado.

TERCERA.- No obstante lo anterior y las cifras alarmantes de estas enfermedades, el Director de Salud Pública de Veracruz, Alejandro Escobar Mesa, ha manifestado públicamente y en diversas ocasiones que no hay necesidad de emitir un estado de alerta en Veracruz, sino que se trata de una situación epidemiológica “normal”, como sucede en el resto del país y el continente americano.

En este sentido, la Secretaría de Salud del estado de Veracruz, únicamente se ha limitado a realizar las siguientes acciones:

• Primera y Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Chikungunya y Zika.

• Actividades para prevención y control para la población.

• Eliminaciones masivas de criaderos.

• Aplicación de larvicida en depósitos de agua almacenada.

Sobra decir que las acciones referidas anteriormente han sido por demás insuficientes para el combate de estas enfermedades. La grave crisis que vive el estado de Veracruz en materia de salud, no solo implica el desabasto de medicamentos, sino que los programas y campañas de prevención han sido ineficientes, rebasadas así por la por la creciente cantidad de fauna infectada, la falta de brigadas de fumigación y eliminación de criaderos.

Lo anterior, es un claro reflejo del desinterés que el gobierno del estado de Veracruz tiene sobre la salud de miles de veracruzanos, lo cual constituye violaciones al derecho humano a la salud que nuestra Constitución Política, en los siguientes términos:

“El estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; y el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social de la mayor importancia.”

Asimismo, y de conformidad con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la Salud impone tres tipos de obligaciones:

1. Respetar. Significa simplemente no ingerir en el disfrute del derecho a la salud (“no perjudicar”).

2. Proteger. Significa adoptar medidas para impedir que terceros (actores no estatales) interfieran en el disfrute del derecho a la salud (por ejemplo regulando la actividad de los actores no estatales).

3. Cumplir. Significa adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud (por ejemplo, adoptando leyes, políticas o medidas presupuestarias apropiadas).

Por las razones expuestas, es necesario que los tres niveles de gobierno en el sector salud, actúen de inmediato y emitan un programa emergente para la atención del Zika y Chikunguya en el estado de Veracruz, por lo que someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud, para que en coordinación con el gobierno del estado de Veracruz, se establezca a la brevedad posible, un programa emergente para la atención del Zika y Chikungunya.

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Veracruz a diseñar e implementar de manera inmediata políticas públicas encaminadas al combate y prevención de los virus del Zika y del Chikungunya.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República,
el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Fernando Yunes Márquez.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Central de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los avances en la investigación por la presunta posesión de recursos de procedencia ilícita por parte del titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la Delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano Padilla. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Delegación Cuauhtémoc es una de las demarcaciones de la Ciudad de México que presenta mayores problemáticas de delincuencia, comercio ambulante, movilidad, basureros clandestinos, invasión de predios, solo por mencionar algunos de los asuntos más apremiantes para la sociedad.

La complejidad y magnitud de estos asuntos exigen un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos por parte del gobierno delegacional para dar respuesta oportuna a las personas que habitan y transitan diariamente por esta delegación y que legítimamente exigen mejores servicios y mayor seguridad.

En sentido, contrario a esta demanda, la administración de Ricardo Monreal se ha distinguido por distintos eventos en los que personas cercanas a él, así como diversos funcionarios de la delegación no han podido justificar la procedencia de importantes sumas de efectivo.

El domingo 19 de junio de 2015, luego de finalizar los comicios electorales que se celebraron en Chiapas, tres colaboradoras del entonces jefe delegacional electo en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, fueron detenidas cuando intentaban abordar un avión privado en Tapachula, ya que les fueron detectados poco más de un millón de pesos que llevaba en su equipaje, de los cuales no pudieron acreditar su origen.

A fin de determinar la procedencia de los recursos confiscados, María Lizeth Semenow Ayala, Sofía Olvera Castro y Benelly Jocabeth Hernández Ruedas, fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación en la Subsede de la Procuraduría General de la República.

Hasta la fecha no se ha aclarado la procedencia de dichos recursos, no obstante, lo que sí ha quedado claro es la cercanía de Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas con el jefe delegacional en Cuauhtémoc, debido a que actualmente ella es la Directora General de Desarrollo Social en dicha demarcación.

En días recientes, el titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano Padilla, fue detenido en Polanco con 600 mil pesos en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su procedencia lícita, por lo que se inició la carpeta de Investigación CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/01716/09-2016 en la Fiscalía Central de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.1

Para el Grupo Parlamentario del PRI, es apremiante que se aclare el origen de los 600 mil pesos, en virtud de que éstos pueden ser recursos públicos pertenecientes a la delegación o proceder de presuntos cobros ilegales por parte del funcionario, que entre otras, tiene las siguientes atribuciones: otorgar permisos para el uso de la vía pública; autorizar el acceso a las diversiones y espectáculos públicos; y otorgar licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles establecidos en la demarcación territorial.2

Además de su gravedad intrínseca, cabe destacar no son hechos aislados, sino que forman parte de una serie de acontecimientos de la misma naturaleza, donde el delegado Ricardo Monreal, no ha estado exento de acusaciones de manejo irregular de los recursos públicos.

En mayo del presente año, diversos medios de comunicación señalaron el  presunto uso de recursos económicos y materiales de la delegación Cuauhtémo para apoyar la candidatura de su hermano David Moreral a la gubernatura de Zacatecas.3

En este contexto, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos imprescindible que la Contraloría General de la Ciudad de México realice las investigaciones permitentes para verificar posibles desvíos o irregularidades en el uso de los recursos financieros y materiales de la delegación Cuauhtémoc.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía Central de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre los avances en la investigación por la presunta posesión de recursos de procedencia ilícita por parte del titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la Delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano Padilla.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una investigación integral en relación a posibles desvíos de recursos por parte del delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, a fin de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos de dicha demarcación.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente.

1 Los 600 mil son donaciones a fundación: colaborador de Monreal detenido. Proceso,
<http://www.proceso.com.mx/455340/los-600-mil-pesos-son-donaciones-a-fundacion-colaborador-de-monreal-detenido> Consultado el 19 de septiembre de 2016.

2 Funciones Dirección General Jurídica y de Gobierno<http://www.cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/paginas.php?id=juridico> Consultado el 19 de ju7nio de 2016.

3 Acusan a Monreal de desvío de recursos,  El Norte, 23 de mayo de 2016, <http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=851187&urlredirect=http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=851187> Consultado el 19 de septiembre de 2016.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Procuraduría General de la República a informar el resultado de las investigaciones respecto al incendio suscitado en la Isla de Holbox, Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Procuraduría General de la República, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado sábado 17 de septiembre del presente año se registró un incendio en la Isla de Holbox, en el Estado de Quintana Roo, fue a partir de las 14:00hrs que habitantes cercanos de la zona detectaron en diez diferentes puntos de la isla fuego, pero transcurrió casi un día completo para que las autoridades se presentaran a sofocar las llamas, ya que la zona es de difícil acceso y se necesita equipo especial, como avionetas por ejemplo.

La zona afectada no está poblada y no es tiempo de incendios, por lo que inmediatamente se levantaron las sospechas de que pudo haber sido un incendio provocado, ya que desde hace tiempo no se ha permitido que se construya el proyecto denominado “La Ensenada” a cargo de la firma Península Maya Developments S.A. de C.V., donde se pretendía ocupar 980 hectáreas de la Isla Grande en Holbox, con lo que se afectarían diversas especies de flora y fauna.

Habitantes y defensores ambientales presuponen que podría verse afectada por el incendio la vegetación de la selva, que tiene una presencia importante de Palma Chit, especie que se encuentra listada en la Norma Oficial Mexicana, NOM-059-SEMARNAT 2010 dentro de la categoría de (A) amenazada.1

Es muy importante mencionar que la Isla de Holbox es hogar de especies como la tortuga marina, carey, blanca, boa constrictor, mapache, aguililla negra menor, garza, halcón peregrino, golondrina de mar, flamenco americano, manatí, especies de delfines, así como el tiburón ballena, el pez más grande del mundo, está compuesta por especies de manglar, selva baja, matorral, vegetación de duna, elementos endémicos, pastizales inundables y palmares.2

Los defensores ambientales manifestaron su preocupación por la idea de que el incendio haya sido provocado por quienes desean desarrollar complejos en esa área, para que de esta manera les fuera más sencillo poder sacar los permisos necesarios y poder seguir adelante con su proyecto.

