Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 17 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 7



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Septiembre de 2016

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:39 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 73 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del martes 20 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con veintisiete minutos del día miércoles catorce de septiembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del trece de septiembre de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, su informe de actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y, su Programa de Trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Vivienda, su informe de actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa al Senador Ángel Benjamín Robles Montoya como Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.-Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se modifica el resolutivo Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva, aprobado el 5 de julio de 2016, en relación con el Grupo de Trabajo sobre la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se proponen los criterios para la presentación y trámite de proposiciones en las sesiones ordinarias.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se devuelven a comisiones dictámenes que se encuentran suspendidos en su trámite ante el Pleno de la Asamblea.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establecen las normas para el análisis ante el Pleno del IV Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 18 al 20 de septiembre de 2016, con objeto de participar en el Debate General del 71º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, así como en la Cumbre de Líderes sobre Refugiados y la Reunión de Alto Nivel para atender los grandes movimientos de refugiados y migrantes, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, dos oficios por los que informa de modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.- Quedaron de enterado. Se comunicaron a los Senadores integrantes de la Comisión y a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, cuatro oficios por los que comunica modificaciones en la integración de los Diputados ante la Confederación Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Latinoamericano y el Organismo Internacional Parlamentarios por las Américas.- Quedaron de enterado. Se comunicaron a la Junta de Coordinación Política.

(Iniciativas)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, María Lorena Marín Moreno, Hilda Ceballos Llerenas, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción IV Bis 3 al artículo 3 y la fracción V al artículo 65; reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 27 y el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Hilaria Domínguez Arvizu, Ismael Hernández Deras y Juan Carlos Romero Hicks, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6, 8 y 95 y se adicionan los artículos 8 Bis y 39 Bis a la Ley General de Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Comunicación)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el que hace del conocimiento del Senado de la República que se tiene contemplada la participación de personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en los festejos del bicentésimo sexto aniversario de la Independencia de México, el próximo 15 de septiembre, en la Ciudad de Belice.- Quedó de enterado.

 

La Presidencia emitió un pronunciamiento, a nombre de la Mesa Directiva, en relación con la Conmemoración del Bicentésimo Sexto Aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de Decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVII”, que se realizará del 18 al 28 de septiembre de 2016, frente a las costas de Panamá.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado por 68 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de París, adoptado en la ciudad de París, Francia, el 12 de diciembre de 2015 y se aprueba la declaración interpretativa propuesta.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra las Senadoras: Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Ninfa Salinas Sada, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios, estuvieron a cargo de los Senadores: Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Isidro Pedraza Chávez del PRD; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN; y Marcela Guerra Castillo del PRI. En la discusión intervinieron los Senadores: Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, a favor; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor; Ernesto Gándara Camou del PRI, a favor; Manuel Cárdenas Fonseca, a favor; y Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones de las Senadoras Angélica Araujo Lara; Laura Angélica Rojas Hernández; Lorena Marín Moreno y Dolores Padierna Luna, se integrarían al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado por 87 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año, como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano".-El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 26 de abril de 2016. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Daniel Ávila Ruiz, por las comisiones. En la discusión intervinieron los Senadores: Jesús Casillas Romero del PRI, a favor; Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT, a favor; y Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

Continuó en la discusión la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta, se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado por 76 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 28 de abril de 2016. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 79 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

Se recibió de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, un dictamen con punto de Acuerdo por el que se ratifican los nombramientos expedidos a favor de la ciudadana Vanessa Rubio Márquez como Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público y del ciudadano Osvaldo Antonio Santín Quiroz como Jefe del Servicio de Administración Tributaria, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. En la discusión intervinieron los Senadores: Martha Angélica Tagle Martínez, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, a favor; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, a favor; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; y Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor. El dictamen fue aprobado por 95 votos a favor. Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se establece el calendario para llevar a cabo las comparecencias de funcionarios con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que adiciona el capítulo IV Bis del Título Quinto que consta de los artículos 117 Bis 1 al 117 Bis 7 a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de deporte de alto rendimiento.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a evitar que los ajustes presupuestales al gasto público para lo que resta del año 2016 y el año 2017, previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afecten los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y adolescentes, privilegiando una estrategia nacional para la primera infancia que esté acompañada de recursos suficientes y que adopte un enfoque de formación de capacidades en edades tempranas y de prevención de desigualdades futuras.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez Arvizu, Daniel Ávila Ruiz, Adolfo Romero Lainas y José Marco Antonio Olvera Acevedo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no reducir el presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector agrario.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a la no aprobación de los ajustes presupuestales propuestos en el paquete económico 2017 debido a la inconsistencia de argumentos y por su inconveniencia para la economía familiar.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo a la reserva de la biósfera selva El Ocote en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Michoacán a atender las demandas de las organizaciones de normales oficiales de dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las autoridades responsables del sector ambiental del Poder Ejecutivo Federal que suspendan las acciones relativas a la instalación del proyecto “Planta de Amoniaco 2200 TMPD, en Topolobampo, Sinaloa”, de la Empresa Gas y Petroquímica de Occidente, S.A. de C.V.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Colegisladora a efecto de que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la asignación de al menos 200 millones de pesos para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el ramo 15, “P-007 de Impulso a la Movilidad Urbana” de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 destinada a la adquisición de medicamentos, insumos y equipo de laboratorio en cada uno de los estados del país, así como a incrementar los recursos destinados para este fin, con el objetivo de subsanar las deudas existentes con diversas empresas a nivel nacional e internacional y garantizar la salud de los mexicanos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los programas destinados a la alfabetización de comunidades de alta marginación en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas secretarías y a la Cámara de Diputados a tomar acciones para fortalecer las cadenas productivas del mezcal artesanal y ancestral.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería los resolutivos primero al cuarto; y a la Cámara de Diputados el quinto de ellos.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Perú, afectado por el sismo del 10 de septiembre de 2016.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir y aumentar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el fondo del sur-sureste destinado al desarrollo de las entidades federativas que la integran, entre ellas, Tabasco.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Graciela Ortiz González, Carmen Dorantes Martínez, Lorena Marín Moreno, Enrique Burgos García, Ismael Hernández Deras y Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo para otorgar un reconocimiento público en el Pleno del Senado de la República a los medallistas paralímpicos de Río de Janeiro 2016.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la terminación del tramo San Blas-El Fuerte-Choix, correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua y que es parte importante del denominado corredor comercial Dallas-Chihuahua-Topolobampo.- Se turnó a la Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo; y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado el tercero.

 

Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Presidencia de la República informe cómo fueron solventados los costos que se generaron con motivo del arribo y estancia en nuestro país del ciudadano americano Donald Trump el miércoles 31 de agosto del año en curso.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación pública a incluir la Universidad Autónoma del estado de Morelos en el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a realizar una campaña informativa con la finalidad que la población conozca los productos libres de comisiones a los que hace referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, denominados “productos básicos”.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la conmemoración de la jornada del “Día Mundial sin Auto 2016” y exhorta al Gobierno Federal, al de la Ciudad de México y a los gobiernos de las entidades federativas del país a hacer lo propio, el próximo día 22 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a los niños huérfanos producto de la masacre suscitada en Allende en marzo de 2011.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a realizar grupos de trabajo interinstitucional para analizar la viabilidad de establecer una homologación en la metodología y las características técnicas que deben cumplir los inventarios de emisiones contaminantes que instrumenten.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor David Flores Ávalos, Martha Tagle Martínez, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter y Luis Humberto Fernández Fuentes, con punto de Acuerdo que exhorta a los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como al Poder Judicial de la Federación a presentar un plan de reducción de gastos con criterios de austeridad en relación con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, asigne mayores recursos al sector salud, con el objetivo de que la Secretaría de Salud reduzca el rezago en atención odontológica en México.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Salud del Senado los resolutivos segundo y tercero.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar las acciones necesarias para garantizar un abasto suficiente y de calidad de agua potable en sus 16 delegaciones.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades federativas del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus entidades.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a los contratos suscritos entre el gobierno del estado de Michoacán y la empresas constructoras propiedad del actual presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello o de familiares directos, por presuntas irregularidades y conductas al margen de la ley.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para del año 2017, se creen las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre la solventación de las observaciones por más de 209 millones de pesos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del gobierno del estado de Sonora durante el Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar el monto en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo 12, destinado al Instituto Nacional de Cancerología, para dar sustento al modelo integral de atención a pacientes con sarcoma.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se asignen mayores recursos y no sean afectados los rubros presupuestales referentes a “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas” y el “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable” en específico a la atención a indígenas.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en los trabajos correspondientes a la discusión, el análisis y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la incorporación del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los ayuntamientos de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey, al gobierno del estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional del Agua a establecer planes pluviales, para evitar inundaciones en la zona metropolitana del estado.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De los Senadores Héctor Yunes Landa, Miguel Ángel Chico Herrera y Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al poder ejecutivo de cada una de las 32 entidades federativas a aplicar campañas de información sobre el riesgo que implica la quema de artificios pirotécnicos, a fin de prevenir accidentes.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, así como a los gobiernos de los municipios del estado a reforzar las campañas sociales cuyo fin es la prevención de que los automovilistas no manejen bajo los influjos del alcohol.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de México, al ayuntamiento de Tecámac y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a iniciar las acciones de clausura y saneamiento del relleno sanitario administrado por Waste Co, en Tecámac, Estado de México.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Independencia de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido   Acción Nacional, remitió efeméride sobre el “Grito de Independencia”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el 192 aniversario de la Federación de Chiapas a la nación mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Democracia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el 106 aniversario del inicio de la Independencia de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario del inicio de la Independencia de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Linfoma.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta y un minutos y citó a la siguiente el martes veinte de septiembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que queda aprobada el acta.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión de Cultura, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura y su plan de trabajo correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Seguridad Pública, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura y su programa de trabajo correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite su informe de la gira de trabajo a la Universidad de Oxford, la Universidad de Londres, el Centro de Investigación de Cáncer del Reino Unido y diversas instituciones médicas en Londres, llevada a cabo del 18 al 22 de julio de 2016.








De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con la  que remite el informe de su participación en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Política Carcelaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada en San Salvador, El Salvador, los días 19 y 20 de agosto de 2016.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la solicitud de autorización para que elementos de la Armada de México participen en el “35 Aniversario de la Independencia de Belice”, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016, en la Ciudad y Puerto de Belice.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con similar de la Secretaría de Economía, con los informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 de los Programas del Sector Economía y el Anexo 2b del Programa Anual de Evaluación 2016.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a la Comisión de Desarrollo Social.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, con el Acuerdo con el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.






ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, por el que informa que en sesión celebrada el 15 de septiembre de 2016 se declaró formalmente constituida para el desempeño de sus funciones.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.






Compañeros Senadores, les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo por el que se establecen los criterios en relación con la asistencia de Senadores que se desempeñarán como Diputados Constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura al Acuerdo, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Está a discusión.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo que fue aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo. Háganse las comunicaciones dispuestas en el resolutivo Tercero Transitorio del Acuerdo aprobado.

En cumplimiento del criterio Cinco del propio Acuerdo, esta Presidencia informa que los Senadores: Joel Ayala Almeida, Enrique Burgos García, Raúl Cervantes Andrade, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Gabriela Cuevas Barrón, Yolanda de la Torre Valdez, Alejandro Encinas Rodríguez, Lisbeth Hernández Lecona, Roberto Gil Zuarth, Mariana Gómez del Campo Gurza, María Lorena Marín Moreno, Dolores Padierna Luna, Carlos Alberto Puente Salas, Armando Ríos Piter y Juan Carlos Romero Hicks, no asisten a esta sesión por cumplir con su responsabilidad de Diputados en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Pasamos a la presentación de iniciativas.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar a nombre propio y de Senadoras de diversos grupos parlamentarios, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea el Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS

(Presentada por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y Ana Gabriela Guevara Espinoza)

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenos días a todas y a todos. Señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros:

Acudo esta mañana, a esta tribuna para hacer un especial llamado de atención sobre una situación preocupante, pero que, desafortunadamente, se nos ha hecho cotidiana, me refiero a la pérdida y desperdicio de alimentos, que han alcanzado cifras exorbitantes alrededor del mundo. Las cifras son alarmantes.

Sabían que hasta un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo se pierden o desperdician. Esto equivale a mil 300 millones de toneladas de alimentos al año.

En nuestro país esta tendencia se confirma, pues se pierden y desperdician, en promedio, el 37 por ciento de los alimentos, con lo que se podría alimentar a más de 7 millones de mexicanas y mexicanos.

Sin duda, estos números contrastan con los millones de personas que pasan hambre, desnutrición y carencia alimentaria. Sólo en México, al menos 28 de millones de personas tienen algún nivel de inseguridad alimentaria.

Esta iniciativa tiene un objetivo: crear el Consejo Nacional de Aprovechamiento de Alimentos y la obligación de aprobar la Estrategia Nacional para la Reducción del Desperdicio y Pérdida de Alimentos.

Este consejo estará integrado por los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Salud; y de Economía, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor y el Inegi.

También formarán parte de este consejo, representantes de las organizaciones de producción de alimentos, comercializadoras, organizaciones de la sociedad civil involucradas e instituciones académicas y de investigación con especialidad en la materia.

Este consejo será el encargado de diseñar la política nacional en materia de reducción del desperdicio y pérdida de alimentos; de promover la coordinación de los sectores público, privado y social, involucrados en la producción, transporte y comercialización de los mismos; promover el desarrollo de infraestructura para su producción, comercialización y transporte eficiente; estimular la participación del sector privado; promover la celebración de acuerdos y convenios en el ámbito nacional e internacional y, por supuesto, promover una cultura de combate a la pérdida y desperdicio de alimentos entre la población y los sectores involucrados.

Adicional a ello, la iniciativa busca reducir el impacto ambiental que causa la pérdida y desperdicio de alimentos. De acuerdo con la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la huella de carbono global del desperdicio de alimentos en 2007 se estimó en 3 mil 300 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Para que dimensionemos esta situación, les expongo que si los alimentos desaprovechados fueran un país, éste habría ocupado el tercer lugar entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, con cerca del 8 por ciento de las emisiones globales, sólo por debajo de China y Estados Unidos.

Con esta propuesta legislativa también pretendemos fomentar una producción más eficiente, pues se destinan muchos recursos como tierra, agua, energía y capital humano para producir alimentos que jamás serán consumidos, con un importante impacto que, sin duda, perjudica a la productividad.

Cabe señalar que han sido muchos los esfuerzos e historias de éxito para el combate de esta problemática alrededor del mundo. Desde la consolidación de acuerdos de cooperación y leyes, hasta políticas públicas en la materia.

Uno de los esfuerzos más destacables de la comunidad internacional es haber incluido dentro de las metas contempladas en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, específicamente dentro del Objetivo 12, sobre producción y consumo responsables, reducir para el 2030 a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución.

En el contexto local, algunos países han emprendido acciones legislativas y administrativas relevantes. En los Estados Unidos, en el 2008, se expidió la Ley Federal para la Donación de Alimentos.

En Francia se expidió la Ley para la Lucha contra el Desperdicio de Alimentos, la cual prevé la celebración de convenios con supermercados para efectos de donación de productos no vendidos pero aún comestibles a organizaciones de ayuda humanitaria.

En México también se han emprendido acciones relevantes, específicamente en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que tiene dentro de sus objetivos minimizar las pérdidas postcosecha de alimentos durante su almacenamiento, transporte, comercialización y distribución.

Para ello se creó el Grupo de Pérdidas y Mermas de Alimentos, el cual construyó el índice de desperdicio de alimentos 2013 y con ello determinar la magnitud de este fenómeno y buscar soluciones a la problemática, en el país.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social mantiene un esfuerzo coordinado con la Asociación de Bancos de Alimentos de México, para que a través de Diconsa se reciban donaciones de alimentos y se distribuyan en las zonas más pobres de nuestro país.

Existen grandes esfuerzos en la materia por parte de los sectores público, privado y social, el consejo a través de la estrategia busca unirlos y enfocarlos, establecerá indicadores comunes que permitan sumar todas las acciones en una misma dirección, y con ello evitar su dispersión y por ende incrementar su efectividad. Una política integral para saber dónde estamos, a dónde queremos ir y la ruta a trazar.

Reconocemos la participación de las organizaciones de la sociedad civil que luchan día a día por llevar alimentos a las familias mexicanas que padecen hambre, así como a las Empresas Socialmente Responsables que han suscrito convenios de donación para beneficiar con apoyos alimentarios a esta población.

Quienes presentamos ante ustedes esta propuesta legislativa, estamos convencidas que la solución a este fenómeno debe ser integral y multisectorial. Por ello es urgente diseñar y poner en marcha una política nacional para reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos, así como un aprovechamiento eficiente de los mismos.

Consideramos que esta iniciativa presenta una opción viable e integral de agrupar todos los esfuerzos que existen hasta el momento, darles un cauce común y alcanzar metas precisas y cuantificables con las que no sólo combatamos el desperdicio y pérdida de alimentos, sino el hambre, que prevalece en nuestro país.

El beneficio potencial pues, es incalculable, no sólo tendría un efecto directo en las vidas de millones de personas, sino que implicaría un cambio profundo de mentalidad, un paso fundamental hacia modelos de consumo y producción verdaderamente responsables, sustentables que garanticen que ningún niño, niña, mujer u hombre sufra hambre en un mundo donde la comida abunda.

Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Esperamos, por supuesto, contar con su apoyo y solidaridad ante este tema. Un tema tan apremiante.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

Iniciativa

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, LISBETH HERNANDEZ LECONA Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pérdida y el desperdicio de alimentos han alcanzado cifras exorbitantes alrededor del mundo, y México no es la excepción. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que hasta un tercio de todos los alimentos se pierde o se desperdicia antes de ser consumidos por las personas; esto equivale a mil 300 millones de toneladas de alimentos al año.

A nivel regional, en América Latina se pierden o desperdician hasta 127 millones de toneladas de alimentos al año; esto es suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas.

En México esta tendencia se confirma pues se pierden y desperdician, en promedio, el 37% de los alimentos, con lo que se podría alimentar a más de 7 millones de mexicanos y mexicanas.

Sin duda, estas cifras contrastan con los millones de personas que pasan hambre, desnutrición y carencia alimentaria en el mundo; solo en nuestro país aproximadamente 28 millones de personas tienen algún nivel de inseguridad alimentaria.

Al respecto, el párrafo primero del artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda...”.

Por otro lado, el párrafo segundo del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que los Estados Partes reconocen “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”, y enumeran las medidas que deben adoptarse individualmente y mediante la cooperación internacional a fin de acabar con ella.

En concordancia con estos instrumentos internacionales, nuestra Constitución General en el artículo cuarto señala claramente que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

Desafortunadamente, las cifras de personas en carencia alimentaria nos demuestran que aún tenemos mucho que hacer y que debemos echar mano de todas las herramientas a nuestro alcance para cumplir con este precepto.

De ahí que uno de los objetivos de esta iniciativa sea precisamente lograr un mejor aprovechamiento de los alimentos en nuestro país, reduciendo los índices de pérdida y desperdicio, pero también canalizando alimentos de buena calidad a quiénes los necesiten.

Sin embargo, debemos hacer mención que este no es el único objetivo. La iniciativa busca además reducir el impacto ambiental que causa la pérdida y desperdicio de alimentos. De acuerdo con la FAO, la huella de carbono global del desperdicio de alimentos en 2007 se estimó en 3 mil 300 millones de toneladas de dióxido de carbono; el doble de las emisiones de todo el transporte terrestre de Estados Unidos de América.

Este mismo organismo señala que si los alimentos desaprovechados fueran un país, éste habría ocupado el tercer lugar entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, con cerca del 8% de las emisiones globales (solo por debajo de China y EEUU).

Datos que deben llamar nuestra atención sobre el impacto adicional que está generando este fenómeno y que amenaza la sustentabilidad ambiental, además de favorecer el cambio climático y sus efectos devastadores. Al respecto, debemos mencionar que no es casualidad que tanto el derecho a la alimentación como el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, estén contemplados en el mismo artículo de nuestra Constitución General, y que nos corresponde emprender las acciones necesarias para garantizarlos. 

Adicionalmente, con esta propuesta legislativa pretendemos fomentar una producción más eficiente, pues se destinan muchos recursos como tierra, agua, energía y capital humano para producir alimentos que jamás serán consumidos, con un importante impacto que sin duda perjudica a la productividad.

Al respecto se estima que se utilizan alrededor de mil 400 millones de hectáreas para producir alimento que no es consumido. Esto representa una superficie mayor a la de Canadá e India juntos. Además el costo global del desecho de alimentos, en 2009, fue aproximadamente de 750 000 millones de dólares.

Como puede apreciarse, la pérdida y desperdicio de alimentos tiene un impacto considerable para la humanidad en diversos ámbitos de su desarrollo; por ello urgen estrategias globales, regionales y locales que lo disminuyan y que nos permitan crear una cadena de beneficios para todos los involucrados en este proceso, desde productores hasta consumidores finales.

Cabe señalar que han sido muchos los esfuerzos e historias de éxito para el combate de esta problemática alrededor del mundo. Desde la consolidación de acuerdos de cooperación y leyes, hasta políticas públicas en la materia.

Sin duda uno de los esfuerzos más destacables de la comunidad internacional es haber incluido dentro de las metas contempladas en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, específicamente dentro del Objetivo 12 sobre producción y consumo responsables, para 2030 reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas.

En concordancia con esta agenda y con el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025, la región de América Latina y el Caribe ha asumido el compromiso de reducir a la mitad las pérdidas y desperdicios de alimentos per cápita en 2025. Para lograrlo, se ha conformado una Alianza Regional articulada a partir de Comités Nacionales.

Desde entonces, algunos países, con el apoyo de las respectivas representaciones nacionales de la FAO, han conformado Comités Nacionales para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, los cuales están integrados por actores públicos, privados y de la sociedad civil.

En el contexto local, algunos países han emprendido acciones legislativas y administrativas relevantes. Este es el caso de Estados Unidos de Norteamérica que en 2008 expidió la Ley Federal para la Donación de Alimentos que tiene por objeto fomentar a las dependencias del Ejecutivo y a sus contratistas a donar en la mayor medida posible y segura el exceso de comida a las personas en estado de insuficiencia alimentaria. Asimismo su Código Fiscal prevé deducciones adicionales para negocios que donen comida en buen estado a organizaciones altruistas autorizadas que atiendan a los pobres y necesitados.

Por otro lado este año en Francia se expidió la Ley para la Lucha contra el Desperdicio de Alimentos que establece acciones para cada uno de los actores de la cadena alimentaria relacionadas con los siguientes rubros:

a) La prevención de residuos, el uso de alimentos no vendidos, valoración para la alimentación animal, utilización de composta con fines de la agricultura y recuperación de energía, incluyendo el biogás.

b) La prohibición a los minoristas en el sector de la alimentación de realizar acciones que hagan no aptos los alimentos para el consumo o el reciclaje de los suministros de alimentos que aún no han vendido.

c) La promoción de información y educación a niñas y niños sobre la reducción de residuos.

d) La incorporación del término de la “lucha contra el desperdicio de alimentos”.

e) La determinación para que los supermercados de más de 400 metros cuadrados sean obligados a firmar contratos para donar los productos no vendidos pero todavía comestibles a organizaciones de caridad o para su uso como alimentación animal.

En Argentina desde 2015 se creó el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos; mientras que en Brasil se han iniciado acciones hacia la formación de una Red Nacional de Expertos en reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, en el marco de las políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el fortalecimiento del sistema alimentario del país.

Costa Rica creó La Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos -SAVE FOOD Costa Rica-; y en este mismo sentido la República Dominicana cuenta con el Comité Dominicano para Evitar las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos; conformado con el objetivo idear y ejecutar acciones para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en el país, trabajando en conjunto desde el sector público, privado, organismos internacionales y la sociedad civil.

En México también se han emprendido acciones relevantes, específicamente en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que tiene dentro de sus objetivos minimizar las pérdidas post-cosecha de alimentos durante su almacenamiento, transporte, comercialización y distribución.

Para ello se creó el Grupo de Pérdidas y Mermas de Alimentos, el cual construyó el Índice de Desperdicio de Alimentos (2013) para determinar la magnitud de este fenómeno y buscar soluciones a la problemática en el país.

Asimismo la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) mantiene un esfuerzo coordinado con la Asociación de Bancos de Alimentos de México; para que a través de DICONSA se reciban donaciones de alimentos y se distribuyan en las zonas más pobres de nuestro país.

Recientemente esta dependencia ha puesto en marcha la Jornada Nacional de Alimentación, un gran esfuerzo de instancias públicas y privadas para fomentar una cultura de alimentación saludable y balanceada entre la población; que prevé el aprovechamiento eficiente de los alimentos y busca en cierta medida evitar que estos se tiren a la basura y se desaprovechen.

Por supuesto que también debemos reconocer la participación de las organizaciones de la sociedad civil que luchan día a día por llevar alimentos a las familias mexicanas que padecen hambre, así como a las empresas que han suscrito convenios de donación para beneficiar con apoyos alimentarios a esta población.

Sin duda, todos estos esfuerzos son muy valiosos; nos hablan de una conciencia colectiva que despierta y que reacciona ante un problema global cuya solución no admite demora.

Quienes suscribirnos esta iniciativa estamos convencidas que la solución a este fenómeno debe ser integral y multisectorial; por ello es urgente diseñar y poner en marcha una política nacional para reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos, así como un aprovechamiento eficiente de los mismos.

En concordancia con lo anterior, esta iniciativa tiene por objeto la creación de un Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos que funja como órgano coordinador de esfuerzos entre los sectores público, privado y social en esta lucha común. 

Este consejo se integrará por diversas dependencias como la Secretarías de Desarrollo Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud, y Economía; así como de la Procuraduría Federal del Consumidor y el INEGI. Por ser dependencias y entidades involucradas en la producción, comercialización, consumo e inocuidad de los alimentos, así como con los efectos de cada uno de estos rubros.

También formarán parte de este Consejo representantes de las organizaciones de producción de alimentos; comercializadoras; organizaciones de la sociedad civil involucradas, e instituciones académicas y de investigación con especialidad en la materia.

Este Consejo será el encargado, entre otras cuestiones, de diseñar la política nacional en materia de reducción del desperdicio y pérdida de alimentos; promover la coordinación de los sectores público, privado y social involucrados en la producción, transporte, comercialización y consumo de alimentos; promover el desarrollo de infraestructura para su producción, comercialización y transporte eficiente; estimular la participación del sector privado; promover la celebración de acuerdos y convenios en el ámbito nacional en internacional; y por supuesto promover una cultura de combate a la pérdida y desperdicio de alimentos entre la población y los sectores involucrados.

Este Consejo establecerá indicadores comunes que permitan sumar todas las acciones en una misma dirección, y con ello evitar su dispersión y por ende su efectividad. Una política integral para saber dónde estamos, a dónde queremos ir y la ruta a trazar.

La iniciativa que sometemos a su consideración prevé además el diseño, la aprobación y la puesta en práctica de la Estrategia Nacional para la Reducción del Desperdicio y Pérdida de Alimentos como instrumento rector de la política nacional en esta materia. La participación ciudadana y de todos los actores involucrados serán fundamentales en la elaboración de la misma. 

Consideramos que esta iniciativa presenta una opción viable e integral de agrupar todos los esfuerzos que existen hasta el momento, darles un cauce común y alcanzar metas precisas y cuantificables con las que no solo combatamos el desperdicio y pérdida de alimentos sino el hambre que prevalece en nuestro país.

Estamos convencidas de que erradicar el hambre en México requiere que todos los sectores de la sociedad hagan esfuerzos por reducir sus pérdidas y desperdicios. El beneficio potencial es incalculable. No sólo tendría un efecto directo en las vidas de millones de personas, sino que implicaría un cambio profundo de mentalidad, un paso fundamental hacia modelos de consumo y producción verdaderamente sustentables que garanticen que ningún niño, niña, hombre o mujer sufra hambre en un mundo donde la comida abunda.

Es por lo anteriormente expuesto que sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la:

LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto la creación del Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social que formulará la política nacional para la reducción del desperdicio y pérdida de alimentos en el país, así como el aprovechamiento eficiente de los mismos. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Consejo: El Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos;

II. Comisiones: Las comisiones de trabajo creadas por el Consejo;

III. Desperdicio de alimentos: Disminución de la masa de alimentos en las etapas de venta minorista y consumo final;

IV. Ley: La Ley que crea el Consejo Nacional de Alimentación;

V. Pérdida de alimentos: Disminución de la masa de alimentos durante  las etapas de producción, pos-cosecha y procesamiento de la cadena de suministro de alimentos; antes de llegar a la venta minorista;

VI. Estrategia Nacional: La Estrategia Nacional para la Reducción del Desperdicio y Pérdida de Alimentos, y

VII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social.

CAPÍTULO II
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO

Artículo 3. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Diseñar la política nacional en materia de reducción del desperdicio y pérdida de alimentos;

II. Elaborar y aprobar la Estrategia Nacional;

III. Diseñar y ejecutar una estrategia de difusión y capacitación sobre la implementación de las acciones previstas en la Estrategia Nacional a los sectores involucrados en la producción, transporte, comercialización y consumo de alimentos;

IV. Promover la coordinación de los sectores público, privado y social involucrados en la producción, transporte, comercialización y consumo de alimentos, a fin de dar cumplimiento a la Estrategia Nacional;

V. Emitir opinión en caso de que le sea requerida por dependencias públicas, privadas y sociales sobre programas, planes y acciones relacionadas con la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos;

VI. Promover el desarrollo de infraestructura para una producción, comercialización y transporte eficiente de alimentos;

VII. Estimular la participación del sector privado en la reducción del desperdicio y pérdida de alimentos;

VIII. Promover la celebración de acuerdos y convenios en el ámbito nacional e internacional con la finalidad de promover la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, y el aprovechamiento eficiente de los mismos;

IX. Promover una cultura de combate a la pérdida y desperdicio de alimentos entre la población y los sectores involucrados;

X. Publicar anualmente un informe sobre los avances de la política nacional en materia de reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos;

XI. Publicar análisis y estudios en la materia;

XII. Crear comisiones de trabajo al interior del Consejo;

XIII. Emitir su reglamento interno, y

XIV. Las demás que le confieran la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO III
INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO

Artículo 4. El Consejo se integrará de la siguiente forma:

I. Un Presidente que será el Titular de la Secretaría;

II. Un Secretario Técnico, que será nombrado por el titular de la Presidencia del Consejo;

III. El Titular de la Secretaría de  Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

IV. El Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

V. El Titular de la Secretaría de Salud;

VI. El Titular de la Secretaría de Economía;

VII. El Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor;

VIII. El Titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

IX. Un representante de las organizaciones de producción de alimentos;

X. Un representante de las organizaciones comercializadoras de alimentos;

XI. Un representante de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la materia, y

XII. Un representante de las instituciones académicas y de investigación.

Los representantes a que se refieren las fracciones IX a XII de este artículo serán designados de conformidad con el reglamento interno que emita el Consejo.

Los cargos del Consejo son de carácter honorífico, por lo que su desempeño no implica remuneración alguna.

Artículo 5. Cada integrante del Consejo deberá nombrar a un suplente con cargo de Subsecretario, o Subprocurador en su caso, dando aviso de dicha designación por escrito al Secretario Técnico.

Los suplentes tendrán voz y voto en todas las sesiones y podrán participar en las comisiones. Los suplentes no podrán ser sustituidos por otros representantes.

Artículo 6. El Consejo podrá acordar la convocatoria a invitados para que participen en sus sesiones, en los casos que se vayan a tratar temas que requieran de su experiencia y opinión.

Los invitados no tendrán derecho a voto.

Artículo 7. El Presidente del Consejo tendrá las funciones siguientes:

I. Representar al Consejo;

II. Nombrar al Secretario Técnico del Consejo;

III. Conducir los trabajos de las sesiones;

IV. Proponer al Consejo la creación de comisiones de trabajo, y

V. Las demás que le confieran la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables.

Artículo 8. El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones:

I. Convocar a los integrantes del Consejo a sus sesiones ordinarias y extraordinarias;

II. Convocar a los invitados a que se refiere el artículo 6 de esta Ley; previo acuerdo del Consejo;

III. Verificar el quórum para la celebración de las sesiones del Consejo;

IV. Levantar las actas de las sesiones y hacerlas del conocimiento de los integrantes del Consejo por lo menos cuarenta y ocho horas antes de la próxima sesión, para su revisión y aprobación;

V. Recibir e informar al Presidente sobre las solicitudes de temas para ser integradas al orden del día;

VI. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos aprobados por el Consejo;

VII. Turnar a las comisiones de trabajo los asuntos que les hayan sido asignados; así como dar seguimiento a los trabajos de las mismas, y

VIII. Las demás que le confiera esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 9. Los integrantes del Consejo tendrás las siguientes funciones:

I. Asistir y participar en las sesiones a que sean convocados;

II. Analizar, discutir y en su caso votar, los asuntos que se sometan a consideración del Consejo;

III. Proponer asuntos para que se incorporen al orden del día de las sesiones;

IV. Proponer la creación de comisiones de trabajo;

V. Participar en los trabajos de las comisiones aprobadas por el Consejo;

VI. Proponer la convocatoria a invitados a las sesiones del Consejo;

VII. Representar al Consejo en foros, eventos y otras actividades, previa aprobación del Pleno, y

VIII. Las demás que le confieran la presente Ley y las demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO IV
SESIONES DEL CONSEJO

Artículo 10. Las sesiones ordinarias del Consejo se realizarán semestralmente previa convocatoria del Secretario Técnico; sin perjuicio de que pueda llevar a cabo sesiones extraordinarias de conformidad con lo establecido por esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 11. Las convocatorias deberán señalar lugar, fecha y hora, acompañándose del orden del día correspondiente. La notificación de la convocatoria deberá hacerse por lo menos cinco días hábiles antes de la celebración de la sesión, y podrá realizarse de forma escrita o por correo electrónico, debiendo sus integrantes de confirmar su asistencia por estos mismos medios.

Artículo 12. La celebración de sesiones extraordinarias deberá aprobarse por el Presidente o por la mayoría de los integrantes del Consejo, cuando consideren que lo amerita la naturaleza del asunto.

Las convocatorias a sesiones extraordinarias deberán notificarse por lo menos cuarenta y ocho horas antes de su celebración y deberán cumplir con lo establecido por el artículo anterior.

Artículo 13. Para la celebración de las sesiones deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de sus integrantes. En caso de que no pudiera celebrarse por falta de quórum, se emitirá nueva convocatoria para que se realice una nueva sesión dentro de los quince días siguientes.

Cuando no exista quorum en una segunda convocatoria, se llevará a cabo la sesión con los integrantes presentes.

Artículo 14. En caso de empate en las votaciones, el Presidente tendrá voto de calidad.

CAPÍTULO V
COMISIONES

Artículo 15. Al interior del Consejo podrán constituirse las comisiones que sean aprobadas por el Pleno, mismo que deberá determinar su objetivo, integración y permanencia; así como al responsable de su coordinación.

Artículo 16. Las comisiones se integrarán por miembros del Consejo y en ellas se  analizarán y darán trámite a los temas propuestos al mismo, debiendo informar sus conclusiones y acuerdos al Secretario Técnico, por medio de su coordinador.

CAPÍTULO VI
ESTRATEGIA NACIONAL

Artículo 17. La Estrategia Nacional es el instrumento rector de la política nacional para la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. Deberá ser aprobada por el Consejo y publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 18. Durante la elaboración de la Estrategia Nacional, se promoverá la participación y consulta del sector social y privado, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para su elaboración, actualización y ejecución, en los términos previstos por las disposiciones aplicables.

Artículo 19. El Consejo deberá revisar la Estrategia Nacional, por lo menos cada cinco años con la finalidad de que sea actualizada, en caso de considerarlo necesario.

Lo anterior sin perjuicio de que sus integrantes puedan promover ajustes y adiciones antes de dicho plazo, mismas que deberán ser aprobadas por el Consejo.

Artículo 20. La Estrategia Nacional deberá contener por lo menos lo siguiente:

I. Diagnóstico y evaluación de las acciones y medidas implementadas en el país para la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, así como su desempeño en el contexto internacional;

II. Metodología para la medición en lo sucesivo de la pérdida y desperdicio de alimentos, que deberá incluir la línea base y los indicadores correspondientes;

III. Diagnóstico y evaluación de las cifras sobre desperdicio y alimentos en el país, segregadas por etapas del ciclo de suministro y consumo; y por regiones;

IV. Acciones y metas para la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos;

V. Requerimientos de investigación, transferencia de tecnología, estudios, capacitación y difusión para alcanzar las metas previstas, y

VI. Los demás elementos que determine el Consejo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Consejo deberá expedir su Reglamento Interno dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. El Consejo deberá expedir la Estrategia Nacional dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Hilda Flores Escalera.

Hay varios Senadores que desean suscribir su iniciativa. Solicito a la Secretaría si me ayuda con el nombre de todos, son más de 20. Túrnese a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO NOVENO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

(Presentada por el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

La división de poderes y la interacción equilibrada entre éstos, son conceptos fundamentales en el mantenimiento de la gobernabilidad y el ejercicio del poder democrático.

Nuestra Carta Magna mandata diversas concurrencias entre los Poderes de la Unión, principalmente entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Entre éstas podrían enumerarse las relacionadas con los procesos legislativos, como son la ratificación de tratados internacionales, la aprobación de nombramientos, incluidos los de la conformación del Poder Judicial, así como los que podrían conocerse como los más recientes, que son los nombramientos de los consejos directivos de los distintos organismos autónomos.

Esto así, porque si el texto constitucional establece que los legisladores somos los representantes de la ciudadanía y la misma Constitución indica concurrencias específicas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en materia de ratificación de nombramientos, es menester que las leyes secundarias que instrumentan los procedimientos correspondientes, sean claras y contengan los posibles supuestos del procedimiento de ratificación, aprobación o rechazo, en su caso, de éstos.

Como es el caso de los nuevos organismos autónomos, resultados de la reforma energética, los cuales cumplen funciones diversas como la regulación, la administración y la explotación de hidrocarburos; así como la administración de la renta que se obtiene de éstos; y es que uno de los principales rasgos de los nuevos organismos y de la reforma, consisten en que el nuevo modelo energético basa sus decisiones en criterios técnicos y no en políticos o de gobierno, para lo cual fue necesario instaurar un entramado jurídico que contemple los requisitos y procedimientos de los tomadores de decisiones.

De tal suerte, que a efecto de proceder con los nombramientos de los consejeros integrantes de los organismos, se establece una serie de concurrencias,  entre el titular del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, donde cabe destacar el perfil técnico y profesional que ha prevalecido en todos los nombramientos que   hemos llevado a la fecha, es particularmente positivo y está dando buenos resultados.

En ese sentido, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizazción y el Desarrollo, es un fideicomiso público del Estado, constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, tiene como objeto recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos en materia de hidrocarburos, con excepción de lo referido a los impuestos.

El Fondo cuenta con un comité integrado por tres representantes del Estado y cuatro miembros independientes.

La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizazción y el Desarrollo, mandata que los cuatro miembros independientes serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta Cámara de Senadores, y serán designados en razón de su experiencia, capacidad, prestigio profesional y considerando que puedan desempeñar sus funciones sin ningún conflicto de interés.

Sin embargo, a diferencia de los demás órganos que conforman el modelo energético, esta Ley del Fondo Mexicano en el nombramiento a los consejeros, no señala el procedimiento en el supuesto caso de que una aprobación de la designación del Ejecutivo Federal y de la Cámara de Senadores no sea aprobada.

Una interpretación ortodoxa de la ausencia de este supuesto en la ley, podría implicar la anulación de la función aprobatoria o ratificadora por parte de la Cámara Alta en este procedimiento, lo cual a su vez supondría la cancelación del equilibrio y la participación entre los Poderes de la Unión.

Por ello es tan importante la armonización en ese sentido, no solamente con relación de los demás órganos autónomos del modelo energético, sino como está la redacción, prácticamente, de todos los que hemos aprobado en esta Cámara de Senadores.

De este modo es relevante resarcir esta omisión en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizazción y el Desarrollo, adicionando un párrafo en el que se prevea la posibilidad no aprobatoria del Senado en cuanto a los nombramientos de los consejeros independientes, a fin de respetar fielmente el espíritu de esta legislación en materia energética y cumplir con los preceptos constitucionales en materia de concurrencia de los Poderes de la Unión, el equilibrio entre éstos y de la representación política que tenemos.

Con base en todo lo anterior, pongo a consideración la siguiente modificación al artículo 9, que es referente a los miembros independientes del comité, y se adicionaría el siguiente párrafo:

“Si no se alcanzaren los votos mencionados, se entenderá rechazado el nombramiento respectivo, en cuyo caso el Ejecutivo Federal enviará una nueva designación a ratificación de la Cámara de Senadores, en términos del primer párrafo de este artículo. Si esta segunda designación fuere también rechazada conforme a este párrafo, el Ejecutivo Federal hará la designación del miembro independiente directamente”.

Como bien les decía, compañeros y compañeras, este es un tema de armonización, es un supuesto que no está contemplado en la ley y me parece fundamental que lo corrijamos para evitar cualquier problema futuro.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO NOVENO AL ARTÍCULO NUEVE DE LA LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro texto constitucional establece que la soberanía reside originariamente en el pueblo  y que todo poder dimana de este mismo en su propio beneficio. Asimismo, señala que es voluntad del pueblo, darse gobierno a través de los Poderes de la Unión, lo cual instituye el diseño jurídico político todo en nuestro país, estableciendo entre otras cosas, la división de poderes y la interacción equilibrada entre estos con el fin de mantener la gobernabilidad y el ejercicio del poder dentro de los preceptos Constitucionales.

En este sentido, es relevante señalar las diversas concurrencias entre el poder ejecutivo y el legislativo en materias diversas consistentes principalmente en el cumplimiento del proceso legislativo, la ratificación de tratados internacionales, la aprobación de nombramientos, incluidos los de la conformación del poder judicial, así como la de nombramientos de organismos autónomos, sin dejar de considerar las solicitudes y entregas de información y opinión entre el Ejecutivo y el Congreso general, contemplando las atribuciones y facultades exclusivas de cada una de las Cámaras.

La importancia de dicha concurrencia radica en el cumplimiento del mandato constitucional citado con antelación, cuya principal implicación es la representación política, elemento fundamental de los regímenes políticos contemporáneos y principio rector de lo que en el mundo se entiende hoy en día por gobierno democrático y en particular sobre la función del poder legislativo en los regímenes contemporáneos en virtud de ser este poder el más fiel representante de la expresión ciudadana.

De este modo, si el texto constitucional establece que los legisladores son representantes de la nación y la misma Carta indica concurrencias específicas entre el poder ejecutivo y legislativo en materia de ratificación de nombramientos, es menester que las leyes secundarias que instrumentan los procedimientos correspondientes, sean claras y contengan los posibles supuestos del procedimiento de ratificación o aprobación de estos.

Lo anterior así, en virtud de que acorde con lo hasta aquí razonado, las aprobaciones o ratificaciones de nombramientos por parte del Congreso general, según sea el caso, se hacen en nombre o representación del pueblo o la ciudadanía y esto es el pilar de la división de poderes y la representación política nacional.

Ahora bien, en el marco de la reforma energética se instituyeron nuevos organismos de carácter autónomo que cumplen funciones diversas como la regulación, la administración y explotación de hidrocarburos y la renta que se obtiene de estos, así como demás componentes del nuevo modelo energético nacional. En este sentido, uno de los principales rasgos de los nuevos organismos y de la reforma toda, consiste en que el nuevo modelo energético basa sus decisiones en criterios técnicos, para lo cual fue necesario instaurar un entramado jurídico que contempla los requisitos y procedimientos de los tomadores de decisiones en tales organismos.

De este modo, en concordancia con los dispositivos preexistentes en la Constitución se generó, a efecto de proceder con los nombramientos de los consejeros integrantes de los multicitados organismos, una serie de concurrencias entre el titular del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, principalmente de la Cámara de Senadores.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, es un fideicomiso público del Estado constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente, y; el Banco de México, como institución fiduciaria teniendo como     objetivo recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos en materia de hidrocarburos, con excepción de lo referido a los  impuestos.

El Fondo cuenta con un Comité integrado por tres representantes del Estado y cuatro miembros independientes. Los miembros representantes del Estado son los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien preside este Comité, y de la Secretaría de Energía, así como el Gobernador del Banco de México.

La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, mandata que los cuatro miembros independientes, serán nombrados por el Titular del Ejecutivo Federal con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, y serán designados en razón de su experiencia, capacidad, prestigio profesional y considerando que puedan desempeñar sus funciones sin conflicto de interés.

Tales criterios de designación de los miembros independientes resultan de total relevancia debido a la trascendencia de las funciones asignadas a este fideicomiso, consistente ni más ni menos que en la administración de la renta petrolera en beneficio de todos los mexicanos. En un sentido más amplio, podría señalarse a esta nueva institución como una de las mudanzas más representativas de la reforma energética, no solo por su función estrictamente administrativa o burocrática, sino porque en gran medida concentra el espíritu que el Congreso de la Unión buscó imprimir de cabo a rabo en esta nueva legislación: la transparencia en la toma de decisiones, la optimización de los recursos naturales y económicos y la administración responsable de nuestros recursos, con la intención de asegurar beneficios derivados de nuestros recursos naturales para los mexicanos de hoy y del  mañana.

Por todo lo anterior, es de primordial relevancia señalar una laguna jurídica en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo en su artículo noveno donde se establece el procedimiento de nombramiento de los consejeros independientes del Fondo y de los requisitos que estos deben cumplir para ser nombrados. Esto así toda vez que si bien se delinea el cumplimiento del espíritu constitucionalista con respecto al equilibrio de poderes y la concurrencia de estos en el nombramiento de los Consejeros independientes del Fondo, este dispositivo no señala el procedimiento en una posible no aprobación de la designación que el ejecutivo presenta a la Cámara de Senadores para su aprobación.

Una interpretación ortodoxa de la ausencia de este supuesto en la Ley, podría implicar la anulación de la función aprobatoria o ratificatoria por parte de la Cámara alta en este procedimiento, lo cual a su vez supondría la cancelación del espíritu del marco hoy vigente del nuevo modelo energético nacional que persigue los elementos ya señalados y sin duda, el equilibrio y participación entre los Poderes de la Unión, asentado en nuestra Carta fundamental y consecuencia del principio de representación política consagrado en la misma.

No sobra traer a esta exposición de motivos, las previsiones de negativa por parte del Senado en otras leyes secundarias en ámbitos concernientes al sector energético, donde es menester la concurrencia entre Ejecutivo y Legislativo para el nombramiento de integrantes independientes delos cuerpos directivos de organismos autónomos en esta materia. Tal es el caso del tercer párrafo del artículo sexto de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; el párrafo quinto del artículo décimo quinto de la Ley de Petróleos Mexicanos, y; el párrafo sexto del articulo décimo cuarto de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

De este modo es relevante resarcir esta omisión en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, adicionando un párrafo en el que se prevea la posibilidad no aprobatoria del Senado en cuanto a los nombramientos de los Consejeros independientes en dicho fondo a fin de respetar fielmente el espíritu de toda esta legislación en materia energética y cumplir con los preceptos constitucionales en materia de concurrencia de los Poderes de la Unión, el equilibrio entre estos, y de representación política. 

Con base en todo lo anterior, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo noveno al artículo nueve de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, para quedar como sigue:

Artículo 9. Los miembros independientes del Comité, nombrados por el Titular del Ejecutivo Federal con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, serán designados en razón de su experiencia, capacidad y prestigio profesional y considerando que puedan desempeñar sus funciones sin conflicto de interés. Los miembros independientes del Comité, deberán reunir los requisitos siguientes:

De I a VII

Si no se alcanzaren los votos mencionados, se entenderá rechazado el nombramiento respectivo, en cuyo caso el Ejecutivo Federal enviará una nueva designación a ratificación de la Cámara de Senadores, en términos del primer párrafo de este artículo. Si esta segunda designación fuere también rechazada conforme a este párrafo, el Ejecutivo Federal hará la designación del miembro independiente directamente.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para presentar a nombre propio y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, una iniciativa con proyecto de Decreto en relación con la materia de atención a víctimas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY GENERAL DE SALUD; DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS; DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; DE LA LEY FEDERAL CONTRA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES; DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES; DE LA LEY DE VIVIENDA; DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

(Presentada por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de Senadores de diversos grupos parlamentarios)

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

Aprovecho para agradecer y dar la bienvenida a un grupo de organizaciones sociales que nos acompañan en la presentación de esta iniciativa y pedir un poco de consideración, de la Mesa Directiva, en cuestión de tiempo porque vamos a presentar una miscelánea de reforma a 23 leyes que consideramos fundamental para ejercer la Ley de Víctimas.

Agradezco mucho a Roberto Villanueva, de Atención a Víctimas, de la Universidad del estado de Morelos; a Santiago Corcuera; a la organización El Colibrí; Araceli, a Nancy Rosete Nava, a Michelle Quevedo, a Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; a Aurora Mora, de Familiares en Búsqueda, muchísimas gracias por respaldarnos; a Santiago Trujillo, a Juan Carlos Trujillo, que también nos acompañan el día de hoy y a Cristina Reyna.

Estimados colegas, Senadoras y Senadores, vengo a esta tribuna a nombre de Senadores de diferentes grupos parlamentarios, el Senador Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Martha Tagle, Adolfo Romero Lainas, David Monreal, Carlos Manuel Merino, Rosa Adriana Díaz Lizama, Ana Gabriela Guevara, María Elena Barrera Tapia, Luis Humberto Fernández; Sylvia Leticia Martínez, Isidro Pedraza, Raúl Morón, Gabriela Cuevas, Luis Sánchez, Zoé Robledo, Adriana Dávila Fernández y en el mio propio, a convocarlos, desde el corazón, para que, efectivamente, pueda trascender la indiferencia para seguir con mucha firmeza desarrollando las acciones que generen que la legislación sea adecuada para ejercer la Ley de Víctimas.

"Indiferencia, esa forma elegante de desprecio que está en el origen mismo de este dolor sin fondo", como decía el poeta Eduardo Vázquez, leído en el aniversario 2012 del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, es lo que queremos abatir.

Homicidios dolosos vinculados a la lucha contra las bandas delincuenciales y ejecuciones arbitrarias cometidas por servidores públicos; desplazamiento interno forzado; desaparición cometida por particulares y desaparición forzada de personas; tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; trata de personas, violencia feminicida, violencia sexual; violencia criminal e institucional, violencia política, secuestro y extorsiones con cobro de piso, son de las más graves violaciones a los derechos humanos que vivimos hoy en nuestro país; vulneran no sólo a las víctimas y su entorno, sino a toda la sociedad en su conjunto.

En el Senado están en proceso de discusión y eventual dictamen, dos reformas de especial relevancia para la protección de las víctimas de delitos a violaciones de derechos humanos. Una de ellas, la reforma a la Ley General de Víctimas y la emisión de una ley general que proteja a las víctimas de desaparición de personas.

En el contexto de este debate, hago un reconocimiento a los colegas, a las colegas, Cristina Díaz, Angélica de la Peña, Fernando Yunes y Alejandro Encinas, quienes presiden las Comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, respectivamente, y a los integrantes de las comisiones que estamos presentando esta iniciativa el día de hoy.

Trabajar en cada una de las leyes y los códigos que se propone reformar, no es un ejercicio legislativo ocioso, al contrario, se corresponde a las mil y una situaciones reales que viven las víctimas de violencia en nuestro país.

Se corresponde con visualizar los maltratos de alguna dependencia federal, estatal o municipal; con la ausencia de un programa específico que apoye condiciones de vida digna de las víctimas; se corresponde con el objetivo de terminar con la elegante indiferencia a que hace referencia el poeta.

Desde que se expidió la Ley General de Víctimas, quedaron establecidas reformas legales, federales y locales, que tendrían que acompañar el ejercicio efectivo de los derechos titulados en esta ley; sin embargo, aún no hemos avanzado en este camino.

En el documento emitido por nuestra Secretaría Parlamentaria, legislación pendiente de expedir a partir de disposiciones constitucionales y legales aprobadas por el Congreso de la Unión, numeral 11, encontramos los pendientes de legislar para completar la Ley General de Víctimas.

Para hacer efectiva la atención médica con el objeto de cumplir con la obligación de prestar la atención de emergencia en los términos del artículo 38 de la ley, es muy importante reformar, y es a eso que los convido, la legislación de los institutos nacionales de salud, es decir, la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con ello se protegerían los derechos a la salud y a la seguridad de quienes mueren o son reportados como desaparecidos.

En el mismo sentido, se propone reformar la Ley General de Educación, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley de Vivienda, Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, todas ellas fundamentales para generar una política pública en el ámbito social y se pueda promover de las bases para recuperar las condiciones dignas de vida y puedan las y los hijos de las víctimas mantener su actividad escolar, o en el caso de los que sean desplazados por la violencia en sus zonas de origen, puedan también contar con programas de vivienda y tener acceso a oportunidades de desarrollo económico y social.

En la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que México forma parte, se ha discutido ya sobre políticas que permitan mayor capacidad ciudadana en construir comunidades seguras y combatir la tortura, la desaparición de personas y entre las claves se encuentra el ampliar con representantes de colectivos de víctimas el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como lograr que el registro administrativo de detenciones sea un instrumento generado en tiempo real, por ello, en razón de esto, se propone reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Ley General de Victimas fue reformada por nosotros el mes en abril de 2013, en esa fecha establecimos que debía crearse una figura civil para reconocer la personalidad jurídica de las víctimas desaparecidas, a través de declaraciones especiales de ausencia, con el fin de ejercer derechos patrimoniales y familiares de personas ausentes y así salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar. Esto implica una reforma importantísima al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, ahora Nacional de Procedimientos Civiles y Federal, y el Federal de Procedimientos Civiles que también se incluye en esta miscelánea.

Con el objetivo de aliviar la carga crediticia que significa a los familiares la muerte dolosa o la privación ilegal de la libertad de la persona que titulaba un crédito, se propone también en esta miscelánea una reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que solicitamos a la comisión de dictamen competente, pudiera considerar prioritaria la discusión y análisis de este tema con el objeto de emparejarlo con la reforma a la Ley General de Víctimas.

Con mucho respeto al trabajo de análisis de procedimientos de la declaración de ausencia que están realizando nuestros compañeros en comisiones, ya en comisiones de dictamen para incorporar esta figura en la legislación en materia de desaparición y con base en el apoyo directo que hemos venido dando a quienes viven la dolosa expresión de ser obligados a declarar la presunción de muerte de un ser querido.

En esta consulta con expertos que han contribuido a la legislación nacional e internacional en esta materia, en especial agradecemos al maestro Santiago Corcuera, que también nos acompaña hoy, por su apoyo, y queremos aportar elementos que puedan ser incorporados también a la legislación federal en materia civil y civil procesal como base en la eventual legislación local, y por existir supletoriedad de esta legislación civil federal en el caso de otras leyes como la legislación de amparo o comercial.

También con este objeto incorporamos tanto en la ley sanitaria como en el Código Federal Penal, elementos que, basados en la experiencia concreta de las familias, aportan contenido a combatir inhumaciones oficiales cargadas de irregularidades o clandestinas, en algunos caso, a penalizar la atrocidad de la eliminación completa de los seres humanos, así como regular procedimientos dignos para personas fallecidas sin identificar, que ya se cuentan por miles, y que vemos necesario también incluir en esta miscelánea.

Pedimos a nuestros colegas que presiden las comisiones de dictamen puedan incorporar a este análisis, las propuestas de reforma que estamos aportando al Código Penal Federal, al Código Civil Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Nacional de Procedimientos Civiles, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a la Ley de Amparo, a la Ley General de Salud, para la construcción de los textos legislativos que requerimos.

Entre las modificaciones legales que estamos aportando para el efectivo cumplimiento de los derechos de las víctimas, se está incluyendo un paquete cuya base son las reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posición de Particulares, porque en la búsqueda y localización de personas desaparecidas o de personas secuestradas, y la información sobre el uso de tarjetas bancarias o teléfonos móviles de huellas digitales, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Al entender la importancia de proteger los datos personales, se propone adicionar a estas leyes, la excepcionalidad de proporcionar esta información para la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, y se acompaña a cada una de las leyes que regulan esta información, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la telefonía celular, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la información dactiloscópica, y la Ley de Instituciones de Crédito para la información de tarjetas crediticias o de débito y, con el mismo respeto solicitamos a nuestros colegas de las comisiones de dictamen, pudieran considerar de alta importancia avanzar en el análisis de estas propuestas.

