Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 22 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 3



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Septiembre de 2016

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:46 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 79 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del jueves 8 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y tres minutos del día martes seis de septiembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Junta Previa del 31 de agosto de 2016.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, su Informe Anual de Actividades 2015-2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su informe de actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona y Luisa María Calderón Hinojosa, el Informe de su participación en los trabajos del Primer Encuentro de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de Mesoamérica: Rumbo al Séptimo Foro Regional del FPH, celebrado en San José de Costa Rica, el 24 y 25 de agosto de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Fernando E. Mayans Canabal, el informe de la reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en San Salvador, El Salvador, el 19 y 20 de agosto de 2016.- Quedó de enterado.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa al Senador Luis Miguel Barbosa Huerta como Presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, para regular la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Presidente del Bundesrat de Alemania.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, el calendario de sesiones para el Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, acuerdo por el que se integra la Junta de Coordinación Política para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite 128 ejemplares del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre el estado general que guarda la administración pública del país.- La Presidencia informó que los ejemplares de este documento se recibieron el jueves 1 de septiembre y se distribuyeron entre las Senadoras y los Senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite los informes de labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal.- La Presidencia comunicó que dichos Informes se distribuyeron entre las Senadoras y los Senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que se tiene contemplada la participación de personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en la competencia “CAMBRIAN PATROLS”, que se llevará a cabo del 14 al 23 de octubre de 2016, en Wales, Reino Unido.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, a fin de participar en el Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVII”, que se llevará a cabo del 18 al 28 de septiembre de 2016, en Panamá.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el Informe Anual 2015 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.- Se remitió a las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2016; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de Acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente con el mes de julio de 2015; e informa sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2016.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Informe Final de la Evaluación de Diseño de los Programas presupuestarios E003 “Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral”, E004 “Capacitación para Incrementar la Productividad”, S043 “Programa de Apoyo al Empleo” y P001“Instrumentación de la política laboral”, así como el formato electrónico del Anexo 3: Aspectos Relevantes de la Evaluación para las gestiones conducentes.- Se remitió a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social.

 

Se recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicación con la que remite ternas de candidatos para la designación de siete Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que remite pronunciamientos en materia de: Sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana; Clasificación Penitenciaria; la situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros de la República Mexicana; Supervisión Penitenciaria; Derecho a la protección de la salud de las personas internas en centros penitenciarios de la República Mexicana; Racionalización de la pena de prisión; Perfil del personal penitenciario en la República Mexicana y; Antecedentes penales.- Se remitieron a las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública.

 

Se recibió de la Comisión Permanente, el inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores.- La relación de asuntos y los turnos se publicaron en la Gaceta del Senado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adicionan un artículo 213 Bis y un segundo párrafo al artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se declara 2017 como el “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vigilancia del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39, numeral 2, segundo párrafo, fracción X de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6º de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados,  proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios con los que devuelve los expedientes de diversos proyectos, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional:

1. Para reformar el artículo 7º de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.

2. Para reformar el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.

3. Para reformar, adicionar y derogar diversos artículos a la Ley de Comercio Exterior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

4. Para adicionar un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos,   Segunda.

5. Para reformar los artículos 6°, 65, 67, 69, 75 y 76; y adicionar los artículos 69, 75 y 76 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

6. Para reformar las fracciones VI y VII del artículo 10 y adicionar la fracción VIII al mismo artículo de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.

7. Para reformar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

8. Para reformar la fracción II y adicionar la fracción VII al artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para realizar un debate pactado en relación con la visita del señor Donald Trump a México.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.- Se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Aprobación de Tratados Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el Reglamento del Senado de la República y la Ley Orgánica de la Administración Pública, para defender a la comunidad mexicana en el exterior de posibles acciones de Donald Trump.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz, a nombre propio y de los Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila y Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la reforma constitucional educativa a los artículos 3, y 73, fracción XXV de la Carta Magna, publicada el 26 de febrero de 2013, y las reformas y leyes secundarias en la materia, publicadas el 12 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Miguel Barbosa Huerta, y de diversas Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de matrimonio igualitario.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, dio paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios, de conformidad con el acuerdo aprobado para referirse a la reunión del titular del Poder Ejecutivo con el señor Donald Trump.- En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; Gabriela Cuevas Barron del PAN; y Marcela Guerra Castillo del PRI. Por alusiones personales, intervino el Senador Armando Ríos Piter del PRD. En una segunda ronda, intervinieron los Senadores: Manuel Cárdenas Fonseca; Martha Angélica Tagle Martínez; Manuel Bartlett Díaz del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Zoé Robledo Aburto del PRD; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Graciela Ortiz González del PRI. Para rectificación de hechos, hicieron uso de la palabra los Senadores: Víctor Hermosillo y Celada del PAN; Luis Humberto Fernández Fuentes del PRD; Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; y Angélica de la Peña Gómez del PRD. Por alusiones personales, intervinieron los Senadores: Mario Delgado Carrillo del PRD, e Isidro Pedraza Chávez del PRD.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República evalúa, se pronuncia y asume una posición respecto a la visita Donald Trump a nuestro país.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a rendir un informe que detalle la ubicación precisa de los lugares en los que se han realizados pozos de extracción de hidrocarburos en los que la técnica para dicha extracción sea la de fractura hidráulica.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el fallecimiento del cantautor Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, que representa una sensible pérdida para México y la escena musical mundial.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 47 aniversario de la inauguración de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Higiene.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la beneficencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la beneficencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la Batalla de Juchitán.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con dieciocho minutos y citó a la siguiente el jueves ocho de septiembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su visita de trabajo al Reino Unido para tratar asuntos relacionados con la salud.








Dos, de la Comisión de Desarrollo Regional, con las que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y su programa de trabajo para el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Una, del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.






Compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para incorporar una Secretaria a la Mesa Directiva.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, está a discusión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo. En consecuencia, se designa a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, como Secretaria de la Mesa Directiva.

Solicito a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza sirva pasar al frente de este presídium para que rinda su protesta de ley.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Sean tan amables de ponerse todos de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ciudadana Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señora Secretaria!

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron oficios de la Secretaría de Desarrollo Social, con los que remite:

Fe de erratas en la cifra del costo de la evaluación en materia de diseño del Programa de Fomento a la Economía Social 2016.

Y el informe final de la evaluación del diseño correspondiente P002 “Programa de Promoción y Evaluación de Política de Desarrollo Social y Comunitario, la Participación y la Cohesión Social” 2015-2016; y el Anexo 3 “Formato de Aspectos Relevantes de la Evaluación”.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a la Comisión de Desarrollo Social.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con su informe trimestral de actividades correspondiente al segundo trimestre de 2016.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un Acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a sumarse a la conmemoración del “Día Mundial sin Automóvil”.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicho Acuerdo a la Secretaría General de Servicios Administrativos.






La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un oficio por el que se informa de los cambios de legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada.






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

Con base en nuestra normatividad comparezco ante este Pleno del Senado de la República, para poner a su consideración una iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de incrementar el consumo de pescado en la población infantil mexicana, bajo los siguientes considerandos:

A nivel mundial, los problemas alimentarios han surgido como el resultado de una      serie de transformaciones en los hábitos de consumo, la falta de actividad física y cuidados de la salud, que en conjunto revelan una transición en las prácticas de   nutrición.

Estos problemas alimentarios que van desde lo que son los contrastes entre la obesidad y el sobrepeso; y la desnutrición y las graves secuelas.

El poder alimentarse es, sin lugar a dudas, una necesidad elemental de los seres vivos, y también un derecho fundamental de las personas. Sin embargo en los últimos años ha quedado en claro que los métodos tradicionales de producción y distribución de alimentos traen aparejados diversos problemas sistémicos, lo cual ha propiciado que existan regiones con un alto índice de desnutrición infantil y otras, donde la obesidad y el sobrepeso prevalecen.

A nivel legislativo se han realizado modificaciones relacionadas con la alimentación, específicamente en los artículos 4o., y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se da el rango Constitucional al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, responsabilizando al Estado de su protección y de garantizar    el abasto suficiente, oportuno y equilibrado de los alimentos considerados como   básicos.

Por lo tanto, hablar del Derecho Humano de la Alimentación Adecuada es hablar de un derecho fundamental, pues, en la medida en que una persona no es capaz de consumir los alimentos y el agua suficientes, adecuados y de calidad para el correcto funcionamiento de su ser físico y psíquico, es imposible que esté en la capacidad real de ejercer y hacer valer sus demás derechos fundamentales.

A pesar de estas regulaciones, en México casi 28 millones de personas carecían de acceso de alimentación adecuada en el 2012, lo que representa un agravamiento de la situación si lo comparamos con los 23.8 millones de personas que padecían por esta carencia en 2008, lo cual indica un gran retroceso en el avance de las políticas públicas establecidas, que aún en este año no han podido ser debidamente superados.

Desarrollar un enfoque de alimentación adecuada debe ser urgente para el Estado mexicano, pues con ello se logrará prevenir la aparición de enfermedades crónicas degenerativas, tales como la diabetes, la hipertensión, nefropatía y el cáncer en los próximos años, que también son secuelas de una mala alimentación.

México ha tenido una participación activa en diversos tratados internacionales para lograr aminorar las consecuencias de los malos hábitos alimentarios, ya sea a través de instrumentos jurídicos internacionales que regulan el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, pero estos esfuerzos no han sido suficientes, pues el número de casos sigue a la alza.

Quiero compartir con ustedes un muy claro trabajo que se ha hecho con niñas y niños de escuelas públicas en ciertas poblaciones del estado de Jalisco. Son escuelas con programas de tiempo completo, y por lo tanto, la alimentación escolar ahí se les proporciona, donde se les hizo un estudio de colesterol y triglicéridos y ¡oh sorpresa! la mayor parte de los niños manifestaban cifras de colesterol y triglicéridos propias de un adulto, es decir, ya desde la niñez, precisamente por malos hábitos alimenticios, estamos ya teniendo problemas de dislipidemias, que son precursores de todas estas enfermedades, pero ahí se encontró la solución y fíjense bien, fue bien práctica, fue agregar a la alimentación escolar dos veces por semana pescado, y al cabo de un tiempo los exámenes en triglicéridos y colesterol volvieron a la normalidad de lo que debe tener ya la población infantil.

Pero además de esto, otra situación importante, estos niños tenían problemas en lo que era el rendimiento escolar, sus calificaciones iban a la baja. A raíz de que se les proporcionó pescado dos veces a la semana, el rendimiento escolar y las calificaciones fueron mejores, mejor prueba que esta no la podemos encontrar.

La población mexicana nunca ha consumido tanto pescado ni dependido tanto del sector de la pesca y la acuacultura para su nutrición, por tal motivo, es momento de incrementar la demanda y el consumo de pescado y mariscos, y disminuir la cantidad de personas aquejadas por el hambre y la malnutrición.

Cada vez son más evidentes los beneficios de consumir pescados y mariscos, entre los cuales se encuentra: la vía del consumo, en la que el consumo directo de pescado incrementa la ingesta de micronutrientes y aceites omega 3; y la vía de los ingresos en efectivo, en lo que respecta a la comercialización de pescado contribuye al aumento de la distribución del producto, a las economías de escala y al mayor consumo general de alimentos, es decir, los pescadores, sobre todo los de baja escala, con esta iniciativa se verían también beneficiados.

En México la Orientación Alimentaria se encuentra contemplada dentro de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, la cual contiene las leyes, normas, lineamientos e instrumentos de planeación que dan fundamento legal a la asistencia social y a la salud de la población, instrumento que debe ser revisado a fin de que se incluyan a los pescados y mariscos como productos indispensables dentro de la dieta y como promotores de la salud de la población, pero no siempre son aplicables estos conceptos, motivo por el cual es necesario empezar a implementar medidas, desde el punto de vista legal, que permitan una mejor alimentación y más variada a los niños mexicanos.

Para lo cual, es necesario incrementar políticas públicas que promuevan el consumo de pescados y mariscos, a fin de ampliar las opciones alimentarias de la sociedad, desarrollar la economía de los pescadores mexicanos y crear alianzas para que es los productos sean posicionados en la dieta de los mexicanos y, en especial, de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por medio de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación; la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de incrementar el consumo de pescado en la población mexicana.

Artículo Primero. Se reforman la fracción IX del artículo 7 y la fracción XVII del artículo 33, ambos de la Ley General de Educación, para agregar:

Fracción “IX.- … Con el objeto de disminuir la prevalencia de enfermedades crónicodegenerativas entre las niñas, niños y adolescentes y desarrollar hábitos de consumo alimenticios responsable”.

Luego en la fracción XVII. Se agrega: “… Así como también se informará a los alumnos sobre la importancia nutrimental que tiene cada uno de los alimentos que consumen con el objetivo de revalorizar las actividades productivas del sector primario y promover su crecimiento económico”.

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 103 y la fracción III del artículo 109, ambos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para agregar:

Fracción I. “…Incluidas a las políticas de adquisición de productos, las normas para la elaboración de los alimentos, entre otros”.

Se reforma la fracción I del artículo 2; y la fracción XXXIII del artículo 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para agregar: fracción I: “… De alimentación”.

Artículo 8o.- Se agrega: “…Adquisición”.

Y en el artículo Cuarto. Se reforma la fracción V del artículo 23 y se adiciona la fracción IV del artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Sector Público, para agregar:

En el artículo 23, fracción V. “…A través de programas preferenciales de abastecimiento local”.

En el artículo 36 Bis. “…A quien compruebe el mayor desarrollo económico, ambiental y social de una región con licitación”.

Solicitando a la Mesa Directiva que en el Diario de los Debates se publique el texto íntegro de mi iniciativa, es como la someto a su consideración, y les doy las gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador López Brito, y así se hará. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Calderón Hinojosa, por favor.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pedirle al Senador ponente que me permita suscribir la iniciativa.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Adelante.

Senadora María Elena Barrera, Senador Santana García, ¿para el mismo propósito?

El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien, y a los que deseen, pueden firmarlo también, si así lo desea el Senador López Brito.






Tiene el uso de la palabra el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 25 y 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 25 Y UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Llego a esta tribuna para hacer un planteamiento que es eminentemente del Senado. Es un tema que implica un problema que tenemos entre entidades de la federación, y por eso solicito de manera especial, la atención de Senadoras y Senadores de los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y, obviamente, de Chihuahua.

Tenemos un serio conflicto entre nuestras entidades, porque desde 1944 se firmó entre México y Estados Unidos un Tratado Internacional de Límites y Aguas. En virtud de este tratado, México se obliga a entregar de los afluentes mexicanos del Río Bravo, 432 millones de metros cúbicos de agua anuales contabilizados en promedio en ciclos de 5 años; a cambio, México recibe de Estados Unidos, procedentes de la cuenca de río Colorado, que desemboca en Baja California, la cantidad de 1,850 millones de metros cúbicos, también anuales en ciclos de 5 años.

Esto tiene un sentido de manejo del agua de las cuencas binacionales, sin embargo, tiene algunas acotaciones que tengo que señalar, porque es una injusticia el que se haga el manejo del agua sin la consideración a los habitantes de los estados de donde procede, bajo el argumento de que el agua es un recurso nacional.

Lo aceptamos y lo reconocemos, el agua es un recurso nacional, es de la nación, pero no es del gobierno federal y tampoco es para favorecer a uno o a dos estados en detrimento de uno.

Es el caso del estado de Chihuahua, que aporta desde el río El Conchos, el 49 por ciento del agua que anualmente se ha entregado durante 72 años a los Estados Unidos; el río Salado, entrega el 25 por ciento, aproximadamente; y los estados de Nuevo León y Tamaulipas otro 25 por ciento, considerando los afluentes como los establece el tratado internacional, el arroyo de Las Vacas, el río San Diego, el río Escondido y el río Salado, además de El Conchos ya mencionado. Esto para que se entregue agua a Baja California y a Sonora desde el río Colorado.

Está bien, la República tiene de esta manera un acuerdo y un equilibrio de las cuencas binacionales, para tener seguridad en el uso del agua, en los estados implicados en estas cuencas, pero no es justo, no es equitativo porque a Chihuahua desde 1944 se le ha obligado a entregar recurso hidráulico en la mayor cantidad de lo que tiene el tratado, sin que haya tenido a cambio absolutamente ninguna compensación.

El tratado establece que se construirán presas, a partir de lo que establece el tratado, sobre el río Bravo, y por esta razón se hicieron las presas Falcón y de La Amistad, antes Estados Unidos, en Nuevo México, hizo las presas de El Caballo y El Elefante, sobre el río Bravo.

¿A qué viene esta iniciativa? Esta iniciativa viene a buscar una compensación de la injusticia implícita en lo que es el acuerdo federal inválido, porque en el pacto federal no se le reconoce absolutamente nada al estado de Chihuahua, como tampoco a Coahuila, a Nuevo León ni a Tamaulipas por las entregas de agua que hacen, que implican un sacrificio de sus recursos naturales, que no pueden ser utilizados por sus habitantes.

En el caso de Chihuahua, un estado árido, seco, tan seco que la etimología de la palabra Chihuahua en rarámuri, quiere decir: “lugar seco y arenoso”, no es posible que siendo un desierto exporte agua a los Estados Unidos.

Por esta razón traigo a colación algo, que siendo nacional, siendo de la nación, le reconoce a los estados una compensación por la procedencia territorial de esos recursos, y me refiero al petróleo.

El petróleo, siendo de la nación, ha tenido siempre para los estados petroleros, fondos que se entregan desde el erario federal a los estados petroleros.

El caso de la capital de la República, tiene un fondo de capitalidad porque le da servicios al resto de las entidades federativas. Si tenemos estos fondos que compensan daños, perjuicios o aportaciones de estas entidades, ¿por qué los estados que aportan agua no están teniendo ninguna compensación?

Esta iniciativa a lo que viene es a pedir que en la Ley de Coordinación Fiscal se establezca un fondo con el cual se construya infraestructura hidroagrícola en el estado de Chihuahua, y que esta infraestructura permita eficientar el agua restante de la que se entrega a los Estados Unidos, es decir, el río Conchos entrega un tercio de su caudal a los Estados Unidos, y los dos tercios que le quedan al estado de Chihuahua, se harían eficientes con ingeniería hidráulica, con infraestructura, con equipo, para que de esa manera la pérdida de agua del estado de Chihuahua por la entrega a los Estados Unidos, se compense con mayor eficiencia en el uso de los dos tercios que le quedan.

Esto sé que corresponde a la Cámara de Diputados, el establecer esto en el presupuesto, pero corresponde a este Senado el dirimir la diferencia que tenemos entre las entidades fronterizas que están en estas cuencas.

El fondo se establece considerando que en 300 ciudades, un estudio arroja el precio de 1 dólar 98 centavos por metro cúbico, considerando este precio, solamente hemos estimado 15 centavos de dólar para los 230 millones de metros cúbicos que Chihuahua aporta anualmente.

Considerando el tipo de cambio, estamos solicitando se haga la entrega de una cantidad de 600 millones de pesos anuales, para que en este fondo se vaya construyendo infraestructura hidráulica, que permita la eficiencia en los restantes dos tercios del agua que le quedan al estado de Chihuahua.

Sé que no es fácil por las condiciones económicas que se presentan con estrechez en estos años, pero nunca ha habido abundancia de recursos, Chihuahua nunca ha tenido agua sobrante y siempre ha entregado el agua, inclusive abriendo la compuerta de sus presas, presas que se hicieron con proyectos desde Don Porfirio Díaz, que están desde antes de 1944, y que se hicieron para la irrigación de tierras del estado de Chihuahua.

Es el caso de las presas Boquilla, Colina y Rosetilla, que se hicieron para irrigación en Chihuahua, pero que luego, en virtud del tratado, con frecuencia tienen que abrir sus compuertas para cumplir con la cuota de entrega a los Estados Unidos.

Esta es, en resumen la iniciativa que he presentado, y solicito, lo mismo los petroleros, que a los campesinos, que a los que lejos en Tabasco, lejos en Veracruz, no saben lo que son las estrecheces, la sequía y las limitaciones del agua, pero saben bien lo que es un pacto federal y lo que es el trato equitativo que debemos dispensarnos entre los estados de la unión.

Agradezco a todas y todos ustedes la atención que me han prestado y más les agradecerá el estado de Chihuahua el que se apoye a esta iniciativa, para que en su momento, desde el Congreso de la Unión, se aporten los elementos que le den una compensación a los habitantes del estado de Chihuahua y, en su momento, a partir de este caso y de esta iniciativa, que se replique también para los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y parte de Durango, que en el norte tiene el nacimiento del río Conchos, que es afluente y aportante del río Bravo y de aguas para los Estados Unidos, en virtud de este tratado.

Muchas gracias, y sigo a sus órdenes.

Iniciativa

El que suscribe, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII  Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral I, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 25 Y UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado de Chihuahua junto con las otras 31 Entidades Federativas conforman nuestra nación mexicana, cuenta con 247 mil 460 kilómetros cuadrados, lo que lo ubica como la entidad federativa más grande de nuestro país. Cuenta con 67 municipios y la ciudad capital es su homónima Chihuahua.

Limita al norte con dos de los Estados Unidos de América, Nuevo México y Texas, al oeste con los estados mexicanos de Sonora y Sinaloa; al sur, con Durango y al este, con Coahuila.

La población del estado en el 2015 fue de aproximadamente 3.4 millones de habitantes, 1.71 millones son mujeres y 1.69 son hombres, ocupando el lugar 11 a nivel nacional por su número de habitantes. El 85% de su población se ubica en zonas urbanas y el restante 15% en zonas rurales, su densidad es de 14 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra muy por debajo de la media nacional que se ubica en 61 personas por kilómetro cuadrado.

El estado de Chihuahua, representa una de las Entidades Federativas de mayor importancia en nuestra nación, siendo testigo de pasajes invaluables que ya son parte de los anales históricos de México.

Una de las características principales de Chihuahua es que es el Estado con la línea fronteriza más grande de nuestro país con una longitud de 760 kilómetros que comparte con los estados de Nuevo México y Texas en los Estados Unidos.

El río Conchos es el más importante del estado de Chihuahua. Para el Texas Center for Policy Studies, es además, uno de los sistemas ribereños más importantes de todo el norte de México. Desde su fuente, en las alturas de la Sierra Madre Occidental, la cuenca tiene grandes distritos de riego en las llanuras centrales de Chihuahua, hasta su confluencia con el Río Bravo en Ojinaga, muy cerca del Parque Nacional de Big Bend y el área protegida del Cañón de Santa Elena. El Río Conchos es un camino de agua, esencial para la vida en este clima desértico.

Actualmente al Río Conchos se le demanda cobertura extraordinaria, según el incremento y diversificación de las necesidades humanas: abastece agua para la industria, la agricultura y los habitantes de los municipios por donde corre. Una vez que las aguas del Conchos se mezclan con el Río Bravo, se utilizan para satisfacer las mismas necesidades en Texas y los estados fronterizos mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las mismas características que hacen al Conchos una pieza clave para esta zona - ser un río abastecedor transfronterizo en una región árida que experimenta  crecimiento- incrementa la complejidad para el manejo del agua y esto es un reto impostergable para la cultura del  medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. Sin embargo, pese a la gran importancia de esta enorme cuenca para México y los Estados Unidos de América, existe escasa divulgación de datos trascendentales.

El uso del agua para el riego agrícola equivale al 90% del flujo de la cuenca. Sin embargo, el crecimiento demográfico y la industrialización han generado un impacto agudo en el uso del agua. Dos circunstancias vinculadas a la integración de las economías mexicana y estadounidense y al TLCAN, propiciaron un aumento en la demanda de agua para la industria y  el uso doméstico, con proyección de incremento en las próximas décadas; simultáneamente crece la preocupación para conservar el ecosistema en la cuenca del Conchos.

Además, conforme al Tratado de Aguas de 1944 que rige la distribución binacional de las aguas del Río Bravo y sus afluentes, México se encuentra “frecuentemente endeudado" porque eventualmente la sequía ha impedido cumplir la cuota asignada (aunque en el ciclo reciente fue posible cubrir la cuota pactada). Algunos campesinos texanos han declarado violación de México a este tratado; queja que, al menos, llamó la atención en los gobiernos de ambos países. Es verdad que México aporta, según el tratado mencionado, 431.7 millones de metros cúbicos en ciclos de cinco años, y a cambio recibe 1 mil 850 millones de metros cúbicos de la cuenca del Río Colorado; en sentido volumétrico global es un trato ventajoso para nuestro país. Sin embargo, desde una perspectiva regional y la orientación de los derechos humanos, el estado de Chihuahua se coloca en una situación crítica que dificulta o de plano impide atender al acceso al agua como derecho humano, bajo la idea del uso sustentable del agua disponible. Esta visión, con absoluto respeto al Pacto Federal, se deja entrever en varios acuerdos generados a lo largo de los años:     

A. El Acuerdo para el uso sustentable del agua superficial en la cuenca del Río Bravo; Segundo acuerdo; sección cuarta, menciona: “Con base en criterios de productividad y de acuerdo con un orden que dé prioridad al mayor impacto de las obras en la cuenca, modernizar y tecnificar la superficie sustentable de los distritos y unidades de riego de la cuenca del Río Bravo.” Esto llevado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua.

B. El tratado de 1944 no  menciona (tal vez por la antigüedad del convenio) las obras hidráulicas que se pueden y deben realizar en la cuenca del Río Conchos en el estado de Chihuahua, pero si establece la obligación de entregar la tercera parte de su corriente para el Río Bravo. Así el artículo 5 del mencionado Tratado -los dos Gobiernos se comprometen a construir conjuntamente, por conducto de sus respectivas secciones de la Comisión, las siguientes obras en el cauce principal del río Bravo: una de las presas de almacenamiento se construirá en el tramo entre el Cañón de Santa Elena y la desembocadura del Río Pecos; otra en el tramo comprendido entre Piedras Negras, Coahuila y Nuevo Laredo, Tamaulipas (Eagle Pass y Laredo en los Estados Unidos); y una tercera en el tramo entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y San Pedro de Roma, Tamaulipas (Laredo y Roma en los Estados Unidos). Sin embargo quedan pendientes esfuerzos para la tecnificación hidráulica de la cuenca del Río Conchos que permitan, de una parte, cierta compensación al problema de extracción periódica del recurso hídrico durante la vigencia del Tratado y por la otra, el efecto colateral que hace crisis de manera igualmente periódica y puede ser disminuida si se da eficiencia al uso de los dos tercios del agua que conserva de manera regular, a través de las recomendaciones de organismos internacionales.

No puede pasarse por alto que desde febrero de dos mil doce, México incluye en la Constitución Federal el derecho humano al agua.

El Estado de Chihuahua merece que sea reconocido el gran papel que desempeña para cumplir  obligaciones de la República respecto al tratado con Estados Unidos ya mencionado; es obvio señalar que los compromisos asumidos son del orden Federal. Sin embargo, para el mejor aprovechamiento del agua en la zona chihuahuense de la cuenca del Río Conchos, el estado de Chihuahua requiere trato que equilibre el desabasto periódico de agua, que desde luego incluye su extracción de la que ha sido almacenada en cumplimiento del pacto (situación absurda que señalaremos más delante), mediante la creación de un fondo para la realización de proyectos hidráulicos, bajo un marco orientado hacia un desarrollo sostenible, como lo han recomendado la FAO y la UNESCO, finalmente encaminados a la realización de los derechos humanos.

Es necesario recalcar que el Tratado de 1944 establece en su artículo 4° fracción B, inciso C)  que el agua que se entregue a los Estados Unidos, corresponderá a un tercio del agua que llegue a la corriente principal del Rio Grande (Bravo), procedente de los Ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de las Vacas, la cual no podrá ser menor a 431.7 millones de metros cúbicos anuales.

Según información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos, históricamente la aportación del Río Conchos al pago de este compromiso adquirido por nuestro país, de 1944 al 2013, ha sido de 49.4%.

Esta iniciativa toma como ejemplo que ya existe en el presupuesto-anual, un Fondo de Capitalidad, el cual es una aportación de la federación por los servicios que presta la Ciudad de México por ser la capital del país, la cual tiene  el carácter de subsidios federales y deberán destinarse a proyectos con impacto.

El Estado de Chihuahua puede asumir plenamente, por sí mismo, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras, técnicas y de cualquier otro tipo, relacionadas con los proyectos hidráulicos que se generen a partir de este fondo para la cuenca del Río Conchos y las cuencas interiores del Estado, bajo la perspectiva anotada que no es ajena a la orientación del gasto público.

La operación del fondo y su aplicación, deberán establecerse con apego a la maxima eficiencia en la aplicación de los recursos, sin gasto corriente que merme los recursos destinados 100% a infraestructura hidroagrícola, tecnificando el uso del agua, con inversiones compartidas con aportaciones de usuarios beneficiados con el equipamiento y en todo caso, estableciendo el objetivo máximo, de anualmente hacer crecer las reservas en embalses, eliminar la incertidumbre en cultivos por ciclos pluviales bajos y controlar el crecimiento de superficies irrigables en la cuenca.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección Mexicana señala los volúmenes (en metros cúbicos) entregados a los Estados Unidos, del afluente del Rio Bravo, conforme al Tratado de 1944.

El problema de la cuenca es consecuencia del bajo régimen pluvial, no de incumplimiento derivado de la voluntad de las partes. El esfuerzo para cumplir compromisos tiene impacto, finalmente, en las personas. El cambio climático evidente hará estragos crecientes en el cumplimiento de lo pactado si no se tecnifican las cuencas, incluso la del Río Colorado desde su trayecto en Estados Unidos.

Esta situación ha originado graves daños económicos a miles de familias del Estado de Chihuahua, cuyos derechos, fundamentalmente el de acceso al agua para uso doméstico y agrícola, es necesario visualizar y atender con base en los conceptos mínimos de justicia, ante  una situación inequitativa prolongada durante décadas, que ha pasado por alto mecanismos o herramientas que la

Ingeniería Hidráulica y ramas afines que se deben aplicar en zonas áridas, cuya población está sometida al multireferido tratado y carecen de cabal disponibilidad del recurso hídrico.

Es importante subrayar que el conjunto de presas más grande y de mayor capacidad de almacenamiento en la Cuenca del Conchos, corresponden a proyectos porfirianos anteriores a 1910, realizados lustros después, pero antes de 1944, siendo las presas Boquilla, Colina y Rosetilla, embalses construidos para irrigar tierras chihuahuenses. Estas presas y su agua almacenada, no fueron construidas para cubrir cuotas internacionales de tratado alguno, situación que refuerza el argumento central de esta iniciativa, es decir, compensar con financiamiento anual acumulable, la construcción de infraestructura hidroagrícola que al eficientar el uso de dos tercios del agua del Conchos, compense en la superficie irrigada, el tercio de agua que se entrega para fines ajenos a la vida, economía y actividad de los habitantes del Estado de Chihuahua.

El Estado Mexicano ha visualizado situaciones de vulnerabilidad similares y ha dado respuesta que equilibra especiales desventajas. Este es el momento idóneo para incorporar un fondo que al menos apoye a la población de la región aportante del Estado de Chihuahua, decisión que tiene sustento en la atención a los asuntos relacionados con los derechos humanos y los más elementales principios de justicia que exige la población afectada. Ya el ramo 28 se ha ocupado durante muchos años de los Estados petroleros del sureste del país, a los que destina un fondo especial como resultado de la importancia que tienen sus aportaciones de petrolíferos para la economía nacional, siendo el petróleo, como el agua, recursos propiedad de la nación.

Igual la Ciudad de México, recibe un Fondo de Capitalidad por los servicios que ofrece por ser la capital de nuestro país. Si esto es así, bajo argumentos similares, la población de Chihuahua también merece y en justicia le corresponde un desembolso presupuestal por parte de la Federación, que vaya destinado a fortalecer la infraestructura hidráulica de la región y con esto a eficientar el uso del agua en esta zona y cumplir con lo estipulado en el tratado de 1944, afectando lo menos posible los intereses de la población de Chihuahua.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal toma como instrumento base a la Ley de Coordinación fiscal con el fin de avanzar e impulsar un federalismo coordinado por medio de los tres órdenes de gobierno, y lograr los objetivos nacionales llevándolos a un federalismo fiscal que nos permita crecer en competencia y responsabilidades en cada uno de los niveles de gobierno, para conservar en equilibrio las finanzas públicas y optimizar el control del gasto público realizado para brindar mejores condiciones de vida a la sociedad mexicana.

El planteamiento que hacemos en la presente iniciativa es una adición de una fracción IX al artículo 25 y un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de incluir en Ley la creación de un Fondo para compensar la entrega  de agua realizada por el Estado de Chihuahua desde la cuenca del Rio Conchos.

Al constituirse el fondo, su operación y administración estarán centrados en el equipamiento con pivotes centrales, laterales, cintilla, canales revestidos, tuberías, válvulas, riegos por goteo y todo equipo que implique producción agrícola con ahorro de agua, buscando minimizar los ancestrales e ineficientes sistemas de riego por aniego y desperdicios por excedentes suministrados a parcelas o “coleos”, así como pérdidas por evaporación.

La operación de este Fondo deberá tener su propia reglamentación y en ningún caso podrá usarse para fines ajenos a su razón de ser, definiendo su administración, transparencia y evolución por las leyes reglamentarias correspondientes, con la participación de particulares y organizaciones civiles representativas de usuarios, organismos de particulares e intermedios como Cámaras y Fundaciones, que actúen permanentemente, en coordinación con las autoridades estatales y federales, en la vigilancia y operación eficaz, eficiente y honesta, de la aplicación de este fondo en la construcción de infraestructura moderna, tecnificada y a la vista de cambios climáticos que tensionan actualmente en forma aguda y creciente la cuenca, no solo del Río Conchos, sino a América del Norte, incluyendo los sistemas de Río Bravo, del Río Colorado y un área geográfica desde California y Arizona hasta Texas y Baja California y Sonora hasta Tamaulipas.

Establecer la creación de este Fondo en la Ley daría como resultado que año con año, se tuviera que incorporar a la propuesta del Ejecutivo de Decreto de presupuesto de Egresos de la Federación, el sostenimiento de este Fondo.