Cabe destacar algo muy importante, la Isla de Holbox se encuentra dentro del Área Natural Protegida Yum Balam, la cual fue decretada desde 1994 y hasta la fecha, no ha sido publicado su Programa de Manejo, a pesar de que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 65, además del artículo 3º fracción XI del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (RLGEEPA), establecen que todas estas Áreas Naturales Protegidas deben de contar con un Programa de Manejo, además de establecer el plazo de un año para que sea publicado, entonces estamos hablando de que desde hace 21 años se tuvo que haber publicado el programa de manejo de Yum Balam, y hasta la fecha aun no se publica.

No.

Categoría de manejo

Nombre del área natural protegida

Fecha de decreto

Fecha de recategorización

Estatus del programa de manejo y fecha de su publicación

Entidad federativa

Población estimada 1

Población indígena estimada 1

115

Área de Protección de Flora y Fauna

Yum-Balam

06/06/1994

-

Formulado sin publicar

Quintana Roo

2 957

636

Fuente del cuadro: Recomendación General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consultada en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_026.pdf.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) han sido las autoridades que se presentaron a atender el incendio, dando sobrevuelos en la zona. Un vez el personal de CONAFOR combata al cien por ciento el incendio, personal de PROFEPA en Quintana Roo llevará a cabo la visita de verificación al sitio en conjunto con personal de la CONANP, a efecto de valorar y estimar los daños ocasionados por el incendio.3

Durante los primeros reportes se estimaba que eran 6 hectáreas las afectadas por el incendio, pero al día de hoy ya son 30 hectáreas aproximadamente, personal de las distintas dependencias, así como voluntarios luchan por apagar el fuego.4

Las fuertes especulaciones sobre que el incendio haya sido provocado de manera intencional para que se les pueda otorgar los permisos de construcción han tomado mucha fuerza, de ahí que debemos recordar lo que establece Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su Artículo 117, párrafo segundo, que a la letra dice:

ARTICULO 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.

No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente.

…”5

De manera que debe ser hacerse una declaración donde no pueda cambiarse el uso de suelo durante 20 años, derivado del incendio que hubo el Holbox. Debe hacerse conforme se establece en la ley. Además de que se debe investigar a fondo si es que el incendio fue provocado de manera intencional, con el fin de fincar las responsabilidades si es que las hay.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que informe a esta Soberanía lo antes posible el resultado de las investigaciones respecto al incendio suscitado en la Isla de Holbox.

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con las autoridades competentes emitan a la brevedad el Programa de Manejo del Área Natural Protegida Yum Balam ubicada en el estado de Quintana Roo.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con las autoridades competentes emitan una declaratoria donde no se autoriza el cambio de uso de suelo en la Isla de Holbox en Quintana Roo, durante 20 años, debido al incendio presentado en esa zona, tal como lo estipula la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su Artículo 117.

CUARTO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la República que en caso de que se determine que el fuego ocasionado en la Isla de Holbox, en Quintana Roo, fue de manera intencional, haga las investigaciones correspondientes con la finalidad de poder fincar las responsabilidades necesarias.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 NOM-059-SEMARNAT 2010, consultada el 19 de septiembre de 2016 en:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010.pdf

2 Información consultada el 19 de septiembre de 2016 en: http://www.sinembargo.mx/18-09-2016/3093689

3 Información consultada el 19 de septiembre de 2016 en:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8848/1/mx/realiza_profepa_sobrevuelo_sobre_area_del_incendio_en_holbox_quintana_roo.html

4 Información consultada el 19 de septiembre de 2016 en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/09/19/calculan-30-hectareas-afectadas-por-incendio-en-holbox

5 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, consultada el 19 de septiembre de 2016 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259_100516.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el cumplimiento de la solventación de las observaciones por más de 54 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, del Ejercicio Fiscal 2014 del gobierno de Sonora. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. 1

En ese tenor, el FASP atiende a los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez Programas con Prioridad Nacional. Estos son:

1. Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.

2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial.

3. Sistema nacional de información para la seguridad pública.

4. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.

5. Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.

6. Implementación y Desarrollo del Sistema de justicia penal.

7. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.

8. Fortalecimiento al Sistema penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes.

9. Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.

10. Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.

El 7 de mayo del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que celebraron el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Sonora, en el que se especificó que la entidad federativa en referencia recibiría en ese año la cantidad de 309 millones 584 mil 406 pesos de recursos del "FASP". 2

Al llevar a cabo una revisión, a través del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación, se detectan observaciones por el probable daño o perjuicio por un monto superior a los 54 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno de Sonora, cuyo titular en ese entonces era el Sr. Guillermo Padrés Elías. 3

Entre las observaciones en referencia, se pueden mencionar:

• Que el Gobierno del Estado aclare y proporcione la documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo 2014 y sus rendimientos financieros por 39 millones 647 mil 963.07 pesos en los objetivos del fondo.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 11 millones 663 mil 869.66 pesos más los intereses generados fondo por bienes que no son utilizados para los fines del fondo.

• Probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1 millón 823 mil 479.83 pesos más los intereses generados, por la adquisición de cartuchos que no han sido entregados.

• Probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 870 mil pesos, más los intereses generados, por el pago de servicios que no corresponden con los fines del fondo.

• Probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 66 mil 008.32 pesos por la adquisición de cartuchos que no han sido entregados.

El dictamen de la ASF señala entre sus conclusiones, que en 2014 el estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que fuera apegada a la normativa que regula su ejercicio y que no se cumplieron sus objetivos y metas.

Ya anteriormente el Grupo Parlamentario del PRI ha señalado las observaciones que en diferentes fondos, programas y acciones realizó la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Sonora, que encabezó el señor Guillermo Padrés Elías, quien constantemente fue señalado por su falta de transparencia y por haber incurrido en presuntos actos de corrupción.

Cabe recordar que de acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, que el 17 de febrero del presente año dio a conocer la ASF, el monto de las observaciones con impacto económico pendientes de solventar 2011-2013, monto observado 2014, importe de procedimientos resarcitorios y monto de denuncias penales relacionados con simulación de reintegros para el Estado de Sonora, es superior a los 6 mil 280 millones de pesos. 

En el Grupo Parlamentario del PRI siempre hemos impulsado de manera decidida y contundente las acciones dirigidas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, así como el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que en uso de sus atribuciones y responsabilidades, informe a esta Soberanía lo relativo al cumplimiento de la solventación de las observaciones por más de 54 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, del Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno de Sonora; asimismo, para que en su caso dé a conocer las acciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan, por irregularidades en el ejercicio de dicho fondo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente.

1 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/fasp.php

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343507&fecha=07/05/2014

3 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1596_a.pdf






De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a rediseñar, en coordinación con el gobierno de Tamaulipas, nuevas estrategias y políticas públicas que regresen la seguridad pública al estado y que reduzcan el índice de delitos y violencia que se registran actualmente. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, se ha vivido desde hace ya varios años, una crisis de seguridad pública, que se ha desatado por la existencia de grupos delincuenciales que participan en actividades ilícitas lucrativas como el tráfico de drogas, armas y personas principalmente.

Lamentablemente estos hechos han generado que diversos ámbitos en nuestro país como los sectores económico y social, se vean afectados, las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, los pequeños negocios, se han visto obligados a cerrar, por la imposición de cuotas que la delincuencia organizada les impone por concepto de “seguridad”.

Así mismo, las familias se han visto en la necesidad de mudarse de municipios o incluso del estado en el que tienen su patrimonio, su casa, su negocio, debido al incremento de la inseguridad, por miedo a delitos relacionados con la extorsión, el secuestro o simplemente verse inmersos en un fuego cruzado entre cárteles que puede implicar en el deceso de alguno de sus familiares o de sí mismos.

De acuerdo con el Reporte sobre delitos de alto impacto, de abril de 2016, del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, destaca que derivado del resultado que arrojan las estadísticas, los operativos especiales realizados en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, han sido insuficientes al no mostrar una baja en los niveles de violencia y delincuencia.