Por último, se propone reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues ninguna regulación que se pretenda sea realmente exigible ni justiciable, puede omitir las responsabilidades a quienes teniendo obligación de cumplir las leyes, no lo hagan.

Tenemos la certeza de que las y los presidentes que integran todas las comisiones de dictamen de esta miscelánea cuentan con la experiencia, los conocimientos y, sobre todo, la calidad humana para enriquecer y mejorar cada texto, por ende, entendemos que empezará este debate cuanto antes.

Esta miscelánea pretende poner atención estructural a las necesidades concretas de las víctimas, a las de la desaparición de personas, desplazamiento, las de tortura, las de abuso sexual, la de feminicidios y homicidios dolosos, a la de las lesiones incapacitantes, a las que pierden la seguridad social cuando muere o desaparece el derechohabiente, a las que necesitan apoyo de un programa de vivienda o de educación o apoyo agropecuario, a quienes requieran atención psicosocial especializada ya sea tanatología o de violencia victimizante que hayan sufrido.

Pedimos su apoyo para estas 23 leyes que armonizarán la Ley General de Víctimas.

Muchas gracias.

Intervención



Iniciativa



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Vianey Mendoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 4 Y UN INCISO C) AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señora Presidenta.

La rendición de cuentas debe llegar hasta el último centavo del erario, es decir, todos los recursos públicos tienen que ser observables y fiscalizados, la ciudadanía está en su derecho de conocer de manera general en qué y cómo se gasta el presupuesto, esto no sólo se limita a lo económico, sino en la toma de decisiones públicas.

Los índices de corrupción en México es un tema alarmante, de acuerdo a Transparencia Internacional, el país ahora fue calificado con 35 y se encuentra en el lugar número 95, de acuerdo a la “Puntuación del Índice de Percepción de Corrupción” correspondiente a un país o territorio, indica el grado de corrupción en el sector público, según la percepción de empresarios y analistas de cada país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).

Los indiciadores sobre la corrupción alertan que el sistema de rendición de cuentas y acceso a la información pública debe de fortalecerse, pues a simple vista pareciera que la toma de decisiones públicas se lleva a cabo de manera discrecional y en completa opacidad.

Datos de Latinobarómetro 2016, indican que, entre la percepción de la gente, la corrupción comienza a ser o es ya el principal problema de nuestro país, por debajo de la delincuencia y la violencia, aunque en la práctica estas tres problemáticas tengan el mismo origen. De acuerdo a los datos de dicho estudio, el 54 por ciento de las personas encuestadas señalan que ya no se puede tolerar la corrupción, mientras que sólo el 25 por ciento de la gente aprueba la gestión de esta función de la Administración Federal en turno. Es decir, existe una asociación directa entre corrupción y confianza en el gobierno, ya que mientras aumenta la percepción de corrupción, la desconfianza también incrementa.

Bajo esta lógica, los ciudadanos están conscientes que al no ser sancionados los altos funcionarios por actos comprobados de corrupción, a ellos no les afectaría sobornar a un agente de tránsito, o bien, a algún trabajador de la Administración Pública para que les agilice o les facilite un trámite. En este sentido es necesario romper con este círculo vicioso que se va ensanchando con la impunidad que radica en nuestro país.

Frente a este escenario, el Congreso de la Unión en el año 2015 aprobó una serie de modificaciones constitucionales en materia de combate a la corrupción, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del mismo año, dentro de estos cambios constitucionales se encuentra la creación de nuevos mecanismos de fiscalización de los recursos públicos, así como el establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción, el que sienta sus bases en el artículo 113 de la Constitución Federal, y lo describe como la “instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

Sin embargo, debe de resaltar y señalar que México llega muy tarde a esta discusión, ya que en el mundo hoy en día existen más de 100 comisiones y agencias anticorrupción, hay que decir que este retraso en la legislación, de un tema que tanto lastima a la sociedad, es sólo el reflejo de la poca importancia y del interés que ha mostrado el gobierno federal para éste, uno de los principales problemas y además con la participación de las fuerzas políticas para impulsar reformas que impulsen el combate a la corrupción.

Una de las propuestas legislativas en materia anticorrupción provino de la sociedad civil bajo la denominada Iniciativa Ciudadana 3 de 3, que pretendía establecer una fuerte obligación para todos los servidores públicos de hacer pública, sin ninguna restricción, la declaración fiscal, la patrimonial y la de interés. Sin embargo, en el proceso de la negociación política, dicha pretensión fue minimizada, y finalmente se establecieron candados para proteger a los funcionarios que pretenden seguir ocultando sus fortunas y seguir operando y viviendo en la impunidad.

En este tenor, el Congreso de la Unión creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la que tiene por objeto “distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación”.

Uno de los aspectos relevantes de esta ley, ha sido el establecimiento de la declaración fiscal, de interés y patrimonial para los servidores públicos, de acuerdo al artículo 32 de dicho ordenamiento.

Uno de los objetivos que persigue el denominado Sistema Nacional Anticorrupción, será el de mantener un registro de la evolución patrimonial, de la declaración fiscal y de interés en todo momento de aquel servidor público.

Por su parte, en su artículo 2, fracción IX de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, señala que para efectos de fiscalización de los recursos públicos de la Federación, debe entender por entidades federalizadas a un mayor número de entes.

Es decir, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha dejado fuera de la obligatoriedad a personas físicas que debieran ser susceptibles de supervisión por parte de las autoridades en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y en este supuesto se encuentran, nada más y nada menos, los ex presidentes de la República, quienes reciben jugosas pensiones por haber ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En 1976 y 1987, en particular, mediante el Decreto Presidencial 2763 Bis, se estableció la prerrogativa a los ex mandatarios federales de recibir de manera vitalicia el pago de una cuantiosa pensión mensual equivalente al salario total correspondiente a los servidores públicos que ocupan el puesto de Secretario de Estado, la que se otorgará a cargo del erario federal y se incrementará en la misma proporción de temporalidad.

El conjunto de prerrogativas que recibe un ex mandatario, según versiones periodísticas e investigaciones, excede por mucho 40 millones de pesos al año, lo que representa un gasto importante para el erario y una falta de respeto para este país.

Si esto lo relacionamos con los escándalos de corrupción y de conflicto de interés que han sido públicos en los últimos años, en donde dos ex mandatarios tienen injerencias en las decisiones de gobierno, resulta imprescindible que estén bajo la revisión y la supervisión pública de su patrimonio.

Además de estas prerrogativas de los ex presidentes, el día de ayer se dio a conocer que los seguros de vida con los que cuentan, tienen cobertura para los ex mandatarios, así como para sus esposas.

De acuerdo a información del periódico “La Jornada”, la contratación de esta póliza de seguros, sólo en el año 2010, sólo en un año representó un total de 7 mil 413 millones 526 mil 400 pesos por la vigencia de este seguro. Esto, sin duda, es un insulto para los mexicanos en esta condición de crisis que estamos viviendo.

Por citar otro ejemplo. El ex presidente del empleo recibe dinero público para el pago de pensión y para el pago de asesores y apoyo técnico, un monto superior al millón de pesos mensuales. Este dinero, sin embargo, no está sujeto a ningún tipo de vigilancia, sobre todo que garantice que no existe corrupción.

En este sentido, y bajo los argumentos jurídicos presentados, resulta necesario que   como parte de los sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal ante el Sistema Nacional Anticorrupción, se incluyan a quienes hayan ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y reciban esta pensión vitalicia, en virtud de que dicho dinero proviene del erario y de la responsabilidad que ostentaron, es menester mantenga una permanente vigilancia en pro de la transparencia y de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Si los ex presidentes consideran que eso es un exceso, que renuncien a esta pensión.

Es, por ello, que se propone modificar los artículos 4 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de establecer que los ex mandatarios federales, una vez concluido su encargo, y mientras reciban el pago de su pensión, deberán de presentar su declaración de acuerdo a lo establecido por la ley.

Hay que reconocer que la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción dista mucho de dar buenos resultados; sin embargo, es necesario buscar ampliar su rango de actuación a fin de evitar mayores actos de corrupción.

El problema de la corrupción crece día a día en México, no hay más tiempo, sino emprender acciones firmes y eficaces para contenerla, lo que se deje de hacer hoy será el martirio del mañana.

Es vergonzoso que los ex presidentes no tengan llenadera, no les bastó enriquecerse en su paso por el poder, sino pretenden seguir de mantenidos por el pueblo, y si es así, al menos que se fiscalice su recurso, y si eso les molesta, que renuncien a su pensión.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 4 Y UN INCISO C) AL ARTÍCULO 33 AMBOS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En cualquier democracia representativa debe existir un sistema de pesos y contrapesos; es decir, tiene que estar estipulado explícitamente e implícitamente en las normas jurídicas las atribuciones y límites que tiene cada poder público frente a otro, en el caso mexicano se encuentran en los Títulos Segundo y Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dichos apartados hacen referencia (entre otras cuestiones) a la Soberanía Nacional y su forma de Gobierno, a la División de Poderes, así como las facultades y restricciones que tiene cada Poder, esta concepción se expresó desde la Constitución Mexicana de 1824 aunque en diferentes Títulos. Así pues a más de 190 años, el país ha contado con un sistema de pesos y contrapesos, el cual no se ha logrado consolidar.

La historia enseña de sobremanera que en la práctica el Ejecutivo Federal, era una especie de monarca sexenal con funciones metaconstitucionales, su palabra era ley, en la praxis no tenía límites, esto lo expone de manera sobresaliente Jorge Carpizo en 1978  con su libro El presidencialismo mexicano, en él señala que “el sistema presidencial mexicano adolecía de un problema político que un problema constitucional”.1

Un componente esencial del sistema de pesos y contrapesos, es sin duda la rendición de cuentas por parte de los Poderes de la Unión, la cual es contemplada desde la Constitución Mexicana de 1917, en ella se estableció la acción de informar sobre el quehacer de los servidores públicos. Sin embargo, el término fue poco utilizado, prácticamente nulo, pues dicho acto se limitaba al Informe Presidencial de cada primero de septiembre, el cual más bien era el día del Ejecutivo Federal.

La rendición de cuentas es un término complejo, grosso modo puede entenderse como entregar o dar cuentas a alguien; no obstante va más allá pues:

“Rendición de cuentas” es un término que traduce de manera limitada el significado de la palabra anglosajona accountability, que en inglés significa “el estado de ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo; [...] ser responsable de algo (liable) [...] ser sujeto y responsable para dar cuentas y responder a preguntas (answerable)”. Accountability se deriva de account, que significa “descripción oral o escrita de eventos o situaciones particulares [...] explicación de una conducta a un superior [...] razones, sustentos [...] balance de ingresos y gastos [...] registros financieros [...].2

En este sentido es claro que en México todavía existe mucho por hacer; pues si bien es cierto que con la reforma Constitucional de 1977, se consagró el derecho a la información, pero no fue sino hasta el año 2000 que dicho derecho se materializó, así pues en teoría los funcionarios deben realizar el encargo que les fue concebido con rectitud, honestidad, eficacia y eficiencia, pues están conscientes que sus actos pueden ser observados por la ciudadanía.

La rendición de cuentas, debe llegar hasta el último centavo del erario; es decir, todos los recursos públicos tienen que ser observables y fiscalizados, la ciudadanía está en su derecho de conocer de manera general en qué y cómo se gasta el presupuesto, esto no solo se limita a lo económico sino también en la toma de decisiones públicas.

El mecanismos en cuestión es un medio para acabar con el abuso del poder y malversacióndel erario, pues los ciudadanos al ejercer su derecho al acceso a la información, podrán detectar actos de corrupción; toda persona fisca o moral, pública o privada que reciba o administre recursos públicos debe regirse bajo los principios de máxima publicidad, transparencia, honradez, eficacia y eficiencia.  

El mecanismo en cuestión resulta fundamental para garantizar que los recursos públicos se ejerzan por el bien común, nunca ante un benéfico particular; sin excepción alguna y como se ha mencionado todo aquel que reciba o ejerza recursos públicos tiene la obligación de rendir cuentas cuando se le requiere sobre dichos recursos, lo anterior con base en lo estipulado en el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Se defiende la tesis que sostiene que con el correcto funcionamiento y aplicación de la rendición de cuentas y el acceso a la información, se erradicarían los actos de opacidad, corrupción e impunidad que prevalecen en el país, al mismo de vigorizar la eficacia y eficiencia de la Administración Pública.

Penosamente la corrupción e impunidad en México ha alcanzado niveles inimaginables, a tal grado han llegado estas patologías que la ciudadanía ya lo ve como una forma de vida, algo inexplicable que suceda bajo un Estado Democrático de Derecho.

¿Qué grado de corrupción se tiene en México, al punto de tener que crear un Sistema Nacional de Corrupción para erradicarla? Esto sin duda alguna es una respuesta por parte del gobierno el cual no podía tapar mucho menos solapar los excesos, lo que necesita el país es sencillamente rendición de cuentas y acceso a la información, por supuesto voluntad política que aplique y haga valer las normas jurídicas.

Los índices de corrupción de México es un tema alarmarte, de acuerdo a Transparencia Internacional, el país fue calificado con 35, posicionándolo en el lugar número 95, de acuerdo a la “Puntuación del Índice de Precepción de la Corrupción correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).”3

Lo anterior muestra que hasta el momento ningún mecanismo ha servido para reducir la corrupción, pues al contrario de lo que se esperaba, ésta se ha fortalecido, así lo demuestran estudios y encuestas que abarcan el tema.4 Sin duda no es tarea sencilla contrarrestar esta patología.

Los indicadores sobre la corrupción alertan que el sistema de rendición de cuentas y acceso a la información pública debe fortalecerse, pues a simple vista pareciera que la toma de decisiones públicas se lleva a cabo de manera discrecional y en completa opacidad.

Datos del Latinobarometro 2016, indican entre la percepción de la gente, la corrupción comienza a ser el principal problema en el país, sólo por debajo de la delincuencia y la violencia, aunque en la práctica estas tres problemáticas tengan el mismo origen, de acuerdo a los datos de dicho estudio el 54 por ciento de las personas encuestadas señalan que ya no se puede tolerar la corrupción,5 mientras que sólo el 25 por ciento de la gente aprueba la gestión de la Administración Federal en turno. Es decir, existe una asociación directa entre corrupción y confianza en el gobierno, ya que mientras aumenta la percepción de corrupción, la desconfianza aumenta.

Bajo esta lógica los ciudadanos están conscientes que al no ser sancionados los altos funcionarios por actos comprobados de corrupción, a ellos no les afectaría si sobornan a un agente de tránsito o bien a algún trabajador de la Administración Pública para que les agilice un trámite. En este sentido es necesario romper con este círculo vicio que se va ensanchando con la impunidad que radica en México.

Bajo esta lógica, el Congreso de la Unión en el año 2015 aprobó una serie de modificaciones constitucionales en materia de combate a la corrupción, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de ese mismo año, dentro de las cuales se encuentran la creación de nuevos mecanismos de fiscalización de los recursos públicos, así como el establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción, el cual sienta sus bases en el artículo 113 de la Constitución Federal: “instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobiernos competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.”

Sin embargo, se debe resaltar y señalar que México llega muy tarde a esta discusión, ya que en el mundo hoy en día existen más de 100 Comisiones o Agencias anticorrupción, hay que decir que este retraso en la legislación de un tema que tanto lastima a la sociedad, es sólo el reflejo de la poca importancia que ha tenido para los gobiernos federales y para las principales fuerzas políticas impulsar este tipo de reformas.

Una de las propuestas legislativas en materia de anticorrupción provino de la sociedad civil bajo la denominada iniciativa ciudadana 3 de 3, que pretendía establecer una fuerte obligación para todos los servidores públicos de hacer públicas sin ninguna restricción las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses; sin embargo, en el proceso de la negociación política, dicha pretensión fue minimizada, y finalmente se establecieron candados para proteger a los funcionarios que pretendan seguir ocultando sus fortunas, y seguir operando y viviendo en la impunidad.

En este tenor, el Congreso de la Unión creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual tiene por objeto “distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.”

Uno de los aspectos relevantes de esta Ley, ha sido el establecimiento de las declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial para los servidores públicos, de acuerdo al artículo 32 de dicho ordenamiento se señala que:

“Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia”.

Asimismo, en la fracción XXV, del artículo 3º de la misma Ley, señala que se deberá entender por Servidor Público a “las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Es decir, uno de los objetivos que perdigue el denominado Sistema Nacional Anticorrupción, será el de mantener un registro de la evolución patrimonial, fiscal y de intereses de todo aquel servidor público.

Por su parte el artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su artículo 2 fracción IX, señala que para efector de fiscalización de los recursos públicos de la federación, se debe entender por entidades fiscalizadas:

“Los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines;”

Es decir, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ha dejado fuera de la obligatoriedad a personas físicas que son susceptibles de supervisión por parte de las autoridades en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en estos supuesto se encuentran los ex presidentes de México, quienes reciben jugosas pensiones por haber ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo a informaciones históricas, en 1976 y 1987, en particular mediante el Decreto Presidencial 2763-BIS, se estableció la prerrogativa a los ex mandatarios federales de recibir de manera vitalicia el pago de una cuantiosa pensión mensual equivalente al salario total que corresponde a los servidores públicos que ocupa el cargo de Secretario de Estado, la cual se otorgará a cargo del Erario Federal y se incrementará en la misma proporción y temporalidad.6

El conjunto de prerrogativas que un exmandatario recibe de acuerdo a versiones periodísticas exceden por mucho los 40 millones de pesos al año,7 lo que representa un gasto importante para el Erario, si esto lo relacionamos con los escándalos de corrupción y de conflictos de interés que han sido públicos en los últimos años, en dos ex mandatarios tienen injerencia en decisiones de gobierno, resulta imprescindible que estén bajo la revisión pública de su patrimonio.

En este sentido, y bajo los argumentos jurídicos presentados, resulta necesario que como parte de los sujetos obligados a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal al Sistema Nacional Anticorrupción, se incluyan a quienes hayan ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y reciban la pensión vitalicia, en virtud de que dicho dinero proviene del Erario y de la responsabilidad que ostentaron, es menester mantengan una permanente vigilancia en pro de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Es por ello, que se propone modificar el artículo 4 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de establecer que los ex mandatarios federales una vez concluidos su encargo, y mientras reciban el pago de su pensión, deberán presentar sus declaraciones de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Hay que reconocer que la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción dista mucho de dar buenos resultados; sin embargo, es necesario buscar ampliar su rango de actuación a fin de evitar mayores actos de corrupción.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 4 y un inciso c) al artículo 33 ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

UNICO.- Se ADICIONA una fracción IV al artículo 4; y un inciso C) al artículo 33, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:

I. Los Servidores Públicos;

II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

IV.- Quienes hayan ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y reciban pensiones provenientes del presupuesto de la Federación

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez;

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

c) En los casos a que se refiere la fracción IV del artículo 4 de esta Ley deberá presentarse al año siguiente de haber concluido su encargo;

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del diecinueve de julio de 2017 de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Sen. David Monreal Avila.

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:

I. Los Servidores Públicos;

II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

 

 

 

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez;

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:

I. Los Servidores Públicos;

II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

IV.- Quienes hayan ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y reciban pensiones provenientes del presupuesto de la Federación

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez;

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

c) En los casos a que se refiere la fracción IV del artículo 4 de esta Ley deberá presentarse al año siguiente de haber concluido su encargo;



1 Casar, Ma. Amparo;Los frenos y contrapesos a las facultades del Ejecutivo; la función de los partidos políticos el Judicial, el Legislativo y la Administración Pública; [en línea], México, IIJ UNAM; Consultado el 02/09/2016. Disponible en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/6/2748/24.pdf.

2 Cfr. TheRandomHouseDictionary of the English Language, 2a. edición completa, RandomHouse, Nueva York, 1987; en Ugalde, Luis Carlos; Rendición descuentas y Democracia. El caso de México. México, IFE, 2002.

3 Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparency International, Transparencia Internacional, [en línea]. Consultado el 02/09/2016. Disponible en: http://transparencia.org.es/wp-
content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf

4 Véase: Encuesta Nacional de la corrupción y Cultura de la Legalidad. “La corrupción en México: percepción, prácticas y sentido ético”. UNAM, 2015 Consultado el 02/09/2016. Disponible en:
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/libro/index.html# y Casar, Ma. Amparo, México antinomia de la Corrupción; CIDE, IMCO; 2015.

5 Peschard, Jacqueline, “Democracias en declive, es la corrupción”, Periódico El Universal, [en línea], consultado 05/09/2016, disponible en internet: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-
opinion/columna/jacqueline-peschard/nacion/2016/09/5/democracias-en-declive-es-la

6 “Estudio en materia de pensiones, percepciones o compensaciones y demás beneficios a expresidentes de México”, Cámara de Diputados, [en línea], consultado: 05/09/2016, disponible en internet: file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Pension%20a%20expresidentes.pdf

7 “Gastos de ex presidentes de México nos cuestan más de 40 mdp al año”, Aristegui Noticias, [en línea] consultado 05/09/2016, disponible en: http://aristeguinoticias.com/0211/mexico/mas-de-40-mdp-gastan-al-ano-para-pagar-ex-presidentes-de-mexico/

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario  del PRI)

El Senador Teófilo Torres Corzo: Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo ante el Pleno a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma once artículos de la Ley General de Educación, y que propone en síntesis que los alumnos y alumnas con trastornos de desarrollo psicológico, tales como: dislexia, autismo en la niñez, trastornos hiperactivos asociados con retraso mental, y muchos más, reciban educación especializada, lo que hoy en forma legal no sucede.

Este tema es, sin duda, del mayor interés y trascendencia, por lo que implica para miles de niños mexicanos que deben recibir educación especial que les permita contar con las herramientas necesarias para desarrollarse integralmente hasta lograr su incorporación a una vida plena, autónoma y productiva a la que, sin duda, como mexicanos tienen derecho.

La motivación que me llevó a esta iniciativa nació de la preocupación de una madre, muy cercana a mí, la que me compartió que todos los días vivía angustiada porque su hijo, quien debido a un problema de dislexia era víctima de bullying o acoso escolar por parte de sus compañeros, incluso, por alguno de sus maestros. Durante todo el tiempo en la que los padres desconocieron de su trastorno, el niño obtuvo constantes y reiterados reportes de “no trabaja, no estudia, no pone atención” y, en consecuencia, bajas calificaciones, en este sentido, al no recibir una atención especializada por parte del cuerpo docente, el alumno tuvo que sufrir dolosas burlas y exclusión social.

Las lágrimas de esta madre me evidenciaron las lagunas que aún subsisten en nuestra legislación y, en particular, que existen muchos alumnos con necesidades educativas especiales que deben ser detectadas y atendidas tanto en los salones de clase como en los hogares.

Esta propuesta, señoras y señores Senadores, pretende evitar que estos alumnos se aíslen de sus padres, maestros, compañeros, y lo más grave, a veces hasta de ellos mismos.

No regresar a la escuela es lo que desean estos niños. En consecuencia, también existe gran deserción y una gran problemática y tristeza al interior de muchos hogares mexicanos.

Por ello, propongo brindar a los profesores de capacitación especializada en materia psicológica, derechos humanos, inclusión social y cultura de la legalidad, a efecto de prevenir que estas niñas y niños en nuestro país sean víctimas o victimarios del acoso escolar a causa de una enfermedad.

Para abordar el contenido de esta iniciativa quiero explicar que los trastornos del desarrollo psicológico los sufren las personas que presentan menor aptitud para percibir, comprender o ejecutar alguna acción; es decir, tienen dificultades para desarrollarse, para expresarse, para leer y para realizar diversas acciones. A diferencia de la discapacidad, los trastornos no disminuyen de manera contundente la condición de la persona, aunque pueden alterar aspectos de la misma y mantener una problemática que marque para siempre su vida.

Como es de su conocimiento, el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todos los individuos tienen derecho a recibir educación incluyente, en otras palabras es imperativo que el Estado mexicano atienda estas necesidades que son una dolorosa realidad de muchas familias en nuestro país.

Propongo reformar el artículo 10 de la Ley General de Educación, a fin de que tengan materiales didácticos especiales y que estos formen parte de los elementos que constituyan el sistema educativo nacional.

Planteó también reformar el artículo 12 de esta ley, para que la Secretaría de Educación Pública en conjunto con la Secretaría de Cultura, promueva que alumnos con trastornos de desarrollo también sean considerados en los programas incluyentes de cooperación internacional en materia cultural.

El artículo 13 de la Ley General de Educación, es preciso reformarlo, a efecto que el padrón estatal, de alumnos de las 32 entidades federativas, recopile información que permita conocer no sólo la cantidad de alumnos con trastornos de desarrollo psicológico que ingresan anualmente a los planteles educativos, sino también a los niños con discapacidad.

Propongo reformar el artículo 14, a fin de que las autoridades educativas federales y locales, utilicen los datos del padrón para capacitar a los docentes y a las autoridades de los planteles educativos que registren alumnos con necesidades educativas especiales.

A su vez, este padrón deberá alimentar al Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, para conocer las bondades, deficiencias y rezagos que mantiene el sistema educativo mexicano en materia de atención a personas con necesidades especiales, y aplicar políticas públicas necesarias para contrarrestarlas.

Adicionalmente, propongo modificar el artículo 20 de esta ley en cita, con la finalidad de que el sistema nacional de formación, actualización y superación profesional para los maestros, imparta capacitación continua en materia pedagógica, psicológica, de inclusión social, de respeto a los derechos humanos, cultura de la legalidad y actualización de conocimientos a favor de estos educandos.

El artículo 33 de la Ley General de Educación también debe reformarse, a efecto de que las autoridades educativas federales y locales, promuevan centros de rehabilitación y educación especial que cuenten con servicio médico y psicológico.

También el artículo 36 es preciso reformarlo, a efecto de que el Ejecutivo Federal, los gobernadores y los ayuntamientos, celebren convenios de colaboración con institutos, organizaciones civiles, centros de desarrollo infantil, centros de integración social, de rehabilitación, de educación especial y demás instituciones que coadyuven con los planteles educativos, a fin de brindar atención integral a los alumnos con necesidades educativas diferentes.

El artículo 65 de esta ley es preciso modificarlo, a fin de que las autoridades proporcionen información clara y precisa cuando los padres de familia o tutores expresen su preocupación por el desempeño escolar de sus hijos. Este apoyo se otorgará en materia pedagógica, administrativa, médica, informativa o psicológica.

Asimismo, en caso de que las instituciones educativas no cuenten con los elementos suficientes para brindar una solución satisfactoria sobre la problemática de estos alumnos, sus autoridades deberán canalizar el asunto a los centros educativos que cuenten con los recursos para resolverlo.

El artículo 66 también hay que reformarlo, para quienes ejercen la patria potestad o tutela de estos alumnos, informen a las autoridades escolares si ese educando presenta alguna condición física, emocional o psicológica que lo limite comprender, aprender o desarrollarse en el nivel educativo correspondiente, para que estos adapten sus programas y planes de estudio a las necesidades especiales de estas personas, y así paulatinamente, incorporarlos a las actividades normales.

Finalmente, propongo reformar el artículo 67 de la Ley General de Educación, a fin de que las asociaciones de padres de familia puedan intervenir en la protección de estos alumnos, cuando exista desinterés o negativa de las escuelas para este efecto.

Senadoras y Senadores, estas reformas que propongo permitirán que miles de mexicanos encuentren una herramienta que les permita integrarse a una vida productiva y digna a la que, sin duda, tienen derecho.

A esto venimos al Senado de la República, a velar por los mexicanos, y más aún cuando se tratan temas tan sensibles, como buscar mejores condiciones para las niñas y niños de México y sus familias.

Venimos a transformar la realidad nacional en este México cada vez más justo y progresista.

Esta es la respetuosa propuesta que hago al Pleno de la Cámara de Senadores buscando que exista la posibilidad de incorporar a cientos de miles de niñas y niños mexicanos a la vida productiva en este país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Torres Corzo.

Pidió la palabra la Senadora Anabel Acosta, ¿con qué objeto?

La Senadora Anabel Acosta Islas: (Desde su escaño) Primeramente, felicitarlo por traer estos temas a la tribuna del Senado de la República y pedirle, respetuosamente, que nos permita sumarnos, acompañarlo en esta iniciativa, a la Senadora Lucero Saldaña, a la Senadora Itzel Ríos, y a su servidora, Anabel Acosta.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Anabel Acosta. Del mismo modo, la Senadora Iris Mendoza. Solicito a la Secretaría tome nota de las y los Senadores que desean incorporarse a la iniciativa del Senador Torres Corzo, teniendo la anuencia del Senador al respecto. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA ELIMINAR LOS ESTUDIOS DE PERSONALIDAD

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeros Senadores:

Las reformas de justicia de 2008 y de derechos humanos del 2011, sin duda que representaron un replanteamiento a nuestro sistema de justicia, pero también hay que decir que, por desgracia, muchos profesionales del derecho, llámense jueces, magistrados, defensores, agentes del Ministerio Público, parecen resistirse a aceptarlo y, en consecuencia, se han negado a asumir y aplicar sus principios en el ejercicio de su labor cotidiana.

Hoy estamos viendo al propio Poder Judicial, particularmente a nivel de los Tribunales Colegiados de Circuito, y de los Plenos de Circuito, emitir criterios absolutamente contrarios a los principios que se supone rigen nuestro sistema de justicia, nuestro nuevo sistema de justicia y al paradigma de los derechos humanos.

En los próximos días, de manera concreta me voy a referir a alguno de esos criterios, y espero con ello llamar la atención de la Comisión de Justicia a la que pertenezco, y en particular la atención de los Senadores Fernando Yunes, Ivonne Álvarez y Angélica de la Peña, quienes forman parte de la mesa directiva de esta Comisión de Justicia, para proponerles emprender juntos esfuerzos para cerrarle el paso a los intentos de desvirtuar el garantismo del sistema acusatorio.

Por lo pronto, quiero comenzar estos esfuerzos con la presente iniciativa, que tiene como propósito realizar una nueva adecuación a la legislación penal para eliminar una figura que ya ha sido declarada inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y es uno de los cambios más significativos que trajo aparejado el sistema acusatorio, fue sin duda la sustitución del viejo paradigma del derecho penal del autor por el derecho penal del acto, esto es, en nuestro nuevo sistema de justicia, la persona es sancionada únicamente por el acto comprobadamente cometido y no por sus características individuales, tales como su personalidad, las cuales, en el anterior sistema, eran tomadas en cuenta por el juez para efectos de la imposición de la pena, su individualización, el otorgamiento de beneficios, así como otros objetivos de clasificación penitenciaria.

Tales características, compañeras y compañeros, como sabemos, eran analizadas en dictámenes periciales relativos a la personalidad del imputado, o sentenciado y el juzgador los consideraba como un elemento más, incluso en múltiples ocasiones como elemento determinante, para imponer una sanción, para agravarla, atenuarla, o para otorgar o negar un beneficio preliberacional.

Sin embargo, como ya lo señalé, con la sustitución del derecho penal del autor por el derecho penal del acto, los estudios de personalidad dejaron de tener validez, en virtud de que en el sistema acusatorio la personalidad del imputado es irrelevante, pues la sanción, en su caso, será impuesta tomando en consideración el acto que probadamente haya cometido. Así lo consideró, insisto, ya la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, y en consonancia con ese criterio del Máximo Tribunal, la iniciativa que pongo a la consideración de todos ustedes, propone eliminar la figura de los estudios de personalidad, algo que por cierto no contemplamos en la discusión y aprobación de la llamada miscelánea penal en junio pasado.

La dejo a su consideración, y espero contar con su disposición para que la discutamos a la mayor brevedad en la Comisión de Justicia.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA ELIMINAR LOS ESTUDIOS DE PERSONALIDAD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como era previsible, la implementación del sistema de justicia acusatorio ha representado un reto de grandes dimensiones para todas las instituciones e instancias encargadas de su aplicación.

Desde un principio era claro que se generaría una curva de aprendizaje, toda vez que no era una labor fácil el cambio de un procedimiento escrito enclavado en un sistema de rasgos inquisitorios, a un procedimiento oral de carácter acusatorio, cuya principal premisa es la presunción de inocencia del imputado, como tampoco muchos operadores del nuevo sistema podrían dejar atrás de un día para otro, las viejas concepciones y doctrinas jurídicas que aprendieron y aplicaron durante años.

Las reformas de justicia de 2008 y de derechos humanos de 2011, representaron un replanteamiento de nuestro sistema de justicia de tal envergadura que, por desgracia, muchos profesionales del derecho, llámense jueces, magistrados, defensores, agentes del ministerio público, se han resistido a aceptar y, en consecuencia, se han negado a asumir y aplicar sus principios en el ejercicio de su labor cotidiana. Ello resulta preocupante, pues mientras más tiempo pase sin que el sistema de justicia sea aplicado correctamente, tanto más tardará en arrojar resultados positivos para nuestra sociedad.

Uno de los cambios más significativos que trajo aparejado el sistema acusatorio, fue sin duda la sustitución del viejo paradigma del derecho penal del autor por el derecho penal del acto, esto es, en nuestro nuevo sistema de justicia, la persona es sancionada únicamente por el acto comprobadamente cometido y no por sus características individuales, tales como su personalidad, condición socioeconómica, entre otras, las cuales, en el anterior sistema, eran tomadas en cuenta por el juez para efectos de la imposición de la pena, su individualización, el otorgamiento de beneficios, así como otros objetivos de clasificación penitenciaria.

Tales características, como sabemos, eran analizadas en dictámenes periciales relativos a la personalidad del imputado o sentenciado y el juzgador los consideraba como un elemento más -incluso en múltiples ocasiones como el elemento determinante- para imponer una sanción, agravarla, atenuarla, o para otorgar o negar un beneficio preliberacional.

Sin embargo, como ya se señaló, con la sustitución del derecho penal del autor por el derecho penal del acto, los estudios de personalidad dejaron de tener validez, en virtud de que en el sistema acusatorio la personalidad del imputado es irrelevante, pues la sanción, en su caso, será impuesta tomando en consideración el acto que probadamente haya cometido. Así lo consideró ya la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia:

Época: Décima Época
Registro: 2005884
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I
Materia(s): Penal
Tesis: 1a./J. 20/2014 (10a.)
Página: 376

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007].

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 175/2007, de rubro: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", estableció que conforme a lo previsto expresamente en el último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal el juzgador, al individualizar las penas a imponer, puede tomar en consideración los dictámenes periciales tendentes a conocer la personalidad del inculpado. Ahora bien, una nueva reflexión lleva a abandonar este criterio y, por ende, a interrumpir dicha jurisprudencia, en virtud de que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma del derecho penal del acto y rechaza a su opuesto, el derecho penal del autor; además porque de acuerdo con el principio de legalidad, ninguna persona puede ser castigada por quien es, sino únicamente por las conductas delictivas que comprobadamente comete; por lo que la personalidad se vuelve un criterio irrelevante, pues los dictámenes periciales que la analizan (o pretenden analizarla) únicamente sirven para estigmatizar a la persona sujeta a la jurisdicción y, así, se cumplen criterios que admiten la aplicación de consecuencias perjudiciales para ella, las que se aplican a pesar de estar sustentadas en razones claramente ajenas al estricto quebranto de una norma penal.

Amparo directo en revisión 343/2012. 25 de abril de 2012. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

Amparo directo en revisión 1238/2012. 20 de junio de 2012. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

Amparo directo en revisión 3751/2012. 3 de abril de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Juan José Ruiz Carreón.

Amparo directo en revisión 1378/2013. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz.

Amparo directo en revisión 665/2013. 5 de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos.
Tesis de jurisprudencia 20/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintiséis de febrero de dos mil catorce.

El criterio anterior, emitido por la Primera Sala del Máximo Tribunal, representó un avance para la aplicación del sistema acusatorio, pero es necesario advertir que, a pesar de haber sido publicado en el Semanario Judicial de la Federación desde marzo de 2014, el Congreso de la Unión no ha eliminado de la legislación federal los estudios de personalidad, situación inexplicable si consideramos que durante el último año legislativo, se han llevado a cabo reformas tendientes a ajustar algunos aspectos del nuevo sistema, cuya praxis en aquellas entidades en las que ya se encontraba operando, mostró que estaban insuficiente o inadecuadamente reguladas.

Propuestas de modificaciones

Artículo 84, fracción II

Actualmente, el Código Penal Federal sigue contemplando expresamente los estudios de personalidad, como uno de los requisitos a colmar para conceder la libertad preparatoria del sentenciado; esto en la fracción II del artículo 84, que establece que, del examen de personalidad del sentenciado, se debe presumir que está totalmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir. Tal prescripción es clara y absolutamente opuesta al derecho penal del acto; tan es así, que recientemente la propia Primera Sala del Máximo Tribunal emitió la siguiente tesis:

Época: Décima Época
Registro: 2012508
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Tesis aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Publicación; viernes 09 de septiembre de 2016
Tesis: 1a. CCXXII/2016 (10a.)

LIBERTAD PREPARATORIA. LA INCLUSIÓN DE EXÁMENES DE PERSONALIDAD PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VULNERA EL PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El artículo 84, fracción II, del Código Penal Federal, dispone que se concederá libertad preparatoria al condenado, previo el informe a que se refiere el Código de Procedimientos Penales, que hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena, si se trata de delitos intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y cuando se cumpla, entre otros requisitos, con un examen de la personalidad del sentenciado, del cual se presuma que está socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir. La última reforma al citado precepto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 1971 y, de su trabajo legislativo, se puede concluir que la inclusión de exámenes de personalidad para decidir sobre la libertad preparatoria obedece a la instauración de las técnicas criminológicas de ese momento, que se consideraban útiles para alcanzar los objetivos de la readaptación social del sentenciado, siendo que la readaptación social parte de la premisa de que el destinatario es un sujeto mental o psicológicamente desviado que requiere tratamiento. Ello se refrenda con la afirmación del legislador en el sentido de que el derecho penal tiene como objeto que el sentenciado adquiera una "vida normal". De este modo, para el legislador basta con que el dictamen de personalidad arroje un resultado negativo para no conceder el beneficio preliberacional, esto es, que el tratamiento terapéutico de readaptación social no hubiere surtido los efectos deseados de transformar al individuo en una persona con "vida normal", lo cual no satisface el estándar constitucional de reinserción social y, por tanto, es violatorio de derechos humanos. En efecto, el cambio de paradigma previsto en el artículo 18 constitucional no tiene la pretensión de evaluar elementos que tiendan a calificar la condición psicológica del sentenciado. Un beneficio preliberacional, preparatorio, para ser considerado como tal, debe estar apoyado de manera indispensable en los resultados del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Así, la reinserción social no puede depender de un cambio psicológico o de forma de pensar y de sentir del interno, pues ello implicaría un retroceso al concepto de readaptación social, abandonado expresamente por el Poder Reformador en el año 2008. Lo anterior no implica que el legislador no cuente con libertad de configuración legislativa para fijar los requisitos que deben reunirse en materia de beneficios preliberacionales; sin embargo, el ejercicio de esta atribución debe ceñirse al postulado constitucional antes referido.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 1003/2015. 30 de marzo de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

Es claro, pues, que la fracción II del artículo 84 debe ser eliminada en virtud de ser contraria los principios que rigen al sistema acusatorio.

Artículo 52

Además del precepto mencionado en el apartado anterior, existen algunas otras disposiciones que, si bien no refieren expresamente a los estudios de personalidad, establecen previsiones que necesariamente implican tomar en consideración la personalidad del imputado o sentenciado. Tal es el caso del artículo 52 del propio Código Penal Federal, referente a los aspectos que el juzgador debe tomar en consideración para fijar las penas y medidas de seguridad a imponer; particularmente su fracción VII que habla de “condiciones especiales y personales”.

Cierto es que el propio texto de esta fracción condiciona que tales condiciones especiales y personales deben ser relevantes para determinar la posibilidad del sujeto de haber ajustado su conducta a la norma, sin embargo, también es claro que tal relevancia queda completamente sujeta a la valoración del juzgador, por lo que la norma deja abierta una rendija por la que el juzgador podría tomar en consideración un aspecto de la personalidad del imputado, argumentando que se trata de una condición personal relevante para el caso concreto. En consecuencia, en el artículo en cuestión resulta necesario imponer la prohibición expresa para el juzgador, de tomar en consideración la personalidad del imputado para imponer la sanción penal.

Artículo 54

Otro ejemplo es el artículo 54, que no solamente habla de circunstancias subjetivas del autor del delito, sino que además adolece de una deficiente redacción que no deja del todo claro si lo que no puede hacerse extensivo a los demás intervinientes, es el aumento o disminución de la pena, o las circunstancias del autor del delito. Ello porque en el primer párrafo, el sujeto de la oración es el aumento o disminución de la pena (en singular); sin embargo, el párrafo cierra diciendo que no son aplicables (en plural) a los demás sujetos, por lo que podría entenderse que lo que no es extensivo son las circunstancias del autor. Esta última idea se corrobora con el segundo párrafo, que habla del conocimiento de tales circunstancias, por parte de los demás sujetos.

Por tal virtud, la presente iniciativa propone una reformulación del texto que clarifique su objetivo y de paso elimine la consideración de circunstancias subjetivas del autor del delito.

Artículo 90, fracción I, inciso c)

En cuanto al artículo 90, relativo a la condena condicional, el inciso c) de su fracción I establece el requisito de “que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir”, es decir, para conceder la condena condicional, el juzgador debe tomar en consideración “antecedentes personales”, expresión que, por un lado, resulta difusa y por ende podría constituir una rendija para que el juzgador tome en consideración aspectos propios de la personalidad del sentenciado, pero por otro lado también implica que el juzgador tome en consideración situaciones que nada tienen que ver con el delito por el que se juzga y, por tanto, sólo producen la estigmatización del imputado, lo que resulta inaceptable en un sistema acusatorio como el nuestro.

Artículo 97, primer párrafo

Finalmente, el artículo 97, relativo a la figura del indulto y que fue parte de la llamada miscelánea penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio pasado, se refiere al dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el cual se evalúa la conducta del sentenciado y el grado de reinserción social que ésta refleja.

En ese sentido -y a reserva de lo que para efectos de dicho dictamen establece la Ley Nacional de Ejecución Penal- es necesario que tanto los requisitos para conceder el indulto, como el contenido del dictamen del órgano ejecutor, sean lo más objetivos posible para así garantizar que no se evalúe al sentenciado por sus rasgos de personalidad. En este punto debemos considerar que el órgano ejecutor, al valorar la conducta del sentenciado, tendrá naturalmente una tendencia a considerar los aspectos relativos a su personalidad; por tanto, resulta conveniente reformular el texto del artículo 97, a fin de que el dictamen del órgano se aleje lo más posible de ese tipo de consideraciones.    

En virtud de todo lo anterior, la presente iniciativa tiene como propósito realizar una nueva adecuación a la legislación penal, con el objetivo de eliminar una figura que ya ha sido declarada inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 54, el inciso c) de la fracción I del artículo 90, el primer párrafo del artículo 97; se derogan el último párrafo del artículo 54, la fracción II del artículo 84;se adiciona un último párrafo al artículo 52, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 52.-…

I. a VII.-

Bajo ninguna circunstancia el juzgador podrá tomar en consideración la personalidad del imputado para fijar la pena o medida de seguridad.

Artículo 54.- Las calidades y las relaciones personales del autor de un delito, no serán aplicables ni tomadas en cuenta para el aumento o disminución de la pena de los demás sujetos que intervinieron en él.

SE DEROGA

Artículo 84.-…

I.-

II.- SE DEROGA

III.-

Artículo 90.- …

I.-

a) y b) …

c) Que por tener un modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir.

d) y e)

II. a X.

Artículo 97.- Cuando conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción, el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

I. a III.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Sen. Benjamín Robles Montoya.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Está Presidencia da la más cordial bienvenida, y recibe con gran afecto, a nuestros invitados que el día de hoy están con nosotros, con motivo de la efemérides de la conmemoración del “Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano”.

Entre ellos se encuentran el Místico, Atlantis, Rush, Dragon Lee, Diamante Azul, Negro Casas, Estrellita, Brazo de Oro, Tiffany, Último Guerrero, Euforia, la Máscara, Pierrot, Mephisto, Dragón Rojo, Hechicero y Marco Antonio Alonso Ruiz, representante del Consejo Mundial de Lucha Libre.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República y reconocemos el trabajo que vienen realizando!

Por otro lado, queremos también, desde esta Presidencia, informar que el pasado 18 de septiembre ocurrió el lamentable deceso del señor José Zamora Jiménez, hermano de nuestro compañero y amigo el Senador Arturo Zamora Jiménez.

A nombre del Senado de la República, le expresamos un pésame muy sentido a nuestro querido amigo Arturo Zamora y le solicitamos transmita a toda su familia la solidaridad del Senado en el duelo que vive en estos momentos.

Desde aquí, Senador, reciba nuestro abrazo y nuestro cariño.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Muchas gracias, señora Presidenta.

El pasado jueves 21 de abril, el Diputado Jonadab Martínez García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó, en la Colegisladora, una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos en materia de Movilidad, misma que contó con el acompañamiento de diversos actores y organizaciones de la sociedad civil, tales como el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Bicitekas, Reacciona por la Vida, Víctimas de Violencia Vial y Céntrico, que han luchado por consolidar el derecho a la movilidad en nuestro Orden Jurídico Mexicano en beneficio de todas y todos los mexicanos. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Al tiempo, en la sesión del 13 septiembre la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, presentó ante el Pleno de esta Soberanía, a nombre propio y de varios Senadores de diversos grupos parlamentarios, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide en la Ley General de Asentamientos Humanos.

Dada la importancia de ambas iniciativas y de conformidad con el artículo 72, letra I) de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pongo a consideración la presente iniciativa a fin de enriquecer la legislación en materia de movilidad.

El objetivo es adicionar un Capítulo Décimo, denominado “De la Movilidad Urbana Sustentable” en la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de solucionar los problemas en la materia, a causa de lagunas legales, que han tenido como consecuencia la pérdida de vidas humanas y ha puesto en peligro la salud de millones de personas, situación que no puede omitirse.

El adicionar un capítulo dedicado a regular la movilidad en la Ley General de Asentamientos Humanos, daría solución a una realidad que necesita de la gobernanza.

Entendemos a la movilidad como el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un entorno físico y cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad.

Estos desplazamientos son ejecutados en diferentes medios o sistemas de transporte y todos con el claro objetivo de facilitar la accesibilidad a determinado bienes y servicios.

Así, el capítulo aludido es una normatividad clara, concreta y eficaz, producto de un trabajo profesional, que logra, por su construcción jurídica, evitar la ambigüedad y tergiversación de la misma.

Esta propuesta se nutrió de un sinnúmero de opiniones basadas en el estudio y experiencia de años en el tema, de sugerencias de profesionales que han dedicado gran parte de su vida al estudio de la movilidad.

La correcta legislación de la movilidad favorece el acceso a bienes y servicios que ofrecen las ciudades, así como el desarrollo económico y competitividad de las mismas. Se trata de un tema llave que da acceso al trabajo, la educación y otros derechos humanos.

Si bien la movilidad implica básicamente mejorar el desplazamiento de todas las personas, también es verdad que cada segmento de la población tiene necesidades diferentes, y por tanto se requieren de facilidades específicas que atiendan las diversas prioridades.

Por ello, es menester promover medidas legislativas enfocadas a una movilidad eficaz que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de evitar obstáculos a la movilidad.

Dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad en materia de movilidad requiere del uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales.

Se estima que a marzo de 2015, la población en México fue de 119 millones 530 mil habitantes, por lo que los centros urbanos experimentan cotidianamente distintos problemas ambientales, tales como la contaminación del aire y del agua, disposición de residuos y la congestión vehicular.

Ejemplo de ello, fue el hecho de que la Ciudad de México tuvo su peor crisis ambiental en los últimos 14 años, entre el 12 y el 16 de marzo pasado, en donde el aire alcanzó una composición tan tóxica que respirarlo supuso un riesgo latente para la salud de más de 20 millones de personas.

Le eficiencia de la gestión de los asentamientos humanos depende de la habilidad de asumir y resolver los distintos problemas que se dan en la vida cotidiana de las ciudades, en relación a la provisión de vivienda, servicios urbanos e infraestructura.

La relación entre distancia y tiempo de recorrido es completamente ilógica por la saturación vehicular, ya que depende del horario que se realicen, trayectos cortos pueden durar más de una hora, y trayectos largos pueden durar menos de media hora.

Así entonces, el mejorar el escenario de movilidad, al contar con más opciones de traslado mediante el diseño de estrategias que diversifiquen las opciones de movilidad de los usuarios con la misma calidad, debe ser un fenómeno habitual, cotidiano y de corresponsabilidad.

Así, la presente iniciativa es un primer paso para generar una nueva política pública en relación a la movilidad, que busca establecer alternativas de solución a los diversos problemas que implica la gestión de la misma y con ello sentar las bases para llevar a cabo una planeación coordinada de las políticas públicas en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, transporte y medio ambiente.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

Las suscrita, Senadora MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 8 fracción I, 76, 164, 169, 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Cámara la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS:

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

El pasado jueves 21 de abril del año en curso, el Diputado Jonadab Martínez García, presentó en la colegisladora una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos en materia de Movilidad, misma que contó con acompañamiento de diversos actores y organizaciones de la sociedad civiltales como: el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), CTSEmbarq México,Bicitekas,Reacciona por la vida, Víctimas de Violencia Vial y Céntrico; que han luchado por consolidar el Derecho a la Movilidad en nuestro Orden Jurídico Mexicano, en beneficio de todas y todos los mexicanos.Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Al tiempo, en la sesión del 13 de septiembre la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara,presentó ante el pleno de esta Soberanía a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios: Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; que retoma esfuerzos de diversas iniciativas presentadas en las últimas tres legislaturas y de diferentes sectores de la sociedad interesados en el tema.

Dada la importancia de ambas iniciativas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 72, letra I. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pongo a consideración la presente iniciativa a fin de enriquecerla legislación en materia de movilidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General de Asentamientos Humanos de 1976 contenía 47 artículos agrupados en cuatro capítulos; posteriormente, se le agregó un capítulo V denominado “De la tierra para la vivienda urbana”, con doce artículos, por Decreto publicado el 29 de diciembre de 1981 en el Diario Oficial de la Federación; y el 7 de febrero de 1984 aparecieron publicadas en dicho Diario nuevas modificaciones, agregándose cinco capítulos que fueron: I. Disposiciones generales; II. De la concurrencia y coordinación de autoridades; III. De las conurbaciones; IV. De las regulaciones a la propiedad en los centros de población; y V. De la tierra para el desarrollo urbano y la vivienda.

La Ley General de Asentamientos Humanos de 1976 fue modificada para adecuarla a la Ley de Planeación de 1983, en relación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

La nueva Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993, derogó a la de 1976, para estar más acorde con la Ley de planeación1.

La Ley vigente, cuenta con 60 artículos y nueve capítulos, siendo estos: Primero. Disposiciones Generales; Segundo. De la Concurrencia y Coordinación de Autoridades; Tercero. De la Planeación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población; Cuarto. De las Conurbaciones; Quinto. De las Regulaciones a la Propiedad en los Centros de Población; Sexto. De las Reservas Territoriales; Séptimo. De la Participación Social; Octavo. Del Fomento al Desarrollo Urbano; Noveno. Del Control del Desarrollo Urbano.

Lograr las coincidencias en lo fundamental, de los distintos puntos de vista y avalar estas por el consenso social, es la única forma de lograr una legislación que responda a solucionar los problemas de la sociedad. Por lo que, en el ámbito de su competencia, el adicionar un Capítulo Décimo, denominado “De la Movilidad Urbana Sustentable” en la Ley General de Asentamientos Humanos, impulsa eso precisamente, solucionar los problemas en la materia, a causa de lagunas legales, que al día de hoy han tenido como consecuencia desgraciadamente la pérdida de vidas humanas, y ha puesto en peligro la salud de millones de personas, situación que no puede omitirse.

El capítulo aludido es una normatividad clara, concreta y eficaz, producto de un trabajo profesional, y logra, por su construcción jurídica, evitar la ambigüedad y tergiversación de la misma.

Esta propuesta se nutrió de un sin número de opiniones, basadas en el estudio y experiencia de años en el tema, de sugerencias de profesionales que han dedicado gran parte de su vida al estudio de la movilidad, para dar lugar a una sola expresión que diera a todos y cada uno, los más derechos posibles y las más obligaciones necesarias, siempre al amparo de una razón colectiva.

El Capítulo de referencia está conformado por cinco secciones denominadas: Sección I: Gestión de la Movilidad Urbana Sustentable; Sección II: Financiamiento de la Movilidad Urbana Sustentable; Sección III: Planeación de la Movilidad Urbana Sustentable; Sección IV: Diseño de la Infraestructura Vial; y Sección V: Normas de Circulación y Seguridad Vial. Las secciones señaladas contienen 24 nuevos artículos, abarcando del artículo 61 al artículo 85 de la Ley en comento.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dar seguimiento a un aspecto de la realidad es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto, y que por lo tanto requiere de la atención de los tres órdenes de gobierno en su respectiva esfera de competencia.

La correcta legislación de la movilidad favorece el acceso a bienes y servicios que ofrecen las ciudades, así como al desarrollo económico y competitividad de las mismas. Se trata de un tema llave que da acceso al trabajo, la educación y otros derechos humanos.

Si bien la movilidad implica básicamente el mejorar el desplazamiento de todas las personas, también es verdad que cada segmento de la población tiene necesidades diferentes, y por lo tanto se requieren de facilidades específicas que atiendan las diversas prioridades.

Lo anterior, debido a que el dotar de oportunidades de traslado, permite a las personas desenvolverse con seguridad y tomar las decisiones que le sean más adecuadas, ya sea en el ámbito laboral, económico, de instrucción, cultural o social.

La movilidad física es individual, ya que responde a necesidades cotidianas específicas, el desplazamiento de las personas es determinado por las necesidades y obligaciones del momento, las cuales pueden cambiar en cuestión de minutos, por lo que es necesario que los traslados sean realizados de manera segura y eficiente. Incluso al vincular la movilidad con el desarrollo urbano es idóneo promover que estos traslados sean cada vez más cortos, fomentando así el uso de modos sustentables.

Por ello, este Poder de Estado debe promover medidas legislativas enfocadas a una movilidad eficaz que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de evitar los obstáculos a la movilidad.

Dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad en materia de movilidad requiere del uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales.

El adicionar un capítulo dedicado a regular la movilidad en la Ley General de Asentamientos Humanos, daría solución a una realidad que necesita de la gobernanza.

Entendemos a la movilidad como el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un entorno físico, y cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad.

Estos desplazamientos son ejecutados en diferentes medios o sistemas de transporte, y todos con el claro objetivo de facilitar la accesibilidad a determinados bienes y servicios.

Sentimiento de pertenencia, facilitar la inclusión social y profesional (al desarrollar las personas sus capacidades y competencias), y con ello ser una pieza fundamental en el desarrollo económico de las ciudades, es lo que provee un escenario de movilidad planeado y por ende competitivo.

La movilidad como tema de política pública, es muy compleja en las urbes, ya que requiere: integrar el sistema de transporte, procurar la máxima calidad en el servicio al menor precio posible, disminuir los tiempos de desplazamiento, disminuir al mínimo posible la incidencia de hechos de tránsito y una accesibilidad adecuada dependiendo de los flujos de usuarios en los distintos horarios del día y evitando al mismo tiempo impactar negativamente al medio ambiente; pero aun así se debe dar respuesta pronta y de calidad a las necesidades de la población, lo anterior atendiendo a criterios de sustentabilidad social, ambiental (disminuir el impacto de la polución en las ciudades) y económica.

La movilidad impacta a todos, se quiera o no: peatones, usuarios de bicicleta, usuarios de motocicletas, conductores de trasporte privado, público y de carga; y todos tienen necesidades diferentes, pero transitando por un mismo sistema vial (lo que provoca la lucha violenta por el uso del espacio), por lo que el reto es conciliar todos esos intereses a fin de lograr un escenario ideal de movilidad en donde la legalidad sea la regla y el respeto a esta lo cotidiano.

Cuando nos referimos a la movilidad enmarcada en una perspectiva de los derechos humanos, nos referimos a que ésta debe poseer: calidad, disponibilidad, seguridad y accesibilidad.