Es necesario mencionar que a partir de la entrada en vigor del Tratado de 1944, se obliga al Estado de Chihuahua a entregar anualmente una cantidad considerable de metros cúbicos de agua, la cual, tomando como referencia la aportación histórica entregada, el promedio que aporta El Conchos a este pago ha sido del 49.4%, de los 431.7 millones de metros cúbicos que nuestro país paga anualmente, lo cual representa 213.25 millones de metros cúbicos anuales que dejan de utilizarse en este Estado, lo que durante los 72 años que ha estado vigente el tratado,  suma una cantidad de 15 mil 354.7 millones de metros cúbicos, sacrificio histórico de recursos chihuahuenses aportados al patrimonio y manejo federal, sin contraprestación alguna.

Para calcular el costo de este líquido, es necesario verificar el precio promedio a nivel internacional del metro cúbico de agua para cualquier uso (riego, industrial  y de consumo). Según una encuesta de tarifas elaborada por la GWI  (Global Water Intelligence), el promedio del costo de agua en 310 ciudades fue de 1.98 dólares el metro cúbico, con un promedio de consumo de 15 metros cúbicos al mes.

Las circunstancias presupuestales que actualmente presenta la administración nos lleva a proponer la fijación de un costo por metro cúbico del agua de tan solo 15 centavos de dólar. Haciendo el cálculo de lo que se debería de pagar por los 72 años que ha estado vigente el tratado, tomando por hecho que se ha cumplido la entrega de agua, sería una cantidad total de 15 mil 354.7 millones de metros cúbicos de agua, procedentes del cauce del Rio Conchos, y estableciendo la referencia de costo mencionado,  la cantidad estimada sería de 2 mil 303.2

millones de dólares ó 43 mil 760.9 millones de pesos al tipo de cambio aproximado actual (19 pesos por dólar).

Sin embargo, las actuales restricciones presupuestales, obligan a la conformación de este Fondo tomando en cuenta tan solo el último año  de aplicación de este tratado y fijando un costo de 15 centavos de dólar el metro cúbico, con lo cual se establecería un piso mínimo de este fondo del orden de 607.8 millones de pesos.

La justificación expuesta con anterioridad, recoge las más elementales nociones de justicia, toda vez que los habitantes del Estado de Chihuahua, hemos estado pagado durante décadas un compromiso asumido por el Estado mexicano, con el cual estamos obligados a entregar cada año considerables cantidades de agua, que han ocasionado restricciones graves al desarrollo económico y social del Estado, afectando de manera considerable y específica al sector agropecuario y a la población en general, dando como resultado mayores índices de pobreza y desempleo, bajas cosechas, pérdida de ganado, insuficiencia en el abasto del líquido vital, entre otras.

Es en base a estas consideraciones que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO: Se adiciona una fracción IX al artículo 25 y se adiciona un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

CAPITULO V
De los Fondos de Aportaciones Federales

Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes:

I.

.

.

.

.

VIII.-

IX.- Fondo de aportaciones para el desarrollo de infraestructura hidroagrícola en el estado de Chihuahua.

Art. 47……

Artículo 47 Bis.- Los recursos destinados al Fondo de aportaciones para el desarrollo de infraestructura hidroagrícola en el estado de Chihuahua, se destinarán para la realización de proyectos hidráulicos en la cuenca del río Conchos además a las cuencas interiores del estado de Chihuahua,  con el objeto de generar un mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos y se pueda cumplir la disposición establecida en el tratado internacional de aguas de 1944, atenuando los severos daños que sufren los habitantes de la cuenca del Río Conchos y todo el Estado.


TRANSITORIOS

PRIMERO: Los recursos destinados a los fondos referidos en el artículo 25 fracción IX) y 47 Bis, no deberán ser menores de 607.8 millones de pesos tomados como referencia al calcular el recurso promedio entregado procedente de la cuenca del Rio Conchos que fue de 213.2 millones de metros cúbicos, un precio de 0.15 centavos de dólar por metro cúbico y un tipo de cambio promedio de 19.00 pesos por dólar. Anualmente el fondo cambiará, conforme existan aumentos o disminuciones que tenga este referente, conservando como mínimo el precio aquí establecido al metro cúbico de agua aportado por el estado de Chihuahua para cumplir con el Tratado Internacional de Agua.

Dado en el Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Patricio Martínez García.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
BLANCA ALCALÁ RUIZ

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Martínez García.

Sonido en el escaño de la Senadora Beristain Navarrete, ¿con que objeto?

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) En primer lugar, felicitar al Senador Patricio Martínez, porque es realmente importantísimo lo que él está mencionando, el tema del agua en el norte del país está llegando a un punto muy delicado.

Ahora entiendo porque lo quieren tanto ahí en el norte de la República, porque él está tocando el tema más importante que puede haber en este momento en la agenda de trabajo de las y los mexicanos: el agua. El agua en Chihuahua, para los chihuahuenses y para los estados vecinos de Chihuahua, es importantísima.

Mis respetos para Patricio y creo que todos debemos de firmar esta iniciativa y todos debemos apoyarlo. Es muy puntual lo que él describió aquí y me parece que los Diputados también tienen que sensibilizarse y apoyar este tema, porque Chihuahua, los chihuahuenses y todos nuestros habitantes del norte de la República se merecen está importantísima iniciativa que Patricio está planteando hoy día.

¡Muchas felicidades, compañero!

Me quiero adherir.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

También está solicitando el uso de la palabra la Senadora Sylvia Martínez, por favor.

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: (Desde su escaño) Bueno, nada más pedirle al Senador Patricio Martínez, si me deja suscribirme a su iniciativa que me encantó y te felicito.

Gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias Senadora Martínez Elizondo.

Los Senadores Mariana Gómez del Campo, Andrea García, Hilda Flores, Margarita Flores, Cárdenas Fonseca, Mayans Canabal, Silvia Garza con el mismo objeto. Tome nota la Secretaría de todos ellos.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 69 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL INFORME PRESIDENCIAL

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venía, señora Presidenta.

México padece una crisis institucional, para el actual gobierno federal se trata sólo de una crisis de percepciones, para la mayoría de las y los mexicanos se trata de una crisis generalizada por la decepción, la falta de resultados tangibles a 4 años de gobierno y el pacto de impunidad que a su vez genera una crisis de confianza.

En medio de esta crisis, el Cuarto Informe de Gobierno derivó en la peor caricatura de una ceremonia republicana.

En México hemos pasado del culto al presidencialismo, al culto a la frivolidad; pasamos del monologo del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión que prevaleció hasta 1997; a la ausencia de diálogo que dominó hasta 2008; al monologo televisivamente controlado, como lo observamos este 2016 con el Cuarto Informe de Gobierno.

La intención deliberada de evitar el debate entre Poderes de la Unión, el cuestionamiento ante la falta de resultados y la rendición de cuentas del Ejecutivo Federal nos ha llevado a la situación actual.

El Informe Presidencial no es una institución obsoleta creada por casualidad, es la esencia de la convivencia republicana entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial. Así se pensó desde la Constitución de 1857.

No podemos olvidar que al término de la dictadura porfirista, fue durante el informe presidencial que el Senador Belisario Domínguez impugnó al gobierno espurio y fue asesinado por esta osadía.

El artículo 69 constitucional, pieza clave que definió el formato del informe presidencial vivió cuatro modificaciones importantes después de la Constitución de 1917: en 1923, tras la revolución constitucionalista triunfante; en 1986, en pleno ascenso de la tecnocracia que domina el Ejecutivo Federal desde entonces; en 2008, cuando el gobierno de Felipe Calderón decidió eliminar la obligatoriedad de que el Presidente de la República se presente ante el Congreso el informe; y en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien optó en sus primeros tres años por organizar una ceremonia paralela a la sesión de apertura de sesiones del Congreso, realizada en Palacio Nacional, con sus invitados y con absoluto control del guion.

Estos han sido los cambios legales que respondieron a coyunturas políticas específicas. Fue hasta la Presidencia de Ernesto Zedillo que se modificó el formato del informe para intentar un auténtico ejercicio de diálogo entre poderes.

En 1997, el político opositor, el entonces Diputado Federal Porfirio Muñoz Ledo, respondió al informe presidencial. El tribuno, él mismo que por primera vez interpeló en público al Presidente Miguel de la Madrid en su informe presidencial de 1986, advirtió: “el informe presidencial encarna sueños y simboliza aspiraciones democráticas de los mexicanos. Es condensación de historia. Aquí desembocan y toman nuevo cauce luchas perseverantes y aún sacrificios en contra del poder absoluto, de sus arrogancias y excesos, y en favor de la libertad y la dignidad de nuestros compatriotas. Aquí se reafirma la esperanza de un cambio pacífico y profundo que nos conduzca, por la continuidad del esfuerzo emancipador, a la instauración de una República justa y soberana”.

Esa República justa y soberana es la que nosotros aún estamos esperando. En contra de esa aspiración, la República ha retrocedido a una autocracia iletrada, por esa razón consideramos indispensable retomar la esencia política, jurídica e histórica del informe presidencial.

La iniciativa de reforma al artículo 69 constitucional que a continuación presento, tiene las siguientes características:

a. El informe deberá ser presentado por el Presidente de la República en la apertura de sesiones de cada año de ejercicio del Congreso de la Unión. Cada grupo parlamentario fijará una posición en la misma sesión, y el titular del Ejecutivo Federal deberá dar un mensaje al Congreso y responder los cuestionamientos que le formulen los grupos parlamentarios.

Para vincular una mayor responsabilidad de los resultados que se informen, el Ejecutivo Federal comparecerá para rendir cuentas del estado que guarda la administración pública federal, bajo protesta de decir verdad.

b. El análisis del informe se realizará en dos etapas:

La mesa de trabajo por comisiones; donde se harán todas las observaciones al informe; y las sesiones de análisis del informe con la presencia permanente, ya sea del propio Presidente y/o de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal donde se pueda generar un debate con los responsables de cada dependencia del Ejecutivo; por último, se realizará una labor de seguimiento al informe. Se faculta a la Auditoría Superior de la Federación a dar seguimiento a las observaciones realizadas.

La semana previa se realizó el debate sobre el formato del informe del Ejecutivo Federal, invito a que analicemos las propuestas y la experiencia comparada en distintas naciones. Es necesario impulsar nuevas formas de contrapeso entre poderes.

Senadoras y Senadores, es necesario que el Congreso de la Unión se convierta en un verdadero control democrático al Poder del Ejecutivo. Tomemos una decisión sobre este tema.

De esta manera estaremos evitando el culto a la personalidad, superaremos el culto a la frivolidad y sembraremos el culto al diálogo y a la verdadera rendición de cuentas. Algo que tanto le hace falta a este país.

Ojalá tengan a bien ustedes de aprobar la presente iniciativa.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DEL INFORME PRESIDENCIAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Decepción con las Instituciones en México

México atraviesa por una crisis institucional. La ciudadanía ha perdido la confianza en los órganos del Estado, en sus representantes y en los mecanismos democráticos. El pasado mes de junio, se presentó en el propio Senado de la República la Encuesta Nacional de Cultura Política “El déficit de la democracia en México”, una investigación coordinada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En sus hallazgos, los sentimientos que dominan en la sociedad son la desilusión y el enojo, con muy bajo porcentaje de confianza. Eso se debe a que de acuerdo con las expectativas de la gente, el gobierno no está cumpliendo ni satisfaciendo sus funciones básicas.1

Estos resultados no surgen de un vacío, a diferencia de lo que la actual administración quiere hacer creer por medio de su estrategia de descalificación al descontento popular, tal y como lo hace implícitamente con su campaña rumbo al 4º Informe de Gobierno “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”2.

La decepción ciudadana con los órganos del Estado y sus procesos están sólidamente fundamentados. La falta de resultados y el pacto de impunidad  que domina en todas las ramas del Estado han alimentado el descontento popular hacia el sistema político mexicano.

Por un lado, las acciones de gobierno no logran generar un desarrollo económico significativo. Durante los 3 primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto, el crecimiento ha mantenido mediocres tasas de crecimiento de 1.39% en 2013; de 2.23% en 2014, y de 2.55% en 20153; mientras que para 2016 los pronósticos del Banco de México recortaron su estimación a un rango del 1.7 y el 2.5%.4

Por otro lado, México ha sido testigo de cómo las autoridades alcanzan acuerdos como lo que sucedió recientemente en los estados de Veracruz y Quintana Roo, donde los gobernadores y los Congresos locales modificaron la legislación a fin de encubrir actos de corrupción.

Esta crisis de confianza se extiende en un ambiente donde no existen mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Un sistema efectivo es aquel donde en primer lugar se generan espacios para obtener y difundir la información sobre las acciones de gobierno; y que en consecuencia exista un impacto proporcional a los resultados que dichas acciones hayan generado a la sociedad. Esa es la esencia funcional de la separación de poderes dentro de un sistema republicano.

2. La evolución del Informe de Gobierno

El Informe Presidencial es una institución dentro de la política mexicana, cuyo origen se remonta a los primeros años de México como República Federal independiente. La Constitución de 1824, en sus Artículos 67 y 68, establecía que el presidente acudiría al Congreso a rendir un informe cada 1° de enero. Se puntualizaba que quien presidiera el Congreso debía dar una respuesta en términos generales5. Así, el día primero del año 1825, Guadalupe Victoria rindió el primer Informe Presidencial en la historia del país.

Tras los primeros y convulsos años de vida independiente, el Informe Presidencial volvió a ser incluido en la Constitución de 1857, en su Artículo 63. Aquí se especificaba que: “A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el presidente de la Unión, y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El presidente del Congreso contestará en términos generales.”6

El Informe Presidencial se mantuvo vigente durante la dictadura de Porfirio Díaz, quien visitó al Congreso dos veces por año durante su mandato. Así, se apersonó 62 veces ante el Legislativo a lo largo de sus siete encargos al frente del Estado. Naturalmente estas comparecencias no revestían el carácter que originalmente se le buscaba imprimir al Informe Presidencial. De ser un mecanismo de rendición de cuentas, el Informe Presidencial se convirtió en un evento protocolario para enzarzar la figura del Dictador.

Tras la caída de Díaz, el análisis del informe de gobierno fue el espacio en que Belisario Domínguez dio aquel discurso que hubo de costarle la vida, pero que hasta nuestros días es uno de los actos más grandes de congruencia y responsabilidad que un legislador ha asumido en la historia del Congreso mexicano.

Posteriormente, Carranza impulsó en la Constitución de 1917 que cada 1° de septiembre el Presidente de la República rindiera un informe ante el Congreso de la Unión. Esto quedó plasmado en el Artículo 65, que versa: “el Congreso se reunirá el día 1º de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias.” Mientras que el Artículo 69 establecía: “A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del País; y en el segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara de que se trate, las razones o causas que hicieron necesaria su convocación, y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.”7

Carranza rindió tres Informes de Gobierno, los días 1° de septiembre de 1917, 1918, y 19198. La caída del carrancismo y la llegada del grupo sonorense al poder cimentó el carácter que el Informe Presidencial tendría una vez fundado el PNR. Con Obregón y Calles, las distintas facciones revolucionarias estaban en proceso de amalgamiento. Portes Gil, en su Autobiografía de la Revolución Mexicana (1964), narra como Jorge Prieto Laurens, quien contestó el Informe Presidencial de 1923 a Obregón, le “expresó que su contestación al informe del presidente Obregón no contenía ninguna crítica para el gobierno, y que se sujetaría a la costumbre siempre seguida, de no comentar, ni mucho menos censurar, los actos del Ejecutivo.”9 La consolidación del poder del caudillo implicaba el alineamiento de todos los actores políticos entorno a su figura.

La fundación del PNR, en 1929, impulsada por Calles, fue concluyente para definir la forma que los Informes Presidenciales adoptarían a lo largo de buena parte del régimen priista. De facto se instauró el Día del Presidente, donde la presentación del Informe era solo un ingrediente en una agenda protocolaria destinada a rendir pleitesía al Presidente.

Fue hasta la presidencia de Ernesto Zedillo cuando el carácter del Informe sufrió cambios de fondo. En su primer Informe, del primero de septiembre de 1995, Zedillo se limitó a dar un mensaje que describía la complicada situación del País10. Se suprimieron varios de los actos que ya constituían una parte clave del ritual, como la salutación después del Informe; también se eliminó el recorrido que hacía en automóvil en la ciudad, y el feriado obligatorio.11

En 1997, el PRI, por primera vez, perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Así, fue la primera vez que un político de oposición, en la figura de Presidente de la Cámara Porfirio Muñoz Ledo, tuvo el encargo de responder al Informe del Presidente. En sus palabras, el Informe de Gobierno:

[E]ncarna sueños y simboliza aspiraciones democráticas de los mexicanos. Es condensación de historia. Aquí desembocan y toman nuevo cauce luchas perseverantes y aun sacrificios en contra del poder absoluto, de sus arrogancias y excesos, y en favor de la libertad y la dignidad de nuestros compatriotas. Aquí se reafirma la esperanza de un cambio pacífico y profundo que nos conduzca, por la continuidad del esfuerzo emancipador, a la instauración de una República justa y soberana.12

La consolidación de las bancadas de oposición en el Congreso de la Unión cambió el sentido a los informes, que se convirtieron en espacios de protesta. Sin embargo, en este nuevo espacio de protesta no se incluía íntegramente a la sociedad civil. Esto motivó protestas fuera de San Lázaro, que pusieron en riesgo la celebración del Cuarto Informe de Vicente Fox, en 200413.

En 2006, la toma de tribuna del Congreso por parte de los partidos PRD y PT, para protestar por la presencia de la Policía Federal Preventiva y el Ejército en las inmediaciones de San Lázaro, obligó al presidente Fox a limitarse a entregarlo por escrito.14

En su primer Informe, en 2007, Felipe Calderón también se encontró con una tribuna tomada por la oposición, lo que derivó en que el 15 de agosto del 2008 se reformara la Constitución. Dicha reforma eliminaba la obligatoriedad de la asistencia del Presidente al Congreso, que se establecía con anterioridad en el artículo 69, que quedó de la siguiente manera: “Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.”15

A partir de entonces, el 1° de septiembre, el Presidente, a través del Secretario de Gobernación, hace entrega del Informe por escrito en el Congreso de la Unión; paralelamente se realiza una ceremonia en Palacio Nacional, con invitados del Ejecutivo.

La ceremonia del Informe Presidencial ha dado un giro muy grande en los últimos 20 años. Ya no se trata del baño de masas en el que se exaltaba la figura del Presidente, sino que se ha convertido en un evento privado. Sin embargo, la naturaleza de ambos tipos de evento va en contra de lo que un Informe Presidencial debe representar dentro de una democracia; se sigue descuidado el cariz de Informe de Labores como rendición de cuentas ante la ciudadanía y los Poderes.

El Congreso de la Unión, como contrapeso republicano, debe fortalecer sus facultades de control bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, pilares fundamentales en los que descansa un Estado democrático.

Dentro de estas facultades de control la recepción del Informe de Gobierno debe ser transformada de fondo, para que así pueda asumir la función histórica que merece. Debe convertirse en un mecanismo para que el Presidente de la República y su administración sean sometidos a un escrutinio profundo sobre la ruta en la que sus acciones tienen a la nación.

En el siguiente cuadro se presenta la evolución que ha tenido la figura del informe presidencial contenida en el artículo 69 desde la Constitución de 1917:

Texto Original

1923

1986

2008

2014

Artículo 69. A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado que guarde la administración pública del País; y en el segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara de que se trate, las razones o causas que hicieron necesaria su convocación, y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo 69. A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

 

 

 

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

 

 

 

 

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.

3. La Propuesta

La iniciativa plantea el establecimiento de un mecanismo democrático de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo Federal. En él, se plantea un análisis real y detallado del informe que guarda la Administración Pública Federal. El mecanismo es el siguiente:

a) El informe deberá ser presentado por el Presidente de la República en la apertura de sesiones de cada año de ejercicio del Congreso de la Unión. A la sesión de instalación deberá acudir el titular del Ejecutivo Federal. Cada Grupo Parlamentario fijará una posición respecto del estado que guarda la Administración Pública Federal. En esa misma sesión, el Presidente deberá dar un mensaje al Congreso en el que atienda los cuestionamientos directos de los Grupos Parlamentarios.

b) El análisis del informe de gobierno será realizado en cuatro etapas:

a. Mesas de trabajo por comisiones. En ellas se contará con la participación de cada dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, siendo posible que las mismas se realicen en comisiones unidas, de conformidad con lo establecido en la legislación reglamentaria.

b. Observaciones al informe. Cada Comisión legislativa deberá emitir opiniones precisas del Informe de Gobierno, mismas que serán enviadas al Ejecutivo Federal para su debida atención.

c. Sesiones de análisis del informe. La última semana de septiembre se realizarán al menos cuatro sesiones de Congreso General para el análisis del informe. Estas sesiones tendrán las siguientes características:

i. Se contará con la presencia permanente del Presidente de la República y las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

ii. Las comisiones presentarán las observaciones realizadas al informe y se generará un debate con las personas a cargo de cada dependencia o entidad.

iii. En la última sesión se permitirá el uso de la palabra a las y los legisladores que deseen participar para cuestionar al Ejecutivo Federal.

d. Seguimiento del informe: Se faculta a la Auditoría Superior de la Federación a dar seguimiento a las observaciones realizadas al Informe, así como a los compromisos asumidos por la Administración Pública Federal.

c) Para lograr un compromiso auténtico de los servidores públicos se señala que en caso de faltar a la verdad se fincarán las responsabilidades administrativas y penales a las que haya lugar.

d) En lo relativo a la Estrategia Nacional de Seguridad se establece la obligatoriedad de llevar a cabo audiencias públicas y comparecencias para contar con información suficiente para su aprobación

4. Comparativo texto vigente con la propuesta

2014

Proyecto

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República asistirá al Congreso, y presentará un informe por escrito y bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En esta sesión, los grupos parlamentarios fijarán su posicionamiento sobre el estado de la Administración Pública en general y el Presidente pronunciará un discurso sobre el estado que guarda la misma, así como para responder a los cuestionamientos que le hagan los Grupos Parlamentarios.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Para el análisis del informe se estará al procedimiento siguiente:

I. Cada una de las Cámaras deberá analizar detalladamente el informe y emitir observaciones y recomendaciones vinculantes para la Administración Pública Federal.

II. Para el análisis, cada Cámara, a través de las Comisiones Ordinarias, deberá sostener reuniones de trabajo públicas y abiertas con solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito ylas personas titulares de las Secretarías de Estado; de las empresas productivas del Estado y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de las entidades paraestatales.

Los informes que presenten previos a las reuniones de trabajo deberán ser bajo protesta de decir verdad. Si alguno de estos servidores públicos faltare a la verdad u omitiera información respecto del informe, se le iniciará de manera inmediata el proceso de juicio político previsto en esta Constitución. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

III. La última semana de septiembre, se celebrarán en el Congreso de la Unión, cuando menos cuatro sesiones a las que acudirá el Presidente de la República acompañado de las y los titulares de las secretarías de Estado, de las empresas productivas del Estado y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de las entidades paraestatales para el análisis del Informe de Gobierno a partir de las observaciones realizadas en comisiones y las respuestas dadas por la Administración Pública Federal.

IV. Las y los titulares de las Comisiones legislativas presentarán las observaciones y se realizarán cuestionamientos directos a las y los titulares de las secretarías de Estado, de las empresas productivas del Estado y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de las entidades paraestatales, quienes estarán obligados a responder detalladamente. Si alguno de los comparecientes faltare a la verdad u omitiera información respecto del informe, se le fincarán las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar.

V. En la última sesión de análisis podrán participar todos los legisladores que así lo hayan solicitado a más tardar al concluir la tercera sesión.

VI. El seguimiento del análisis del Informe estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.

 

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. De ninguna manera se podrá aprobar la Estrategia sin la realización de foros públicos con expertos en el tema, organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos y organismos internacionales; así como la comparecencia de la persona titular de la Secretaría de Gobernación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DEL INFORME PRESIDENCIAL.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República asistirá al Congreso, y presentará un informe por escrito y bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En esta sesión, los grupos parlamentarios fijarán su posicionamiento sobre el estado de la Administración Pública en general y el Presidente pronunciará un discurso sobre el estado que guarda la misma, así como para responder a los cuestionamientos que le hagan los Grupos Parlamentarios.

Para el análisis del informe se estará al procedimiento siguiente:

I. Cada una de las Cámaras deberá analizar detalladamente el informe y emitir observaciones y recomendaciones vinculantes para la Administración Pública Federal.

II. Para el análisis, cada Cámara, a través de las Comisiones Ordinarias, deberá sostener reuniones de trabajo públicas y abiertas con las personas titulares de las Secretarías de Estado; de las empresas productivas del Estado y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de las entidades paraestatales.

Los informes que presenten previos a las reuniones de trabajo deberán ser bajo protesta de decir verdad. Si alguno de estos servidores públicos faltare a la verdad u omitiera información respecto del informe, se le iniciará de manera inmediata el proceso de juicio político previsto en esta Constitución. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

III. La última semana de septiembre, se celebrarán en el Congreso de la Unión, cuando menos cuatro sesiones a las que acudirá el Presidente de la República acompañado de las y los titulares de las secretarías de Estado, de las empresas productivas del Estado y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de las entidades paraestatales para el análisis del Informe de Gobierno a partir de las observaciones realizadas en comisiones y las respuestas dadas por la Administración Pública Federal.

IV. Las y los titulares de las Comisiones legislativas presentarán las observaciones y se realizarán cuestionamientos directos a las y los titulares de las secretarías de Estado, de las empresas productivas del Estado y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de las entidades paraestatales, quienes estarán obligados a responder detalladamente. Si alguno de los comparecientes faltare a la verdad u omitiera información respecto del informe, se le fincarán las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar.

V. En la última sesión de análisis podrán participar todos los legisladores que así lo hayan solicitado a más tardar al concluir la tercera sesión.

VI. El seguimiento del análisis del Informe estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. De ninguna manera se podrá aprobar la Estrategia sin la realización de foros públicos con expertos en el tema, organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos y organismos internacionales; así como la comparecencia de la persona titular de la Secretaría de Gobernación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las modificaciones legales necesarias derivadas de este Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 “Presentación de la Encuesta Nacional de Cultura Política, “El déficit de la democracia en México”, como parte de la colección “Los Mexicanos vistos por sí mismos"”; versión estenográfica de la presentación dada el 8 de junio 2016 en las instalaciones del Senado de la República. Disponible en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/29103-version-estenografica-de-la-presentacion-de-la-encuesta-nacional-de-cultura-politica-el-deficit-de-la-democracia-en-mexico-como-parte-de-la-coleccion-los-mexicanos-vistos-por-si-mismos.html

2 Presidencia de la República, “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”, artículo publicado por la página de Presidencia de la República el 26 de agosto 2016. Disponible en:
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/lo-bueno-casi-no-se-cuenta-pero-cuenta-mucho-epn?idiom=es

3 Banco Mundial, “Crecimiento del PIB (% anual): México”. Disponible en:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=MX&start=1998&view=chart

4 Redacción-Financiero “Banxico recorta por cuarta vez pronóstico de crecimiento para 2016”, publicado en El Financiero del 31 de agosto 2016. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-recorta-pronostico-de-crecimiento-de-mexico.html

5 Constitución Política de 1824. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf

6 Constitución Política de 1957. Disponible en:
http://www.cuaed.unam.mx/posgrado/camara_diputados/docs/fd/const1857.pdf

7 Constitución Política de 1917, sin reformas. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf

8 Informes de Venustiano Carranza. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-01.pdf

9 Portes Gil, Emilio. Autobiografía de la Revolución Mexicana. 1964. Disponible en:
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/autobiografia/6_6.html

10 Informes de Ernesto Zedillo. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-18.pdf

11 Carmona, Doralicia.Venustiano Carranza establece la fecha de los informe presidenciales.  Disponible en: http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/9/01091917.html

12 Cámara de Diputados, “Respuesta al Tercer Informe del presidente Zedillo”, Diario de los Debates, Año 1, 1º de septiembre de 1997. Disponible en: http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/57/1er/1P/Ord/19970901-I.html

13 Protestas en Cuarto Informe Vicente Fox. Disponible en:
http://www.eluniverso.com/2004/09/01/0001/14/EFD49837A3BB4F2A9857874E6355BEF0.html

14 Protestas en Sexto Informe Vicente Fox. Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2006/09/02/index.php?section=politica&article=003n1pol

15 Reforma Constitucional de Art. 69. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_181_15ago08_ima.pdf

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

La protección a los consumidores es un derecho fundamental en rango constitucional, de conformidad a lo que establece el artículo 28 de nuestra Carta Magna, desde su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. Desde entonces prevé un mandato para que el legislador establezca reglas de protección al consumidor y reconoce el derecho de organización de los consumidores para la mejor defensa de sus intereses, lo cual responde a la situación de desventaja en que se encuentran como individuos aislados frente a los actores con los que interactúan en la dinámica del mercado.

Para lograr ese objetivo es necesario promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Con ello, restablecer el equilibrio contractual que debe existir entre las partes en la relación de consumo, y que muchas veces se rompe por la superioridad del profesional, que en el plano técnico y económico tiene condiciones y conocimientos mucho más amplios de los que tiene el consumidor.

Cabe destacar que desde la década de los 80’s, los avances en materia de protección y defensa de los consumidores obtuvieron un gran desarrollo cuando las Naciones Unidas aprobaron las directrices para la protección de los consumidores en el ámbito internacional.

Estas directrices fueron adoptadas por la ONU en 1985, y han actuado como referente internacional, otorgándole una importante legitimidad a los principios de los derechos del consumidor y sirviendo asimismo como guía para el desarrollo de legislaciones nacionales en su protección.

En síntesis, las directrices han sido traducidas en claros derechos de los consumidores, como los siguientes:

Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas; derecho a la seguridad; derecho a ser informado o informada; derecho a elegir; derecho a ser escuchado o escuchada; derecho a la reparación; derecho a la educación de los consumidores, y derecho a un medio ambiente sano.

Por lo que respecta al derecho a ser informado, éste se encuentra en una protección que va en dos sentidos: Ya desde el derecho de contar con la información veraz y exacta sobre los bienes y servicios del mercado, como también a no ser objeto de información abusiva, engañosa o que induzca al error.

Sobre este tenor, el tópico de la información, es de mencionar que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección a tales derechos, podrá hacer referencia a los productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones permanentes y estudios técnicos objetivos, a efecto de orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para el reconocimiento de estos.

Sin embargo, de acuerdo con el mismo artículo, esa información no podrá ser utilizada por las empresas o proveedores con fines publicitarios o comerciales.

Así, por una parte se hace patente la necesidad de proporcionar la información al consumidor y dar publicidad a las investigaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, mientras que al mismo tiempo se inhibe para que sea a través de los mismos actores del mercado, en este caso, los proveedores de bienes y servicios.

Esta disposición tuvo cierta lógica, pues la intención fue evitar que la información pueda ser manipulada con fines comerciales para proteger al consumidor. Sin embargo, también es de reflexionar que esta disposición causa más perjuicio que beneficio, pues no distingue en ningún momento si la divulgación de la información de referencia pueda ser de manera exacta, esto es, sin manipulación, ni engaño, así como sin abuso, ni que induzca al error.

Así, la información que de hecho debe publicar la Profeco, es difundida sin manipulación alguna, lo cual no afectaría a los intereses de los consumidores, por el contrario, su mayor divulgación aportaría mayores posibilidades de que la misma llegase a los consumidores acorde con el objetivo de las publicaciones de la Profeco en términos del primer párrafo del artículo 44 antes invocado.

¿Qué les quiero decir con esto?

Seguramente todos nosotros en alguna ocasión hemos podido tener acceso a revisar la Revista del Consumidor, ahí en esa revista podemos ver cómo se hacen una serie de análisis y de estudios y de comparaciones de ciertos artículos, que de acuerdo a los especialistas de la Profeco, emiten los estudios y se publican en la revista.

Inclusive, hay algún programa de televisión por parte de la Profeco, que desafortunadamente ese programa, a mí me ha tocado verlo a las 2:00 de la mañana, en una noche de insomnio me toca verlo, y vamos a ver ahí cómo se hacen comparaciones de productos entre un jabón y otro, entre una tela y otra.

Y esta información, que al final le da luz al consumidor para tomar una decisión de cuál artículo le conviene más en razón de precio, en razón de calidad, en razón de beneficio, pues resulta que no pueden ser adoptados esos estudios por los proveedores.

Es decir, esa información que queda exclusivamente en posesión y en capacidad de publicar a través de la Revista del Consumidor, o a través de los programas de televisión, estos que salen a altas horas de la noche, el proveedor no las puede utilizar.

Lo que estamos planteando es, que si ya hay un estudio, si hay una referencia, si hay técnicos, especialistas que realizaron los estudios de los productos y esto le sirve al consumidor, pues considero y ese es el objetivo de esta iniciativa, que el proveedor lo pueda hacer público a través de otros medios de difusión.

Si hay un proveedor, que el producto, valga la redundancia, el producto que presenta reúne las características de calidad, de buen precio, y además está avalada por un estudio de la Profeco, pues que tenga la posibilidad de hacerlo público, porque actualmente la propia Ley Federal del Consumidor lo prohíbe.

Por eso es que estamos proponiendo esta reforma al artículo 44. En este caso, la Iniciativa de Decreto consiste en lo siguiente:

Se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para fomentar mayor información en favor de los consumidores sobre bienes y servicios.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 44, que a la letra dice: “La Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para el conocimiento de los consumidores.

Los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por la Procuraduría podrán ser utilizados por las empresas o proveedores con fines publicitarios o comerciales, siempre y cuando no sean utilizados de manera engañosa, abusiva o que puedan inducir a error”.

Es decir, estamos también previendo la posibilidad que algún proveedor pretenda, a través de estos estudios, intentar engañar al consumidor.

Creo que es un artículo congruente, es un artículo en favor de los consumidores, es un artículo que le va a permitir a quienes de alguna manera tenemos la posibilidad de consumir un bien y servicio, tener la posibilidad de acceder a ellos a través de esta información que está avalada por especialistas de la Profeco.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR para fomentar mayor información en favor de los consumidores sobre bienes y servicios, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La protección a los consumidores es un derecho fundamental en rango constitucional de conformidad al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. Desde entonces prevé un mandato para que el legislador establezca reglas de protección al consumidor y reconoce el derecho de organización de los consumidores para la mejor defensa de sus intereses, lo cual responde a la situación de desventaja en que se encuentran como individuos aislados frente a los actores con los que interactúan en la dinámica del mercado.

Para lograr ese objetivo es necesario promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Con ello, restablecer el equilibrio contractual que debe existir entre las partes en la relación de consumo, y que muchas veces se rompe por la superioridad del profesional, que en el plano técnico y económico tiene condiciones y conocimientos mucho más amplios de los que tiene el consumidor.