En el mismo sentido, dicho reporte demuestra que la región noroeste, reporta la mayor tasa de averiguaciones previas por homicidio doloso, mismo que registra el 68.6% superior al promedio nacional. Tamaulipas presentó un incremento del 10.37%.

Otro de los delitos que éste reportó como un foco de atención, es el secuestro, donde lamentablemente Tamaulipas, es una de las 5 entidades federativas con mayor ocurrencia, y que en conjunto acumulan el 58.09% a nivel nacional.

Lo anterior, no resulta menor, cuando las estadísticas de dicho reporte arrojan que Tamaulipas presentó una incidencia 749.5% mayor que la de su zona, es decir el promedio de la zona noreste, y se ubicó como la primera entidad con mayor tasa a nivel nacional, con el 184.36% superior al promedio. (La tasa nacional de abril 2016, fue de 0.13 víctimas de secuestro por cada 100 mil habitantes, lo que indica que el promedio de Tamaulipas fue de 23.96 víctimas por cada 100 mil habitantes.)

En el tema de extorsión el problema no es menor, toda vez que de acuerdo a dicho reporte, el estado de Tamaulipas incrementó su incidencia en 125.5%,

En el tema de violación, Tamaulipas es una de las 5 entidades federativas con mayor incidencia y de las cuales suman el 43.07% de casos en el país, Tamaulipas ocupó en abril de 2016, el tercer lugar en haber superado la media con 96.49% más casos.

Es notable que es necesario para el estado de Tamaulipas y el bien de su población, rediseñar e implementar nuevas políticas públicas a partir de la información que reportes como el señalado destacan, pero además recordar que lamentablemente el miedo de la población les impide denunciar los delitos cometidos y las cifras a pesar de ser alarmantes, pueden estar por debajo de las que se mencionan, por ello, se deben implementar nuevas estrategias a favor de la seguridad pública en Tamaulipas.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación Federal a rediseñar en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas, nuevas estrategias y políticas públicas que regresen la seguridad pública al estado y que reduzcan el índice de delitos y violencia que se registran actualmente.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Andrea García García.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe en relación a los recursos públicos que se destinan a los trabajos que se desarrollan en la “Ciclovía Hermanos Serdán”, por presuntas irregularidades en el uso, destino y ejercicio de los mismos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, ya que las asumimos como ejes medulares e inherentes a todo régimen que se asuma como democrático.

Bajo esta tesitura, es imprescindible que el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos se rija bajo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, todos ellos, determinantes para satisfacer los objetivos a los que estén destinados los mismos.

En contravención a los principios invocados, la presente administración del Estado de Puebla, se ha caracterizado por la construcción de múltiples obras que lejos de generar beneficios tangibles para la población de la entidad, han derivado en altos costos para el erario estatal, sobrecostos en su ejecución y anomalías en las licitaciones, adjudicaciones y licencias de construcción.

Entre las controvertidas obras se encuentra la denominada “Ciclopista Hermanos Serdán”, que según información oficial representa una inversión superior a los 271 millones 382 mil 218 pesos. En cuanto a sus dimensiones, la obra contempla una longitud de 14.5 kilómetros, espacio en el que tiene dos glorietas, seis puentes y detalles de talavera frente al centro comercial Galerías Serdán.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que aunque la construcción en comento surgió con la premisa de mejorar la movilidad de la capital del estado, hasta el momento, lejos de cumplir con dicho objetivo, sólo ha dejado de manifiesto la presunta comisión de irregularidades de diversa índole en el uso, destino y ejercicio de recursos públicos, así como un mínimo impacto social, situaciones ante las cuales no podemos ser omisos ni indiferentes, por el contrario, debemos coadyuvar a que sean esclarecidas sin mayor dilación.

Sobre el particular, es pertinente referir que además de las presuntas irregularidades en cuestiones relativas al manejo de recursos públicos, se han presentado denuncias por el menoscabo ambiental y en consecuencia, en detrimento de la salud de la población, rubro en el que se han vulnerado los principios rectores para la formulación y conducción de la política ambiental en el Estado de Puebla.

Al efecto, cabe advertir que conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, en aquellos casos donde se realicen obras o actividades, que afecten o puedan afectar directa o indirectamente el ambiente o la salud de la población, existe la obligación de llevar a cabo las acciones necesarias para evitar, prevenir, minimizar y reparar los daños que cause, así como a garantizar y asumir los costos que dicha afectación implique1.

Por si esto no fuera suficiente, en días recientes diversos medios de comunicación han dado a conocer que, de acuerdo con información vertida en reportes de  Conceptos de Obra Ejecutada, de la empresa Proyecciones en Obra Civil y Carreteras Beta, diariamente el Gobierno estatal destina 392 mil 393 pesos a los trabajos de la controvertida obra2.

Al respecto, es importante precisar que en los documentos concentrados en el expediente legal del ciudadanos que integran el colectivo #EcocidioNo, señalan que ya fueron adquiridos materiales por 130 millones, 213 mil 226 pesos y además 26 millones 547 mil 546 pesos fueron gastados en trabajos preliminares de excavación, suministro, fabricación  de la placa de acero, carga y acarreo.

Dicha situación se agrava si tenemos en cuenta que en los trabajos que se desarrollan desde el 19 de junio del año en curso, diariamente se han pagado 94 mil 550 pesos por concepto de renta de maquinaria y 31 mil pesos en equipo menor.

Además, se identificó que la nómina diaria del personal de obra tiene un costo que asciende a 228 mil 718 pesos. Por lo que respecta al personal administrativo, éste representa otro gasto de 11 mil 806 pesos, y en relación a la renta de bodegas y oficinas, se ha destinado el pago de 20 mil 580 pesos cada día3.

Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estimamos pertinente que la Secretaría de la Contraloría de la entidad, en su carácter de garante de la aplicación eficaz y eficiente de los recursos públicos, presente ante el Senado de la República un informe pormenorizado en relación a los recursos públicos que se destinan a los trabajos que se desarrollan en la “Ciclovía Hermanos Serdán”, por presuntas irregularidades en el uso, destino y ejercicio de los mismos.

Asimismo, es de suma relevancia que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, como organismo fiscalizador de la entidad, lleve a cabo una auditoría sobre los recursos ejercidos en la obra.

Cabe destacar que en términos del párrafo tercero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas con el objetivo de garantizar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Puebla para que a través de la Secretaría de la Contraloría de la entidad, presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado en relación a los recursos públicos que se destinan a los trabajos que se desarrollan en la “Ciclovía Hermanos Serdán”, por presuntas irregularidades en el uso, destino y ejercicio de los mismos, y en su caso, se deslinden las responsabilidades conducentes. 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Puebla, para que solicite al organismo fiscalizador estatal una auditoría sobre los recursos ejercidos en la “Ciclovía Hermanos Serdán”, debido a anomalías en su licitación, adjudicación de contrato, proceso de presupuesto, planificación y desarrollo de obra.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente.

1file:///D:/Documentos/Downloads/Ley%20para%20la%20Protecci%C3%B3n%20del%20Ambiente%20Natural%20y%20el%20Desarrollo%2011%20%20julio%202014.pdf

2 http://www.e-consulta.com/nota/2016-09-13/gobierno/obras-de-la-ciclovia-hermanos-serdan-cuestan-392-mil-393-pesos-al-dia

3 https://www.centronline.mx/contenido/2016/09/13/58422/construccion-de-ciclovia-hermanos-serdan-cuesta-392-mil-393-pesos-por-dia

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf






De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a revisar la eficacia de los protocolos de prevención y erradicación del virus del Zika, a partir de la tendencia de casos confirmados en los estados de Veracruz, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Se turna a la Comisión de Salud.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Morelos a presentar un informe en relación al estatus que guardan las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de diversos elementos de la policía adheridos al mando único, por la presunta violación de las garantías y derechos humanos mediante la comisión de tratos crueles o tortura, abusos, fabricación de pruebas y detención arbitrarias. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Mando Único en el estado de Morelos es un sistema de operación y administración policial homologada y profesionalizada, que concentra a todas las corporaciones preventivas de la entidad.

Este modelo policial, cubre el 95.3% de la población y atiende a más del 91.5% del territorio del estado. Su principal objetivo está relacionado con contener, disminuir y prevenir la comisión de diversos ilícitos, así como garantizar la paz pública, la seguridad y tranquilidad de la población que habita las localidades y municipios del estado de Morelos1.