Es correcto planear el futuro, pero primero debemos resolver el presente. Todo lo relacionado con la movilidad es un asunto público que no debe politizarse, y que debe enfocarse al bienestar para las personas al trasladarse.

El Estado tiene la obligación de generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los gobernados en todas las esferas, y en este sentido, el facilitar la movilidad de la población es una responsabilidad que debe adecuarse a la realidad presente.

Es claro que toda ley debe adecuarse al devenir de las sociedades a las cuales rigen, a fin de hacerlas eficaces. Es por ello que consideramos necesario, adicionar a la ley de referencia un capítulo destinado a regular a la movilidad en nuestro país.

Se estima que a marzo de 2015, la población en México fue de 119 millones 530 mil 753 habitantes2, por lo que los centros urbanos experimentan cotidianamente distintos problemas ambientales, tales como la contaminación del aire y del agua, disposición de residuos y la congestión vehicular.

Problemas como los anteriores, se deben controlar, administrar, mitigar; porque sería iluso pensar que se pueden eliminar.

Ejemplo de ello, fue el hecho de que la Ciudad de México tuvo su peor crisis ambiental en los últimos 14 años, entre el 12 y el 16 de marzo pasado, en donde el aire alcanzó una composición tan tóxica que respirarlo supuso un riesgo latente para la salud de más de 20 millones de personas.

La eficiencia de la gestión de los asentamientos humanos depende de la habilidad de asumir y resolver los distintos problemas que se dan en la vida cotidiana de las ciudades, en relación a la provisión de vivienda, servicios urbanos e infraestructura.

Las ciudades son cuerpos vivos, que se desarrollan, que se ordenan, pero también se enferman, por la acción de los seres humanos que viven en ellas.

Es por ello que se deben regular todos aquellos aspectos que de una u otra manera atentan contra la salud de las ciudades (hacinamiento habitacional desordenado, excesiva concentración humana en el transporte público, falta de infraestructura vial, falta de servicios públicos básicos, inseguridad, etcétera) y por tanto de todos aquellos que viven en ellas.

Los asentamientos humanos requieren de un desarrollo sustentable, a efecto de establecer una convivencia social ordenada, armónica y no caótica. Es indispensable que la movilidad forme parte de ese desarrollo sustentable y de la visión de los gobiernos.

Cuando la movilidad es limitada, el grupo social de menores ingresos es quien es afectado en mayor proporción, por ser quienes utilizan en mayor medida el transporte público o bien algún medio de transporte no motorizado, siendo este el más castigado.

El transporte masivo de pasajeros es un servicio público fundamental, ya que de este dependen millones de personas diariamente para cumplir sus obligaciones, por lo que es necesario que la materia de movilidad sea reglamentada y controlada, por medio de un capítulo destinado a ella, dentro de la Ley General de Asentamientos Humanos.

El mejorar el transporte masivo, mejora de manera directa el espacio urbano, ya que se perfecciona la movilidad.

Ejemplo de lo contrario es el hecho de que en la Zona Metropolitana del Valle de México, dependiendo del transporte y las condiciones, un traslado interno puede tomar el mismo tiempo, o más, que viajar a otro estado.

La relación entre distancia y tiempo de recorrido es completamente ilógica por la saturación vehicular, ya que depende del horario que se realicen, trayectos cortos pueden durar más de una hora, y trayectos largos pueden durar menos de media hora.

Así entonces, el mejorar el escenario de movilidad, al contar con más opciones de traslado, mediante el diseño de estrategias que diversifiquen las opciones de movilidad de los usuarios con la misma calidad, debe ser un fenómeno habitual, cotidiano; y de corresponsabilidad, ya que la trasformación de las urbes se da todos los días.

Existen diversas regulaciones de orden local en la materia, como son:

• La Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León (vigente desde junio de 2009)

• La Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro (vigente desde abril de 2013)

• La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (vigente desde agosto de 2013)

• La Ley de Movilidad del Distrito Federal (vigente desde julio de 2014) y

• La Ley de Movilidad del Estado de México (vigente desde agosto de 2015)

• La Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios (marzo de 2016)

Todos los anteriores ordenamientos, son el reflejo de la problemática planteada, al ser urgente su regulación, son fruto del consenso y el trabajo parlamentario profesional, pero no existe un ordenamiento general que incluya la materia en comento, que sea de aplicación obligatoria, que establezca las bases, directrices y criterios generales para que, en el ámbito de sus atribuciones, la Federación, entidades federativas y municipios planifiquen, regulen y gestionen la movilidad urbana sustentable como un elemento inherente del desarrollo urbano de los asentamientos humanos.

Es por ello que consideramos que la Ley General de Asentamientos Humanos debe de contener un Capítulo destinado a regular específicamente el tema de la movilidad.

Cabe mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece como una de sus líneas de acción el fomentar la movilidad urbana sustentable.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha alineado sus programas presupuestarios al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2013-2018) en cuyos objetivos se encuentra: Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes, seguras y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.

En coordinación con los tres órdenes de gobierno se busca a través de programas presupuestarios, incentivar las viviendas en entornos dignos con infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y movilidad de manera integral.3

Lo anterior obedece a que los problemas de movilidad en nuestro país son uno de los principales factores que inciden en la baja calidad de vida de la población y el desempeño económico nacional.

En 1900, una de cada 10 personas vivía en ciudades. Actualmente, casi 3,000 millones de personas, o sea, casi la mitad de la humanidad (7,000 millones) residen en centros urbanos.4 y 5

En México, 78 por ciento de la población vive en localidades urbanas, y 22 por ciento en comunidades rurales.6

Es necesario que los asentamientos humanos cuenten con condiciones de vida por encima de los niveles mínimos necesarios para garantizar la salud de las familias y las comunidades. Mejorar el entorno de vida de las personas es fundamental para llevar a cabo todas y cada una de las actividades que lleven a cabo en su vida diaria.

En la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), celebrada en Estambul, Turquía, en 1996, se acordó el Programa de Hábitat, siendo uno de sus compromisos el generar un desarrollo urbano sostenible.

La ciudad de Toluca, Estado de México, fue sede durante este mes de abril (del 18 al 20) de la reunión regional de América Latina y el Caribe preparatoria, previa a la Conferencia Internacional de Naciones Unidas “Habitat III” sobre el desarrollo urbano, que se realizará el mes de octubre próximo en Quito, Ecuador.

En el encuentro participaron representantes de 34 países de América Latina y el Caribe, a fin de impulsar una mejor planeación de las ciudades y fomentar una mayor cohesión social.

En la Declaración de Brasilia, que fue el resultado de los trabajos de la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial, “Es hora de resultados”, se subrayó la importancia de que la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) tome en consideración que la mayoría de las muertes y lesiones graves por percances viales que ocurren en el mundo, suceden en zonas urbanas.

La magnitud del problema de la inseguridad vial en el mundo ha obligado a que la movilidad segura sea parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) de la ONU. El objetivo 11 busca: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.7

En nuestro país, y de acuerdo con estadísticas de defunciones, en 2013 fallecieron 34,509 jóvenes en México, siendo entre los hombres el 17.2 por ciento de estas muertes por accidentes de tránsito, y entre mujeres el 10.3 por ciento. La falta de seguridad vial es un enrome reto de salud pública: el número de lesionados y personas con discapacidad aumenta cada año.

Y aunque en diciembre de 2014 este Honorable Congreso aprobó la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes y publicó un documento sobre la relevancia de enfrentar la grave problemática de seguridad vial, México sigue siendo un país en el que la primera causa de muerte de los niños entre 5 y 9 años, los graves problemas de seguridad vial en el país aún no son un problema prioritario en la agenda pública y gubernamental.8

De acuerdo con datos proporcionados a través del Programa de Acción Especifico- Seguridad Vial 2013-2018, de la Secretaria de Salud Federal, las lesiones por percances viales toman relevancia entre los jóvenes ya que son la segunda causa de muerte en el grupo de edad comprendida entre los 20 y los 29 años, en este grupo de edad se concentra el 24 por ciento de las muertes por lesiones ocasionadas por accidentes viales. De estas, el 17.9 por ciento son peatones, el 9.7 por ciento motociclistas y el 0.4 por ciento ciclistas. Es decir, que los peatones, ciclistas y motociclistas, concentran el 28 por ciento de la totalidad de las muertes.9

De igual manera y según datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en México mueren al año 8,161 peatones en incidentes viales. Es decir, aproximadamente 20 personas mueren al día atropelladas.10

En el mismo orden de ideas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones causadas por el tránsito, son la octava causa mundial de muerte y la primera entre los jóvenes de 15 a 29 años, por lo que si no se toman medidas urgentes, los hechos de tránsito se convertirán en el año 2030 en la quinta causa de muerte. La mitad de todas las víctimas mortales ocasionadas por los percances viales son peatones, ciclistas y motociclistas. La mitad de todas las muertes que acontecen en las carreteras del mundo se produce entre los usuarios menos protegidos de las vías de tránsito: motociclistas (23 por ciento), peatones (22 por ciento) y ciclistas (4 por ciento). Estos datos constituyen una seria advertencia a los gobiernos de todos los órdenes de gobierno, respecto de la necesidad de tener en cuenta a los usuarios no motorizados de la vía pública.11

La legislación en materia de asentamientos humanos, incluida la movilidad puede ser impopular, pero se debe dar prioridad a la salud de las personas, por sobre el impacto político de las mismas.

Es necesario cuestionar todo el sector de movilidad y transporte, a fin de proponer la construcción de un mejor escenario. Al mejorar el transporte público, ofrecer opciones de seguras de movilidad no motorizada, mejora la calidad de vida de las personas, generando un sentido de pertenencia y agradecimiento de los usuarios y por ende generando cohesión social.

Caso concreto

La zona metropolitana del Valle de México es la más poblada en el orden nacional, y una de las más pobladas en el mundo; la Ciudad de México, con una población de 20 millones 843 mil habitantes en el año 2014, se convirtió en la cuarta ciudad más poblada del mundo.12 Así entonces, una movilidad eficiente es fundamental para generar un desarrollo urbano con esa misma característica, por lo que considerar a la movilidad como un aspecto toral de los asentamientos humanos es necesario.13

¿Que se ha hecho en la Ciudad de México durante la primera década del siglo XXI, por parte de sus autoridades en contra de una movilidad planificada?

• Los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del Gobierno de la Ciudad de México, revelan que la población total en la capital es de 8 millones 985 mil 399 personas, pero 20 millones de personas conviven diariamente en esta ciudad, por razones de estudios o trabajo.

• La Megalopolis (formada por los Estados de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, tuvieron en conjunto 13 millones 059 mil 620 vehículos registrados en circulación en 2014.14 Sin embargo, solo en la Ciudad de México se aplica el Programa Hoy no Circula.

• En la Ciudad de México circulan diariamente 5 millones de vehículos, de los cuales la mitad tienen placas de la Ciudad, y los restantes provienen de otras entidades del país.15

• Se deforestó la Ciudad al talar 57 mil 544 árboles.

• Falta de gestión pública eficiente y amigable con el medio ambiente, en favor de la salud de la población en general.

• Se incrementó la construcción de obras viales que privilegiaron el uso del automóvil, y no se realizó paralelamente infraestructura que incentivara otras modalidades de transporte: bicicleta y transporte público.

• Aumentó 119.7 por ciento el parque vehicular, entre 1997 y 2006, llegando este último año a 4 millones 615 mil 276 automóviles particulares.

• Creció en 84 por ciento la utilización de automóviles particulares, ocasionando caos vial y contaminación.

• Se gestionó el cambio en el uso de suelo al cambiar la clasificación de área verde y transformarlo en infraestructura pública de transporte.

• Cero ampliaciones de la red del metro, a pesar de ser considerado la modalidad de transporte más eficiente.

• Se minimizó el impacto ambiental negativo por la construcción de obras viales.

• No se implementaron programas alternativos a la utilización de automóviles, como impulsar el transporte público seguro y extenso, así como el uso de la bicicleta.16, 17, 18

Contradiciendo con todo lo anterior, lo dictado por el párrafo tercero del artículo 27 de nuestra Carta Magna.

Consecuencia de esto es que del 14 al 16 de marzo se declaró contingencia ambiental en la Ciudad de México, y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, proporcionó servicio de manera gratuita.

Posteriormente se decretó el Programa “Hoy no circula” extremo, que se aplicará durante tres meses (abril-junio) por decisión de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) en la Ciudad de México, y en 18 municipios conurbados del Estado de México. Todos los vehículos sin importar su holograma dejarán de circular al menos una vez a la semana, lo que implica que se reduzca diariamente la circulación de 1 millón de automóviles, con lo que se busca mejorar la calidad del aire., y con ello proteger la salud de los ciudadanos, evitando provocar afectaciones a la salud como son: asma, irritación en los ojos, crisis en personas asmáticas, dificultad para respirar, irritación en garganta, inflamación pulmonar, hiperreactividad bronquial y secreción de moco similar a las que presentan pacientes asmáticos.

Consideramos que las erróneas políticas públicas en materia de movilidad han dado lugar a consecuencias que podemos encuadrar sin duda alguna en problemas de salud pública. Lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 4o, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Desgraciadamente la indiferencia de la población mexicana es otro obstáculo en contra de una movilidad de calidad. Lo anterior porque de acuerdo con datos de la firma KantarWorldpanel, México se encuentra en el quinto lugar de América Latina en cuanto a la preocupación por la contaminación.

Se estima que al año la contaminación ambiental ocasiona más de 5 mil muertes anuales en México, 14 mil hospitalizaciones y cerca de 818 mil 700 consultas al médico, lo que implica un costo en salud cercano a los 728 millones de pesos anuales.

En el mismo sentido, las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de ausentismo laboral, y se calcula que las pérdidas a la productividad generadas por ello ascienden a 3 mil 396 millones de pesos, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad.19

Algunas razones por las cuales se debe regular la movilidad.

• En México, sólo el 30 por ciento de la población de las ciudades utiliza el automóvil privado como medio de transporte.20

• Se estima que en la Ciudad de México, el 68 por ciento de la contaminación atmosférica es generada por los taxis y los microbuses.21

• El 80 por ciento de los habitantes del Distrito Federal utilizan el transporte público para trasladarse.22

• El informe La Calidad del Aire en América Latina, publicado por Clean Air Institute en 2013, señala que en la región, la Ciudad de México es la más contaminada.23

• 20 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en México provienen del automóvil, cuyos accidentes cobran cada año la vida de 24 mil personas y contribuyen a la mala calidad del aire.24

• Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2010, en México se registraron 5,065 muertes causadas por la contaminación al año, las perdidas por productividad fueron del orden de los 3 mil 396 millones de pesos al año, y los gastos en salud se estimaron en 728 millones de pesos al año.25

• La ciudad de México llegó recientemente a la cima del ranking del Institutefor Business Value como una de las ciudades más difíciles para transportarse.26

• Según el estudio “La contaminación acústica en nuestras ciudades”, los vehículos a motor causan el 80 por ciento de la contaminación acústica.27

• El Institutefor Business Value estima que para 2020 se duplicará el número de autos en 20 ciudades de la República Mexicana, mismo que actualmente es de un billón.28

• En relación a los viajes metropolitanos, quienes viven en el estado de México y trabajan en el Distrito Federal pasan un promedio de cuatro horas diarias en transporte.29

• Una encuesta de IBM CommuterPainSurvey, reveló que el tránsito afecta negativamente el desempeño laboral del 56 por ciento de las personas que viven o trabajan en la Ciudad de México.30

Los anteriores datos deben de preocuparnos, y darnos cuenta con ello que la movilidad es un problema grave, y es un problema de todos, ya que nos afecta querámoslo o no de una u otra manera.

En relación al presupuesto público asignado a inversión en materia de movilidad en nuestro país tenemos lo siguiente:

Según el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés):

• Las zonas metropolitanas más grandes e importantes del país ejercieron en el año 2012 un total de 12 mil 781 millones de pesos de inversiones en movilidad. De este monto, 21 por ciento se destinó al transporte público, 4 por ciento al peatón, 1 por ciento a la bicicleta, 9 por ciento al espacio público y un restante 65 por ciento a ampliar y mantener la infraestructura vial del automóvil.

• Posteriormente, sólo el 30 por ciento de los viajes en México se realiza en automóvil, pero el monto aprobado para transporte urbano en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 -22 mil 961 millones de pesos, se destinó un 86 por ciento al automóvil. En contraste, 10 por ciento se utilizara al transporte público, 3 por ciento al peatón y 1 por ciento a movilidad en bicicleta.31

• En relación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, 6 por ciento del financiamiento público se destina a proyectos de transporte público: de estos 5 por ciento a obras de infraestructura peatonal y sólo 1 por ciento de los recursos públicos se destinaron a infraestructura ciclista.32

Es necesario que se destinen por obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, recursos públicos suficientes al fortalecimiento de proyectos de movilidad urbana sustentable.

Si bien las obras de infraestructura peatonal y ciclista no son altamente rentables políticamente, son prioritarias para mejorar la calidad de vida y la productividad urbana.

En este sentido, el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable (PMUS), tiene por objetivo generar políticas públicas que fomenten el uso de transporte público sustentable; el no motorizado, como bicicletas, o para facilitar el movimiento peatonal en pequeñas y grandes comunidades, pero para ello se requieren recursos.33 mismos que no se le han asignado.

Observamos que lograr las coincidencias en lo fundamental, de los distintos puntos de vista dentro del Congreso de la Unión, y avalar estas por el consenso social, es la única forma de lograr una legislación que responda a solucionar los problemas de la sociedad, y en el ámbito de su competencia, adicionar un Capítulo destinado a la movilidad, dentro de la Ley General de Asentamientos Humanos impulsaría eso precisamente, solucionar las dificultades en la materia, por la falta en este momento de un marco jurídico concurrente en el tema, lo que ha ocasionado pérdidas materiales y también desgraciadamente humanas, así como disminuir la calidad de vida de las personas por una movilidad deficiente; situaciones que no podemos, ni debemos ignorar como sociedad.

De la iniciativa en concreto

Con la presente reforma a la Ley de mérito, se cubrirían los aspectos siguientes:

• Establecer las bases, directrices y criterios generales para que, en el ámbito de sus atribuciones, los tres órdenes de gobierno planifiquen, regulen y gestionen la movilidad urbana sustentable como un elemento inherente del desarrollo urbano de los asentamientos humanos.

• Reconocer el derecho de toda persona de disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente, accesible y seguro que, permita el eficaz desplazamiento en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.

• Reconocer que el derecho a la vivienda digna y decorosa, prevista en el artículo 4o. constitucional, implica que la vivienda debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales y que los costos financieros del transporte no impliquen exigencias excesivas en los presupuestos de las familias. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la aplicación del principio pro homine previsto en el artículo 1o. Constitucional en el caso del derecho a la vivienda digna y decorosa.

• Incluir las reglas de coordinación metropolitana que se deberán llevar a cabo en las zonas que así lo requieran para contar con regulaciones y políticas públicas que cumplan con los estándares previstos en la Ley.

• Prever la creación de dos fondos para el financiamiento de la movilidad urbana sustentable.

• Determinar de manera consensada, la jerarquía u orden de prioridad de los usuarios de la movilidad.

• Disminuir el número de defunciones y lesiones graves por condiciones de seguridad vial deficientes, donde son los peatones los más afectados.

• Determinar acciones de gestión de tránsito y de la infraestructura vial que minimicen los conflictos y sus consecuencias negativas, debido a la violencia en el uso del espacio.

• Impulsar el aumento y mejora de la infraestructura para la seguridad peatonal, ciclista y de transporte público, a fin de mejorar la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de las distintas ciudades del país.

• Impulsar la movilidad sustentable en las principales ciudades del país, donde se concentra la mayor parte de la población, así como asignar mayores recursos públicos para mejorar el transporte público y el no motorizado.

• Aumentar las alternativas para propiciar la movilidad urbana, que cuenten con características de eficiencia, calidad y accesibilidad.

El proyecto de ley al que nos referimos, debe ser una normatividad clara, concreta, eficaz y con una construcción jurídica sólida; producto de un trabajo profesional, a fin de evitar la ambigüedad y tergiversación de la misma al momento de ser aplicada cotidianamente, ya que la certeza jurídica, es el objetivo último de toda ley.

Como observamos, el tema de la movilidad implica abordar distintos aspectos que afectan la vida cotidiana de las personas, desde su salud física hasta la productividad laboral, por lo que su regulación es prioritaria, por los trastornos que una movilidad ineficaz puede generar en la población en general.

Solo con propuestas propositivas, con una intención clara; se ponen en movimiento las decisiones para alcanzar objetivos concretos a través de ciertos medios, como es el caso de la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto.

La presente iniciativa es un primer paso para generar una nueva política pública en relación a la movilidad.

Algunos de los objetivos que se alcanzarían con la aprobación en su momento de la adición de un capitulo enfocado en la movilidad urbana sustentable dentro de la Ley General de Asentamientos Humanos son:

• Incluir a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para fines de concurrencia para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

• Establecer las bases, directrices y criterios generales para la planificación, regulación y gestión de la movilidad urbana sustentable como un elemento inherente del desarrollo urbano de los asentamientos humanos;

• Construir un listado de conceptos, que den claridad a la norma y eviten la ambigüedad o tergiversación de ésta.

• Instaurar un sistema integral de movilidad sustentable, enmarcado desde una perspectiva de los derechos humanos, que posea las características de: eficiencia, calidad, accesibilidad, disponibilidad y seguridad, a fin de mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural.

• Establecer como una atribución de la federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el asesorar y apoyar a los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en la planeación, el financiamiento de inversión y la operación de los sistemas de movilidad urbana sustentable, y

• Señalar que en las decisiones públicas se buscará entre otros objetivos: Evitar la violencia por el uso del espacio, resultado del tránsito desordenado de peatones, usuarios de bicicleta, usuarios de motocicletas, conductores de trasporte privado, público y de carga por un mismo sistema vial, y promover el uso de modalidades de transporte con menor impacto ambiental, priorizando la movilidad peatonal, en bicicleta y en transporte público, así como vehículos más eficientes y menos contaminantes.

• Fomentar que las personas tengan acceso efectivo a sistemas de movilidad urbana sustentable, a través de garantizar los siguientes elementos: cobertura, calidad, accesibilidad y seguridad.

• Enumerar estrategias para dar lugar a la gestión de la movilidad urbana sustentable.

• Reconocer como instrumentos de financiamiento público de la movilidad urbana sustentable a: El Programa Federal de Apoyo al Transporte Urbano Masivo; el Fondo Nacional de Infraestructura, el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable; el Fondo Nacional de Seguridad Vial; los fondos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación que pueden financiar infraestructura y operación de sistemas de transporte urbano y todos los demás instrumentos federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que financien infraestructura u operación de sistemas de movilidad urbana sustentable. Es decir, Programas y Fondos que ya existen, pero que deben tener una base legal, a fin de asegurar que le sean destinados recursos económicos y que tengan seguridad de implementación a largo plazo, sin peligro de que estos desaparezcan por decisiones subjetivas.

• En relación a la planeación federal, urbano y metropolitano se contará con el Programa Nacional de Movilidad Urbana Sustentable, y los Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable, mismos que garantizarán el derecho a la movilidad de los habitantes.

• En cuanto a los proyectos de infraestructura vial se instituye que estos deberán considerar la generación de espacios de calidad, accesibles, seguros, respetuosos del medio ambiente y con criterios de diseño universal para la circulación de peatones y vehículos no motorizados y

• Enumerar principios en el diseño de vialidades urbanas como son: Planeación bajo el enfoque de calles completas, accesibilidad universal, intersecciones seguras, y pacificación del tránsito.

• Consideramos que se debe incluir a la seguridad vial como tema prioritario dentro del ámbito del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, lo anterior se busca por medio de la sección V “Normas de Circulación y Seguridad Vial”, con el fin de disminuir el número de muertes y lesiones por la inseguridad vial, y estar en armonía con la Declaración de Brasilia, que fue el resultado de los trabajos de la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial, y en la que se subrayó la importancia de que la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) tome en consideración que la mayoría de las muertes y lesiones graves por percances viales que ocurren en el mundo, suceden en zonas urbanas.

El problema de una movilidad ineficiente nos compete a todos, así como a las entidades de nuestro país porque todos en uno u otro modo de transporte nos trasladamos, por lo que la responsabilidad también debe ser compartida, tanto por los gobiernos de los tres órdenes de gobierno, como por las personas en general.

Mitigar los problemas de una movilidad mal planeada requiere de cohesión social, de solidaridad, por lo que se deben homologar criterios en el orden nacional, incluyendo y obligando a todas las entidades del país en los tres órdenes de gobierno atender con responsabilidad y urgencia el tema. Se requieren políticas públicas permanentes y de largo alcance, para que estas sean eficaces y no solo medidas que no pasen de ser paliativos.

La crisis ambiental que hoy se vive en la Ciudad de México es el resultado de una política de movilidad ineficiente. Por lo que se busca con el presente proyecto de Decreto ir a la raíz de los problemas en el tema de movilidad. Debemos leer el momento histórico de manera correcta y actuar a la altura de las circunstancias.

Aún con todo lo expresado y que el problema de la movilidad nos ha afectado gravemente en las últimas décadas, la movilidad urbana sustentable no ha sido prioritaria desde la competencia del Poder Legislativo y sus facultades parlamentarias, fiscalizadoras o bien de presupuesto, por el contrario, el tema no tiene cabida ni siquiera desde nuestra estructura administrativa.

Es un tema que requiere alta especialización y debemos estar conscientes de ello. No obstante, es la sociedad civil organizada la que ha tomado cartas en el asunto, empujando una agenda ciudadana que se ve plasmada en la toma de decisiones de los distintos órdenes de gobierno, motivo por el cual y ante la urgencia de resolver la problemática de nuestras ciudades, sería conveniente sumar esfuerzos que desemboquen en un escenario de equidad, calidad de vida, salud, seguridad, así como beneficios económicos, ambientales y urbanos para todos los mexicanos.

El presente proyecto busca establecer alternativas de solución a los diversos problemas que implica la gestión de la movilidad y con ello sentar las bases para llevar a cabo una planeación coordinada de las políticas públicas en las materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano, transporte y de medio ambiente.

Olvidémonos de colores, partidos y filas, tengamos la honestidad de corregir aquello en lo que hemos fallado como país al apostarle de manera prioritaria al uso del automóvil, tengamos la confianza de que al aprobar esta iniciativa, contribuimos desde nuestra competencia a un gran número de beneficios en favor de todos y tengamos la humildad de aprender buenas prácticas y ejemplos de otros países que han pasado por esta problemática y que gradualmente han convertido sus ciudades en lugares competitivos y humanos.

Legislemos por y para las personas, tenemos la oportunidad de que al terminar esta Legislatura, dejemos a este país mejor de lo que lo encontramos.

Por lo anterior es que pongo a consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el siguiente: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Artículo Único. Se reforman los artículos 1o. fracciones I y IV; 2o. fracción X, 5o. fracción VI, 6o.,7o. fracciones I, IV,V, VI, VIII, IX, XII, 8o. fracciones VI, IX, X, 9o., 10, 11, 12 fracciones IV y VI, 15, 16 fracciones I, III, IV, 17, 18, 19 segundo párrafo, 20, 21 primer párrafo, 22 fracciones II, V, 23, 24 fracción I, 25, 31, 33 fracción IX; 34 fracción II, 35, 37, 40, 41, 42 fracciones I, III, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 56; Se adicionan la fracción V del artículo 1o., las fracciones III, VIII, XIV, XVII, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII y XXIX del artículo 2o., recorriéndose las subsecuentes; las fracciones XX y XXI del artículo 3o., la fracción XVI del artículo 7o., recorriéndose la subsecuente, la fracción XIII del artículo 8o., recorriéndose la subsecuente, la fracción XV del artículo 9o., recorriéndose la subsecuente; el artículo 26 Bis, una fracción X al artículo 33, recorriéndose la subsecuente, un artículo 35 Bis; se adiciona un Capítulo Décimo “De la Movilidad Urbana Sustentable” que comprende la Sección I “Gestión de la Movilidad Urbana Sustentable“, con los artículos 61, 62, 63, 64 y 65; Sección II “Financiamiento de la Movilidad Urbana Sustentable”, con los artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72; Sección III “Planeación de la Movilidad Urbana Sustentable”, con los artículos 73, 74, 75 y 76; Sección IV “Diseño de la Infraestructura Vial”, con los artículos 77, 78, 79 y 80; Sección V “Normas de Circulación y Seguridad Vial”, con los artículos 81, 82, 83, 84 y 85, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, en los siguientes términos:

Artículo 1 ...

I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

II... a III ...

IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos, y

V. Establecer las bases, directrices y criterios generales para la planificación, regulación y gestión de la movilidad urbana sustentable como un elemento inherente del desarrollo urbano de los asentamientos humanos.

Artículo 2. ...

I. ...

II. ...

III. Calles completas: Se trata de la redistribución del espacio de la vialidad para permitir el acceso seguro para todos los usuarios: peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y automovilistas de todas edades y habilidades, así como áreas dedicadas para el área y descarga de bienes.

IV. Centros de población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos;

V. Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población;

VI. Conservación: la acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores históricos y culturales;

VII. Crecimiento: la acción tendente a ordenar y regular la expansión física de los centros de población;

VIII. Desarrollo Orientado al Transporte: estrategias de desarrollo urbano en donde el caminar, usar la bicicleta y el transporte público son los elementos alrededor de los cuales se genera el desarrollo de las ciudades. Requiere alta densidad, inversión en infraestructura, vivienda dirigida a diversos niveles de ingresos, así como usos de suelo mixto que permita el desarrollo de oportunidades de empleos, servicios y amenidades a distancia caminable del transporte público.

IX. Desarrollo regional: el proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos naturales;

X. Desarrollo urbano sustentable: El proceso de planeación y regulación que permita satisfacer las necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que los rodea.

XI. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de población;

XII. Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas;

XIII. Fundación: la acción de establecer un asentamiento humano;

XIV. Hecho de tránsito: Evento producido por el tránsito vehicular, en el que interviene por lo menos un vehículo, causando heridas, lesiones o muerte de personas y/o daños materiales;

XV. Infraestructura urbana: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los centros de población;

XVI. Mejoramiento: la acción tendente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente;

XVII. Movilidad Urbana Sustentable: El tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio nacional, bajo condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad, asequibilidad y seguridad para satisfacer las necesidades de crecimiento y desarrollo en el país, priorizando al peatón, al transporte no motorizado y transporte público de uso colectivo, siendo el objeto de la movilidad la persona;

XVIII. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos: el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional;

XIX. Provisiones: las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de población;

XX. Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento;

XXI. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

XXII. Seguridad vial: políticas públicas cuyo objetivo es evitar y controlar los hechos de tránsito.

XXIII. Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población;

XXIV. Sistema de Movilidad Urbana: Conjunto de elementos y recursos relacionados, cuya estructura e interacción permiten el desplazamiento de personas y bienes; y todos aquellos que se relacionen directa o indirectamente con la movilidad.

XXV. Sistemas Integrados de Transporte Público: Conjunto de servicios de transporte público de pasajeros que están articulados de manera física, operacional, informativa, de imagen y que tienen un mismo medio de pago.

XXVI. Servicio de Transporte Público: Es la actividad a través de la cual, la Administración Pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga, por si, a través de Entidades, concesionarios o mediante permisos en los casos que establece la Ley y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general, mediante diversos medios;

XXVII. Usos: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población;

XXVIII. Vías de acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a desnivel; cuentan con carriles centrales y laterales separados por camellones u otro tipo de elemento físico; la incorporación y desincorporación al cuerpo de flujo continuo deberá realizarse a través de carriles de aceleración y desaceleración en puntos específicos, según el listado del anexo de este reglamento;

XXIX. Zona metropolitana: el espacio territorial de influencia dominante de un centro de población, y

XXX. Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo.

Artículo 3. ...

I... a XIX ...

XX. El reconocimiento al derecho que tiene toda persona de disponer de un sistema de movilidad urbana sustentable, enmarcado desde una perspectiva de los derechos humanos, por lo que este debe poseer las características de eficiencia, calidad, accesibilidad, disponibilidad y seguridad que, en condiciones de igualdad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio, para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo, y

XXI. El reconocimiento como parte elemental del derecho a una vivienda digna y decorosa, que la misma se encuentre en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, servicios de atención a la salud, educación y otros servicios sociales, de forma que se garantice que los costos temporales y financieros para transportarse no impongan exigencias excesivas en el presupuesto de las personas.

Artículo 5....

I... a V...

VI. La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de servicios urbanos y de movilidad urbana sustentable;

VII... a VIII...

Artículo 6. Las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población que tiene el Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7. ...

I. Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

II...a III...

IV. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y con la participación de los sectores social y privado;

V. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;

VI. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con la participación de los sectores social y privado;

VII...

VIII. Coordinarse con las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con la participación de los sectores social y privado, en la realización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, mediante la celebración de convenios y acuerdos;

IX. Asesorar a los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano y en la capacitación técnica de su personal;

X...

XI...

XII. Vigilar las acciones y obras relacionadas con el desarrollo regional y urbano que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ejecuten directamente o en coordinación o concertación con las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como con los sectores social y privado;

XIII... a XV...

XVI. Asesorar y apoyar a los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en la planeación, financiamiento de inversión y la operación de los sistemas de movilidad urbana sustentable, y

XVII. ...

Artículo 8. ...

I... a V...

VI. Coordinarse con la Federación, con otras entidades federativas y con sus municipios o demarcaciones territoriales, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población;

VII...

VIII...

IX. Convenir con los respectivos municipios o demarcaciones territoriales, la administración conjunta de servicios públicos municipales o de las demarcaciones, en los términos de las leyes locales;

X. Apoyar a las autoridades municipales o de las demarcaciones territoriales que lo soliciten, en la administración de la planeación del desarrollo urbano;

XI. ...

XII...

XIII. Planear, diseñar, ejecutar y operar los sistemas de movilidad urbana sustentable en el ámbito de sus facultades reconocidas por la normatividad estatal respectiva, y

XIV ...

Artículo 9. Corresponden a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas de su competencia, en materia de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local;

II...

III. Administrar la zonificación prevista en los planes o programas de su competencia, en materia de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven;

IV... a VI...

VII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros municipios, con otras demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas de su competencia, en materia de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven;

VIII. Prestar los servicios públicos municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, atendiendo a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local;

IX. Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad federativa, con otros municipios, con otras demarcaciones de la Ciudad de México o con los particulares, para la prestación de servicios públicos municipales o de las demarcaciones territoriales de acuerdo con lo previsto en la legislación local;

X...a XIV...

XV. Planear, diseñar, ejecutar y operar los sistemas de movilidad urbana sustentable en el ámbito de sus facultades reconocidas por la normatividad estatal respectiva, y

XVI. ...

Los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos, y de los concejos de las alcaldías de las demarcaciones territoriales, o con el control y evaluación de éstos.

Artículo 10. La Secretaría con la participación en su caso, de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, promoverá la celebración de convenios y acuerdos de coordinación y concertación entre la Federación y las entidades federativas, con la intervención de los municipios o las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que correspondan y en su caso, de los sectores social y privado.

Artículo 11. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, como una política sectorial que coadyuva al logro de los objetivos de los planes nacional, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de desarrollo.

La planeación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo de manera concurrente de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de acuerdo a la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 12. ...

I.... a III...

IV. Los planes o programas municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de desarrollo urbano;

V...

VI...

Los planes o programas a que se refiere este artículo, se regirán por las disposiciones de esta Ley y en su caso, por la legislación estatal de desarrollo urbano y por los reglamentos y normas administrativas estatales, municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México aplicables.

La Federación y las entidades federativas podrán convenir mecanismos de planeación regional para coordinar acciones e inversiones que propicien el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos ubicados en dos o más entidades, ya sea que se trate de zonas metropolitanas o de sistemas de centros de población cuya relación lo requiera, con la participación que corresponda a los municipios o a las demarcaciones territoriales, de acuerdo con la legislación local.

Artículo 15. Los planes o programas estatales y municipales o de las demarcaciones territoriales de desarrollo urbano, de centros de población y sus derivados, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las autoridades locales, con las formalidades previstas en la legislación estatal de desarrollo urbano, y estarán a consulta del público en las dependencias que los apliquen.

Artículo 16. ...

...

I. La autoridad estatal, municipal o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de desarrollo urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente;

II...

III. Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán fundamentarse y estarán a consulta de los interesados en las oficinas de la autoridad estatal, municipal o en la demarcación territorial correspondiente, durante el plazo que establezca la legislación estatal, previamente a la aprobación del plan o programa de desarrollo urbano o de sus modificaciones, y

IV. Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan o programa respectivo o sus modificaciones serán publicados en el órgano de difusión oficial del gobierno del estado y en los periódicos de mayor circulación de la entidad federativa, municipio o demarcación territorial correspondiente y, en su caso, en los bandos municipales.

Artículo 17. Los planes o programas municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de desarrollo urbano, de centros de población y sus derivados, deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los plazos previstos por la legislación local.

Artículo 18. Las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la esfera de sus respectivas competencias, harán cumplir los planes o programas de desarrollo urbano y la observancia de esta Ley y de la legislación estatal de desarrollo urbano.

Artículo 19...

Las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental que otorguen la Secretaría o las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la observancia de la legislación y los planes o programas en materia de desarrollo urbano.

Artículo 20. Cuando dos o más centros de población situados en territorios municipales o de demarcaciones territoriales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad física y demográfica, la Federación, las entidades federativas, los municipios o demarcaciones territoriales respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el fenómeno de conurbación de referencia, con apego a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 21. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México respectivos, deberán convenir la delimitación de una zona conurbada, cuando:

I. ... a III. ...

Artículo 22...

I...

II. Los compromisos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México respectivas, para planear y regular conjunta y coordinadamente los centros de población conurbados, con base en un programa de ordenación de la zona conurbada;

III...

IV...

V. Las demás acciones que para tal efecto convengan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México respectivas.

Artículo 23. La comisión de conurbación prevista en el convenio a que se refiere el artículo anterior, tendrá carácter permanente y en ella participarán la Federación, las entidades federativas, los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México respectivas. Dicha comisión será presidida por un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado.

Artículo 24...

I. La congruencia del programa de ordenación de zona conurbada con el programa nacional de desarrollo urbano, los mecanismos de planeación regional a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, así como con los programas de desarrollo urbano de las entidades federativas, de los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México respectivas;

II... a V...

Artículo 25. Una vez aprobados los programas de ordenación de zonas conurbadas por las comisiones de conurbación, los municipios o las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México respectivas en el ámbito de sus jurisdicciones, determinarán en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes, las reservas, usos y destinos de áreas y predios.

Artículo 26 Bis. La Federación, entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán llevar a cabo acciones coordinadas en las zonas metropolitanas para efectos de contar con regulaciones e implementar políticas públicas que cumplan con los estándares mínimos previstos en la presente Ley, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Constituciones Estatales respectivas.

Además, deberán llevar a cabo acciones sistematizadas en las zonas metropolitanas con el objetivo de contar con sistemas metropolitanos eficientes que garanticen la seguridad vial y permitan el ejercicio del derecho a la movilidad urbana sustentable.

Para estos efectos, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México limítrofes podrán acordar la constitución de comisiones metropolitanas así como celebrar convenios para determinar los ámbitos territoriales y las funciones respecto de la ejecución de acciones en materia de movilidad y seguridad vial. Los convenios de coordinación metropolitana en materia de movilidad urbana sustentable y seguridad vial se deberán publicar en el periódico oficial respectivo de los participantes en dicho convenio.

Artículo 31. Los planes o programas municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de desarrollo urbano señalarán las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y establecerán la zonificación correspondiente. En caso de que el ayuntamiento o en su caso el concejo de la alcaldía correspondiente expida el programa de desarrollo urbano del centro de población respectivo, dichas acciones específicas y la zonificación aplicable se contendrán en este programa.

Artículo 33. ...

I... a VIII...

IX. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito, movilidad y accesibilidad universal, así como las requeridas por las personas con discapacidad, estableciendo los procedimientos de consulta a expertos en la materia sobre las características técnicas de los proyectos;

X. Garantizar que las vialidades urbanas proporcionen un nivel de servicio adecuado para todas las personas sin importar el modo de transporte que utilicen, y

XI. Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de las acciones de conservación y mejoramiento.

Artículo 34...

I...

II. La participación de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en la incorporación de porciones de la reserva a la expansión urbana y su regulación de crecimiento, y

III...

Artículo 35. A los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, les corresponderá formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población ubicados en su territorio.

...

I... a XI...

Artículo 35 Bis. Todo nuevo fraccionamiento o conjunto urbano deberá estar conectado a través de infraestructura vehicular, ciclista y peatonal a la red vial de la ciudad y al sistema de transporte público. En caso de que no exista transporte público, el desarrollador deberá financiar un plan de expansión de la red de transporte público que cumpla con los requerimientos técnicos de la regulación estatal de la movilidad y la infraestructura requerida, en términos de las normas locales.

Artículo 37. ...

En el caso de que las zonas o predios no sean utilizados conforme al destino previsto en los términos de la fracción XI del artículo 2o. de esta Ley, en un plazo de 5 años a partir de la entrada en vigor del plan o programa de desarrollo urbano respectivo, dicho destino quedará sin efectos y el inmueble podrá ser utilizado en usos compatibles con los asignados para la zona de que se trate, de acuerdo a la modificación que en su caso, se haga al plan o programa.

Artículo 40. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México llevarán a cabo acciones coordinadas en materia de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, con objeto de:

I...a V...

Artículo 41. Para los efectos del artículo anterior, la Federación por conducto de la Secretaría, suscribirá acuerdos de coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, convenios de concertación con los sectores social y privado, en los que se especificarán:

I...

II...

III. Las acciones e inversiones a que se comprometan la Federación, la entidad federativa, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, los sectores social y privado;

IV... a VIII...

Artículo 42...

I. La transferencia, enajenación o destino de terrenos de propiedad federal para el desarrollo urbano y la vivienda, a favor de las entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los promotores privados, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

II...

III. La adquisición o expropiación de terrenos ejidales o comunales, en coordinación con las autoridades agrarias que correspondan de acuerdo a lo previsto en la Ley Agraria y en esta Ley a favor de la Federación, de las entidades de la Administración Pública Federal, de los estados, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Artículo 44. En los casos de suelo y reservas territoriales que tengan por objeto el desarrollo de acciones habitacionales de interés social y popular, provenientes del dominio federal, la enajenación de predios que realicen la Federación, las entidades de la Administración Pública Federal, los estados, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o sus entidades paraestatales, estará sujeta a la legislación aplicable en materia de vivienda.

Artículo 46. La Federación, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México instrumentarán coordinadamente programas de desarrollo social, para que los titulares de derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al desarrollo urbano y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de bienes y servicios y apoyando la constitución y operación de empresas en las que participen los ejidatarios y comuneros.

Artículo 47. Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tendrán en los términos de las leyes federales y locales correspondientes, el derecho de preferencia en igualdad de condiciones, para adquirir los predios comprendidos en las zonas de reserva señaladas en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, cuando éstos vayan a ser objeto de enajenación a título oneroso.

Para tal efecto, los propietarios de los predios o en su caso, los notarios, los jueces y las autoridades administrativas respectivas, deberán notificarlo a la entidad federativa, al municipio o a la demarcación territorial correspondiente, dando a conocer el monto de la operación, a fin de que en un plazo no mayor de treinta días naturales, ejerzan el derecho de preferencia si lo consideran conveniente, garantizando el pago respectivo.

Artículo 48. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México promoverán acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, que propicien la participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

Artículo 50. La Federación, las entidades federativas y los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a la legislación aplicable, promoverán la constitución de agrupaciones comunitarias que participen en el desarrollo urbano de los centros de población, bajo cualquier forma jurídica de organización.

Artículo 51. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México fomentarán la coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado para:

I. a XIII...

Artículo 56. Las autoridades que expidan los planes o programas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de desarrollo urbano, de centros de población y los derivados de éstos, que no gestionen su inscripción; así como los jefes de las oficinas de registro que se abstengan de llevarla a cabo o la realicen con deficiencia, serán sancionados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Capítulo Décimo
De la Movilidad Urbana Sustentable

Sección I
Gestión de la Movilidad Urbana Sustentable

Artículo 61. La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, promoverán la movilidad urbana sustentable en los planes y programas que correspondan, el uso de los fondos de inversión pública en los que tengan incidencia, y en las decisiones de diseño y operación de los sistemas de movilidad en las ciudades. En las decisiones públicas se buscarán los siguientes objetivos:

I. Promover el uso de modos de transporte con menor impacto social y ambiental, priorizando la movilidad peatonal, en bicicleta y el transporte público, así como vehículos más seguros, eficientes y menos contaminantes,

II. Reducir las distancias entre orígenes y destinos promoviendo la densificación y la diversidad de usos del suelo;

III. Reducir el uso de los vehículos motorizados particulares, considerando los altos costos ambientales y sociales derivados de su uso excesivo; y

IV. Cualquier otra acción tendiente a hacer más eficaces los traslados de los habitantes de los centros de población de conformidad con esta ley y la normatividad aplicable.

V. Fomentar el orden de la logística en los centros urbanos, con el fin de integrarlo a la planeación de la movilidad en las ciudades, con el fin de obtener una convivencia armónica con los demás usuarios de la vía.

Artículo 62. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, fomentarán que las personas tengan acceso efectivo a sistemas de movilidad urbana, a través de garantizar los siguientes elementos:

I. Cobertura. Que todas las personas vivan a una distancia aceptable de las redes viales, de transporte público, de infraestructura peatonal y de infraestructura ciclista;

II. Calidad. Que todos los sistemas de movilidad urbana ofrezcan un nivel de servicio aceptable para el usuario. El nivel de servicio debe incluir criterios de comodidad, calidad ambiental, acceso a información, operación, tiempo de recorrido, entre otros elementos clave;

III. Accesibilidad. Que los sistemas de movilidad sean accesibles en términos físicos y de legibilidad, y asequibles en términos de tarifas, y

IV. Seguridad. Que los sistemas de movilidad sean diseñados con el fin de evitar la muerte o lesiones de las personas.

Artículo 63. En las políticas, planes y programas que se refieran a la movilidad urbana sustentable, se establecerá la prioridad en la utilización del espacio vial de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad urbana sustentable:

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;

II. Ciclistas o usuarios de cualquier otro medio de transporte no motorizado;

III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;

IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;

VI. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías, y

VII. Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas-

Artículo 64. La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, llevarán a cabo las acciones necesarias para implementar sistemas integrados de transporte público complementarios que permitan articular los distintos servicios de transporte público de manera física, operacional e informativa.

Artículo 65. La gestión de la movilidad urbana sustentable estará basada en las siguientes estrategias:

I. Planeación comprensiva y multimodal del transporte público. La planeación deberá estar basada en la accesibilidad universal y en los modos sustentables de movilidad;

II. Planeación bajo la estrategia de “calles completas”. Los diferentes órdenes de gobierno deben tomar en cuenta que la vía pública se usa por una diversidad de usuarios, por lo que el diseño de la vía pública debe tomar en cuenta a todos los usuarios de la movilidad, considerando la jerarquía establecida en el artículo 63 de la presente Ley;

III. Garantizar niveles de servicio y cobertura adecuados para los modos de movilidad no motorizada. Todas las calles deben tener calidad y accesibilidad universal para la movilidad peatonal y en bicicleta. Las normas de circulación deberán garantizar la prioridad y seguridad de estos modos;

IV. Racionalizar y controlar el uso excesivo del automóvil particular a través de mecanismos fiscales, regulatorios y tarifarios, así como diseño y operación eficientes de la infraestructura vial y los estacionamientos, y

V. Implementación de políticas de uso de suelo enfocadas al crecimiento ordenado. Las políticas de uso de suelo promoverán el desarrollo compacto, mixto y de precios accesibles en áreas con accesos adecuados para peatones, usuarios del transporte público y ciclistas.

Sección II
Financiamiento de la Movilidad Urbana Sustentable

Artículo 66. Se priorizará que la inversión pública en infraestructura y operación de transporte urbano por parte de la federación, los estados, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, sea dirigida a sistemas de movilidad urbana sustentable. Los fondos deberán diseñar sus reglas de operación para priorizar la movilidad urbana sustentable, buscando que se cumplan con los criterios de cobertura, calidad, seguridad y accesibilidad de los sistemas.

Artículo 67. Serán instrumentos de financiamiento público de la movilidad urbana sustentable los siguientes:

I. Programa Federal de Apoyo al Transporte Urbano Masivo;

II. Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable;

III. Fondo Nacional de Seguridad Vial;

IV. Fondos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación que pueden financiar infraestructura y operación de sistemas de transporte urbano, y

V. Todos los demás instrumentos federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que financien infraestructura u operación de sistemas de movilidad urbana sustentable.

Artículo 68. El Programa Federal de Apoyo al Transporte Urbano Masivo preverá el otorgamiento de apoyos recuperables y no recuperables a entidades del sector público y entidades del sector privado, para la contratación de estudios y asesorías o inversiones para desarrollar proyectos de infraestructura para el transporte masivo.

El Fondo Nacional de Infraestructura, mediante la instrumentación del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo, actuará como un vehículo de coordinación con las autoridades locales y dependencias federales, que coadyuve a desarrollar sistemas de transporte público urbano y suburbano eficientes, seguros, cómodos, confiables y accesibles a la mayoría de la población. Dicho programa tendrá los siguientes objetivos:

I. Otorgar apoyos para realizar proyectos de infraestructura de transporte masivo con alta rentabilidad social, en sus diversas modalidades, que sean consistentes con planes integrales de movilidad urbana sustentable, en cofinanciamiento con las autoridades locales y propiciando la participación de la inversión privada, y

II. Promover el fortalecimiento institucional de las autoridades locales en materia de planeación, regulación y administración de sistemas integrados de transporte público urbano, metropolitano y suburbano.

Artículo 69. Se constituirá el Programa de Impulso de la Movilidad Urbana Sustentable para contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes, seguras y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante la integración de las políticas de desarrollo urbano y regional con las de movilidad urbana sustentable y accesibilidad; en coordinación con los gobiernos locales.

Este programa será operado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y tendrá los siguientes objetivos:

I. Asegurar la implementación de proyectos que garanticen viajes urbanos bajo condiciones de seguridad, equidad y accesibilidad promoviendo el uso y mejora del transporte público, la movilidad peatonal y ciclista; así como la racionalización del uso de vehículos motorizados particulares;

II. Generar un cambio de tendencia en el financiamiento federal en materia de movilidad urbana sustentable para garantizar inversiones eficientes y efectivas;

III. Incentivar la gestión y diseño de políticas públicas locales que impulsen el cambio modal a medios sustentables, eficientes y seguros, como la movilidad a pie, en bicicleta y el transporte público;

El Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable financiará a través de un esquema competitivo de priorización de proyectos, inversiones para planes de movilidad urbana sustentable en cinco modalidades:

I. Desarrollo Orientado al Transporte;

II. Calles Completas;

III. Gestión de la demanda del automóvil;

IV. Sistemas Integrados de Transporte, y

V. Gestión de la distribución urbana de mercancías.

Artículo 70. Se constituirá un Fondo Nacional de Seguridad Vial cuyo objetivo será financiar programas y proyectos de prevención de muertes y lesiones derivados de hechos de tránsito en zonas urbanas.

El Fondo estará sujeto a las siguientes bases:

I. Se constituirá como un fideicomiso público que no será considerado como entidad paraestatal;

II. El fideicomitente será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elaborará las reglas de operación del fideicomiso de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley;

IV. El fideicomiso contará con un Comité Técnico que presidirá la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y en el que participarán representantes de las instituciones de seguros que operen el seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento que al efecto se expida;

V. El Fondo Nacional de Seguridad Vial podrá recibir aportaciones del Gobierno Federal y de cualquier tipo de personas de derecho público o privado, incluyendo herencias, legados y donaciones que reciba; así como las contribuciones que determinen las leyes respectivas, y

VI. Las instituciones de seguros que operen el seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros destinarán un complemento de las primas que se destinará al Fondo Nacional de Seguridad Vial.

Las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán recibir recursos del Fondo para llevar a cabo programas de prevención de hechos de tránsito. En cualquier caso, deberán cumplir los lineamientos que se emitan para efectos de poder recibir recursos del mismo.

Artículo 71. Para evaluar proyectos de movilidad urbana se usará la metodología de Análisis Costo - Beneficio, que deberá considerar los impactos sociales y ambientales de los proyectos de infraestructura vial urbana, en especial tiempo de recorrido, afectación a la salud por emisiones contaminantes, emisiones de efecto invernadero, así como muertos y heridos por hechos de tránsito.

Artículo 72. La Federación deberá prever que en las reglas de operación o los planes anuales de actividades de fondos federales, en especial el Fondo Metropolitano, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal y el Fondo de Cambio Climático, se establezcan montos mínimos de inversión en movilidad urbana sustentable.

Sección III
Planeación de la Movilidad Urbana Sustentable

Artículo 73. La Federación, Entidades Federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos necesarios para el diagnóstico, información, seguimiento, evaluación y auditoría de las políticas, planes y programas de movilidad urbana sustentable, a fin de permitir un goce efectivo del derecho a la movilidad.

Las autoridades fijarán objetivos, estrategias y prioridades, así como criterios basados en información certera y estudios de factibilidad, los cuales deberán permitir la reevaluación y adaptación de los objetivos, estrategias y prioridades planteados.

La Secretaría brindará apoyo y capacitación a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en la elaboración de sus planes. En el ámbito federal, la Secretaría será la encargada de elaborar el Programa Nacional de Movilidad Urbana Sustentable, instrumento de planeación federal dirigido a las responsabilidades de asistencia técnica y financiera para la gestión de la movilidad urbana.

Artículo 74. Los Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) son los instrumentos de planeación a nivel urbano y metropolitano. Establecen la visión, estrategia y acciones para la gestión integral de los sistemas de movilidad en una ciudad, que cumpla con los requerimientos de movilidad y accesibilidad de las ciudades reduciendo al máximo los costos sociales y ambientales. Estos instrumentos deben estar alineados con los instrumentos de planeación urbana establecidos en la presente Ley, así como los demás instrumentos legales previstos. Las leyes estatales deberán establecer los criterios, principios y procedimientos para diseñar e implementar un PIMUS.

Los PIMUS deberán tener como base los siguientes principios:

I. Integralidad: se deben alinear las políticas y las estrategias de usos del suelo y de movilidad, así como fomentar la coordinación de las instancias que las llevan a cabo;

II. Enfoque de largo plazo: deben contar con instrumentos e instituciones ciudadanas que garanticen continuidad a lo largo del tiempo;

III. Participación de la sociedad: deberán adoptar modelos de operación horizontales, incluyendo la planeación y el diseño participativo;

IV. Sustentabilidad: se debe buscar lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, la equidad social y la calidad ambiental de las ciudades;

V. Cuantificable: sus objetivos deben ser cuantificables y derivados de los objetivos a corto plazo, los cuales deben estar alineados con una visión e incluidos en una estrategia general;

Los PIMUS tendrán el objetivo de garantizar el derecho a la movilidad de los habitantes de una conurbación o zona metropolitana. Para ello buscará los siguientes objetivos secundarios:

I. Favorecer la ciudad compacta y conectada;

II. Mejorar la calidad del transporte público y la movilidad no motorizada,

III. Garantizar la accesibilidad universal de las personas;

IV. Reducir el uso excesivo de los vehículos automotores privados;

V. Reducir el tiempo perdido en congestión;

VI. Reducir las emisiones contaminantes y de efecto invernadero;

VII. Reducción de las muertes y lesiones derivadas de hechos de tránsito;

Los PIMUS deben contener al menos los siguientes elementos:

I. Diagnóstico de la oferta actual de la movilidad;

II. Análisis de la demanda de movilidad;

III. Pronóstico y modelación de escenarios;

IV. Objetivos a corto, mediano y largo plazo;

V. Estrategias para lograr los objetivos planteados;

VI. Instrumentos regulatorios, económicos e institucionales;

VII. Metas;

VIII. Indicadores de monitoreo y evaluación, y

IX. Mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 75. La Federación realizará cada 5 años un estudio nacional de movilidad urbana en las conurbaciones y zonas metropolitanas del país, con el objetivo de conocer el estado que guarda la movilidad en las ciudades, incluyendo obligatoriamente la participación modal en los viajes, el perfil y objeto de los viajes, tiempos y distancias de recorrido, costos familiares, y tenencia de vehículos. Se podrán usar encuestas, levantamiento de datos en campo, así como análisis de datos generados por proveedores de telecomunicaciones o transporte.