Cabe destacar, que desde la década de los 80´s, los avances en materia de protección y defensa de los consumidores, obtuvieron un gran desarrollo cuando Naciones Unidas (ONU) aprobó las Directrices para la Protección de los Consumidores en el ámbito internacional.

Estas Directrices fueron adoptadas por la ONU en 1985, y han actuado como un referente internacional, otorgándole una importante legitimidad a los principios de los derechos del consumidor y sirviendo asimismo como guía para el desarrollo de legislaciones nacionales en su protección.

En síntesis, las Directrices han sido traducidas en claros derechos de los consumidores, como los siguientes:

• Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas.

• Derecho a la seguridad.

• Derecho a ser informado/a.

• Derecho a elegir.

• Derecho a ser escuchado/a.

• Derecho a la reparación.

• Derecho a la educación de los consumidores.

• Derecho a un medio ambiente sano.

Por lo que respecta al derecho a ser informado, éste encuentra una protección en dos sentidos: Ya desde el derecho a contar con información veraz y exacta sobre los bienes y servicios en el mercado, como también a no ser objeto de información abusiva, engañosa o que induzca al error.

Sobre el mismo tenor, el tópico de la información, es de mencionar que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección a tales derechos, podrá hacer referencia a productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para conocimiento de éstos.

Sin embargo, de acuerdo con el mismo artículo, esa información no podrá ser utilizada por las empresas o proveedores con fines publicitarios o comerciales.

Así, por una parte se hace patente la necesidad de proporcionar información al consumidor y dar publicidad a las investigaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO), mientras que  al mismo tiempo se inhibe para que sea a través de los mismos actores del mercado, en este caso, los proveedores de bienes y servicios.

Esta disposición tuvo cierta lógica, pues la intención fue evitar que la información pudiera ser manipulada con fines comerciales para proteger al consumidor. Sin embargo, también es de reflexionar que esta disposición causa más perjuicio que beneficio, pues no distingue en ningún momento si la divulgación de la información de referencia pueda ser de manera exacta, esto es, sin manipulación, ni engaño, abuso ni que induzca al error.

Así, si la información que de hecho debe publicar la PROFECO, es difundida sin manipulación alguna, no afectaría a los intereses de los consumidores, por el contrario, su mayor divulgación aportaría mayor posibilidades de que la misma llegase a los consumidores, acorde al objetivo de las publicaciones de PROFECO en término del primer párrafo del artículo 44 antes invocado.

ARTÍCULO 44.- La Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para conocimiento de éstos.

También es de decir, que la protección a que esta información no fuese manipulada se complementa con el artículo 32 de la propia Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que sería claro que la posibilidad de difusión es sólo de manera exacta y sin tergiversación alguna.

ARTÍCULO 32.- La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

De esta manera, la sugerencia consistiría en la modificación al segundo párrafo del artículo 44 para suprimir la prohibición de difusión de información con fines comerciales o publicitarios, sujeta a no manipulación, engaño, abuso ni inducción al error.

Situación que resultaría además acorde a lo dispuesto por el artículo 45 de la ley de la materia, que a la letra señala:

ARTÍCULO 45.- Quedan prohibidos los convenios, códigos de conducta o cualquier otra forma de colusión entre proveedores, publicistas o cualquier grupo de personas para restringir la información que se pueda proporcionar a los consumidores.

Así las cosas, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PARA FOMENTAR MAYOR INFORMACIÓN EN FAVOR DE LOS CONSUMIDORES SOBRE BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 44.- La Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para conocimiento de éstos.

Los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por la Procuraduría  podrán ser utilizados por las empresas o proveedores con fines publicitarios o comerciales, siempre y cuando no sean utilizados de manera engañosa, abusiva o que puedan inducir a error.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Señora Presidenta, pido la palabra.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: La Senadora Margarita Flores, ¿con qué objeto?

La Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Para pedirle al Senador Casillas Romero, si me permite adherirme a su iniciativa.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Senador Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Por supuesto que sí. Gracias, Senadora.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muy bien.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Culiacán, A.C., del estado de Sinaloa, invitadas por el Senador Aarón Irizar López.

Agradecemos su visita en el Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidas!






Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 constitucional, y 6 iniciativas más que ha solicitado se hagan en un mismo turno.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todos.

Miren, estoy presentando, y voy a aprovechar el tiempo que tengo para hacer un resumen muy breve de estas 7 iniciativas que pretenden reformar la Constitución y algunas leyes secundarias.

En primer lugar, presento una iniciativa para reformar el artículo 71 constitucional, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda presentar iniciativas de reforma de ley, iniciativas legales, solamente relacionadas con el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, y también relacionadas con la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por considerar que es, obviamente, de su ámbito de interés.

En segundo término, estoy presentando una iniciativa muy en consonancia con lo que presenta la compañera Dolores Padierna, una iniciativa de reforma al artículo 69 constitucional, a fin de que el Presidente de la República no solamente cumpla entregando su Informe o mandando su Informe el día de la apertura de los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones al Congreso de la Unión, sino que personalmente asista, lo entregue, se quede y presencie el posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios, y terminando estos, él emita un mensaje y responda a los cuestionamientos que los grupos parlamentarios hayan formulado.

Si bien, no queremos el día del Presidente, tampoco queremos un Presidente ausente, la colaboración, respeto entre los Poderes de la Unión, pasa porque haya un diálogo constructivo y no meramente la Glosa a través de sus Secretarios de Estado.

Tercero.- Estoy presentando una iniciativa de reforma al artículo 160 del Código Penal Federal, para castigar a quienes utilicen instrumentos, juguetes que simulen ser armas de fuego sin serlo, y que con eso estén cometiendo un delito.

Entonces, con esto se aplicaría ésta, desde un tercio hasta la mitad de la pena correspondiente al delito de que se trate, por la utilización de estos instrumentos, objetos o juguetes.

Cuarto.- Estoy presentando una iniciativa de reforma al artículo 214, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, a efecto de que ninguna iniciativa, minuta o proyecto que se tenga en manos de alguna de las comisiones, con sus plazos y sus prórrogas, exceda de 365 días.

Si cualquier documento no se dictamina cuando mucho entre 365 días, se tiene que tener por desechado, y ya basta de tener aquí en la congeladora cualquier cantidad de minutas, iniciativas o proyectos que simplemente se están archivando y empolvando, y engrosando aquí la tarea legislativa.

Quinto.- Estoy planteando una iniciativa al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que este Senado de la República no solamente intervenga en la Ley de Ingresos de la Federación, sino que también participe en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, a la vez que hay una gran asimetría, por un lado, en que nosotros tenemos que ver con los Ingresos de la Federación, sean tributarios o no tributarios, deuda, etcétera, y no obstante que nosotros somos representantes de las entidades de los estados de la República en el Pacto Federal, no podemos opinar a dónde se va a dirigir ese dinero que se aprobó en la Ley de Ingresos.

De tal manera que estoy proponiendo que en el artículo 73 diga: “que el Congreso, las dos Cámaras del Congreso, Diputados y Senadores, no solamente vean la Ley de Ingresos, sino también ambas tengan que aprobar una nueva considerada como Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Sexto.- Estoy planteando una reforma al artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que evitemos esta figura con la que algunos mañosos se sirven de dos candidaturas a la vez, para que, o entran por el principio de mayoría relativa como Diputado, Senador, o entran por la vía de la representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales, qué cómoda posición: “si no me lo da el voto popular, entonces, ya estoy en la lista en los primeros lugares y a chaleco entro al Congreso”. Entonces, que se evite esto, o estás por una fórmula o estás por la otra fórmula.

Y por último, estoy presentando una iniciativa de reforma al artículo 189 del Código Penal Federal, a efecto de que se considere como delito grave cualquier atentado a familiares de personal que trabaje para instituciones de seguridad pública, parentesco hasta el segundo grado.

¿Por qué? Porque parte de las amenazas que está recibiendo el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, en general de las instituciones de Seguridad Pública, es plata o plomo, y si no es a ti, es a tu familia, entonces, que esto se considere como un delito grave en parentesco hasta el segundo grado cuando se atente contra familiares de personal que esté trabajando relacionado con instituciones de Seguridad Pública.

Espero contar con el apoyo de todos ustedes para esta batería de iniciativas.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativas








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 214 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE DEROGAN, ADICIONAN Y REFORMAN LOS ARTÍCULOS 73, 74 Y 75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7o. EN SU NUMERAL 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN)



La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Lozano Alarcón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Gómez del Campo, ¿con qué objeto?

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Para sumarme, si no tiene inconveniente el Senador Lozano Alarcón, a este paquete de iniciativas.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora. También el Senador Flores. Senador Lozano Alarcón, ¿está de acuerdo?

El Senador Javier Lozano Alarcón: Por supuesto.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muy bien. También el Senador Luis Humberto Fernández. Le pediría a los Senadores que estén de acuerdo de sumarse a las iniciativas del Senador Lozano Alarcón, sírvanse manifestarlo levantando la mano para que la Secretaría tome nota de ello.






Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 16 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Manuel Cárdenas Fonseca)

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.

Saludo respetuosamente a las mujeres empresarias de Sinaloa que hoy se encuentran presentes en el desarrollo de esta sesión de Pleno.

Y en virtud de que en el Orden del Día de esta sesión están debidamente registradas cuatro iniciativas con proyecto de Decreto firmadas por el de la voz, solicito se me permita presentarlas en este solo acto con el propósito de que las mismas se turnen a las comisiones correspondientes, y se inicie su análisis y discusión.

Compañeros legisladores, la primera de ellas es una modificación al artículo 16 constitucional, que contempla la figura del arraigo.

Esta figura del arraigo es claramente violatoria de la presunción de inocencia, y resulta muy lamentable que se encuentre en el texto constitucional.

El arraigo, todos lo sabemos, es una forma de detención arbitraria que contraviene las garantías y los principios de un sistema penal garantista, además de violentar los derechos humanos de las personas. Por eso les invito a que me acompañen a que eliminemos la figura del arraigo de nuestro texto constitucional.

Con ello protegeremos los derechos de todos los mexicanos, además de que promoveremos que se busquen medidas alternativas en la investigación penal, que se acabe la discusión de que si el Poder Judicial tiene que soltar a los que quedan sujetos bajo proceso o a proceso por las ineficacias y los abusos de la parte investigadora, y se verán obligados a involucrarse en el mejoramiento de las técnicas y las tecnologías ministeriales y policiacas de aquellos servidores públicos que atienden la parte pericial y la investigación.

La segunda se refiere adicionar con una nueva fracción el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de crear, de dar sustento legal pleno a la Comisión Ordinaria de Cambio Climático y Desarrollo Bajo de Emisiones en este Senado de la República. Nuestra Colegisladora, la Cámara de Diputados, ya la contempla.

Es fundamental que enfrentemos no nada más lo que se refiere a la Agenda 2030, al pendiente que tenemos de manifestarnos respecto del Acuerdo de París que, por cierto, será el tema de la reunión de las Naciones Unidas el próximo 20 de septiembre, sino que también enfrentemos los compromisos de los gobiernos abiertos bajo un esquema de plena repercusión y alcance legal.

Y es por eso que se les pide, de la manera más atenta, podamos tener como comisión ordinaria el tema que atienda el cambio global y la emisión baja de contaminantes.

La tercera iniciativa atiende diversas disposiciones, a algo que nos lastima y nos lacera a todos los mexicanos. No creo yo que haya alguno, salvo el que cometió el delito, que no esté de acuerdo con esto, y que se refiere a tener un verdadero Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas.

Es lastimoso ver cómo estamos viendo en las noticias, a diario, cómo el mosaico nacional pareciera queso gruyer de tantas fosas, de tantos pozos, de tantos cadáveres ahí escondidos, y no tengamos ni los protocolos ni los registros estandarizados en las entidades federativas, y ni siquiera entre las instituciones que tienen que ver desde la parte competencial en la materia.

De ahí que esta iniciativa propone imponer la obligatoriedad del orden en las instituciones y en los distintos órdenes de gobierno para que no se siga suscitando la imposible identificación de las personas desaparecidas o extraviadas.

Y una última, que hago un respetuoso llamado a todos los organismos camarales, a todas las organizaciones intermedias, a todas las personas económicamente activas y a ustedes, compañeros legisladores, para modificar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

La corrupción se manifiesta de muchas maneras, y una de ellas es la extralimitación de facultades, el indebido ejercicio de las atribuciones de los servidores públicos, más de manera determinante en los funcionarios fiscales.

De ahí que con el objeto de tipificar y sancionar como delitos fiscales las conductas de estos servidores que a todas luces son ilegales, que conculcan la privacidad de la persona, que reflejan un claro abuso en contra de la actividad económica de la persona, que trasgreden los derechos humanos de la persona, y los contribuyentes, estas personas en tanto contribuyentes quedan en pleno estado de indefensión ante estas autoridades recaudatorias, que sabedoras del vacío de ley se extralimitan en sus facultades o hacen un ejercicio indebido de su encargo, o hacen un uso ilegal e ilícito de la información a la que tienen acceso.

Son estas cuatro iniciativas, compañeros legisladores, las que presento ante ustedes el día de hoy, y les pido respetuosamente a las comisiones y a todos ustedes que me acompañen en la aprobación de las mismas.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativas








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA  UNA FRACCIÓN XXXI AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Manuel Cárdenas Fonseca)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS

(Presentada por el Senador Manuel Cárdenas Fonseca)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por el Senador Manuel Cárdenas Fonseca)

El suscrito, MANUEL CÁRDENAS FONSECA, Senador de la República, de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 numerales 1 y 4, y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables,  someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS FISCALES QUE ACTÚEN ILEGALMENTE, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pago de contribuciones es fundamental para que los Estados cuenten con los recursos necesarios para realizar sus actividades y responder a las necesidades de la población en materia de seguridad, educación, vivienda, servicios básicos y desarrollo económico y social, entre otras muchas más.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano establece en la fracción IV del artículo 31 que “Son obligaciones de los mexicanos: …IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”

Esta obligación está también consignada en el artículo 1° del Código Fiscal de la Federación: “Artículo 1°.- Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas.”

Si bien la actividad financiera del Estado está justificada por el bien social que tutela, debe estar apoyada en una política económica eficiente y en normas claras que garanticen la eficiencia recaudadora del Estado, pero también la protección de los derechos de los contribuyentes.

Un sistema tributario justo y eficaz debe respetar los principios y derechos de los contribuyentes establecidos en la Carta Magna, particularmente en la señalada fracción IV del artículo 31: obligatoriedad, proporcionalidad, equidad, y legalidad.

En particular, la garantía de legalidad que consigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que todas las contribuciones deben estar previamente contenidas en la ley, para que el contribuyente tenga certeza y claridad sobre sus obligaciones, pero también sobre sus derechos. y que esto evite abuso, discrecionalidad y arbitrariedad por parte de las autoridades fiscalizadores,

El principio de legalidad garantiza, asimismo, que las autoridades tributarias no puedan realizar acto alguno en la materia, sin que estén expresamente facultadas en la ley para llevarlo a cabo. Desafortunadamente, en los hechos, los “espacios interpretativos” que se encuentran en la ley, hace que se vulnere en muchos casos y de manera reiterada, este principio que salvaguarda los derechos de los contribuyentes, con afectaciones directas a su patrimonio y sin mediar responsabilidad y sanciones para los servidores públicos que los infringen.

Reitero que un sistema tributario justo y eficaz, debe sí poner énfasis en la recaudación, pero sin descuidar la protección de los derechos de los contribuyentes. El éxito de la recaudación se encuentra más directamente vinculado a normas jurídicas que establezcan con transparencia y claridad las obligaciones y derechos de los contribuyentes, que a medidas y acciones coercitivas por parte de la autoridad responsable.

En México, la normatividad en materia fiscal, ha puesto, tradicionalmente, mayor atención, en las obligaciones de los contribuyentes y en las sanciones a que se harán acreedores por su “probable” incumplimiento, que en las responsabilidades de los servidores públicos encargados de la fiscalización y las sanciones que deberían aplicárseles cuando actúan al margen de lo que establecen las leyes en la materia.

En la normatividad en la materia, hay un evidente desequilibrio entre obligaciones y responsabilidades de contribuyentes y de servidores públicos; lo que ante hechos concretos, ponen en estado de indefensión a los contribuyentes, vulnerando sus derechos, generando juicios innecesarios y afectando su patrimonio, y regularmente sin consecuencia para los servidores públicos que actuaron al margen de la ley o aprovechando los vacíos de las disposiciones legales aplicables.

Hoy, que estamos impulsando cambios legislativos para frenar la corrupción y la impunidad, debemos atender este tipo de acciones, por parte de servidores públicos, una faceta poco identificada, del problema de corrupción e impunidad en México. Es una faceta que si bien no necesariamente se expresa en beneficios directos para el servidor público, si implica un daño al patrimonio de los contribuyentes y contribuye a afectar la actividad económica del país.

Los delitos fiscales se encuentran contenidos en el Capítulo II, Titulo Cuarto del Código Fiscal de la Federación (CFF). Ahora bien, la mayor parte de dichos delitos (artículos 102 a 113 y 115 del CFF) tipifican diversas conducta en que pudieran incurrir los contribuyentes por el incumplimiento doloso de las obligaciones fiscales que la ley les impone; por otro lado, en los artículo 114, 114-A y 114-B del mismo Código, se contemplan solo algunas conductas delictivas en que pudieran incurrir los servidores públicos que contravengan la ley en la verificación o investigación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

En ese sentido, las conductas delictivas dirigidas a los servidores públicos previstas en los artículos señalados del CFF, se encuentran acotadas prácticamente a los siguientes supuestos fácticos:

a) El ordenar o practicar visitas domiciliarias sin mandato escrito de autoridad competente.

b) El realizar embargo de bienes sin orden de autoridad competente y la verificación física de mercancías en transporte fuera de los recintos de fiscalización.

c) La formulación de amenazas en contra de los contribuyentes de presentarles denuncias, querellas o declaratorias de perjuicio por delitos fiscales, así como el cumplimiento de dichas amenazas.

d) La revelación indebida de información de los contribuyentes obtenida de las instituciones financieras.

No obstante lo anterior, existen algunas otras conductas que escapan a las referidas hipótesis y que se han presentado como una constante en los últimos años en agravio de los contribuyentes.

En efecto, en la última década, bajo el pretexto de incrementar la recaudación fiscal, se ha vuelto una práctica constante la determinación de créditos fiscales a los contribuyentes a cualquier precio, violentando las disposiciones que rigen los procedimientos de verificación fiscal o mediante la tergiversación de las normas que rigen los supuestos de actualización de las contribuciones, no obstante que su aplicación debería ser de estricto derecho.

Ejemplo de ello, tenemos la ilegal y arbitraria determinación de créditos fiscales realizada a los contribuyentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en las que ilegalmente impone el pago simultáneo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU ahora extinto), a pesar de que no pueden cobrarse simultáneamente ya que el IETU fue creado como un impuesto mínimo o de control, tendiente a que el contribuyente pagara, en el caso de que no tuviera ISR a cargo, una contribución mínima.

Por lo que el ISR se acreditaba contra el IETU a cargo; es decir, si la cantidad de ISR a cargo del contribuyente era mayor que la de IETU, solo se pagaba ISR; y a la inversa, si el IETU a cargo era mayor que el ISR a cargo del contribuyente, solo se pagaba IETU; pero en ningún momento u ocasión era jurídicamente posible pagar ambas contribuciones.

En ese sentido, el Pleno de la SCJN emitió una Jurisprudencia obligatoria cuyo rubro es: “EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL CARÁCTER "MÍNIMO" DEL IMPUESTO RELATIVO, IMPLICA QUE AL MENOS SE PAGUE ÉSTE, SI POR CUALQUIER CAUSA NO SE PAGA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008).”

Incluso, en torno a este tema, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON)emitió al SAT diversas recomendaciones en ese sentido, como por ejemplo la 8/2014 y la 12/2015, en las que señaló que “es importante no perder de vista que el IETU tenía la naturaleza de un impuesto de control o gravamen mínimo, como precisamente lo llamó el legislador, y para lograr dicho objetivo, esto es, que el IETU no se convirtiera en un impuesto adicional, el legislador previó la posibilidad de que el ISR efectivamente pagado fuera acreditable contra el IETU del mismo ejercicio, lo que permite que se pague únicamente el impuesto que resulte mayor”, de tal forma que bajo ninguna circunstancia se podría pagar ISR e IETU simultáneamente, dado que ello generaría una doble tributación.

No obstante ello, el SAT ha ignorado por completo tanto la Jurisprudencia de la SCJN como las recomendaciones de la PRODECON, apostando al error del contribuyente en la impugnación del crédito y no a la legalidad de su propia actuación, lo que ha generado múltiples afectaciones económicas a los sectores económicos y productivos de nuestro país, por el tiempo y dinero que tienen que invertir en su defensa, ante la ilegal y arbitraria determinación de créditos fiscales.

Otra de las ilegalidades en que han incurrido funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consiste en la obtención ilegal de información financiera de los contribuyentes sin contar con facultades para ello para la formulación de querellas.

En efecto, diversos funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) aprovechándose de su carácter de autoridad, han venido presentando querellas (de manera selectiva) con base en información financiera que han obtenido de manera ilícita (por carecer de facultades de comprobación fiscal, que solo tiene el SAT, además de realizarlo fuera de cualquier procedimiento, ya sea visita domiciliaria o averiguación previa), a partir de la tergiversación de la fracción VIII(recientemente trasladado al artículo 92) del artículo 42 del CFF en relación con el artículo 142 fracción IV de la Ley de Instituciones de Crédito, que señalan:

CFF

 “Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:



VIII.- Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la Ley relativa concede a las actas de la policía judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio público federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.1

IX

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que SEINICIAN CON EL PRIMER ACTO QUE SE NOTIFIQUE AL CONTRIBUYENTE.

LIC.

“Artículo 142.-La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades:

I. El Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del indiciado;

II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del indiciado;

III. El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del indiciado;

IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;

…”

Supuestamente, con fundamento en dichos preceptos, funcionarios de la PFF han solicitado y obtenido ilegalmente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV información bancaria de diversos contribuyentes, bajo el argumento de que se encuentran comprobando el cumplimiento de las obligaciones fiscales para poder determinar la posible comisión de conductas delictivas, a pesar de carecer de dichas facultades.

Lo anterior es totalmente ilegal por las siguientes razones:

En primer lugar, como ya lo han resuelto algunos órganos jurisdiccionales, las facultades de comprobación, como la prevista en el artículo 42 fracción VIII del CFF ahora 92 cuarto párrafo del CFF, se encuentran reservadas al SAT, lo cual se advierte claramente de los artículos 7° y Tercero Transitorio de la Ley del SAT:

Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

I. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable;

II… III…

IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal;

V… VI…

VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones;

VIII… XI…

XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.

XIII… XVIII…”

“TERCERO. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la presente Ley, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.

En segundo lugar, las facultades de comprobación se encuentran sujetas a la garantía de legalidad y, por ende, a las formalidades y procedimientos que la Ley de la materia exigen para su ejercicio, dentro de las cuales se establece la obligación de notificar al contribuyente el inicio de su ejercicio, ello en aras de respetar la garantía de defensa de los contribuyentes, tal y como se advierte del artículo 42 párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación:

Artículo 42.- …

I… IX…

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que SEINICIAN CON EL PRIMER ACTO QUE SE NOTIFIQUE AL CONTRIBUYENTE.

1) En términos del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, el acceso a la información financiera de los cuentahabientes es un caso de excepción y, como tal, su interpretación es totalmente restrictiva, en ese sentido el referido precepto legal es muy claro al señalar que las únicas autoridades que pueden solicitar información bancaria para fines penales son el Procurador General de la República, los procuradores generales de justicia de los Estados, así como el Procurador de General de Justicia Militar y, respecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ésta solamente puede solicitar información para FINES FISCALES (es decir, para efectos de comprobación fiscal, a cargo del Servicio de Administración Tributaria) y no para fines penales como lo han venido haciendo funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación para formular sus querellas.

Prueba de esto es que en la reforma de 2005 al artículo 117 ahora 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, se señaló, por parte de los legisladores, que los únicos órganos fiscales facultados para pedir información bancaria para fines fiscales lo son el SAT, el IMSS, INFONAVIT y la TESOFE pero no la Procuraduría Fiscal de la Federación, tal y como se desprende del DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 117 Y DEROGA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO”, de la Cámara de Diputados de fecha 28 de abril de 2005.

No obstante lo anterior, funcionarios de la PFF ilícitamente han violentado el secreto bancario obteniendo información de los cuentahabientes, entre ellos de varios ex funcionarios públicos de diversas administraciones y partidos políticos, manipulando sus solicitudes de información al hacer creer a las instituciones de crédito que dicha información se encuentra enmarcada en el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal (a pesar de no tenerlas), cuando su verdadera finalidad es la formulación de querellas por delitos fiscales, aspecto eminentemente penal que rebasa a todas luces la excepción contenida en la fracción IV del artículo 142 de la LIC.

Siendo una de las funciones del derecho penal, la disuasión de conductas que afectan a la sociedad, como las que aquí venimos mencionando, en la que además intervienen funcionarios públicos que debieran conducirse dentro del marco de la legalidad, se propone tipificar estas conductas que dañan a los contribuyentes y establecer las sanciones aplicables.

Se proponer reformar el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación para incorporar al texto como conducta sancionable, en los términos del propio artículo, la de los servidores públicos que “determinen ilegalmente créditos fiscales a los contribuyentes”.

De igual forma, se propone adicionar un nuevo artículo 114-C al CFF, para sancionar de uno a seis años de prisión a los servidores públicos que aprovechándose de su empleo obtengan de manera ilícita “información o documentación contable, fiscal y financiera de los contribuyentes” y estas penas podrán ser aumentadas hasta por una mitad más para aquellos servidores públicos que esta información obtenida ilegalmente en cualquiera de los procedimientos establecidos en el propio código. Con esto se garantiza un trato justo a los contribuyentes y un completo apego a la legalidad en materia fiscal.

La presente iniciativa con proyecto de decreto, también recoge una gran preocupación de un amplio sector de contribuyentes y es el relativo al manejo de la gran cantidad de información que le otorgan a las autoridades fiscalizadoras y a la cual tienen acceso un número indeterminado de servidores públicos de estas instituciones.

Si bien el artículo 69 del CFF estable la obligación de los servidores públicos de guardar reserva sobre los datos proporcionados por los contribuyentes y de los terceros relacionados, con las excepciones establecidas en las leyes; en el propio CFF, no se contempla, de manera explícita, una sanción para quienes violen esta obligación. El artículo 114-B del Código en comento, establece una sanción de uno a seis años de prisión al servidor público que revele a terceros la información “que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales.”, pero no sanciona el revelar la información obtenida directamente del contribuyente a la que tenga acceso, ni el uso personal de esos datos que haga el servidor público.

Con ese propósito, se propone reformar el referido artículo 114-B del CFF para sancionar en los términos del propio artículo, al servidor público que revele información obtenida o a la que tenga acceso del contribuyente o que haga cualquier uso de ella con propósitos no establecidos en las leyes en la materia.

Por todo lo anteriormente expuesto, la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Fiscal de la Federación que pongo a su consideración, para fines comparativos se realiza en los siguientes términos:

CFF VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

TITULO CUARTO
De las Infracciones y Delitos Fiscales
CAPÍTULO II
De lo delitos fiscales

TITULO CUARTO
De las Infracciones y Delitos Fiscales
CAPÍTULO II
De lo delitos fiscales

Artículo 114.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales.

ARTÍCULO 114.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente o bien determinen ilegalmente créditos fiscales a los contribuyentes. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales.

Artículo 114-B.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, al servidor público que revele a terceros, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de este Código, la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales.

Artículo 114-B.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, al servidor público que revele a terceros y/o utilice con propósitos no establecidos en las leyes en la materia, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de este Código, la información que las instituciones que componen el sistema financiero o los contribuyentes hayan proporcionado a las autoridades fiscales.

CFF VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Sin referente

ARTÍCULO 114-C.-Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, al servidor público que aprovechándose de su empleo, cargo o comisión, solicite u obtenga ilícitamente información o documentación contable, fiscal o financiera de los contribuyentes.
Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentaran hasta por una mitad más, para el servidor público que utilice la información o documentación antes referida, en cualquiera de los procedimientos previstos en el presente Código o bien ante cualquier autoridad administrativa o judicial.

Con lo anterior se busca por un lado, inhibir todas aquellas prácticas ilegales por parte de las autoridades fiscales en la verificación e investigación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y, por otro lado, el dar certeza y seguridad jurídica al gobernado de que no será molestado arbitrariamente en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, por ninguna autoridad fiscal, sin sustento legal y se garantizará la protección de los datos que aporte

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el artículo 114 para quedar como sigue:

ARTÍCULO 114.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente o bien determinen ilegalmente créditos fiscales a los contribuyentes. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se modifica el artículo 114-B para quedar en los siguientes términos:

Artículo 114-B.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, al servidor público que revele a terceros y/o utilice con propósitos no establecidos en las leyes en la materia, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de este Código, la información que las instituciones que componen el sistema financiero o los contribuyentes hayan proporcionado a las autoridades fiscales.

ARTÍCULO TERCERO.  Se adiciona un nuevo artículo 114-C para quedar como sigue:

ARTÍCULO 114-C.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, al servidor público que aprovechándose de su empleo, cargo o comisión, solicite u obtenga ilícitamente información o documentación contable, fiscal o financiera de los contribuyentes.

Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentaran hasta por una mitad más, para el servidor público que utilice la información o documentación antes referida, en cualquiera de los procedimientos previstos en el presente Código o bien ante cualquier autoridad administrativa o judicial.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor, al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador Cárdenas Fonseca.

1 Dicha fracción fue trasladada parcialmente al cuarto párrafo del artículo 92 del CFF, mediante reforma de fecha 17 de Junio de 2016, para quedar de la siguiente manera:

“Artículo 92.- …

I…III…


La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de formular ante el Ministerio Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos necesarios para documentar hechos probablemente constitutivos de delitos fiscales.”

Daremos turno a las iniciativas que presentó el Senador Cárdenas Fonseca, y como es su derecho y su solicitud se refiere, por un lado, al proyecto de reforma del artículo 16 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Al proyecto de Decreto que adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Al proyecto de Decreto que reforma la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y al proyecto de Decreto que reforma el Código Fiscal de la Federación, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Para dar certeza a esta Presidencia, también quiero insistir en el turno que le daremos a las 8 iniciativas que presentó el Senador Lozano Alarcón, que se tratan, por un lado:

Del proyecto de Decreto que reforma al artículo 69 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Al proyecto de Decreto por el que se derogan, adicionan y reforman los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

El proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 160 del Código Penal Federal, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

El proyecto de Decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

El proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7o. en su numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

El proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 2 del artículo 214 del Reglamento del Senado de la República, se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Por último, el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1o. y 4o. constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su venia.

En el siglo XVII un hombre, con base en sus observaciones, en sus cálculos matemáticos, en lo que la incipiente ciencia le demostraba y su intelecto le develaba, sostuvo que la tierra no se encuentra estática, afirmó: Que la tierra no es el centro del universo y que ésta se mueve en torno al sol.

Astrólogos y filósofos contemporáneos se escandalizan ante tal afirmación e incapaces de demostrar con argumentos las falencias de la teoría de Galileo, acuden a los jerarcas de la Iglesia Católica, Romana, para que pongan orden y desdeñen cuanto antes semejante teoría contraria a lo establecido en las sagradas escrituras.

Cómo podría la razón desafiar al dogma, ¡imposible! ¡herejía!

Y es entonces que citado en el Vaticano y tras la amenaza de ser torturado, Galileo se ve obligado a retractarse y acepta que lo que dice la Biblia es cierto: Que la tierra se encuentra al centro del universo inmóvil, estática.

Pero lo que había hecho este hombre, no tenía marcha atrás, había creado una revolución, no sólo científica.

Su mayor insurrección, su mayor acto de rebeldía, consistió en pensar, en utilizar el razonamiento para cuestionar el dogma.

Hoy, a cuatro siglos después de aquel episodio: pensar, razonar, recapacitar, sigue siendo una actitud de rebeldía.

Desafiar el dogma, sigue siendo revolucionario, especialmente cuando éste se contrapone a la igualdad, a la libertad y a la dignidad de las personas.

Es el caso, señoras y señores, de las presentes iniciativas en materia de matrimonio igualitaria, que han abierto un debate en nuestra sociedad, pero lo que observamos es, que quienes se oponen, fundan su oposición en dogmas, y no en argumentos jurídicos o científicos, dogmas religiosos y también dogmas económicos.

Viste mucho venir a esta tribuna, hablar sobre desarrollo económico sustentable, y está muy bien hablar de eso y discutirlo y aprobarlo, pero para ello hay que dejar claro que sustentabilidad es un proceso integral, un sistema que incluye dimensiones culturales, éticas, políticas, ambientales y sociales y no sólo económicas. Que la igualdad y la democracia son prerrequisitos para que haya sustentabilidad.

Porque, ¿de qué sirve que México se encuentra ya entre los países del G20? ¿De qué le sirve a la gente que nuestro país sea la décima octava economía del mundo? De nada, de nada, señoras y señores, de nada. Si eso no se traduce, y hay que decirlo de manera puntual, en igualdad. En igualdad de oportunidades, en igualdad de derechos, en la igualdad básica y primigenia que implica que ante la ley todas y todos somos iguales.

Y que es inadmisible que el texto de la ley discrimine a unos por lo que son o por lo que no son.

El matrimonio civil igualitario es resultado de una lucha por la igualdad y la no discriminación. Es un reflejo del reconocimiento de derechos humanos y eso, por eso, y con base a eso, nosotras y nosotros hemos entendido que debe ser una prioridad en nuestra agenda legislativa.

Y permítanme enumerar algunas cuestiones:

1.- El derecho al matrimonio es un derecho humano. La Carta Fundacional del concierto de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece: Que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil, tienen derechos sin restricción alguna a casarse y fundar una familia y disfrutarán, dice, de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la exclusión de las parejas del mismo sexo al matrimonio, es discriminatorio. Eso ya lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha determinado que la mera existencia de legislación discriminatoria en el orden jurídico de un país miembro, viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Señoras y señores Senadores, hoy presentamos ante este Pleno dos iniciativas con proyecto de Decreto para reformar, en primer lugar y en primer término los artículos 1o. y 4o. de nuestra Constitución, y en segundo, diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de matrimonio igualitario.