A pesar de estos compromisos, la realidad dista significativamente de la responsabilidad que tiene la administración estatal con sus ciudadanos. Para dimensionar la problemática, basta decir que este modelo de seguridad, es el organismo que más violenta y trasgrede los derechos humanos en la entidad. Tan sólo en el 2015, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos emitió al menos 31 recomendaciones, entre las que destacan delitos como tortura, tratos crueles e inhumanos, abusos de autoridad y detenciones arbitrarias2.

Por su parte, los Jueces de Control de Garantías del Primer Distrito Judicial del Tribunal Superior de la entidad, dieron a conocer que 1 de cada 4 detenciones que realizaron los elementos del Mando Único fueron ilegales, es decir, no se cumplieron los protocolos de actuación, aunado a ello, también informaron que el mayor número de violaciones acreditadas, se encuentran en los municipios de Cuernavaca, Temixco, Jojutla, Cuautla y Jiutepec3.

Hasta el mes de julio de este año, a decir del presidente del organismo defensor estatal, se habían emitido al menos 90 quejas de abusos contra ciudadanos, en el que se transgredieron los preceptos básicos coherentes con las garantías individuales contemplados en nuestro marco jurídico y los tratados internacionales en la materia.

Entre los casos más destacados se encuentra la detención de al menos dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quienes fueron llevados a un lugar alejado de la ciudad de Cuernavaca para ser desnudados, torturados con toques eléctricos y amenazados para declarar que forman parte de un grupo del crimen organizado.

Otro suceso, es la supuesta privación ilegal de la libertad, violación, robo y abuso de autoridad de la que fue objeto Mariana García Llantada, luego de que impactara su unidad de motor con un poste de señalamiento cuando pretendía ingresar a una gasolinera.

También se encuentra la probable violación a los derechos de libertad de expresión y manifestación de diversas personas, ya que fueron objeto de golpes y jaloneos en las inmediaciones de la Casa Morelos, cuando realizaban una manifestación para exigir el acceso a la justicia en el caso de las fosas en Tetelcingo y Jojutla.

Por si esto no fuera suficiente, personal del Mando Único están presuntamente involucrados con el deceso de personas, muestra de ello, es la muerte de una persona de la comunidad de Coatetelco perteneciente al municipio de Miacatlán. De acuerdo con la Visitadora de Derechos Humanos en la región Sur, se investiga si existió alguna negligencia, toda vez que vecinos del lugar, refirieron que los uniformados dispararon contra el hoy occiso por resistirse a ser detenido.

Bajo estas consideraciones, es fundamental que el gobierno del estado presente ante esta Soberanía, un informe sobre el estatus que guardan las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto por presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte de diversos elementos de la policía adscritos al Mando Único, como ratos crueles o tortura, abusos, fabricación de pruebas y detención arbitrarias.

Los Senadores del grupo parlamentario del PRI, consideramos fundamental que el titular de la entidad, a través de la Comisión Estatal de Seguridad, debe informar sobre políticas públicas que se están desarrollando con el objeto de hacer cumplir los protocolos de actuación en materia de respeto a los derechos humanos.

Estas acciones, son de vital importancia para prevenir la comisión de diversos delitos e irregularidades por parte de los elementos del Mando Único en detrimento de la seguridad, integridad y tranquilidad de los habitantes del estado de Morelos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al gobernador del estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que a través de la Comisión Estatal de Seguridad de la entidad, presente ante esta Soberanía, un informe detallado en relación al estatus que guardan las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de diversos elementos de la policía adheridos al Mando Único, por la presunta violación de las garantías y derechos humanos mediante la comisión de tratos crueles o tortura, abusos, fabricación de pruebas y detención arbitrarias.

Segundo. El Senado de la República exhorta al titular del gobierno del estado de Morelos para que a través de la Comisión Estatal de Seguridad, informe a esta Soberanía Nacional, las acciones, estrategias y políticas públicas que se están instrumentando a fin garantizar el debido cumplimiento de los protocolos de actuación en materia de respeto a los derechos humanos, esto ante el aumento de denuncias de tratos crueles o tortura, abusos, fabricación de pruebas y detención arbitrarias por parte de elementos de la policía adheridos al Mando Único en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente.

1 http://www.cesmorelos.gob.mx/index.php/mando-unico/

2 http://www.zonacentronoticias.com/2016/01/capella-y-mando-unico-primer-lugar-en-quejas-y-recomendaciones-de-derechos-humanos/

3 http://morelos30.com/la-cedh-exige-se-atiendan-los-abusos-por-parte-del-mando-unico/






Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a agilizar la gestión de la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales autorizados por la Declaratoria de Emergencia para los municipios del estado de Baja California Sur por la presencia del huracán “Newton”, decretada el 5 de septiembre de 2016. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a que agilice la gestión de la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales autorizados por la Declaratoria de Emergencia para los municipios del Estado de Baja California Sur por la presencia del huracán Newton decretada el cinco de septiembre de 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con información de CONAGUA, el 6 de septiembre del año en curso a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Newton, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, impactó en la costa sur de la península de Baja California, aproximadamente a 85 kilómetros (km) al noroeste de Cabo San Lucas, y a 295 km al sur-sureste de Loreto, ambas poblaciones de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 185 km/h y trayectoria hacia el nor-noroeste a 28 km/h.

De acuerdo con los pronósticos, durante las siguientes horas de su impacto, Newton provocó tormentas torrenciales, de 150 a 250 milímetros (mm), en regiones de Jalisco, Colima y Michoacán, tormentas intensas (de 75 a 150 mm) en zonas de Sinaloa, Nayarit y Durango, además de tormentas locales muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California Sur, Zacatecas y Guerrero.

Debido a lo anterior, se exhortó a la población a extremar precauciones y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y de las autoridades estatales y municipales, ante la presencia dedeslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en sitios urbanos.

Asimismo, el oleaje alcanzó entre 3.5 y 4.5 metros de altura en costas de Colima y Jalisco, y hasta 5 m en zonas marítimas; de 2.5 a 3.5 m en costas de Michoacán, y de entre 3.5 a 4.5 m en sus zonas marítimas; de 1.5 a 2.5 m en las costas de Guerrero, y del occidente de Baja California Sur, y de 3.0 m en sus zonas marítimas, así como de 1.0 a 2.0 m en las costas oriente y sur de Baja California Sur, y hasta 3.0 m en las zonas marítimas, por lo que se indicó a la navegación marítima en las inmediaciones del huracán, extremar precauciones por la presencia de fuertes ráfagas de viento y marea de tormenta.

Por lo que se refiere a los vientos, se estima que fueron de 30 a 50 km/h, con rachas de hasta 70 km/h en las costas de Colima, Jalisco, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur; de 20 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h en las costas de Baja California y de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h en la costa de Sonora.

Derivado de lo anterior, se estableció zona de prevención por efectos de huracán en el sur de la Península de Baja California, desde Cabo San Lázaro hasta Mulegé, incluyendo a Cabo San Lucas, todas las poblaciones pertenecientes a Baja California Sur, y de zona de vigilancia por efectos de huracán, desde Bahía de Kino, hasta Puerto Libertad, ambas localidades de Sonora.

Debido a la gran coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se salvaguardó la integridad de los habitantes a través del establecimiento de diversos albergues y se desplegaron los protocolos de protección civil con éxito y orden. Sin embargo el embate de cualquier fenómeno natural tiene efectos que no pueden prevenirse como las afectaciones a la infraestructura eléctrica o carretera por mencionar algunas.

Baja California Sur es un estado vulnerable a los embates de la naturaleza, por ello el gobernador ha implementado un esquema de trabajo en coordinación con la federación y los municipios que garantice el bienestar de las familias y salvaguarde su integridad y seguridad ante cualquier fenómeno natural.

El gobierno del estado en compañía de autoridades federales y municipales en los días posteriores al huracán Newton realizaron recorridos de verificación que han permitido atender en parte el llamado de ayuda de las comunidades más afectadas de Baja California Sur.

Con fecha seis de septiembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una Declaratoria de Emergencia para los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé del estado de Baja California Sur por la presencia del huracán “Newton” a partir del día 05 de septiembre de 2016.