Artículo 76. Los municipios y Entidades Federativas en el marco de las conurbaciones y zonas metropolitanas deberán diseñar un centro de gestión de datos de movilidad que permita generar, recolectar, difundir, usar y analizar datos de movilidad. Las leyes estatales deberán prever este centro, y deberán establecer sus características particulares.

Sección IV
Diseño de la Infraestructura Vial

Artículo 77. La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México fomentarán e impulsarán que las obras de infraestructura sean diseñadas y ejecutadas bajo los principios establecidos en la presente Ley, con el objeto de garantizar el goce del derecho a la movilidad y la promoción del uso equitativo, eficiente, integral y sustentable del espacio público.

Todos los proyectos de infraestructura vial deberán considerar criterios de diseño de calles completas, las cuales son vías diseñadas para que las personas de todas las edades y habilidades puedan convivir y transitar de una forma segura, accesible y eficiente, mediante la redistribución del espacio vial y la correcta operación de la vía.

Artículo 78. Las vías primarias urbanas que no sean de acceso controlado, deberán contar con al menos:

I. Espacios de circulación peatonal: espacio en el que sólo podrán circular peatones, los cuales deberán contar con un diseño de accesibilidad universal;

II. Vías ciclistas exclusivas: espacio en el que sólo podrán circular ciclistas u otros vehículos no motorizados, pueden estar señaladas o físicamente confinadas;

III. Superficie de rodadura: espacio que se destina a la circulación de todo tipo de vehículos, incluyendo los no motorizados, y

IV. Carriles para circulación exclusiva de vehículos de transporte público donde exista suficiente demanda y niveles de congestión que impidan su adecuada operación.

Las vías secundarias deberán contar con espacios de circulación peatonal exclusivas o compartidas con vehículos. En este último caso se debe garantizar flujos y velocidades bajas mediante el diseño vial.

Artículo 79. La Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán considerar los siguientes principios en el diseño de vialidades urbanas:

I. Planeación bajo el enfoque de calles completas. La construcción de infraestructura vial deberá tomar en cuenta la multiplicidad de los usuarios de la vía pública, con especial énfasis en los usuarios vulnerables;

II. Accesibilidad universal. Los diseños deben estar previstos para todas las personas, por lo que la continuidad de superficies, tiempos de cruce, secciones, señales, diseños geométricos y otros componentes de las calles deben estar diseñados para todos;

III. Intersecciones seguras. Las intersecciones deben estar diseñadas para garantizar la seguridad de los usuarios especialmente los peatones, por lo que reducir velocidades, establecer cruces a nivel y diseñar fases cortas de semáforo es requerido;

IV. Pacificación del tránsito. Los diseños en especial en vías secundarias deberán priorizar la reducción de flujos y velocidades vehiculares. Los diseños, sentidos y operación vial deben responder a este criterio general, y

V. Bajas velocidades. La velocidad de diseño vial para vías primarias será de 50 km/hr y en vías secundarias de 30 km/hr. Los diseños geométricos, señales y elementos de la vía deberán ajustarse a estas velocidades máximas.

Artículo 80. Las Entidades Federativas, en el marco de sus atribuciones publicarán un Manual de Diseño Vial y un Manual de Dispositivos de Control del Tránsito, e incluirán su obligatoriedad y sus mecanismos de actualización en las leyes estatales.

La Federación, en coordinación con las Entidades Federativas emitirán una o varias normas oficiales mexicanas sobre diseño vial y dispositivos de control del tránsito, con el objeto de establecer estándares nacionales que puedan retomar las entidades federativas e incorporarlas en sus propios manuales y lineamientos.

Sección V
Normas de Circulación y Seguridad Vial

Artículo 81. La Federación, Entidades Federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán promover en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable y prevención de hechos de tránsito encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir hechos de tránsito, fomentar el uso racional de los vehículos automotores privados, promover el uso intensivo del transporte público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la jerarquía establecida en el artículo 63 de esta Ley.

En materia de prevención de incidentes viales, los distintos órdenes de gobierno, en el marco de sus atribuciones, deberán establecer políticas, planes y programas que, reconociendo la posibilidad del error humano, se encaminen a la prevención de los hechos de tránsito mediante acciones de mitigación del riesgo de lesiones graves y pérdidas humanas, y el mejoramiento de la infraestructura y operación vial.

Artículo 82. Todo vehículo motorizado que circule en el territorio nacional deberá estar cubierto por un seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros para responder del pago de la indemnización por los daños ocasionados en cualquier hecho de tránsito en donde resulte involucrado un tercero, y cuya contratación será responsabilidad del propietario del vehículo motorizado.

El seguro al que hace mención este artículo podrá ser contratado con cualquier institución de seguros debidamente autorizada según las leyes aplicables en la materia. Las leyes estatales y normativas estatales o municipales de regulación del tránsito establecerán las particularidades, cobertura mínima, procedimientos y mecanismos de sanción respecto al seguro obligatorio.

Las instituciones de seguros que operen el seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros destinarán un complemento de las primas al Fondo Nacional de Seguridad Vial.

Artículo 83. Los reglamentos de tránsito aplicables en las conurbaciones y zonas metropolitanas tendrán al menos las siguientes disposiciones generales:

I. Los conductores deben contar con licencia vigente o, en su caso permiso;

II. Establecer la preferencia de paso de peatones en el cruce de vialidades (excepto en vías de acceso controlado);

III. Establecer velocidades máximas de 50 km/hr para vías primarias (que no sean de acceso controlado) y de 30 km/hr para vías secundarias.

IV. Establecer la utilización del cinturón de seguridad de forma obligatoria para todos los pasajeros de vehículos motorizados;

V. Cualquier persona menor de doce años o que por su constitución física lo requiera, deberá viajar en los asientos traseros con un sistema de retención infantil o en un asiento de seguridad;

VI. Todos los vehículos motorizados deberán contar con estándares de seguridad vial internacionales;

VII. El casco debe ser obligatorio para conductor y pasajeros de motocicletas;

VIII. Establecer la prohibición de distractores al conducir; y

IX. Establecer la prohibición de conducir vehículos por la vía pública con niveles de alcohol en la sangre. Los conductores no deberán conducir con tasas superiores a 0.5 gramos por litro en sangre y 0.25 miligramos por litro en aire expirado

Las Entidades Federativas, municipios y/o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México implicadas, procurarán que en las conurbaciones o zonas metropolitanas se aplique un solo Reglamento de Tránsito o bien que exista uniformidad en los aplicables.

Artículo 84. Las licencias para conducir en las diferentes Entidades Federativas deberán contemplar los estándares mínimos previstos en esta Ley y cumplir con lo siguiente:

I. Usar un sistema de clasificación de licencias homologado de conformidad con lo que se establezca a través de una norma oficial mexicana;

II. Implementar el sistema de puntos en relación con las sanciones a los conductores de vehículos para efectos de la cancelación de las licencias;

III. Las licencias serán otorgadas previa aprobación de un curso obligatorio de conducción y de un examen teórico y práctico de conocimiento. La Federación deberá publicar una norma oficial mexicana respecto a los lineamientos de cursos y exámenes, y

IV. Establecer si el titular de la licencia es donador de órganos.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá los lineamientos en los que establecerá los elementos que deben contener las licencias.

Las licencias y registros vehiculares de cada entidad federativa deben estar concentradas en una base de datos nacional. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá los lineamientos para este registro nacional.

Artículo 85. Está prohibido conducir vehículos por la vía pública con niveles de alcohol en la sangre que superen los 50 miligramos de alcohol por cien mililitros de sangre o 0.25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público no deberán presentar cantidad alguna de alcohol en la sangre o en aire espirado.

La Federación, Entidades Federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán implementar, en el ámbito de sus respectivas competencias, programas de pruebas aleatorias de alcoholemia a conductores de vehículos. Mediante los programas de pruebas de alcoholemia, los agentes de seguridad podrán detener la marcha de vehículos de manera aleatoria y en puntos aleatorios o previamente designados, para aplicar pruebas de alcohol en aire espirado.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero: La presente Ley entrará en vigor 180 días hábiles posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo: El Ejecutivo Federal tendrá un plazo máximo de 180 días hábiles para expedir las disposiciones reglamentarias de esta Ley.

Artículo Tercero: Las Entidades Federativas tendrán un plazo de 365 días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para adecuar en general su legislación, y en particular la correspondiente en materia de construcciones, para dar cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 35 Bis.

Artículo Cuarto: La Federación deberá elaborar y publicar el programa de Apoyo al Transporte Masivo tres meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Quinto: El ejecutivo federal implementará las acciones necesarias a fin de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, las partidas presupuestales necesarias para dar cumplimiento a la sección denominada “financiamiento a la movilidad urbana sustentable” del presente decreto. Lo anterior de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo quinto fracción II inciso a).

Artículo Sexto: Las Entidades Federativas contarán con 365 días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para expedir el Manual de Diseño Vial y el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito.

Artículo Séptimo: La Federación, en coordinación con las Entidades Federativas, deberán expedir a más tardar dentro de los 365 días siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las normas oficiales mexicanas necesarias para la ejecución de la presente Ley.

Artículo Octavo: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes creará, administrará y preservará la Base Nacional de Licencias y Registros Vehiculares, que deberá operar a más tardar dentro de los 365 días siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Artículo Noveno: El Gobierno Federal, las Entidades Federativas, y los Municipios a efecto de cumplir con lo dispuesto en esta Ley, deberán promover las reformas legales y administrativas necesarias a fin de fortalecer sus respectivas haciendas públicas, a través del impulso a su recaudación. Lo anterior, a fin de que dichos órdenes de gobierno cuenten con los recursos que respectivamente les permitan financiar las acciones derivadas de la entrada en vigor de la presente Ley.

Artículo Décimo: Las Entidades Federativas tendrán un plazo de 365 días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para adecuar sus políticas, planes, programas y las leyes estatales y normativas estatales o municipales de regulación de seguridad vial y tránsito para dar cumplimiento a la obligación contenida en los artículos 81, 82 y 83.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/83/el/el17.htm

2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/12/8/poblacion-de-mexico-es-de-1195-millones-de-habitantes

3 Opinión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial respecto al PEF 2016.

4 http://www.cinu.mx/temas/asentamientos-humanos/

5 http://countrymeters.info/es/World

6 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P

7 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

8 Plan de Trabajo de la Comisión de Juventud, Primer Año legislativo 2015-2016.Cámara de Diputados, H. congreso de la Unión.
https://axa.mx/documents/10928/392193/ReflexionesAXA_SeguridadVial.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ci/CI-17.pdf

9 http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/PAE_SV.pdf
http://www.mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/773-incidentes-prevenibles

10 http://embarqmexico.org/news/el-peat%C3%B3n-es-todo-d%C3%ADainternacionaldelpeat%C3%B3n

11 http://who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/summary_es.pdf

12 http://www.animalpolitico.com/2014/07/la-ciudad-de-mexico-la-4a-mas-poblada-del-mundo-confirma-la-onu/

13 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/01/27/mexico-sede-de-conferencia-regional-de-habitat-iii

14 http://www.razon.com.mx/IMG/mk/infoLR/cdmxcontaminacion.jpg

15 http://www.razon.com.mx/spip.php?article302167

16 http://razon.com.mx/spip.php?article302228

17 http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=302211

18 http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=302225
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/12/15/1063610

19 http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=302166

20 http://www.sinembargo.mx/07-11-2014/1162274

21 http://www.vice.com/es_mx/read/el-aire-toxico-en-la-ciudad-de-mexico-provoca-la-intervencion-presidencial

22 http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/faq.html#cuatro

23 http://www.cleanairinstitute.org/calidaddelaireamericalatina/cai-report-spanish.pdf

24 http://www.animalpolitico.com/2013/11/mas-para-el-coche-menos-para-el-transporte-publico-en-el-pef-2014/

25 http://imco.org.mx/calculadora-aire/

26 http://www.nexos.com.mx/?p=23985

27 http://www.fundacionmelior.org/content/tema/10-cosas-que-deberias-saber-sobre-la-contaminacion-acustica

28 http://www.nexos.com.mx/?p=23985

29 Ibídem

30 https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/32017.wss

31 http://www.animalpolitico.com/2013/11/mas-para-el-coche-menos-para-el-transporte-publico-en-el-pef-2014/

32 http://www.sinembargo.mx/07-11-2014/1162274

33 Ibídem

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Pidió la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, ¿con qué objeto?

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Primero, para felicitar a la autora de la iniciativa, comentar que en la Comisión Especial de Movilidad ya estamos trabajando también en un proyecto más ambicioso, que bien podía sumarse a la iniciativa que presenta hoy la Senadora.

Desde luego, solicitarle si me permite sumarme a su iniciativa, y solicitarle a usted, señora Presidenta, además de las comisiones ordinarias, se pueda turnar a la Comisión Especial de Movilidad para opinión de la iniciativa.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Le pregunto a la Senadora, primero su adhesión. Y después se obsequia el turno, para opinión de la Comisión Especial de Movilidad. Muy bien.

En consecuencia, túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, y a la Comisión Especial de Movilidad, para su opinión.






En otro apartado del Orden del Día, tenemos dos dictámenes para primera lectura. Les informo que el dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, se retiró de su primera lectura, por no haberse entregado con firmas originales.

Dé cuenta la Secretaría con los dictámenes inscritos.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy cuenta de los dictámenes inscritos:

Tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, que contienen los siguientes proyectos de Decreto.

Por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Senadores integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

La Comisión realizó el análisis de esta minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que inicia el proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y, posteriormente,  turnada como minuta a la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la propuesta jurídica de la minuta sometida ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una valoración de la iniciativa con base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.

II. Antecedentes

1. El 29 de marzo de 2016, durante la sesión ordinaria celebrada en esa fecha, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentada por la Diputada Cecilia Guadalupe Soto González, Presidenta de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, que presentó a nombre de las Diputadas y los Diputados que la integran.

2. En sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2016, la Cámara de Senadores recibió la minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la misma a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Minuta

La minuta tiene por objeto reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de modificar la denominación de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para homologarla con la denominación que, por virtud de la reforma constitucional, corresponde en la actualidad a la capital de la República, es decir, que su denominación sea “Comisión de la Ciudad de México”.

Asimismo, se pretende modificar el artículo 39 de dicho ordenamiento legal, a efecto de incluirla en el listado de comisiones ordinarias y, en consecuencia, derogar el numeral 3 del artículo 40 de la misma ley, con el propósito de evitar duplicidades en dicho cuerpo normativo.

De aprobarse el presente dictamen, las modificaciones permitirán otorgar a la que se denominará  Comisión de la Ciudad de México, el ejercicio de las facultades de dictamen, de opinión, de resolución y de información sobre la Ciudad de México, en las que se haga necesaria la intervención del Congreso de la Unión o de alguna de sus Cámaras.

Lo anterior, toda vez que en dicha reforma política, el Congreso de la Unión quedó facultado para expedir las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los Poderes Federales y los Poderes Locales de la Ciudad de México; así como expedir la Ley de Coordinación Metropolitana, y las bases de organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano.

Asimismo, la Cámara de Diputados, al dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá asignar los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo cual, el Congreso deberá emitir las disposiciones para que las futuras alcaldías accedan a los recursos de los fondos y ramos federales y se establezca, en el marco jurídico correspondiente, un fondo para cumplir con las funciones de capitalidad de la Ciudad de México.

Por lo anterior, la colegisladora considera que es necesario que la Comisión de la Ciudad de México, se encuentre debidamente establecida en el artículo 39 de la Ley Orgánica de mérito, ya que es la Comisión competente de dictaminar respecto de estas leyes y sus probables modificaciones, así como contribuir al dictamen legislativo de las medidas que impliquen competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno y la Ciudad de México, y colaborar en los mecanismos de coordinación que se relacionen con esta Ciudad.

Por lo cual, propone las modificaciones siguientes:

PROYECTO DE DECRETO

“POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se adiciona una fracción X, recorriéndose en su orden las actuales fracciones, al numeral 2 del artículo 39; y se deroga el numeral 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 39.

1. …

2. …

I. a IX. …

X. Ciudad de México;

XI. a LIII. …

3. …

ARTÍCULO 40.

1. y 2. …

3. Se Deroga

4. y 5. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo.- Los asuntos que la mesa directiva de la Cámara de Diputados hubiera turnado a la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto se entenderán como materias a resolver por la Comisión de la Ciudad de México. Lo mismo sucederá con todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen.”

IV. Consideraciones de la Comisión

PRIMERA.- Los Senadores integrantes de esta Comisión son conscientes de que la propuesta aprobada por la colegisladora, deriva de una reforma constitucional. Coinciden con los promeventes en que la propuesta de reforma que hoy se dictamina es necesaria en virtud de que debe apegarse a la modificación de nuestra Carta Magna.

En efecto, el pasado 20 de enero del 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la Declaratoria de Constitucionalidad de la denominada Reforma Política de la Ciudad de México, con la aprobación de los Congresos Estatales siguientes: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

SEGUNDA.- Que a partir de esta reforma, el estatus del Distrito Federal fue modificado para dar paso a la Ciudad de México, con particularidades propias de una Entidad Federativa, otorgando así autonomía política y administrativa, pues contará con poderes locales propios. Sin embargo, como producto de la reforma Constitucional, el Congreso de la Unión aún se encuentra facultado para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación metropolitana entre los poderes de la federación y los poderes locales de la Ciudad de México; así como para expedir la ley de coordinación metropolitana entre la Federación, la Ciudad de México y las demarcaciones territoriales, los Estados y Municipios; entre otras facultades expresamente concedidas al Congreso de la Unión, que tienen inferencia en la Ciudad de México.

TERCERA.- Que, en efecto, las Comisiones Ordinarias, específicamente en la Cámara de Diputados, tienen una competencia delimitada y conocen los asuntos a que refiere su propia denominación. Por lo que esta dictaminadora, considera procedente y viable jurídicamente integrar a la Comisión de la Ciudad de México al listado que establece el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, derogar el numeral 3 del artículo 40 de dicho ordenamiento, en los términos que proponen las Diputadas y Diputados promoventes.

En razón del análisis anterior y a efecto de hacer más ilustrativo en qué consiste dicha propuesta, se presenta el cuadro comparativo siguiente:

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Texto vigente

Texto Minuta
Cámara de Diputados

Sentido Dictamen

ARTÍCULO 39.
1. …

2. …

ARTÍCULO 39.
1. …

2. …

 

Procedente

Texto vigente

Texto Minuta
Cámara de Diputados

Sentido Dictamen

I. a IX. …

X. Competitividad

XI. a LII. ...

3. …

I. a IX. …

X. Ciudad de México;

XI. a LIII. …

3. …

 

ARTÍCULO 40.

1. y 2.

3. La Comisión del Distrito Federal tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara previstas en el apartado A del artículo 122   constitucional.

4. y 5. ...

ARTÍCULO 40.

1. y 2. …

3. Se Deroga

 

 

 


4. y 5. …

 

 

 

 

Procedente

En virtud de las consideraciones descritas, la Comisión Dictaminadora considera procedente aprobar en sus términos la minuta materia del presente dictamen, y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Único. Se adiciona una fracción X, recorriéndose en su orden las actuales fracciones, al numeral 2 del artículo 39; y se deroga el numeral 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar como sigue:

ARTÍCULO 39.

1. ...

2. ...

...

I. a IX. ...

X. Ciudad de México;

XI. a LIII. ...

3. ...

ARTÍCULO 40.

1. y 2.

3. Se Deroga.

4. y 5. ...


TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo.- Los asuntos que la mesa directiva de la Cámara de Diputados hubiera turnado a la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto se entenderán como materias a resolver por la Comisión de la Ciudad de México. Lo mismo sucederá con todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen.”

Sala de comisiones del Senado de la República, a 20 de abril de 2016.

3. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en consonancia con la Reforma Política de la Ciudad de México, así como la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Comisión de la Ciudad de México en las Cámaras del Congreso de la Unión

Los Senadores integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las Iniciativas, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a las mismas e integrar el presente dictamen.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

La Comisión realizó el análisis de las Iniciativas conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas las iniciativas ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y turnadas a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de dichos documentos sometidos ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Cabe señalar que las iniciativas son coincidentes en el sentido de la propuesta de reformas a la Ley que pretenden modificar, por ello, se tomará como base para su dictaminación la presentada por el Senador Burgos.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una valoración de las iniciativas con base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.

II. Antecedentes

1. En sesiones ordinarias celebradas el 17 y 18 de febrero de 2016 en esta Cámara, los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Mario Delgado Carrillo y Enrique Burgos García, presentaron ante el pleno las Iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos referentes a la denominación de la Comisión de la Ciudad de México.

2. La Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, turnó las iniciativas para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos.

III.- Contenido de las Iniciativas

Las Iniciativas tienen por objeto modificar en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas referencias que se hacen a la Comisión del Distrito Federal, a fin de sustituirla por la mención de la Ciudad de México, y se denomine a la “Comisión del Distrito Federal”, como “Comisión para los Asuntos de la Ciudad de México”, con la finalidad de lograr la congruencia terminológica a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Reforma Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 2016.

Por otro lado, señala que en razón de congruencia técnica con los ordenamientos que competen a la Cámara de Senadores, las referencias que existan en dicho ordenamiento al “Distrito Federal”, es pertinente sustituirlas por la mención a la “Ciudad de México”; o bien, que las referencias que haya a “Estados y el Distrito Federal”, se sustituyan por la mención a las “entidades federativas”.

Asimismo, las Iniciativas sostienen que en el Decreto de la Reforma Política de la Ciudad de México, las menciones al “Distrito Federal” del texto constitucional se sustituyeron por “Ciudad de México”, y diversas menciones a “Estados de la República y Distrito Federal” se sustituyeron por “entidades federativas”; por lo que reiteran su propuesta de que todas las referencias que existan en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al Distrito Federal, sean sustituidas por “Ciudad de México”, y las referencias que se hagan sobre los Estados de la Unión y el Distrito Federal, se sustituyan por “entidades federativas”, cuando resulte pertinente.

Señalan que dichas referencias se encuentran en los artículos 15, párrafo 9; 22, párrafo 2; 23, párrafo 3; 40, párrafo 3; 66, párrafo 1; 67, párrafo 1; y 90, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

Asimismo hacen énfasis que las Comisiones de dictamen legislativo constituyen el espacio de análisis e instrucción de un asunto planteado a un Pleno Camaral, pues en ellas es donde se estudian todos los proyectos de ley y Decreto de diversos ordenamientos jurídicos.

Por lo cual, se creó la Comisión del Distrito Federal, la cual está encarga de  atender todos aquellos asuntos que concernieren al Distrito Federal, toda vez que el Congreso de la Unión tenía la facultad de legislar en todo lo relativo al Distrito Federal. Sin embargo, como se mencionó líneas arriba, derivado de la reforma política de la Ciudad de México, es de toda trascendencia modificar el nombre de dicha “Comisión del Distrito Federal” a “Comisión de Asuntos de la Ciudad de México”; ya que si se le denominara “Comisión de la Ciudad de México”, resultaría impreciso y confuso respecto del régimen de autonomía de la Capital de la República.

Por lo cual, proponen las modificaciones siguientes:

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 15, párrafo 9; 22, párrafo 2; 23, párrafo 3; 40, párrafo 3; 66, párrafo 1; 67, párrafo 1; 90, párrafo 1, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 15. …

1. a 8. …

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de los Estados de la Unión y de la Ciudad de México.

10. …

Artículo 22. …

1. …

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y de la Ciudad de México. Así mismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

Artículo 23. …

1. y 2. …

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los Municipios.

Artículo 40.

1. y 2. …

3. La Comisión para los Asuntos de la Ciudad de México, tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara en torno a la capital de la República.

Artículo 62.

1. y 2. …

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

Artículo 66.

1. …

a) a e) …

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) a m) …

2. y 3. …

Artículo 67.

1. …

a) a e) …

f) Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes locales de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;
g) a o) …

2.

Artículo 90.

1. …

I. a IX. …

X. Asuntos de la Ciudad de México

XI. a XXX. …

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto lo dispuesto en el artículo siguiente.”

IV. Consideraciones de la Comisión

PRIMERA.- Los Senadores integrantes de esta Comisión son conscientes de que la propuesta realizada por los senadores promoventes, deriva de una reforma constitucional; por lo cual, esta Comisión Dictaminadora coincide en que las propuestas de reforma que hoy se dictaminan son obligatorias en virtud de la modificación de nuestra Carta Magna.

En esta reforma constitucional se modificó la denominación de la Entidad Federativa, asiento de los poderes federales, para pasar de Distrito Federal a Ciudad de México.

SEGUNDA.- Que, en efecto, las Comisiones Ordinarias previstas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tienen una competencia delimitada y conocen los asuntos a que refiere su propia denominación. Por lo que esta dictaminadora, considera procedente y viable jurídicamente modificar la actual denominación de la Comisión del Distrito Federal.

TERCERA.- Es importante señalar que el pasado 30 de marzo del presente año, a esta Comisión le fue turnada la “Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, por la que la colegisladora aprobó modificar la denominación de la Comisión del Distrito Federal por la de Comisión de la Ciudad de México, y situarla en el listado de Comisiones Ordinarias otorgándole tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio respecto de la Ciudad de México.

Consideramos que lo jurídicamente procedente es modificar la denominación de la Comisión en comento para hacerla acorde con la reforma constitucional; por ello, y considerando que esta misma Comisión ha dictaminado favorable la Minuta enviada por la colegisladora, procede, en relación a las Iniciativa del Senador Burgos que se dictamina, rechazarla exclusivamente por la reforma a la denominación de la Comisión. Es decir, en ese sentido no sería modificado el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como lo señala el Senador promovente, ya que éste será modificado como fue aprobado en la minuta de la colegisladora, es decir, se derogaría el numeral 3 del artículo 40.

CUARTA.- En relación a la reforma de los demás artículos que proponen las iniciativas, consideramos procedente la modificación; sin embargo, esta Comisión considera que debe uniformarse la terminología en los casos en que se hace referencia al Distrito Federal para denominarlo “entidad federativa”, ya que esa es su naturaleza jurídica, independientemente de su nueva denominación de “Ciudad de México”.

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora considera procedente las modificaciones solicitadas por los Senadores promoventes, sin embargo, a fin de armonizar la Reforma Política de la Ciudad de México con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos pertinente utilizar en todo aquello que haga referencia a los “Estados y Distrito Federal” sólo la denominación  “Entidades Federativas”, esto en razón a que los promoventes en algunos artículos de la Ley de referencia utilizan las denominaciones siguientes:  “Estados de la Unión y de la Ciudad de México”, “Estados y de la Ciudad de México” y “Entidades Federativas”.

En razón del análisis anterior y a efecto de ser más ilustrativo en qué consiste la propuesta de esta Comisión, se presenta el cuadro comparativo siguiente:

Texto vigente

Texto Iniciativa

Texto dictamen
Comisión

Artículo 15

1. a 8.

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de los Estados y del Distrito Federal.
 
10.

Artículo 15. …

1. a 8.

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de los Estados de la Unión y de la Ciudad de México.
10. …

Artículo 15

1. a 8.

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las entidades federativas.

10.

Artículo 22. 

1.

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y las autoridades locales del Distrito Federal. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.
3 y 4.

Artículo 22. …

1. …

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y de la Ciudad de México. Así mismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

Artículo 22. 

1.

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3 y 4.

Artículo 23. 

1. y 2.

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios.
4.

Artículo 23. …

1. y 2. …

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los Municipios.

 

 

Procedente.

Artículo 40. 

1. y 2.

3. La Comisión del Distrito Federal, tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara en torno a la capital de la República.

4. y 5.

Artículo 40. …

1. y 2. …

3. La Comisión para los Asuntos de la Ciudad de México, tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara en torno a la capital de la República.

 

 

Improcedente

Artículo 62. 

1. y 2.

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de los Estados, a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 62. …

1. y 2. …

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

Artículo 62. 

1. y 2.

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de las entidades federativas.

Artículo 66. 

1.

a) a e)

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados y las autoridades locales del Distrito Federal; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) a m)

2. y 3.

Artículo 66. …

1. …

a) a e) …

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

 

g) a m) …

2. y 3.

 

 

 

Procedente.

Artículo 67. …

1.

a) a e)

f) Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o las autoridades locales del Distrito Federal, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

 

g) a o)

2.

Artículo 67. …

1. …

a) a e) …

f) Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes locales de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

 

g) a o) …

2. …

 

 

 

Procedente

Artículo 90. 

1.

I. a IX.

X. Distrito Federal

 

XI. a XXX.

Artículo 90. …

1. …

I. a IX. …

X. Asuntos de la Ciudad de México

XI. a XXX. …

Artículo 90. 

1.

I. a IX.

X. De la Ciudad de México

XI. a XXX.

En virtud de las consideraciones descritas, esta Comisión Dictaminadora considera procedente aprobar en estos términos el presente dictamen, y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo Único.- Se reforman los artículos 15, numeral 9; 22, numeral 2; 23, numeral 3; 62, numeral 3; 66, numeral 1, inciso f); 67, numeral 1, inciso f); 90, numeral 1, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 15

1. a 8.

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las entidades federativas.

10.

Artículo 22

1.

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas. Así mismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3 y 4.

Artículo 23

1. y 2.

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los Municipios.

4.

Artículo 62.  

1. y 2.

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de las entidades federativas.

Artículo 66.  

1.

a) a e)… 

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) a m)

2. y 3.

Artículo 67.

1.

a) a e)

f) Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

g) a o)

2.

Artículo 90.

1.

I. a IX.

X. De la Ciudad de México

XI. a XXX.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Sala de comisiones del Senado de la República, el 20 de abril de 2016.






Y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la Reforma Política de la Ciudad de México.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en consonancia con la Reforma Política de la Ciudad de México, así como la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Comisión de la Ciudad de México en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Los Senadores integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las Iniciativas, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a las mismas e integrar el presente dictamen.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

La Comisión realizó el análisis de las iniciativas conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas las iniciativas ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y turnadas a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de dichos documentos sometidos ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Cabe señalar que las iniciativas son coincidentes en el sentido de la propuesta de reformas a la Ley que pretenden modificar, por ello, se tomará como base para su dictaminación la presentada por el Senador Burgos.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una valoración de las iniciativas con base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.

II. Antecedentes

1. En sesiones ordinarias celebradas el 17 y 18 de febrero de 2016 en esta Cámara, los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Mario Delgado Carrillo y Enrique Burgos García, presentaron ante el pleno las Iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos referentes a la denominación de la Comisión de la Ciudad de México.

2. La Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, turnó las iniciativas para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos.

III.- Contenido de las Iniciativas

Las iniciativas tienen por objeto modificar en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas referencias que se hacen a la Comisión del Distrito Federal, a fin de sustituirla por la mención de la Ciudad de México, y se denomine a la “Comisión del Distrito Federal”, como “Comisión para los Asuntos de la Ciudad de México”, con la finalidad de lograr la congruencia terminológica a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Reforma Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 2016.

Por otro lado, señala que en razón de congruencia técnica con los ordenamientos que competen a la Cámara de Senadores, las referencias que existan en dicho ordenamiento al “Distrito Federal”, es pertinente sustituirlas por la mención a la “Ciudad de México”; o bien, que las referencias que haya a “Estados y el Distrito Federal”, se sustituyan por la mención a las “entidades federativas”.

Asimismo, las Iniciativas sostienen que en el Decreto de la Reforma Política de la Ciudad de México, las menciones al “Distrito Federal” del texto constitucional se sustituyeron por “Ciudad de México”, y diversas menciones a “Estados de la República y Distrito Federal” se sustituyeron por “entidades federativas”; por lo que reiteran su propuesta de que todas las referencias que existan en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al Distrito Federal, sean sustituidas por “Ciudad de México”, y las referencias que se hagan sobre los Estados de la Unión y el Distrito Federal, se sustituyan por “entidades federativas”, cuando resulte pertinente.

Señalan que dichas referencias se encuentran en los artículos 15, párrafo 9; 22, párrafo 2; 23, párrafo 3; 40, párrafo 3; 66, párrafo 1; 67, párrafo 1; y 90, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

Asimismo hacen énfasis que las Comisiones de dictamen legislativo constituyen el espacio de análisis e instrucción de un asunto planteado a un Pleno Camaral, pues en ellas es donde se estudian todos los proyectos de ley y Decreto de diversos ordenamientos jurídicos.

Por lo cual, se creó la Comisión del Distrito Federal, la cual está encarga de  atender todos aquellos asuntos que concernieren al Distrito Federal, toda vez que el Congreso de la Unión tenía la facultad de legislar en todo lo relativo al Distrito Federal. Sin embargo, como se mencionó líneas arriba, derivado de la reforma política de la Ciudad de México, es de toda trascendencia modificar el nombre de dicha “Comisión del Distrito Federal” a “Comisión de Asuntos de la Ciudad de México”; ya que si se le denominara “Comisión de la Ciudad de México”, resultaría impreciso y confuso respecto del régimen de autonomía de la Capital de la República.

Por lo cual, proponen las modificaciones siguientes:

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 15, párrafo 9; 22, párrafo 2; 23, párrafo 3; 40, párrafo 3; 66, párrafo 1; 67, párrafo 1; 90, párrafo 1, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 15. …

1. a 8. …

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de los Estados de la Unión y de la Ciudad de México.

10. …

Artículo 22. …

1. …

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y de la Ciudad de México. Así mismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

Artículo 23. …

1. y 2. …

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los Municipios.

Artículo 40.

1. y 2. …

3. La Comisión para los Asuntos de la Ciudad de México, tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara en torno a la capital de la República.

Artículo 62.

1. y 2. …

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

Artículo 66.

1. …

a) a e) …

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) a m) …

2. y 3. …

Artículo 67.

1. …

a) a e) …

f) Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes locales de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

g) a o) …

2.

Artículo 90.

1. …

I. a IX. …

X. Asuntos de la Ciudad de México

XI. a XXX. …

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto lo dispuesto en el artículo siguiente.”

IV. Consideraciones de la Comisión

PRIMERA.- Los Senadores integrantes de esta Comisión son conscientes de que la propuesta realizada por los senadores promoventes, deriva de una reforma constitucional; por lo cual, esta Comisión Dictaminadora coincide en que las propuestas de reforma que hoy se dictaminan son obligatorias en virtud de la modificación de nuestra Carta Magna.

En esta reforma constitucional se modificó la denominación de la Entidad Federativa, asiento de los poderes federales, para pasar de Distrito Federal a Ciudad de México.

SEGUNDA.- Que, en efecto, las Comisiones Ordinarias previstas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tienen una competencia delimitada y conocen los asuntos a que refiere su propia denominación. Por lo que esta dictaminadora, considera procedente y viable jurídicamente modificar la actual denominación de la Comisión del Distrito Federal.

TERCERA.- Es importante señalar que el pasado 30 de marzo del presente año, a esta Comisión le fue turnada la “Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, por la que la colegisladora aprobó modificar la denominación de la Comisión del Distrito Federal por la de Comisión de la Ciudad de México, y situarla en el listado de Comisiones Ordinarias otorgándole tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio respecto de la Ciudad de México.

Consideramos que lo jurídicamente procedente es modificar la denominación de la Comisión en comento para hacerla acorde con la reforma constitucional; por ello, y considerando que esta misma Comisión ha dictaminado favorable la Minuta enviada por la colegisladora, procede, en relación a las Iniciativa del Senador Burgos que se dictamina, rechazarla exclusivamente por la reforma a la denominación de la Comisión. Es decir, en ese sentido no sería modificado el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como lo señala el Senador promovente, ya que éste será modificado como fue aprobado en la minuta de la colegisladora, es decir, se derogaría el numeral 3 del artículo 40.

CUARTA.- En relación a la reforma de los demás artículos que proponen las iniciativas, consideramos procedente la modificación; sin embargo, esta Comisión considera que debe uniformarse la terminología en los casos en que se hace referencia al Distrito Federal para denominarlo “entidad federativa”, ya que esa es su naturaleza jurídica, independientemente de su nueva denominación de “Ciudad de México”.

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora considera procedente las modificaciones solicitadas por los senadores promoventes, sin embargo, a fin de armonizar la Reforma Política de la Ciudad de México con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos pertinente utilizar en todo aquello que haga referencia a los “Estados y Distrito Federal” sólo la denominación  “entidades federativas”, esto en razón a que los promoventes en algunos artículos de la Ley de referencia utilizan las denominaciones siguientes:  “Estados de la Unión y de la Ciudad de México”, “Estados y de la Ciudad de México” y “entidades federativas”.

En razón del análisis anterior y a efecto de ser más ilustrativo en qué consiste la propuesta de esta Comisión, se presenta el cuadro comparativo siguiente:

Texto vigente

Texto Iniciativa

Texto dictamen
Comisión

Artículo 15

1. a 8.

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de los Estados y del Distrito Federal.
 
10.

Artículo 15. …

1. a 8.

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de los Estados de la Unión y de la Ciudad de México.
10. …

Artículo 15

1. a 8.

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las entidades federativas.

10.

Artículo 22. 
1.

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y las autoridades locales del Distrito Federal. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3 y 4.

Artículo 22. …
1. …

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y de la Ciudad de México. Así mismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

Artículo 22. 
1.

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión y los poderes de las Entidades Federativas. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3 y 4.

Artículo 23. 

1. y 2.

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios.

4.

Artículo 23. …

1. y 2. …

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los Municipios.

 

 

Procedente.

Artículo 40. 

1. y 2.

3. La Comisión del Distrito Federal, tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara en torno a la capital de la República.

4. y 5.

Artículo 40. …

1. y 2. …

3. La Comisión para los Asuntos de la Ciudad de México, tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara en torno a la capital de la República.

 

 

Improcedente

Artículo 62. 

1. y 2.

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de los Estados, a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 62. …

1. y 2. …

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

Artículo 62. 

1. y 2.

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de las entidades federativas.

Artículo 66. 

1.

a) a e)

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados y las autoridades locales del Distrito Federal; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) a m)

2. y 3.

Artículo 66. …

1. …

a) a e) …

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) a m) …

2. y 3.

 

 

Procedente.

Artículo 67. …

1.

a) a e)

f) Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o las autoridades locales del Distrito Federal, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

g) a o)

2.

Artículo 67. …

1. …

a) a e) …

f) Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes locales de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

g) a o) …

2. …

 

 

 

Procedente

 

Artículo 90. 
1.
I. a IX.

X. Distrito Federal

XI. a XXX.

 

Artículo 90. …
1. …
I. a IX. …

X. Asuntos de la Ciudad de México

XI. a XXX. …

 

Artículo 90. 
1.
I. a IX.

X. De la Ciudad de México

XI. a XXX.

En virtud de las consideraciones descritas, esta Comisión Dictaminadora considera procedente aprobar en estos términos el presente dictamen, y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 15, numeral 9; 22, numeral 2; 23, numeral 3; 62, numeral 3; 66, numeral 1, inciso f); 67, numeral 1, inciso f); 90, numeral 1, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 15

1. a 8.

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las Entidades Federativas.

10.

Artículo 22

1.

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión y los poderes de las Entidades Federativas. Así mismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3 y 4.

Artículo 23

1. y 2.

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las Entidades Federativas y de los municipios.

4.

Artículo 62.  

1. y 2.

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de las Entidades Federativas.

Artículo 66.  

1.

a) a e)… 

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las Entidades Federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) a m)

2. y 3.

Artículo 67.

1.

a) a e)

f) Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

g) a o)

2.

Artículo 90.

1.

I. a IX.

X. De la Ciudad de México

XI. a XXX.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Sala de comisiones del Senado de la República, el 20 de abril de 2016.

Son todos los dictámenes para primera lectura.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, son de primera lectura.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados. A este dictamen se le acaba de dar primera lectura.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación.

Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos miembros del Consejo de la Casa del Estudiante del estado de Baja California Sur, invitados a esta sesión por el Senador Ricardo Barroso Agramont.

¡Sean ustedes bienvenidos, jóvenes!

Del mismo modo, queremos saludar a estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, invitados por el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo; así como a un grupo de alumnos de la materia de derecho constitucional de la Universidad Iberoamericana, invitados por la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

¡A todos ustedes, quienes asisten con la finalidad de presenciar del debate legislativo de esta Asamblea, sean bienvenidos!

Y del mismo modo aprovecho, entre tanto concluimos esta votación, para saludar al grupo de alumnos del CBTIS número 217 del municipio de Uriangato, Guanajuato, que son invitados del Senador Gerardo Sánchez García.

¡Bienvenidos, jóvenes!



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 75 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Ejecutivo Federal.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la Reforma Política de la Ciudad de México. A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la segunda lectura al anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores:

La Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor. Consulto si existe algún otra Senadora o Senador que tenga interés por participar en esta discusión en lo general.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, señora Presidenta.

He solicitado el uso de la voz ante esta Soberanía, de mis compañeras y compañeros Senadores, para hablar de la armonización que se tendrá que hacer a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en referencia al cambio de la Ciudad de México que ha sido históricamente relevante, la antigua ciudad de Tenochtitlán fue centro de intenso intercambio comercial y de pluralidad cultural y étnica en sus diferentes calpullis.

Hoy posee el lugar más importante del país en sus edificaciones, en términos urbanísticos, en la evolución evidente que ha tenido y en términos de tránsito de las antiguas calzadas que conectaban al centro de Xochimilco, con nuestras hermanas y hermanos, con los acueductos y hoy con los segundos pisos, carriles exclusivos para transporte público o motorizado.

Es un Centro Histórico por excelencia, líder en museos, mucho más grande y el más importante del continente.

Todas y todos, en muchas ocasiones, desde niños, lo primero que nos inculcaban en la escuela era conocer Chapultepec, era un sueño venir a Chapultepec y poder disfrutar de sus atracciones, de la belleza que aún conserva. Es en extensión y en belleza, dos veces más grande que el Central Park de Nueva York.

La evolución de su infraestructura urbana, acompañada de las demandas políticas y sociales de sus habitantes, transitó del antiguo departamento del Distrito Federal a la Ciudad de México, con una reforma constitucional producto del consenso de todas las fuerzas políticas de este país, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de enero de 2016.

La Ciudad hoy vive un momento inédito porque sus constituyentes diseñarán el texto fundamental de una ciudad cosmopolita, sede de los Poderes de la Unión.

El régimen de derechos humanos, reconocido en la Ley Suprema y en los instrumentos internacionales ratificados por México, serán el marco mínimo que protegerá a sus habitantes y transeúntes.

Podrá elegir, de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades para el ejercicio de gobierno, de manera incluyente y democrática en pleno respecto al pacto federal.

Gozar de autonomía es una alta responsabilidad, significa estar a la altura de los ciudadanos que hacen de la democracia una forma de vida y convierten el debate público en la regla y no la excepción.

En consecuencia, el Poder Legislativo Federal está obligado a armonizar la legislación que ordena la conducta parlamentaria, en referencia a la Ciudad de México, como es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo es brindar certeza jurídica cuando aludan a la Ciudad, particularmente en este momento es importante en los albores del trabajo parlamentario de los constituyentes de la Ciudad de México.

Por estas razones, mi grupo parlamentario el Partido Revolucionario Institucional coincidimos en la necesidad de generar coherencia lógica y gramatical en la Ley Orgánica del Congreso, respecto a la mención de la Ciudad de México por el Distrito Federal.

Esta reforma tiene un impacto directo en las relaciones y en las comunicaciones de la Ciudad de México con los poderes de la Federación, con los órganos legislativos de las entidades federativas y, desde luego, con las funciones de dictamen legislativo a través de la comisión para asuntos de la ciudad.

En esta reforma, coadyuvamos al trabajo legislativo que se desarrollará en los próximos meses en la Ciudad de México, corazón del país, como lo llama el Presidente Peña Nieto.

Senadoras y Senadores, éste es un paso importante para esta gran ciudad que nos arropa diariamente a todos los mexicanos, se convierte en una ciudad incluyente, de acceso universal, sustentable con viabilidad, eficiente, relevante y sin discriminación, centrado en el desarrollo de todas las personas.

Por eso, ahora, solicitamos como Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y como integrante de mi grupo parlamentario, solicito a mis compañeras Senadoras y Senadores que le demos la bienvenida en nuestra Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dejó ayer y se llamó Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Domínguez Arvizu.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto a discusión está suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que los Senadores Mario Delgado Carrillo y Luis Humberto Fernández Fuentes, presentan una propuesta de adición de dos artículos transitorios segundo y tercero.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 76 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, para presentar las propuestas de adición, desde su escaño.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Gracias, su señoría.

En obvio de tiempo y por lo sencillo de la propuesta, me permito hacerlo desde mi escaño.

La idea de mi intervención es solicitar la reserva para la adición de dos artículos transitorios que harían congruente y pertinente esta reforma.

Estos transitorios son muy sencillos: uno se refiere a que todos los asuntos que actualmente tiene la comisión, antes llamada Comisión del Distrito Federal, sean canalizados a la hoy Comisión de la Ciudad de México.

Y el segundo transitorio que propongo, se refiere a que la integración de la Comisión de la Ciudad de México será la misma que tenía la Comisión del Distrito Federal.

Esas son las dos adiciones que consideramos pertinentes y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Fernández Fuentes.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición de los artículos transitorios e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura a la propuesta, señora Presidenta.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusiónla propuesta de adición. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señora Secretaria. Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la anterior propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los Artículos Segundo y Tercero Transitorios que fueron aprobados para adicionarse.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 75 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En consecuencia, quedan aprobados los Artículos Segundo y Tercero Transitorios del proyecto de Decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la Reforma Política de la Ciudad de México. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para derogar la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, a nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios, para presentar el dictamen.

La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señora Presidenta. Compañeras, compañeros:

Quiero hacer una precisión respecto a por qué se votó en sentido negativo en la Comisión de Asuntos Migratorios.

Reconocemos que la iniciativa de la Senadora Diva Gastélum es una excelente iniciativa, muy bien fundamentada, muy bien motivada, contiene toda la normatividad existente sobre instrumentos de derechos humanos, pero quiero aclarar que se dictaminaron al mismo tiempo dos iniciativas sobre el mismo artículo 111, y la otra iniciativa que presenta la Senadora Angélica de la Peña incluye esta derogación que se hace de la fracción V del artículo 111, y aporta también y enriquece, al reducir el tiempo de los días que deben estar en las estaciones migratorias quienes son detenidos por, les digo, el solo hecho de perseguir una esperanza.

Entonces, creímos que hoy iba a pasar a primera lectura, hubo un trámite administrativo, y se pospuso, pero la iniciativa de la Senadora Diva va a quedar incluida en la próxima que se va a presentar. Porque sí nos parece que es importante que no estén detenidos cuando presentan recursos de revisión o presentan amparos, lo cual les limitaba el acceso a la justicia, ya que lo hacía indeterminado el tiempo que podían permanecer, entonces preferían no recurrir al amparo, mejor ser deportados para no estar en calidad de presos.

Nada más quiero agregar que el tema de los migrantes, es el tema de nuestros tiempos, migrantes y refugiados, que ayer, Peña Nieto fue a la ONU, allá, a pronunciar un discurso vibrante, poético, muy conmovedor, aquí él hablaba de que cómo los migrantes simbolizan el movimiento que ha hecho avanzar a la humanidad, cómo enriquecen en donde ellos deciden vivir, enriquecen la herencia cultural de los pueblos y de las sociedades.

Seguramente Diva le debe haber pasado todas estas reflexiones sobre derechos humanos o pues fue para sacarse la espinita de la paliza que le dio Trump aquí en México, porque va a decir allá en voz alta lo que no se atrevió a decir aquí en el país, que por qué él dice que se lo susurró al oído a Trump, y en política lo que no tiene fe pública, no vale.

Pero, que ojalá que ese discurso que fue a pronunciar a la ONU fuera la realidad que se vive en México, que hemos convertido a nuestro país en el cementerio de los centroamericanos, cementerio del cual puso la primera piedra y los cimientos Calderón, y eso tampoco hay que olvidarlo.

Pero que ya es una vergüenza que mientras Trump predica el discurso del odio, aquí se practica el odio contra los migrantes. Siendo México el país que más migrantes expulsa, debería ser ejemplo en la defensa de los derechos humanos y de la libertad de tránsito.

Gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Layda Sansores.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte al Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.

El Secretario Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen por el que se desecha el proyecto de Decreto ya descrito. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Aprobado el dictamen. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, del Partido Acción Nacional, para presentar el dictamen.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar dos dictámenes, en sentido positivo, a proposiciones con punto de Acuerdo.

En el primero de ellos, el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral, así como investigar y, en su caso, sancionar el fomento del trabajo infantil; y, por último, fortalecer las acciones que permitan erradicarlo en todo el país.

Esta comisión dictaminadora consideró que este asunto reviste importancia para el Poder Legislativo, en la medida en que presumiblemente los derechos de niñas, niños y adolescentes han sido vulnerados en contravención de los derechos y sus garantías reconocidos en la Constitución General de la República y en los instrumentos internacionales ratificados por México.

Cabe destacar que en el ámbito legislativo se reformó el artículo 123 de la Constitución para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar. Asimismo, se reformó la Ley Federal del Trabajo para ese mismo efecto.

En el contexto internacional, recientemente se ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de la edad mínima para trabajar.

En suma, las bases legales y de colaboración entre los diversos sectores sociales están dados para proseguir la lucha contra ese flagelo llamado trabajo infantil, que quebranta el orden jurídico, violenta los derechos básicos de un segmento poblacional altamente vulnerable e impide que la sociedad acceda a niveles de desarrollo más satisfactorios.

Por tanto, para esta comisión dictaminadora, los resolutivos planteados por el proponente resultan viables y oportunos, en virtud de que la autoridad debe reforzar las tareas que le asisten en la materia.

La segunda proposición con punto de Acuerdo exhorta a los congresos de los estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de 2009, la relatoría sobre los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los párrafos 14 y 15 acoge las definiciones sobre castigo corporal, haciendo énfasis en su carácter degradante, y sus diferencias con el maltrato o malos tratos, expuestas por el Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General No. 8.

A partir de la aprobación y publicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, inició un proceso legislativo de largo alcance, esto es: las legislaturas locales adecuaron, o en su caso, crearon las respectivas leyes en la materia en vista de la nueva visión integral prevista en el ordenamiento general.

Asimismo, se ha concretado, al menos a nivel estatal, el emplazamiento de las instancias previstas como la instalación de los sistemas de protección o la instauración de las correspondientes procuradurías.

No obstante los avances de la implementación de la Ley General y de las propias a nivel local, la hoja de ruta es compleja, dado que la autorización ha de darse bajo un esquema transversalizado que abarca necesariamente múltiples materias.

En este contexto, tal es la dirección hacia la que apunta el principal resolutivo de la proposición en estudio cuando afirma que son varias las entidades federativas que todavía no han incorporado en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, por lo que es menester instalarlas respetuosamente a establecerlo.

En ese sentido, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia suscribe cabalmente las propuestas plasmadas en la proposición con punto de Acuerdo en mención. Por ello pido su voto a favor de los presentes dictámenes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora García Gómez.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Ricardo Barroso Agramont: Con su permiso, señor Presidente.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de que combatir el trabajo infantil requiere el esfuerzo coordinado de todas las instituciones del Estado mexicano, la iniciativa privada y la sociedad civil para garantizar un clima pleno de desarrollo que asegure el interés superior de nuestra niñez.

Nuestro voto será a favor del presente dictamen, porque el trabajo infantil constituye un riesgo para la integridad física de los infantes, ya que al realizar labores que no van de acuerdo a su edad, están expuestos a sufrir lesiones, enfermedades y accidentes.

El trabajo infantil es inaceptable, es contrario al marco jurídico internacional y constitucional, violentando nuestra propia Constitución.

Para dimensionar la problemática, basta mencionar que por lo menos 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes, de entre 5 y 17 años, realizan alguna actividad económica, de los cuales más del 46 por ciento no recibe ni un tipo de pago.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo en el 2013, 9 de cada 100 niños o adolescentes trabajaban. Lamentablemente estas labores afectan sustantivamente el nivel escolar, prueba de ello es que más del 36 por ciento de estos jóvenes no asiste a la escuela; y el 64 por ciento combina trabajo y estudio, aspecto que deriva un bajo rendimiento en su educación.

Este panorama, compañeras y compañeros, debe ser atendido de manera integral a través de programas y políticas públicas transversales, con perspectiva de derechos y de género, orientada a atender y erradicar los casos denunciados en todo el país.

Las acciones hasta ahora emprendidas dan cuenta que nuestro compromiso y preocupación por prevenir estas actividades que son perjudiciales para la salud física, mental de la infancia y que además impiden el adecuado desarrollo.

Basta decir que México ha ratificado el Convenio No. 5, que establece la edad mínima del trabajo industrial; el Convenio No. 6, que prohíbe el trabajo nocturno industrial; el Convenio No. 10, de edad mínima para la agricultura; y la ratificación del Convenio 138 en materia de la edad mínima de la admisión al trabajo.

Por si esto no fuera suficiente, recientemente aprobamos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Compañeras y compañeros:

Apremia que las autoridades refuercen sus estrategias de políticas públicas con el objetivo de erradicar el trabajo infantil en México. Garantizar el pleno ejercicio y el respeto a todos los infantes de nuestro país.

En esta aspiración tiene especial relevancia la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de los gobiernos de las entidades federativas, esto para incorporar como eje estratégico de política pública diversos programas, programas específicos de cada gobierno para la erradicación del trabajo infantil.

Con la aprobación del presente dictamen tendremos información oportuna, un diagnóstico preciso y criterios de medición homogéneos que nos permitan instrumentar medidas adecuadas para solucionar y prevenir diversas formas de esclavitud, trabajo infantil y reclutamiento forzoso.

El camino hacia la completa erradicación del trabajo infantil es largo y complejo, pero tengo la absoluta certeza de que vale la pena luchar porque en México tengamos una niñez que crezca feliz, sana y de manera plena.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Barroso Agramont.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la carrera de administración pública y ciencias políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el Senador Armando Ríos Piter.

Agradecemos su visita en este Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Tiene la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Hemos sido insistentes en que a los exhortos que hacemos es necesario que les demos el seguimiento respectivo, ya que si no lo hacemos los mismos quedan como simples llamadas a misa.

Un solo exhorto de este Senado no tiene una razón de ser, es decir, hay la suficiente motivación y el suficiente fundamento para que a quien se lo dirigimos atienda con carácter de urgente el exhorto, y no lo vea simplemente como una lamentación del Senado mexicano.
En esta ocasión estamos exhortando directamente al ciudadano Presidente de la República a que garantice el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de los niños y las niñas víctimas de la explotación laboral, y a fortalecer las acciones que permitan erradicar el trabajo infantil.

Todos en este Senado de la República pegamos el grito en el cielo cuando se denunciaron los hechos de San Quintín, y se decía que en San Quintín era una explotación inhumana, no sólo de los adultos, sino de una cantidad importantísima de menores.

En aquella ocasión también señalamos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no estaba haciendo la labor que le tiene encomendada la sociedad, y de  manera particular lo que le encomienda el ciudadano Presidente de la República, que está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo: “vigilar que los niños, las niñas y los adolescentes de este país tengan garantizados sus derechos fundamentales”.

Y, entonces, cuando nos vemos frente a un panorama de un exhorto como éste, pues sí tenemos que hacer eco todos los Senadores de la República, porque basta caminar por la geografía nacional donde siembran caña, por ejemplo, cuando es el tiempo de la cosecha, un porcentaje altísimo de los cortadores de caña son infantes desde los 4 hasta los 17 años de edad.

¿Y qué hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para prevenir esto?

Basta que caminemos a lo largo y ancho de la geografía nacional y vayamos a las plantaciones agrícolas de jitomate, tomate verde, pepino, ejote, arroz, etcétera, etcétera, etcétera, y vamos a ver que las imágenes del trabajo infantil son cotidianas en todos esos lugares.

En el Senado de la República, como bien lo dijo el orador anterior, hemos hecho el trabajo, y lo hemos hecho, ya que hemos reformado el artículo 123 de la Constitución General de la República, para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar.

Hemos reformado la Ley Federal del Trabajo, para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar.

En el ámbito internacional, hemos ratificado el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, del 30 de junio del 2000.

Se ratificó el Convenio 138 de la OIT el 10 de junio de 2015, para que entrara en vigor en junio próximo.