Estas iniciativas cuyo origen es la lucha histórica de un movimiento social y ciudadano nacidas de la exigencia de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis, intersexuales y también heterosexuales tienen como objetivo el reconocimiento de la igualdad, y por lo tanto, de la dignidad humana.

Retoman en gran parte las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal el pasado 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia.

¿Por qué estas iniciativas?, también hay que decirlo, son producto de la lucha de los colectivos, el LGBTTTI que fueron quienes la impulsaron, estas iniciativas, por cierto, no son las del Ejecutivo, no son las de Angélica de la Peña, no son las de Miguel Barbosa, no son las de Alejandro Encinas, no son las iniciativas que hoy signamos todos los que la signamos; son las iniciativas en materia de matrimonio igualitario de la sociedad civil.

Hay quienes se han empeñado en decir que estas iniciativas no son prioridad, que no hay consenso para discutirlas, que no están en la agenda legislativa de los grupos parlamentarios. La verdad es que difieren su discusión, y es porque no tienen argumentos que la defiendan frente a la gran embestida de estos grupos religiosos que se quieren imponer al Estado laico, no hay consenso, dicen que no están en la agenda legislativa, pero la verdad, están basados en dogmas y también en prejuicios para oponerse a ellas.

Lo cierto, creo, es que tienen miedo, infundado, también, por cierto; un castigo del electorado, y la sociedad mexicana, también hay que decirlo, es mucho más madura de lo que ustedes creen.

Hay quienes también piensan y se obstinan de que esta lucha por lograr que el matrimonio igualitario está muerto a partir de esta determinación, sobre todo particularmente por parte de los grupos parlamentarios del PRI en Cámara de Diputados y en el Senado.

Yo les digo, que sin embargo, se mueve.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativas








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)



PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Sonido en el escaño de la Senadora Andrea García.

La Senadora Andrea García García: (Desde su escaño) Quisiera adherirme a la iniciativa de la Senadora.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senadora De la Peña Gómez, preguntan si pueden adherirse a su iniciativa.

Con gusto, y así le pido a la Secretaría que esté pendiente de todos aquellos que levanten la mano en consulta con la propia proponente para adherirlas a la firma.

Daremos turno a estas iniciativas que se han presentado.

El proyecto de Decreto de reformas constitucionales, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

El proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Código Civil Federal, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Calderón Hinojosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Señor Presidente, le pediría que la turnara a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: ¿La anterior? Muy bien, ampliamos el turno a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

Senadora De la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Yo creo que por ser un tema trascendental del Estado laico, debería la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, prevalecer la opinión, ese es mi punto de vista. Le pido que tome en consideración mi opinión.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Hemos ampliado el turno, es un trámite que he dictado como Presidente, les pido que si tienen algún tema que quieran que discutamos, ustedes conocen perfectamente bien el Reglamento, saben que pueden presentar un escrito a la Mesa Directiva para hacer rectificaciones de turno, si esos fueran sus deseos, y si nos hacen llegar un documento con la rectificación del trámite que hemos dictado, yo con mucho gusto lo consulto con mi Mesa Directiva en el espacio apropiado y traemos una solución al Pleno.

Si les parece bien, continuamos.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) ¿Ya quedó el turno?

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, ya quedó el turno, e insisto, se puede presentar un documento para pedir la rectificación del turno, y yo lo platicaré con la Mesa Directiva, y veremos si se rectifica o no se rectifica, hasta ahorita ya el turno ha sido dictado de esa manera. Les agradezco a todos su comprensión.






Antes de iniciar con los dictámenes, la Mesa Directiva quiere hacer un pronunciamiento en relación con el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”.

PRONUNCIAMIENTO

Honorable Asamblea, esta Mesa Directiva hace suyas las efemérides registradas el día de hoy por los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Francisco Salvador López Brito, María Elena Barrera Tapia, Yolanda de la Torre Valdez y Jesús Casillas Romero, en relación con el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”.

Como es de su conocimiento, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2003, cada 10 de septiembre promocionan el “Día Mundial de la Prevención del Suicidio”.

Esta celebración tiene el propósito de concientizar a todo el mundo de que el suicido puede prevenirse y esa acción se puede realizar identificando a las personas en situación de riesgo e interviniendo oportunamente.

En México, este fenómeno ha registrado un incremento notable y preocupante. Las estadísticas oficiales lo colocan como la décima quinta causa de muerte a nivel nacional y lamentablemente los suicidios en México presentan una tendencia creciente.

Desde el Senado de la República exhortamos a las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno, para que sigan incrementando las acciones que permitan fortalecer un plan integral para prevenir el suicidio y brindarle a quienes son propensos a ser afectados por este fenómeno, un tratamiento específico de acuerdo a sus necesidades.

La Cámara de Senadores refrenda su compromiso para emprender acciones legislativas sobre este tema, con la finalidad de reducir los suicidios en México y lograr la atención de personas en riesgo, proporcionándoles derechos específicos para contener, prevenir y, en su caso, evitar suicidios en nuestro país.

Muchas gracias.






En otro apartado del Orden del Día, tenemos la discusión y votación de dictámenes.

Daremos segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de conservación del estado físico de carreteras. A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 28 de abril.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Javier Lozano Alarcón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Nos ha solicitado el presidente de la comisión, el Senador Lozano, en este uso de la palabra hacer la presentación de todos los dictámenes, por lo que seremos muy tolerantes con el tiempo que requiera el Senador Lozano Alarcon, les pido que ustedes también lo sean, para que pueda presentar en este acto todos los dictámenes, para ser votados por separado posteriormente.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, se trata de cuatro dictámenes que ya fueron aprobados por la Comisión de Comunicaciones y Transportes y por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, relativo a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y uno de la Ley de Aviación Civil.

Les voy a explicar de qué se trata cada uno de ellos.

En primer término, tenemos una modificación al artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, por la cual se establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede convenir, como de hecho lo hace, con estados y municipios, trabajos para la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos carreteros de jurisdicción federal.

Pero lo que se le está agregando es que estos trabajos de mantenimiento, de conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales se deben hacer siguiendo necesariamente con las especificaciones técnicas y estructurales que establecen las normas que regulan a la propia Secretaría, esto es para homologar los trabajos. Si bien hay convenios con estados y municipios, que sea con las mismas características, con los mismos materiales y especificaciones. Eso es por cuanto hace al artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Luego tenemos el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil. ¿En qué consiste esta propuesta en este dictamen?

Dice que en los servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tienen derecho al transporte de su equipaje, con base en los límites de peso, volumen, número de piezas, etcétera, que está establecido en reglamentos y demás disposiciones correspondientes.

Pero lo que le estamos agregando es lo siguiente:

Dice: "Los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta".

Entonces, en adición a su equipaje, en términos reglamentarios, podrá llevar esta persona con discapacidad cualquiera de estos: sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, etcétera, que utilice directa y personalmente.

El tercer dictamen es el referido al artículo 5o., también de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y lo que dice es que: "corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy ya dice, que le corresponde determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes".

Lo que se le está agregando en este dictamen a su consideración es que la Secretaría también actualice y publique, cuando se requiera, la clasificación carretera en el Diario Oficial de la Federación.

¿Esto para qué efectos? Para saber qué tipo de carretera, qué tipo de autopista es apta para que pueda circular el autotransporte federal de personas, de pasajeros o de carga, según se trate.

El cuarto dictamen, éste fue el que suscitó más debate, porque habíamos recibido la minuta de Cámara de Diputados con una lógica de que el autotransporte federal tuviese una antigüedad máxima de cinco años para poderse subir a las carreteras de jurisdicción federal, y una antigüedad máxima de 20 años para poder circular en las carreteras de jurisdicción federal.

Vinieron aquí las organizaciones de transportistas, escuchamos a todo mundo, de hecho hicimos un foro, escuchamos a la Comisión Federal de Competencia Económica, y llegamos a la conclusión de que había que hacerle adecuaciones a esta minuta. Y el dictamen, entonces, queda en los términos siguientes:

Ya no es importante como tal, se los explico, ya no es importante como tal o fundamental o determinante la antigüedad per se de un vehículo automotor del autotransporte federal para poder subirse a las carreteras o para poder circular un tiempo máximo en las carreteras, lo importante es el estado físico-mecánico de los automotores. Por eso es que estamos proponiéndolo en el artículo 35, la autorregulación, ¿para qué efectos?

Dice: "Las personas morales y las personas físicas que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma oficial mexicana respectiva, podrán ellas mismas realizar la verificación técnica de sus vehículos y, en su caso, de terceros".

Continúa diciendo: "La Secretaría promoverá con otras dependencias del Ejecutivo Federal y estatal, el reconocimiento de la autorregulación para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas".

Esto va a facilitar todos los procedimientos de verificación a partir de lo que se llama la autorregulación, obviamente, siempre y cuando estén debidamente acreditados y certificados para tal efecto.

Luego, el artículo 39 lo que dice es: "Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir, "esto es lo que le agregamos", durante todo el tiempo que presten servicio de autotransporte federal, con las condiciones de seguridad físico-mecánicas y de baja emisión de contaminantes, con las condiciones de peso bruto vehicular permitido y sus elementos de seguridad vial, dimensiones, capacidad y otras especificaciones que establezcan los reglamentos respectivos, y las normas oficiales, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos".

Continúa diciendo: "Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de control gráficos o electrónicos para regular la velocidad máxima".

Y como ustedes pueden ver, en este caso, lo que se está haciendo es no hablar de una antigüedad, no se está hablando de una antigüedad, sino que se está hablando que en todo momento deben cumplir con la norma oficial mexicana, con los reglamentos en cuanto a contaminantes, pesos, dimensiones, las condiciones físico-mecánicas de los vehículos y, desde luego, respetar los señalamientos y límites de velocidad.

¡Ah! Y se agrega otra cosa, que en un plazo de 180 días, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con la del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Hacienda y Crédito Público, y la Banca de Desarrollo, deben expedir, pues, un programa para continuar con todas las acciones para la deschatarrización de la planta vehicular de todos estos vehículos que están viejos.

Y lo que nos explicaban los hombres-camión es: "No nos pongan normas demasiado estrictas, no nos obliguen a tener un vehículo si no tenemos un programa de financiamiento que nos permita una sustitución eficiente y accesible para todos nosotros". Y el grueso del autotransporte federal en este país es de hombres-camión.

Así que estamos haciendo, yo creo, lo suficientemente flexibles para que se pueda llevar a cabo este trabajo.

Y les comento, que a petición del grupo parlamentario del PRD, estamos dejando a un lado un dictamen que traíamos para el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, porque lo vamos a volver a discutir en comisiones.

De lo que se trata es, de que cuando haya un solo camino, una sola opción para llegar a un determinado destino, y sea una vía concesionada, lo que habíamos recibido, la minuta que recibimos de Cámara de Diputados hablaba de que o reducción tarifaria o, incluso, exención de la tarifa para los residentes de las poblaciones aledañas a este tramo.

Nosotros, después de hablar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llegamos a la conclusión de suavizar un poco el lenguaje para que se hable, que se diga que los concesionarios, previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aplicarán esquemas tarifarios derivados de solicitudes de residentes de las zonas aledañas.

Lo que quiere el PRD es que regresemos a revisar la redacción de la minuta, como nos la envía la Cámara de Diputados, insistamos, ya que tenemos nuevo Subsecretario de Comunicaciones y Transportes y nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público, que vayamos con ellos a ver si podemos retomar aquella redacción de la minuta que a todas luces es más benéfica para residentes que están en zonas aledañas, de caminos concesionados que son la única opción para llegar a su destino.

Así, pues, estos son los cuatro dictámenes que estamos sometiendo a su consideración y respetuosamente solicito la aprobación de todos ellos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador Lozano.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Al igual que el Senador Lozano Alarcón, le solicitaría su autorización para presentar los cuatro dictámenes en un solo acto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Adelante, Senador Encinas, y tiene el tiempo que desee.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Va a ser muy breve y muy puntual.

En estos cuatro dictámenes pudiéramos distinguir tres tipos básicos de reforma. Dos de ellos que están orientados a garantizar la seguridad y la protección de todas aquellas personas que utilizan las carreteras y los caminos en nuestro país.

Por eso, la propuesta de reformas a los artículos 5o. y 25 de la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que busca en lo fundamental que la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales que realicen las autoridades estatales o municipales, se elaboren conforme a las normas que regule la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Eso homologa las normas técnicas y da mayores garantías para que los trabajos de mantenimiento y rehabilitación cumplan con todas las disposiciones técnicas.

Al igual que se plantea en el artículo 5o., fracción V, que establece que las carreteras tienen un diseño específico para la circulación de distintas configuraciones de transporte, tanto por su volumen, por su peso, por su extensión, y esto no se cumple necesariamente en todas las carreteras, porque mucho de este equipo pesado o de gran extensión rompe con las condiciones y las especificaciones para las cuales están diseñadas las carreteras en nuestro país, lo que daña la infraestructura, ocasiona accidentes y pone en riesgo la vida de la población.

Y si bien existe una norma oficial mexicana sobre el reglamento en materia de peso, dimensión y capacidad de los vehículos de autotransporte, lo cierto es que hasta ahora no se cumple, por lo cual la reforma a la ley le dará no solamente fuerza a la norma técnica, sino establecerá obligación para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice plenamente su cumplimiento.

La tercera reforma, vinculada a la Ley de Aviación Civil, busca resolver un problema de falta de atención a las personas que presentan algún tipo de discapacidad y utilizan el transporte aéreo, en donde como ya aquí se ha señalado, debe reconocerse que todas las personas con discapacidad que utilicen el transporte aéreo tendrán derecho a transportar sus sillas de ruedas, los andadores, las prótesis, muletas, bastones o cualquier instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta.

Creo que esto ayudará no solamente a atender esta falta de atención para la accesibilidad de la persona con discapacidad al transporte aéreo, sino también a quitar muchas de las barreras burocráticas y el maltrato de que son objeto por el personal migratorio y el personal de seguridad privada, que en muchos aeropuertos restringen la libre movilidad de las personas con algún tipo de discapacidad.

Y, finalmente, el cuarto dictamen, este también respecto a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a sus artículos 35, 39 y 50, que fue el más debatido, busca incentivar, a través de los mecanismos de autorregulación, el cumplimiento voluntario de los sectores productivos, dándoles el reconocimiento y los instrumentos institucionales adecuados para que avancen en la renovación del parque vehicular.

Esta discusión en torno al hombre-camión, o incluso a las grandes empresas, nos llevó un gran tiempo de discusión, pero creo que contempla, en lo fundamental, dos aspectos que son los centrales de la ley.

Uno, la autorregulación que se dan los propios propietarios, valga la redundancia de la palabra, quienes estarán a cargo de cumplir con todas las normas y disposiciones técnicas, tanto para el mantenimiento, conservación y cumplimiento de las normas de emisión ambiental, como también el generar instrumentos, por parte de la autoridad, para avanzar en la renovación del parque vehicular.

Esto puede incentivar de manera muy significativa la reducción de los dos principales problemas que hoy se presentan en el transporte de carga.

Uno, vinculado a la seguridad por no solamente la muy avanzada edad del parque vehicular, que en muchos casos rebasa los 20 años, es decir, ya cumplió su vida útil, y las condiciones de mantenimiento no han sido adecuadas para la prestación del servicio por el cual están circulando.

Y el otro, que es muy importante, que está asociado a la emisión de contaminantes a la atmósfera.

Hay que señalar que este parque vehicular que tiene el transporte de carga con placa federal, que tiene un promedio de antigüedad superior a los 20 años de edad, aporta el 80 por ciento de las emisiones totales de partículas menores a 2.5 micras a la atmósfera, y aporta también el 90 por ciento del carbono negro, que es uno de los contaminantes más agresivos, en la atmósfera.

Por lo cual, una reforma de esta naturaleza, reconociendo las particularidades de este sector, en especial la capacidad económica del hombre-empresa, también busca avanzar en la solución básica de los temas ambientales y de seguridad que deben de gozar todas las personas usuarias de estos medios de transporte.

Yo creo que en estas cuatro, se da un avance importante, y esperamos contar con la aprobación del Pleno del Senado.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Encinas Rodríguez. Se encuentra a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor del dictamen.

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El desarrollo de una amplia red carretera es fundamental para el desarrollo económico del país, en virtud de que permite mejores condiciones para el intercambio de mercancías y el fomento de la industria turística.

También hace posible acceder a una cobertura de servicios y mejora la calidad de vida de los ciudadanos al permitirles mayor interconectividad con otras poblaciones.

Por ello, una de las principales prioridades para la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, ha sido la de desarrollar una amplia infraestructura carretera.

Basta mencionar que, en el último año, el gobierno federal concluyó 26 autopistas y más de 57 obras de construcción y modernización en carreteras federales que representaron más de 2 mil 300 kilómetros.

No obstante, una de las principales problemáticas relacionadas con la infraestructura carretera, es la relacionada con la divergencia entre las características estructurales de las carreteras estatales y las federales.

Como lo señala el proponente, esta situación es causa de un número importante de accidentes provocados por las malas condiciones que presenta la infraestructura carretera, principalmente en carreteras alimentadoras, en entronques, en caminos rurales de jurisdicción local.

En ello radica la oportunidad y trascendencia de este dictamen que hoy se somete a discusión, porque busca que nuestro país cuente con una infraestructura carretera uniforme.

Para ello, el proponente señala que resulta necesario que en la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos carreteros que lleven a cabo las autoridades estatales o municipales, se realicen conforme a las normas que regulan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin duda, esta es una acción de gran relevancia porque coadyuvará a fortalecer la seguridad vial, la cual representa uno de los principales retos de nuestro país, en virtud de que cada año se presentan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de tránsito.

El gobierno federal no ha sido omiso o indiferente ante esta situación. Por ello, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se busca garantizar una mayor seguridad de las vías de comunicación a través de mejores condiciones físicas en la red carretera.

Compañeros y compañeras Senadoras: En el grupo parlamentario del PRI, estamos comprometidos por impulsar las acciones que se traduzcan en una mejor conectividad para las y los mexicanos. Estamos convencidos que el desarrollo de una infraestructura carretera homogénea y sin divergencias estructurales no sólo contribuirá a potenciar el desarrollo socioeconómico regional, sino que también garantizará la seguridad de los usuarios.

Los legisladores del PRI votaremos a favor del presente dictamen, por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, porque con ello contribuiremos a disminuir el número de accidentes carreteros provocados por la falta de homogeneidad en las características y calidad de las carreteras.

De igual forma, hacemos un respetuoso llamado a todas las fuerzas políticas para que se manifiesten en el mismo sentido.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Anabel Acosta.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente.

Mis felicitaciones a nuestra nueva Mesa Directiva.

Voy a referirme a todos los dictámenes en un solo acto, pero previo a esto, agradecer la voluntad política del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional para posponer la votación de un dictamen que consideramos debemos discutir más.

Ese dictamen obedece a una minuta que recibimos de Cámara de Diputados, que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Fedral, esto con la intención de que haya otras alternativas para cuando el único acceso a una población, como ejemplo ponemos Ciudad del Carmen, los locales tengan más y mejores oportunidades y beneficios económicos para que no paguen en sí el transporte de telepeaje.

En este sentido, tuvimos varias reuniones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero estamos apostando hoy a la posibilidad de que llegando un Secretario de Hacienda con mayor sensibilidad, y eso esperamos, viniendo de la Sedesol, se dé la oportunidad de que dejemos la minuta tal como estaba de Cámara de Diputados, puesto que el texto es mucho mejor.

Es por eso que se ha bajado del Orden del Día, esperamos su apoyo para que logremos los consensos necesarios y mantengamos esta minuta de Cámara de Diputados, tal cual estaba.

En cuanto a los dictámenes que votaremos hoy, déjenme decirles que el primero, y que obedece al artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tiene el objetivo de impulsar una red carretera más uniforme en el que la integración y la coordinación de las entidades y municipios, con base en el marco jurídico de la Secretaría, beneficien colectivamente y articulen de tal manera que se puedan prevenir los accidentes viales.

Y esto porque tenemos datos del Inegi, que últimamente ya no estamos ciertos si vamos a citar a Inegi o no, pero el Inegi da datos de que el 4 por ciento de los accidentes que ocurren en nuestro país tienen que ver con las condiciones de la vialidad. Es decir, más de 11 mil accidentes viales anuales en nuestro país están atribuidos a la condición del sistema carretero.

Para tal motivo, es necesario reforzar la seguridad vial, y en este sentido es que las entidades y municipios deben realizar convenios con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la reconstrucción y ampliación de tramos federales, éstos para que se sujeten a la normatividad de la Secretaría.

Lo anterior permitirá que el desarrollo paralelo entre los avances de las vías de comunicación y crecimiento de la población, como la modernización de los caminos existentes, sean las bases a los estándares de seguridad vial, lo que permitirá tener mayor calidad, y por ende, la disminución de accidentes atribuibles a este factor.

Vamos a favor de este dictamen por estas consideraciones.

El segundo dictamen, que es un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil, ya lo explicaron a detalle el compañero Alejandro Encinas y el Senador Lozano, es necesaria la obligatoriedad para las aerolíneas de que permitan que las personas con discapacidad lleven, ya sea sus sillas de ruedas, sus andaderas, etcétera, no como una concesión, sino como una obligatoriedad.

Estamos a favor de este dictamen también porque es un derecho de las personas con capacidades diferentes.

El proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 de la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, como lo explicaba también nuestro compañero Alejandro, tiene que ver con los hombres-camión, y es el que más complejo resultó llegar a un acuerdo al interior de ambas comisiones.

Logramos un texto que básicamente beneficia y, creo yo, que aporta a la minuta que recibimos, y es por eso que votaremos a favor en el sentido de que vemos que en el Partido de la Revolución Democrática, todo el tiempo nos manifestamos en contra de la disposición aberrante, por lo que resultaba la discriminación de pequeños empresarios en este sector, pues la redacción, por sí misma y sin mayores interpretaciones, los dejaba en desventaja ante el texto de la minuta, en el sentido de que los vehículos mayores a 20 años no podrían circular.

En las comisiones dictaminadoras, tras un significativo ejercicio y consenso, llegamos al diálogo, llegamos al consenso de que se lograra eliminar estas expresiones que establecían un límite de antigüedad injustificado para que, ahora en lugar de que digan que pueden transitar un máximo de 20 años, establezca que podrán hacerlo siempre y cuando cuenten con el dictamen de condiciones de seguridad físico-mecánicas y de baja emisión de contaminantes.

También se impuso un plazo que consideramos importante, que consideramos que vale la pena y que pudiera ser operativo.

Y, por último, el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. En este sentido, debemos decir que el actualizar nuestra legislación y publicar, cuando se requiera, la clasificación de carreteras en el Diario Oficial de la Federación, es indispensable.

Vamos a favor de estos dictámenes, no sin antes felicitar a los presidentes de ambas comisiones y a la Junta de Coordinación Política, por haber llegado a estos acuerdos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza.

Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: No habiendo más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de proyecto de Decreto.

Sonido en el escaño del Senador Flores Ramírez, por favor.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

Había pedido el uso de la palabra para hablar a favor de uno de los dictámenes, justo ya se abrió el tablero, en este caso es para la votación del primer dictamen, mientras ello ocurre, desde mi escaño, ¿puedo hacer un señalamiento sobre el cuarto dictamen que es el de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal?

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Yo le pediría, Senador Flores, si es tan amable, presentaron tanto el Senador Lozano como el Senador Encinas, en una exhibición, los cuatro dictámenes.

Yo le pediría, de favor, si es tan amable de indicarnos en Mesa Directiva, en cuál de los cuatro dictámenes cree que es oportuno participar y desde ahí le doy el registro para que lo pueda hacer desde aquí.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Sí, es el relativo a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Me parece que es el dictamen cuarto, lo registramos y lo apuntamos, Senador Flores. Con mucho gusto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Está abierto el sistema electrónico para que puedan ejercer su voto.



Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 96 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil, en materia de apoyo a personas con discapacidad. A este dictamen se le dio primera lectura el 28 de abril pasado.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

El dictamen ya fue presentado por los presidentes de las comisiones dictaminadoras, por tanto, se encuentra a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del presente dictamen.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomienda a los Estados parte: Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.

Los lineamientos de esta propia Convención deben servir a los Estados para realizar adecuaciones legislativas y ejecutivas que contribuyan a lograr un país más incluyente, libre de discriminación y que permita desarrollar, con toda libertad, el proyecto de vida de cada individuo.

En nuestro país hay 7.6 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, que en su mayoría enfrentan retos diarios para desplazarse por el territorio nacional y hacia el extranjero. La cifra exacta de quienes ven violentados sus derechos en materia de transporte no existe hasta el momento.

Por eso, celebramos que el gobierno de la República haya instruido al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, a crear el Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad, lo que nos permitirá en un futuro tener datos certeros que detonen en políticas públicas focalizadas con resultados medibles.

Actualmente, aunque la Convención antes citada contemple que los Estados deben adoptar medidas para que las personas con discapacidad gocen de manera igualitaria al acceso al transporte, no ocurre así.

Los lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo, cataloga los aditamentos y ayudas técnicas para la movilidad como equipaje, aunque sin costo adicional al pasajero.

Sin embargo, esta visión es errónea, pues los equipos y aditamentos técnicos que ayudan a la movilidad de las personas con discapacidad no son un equipaje extra, sino una extensión de la persona misma para desplazarse libremente.

México tiene una Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que especifica claramente en su artículo 19, la obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de promover el derecho de las personas con discapacidad al acceso al transporte.

En tal virtud, coincidimos en la necesidad de armonizar el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil, para generar congruencia con lo dispuesto en la Convención. Debe quedar en la ley, de manera tácita, que el uso de prótesis, sillas de ruedas, así como otros apoyos para el desplazamiento son una extensión de la persona con discapacidad, pues la ausencia de éstos significa impedir o inhibir su desplazamiento autónomo.

Por esta razón, en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional apoyamos éste y todos los dictámenes que tengan que ver con la posibilidad de que las personas con capacidades diferentes o con discapacidad tengan la absoluta libertad y facilidad para desplazarse.

Coincidimos con la Colegisladora, en este dictamen, para que los pasajeros con alguna discapacidad tengan derecho a transportar sillas de ruedas, andadoras, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento de uso personal indispensable, como extensión del propio pasajero, por lo que vamos a favor de esta reforma.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Pozos Lanz.

Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de publicación de carreteras modernizadas y características vehiculares para circular. A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 28 de abril.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Los Senadores Lozano y Encinas, presidentes de ambas comisiones, ya han presentado el dictamen. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que se pone a consideración el día de hoy, establece que las carreteras del país están diseñadas para la circulación de diferentes configuraciones vehiculares, es decir, para su edificación.

Se toma en cuenta, entre otros aspectos, el peso, volumen y extensión de las unidades que circulan.

Por estos motivos, en algunos casos no se considera viable la circulación de ciertos vehículos para algunas carreteras debido a que su tránsito puede ocasionar afectaciones importantes a la infraestructura, generar accidentes o poner seriamente en riesgo a la población aledaña.

Para dimensionar la problemática, basta decir que de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país se registraron más de 378 mil 240 accidentes de tránsito terrestre en las zonas urbanas en el año 2014.

De estos siniestros, el 21.1 por ciento corresponde a eventos viales, en los que se identificaron víctimas heridas; en un 77.8 por ciento, sólo hubo daños materiales; y el 1.1 por ciento, al menos una persona muerta. Es decir, cobraron la vida de 4 mil 708 personas.

Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad señala que, en 2014, se registraron 17 mil 939 accidentes en carreteras federales; y que en 2015 dejaron daños superiores a los 170 millones 597 mil 530 pesos.

Los estados de Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa y Chihuahua son quienes tienen el mayor número de víctimas mortales en accidentes de tránsito.

Contamos con un reglamento que tiene por objeto regular el peso, dimensiones y capacidad a que se deben sujetar los vehículos de autotransporte de pasajeros, de turismo y de carga que transiten en los caminos de jurisdicción federal.

En dicho instrumento, entre otros aspectos, se señalan las características de las configuraciones vehiculares. Sin embargo, los caminos no se encuentran actualizados, debido a ello, pierde vigencia como mecanismo de consulta para el tránsito de vehículos.

Para que esto no suceda, es necesario actualizar y publicar cada año en el Diario Oficial de la Federación las clasificaciones de los caminos y puentes, así como las carreteras construidas, rehabilitadas y modernizadas.

Compañeras y compañeros legisladores: Es necesario que para prevenir accidentes carreteros, daños irreversibles a los caminos y carreteras del país, que los usuarios tengan disponible información actualizada sobre los caminos que pueden utilizar para llegar a sus destinos y las características de peso, volumen y extensión de las unidades que puedan circular a través de esas vialidades.

Bajo estas consideraciones, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen por el que se reforma la fracción V del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Con estas modificaciones, el artículo especificará claramente la necesidad de actualizar y publicar con oportunidad las características y especificaciones técnicas de las carreteras en el Diario Oficial de la Federación.

Con estas reformas estamos seguros que contribuimos a que los usuarios de las carreteras federales cuenten con información actualizada, oportuna y accesible para la prevención de accidentes y en la protección, sobre todo, de vidas humanas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Merodio Reza.

Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Solicito a la Secretaría registre el voto de la Senadora Layda Sansores.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los integrantes de la Confederación de Trabajadores de México del estado de Coahuila, invitados por el Senador Tereso Medina Ramírez.

¡Agradecemos su visita a este Senado de la República!






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, sobre vehículos de carga. A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 28 de abril de 2016.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 35, 39 Y 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Al igual que los anteriores dictámenes, ya fueron presentados por los presidentes de las comisiones dictaminadoras. En consecuencia, está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Héctor David Flores Ávalos.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

No sé si me adelanté, porque escuché que se le otorgaba el uso de la palabra al Senador Flores Ávalos.

Haciendo uso de antigüedad, me adelanto querido colega.

Pedí hablar a favor de este dictamen, porque se trata de una iniciativa promovida por dos Diputadas del grupo parlamentario del Partido Verde en la anterior legislatura, una iniciativa que proponía, de manera central, la modificación al artículo 39, para establecer un límite de antigüedad de las unidades que puedan circular en las carreteras de nuestro país.

La iniciativa proponía reformar el primer párrafo y adicionar un segundo párrafo al artículo 35, pretendía reformar también el artículo 39 en su primer párrafo y adicionar un segundo párrafo y en el artículo 50 se proponía una reforma al primer párrafo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Es un tema que fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados, de la forma en la que fue propuesto por mis colegas Diputadas. Sin embargo, al llegar a la Cámara de Senadores, recibimos muchas inquietudes de organizaciones, sobre todo, como ya lo señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, de los que se conocen como hombres-camión, de hecho, a petición expresa de la organización que los agrupa o los aglutina, la Mesa Directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, sensible al tema, propuso y decidió que se organizara un foro para escuchar a las distintas luces que tuvieran algo que exponer sobre este tema.

Escuchamos en un foro expresamente organizado para discutir esta cuestión, de manera central, del tema de la antigüedad, de los límites de antigüedad de las unidades de autotransporte federal.

Derivado de ese foro, de todas las exposiciones que recibimos, la comisión propuso, y se discutió en sesión de la comisión, una serie de modificaciones a la minuta que había sido remitida por la Cámara de Diputados.

De manera central, yo destacaría que se elimine el tema de la antigüedad, del límite a la antigüedad hasta por 20 años para poder circular en las carreteras federales. En lugar de ello, se estableció un lenguaje muy claro que obliga a las unidades de autotransporte federal, a cumplir en todo momento para poder circular por las carreteras, pues con las condiciones de seguridad físico mecánicas y de baja emisión de contaminantes, el tema era una de las motivaciones centrales de la iniciativa presentada por mis colegas Diputadas del Partido Verde. Asimismo, debe cumplir con las condiciones de peso bruto vehicular máximo y sus elementos de seguridad vial.

En el Partido Verde fuimos sensibles a estas propuestas de modificación, aceptamos que se votaran así en la sesión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, queda eliminada esta preocupación o este elemento que generaba una amplia preocupación a un número importante de hombres-camión en nuestro país.

Al final lo que sí establecimos en un artículo transitorio, es una obligación, una disposición muy clara para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con otras dependencias del gobierno federal, lleve a cabo un programa que coloquialmente se le conoce como "Programa de Chatarrización".

Es un compromiso que hemos escuchado a lo largo del tiempo desde distintas administraciones, pero lamentablemente es un programa que no ha podido instrumentarse de manera cabal con los resultados que todos esperaríamos, por lo que en este artículo transitorio se establece una obligación para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada de vigor del Decreto, una vez que sea aprobado, en su caso por la Cámara de Diputados y promulgado por el Ejecutivo Federal, para que publique las acciones para la modernización del parque vehicular del autotransporte federal, incluyendo entre otras, metas anuales de renovación del parque vehicular.

De la misma manera, en la fecha que estábamos discutiendo este dictamen en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, estaba muy claro que por lo menos en lo que se refiere a publicación de estadísticas de chatarrización de unidades de autotransporte federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y debo decirlo con toda franqueza, no estaba haciendo su trabajo de manera puntual, había un rezago en la publicación de las estadísticas, incluso en las únicas estadísticas disponibles se veía un descenso de 2014 a 2015 en el número de unidades chatarrizadas.

Por lo que en este mismo Artículo Segundo Transitorio, se incluye un segundo párrafo que dice lo siguiente:

"Asimismo, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría deberá publicar un informe estadístico trimestral sobre el número de unidades que hayan sido destruidas como consecuencia de programas de modernización, la edad promedio de las unidades destruidas y la distribución por entidad federativa de las mismas. Para lo que podrá requerir información a las mencionadas dependencias en el párrafo anterior".

Esto es muy importante porque si queremos instrumentar bien los programas de gobierno, se requiere generar a la vez buenos indicadores que nos indiquen por dónde estamos caminando, si se están cumpliendo los objetivos o si hace falta redoblar esfuerzos.
Por lo tanto, con todas estas modificaciones, el grupo parlamentario del Partido Verde está de acuerdo, los invito a votar a favor de él, y de la misma manera hacemos votos para que la Cámara de Diputados pueda aprobar en sus términos este dictamen convertido ya en minuta.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Flores Ramírez.

Senador Romero Lainas, por favor.