Con esta acción se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), sin embargo se considera necesario solicitar que se agilicen los trámites para la entrega de esos recursos, ya que en ocasiones las entidades federativas reciben éstos después de meses e incluso años de ocurrido el fenómeno natural, esto con el propósito de que se cuente con lo necesario para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada lo antes posible.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a que agilice la gestión de la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales autorizados por la Declaratoria de Emergencia para los municipios del estado de Baja California Sur por la presencia del huracán “Newton” decretada el cinco de septiembre de 2016.

Senado de la República, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.






De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre la adjudicación del contrato para la “Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Los suscritos. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARCELA TORRES PEIMBERT,  JUAN CARLOS ROMERO HICKS, ERNESTO RUFFO APPEL, y FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II , 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en un plazo no mayor a 30 días remita un informe a esta soberanía sobre la adjudicación del contrato para la “Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional creemos en la lucha en contra de la corrupción porque es un mal que mina la confianza, la seguridad y la democracia. Es necesario realizar acciones en contra de actos de corrupción sin importar quienes sean los autores de esos actos; tal es el caso por el que se suscribe este punto de acuerdo. No podemos permitir que actos evidentes de corrupción queden impunes. Es necesario velar por un escenario en donde en toda la administración se privilegie la transparencia y la rendición de cuentas. 

Los actos de corrupción han marcado a este sexenio y uno de los proyectos que ha presentado irregularidades es la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una de estas irregularidades es adjudicación directa de la “Gerencia del Proyecto” a la empresa “Parsons International Limited” formalizándolo el 09 de octubre de 2014 mediante un contrato por la cantidad de $ 2,361 994,326  pesos.

La gerencia de Proyecto es la encargada de organizar y administrar los recursos del proyecto, de tal manera que sea cumpla dentro de las restricciones de alcance, tiempo y costo planteado a su inicio.

Para justificar la Adjudicación Directa se dio un trato discrecional al artículo 42 inciso IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (L.O.P.S.R.M.) el cual estipula lo siguiente:

Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través delos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:…

I. a III….

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia.

V. a XIV. …….

De la misma manera, se justicó mediante el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento de la L.O.P.S.R.M.el cual establece:

“Para la debida integración de la investigación de mercado, en todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de este artículo. En el supuesto de que la información no se encuentre disponible en CompraNet, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área responsable de la contratación u otras áreas responsables de la contratación de la dependencia o entidad de que se trate.“

Entorno a la contratación de la “Gerencia de Proyecto” o “Coordinación Especializada del Proyecto” como se le ha llamado, existen diversos hechos que son altamente cuestionables

Como ejemplo, no se cumplió con el deber de consultar la información histórica en los archivos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Área Responsable), ignorando que para la construcción de la “Terminal Dos” del Aeropuerto “Benito Juárez” las empresas Mexicanas desarrollaron con éxito la “Gerencia de Proyecto” y la Supervisión de las obras sin necesidad de contratar empresas extranjeras. La Terminal Dos atiende 32 millones de pasajeros.

Es aberrante y preocupante justificar contratar a una empresa extranjera por motivo de Seguridad Nacional, por lo que es inaceptable que esa haya sido la razón para contratar a Parsons cuando en México hay profesionistas ampliamente calificados para hacer la “Gerencia del Proyecto”.

Para seleccionar a la empresa Parsons la investigación preliminar se limitó a apoyarse en la publicación de la revista norteamericana “Engineering News-Record” sin hacer la investigación en nuestro país como lo indica el Reglamento de la L.O.P.S.R.M.en su artículo15 párrafo tercero anteriormente citado.

El monto del contrato es muy superior al contrato de Servicios de Proyecto Ejecutivo ($ 1,841 millones de pesos) y al de la Supervisión de las obras (estimado en $ 2,000 millones de pesos); tomando en consideración que el número de profesionistas para la Supervisión de las Obras es mayor al de la Gerencia de Proyecto, no se justifica el monto contratado a Parsons.

Es de notarse que el Presidente Enrique Peña Nieto en el hotel Millenium Biltmore se reunió con el alcalde de Los Ángeles Erick Garcetti en agosto de 2014 quien anunció que Parsons sería contratado para la Gerencia del Proyecto dos meses antes de la firma del contrato.     

Con esta información algunas empresas internacionales como BECHTEL, Jacobs Engineering, AECOM y URS Corporation, posibles concursantes para la “Gerencia del Proyecto”, no presentaron propuestas.

Para la construcción de la actual Terminal 2 del AICM, la “Gerencia de Proyecto” y la “Supervisión de las obras” en conjunto, tuvieron un costo de $ 187.8 millones de pesos a valor actual, siendo 4 veces menor en dimensiones que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, se podría esperar que el monto del contrato de Gerencia de Proyecto no rebasara los $1,000 millones de pesos más  el monto de la Supervisión de las Obras que será del orden de $2,000 millones de pesos. Por lo anterior, la cifra de $ 2,361 millones de pesos representa un daño patrimonial al País.

En un diario de circulación nacional1, se menciona que incluso Presidencia de la República cuestionó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la adjudicación directa a favor de la Gerencia de Proyecto a la empresa Parsons, destacando la inconformidad debido a que no se consideraron a empresas mexicanas para este contrato.

Bajo el contexto de falta de transparencia y corrupción que vive la actual administración, es necesario conocer los detalles y motivaciones que dieron origen a la contratación de la “Gerencia de Proyecto” o “Coordinación Especializada del Proyecto” a la empresa Parsons.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Senado de la República la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en un plazo no mayor a 30 días remita un informe a esta soberanía sobre los criterios contemplados para declarar la adjudicación directa del contrato para la “Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” argumentando el motivo de Seguridad Nacional y el por qué no fueron contempladas empresas mexicanas. Que se justifique en su caso la revocación de este contrato a esta empresa que al parecer no se encuentra trabajando con la responsabilidad y profesionalismo que requiere este proyecto.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que investigue la adjudicación directa del contrato para la “Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación para que en un plazo no mayor a 30 días remita un informe a esta soberanía sobre la adjudicación del contrato para la “Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Dado en salón de sesiones del Senado de la República,
el 22 de septiembre del 2016.

Atentamente

Sen. Víctor Hermosillo y Celada.

1•http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=468749&md5=7dc1b2c81e3b6a63386fd3fcf208ad5c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4





Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a proporcionar un informe que explique cuál será la decisión que tomará en relación al proyecto hidráulico “Monterrey VI”. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a modificar las reglas de operación de los fondos federalizados para que incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse para la generación de estudios, diagnósticos y proyectos, así como priorice la asignación de recursos para efecto de tener un transporte público eficaz en el estado. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe al Banco de México sobre la tendencia del    alza en el precio de las divisas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito         Público.

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por la que se solicita un informe escrito pormenorizado al Banco de México, sobre la tendencia del alza en el precio de las divisas, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El lunes tres de diciembre de 2012, de acuerdo a datos del Banco de México el tipo de cambio indicaba que un dólar norteamericano, equivalía a 12. 96 pesos. Hoy, esta misma conversión, según datos del mismo BANXICO, se encuentra apenas dos centavos por debajo de los 20 pesos, aunque en las casas de cambio y los bancos del país, lo colocan por encima de los 20 pesos.

Estos valores, indican una devaluación global de la moneda nacional de aproximadamente el 55 por ciento, misma que no se ha podido detener a pesar de la subasta de alrededor de 30 mil millones de dólares de las reservas del Banco México. Es decir, acorde con los indicadores con los que hoy contamos, no se conoce con precisión si las medidas hasta ahora tomadas, han detenido una posible mayor devaluación o si estas no han sido las adecuadas o las suficientes.

En el Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta del Banco de México de este lunes 20 de septiembre, se informó que hubo una reducción en las reservas internacionales por 433 millones de dólares, debido a que se compraron dólares por parte del Gobierno Federal, para pagar un saldo vencido por 335 millones de dólares de deuda externa, una diferencia negativa de cien millones de dólares por el cambio de divisas.

Con esta transacción reportada por BANXICO, el saldo total de las reservas internacionales de nuestro país, quedan en casi 176 mil millones de dólares, es decir, 876 millones por debajo del saldo al cierre de 2015 y el más bajo en los últimos 8 meses.