Es decir, por nosotros no ha quedado, y lo tenemos que decir fuerte, el responsable de que las niñas y los niños no tengan la salvaguarda de sus derechos humanos, es el Ejecutivo Federal.

Por eso este exhorto no puede ser uno más, le tenemos que dar seguimiento para que se respete lo que hemos plasmado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ahí hemos dicho que los niños de México tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

Hemos dicho que el derecho a la igualdad sustantiva se les debe garantizar a las niñas, niños y adolescentes, que estos mismos deben tener el derecho a no ser discriminados, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, tienen derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, el derecho a la protección de la salud y de la seguridad social, el derecho a la educación, el derecho al descanso y al esparcimiento.

Pero sinceramente, compañeros Senadores, mientras no fortalezcamos cada una de estas leyes con un presupuesto concreto, difícilmente estos derechos van a ser garantizados a nuestros niños y mientras no les garanticemos presupuesto, nuestros niños sólo tienen una opción, ganarse la vida como puedan. Esa es su opción, o si no, la otra, destinarlos a que se mueran de hambre.

Estamos preocupados, y desde aquí le hacemos un exhorto a la Cámara de Diputados para que reflexione, porque los más perjudicados van a ser las niñas, los niños y los adolescentes de este país y, sobre todo, en las zonas rurales si los recortes presupuestales que se han anunciado se ejecutan, a la Sagarpa le recortan 5,281 millones de pesos, en 6 de sus 9 programas prioritarios.

Más pobreza al campo mexicano y, en consecuencia, los que hoy están en la pobreza patrimonial, pasarán a la pobreza alimentaria, y los que están en la pobreza alimentaria pasarán a morirse de desnutrición.

A la Secretaría de Educación Pública, aquí nos vienen a decir, seguramente ahora que venga el ciudadano Secretario de Educación, en la glosa nos verá decir números alegres, pero el recorte presupuestal es preocupante.

En la Secretaría de Educación Pública se perjudica a 5 de los 15 programas prioritarios.

El Programa de Inclusión y Equidad Educativa, imagínense, el Programa de Inclusión y Equidad Educativa se le ajusta el 27.9 por ciento; al fortalecimiento de la calidad educativa, cuando exigen calidad de la educación el 5 por ciento; a las escuelas de tiempo completo el 4.5 por ciento; a la investigación científica y desarrollo tecnológico el 1.7 por ciento.

La otra área prioritaria a la salud, 7 de 13 programas prioritarios son perjudicados.

Vacunación, se le reduce el 39.8 por ciento, imagínense, a la atención a la salud el 2.7; al control de sobrepeso, obesidad y diabetes el 21 por ciento. Cuando aquí hemos señalado que no podemos abandonar a su suerte a los infantes, somos el primer lugar en el mundo en obesidad infantil, y lejos de impulsar la prevención de la misma a través de las buenas costumbres para la alimentación.

¿Qué es lo que se hace?

Reducir en el 21 por ciento el control de sobrepeso, obesidad y diabetes. Imagínense, compañeras Senadoras y Senadores.

Alcemos la voz. De la manera que quieran vamos a rogarles a los Diputados que estos recortes criminales no los apliquen porque vamos a perjudicar a los más vulnerables de México, que son los niños.

Este exhorto plantea que generemos condiciones para que se cumplan sus derechos, y haciendo recortes a las áreas prioritarias eso es prácticamente imposible.

Porque las niñas, los niños y los adolescentes de México no se vean perjudicados, le exijo al Senado mexicano que con sus pares les pidamos que, estos recortes que van hacer que mucha gente se muera o que entre en condiciones de vulnerabilidad, no se apliquen.

Por su atención, muchas gracias.

Felicidades a quien hizo el exhorto.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Demédicis Hidalgo, muchas gracias por su intervención.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente para respaldar el voto positivo por este dictamen, que como bien señaló el Senador Demédicis Hidalgo, no debe, ni puede ser un llamado a misa más, una nueva exhortación que se la lleve el viento, que nos deje la conciencia tranquila durante un día; pero que después el tema siga exactamente igual y las cosas no cambien.

Recientemente Thomas Wissing, Director de la OIT, hizo un llamado, una alerta, y particularmente hizo una alerta en lo local.

Es cierto, hay responsabilidades del gobierno federal, sí las hay y muchas, pero también hay competencias locales que deberían de estar atendiendo el tema de trabajo infantil.

Lo digo porque en este diagnóstico de la OIT se estableció que solamente en los tres estados más pobres, los sospechosos de siempre, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, hay casi medio millón de niños trabajando, y que un gran número de ellos son explotados y están en una condición de trata para explotación laboral, en particular con fines de comercio ambulante.

Miren, esta es una imagen que cualquiera que vaya a cualquier ciudad de Chiapas va a ver de manera recurrente. Esto no es algo que escape de la realidad de un estado de nuestra República, el chiclerito, es un emblema de la oprobiosa pobreza de mi estado.

El chiclerito es un símbolo de las injusticias que frente a los gastos frívolos a gobiernos obesos, a muchos excesos que tenemos, no hemos logrado que este niño entienda su realidad, su felicidad, su libertad, desapegado de esta caja de madera.

Niños que están por toda la ciudad vendiendo dulces, vendiendo cigarros, y desafortunadamente se ha encontrado casos en donde forman parte de las redes de narcomenudeo.

Éste, el chiclerito, debería de ser una fotografía de museo, algo como un fenómeno que ocurrió en algún momento en México y que nos indignó. Porque si esto no nos indigna, si no podemos pensar que éste podría ser nuestro hijo, nuestro nieto, pues entonces vamos a seguir haciendo estos llamados y no va haber presupuesto.

Vamos a seguir haciendo estos llamados y no va haber acciones específicas; vamos a seguir haciendo llamados que nos dejen tranquilos, pero que no cambien la realidad de esta persona.

En Chiapas hay 164 mil 678 niños trabajando, es el 10 por ciento de la población entre 5 y 17 años de edad.

De verdad, las comparaciones siempre son odiosas, pero estoy convencido de que si esto estuviera ocurriendo en otro estado de la República, en la Ciudad de México, en Nuevo León o en Puebla, estaríamos alarmados de la situación.

Pero de repente hay este desdén de decir: “Pues es que como es Chiapas, o como es Guerrero, o como es Oaxaca, eso es parte de su normalidad”.

No, señores, no debería de ser parte de nuestra normalidad.

No debería de ser normal tampoco que de estos 164 mil niños, 70 por ciento no sean remunerados.

Muchos, efectivamente, están en la zona agropecuaria, están en las zonas rurales, están trabajando en el campo, quizá por la necesidad que tiene su familia, pero hay muchos que tienen su trabajo en el sector de los servicios, en el comercio, en centros turísticos que nos maravillamos y visitamos y hablamos de ellos en el mundo, y donde están trabajando sin ser remunerados.

¿Qué no se llama eso esclavitud?

Entonces, ¡enhorabuena por este dictamen!

Yo a Martha le reconozco que el tema lo ha puesto sobre la mesa y ha sido insistente sobre él, pero si después de esto volvemos a tener la misma respuesta, pues entonces elevemos el nivel de la exigencia.

Elevemos el nivel de la exigencia a lo digno que merece un mexicano como él, a quien se le están negando todas las oportunidades, justamente, de ser mexicano.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Zoé Robledo.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de diversos estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al dictamen, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Con la venia de la Presidencia.

Para los integrantes del grupo parlamentario del PRI, una de las principales obligaciones del Estado mexicano, consiste en garantizar la efectiva protección y desarrollo de las niñas y niños de nuestro país.

En consecuencia, votaremos a favor de que se exhorte a los congresos locales de diversos estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Antes de referirme al contenido del dictamen, me parece oportuno precisar que conforme al párrafo noveno del artículo 4o., de la Constitución Federal que dice: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez…”.

El precepto jurídico en comento, también dispone que entre otras cuestiones, el principio del interés superior de la niñez debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Bajo esta tesitura, con el presente dictamen con punto de Acuerdo se busca atender una problemática de dimensiones mayúsculas que no tiene paliativo alguno, el castigo corporal en contra de niñas y niños.

Aunque no es visible por la falta de denuncias, es un asunto que lacera profundamente a la sociedad mexicana y por ello es imperativo tomar las medidas que sean necesarias a fin de erradicar este tipo de conductas.

Para ponderar la gravedad de impacto que tiene el castigo corporal hacia menores de edad, basta mencionar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el año 2014, una cuarta parte de todas las personas adultas manifiestan haber sufrido maltratos físicos en su infancia.

Además, indica que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. En el caso de México, la última Encuesta Nacional sobre Discriminación, refiere que pegarle algo o poco, es respaldado por más de 2 de cada 10 personas.

Las cifras dejan de manifiesto la pertinencia del asunto que está a nuestra consideración.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que en términos del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las leyes federales y de las entidades federativas deben disponer de lo necesario para que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes, se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular, el castigo corporal.

En el ámbito internacional, el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, socia les y educatívas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.

A pesar de las disposiciones invocadas de los notables avances que existen en la implementación del proceso legislativo de largo alcance que inició con la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 16 leyes locales todavía no han establecido explícitamente la prohibición del castigo corporal. Es esta última consideración que radica la importancia del dictamen con punto de Acuerdo a discusión.

El objetivo es claro, establecer las condiciones que le permitan a la niñez de nuestro país desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de manera óptima.

Compañeras y compañeros:

En el grupo parlamentario del PRI reafirmamos nuestro voto a favor, y los invitamos a que se pronuncien en el mismo sentido.

Estamos convencidos que es imprescindible que todas las entidades federativas cuenten con leyes políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia en contra de niñas y niños. Asimismo, resulta igual de importante que se lleven a cabo campañas en todo el territorio nacional, encaminadas a generar conciencia sobre formas positivas no violentas y participativas de la crianza de niñas y niños.

El cuidado, protección y formación de las niñas y niños de México es responsabilidad de todos, y en el Senado de la República no podemos ser omisos, por ello, estoy segura que habremos de aprobar el presente asunto.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Hilda Ceballos.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






MINUTO DE SILENCIO

Compañeras y compañeros Senadores, como ustedes saben, el día de ayer conmemoramos el trigésimo primer aniversario del sismo ocurrido en esta ciudad el 19 de septiembre de 1985, los efectos causados por este evento natural deben ser recordados en toda la dimensión que merecen las víctimas y las familias que se vieron afectadas por la devastación padecida en esta ciudad.

Les solicito que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Pido a la Asamblea ponerse de pie.

 (Todos de pie guardan un minuto de silencio)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.






En el apartado de proposiciones, tiene la palabra el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes para la comunidad indígena en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente. Mesa Directiva:

A nombre de mis compañeros Senadores del grupo parlamentario del PRI y de las diferentes entidades federativas con población indígena, hoy vengo a presentar una proposición con punto de Acuerdo para que podamos, desde el Senado de la República, hacer un exhorto respetuoso a la Cámara de Diputados, para que en el marco de presupuesto y en la consideración de que el pasado 8 de septiembre el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, pero al mismo tiempo, considerando que dicho anteproyecto está contemplando una cantidad de 239 mil millones de pesos de recorte a dicho presupuesto, pues hay afectaciones a rubros muy importantes como son educación, salud, cultura, el campo y los pueblos indígenas.

Particularmente me voy a referir al presupuesto correspondiente para los pueblos originarios. Mucho se ha dicho que la política pública está orientada al bienestar, está orientada al desarrollo social, está orientada al fortalecimiento de la oportunidad para vivir mejor, pero particularmente la población más vulnerable de este país, se encuentra precisamente en los pueblos originarios; aquellos pueblos indígenas de las diferentes lenguas madre de este país, que no por una generación y tampoco por una coyuntura o de circunstancia económica del país o del mundo, sino que por tradición, por generaciones han vivido y se han desarrollado en medio de la pobreza.

Es por eso que hoy vengo a compartirles que no aceptamos, de que los pueblos originarios tengan una disminución en sus programas, en los recursos asignados. Podemos atender otras áreas, pero no la parte más vulnerable de este país.

Hablar de comunidades indígenas es hablar de pobreza, pero de pobreza extrema, es hablar de los pueblos, es hablar de las familias donde no tienen oportunidades de vida y que su desarrollo en gran medida está en función de la política social, y les damos algunos datos:

Para el rubro del presupuesto trasversal asignado en atención a los pueblos originarios, hay una disminución, un recorte de 12.8 por ciento, significa que de 85 mil 260 millones de pesos, en lugar de cuando menos sostenerlo, o incrementarle un mínimo de un 5 ó 10 por ciento, le están restando 12.8 por ciento, de 85 mil 260, están presentando una propuesta ante Cámara de Diputados de 74 mil 292 con una disminución de 10 mil 968 millones de pesos.

Y ahí hay afectaciones, por dar algunos ejemplos, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 6 mil 565 millones de pesos de recursos orientados a estas comunidades, sólo están proponiendo 1,977 millones de pesos, una disminución de 4 mil 588, estamos hablando de un 70 por ciento, un 70 por ciento nada más a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para acciones que van orientadas, encaminadas a este sector tan importante, como lo son los pueblos originarios.

Y ahí tenemos ejemplos, como es el caso del proyecto para infraestructura de caminos rurales, que están por completo desapareciendo este programa de 3 mil 549 millones de pesos, no están contemplando absolutamente nada, es inconcebible, o en su caso, que la Secretaría de Hacienda explique de dónde van a reponer, o de dónde van a obtener recursos adicionales para poder atender los caminos rurales que la gran mayoría están precisamente en los pueblos originarios, le están quitando lo mismo a SCT un 30 por ciento en conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras y de empleo temporal de 271 millones de pesos, están quitándole un 50 por ciento.

Nada más les recuerdo, a quienes presentaron durante el proyecto de Presupuesto de Egresos, que allá en las comunidades no hay empleo, no hay empresa, lo que ahí alcanza es la producción primaria, el autoempleo, la oportunidad del aprovechamiento en recursos naturales, el empleo temporal es una oportunidad de cómo puedes llevar ingreso a las familias, y así podemos citar otros ejemplos, como es el caso de la Semarnat, que le están restando de su presupuesto 2016, en acciones a pueblos originarios para el 2017, le están restando 41 por ciento, o el caso de la Secretaría de Economía, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural y de Pueblos Originarios, de 23.8 millones de pesos en el 2016, en el 2017 simplemente ese programa desaparece.

Así también tenemos el caso de la Sedatu, y bueno, por cuestión de tiempo, darles datos, particularmente de la Secretaría, de lo que corresponde a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Los datos anteriores es la estadística en el presupuesto trasversal, pero para atender de manera directa en términos de programas, de normatividad y de operación, está la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI.

Miren, compañeros Senadores, aquí va un dato alarmante. Para quienes venimos con ese origen social de pueblos originarios, no entendemos hacia dónde va la política social; no entendemos entonces hacia dónde va la política presupuestaria para atender a los que menos tienen.

CDI. Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado en el 2016, fue de 11 mil 900 millones de pesos, 11 mil 900 millones de pesos para CDI en sus diferentes programas 2016.

Propuesta presentada ante Cámara de Diputados para el 2017: 5 mil 806 millones de pesos.

Están disminuyendo, recortando 6 mil 94 millones de pesos para los pueblos originarios que representa el 51.2 por ciento, más de la mitad de 2016, y esto es una propuesta alarmante, y que desde mi responsabilidad como representante popular y con ese origen de los pueblos indígenas, vamos a generar la opinión que sea necesaria, y le hacemos la invitación respetuosa a todos ustedes, a que podamos sumarnos para que en Cámara de Diputados puedan atendernos.

Infraestructura indígena, de 7 mil 591 millones de pesos que estaban destinados para la CDI, hoy están proponiendo 2 mil 264 millones, 70.17 por ciento menos, cuando ese es el programa esencial que trae la CDI para pueblos originarios; para la producción indígena de mil 572 millones de pesos, lo están dejando en 772.

Nada más damos otro dato de 120 millones de mexicanos, 25 millones son de pueblos originarios, representa aproximadamente el 21.5 por ciento. O sea, de cada 5 mexicanos, uno es de pueblos originarios, por lo tanto, compañeras Senadoras y Senadores, hacemos, pues, el exhorto respetuoso para que se pueda atender este rubro.

Y está la estadística, Oaxaca con 65.73 por ciento de este 21.3 del nacional. Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Chiapas, Guerrero, Puebla, entre otros, son los estados que tienen una mayor concentración de pueblos originarios.

Por lo tanto, consideramos que la reducción de la pobreza siempre debe pasar por establecer la política social, la política económica, promoviendo que la desigualdad no sea permanente, y quienes por muchos años han estado en condiciones de marginación y de pobreza, por lo que hacemos el respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados, a sus comisiones de presupuesto, a su Comisión de Hacienda  y Crédito Público, y a los 500 Diputados para que en el análisis, la discusión que tenga que hacer del Presupuesto de Egresos y su aprobación, se pueda contemplar, primero, un incremento del 10 por ciento sobre la base del Presupuesto de Egresos 2016, considerando la marginación y pobreza que representa este sector de pueblos originarios, o en su caso, como propuesta mínima que se quede con los 85 mil millones de pesos con los que fue aprobado en el 2016.
Gracias por el espacio.

Señor Presidente, hago entrega del documento reciente firmado por la gran mayoría de mis compañeros Senadores de los estados donde hay población indígena.

Muchas gracias y buenas tardes.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Sofío Ramírez. Túrnese a la Cámara de Diputados.

La Mesa Directiva da la más cordial bienvenida en esta sesión a la Asambleísta María Augusta Calle, de Ecuador, Coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe; al Diputado Mario Marroquín, de El Salvador, Coordinador de Mesoamérica del Frente Parlamentario Contra el Hambre; así como a oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, invitados por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa y Angélica de la Peña Gómez.

Agradecemos su visita al Senado de la República. ¡Sean ustedes bienvenidos!






Se concede la palabra al Senador Héctor David Flores Ávalos, para presentar a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios, un punto de Acuerdo que exhorta a instrumentar medidas urgentes y realizar los cambios necesarios al paquete económico 2017 para afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del peso.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señor Presidente.

Hoy vengo a tratar un tema que de manera particular me parece importante resolver en este momento, por lo menos analizar en forma seria, y esto tiene que ver con la devaluación reciente que hemos visto que ha sufrido el peso, la moneda nacional, frente al dólar de los Estados Unidos de América.

Como Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, me parece que es ineludible llamar a esta Asamblea a tener una reflexión, les decía yo, profunda, seria, inmediata sobre este tema.

De enero de 2014, fecha que fue homologado el IVA en las fronteras, al día de hoy el peso ha sufrido una devaluación lamentable frente al dólar, ha pasado prácticamente de 13 a más de 20 pesos por dólar en la última jornada y en el día de hoy, lo que representa un alza de más del 50 por ciento en 2 años 9 meses.

El paquete económico entregado por el Poder Ejecutivo al Congreso en días pasados no contempla una contingencia clara que afronte las dificultades financieras generadas por esta devaluación, por lo cual es importante no solamente exhortar a la Secretaría de Hacienda a que enderece el rumbo en esa materia, sino sobre todo a que nosotros como legisladores, y en el Senado de la República particularmente en lo que corresponde a la Ley de Ingresos, hagamos una reflexión seria sobre este tema.

La realidad es que el aumento del dólar o la devaluación del peso frente a esa moneda, específicamente en la frontera, puede transformarse en una circunstancia positiva, así como se escucha, puede transformarse en una circunstancia positiva, si tenemos la capacidad, desde luego, de trazar desde la política pública financiera del Estado mexicano, soluciones no necesariamente agresivas, pero sí vanguardistas en el tratamiento que se les está dando a nuestros compatriotas en esa región del país en la frontera norte.

El aumento del IVA del 11 al 16 por ciento, por ejemplo, trajo consigo una serie de consecuencias negativas que, al día de hoy me parece que son innegables para los habitantes de esa región del país, los argumentos presentados por el Poder Ejecutivo en su momento, por ejemplo, señalaban que la tasa diferenciada había cumplido el propósito de cuando se estableció para impulsar el desarrollo de la región, insistimos en señalar que el problema en la frontera sigue siendo de competitividad.

Hoy en día, en que el discurso nacionalista, el discurso de reivindicación de los mexicanos frente al pueblo de los Estados Unidos de América, de alguna manera se vuelve mucho más sensible para nosotros, deberíamos tomar acciones decididas por rescatar, por ejemplo, a esta región del país que está siendo claramente desplazada en términos de competitividad respecto de comerciantes, empresarios, industriales, del otro lado de la frontera.

En cuanto al sector económico, las afectaciones que se han presentado son, entre otras: inflación superior a la media nacional, caída en las ventas y del empleo, pérdida del poder adquisitivo, fuga de consumidores, cierre de empresas, aumento del desempleo y, en general, estancamiento económico; las consecuencias anteriores constituyen la realidad actual de la región fronteriza a partir de la homologación del IVA.

El aumento del IVA ha disminuido el ingreso de las familias, esto es innegable. Ha golpeado la competitividad. Ha generado desempleo.

Y, consecuentemente, ha mermado la tasa de ahorro de las familias y de las personas en la región y la franja fronteriza.

Conforme a nuestra legislación vigente, y ésta es la parte que me gustaría reflexionar con ustedes, compañeros Senadores: “es facultad del Ejecutivo Federal emitir un Decreto para que en uso de las facultades que le confieren los artículos 89, fracción I de la Constitución; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; y 39 del Código Fiscal Federal, para condonar o eximir total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofe sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias”.

Es claro que la región fronteriza ha sido afectada severamente por la homologación del IVA y la devaluación del peso frente al dólar, por lo que es importante exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que exima parcialmente el pago del Impuesto al Valor Agregado, y de esta manera se contribuya a resolver la pérdida de competitividad y las afectaciones económicas que ha generado dicha problemática en la región.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Flores Ávalos. En consecuencia, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo relativo a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el aumento de flujos migratorios nacionales y extranjeros en Tijuana, Baja California.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Desde hace ya varios meses, una gran cantidad de migrantes extranjeros y nacionales han arribado al municipio de Tijuana, Baja California. La mayoría de ellos son ciudadanosprovenientes de Haití, Somalia, Ghana y Etiopía; y se encuentran alojados temporalmente en diversos albergues. Mientras se resuelve su trámite de solicitud de asilo, los extranjeros obtuvieron la autorización del gobierno mexicano para estar en el país durante un mes, quince días o una semana, de acuerdo a su respectiva situación, sin embargo, a la mayoría se les ha vencido este permiso y ahora temen ser regresados a sus países, de los cuales huyeron por conflictos sociales.

En este contexto, es necesario recordar la característica de nuestro país, esta larga tradición migratoria como país de origen, tránsito y destino de migrantes.

Pero también para nadie es desconocido que la falta de desarrollo económico, social y político, así como la violencia imperante en muchas regiones del mundo, son factores que han impulsado la migración de países, con quienes ahora nos ocupa y que se encuentran en el municipio de Tijuana.

En este sentido, el 17 de septiembre del presente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Instituto Nacional de Migración, a autoridades del gobierno de Baja California, y al presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Tijuana, a implementar medidas cautelares ante el aumento de migrantes nacionales y extranjeros que solicitan, por la garita internacional de San Ysidro, protección internacional de Estados Unidos.

En ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les solicitó también que actúen de manera coordinada durante el tiempo que se requiera, para proporcionar a los migrantes que se encuentran en situación de calle, alojamiento temporal, priorizando en todo momento a niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad.

En un comunicado, la CNDH especificó que su personal ha venido documentando desde el 17 de julio pasado el incremento en el flujo migratorio de esta zona y en específico señaló que el lunes pasado, el 12 de septiembre, se advirtió la presencia de aproximadamente 1,100 personas, entre ellas 300 de origen mexicano que mencionaron haber abandonado su lugar de origen por circunstancias de violencia, las demás personas de origen extranjero, conformadas por familias o grupos en situación de vulnerabilidad.

Es importante señalar que toda esta información se encuentra debidamente registrada en notas periodísticas y que además, también se ha especificado, y lo voy a mencionar por obviedad, pidiéndole al Presidente de la Mesa Directiva que inscriba el punto de Acuerdo en sus términos, como lo he presentado y del cual hoy estoy haciendo un resumen.

En los escritos dirigidos a los autoridades se hace referencia que el Instituto Nacional de Migración ha celebrado convenios con las dependencias del gobierno federal, de las entidades federativas y municipios aledaños para implementar acciones tendientes a coadyuvar con los actos humanitarios de asistencia o de protección de las y los migrantes que realizan diversas organizaciones de la sociedad civil, insisto, priorizando la atención a quienes son menores de edad.

Sin embargo, es oportuno señalar que la responsabilidad del Estado no es solamente coadyuvar de buena fe con las valiosas acciones que deben realizar las organizaciones de la sociedad civil que están legalmente constituidas, sino por el contrario, el Estado es quien debe, ese es un deber no actuar filantrópicamente, sino como deber del Estado, garantizar lo que establece, ni más ni menos que el artículo 1o. de nuestra Constitución.

Que dice: “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”…, establece que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”…, y además, establece, ni más ni menos que: “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional”.

Ahora bien, es pertinente resaltar la obviedad de lo anterior, toda vez que en respuesta a las medidas cautelares emitidas por la CNDH, el ayuntamiento de Tijuana ha decidido no aceptar tales medidas y ha desestimado la realización de nuevas acciones para garantizar los derechos humanos de la población migrante que por diversas razones ha llegado a este municipio en los últimos meses, argumentando, y cito de manera textual, que “el gobierno municipal de Tijuana ya reforzó las acciones coordinadas con organismos civiles para garantizar su seguridad y protección durante su estancia”.

El ayuntamiento, tengo que decirlo también, alude a la creación de la Dirección de Atención al Migrante, que está inscrita desde octubre de 2015, el apoyo destinado a diversos organismos de la sociedad civil por un monto de 600 mil pesos, así como diversas acciones.

Con lo anterior, el ayuntamiento de Tijuana da por concluida su responsabilidad y elude asumir mayor compromiso en la tutela de los derechos humanos de miles de personas que, independientemente de su nacionalidad, están obligados a proteger.

También quiero destacar lo que hae apenas ayer, antier, en la reunión de Naciones Unidas, en este caso la Canciller mexicana expresó que México considera que se requiere un enfoque coordinado en la atención de la migración, así como la cooperación internacional para atender el fenómeno global de la misma, al tiempo que reiteró el compromiso de nuestro país para que en el mundo los flujos migratorios sean seguros, ordenados y respetuosos de los derechos humanos.

Qué bien pero estamos ante dos discursos distintos. Nos parece que tenemos que unificarnos, que lo que decimos afuera también lo apliquemos de manera congruente adentro del país.

Y en ese sentido, me voy directo a los dos puntos de Acuerdo que estoy proponiendo, y ojalá, por la situación grave que va a suscitar quizás en una crisis humanitaria, debiéramos estar aprobado este punto de Acuerdo, debiéramos estar tratando aquí en el Senado este asunto de manera diligente y estar tomando las medidas que pudieran estar, ojalá, en los términos de los dos puntos que yo estoy proponiendo:

“Primero.- La Honorable Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración, al gobierno del estado de Baja California y a las autoridades competentes del municipio de Tijuana, Baja California, a que de manera coordinada y desde su respectivo ámbito de competencias, den cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y continúen brindando la orientación y la atención que permita garantizar la integridad y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros que se encuentran varados en el municipio de Tijuana, Baja California.

Segundo.- La Honorable Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a que, en caso de que la solicitud de asilo sea negada por el gobierno de los Estados Unidos de América, se garantice que los migrantes extranjeros no serán devueltos a ningún país en donde su vida se viera amenazada o se encontraran en peligro de ser sometidos a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degrades, de conformidad con los principios que rigen la política migratoria del Estado mexicano”.

Así estarían los dos puntos de Acuerdo que estamos proponiendo para que puedan resolverse lo más pronto posible. Insisto, para prevenir lo que pudiera ser una crisis humanitaria en Tijuana, Baja California.

Es cuanto, y muchas gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Sonido en el escaño del Senador Ruffo Appel.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para conocer si hay la oportunidad de complementar lo solicitado por la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: ¿Me permite contestar, señor Presidente?

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: El turno es a la comisión. No hay diálogos, Senadora De la Peña Gómez.

Me apena, pero conteste, si quiere, por favor.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias por su gentileza.

Claro que sí estaríamos atentos a que se fortalezcan los puntos de Acuerdo, Senador. Sé que tiene especial interés porque es su tierra.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sonido en el escaño del Senador Blásquez Salinas, por favor.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Complemento lo que proponía el compañero Ruffo Appel, creo que este asunto debiera extenderse también a Relaciones Exteriores, porque es un país disuelto, Haití es un país muy empobrecido, y lo que se señala es de que la autoridad mexicana no tiene un consulado en donde llevar los casos de los compañeros haitianos, y consecuentemente, pues hay como la obligación de permitirles el paso por la República hasta llegar a Tijuana, donde quiero decirle a la Senadora que la sociedad civil ha respondido de una manera amable y de una manera generosa haciendo todo tipo de donativos a estas personas. Entonces creo que también pudiéramos complementar por el lado de Relaciones Exteriores.

Le agradezco mucho, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Blásquez Salinas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Les pido que hagan llegar los comentarios justamente a esta comisión para que se dictamine en la comisión y cuando regrese al Pleno, tenga la inclusión de lo que han solicitado, los que han hecho uso de la voz.






Se concede la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a generar mecanismos para que se realicen informes e investigaciones que arrojen diagnósticos pertinentes sobre la presunta y anunciada toxicidad del herbicida de acción total llamado glifosato, que se usa en los cultivos mexicanos.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente.

Por economía parlamentaria, señor Presidente, reduciré una larga exposición de consideraciones relativas a este tema y pido se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates.

¿Qué es el glifosato y qué tiene que ver con nuestro país?

Uno de los factores para conservar la estética de un campo o la limpieza de un estanque es que se encuentre libre de maleza y, para ello, la forma más rápida, accesible y económica es hacer uso de herbicidas. En la actualidad, el más utilizado a nivel mundial es el glifosato, cuyos efectos en animales (incluidos los seres humanos) todavía se desconocen.

Es conocido en México como "Aquamaster", es producido por la transnacional Monsanto, y tiene presencia en más de 130 países. Es un herbicida que ayuda a controlar los cultivos que crecen y no corresponde a lo que se sembró en un principio sobre la tierra, de manera coloquial llamado maleza. Esto lo logra gracias a que la sustancia inhibe la enzima y por la vía del ácido siquímico (llamado así porque se encuentra por primera vez en una flor de shikimi en Japón), la cual es indispensable para la síntesis de aminoácidos aromáticos y sin cuya actividad las plantas se marchitan y mueren.

Sin embargo, Monsanto argumenta que el glifosato no provoca ningún daño a personas o animales, debido a que estos no tienen enzimas y que, en consecuencia, no habría ninguna inhibición de sustancias vitales, aunque el asunto es un tema de debate.

Investigadores aseguran que a pesar de la ausencia de esta enzima, las posibilidades de riesgo existen, incluso se menciona que hay estudios recientes encabezados por Gilles-Éric Seralini, de la Universidad de Caen, en Francia, que: demuestran una conexión entre los transgénicos con altos grados de glifosato y la presencia de cáncer en ratas alimentadas con el tipo de maíz, que ha sido manipulado para ello". Así finalizó la academia.

En otra referencia en internet, encontramos una valiosa aportación que hacen que las doctoras Norma Julieta Salazar López y María de Lourdes Aldana Madrid sobre el glifosato una investigación en alimentos, misma que se llevó a cabo en mi tierra, en la Universidad de Sonora y se encuentra un amplio estudio sobre diversos impactos tóxicos con el glifosato y donde se concluye que los herbicidas que lo contienen como ingrediente activo, son potencialmente causantes de daños toxicológicos y ambientales en sistemas acuáticos donde puedan provocar retardo y el crecimiento de organismos como algas y peces, cambios histopatológicos, alteraciones de parámetros de enzimáticos, disminución de la actividad sexual y cambios bioquímicos. En el organismo humano puede alcanzar toxicidad en células placentarias y en el hígado, actuar como disruptor endocrino, generar afecciones respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y neurológicas, así como una fragmentación de material genético. Es importante considerar que los excipientes, o vehículos, empleados en la manufactura de diversas presentaciones comerciales, incrementa el efecto tóxico del herbicida en cuestión. Por lo que se recomienda emplearlo con estricto apego a las indicaciones del fabricante y con las precauciones de las buenas prácticas agrícolas, así lo marcan. Así como promover estudios por parte de organizaciones independientes y gubernamentales para obtener los resultados concluyentes sobre las implicaciones en la salud humana y el ambiente, con el fin de establecer mejores condiciones de regulación en cuanto al uso. Las recomendaciones que expresa el estudio son que: "debido a que el glifosato altera la síntesis de aminoácidos aromáticos en plantas y reduce también la biosíntesis y que la vitamina K, se sugiere la evaluación puntual de las afecciones en dichos compuestos".

Hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud, lo catalogó como tóxico y cancerígeno. Esa sustancia ha sido usada por la empresa Monsanto desde hace más de 30 años, y en recientes estudios revelan que la gran corporación conocía de los posibles efectos. Greenpeace ha iniciado una campaña en muchos países para que cada gobierno impida tajantemente el uso de este herbicida. Según las cifras, en América Latina el uso de glifosato es alarmante. En 2014, cerca de 100 millones de hectáreas y pueblos latinoamericanos fueron rociados con este producto químico.

Es hora de avanzar en la eliminación de estas sustancias que dañan el suelo y la salud, y promover que la agricultura ecológica garantice una producción, que dé alimentos sanos para la tierra, para quienes los producen, así como para los consumidores.

La organización invita a los mexicanos a sumarse a esta exigencia contra el glifosato, para que el Presidente Peña Nieto decrete una prohibición de urgencia y se promuevan políticas públicas para transitar a una agricultura ecológica libre de agrotóxicos y transgénicos que ponen en riesgo al medio ambiente y la salud de las personas.

Propongo el siguiente punto de Acuerdo:

"Uno.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar mecanismos institucionales para que, el respeto al derecho de la información y el derecho a la salud, se realicen informaciones e investigaciones gubernamentales que arrojen diagnósticos pertinentes sobre la presunta y anunciada toxicidad del herbicida y de acción total llamado glifosato que se ha usado y se usa en los cultivos mexicanos, así como a emitir una postura al respecto.

Dos.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a generar un informe del uso histórico y actual del uso del glifosato en los cultivos mexicanos, así como la reglamentación que permite legalmente su uso.

Tres.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir un informe sobre los usos, las investigaciones y el sustento de toxicidad, la reglamentación y las recomendaciones sobre el herbicida de acción total llamado glifosato".

Es cuanto, señor Presidente.

Intervención



Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A GENERAR MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA QUE, EN RESPETO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL DERECHO A LA SALUD, SE REALICEN INFORMACIONES E INVESTIGACIONES GUBERNAMENTALES QUE ARROJEN DIAGNÓSTICOS PERTINENTES SOBRE LA PRESUNTA Y ANUNCIADA TOXICIDAD DEL HERBICIDA DE ACCIÓN TOTAL LLAMADO GLIFOSATO QUE SE HA USADO Y SE USA EN LOS CULTIVOS MEXICANOS, ASÍ COMO A EMITIR UNA POSTURA AL RESPECTO.DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A GENERAR UN INFORME DEL USO HISTÓRICO Y ACTUAL DEL USO DEL GLIFOSATO EN LOS CULTIVOS MEXICANOS, ASI COMO LA REGLAMENTACIÓN QUE PERMITE LEGALMENTE SU USO.TRES.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A EMITIR UN INFORME SOBRE LOS USOS, LAS INVESTIGACIONES DE SUSTENTO Y DE TOXICIDAD, LA REGLAMENTACIÓN Y LAS RECOMENDACIONES SOBRE EL HERBICIDA DE ACCIÓN TOTAL LLAMADO GLIFOSATO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Glifosato. El jueves 10 de septiembre de 2015 esta representación propuso varios puntos respecto a este pesticida que se usa en el campo mexicano. Sabemos que tenemos el recurso de una excitativa para solicitar el dictamen respectivo pero preferimos repetir el punto y añadir consideraciones.

2.- Si alguien está interesado en revisar la versión estenográfica de esta institución para ubicar la presencia del término glifosato, se encontrará que el buscador de esta institución, arroja una sola ocasión en la versión estenográfica de la sesión del 15 de noviembre de 2007. En voz de la exsenadora María Rosario Ybarra de la Garza, la referencia apunta a que "Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han manifestado que el Plan Colombia que se aplica en dicho país desde el año 2000 busca erradicar el problema del narcotráfico, eliminando los cultivos de la hoja de coca, marihuana y amapola con pesticidas como el glifosato. 

Qué es el glifosato y qué tiene que ver con nuestro país?

Uno los factores para conservar la estética de un campo o la limpieza de un estanque es que se encuentre libre de maleza y, para ello, la forma más rápida, accesible y económica es el uso de herbicidas. En la actualidad, el más utilizado a nivel mundial es el glifosato, cuyos efectos en animales (incluidos los seres humanos) todavía se desconocen.

Con el fin de generar un nuevo precedente sobre las consecuencias de esta sustancia en insectos, Patricia Ramos, encargada del Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM, hizo una investigación que analiza los impactos en moscas, como parte del seminario Manuel Sandoval Vallarta.

En su presentación aduce "Glifosato: guardián de transgénicos contra amenaza para animales", Ramos explicó que el herbicida puede resultar genotóxico para la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) al estar expuesta a esta sustancia en periodos prolongados y a concentraciones bajas.

Por más de 30 años Patricia Ramos ha estudiado a la mosca del vinagre. Es su 'víctima' preferida debido a su alto nivel de progenie que se manifiesta en poco tiempo: una hembra fértil es capaz de producir 500 hijos en tan sólo 10 días. Además, comparte con el ser humano 60% de sus genes, lo que hace al insecto una vía útil para entender los mecanismos genéticos que podrían afectar a los humanos. Con el fin de medir los efectos del glifosato, Ramos utilizó larvas de moscas que fueron alimentadas con una solución del herbicida al 2% y menores. Los machos sobrevivientes se aparearon con hembras sanas y esa misma operación se repitió durante las siguientes tres generaciones.

Como resultado, Ramos observó un mayor índice de mutaciones genéticas en las alas de las moscas expuestas, derivadas de la pérdida de heterocigosis en el desarrollo. También la capacidad para producir progenie fue afectada: mientras algunos individuos fueron menos prolíficos, otros produjeron más hijos, aún a altas concentraciones.

"Esto sugiere que en el ambiente los organismos resistentes son cada vez más abundantes. Este es el principio de la resistencia a insecticidas, que se presenta tanto en plantas como animales", explicó Ramos a Noticias IFUNAM.

El glifosato, conocido en México como Aquamaster, es producido por la transnacional Monsanto, que tiene presencia en más de 130 países. Es un herbicida que ayuda a controlar los cultivos que crecen y no corresponden a lo que se sembró en un principio: la llamada maleza. Esto lo logra gracias a que la sustancia inhibe la enzima Enolpiruvilchiquimato-fosfato sintetasa (EPSP) por la vía del ácido siquímico (llamado así porque se encontró por primera vez en la flor del shikimi japonés), la cual es indispensable para la síntesis de los aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina, triptófano) y sin cuya actividad las plantas se marchitan y mueren.

De acuerdo con Ramos, sus resultados sobre los daños en moscas a causa del herbicida podrían implicar posibles riesgos tóxicos para el ser humano. Sin embargo, Monsanto argumenta que el glifosato no provoca ningún daño en personas o animales debido a que estos no tienen la enzima EPSP y, en consecuencia, no habría ninguna inhibición de sustancias vitales.

Aunque el asunto es tema de debate, la investigadora asegura que a pesar de la ausencia de esta enzima, las posibilidades de riesgo existen. Incluso, menciona, hay estudios recientes encabezados por Gilles-Éric Seralini, de la Universidad de Caen, en Francia, que "demuestran una conexión entre los transgénicos con altos grados de glifosato y la presencia de cáncer en ratas alimentadas con ese tipo de maíz", finalizó la académica.

En otra referencia web de Internet nos encontramos con una valiosa aportación mediante el estudio sobre el glifosato hacen que las Doctoras Norma Julieta Salazar López y María Lourdes Aldana Madrid del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora.

http://www.biotecnia.uson.mx/revistas/articulos/16-BIO-11-DPA-04.pdf
Ahí encontramos un amplio estudio sobre los diversos impactos tóxicos del glifosato y en donde se concluye que "los herbicidas con glifosato como ingrediente activo, son potencialmente causantes de daños toxicológicos y ambientales. En los sistemas acuáticos pueden provocar retardo en el crecimiento de organismos como algas y peces, cambios histopatológicos, alteraciones de parámetros enzimáticos, disminución de la actividad sexual y cambios bioquímicos. En el organismo humano puede causar toxicidad en células placentarias y del hígado, actuar como un disruptor endocrino, generar afecciones respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y neurológicas, así como fragmentación del material genético. Es importante considerar que los excipientes (o vehículos) empleados en la manufactura de las diversas presentaciones comerciales, incrementa el efecto tóxico del herbicida en cuestión. Por lo que se recomienda emplearlo con estricto apego a las indicaciones del fabricante y con las precauciones que las buenas prácticas agrícolas marcan. Así como promover estudios por parte de organizaciones independientes y gubernamentales para obtener resultados concluyentes sobre las implicaciones en la salud humana y el ambiente, con el fin de establecer mejores condiciones de regulación en cuanto a su uso. Las recomendaciones que expresa el estudio son que "Debido a que el glifosato altera la síntesis de aminoácidos aromáticos (triptófano, fenilalanina y tirosina) en plantas y que reduce también la biosíntesis de tetrahidrofolato, ubiquinona y vitamina K, se sugiere la evaluación puntual de las afecciones en dichos compuestos.

2.- Hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud catalogó al Glifosato como tóxico y cancerígeno. Esta sustancia ha sido usada por la empresa Monsanto desde hace más de treinta años, y recientes estudios revelan que la gran corporación conocía de los posibles efectos. Greenpeace ha iniciado una campaña en muchos países para que cada gobierno impida tajantemente el uso de este herbicida. Según sus cifras, en América Latina el uso del glifosato es alarmante. En 2014, cerca de 100 millones de hectáreas y pueblos latinoamericanos fueron rociados con este producto químico. En ese año, en Argentina se utilizaron más de 200 millones de litros de glifosato. En México, por cada mil hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de plaguicidas, el glifosato uno de los más consumidos.

"Es hora de avanzar hacia la eliminación de estas sustancias que dañan el suelo y la salud, y promover modelos de agricultura ecológica que garanticen una producción de alimentos sana para la tierra, para quienes los producen y para consumidores", señaló Sandra Laso, campañista de Comida Sana de Greenpeace México. La organización invita a los mexicanos a sumarse a esta exigencia contra el glifosato para que el presidente Enrique Peña Nieto decrete una prohibición de urgencia y se promuevan políticas públicas para transitar hacia una agricultura ecológica libre de agrotóxicos y transgénicos que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud de las personas.

En la página de Internet de Greenpace:

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2015/Marzo/Herbicida-de-Monsanto-podria-causar-cancer-OMS/, se dice que "El uso del herbicida glifosato, uno de los agroquímicos más usados a nivel mundial en el cultivo de transgénicos, puede causar cáncer en los humanos, de acuerdo con estudios realizados por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Con los resultados de esta investigación, se obtiene una evidencia más de los impactos negativos del uso de agroquímicos y cultivos transgénicos que hacen imperativo la prohibición de su uso. De acorde con los parámetros de la OMS, el glifosato fue categorizado dentro del grupo 2A, la segunda categoría en peligrosidad de las cinco que clasifica el organismo, solo detrás del asbesto y la radiación ionizante, utilizada en los Rayos X y la generación de energía nuclear, que se encuentran en el grupo 1A.El estudio dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud revela que el glifosato causó daño al ADN y los cromosomas en las células humanas analizadas. El glifosato es el herbicida mayormente utilizado a nivel mundial en más de 750 productos para la agricultura, forestales y urbanos. Fue creado por la trasnacional Monsanto bajo la marca Roundup y su uso ha incrementado significativamente a raíz del desarrollo de variedades de cultivos transgénicos. El agroquímico ha sido detectado en el aire durante la pulverización de los cultivos en los que fue  utilizado, en el agua y en los alimentos. En consecuencia, las personas que trabajan o viven en zonas aledañas a los campos donde se utiliza esta sustancia están en constante exposición a los efectos del herbicida, mismo que ha sido detectado en sangre y orina de trabajadores agrícolas.

Un conocido articulista, Iván Restrepo en el enlace web, en http://www.jornada.unam.mx/2015/05/25/opinion/020a2pol aduce que "Mientras, y con la complacencia oficial, en Colombia, México, Argentina y otros países seguirá reinando esa peligrosa sustancia. Dos nuevas muestras de que el glifosato debe prohibirse totalmente las ofrecen Argentina y Colombia. Investigadores de las Universidades de La Plata y Córdoba comprobaron que en Monte Maíz, una región de esta última provincia donde se aplica en los cultivos de soja, la incidencia de cáncer entre los vecinos es tres veces mayor que en el resto de la provincia y en Argentina en general. Monte Maíz Es un poblado de 9 mil Habitantes donde reina el agroquímico mencionado. Cada año se aplican en los campos de soja unos 600 mil litros de esa peligrosa fórmula que además se almacena en lugares que no cumplen con las normas mínimas de seguridad cuando se trata de sustancias toxicas y peligrosas. Actuando en consecuencia, el gobierno colombiano prohibió el uso del glifosato.

Por último: El 3 de mayo del 2015 se anunció en los medios de comunicación que "más de 30.000 médicos y expertos en salud en toda América Latina están exigiendo que los productos de Monsanto sean prohibidos. Uno de los principales argumentos de estos médicos contra Monsanto es la reciente confirmación (Por parte de la Organización Mundial de la Salud) que su principal herbicida RoundUp (glifosato) es causante de cáncer. En Argentina, el glifosato se aplica en más de 28 millones de hectáreas. Cada año, el suelo se rocía con más de 320 millones de litros de glifosato, lo cual significa que 13 millones de personas están siendo afectadas directamente.

Las cifras responden a un estudio de la Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados,  El problema es aún mayor teniendo en cuenta que el resto de Argentina y la totalidad de sus habitantes, consumen productos transgénicos y/o contaminados por Monsanto y sus agrotóxicos cancerígenos. "La Federación Sindical de Profesionales de la Salud FESPROSA, compuesta por más de 30.000 profesionales de la salud médica, pidió mediante un comunicado la prohibición del uso de glifosato en Argentina":  Los médicos creen que el principio de precaución debe aplicarse, y que es necesario dejar de acumular estudios y tomar decisiones antes que sea demasiado tarde.

3.- En esta institución se han dado las experiencias de tratar legislativamente con sustancias de dudosa toxicidad. Es necesario que en esta ocasión el Senado de la República manifieste su preocupación sobre la sustancia glifosato y las legítimas dudas sobre la continuidad de su uso y las pruebas que hasta ahora se presentan por organismos mundiales. Es dable también apelar a que en apego al derecho a la información y el derecho a la salud, la opinión pública pueda estar entrada que el uso glifosato tiene serias dudas respecto a sus efectos por parte de especialistas. Por ello esta propuesta pretende que el tema se presente en el Senado, se debata y se encarguen investigaciones pertinentes a su uso, a su regulación y a sus efectos.

Hasta aquí el punto ya expuesto anteriormente. Ahora bien esta reiteración añade un anexo para consulta de la comisión a donde podría dirigirse esta solicitud de punto de acuerdo.

4.- Nosotros continuamos las investigaciones y encontramos una valiosa aportación científica que reitera nuestras preocupaciones. Este artículo, llamado Toxicología del Glifosato: Riesgos para la salud humana fue elaborado por por el argentino Jorge Kaczewer y nos atrevemos a poner todo el contenido del artículo dada la minuciosidad técnica y el despliegue de los contenidos, así como el desarrollo de la exposición completa para no perder su secuencialidad. Tomado de:

http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Salud/Toxicologia_del_Glifosato_Riesgos_para_la_salud_humana

El presente artículo pasa revista a los riesgos que esa sustancia conlleva para la salud humana (toxicidad, efectos cancerígenos y reproductivos, acción mutagénica y contaminación de alimentos), al tiempo que alerta sobre las debilidades en los sistemas nacionales que regulan sobre la bio-seguridad.

Los herbicidas más comercializados en la República Argentina incorporan dentro de su fórmula al glifosato, en razón de que algunos cultivos transgénicos, como la soja por ejemplo, están manipulados genéticamente para desarrollar una resistencia a esa sustancia química. El presente artículo pasa revista a los riesgos que esa sustancia conlleva para la salud humana (toxicidad, efectos cancerígenos y reproductivos, acción mutagénica y contaminación de alimentos), al tiempo que alerta sobre las debilidades en los sistemas nacionales que regulan sobre la bio-seguridad.
Glifosato y herbicidas compuestos:

Los argentinos deberemos enfrentar durante las próximas décadas las consecuencias de haber convertido al glifosato en el herbicida más vendido y utilizado en el país. Recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes parecen indicar que el glifosato ha sido erróneamente calificado como "toxicológicamente benigno", tanto a nivel sanitario como ambiental. Por ende, los herbicidas en base a glifosato pueden ser altamente tóxicos para animales y humanos. Estudios de toxicidad revelaron efectos adversos en todas las categorías estandarizadas de pruebas toxicológicas de laboratorio en la mayoría de las dosis ensayadas: toxicidad subaguda (lesiones en glándulas salivales), toxicidad crónica (inflamación gástrica), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (recuento espermático disminuido en ratas; aumento de la frecuencia de anomalías espermáticas en conejos), y carcinogénesis (aumento de la frecuencia de tumores hepáticos en ratas macho y de cáncer tiroideo en hembras).

A nivel eco-tóxico-epidemiológico, la situación se ve agravada no sólo porque son pocos los laboratorios en el mundo que poseen el equipamiento y las técnicas necesarios para evaluar los impactos del glifosato sobre la salud humana y el medioambiente. También porque los que inicialmente realizaron en EE.UU. los estudios toxicológicos requeridos oficialmente para el registro y aprobación de este herbicida, han sido procesados legalmente por el delito de prácticas fraudulentas tales como falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre incontables defunciones de ratas y cobayos, falsificación de estudios mediante alteración de anotaciones de registros de laboratorio y manipulación manual de equipamiento científico para que éste brindara resultados falsos. Esto significa que la información existente respecto de la concentración residual de glifosato en alimentos y el medio ambiente no sólo podría ser poco confiable, sino que además es sumamente escasa.

Ante la inminente universalización de un sistema de tratamiento pesticida basado en una única sustancia cuyos impactos tóxicológicos y ecológicos parecen no haber sido evaluados con la profundidad y el rigor suficientes, se hace evidente la urgencia de multiplicar localmente estudios toxicológicos a mediano y largo plazo y dosajes y bio-ensayos en aguas y suelos de nuestra región pampeana, no sólo con respecto al principio activo y el producto tal como sale a la venta, sino también sobre cada uno de los coadyuvantes.

El glifosato, N-(fosfonometil) glicina, es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, utilizado para eliminar malezas indeseables (pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas) en ambientes agrícolas, forestales y paisajísticos. El uso de herbicidas había evolucionado hacia sustancias cada vez más selectivas a fin de evitar los daños que éstos producen al conjunto de la biota. Sin embargo, debido al progresivo encarecimiento de su investigación y desarrollo, se retornó al consumo masivo de este herbicida no selectivo creado en la década de 1960.

El glifosato ejerce su acción herbicida a través de la inhibición de una enzima, enol-piruvil-shikimato-fosfato-sintetasa (EPSPS), impidiendo así que las plantas elaboren tres aminoácidos aromáticos esenciales para su crecimiento y supervivencia. Debido a que la ruta metabólica del ácido shikímico no existe en animales, la toxicidad aguda del glifosato es baja. El glifosato puede interferir con algunas funciones enzimáticas en animales, pero los síntomas de envenenamiento sólo ocurren con dosis muy altas. Sin embargo, los productos que contienen glifosato también contienen otros compuestos que pueden ser tóxicos.

Todo producto pesticida contiene, además del ingrediente "activo", otras sustancias cuya función es facilitar su manejo o aumentar su eficacia. En general, estos ingredientes, engañosamente denominados "inertes", no son especificados en las etiquetas del producto. En el caso de los herbicidas con glifosato, se han identificado muchos ingredientes "inertes". Para ayudar al glifosato a penetrar los tejidos de la planta, la mayoría de sus fórmulas comerciales incluye una sustancia química surfactante. Por lo tanto, las características toxicológicas de los productos de mercado son diferentes a las del glifosato solo. La formulación herbicida más utilizada (Round-Up) contiene el surfactante polioxietileno-amina (POEA), ácidos orgánicos de glifosato relacionados, isopropilamina y agua.

La siguiente lista de ingredientes inertes identificados en diferentes fórmulas comerciales en base a glifosato se acompaña con una descripción clásica de sus síntomas de toxicidad aguda. Los efectos de cada sustancia corresponden, en algunos casos, a síntomas constatados en el laboratorio mediante pruebas toxicológicas a altas dosis. La mayoría de síntomas se compiló a partir de informes elaborados por los fabricantes de las diferentes fórmulas.

· Sulfato de amonio: Irritación ocular, náusea, diarrea, reacciones alérgicas respiratorias. Daño ocular irreversible en exposición prolongada.

·Benzisotiazolona: eccema, irritación dérmica, fotorreacción alérgica en individuos sensibles.

· 3-yodo-2-propinilbutilcarbamato: Irritación ocular severa, mayor frecuencia de aborto, alergia cutánea.

· Isobutano: náusea, depresión del sistema nervioso, disnea.

· Metil pirrolidinona: Irritación ocular severa. Aborto y bajo peso al nacer en animales de laboratorio.

· Acido pelargónico: Irritación ocular y dérmica severas, irritación del tracto respiratorio.

·Polioxietileno-amina (POEA): Ulceración ocular, lesiones cutáneas (eritema, inflamación, exudación, ulceración), náusea, diarrea.

· Hidróxido de potasio: Lesiones oculares irreversibles, ulceraciones cutáneas profundas, ulceraciones severas del tracto digestivo, irritación severa del tracto respiratorio.

· Sulfito sódico: Irritación ocular y dérmica severas concomitantes con vómitos y diarrea, alergia cutánea, reacciones alérgicas severas.

·Acido sórbico: Irritación cutánea, náusea, vómito, neumonitis química, angina, reacciones alérgicas.

· Isopropilamina: Sustancia extremadamente cáustica de membranas mucosas y tejidos de tracto respiratorio superior. Lagrimeo, coriza, laringitis, cefalea, náusea.

Toxicidad y efectos indeseables:

Toxicidad aguda: La Agencia de Protección Medioambiental (EPA) ya reclasificó los plaguicidas que contienen glifosato como clase II, altamente tóxicos, por ser irritantes de los ojos. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, describe efectos más serios; en varios estudios con conejos, los calificó como "fuertemente" o "extremadamente" irritantes. El ingrediente activo (glifosato) está clasificado como extremadamente tóxico (categoría I).

Las fórmulas conteniendo glifosato producen mayor toxicidad aguda que el glifosato solo. La cantidad de Round-Up (glifosato + POEA) requerida para ocasionar la muerte de ratas es tres veces menor que la de gifosato puro. En cuanto a las formas de exposición, la toxicidad de ambas presentaciones (glifosato puro, fórmulas compuestas) es mayor en casos de exposición dérmica e inhalatoria (exposición ocupacional) que en casos de ingestión.

En humanos, los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daño o falla renal.

Son frecuentes los accidentes laborales con agroquímicos en todo el mundo. Según un reciente estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, de un total anual mundial de 250 millones de accidentes laborales, 335.000 fueron accidentes mortales. 170.000 de estas muertes ocurrieron en el sector agrícola, resultando en una tasa de accidentes mortales dos veces mayor que las de cualquier otra actividad.

Siendo habitual la exposición laboral a altas dosis de estas sustancias, debería protegerse en forma especial a los aplicadores del producto a los cultivos en lugar de seguir insistiendo las empresas productoras en su argumento respecto de la baja toxicidad del glifosato.