El Senador Adolfo Romero Lainas: (Desde su escaño) Solamente comentarle al Senador Gerardo Flores, que desconozco exactamente la minuta y todo lo que se acordó, pero como conocedor del tema del transporte quiero decirle, Senador Gerardo Flores, México es el único país donde se ocupa tráiler que trae doble remolque o full como se le conoce comúnmente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador Romero Lainas, discúlpeme.

Si a usted le parece bien, lo hacemos de manera ordenada porque usted sabe que no hay diálogos, lo registro para hablar también a favor y le doy desde su lugar el uso de la palabra si me permite, primero que siga con el orden registrado, ¿le parece?

Gracias, es usted muy amable.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señor Presidente.

Primeramente saludar a mi tocayo, el Senador Gerardo Flores, que hizo uso de esta tribuna con anticipación, ejerciendo su derecho de antigüedad, que no sé si es de edad o de tiempo en el Senado, pero cualquier de las dos.

Para hablar a favor del dictamen y simplemente hacer un señalamiento que me parece que pudiera contribuir a mejorar el texto. El artículo 35, que es uno de los que se reforman, establece cuáles son las condiciones en materia de autorregulación para que los vehículos dedicados al autotransporte federal de turismo, de carga, en fin, de pasajeros, puedan circular por las carreteras del país. Y es muy claro en términos decir que es básicamente una condicionante para poder transitar por estos caminos el que cumplan con esa regulación.

Lo que me parece susceptible de señalar, es que la modificación que se propone en el tercer párrafo dice que: "La Secretaría promoverá con otras dependencias del Ejecutivo Federal y estatal, el reconocimiento de la autorregulación para cumplimiento de las normas oficiales mexicanas".

Me parece que ahí hay un desequilibrio, no veo cuál es la justificación para exigirle a los particulares que se dedican al servicio de autotransporte de carga, de turismo y de pasajeros que deban cumplir con la regulación o con la autorregulación en materia de protección al ambiente y se deje a la autoridad, sea federal o estatal, con una simple promoción, un simple exhorto.

El gobierno federal debe poner el ejemplo, en primer lugar, y los gobiernos estatales desde luego.

Me parece que es un tema que debería de tomarse en consideración, tanto por la presidencia de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; de Estudios Legislativos, Segunda; y, desde luego, de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Flores Ávalos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros y agradecerle, señor Presidente esa flexibilidad para poder externar de lo que sí conozco que es el transporte.

Ofrezco disculpa a la Asamblea por llegar en este momento, pero sí quisiera decirles que mi voto va a ser a favor del presente dictamen. Y lo comentaba en corto con el Senador porque me preocupa y me ocupa el que hoy en México exista el hombre-camión, y que el hombre-camión trata de utilizar, en primer lugar, las autopistas porque son más seguras, porque sabemos que el crimen organizado está asaltando gran parte de la flota vehicular que transita por nuestras carreteras federales.

Pero que también en México es donde existe ese transporte público de carga que ocupa los dobles remolques, coloquialmente llamado "fulles", y los ocupan porque es una sencilla razón: los empresarios que se dedican a contratar los fletes, el flete del pago de la tonelada está muy por debajo de los precios competitivos que existen en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Chile, y para qué les digo más países.

La utilidad que le queda a los transportistas es la otra parte del otro remolque que llevan, pero que eso pone en riesgo la seguridad y pone en riesgo la mayor durabilidad que debe tener nuestras carreteras o nuestras autopistas por el exceso de peso; todo es consecuencia de que el pago de la tonelada es muy por debajo de los precios competitivos y no es lo mismo llevar lo que marca la norma que son entre 24 y 28 toneladas a llevar 37 ó 40 toneladas cada remolque.

En cuanto a peso y dimensiones es ahí donde está el problema, pero si logramos conjuntamente que podamos revisar los temas de las tarifas de cuánto deben de pagar las empresas que solicitan los fletes de los transportistas, créanme que tendremos, en primer lugar, una seguridad vial; en segundo lugar, los accidentes en carretera federales se verán disminuidos; y en tercer lugar, si la Policía Federal de Caminos, o la PFP, como todos lo conocemos y que; invito a muchos Senadores que pueden tener la oportunidad de viajar por carretera como un servidor lo hace, para que verifiquen qué hacen nuestras policías, nuestros patrulleros están puestos en lugares estratégicos donde nada más está esperando lo que como coloquialmente se llama y se denomina "mochada", o pidiéndoles dinero, dadivas, a los transportistas para que puedan circular y nunca revisan los papeles como deben de ser.

Y eso se los digo, porque también me dedico al transporte desde hace un buen tiempo. Les hablo con toda la verdad y con toda la honestidad. Un servidor ha tenido la oportunidad de hablar en su momento cuando estuvo el doctor Mondragón, cuando estuvo también Renato Sales, que le hice llegar varios oficios de muchos compañeros transportistas que han sufrido la pérdida de sus vehículos y que no los han vuelto a recuperar.

Creo que es parte de esa gran obligación que tenemos todas y todos los legisladores para no nada más hacer una ley que esté plasmada en un simple papel y que no se lleve a cabo para lo que fue hecha.

También debo de reconocer que hay muchos policías federales de caminos que cumplen con su encomienda, que cumplen con la honestidad que deben tener, porque hay muchas veces que los transportistas le tienen más miedo al patrullero que los asaltantes. Por eso es que se arriesgan en transitar por carreteras federales.

Yo les agradezco mucho por la atención. Gracias, señor Presidente, por darme la oportunidad de hablar y créanme mi única preocupación y función es en que tengamos cada día un México más seguro y una sociedad más de acuerdo con las acciones que hacen nuestros gobernantes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador Romero Lainas.

Tengo registrado a los últimos oradores en este dictamen, el Senador Zoé Robledo Aburto, y también la Senadora Martha Palafox Gutiérrez quiere hacer uso de la palabra.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, y seré muy breve solamente para exponer las razones de mi voto a favor de este dictamen.

Es claro que el tema de carácter ambiental y particularmente el de seguridad, es importante de atender en las carreteras de nuestro estado.

Hoy celebro que el Senado de la República esté atendiendo un tema que sí puede afectar intereses o que puede afectar una actividad económica, pero que no podíamos ser omisos cuando han habido pérdidas de vidas humanas por accidentes carreteros que tienen que ver con el mal estado de algunos autotransportes, algún tráiler o cualquier otro tipo de vehículo que no cumpla con la propia ley.

Sin embargo, sí creo que esta es una gran oportunidad para que también encontremos formas para que las instituciones ubiquen puntos específicos donde han ocurrido accidentes, donde han muerto personas, para poder atender el tema de manera más integral.

Y déjenme referirme en particular a un punto que en mi estado es muy lamentable, que hoy sea sinónimo de accidentes y de muerte: La Pochota.

La Pochota crea el espacio donde está la entrada de la Ciudad de México a la capital de mi estado, Tuxtla Gutiérrez, y donde durante casi un siglo ocupó un espacio ahí una ceiba gigantesca, hoy es el punto en donde se encuentra el retén C2 de la policía del estado.

¿Qué es lo que ocurre? Que bajando de una pendiente muy empinada, después de una curva, sin señalizaciones, sin rampa de rescate, sin estos elementos para disminuir la velocidad pues llegan a veces los tráileres, se quedan sin frenos y se encuentran un retén, retén que muchas veces está conformado por filas y filas de vehículos.

Ahí, solamente en los últimos 3 ó 4 años han habido más de 10 muertos y eso, por supuesto, que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas que no dan mantenimiento a sus vehículos y que pueden ser presas, incluso los propios choferes de vehículos que se quedan sin frenos.

Pero también de esta ineficiente forma de atender el tema de la seguridad en el retén y que hace vulnerables también a quienes están en el retén.

Entonces, simplemente plantear que esta medida pueda ser la primera de muchas más para evitar este tipo de accidentes, evitar más muertes en las carreteras, encontrar estos focos rojos, señalarlos, ubicar rampas por costosas que éstas sean.

Enhorabuena por el punto de Acuerdo, pero sí, insisto, que debe de ser el primero de muchos pasos más que se deben de tomar.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Muy brevemente. Gracias, señor Presidente, por darme la oportunidad del uso de la palabra.

Igual, para razonar mi voto a favor del dictamen del día de hoy.

Desde el inicio de esta legislatura hemos estado puntualizando, señalando y pidiendo la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, relacionado con el tramo de Ixtacuixtla-Tlaxcala-El Molinito que está denominada como la carretera de la muerte. Hace algunos meses un tráiler pasó a arrollar patrullas, ambulancias y autos personales.

Desde 1997 le venimos pidiendo a la Secretaría su intervención sin que hasta la fecha le interese, y cuando hablamos del tramo de la carretera de la muerte, es porque hay cientos de vidas que se han perdido, familias completas, puesto que esa carretera, la más cara del país, porque solamente son 10 kilómetros y se pagan ahora 63 pesos por esos 10 kilómetros y 5 pesos por un arreglito que acaban de hacer en un tramo de menos de 100 metros.

Entonces, yo coincido con el posicionamiento de mis compañeros que me han antecedido en la palabra, porque son una anarquía las carreteras, que quien tiene para pagarlas, pues pueden transitar por las carreteras federales; los que no tienen para pagar una buena carretera, tienen que conformarse con las carreteras llenas de agujeros y maltratadas.

Hoy no solamente circulan los tractocamiones de doble carga, sino que también, ahora literalmente los furgones de ferrocarril, dobles también andan circulando por las carreteras.

Claro que cuando se atraviesa un auto pequeño, pues con un soplido del carro deterioran considerablemente a los ciudadanos, no tienen un carril de circulación adecuada.

Entonces, hay muchas cosas que se pueden hablar y discutir al respecto, pero creo que iniciaremos por algo, y ojalá que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le preocupe la vida de la gente, no solamente en las cuestiones materiales a donde las grandes empresas, los grandes capitales, son los que disfrutan de las carreteras porque va de acuerdo a su propio beneficio personal de ellos.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Palafox Gutiérrez.

Sonido en el escaño del Senador Flores Ávalos.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para someter a la consideración de esta Asamblea, en virtud de las exposiciones que se han dado, incluyendo, desde luego la mía, una modificación al dictamen, en el artículo 35, y sustituir el término "promoverá ante", por "la Secretaría se hará responsable de asegurarse que las otras dependencias", etcétera, lo tengo por escrito, lo paso a la Secretaría y pidiendo ese trámite.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador, ¿podría presentarla como una reserva?

Yo le pediría si se acerca a los presidentes de las comisiones de manera rápida y lo consulta, para ver si tenemos un acuerdo.

Senador Mayans Canabal, ¿con qué objeto?

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Para hacer una reflexión a la mesa.

La sugerencia, del Senador del Partido Acción Nacional, que está proponiendo una modificación al dictamen que ya hemos revisado, discutido y aprobado en comisiones, es de último momento.

Yo sugeriría respetuosamente, dado que es un trámite complicado y estamos todos esperando la votación, que se proceda a votación.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Tiene evidentemente la facultad conforme al Reglamento del Senado, el Senador Flores Ávalos, de presentar una reserva.

Estamos tratando de obviar el trámite para ver si con los presidentes de las comisiones están de acuerdo, y le dimos unos cuantos minutos. Ahorita proseguiremos.

Senador Flores Ávalos.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Precisamente platicando con el Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, lo que haremos es presentar una iniciativa adicional e incorporar, desde luego, a la Comisión de Protección al Ambiente.

Entonces retiro la propuesta.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Perfecto. En virtud de que ya no hay otros oradores registrados ni artículos reservados. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como lo anunció el Senador Javier Lozano en la presentación de los dictámenes a discusión, es interés de las comisiones dictaminadoras revisar nuevamente el proyecto de reformas al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que tuvo su primera lectura el pasado 28 de abril.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la devolución del dictamen a las comisiones.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se devuelva a comisiones el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se devuelve a comisiones el dictamen que contiene proyecto de reformas al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo a implementar un programa que permita el ingreso gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al servicio de transporte denominado Tuzo-bus. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al dictamen, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, está a discusión.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política remitió un Acuerdo por el que se señala a los funcionarios que comparecerán ante el Pleno o ante comisiones del Senado de la República, para el análisis del Cuarto Informe de Gobierno. El Acuerdo está publicado en el monitor de sus escaños.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al Acuerdo, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, se encuentra a discusión el Acuerdo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Auerdo en comento. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo por el que señala a los funcionarios que comparecerán ante el Pleno o ante comisiones del Senado de la República, para el Análisis del Cuarto Informe de Gobierno. Comuníquese.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los ciudadanos del municipio de Corregidora del estado de Querétaro, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo en esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Compañeros Senadores, recibimos de la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, se encuentra a discusión el Acuerdo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

El Secretario Senador Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






Compañeros Senadores, a petición del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia; de  Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen que corresponde al proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, presentado el 14 de diciembre de 2015.

EXCITATIVA

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LAREPUBLICA.
Presente.

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 67, párrafo 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 8º, fracción III y 214, párrafo 2 del Reglamento del Senado presenta excitativa para que se elabore el dictamen favorable a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas; y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, publicada en la Gaceta del Senado con fecha 14 de diciembre de 2015 y turnada con esa misma fecha a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

Ciudad de México, el 5 de septiembre de 2016.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.






Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción, se turnarán a la comisión que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN)

Los suscritos, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, ERNESTO RUFFO APPEL, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadores a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación, resulta ser un medio para lograr una mejor calidad de vida y participar de forma importante en la solución de los problemas que confrontan a la ciudadanía día con día en nuestro país. En México es de suma relevancia apostar por un modelo centrado en el alumno que se adapte al estudiante y no al revés, el modelo educativo de hoy debe estar centrado en el alumno y no en la escuela.

Para lograr el fortalecimiento cívico, el desarrollo social y económico, la educación es un elemento insustituible, hoy en día la ciudadanía debe participar de forma libre y responsable en la conformación de este elemento.

El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un derecho para la persona el recibir educación. Del mismo modo el artículo 2 de la Ley General de Educación establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Aunado a lo anterior resulta de gran importancia señalar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 establece el derecho que tienen los padres de familia a decidir sobre la educación que las hijas y los hijos reciban al señalar que: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Es así que siendo los padres o tutores los responsables naturales de la educación de sus hijos, de quienes se espera consideren los mejores ideales para su formación y sano desarrollo, a través de la educación.

Es así que dicha obligación, implícitamente reconoce a los padres o tutores el derecho libre de decidir sobre el tipo de educación para sus educandos, derecho-obligación que no debe ser limitativo en cuanto a que solo asista a la escuela.

Ahora bien, la reforma educativa promulgada en 2013 contempla la creación de un servicio profesional docente con el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación cuya finalidad es la evaluación de los profesores mediante un examen para el ingreso y permanencia en el servicio docente. Evidentemente lo anterior elimina toda la posibilidad de comprar o heredar plazas que, como es de dominio público, eran de control del sindicato y mediante este y otro tipo de prácticas inadmisibles condicionan la educación.

En fechas recientes en México se ha endurecido la crisis político social, derivado de las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las afectaciones empezaron a ser evidentes con la afectación económica de las regiones en donde se ha intensificado la protesta, pero el día en que oficialmente la plantilla escolar regresó a clases, muchos alumnos se vieron afectados por la actuación pasiva del gobierno.

A lo anterior se suman los problemas de gasto excesivo en la educación de nuestro país, es decir, en México 8 de cada 10 pesos en educación se destina a cubrir los salarios, además de ello el gasto es evidentemente desigual en cada entidad y ello sin relación alguna con la calidad educativa.

Hemos sido testigos de la falta de compromiso del gobierno hacia con los padres de familia y los alumnos en nuestro país, evidentemente hoy el 100% de los alumnos no está en las aulas y todo gracias a que el gobierno y la CNTE en su eterno dialogo dejaron sin educación a un millón 700 mil alumnos.

El gobierno federal debe cumplir con su compromiso y aplicar la ley y con ello garantizar el derecho de cada niño a la educación.

El inicio de clases ha marcado la pauta para decir que el gobierno ha sido superado por un grupo que representa meramente intereses particulares, el gobierno cedió y ha optado por afectar millones de niñas y niños que merecen una educación de calidad que les permita abonar el terreno de una mejor preparación, el gobierno les sigue fallando al no garantizarles ese derecho.

 Además de lo anterior, los integrantes de la CNTE lanzaron amenazas contra los profesores que libremente han decidido apostar por cumplir con la Ley y regresar a clases en entidades federativas como: Oaxaca, Chiapas y Michoacán. En Acción Nacional rechazamos la amenaza y cualquier intento de violencia en contra de quienes cumplen con su vocación de enseñanza.

Lo anterior es una muestra más de que el modelo educativo mexicano debe ser replanteado. El problema radica en el modelo de control político que salvaguarda intereses sindicales.

Dicho en otras palabras, el gobierno a través del tiempo fue quitándole a los padres de familia la tarea más delicada e importante de cada persona: la educación, lo que al paso de los años inevitablemente se ha convertido en un monopolio educativo.

Este monopolio educativo del estado hoy está en crisis, la credibilidad de la clase política para determinar la educación de los niños y los jóvenes carece de veracidad y efectividad, lo anterior se ilustra con los peores resultados obtenidos en la prueba PISA y por las mediciones del INEE en donde el 61% de los alumnos tiene el peor nivel de matemáticas. La situación actual de la educación en México nos indica que cuando la educación la dejamos en manos del gobierno, estamos destruyendo la libertad de elegir las mejores ofertas educativas, los alumnos no aguantan más el discurso de que el educar es meramente una tarea del gobierno.

Derecho comparado

Finlandia, es un país con resultados educativos record a nivel mundial, debido a que se ha otorgado plena autonomía a las autoridades educativas locales. Los municipios son los encargados de asignar fondos, diseñar el programa educativo (excepto principios generales) y el reclutamiento de personal.

No obstante, los municipios tienen la posibilidad de delegar estas decisiones en las escuelas.

Los directores suelen encargarse del manejo presupuestal, el reclutamiento, administración, el diseño y tamaño de las clases.

Los colegios se financian de acuerdo al número de alumnos y las familias tienen la posibilidad de elegir la escuela. Por lo que, las escuelas se ven incentivadas a especializarse. Es decir, el sistema educativo promueve la variedad y la innovación. Por lo tanto la oferta es diversa para atender a una población estudiantil con diversidad de talentos.

En otros países de la OCDE

El gobierno financia a los alumnos con el 76% en Holanda, el 58% Bélgica, el 30% en Reino Unido, el 25% en Australia y el 21% en Corea del Sur siendo los alumnos quienes deciden a que escuela ir.

25 de los 53 países que participan en las pruebas PISA tienen algún sistema de vales o créditos fiscales para financiar la educación privada.

El modelo educativo mexicano si quiere ser exitoso debe proponer soluciones que permitan financiar directamente a las familias cuando el estado incumpla en la prestación de los servicios educativos, lo anterior mediante un vale educativo, no a los sindicatos ni a las burocracias educativas; darles el poder a los padres de familia para que  elijan el lugar, la escuela y la forma de la educación de sus hijos; de lo contrario corremos el riesgo de seguir condenando a las futuras generaciones a la ignorancia y a la pobreza.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE GENERAL DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 3 de la Ley de General de Educación, en los siguientes términos:

Artículo 3.- …

Para tal efecto cuando el estado incumpla en la prestación de los servicios educativos, debe garantizar los recursos necesarios mediante un vale educativo que permita al alumno una educación de calidad en condiciones de equidad.

TRANSITORIO

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los recursos necesarios equivaldrán al gasto federal más el gasto estatal en educación de nivel básico y educación media superior, dividido entre la matricula por educando respectivamente.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Marcela Torres Peimbert.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 305 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA QUE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 305 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los seres humanos pensamos y
nos comunicamos esencialmente con palabras.
Nos relacionamos entre nosotros con ficciones,
y esas ficciones nos pueden encadenar, liberar, unir o alejar1

Marco Jurídico

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 2, 6 y 7 establece que en nuestro territorio todas las personas gozarán de los derechos humanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. De igual forma, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.2

Además, nuestra Carta Magna reconoce que la “Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, así como es derecho de las comunidades originarias preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.3

Sumado a lo anterior, nuestra legislación garantiza que toda persona tenga derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

En materia de radiodifusión y telecomunicaciones especifica que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

En su artículo 7°, la Constitución determina que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito4.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como "Pacto de San José de Costa Rica", vigente para México a partir del 24 de marzo de 1981 y su Protocolo Adicional, establecen que: “Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este (sic) sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.5

De igual manera, determina que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Además, no se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas…”6

Asimismo, dentro del apartado “Derecho a los Beneficios de la Cultura”, específicamente en el artículo 14 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como “Protocolo de San Salvador”, vigente para nuestro país a partir del 16 de noviembre de 1999 se manifiesta que:

Los Estados partes del Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:

Participar en la vida cultural y artística de la comunidad y a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico.7

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que México se adhirió el 23 de marzo de 1981 y el cuál entró en vigencia tres meses después, compromete a nuestro país en su artículo 19 a garantizar la libertad de expresión y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, y asea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Además, en los artículos 26 y 27, el Pacto protege la igualdad de todas las personas pues prohíbe toda discriminación garantizando protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Enfatizando que:

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”.8

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente para nuestro país desde el 23 de junio de 1981, en su artículo 15 numeral 1 establece que los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones;

Y en su numeral 2, determina que “entre las medidas que los Estados Partes en el Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figuraran las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura”.9

En adición a lo anterior, el artículo 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo vigente para México a partir del 5 de septiembre de 1991 plantea que “deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país” y adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.10

Asimismo, en 2003 se expidió la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual reconoce en el artículo 3°, que la pluralidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.

En adición a lo anterior, esta Ley establece el derecho de todos los mexicanos a comunicarse en la lengua que hablen sin restricciones, en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.

Cabe señalar, que además, el artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que:

“El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.”11

En consecuencia, por lo establecido en el artículo 2° de la Constitución General, de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de los tratados internacionales, es posible derivar como derecho humano, el derecho de los pueblos indígenas a preservar y emplear su lengua.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que: el derecho a la lengua de los pueblos y personas indígenas se conecta con el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la pluriculturalidad, el derecho a la no discriminación y el derecho a la libertad de expresión.12

Y destaca: “La lengua es mucho más que un medio de comunicación. ‘Las lenguas constituyen una parte integral de toda cultura; por medio de su lengua, un grupo expresa su propia cultura e identidad social; las lenguas están vinculadas a procesos mentales y a la forma en que los miembros de determinada comunidad lingüística perciben la naturaleza, el universo y la sociedad. De igual manera, expresan patrones culturales y relaciones sociales y a su vez ayudan a moldear estos patrones y relaciones’”.13

En ese orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sostenido que la potestad de los Estados de regular la actividad de radiodifusión implica la “obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como en el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas”14

Posteriormente, el 14 de julio de 2014 se publicó el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), misma que entró en vigor el 13 de agosto del mismo año, conforme al transitorio primero del decreto.15

Cabe señalar, que el dictamen del proyecto de decreto de la LFTR fue realizado por la propia Cámara de Senadores, y en el cual se señala que el fin de la inclusión de concesiones de uso social indígena es la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyan las culturas e identidades indígenas”.

Más adelante, dicho dictamen señala que la diversidad cultural, étnica, económica y social que hay en el país influye en los contenidos de los medios de comunicación. De ahí que “sea lógico que se utilicen lenguas indígenas; pero también, por ejemplo, en zonas del norte de México, las estaciones de radiodifusión se transmiten en idioma inglés.” Lo anterior es importante, continúa el dictamen, “[…]debido a que el artículo 2º., apartado B, de la Constitución Federal establece una garantía de igualdad a favor de los pueblos indígenas, en la medida en que impone […] la obligación de promover la igualdad de oportunidades de éstos, así como la de eliminar cualquier práctica discriminatoria, debiendo, entre otras cosas, establecer las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los término que las leyes de la materia determinen.”

Con base en los mapas de cobertura de las estaciones de radio y canales de televisión de las 32 entidades federativas, publicados por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cobertura tanto de la banda de Amplitud Modulada (AM), como de Frecuencia Modulada (FM), el porcentaje de cobertura nacional de las secciones electorales para AM es del 40.54% y de FM es de 56.77%, por lo que resulta evidente que es necesario ampliar a la brevedad posible, la cobertura para que gran parte de la ciudadanía pueda acceder de mejor manera a los medios de comunicación.

Además, en meses pasados, el IFT, ha llevado a cabo diversos operativos con base en la legislación actual, sin embargo, esto ha afectado de diversas maneras a las comunidades. Por ejemplo, el jueves 15 de octubre de 2015, empleados del Instituto–acompañados de elementos de la Marina Armada de México–decomisaron el equipo por emitir sin concesión legal de la radio comunitaria “Calentana Mexiquense”.

Los agentes llegaron sin previo aviso mientras José De Paz Morales, un locutor invidente, transmitía su programa La voz de la Gente. José maneja solo la cabina, gracias a dos celulares que conecta a la consola y que maneja, uno por teclado y otro por voz. No le dio tiempo ni de avisar a los radioescuchas. Le pidieron los papeles que acreditaban el permiso de emisión y mientras De Paz se comunicaba con el director de la radio, Indalecio Benítez, procedieron a desmantelarla. Se llevaron el transmisor, la computadora portátil con la que trabajaban, el CPU, una consola y dos micrófonos.

Calentana Mexiquense emitía desde el 20 de noviembre de 2013 con un transmisor de 20 watts por la 98.1 de Frecuencia Modulada, que apenas lleva la señal a unos 15 kilómetros a la redonda. Luvianos es uno de los municipios más violentos del sur del Estado de México. Frontera con Guerrero y Michoacán, es parte de la suprarregión de Tierra Caliente y desde hace más de dos años vive una espiral de violencia por la disputa entre los cárteles de La Familia y Guerreros Unidos, que pelean el control de su territorio, clave geográficamente y zona histórica de sembradíos de enervantes.

El propio director, Indalecio Benítez, ha sufrido en carne propia los estragos del crimen organizado. El 2 de agosto de 2014, uno de los grupos del crimen organizado que operan en la zona se plantaron frente a las instalaciones de la radio y cuando él iba llegando con toda su familia dispararon al vehículo. Una de las balas impactó en el corazón de su hijo Juan Diego, de tan solo 12 años.

Desde entonces, él y su familia viven exiliados pero la radio seguía operando bajo medidas cautelares y protección policial. E hicieron un esfuerzo por girar los contenidos a la construcción de paz en su municipio.16

Ocho meses después, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer la Resolución del Pleno del día 8 de junio sobre el otorgamiento de concesiones sociales de uso social comunitaria para La Calentana Luvimex A.C. y para tres radios que transitan de la antigua figura de “permisionadas”, a Concesiones Sociales Comunitarias de acuerdo a la nueva Ley.17

Sin duda, es de celebrar dicha resolución, sin embargo, Luvianos se quedó sin un espacio de unión y reconstrucción del tejido social. Por lo que considero necesario que el Congreso de la Unión debe de actuar de manera pronta para que no se repitan estos efectos que afecta el desarrollo social de las comunidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 305.-

La pérdida en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de las infracciones a las que se refiere el anterior párrafo, no se aplicará a proyectos que estén dando servicio de carácter comunitario o indígena, por lo que el Instituto, al detectar la carencia de concesión, iniciará los procesos establecidos en los artículos 85 y 87 de la Ley, garantizando por parte de la autoridad, que los responsables del proyecto en dichas comunidades, tengan acceso a toda la información y legislación aplicable en su lengua originaria.

Dichas transmisiones sólo podrán ser interrumpidas tras el resultado final del proceso de otorgamiento de la concesión.

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1 Monedero Juan Carlos (2011) “El Gobierno de las Palabras. Política para tiempos de confusión. Fondo de Cultura Económica, 2ª Edición, Mayo de 2011, Madrid España.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última Reforma DOF 15-08-2016)

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”

6 Ídem

7 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” [En línea]:
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OEA-%20PROTOCOLO%20SAN%20SALVADOR.pdf

8 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [En línea]:
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20CIVILES%20Y%20POLITICOS.pdf

9 Ídem.

10 Convenio Internacional del Trabajo Num. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Organización Internacional del Trabajo. [En línea]:
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OIT%20169.pdf

11 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

12 Amparo en Revisión 622/2015, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

13 Stavenhagen, Rodolfo. Los Derechos Indígenas: Nuevo Enfoque del Sistema Internacional, Revista IIDH, 1989 (10) p. 49. En Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015

14 CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, párr. 216. En Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015

15 Diario Oficial de la Federación, Lunes 14 de julio de 2014, Edición Vespertina.

16 Comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) Capítulo México. 23/10/15 [En línea]: http://www.amarcmexico.org/index.php/amarc/informacion/comunicados/item/522-decomisa-ift-radio-comunitaria-%E2%80%9Ccalentana-mexiquense%E2%80%9D-arrecia-censura.

17 Comunicado 49/2016 AMARC [En línea]:
http://www.amarcmexico.org/index.php/amarc/informacion/comunicados






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

(Presentada por los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez)

Quienes suscribimos, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS PITER, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Senadoras y Senadores de la República a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México sufre una crisis en materia de derechos humanos, así lo han referido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en México de 2015 en su reciente visita. En efecto, la debilidad de las instituciones, la penetración del crimen organizado y la corrupción de miembros de las instituciones de justicia han generado una riesgosa fenomenología de anomia social.

Esa realidad de graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido más acentuadamente desde el año 2008 hasta nuestros días, donde en amplias franjas del territorio nacional hay miles de víctimas de la delincuencia ha generado una falla estructural del Estado de derecho.

Las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales o sumarias perpetradas por la delincuencia, en muchas ocasiones en connivencia con servidores públicos del Estado mexicano, conlleva a una desviación de las instituciones y su consecuente descredito

Dicha situación propició que la sociedad civil generara un amplio movimiento social de miles de víctimas, ciudadanas y ciudadanos, recorrieron el país, generando un amplio consenso social y político que fructificó en la Ley General de Victimas.

La expectativa fue amplia, tan grande como las legítimas necesidades y urgencias de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos por todo el país. En efecto, la Ley General de Víctimas, constituyó todo un reto, un avance y una genuina aportación de la sociedad civil a la causa de la defensa, protección y reparación del daño.

Sin embargo, la Expedición de la Ley General de Víctimas no estuvo exenta de debates y controversias que la hicieron pasar por un veto presidencial extemporáneo y una controversia constitucional sobre los plazos para ser observada, derivado de las opiniones de quienes señalaban que para emitirse una “ley general” debería existir una disposición constitucional que lo determinase.

En fechas recientes, el 25 de julio de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforma la fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Desde nuestra perspectiva, dicha reforma viene a superar el debate que se dio entre quienes sostienen que la Ley General de Víctimas -publicada en Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013- no tiene base constitucional para haber sido expedida, y quienes sostenían que si la había.

Al margen de lo anterior, podemos decir que con la expedición de esta reforma Constitucional no debe haber mayor pretexto o argumento alguno para que las entidades federativas de todo el país cuenten con sus respectivas comisiones de víctimas. Recordemos que actualmente existe una falta de claridad respecto de cuáles son las obligaciones de las entidades federativas, particularmente de sus competencias, para la conformación de las respectivas comisiones locales de víctimas, sin embargo, la asignación de dicha facultad legislativa permite homologar las previsiones de la atención de los tres órdenes de gobierno, así como precisar su actuación de dichos órdenes de acuerdo a sus diferentes ámbitos de competencia.

3. Actualmente la mayoría de las entidades federativas siguen sin cumplir con los mandatos que le impone la Ley General de Víctimas, entre otras razones por esta falta de claridad constitucional y jurídica. Las entidades federativas no han dado una respuesta homogénea a la necesidad de crear una Comisión de Víctimas, sus formas de integración, los procedimientos establecidos para la reparación integral, no se cuenta con los esquemas generales de regulación para el registro estatal de víctimas, la defensoría jurídica así como el establecimiento de sus respectivos fondos, por lo que proponemos en esta iniciativa que las víctimas cuenten con un marco jurídico flexible y acorde a su calidad para que de manera inmediata puedan acceder a la ayuda, la asistencia y la reparación de manera rápida y accesible.

4. Uno de los problemas estructurales que enfrenta la actual Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) es el reclamo legítimo de muchas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos de poder acceder a los beneficios del Fondo de ayuda que la propia ley señala para brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

De la información existente podemos señalar que entre finales de 2014 y enero de 2016 este Fondo contó con 1,536 millones de pesos pero sólo usó el 3% de esa bolsa. Este dinero se destinó para la reparación integral de diversas personas afectadas por la violencia (94%), para las víctimas del caso Ayotzinapa y otras personas desaparecidas (2%), así como para apoyar gastos funerarios, médicos y de alimentación (2.6%)1. Sin embargo a marzo de este año 7,640 personas han solicitado ser consideradas víctimas directas e indirectas, pero sólo 3,875 personas han logrado ser inscritas –cabe señalar que aun estando en dicho padrón no se garantiza dicho apoyo- y sólo el 3.5% de los registrados han podido acceder a los recursos del fondo.

En ese sentido proponemos hacer una separación que permita distinguir entre los recursos que son destinados a la reparación integral mediante el Fondo de Reparación de aquellos que deben ser de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son los necesarios y los más urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos; para lo cual en la presente iniciativa hemos definido como gastos de ayuda, es decir que gastos como son alimentación, hospedaje, trasportación y que hoy de manera indivisible forman parte del Fondo de Reparación. Los gastos de ayuda deben ser gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

De aprobarse esta iniciativa, las entidades federativas deberán contar también con un fondo de reparación y sus respectivos gastos de ayuda, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva podrá asumir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo de Reparación, cuando la entidad federativa lo solicite, sea omisa o no cuente en el momento de la disponibilidad de recursos, y en el caso de que estos recursos no sean resarcidos, la CEAV podrá ejercer el derecho de repetir contra la Comisión de Víctima de la entidad federativa y contra quienes hayan cometido el delito.

En ese sentido es que proponemos facultar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de colaboración entre la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas de las entidades para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la CEAV a través del Fondo de Reparación o los Gastos de Ayuda. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas;

5. Por otra parte, un problema que ha sido observado por organizaciones defensoras de los derechos humanos es que la CEAV enfrenta la existencia de un pleno que se ha venido reduciendo. Si bien la ley establece que estará integrada por siete comisionados, en la actualidad solamente funciona con cuatro de ellos en virtud de la renuncia de tres de sus comisionados. Hoy, a tres años de su integración y haciendo un balance del funcionamiento observamos una pesada estructura administrativa que por su diseño institucional no contribuye suficientemente a la operatividad, agilidad, eficiencia y eficacia de la propia CEAV por lo que resulta urgente modificar su estructura, integración y funcionamiento.