De este modo, es relevante señalar que la reducción de las reservas internacionales, que hasta febrero pasado fue el método principal para impedir el aumento del costo de las divisas, presentan una reducción significativa, toda vez que hasta el segundo semestre de 2014, alcanzaron los 200 mil millones de dólares.

Al día de hoy, existe conceso sobre el buen desempeño que el gobernador del Banco de México ha realizado no solo en la presente administración, sino también en la anterior, cumpliendo con su carácter autónomo e independiente del gobierno federal. Sin embargo, es preciso conocer con exactitud las circunstancias que han generado el aumento considerable del tipo cambiario y la prospectiva que esperamos de este escenario y buscar con ello, de ser el caso, salvaguardar la economía nacional y la de las familias mexicanas.

Cabe señalar que, si bien hasta ahora la inflación se ha mantenido en cifras históricas, es altamente probable que de continuar el tipo cambiario su tendencia al alza, se generaría inflación.

Adicionalmente a lo anterior, es menester considerar las consecuencias que este tipo de cambio trae para la macroeconomía del país y para la sanidad de las finanzas de empresarios y principales empleadores que tienen actividades en México y que en muchas ocasiones se encuentran endeudados en la divisa extranjera.

Las consecuencias en el endeudamiento nacional en dólares, no solo el público sino también el privado, se encuentran asociados a fenómenos de riesgo financiero e incremento en el monto de las deudas.

En el primer trimestre de este 2016, los valores emitidos en el exterior ascendieron a más de 14 mil millones de dólares, el doble en comparación con el mismo periodo del año previo, y la mayor colocación de deuda desde 1995. De estos 14 mil millones de dólares, el gobierno federal colocó el 87% del total, es decir poco más de 12 mil millones de dólares, cantidad que es casi equivalente al total de compromisos financieros adquiridos en el exterior durante todo el año pasado, equivalente a 15 mil 663 millones de dólares.

De este modo, es relevante conocer toda la información y con base en esta, reflexionar con respecto a las medidas que se han implementado y que se piensan implementar en el corto y mediano plazos.

Independientemente de las medidas y/o consecuencias económicas que se encuentran implicadas en este fenómeno, es preciso ofrecer una explicación a la ciudadanía a fin de que se conozcan las circunstancias por las que atraviesa la economía y las finanzas nacionales.

Acorde con todo lo anterior, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Banco de México, a remitir a esta soberanía un informe escrito pormenorizado sobre los motivos de la tendencia al alza del precio del dólar en el mercado de divisas, así como las medidas implementadas hasta ahora para evitar la devaluación del peso y los escenarios que se tienen proyectados para hacer frente a dicha tendencia.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.






Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 106 aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México.

EFEMÉRIDE

Sobre el 106 aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México

El que suscribe, Senador Jorge Toledo Luis, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, para la programación de Efeméride con motivo del 106 Aniversario de la inauguración de la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México.

EFEMÉRIDE DEL 106 ANIVERSARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
22-septiembre-2016

El 21 de septiembre de 1551, durante el Virreinato se expidió por el emperador de Alemania Carlos V (Carlos I de España) la Cédula de creación de la Real y Pontificia Universidad de México, su apertura tuvo lugar el 25 de enero de 1553.1

En 1778 fue abierta la Real Escuela de Cirugía en el Hospital de Naturales; y en 1792 el Real Colegio de Minería. Dos años más tarde la Academia de San Carlos para el estudio de las Bellas Artes y que fue desde entonces el centro medular de la creación artística en América, constituyéndose como el semillero de grandes talentos en el mundo del arte.

Durante la época independiente se suprimió el título de Real y con lo que solo se le llamó Universidad Nacional y Pontificia, para después quedar como Universidad de México.

La Universidad sufrió cierres y aperturas, en distintos años, así en 1833 Valentín Gómez Farías suprime por decreto la Pontificia Universidad de México. En 1834 Santa Anna revoca el decreto y la reabre. En 1857 Ignacio Comonfort la suprime; en 1858 Félix Zuloaga la reabre; en 1865 Maximiliano la cierra; en 1908 se crea la Escuela Nacional de Altos Estudios, porque la decisión de Maximiliano seguía vigente.

Sin embargo, la vida universitaria sigue, y en 1867 el doctor Gabino Barreda estableció la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo plan de estudios se inspiraba en el pensamiento de Augusto Comte, con lo que se extingue la educación colonial en México.2

El principal promotor de la creación de lo que conocemos hoy como Universidad Nacional Autónoma de México, fue el escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano, el ilustre Don Justo Sierra, quien presentó un proyecto en la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 1881. El 7 de abril, lo refrendó ante esta Cámara, con el respaldo de las diputaciones de Aguascalientes, Jalisco, Puebla y Veracruz. Como es sabido, su proyecto no prosperó, pero Sierra jamás abandonó la idea de establecer en México una Universidad Nacional.

En 1910 Porfirio Díaz promulga la ley que reabre la universidad y la constituye como nacional, con el nombre oficial de Universidad Nacional de México.

El 22 de septiembre de 1910, y como parte de los festejos del centenario de la Independencia de México, Porfirio Díaz llevó a cabo la inauguración de la Universidad Nacional de México, publicándose el decreto de la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en la Escuela Nacional Preparatoria y contó con la presencia de Díaz, el 22 de septiembre de 1910. Porfirio Díaz conjuntamente con Justo Sierra, proyectan a la Universidad Nacional con la imagen de progreso y civilización que querían para México.

En el camino de lograr sentar las bases para que la Universidad contara con normas que le permitieran ejercer su labor educativa, el 30 de septiembre de 1914 se publicó el decreto que reformó la Ley de la Universidad Nacional, proyecto que redactó Félix F. Palavicini, titular de Instrucción Pública, para darle autonomía. En 1915 Venustiano Carranza firmó el proyecto de ley que declaró la Autonomía Universitaria.

De los diversos rectores que dirigieron nuestra máxima Casa de Estudios, destaca José Vasconcelos de origen oaxaqueño, quien fue nombrado titular del Departamento Universitario y Bellas Artes y rector de la Universidad, por el Presidente Adolfo de la Huerta, y en su discurso inaugural señaló: “Yo no vengo a trabajar por la Universidad, sino a pedir a la Universidad que trabaje por el pueblo”.

El espíritu iberoamericano de Vasconcelos quedó reflejado en la propuesta al Consejo Universitario en abril de 1921, del escudo que la Universidad ostenta hasta la fecha, con la leyenda que constituye el lema de la Universidad “Por mi Raza Hablará el Espíritu”.3

A partir de diversos movimientos estudiantiles el 25 de mayo de 1929 el doctor Manuel Puig Cassauranc, jefe del Departamento Central, envía un memorándum al Presidente Emilio Portes Gil aconsejando la concesión de la autonomía universitaria, quien manda la ley de autonomía universitaria, para solucionar el conflicto de huelga estudiantil. El 31 de mayo se reúne la Comisión Permanente del Congreso para abrir un periodo extraordinario de sesiones, y el 10 de julio es promulgada la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, esta autonomía era meramente nominal.

El 31 de diciembre de 1945, el Congreso de la Unión aprueba la Ley sobre fundación y construcción de la Ciudad Universitaria, con base en la propuesta hecha en un concurso donde los ganadores fueron Mario Pani y Enrique del Moral, y en 1954 se hizo entrega formal de la Ciudad Universitaria a la Universidad.4

Las aportaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, se establecen en todos los ámbitos, cultural, científico y tecnológicos, por lo que cabe destacar que la UNAM adquirió en 1958 la primera computadora que hubo en México y en América Latina.

El 9 de junio de 1980 con la reforma al artículo 3° constitucional, se eleva la autonomía universitaria a rango constitucional, con lo que se blinda constitucionalmente a las instituciones universitarias públicas, para que cuenten con las condiciones básicas para materializar el derecho social a la educación media y superior, tan imprescindible para el desarrollo de la sociedad mexicana y del país.5

Es un orgullo para todos los mexicanos contar con esta noble institución, que ha contribuido en el crecimiento y progreso de nuestra nación.