Estudios realizados por científicos independientes han demostrado que el glifosato ha sido erróneamente calificado como "toxicológicamente benigno". La revisión de la toxicología del glifosato conducida por un equipo norteamericano de científicos independientes, Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides (NCAP), identificó efectos adversos en todas las categorías estándar de estudios toxicológicos (subcrónicos, crónicos, carcinogenéticos, mutagénicos y reproductivos). Los hallazgos de la NCAP fueron cuestionados mediante el argumento de que estos efectos se constataron debido a que el estándar protocolar exige hallar efectos adversos a la mayor dosis estudiada. Sin embargo, un trabajo sobre glifosato publicado en noviembre de 1998 por Caroline Cox, editora del Journal of Pesticide Reform, describe efectos adversos que no resultaron de este requerimiento: todos fueron constatados a dosis menores a la mayor dosis estudiada.

Por otro lado, los estudios toxicológicos sobre el glifosato requeridos oficialmente para su registro y aprobación han sido asociados con prácticas fraudulentas. En 1976, una auditoría realizada por la EPA descubrió serios errores y deficiencias en estudios conducidos por uno de los más importantes laboratorios norteamericanos involucrados en la determinación toxicológica de pesticidas previa a su registro oficial. La EPA acusó públicamente a Industrial Biotest Laboratories (IBT), laboratorio que condujo 30 estudios sobre glifosato y fórmulas comerciales en base a glifosato (entre éstos, 11 de los 19 estudios realizados respecto de su toxicidad crónica), de falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre incontables defunciones de ratas y cobayos. La EPA denunció el episodio con 7 años de demora (1983) y escasa repercusión mediática. Sin embargo, informes del Comité de Operaciones Gubernamentales del Congreso norteamericano y sumarios de la Oficina de Pesticidas y Sustancias Tóxicas de la EPA confirman detalladamente la fraudulencia y pobre calidad científica de los estudios de IBT.

Además, la EPA denunció en 1991 que Craven Laboratories, empresa que condujo determinaciones para 262 compañías fabricantes de pesticidas, había falsificado estudios, recurriendo a "trucos" tales como falsificar anotaciones de registros de laboratorio y manipular manualmente el equipamiento científico para que éste brindara resultados falsos. Estudios sobre residuos de Round-up en papas, uvas y remolachas fueron parte de las pruebas cuestionadas. En 1992, el dueño de Craven Laboratories y tres de sus empleados fueron declarados culpables de 20 diferentes causas penales. El dueño fue sentenciado a 5 años de prisión y una multa de 50.000 dólares; la multa para Craven Laboratories fue de 15,5 millones de dólares. Pese a que los estudios toxicológicos del glifosato identificados como fraudulentos ya han sido reemplazados, estos hechos arrojan una sombra de dudas sobre la totalidad de los procedimientos oficiales de registro de pesticidas.

Toxicidad subcrónica: En estudios a mediano plazo con ratas, el glifosato produjo lesiones microscópicas de las glándulas salivales en todo el espectro de dosis ensayado. También se constató aumento de dos enzimas hepáticas, disminución del incremento de peso normal, diarrea y aumento de niveles sanguíneos de potasio y fósforo.

Toxicidad crónica: Estudios a largo plazo con animales demuestran que el glifosato es tóxico. Con dosis altas en ratas (900-1.200 mg/kg/día), se observó disminución del peso del cuerpo en hembras, mayor incidencia de cataratas y degeneración del cristalino y mayor peso del hígado en machos. En dosis bajas (400 mg/kg/día), ocurrió inflamación de la membrana mucosa estomacal en ambos sexos. Estudios en ratones con dosis altas (alrededor de 4.800 mg/kg/día) mostraron pérdida de peso, excesivo crecimiento, posterior muerte de células hepáticas e inflamación renal crónica en machos; en hembras, excesivo crecimiento de células renales. A dosis bajas (814 mg/kg/día), se constató excesiva división celular en la vejiga urinaria.

Efectos cancerígenos: Los estudios científicos públicamente disponibles fueron todos conducidos por o para sus fabricantes. La EPA clasificó inicialmente al glifosato como clase "D" (no clasificable como carcinógeno humano). Posteriormente, a comienzos de la década de 1990, lo ubicó en clase "C" (Posible carcinógeno humano). Actualmente lo clasifica como Grupo E (evidencia de no carcinogénesis en humanos) ante la falta de evidencias según la información disponible. Sin embargo, la controversia respecto del potencial cancerígeno del glifosato todavía continúa.

En sucesivos estudios realizados desde 1979 se encontró: Incremento en tumores testiculares intersticiales en ratas machos a la dosis más alta probada (30 mg/kg/día), incremento en la frecuencia de un cáncer de tiroides en hembras; incrementos relacionados con la dosis en la frecuencia de un tumor renal raro; incremento en el número de tumores de páncreas e hígado en ratas machos. La EPA no relacionó ninguno de estos tumores con el glifosato: consideró que las estadísticas no eran significativas, que no era posible definir los tumores tiroideos como cáncer, que no había tendencia que lo relacionara con la dosis o que no había progresión a la malignidad.

Las dudas sobre el potencial carcinogenético del glifosato persisten, porque este ingrediente contiene el contaminante N-nitroso glifosato (NNG) a 0.1 ppm o menos, o este compuesto puede formarse en el ambiente al combinarse con nitrato (presente en saliva humana o fertilizantes), y se sabe que la mayoría de compuestos N-nitroso son cancerígenos. Adicionalmente, en el caso del Round-up, el surfactante POEA está contaminado con 1-4 dioxano, el cual ha causado cáncer en animales y daño hepático y renal en humanos. El formaldehido, otro carcinógeno conocido, es también producido durante la descomposición del glifosato.

Un estudio reciente, publicado en el Journal of American Cancer Society por eminentes oncólogos suecos, reveló una clara relación entre glifosato y linfoma no Hodgkin (LNH), una forma de cáncer. Los investigadores sostienen que la exposición al herbicida incrementa los riesgos de contraer LNH y, dado el creciente aumento de su uso mundial (en 1998, 112.000 toneladas) desde que se hizo este estudio, urge la necesidad de realizar nuevos estudios epidemiológicos. El hallazgo se basó en un estudio/control de casos poblacionales conducido en Suecia entre 1987 y 1990. Sus autores concluyeron que "la exposición al herbicida incrementa el riesgo de padecer LNH". El aumento en la incidencia de este cáncer detectado en las últimas décadas en países occidentales, ahora también se está viendo en muchos otros países. Según la American Cancer Society, tal incremento alcanzó, desde 1970, la alarmante cifra de un 80%.

Por otro lado, un un informe publicado el 1 de agosto de este año en el boletín digital del Institute of Science in Society de Inglaterra, el Profesor Joe Cummins revela que el alerta sanitario reciente respecto de la presencia de acrilamida tóxica en alimentos cocidos está relacionado causalmente con el glifosato, el herbicida que es tolerado por las cultivos transgénicos más difundidos, tales como la soja Round-Up Ready.

La acrilamida es el ladrillo para la construcción del polímero poliacrilamida, un material muy conocido en los laboratorios de biología molecular por su uso como gel matricial para descomponer fragmentos de ADN en el análisis de secuencias y la identificación de proteínas, procesos que se realizan bajo la influencia de campos eléctricos. A nivel mundial, la poliacrilamida se utiliza en la purificación de aguas para flocular la materia orgánica en suspensión. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión a puertas cerradas para examinar el hallazgo de niveles significativamente altos de acrilamida en vegetales cocidos. El hallazgo tuvo una repercusión masiva porque la acrilamida es un potente tóxico neural en humanos y también afecta la función reproductiva masculina y causa malformaciones congénitas y cáncer en animales. Los informes de prensa de esa Organización trasuntaron que el hallazgo de acrilamida fue sorpresivo y dedujeron que la contaminación surgió probablemente por la cocción de los vegetales.

Extrañamente, las gacetillas informativas de la Organización Mundial de la Salud no mencionaron el hecho de que la poliacrilamida es un reconocido aditivo de productos herbicidas comerciales (soluciones al 25-30%), agregado para reducir la deriva en el rociado y actuar como surfactante. Los herbicidas en base a glifosato de la corporación Monsanto (por ejemplo, el Round-Up) constituyen un particular motivo de inquietud, ya que el herbicida interactúa con el polímero. La experimentación demostró que el calor y la luz contribuyen a la liberación de acrilamida a partir de la poliacrilamida, y se descubrió que el glifosato influye en la solubilidad de la poliacrilamida, razón por la cual se aconsejó sumo cuidado al mezclar estas dos sustancias.

Las evidencias parecen indicar con precisión que la acrilamida es liberada por la poliacrilamida ambiental, cuya fuente principal se halla en las fórmulas herbicidas en base a glifosato. La cocción de vegetales que han estado expuestos al glifosato utilizado en cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, o usados durante la preparación del suelo en cultivos convencionales resultaría en una adicional liberación de acrilamida. La situación se ve empeorada por el hecho de que, en los EE.UU., los aditivos tipo poliacrilamida se consideran "secreto comercial" y la información sobre la composición de las fórmulas herbicidas no están al alcance del público.

Acción mutagénica: Ninguno de los estudios sobre mutagénesis requeridos para el registro del glifosato ha mostrado acción mutagénica. Pero los resultados son diferentes cuando los estudios se realizan con fórmulas comerciales en base a glifosato: en estudios de laboratorio con varios organismos, se encontró que el Round-Up y el Pondmaster (otra formulación) incrementaron la frecuencia de mutaciones letales recesivas ligadas al sexo en la mosca de la fruta; el Round-Up en dosis altas, mostró un incremento en la frecuencia de intercambio de cromátidas hermanas en linfocitos humanos y fue débilmente mutagénico en Salmonella. También se reportó daño al ADN en pruebas de laboratorio con tejidos y órganos de ratón.

Efectos reproductivos: En pruebas de laboratorio con ratas y conejos, el glifosato afectó la calidad del semen y la cantidad de espermatozoides. Según la EPA, exposiciones continuadas a residuos en aguas en concentraciones superiores a 0.7 mg/L pueden causar efectos reproductivos en seres humanos.

Contaminación de alimentos: El peso de las actuales evidencias científicas permite aseverar que la incidencia y severidad de diversos tipos de cáncer, malformaciones congénitas y trastornos neurológicos sería mucho menor si la población no estuviera expuesta a pesticidas a través de la dieta, el agua y el hábitat.

En cualquier país cuyo sistema preventivo sanitario se precia de cuidar realmente la salud de la población, los límites máximos de residuos de pesticidas en los alimentos son vigilados estrictamente. El objetivo de este control es asegurar que los niveles de residuos se mantengan tan bajos como sea posible, reconociendo que ciertos sectores de la población, tales como los niños y los ancianos, pueden poseer una susceptibilidad incrementada y notando que cualquier pesticida puede utilizarse simultáneamente en más de un cultivo. Estudios conducidos por la EPA para evaluar la magnitud de exposición no laboral a pesticidas entre la población general, concluyen que la exposición dietaria es la ruta que genera el mayor impacto.

La exposición dietaria ocurre a través del consumo de alimentos domésticos e importados conteniendo residuos de pesticidas y de la ingestión de agua potable contaminada. La mayoría de expertos sostiene que los residuos de pesticidas en la dieta plantean un muy modesto riesgo para el individuo promedio. El término "promedio" significa una persona adulta, con un estado de salud razonable, que consume una dieta razonablemente apropiada, y que no tiene una predisposición genética, sanitaria o medioambiental ni factores de riesgo inusuales que incrementen su vulnerabilidad a la enfermedad. Esta definición corresponde a aproximadamente dos tercios de la población. Para el otro tercio, los residuos de pesticidas en la dieta incrementan los riesgos de padecer diversos problemas de salud.

Hasta el advenimiento de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato, el límite máximo de glifosato residual en soja establecido en EE.UU. y Europa era de 0,1 miligramos por kilogramo. Pero a partir de 1996, estos países lo elevaron a 20 mg/kg, un incremento de 200 veces el límite anterior. Semejante aumento responde a que las empresas productoras de glifosato están solicitando permisos para que se apruebe la presencia de mayores concentraciones de glifosato en alimentos derivados de cultivos transgénicos. Monsanto, por ejemplo, ya fue autorizado para un triple incremento en soja transgénica en Europa y EE.UU. (de 6 ppm a 20 ppm).

Estos vestigios de glifosato y sus metabolitos en la soja transgénica están presentes también en alimentos elaborados en base a la leguminosa. Los análisis de residuos de glifosato son complejos y costosos, por eso no son realizados rutinariamente por el gobierno en Estados Unidos (y nunca realizados en Argentina). Pero existen investigaciones que demuestran que el glifosato puede ser absorbido por las plantas y concentrarse en las partes que se usan como alimento. Por ejemplo, después de su aplicación, se ha encontrado glifosato en fresas, moras azules, frambuesas, lechugas, zanahoria y cebada. Según la Organización Mundial de la Salud, su uso antes de la cosecha de trigo para secar el grano resulta en "residuos significativos" en el grano; el afrecho contiene residuos en concentraciones 2 a 4 veces mayores que el grano

CONCLUSIONES

Merece ser examinado un riesgo adicional para la salud humana planteado por la utilización de este tipo de herbicidas en base al glifosato: nuestra sociedad no ha desarrollado ninguna política o aparato para restringir efectivamente la competitiva carrera biotecnológica, o para regular apropiadamente sus productos o para guiarlos hacia rumbos más seguros o productivos. Esta deficiencia se relaciona también con la falta de criterio científico en la toma de decisiones y en el establecimiento de estándares en la reglamentación sobre bioseguridad. Es el riesgo sanitario resultante de la estrategia implementada por la industria de la transgénesis (basada en la ingeniería genética) para minimizar en el público los miedos ante los diversos riesgos aquí analizados y lograr rápidamente que la gente se acostumbre a comer alimentos transgénicos, una estrategia que en Argentina hoy se materializa bajo la forma de un plan denominado "Soja Solidaria".

Junto con la ayuda alimentaria de enormes raciones de soja elaborada como milanesa, hamburguesa, albóndiga, fideo, raviol, leche, yogur, y queso "de soja", ahora, casi 17 millones de argentinos empobrecidos y hambrientos también recibirán su dosis masiva de glifosato.... La implacable estrategia comercial de la industria nos permite anticipar cómo ésta visualiza su camino hacia un próspero futuro.... a costa de la salud de millones de personas ni siquiera todavía informadas de la existencia de este tipo de productos.
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* Dr. Jorge Kaczewer. Universidad Nacional de Buenos Aires

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

UNO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar mecanismos institucionales para que, en respeto al derecho a la información y el derecho a la salud, se realicen informaciones e investigaciones gubernamentales que arrojen diagnósticos pertinentes sobre la presunta y anunciada toxicidad del herbicida de acción total llamado glifosato que se ha usado y se usa en los cultivos mexicanos, así como a emitir una postura al respecto.

DOS.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a generar un informe del uso histórico y actual del uso del glifosato en los cultivos mexicanos, asi como la reglamentación que permite legalmente su uso.

TRES.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Salud y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir un informe sobre los usos, las investigaciones de sustento y de toxicidad, la reglamentación y las recomendaciones sobre el herbicida de acción total llamado glifosato.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara. Túrnese a la Comisión de Salud.






MINUTO DE SILENCIO

Compañeras y compañeros Senadores: Como es de su conocimiento, el pasado 16 de septiembre falleció el gran arquitecto mexicano Teodoro González de León.

El arquitecto González de León es reconocido como un gran impulsor de las mejores representaciones de la belleza y las formas mexicanas de expresión arquitectónica.

El Senador Gerardo Sánchez nos ha pedido que guardemos un minuto de silencio, el cual se concede, por lo anterior, se les solicita ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)






Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cárdenas Fonseca, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita suspender las acciones relativas a la instalación del proyecto Planta de Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia; y comentando que este asunto es solicitado de urgente resolución.

Lo que un servidor está planteando, independientemente el texto bajo el cual se presenta este punto de Acuerdo, es que exista certeza y certidumbre jurídicas en todas las partes involucradas.

México, por muchos extranjeros y por diversos mexicanos, ha sido criticado y ha sido señalado como un Estado-nación en el que no existe el estado de derecho, y eso no lo podemos permitir.

Y muchas veces esto se puede dar, o por negligencia de autoridad o por desconocimiento de autoridad, o por qué no pensarlo también, por involucramiento de autoridad, para definir de alguna manera contrario a la ley el tema.

En este caso en particular, plantearía primero los beneficios de que acompañaran este punto de Acuerdo de urgente resolución.

El primer beneficio con lo que se solicita aquí a las autoridades, es que este Senado ratifica y se pronunciaría por el estado de derecho y la certidumbre jurídica para todos los involucrados, independientemente de que sean grupos minoritarios, poblaciones indígenas, región de pescadores o muy importantes inversionistas. Eso ya lo comentábamos aquí, cuando el Acuerdo de París y la Agenda 2030.

Y si el Presidente de los mexicanos se acaba de expresar en ese sentido en la reunión de Naciones Unidas, mal haría este Senado en actuar de manera contraria a lo aquí planteado.

Segundo. Se cumple con la convención internacional que obliga a México a proteger el área nacional protegida Islas del Golfo de California, los inversionistas señalan que la inversión, la empresa no se sitúa en esta área. Bueno, pues entonces no hay nada que temer.

Como tampoco en el sitio Ramsar denominado Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira, así como la integridad del sitio de conservación de flora y fauna que es patrimonio natural de México y el mundo.

Aquí lo que se plantea es que el Poder Ejecutivo a través de su organismo competente, no ha sabido determinar la zona Ramsar, bueno pues sería abusivo de una parte que los inversionistas estuvieran en esta incertidumbre jurídica, y sería fatal de la otra, que en el caso de que la autoridad no quiera resolver, no lo haga porque está afectando un sitio al que por ley está obligado atender.

Se garantizaría la protección del derecho humano al medio ambiente sano, así como a los derechos consagrados en los artículos 4, 14, 17 y 27 de nuestra Constitución Política. Se garantiza sí al inversionista, pero también a la comunidad y a todos nosotros al medio ambiente, respecto de sus derechos y el cumplimiento de la ley.

Y quinto. Se garantiza el cumplimiento del artículo 25 constitucional, que nos mandata un desarrollo integral y sustentable con equidad y respeto a los derechos de terceros, independientemente del origen de los inversores, sean nacionales o sean extranjeros.

No podemos estar alentando la inversión extranjera, si no le estamos dando certeza y certidumbre jurídicas, y los inversionistas no pueden ser engañados por autoridades municipales o del orden estatal, quiero pensar que por desconocimiento de la ley. De ahí que los puntos de Acuerdo consisten en lo siguiente:

“Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal que suspenda de manera pronta y expedita, atendiendo al Principio Precautorio, todas y cada una de las actividades relacionadas con la construcción del proyecto denominado Planta de Amoniaco de 2200 TMPD, en Topolobampo, Sinaloa, de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, S.A. de C.V.”.

¿Y por qué este punto? Porque el siguiente punto es:

“Segundo. Se solicita al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Ejecutivo Federal, lleve a cabo el cumplimiento, de manera pronta y expedita, la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Sinaloa del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del juicio de garantías 952/2015”. Misma que no se observa que afecte a la inversión.

¿Qué dice entre paréntesis la resolución del día de ayer que no ha sido aún notificada a la autoridad en comento? Dice:

“El día de ayer se publica la resolución del incidente por exceso de efecto de cumplimiento de la suspensión definitiva, en el sentido de que es procedente y fundado lo planteado por la parte quejosa, y en un término de 24 horas, a partir de su legal notificación, la autoridad responsable debe dar cumplimiento a la suspensión definitiva”.

De esta resolución di cuenta al grupo parlamentario del PRI, porque ahorita me llegó y ya no le alcancé a sacar copia para que lo hiciera del conocimiento de los Senadores por el estado de Sinaloa, y lo expreso tal cual en una cortesía al Senador del PAN por el estado de Sinaloa.

Después de ese paréntesis.

“Tercero. Se solicita al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ejecutivo Federal, realice de forma pronta y expedita el programa de manejo correspondiente al sitio Ramsar, Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira y del Área Natural Protegida Islas del Golfo de California, en concordancia con la Recomendación General número 26 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 13 de abril de 2016. Con la respetuosa petición de que se indiquen fechas, plazos y acciones que se llevarán a cabo indicando el nombre y cargo del o los funcionarios responsables, y se incluya en este plan de manejo las acciones de restauración correspondientes a la afectación denunciada y que es objeto de este punto de Acuerdo.

“Cuarto. Se solicita a la titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, emita una opinión técnica sobre las actividades de riesgo ambiental que se desarrollan en las inmediaciones del sitio Ramsar Laguna de Santa María-Topolobampo-Ohuira, incluyendo la definición precisa de la franja de seguridad que debe existir en un proyecto de esta para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas contenidos en la bahía e islas de la Laguna de Ohuira, conforme al Convenio sobre Diversidad Biológica y los criterios nacionales e internacionales aplicables”.

Como pueden ver ustedes, compañeros, este punto de Acuerdo se presenta respetuosamente de urgente resolución como aquí se da en comentar, porque ya hay una resolución judicial específica en la materia, porque los inversionistas también están en estado de indefensión ante la no actuación de las autoridades para definir perfectamente el sitio Ramsar y para definirles la ejecución de la sentencia en los términos que los mandató el Poder Judicial.

De ahí que, les solicito muy respetuosamente nos acompañen en este punto de Acuerdo para dar una muestra de que en este país sí hay estado de derecho, y todos los involucrados en una inversión tienen la garantía de la certeza y la seguridad jurídicas.

Entrego a la Presidencia el punto de Acuerdo.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito, Senador MANUEL CÁRDENAS FONSECA, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo de Urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México ha manifestado su firme compromiso con el medio ambiente, con la firma de documentos internacionales en la materia y con la expedición de diversas leyes nacionales. Esto lo obliga a actuar con estricto apego a estas normas, en la aprobación de proyectos, que puedan tener un impacto negativo sobre los ecosistemas, particularmente en aquellos sitios que han sido declarados áreas naturales protegidas o que se encuentran catalogados como sitios Ramsar.

En el estado de Sinaloa, se aprobó, en medio de polémicas, hace unos años un proyecto para la instalación dentro del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobambo-Ohuira" y que está sujeto a disposiciones específicas para este tipo de humedales que contienen especies vegetales y animales en peligro de extinción. Este sitio, contiene islas que son parte del área natural protegida “Islas del Golfo de California” y comparten el ecosistema.

Desde la presentación de este proyecto se han presentado diversas contradicciones e inconsistencias entre las autoridades encargadas de su aprobación por lo que habitantes de la zona y estudiosos del tema han manifestado su preocupación por el daño que puede causar esta planta a las especies vegetales y animales que habitan o anidan en este humedal. En diversos medios se han presentado evidencias que los daños que las obras de esta planta han causado ya a los manglares, entre otras especies.

El gasoducto Noroeste construido para abastecer de gas natural a las centrales termoeléctrias costeras de Sinaloa y Sonora es sobre el que pretende instalar, en su tramo final, el proyecto denominado “Planta de Amoniaco de 2200 TMPD, en Topolobampo, Sinaloa” de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, S.A. de C.V. que ha sido impugnado legalmente y está siendo ampliamente cuestionado por sus efectos lesivos al equilibrio ecológico de la región y el haber dañado ya el Sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobambo-Ohuira" junto con las especies protegidas por las leyes mexicanas como lo es el mangle.

El artículo 4º, Párrafo Quintode la Constitución señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, considerado como un derecho humano que desde la perspectiva del artículo 1°, párrafo tercero, de la propia carta magna,le corresponden al Estado mexicanolas obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía, y en favor del sujeto de derecho los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de ese y todos los demás derechos humanos.Además, siendo correlativo al artículo 27 constitucional se obliga a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental que implica su no afectación ni lesión.

Por ello es de suma importancia, que los proyectos industriales derivados de la reforma energética cómo podría ser la planta de producción de fertilizantes promovida por inversionistas extranjeros y nacionales privados para instalarse en Topolobambo, cumplan con toda la normatividad ambiental y social. Este tipo de inversiones en ningún momento son o deberán ser permitidas si en ello va la violación de la ley y los derechos de terceros, pues en todo momento debe normar el interés público.

Entre los lineamientos que se deben considerar, se encuentran  los siguientes:

• La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) publicada en 1988, toma del espíritu de la Declaración de Río, la protección de las áreas naturales de especial relevancia para el Estado Mexicano y el mundo. Dado que es un consenso global que la constitución de estas áreas naturales protegidas y la aplicación directa de las disposiciones pertinentes para la protección de la biodiversidad contenida o soportada por ellas, logra su conservación en beneficio de los propietarios, poseedores y titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de las áreas al igual que de la sociedad en general; tal y como lo prevé el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• De conformidad con el artículo 3º, fracción II, de la LGEEPA, las áreas naturales protegidas son zonas del territorio nacional “donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o bien que requieren ser preservadas y restauradas”. Alteración o impacto ambiental significativa: “aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca modificaciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando a la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales”  (Glosario de términos del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental; última reforma DOF 31/10/2014)

• El artículo 45 de la LGEEPA señala que el establecimiento de las áreas protegidas, tiene por objeto, entre otros, “preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles”, al igual que la utilidad de dichos ambientes en tanto factores que aseguran “el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos”, “salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva […]; asegurar la conservación y el aprovechamiento sustentable [de los ecosistemas y biodiversidad] del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial”, proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio”, “proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacional y de los pueblos indígenas”.

• Asimismo, el artículo 4º del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental establece que la administración de estas áreas deberá efectuarse “de conformidad con lo establecido en la LGEEPA, su reglamento, su decreto de creación, las normas oficiales mexicanas, su programa de manejo y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

La biodiversidad y el medio ambiente son bienes jurídicos que se tutelan también desde el ámbito internacional, mediante un sistema de acuerdos de aplicación jurídica fundamental para México siendo que es considerado el cuarto país megadiverso del mundo, a saber (tomando la Recomendación General no. 26 del 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos):

• En materia de protección y conservación del medio ambiente natural, por su carácter de antecedente histórico, es trascendente a nivel regional la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna, y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, vigente en México desde el 1º de mayo de 1942 y con fecha de publicación del respectivo decreto promulgatorio el día 29 del mismo mes y año. Dicha Convención  establece un conjunto de obligaciones circunscritas al ámbito internacional correspondientes a los Estados, entre las que se encuentran, por ejemplo, establecer parques nacionales, reservas nacionales,  monumentos naturales y reservas de regiones vírgenes (definidas respectivamente en el artículo I) y notificar las áreas de protección existentes (artículo II); establecer un sistema de cooperación interamericano sobre la materia (artículo VI), además de la protección de aves migratorias y reglamentación del tráfico internacional de especies protegidas (artículos VI y IX).

• Como resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada entre el 5 y 16 de junio de 1972 en Estocolmo, Suecia, los Estados, organismos internacionales, al igual que organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, adoptaron el primer documento internacional que establece la trascendencia de adoptar una perspectiva global en las cuestiones medioambientales: la Declaración de Estocolmo, sus principios cruciales son para la protección, conservación y mejoramiento de los entornos naturales. Por tanto, se reconoció la obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones futuras (Principio 1); el deber de preservar los recursos y ecosistemas naturales mediante una cuidadosa planificación u ordenación (Principio 2); al igual que, el mantenimiento, restauración y mejoramiento de las capacidades de producción de recursos vitales renovables (Principio 3); junto con la obligación de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres (Principio 4)… prevención de repercusiones perjudiciales al medio ambiente a través de la planificación de asentamientos humanos y adopción de políticas demográficas (Principios 15 y 16);

• Por lo que hace a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México accedió el 23 de marzo de 1981 y cuyo decreto promulgatorio fue publicado en el DOF el 12 de mayo del mismo año; reconoce en su artículo 11 el derecho a una mejora continua  de las condiciones de existencia, para cuya efectividad deberán adoptarse las medidas administrativas y legislativas necesarias previstas por el artículo 2° del Pacto. Igualmente, el Protocolo de San Salvador reconoce  en su artículo 11 el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, como también a la protección, preservación y mejoramiento del propio medio ambiente, al cual corresponde la adopción de las medidas legislativas o de otro carácter, necesarias para hacer efectivo este derecho humano.

• Del mismo modo, el documento adoptado por el Consejo Permanente de la OEA de título “Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador (GT/PSS/doc.9/13), - Segundo Agrupamiento de Derechos”; señala, en el apartado relativo al derecho humano al medio ambiente, que su ejercicio debe guiarse por   los criterios de disponibilidad, accesibilidad, calidad, adaptabilidad y sostenibilidad, a fin de asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar también de los beneficios del medio ambiente sano.

• La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, de la que México es parte desde el 23 de febrero de 1984, y vigente desde esa misma fecha; tiene como objeto principal establecer las bases para la salvaguardia, protección y conservación del patrimonio de la humanidad en sus vertientes cultural y natural, a través de “el establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a secundar a los Estados partes en la Convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar ese patrimonio” (artículo 7). Asimismo, dicho instrumento internacional exhorta a los miembros a que reconozcan su responsabilidad de preservar los sitios inscritos y de otorgarles una protección jurídica adecuada para velar por su integridad ecológica y por una administración eficaz de los mismos.

• Dentro del sistema subsidiario de cooperación y asistencia previsto por ese tratado, se prevé la integración de un Comité Intergubernamental cuyo objetivo es la interpretación y aplicación de la Convención (artículo 9); al cual, los Estados partes presentarán un inventario de los bienes de patrimonio cultural y natural situados en su territorio, de los cuales se formará una lista de aquellos que cuenten con valor universal excepcional (artículo 11).

En el caso del Convenio Ramsar, del cual el Estado mexicano es parte desde 1986 tiene como objeto principal la preservación y protección de los ecosistemas  mencionados,  en tanto reguladores de los regímenes hidrológicos, como también de su flora y fauna características, particularmente de las aves acuáticas. Este cubre las “extensiones de marismas, pantanos, tuberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.

Las obligaciones de México como Estado parte implican la designación de humedales (sitios Ramsar) para su inclusión en la lista de humedales de interés internacional (artículo 2); para estos sitios, se deberán elaborar y aplicar los respectivos planes de gestión, además de informar a la Convención acerca de cualquier alteración ecológica que se suscite en ellos (artículo 3). Asimismo, señala la necesidad de cooperación internacional en el caso de cuencas o humedales transnacionales (artículo 5).  Por último, el artículo 6, prevé la organización de conferencias de Estados partes respecto de la aplicación e interpretación del convenio, la formulación de recomendaciones relativas a la conservación, gestión y exploración de los humedales, al igual que el procedimiento a seguirse en el ámbito interno para la preparación de informes.

• El Convenio Ramsar, que con independencia de los compromisos que corresponden a los Estados en el ámbito estrictamente internacional, como es la presentación de un listado de sitios protegidos, establece una serie de disposiciones orientadas a cumplimentar su objeto dentro el ámbito interno. Entre los deberes apuntados se encuentran los previstos en el artículo 4°, a saber: i) la creación de reservas naturales en los humedales a fin de conservar las zonas húmedas y las aves  acuáticas; ii) deber de compensación en pérdidas de recursos en humedales; iii) acceso a la información y fomento a la investigación en materia de zonas húmedas, así como su fauna y flora; iv) no regresividad demográfica en las poblaciones de aves acuáticas; y v) capacitación del personal competente para el estudio, la gestión y el cuidado de las zonas húmedas. Del mismo modo, en el artículo 5° del Convenio se establece el deber de contar con políticas y reglamentos para la conservación de los humedales, su flora y fauna.

Por último, es relevante también hacer referencia al Convenio Ramsar  en  lo  que  se  refiere  a  la  protección  de  los  recursos  hídricos existentes en los humedales, mismos que en la propia Ley de Aguas Nacionales están sujetos a una protección especial, de conformidad con el artículo 3, fracción XXX, de esta ley los humedales constituyen ecosistemas objeto de una protección singular dentro de dicho ordenamiento, en tanto “zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénagas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos”.

• El Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado el 5 de junio de 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Dicho tratado, cuyo decreto promulgatorio fue publicado en el DOF, y con vigencia para nuestro país desde el 29 de diciembre de ese año, tiene como objetivos primordiales, la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes, al igual que garantizar la participación justa y equitativa en los beneficios correspondientes a la utilización de los recursos genéticos; mediante el acceso a ellos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes.

• Este convenio estipula una serie de compromisos a observarse por parte de sus Estados partes, como la no realización de actividades que perjudiquen al medio ambiente de otros Estados o zonas situadas más allá de la jurisdicción nacional (artículo 3), la cooperación en cuestiones de interés común para la preservación y utilización sostenible de la diversidad biológica (artículos 6 y 18), acceso y transferencia de tecnología para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como intercambio de información (artículos 16 y 17) y establecimiento de un mecanismo financiero de cooperación (artículo 21). Del mismo modo, para garantizar la aplicación y observancia del convenio se establece una conferencia de Estados partes al igual que la respectiva Secretaría, además de un organismo subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico (artículos 23 al 25).

• Por lo que hace a las obligaciones específicas en materia de conservación in situ de la diversidad biológica, el artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica establece una serie de acciones a seguirse por parte de los Estados dentro de sus jurisdicciones, entre las que se encuentran: i) promoción de la protección de ecosistemas y hábitats naturales, al igual que el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; ii) establecimiento de un sistema de áreas protegidas (mismas que son definidas en el artículo 2 del Convenio); iii) elaboración de directrices para la selección, establecimiento y ordenación de áreas protegidas; iv) reglamentación y administración de los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible; v) promoción de un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; vi) armonización de actividades humanas con la conservación de la diversidad biológica y utilización sostenible de sus componentes; vii) rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados, así como promover la recuperación de especies amenazadas, mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación; viii) establecimiento y manutención de disposiciones generales de índole legislativo o reglamentario, para la protección de especies y poblaciones amenazadas; ix) reglamentación y ordenamiento de procesos y categorías de actividades que conlleven efectos adversos para la diversidad biológica.

• En junio de 1992, se celebró una segunda Cumbre de la Tierra en  Río de Janeiro, Brasil; la cual desembocó en la adopción de dos documentos de enorme trascendencia: la Convención sobre el Cambio Climático y la Declaración de Río. De esta última, resultan de importancia los principios consistentes en el “derecho a una vida saludable y en  armonía con la naturaleza” (Principio 1); la observancia de las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras, para lo cual la protección del medio ambiente debe constituir parte integrante del proceso de desarrollo (Principios 3 y 4); la reducción y eliminación de las modalidades de producción y consumo insustentables, además del  fomento de políticas demográficas apropiadas (Principio 8); los derechos  de participación y acceso a la justicia en cuestiones ambientales, además de acceso a la información sobre el medio ambiente, especialmente sobre los materiales y actividades que encierran peligros en las comunidades (Principio 10); la obligación de promulgar leyes eficaces, al igual que de reflejar el contexto ambiental en las normas, objetivos de ordenación y prioridades ambientales (Principio 11); además de reparar todo daño ambiental, el criterio precautorio, el empleo de instrumentos económicos en la determinación de costos ambientales, la evaluación de impacto,  así como la participación de poblaciones y comunidades indígenas en los procesos de ordenación (Principios 13, 15, 16, 17 y 22).

A los tratados internacionales en materia ambiental vigentes en nuestro país, se suman también las previsiones incorporadas por instrumentos preceptivos como las declaraciones de Estocolmo y de Río; los cuales poseen efectos jurídicos, pese a no constituir tratados internacionales al tenor de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

En este sentido, la meta 11 de Aichi establece: “Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados    de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios”. En el Quinto Informe Nacional de México ante el Convenio de la Diversidad Biológica (2014), se identificó que los principales retos para cumplir la referida meta 11.

En el territorio de la República Mexicana se tienen delimitadas 177 de estas áreas naturales protegidas que son de cuño federal, en conjunto suman una extensión de poco más de 25 millones de hectáreas. Por su parte las entidades federativas tienen 368 con una superficie de 3 millones, y a los particulares se les reconocen 369 que suman poco más de 399 mil hectáreas.

En las áreas naturales protegidas de jurisdicción exclusivamente federal se reconocen 9 categorías por lo que de total señalado, 11 son reservas de la biosfera, 66 son parques nacionales, 5 son monumentos naturales, 8 son áreas de protección de recursos naturales, 39 son áreas de protección de flora y fauna, y 8 están considerados como santuarios. El área natural protegida objeto de este punto de acuerdo es la titulada con el nombre de “Islas del Golfo de California” y pertenece a la categoría de protección de flora y fauna.

La Recomendación General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que la Comisión Nacional de Áreas Nacional de Áreas Naturales Protegidas refirió que una vez decretada cualquier superficie como área natural protegida, queda sujeta a una regulación especial, de acuerdo con la vocación natural del terreno y su uso actual y potencial; correspondiendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente coadyuvar en la observancia de dicho régimen, a través de supervisar que los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos  en las áreas se ajusten a las modalidades y limitaciones establecidas en las declaratorias. El objetivo primario que persiguen las declaratorias de áreas naturales protegidas radica indudablemente en la preservación y restauración de la fauna, flora y ecosistemas existentes en una zona determinada. Con ello se procura garantizar el goce y ejercicio del derecho humano a la protección y preservación del medio ambiente, al igual que los correspondientes a los pueblos indígenas con relación al entorno natural.

“El Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas destaca también la importancia de establecer mecanismos de protección y conservación de las áreas en consideración a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. En este sentido, el 58.8% (104) de las áreas naturales protegidas decretadas en México, contienen sitios incluidos en alguna de las listas de protección especial por los tratados o convenios previamente mencionados”.

Ahora bien, en materia de comunidades locales y grupos de interés en la protección de los humedales de Ramsar, la CNDH comenta que la Sexta Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, celebrada en Brisbane, Australia en 1996, se emitió la Recomendación 6.3 relativa a la “Participación de las Comunidades Locales e Indígenas en la Gestión de los Humedales Ramsar”. Por una parte, dicho documento reconoció el interés de las comunidades locales e indígenas en garantizar el manejo racional de los humedales, actividades en las que dichos grupos tienen sus propios conocimientos, experiencias y aspiraciones:

• “Alentar la participación activa e informada de las comunidades locales e indígenas en sitios incluidos en la Lista de Ramsar  y otros humedales y sus cuencas de captación, así como su intervención directa en la gestión de los humedales a través de los mecanismos apropiados”; y b) reconocer “el valor de los conocimientos y aptitudes de las comunidades locales e indígenas en lo que respecta a la gestión de los humedales, y que hagan esfuerzos especiales para alentar y facilitar desde un principio su participación en la elaboración y aplicación de políticas y programas de humedales”.

• En el marco de la Octava Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes celebrada en 2002 en Valencia, España, se adoptó el documento titulado “Nuevos lineamientos para la planificación del  manejo de los sitios Ramsar y otros humedales”. El texto dedica un apartado a la inclusión de las comunidades locales y pueblos indígenas en los procesos de planificación y gestión colectiva de los humedales. Ello se justifica en virtud de que la “participación y comprensión de las comunidades locales y de los pueblos indígenas en el manejo de los humedales reviste especial importancia cuando el humedal es de dominio privado u objeto de tenencia consuetudinaria, pues las propias comunidades locales son los custodios y administradores del sitio y en estas circunstancias es vital que el proceso de planificación del manejo no se perciba como algo impuesto desde fuera a quienes dependen del humedal para ganarse el sustento”.

Para el caso de Topolobampo resulta de singular importancia esta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

• Dentro de las previsiones que resultan de interés para el objeto de la presente Recomendación General, se encuentra el imperativo de no alterar los límites de los parques nacionales ni enajenar sus territorios sino por acción de la autoridad legislativa competente (artículo II); de igual manera la obligación de establecer por medio de disposiciones generales los propósitos de las reservas vírgenes (artículo III), como también, la  de contar con reglamentaciones sobre las actividades permitidas con relación a la flora y fauna existentes en las áreas (artículo V).

En este sentido, nuestro país cuenta con 142 sitios Ramsar de los cuales el 56% (80) se encuentran, total o parcialmente, dentro de la superficie ocupada por 68 áreas protegidas. Cabe mencionar que las siguientes 12 áreas naturales protegidas más de un sitio Ramsar: el área  de protección de flora y fauna “Islas del Golfo de California”, en el que tiene registro de 18 sitios Ramsar. Dentro de ellos el que es objeto de este Punto de Acuerdo: “Lagunas de Santa María-Topolobamoo-Ohuira”.

Número

56

Categoría de manejo

Área de Protección de Flora y Fauna

Nombre del área natural protegida

Islas del Golfo de California

Fecha de decreto

02/08/1978

Fecha de recategorización

07/06/2000

Estatus del programa de manejo

17/04/2001 Componente del Complejo Insular Espíritu Santo (Islas del Golfo): 18 de abril de 2001 y su Modificación: el 24 de Julio de 2001

Entidad federativa

Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora

Población estimada

3,214

Población indígena

131

Nombre del corridor biológico

 

Nombre del sitio patrimonio mundial de la UNESCO

1) Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (Bien Natural)

Nombre del Sitio Ramsar Incluido

8 Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira

Incide parcial o totalmente en un sitio de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera (UNESCO)

Si

La reforma al artículo primero constitucional del 10 de junio de 2011 genera la obligación prevista por el párrafo segundo de favorecer en todo momento la protección más amplia a las personas al interpretarse las normas relativas a los derechos humanos amparados por el orden jurídico mexicano; de lo cual, se establece la obligación de atender el mecanismo interpretativo cuyo sentido y alcance resulte más pertinente para garantizar el goce y ejercicio de los derechos y libertades.

Bajo esa perspectiva maximalista el principio de progresividad en las obligaciones generales de promoción, respeto, protección y garantía del derecho humano a un medio ambiente sano, conforme a lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política; de darse observando el marco normativo de los artículos 2, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado el 23 de marzo de 1981 y cuyo decreto promulgatorio fue publicado en el DOF el 12 de mayo del mismo año; los artículos 1, 2 y 11 del Protocolo de San Salvador, ratificado por México el 16 de abril de 1996 y con decreto promulgatorio publicado el 1 de septiembre de 1998; así como los artículos 7 y 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado el 5 de junio de 1992, vigente para nuestro país desde el 29 de diciembre de ese año, y con decreto promulgatorio publicado el 7 de mayo de 1993.

Con base en las razones expuestas, es que pongo a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se solicita al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal que suspenda de manera pronta y expedita, atendiendo al Principio Precautorio, todas y cada una de las actividades relacionadas con la construcción del proyecto denominado Planta de Amoniaco de 2200 TMPD, en Topolobampo, Sinaloa de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, S.A. de C.V.

SEGUNDO. Se solicita al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Ejecutivo Federal lleve a cabo el cumplimiento, de manera pronta y expedita, la Suspensión Definitiva otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Sinaloa del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del juicio de garantías 952/2015.

TERCERO. Se solicita al Titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ejecutivo Federal realice de forma pronta y expedita el Programa de Manejo correspondiente al sitio Ramsar “Lagunas de Santa María- Topolobampo-Ohuira” y del Área Natural Protegida “Islas del Golfo de California” en concordancia con la Recomendación General número 26 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 13 de abril de 2016. Con la respetuosa petición de que se indiquen las fechas, plazos y acciones que se llevarán a cabo indicando el nombre y cargo del o los funcionarios responsables, y se incluya en este Plan de Manejo las acciones de restauración correspondientes a la afectación denunciada y que es objeto de este punto de Acuerdo.

CUARTO. Se solicita a la Titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático emita una opinión técnica sobre las actividades de riesgo ambiental que se desarrollan en las inmediaciones del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira” incluyendo la definición precisa de la franja de seguridad que debe existir en un proyecto de esta para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas contenidos en la bahía e islas de la Laguna de Ohuira, conforme al Convenio sobre la Diversidad Biológica y los criterios nacionales o internacionales aplicables.

Dado en el Senado de la República, el 20 de septiembre de 2016.

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Cárdenas Fonseca.

El Senador Aarón Irizar López: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sonido en el escaño del Senador Aarón Irizar, por favor.

El Senador Aarón Irizar López: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Por supuesto que estamos de acuerdo en la propuesta que hace el Senador Manuel Cárdenas, en el sentido que el estado de derecho es fundamental para el progreso, la estabilidad de cualquier país y de cualquier región.

Es nuestro compromiso, de nuestro paradigma aquí en el Senado, y creo que eso debe ser una actitud inalterable de irnos por el apego estricto al estado de derecho y cumplimiento de todas las normas.

En el caso que se comenta, por supuesto que es fundamental que las autoridades definan en el más estricto cumplimiento de la ley.

México, el propio Congreso ha estado atento y ha mejorado su marco legislativo para que México se distinga en materia de protección del medio ambiente. Desarrollo económico tiene que ir aparejado también al desarrollo y cuidado del medio ambiente.

Esta planta de amoniaco que está situada en Topolobampo, es la inversión más grande que tiene el estado de Sinaloa.

Por supuesto que no por el tamaño de la inversión, que es una gran generadora de empleo y de riqueza y desarrollo de la región que producirá amoniaco; amoniaco que actualmente se importa de Ucrania y de Rusia, con elevados costos y que incide en la producción agrícola y que obviamente incide también en la producción de alimentos que tanto falta en este país.

Hay cosas interesantes que la autoridad tiene que definir con rapidez, primero, para dar la certeza jurídica que atinadamente expresa el Senador Cárdenas Fonseca, pero también porque no es una inversión menor la que está de por medio, y hay ahí situaciones de fondo porque esas canaletas, las nuevas canaletas que están en el tema, pues, están a 580 metros de la planta.

En resumen, Senador, le quiero decir que estamos de acuerdo con este punto de Acuerdo.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si quiere concluir, Senador, porque nos han pedido el trámite de urgente resolución.

El Senador Aarón Irizar López: (Desde su escaño) Adelante, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ahorita preguntaremos a la Asamblea si está abierto, y le doy el uso de la palabra.

Si quiere terminar con la idea, Senador.

El Senador Aarón Irizar López: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Nada más decirle que estamos de acuerdo con este punto que presenta el Senador Cárdenas.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Irízar López.

Como ha sido solicitado por el Senador Cárdenas Fonseca, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Si hubiera oradores para registrar, si no, consulte si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones del Senado.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se encuentra a discusión.

En virtud de no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva dos Acuerdos que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política:

Uno, por el que se modifica el calendario para llevar a cabo las comparecencias de funcionarios ante el Pleno del Senado, con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno.

Y otro, por el que se establece ante qué comisiones comparecerán los funcionarios en el marco del análisis de dicho Informe.

Solicito a la Secretaría dé lectura al primer Acuerdo por el que se modifica el calendario de comparecencias ante el Pleno del Senado.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al primer Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se encuentra a discusión.

En virtud de no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica el calendario para llevar a cabo las comparecencias de funcionarios ante el Pleno del Senado, con motivo del Análisis del Cuarto Informe de Gobierno. Comuníquese.






Solicito a la Secretaría dé lectura al segundo Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las comisiones ante las que comparecerán los funcionarios con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Se encuentra a discusión.

En virtud de no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo por el que se establece ante qué comisiones comparecerán los funcionarios con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno. Comuníquese.






MESA DIRECTIVA

Compañeros Senadores, hago de su conocimiento las rectificaciones de turno que la Mesa Directiva autorizó en su reunión de esta mañana, como lo permite el artículo 177 del Reglamento del Senado. La rectificación de turno fue a siete iniciativas de reforma constitucional en materia de revocación de mandato, presentadas durante la LXII y la actual Legislatura, el turno rectificado de dichos proyectos es a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El plazo para emitir el dictamen a que se refieren los artículos 202 y 214 del Reglamento del Senado, empezará a contarse a partir de que se notifiquen a las comisiones de esta rectificación de turnos.








Asimismo, la Mesa Directiva también autorizó la rectificación de turno a trece iniciativas en materia de reformas a la Ley General de Víctimas, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Al igual que la rectificación anterior, los plazos empezarán a contar una vez que las comisiones sean notificadas.



Las listas de los proyectos comprendidos en estas rectificaciones se publicarán en la Gaceta Parlamentaria de este día.






Les informo que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna. La lista de estos asuntos se publicará en la Gaceta Parlamentaria de este día.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se realicen los esfuerzos necesarios para que los fondos metropolitanos del país no se vean afectados con reducciones presupuestales. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la    consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se realicen los esfuerzos necesarios para que los FONDOS METROPOLITANOS del país no se vean afectados con reducciones presupuestales; de conformidad a las iguientes:

CONSIDERACIONES

La importancia de las zonas metropolitanas de México, es tal que concentran el 57% de la población urbana de México y generan aproximadamente el 76% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

La regla general de las zonas metropolitanas, es que su conformación se realizó cuando dos o más ciudades se volvieron un solo paño. Esto generó complicaciones, pues cada municipio otorgaba sus propios tratamientos a su ciudad.

Por ello, la metropolización fue un avance considerable, a efecto de lograr la coordinación necesaria para que los problemas de las ciudades fuesen atendidos de manera integral y lo más homogénea posible. Para el caso presupuestal, es así que ahora contamos con los denominados Fondos Metropolitanos, para la realización de inversiones y obras de infraestructura comunes.

Lamentablemente, según se informa, los recortes al gasto federal proyectados para el año siguiente, afectarían dichos Fondos Metropolitanos de una manera más que grave, hasta 70% de la bolsa de recursos para obra en la metrópoli. De 10 mil 400 millones de pesos a apenas a tres mil 240 millones para todas las zonas metropolitanas del país.

Situación más que grave, pues es a través de estas bolsas económicas donde se puede materializar una visión global para gobernar, sustentada en la “intermunicipalidad”, donde se puede mejorar y ampliar la infraestructura urbana de una manera coordinada y con estrategias comunes.

Para ello, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el que se realicen los esfuerzos necesarios para evitar disminuciones a los Fondos Metropolitanos.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para se realice un esfuerzo, sabemos que es difícil, la “cobija” nunca alcanza, pero afectar estos fondos va en detrimento directo de 64 millones de mexicanos que habitamos en alguna de los Áreas Metropolitanas del País.

Considero que si no es posible incrementarlos, que cuando menos se mantengan sin reducciones.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se realicen los esfuerzos necesarios para que los FONDOS METROPOLITANOS del país no se vean afectados con reducciones presupuestales, bajo la visión de que si no es posible incrementarlos, que tampoco se vean disminuidos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Anexo Transversal “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, la asignación de recursos presupuestales para dar cumplimiento a lo que establecen los Artículos Décimo Primero y Décimo Segundo Transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de adecuación e implementación de los centros de asistencia social. Se turna a la Cámara de Diputados.

La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el uso de sus facultades constitucionales y lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consideren en el Anexo Transversal “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la asignación de recursos presupuestales para dar cumplimiento con lo que establecen los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adecuación e implementación de los Centros de Asistencia Social al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes1 (LGDNNA), establece para el Estado mexicano diversos compromisos institucionales que las autoridades en los tres niveles de gobierno deben llevar a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a los Tratados y Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por nuestro país, en especial, lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y con ello garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos.

La LGDNNA crea el Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, como la instancia rectora en la materia, encargada de establecer los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De igual manera, la ley contempla la creación de Procuradurías de Protección, dentro de la estructura del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quienes son los encargados de la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados y la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las Procuradurías deben establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de cultura, deporte y con todas aquellas que sean necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Uno de los grandes avances que mandata la LGDNNA es una serie de criterios normativos para fortalecer el trabajo realizado por los Centros de Asistencia Social, entendiéndose por estos: cualquier establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones.

Los alcances de la reforma señalan las condiciones mínimas que deben cumplir estos Centros para garantizar la atención integral y oportuna a la infancia y a la adolescencia, en términos de accesibilidad, medidas de seguridad, protección y vigilancia periódica, así como los requisitos que garanticen la alimentación, la salud, la protección jurídica, la asistencia social y de cada uno de los derechos contenidos en esta ley y la Ley General de Salud.

Las reformas inmersas en la LGDNNA relativas a los Centros de Asistencia Social, respondieron a una problemática de violencia, maltratos físicos y psicológicos, explotación, abusos sexuales, condiciones de hacinamiento, entre otras circunstancias, en las que viven niñas, niños y adolescentes y en general como una respuesta para abordar las demandas y la situación de desamparo y abandono de la infancia y la adolescencia en estos espacios.

La LGDNNA previó en su artículo sexto transitorio la constitución de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación de la Ley General, es decir, para el ejercicio fiscal 2016, debiendo para tales efectos que el Sistema DIF realizará la reforma correspondiente a su Estatuto Orgánico. Este último, actualmente ya establece en su artículo tercero, la estructura orgánica con la que se cuenta para el despacho de los asuntos de su competencia, entre las cuales se encuentra la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Estatuto precisa en su artículo 17 las facultades otorgadas para su funcionamientos, siendo la marcada con la fracción XII la que prevé la supervisión del funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercer las acciones que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones aplicables; facultad que a su vez fue atribuida a la Dirección General de Autorización, Registro, Certificación y Supervisión de Centros de Asistencia Social, en coordinación con las áreas correspondientes de las Procuradurías de Protección de las entidades federativas, de conformidad con el artículo 32 fracción II, VII y VIII del Estatuto referido.

El 26 de mayo de 2016, se expidió el Acuerdo por el que se emite el Protocolo de Supervisión a Centros de Asistencia Social2 por parte de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este acuerdo deriva de lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la LGDNNA, los cuales señalan que las procuradurías de protección de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social sean públicos, privados o asociaciones, destinados a brindar los servicios de acogimiento residencial, cuidado, protección y atención integral a Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.

Aunado a lo anterior, el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevé que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emitirá los protocolos y procedimientos de actuación para su participación en las Visitas de Supervisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley General de la materia, a fin de que en coadyuvancia con las Procuradurías de Protección de las entidades federativas, se realice la supervisión a los Centros de Asistencia Social. En este contexto, es que este el Protocolo de Supervisión establece los criterios, procedimientos y visitas de supervisión que se realizarán a los Centros de Asistencia Social.

De igual forma, la Procuraduría Federal emite diversos acuerdos que complementan el anterior para la operación de los Centros. Tales como el Acuerdo por el que se determina información adicional para la administración, operación y actualización del registro de las certificaciones otorgadas a una familia para fungir como familia de acogida3, el Acuerdo por el que se requiere información complementaria para asegurar y preservar el interés superior de la niñez, para las familias interesadas que soliciten a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la autorización para constituirse como Familia de Acogida y contar con la certificación correspondiente4, entre otros.

De acuerdo con el Censo de Alojamientos de Asistencia Social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía5 (INEGI), en México se han identificado 5939 alojamientos de asistencia social, de cuales, fueron censados 4700 (es decir, el 79.1% del total de ellos), de estos, 96.1% cuentan con población residente y 3.9% se encuentran en operación pero el momento del censo carecían de población.

Entre los resultados, se identificó que el 41.2% de los Centros de Asistencia Social tienen como fuente de mantenimiento recursos gubernamentales6.

Asimismo, las casas hogar cuentan con una población de 25,667 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad siendo el grupo de 10 a 14 años la población mayor existente en estos Centros.

Por otro lado, la LGDNNA mandata la obligación de las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.

También señala que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General.

Asimismo, los artículos Décimo Primero y Décimo Segundo Transitorios de la LGDNNA señalan que: Décimo Primero. Los Centros de Asistencia que se encuentran operando con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Décimo Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá una partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de las adecuaciones a las que se refiere el transitorio anterior y la operación de los Centros de Asistencia Social.

De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública7, el Programa de Protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes operado por la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tuvo una asignación presupuestal para el ejercicio fiscal 2016 de 120.4 millones de pesos. La Procuraduría Federal ha designado presupuesto público para realizar acciones de apoyo y colaboración con las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para procesos de adopción, registros de Centros de Asistencia Social, certificación de Centros de Asistencia Social, entre otros, como se muestra en su matriz de indicadores de resultados; no obstante, no se identifica ningún recurso asignado para la implementación de adecuaciones a las que se refiere el artículo décimo primero transitorio de la LGDNNA y la operación de Centros de Asistencia Social, a que se refiere el artículo décimo segundo transitorio de la LGDNNA. 

Asimismo, de acuerdo con el Paquete Económico 20178, el Programa para la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tiene una asignación presupuestal de 93.7 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2017, lo cual, además de ser una reducción importante, implica un obstáculo para el fortalecimiento de las actividades realizadas por la procuraduría y por lo tanto un impacto en la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados.

De igual manera, dentro de los objetivos, indicadores y metas de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, si bien se contemplan acciones para el cumplimiento de lo dispuesto en la LGDNNA en materia de Centros de Asistencia Social, no se contemplan recursos para la adecuación e implementación de los Centros de Asistencia Social previstos en los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios de la LGDNNA.