La existencia de un pleno de la Comisión de víctimas con siete comisionados y comisionadas ha demostrado ser una estructura demasiado ineficaz tanto presupuestal como institucionalmente. Por tanto, proponemos que la CEAV, al ser el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, no sólo cuente con personalidad jurídica, patrimonio propio, sino que además cuente con la autonomía presupuestal que le permita a la CEAV determinar por si misma el presupuesto necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.

Asimismo proponemos que la CEAV deje de ser un órgano colegiado y que la responsabilidad esté a cargo de un Comisionado Presidente, para lo cual el Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública una terna y el Senado lo elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes. La terna que el Ejecutivo Federal envíe al Senado de la República deberá integrarse con personas probas con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos. Una vez designado por el Senado de la República. Cabe señalar que el titular designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Al respecto es importante reiterar que la reforma constitucional del 25 de julio de 2016 estableció la concurrencia entre la Federación las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, de tal manera que en todas las entidades federativas deberán de existir las Comisiones de Víctimas respectivas, con sus respectivos fondos y gastos de ayuda, así como la Asesoría Jurídica adscritas a ellas y su Registro respectivo. Sin embargo, es necesario establecer los supuestos mediante los cuales la CEAV podrá atender, asistir y, en su caso, reparar aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden de las entidades federativas.
6. Aunque en la Ley General de Víctimas se establece que existe una obligación de las y los funcionarios para velar por la protección de las víctimas, les proporcionen ayuda, asistencia o reparación integral a fin de no ser re victimizadas. Esta iniciativa propone incluir que “las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en la Ley y en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar”.

7. Por lo que se refiere a los principios que guían a los mecanismos, medidas y procedimientos de la Ley se incluye el interés superior de la niñez, como principio rector en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Lo anterior en virtud de que la Ley en citada establece en su artículo 49 los siguientes:

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la legislación aplicable.

8. Por otra parte, esta iniciativa busca visibilizar a las víctimas de desplazamiento forzado interno en México (DFI). Esta terrible realidad está afectando a personas de diferentes puntos del territorio nacional, modificando drásticamente sus condiciones de vida, dejándolos de la noche a la mañana sin un hogar, sin sus pertenencias, sin sus afectos y arraigos. Es posible interpretar el actual contexto de violencia y violaciones a los derechos humanos en México como una situación que preocupa y debe ocupar a todas las autoridades mexicanas, pues estas situaciones, así como el DFI por proyectos de desarrollo, entre otras causas que se analizan en este informe, están provocando el surgimiento progresivo de víctimas de DFI en diferentes latitudes del territorio nacional2.

De acuerdo con la CNDH, el DFI de personas en México se ha generado por violencia, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, proyectos de desarrollo, grupos de autodefensa y por la actividad periodística3. En los últimos años, es una violencia diferente la que provoca la movilidad de las personas, pues se relaciona con grupos armados que están azotando diversas partes del territorio nacional; esta violencia no se ha podido frenar por parte de las autoridades, lo que ha provocado desprotección de las víctimas4.

De igual manera, se considera sumamente importante una mayor visibilidad a las personas migrantes víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos en esta Ley. Las personas migrantes que transitan por México son principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. Igual que muchos migrantes mexicanos, salen de sus comunidades por necesidad y corren riesgos grandes para cruzar la frontera con Estados Unidos. No existen datos confiables sobre el número de personas migrantes desaparecidas en México, sin embargo son emblemáticos los casos de San Fernando y Cadereyta entre 2010 y 2012, además todos hemos visto las madres centroamericanas que han organizado caravanas anuales para buscar a sus desaparecidos5.

La creación de la nueva Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes en la PGR es un paso importante para las personas migrantes víctimas de delitos en México y sus familiares6. Dicha Unidad, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, facilitará el acceso a la justicia a las personas migrantes y a sus familias, realizará la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, investigará delitos y coordinará acciones para reparar el daño7. Siendo la Ley General de Víctimas el ordenamiento especializado en materia de reparación integral para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos se hace imprescindible que exista una coordinación entre el mecanismo y la Ley. Por ello, la importancia de que se les tome en cuenta al momento de generar los lineamientos, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante.

9. Esta propuesta busca fortalecer la figura del asesor jurídico, al ser uno de los principales mecanismos con los que cuenta le Ley General de Víctimas para hacer valer los derechos de las víctimas. Se establece que para “procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral” podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con este objetivo.

Parte importante para fortalecer la figura del asesor es que se propone que a su cargo estén la administración de los gastos de ayuda previstos que le permitan tramitar, supervisar o implementar las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la Ley.

Se amplían también los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no solo el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante. De igual maneta y con la finalidad de evitar confusiones respecto a la atención a las víctimas que se da en la investigación de los delitos y en el procedimiento penal de los derechos que son propios de la Ley General de Víctimas, se propone señalar expresamente que la figura de asesores jurídicos son los adscritos a las comisiones ejecutivas y no en otras dependencias como son las procuradurías de las entidades federativa o dependencias análogas.

Con la finalidad de dignificar la figura del asesor jurídico y por la importancia que reviste, proponemos que se integra por las y los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en la Ley y, contará con un servicio civil de carrera que comprenda la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones.

En mérito de los expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta alta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DERECTO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo1; las fracciones I, III y VIII del artículo 6; la fracción XXX del artículo 7; los párrafos primero y cuarto del artículo 8; el quinto párrafo del artículo 21; los artículos 31, 39; 45, y 47; las fracciones I y VI del artículo 61; los párrafos primero y último del artículo 67; el primer párrafo del artículo 68; el primer y último párrafo del artículo 84; el artículo 85; la fracción IV y los dos últimos párrafos del artículo 86; el artículo 87; la fracción XIV del artículo 88; las fracciones I,III y VI del artículo 125; el artículo 131; los párrafos primero y segundo del artículo 132 y el artículo134. Se derogan los artículos 93 94 y139. Se adiciona los párrafos quinto y sexto recorriéndose los subsecuentes del artículo 5; la fracción IX, recorriéndose las subsecuentes del artículo 6; los párrafos quinto y sexto del artículo 8; un quinto párrafo al artículo 9; un tercer párrafo al artículo 28; un último párrafo al artículo 34; dos últimos párrafos al artículo 64; un segundo párrafo al artículo 68; un segundo párrafo a la fracción I del artículo 81; los artículos 88 Bis; 125 Bis; 125 Ter y132 Bis; todos de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73 fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

Interés Superior de la Niñez.- El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

…..

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva y sus equivalentes en las Entidades Federativas;

II. …

III. Comisiones de víctimas: Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas;

IV a V. …

VIII. Fondo: Fondo de Reparación Integral
IX. Gastos de Ayuda: Recursos para gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación en la presente Ley;

X. Hecho victimizante: …

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo más no limitativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I a XXIX. ..

XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional del Gasto de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la presente Ley;

XXXI a XXXIV. …

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida del Gasto de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas otorgarán, con cargo a sus  Gastos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

La Comisión Ejecutiva será responsable subsidiaria para asegurar, con cargo a los Gastos de Ayuda, el cumplimiento de las medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en un plazo determinado; en caso de que los recursos de los Gastos de Ayuda no sean resarcidos, la Comisión Ejecutiva ejercerá el derecho de repetir contra la Comisión Estatal y contra quienes hayan cometido el delito.
Artículo 9.

La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas a través de sus respectivos Gastos de Ayuda.

Artículo 21.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional  de Procedimientos Penales y las demás legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 28. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena.

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Gastos de Ayudade la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

Artículo 31. La Federación, las entidades federativas o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado directo o indirecto del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicablesa los Gastos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda.

Artículo 34. ...

I. a VI.

...

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

Artículo 39. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismoorequiera trasladarse al mismo o a otra entidad con motivo de una diligencia de carácter judicial, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobiernoo, en su defecto, la Comisión Ejecutiva o la Comisión de víctimas de la entidad federativa según corresponda, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro, el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones. y que no le represente mayores cargas de comprobación.

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; desplazados internos forzados, migrantes, adultos mayores y población indígena.

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente a quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado o migración. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 61. ...

...

I.- Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;

II. a V. ...

VI. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen, así como la restitución o indemnización de sus derechos vulnerados en materia de tierra, propiedad o posesiones;

VII. a VIII. ...

...

Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

I. a VIII. …

En los casos de las fracciones VII y VIII cuando se hayan cubierto con los Gastos de Ayuda no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.

La Comisión Ejecutiva o la Comisión de víctimas de la entidad federativa según corresponda expedirán los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas de la entidad federativa, a través de la Asesoría Jurídica, determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a) …

b) …

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas unidades de medida y actualización, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, su libre desarrollo de la personalidado si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito.

La Comisión Ejecutiva podrá asumir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo de Reparación, cuando la Comisión de Víctimas de la Entidad Federativa lo solicite por escrito en caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlo en un plazo determinado. En caso de que los recursos del Fondo de Reparación no sean resarcidos, la Comisión Ejecutiva ejercerá el derecho de repetir contra la Comisión de Víctima de la Entidad Federativa y contra quienes hayan cometido el delito.

Artículo 81. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.

Asimismo, promoverá convenios de colaboración entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva  a través del Fondo de Reparación o los Gastos de Ayuda. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas;

II a XVII.

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva.

...

...

Las entidades federativas contarán con un Fondo de Reparación, los Gastos de Ayuda, una asesoría jurídica y un registro de víctimas en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva está a cargo del Comisionado Presidente. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública una terna para su nombramiento. El Senado lo elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas.

La terna que el Ejecutivo Federal envíe al Senado de la República deberá integrarse con personas con amplio reconocimiento nacional en la defensa y protección de los derechos humanos.

Las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación de la Cámara Senadores propondrán al Pleno el nombre de la persona que ocupara la presidencia de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 86. Para ser comisionado se requiere:

I. a III. …

IV. Contar con título profesional en Derecho, Psicología, Derechos Humanos, Sociología o especialidades equivalentes.

V. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

En la elección del titular de la Comisión, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

El titular de la Comisión desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 87. El Comisionado Presidente para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

I. a XIII. …

XIV. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo de Reparación Integral y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas:

XV. a XXXVI. …
Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá atender, asistir y, en su caso, reparar aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:

I. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan su facultad de atracción en términos de las disposiciones legales aplicables;

II. Cuando por sentencia o resolución de carácter vinculatorio un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que México sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad del Estado mexicano, o

III. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos:

a) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima;

b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, y

c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista trascendencia nacional.

La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas la restitución de los gastos erogados, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley y los Convenios de Colaboración.

Artículo 93. Se deroga

Artículo 94. Se deroga

Artículo 125. Corresponde al Asesor Jurídico de las Víctimas:

I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. Por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción;

II. …

III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;

IV.  Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;

V. Formular denuncias o querellas;

VI. Representar a la víctima en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante.

Artículo 125 bis. La Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta Ley.

La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio civil de carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones.

Artículo 125 ter. La Asesoría Jurídica tendrá a su cargo administración de los Gastos de Ayuda previstos en la presente Ley, siguiendo los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Asimismo, la Asesoría Jurídica velara por la maximización del uso de los recursos de Gastos de Ayuda, bajo el criterio de priorización a los casos de mayor gravedad.

TÍTULO OCTAVO
FONDO DE REPARACIÓN INTEGRAL Y GASTOS DE AYUDA

Artículo 131. Los apoyos para la ayuda  inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos podrán otorgarse  con cargo a los Gastos de Ayudade la Comisión Ejecutiva o de Comisiones de víctimas de las Entidades Federativas, según corresponda.

Artículo 132. El Fondo de Reparación integral se conformará con:

I. …

El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual no podrá ser disminuido.

II. a VIII. …

El monto destinado a los Gastos de Ayuda se conformará con el 10% del total monto del Fondo asignado anualmente por la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egreso de la Federación.

Artículo 132 Bis. El Fondo de Reparación Integral y los Gastos de Ayudaen cada Entidad Federativa, se conformaran con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin.

La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo Estatal, deberá ser igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

El monto destinado a los Gastos de Ayuda se conformará con el 20% del total monto del Fondo asignado anualmente en el Presupuesto de Egreso de la entidad respectiva.

Artículo 134. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las disposiciones necesarias para el funcionamiento del Fondo y de los Gastos de Ayuda, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.

Artículo 139. Se deroga.


TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

TERCERO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales para que las Comisiones de Atención a Víctimas de las entidades Federativas se integren.

CUARTO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las comisiones de víctimas de las entidades federativas que se encuentren operando con antelación deberán realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por el presente Decreto.

De igual forma deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

QUINTO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Ejecutiva emitirá los lineamientos y disposiciones necesarias de operación, administración y funcionamiento de los recursos destinados a los Gastos de Ayuda, de conformidad con la  presente Ley.

SEXTO.- En plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas deberá establecer las directrices para la celebración de los  convenios de colaboración entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva  a través del Fondo de Reparación o los Gastos de Ayuda.

SÉPTIMO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán adecuar sus reglamentos, manuales y reglas de operación a fin de cumplir con lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva para la adecuada implementación de las medida de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.-Sen. Fernando Yunes Márquez.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.

1 El tortuoso camino de las víctimas en México. Periódico El País, sección Internacional, 15 de marzo de 2016.

2 Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, CNDH, Mayo 2016, pp.3. Disponible en Internet: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf

3 El único caso de conflicto armado con desplazamiento al que se hace referencia es en relación con los sucesos de 1994 en Chiapas. Citado en Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, Op. Cit, pp. 3.

4 Idem.

5 KNIPPEN, José, “Un primer paso hacia la justicia para víctimas migrantes”, FUDAR, 23 de febrero de 2016. Disponible en Internet: http://fundar.org.mx/un-primer-paso-hacia-la-justicia-para-victimas-migrantes/

6 El pasado 18 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.

7 Idem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III BIS DENOMINADO ROBO DE IDENTIDAD, AL TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

(Presentada por el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la República por el estado de Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III BIS DENOMINADO ROBO DE IDENTIDAD, AL TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III, AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, el robo de identidad es un delito que se ha incrementado con el paso de los años. Al cierre del 2015, en todo el sistema financiero se recibieron 100,000 quejas relacionadas con dicho crimen.

El robo de identidad a través del sistema financiero mexicano es un problema grave y creciente, una violación a los derechos fundamentales de las personas, ya que significa una afectación patrimonial al individuo y a su familia, y un daño moral difícil de reparar.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), explicaron que el robo de identidad implica tomar información personal y financiera de las personas o empresas para suplantarlos y con ello obtener créditos.

Estas mismas instituciones han alertado sobre el aumento de las reclamaciones relacionadas con el robo de identidad. Al respecto, informan que las reclamaciones registradas del año 2011 al año 2015 aumentaron más de 500%.

La Asociación de Bancos de México informó recientemente, en el marco del “Convenio de Adhesión a las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad”, signado el pasado 25 de agosto de 2016, por la Asociación de Bancos de México (ABM), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que este delito ha causado perjuicios por 120 millones de pesos y sigue a la alza.

Con este instrumento jurídico, se establecen las bases para trabajar de manera coordinada en el diseño de programas de formación y capacitación que mejorarán las capacidades de las instituciones involucradas en el combate a estos delitos, así como la difusión, divulgación e intercambio de información destinada a inhibir conductas de usurpación de identidad.

La CONDUCEF por su parte, señaló que han dado a conocer diversas recomendaciones a las entidades financieras para que se cercioren mejor respecto de este tipo de delitos, entre las que destacan las siguientes:

• La conformación de un sistema de huellas dactilares que será validado por el INE, para saber si la huella en la credencial presentada corresponde o no al dueño de esa identificación oficial.

• Asimismo, se sugirió que verifiquen el Buró de Crédito, con el fin de ayudar en la detección del delito de robo de identidad por contar con información muy específica.

Por su parte, el INAI propuso tipificar a nivel federal el delito de robo de identidad, que no está contemplado en el Código Penal, y que 16 estados que no lo sancionan lo incluyan en sus códigos.

De acuerdo con el instituto, es necesario que la persecución y la sanción de este delito sea a nivel federal, para evitar las disparidades regulatorias que existen hoy en los estados que sí lo tipifican penalmente.

El robo de identidad en el sistema financiero es un acontecimiento lesivo para los ciudadanos, pero cuando esta suplantación tiene repercusiones en materia fiscal, el problema adquiere un nivel de gravedad mayor.

La identidad es un elemento que conforma la esencia del ser humano como tal, representa la indivi­dualidad de cada uno y la posibilidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social, así como gozar y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos otorga y de reconocer las obligaciones que nos marca.

El derecho a la identidad es muy importante para el bienestar no sólo de la persona, sino para beneficio de la sociedad, es un derecho elemental que lleva consigo elementos tanto de origen, como de identidad personal.

El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, así como de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia; es lo que la caracteriza de las demás.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,1 al igual que otros pactos y tratados internacionales de derechos humanos, resalta el derecho a la identidad, al nombre y a la nacionalidad como el umbral para garantizar la realización de todos los demás derechos.

De esta forma la Convención señala lo siguiente:

Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque no define, ni regula el derecho a la identidad como tal, establece ciertos derechos de niñas y niños vinculados con el mismo, como el derecho a ser inscrito al nacer y el derecho a adquirir una nacionalidad.

En nuestro país, las leyes y los códigos civiles señalan la obligación de que un menor sea registrado ante un juez o ante el oficial del Registro Civil del municipio o delegación después del nacimiento, y que señale la información básica en el acta de nacimiento, como nombre, apellidos, fecha de nacimiento y sexo.

La adición constitucional al artículo 4, párrafo octavo, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2014, fue el parteaguas para reconocer en México el derecho a la identidad como derecho fundamental.

Es así que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, en su artículo 19, fracciones I,II, III y IV, señala los elementos del derecho a la identidad, que a la letra dice:

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.

Ahora bien, la evolución tecnológica, principalmente en el área de la electrónica, las telecomunicaciones y la computación, si bien ha traído consigo enormes beneficios a la humanidad, también es cierto que ha generado algunos perjuicios para ésta. Es así que la comisión de ciertos delitos se ha facilitado y, por lo tanto multiplicado, como es el caso del robo de identidad.

El robo de identidad es un problema creciente y es un problema grave, que aqueja de manera constante al sistema financiero de nuestro país y el patrimonio de miles de mexicanos.

De acuerdo con expertos en la materia, el robo de identidad es un problema de alcance global, y aunque no hay cifras exactas, el consenso es que es un fenómeno que va en aumento.

En este sentido, se han detectado dos vías por las cuales los delincuentes tratan de obtener la información necesaria para el robo de identidad: el robo físico de información (offline) y el robo de identidad a través de las tecnologías de la información (online).

En el primer caso, el robo de información sucede de diversas maneras, tales como:

• “Asalto al buzón de correo: los ladrones buscan asaltar buzones de correo sin seguro. Están en busca de los estados de cuenta bancarios, de tarjetas de crédito y otros que generalmente incluyen números de cuentas.

También buscan solicitudes de tarjetas de crédito preaprobadas para poder abrir una nueva cuenta a nombre de la víctima.

• Búsqueda en la basura: en áreas urbanas, los delincuentes eligen un método similar: hurgan en los basureros en búsqueda de documentos y papeles financieros que incluyan información confidencial. Los ladrones pueden usar los documentos que encuentran en el asalto al buzón o en la búsqueda de la basura, para cambiar la dirección y redirigir los estados de cuenta en un esfuerzo por ocultar el hecho de que la identidad ha sido robada.

• Robo de carteras/chequeras: La mayoría lleva no sólo la licencia de conducir, sino también la credencial de elector, tarjetas de crédito y débito, brindándoles a los ladrones toda la información que necesitan para hacerse pasar por otra persona.

• Fraude de dirección: un delincuente también puede cambiar fácilmente la dirección de su víctima, así como redirigir su correo a una dirección diferente para poder robar su información confidencial o tomar control de las cuentas de tarjeta de crédito o bancarias2”.

En el segundo escenario, es decir, en el robo online, los delincuentes cibernéticos buscan robar información a través de varios medios:

• “Phishing: estos fraudes electrónicos son correos electrónicos no deseados enviados por ciberdelincuentes que pretenden ser de parte de una persona u organización legítima con la intención de engañar a los destinatarios a que revelen información personal. Por ejemplo, un ciberdelincuente puede enviar un correo electrónico que parece como si se hubiese originado en su banco solicitándole que “confirme” información de la cuenta a través de un clic en un vínculo que lo lleva a un sitio web falso y le pide que introduzca su usuario y contraseña de la cuenta. El phishing es uno de los tipos de ciberdelito más comunes, y los ladrones constantemente cambian y actualizan sus estafas con el propósito de engañar a las víctimas.

• Pharming: en un intento de pharming, el hacker instala un código ilícito en la computadora personal para dirigirlo a sitios web falsos sin que se sepa. Pueden dirigirlo a un sitio de compras fraudulento donde se introduce información de pago sin saber que se trata de un sitio ilegítimo.

• Spim: el spim es spam que se envía a través de la mensajería instantánea. Los mensajes instantáneos pueden incluir spyware, registradores de pulsaciones, virus y vínculos a sitios de phishing.

• Spyware: esto es un software que un hacker instala en la computadora de la víctima para en secreto recopilar información personal. También puede utilizarse para dirigirlo a sitios web falsos, cambiar su configuración o apoderarse de su computadora de otras maneras.

• Registradores de pulsaciones: un registrador de pulsaciones es una forma de spyware que registra las pulsaciones a medida que el usuario tipea. Luego, la información que se tipea se guarda en un archivo al cual el hacker puede acceder. Si la víctima está navegando en la Web y visitando sitios de comercio electrónico o banca electrónica, un registrador de pulsaciones puede registrar posiblemente su información de cuenta y contraseña, los cuales el hacker podrá utilizar para acceder a su tarjeta de crédito o cuentas bancarias e incluso robar su identidad.

• Troyano: un troyano es un programa malicioso que parece inofensivo. Si involuntariamente descarga un troyano de la web, esto podría permitirle al hacker acceder a su máquina de manera remota desde cualquier parte del mundo, proporcionándole acceso a los archivos en su equipo y hasta observar la actividad de su pantalla.

• Sitios de redes sociales: con la creciente popularidad de las redes sociales, a veces es fácil olvidar que las personas fuera del círculo de amistades de la víctima, pueden acceder a la información personal que ésta misma pública. Al proporcionar datos como nombre, fecha de nacimiento, detalles de contacto y empleador, los ladrones pueden unir toda la información que necesitan para robar su identidad.

• Wardriving (guerra móvil): los ladrones también intentan robar información personal usando una técnica denominada “wardriving”, consistente buscar conexiones inalámbricas inseguras (redes). Si la conexión inalámbrica de su hogar no es segura, los hackers pueden acceder a datos de todas las computadoras conectadas a su router inalámbrico, y también ver la información que ingresa en sus sitios de operaciones bancarias y de tarjetas de crédito”3.

Ahora bien, existen otros métodos de los cuales se ayudan los delincuentes y que usualmente no se les da importancia debida, como el vishing (phishing por teléfono)/smishing (phishing por mensaje de texto). En un intento de vishing, es posible que un estafador llame a su probable víctima pretendiendo ser del personal de su banco para informarle que han notado cierta actividad sospechosa en su cuenta. Luego, es posible que le pida que “verifique” los detalles de la cuenta por teléfono.

Para intentar cometer un smishing, un estafador puede enviar a su probable víctima un vínculo a un sitio web malicioso o un número de teléfono con un sistema de respuesta de voz automática que le pregunta acerca de su información personal.

Tan grave y creciente es el delito de robo de identidad por los daños que causa en el patrimonio de las personas, además del daño moral y la violación de los derechos fundamentales, que resulta apremiante que dicho delito sea tipificado a nivel federal y castigado penalmente, pero sobre todo que sea prevenido.

En México, el delito de robo de identidad va en aumento día con día, según datos del Banco de México nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito; en un 67% de los casos el robo de identidad se da por la pérdida de documentos, 63% por el robo de carteras y portafolios, y 53% por información tomada directamente de una tarjeta bancaria.

En respuesta a lo anterior, las autoridades están tomando cartas en el asunto y recientemente el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, firmó como testigo las bases de colaboración para inhibir la suplantación de identidad a través del sistema financiero en México.

Con ello, se determinarán protocolos de atención y acción inmediata, así como mecanismos de comunicación e intercambio de información entre las autoridades involucradas, a fin de hacer un frente común que proteja a los usuarios del sistema financiero.

Asimismo, se ha anunciado la implementación de una campaña de difusión masiva en el país para prevenir el robo de identidad, encabezada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral, así como de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), la Asociación de Bancos de México (ABM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y otras instituciones del sector hacendario.

Sin embargo, todo lo anterior solo tendrá un efecto preventivo que no resolverá por la vía penal el delito de robo de identidad. A partir de lo anterior, esta iniciativa con proyecto de decreto busca tipificar a nivel federal este delito, al tiempo de establecer su sanción correspondiente.

México no cuenta con una legislación federal para sancionar el delito de robo de identidad, mientras que a nivel local, solamente 16 estados de la República Mexicana lo tiene tipificado en diferentes ordenamientos jurídicos. Estos estados son: Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Como ejemplos de la tipificación del delito de robo de identidad podemos mencionar los siguientes:

Ciudad de México

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO III USURPACIÓN DE IDENTIDAD

Artículo 211 Bis.- Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.

Se aumentaran en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito establecido en el presente artículo.

Estado de México

LEY PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Artículo 53.- Comete el delito de apropiación de certificado y sustitución de identidad, el que por cualquier medio obtenga, reproduzca, se apodere, administre, utilice o de cualquier forma dé un uso indebido a un certificado, a una firma electrónica y/o a un sello electrónico, sin que medie el consentimiento o autorización expresa de su titular o de quien se encuentre facultado para otorgarlos. Por la comisión de este delito se impondrá una pena de tres a ocho años de prisión y una multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en la zona de que se trate, independientemente de las sanciones administrativas o penales que puedan corresponder a la conducta realizada.

 

 

Nuevo León

Código Penal Para el Estado de Nuevo León
Capítulo Único
Suplantación de Identidad
(Adicionado, P.O. 26 De Junio De 2013)

Artículo 444.- Comete el delito de suplantación de identidad quien se atribuya por cualquier medio la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo con ello un daño moral o patrimonial u obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otra persona. Este delito se sancionará con prisión de tres a ocho años y multa de mil a dos mil cuotas.

A pesar del gran esfuerzo realizado por las entidades federativas que se han dado a la tarea de incluir en sus ordenamientos legales la conducta ilícita de robo de identidad, existen numerosas diferencias en cuanto a la denominación del delito que puede ser robo de identidad, suplantación o usurpación, asimismo, las sanciones establecidas para cada uno de estos tipos penales varían en cuanto a las penas de privación de la libertad y las multas pecuniarias.

Ahora bien, en el derecho internacional, el robo de identidad se encuentra tipificado de igual manera con diversas denominaciones y sanciones.

En este sentido, podemos mencionar que en los Estados Unidos de América, el delito de robo de identidad está descrito, tipificado y sancionado en la Ley para la Disuasión de la Subrogación y del Robo de Identidad. La Ley explícitamente, prohíbe la transferencia o utilización, a sabiendas y sin contar con la facultad legal, de un medio de identificación de otra persona, con la intención de cometer, o de ayudar, o de alentar a otro, cualquier actividad ilegal que constituya una violación de la ley Federal, o que constituya una felonía de acuerdo con cualesquiera ley estatal o local.

En cuanto a las sanciones, se establece una sentencia de 15 años en prisión, una multa y la confiscación de cualquier propiedad utilizada o que se tenía intención de utilizar para cometer el delito. Sin embargo, a veces, las sentencias pueden ser significativamente más altas debido a que la persona sentenciada de robo de identidad resulta también culpable de otros delitos.

Es por ello que, tomando en cuenta la tipificación del delito de robo de identidad en el ámbito internacional y las características del propio delito, se pretende establecer una pena tanto pecuniaria como penitenciaria únicas en el Código Penal Federal, debido a que no sería posible determinar un rango mínimo y máximo de sanción, en virtud de que, la comisión de este delito no implica más o menos gravedad, es decir, no se puede robar poca o mucha identidad de las personas, simplemente se roba.

Por lo anterior, es de suma importancia tomar acciones legislativas que permitan establecer normativamente una conducta típica, antijurídica y sancionable en la legislación federal, que otorgue seguridad jurídica ante la comisión del delito de robo de identidad, para que sea incorporado en el Código Penal Federal y, en su caso, que pueda ser un referente para lograr la homologación en los códigos penales de las entidades federativas.

Ahora bien, la propuesta que se presenta tiene como propósito adicionar un Capítulo III Bisdenominado “Robo de Identidad”, al Título Vigésimo Segundo, recorriéndose los subsecuentes capítulos en su orden, para convertirse en III Ter y III Quater, así como adicionar un artículo 389 Ter al Código Penal Federal.

Se pretende tipificar el robo de identidad y castigarlo con una sanción penitenciaria y una sanción pecuniaria únicas, en virtud de que la conducta ilícita cometida denominada en su caso robo de identidad es una conducta primigenia que tendría efectos de tracto sucesivo o continuado para la comisión de nuevos tipos penales, tales como el fraude, que ya se encuentran tipificados en el propio Código Penal Federal.

Pero también, corresponde a las autoridades, particularmente quienes son depositarias de la información ciudadana, como es el caso del Instituto Nacional Electoral, o del Servicio de Administración Tributaria, asegurar procedimientos que prevengan, mitiguen y minimicen la posibilidad de la comisión del delito de robo de identidad.

De igual manera, corresponde a las instituciones del sector financiero privado, particularmente a la banca comercial, establecer mejores procedimientos de control para tomar todas las medidas necesarias y evitar vulnerabilidades que pongan en riesgo el robo de datos personales de sus clientes.

Por ello, se propone también adicionar una fracción III, al párrafo cuarto del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que las instituciones bancarias que operan en nuestro país tomen todas las medidas necesarias a fin de que se verifique y se autentifique la legalidad y veracidad de todos aquellos datos e identificaciones proporcionados por los clientes que requieran de sus servicios o productos, con el propósito de evitar a toda costa que se cometa el delito de robo de identidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III BIS DENOMINADO ROBO DE IDENTIDAD, AL TÍTULO VIGESIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

Artículo primero. Se adiciona un Capítulo III Bis denominado Robo de Identidad, al Título Vigésimo Segundo, recorriéndose los subsecuentes capítulos en su orden para convertirse en III Ter y III Quater, y se adiciona un artículo 389 Ter, al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL FEDERAL.

TITULO VIGESIMO SEGUNDO
Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio

Capítulo I. …

Capítulo II. …

Capítulo III. …

CAPITULO III BIS
Robo de Identidad

Artículo 389 Ter.- Comete el delito de robo de identidad el que adquiera  por cualquier medio, información personal y financiera, con la intención de suplantar la identidad de un tercero, con el fin de cometer conductas ofensivas, obtener recursos monetarios o beneficios financieros a su favor, o cometer cualquier otro delito.

El delito de robo de identidad se castigará con pena de nueve años de prisión y de setecientos días multa, independientemente de las sanciones administrativas o penales que puedan corresponder a la conducta realizada.

Artículo segundo.- Se adiciona una fracción III al párrafo cuarto del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 115.- …

I. a II.

III. Tomar todas las medidas necesarias a fin de comprobar la veracidad y legitimidad de las identificaciones que los clientes ostenten para la contratación y uso de un producto o servicio financiero.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros.

1 La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece de manera expresa la exis­tencia de un derecho a la identidad en su artículo 8 y el derecho al nombre y a la nacionalidad en su artículo 7,

2 http://promos.mcafee.com/es-MX/PDF/mx_id_theft_e_guide.pdf

3 http://promos.mcafee.com/es-MX/PDF/mx_id_theft_e_guide.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN en materia de Educación Digital, de acuerdo a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad contemporánea tiene un distintivo histórico, la expansión de las tecnologías de la información, que han consolidado un paradigma en las relaciones y actividades humanas quizá nunca antes visto en la Historia de la Humanidad, posiblemente solo comparable con la invención de la imprenta de caracteres móviles de Johannes Gutenberg alrededor del año 1452. La computadora moderna fue creada por John Von Neumann en la Universidad Estatal de Pensilvania en 1945, pero sin duda al inicio de la década de 1980, la expansión de la computadora como un elemento central para la optimización del trabajo y el advenimiento del Internet 1990 han configurado un escenario distinto en cuanto a la adquisición y producción de información. Hoy día prácticamente todas las actividades del sector terciario de la economía, consideran el uso de las tecnologías de la información en su desempeño, los sectores secundario y primario igualmente tienen una carga considerable de actividades relacionadas con las tecnologías de la información. Y desde luego Internet se ha convertido en el primer medio de comunicación mundial, teniendo un impacto cercano a los 3 mil millones de personas a nivel mundial.

El investigador español Manuel Castells ha definido esta época como La Era de la Información, El señala que si bien el conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los modos de desarrollo, "él término informacional indica el atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico".[…] "Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos". Y acota: "La difusión de la tecnología amplifica infinitamente su poder al apropiársela y redefinirla sus usuarios. Las nuevas tecnologías de la información no son sólo herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar.1

Este paradigma ha constituido un reto para la sociedad y el Estado, porque sin duda es necesario aplicar una serie de políticas públicas que permitan que la sociedad se integre a esta nueva relación económica, cultural y educativa. Por citar un ejemplo la competitividad y las tecnologías de la información juegan un papel fundamental en el desarrollo económico, la relación que ambas guardan se expresa de la siguiente forma:

La competitividad de un país está íntimamente ligada al uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). A pesar de que no demuestran una relación de causalidad entre ambas variables, los índices de competitividad del IMD e IMCO están correlacionados positivamente con el Networked Readiness Índex (NRI) publicado por el mismo WEF. El NRI es el índice más antiguo y de mayor utilización para evaluar el desarrollo del sector TIC a nivel internacional.

Las brechas en el desarrollo de las TIC, tanto en un comparativo internacional como en una comparación interna, son evidentes y sustanciales. No existe un solo indicador de desarrollo sectorial en donde el posicionamiento de México esté acorde con su economía y su tamaño.