El reconocimiento de esta H. casa de estudios se refleja en el reciente ranking realizado por la Universidad de Shanghai, en donde la Universidad Nacional Autónoma de México ha avanzado notablemente casi 100 lugares en la lista de las mejores instituciones de educación superior del mundo.6 Cabe mencionar que es la única, universidad mexicana que aparece en la edición 2016 de la clasificación anual de dicha institución. Nuestra notable institución, junto con la Universidad de Sao Paulo de Brasil, encabeza la lista de universidades de América Latina.7

En este mismo sentido, se refrenda la excelencia de la Universidad formadora de profesionistas de excelencia, en donde la empresa QS presentó en su más reciente clasificación, colocándola en el sitio 160 de las mejores universidades del país.8

Quiero resaltar que nuestra universidad pública, se encuentra en el mismo grupo de instituciones como la London School of Economics and PoliticalScience, Reino Unido; la Universidad de Sapienza de Roma, Italia; Universidad Estatal de Oregon, la Universidad de Barcelona, España y la Universidad de California Riverside.

Es por ello, que aprovecho esta ocasión para rendirle un merecido homenaje a nuestra Máxima Casa de Estudios, forjadora de Presidentes, Senadores, Diputados, Premios Nobel e infinidad de profesionistas que han configurado el México del Siglo XXI.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/unam-en-el-tiempo/cronologia-historica-de-la-unam, (consultado 21-09-2016)

2 Idem

3 http://info4.juridicas.unam.mx/unijus/cmp/leguniv/rectores/r7.pdf, (21-09-2016)

4 http://www.dcb.unam.mx/Eventos/CMYPU60/index_archivos/Page9366.htm, (21-09-2016)

5 Autonomía universitaria y universidad pública, el autogobierno universitario,
http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/autonomia.pdf, (21-09-2016)

6 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/16/sube-la-unam-100-sitios-en-ranking-mundial-de-universidades Consultado (21-09-2016)

7 Íbidem.

8•http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/15/unam-avanza-16-lugares-en-ranking-de-mejores-universidades-217.html Estudio publicado en el periódico la jornada el día 15 de septiembre de 2016 (Consultado el 21-09-2016)






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial sin Auto”.

EFEMÉRIDE

Día mundial sin automóvil 22 de Septiembre

El Día mundial sin automóvil partió como una iniciativa para desincentivar el uso del automóvil; viendo que su uso a gran escala está produciendo daños en el medio ambiente, en dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento. Aunque la idea ya venía de años antes, es en la década de 1990 cuando comienza a adoptarse en algunas ciudades.

Actualmente se celebra el día 22 de septiembre aunque en algunos países varían dicha fecha para crear incluso semanas dedicadas al tema.

Al hacer un llamado a los ciudadanos a no usar el automóvil este día se espera:

Hacer ver a las personas que existen otras posibilidades de transporte que no sea el automóvil; estudiar qué pasa y cómo funcionan los medios de transporte público y analizar el comportamiento de la sociedad e incentivar el uso de transportes eficientes y sustentables, ya que las grandes ciudades no dan abasto con la creciente cantidad de automóviles.

En México esta dualidad es muy marcada. Como ejemplo basta mencionar que la comercialización de automotores y camiones ligeros en agosto de 2014 tuvo un incremento en las ventas de 17.6% con la colocación de 103 mil 881 unidades, 15 mil 549 más respecto al mismo mes del año pasado, convirtiéndose en el sexto mes con incremento en lo que va del año, donde seis de siete segmentos concluyeron en números positivos, según informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (amda.org). Y no se trata aquí de estar en contra de la compra de automotores lo que se argumenta es la creciente dependencia que desarrollamos en torno a estas máquinas.

Mientras que por un lado vemos aumentos regulares a las gasolinas en contra parte aún tenemos una gran oferta de estacionamiento barato, una tasación al automóvil a la baja por concepto de tenencia, un abierto y descarado irrespeto por las normas de tránsito que hacen que en nuestro país los accidentes de tránsito sean la primera causa de muerte en la población de 5 a 34 años de edad y la segunda causa de orfandad en México.

El día mundial sin auto resulta para México una gran pregunta abierta al futuro de las decisiones que tomemos como Nación. ¿Podremos transitar a ser una sociedad libre de la dependencia del automóvil o generaremos islas de movilidad sustentable en un mar de infraestructura y desarrollo urbano orientado al vehículo particular?

Lo que queda claro es que el cambio empieza por decisiones y actos individuales, como es el caso de la celebración del día mundial sin auto en la recién creada Secretaría de Movilidad del Distrito Federal en la que ya sea por obligación o por voluntad, al menos un día del año, el estacionamiento lucirá libre de autos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial sin Auto”.

EFEMÉRIDE

Día mundial sin auto 22 de septiembre

El día Mundial sin automóvil es una fecha cuya historia comenzó en 1973 con la crisis petrolera, momento en que la humanidad comenzó a tomar consciencia de su dependencia a los combustibles fósiles y el impacto de los contaminantes de la atmósfera, en la salud.

El primer país en establecer la conmemoración a nivel nacional fue Gran Bretaña en el año de 1997. Muestra de la importancia e impacto positivo de las actividades, dirigidas a buscar medios de desplazamiento alternativos al automóvil, en el año 2000 la Comisión Europea adoptó el 22 de septiembre como “Día mundial sin auto”, e incluso hizo extensiva la conmemoración a una semana, denominándola “Semana de la movilidad”.

Conforme a estudios publicados por el Centro Mario Molina (CMM) la tendencia en el uso de vehículos automotrices en la Ciudad de México, va en aumento. Entre 1990 y 2012 los vehículos pasaron de tres millones a más de cinco millones.1

El objetivo de la celebración es promover el uso de transportes eficientes y alternativos al automóvil.

Con motivo de la fecha se realizan actividades tendientes a incentivar medios de transporte amigables con el medio ambiente.

En el marco de estas actividades es necesario impulsar acciones de movilidad y de planeación enfocadas al transporte sustentable que impacten positivamente en la calidad del aire.

En 2013 en el Senado de la República presentamos la Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera, misma que fue aprobada por unanimidad en esta Cámara legislativa. Esta fecha es un buen motivo para que la colegisladora retome su discusión y en fechas próximas pueda ser aprobada.

No somos enemigos del automóvil, en una ciudad como la nuestra necesitamos medios de transporte adecuados para recorrer largas distancias entre nuestros centros de trabajo, escuelas y hogares.

Sin embargo debemos ser conscientes que además del automovil hay otros medios y formas de trasladarnos. Por ejemplo, la bicicleta, vehículos con motor eléctrico, viajes compartiendo entre familiares y amigos un mismo vehículo, e incluso, disfrutar de una caminata.

La celebración anual del “Día mundial sin auto”, es un excelente motivo para darnos la oportunidad y volver a realizar nuestros recorridos alejados del tráfico, volver a observar los árboles en lugar de los semáforos.

Una celebración como ésta es la oportunidad para que ciudadanía y autoridades nos sumemos a esta iniciativa internacional, alejarnos por un día de nuestro automóvil y trabajar juntos por medios de movilidad sustentables.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Ninfa Salinas Sada.

1 “Cinco millones de autos circulan en Zona Metropolitana”, periódico El Universal del 16 de marzo, 2013. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/16/cinco-millones-de-autos-circulan-en-zona-metropolitana





Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el "Día Mundial sin Auto".

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial sin Auto

Así como la mayoría de las ciudades del mundo, los centros urbanos mexicanos originalmente eran comunidades compactas donde caminar y andar en bicicleta eran los principales modos de transporte. Sin embargo, entre los años 1950 y 2000, las ciudades se dispersaron y se volvieron dependientes del automóvil; a tal grado, que a este gran auge del automóvil durante la segunda mitad del siglo pasado se le ha denominado como "LA ERA DEL ATUOMOVIL".

En esta motorizada era, utilizar la bicicleta como medio de transporte era visto una marca de inferioridad, más ahora las cosas comienzan a cambiar, pues las utilizan los diferentes estratos sociales y es su versatilidad lo que la posiciona como opción ventajosa a la hora de servir como medio de transporte.

Esto obedece a que los factores que impulsaron el auge del automóvil particular han desaparecido, y las prioridades de los ciudadanos han cambiado. La tendencia se hace necesaria a la inversa: Disminuir la intensidad del uso del vehículo particular, creando alternativas más eficientes y sustentables como un transporte público de calidad y facilitar la movilidad no motorizada, como el caminar y usar la bicicleta.