El derecho de prioridad para las niñez y la adolescencia (artículos 17 y 18 de la LGDNNA), señala que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria;

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

Para tales efectos, todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

En este marco, resulta importante señalar que la no asignación de presupuesto para llevar a cabo estas acciones, resulta en el incumplimiento del mandato de la LGDNNA y en especial del derecho de prioridad, así como la imposibilidad de que los Centros de Asistencia Social operen bajo la protección integral contenida por las disposiciones en el marco jurídico en la materia. Lo anterior, invisibiliza a las niñas, niños y adolescentes en condiciones más vulnerables.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el uso de sus facultades constitucionales y lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consideren en el Anexo Transversal “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la asignación de recursos presupuestales para dar cumplimiento con lo que establecen los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adecuación e implementación de los Centros de Asistencia Social.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el uso de sus facultades constitucionales asignen más recursos al programa para la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes contemplado en el Anexo Transversal “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017,con la finalidad de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, continúe y de seguimiento a las acciones que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de septiembre de 2016.

Sen. Martha Elena García Gómez.

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 2014.

2 Consultado el 13 de septiembre de 2016 y disponible en: http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/Archivos/Procuraduria/Protocolo_Supervision.pdf

3 Disponible el: http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/Archivos/Procuraduria/info_adicional_registros.pdf

4 Disponible en: http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-
content/Archivos/Procuraduria/info_complementaria_interes.pdf

5 Consultado el 13 de septiembre de 2016 y disponible en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/otras/alojamiento/2015/principales.aspx

6 Presentación de Resultados del Centro de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/otras/alojamiento/2015/doc/caas_resultados.pdf

7 Avances en Programas Transversales, consultado el 13 de septiembre de 2016 y disponible en:http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

8 Consultado el 13 de septiembre de 2016, disponible en: http://ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2017/ramo12

9 Objetivos, Indicadores y Metas, consultado el 13 de septiembre de 2016, disponible en: http://ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2017/ramo12






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, a fin de evitar un nuevo recorte al presupuesto en salud. Se turna a la Cámara de Diputados.








A petición del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, se remitirá a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, su solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, presentados el 19 de noviembre de 2014.

EXCITATIVA

Del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la segunda vuelta electoral y la revocación del mandato, presentado el 19 de noviembre de 2014.








Les comunico que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, en cumplimiento del Acuerdo aprobado este día. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria de este día.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; LA LEY ADUANERA; LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO; en razón de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El debate por la inclusión del matrimonio igualitario en el ordenamiento jurídico mexicano se ha dado en distintos frentes. No sólo ha tenido lugar en el ámbito legislativo, a través de la modificación de leyes locales, sino también en el ámbito jurisdiccional mediante el debate constitucional y convencional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El camino legislativo lo abrió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) desde noviembre de 2006, cuando aprobó la creación de la Ley de Sociedades de Convivencia, misma que reconocía derechos similares a distintos tipos de familias. En diciembre de 2009, la Asamblea fue más allá y modificó el Código Civil de la entidad para modificar la definición de matrimonio de tal manera que esta figura no contemplara únicamente el constituido por hombre y mujer. De acuerdo el artículo 146 del Código, modificado con la reforma que entró en vigor en marzo del 2010, el matrimonio es “es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente Código”.

Esta reforma fue impugnada por el Poder Ejecutivo a través de la Pocuraduría General de la República, mediante la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010. Al resolver, la SCJN resolvió que la Asamblea Legislativa tenía competencia para legislar sobre el matrimonio y consideró constitucionales los artículos 146 y 391 del Código Civil de la entidad, validando la constitucionalidad de las uniones entre personas del mismo sexo, así como su derecho a adoptar menores de edad. Estas uniones tienen validez en todo el territorio nacional. De acuerdo con el máximo tribunal, “(la reforma constituye) un acto normativo que amplía o extiende un derecho civil a fin de alcanzar la plena equiparación de la protección jurídica entre las parejas homosexuales con las heterosexuales, amparado en el respeto al principio de igualdad y la prohibición de no discriminación, concretamente en su vertiente de orientación sexual, el cual, como ha sostenido esta Corte representa un principio que debe normar la labor legislativa, al tener un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas”.1

Esta resolución motivó el inicio de una serie de amparos interpuestos en todo el país. En diciembre de 2012, la SCJN resolvió la primera serie de amparos, presentados en contra de las disposiciones del Código Civil de Oaxaca.2 Ahí la Corte otorgó el amparo a los quejosos y declaró inconstitucional el artículo 143 del Código estatal, que impedía la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo, basado en que éste debería ser sólo entre un hombre y  una mujer a efectos de perpetuar la especie. Además, afirmó que la exclusión de las parejas no heterosexuales de la figura del matrimonio era discriminatoria.

Al respecto, el máximo tribunal se ha pronunciado respecto a que el marco internacional de derechos no reconoce un solo tipo de familia, y que en tal virtud deben protegerse todos los modelos de familia, entre ellos, las familias nucleares compuestas por padres e hijos, biológicos o adoptivos, las familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; las familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones y desde luego las familias homoparentales, conformadas por personas del mismo sexo con hijos biológicos o adoptivos o en su caso sin estos.

A partir de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezó a conocer de los primeros amparos en revisión relativos a las legislaciones de Baja California, Sinaloa y el Estado de México, con contra de la figura del matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer, por ser violatorio de los derechos fundamentales.3 Recientemente, en junio de 2015, la Corte dio la razón a todos los promoventes, y derivado de ello, la Primera Sala de la SCJN publicó las tesis jurisprudenciales 46/20154 y 43/20155.

En la primera de ellas, la SCJN reconoció que no existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo y que las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Así, para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión de la figura del matrimonio en la ley. En la segunda tesis, la SCJN establece que cualquier ley de una entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

De ahí que la adecuación y armonización de nuestras  legislaciones con tales estándares, resulta no sólo idónea sino también necesaria a efecto de seguir protegiendo los derechos fundamentales de todas las personas. La armonización de las leyes locales, contribuirá en específico al reconocimiento de los derechos humanos de las personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual en todo el territorio nacional, con lo que se dará cumplimiento a los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

El carácter progresista de los Derechos Humanos ha logrado incluso el reconocimiento expreso de derechos para grupos poblacionales que enfrentan una serie de dificultades que los colocan en situación de vulnerabilidad frente al resto de la población, de ahí el reconocimiento a derechos para niños, jóvenes, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y personas adultos mayores entre otros. Este marco de protección universal reconoce hoy también Derechos Humanos de igualdad a las poblaciones de personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) a partir del reconocimiento de la orientación sexual e identidad de género como elementos esenciales de la condición humana que permiten el desarrollo pleno de las personas, por los efectos que tienen en sus vidas así como los que se producen cuando deciden construir y desarrollar un proyecto de vida formando una familia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado al establecer que la salud no es sólo la ausencia de enfermedad, afirmando que "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".6 Además, reconoce a la orientación sexual e identidad en los siguientes términos. Por un lado, la orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera que se manifiesta de una persona a otra, interactúa con el sexo, género, vínculos afectivos, erotismo, reproductividad e identidad de género en la construcción de la identidad sexual de las personas. Por lo que hace a la identidad de género, la OMS, considera que es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Ambos conceptos, la orientación sexual e identidad de género, fueron recogidos en los principios de Yogyakarta, un documento redactado en noviembre de 2006 en la ciudad Indonesia de Yogyakarta por un grupo de expertos en derechos humanos y derecho internacional de varios países. Dicho documento contiene una serie de principios legales cuyo fin es su aplicación en el marco internacional de los derechos humanos en relación a la orientación sexual e identidad de género de las personas y señala con claridad las acciones necesarias para garantizar derechos humanos a la población LGBTTTI.

Estas personas enfrentan una situación de vulnerabilidad, en las que se les ha colocado históricamente en virtud de la discriminación de la que son víctimas. Este estigma se extiende hacia familias homoparentales, integradas por parejas del mismo sexo con o sin hijos. Frente a esta problemática organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo, se han pronunciado por condenar los actos de violencia y las violaciones de Derechos Humanos relacionadas y perpetrados contra las personas en virtud de su orientación sexual e identidad de género. Además es preciso tomar en cuenta la declaración del 19 de diciembre del 2008 sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, que señala “Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los Derechos Humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual e identidad de género”. Esto, para revertir la exclusión social que produce la discriminación por orientación sexual conocida como homofobia y la transfobia, generada por el rechazo a la identidad de género, a fin de auspiciar ambientes más tolerantes y respetuosos para que  las personas LGBTTTI asuman con plenitud su identidad sexual para ponerle fin a esta situación y permitir que se incorporen al progreso social, económico, cultural y político en beneficio de ellas, sus familias y de las naciones a las que pertenecen.

En México, encuestas como CONAPRED ENADIS-2010, COPRED EDISCDMX-2013, indican que las personas LGBTTTI se encuentran entre los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. La Ciudad de México es la entidad en la que se ha alcanzado el mayor avance en la materia. Es aquí en donde después de tipificar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, reconocer el derecho a la identidad de género y establecer protocolos de actuación policial y de atención a crímenes de odio entre otras medidas, se reconoció por primera vez el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo al modificar el Código Civil de la Capital en diciembre del 2009

Hoy es tiempo de hacer realidad la plena vigencia de los derechos humanos de las personas LGBTTTI en México, porque a partir de este propósito se busca terminar con el trato diferenciado entre parejas de hombre y mujer respecto de las parejas homosexuales con la posibilidad de hacer realidad el matrimonio para todas las personas sin distinción.

El avance diferenciado que existe en el reconocimiento y protección de los derechos LGBTTTI entre una entidad como la Ciudad de México en donde existen derechos plenos y el resto del país, es una muestra clara de que hace falta el impulso del poder Legislativo Federal para conminar a los congresos estatales de todas las entidades federativas a fin de que armonicen sus marcos legales en favor del pleno reconocimiento de los derechos de igualdad para las personas Lésbico, Gay, Bisexual,  Transexual, Transgénero e Intersexual. Esta obligación adquiere importancia en el marco de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, según la cual, todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado forme parte.

Si bien es cierto que los pronunciamientos de la SCJN en las acciones de inconstitucionalidad y amparos resueltos, y en concreto, así como en las jurisprudencias anteriormente citadas, permitirían a las parejas del mismo sexo de cualquier entidad, ser protegidas por la justicia y obtener un amparo para poder contraer matrimonio, también lo es que es obligación del Poder Legislativo auspiciar que el marco constitucional de libertad, igualdad, seguridad jurídica y no discriminación sea una realidad para todas las personas. Además, de esta manera se garantiza que las personas que se encuentren en esta situación no tengan que acudir a juicio para poder acceder a sus derechos.

Esta propuesta no desconoce que la materia es competencia de las entidades federativas, por lo cual esta iniciativa busca impulsar a las entidades federativas a terminar con la exclusión social que han padecido las personas que pertenecen a la población LGBTTTI al momento de pretender contraer matrimonio y formar una familia homoparental sentando las bases desde la legislación internacional de los Derechos Humanos, pasando por el marco constitucional y el reconocimiento de estos derechos a nivel federal, buscando que el derecho al matrimonio se convierta en una realidad al alcance de todos. De esta manera, se podrán extender a personas LGBTTTI y a las familias que forman los beneficios del matrimonio, entre ellos; fiscales, acceder a una sucesión legítima, de asistencia médica, de seguridad jurídica sobre el patrimonio constituido en común y para poder acceder a la naturalización por la vía del matrimonio.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto que modifica diversas disposiciones del Código Civil Federal

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, 146, 147, 148, 149, 1150, 151, 152, 158, 168, 172, 173, 177, 216, 217, 218, 290, 291; se adiciona un capitulo XI al Título Quinto a través del artículo 291 Bis, y se reforma el artículo 723 bis; para quedar como sigue:

Artículo 2.- La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna persona por razón de edad, sexo, estado civil, raza, idioma, religión ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, carácter físico discapacidad o estado de salud, se le podrá negar un servicio o prestación a la que tenga derecho, ni restringir o menoscabar el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la naturaleza de los mismos.


TITULO QUINTO
Del Matrimonio

CAPITULO II
De los Requisitos para contraer Matrimonio

Artículo 146.- Matrimonio es la unión libre entre dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige.

Artículo 147.- Serán nulos los matrimonios que hagan los contrayentes, en contravención a lo señalado por el artículo anterior.

Artículo 148.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes hayan cumplido la mayoría de edad. No habrá excepción a este requisito.

Artículo 149.- Se deroga

Artículo 150.- Se deroga

Artículo 151.- Se deroga

Artículo 152.- Se deroga

Artículo 158.- Se deroga

Artículo 168.- Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente. 

Artículo 172.- Los cónyuges, mayores de edad, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el consentimiento o autorización del otro, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

Artículo 173.- Los cónyuges, menores de edad, tendrán la administración de sus bienes, en los términos del artículo que precede, pero necesitarán autorización judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios judiciales.

Artículo 177.- Los cónyuges, durante el matrimonio, podrán ejercitar los derechos y acciones que tengan el uno en contra del otro; pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio.

Artículo 216.- Los cónyuges no  podrán cobrarse retribución u honorario alguno por los servicios personales que se presten; pero si uno de los contrayentes por ausencia o impedimento del otro, se encarga temporalmente de la administración de los bienes del ausente o impedido, tendrá derechos a que se le retribuya por este servicio en proporción a su importante y el resultado que produjere.

Artículo 217.- Los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí, por partes iguales, la mitad del usufructo que la ley les concede.

Artículo 218.- Los cónyuges responderán de manera recíproca, de los daños y perjuicios que se causen entre sí, por dolo, culpa o negligencia.


Capitulo XI
Del Concubinato

Artículo 291 Bis.- Los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocas, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años que procedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo.

I.- No es necesario el transcurso del periodo antes mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan o registren un hijo en común.

II.- Si con una persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se acreditara el concubinato. Quienes hayan actuado de buena fe podrán demandar del otro, una indemnización por daño moral.

III.- Regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren aplicables.

IV.- El concubinato genera entre los concubinos  derechos alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás derechos y obligaciones reconocidos por este código.

V.- Al cesar la convivencia, el concubino o concubina que carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tendrá derecho a una pensión alimentaria, por un periodo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio. Este derecho podrá ejercerse solo durante solo durante el año siguiente a la cesación del concubinato.

Artículo 294.- El parentesco de afinidad es el que se adquiere por el matrimonio o concubinato, entre los parientes de los cónyuges o concubinos, y sus respectivos parientes consanguíneos.

Artículo 723 Bis.- Puede constituir el patrimonio familiar la madre, el padre o ambos, cualquiera de los cónyuges o ambos, cualquiera de los concubinos o ambos, la madre soltera o el padre soltero, las abuelas, los abuelos, las hijas y los hijos o cualquier persona integrante de la familia que quiera constituirlo, para proteger jurídica y económicamente a la familia.

TRANSITORIOS

Artículo Primero: El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo: Los congresos de las Entidades Federativas en ejercicio de su Soberanía, podrán adecuar y armonizar sus legislaciones comunes en materia civil y familiar para regular la Institución del Matrimonio con base en los principios constitucionales de libertad, igualdad, seguridad jurídica y no discriminación, atendiendo el marco normativo de los Derechos Humanos y garantías individuales previstas en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y este Código Civil Federal.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.

1 AI 02/2010

2 581/2012, 457/2012 y 567/2012

3 Amparo en revisión 152/2013 (Oaxaca), resuelto el veintitrés de abril de dos mil catorce; amparo en revisión 615/2014 (Colima), resuelto el cuatro de junio de dos mil catorce;  amparo en revisión 704/2014 (Colima), resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince; amparo en revisión 735/2014 (Colima), resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince.

4 MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Tesis de jurisprudencia 46/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de tres de junio de dos mil quince.

5 MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Tesis de jurisprudencia 43/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de tres de junio de dos mil quince.

6 Official Records of the World Health Organization, Nº 2, WHO, Nueva York, 19 de junio al 22 de julio de 1946, p. 100. Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados, y entró en vigor el 7 de abril de 1948.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

(Presentada por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147, SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 150 PARA CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL AL DE SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 150 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. Al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El plomo, es uno de los principales metales tóxicos para el humano, el uso de este metal y aplicación contribuye a la contaminación ambiental. El plomo, se puede hallar en la corteza terrestre y es utilizado de manera general en las pinturas. Constantemente todos nos encontramos expuestos a este metal ya que muchos de los productos que utilizamos contienen plomo, este metal se puede encontraren las pinturas que recubren gran cantidad de los objetos con los que nos relacionamos, en este sentido la alianza mundial para eliminar el uso del plomo en las pinturas en su marco de operaciones expone que:

“El plomo es un metal tóxico cuyo uso generalizado contribuye a la contaminación medioambiental y es causa de graves problemas de salud en muchos lugares del mundo. La exposición al plomo puede tener efectos adversos, severos y permanentes sobre la salud de los niños y, aunque estos son los que se ven más perjudicados, también puede resultar dañina para los adultos, en particular para los trabajadores. Ningún grado de exposición al plomo puede considerarse seguro”.1 (plomo, 2016)

2. La Organización Mundial de la Salud señala que el plomo ysu uso generalizado ha creado en muchas partes del mundo importantes problemas a la salud y ha originado contaminación al medio ambiente, asimismo señala que:

Entre las principales fuentes de contaminación ambiental destacan la explotación minera, la metalurgia, las actividades de fabricación y reciclaje y, en algunos países, el uso persistente de pinturas y gasolinas con plomo. Más de tres cuartes partes del consumo mundial de plomo corresponden a la fabricación de baterías de plomo-ácido para vehículos de motor”.

Sin embargo, este metal también se utiliza en muchos otros productos, como pigmentos, pinturas, material de soldadura, vidrieras, vajillas de cristal, municiones, esmaltes cerámicos, artículos de joyería y juguetes, así como en algunos productos cosméticos y medicamentos tradicionales. También puede contener plomo el agua potable canalizada a través de tuberías de plomo o con soldadura a base de este metal. En la actualidad, buena parte del plomo comercializado en los mercados mundiales se obtiene por medio del reciclaje.

Los niños de corta edad son especialmente vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, que puede tener consecuencias graves y permanentes en su salud, afectando en particular al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. El plomo también causa daños duraderos en los adultos, por ejemplo, aumentando el riesgo de hipertensión arterial y de lesiones renales. En las embarazadas, la exposición a concentraciones elevadas de plomo puede ser causa de aborto natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, y provocar malformaciones leves en el feto.2 (Salud, 2016)

3. Muchos países han adoptado mediadas que permiten reducir el uso del plomo en las pinturas, inclusive han desarrollado legislaciones que prohíben totalmente el uso del plomo en las pinturas de todo tipo, la intención es reducir al máximo la exposición del plomo para no contaminar al medio ambiente y que este a su vez no repercuta en la salud de la población que se encuentra expuesta a este metal. La alianza mundial para eliminar el uso del plomo reconoce que existe avance en la intención de eliminar el plomo en todos los materiales en los cuales pueda representar un riesgo a la salud:

Si bien en muchos países las recientes reducciones del uso del plomo en el petróleo, la pintura, las tuberías y las soldaduras han supuesto una disminución considerable de los niveles de plomo detectados en personas, existen todavía fuentes importantes de exposición a ese metal. La pintura con plomo se ha estado utilizando, y todavía se utiliza, para decorar el interior y exterior de hogares y escuelas, edificios públicos y comerciales y estructuras como puentes, así como para juguetes, muebles y equipos de campos de juego. Las personas pueden verse expuestas al plomo contenido en las pinturas durante las fases de fabricación y aplicación, y pasarán muchos años antes de que una pintura se deteriore o elimine al aplicar una nueva capa o demoler el soporte. El polvo de pintura es una de las fuentes más comunes y concentradas a la que los niños siguen estando expuestos. En muchos países en desarrollo, todavía es muy frecuente la fabricación y venta de pinturas con contenido de plomo.(plomo, 2016)

4. El Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en el apartado VI referente a la salud y el desarrollo sostenible en el punto 57 señala que:

57.- Eliminar gradualmente el plomo de las pinturas y de otras fuentes a que están expuestos los seres humanos; trabajar para prevenir, en particular, el contacto de los niños con el plomo y mejorar los esfuerzos de vigilancia y supervisión y el tratamiento del saturnismo.3 (Sostenible, 2016)

5. Para la Alianza Mundial para eliminar el uso del plomo, uno de los objetivos es prohibir el uso del plomo en las pinturas, con ello se podría dejar de pensar en una fuente de contaminación ambiental y también en una importante fuente de exposición al riesgo por parte de la población que se encuentra expuesta a este metal. Esos son los objetivos de la Alianza Mundial:

a) Sensibilizar a las autoridades y a las instancias normativas de los gobiernos, la industria privada, los fabricantes, los consumidores, los trabajadores, los sindicatos y los proveedores de atención de salud acerca de la toxicidad del plomo contenido en las pinturas y de la existencia de alternativas más seguras y mejores desde el punto de vista técnico.

b) Impulsar la formulación y la ejecución de programas apropiados que se apoyen en la prevención para reducir y eliminar los riesgos asociados al uso de plomo en las pinturas y a los productos cubiertos con pinturas que contengan plomo.

c) Ayudar a identificar los fabricantes, creadores y distribuidores de pinturas que siguen produciendo y comercializando pinturas que contengan plomo para alentarlos a eliminar gradualmente ese metal de sus productos.

d) Fomentar la creación de marcos normativos nacionales adecuados para restringir la fabricación, importación, exportación, distribución, venta y utilización de pinturas que contengan plomo y de los productos cubiertos con ese tipo de pintura.

e) Promover, cuando proceda, la certificación internacional por terceros de nuevos productos de pintura para ayudar a los consumidores a reconocer las pinturas y revestimientos que no contengan plomo.

f) Ofrecer orientación y promover la asistencia para identificar y reducir la exposición eventual al plomo en las viviendas y sus alrededores, las instalaciones de cuidado de niños y las escuelas en las que haya pinturas con plomo. (plomo, 2016)

6. Las esferas con las cuales trabaja la Alianza Mundial para eliminar el uso del plomo en las punturas son las siguientes:

a) aspectos relativos a la salud

b) aspectos medioambientales

c) salud de los trabajadores

d) legislación y normativas

e) extensión a la industria (plomo, 2016)

7. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Medio Ambiente por el desarrollo, señala que la contaminación por plomo es preocupante y lo más preocupante es que este escenario se puede prevenir:

"La intoxicación por plomo continúa siendo la principal preocupación medio ambiental y sanitaria para niños en todo el mundo, y la pintura con plomo es un foco importante de intoxicación entre ellos", dijo la Dra. María Neira, Directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. "Las buenas noticias son que la exposición al plomo puede detenerse por completo a través de una serie de medidas para restringir su producción y su uso en la pintura".

En todo el mundo, 30 países ya han eliminado el uso del plomo en la pintura. La Alianza Global para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura, codirigida por la OMS y el PNUMA, ha fijado un objetivo de 70 países para 2015.

"En 2002, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, los gobiernos acordaron que para 2020 los productos químicos debían ser usados y producidos de forma que se reduzcan al mínimo los efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente - las medidas para prohibir la pintura con exceso de plomo ayudarán a lograr este objetivo", dijo Nuttall.

Un total de 234 latas de pintura de esmalte decorativa fueron compradas y analizadas en un laboratorio de Estados Unidos con la ayuda del IPEN, una red de trabajo mundial de organizaciones no gubernamentales para la salud y el medio ambiente que ha recogido y analizado pinturas decorativas en más de treinta países en desarrollo y con economías de transición.4 (Unidas, 2016)

CONSIDERACIONES

I. La pintura con plomo debe ser eliminada en su totalidad, no solo por la contaminación que produce al medio ambiente sino también por las consecuencias y enfermedades que produce cuando el humano está expuesto a este metal, como ya se ha expuesto con anterioridad el plomo se encuentra en las pinturas y por ende en una gran cantidad de objetos que son recubiertos con esas pinturas. Es decir, la exposición es aún mayor cuando no se tiene controles que permitan prohibir la fabricación de pintura con plomo ya que muchos de los objetos con los que nos relacionamos pueden estar cubiertos con este tipo de pinturas.

II. En América Latina, los países que no tienen una regulación para el manejo de pinturas con plomo son: Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú aún no tienen leyes obligatorias sobre el límite de plomo en las pinturas decorativas. No existe un "nivel seguro" de plomo al que las personas puedan estar expuestos, según la OMS, pero a mayor concentración de partes por millón (ppm)y mayor contacto humano, mayor es el riesgo de ingreso al organismo humano. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Uruguay y Venezuela sí tienen normas, aunque necesitan reforzar su cumplimiento.5(Mundo, 2016)

III. En México, la norma NOM-004-SSA1-2013, Salud ambiental. Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo. Especifica que:

4.3 “Los compuestos de plomo se podrán utilizar en los siguientes casos”:

4.3.1 Recubrimientos para el mantenimiento de equipos e instalaciones industriales;

4.3.2 Recubrimientos para el acabado o repintado automotriz, incluyendo primarios, acabados y bases de color y de equipo industrial o agrícola, incluyendo aparatos y equipo para jardinería;

4.3.3 Recubrimientos para el mantenimiento de equipo e instalaciones comerciales e industriales, incluyendo pintura para señalamiento horizontal y de seguridad;

4.3.4 Recubrimientos para artes gráficas, por ejemplo, productos comercializados para uso exclusivo en anuncios espectaculares, señalamiento vial y usos similares, así como el señalamiento identificador en instalaciones industriales, y

4.3.5 En el caso de aparatos eléctricos y electrónicos: en los recubrimientos para cables de instalaciones y aparatos; en el vidrio de los tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos y tubos fluorescentes; en aleaciones; en soldaduras del tipo de alta fusión; en soldaduras para servidores, sistemas de almacenamiento y matrices de almacenamiento; en soldaduras para equipos de infraestructura de redes para conmutación, señalización, transmisión, así como gestión de redes en el ámbito de las telecomunicaciones y en componentes electrónicos de cerámica.

4.4 Cuando un mismo producto con compuestos de plomo destinado al uso y consumo humano, por sus propiedades, pueda ser usado indistintamente, como ingrediente o materia prima en la fabricación de los productos a que se refiere el punto 4.1 y en los productos a que se refiere el punto.

4.3, cada uno de sus usos debe sujetarse a las especificaciones que le correspondan conforme a los puntos citados de esta Norma.

4.5 Los fabricantes, comercializadores o importadores de recubrimientos de los productos indicados en esta Norma, deberán contar con registros que demuestren que sus productos no contienen ingredientes a base de compuestos de plomo.

En este sentido, México no prohíbe la utilización de plomo en las pinturas y solo se limita a obligar a las empresas que utilizan el plomo en las punturas a exhibirlo en el etiquetado de las pinturas o productos que contengan plomo como una medida informativa, dejando de lado la contaminación que produce al medio ambiente y los riesgos que ocasiona a la salud el uso y la aplicación de este metal en los productos que lo contienen. 

IV. Como Senadores de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. Considerando lo antes expuesto es necesario que el uso del plomo en pinturas y recubrimientos se prohíba en su totalidad, por el daño que produce al medio ambiente, México debe observar, que lejos de buscar informar sobre el contenido de plomo en las pinturas o cualquier artículo que contenga plomo, este debe ser prohibido, con la intención de proteger el medio ambiente y prevenir riesgos a la salud por el uso de este metal.

V. El 30 de noviembre del año 2000, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cambió su denominación a la de Secretaría de Economía, adicionándole entre otros asuntos, el de coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación, aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines. Sin embargo, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no se ha modificado la denominación de la ley de Comercio y Fomento Industrial por la de la Secretaría de Economía, motivo por el cual aparece en los artículos 147 y 150 el nombre de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, es necesario modificar la denominación de la Secretaría.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 147, se reforma el primer párrafo del artículo 150 para cambiar la denominación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial al de Secretaría de Economía y se adiciona un párrafo al artículo 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

ARTÍCULO 147.- La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior.

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Economía de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos.

ARTÍCULO 150.- Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Economía, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reusó, reciclaje, tratamiento y disposición final.

El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos.

Asimismo, la Secretaría en coordinación con las dependencias a que se refiere el presente artículo, expedirá las normas oficiales mexicanas en las que se establecerán los requisitos para el etiquetado y envasado de materiales y residuos peligrosos, así como para la evaluación de riesgo e información sobre contingencias y accidentes que pudieran generarse por su manejo, particularmente tratándose de sustancias químicas.

Queda prohibida la aplicación de pinturas con contenido de plomo, en todos los recubrimientos para el acabado equipos e instalaciones industriales o repintado automotriz, incluyendo pintura para señalamiento horizontal y de seguridad; los recubrimientos para artes gráficas, productos comercializados para uso exclusivo en anuncios espectaculares, señalamiento vial y usos similares, así como el señalamiento identificador en instalaciones industriales.

ARTÍCULO 151…

ARTÍCULO 152…

Para explicar de manera más detallada la iniciativa propuesta a esta Soberanía a continuación presento el siguiente cuadro comparativo:

Texto actual

Propuesta de adición

ARTÍCULO 147.-La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior.

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos.

ARTÍCULO 150.- Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reusó, reciclaje, tratamiento y disposición final.

El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos.

Asimismo, la Secretaría en coordinación con las dependencias a que se refiere el presente artículo, expedirá las normas oficiales mexicanas en las que se establecerán los requisitos para el etiquetado y envasado de materiales y residuos peligrosos, así como para la evaluación de riesgo e información sobre contingencias y accidentes que pudieran generarse por su manejo, particularmente tratándose de sustancias químicas.

 

 

 

 

 

 


ARTÍCULO 151…

ARTÍCULO 152…

ARTÍCULO 147.-La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior.

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, Economía, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos.

ARTÍCULO 150.- Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Economía, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reusó, reciclaje, tratamiento y disposición final.

El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos.

Asimismo, la Secretaría en coordinación con las dependencias a que se refiere el presente artículo, expedirá las normas oficiales mexicanas en las que se establecerán los requisitos para el etiquetado y envasado de materiales y residuos peligrosos, así como para la evaluación de riesgo e información sobre contingencias y accidentes que pudieran generarse por su manejo, particularmente tratándose de sustancias químicas.

Queda prohibida la aplicación de pinturas con contenido de plomo, en todos los recubrimientos para el acabado equipos e instalaciones industriales o repintado automotriz, incluyendo pintura para señalamiento horizontal y de seguridad; los recubrimientos para artes gráficas, productos comercializados para uso exclusivo en anuncios espectaculares, señalamiento vial y usos similares, así como el señalamiento identificador en instalaciones industriales.

ARTÍCULO 151…

ARTÍCULO 152…

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

Fuentes consultadas

Contaminantes, R. I. (26 de abril de 2016). “Eliminar la pintura con plomo: protege la salud de los niños” Campaña mundial de IPEN para la eliminación de la pintura con plomo. Obtenido de “Eliminar la pintura con plomo: protege la salud de los niños” Campañ mundial de IPEN para la eliminación de la pintura con plomo.
Mundo, B. (19 de septiembre de 2016). Los países de América Latina donde todavía se vende pintura con plomo tóxica. Obtenido de Los países de América Latina donde todavía se vende pintura con plomo tóxica: http://www.bbc.com/mundo/noticias-36679728
Plomo, A. M. (24 de agosto de 2012). Alianza Mundial para la Eliminar el uso del plomo en la pintura plan de actividades. Obtenido de Alianza Mundial para la Eliminar el uso del plomo en la pintura plan de actividades: http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/business_plan_es.pdf?ua=1
plomo, A. M. (19 de septiembre de 2016). Marco de operaciones alianza mundial para eliminar el uso del plomo en la pintura. Obtenido de Marco de operaciones alianza mundial para eliminar el uso del plomo en la pintura: http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/framework_es.pdf
Salud, O. M. (19 de septiembre de 2016). Nota descriptiva N°379. Obtenido de Nota descriptiva N°379: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/es/
Sostenible, P. d. (19 de septiembre de 2016). Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Obtenido de Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/pdf/WSSD_PlanImpl.pdf
Unidas, O. d. (19 de septiembre de 2016). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Medio Ambiente por el desarrollo Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Obtenido de Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Medio Ambiente por el desarrollo Oficina Regional para América Latina y el Caribe: http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2013/20131022/

1 Marco de operaciones alianza mundial para eliminar el uso del plomo en la pintura véase en: http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/framework_es.pdf revisión hecha el 19 de septiembre de 2016.

2 Organización Mundial de la Salud Nota descriptiva N°379 véase en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/es/revisión hecha el 19 de septiembre de 2016.

3 Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible véase en: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/pdf/WSSD_PlanImpl.pdf revisión hecha el 19 de septiembre de 2016

4 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Medio Ambiente por el desarrollo Oficina Regional para América Latina y el Caribe véase en: http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2013/20131022/ revisión hecha el 19 de septiembre de 2016.

5 BBC Mundo Los países de América Latina donde todavía se vende pintura con plomo tóxica véase en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-36679728 revisión hecha el 19 de septiembre de 2016.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace una invitación a Hillary Diane Rodhman, con el fin de estrechar la comunicación con los dos países. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de URGENTE RESOLUCIÓN, por el que el Senado de la República hace una invitación a Hillary Diane Rodhman (Hilary Clinton), con el fin de estrechar la comunicación con los dos países, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La relación histórica entre México y Estados Unidos es de suma relevancia. Ambas naciones tienen una profunda integración en ámbitos tan diversos como son la economía, la política, la cultura, los aspectos sociales y hasta cuestiones medioambientales y de territorio. Algunos de los ejemplos más destacados de esta estrecha relación son:

• Comparten más de 3,000 kilómetros de territorio fronterizo.

• En los Estados Unidos viven alrededor de 34.6 millones de personas de origen mexicano[1].

• México y Estados Unidos concretan operaciones de un 1.4 millones de dólares al día.

• 6 millones de empleos de Estados Unidos dependen directamente del comercio con México.

• 40% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos contienen insumos provenientes de ese país.

• Existen más de 18 mil empresas estadounidenses en México.

• La región Norteamérica, desde Alaska hasta Chiapas, genera un tercio de la riqueza del mundo.

México y Estados Unidos tienen una historia de 193 años de relaciones diplomáticas que comprenden temas en el ámbito político, económico, social, medioambiental, energético, técnico, fronterizo y de seguridad. La agenda bilateral entre ambos países incluye temas importantes como lo son: seguridad, democracia, libre comercio, soberanía y crecimiento económico. Además de temas que requieren una acción conjunta entre ambos países como son: el narcotráfico, el crimen organizado y la seguridad pública; ya que afectan a ambos países en diferentes niveles. Esta agenda conlleva el fortalecimiento de los planes y estrategias que buscan el beneficio de ambas naciones

En términos económicos, la relación comercial México - Estados Unidos  es de interés vital ya que se concentra más del 80% del volumen de su intercambio comercial de México. Tratados comerciales como el TLCAN y el ALCA incentivan las relaciones entre ambos países y son estratégicamente importantes para los planes de desarrollo del país con una amplia área de oportunidad y de beneficios.

En los meses pasados nuestro vecino del norte ha estado viviendo una intensa carrera por la presidencia entre la candidata demócrata Hillary Clinton  y el candidato republicano Donald Trump. Este último, ha generado en nuestro país una molestia y tensión sin precedentes debido a que a lo largo de su campaña ha desprestigiado, minimizado y ha sembrado sentimientos de odio en contra de México y contra los latinos que viven en los Estados Unidos. Ha también sugerido disparates como la construcción de un muro a lo largo de frontera financiado por los mismos mexicanos o la deportación masiva de inmigrantes mexicanos, todo esto bajo el argumento de que los mexicanos hacen peligrar los intereses económicos, estratégicos y de seguridad de Estados Unidos.

El pasado 30 de agosto el titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo una reunión con el candidato del Partido Republicano Donald Trump, lo que nos puso en una posición de disgusto. La decisión tomada por el titular del Ejecutivo Federal ha molestado a todos los mexicanos; sin embargo no podemos permitir que esto afecte la relación entre ambos países. Es necesario que el Senado de la República, como un recinto en donde confluyen diversas voces e ideologías, haga un esfuerzo para la candidata Hillary Diane Rodhman (Hilary Clinton) del Partido Demócrata visite esta soberanía, a efecto de lograr un efectivo intercambio de opiniones.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República extiende una cordial invitación a la Candidata del Partido Demócrata,  Hillary Diane Rodhman (Hilary Clinton), con el fin de estrechar la comunicación entre los dos países.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de septiembre de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca a aceptar la recomendación No. 33/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cumplimentándola a la brevedad. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, la Razón de Mortalidad Materna y la salud materno infantil, son problemáticas que debemos asumir como prioritarias, porque derivan de la fuerte discriminación de la que aún son víctimas las mujeres, las niñas y los niños en México, sin dejar de lado la pobreza y el rezago educativo y social al que se enfrenta más del 50% de la población.

Aún y cuando México se comprometió a reducir a 22 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos estimados, la RMM hoy en día es de 37.5 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos estimados.

Es importante señalar que México tiene una RMM 17 veces mayor que países como Suecia o tres veces mayor que países similares, como es el caso de Chile. En México hay diferencias importantes, así, los municipios con población indígena (70%) tienen RMM hasta tres veces mayores que aquellos municipios sin población indígena, o RMM siete veces mayores entre mujeres que fallecieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con respecto a las que no cuentan con seguridad social.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en México, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Asimismo, el cuarto párrafo del artículo 4 de nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse brindando a las personas la protección más amplia, en consecuencia, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de tal forma que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Así pues, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la dignidad deben ser garantizados por el Estado y por ende la falta de recursos económicos para la operación y mantenimiento de los Servicios de Salud en Oaxaca, no pueden seguir siendo factores para que cada vez, con mayor frecuencia se presenten casos de violaciones a derechos humanos e irregularidades relacionadas con la sobresaturación y cancelación de servicios que se brindaban en los hospitales de Oaxaca, tal y como ocurre en el Hospital “Aurelio Valdivieso”, uno de los hospitales resolutivos más grandes que existen en el Estado, en el cual, por citar un ejemplo, se canceló la atención que se daba a pacientes renales; y se han presentado casos de complicaciones médicas en el área de gineco-obstetricia debido a la falta tanto de personal médico y de enfermería, como de medicamentos y de equipo médico adecuado.

Está documentado que las principales fallas asociadas a la mortalidad materna son la calidad de la atención del parto y de la emergencia obstétrica, principalmente en unidades médicas hospitalarias, la falta de aplicación de la vacuna antitetánica y la falta de planificación familiar1.

De igual manera, se ha detectado que las muertes maternas se asocian a deficiencias en la calidad de la atención prenatal, siendo esta la principal causa de la problemática de las muertes neonatales, situación vinculada, de nueva cuenta, a las pésimas coberturas de atención del parto por personal calificado.

En este sentido, muy particularmente en el caso del estado de Oaxaca, desde el año 2013 se han documentado diversos casos en los que diversas mujeres han tenido que dar a luz en condiciones inhumanas, negándoles a ellas y a sus hijas e hijos la protección de la salud a que tienen derecho, así como el trato digno hacia sus personas.

Tan es grave la situación que atraviesa el sector salud en el estado de Oaxaca, que el día 15 de julio del año en curso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación no. 33/2016, en la cual se recomienda al Gobernador del Estado lo siguiente:

PRIMERA. Se tomen las medidas para reparar el daño a V1, V2, V3 y V4 con motivo de la responsabilidad en que incurrió el personal del Hospital Básico y del Hospital General, que incluyan una indemnización o compensación y rehabilitación con base en las consideraciones planteadas en esta Recomendación y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Otorgue atención médica de seguimiento, con oportunidad, calidad y calidez, para V1 y V2 en el Hospital Básico así como a V3 y a V4 en el Hospital General, dependientes de la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Oaxaca, o en algún otro centro de atención médica perteneciente a la misma, así como atención psicológica a V1 y V3 y, se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. Se diseñen e impartan en clínicas, hospitales y centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria 1, “Valles Centrales” y de la Jurisdicción Sanitaria 4 “Costa”, Oaxaca, 2 Cursos Integrales de Educación, Formación y Capacitación sobre los derechos humanos que el orden jurídico reconoce a las mujeres, niñas y niños, que garantice el trato digno y la situación de vulnerabilidad de diversos grupos, como lo son mujeres, niñas y niños indígenas, así como sobre la observancia de la NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Dichos cursos deberán ser impartidos por personal especializado, con perspectiva de género, con énfasis en el trato humanizado hacia las mujeres para sensibilizar al personal de salud con el objetivo de evitar daños como los que dieron origen a este pronunciamiento, y se remitirán a esta Comisión Nacional los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal capacitado y las demás constancias con las que se acredite su cumplimiento.

CUARTA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se emita una circular dirigida al personal médico de la Jurisdicción Sanitaria 1, “Valles Centrales” y de la Jurisdicción Sanitaria 4 “Costa”, Oaxaca, en la que se le exhorte al personal médico, en los casos que así proceda, a entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los Consejos de Especialidades Médicas, con la finalidad de que se acredite tener la actualización, experiencia y conocimientos suficientes para mantener las habilidades necesarias que permitan brindar un servicio médico adecuado y profesional y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

QUINTA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que los servidores públicos que prestan sus servicios en las clínicas, hospitales y centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria 1, “Valles Centrales”, Oaxaca y de la Jurisdicción Sanitaria 4 “Costa”, Oaxaca, adopten medidas efectivas que permitan garantizar que los expedientes clínicos que generen con motivo de la atención médica que brindan, se encuentren debidamente integrados, conforme a lo establecido en la legislación nacional e internacional, así como en las normas oficiales mexicanas correspondientes y, se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEXTA. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite de la queja administrativa para iniciar procedimiento disciplinario ante la Secretaría de la Contraloría y Trasparencia Gubernamental del estado de Oaxaca, en virtud de las consideraciones vertidas en esta Recomendación, remitiendo para tal efecto, las pruebas que le sean requeridas.

SÉPTIMA. Se inscriba a V1, V2, V3 y V4 en el Registro Estatal de Víctimas de Oaxaca, a fin de que tengan acceso al Fondo de Apoyo y Auxilio de las Víctimas de esa entidad federativa, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

Lo anterior, sin que a la fecha haya alguna manifestación por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca referente a si aceptará o no dicha recomendación y más allá de ello, no existen siquiera indicios de que a toda mujer en estado de gravidez, independientemente de su origen étnico o condición socioeconómica se le garantice el acceso a la salud y el trato digno que merece.

Por ello, y al considerar que la lucha por la vida, pero sobre todo por la vida con calidad, debe ser la bandera del Estado, es que nosotros también, desde nuestras posiciones, tareas, facultades y atribuciones debemos aportar nuestro esfuerzo para erradicar la discriminación y mejorar la salud materna; en razón de lo anterior, es que me permito someter a la consideración de esta Soberanía el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta, al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca para que acepte la recomendación número 33/2016 de la Comisión Nacional de Derechos humanos, cumplimentándola a la brevedad posible.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que aplique de manera amplia la recomendación número 33/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a todas las jurisdicciones sanitarias en el estado de Oaxaca y a todas y cada una de las mujeres que desde 2013 y hasta la fecha han sido víctimas de acciones u omisiones similares a las que sufrieron las personas identificadas como V1, V2, V3 y V4 en la resolución de mérito.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya.

1 http://www.cinu.org.mx/gig/Documentos/RaymundoCanalesMEXICO.pdf





Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo a la Reserva de la Biósfera El Triunfo, en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.








De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente del Congreso del estado de Morelos a garantizar y proteger los derechos laborales individuales y colectivos consagrados en la Constitución y en las leyes en la materia, de las y los empleados del congreso de dicho estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La suscrita, Senadora, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“El trabajo es la fuente de toda riqueza,
afirman los especialistas en Economía política.
Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza,
proveedora de los materiales que él convierte en riqueza.
Pero el trabajo es muchísimo más que eso.
Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana”1.
Federico Engels.

“En septiembre de 2015, al iniciar la LIII Legislatura, Moreno Merino declaró a los medios de comunicación que una de las  primeras medidas que tomaría sería la liquidación de la plantilla de edecanes del Poder Legislativo, muchas de las cuales tenían más de 10 años de trabajar en el Congreso.

Agregó que para la asistencia de los legisladores colocaría a personas de la tercera edad, a la usanza, dijo, de los militares que dejan esas funciones a los decanos.

No obstante, en menos de un mes el priísta se olvidó de sus afirmaciones e inició una pasarela de al menos 16 jóvenes, quienes desfilaron por la oficina de la Mesa Directiva con atuendos llamativos”. 2

Nadie puede negar el carácter sexista que tiene organizar una “pasarela” para contratar a personal femenino, máxime si es “con atuendos llamativos”

Parece que los avances que se han alcanzado en materia de igualdad formal entre mujeres y hombres, y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no se reflejan de manera directa en la vida cotidiana de las mujeres, los actos sexistas y discriminatorios siguen siendo una constante y se presentan de forma casi inevitable en el día a día.

Ese hecho pasó y nadie se manifestó en contra pues esos actos son minimizados y no se dimensionan en su gravedad debido a que es normal que a las mujeres se les juzgue por su apariencia física.

En aquella ocasión, José Luis Borbolla (secretario particular del diputado Merino) confirmó que las “entrevistas con las jóvenes “eran para la contratación de tres nuevas edecanes diciendo que no existía un perfil profesional preestablecido para las aspirantes, negó además que hubiera despidos de las edecanes del Congreso. Sin embargo, en la Coordinación de Protocolo se informaba que existía una instrucción inicial de dar de baja a todo el personal.3

Pese a aquella afirmación, el pasado 10 de agosto, el Congreso del estado de Morelos nuevamente dio de que hablar; cuando a Bárbara Hernández, Gabriela Mexicano, Guadalupe López y Mariana Moreno,  laboraban como edecanes en el Congreso del Estado de Morelos (con una antigüedad de once, nueve, siete y seis años respectivamente), se les impidió el acceso a las instalaciones del mismo. “A la entrada personal de seguridad les informó que no podían entrar al inmueble y mucho menos recoger sus pertenencias por: órdenes de los diputados”4.

La acción confirma el supuesto despido que les fue comunicado durante los últimos días de julio, cuando personal de la dirección jurídica del Congreso local les comunicó que por órdenes del presidente de la mesa directiva, Francisco Moreno Merino, era su última quincena, sin que mediara alguna otra justificación.5

Esto da muestra nuevamente de que la discriminación basada en cuestiones de género, producto de un sistema patriarcal que valora de manera diferente lo masculino por sobre lo femenino se traduce en este tipo de actos que violentan los derechos de las mujeres de manera impune.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos, a respetar y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia absteniéndose de promover actos sexistas y discrimatorios en contra de las y los empleados del Congreso del Estado.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente del Congreso de Morelos, a garantizar y proteger los derechos laborales individuales y colectivos consagrados en la Constitución y en las leyes en materia, de las y los empleados del Congreso del Estado.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente del Congreso de Morelos a establecer un diálogo con el personal despedido, para buscar un acuerdo consensuado que permita garantizar las condiciones laborales de las trabajadoras y su pronta restitución.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 “El Papel del Trabajo en la Transformación del Mono en Hombre” Federico Engels. En línea. [fecha de consulta: 13 Septiembre  de 2016]Disponible en http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/engelsf/engelsde00022.pdf

2 “Arman pasarela en Congreso de Morelos para contratar edecanes”. PROCESO [en línea] 13 Octubre 2015 [fecha de consulta: 13 Septiembre  de 2016] Disponible en:http://www.proceso.com.mx/418100/arman-pasarela-en-congreso-de-morelos-para-contratar-edecanes

3 “Arman pasarela en Congreso de Morelos para contratar edecanes”. PROCESO [en línea] 13 Octubre 2015 [fecha de consulta: 13 Septiembre  de 2016] Disponible en:http://www.proceso.com.mx/418100/arman-pasarela-en-congreso-de-morelos-para-contratar-edecanes.

4 “Diputados de Morelos despiden a 4 edecanes”. Milenio  [en línea] 10 Agosto 2016 [fecha de consulta: 13 Septiembre  de 2016] Disponible en: http://www.milenio.com/estados/edecanes-diputados-Congreso_de_Morelos_0_790121288.html

5 Ibídem






De Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una investigación exhaustiva por presuntas irregularidades relacionadas con la partida 1211 destinada a programas de empleo eventual; asimismo, para que la Auditoría Superior de la Ciudad de México contemple auditar el uso de dichos recursos en la revisión de la Cuenta Pública 2016. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra personajes y legisladores de la oposición por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LAS DETENCIONES ARBITRARIAS Y EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA CONTRA PERSONAJES Y LEGISLADORES DE LA OPOSICIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La actual situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela se ha tornado crítica no sólo a causa de la falta de abastecimiento de servicios y la escasez de productos básicos para la alimentación, la limpieza o la salud personal, sino también, debido a la sistemática persecución sobre miembros de la oposición, lo que contribuye al deterioro de la estabilidad política del país y pone en entredicho la continuidad de Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela.

Distintos miembros de la oposición han manifestado su inconformidad con la administración de Nicolás Maduro y actualmente se impulsa la implementación de un referendo revocatorio en contra del Presidente venezolano. En este sentido, el pasado 1 de septiembre, miles de venezolanos salieron a las calles en distintas ciudades del país para protestar contra las autoridades electorales y exigir la continuación del proceso revocatorio y que, antes de que finalice el año, Nicolás Maduro abandone la Presidencia de Venezuela.

El resultado de las manifestaciones fue el incumplimiento al cronograma que debía seguir el Consejo Nacional Electoral, así como la detención de 40 personas en Caracas y una decena en distintas partes del país, de acuerdo con la organización Foro Penal Venezolano.

Las detenciones realizadas el pasado 1 de septiembre se suman a la larga lista de detenciones arbitrarias realizadas por el gobierno de Nicolás Maduro. La organización Venezuela Awareness estima que en la actualidad el número de presos políticos supera el centenar, tomando en cuenta los casos de Leopoldo López, o la relativamente reciente detención de Yon Goicoechea, político y abogado fundador del Movimiento Estudiantil Venezolano en 2007, supuestamente por poseer “material explosivo”. De la misma manera, y a partir de las protestas iniciadas en 2014, más de 2 mil personas se encuentran en libertad condicionada, ello sin tomar en cuenta los numerosos casos de persecución y vigilancia contra miembros de la oposición.

Por otra parte, Maduro busca la aplicación de un Decreto para inhabilitar la inmunidad de todos los servidores, con el objetivo de poder iniciar un proceso contra el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, y algunos otros miembros de la Asamblea que han manifestado su descontento con el gobierno. Maduro ha mostrado que buscará a cualquier costo la consecución de este Decreto que, de ser así, la comunidad internacional atestiguaría la supremacía del Poder Ejecutivo en Venezuela, en detrimento del principio de equilibrio de poderes propio de cualquier gobierno democrático.

La situación de derechos humanos en el país sudamericano ha consternado a la comunidad internacional, tal es así que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó durante la apertura de la 33a sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la permanente negativa de Venezuela de autorizar la visita de expertos para seguir de cerca los casos de represión de la oposición y de la sociedad civil, así como arrestos arbitrarios y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Zeid Ra’ad Al Hussein declaró que la situación de Venezuela se homologa a la de países como Bielorrusia, Irán y Siria, en el sentido del rechazo a la cooperación internacional.

También la OEA se ha mantenido al margen de la situación de Venezuela, e incluso envió un mensaje a las autoridades y la sociedad civil venezolana previo a las movilizaciones del primero de septiembre destacando que “por encima de todo está la paz y los derechos de las personas”. Por su parte, el Secretario General de la Organización, el Dr. Luis Almagro, redactó en agosto pasado, una carta abierta a Leopoldo López en el contexto de la sentencia contra el opositor, en la cual escribe que "ningún foro regional o subregional puede desconocer la realidad de que hoy en Venezuela no hay democracia ni Estado de Derecho".

La OEA ya tomó cartas en el asunto, puesto que, a finales de junio, Luis Almagro presentó un informe ante el Consejo Permanente de la OEA sobre la situación en Venezuela, al tiempo que activó la carta Democrática del organismo que, en el peor de los escenarios, supondría la suspensión indefinida el país en el organismo.

Finalmente, cabe destacar que las acciones realizadas por Nicolás Maduro en colaboración con el Consejo Nacional Electoral, constituyen una violación a los derechos de los venezolanos establecidos en la Carta Magna, ya que la figura de revocación de mandato se encuentra regulada.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

4. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia  (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República expresa su preocupación por las detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza contra personajes y legisladores de la oposición por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir un pronunciamiento en el marco del derecho internacional que compromete a ambas naciones.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 20 de septiembre de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar un informe exhaustivo sobre la participación de México en la Reunión del G20. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Los días 3 y 4 de septiembre se realizó la Reunión Cumbre de Hangzhou, China del llamado Grupo de los 20, G20; a la cual asistió el Presidente Enrique Peña Nieto y los máximos representantes de otras 19 naciones integrantes del Grupo, así como dirigentes de Bancos Centrales; Ministros de Finanzas; intelectuales y empresarios.

El G20 se creó en el año 2008, con la finalidad de encontrar soluciones a la crisis económica y financiera a nivel mundial que ese año ingresó a una etapa crítica de explosiones de burbujas financieras –como la hipotecaria en EUA- y de rescates de bancos y corporaciones para evitar un colapso mayor; situación que aún no ha terminado.

De esta manera se convirtió en un foro de cooperación y consulta sobre el rumbo del sistema financiero internacional, donde desde años anteriores ya se discutía la turbulencia de los precios del petróleo y los vaivenes de los tipos de cambio, así como de los flujos monetarios.

En el ámbito del G20 también se estudian los temas relevantes relacionados con el sistema financiero internacional, que tienen impacto sobre las economías de los países miembros, con el objetivo de mantener la estabilidad financiera interna e internacional.  En este sentido, su importancia radica en que juntos representan el 90% del PIB mundial y el 80% del comercio mundial.

Es el foro más importante para el análisis y la discusión de la “volatilidad financiera internacional” y se ha convertido en un mecanismo de coordinación de la política macroeconómica, de regulación de mercados, sobre todo financieros, así como de la política económica internacional de referencia primaria.

México es miembro activo del G20, que está integrado por la Unión Europea más   Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, República Popular China, Brasil, Italia, Canadá, Rusia, Australia, India, Corea del Sur, Indonesia, Turquía, Arabia Saudita, Sudáfrica, Argentina, Japón.

Por ello la necesidad que se informe y conozca en detalle todos esos análisis económicos y financieros, recomendaciones y acciones que al respecto se discuten, porque las referencias que aquí se hacen –en los documentos oficiales- sobre el devenir de la crisis internacional, son en extremo nebulosos, imprecisos, pero lamentablemente, sobre esas vagas calificaciones se adoptan políticas internas en México que afectan la economía familiar, por ello es necesario conocer su relación con los acuerdos que se toman en el G20.

2.- En el diseño de la Política Fiscal y de la Política Monetaria de México –en el presente sexenio y en el anterior— que corresponde principalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Banco de México respectivamente, se han implementado una serie de medidas adversas al crecimiento económico nacional, cuya justificación ha sido frecuentemente “la volatilidad del entorno financiero mundial”.

Sin embargo, durante los últimos tres años, no se han adoptado medidas internas que pudieran contrarrestar tal volatilidad y ni siquiera se ha hecho mención a las recomendaciones que el G20 ha venido proponiendo como alternativas diferentes a los “ajustes presupuestales”, a los que México es tan propenso.  Lo que sí existe es una serie de acciones de recortes en el gasto público, de disminución de la inversión pública en infraestructura y un aumento en la pobreza.

Evidentemente, los acuerdos del G20 en la actualidad y en los años pasados, han sido dirigidos a obtener resultados muy diferentes a los que México alcanza en cuanto a su economía se refiere.  Porque los resultados macroeconómicos que no son tan buenos, no han alcanzado a traducirse en ingresos mayores para la población, mucho menos en la creación de empleos, tal como es la demanda de la población.

3.-  En el Comunicado Final de la Cumbre de Hangzhou, -que consta de 48 puntos- se dice que se camina a una recuperación económica global, aunque es insuficiente todavía porque existen resistencias, sobre todo en el campo financiero, para implementar reformas, pero que se hacen esfuerzos conjuntos para que la incertidumbre se convierta en una oportunidad de cambio.