En el índice internacional más completo (el Networked Readiness Índex, del World Economic Forum), México ocupa la posición número 76 de 142 países evaluados. Desde que fue publicado por primera vez en 2002, el país ha perdido 38 lugares. Los indicadores básicos de penetración –banda ancha (10% en 2011), telefonía móvil (82%), telefonía fija (17%), computadoras (18%)– son inferiores a países con grados similares de desarrollo. De acuerdo a la OCDE, los precios son superiores a los que deberían ser practicados. Asimismo, en el e-Government Survey, que mide el desarrollo de las TIC en el gobierno, México ocupa la posición 51.

Además de esta brecha a nivel internacional, se observan en México importantes brechas internas. En todos los servicios existe una diferencia importante entre la penetración entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población. En telefonía fija, la diferencia en penetración es de 6.2 veces; en telefonía móvil, 3 veces; en televisión de paga, 8.6; en computadoras, 25.8; y en internet, 43.8. Esta diferencia es aún más radical entre zonas urbanas y rurales. Esta situación muestra la situación de desigualdad que prevalece en el país.

Asimismo, existe una brecha de apropiación importante, aún en los deciles con mayores ingresos. Una situación similar se observa tanto en la planta productiva como en el uso por parte de las instituciones gubernamentales. Todas las empresas con más de 250 empleados utilizan las TIC en algún grado; para el resto de la economía, que componen más del 90% de los entes productivos del país, sólo 37% cuentan con una computadora. En el Distrito Federal, todos los ayuntamientos cuentan con servicios en línea; en el estado de Guerrero, este porcentaje disminuye a 5%.2

Más aún otros estudios reportan un grave retraso en los procesos de aprendizaje de las tecnologías de la información en el ámbito escolar lo que conlleva a una mayor amplitud de la denominada “brecha digital”, que representa los polos de población que tiene acceso y utiliza las TIC, y las que no.

México no participó en las evaluaciones informatizadas de 2012 de lectura digital y matemáticas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). Algunas cifras del informe no incluyen a México debido a los datos faltantes.

Sólo el 58% de los estudiantes en México tenían computadora en casa en 2012, el porcentaje más bajo entre los países de la OCDE, pero 9% más que en 2009. Sin embargo, entre los estudiantes favorecidos (aquellos entre el 25% superior del estatus socioeconómico), el 86% tenía conexión a Internet en casa. Los estudiantes favorecidos pasan más de dos horas al día utilizando el Internet, lo mismo que sus homólogos en otros países de la OCDE.

• Alrededor del 61% de los estudiantes en México informaron que utilizan computadoras en la escuela. Más de la mitad (53%) de todos los estudiantes desfavorecidos en México (aquellos entre el 25% inferior del estatus socioeconómico) tienen acceso a computadoras en la escuela, pero no en casa; y entre todos los estudiantes en México, aproximadamente uno de cada tres (30.4%) sólo tiene acceso a Internet en la escuela.

• En México se utilizan más las computadoras para la enseñanza de las matemáticas que entre los países de la OCDE en promedio. Sin embargo, los estudiantes que informaron utilizar computadoras con frecuencia en su clase de matemáticas rindieron menos bien, en promedio, en las evaluaciones de matemáticas de PISA que los que informaron no utilizar computadoras en las lecciones de matemáticas.

En 2012, sólo cerca de un tercio (32%) de los computadores en escuelas rurales en México estaban conectados a Internet, comparado con más del 90% en escuelas ubicadas en áreas urbanas. Aproximadamente 15% de los estudiantes Mexicanos de 15 años de edad asisten a escuelas rurales, y sólo un 11% de ellos tuvo acceso a Internet en su hogar en 2012.3

La iniciativa tiene como premisa incorporar la alfabetización digital como una política pública en el marco de la Ley General de la Educación, para reducir las brechas y rezagos en materia, atribuyendo competencias a la autoridad para utilizar los recursos del Sistema Educativo Nacional para realizar acciones que permitan a la población el acceso continuo a las Tecnologías de la Información.

El concepto de Alfabetización Digital ha sido discutido por diversos investigadores y posturas, vistos desde el carácter educativo, tecnológico y social, convergen en la definición de esta idea como, el proceso de adopción de técnicas y conocimientos para el uso y apropiamiento de las tecnologías de la información por la sociedad, a través de procesos formativos educativos o empíricos,  que enlazan a las personas con la tecnología logrando una interacción, que permite la creación, recepción y transmisión del conocimiento, de acuerdo con ciertos investigadores el concepto es amplio tiende a renovarse continuamente:

Aunque se han analizado múltiples enfoques para acotar el término alfabetización digital, todos ellos buscan dar respuesta a las necesidades de un entorno progresivamente más complejo, con un creciente uso intensivo de las TIC, y, por tanto, con una mayor variedad de medios de comunicación y de servicios. Ello requiere una alfabetización que permita dominar un amplio espectro de habilidades, conocimientos, concienciación y actitudes (Bawden, 2002). Así, alfabetización digital se puede definir, de un modo general, como «la capacidad para comprender y utilizar las fuentes de información cuando se presentan a través del ordenador», especificando que «la alfabetización digital tiene que ver con el dominio de las ideas, no de las teclas» (Gilster, 1997; Gutiérrez Martín, 2003). De este modo, en un entorno complejo dominado por las TIC, el propio Gilster (1997) sugiere que esta nueva alfabetización sea considerada como una destreza esencial en la vida, e incluso como una «destreza de supervivencia», que incluya todas las alfabetizaciones basadas en destrezas, pero sin limitarse a ellas ni a ninguna tecnología particular, y donde la comprensión, el significado y el contexto han de ser sus temas centrales, con un objetivo: favorecer la calidad de vida de todas las personas, cualquiera que sea su condición, sexo, raza, religión, origen...4

Los mismos autores apuntan que la alfabetización digital no solo marca una diferencia social y educativa sino fundamentalmente económica, en su texto se destaca que:

Las redes TIC apuntan hacia un nuevo tipo de sociedad civil predispuesta a una interacción más democrática, pero también a crear nuevos modelos de desigualdad y nuevas formas de di- visión (Frederick, 1993). El vacío tecnológico existe junto con las desigualdades económicas y sociales de clase, raza y género (Harasim, 1993), y de ubicación (quienes utilizan Internet lo hacen de forma cada vez más intensiva y además con acceso a banda ancha, mientras que la escasez de usuarios de las TIC procedentes de minorías, grupos étnicos e inmigrantes con bajos ingresos permanece inalterada), lo que confirma que la brecha digital es también brecha social. En nuestros días, «el gueto se define no sólo por la carencia de parques y servicios públicos, sino por el hecho de que no está́ conectado a ninguno de los circuitos importantes de información» (Davis, 1992). 5

Este proceso social es complejo puesto que la alfabetización digital no solamente corresponde a la adopción de la tecnología como un bien cotidiano, sino como una herramienta de carácter cultural, educativo y económico. Los países desarrollados han invertido una fuerte suma de recursos humanos y presupuestales para reducir la brecha digital, sin embargo los países en vías de desarrollo, como México, deben igualmente destinar recursos para reducir las brechas entre países y ciudadanos.

La UNESCO es contundente en su recomendación a los países en cuanto a priorizar la alfabetización digital en todos los niveles de la sociedad. Es por eso que los países, conjuntamente con programas de gobiernos digitales, están llevando a cabo proyectos de «alfabetización digital», dirigidos a los ciudadanos. Las Instituciones y personas no pueden permanecer alejadas de esta tendencia de los gobiernos y deben tomar esto como una obligación de todos, entendiendo que la Alfabetización Digital no debe ser vista como una necesidad simplemente, sino que debe ser vista como un derecho inherente de las personas.

Para esta Organización, la tradicional definición de alfabetización que se enfocaba en el desarrollo de las capacidades de lecto-escritura y conocimientos de aritmética, ha sido expandida a una nueva definición que incluye conocimientos de computación y capacidad de adquirir información. O sea, la capacidad de tomar decisiones, crear valores, resolver problemas y colaborar con otros por medio del uso de las tecnologías electrónicas y de las redes.

Dentro del Programa Educación para Todos, la UNESCO recomienda la formación basada en tecnologías de la Información para todos los ciudadanos y propone al ámbito laboral para reforzar la alfabetización básica de los ciudadanos basándola en competencias para poder desenvolverse en la era de la información.

En respuesta a las recomendaciones de UNESCO, se están implementando en algunos países varios proyectos de alfabetización digital. Los mismos están orientados a la formación de los ciudadanos en competencias necesarias para que puedan desenvolverse funcionalmente en la Sociedad de la Información.6

La última cita es relevante ya que propone que la alfabetización es un derecho de los ciudadanos para incorporarse al desarrollo de la sociedad contemporánea, por lo que plantea no reducir la alfabetización digital, como un proceso escolar enfocado en la niñez y la adolescencia, sino por el contrario en los habitantes en general con énfasis en la población económicamente activa, ya que si esta se encuentra aislada por la brecha digital la competitividad del país se verá seriamente afectada por este fenómeno.

Los adultos deben ser una población objetivo de este programa, la educación continua rara vez tiene resultados positivos en México, sin embargo una revisión del Cardenismo en la Educación nos ofrece positivamente resultados en cuanto a la alfabetización convencional (lectura y escritura) de masas populares, en el México de la década de 1930, el Plan Nacional de Educación de 1935, consideraba la educación de campesinos y obreros desde los conocimientos básicos hasta técnicas de producción y cultura general para lograr que la educación pública fuera un motor de movilidad social. La educación pública es sin duda el mayor logro de la Revolución Mexicana, que ha contribuido a la formación de la Sociedad Contemporánea, la gran cruzada nacional por la Educación que comenzará José Vasconcelos en 1921, tuvo como consecuencia la formación de una generación intelectual, científica y técnica protagónica a partir de 1950 en el denominado “Desarrollo Estabilizador”. Hoy día la exigencia de nuevas competencias laborales y de asimilación de conocimientos requiere acciones progresivas para incorporar a México a la Sociedad de la Información.

En consecuencia el siguiente estudio realza la importancia de la incorporación de los adultos en la alfabetización digital, asumida como una responsabilidad del Estado y un derecho para sus habitantes:

El mundo de las personas que acceden a la educación de adultos es cada vez más exigente en cuanto a la formación que desean recibir y cómo la desean recibir. Las personas adultas requieren una educación que aspire a abrir nuevos horizontes, a eliminar las desigualdades. En este sentido, como señala Quintana (2010,58), “la educación de adultos debe ser más crítica y contextual para que las personas entiendan aquello que las limita y condiciona, y para que impulsen el lenguaje de la posibilidad de transformarse a sí mismas, comprendiendo mejor el entorno en que se mueven, mientras vivencian nuevas experiencias y alumbran conocimientos que les permitan crecer”. Dotar a la población de competencias mediales es, en consecuencia, una estrategia adecuada para el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las TIC a la ciudadanía. “El manejo de estas herramientas tecnológicas condicionará de forma importante el acceso de las personas adultas al mercado laboral y a la información, lo que justifica, por sí solo, su inclusión en el currículo de la educación básica para personas adultas.” Sevillano (2007,464)

Para que las TIC desarrollen su potencial de transformación deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento de conocimiento que potencia la investigación y la innovación. Es necesaria la implicación institucional, el convencimiento y planificación del equipo responsable de los procesos formativos, la aceptación del profesorado y una formación del mismo adecuada a sus necesidades y características para que la utilización de las TIC en la enseñanza de adultos sea una realidad. López (2004, 53).

No todas las personas mayores se encuentran en las mismas condiciones ni tienen las mismas posibilidades a la hora de beneficiarse de estas utilidades. De acuerdo con Montero (2010, 67) “los mayores pueden aprender a través de programas y medios que han de tener en cuenta las características personales y las circunstancias que rodean este sector”. Además, no debemos olvidarnos que una de las características de estas tecnologías es que permiten una enseñanza más individualizada. Es decir, tienen la posibilidad de responder a las necesidades concretas de los adultos, a sus características individuales y adaptar los procesos de formación a sus ritmos de aprendizaje.7

El Gobierno Federal ha diseñado una agenda pública denominada “Estrategia Digital Nacional”, que considera los siguientes objetivos orientados a la Educación.

1. Desarrollar una política nacional de adopción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Sistema Educativo Nacional.

• Dotar de infraestructura TIC a todas las escuelas del sistema educativo.

• Ampliar las habilidades digitales entre los alumnos median- te prácticas pedagógicas.

• Crear contenidos digitales alineados con los planes curriculares e impulsar la evaluación de estos planes con el objetivo de incorporar el uso de las TIC.

• Incorporar las TIC en la formación docente como herramienta de uso y enseñanza.

2. 2 Ampliar la oferta educativa a través de medios digitales.

• Consolidar la existencia de universidades digitales en todos los campos de estudio para ampliar la oferta educativa.

• Desarrollar nuevas alternativas educativas a partir de la oferta y demanda de capital humano con formación en áreas relacionadas con la tecnología.

• Ampliar la oferta de contenidos educativos en línea.

3. Desarrollar una agenda digital de cultura.

• Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las TIC.

• Desarrollar una estrategia nacional de digitalización, preservación digital y accesibilidad en línea del patrimonio cultural de México y la cultura en general.

• Dotar a la infraestructura cultural nacional de acceso a las TIC.

• Estimular el desarrollo de las industrias creativas en el ámbito de la cultura.

• Crear plataformas digitales para la oferta de contenidos culturales.

• Impulsar la creación e innovación de cultura por medios digitales.

IV. Mejorar la gestión educativa mediante el uso de las TIC.

• Desarrollar herramientas digitales que faciliten la gestión educativa a nivel escuela, en las secretarias de educación estatales y en la Secretaria de Educación Pública.

• Generar bases de datos que integren la información del Sistema Educativo Nacional, en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

Es en este sentido que la iniciativa se inscribe dentro del Programa citado, con la finalidad de incorporar como una estrategia educativa la alfabetización digital para todo los grupos poblacionales, incluyendo un particular énfasis en la población económicamente activa que se encuentra aislada por la brecha digital.

Es de particular interés para la Iniciativa considerar:

Que el artículo 3º Constitucional en su párrafo segundo establece que la educación pública tenderá a desarrollar las facultades del ser humano, en su párrafo tercero obliga a que la educación sea de calidad y en su fracción segunda tendrá como criterio rector el progreso científico, textos que se citan a continuación:

Artículo 3o. …

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.8

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 13el derecho a la educación pública y el deber del Estado a proporcionarla orientada a lograr el máximo desarrollo de la persona, de acuerdo con el numeral 1 en cuyo texto se lee:

Artículo 13: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.9

Que la agenda mundial de educación (Educación para Todos), que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en sus objetivos particulares 3 y 4 resalta la importancia de la formación de los adultos y jóvenes, en competencias prácticas y su educación continua, los cuales a la letra dicen:

Objetivo 3: Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa.

Objetivo 4 : Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente.10

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 señala que la educación continua y que aproveche todos los recursos del Sistema Educativo Nacional, es un objetivo que persigue el PND de acuerdo lo siguiente:

III.-2. Plan de acción: articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más justa y próspera:

Para garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo se plantea ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población. Esto requiere incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad, así como crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.

Por otro lado, se deben impulsar políticas activas de capacitación para el trabajo de manera que se fomente la actualización y vigencia de las capacidades y competencias de la fuerza laboral. Al respecto, es necesario lograr una mayor articulación entre el Sistema Educativo Formal y el Sistema de Capacitación para el Trabajo, con el propósito de facilitar la movilidad entre ambos sistemas.11

En conclusión la Iniciativa se encuentra alineada con los objetivos nacionales e internacionales en materia de educación, promoviendo el aprendizaje continuo y una transición de los métodos actuales de enseñanza para transformar a México en un país alfabetizado y capacitado digitalmente.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos mencionados en el proemio que se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se adicionan la fracción XVII del artículo 7o, la fracción X Ter del artículo 14 y los artículos 46 Bis, 46 Ter y 46 Quáter, todos de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá́, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:…

I – XVI…

XVII. Fomentar la educación y el aprendizaje de las tecnologías de la información, procurando el combate a los rezagos y reducción de brechas, la alfabetización digital en la población en general.

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:…

I -X Bis…

X Ter.- Promover el aprendizaje de las tecnologías de la información en la población en general para ampliar sus competencias laborales y para la vida, diseñando programes específicos de acuerdo a las edades y niveles de educación…

Artículo 46 Bis.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por educación digital el proceso de enseñanza, aprendizaje y capacitación de las tecnologías de la información, que permita el desarrollo de competencias para la vida y reduzca los rezagos de la población en el uso y aprovechamiento de las mismas.

Articulo 46 Ter.- La educación digital tendrá como objetivo, promover el aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación entre la población en general, procurando su uso en las aulas dentro de los procesos de enseñanza.

Articulo 46 Quáter.- Las autoridades de acuerdo a sus competencias, realizarán las siguientes acciones en materia de educación digital:

I. Diseñar y operar programas de educación digital destinados a estudiantes de educación básica y media superior, que permitan el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información.

II. Diseñar y operar programas de educación digital destinados a la población en general, utilizando los recursos del Sistema Educativo, procurando la reducción de rezagos y brechas en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información.

III. Diseñar y operar programas de capacitación laboral para adultos, que permitan el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en cada una de sus áreas de competencia laboral, ampliando sus competencias y habilidades.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Torres, Rosa Ma., La sociedad de la Información / La sociedad del conocimiento, citando a Castells, Manuel (1999) La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura: La sociedad Red, México, Siglo XXI., disponible en: http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/socinfsoccon.pdf

2 Palacios, Jana; Flores Roux Ernesto, Diagnóstico del Sector TIC en México: Conectividad e Inclusión para la mejora de la productividad y el empleo, IMCO, Septiembre 2012, disponible en: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/1/diagnosticosectorticenmexico_sept2012_2.pdf

3 Estudiantes, computadoras y aprendizaje, haciendo conexión, OCDE, Nota Internacional México, disponible en: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-students-computers-mexico-esp.pdf

4 Travieso, José Luis; Planella, Jordi; La alfabetización digital como factor de inclusión social: Una mirada crítica. Revista sobre la Sociedad del Conocimiento,  Abril, 2008,  disponible en:
http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/esp/travieso_planella.pdf

5 Travieso, José Luis; Planella, Jordi; La alfabetización digital como factor de inclusión social: Una mirada crítica. Revista sobre la Sociedad del Conocimiento,  Abril, 2008,  disponible en:
http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/esp/travieso_planella.pdf

6 Martí, M., D’Agostino, M., et. al.; Alfabetización Digital, Un peldaño hacia la sociedad de la Información, Medicina y Seguridad en el Trabajo, Madrid, Marzo, 2008, disponible en:
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v54n210/especial2.pdf

7 Ordóñez Jiménez, Ma., González López, M.; et. al., Alfabetización digital desde la práctica: una propuesta innovadora para el desarrollo de competencias digitales en adultos, Universidad de Sevilla, disponible en: https://fcce.us.es/sites/default/files/docencia/ALFABETIZACIÓN%20DIGITAL.pdf

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado. DOF: 26/02/13, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

9 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

10 Educación para Todos, UNESCO, ONU, disponible en:
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/

11 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, Presidencia de la República, Disponible en: http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO V AL ARTÍCULO 2 RECORRIENDO EL ORDEN ACTUAL DE LOS INCISOS, SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 57 Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 83 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Marco Antonio Blásquez Salinas, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer soluciones que permitan mejorar las condiciones de los productores de trigo nacional e incrementar los precios y condiciones de compra del mercado nacional. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.








De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita una disculpa pública del Presidente de la República por la nula defensa en contra de los ataques del candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos de América; se deslinda de la decisión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la contienda interna de los Estados Unidos de América y solicita la comparecencia inmediata de la canciller Claudia Ruiz Massieu para explicar la decisión y los acuerdos privados que discutieron el titular del Ejecutivo Federal y el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos de América, el pasado 31 de agosto. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita una disculpa pública del Presidente de la República por la nula defensa en contra de los ataques del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos; se deslinda de la decisión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la contienda interna de los Estados Unidos de América y solicita la comparecencia inmediata de la canciller Claudia Ruiz Massieu para explicar la decisión y los acuerdos privados que discutieron el titular del Ejecutivo Federal y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos el pasado 31 de agosto, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En un acto que sorprendió a propios y extraños, el martes 30 de agosto la Presidencia de la República reconoció que se llevaría a cabo una reunión privada, al día siguiente, entre el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump y el Presidente de México Enrique Peña Nieto.

La visita generó una alta indignación en la sociedad mexicana.  Aunque las reuniones con candidatos a la presidencia de Estados Unidos han sido una práctica común del Gobierno mexicano debido a la trascendencia de la relación bilateral (por ejemplo la reunión entre Felipe Calderón y el precandidato republicano John McCain en Los Pinos en julio de 2008), en esta ocasión la reunión se da en un contexto de gran confrontación por la posición de Trump con las y los mexicanos ambos lados de la frontera. Resaltando, como todos sabemos, su propuesta de construir un muro entre ambos países, así como por el ataque y humillación a las y los mexicanos.

La recepción de Enrique Peña Nieto al candidato republicano Donald Trump ofendió a las y los mexicanos, ofendió a nuestros connacionales en Estados Unidos, pero también ofendió a la embajada norteamericana en México y comprometió al Gobierno Federal a una posible intervención de Washington en nuestra propia política interior. Por donde se le vea fue una pésima decisión.

Lo peor no sólo fue la decisión del gobierno de Peña Nieto de intervenir en la contienda presidencial interna de Estados Unidos sino la humillación de Donald Trump a la sociedad mexicana, que reiteró al no modificar un ápice su posición antiinmigrante, xenófoba y represiva en contra de los mexicanos en la nación americana.

En su discurso en Phoenix, Arizona, horas después de su encuentro en Los Pinos, Trump reiteró que “México pagará por el muro al 100 por ciento” aunque “los mexicanos no lo saben todavía”. Esta declaración fue una burla abierta, una humillación y un menosprecio al propio presidente mexicano. Dio a conocer su “decálogo” para política antinmigrante. En ningún punto modificó, matizó o suavizó sus posiciones insultantes para mexicanos y centroamericanos. Por el contrario, reiteró que aplicará una política de “cero tolerancia” a los inmigrantes, sin importarle la violación a los derechos humanos. Presumió que construirá un “precioso muro” y reiteró su oposición al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.1

El mensaje de odio y polarización de Trump simplemente se agravó tras el encuentro con Peña Nieto en México. Lo peor fue que el primer mandatario mexicano siguió en su discurso autocomplaciente. Peña Nieto fue incapaz de desmentir a Donald Trump, en público y ante el pueblo mexicano, que nosotros NO vamos a pagar un solo centavo de este delirante muro. Tampoco fue capaz de exigirle al magnate que se disculpara por los insultos que ha emitido desde que inició su carrera a la Casa Blanca.

En entrevista televisiva, el Ejecutivo Federal ofendió una vez más la inteligencia de todos los mexicanos al señalar que “sí aprecio un cambio de tono en Donald Trump” y que “el diálogo es la ruta para encontrar acuerdos”. ¿Cuál diálogo? ¿Cuál acuerdo? Trump simplemente utilizó la foto con Peña Nieto para endurecer su discurso. No se puede dialogar con quien niega la dignidad del pueblo mexicano.

Dos ex embajadores recientes de México en Estados Unidos criticaron duramente la decisión de recibir al candidato republicano en Los Pinos. Miguel Basáñez escribió en su cuenta de Twitter:

“Nadie como Trump ha puesto en tal nivel de peligro la relación de México y Estados Unidos en los últimos 50 años. Lamento profundamente la invitación”.

Alejandro Sarukhan redactó:

La invitación “legitima a Trump y su xenofobia y envía un mensaje de que no hay costo de atacar a México y a los migrantes mexicanos”.

El gobierno federal no escuchó los reclamos ciudadanos y ni siquiera la opinión de sus propios ex embajadores. Por el respaldo implícito del Presidente de México al candidato republicano, que respaldó tan solo por reunirse con él, la disculpa pública que exigimos a Donald Trump por la humillación a las y los mexicanos también debe ser reclamada a Enrique Peña Nieto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República hace un extrañamiento al Titular del Ejecutivo Federal por la nula defensa del país ante los ataques de Donald Trump, al tiempo que exige una disculpa pública del mismo por recibir y respaldar implícitamente la postura contra México de dicho personaje.

SEGUNDO. El Senado de la República se deslinda de la decisión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la contienda interna de los Estados Unidos de América.

TERCERO. El Senado de la República solicita la comparecencia inmediata de la canciller Claudia Ruiz Massieu ante el Pleno de esta Soberanía para explicar la decisión y los acuerdos privados que discutieron el titular del Ejecutivo Federal y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el pasado 31 de agosto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 TRUMP, Donald J., “Donald J. Trump: AddressonInmigration” en Trump-PenceMakeAmerica Great Again 2016, 31 de agosto de 2016, consultado el 1 de septiembre de 2016, https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-address-on-immigration





Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo al Área Natural Protegida “La Frailescana”, en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.








Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a emitir Acuerdo por el que se crea la Comisión de Zonas Económicas Especiales. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante este Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado primero de junio de 2016 se publicó en Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. El origen de esta nueva disposición en materia de desarrollo económico y regional diferenciado, surge de la necesidad de cerrar la brecha histórica de desigualdad social que existe entre las diferentes entidades federativas, pero particularmente de los estados del sur respecto del resto de nuestro país.

Los iniciadores de bienestar social como lo son educación, ingresos y salud, así como los datos estadísticos de productividad, empleo y distribución de la riqueza son el fundamento que legitima la creación de Zonas Económicas Especiales en aquellas entidades con mayores grados de pobreza y rezago social.

La pobreza, el rezago social y la falta de oportunidades en los estados del sur y sureste del país, son el rosto de un México que nos sigue exigiendo mayores esfuerzos por distribuir mejor la riqueza, pero también mayor decisión y políticas públicas que detonen desarrollo, incrementen la productividad y multipliquen las fuentes de ingresos que por tantos años han demandado los mexicanos de las entidades federativas más marginadas.

Para muestra de ello baste decir que el PIB por habitante en la región sur en los últimos 30 años creció sólo 0.3%, mientras que el promedio nacional lo hizo en 1.1%, anualmente. De igual manera el ingreso per cápita de los mexicanos que viven en el sur, representa el 40% del ingreso promedio a nivel nacional.1

La pobreza lejos de desaparecer se incrementó, la incidencia de pobreza patrimonial en los estados más marginados del país, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, supera el 72% de su población. Cabe mencionar que el 60% de los municipios más pobres se encuentran en el sur de México.2

Por otro lado, el Índice de Desarrollo Humano nos da un panorama general de la situación en la que se encuentran las entidades federativas en materia educativa, salud e ingresos. De acuerdo con el último informe de Programa de la  Naciones Unidas para el Desarrollo, casi en su totalidad los estado del sur y sureste se encuentran por debajo de la media nacional, y Chiapas, Guerrero, Oaxaca  y Veracruz son los estados con menor desarrollo humano en el país.3

En contraparte, entidades del centro, bajío y norte concentran los niveles de desarrollo más altos; el Distrito Federal ocupa la primera posición, le siguen Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, Coahuila, Colima y Querétaro, como las entidades con mayores índices de desarrollo.4

Y es, precisamente, esta diferenciación entre regiones y  entre mexicanos, lo que se busca revertir a través del establecimiento de Zonas Económicas Especiales.

 ¿Que son las Zonas Económicas Especiales?

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “son áreas delimitadas geográficamente, ubicadas en sitios con ventajas naturales y logísticas para convertirse en zonas altamente productivas. Son regiones que gozarán de condiciones especiales para su desarrollo, y que se apoyan en la integralidad de tres pilares fundamentales: incentivos, infraestructura y comunidad”.5

El objeto de estas zonas es atraer inversiones productivas que detonen empleos de calidad, capacitación de recursos humanos, transfieran nuevas tecnologías e innovación, desarrollen cadenas de valor, impulsen las proveedurías locales, y se genere el bienestar de la población  que vive en las regiones y zonas más desfavorecidas del país.

Para lograr su cometido, las Zonas Económicas Especiales contarán con un conjunto de incentivos y condiciones preferenciales que les permitirán consolidarse como polos de desarrollo altamente productivos, capaces de brindar mejores condiciones de vida a miles de mexicanos.

Algunos de los incentivos y condiciones de los que gozarán estos nuevos polos de desarrollo son:

• Beneficios fiscales y laborales.

• Régimen aduanero especial.

• Marco regulatorio ágil.

• Infraestructura de primer nivel.

• Programas e incentivos especiales para facilitar la actividad económica6.

Conforme al artículo 6 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para el establecimiento de una Zona, deberá cumplirse con los siguientes requisitos, a la fecha de emisión del Dictamen: 

I. Deberá ubicarse entre las diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema, de acuerdo con la información oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

II. Deberán establecerse en áreas geográficas estratégicas con potencial de conectividad  hacia mercados nacionales o internacionales;

III. Deberán prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las ventajas comparativas y vocación productiva presente o potencial de la Zona, y

IV. Se establecerán en uno o más municipios cuya población conjunta sea entre 50 mil y 500 mil habitantes. 

La Zonas podrán ser unitarias o por secciones, la primera se refiere a un solo conjunto industrial delimitado geográficamente, el cual es desarrollado por un único Administrador Integral y, las segundas a varios conjuntos industriales ubicados en cualquier punto dentro de un polígono más amplio. Cada conjunto es desarrollado por un Administrador Integral.7

El Ejecutivo Federal, emitirá la declaratoria de creación de una Zona Económica especial, previo dictamen que elaborará la Secretaría de Hacienda, el cual contendrá el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 6 de la citada Ley, carta de intención suscrita por el estado y los municipios donde se instalará la Zona, estudio de prefactibilidad que contenga potenciales sectores productivos e inversionistas a instalarse en la Zona, y la información sobre las necesidades de infraestructura y las acciones de política pública que se requieran para el desarrollo de la Zona y su Área de Influencia.8

Cada Zona contará con un Programa de Desarrollo, sujeto a revisión cada quinquenio.9 Dicho programa será elaborado por la Secretaria de Hacienda y aprobado por la comisión intersecretarial de Zonas Económicas Especiales; en la elaboración del mismo podrán participar los sectores público, privado y social de la entidad o región en la que se pretenda instalar la Zona.  

Es importante destacar que, el Congreso de la Unión, juega un papel importante en la evaluación y en la redición de cuentas sobre el funcionamiento de las Zonas, puesto que tendrá la facultad de emitir recomendaciones entorno al mejoramiento de las mismas.   

Planteamiento del problema:

Con la publicación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, el primero de junio del presente año, en el Diario oficial de la Federación, se abre una nueva etapa en el desarrollo económico y social del país, ya que estas zonas, se regirán por disposiciones normativas diferenciadas, con ventajas competitivas, logísticas y de fomento especiales, que no aplicarán en ninguna otra parte de la República.

Las Zonas Económicas Especiales pueden, también, entenderse como un nuevo paradigma de desarrollo. Esta Ley es sólo el primer paso que delinea su establecimiento y conformación, sin embrago serán necesarias diversas reformas a marcos jurídicos y reglamentarios en diversas materias y sectores como son energía, fiscal, laboral, ciencia y tecnología, agricultura, educación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, salud, y desarrollo social, entre otros, de manera que las Zonas queden perfectamente armonizadas con la legislación nacional y las políticas públicas a implementarse.

El artículo 13 de la Ley, ya dispone incentivos y facilidades específicas para  este tipo de Zonas. En materia del impuesto al valor agregado los beneficios fiscales tendrán como propósito desgravar los bienes que se introduzcan a dichas Zonas, así como los servicios que se aprovechen en las mismas, cuando esas actividades se lleven a cabo por empresas residentes en México, actividades que estarán afectas a la tasa de 0%. De igual manera, estarán exentas de gravamen las importaciones hacia dichas zonas, la extracción con fines de exportación y las actividades que se realicen dentro de las mismas.

En el caso del Impuesto sobre la Renta (ISR),  las reducciones sobre el mismo, se buscará que impacten la inversión productiva, la generación de empleos, la formación de recursos humanos y elevación del ingreso de los trabajadores.

Se creará un régimen aduanero específico, que desregule, desburocratice y eficientice los procesos  de introducción y extracción de mercancías, así como diversas actividades al interior de la Zona.

Cada Zona contará con una Ventanilla Única para simplificar y agilizar los trámites necesarios para construir, desarrollar, operar y administrar la Zona; realizar actividades económicas productivas en la misma, o instalar y operar empresas en el Área de Influencia.

Los incentivos y facilidades fiscales concedidos por el Ejecutivo Federal, tendrán una duración mínima de ocho años, sin que puedan modificarse en perjuicio de los contribuyentes asentados en dichas Zonas.

Para que lo anterior llegue a buen puerto, la Ley dispone de un ejercicio de rendición de cuentas; los Consejos Técnicos de cada Zona realizarán un informe de resultados económicos y sociales sobre su área de influencia, el cual deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda, misma que deberá enviarlo al Congreso de la Unión para su revisión y recomendaciones.10

El Congreso de la Unión también deberá de participar, con un representante de cada Cámara, como invitado en las Reuniones de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales. Los representantes del Congreso de la Unión tendrán derecho de voz en todas las sesiones.11

El Ejecutivo Federal enviará un informe anual al Congreso de la Unión sobre el funcionamiento y operación de la Zonas, el cual deberá contener avances presupeustarios del Programa de Desarrollo, la infraestructura creada, las políticas públicas implementadas, así como el análisis de resultados económicos y sociales de cada Zona.

El Congreso de la Unión, adquiere un papel relevante en el seguimiento de los resultados y rendición de cuentas de las Zonas, ya que a través de las comisiones legislativas competentes, con base en el análisis que realicen sobre el informe enviado por el Ejecutivo, podrán realizar recomendaciones para mejorar la operación de la Zona y de los resultados en el desarrollo económico y social del Área de Influencia, como lo señala el artículo 42 de la citada Ley.

Así, el Congreso de la Unión tendrá plena facultad para revisar y proponer mejoras al funcionamiento y operación de las Zonas, a través del análisis de los respectivos informes que enviará el Ejecutivo. Sin embrago, al ser una materia novedosa, tanto en términos legislativos, como en materia normativa, de políticas públicas, y de la Administración Pública en su conjunto, es necesario que el Congreso de la Unión, en este caso, el Senado de la República, se dé a la tarea de crear la instancia legislativa adecuada que permita dar seguimiento puntual a la evolución y desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Si revisamos la conformación de las diversas Comisiones Legislativas del Senado, encontramos tres tipos: de Dictamen, Especiales y Bicamarales. Al ser una materia nueva, en ninguna de ellas encontramos afinidades para tratar el tema de las Zonas, por ello la necesidad de crear una instancia que se encargue de la materia denominada Zonas Económicas Especiales.