Pese a este cambio de inercias, la motorización en el transporte se mantiene, al grado que es mayor su índice al de la demografía misma; por lo que pensar en ciudades sin autos es más que una utopía.

No obstante, son cada vez más altas las voces que se pronuncian por ello, no para alcanzarlo de manera literal, sino como una manera simbólica de llevar el mensaje de la necesidad de desincentivar el uso del automóvil, promover el transporte público y el alternativo para hacer manifiesta una preocupación por el grave problema de la contaminación ambiental.

Estas voces han dado lugar a la celebración en un número importante de países, de la promoción de los "días sin auto".

La celebración de los días sin automóviles en los últimos años, ha cobrado importancia ciudadana y se ha extendido a iniciativa de grupos ecologistas para desincentivar el uso del automóvil, viendo que su uso a gran escala está produciendo daños en el medioambiente. En dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento.

En la mayoría de los países, el día de la celebración del "día mundial sin automóvil" es el 22 de septiembre de cada año, aunque en algunos países varían dicha fecha para crear incluso, semanas dedicadas al tema.

El año pasado fueron varias las ciudades que se incorporaron a la celebración en todo el mundo. De acuerdo a la cadena de noticias CNN, más de 1,700 ciudades participaron, destacando en América Latina a ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Quito y Buenos Aires. Otros países con mayor participación en lo que llamaron la "Semana de la Movilidad", fueron Reino Unido, España, Holanda, Francia, Italia, Grecia, Alemania, Japón, Bélgica, Andorra, Lituania, Corea del Sur, Rusia y Finlandia.

Sin duda, una fecha propicia para reflexionar, no en desaparecer el auto de las calles, eso sería una utopía mayor, pero sí en la necesidad de evitar su uso indiscriminado o excesivo, contemplar medios alternos y recordar que este es el único planeta con el que contamos y al cual debemos cuidar, por el bien propio y el de nuestros hijos, como integrantes de futuras generaciones que habrán de aprobar o reprochar lo que ahora hagamos por ellos y la calidad de vida que les heredemos.

Por eso, en el marco de la conmemoración del "Día Mundial sin Auto", una oportunidad para reconocer a todas aquellas personas preocupadas y ocupadas por el medio ambiente, funcionarios y particulares que aportan su "granito de arena" por la salud de este mundo sin dejar de lado la necesidad de las personas a desplazarse libremente para la satisfacción de sus necesidades básicas, como también, a todos aquellos que se atreverán este 22 de septiembre, a prescindir por un día del automotor privado y en su lugar, optarán por el transporte público, la bicicleta y caminar.
Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

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Sen. Jesús Casillas Romero.

(Intervención del Senador Jesús Casillas Romero)








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Paz”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de la Paz 21 de Septiembre

Cada 21 de septiembre, se celebra anualmente en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha declarado esta fecha día consagrado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos.

El tema elegido para el Día en 2016 es el siguiente: «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: elementos constitutivos de la paz».

Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en una cumbre histórica de líderes mundiales celebrada en Nueva York en septiembre de 2015. La nueva y ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pide a todos los países que empiecen a trabajar para lograr estos Objetivos en los próximos 15 años. Su finalidad es eliminar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las personas.

La sostenibilidad aborda las necesidades fundamentales del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Los retos actuales planteados por la pobreza, el hambre, la disminución de los recursos naturales, la escasez de agua, la desigualdad social, la degradación ambiental, las enfermedades, la corrupción, el racismo y la xenofobia, entre otros factores, suponen un desafío para la paz y generan un terreno fértil para el surgimiento de conflictos. El desarrollo sostenible contribuye de manera decisiva a disipar y eliminar estas causas de conflicto, además de sentar las bases para una paz duradera. La paz, a su vez, consolida las condiciones requeridas para el desarrollo sostenible y moviliza los recursos necesarios que permiten a las sociedades desarrollarse y prosperar.

Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es un elemento constitutivo de la estructura mundial de paz. Resulta fundamental que movilicemos los medios necesarios para su aplicación, entre ellos, los recursos financieros, el diseño y la transferencia de tecnología y la creación de capacidad, así como el papel de las alianzas. Todos saldríamos beneficiados con ello, y cada uno de nosotros puede contribuir de alguna forma al respecto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial sin Auto”.

EFEMÉRIDE

Con motivo del Día Mundial sin Auto, observado el 22 de septiembre.

En el Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el Día Mundial sin Auto, espacio idóneo para generar conciencia sobre el impacto negativo que produce al medio ambiente el uso excesivo de este tipo de vehículos motorizados e impulsar otras opciones como el uso de la bicicleta y el transporte público como medios alternativos. Asimismo, resulta propicio para incentivar la rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos.

El primer antecedente de esta celebración se dio en Europa y se remonta a 1974, año en el que surgió como respuesta a la crisis energética que este continente padecía en aquella época. Un aspecto a destacar es que una década después, la iniciativa fue retomada por diversas organizaciones ecologistas.

Posteriormente, en el año 1994, el politólogo norteamericano Eric Britton expuso la iniciativa denominada “Jueves”, estrategia para reducir la dependencia del auto en las ciudades, para ello, se invitaba a la sociedad a no ocupar vehículos automotores ese día, esto con el propósito de reflexionar sobre los hábitos para hacer asequible la construcción de ciudades más accesibles con mayor movilidad. 

Debido a la relevancia del asunto, en 1995 ciudades como Reikiavik, Islandia, Bath, Reino Unido y La Rochelle, Francia, se adhirieron al movimiento. Años más tarde, de manera simbólica el 22 de septiembre de 1998, el gobierno francés coordinó una iniciativa de esta naturaleza a la que nombró “En ville, sans ma voiture”, (un día en la ciudad sin mi auto), programa que se efectuó de manera simultánea en 34 ciudades de dicho país.

En el año 2000 se llevó a cabo el “Primer día europeo sin auto” y después, en 2002, la Semana de la Movilidad Europea. A partir de ese momento, quedó establecida la fecha que hoy conmemoramos. En el caso de nuestro país, si bien hubo otros antecedentes en demarcaciones como la Ciudad de México, Guadalajara y Torreón, fue hasta 2014 que se comenzó a observar de manera oficial.

En la tercera edición del “Día Mundial sin Auto” que se celebra en nuestro país, es imprescindible que sociedad y gobierno asumamos e impulsemos una cultura del uso racional del automóvil, a fin de hacer frente a los efectos nocivos que producen en el medio ambiente e incentivar el transporte público y no motorizado como medios alternos.

Estamos ante un reto de dimensiones mayúsculas, prueba de ello, es que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al año 2014 se estimaba que en el territorio nacional transitaban más de 38 millones de vehículos automotores y México tuvo una producción total superior a los 3 millones de vehículos (3.7% de la producción mundial).

El propio organismo señala que en el mismo año, en todo el país se registró un total de 10 mil 316 muertes a consecuencia de accidentes de tránsito en donde estuvo relacionado un vehículo automotor, lo que se torna aún más preocupante si tenemos en cuenta que tan sólo en el año 2013 hubo más de 407 mil de accidentes de este tipo. Por si esto no fuera suficiente, la Asociación de Víctimas de la Violencia Vial México AC, indica que los siniestros viales son la segunda causa de discapacidad motora permanente.

En relación al menoscabo del medio ambiente, el Centro Mario Molina señala que la mala calidad del aire tiene efectos adversos en la salud, situación que además de sus consecuencias intrínsecas, deriva en problemas económicos y sociales de alto impacto. Por otro lado, refiere que en México, las muertes prematuras asociadas con la contaminación atmosférica pasaron de 17  mil en 2005 a más de 21  mil en 2010.

Las cifras son contundes y dejan de manifiesto la pertinencia de incorporar a nuestra cotidianidad los propósitos que se promueven en el marco del Día Mundial sin Auto, espacio por excelencia para fomentar y emprender una trasformación integral en materia de movilidad, educación vial y planificación, teniendo como eje central a los peatones y ciclistas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2016.






De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sobre el “Día Mundial del Alzheimer”.








CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 27 de septiembre a las 11:00 horas, en la que recibiremos la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con motivo del Análisis del Cuarto Informe de Gobierno.

(Se levantó la sesión a las 14:08 horas)

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