Igualmente se pone mucho énfasis en la creación de una Nueva Era de Crecimiento e Industrialización basada en la Innovación e inclusive se instruye a los países miembros a determinar políticas y acciones para la integración de las políticas fiscal y monetaria, con políticas estructurales coherentes con la generación de empleo y a favor del incremento de la productividad.

En este contexto, llama la Declaración de Hangzhou a trabajar a favor de una economía mundial abierta –no en otro contexto-. Haciéndose un llamado para el desarrollo de una Economía Digital y una “efectiva y eficiente arquitectura financiera y económica mundial”

Previamente a la reunión principal, hubo otras reuniones de Ministros de Finanzas, de intelectuales, académicos, empresarios y pensadores que aportaron diversidad de puntos de vista, que se plasman en cerca de 60 “Planes de Acción” en asuntos estratégicos y que cuentan con el aval del G20.

4.- También se anunció en la prensa nacional, que el Presidente Peña Nieto y el Presidente de China, Xi Jinping firmaron un Acuerdo de 14 puntos, así como el ofrecimiento de dicho país para participar en la construcción de las Zonas Económicas Especiales de México

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar a esta Soberanía un informe exhaustivo de:

1.- Procedimientos y contenidos de todos los Acuerdos adoptados en el G20 en la cumbre de Hangzhou, China.

2.- Posicionamiento de México en las reuniones oficiales que al respecto se realizaron previamente.

3.- Acuerdo firmado por México en la cumbre de Hangzhou, China.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.






De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo a la prevención del embarazo en adolescentes. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

Los que suscriben, Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, solicitando su turno a la Comisión de Juventud y Deporte, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las madres solteras con hijos representan más de tres cuartas partes de los hogar es uniparentales en todo el mundo; además, los hogares dirigidos por una madre soltera son más pobres en comparación con otros tipos de hogares, debido a que tienen menores ingresos y beneficios sociales.1

En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de mujeres de 12 y más años es de 48.7 millones, y de ellas, 67.4% han sido madres. Según la edad de la mujer, destaca el hecho de que 7.8% de las adolescentes de 12 a 19 años ya son madres, y conforme avanza la edad, este porcentaje aumenta y llega a ser del 91.7% en las mujeres de 50 años y más.2

En lo relativo a su situación conyugal, la Encuesta Intercensal 2015 señala que el 10.1% de las madres de 12 años y más son viudas, 8.4% son separadas y 2.8% están divorciadas. Destaca el hecho de que 6.5% son solteras, y de las mujeres casadas y unidas, en 3.5% y 4.9% respectivamente, su cónyuge reside en otra vivienda.

En este sentido, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2010, 8.2 millones de mujeres de 12 años y más son madres en situación conyugal de no unión.

También es cierto que las madres no son únicamente fuente de cuidados, ya que adicional a las actividades domésticas que realizan, ellas contribuyen al sustento de sus familias mediante su incorporación al mercado de trabajo.

Considerando su situación conyugal, la tasa de participación económica más alta se da entre las madres solteras (70.9%), le siguen las divorciadas (67.6%) y las separadas (66.5%); en tanto que las que se encuentran en unión libre y casadas muestran una tasa de 41% y 39.7%respectivamente, por lo que poco más de 4 de cada 10 trabajan o buscan trabajo.

Cabe señalar que 2 de cada 7madres trabajadoras (27.5%) laboran por cuenta propia; 2.8% trabaja como empleadora; 27.5% no reciben remuneración por su trabajo y la mayoría (62.6%) son trabajadoras subordinadas y remuneradas. De estas, 17.7% trabaja más de 48 horas a la semana; 47.3% gana menos de dos salarios mínimos y un 12.3% de estas no tiene acceso a servicios de salud por su trabajo, además de laborar sin contar con un contrato escrito (44.3%).

Aunado a esto, muchas mujeres trabajadoras no cuentan con la protección de alguna institución de seguridad social. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2013, solamente el 39.6% de las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) que tiene alguna ocupación o empleo, cuentan con acceso a instituciones de salud otorgados por su trabajo. Esto provoca que 13.3% no obtengan la licencia médica cuando la necesiten por parto o por complicaciones del embarazo y aborto.

De acuerdo con datos de la ENESS 2013, otro problema al que se enfrentan las madres trabajadoras es el cuidado de sus hijos pequeños en horario laboral; ya que del total de niños menores de siete años y que su mamá trabaja: 31.1% se encuentran al cuidado de su abuela,25.3% su mamá lo lleva al trabajo, 12.9% están en una institución educativa, 17.4% se encuentra al cuidado de su papá o de otro familiar, 9.4% son asistidos por una guardería(pública o privada), 2.8% lo deja con una persona que no es familiar, o bien, lo deja solo (0.5%).

Las cifras anteriores demuestran que las madres solteras enfrentan múltiples complicaciones e injusticias en los ámbitos familiar, educativo, laboral y socioeconómico, de modo que ellas y sus familias sufren situaciones de alta vulnerabilidad.

Para atender esta problemática, el Partido Verde se ha comprometido con las madres solteras y su familia, por lo que impulsaremos varias propuestas, incluyendo más apoyos como el seguro de vida para jefas de familia, becas para capacitación, bolsa de trabajo, créditos para emprender o ampliar un negocio, más estancias infantiles, financiamiento para comprar o arreglar su casa, becas para sus hijos y una pensión digna para cuando decidan jubilarse.

Asimismo, resulta necesario prevenir el embarazo en adolescentes, ya que como se mencionó anteriormente, el 7.8% de las adolescentes mexicanas de 12 a 19 años ya son madres a pesar de todas las complicaciones que esto conlleva.

El embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema poblacional que amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de proyecto de vida, de educación, de salud, pero sobre todo de respeto a sus derechos humanos, a su libertad y a su desarrollo como personas.

Por ello, el 23 de enero de 2015 el Ejecutivo Federal presentó la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que tiene como objetivo reducir en 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años, para el año 2030 y erradicar embarazos en niñas de 14 años o menos.3

La Estrategia Nacional es una herramienta dinámica de coordinación entre distintas dependencias del Gobierno Federal y un puente de coordinación y cooperación con las Entidades Federativas y los Municipios en la materia.

Se prevé que cada entidad federativa constituya un Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), tomando como modelo de referencia el Nacional, que podrá adecuarse respetando los arreglos institucionales en cada estado.

Asimismo, en el ámbito estatal, es necesaria una revisión del marco jurídico local, programas institucionales y políticas públicas encaminadas a la prevención del embarazo en adolescentes, a fin de contar con estrategias coordinadas con las del ámbito federal.

Por estas razones, las Senadoras y Senadores del Partido Verde consideramos importante que los gobiernos de todas las entidades federativas fortalezcan sus programas y acciones vigentes para prevenir el embarazo en adolescentes, y revisen su compatibilidad con la Estrategia Nacional en esta materia.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer los programas y acciones para disminuir los embarazos en mujeres menores de 19 años de edad, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión,
el 20 de septiembre de 2016.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Sen. Jorge Aréchiga Ávila.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Pablo Escudero Morales.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Ninfa Salinas Sada.

1 United Nations Department of Social Affairs. The World's Women 2015. Trends and Statistics http://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_report.pdf

2 INEGI. Estadísticas a propósito del Día de la Madre (10 de mayo). 6 de mayo de 2016 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf

3 Gobierno de la República. 2015. Estratagia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55979/ENAPEA_0215.pdf






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un estudio sobre la campaña de vacunación de dengue a nivel nacional pendiente, que la entidad de salud pública ha anunciado practicar. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD REALICE UN ESTUDIO, CON LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS DISPONIBLES, SOBRE LA CAMPAÑA  DE VACUNACIÓN DE DENGUE A NIVEL NACIONAL PENDIENTE QUE LA ENTIDAD DE SALUD PÚBLICA HA ANUNCIADO PRACTICAR, ENUNCIANDO LOS OBSTÁCULOS, LAS BARRERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS, LOS FALTANTES QUE IMPIDAN DESARROLLAR LOS REQUERIMIENTOS QUE DESCRIBE EL “ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA SOBRE EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA VACUNA DE DENGUE CYD-TDV Y SU POTENCIAL REGISTRO E IMPLEMENTACIÓN EN EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL DE MÉXICO”, DE MAURICIO HERNÁNDEZ-ÁVILA, JOSÉ IGNACIO SANTOS-PRECIADO, DEL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Son conocidas las acciones que esta soberanía ha practicado respecto a los daños que provoca la enfermedad del dengue. El buscado de la página de esta institución arroja 64 menciones legislativas. Por ello, por las acciones de gobiernos estatales, federal, instituciones de investigación, los mismos presupuestos de los tres estratos de gobierno han logrado minar la proliferación exponencial del mosco transmisor y los efectos del padecimiento. Eminentemente nunca se puede cantar una victoria total contra las manifestaciones naturales que son cambiantes, mutables y en muchos casos con aspectos y efectos por descubrir.

2.- Apelando a ello nos encontramos en un diario de circulación nacional una información que hay que considerar y sobre la cual esta soberanía debe tener al día los procesos informativos respecto a ello, en referencia al dengue que en nuestro estado, Sonora, tiene serios impactos en la salud pública. Sucede que se difunde que “dos de los cuatro serotipos del virus de dengue (1 y 2) son los de mayor circulación en el país y contra éstos la nueva vacuna ofrece menor protección (31 por ciento). El biológico tampoco es eficaz en la prevención de la enfermedad en niños menores de 9 años y su aplicación podría ser contraproducente en individuos que nunca han tenido la infección, porque funciona principalmente como refuerzo para quienes previamente han enfermado de dengue”. Estas son algunas de las consideraciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) que deben tomarse en cuenta antes de decidir la aplicación de la vacuna en el país. En una revisión de la información disponible, el organismo reconoce la efectividad del inmunógeno para prevenir, hasta 93 por ciento, los casos graves de dengue, aquellos que llevan a los pacientes al hospital y pueden ser causa de muerte.

Mientras sigue pendiente la decisión de la Secretaría de Salud (Ssa) sobre cuándo se aplicará la vacuna, la población y localidades objetivo, el día 10 de septiembre el laboratorio farmacéutico Sanofi Pasteur hará el lanzamiento oficial del producto en Mérida, Yucatán. México fue el primer país del mundo que otorgó el registro sanitario a la vacuna en diciembre pasado. El desarrollo se logró luego de más de 20 años de investigación científica y clínica, la cual incluyó estudios de eficacia en niños de Asia y América Latina, entre ellos, México.

La empresa de capital francés ha resaltado la calidad y eficacia de su vacuna, que en promedio ofrece una protección de más de 60 por ciento contra la infección y de 80 y 93 por ciento contra hospitalizaciones y formas graves de dengue. Con miras a la decisión de las autoridades de salud sobre su aplicación en el país, un comité de expertos realizó una evaluación. Sus resultados se llevaron al Consejo Nacional de Vacunación (Conava) y este a su vez emitió una serie de recomendaciones al gobierno federal. Algunas toman en cuenta las conclusiones del INSP respecto al eventual riesgo a que se sometería a las personas que nunca han estado en contacto con los virus de dengue y advirtió que la decisión para vacunar a la población debe tener garantizada la asignación de un presupuesto específico. Para evitar o reducir al mínimo el riesgo de infección por inmunizar a individuos que no han enfermado previamente de dengue, Conava recomendó que el biológico se aplique únicamente en lugares donde más de 70 por ciento de la población tenga anticuerpos contra el padecimiento.

En tanto, el INSP, que también participa en el Conava y ha expresado las dudas que aún existen en torno a este nuevo desarrollo, publicó en la revista Salud Pública de México, una investigación en la que reconoce que la vacuna genera interés por sus posibles alcances, pero se debe ubicar en su justa dimensión

Sobre los serotipos presentes en territorio nacional, resalta que 90 por ciento de los casos son de los tipos 1 y 2, mientras que las cepas 3 y 4 se han concentrado en los pasados cuatro años en la península de Yucatán y Chiapas. Su diseminación al resto del país podría tardar entre 5 y 6 años”.

3.- Reproducimos también esta nota publicada en
http://www.dengue.info/#overlay=content/mexico-starts-dengue-vaccinations

Ahí anuncia, el 12 de septiembre 2016, “Sanofi Pasteur, que la vacuna contra el dengue Dengvaxia® ya está disponible en las clínicas privadas de salud de México para la vacunación de las personas de 9 a 45 años de edad. "El dengue es un importante riesgo para la salud pública en algunas zonas de México con ningún tratamiento específico para profesionales de la salud para administrar los resultados con esta enfermedad", dice el doctor José Ramos Castañeda, profesor de Virología e Investigador en el Centro de Salud de la Población de Investigación de la Nacional Instituto de salud Pública (INSP). "la comunidad médica mexicana da la bienvenida a la posibilidad de vacunar a la población contra el dengue con la primera herramienta de prevención para esta enfermedad clínica menudo debilitante que sigue siendo un problema de salud creciente en nuestro país."

En 2013, un año pico de dengue en México, se reportaron 231,400 casos sospechosos de dengue, lo que lleva a 34.100 hospitalizaciones por dengue reportados en un coste medio por hospitalización en México de $ 1,327 USD. 1,2 La mayoría de los casos de dengue se presentan en los 9 años de edad y mayores a nivel mundial, el 90% de los casos de dengue en México están en este grupo de edad, lo que representa un segmento de gran movilidad y social de la comunidad que contribuyen de manera significativa a tanto la carga y la propagación de la infección por dengue en los países endémicos”. Por ello reconocemos ese esfuerzo histórico mayúsculo sobre esa disponibilidad.

4.- Ponemos ahora a su consideración, un artículo médico llamado: Análisis de la evidencia sobre eficacia y seguridad de la vacuna de dengue CYD-TDV y su potencial registro e implementación en el Programa de Vacunación Universal de México, de Mauricio Hernández-Ávila, José Ignacio Santos-Preciado. Grupo multidisciplinario de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, ubicado en:

http://www.scielosp.org/pdf/spm/v58n1/v58n1a14.pdf

En la parte de Consideraciones Generales dice, con especificaciones de las características inocultables del país que: “En México, como en la mayoría de los países de ingresos medios, los tomadores de decisiones deben realizar ejercicios de priorización de presupuestos para varios problemas de salud pública. Un ejemplo es mejorarlas condiciones de abastecimiento de agua segura, lo que reduciría el almacenamiento que favorece la aparición de criaderos de mosquitos. Lo anterior, a su vez, impactaría muchos otros problemas de salud pública. Un estudio de carga de enfermedad de dengue en México describe que casi 50% del costo de la carga dela enfermedad por dengue puede ser atribuido a los recursos financieros que se invierten en los programas de vigilancia epidemiológica y en control de vectores. Este componente de costo no podrá ser reducido a corto o mediano plazo, ya que la eficacia de la vacuna CYDTDV depende de los serotipos DENV circulantes y dela infección natural previa por dengue, ambos factores muy complejos de controlar. Tampoco se conoce el umbral crítico de cobertura con vacuna CYD-TDV que se requiere alcanzar en la población ni el tiempo necesario para disminuir la carga de virus, lo que a su vez tendría un impacto en la transmisión de dengue. Asimismo, ante la introducción y rápida diseminación en México de la infección por virus de Chikungunya, además de la presencia de virus Zika en el continente americano, y dado que todos estos virus comparten el mismo vector, es necesario apuntalar la batalla para el control de mosquitos Aedes. Existen otros factores que hay que tomar en cuenta antes de decidir introducir una nueva vacuna al programa de inmunización de un país. Se deben considerar de manera integral los costos directos e indirectos, en particular la presión que se genera en el propio programa nacional de vacunación: recursos humanos e infraestructura para evitar sobrecarga y poner en riesgo los logros ya obtenidos. La vacuna CYD-TDV hasta el momento requiere de un esquema inicial de tres dosis con intervalos de seis meses en un probable grupo de edad difícil de captar y un esquema difícil de completar, lo cual requerirá invertir en un programa específico de reclutamiento y seguimiento no usual en los esquemas de vacunación en México. Se debe reconocer y planear la manera en que deben ajustarse los sistemas de vigilancia epidemiológica en las etapas postcomercialización. Se requiere un análisis crítico del sistema actual de vigilancia de dengue para realizar una mejor estimación de la incidencia, ya que reportar solamente casos confirmados subestima la incidencia real, en tanto que informar solamente casos probables sobreestima la incidencia, por lo que se requiere de un modelo de estimación que debe basarse en datos cuya calidad sea adecuada. Deberá considerarse la necesidad de ampliar los algoritmos de confirmación por laboratorio dentro de un buen sistema de vigilancia (atención primaria, notificación, confirmación, etc.) para poder diferenciar entre infecciones por DENV, Chikungunya y Zika, entre otros. Todo esto introduce costos y complejidades al programa de vacunación. Dado que uno de los beneficios relevantes de esta vacuna es la protección contra hospitalizaciones y casos de dengue grave, es indispensable contar con evidencia de los factores de riesgo identificados en México para estos eventos, como comorbilidad o calidad de la atención”.

5.- Es evidente que el texto del punto cuatro tiene en consideración varios elementos a que dar seguimiento, sobre todo en cuestión de detección de casos, seguimiento clínico, observaciones, elementos como (lo separaremos para una mejor visualización):

• Desconocimiento del umbral crítico de cobertura con vacuna CYD-TDV que se requiere alcanzar en la población ni el tiempo necesario para disminuir la carga de virus, lo que a su vez tendría un impacto en la transmisión de dengue;

• La consideración de manera integral de  los costos directos e indirectos, en particular la presión que se genera en el propio programa nacional de vacunación; el requerimiento de un esquema inicial de tres dosis con intervalos de seis meses en un probable grupo de edad difícil de captar y un esquema difícil de completar, lo cual requerirá invertir en un programa específico de reclutamiento y seguimiento no usual en los esquemas de vacunación en México;

• El reconocer y planear la manera en que deben ajustarse los sistemas de vigilancia epidemiológica en las etapas postcomercialización;

• El requerimiento de un análisis crítico del sistema actual de vigilancia de dengue para realizar una mejor estimación de la incidencia, ya que reportar solamente casos confirmados subestima la incidencia real, en tanto que informar solamente casos probables sobreestima la incidencia, por lo que se requiere de un modelo de estimación que debe basarse en datos cuya calidad sea adecuada;

• El ampliar los algoritmos de confirmación por laboratorio dentro de un buen sistema de vigilancia (atención primaria, notificación, confirmación, etc.) para poder diferenciar entre infecciones por DENV, Chikungunya y Zika, entre otros.

• Todo esto introduce costos y complejidades al programa de vacunación y contar con evidencia de los factores de riesgo identificados en México para estos eventos, como comorbilidad o calidad de la atención.

6.- Esta institución debe dar un salto de calidad en materia de la recepción de insumos informativos que se desprendan de esta campaña de vacunación del Dengue. Hay que reconocer lagunas informativas, lagunas organizativas, cobertura de monitoreo, análisis y seguimiento de la población atendida que el artículo arriba presentado menciona. Es por ello que se requiere un trabajo informativo que cubra y detecte deficiencias, aspectos ciegos, debilidad presupuestal o de recursos humanos, recursos técnicos y todo lo que propicie que este programa no arroje la información pertinente para el seguimiento del proceso total. Estamos frente a un evento médico importante que debe crear y emitir su información hacia los sectores de tomas de decisiones y de estudio clínico para acciones pertinentes posteriores.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente la Secretaría de salud realice un estudio, con las herramientas y recursos disponibles, sobre la campaña  de vacunación de dengue a nivel nacional pendiente, que la entidad de salud pública ha anunciado practicar, enunciando los obstáculos, las barreras presupuestales y técnicas, los faltantes que impidan desarrollar los requerimientos que describe el “Análisis de la Evidencia sobre Eficacia y Seguridad de la Vacuna de Dengue Cyd-Tdv y su Potencial Registro e Implementación en el Programa de Vacunación Universal de México”, de Mauricio Hernández-Ávila, José Ignacio Santos-Preciado, del Grupo Multidisciplinario de Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, entre ellos “El desconocimiento del umbral crítico de cobertura con vacuna cyd-tdv que se requiere alcanzar en la población ni el tiempo necesario para disminuir la carga de virus, lo que a su vez tendría un impacto en la transmisión de dengue;la consideración de manera integral de  los costos directos e indirectos, en particular la presión que se genera en el propio programa nacional de vacunación; el requerimiento de un esquema inicial de tres dosis con intervalos de seis meses en un probable grupo de edad difícil de captar y un esquema difícil de completar, lo cual requerirá invertir en un programa específico de reclutamiento y seguimiento no usual en los esquemas de vacunación en méxico;el reconocer y planear la manera en que deben ajustarse los sistemas de vigilancia epidemiológica en las etapas postcomercialización;el requerimiento de un análisis crítico del sistema actual de vigilancia de dengue para realizar una mejor estimación de la incidencia, ya que reportar solamente casos confirmados subestima la incidencia real, en tanto que informar solamente casos probables sobreestima la incidencia, por lo que se requiere de un modelo de estimación que debe basarse en datos cuya calidad sea adecuada;el ampliar los algoritmos de confirmación por laboratorio dentro de un buen sistema de vigilancia (atención primaria, notificación, confirmación, etc.) para poder diferenciar entre infecciones por denv, chikungunya y zika, entre otros. todo esto introduce costos y complejidades al programa de vacunación y contar con evidencia de los factores de riesgo identificados en méxico para estos eventos, como comorbilidad o calidad de la atención” todo ello para poseer la información adecuada al repecto y tomas las medidas legislativas pertinentes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 20 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a solicitar al gobierno federal la intervención de la Séptima División de la Policía Federal “Gendarmería Nacional”, a fin de reforzar las capacidades de las instituciones de seguridad pública locales para salvaguardar a la ciudadanía de las distintas zonas de dicha entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

El suscrito, HÉCTOR YUNES LANDA Senador de la República en la LXIII Legislatura, integrante de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Lamentablemente, en la entidad federativa de Veracruz en los últimos años se ha presentado un incremento en la actividad delictuosa y violenta, que conlleva un impacto directo en la sociedad veracruzana; cabe mencionar, que los crímenes que se han presentado en la región no están generalizados y se muestran en zonas determinadas. De ahí, la relevancia de la presente propuesta.

Veracruz es víctima de diversos grupos criminales que han generado un ambiente de temor en la población, ejerciendo distintos grados de control en diversas zonas, imponiendo un patrón social por conducto de actividades ilícitas caracterizadas por el uso extremo de la violencia.

Bajo este tenor, la violencia y la delincuencia son contextos que atentan a los derechos humanos y quebrantan la seguridad ciudadana. En el Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016, el Ejecutivo Federal de esta entidad federativa, publicó una serie de objetivos, estrategias y acciones, en materia de seguridad pública; sin embargo, a pesar de su implementación, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE - INEGI) señala que la preocupación de los veracruzanos por la inseguridad ha ido aumentando.

Es importante señalar, Veracruz es de las entidades federativas donde mayormente se cometen delitos de homicidio doloso y secuestro, definido éste último como la privación de la libertad a una persona con el propósito de obtener rescate, doloso y consumado.

Por otra parte y de acuerdo con la información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el centro nacional de información de incidencia delictiva señala que en el año 2015 se cometieron 565 homicidios dolosos, es decir, 1.5 crímenes de este tipo por día y en lo que respecta a las cifras con corte al 31 de julio del año en curso, van 537 delitos de esta índole, números que son de suma preocupación, toda vez que esta última cifra es el 95 por ciento de los asesinatos que se cometieron en el 2015.

Ahora bien, en las últimas semanas los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán,Cosoleacaquey Jáltipanse han convertido en sede recurrente de los grupos delictivos, en consecuencia diversos medios de comunicación han llegado a registrar hasta 5 homicidios diarios. En el caso específico de Coatzacoalcos la delincuencia organizada se ha centrado en atacar los grupos empresariales afectando de manera directa la actividad económica en la zona.

Asimismo, el 4 de septiembre fue encontrado, en la carretera antigua a Las Barrillas, el cuerpo sin vida del presidente del Colegio de Abogados de Coatzacoalcos, el cuál había sido privado de su libertad 6 días antes, cerca del palacio municipal.

Desafortunadamente el 19 del mes en curso, cerca de las 10:00 horas, un grupo armado privó de su libertad alos Sacerdotes Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz, así como a un auxiliar identificado como Miguel, ambos clérigos fueron sacados del interior de la iglesia de “Nuestra Señora de Fátima” en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

Al poco tiempo de los hechos, elementos de la Fuerza Civil y del Ejército Mexicano implementaron un operativo de búsqueda en la zona, con información suministrada por el auxiliar quien había logrado escapar de sus captores.

Momentos más tarde los dos sacerdotes fueron hallados sin vida en la carretera Poza Rica-Papantla, a la altura del lugar conocido como La Curva del Diablo. Los cuerpos fueron encontrados con impactos de balas en el rostro, por elemento de la Fuerza Civil.

Por motivos similares a los ya mencionados anteriormente presenté un punto de acuerdo bajo el mismo tenor, puntualmente el 20 de octubre del 2015, con el objeto de proteger la integridad de los veracruzanos, de tal suerte, resulta indispensable que la Gendarmería Nacional intervenga en las distintas zona que conforman la entidad federativa, ya que las fuerzas policiacas tanto estatales como locales han sido sobrepasadas por la delincuencia organizada.

Esta situación de inseguridad no puede seguir ocurriendo debe terminar, por que lesiona el patrimonio y la integridad física de las personas, además del menoscabo en el estado de derecho de todos los veracruzanos, desalentando la inversión y disminuyendo el crecimiento económico de Veracruz.

Bajo estos precedente y teniendo el pleno conocimiento de la creación de la División de Gendarmería de la Policía Federal, como un organismo policial de alto índice de confiabilidad, que posee la función de proteger las fuentes de empleo de trabajadores agrícolas, mineros, pesqueros, ganaderos, de la industria turística y de producción de bienes y servicios de las posibles amenazas de la delincuencia; considero que es pertinente su despliegue en diversas regiones de Veracruz, a fin de que se garantice la seguridad de la población y sus bienes, así como de aquellas zonas industriales, de producción agrícola, pesquera y forestal, que han sido vulneradas por la delincuencia; a la par de coadyuvar con autoridades locales en la prevención de la comisión de delitos, con el propósito de apoyar el desarrollo económico. 

En tal virtud, el presente punto de acuerdo se encuentra fundamentado en el artículo 21, de nuestra Constitución Política que establece:

 “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

De ahí que resulta necesario que el gobierno del estado de Veracruz solicite, al Ejecutivo Federal, el apoyo de la Gendarmería Nacional, para que en coordinación con las instituciones de seguridad pública, estatal y municipal, fortalezcan la seguridad de las distintas regiones del estado, protegiendo a los veracruzanos, sus bienes y fuentes de trabajo, cuando éstos sean amenazados por los criminales.

Desde el Senado de la República siempre he asumido mi compromiso y tengo la voluntad y determinación para tener un Veracruz en paz, donde las presentes y futuras generaciones posean un entorno de bienestar, con mayores oportunidades de desarrollo, siendo primordial la seguridad e integridad de la población.

Por lo anteriormente expuesto, y debido a que la seguridad es un elemento esencial de la relación entre gobierno y población, me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo dela Entidad Federativa de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicite al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la intervención de la séptima división de la Policía Federal “Gendarmería Nacional”, a fin de reforzar las capacidades de las instituciones de seguridad pública locales para salvaguardar a la ciudadanía de las distintas zonas de la Entidad Federativa.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República (PGR), para que en el marco de sus atribuciones atraiga el caso del asesinato de los 2 sacerdotes en el municipio de Poza Rica, Veracruz, a fin de que investigue y castigue a los responsables por dicho homicidio.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores,
el 20 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Héctor Yunes Landa.






De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se recomienda a diversas autoridades atender las consecuencias del nombramiento del Fiscal de Hidalgo al ciudadano Ramiro Lara Salinas, así como la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado. Se turna a la Comisión de Justicia.








De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a diseñar, conjuntamente con su contraparte de Estados Unidos de América, programas de capacitación de profesores bilingües para atender a población binacional en el Sistema Escolar Básico y Medio Superior. Se turna a la Comisión de Educación.








Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Paz”.








De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento”.

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento.

Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Franz Grillparzer

El 20 de septiembre se celebra el Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento, derecho fundamental establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en las constituciones de los sistemas democráticos, del cual también deriva la libertad de imprenta y de prensa.

El derecho a la libertad de expresión supone que todos los seres humanos tienen derecho a expresarse sin ser hostigados por lo que opinan. Representa la posibilidad de realizar investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin barreras.

También abarca la libre difusión de las ideas, de la misma forma que fue concebido durante la época de la Ilustración. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomentaba el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política.

En cuanto a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión se cimienta en el hecho de que todos los seres humanos pueden manifestar todas sus creencias y al ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Unificando los dos derechos mencionados se concluye que ningún individuo puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar esas libertades

La importancia del respeto a la Libertad de Expresión de Pensamiento radica en que la existencia de opiniones disidentes permite poner a prueba, mantener viva y con fundamentos la opinión verdadera, evitando así que se convierta en dogma o en un prejuicio injustificado.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.

Fuente:noticias.universia






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, sobre la conmemoración de los sismos de 1985.

Tres caras del sismo: un acto de memoria

Senadora Dolores Padierna Luna

19 de septiembre de 2016.

En la historia de los pueblos tiende a predominar la historia de lo político. Y ahí se impone, a su vez, la historia de las acciones de los gobiernos. Pocas veces, muy extrañas, los de abajo marcan la agenda y cambian el destino de sus sociedades. Según Antonio Gramsci, esto sucede de dos formas: una, cuando la gente se rebela contra las reglas establecidas en un lugar y un tiempo determinados, o bien cuando la gente hace cosas extraordinarias en el marco de las reglas, lo que resulta también infrecuente.

1985 después del terremoto significa las dos cosas: hubo una rebelión moral que impugnó la indolencia del Estado y surgió una sociedad civil con un movimiento urbano muy potente, que revolucionaría desde la institucionalidad vigente el rumbo de la capital de la República y del país entero. Sin las acciones de la gente tras el terremoto no pueden entenderse el advenimiento vibrante de la pluralidad ni la incipiente democratización, tanto en la Ciudad como del país. En septiembre de 1985, apenas poco después de la insípida ceremonia oficial del grito, quedó claro, como dijo una guerrera de la política, que la Patria es el otro. Por eso debería establecerse el 19 de septiembre como el día de la capital, el día de la Ciudad de México.

Al episodio doblemente monstruoso —por la sacudida surgida de la naturaleza y por la inacción, y aun el bloqueo, provenientes del gobierno—, correspondió la aparición del resplandeciente rostro del despertar ciudadano. Se trata sí, de un episodio doloroso, pero también luminoso, como son todos los partos. Ese día la sociedad de la Ciudad de México parió una capital nueva.

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La primera cara del monstruo es la predominante. Violenta, sangrienta, hecha de polvo y fuego; así luce la Ciudad de México en el relato en vivo de Jacobo Zabludovsky —el único que tiene la tecnología para transmitir un recorrido en vivo en la radio mexicana que, a diferencia de la televisión, no colapsó.

El locutor pasa de un optimismo poco disimulado, al escepticismo y de ahí al terror llano. Entrevista en tiempo real a personas que acaban de perder a los suyos, sus negocios, sus casas, sus mascotas, sus pertenencias; gente que acaba de perderlo todo unos cuantos segundos atrás.

El suelo enfurece cuando la Ciudad empieza a despertar. Todo se interrumpe de golpe. La naturaleza sega miles de vidas. Esta espiral de muerte es también, ya lo dije, un parto. La Ciudad ha comenzado a ser otra en medio de las nubes de polvo, el llanto de los huérfanos, la carne triturada por metal y concreto, las llamaradas, los escombros, la destrucción y la muerte.

El embotamiento que siguió es el propio del impacto; incredulidad, negación, pasmo. A las pocas horas el ánimo empieza a transformarse. Sin ayuda gubernamental, las personas se abocan a remover escombros, establecer redes de ubicación de los extraviados, preparar comida para los improvisados rescatistas, reubicar a los enfermos de los hospitales, etcétera. Las calles son ríos desorganizados de gente a la deriva, sin otras alternativas de transporte más allá de sus cuerpos.

No había comenzado la recuperación emocional de nadie cuando llegaron las réplicas. La más dura, que agitó nuevamente todos los miedos, la de la noche del 20 de septiembre.

Y, sin embargo, terminado el terremoto, se agitó el pueblo y organizó la solidaridad.

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La segunda cara del sismo es la del Estado ausente e indolente.

El año del terremoto el país se encontraba en pleno cambio de paradigma en la gestión de lo público —a raíz de la traumática crisis económica de 1982— y en vísperas del mundial de futbol de 1985. En pleno frenesí privatizador, la inercia gubernamental era la de alejarse de los asuntos públicos y reducir el personal en todas las secretarías de Estado. El neoliberalismo comenzaba a mostrar su rostro insensible y depredador.

Quizá por ello, por motivos de naturaleza práctica pero también otros de tipo ideológico, el gobierno no supo ni quiso actuar ante el sismo con la misma velocidad con que lo hicieron los ciudadanos. En una tardanza sólo superada por la que Peña Nieto tuvo frente a los hechos de Iguala en 2014, Miguel de la Madrid (el primer presidente radicalmente neoliberal de México) tardó días en enviar un mensaje a la gente que ya se encontraba movilizada por su propia decisión.

Esta reacción, además de tardía, fue lamentable. El gobierno, ayer como hoy, se dedicó a entorpecer la labor de la gente. No acudieron las fuerzas del Estado a rescatar a nadie, sino a resguardar los edificios de posibles saqueos; no acudieron los cuerpos del orden a mover escombros, sino a cuidar que no se incorporaran nuevos voluntarios al rescate; no se dedicaron a apoyar a las familias que oficiosamente alimentaban a los voluntarios, los quisieron retirar y obstaculizaron su labor. Las pruebas gráficas sobran.

El gobierno no atinó sino a pedir a uno de sus destacados cuadros —Manuel Camacho Solís— que intentara reducir la conflictividad, bajo el riesgo de que los damnificados inconformes entraran a los Pinos. El primer triunfo social fue que se obligó al gobierno a dar una respuesta principal, la construcción y reparto de vivienda, antes de que el sexenio llegara a su fin, pero la espiral desatada a partir de su indolencia tendría consecuencias mucho mayores.

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La ausencia de Estado y la indolencia ante la tragedia fueron la carta de presentación social del neoliberalismo, pero la catástrofe también tuvo su importante papel en la contraparte. El surgimiento de la organización a partir del sismo se canalizó pronto a demandas que trascendían la vivienda para centrarse en la calidad de los servicios públicos, la infraestructura urbana y, en general, la vinculación entre Estado y sociedad, tan abandonada por el PRI, que tuvo en los pobres urbanos una reserva de votos que siempre dio por asegurada. Fue entonces, al calor de esa crisis, que surgimos a la política muchos de los que estamos ahora disputando más derechos para la capital.

A partir de 1985 hicimos, por derecho propio, que la capital dejara de ser solamente la Ciudad Oficial, la Ciudad del presidente de la República, para convertirse en lugar de sus habitantes, quisiera o no quisiera el gobierno, estorbara o no. A la Ciudad nueva la parió su gente, con organización, entre lágrimas y escombros.

Según el historiador Ariel Rodríguez Kuri, fueron esos terremotos junto con la bancarrota fiscal del gobierno los que alejaron a los capitalinos del PRI y los acercaron a la izquierda. [*]  Y fue desde la izquierda que, a partir de los escombros entre los que se alzaba el nuevo régimen, construimos una alternativa política que tiene su mayor logro en la Asamblea Constituyente que sesiona actualmente. Esta alternativa política tiene que recordar siempre su origen para no perder el rumbo. Se trata de estar al lado de la gente, propiciar la autonomía y la igualdad.

Unos podrían decir que el sismo demostró que la gente no necesita del gobierno, pero es más cierto y más relevante que la gente se organizó, no solo para suplir las carencias de un Estado perezoso e indolente, sino para exigirle todo aquello que le correspondía: servicios, vivienda, calles dignas, medios para gestionar su autonomía, sin paternalismos, pero con justicia.

Después del sismo, fue conmovedor ver cómo los más pobres ayudaron, aun si su contribución era necesaria para ellos mismos. Los que vivían en cerros, en la periferia, expulsados de la vida dominante de una Ciudad que no los reconocía, dieron mucho de lo poco que tenían. En esa solidaridad nació la sociedad civil capitalina, fuerte y digna. Surgieron también nuevas políticas de vivienda, de construcción y de protección civil. Desde luego, arribamos a la vida pública actores nuevos, dispuestos a trabajar por la Ciudad.

Desde los sismos de 1985, nada en la Ciudad puede considerarse igual. Ni las estructuras sociales, ni las políticas ni las físicas. El terremoto sacudió todas y cada una de ellas, hasta dar lugar a algo nuevo, nacido de la solidaridad y el trabajo que se opusieron al dolor y la destrucción. Desde aquí, en el corazón del país, hicimos y seguiremos haciendo Patria. Es por ello que hacemos memoria.

Muchas gracias por hacer memoria conmigo.

¡Que viva la sociedad de la Ciudad de México!

¡Viva el pueblo de México!

¡Viva México!

[*] Ariel Rodríguez Kuri, “Sociedad y cambio cultural 1960-2000”, en Alicia Hernández Chávez (directora general), México contemporáneo 1808-2010. Tomo 3 La población y la sociedad (coordinado por Ariel Rodríguez Kuri), México: El Colegio de México-Fundación Mapfre, Fondo de Cultura Económica, 2015, p. 234






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de la Paz”.

“La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz.”
Rigoberta Menchú

Con esta frase, rendimos homenaje a una excelsa promotora de paz, Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, miembro del grupo maya quiché, defensora de los derechos humanos de los indígenas; en 1992 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

La paz es más que un estado deseado por la humanidad, es un derecho y una obligación para los pueblos y las personas; esta armonía entre los seres humanos es el elemento indispensable para consolidar la sociedad, y en suma es la razón de ser del Estado, como lo concebimos en la modernidad.

Conseguir un mundo en paz ha sido el máximo ideal desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, fundada para hacer realidad esta visión sin guerras en el mundo, por eso la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió proclamar cada 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz; coincidiendo la fecha con la apertura de sesiones de la misma, este año se eligió el lema «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: elementos constitutivos de la paz».

Esta campaña se deriva de la aprobación de los17 Objetivos de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, donde líderes mundiales solicitaron a todos los países tomar acciones para eliminar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las personas.

La paz emerge como bandera de valores intrínsecos como la tolerancia, seguridad y convivencia pacífica entre las naciones y las sociedades de cada uno de ellos.

Estos principios se encuentran estipulados en la Carta constitutiva de las Naciones Unidas, que desde su fundación ha buscado resolver conflictos internacionales y evitar una nuevas guerras, como el vocero de impulsar la paz internacional.

Generar una cultura de paz no se limita a vivir en un mundo sin guerras, la paz es un estado que no sólo implica la ausencia de batallas, la paz implica sociedades justas, donde no haya violencia, desde el seno maternal de la familia.

La violencia desde nuestros hogares inicia un círculo vicioso que permea en todas las relaciones sociales, generando más violencia; por eso la cultura de la paz es una cuestión de hábitos, del día a día, construir relaciones sanas sin violencia, desde nuestra relación primigenia en la familia, en el barrio, en el trabajo, en la escuela y por ende en la sociedad.

Las mujeres juegan un papel muy importante en la construcción de la cultura de la paz, son ellas quienes desde el interior de las familias tienen gran parte de la oportunidad, más no las únicas, para iniciar la pedagogía de la paz, desde el interior la resolución de conflictos puede ser la clave para iniciar la construcción de la paz, porque gran parte de la violencia que se vive en la infancia es resultado de la mala forma de convivencia entre padres e hijos y muchas veces es la causante de la violencia que se vive en la edad adulta.

La respuesta está al interior de nuestros hogares, recuperando la temática de la paz desde dentro, erradicando todo tipo de violencia y generando nuevos esquemas para resolver nuestros conflictos, la paz es un tema que nos implica a todos y sólo puede lograrse con la participación de cada uno de nosotros.

El Senado de la República, atento a las políticas internacionales en materia de paz, instaló el 8 de septiembre del año en curso, un Grupo de trabajo sobre la implementación de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU con el fin de dar seguimiento Legislativo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dicho grupo de trabajo está integrado por los presidentes de 17 Comisiones Ordinarias y Especiales, tales como Relaciones Exteriores, Educación, Derechos Humanos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Igualdad de Género, Fomento Económico, entre otras.

Considerando que en nuestro entorno existen problemas que ponen en riesgo la paz, tales como la pobreza, rezago en la educación, desigualdades sociales, conflictos armados, corrupción, degradación ambiental, por mencionar algunos, los Senadores del Partido Verde, nos sumamos a promover los valores que acompañan al desarrollo y la paz, rechazando todo tipo de violencia que altere el bienestar de cualquier persona.

Es necesario que sigamos encaminado el trabajo legislativo al combate de la pobreza, el racismo, la discriminación, la exclusión y de otros factores que impiden la construcción de un verdadero proceso de paz en México.

No podemos seguir hablando de violencia, tenemos que erradicarla, pero para lograrlo es momento de empezar a hablar de paz, de construir una verdadera cultura de la paz.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 20 de septiembre de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.
Partido Verde Ecologista de México.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Paz”.

“No hay camino para la paz, la paz es el camino.”
Mahatma Gandhi

Sin duda alguna, dentro de las calamidades más lastimosas que aquejan a nuestro mundo, lo es la violencia. Un mal increíble, si pensamos que se trata de uno infundido por la humanidad en contra de la humanidad misma.

De ahí que muchos autores debaten si la inmundicia que es la violencia en el ser humano, pueda ser un problema biológico o de naturaleza, o bien, que se relaciona con aspectos culturales y del medio ambiente en el que se relaciona el ser humano.

Lo cierto es que la violencia ocasiona grandes batallas, que arrastran a pueblos y naciones enteras unas contra las otras.

Por ese motivo, la Asamblea Nacional de Naciones Unidas aprobó por resolución 36/67, un “Día Internacional por la Paz”, en ese entonces propuesto el tercer martes de cada septiembre. Este día se conmemoró por primera vez en 1982.

Adicionalmente, en el año 2001, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 55/282, que estableció el 21 de septiembre de cada año, como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial.

Desde entonces, cada 21 de septiembre se celebra “el Día Internacional por la Paz”. Un día que dedica a reforzar los ideales de paz en todas las naciones y pueblos del mundo.

Es un día en el que se convoca a todas las naciones y pueblos a que cumplan una cesación de hostilidades y que en su lugar celebren con sensibilización a la población sobre todos los temas relacionados con la paz mundial.

El lema de Naciones Unidas para la celebración de este año es “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: elementos constitutivos de la paz”, considerando que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pide a todos los países miembros trabajar de manera más intensa en sus objetivos en los próximos 15 años a fin de eliminar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las personas.

Por experiencia global, una aspiración difícil de lograr, sin embargo, no por ello debemos de claudicar en intentarlo y pregonar a los cuatro vientos que, mientras no exista un horizonte mínimo de paz en el mundo, ninguna nación estará completamente tranquila y dedicada al cien por ciento a los temas que a diferencia de la violencia, generan desarrollo y bienestar para las familias del mundo.

Por ello, estimados compañeros, que este día sea una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la paz  en todos los niveles. Un reconocimiento a todas aquellas personas que día con día, desde su particular posición pugnan por ella: LA PAZ. 

Muchas gracias.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional del Deporte Universitario”.

EFEMÉRIDE A CARGO DEL SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

Hoy martes 20 de Septiembre de 2016, se conmemora por primera ocasión el Día Internacional del Deporte Universitario (IDUS, por sus siglas en inglés), proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y celebrado por la Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU).

El Día Internacional del Deporte Universitario se celebrará a partir de esta fecha, todos los años cada 20 de septiembre. Fecha que se relaciona con el inicio del curso lectivo universitario en la mayoría de los países y también corresponde a las fechas en que se celebraron, en 1924, los primeros campeonatos internacionales universitarios (en Varsovia, Polonia, del 17 al 21 de septiembre).

Como lo señala la UNESCO, el objetivo de dicha proclamación “es garantizar y preservar, para los estudiantes y los ciudadanos, las actividades y programas deportivos en las instituciones de enseñanza superior, a fin de fomentar la ética, los sistemas de valores, la lucha contra el dopaje, el juego limpio, la educación física, un estilo de vida sano, la calidad de vida, una educación física de calidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la inclusión social, y garantizar así una educación física de gran calidad”.
Se trata de situar el deporte en el centro del diálogo entre los docentes y los estudiantes. Asimismo, debe contribuir a la difusión de dichos valores entre los jóvenes y adultos y, a través de ellos, permear en toda la sociedad.

La Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO se refirió en su mensaje con motivo de esta celebración:

“El deporte universitario ocupa un lugar singular en el mundo del deporte, como vector de valores humanos, sociales y cívicos, plenamente integrado en el itinerario de formación de los ciudadanos de hoy y de mañana. El deporte universitario ocupa un lugar singular en el mundo del deporte, como vector de valores humanos, sociales y cívicos, plenamente integrado en el itinerario de formación de los ciudadanos de hoy y de mañana”.

La celebración de este día internacional sirve también para reafirmar el compromiso de la UNESCO en favor del desarrollo personal y colectivo a través del deporte y de la educación, como se enuncia en la Carta internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte y en la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte.

En este sentido, la UNESCO se complace en “apoyar la labor de la Federación Internacional del Deporte Universitario y colaborar para construir un entorno deportivo y social de justicia y de paz.”

El Día Internacional del Deporte Universitario ocupa hoy una distinción internacional específica, ya que destaca el papel de las universidades como espacio público de consolidación y desarrollo de una educación física y deportiva de calidad al servicio de las personas. Su objetivo es, entre otras cosas, confirmar el lugar que ocupa el deporte en las universidades y el papel de la universidad en la sociedad.

Las actividades e iniciativas de este día pueden ser complementarias con las del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el cual se conmemora el 6 de abril de cada año, y  debe colaborar en la promoción de la Carta internacional revisada de la educación física y el deporte adoptada por la UNESCO en 2015.

Esta conmemoración debe dar los resultados que de ella se esperan dada la relevancia y valor del deporte Universitario, poniendo al servicio de la sociedad no solo sus instalaciones, sino su experiencia, desarrollo tecnológico, capacidad de convocatoria, valores, redes universitarias, calidad y calidez de servicios, inclusión social e igualdad de género.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el trigésimo primer aniversario del terremoto de 1985 y el “Día Nacional de Protección Civil”.

HONORABLE ASAMBLEA:

Diez mil muertos, cuarenta mil lesionados, cinco mil desaparecidos y setenta mil edificios dañados. No hablamos de ningún conflicto bélico, se trata del saldo del conocido por los mexicanos como el “terremoto del 85”.

Nuestro país ha pasado por innumerables sucesos lamentables, pero hay uno en particular que ha quedado de sobremanera marcado en los anales de la historia y en la memoria de todos los mexicanos.

Nuestro país pasó por la peor catástrofe de su historia: un temblor de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió durante más de dos minutos el corazón de la nación.

Fue el 19 de septiembre de 1985, a las 7:17 horas, cuando se produjo el sismo más mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de la ciudad de México.

Sin duda, uno de los más trágicos despertares que dejó en cuestión de minutos miles de muertos y heridos, desaparecidos, damnificados, personas atrapadas entre los escombros, edificios públicos, privados y casas habitacionales destruidas; inmuebles en peligro de caer; interrupción en el servicio de agua, energía y teléfonos; fugas de agua y gas; múltiples rupturas en el asfalto y la paralización de la ciudad.

Inmediatamente las personas de la sociedad civil se empezaron a organizar, ante la obvia y evidente insuficiencia gubernamental para prestar el auxilio como se hubiese deseado.

Miles de personas provenientes de todas las clases sociales se organizaron, sumaron voluntades y esfuerzos para salvar a los sobrevivientes atrapados en los escombros, se habilitaron cientos de albergues; se repartieron alimentos y ropa a las 150 mil personas que de golpe quedaron en la calle por el terremoto.

Se trató de la Improvisación de brigadistas que arriesgaron su vida por gente desconocida, como una de las mayores muestras de solidaridad que se ha demostrado entre la población. Héroes que merecieron el reconocimiento de la comunidad internacional ante esa emergencia.

Sin duda, una tragedia nacional que hasta la fecha evoca dolor y luto, pero que también cambió por completo el pensamiento de los mexicanos con referencia a la prevención de desastres.

Por ello, que se considere que el terremoto del 85 dejó como legado varios aspectos positivos, como la creación del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el desarrollo de la alarma sísmica, la realización de simulacros de emergencia para preparación de la ciudadanía, normas de construcción más estrictas, organizaciones de rescate, mayor conciencia sobre los sismos latentes en México y la creación de los Sistemas de Protección Civil.

De ahí que por decreto presidencial de 2001, se declaró el 19 de septiembre de cada año como Día Nacional de Protección Civil, fecha en la que en 1985 nuestro país vivió uno de sus más grandes desastres.

Razones por las que, estimados compañeros legisladores, en el marco del cumplimiento de los 31 años del terremoto de 1985, una fecha propicia para reflexionar sobre la importancia de la cultura de la prevención, el fortalecimiento a la protección de nuestra población y la solidaridad entre los mexicanos.

Un homenaje a los héroes que en aquel momento arriesgaron su vida por la de los demás, a la memoria de quienes la perdieron y mi solidaridad para los familiares que les sobreviven.

Dado en la Ciudad de México, el 20 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el trigésimo primer aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del trigésimo primer aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.

El terremoto del 19 de septiembre de 1985, acontecido en la Ciudad de México representa uno de los momentos más complejos que ha vivido nuestro país en la historia contemporánea.

Desde entonces hemos alcanzado avances sustanciales. Actualmente, hay más de 20 mil Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente registradas y con acreditación en nuestro país, siendo la Ciudad de México y el Estado de México, las entidades que concentran el mayor porcentaje de ellas.

Entre otras acciones, en el Día Nacional de Protección Civil todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, llevan a cabo simulacros de evacuación con el objetivo de fomentar la autoprotección, lo que a su vez permite reducir los riesgos derivados de desastres naturales o de carácter antropogénico.

Aunado a lo anterior, el Sistema Nacional de Protección Civil contempla las directrices de prevención y de reacción, entre las que destacan la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción.

A treinta y un años de aquella fatídica y devastadora mañana, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, rendimos un merecido homenaje a los rescatistas y víctimas del movimiento telúrico. Asimismo, hacemos el llamado a seguir sumando esfuerzos en la construcción de una cultura de la protección civil en México.

El 19 de septiembre de 1985 es recordado por marcados contrastes, por un lado, la angustia de las personas que perdieron parte o la totalidad de su patrimonio, sufrieron lesiones o la pérdida de seres queridos o fallecieron al quedar atrapados, y por el otro lado, la unidad, solidaridad y empatía de la sociedad que salió a las calles en auxilio de quienes se encontraban en desgracia.

Para ponderar la magnitud de la tragedia, basta mencionar que aquella mañana, el entonces Distrito Federal, despertó con un terremoto de 8.1 grados en escala de Richter con una duración de casi cuatro minutos, seguido de una réplica de 7.3 grados al siguiente día. El movimiento sísmico provocó que cayeran casi 500 edificios (la mayoría entre 7 y 12 pisos de altura y construidos de manera similar).

Además, con base a información oficial, se registraron alrededor de 33 mil 224 personas damnificadas; poco más de 10 mil personas fallecieron; y más 30 mil estructuras resultaron destruidas y alrededor de 68 mil sufrieron daños parciales, siendo Tlatelolco, Centro, Doctores, Roma y Obrera las colonias más afectadas.

A pesar del impacto que tuvo la tragedia, vale la pena resaltar escenas conmovedoras como el rescate de recién nacidos (algunos atrapados por días). Se calcula que en total, fueron aproximadamente 4 mil las personas rescatadas de entre los escombros, algunos diez días después del sismo.

Al mirar en retrospectiva, es incuestionable que hemos avanzado de manera considerable en materia de prevención, a diferencia de hace tres décadas hoy contamos con programas y protocolos más sólidos, eficaces y eficientes (tanto de prevención como de reacción ante siniestros de esta naturaleza), pero también es indiscutible que prevalecen áreas de oportunidad.

En el marco del trigésimo primer aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México y del Día Nacional de la Protección Civil, hacemos el llamado a continuar trabajando en el fortalecimiento y consolidación de una cultura de la protección civil.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que si bien es cierto que los fenómenos de la naturaleza no se pueden evitar, también lo es que con las medidas oportunas, sí es posible atenuar sus estragos. En consecuencia, la fecha resulta propicia para instar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que, de manera responsable y coordinada, redoblen esfuerzos en la materia.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano”.

“El luchador es un psicólogo natural que mueve a las masas”
Alfonso Morales–Comentarista deportivo de Box y Lucha Libre.

La Lucha Libre Profesional Mexicana es uno de los deportes más emblemáticos de México. Referida así, como “Lucha Libre Mexicana”, en virtud de tratarse de una versión muy peculiar, aderezada y particularizada por el toque que en nuestro país se la ha logrado dar a la lucha libre profesional.

El singular llaveo, acrobacias, reglas y el folklor mexicano que se la adicionado a las técnicas generales de lucha libre, la han llevado a tener un espacio distintivo a la lucha de otros países, con una caracterización y la creación de personajes hasta por así decirlo, mitológicos de la cultura popular nacional, héroes que llegaron incluso, hasta  formar parte de las películas más representativas del cine nacional.

Por ello, que la gran mayoría de especialistas también señalan que la lucha libre mexicana es un arte, un espectáculo y una verdadera fiesta en la que se conjugan elementos míticos, simbólicos y hasta lingüísticos que representan ese folklore mexicano, pues en sus cuadriláteros conviven personajes que encarnan a demonios y deidades, a la muerte, a protagonistas místicos, a alebrijes, a fuerzas naturales, animales majestuosos y hasta excentricidades.

Una verdadera representación de las fuerzas de poder entre el bien y el mal, cuando los luchadores técnicos encarnan al héroe que representa lo bueno y lo correcto y por otro lado, los rudos que representan la traición, la cobardía y los valores antisociales.

Visto así, la lucha libre mexicana es también, como algunos señalan, la más “honesta de las simulaciones”, en un espectáculo donde coinciden el teatro, la comedia, la actuación, las llaves y los vuelos.

Pero lo que viene a darle el mejor de los sabores a esta tradicional “práctica luchística”, es definitivamente el ambiente de las porras. Gritos, ruidos, abucheos, chiflidos, recriminaciones, aspavientos, muecas, ademanes, mímicas y  hasta los más floridos lenguajes hacen de las porras de la lucha libre, unas de las más singulares.

Algunos historiadores señalan que fue en el siglo XIX cuando comenzó a gestarse la lucha libre mexicana, aunque como actividad profesional fue en la época postrevolucionaria, entre las décadas de los 1930 y 50’s. Ahí tomo su personalidad propia, su idiosincrasia, tradición y la consolidación de los primeros ídolos del pancracio, mientras que entre los años 50´s y 60´s, le es reconocida la gran época de oro de la lucha libre profesional mexicana.

Y así podemos seguir destacando situaciones de uno de los mejores espectáculos de México, incluso, como motor económico y de desarrollo, considerando los múltiples empleos que directa e indirectamente genera.

Razones que dejan ver la importancia nacional que tiene esta actividad, por lo que este Senado de la República ha tenido a bien el aprobar una minuta con proyecto de decreto que declara formalmente el 21 de Septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano”, en mérito a la fundación en ese día, pero del año 1933, de la primera empresa mexicana dedicada a esta modalidad de deporte y entretenimiento, la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y a la apertura de la legendaria “Arena México”, conocida en aquel entonces como “Arena Modelo”.

Por ello, si bien es cierto que está pendiente que este proyecto de decreto sea avalado por nuestra colegisladora, también lo es que este día, de facto es día de júbilo y celebración en el medio de la lucha libre en México, por lo que es una oportunidad propicia para reflexionar sobre su importancia y reconocer a quienes han dado vida a este singular deporte y espectáculo en nuestro país.

Una sincera felicitación a los luchadores profesionales en su día, como también a todas aquellas mujeres y hombres que han dado, dan y seguirán dando vida a la Lucha Libre Mexicana.

Muchas gracias.

Dado en la Ciudad de México, el 20 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 22 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:25 horas)

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