Resulta entonces conveniente que el Senado de la República cuente con la Comisión ordinaria de Zonas Económicas Especiales, encargada de dictaminar y dar seguimiento a todos los asuntos relativos a dicha materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a emitir acuerdo por el que se crea la Comisión de Zonas Económicas Especiales.

SEGUNDO. La Comisión de Zonas Económicas Especiales tendrá el carácter de ordinaria, atendiendo las materias propias de su denominación.

TERCERO. La Comisión  estará conformada por  Senadoras y Senadores atendiendo los principios de proporcionalidad y representación en el Senado de la República.

CUARTO. La Comisión tendrá vigencia a partir del día siguiente de su aprobación por el Pleno.

Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Sen. Oscar Román Rosas González.

1 Iniciativa que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales enviada por el Ejecutivo Federal. Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, martes 29 de septiembre de 2015. Disponible en: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/mayo/cefp0102016.pdf

2 Ídem.

3 Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015.Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Disponible en:  http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf

4 Ídem.

5 SHCP. Zonas Económicas Especiales. https://www.gob.mx/shcp/articulos/desarrollo-de-las-zonas-economicas-especiales-en-mexico?idiom=es

6 Ídem.

7 Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Artículo 7. DOF. Disponible
en:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439557&fecha=01/06/2016

8 Ibídem. Artículos 8 y 9.

9 Ibídem. Artículo. 11.

10 Ibídem. Artículo 16.

11 Ibidem. Artículo 37.






De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela  Torres Peimbert, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel y Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las “acciones correctivas” que impuso a OHL México, S.A.B. de C.V. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los Suscritos, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MARCELA TORRES PEIMBERT, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, ERNESTO RUFFO APPEL, y HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que rinda un informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las “acciones correctivas” que impuso a OHL México, S.A.B. de C.V.

CONSIDERACIONES

Desde principios de 2015, a través de diversos diarios de circulación nacional, se han hecho señalamientos graves respecto de presuntas ilegalidades, actos de corrupción y de manipulación contable de OHL México y sus subsidiarias, principalmente en relación con sus Proyectos de infraestructura carretera en el Estado de México: el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.

Ambos proyectos fueron ejecutados parcialmente con cargo a fondos federales, provenientes del Fonadin y de Banobras, por lo que las autoridades federales tienen competencia en el asunto.

Algunas de las presuntas ilegalidades de OHL México y sus subsidiarias señaladas públicamente, han sido investigadas, confirmadas y sancionadas por la autoridad competente.

Es el caso, por ejemplo, de la CNBV, que el 28 de marzo de 2016 informó públicamente que había impuesto una sanción “histórica” a OHL México, a dos de sus subsidiarias y a 6 de sus empleados, derivado de violaciones a la Ley del Mercado de Valores detectadas por la CNBV en relación con el registro de la “rentabilidad garantizada”, y que había instruido “acciones correctivas” a las empresas emisoras para obligarlas a modificar sus estados financieros, de modo que cumplan con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Provisionalmente, OHL México y sus subsidiarias revelan sus estados financieros modificados en una nota y la CNBV no ha dado a conocer la fecha máxima en que dicha modificación deberá hacerse directamente en el cuerpo de los estados financieros.

 Las diferencias entre el valor de los activos, los ingresos y el capital contable registrado en los estados financieros de OHL y los registrados en los estados financieros modificados conforme a lo requerido por la CNBV son tan grandes, que es necesario que la CNBV explique cuál es el estado que guarda el proceso de cumplimiento de las “acciones correctivas” impuestas a OHL, cuál es la fecha máxima para que se cumplan a cabalidad esas “acciones correctivas” y cuál es el impacto que tendrá dicho cumplimiento en el mercado de valores y en el público inversionista, ante el escenario de la eventual salida de OHL México de la Bolsa de Valores de nuestro país.

 Así mismo es  necesario conocer el posible desliste de  las acciones de OHL México de la Bolsa Mexicana de Valores y su impacto en el mercado de valores y sus inversionistas.

Algunas de las conductas sancionadas administrativamente por la CNBV y algunas otras que han sido denunciadas públicamente podrían ser constitutivas de delito.

En este caso, corresponde a la SHCP presentar las denuncias penales correspondientes, en términos de lo establecido en la Ley del Mercado de Valores. De la misma manera es necesario conocer si la SHCP Validó o autorizó la más reciente ampliación del plazo de la concesión Amozoc- Perote.

Por otra parte, en las últimas semanas diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros se han ocupado de la grave crisis financiera por la que atraviesa Obras con Huarte Lain, S.A. (“OHL España”), que ha llevado a su acción a perder casi el 90% de su valor de agosto de 2014 a la fecha.

Esta crisis es tan severa, que OHL España se ha visto obligada a deshacerse de activos importantes en España, con lo que no ha logrado detener la sangría y se ha visto obligada también a anunciar su intención de vender sus proyectos en México.

En este contexto, hace unos días el Presidente de la CNBV informó en una entrevista radiofónica que los accionistas de OHL México tenían la intención de deslistar a la emisora de la BMV, lo que obligaría a llevar a cabo una oferta pública de compra de la totalidad de las acciones, en un precio mínimo establecido en la Ley del Mercado de Valores en protección de los intereses del público inversionista.

En relación con lo anterior, es necesario que el Presidente de la CNBV informe cuáles son las medidas que ha adoptado y/o que piensa adoptar para proteger adecuada y oportunamente los derechos de los inversionistas ante una eventual salida de bolsa de OHL México e impedir que se pague un precio menor al mínimo establecido en la ley.

Recientemente, autoridades de distintos países han decidido terminar sus contratos con OHL, ante lo que parece un comportamiento habitual de OHL, consistente en reclamar de manera infundada sobrecostos en los proyectos a su cargo. Sólo por mencionar algunos: Catar, Gibraltar, la propia Comunidad de Madrid, Canadá y Argelia.

No obstante lo anterior, en México la única autoridad que hasta la fecha ha sancionado a OHL es la CNBV y no parece que otras autoridades estén investigando a esta empresa.

Hace unas semanas, en entrevista concedida al Periódico El Economista, el Titular de la SCT señaló que la SCT había reconocido a OHL una sobreinversión de $300 millones de pesos en la Autopista Amozoc-Perote y que, por lo mismo, había ampliado el plazo de la concesión y autorizado incrementos extraordinarios a las tarifas, pero no dio a conocer cuál fue el plazo adicional otorgado, ni cuáles fueron los incrementos autorizados.

Toda vez que tanto el plazo de la concesión como el nivel tarifario se determinan en función de la inversión del concesionario pendiente de recuperar con cargo al proyecto, es necesario que el Titular de la SCT informe cuál es el monto de esa inversión (y rendimiento, en su caso) pendiente de recuperar con cargo al proyecto, cuál el plazo adicional otorgado, cuáles los incrementos tarifarios autorizados y cuál la forma como se determinó ese plazo adicional y el nivel tarifario óptimo para permitir la recuperación de la inversión y el rendimiento.

Asimismo, es necesario que tanto el Titular de la SCT como el Titular de la SHCP informen si la SHCP emitió la opinión sobre la viabilidad de la ampliación del plazo de la concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis de la Ley de Caminos y Puentes y autotransporte Federal el cual establece lo siguiente:

Artículo 6o. Bis.- Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de esta Ley, lo siguiente:

I. La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo.

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los ingresos monetarios susceptibles de ser generados por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público concesionados, con respecto a los costos que se generarían por la realización del proyecto que se pretende concesionar, durante el horizonte temporal de evaluación.

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin de que esta última dependencia en un plazo no mayor a treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que recibió la evaluación y documentación a que se refiere este párrafo, emita su opinión al respecto. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no emita esta opinión en el plazo establecido, se entenderá emitida en sentido afirmativo.

En todo caso, los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía, se considerarán dentro de los costos totales del proyecto;

II. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su financiamiento, y

III. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que rinda un informa sobre : a) El estado que guarda el cumplimiento de las “acciones correctivas” que impuso a OHL México y dos de sus subsidiarias, derivado de diversas violaciones a la Ley de Mercado y de valores  cometidas en la elaboración de sus estados financieros) b)  El posible desliste de las acciones de OHL México de la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) y su impacto en el mercado de valores y en los inversionistas; y c) Las medidas que haya adoptado o piense adoptar la CNBV para garantizar la adecuada y oportuna protección del mercado de valores y del público inversionista, frente al cumplimiento de las “acciones correctivas” referidas y frente a la eventual salida de OHL México de la BMV.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  para que informe cuáles fueron los motivos de la reciente modificación del Título de Concesión de la autopista Amozoc-Perote, cuál es  el plazo adicional otorgado a la subsidiaria de OHL México titular de esa concesión, cuáles los incrementos tarifarios autorizados, cuál el monto de la inversión del concesionario (incluyendo rendimiento, en su caso) pendiente de recuperar con cargo al proyecto y cuál la forma como se determinó el plazo adicional de concesión y el nivel tarifario requeridos para la recuperación de esa inversión y rendimiento.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe cuál es el estado que guarda el proceso de análisis que lleva a cabo para determinar si denuncia o no penalmente las violaciones de OHL México y sus subsidiarias a la Ley del Mercado de Valores, algunas de las cuales han sido ya sancionadas en el ámbito administrativo por la CNBV, así como para que informe si la SHCP validó o autorizó la más reciente ampliación del plazo de la concesión Amozoc-Perote.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al encargado del despacho de la Secretaría  de la Función Pública Finalmente, para que informe a esta soberanía, qué proyectos carreteros del Grupo OHL que  han sido auditados por la SFP en los últimos 2 años, cuál es el alcance y cuáles los resultados de cada una de esas auditorías. En caso de que las auditorías de la SFP no incluyan el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, proyectos que fueron ejecutados parcialmente con cargo a fondos federales, se exhorta al Encargado del Despacho de la SFP para que informe de las razones de dicha exclusión.

Salón de sesiones dela H. Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Víctor Ermosillo Y Celada.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.






Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a atender las consecuencias de lluvia severa ocurrida los días 2 y 3 de septiembre del presente año en diversos municipios de Chiapas, entre ellos, Tuxtla Gutiérrez. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LAS CONSECUENCIAS DE LLUVIA SEVERA OCURRIDA LOS DÍAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, ENTRE ELLOS, LA CAPITAL TUXTLA GUTIÉRREZ, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado fin de semana las intensas lluvias en el Estado de Chiapas, causaron diversas situaciones de riesgo, afectando varias comunidades en diferentes municipios, derivados de una inestabilidad climatológica al sureste de Chiapas provocada por las tormentas tropicales Newton (en la costa del Pacífico) y Hermine (en la península de Yucatán).

Según los reportes de las autoridades de protección civil y las denuncias de lugareños, las aguas derrumbaron y deslavaron tramos carreteros, asimismo desbordaron afluentes y canales de diversos ríos. En el municipio de Cacahotán, los poblados reportados como afectados son: El Carmen, Iturbide, Rosario Ixtal, Santa Lucía, 2 de mayo, Puente Colorado y San Vicente. En Huehután, las aguas del río Chamulapa afectaron las comunidades de San Luis y Las Palmas. Tapachula registró inundaciones en la colonia Ojo de Agua por desborde de un canal pluvial y en la zona alta de la ciudad un derrumbe hacia el asentamiento Nueva Alemania. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el taponamiento de un canal pluvial inundó algunas colonias.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, la capital del Estado, las lluvias causaron el desbordamiento del río Sabinal, así como de su afluente el arroyo Potinaspak, provocando la muerte de al menos tres personas, así como daños a viviendas en por lo menos 26 colonias de la capital chiapaneca.

Durante las lluvias, más de seiscientas personas tuvieron que ser trasladadas a albergues temporales, ya que sus casas sufrieron afectaciones y al menos trescientas familias han quedado afectadas de manera permanente. Se calcula que estas lluvias dejaron un saldo de más de mil personas damnificadas.

Estas lluvias han sido consideradas por el gobierno de la entidad entre las peores que se han sufrido en los últimos 32 años en la capital chiapaneca, ya que se alcanzaron más de 115 milímetros de lluvia en alrededor de tres horas.

En Tuxtla Gutiérrez la lluvia no solamente mostró la fuerza de la naturaleza, sino también la negligencia de las autoridades municipales y las del estado, al poner de manifiesto que no se respetan lineamientos de protección civil en una ciudad cuyo crecimiento demográfico se ha dado sin planeación y que ha sufrido en reiteradas ocasiones el desbordamiento del río Sabinal. 

No obstante que esa historia de inundaciones se repite año con año, el río Sabinal y sus afluentes alimentadores han sido cercados, obstruidos y convertidos en espacios para la edificación, bajo la complacencia y sin control alguno por parte del ayuntamiento capitalino y sin el desarrollo de la infraestructura pluvial necesaria para acabar con este problema. Cabe mencionar que en dos ocasiones: el 18 de agosto de 2010 y el 19 de septiembre de 2013, se tuvieron que emitir las respectivas declaratorias de emergencia, por estos fenómenos.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación publique a la brevedad, en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de emergencia para los municipios afectados por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 2 y 3 de septiembre del presente año, especialmente en Tuxtla Gutiérrez.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, para que de manera coordinada, a través del Sistema Nacional de Protección Civil y el Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas, fortalezcan los mecanismos prevención de riesgos para proteger y preservar la integridad de los habitantes de los municipios afectados, entre ellos la capital chiapaneca, ante la amenaza de lluvias severas sus consecuencias.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que una vez que haya desaparecido la situación de emergencia, elabore en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas y las autoridades de los municipios afectados por las lluvias e inundaciones, un plan de mitigación y adaptación, enfocado a proteger y preservar la integridad delas personas, sus bienes y entorno ante la amenaza de lluvias severas.

CUARTO. Se exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a quede manera urgente, establezca un programa de desazolve en las principales colonias afectadas por las inundaciones, así como implementen las medidas institucionales de prevención a fin de evitar mayores desastres derivados de las lluvias.

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a que presente un informe ante esta Cámara, sobre los planes y avances de la actual administración para el desarrollo de obras de infraestructura pluvial en el municipio.

SEXTO. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una investigación y presente un informe ante esta Cámara, sobre la inversión de los recursos federales destinados para obras pluviales en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

SÉPTIMO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a llevar a cabo un “diagnóstico para identificar rutas de acción para el fortalecimiento institucional en aspectos normativos, administrativos, financieros y del ejercicio presupuestal en materia deportiva bajo la responsabilidad del gobierno federal”. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.








Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a redoblar sus esfuerzos y garantizar canales seguros de migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a garantizar el acceso a tratamientos innovadores de pacientes con Mieloma Múltiple y se asigne un presupuesto específico para la atención de esta enfermedad. Se turna a la Comisión de Salud.








De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Anabel Acosta Islas, Andrea García García, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Roberto Armando Albores Gleason, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de estructura y presupuesto para la Cultura Física y el Deporte. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

El actual Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población en general al acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar de toda la población mexicana.

Como parte fundamental para atender estas necesidades el Gobierno Federal propone estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales y de edad, en todas las regiones del país. Destacando que la importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente en todos los grupos poblacionales, sin importar su edad; es por ello que se impulsará el desarrollo de una cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, en las ciudades y en el campo.

El objetivo será el propiciar la generación de políticas nacionales para apoyar, estimular, coordinar, supervisar, evaluar y dinamizar programas de trabajo para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte que favorezcan la generación de oportunidades para que los individuos y sus comunidades tengan la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral a través de acciones y proyectos que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida.

Asimismo, en dicho plan se reconoce que se deberá coordinar el trabajo desde las federaciones de las distintas disciplinas, de instituciones públicas y privadas deportivas para estimular la práctica del deporte entre los jóvenes.

En ese mismo orden de ideas plasmadas desde el Plan Nacional de Desarrollo, la actual Ley vigente en la materia prevé la implementación de mecanismos que permitan desarrollar de manera eficiente dichas acciones establecidas al interior del mismo marco legal.

La Ley General de Cultura Física y Deporte estableció como una de sus novedades la creación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, órgano que velará por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales que reciban recursos públicos federales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos, en estricto apego a las disposiciones estatutarias y legales vigentes.

La creación y conformación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva ésta sustentada en el artículo 60 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y el capítulo III del Reglamento de la misma.

No obstante la publicación y entrada en vigor del marco jurídico, hasta la fecha la Secretaría de Educación Pública líder de sector y Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, no ha realizado las modificaciones al estatuto orgánico de la CONADE que permitan a la misma SEP nombrar a los miembros del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.

Asimismo la Ley y su reglamento establecen la implementación del Registro Nacional del Deporte (RENADE) como mecanismo de información relativa al control y revisión correspondiente a la existencia y aprovechamiento de estructura e infraestructura deportiva, personas físicas, personas morales; y todas aquellos hechos y actos que se desarrollen en el ámbito de la cultura física y el deporte nacional.

De la misma manera el RENADE requiere de una estructura orgánica que cuente con los recursos humanos y financieros que permitan su correcto desarrollo.

Es por ello que a fin de proporcionar los medios estructurales y mecanismos financieros a la institución representativa del Gobierno Federal en la materia, los que suscribimos Senadores Carlos Alberto Puente Salas del Partido Verde Ecologista de México; Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Roberto Armando Albores Gleason del Partido Revolucionario Institucional; Daniel Gabriel Ávila Ruiz del Partido Acción Nacional y Ana Gabriela Guevara Espinoza del Partido del Trabajo;  proponemos a esta soberanía con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus atribuciones realice las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mismas que permitan la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, en términos de lo establecido en el artículo 60 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados para que al momento de analizar el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017, estudie la posibilidad de considerar un aumento al presupuesto programado por el Ejecutivo Federal, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; que permitan la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva y la realización de un censo nacional de infraestructura deportiva a fin de coadyuvar en la implementación del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte.

Senado República, el 8 de septiembre de 2016.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Andrea García García.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

 






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo con relación a la destitución de Dilma Rousseff como presidenta democráticamente electa de la República de Brasil. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN CON RELACIÓN A LA DESTITUCIÓN DE DILMA ROUSSEFF COMO PRESIDENTA DEMOCRÁTICAMENTE ELECTA DE LA REPÚBLICA DE BRASIL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente la izquierda democrática sufre embates de la derecha neoliberal en América Latina. Estos embates tienen como objetivo regresar el poder, por la vía que sea, a aquellos tecnócratas que ven en el servicio público una oportunidad de negocios, con miras a frenar el auge social que se ha vivido en muchos países de la región y entregar los recursos, económicos y naturales, a un grupúsculo de personas, en claro detrimento de millones de personas.

El último episodio de este embate neoliberal se consumó el pasado 31 de agosto, mediante el golpe de Estado parlamentario que orquestó por la derecha brasileña en contra de quien fuera electa democráticamente por millones de brasileñas y brasileños, la Presidenta Dilma Rousseff.

Así, mediante una maniobra legal organizada por aquellas personas acusadas de corrupción y desfalco a Petrobras1, Rousseff fue señalada de culpable de corrupción por el Senado, en una primera votación, por lo que fue destituida de forma definitiva de sus funciones como Presidenta de Brasil.2 Pese a lo anterior, en la segunda ronda de votaciones no se alcanzaron las dos terceras partes que se necesitaban para inhabilitarla para desempeñar un cargo público por ocho años,3 con lo que podrá presentarse de nueva cuenta a votaciones.

Con este resultado, Michel Temer se afianza en la presidencia de Brasil tras haber traicionado y orquestado la destitución. Asimismo, consolida en ese país el enfoque neoliberal de privatizaciones y recortes a programas sociales, mismos que ha llevado a cabo desde que se separó a Rousseff del cargo en mayo pasado.

En este sentido, Temer le apostó a enterrar el enfoque social que imprimieron los gobiernos del Partido de los Trabajadores -PT- con Luis Ignacio Lula da Silva y la propia Dilma Rousseff, que sacaron de la pobreza a millones de brasileños. Se redujo la inversión para las universidades un 45 por ciento para 2017, se aumentó la edad de jubilación a 65 años, se implementaron medidas que perjudican a los trabajadores y se pretenden privatizar los aeropuertos de Sao Paulo y Río de Janeiro, todo bajo la retórica de la contención del déficit fiscal que asfixia al país, siendo que en el fondo son parte de políticas que van enfocadas a enriquecer al sector de la derecha que apoyó el proceso contra la presidenta.

Este es el panorama que deja para Brasil el golpe de Estado Parlamentario. Corrupción alarmante en la más alta esfera del Gobierno, despojos, privatizaciones y recortes que mandarán de nuevo a la pobreza a miles de brasileñas y brasileños, misma receta neoliberal que la derecha ha emprendido en nuestro país y que ha generado pobreza, desigualdad e inseguridad.

Ante esto, miles de personas se han manifestado antes y después de la destitución de Rousseff en diferentes ciudades del país, principalmente en Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador y Curitiba. El pasado domingo 4 de septiembre se llevó a cabo la mayor manifestación que se ha visto después del golpe parlamentario, donde más de 100 mil personas marcaron al grito de “fuera Temer” y “directas ya”, en alusión a la demanda ciudadana de nuevas elecciones en ese país, las cuales fueron reprimidas por la policía.4

Asimismo, se han dado pronunciamientos en distintos países de la región sobre la situación que se vive en Brasil. El Gobierno de Chile expresó su solidaridad con la mandataria depuesta, señalando que tienen confianza en que Brasil resolverá sus propios desafíos a través de su institucionalidad democrática.5 En el mismo sentido, el Gobierno de Cuba emitió una declaración contra el Golpe de Estado parlamentario-judicial gestado contra la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, en el que señaló que el mismo se trata de “de un artificio armado por sectores de la oligarquía en ese país, apoyados por la gran prensa reaccionaria y el imperialismo, con el propósito de revertir el proyecto político del Partido de los Trabajadores, derrocar al gobierno legítimo y usurpar el poder que no han podido ganar con el voto electoral.”6

Los Gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia anunciaron que retirarían a sus respectivos embajadores de Brasil como un acto de protesta contra este acto antidemocrático e ilegal. En Bolivia, la cancillería llamó a consultas a su embajador en Brasil y convocó a los países de la región “a rechazar estos golpes de Estado suaves ante el peligro de debilitación de la institucionalidad de la democracia, provocada por oposiciones incapaces de lograr los votos necesarios para formar un gobierno“.7

La Cámara de Diputados de Argentina se pronunció contra la destitución de Dilma, donde las diferentes fracciones señalaron el acto como ilegítimo y antidemocrático.8 En ese mismo sentido se pronunció la Cámara de Diputados de El Salvador.

Cabe señalar que el gobierno de México una vez más guardo silencio ante un acto totalmente antidemocrático como este. Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni la propia Presidencia de la República se han pronunciado, al día de hoy sobre el hecho, como sí lo han hecho sobre la situación que se vive en Venezuela.

Aunque puede señalarse que el rechazo a la destitución de Dilma Rousseff es un acto de interferencia en los asuntos internos de Brasil, no es así. Simplemente se levanta la voz contra actos antidemocráticos que vulneran la esencia misma de un Estado de Derecho y que incumplen el precepto mismo de una democracia, el respeto a la voluntad del pueblo representado a través del voto popular. Cabe señalar que este tipo de maniobras, que si bien son legales, se sustentan en entramados políticos que van más enfocados a deponer a mandatarios incómodos más que en llevar justicia por actos contrarios a las leyes que los mismos pudieron haber cometido. Ejemplo claro de lo anterior se dio en los casos de los presidentes de Honduras, Manuel Zelaya en 2009 y de Paraguay, Fernando Lugo en 2012.

En ambos casos, la Secretaría de Relaciones Exteriores fijo postura y se pronunció por el respeto a la democracia en ambos países. En el caso de Honduras, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció asilo político a Manuel Zelaya, además que de que México desempeñó un papel clave en la solución del conflicto en Honduras. En el caso de Paraguay se llamó a consultas al entonces Embajador de México, Fernando Estrada Sámano, para que explicara e informara sobre la situación de dicho país, además de que se realizó una intensa actividad diplomática en el seno de la Organización de los Estados Americanos9, por lo que no se entiende el silencio total de nuestra Cancillería frente al golpe en contra de la presidenta Dilma Rouseff.

Ante esta situación es necesario que el Senado se pronuncie frente a cualquier acto que atente contra la vida democrática de cualquier nación, además de que es necesario exigir a la Cancillería que fije una postura sobre la situación que se vive en Brasil.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado como de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República condena enérgicamente el golpe de estado parlamentario que se llevó a cabo en Brasil el pasado 31 de agosto de 2016, al tiempo que se solidariza con la ex presidenta de dicho país, Dilma Rousseff.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fije una postura sobre la situación que se vive actualmente en Brasil a raíz del golpe de estado parlamentario, en donde se solidarice con la ex presidenta Dilma Rousseff y externe su confianza en que dicho país logrará superar este episodio por la vía democrática.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 De acuerdo d la Organización Transparencia Brasil, el 59 por ciento de los Senadores y Diputados han sido acusados, investigados o condenados por la justicia de Brasil en algún momento, donde destacan los señalamientos de corrupción.

2 Se consuma el golpe de Estado: Senado brasileño destituye a presidenta Dilma Rousseff, Telesur, disponible en: http://www.telesurtv.net/news/Se-consuma-el-golpe-de-Estado-Senado-brasileno-destituye-a-presidenta-Dilma-Rousseff-20160824-0009.html

3 Dilma Rousseff fue destituida por el Senado, pero no será inhabilitada, El País, disponible en: http://www.elpais.com.uy/mundo/dilma-rousseff-destituida-senado.html

4 Brasil: Dispersan protesta contra Michel Temer en Sao Paulo, el Comercio, disponible en: http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/brasil-dispersan-protesta-contra-michel-temer-sao-paulo-noticia-1929233

5 Gobierno de Chile "reafirma su firme amistad" con Brasil tras destitución de Rousseff, t13,cl, disponible en: http://www.t13.cl/noticia/politica/gobierno-chile-reafirma-su-firme-amistad-brasil-destitucion-rousseff

6 Declaración del Gobierno Revolucionario cubano contra el Golpe de Estado parlamentario-judicial gestado contra la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, Gobierno de Cuba, disponible en: http://www.cubagob.cu/

7 Ídem.

8 Tras un debate picante, Diputados aprobó declaraciones sobre Brasil y Venezuela, Parlamentario, 01 de septiembre de 2016, consultado en la fecha, disponible en: http://www.parlamentario.com/noticia-94500.html

9 Pensado Moreno, Norma, LA POLÍTICA EXTERIOR HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Sexto Informe de Labores, Secretaría de Relaciones Exteriores, pág 16






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a implementar diversos mecanismos que ayuden a erradicar la corrupción. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La corrupción es un delito que se puede llevar a cabo por omisión, acción, o comisión por omisión ha sido objeto de innumerables análisis de causa-efecto por su repercusión social, llegando a ser considerado uno de problemas más graves que influye en la vida cotidiana, pues éste no es ajeno a ninguna esfera (público-privado), ya sea política, económica o social, al grado de frenar y hasta revertir, en gran medida el desarrollo nacional.

El soborno, la extorción, el delito de peculado, abuso de funciones, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y lavado de dinero, son solo algunos de los más frecuentes actos de corrupción; los cuales se encuentran inmersos en el interior de cualquier nivel de la vida social; sin embargo, intrínsecamente en el sistema político y la administración pública es donde existe un mayor enfoque, o mejor dicho, una mayor visibilidad y videncia de los actos de corrupción.1

Es por ello, que en la esfera política, la corrupción adquiere una tonalidad aún más corrosiva y dañina para la sociedad, desencadenando que sufra las consecuencias de la perversión que implica cualquiera de las formas de corrupción; por lo que es necesario abordar desde este punto, la ejecución y aplicación efectiva de todas las normatividades y leyes que el Estado y las autoridades pueden ejercer para combatir este terrible mal.

Por lo anterior, la percepción de la corrupción que la población tiene del sistema gubernamental es considerable. En demostración a ello, la actual Administración Federal se ha visto en vuelta en diversos escándalos de conflictos de interés, que van desde la adquisición de inmuebles, bienes y capital económico, de los cuales no se tiene una clara explicación o comprobación de cómo es que se obtuvieron; evidencia tangible que retroalimenta la percepción que se tiene de la corrupción, y la baja credibilidad del aparato gubernamental.

De igual forma, a inicios de este año, Transparencia Internacional (TI) dio a conocer los índices de corrupción a niveles globales, en donde se estableció una clasificación de 168 países en el 2015, a través de una escala de 0 a 100, en donde las escalas cercanas al cien representan los países menos corruptos, y las más apegadas al cero son las que presentan mayor corrupción.

Para este periodo (2015) México obtuvo 35 puntos en el índice de la percepción de la corrupción que elabora la TI, manteniendo de esta manera, una posición que no presentó cambios desde el 2014;2 mostrando con ello que este país se encuentra por debajo del parámetro “normal” si se consideran los 50 puntos como índice medio.

En comparación con países con una mejor punción, como Dinamarca país con el menor índice de corrupción, Finlandia (90 puntos), Suecia (89), Nueva Zelanda (88), Holanda (87), Noruega (87), Suiza (86), Singapur (85) y Canadá (83), mientras Alemania, Luxemburgo y Reino Unido (81),3 México aún se encuentra muy lejos de establecer una cultura anticorrupción y de aplicación efectiva de sus leyes, para combatir la podredumbre y la deshonestidad.

Sin duda, la forma en que los ciudadanos perciben la corrupción influye en la confianza en las instituciones y la manera en la cual interactúan en la vida pública del país. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, México se mantiene por detrás de las economías más consolidadas y de sus principales competidores económicos. Entre las 34 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “México se ubica en el lugar (34/34) y le separan 86 y 79 lugares de sus principales socios económicos –Canadá y Estados Unidos-“4

Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno del 2010, identificó 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrativos por particulares. 

Para el año de 2010, una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $165.00; para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por Trasparencia Mexicana se destinaron más de 32 mil millones de pesos en “mordidas”; en promedio, los hogares mexicanos destinan 14% de su ingreso a este rubro; para los hogares con ingresos de hasta 41 salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su ingreso.5

La corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que la padecen con mayor agudeza. Identificar y cuantificar dichos costos es indispensables para conocer la dimensión del problema.6

Costos económicos:
Inversión – Hasta 5% menor en países con mayor corrupción (FMI);
Ingresos de las empresas – Pérdida de 5% de las ventas anuales (Ernst y Young);
Piratería – Pérdida de 480 mil empleos al año (CEESP), y
Productos Interno Bruto – 2% del PIB (WEF), 9% (Banco de México, Banco Mundial y Forbes), 10% (CEESP).

Costo político:

Sólo 37% apoya a la democracia;

Sólo 27% se encuentran satisfecho con la democracia (Latinobarómetro 2013);

91% no confía en partidos políticos;

83% no confía en legisladores, y

80% no confía en instituciones del sistema judicial (Barómetro Global de la Corrupción,

Transparencia Mexicana).

Los actos de corrupción a nivel federal han manchado y arrancado de los ciudadanos la confianza, que deberían promover, pero con casos como el de oceanografía cuya empresa fue repetidamente favorecida durante el periodo de 2000 al 2012.7

Pemex celebró 82 contratos con la empresa, los cuales desenredaron la madeja de la corrupción, que involucraron hasta ahora al menos a 14 funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP); los gobiernos panistas se vieron envueltos en la carente trasparencia y la creciente corrupción de sus sexenios, asuntos que hoy, siguen sucediendo con más frecuencia y descaro.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público se vio inmiscuido en un  tema de conflicto de intereses, a través de una investigación periodística se descubrió la adquisición (dudosa) de un inmueble, en el cual tomaron parte el funcionario federal y el representante de Grupo Higa, empresa quien ya había hecho contratos multimillonarios con el gobierno Estado de México, y que ha estado en situaciones de corrupción. Pese a lo denunciado y a las pruebas no se determinó conflicto de interés en la compra de la casa en Malinalco.8

Ante tal acto de impunidad y las pruebas contundentes, se reafirma que las leyes anticorrupción, no se aplican ni se efectúan satisfactoriamente en nuestro país. Así como este caso, hay muchos donde impera la impunidad, y en donde los funcionarios son intocables e inaplicables de las normas.

En el Estado de Zacatecas, se ha generado entre el grueso de la población una percepción negativa en materia de corrupción, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental el 47% de las personas mayores de 18 años ponen a la corrupción como unos de los mayores problemas de la entidad federativa.9 Sin duda podemos notar que la corrupción representa, para el Gobierno, un problema grave y de urgente solución.

Los servidores públicos ya no pueden darse el lujo de dañar su “envestidura”, deberán hacer un esfuerzo conjunto, gobierno y sociedad, para combatir la corrupción. Los actos fuera de la legalidad y buena voluntad de cualquier burócrata deben erradicarse; castigar conductas irresponsables en el servicio público.

A efectos de lo antes dicho, es importante que las leyes que se apliquen en todos los niveles gubernamentales, pues los costos de la corrupción representan enormes pérdidas económicas, frenan el desarrollo nacional y evitan la distribución equitativa de la riqueza, dando en consecuencia la pobreza extrema y la miseria en la que viven muchos mexicanos; de igual forma, representa el adelgazamiento de la legitimidad del gobierno; es decir, representa la incredibilidad que la población percibe del Estado y la Administración Pública, ante los escándalos de conflicto de interés de altos funcionarios, la gente ya no cree en las instituciones públicas.

Se debe aplicar sin distinción alguna las leyes a quien o a quienes efectúen algún acto de corrupción, papel fundamental juega la partición ciudadana pues por medio de ella se pueden dar a conocer esta problemática; es decir, se tiene que crear mecanismos que fomenten las denuncias ciudadanos por actos de corrupción de algún funcionario.

Así se puede ir reconstruyendo el tejido social, de tal forma que se permita el desarrollo igualatorio para lograr una mejor calidad de vida entre las personas, y que la riqueza no esté en manos de unos cuantos; permitir con la efectiva aplicación de las leyes, que la deshonestidad y el egoísmo ya no sean parte de la Administración Pública ni de la conducta política. Pues habrá que recordar que todo funcionario debe encontrarse trabajando por el bien común.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que en coordinación con los Gobiernos Estatales y municipales:

a) Creen mecanismos que fortalezcan las denuncias por actos de corrupción;

b) Que se apliquen por igual a todos, las normas jurídicas en materia de  anticorrupción, y

c) Elaboren e implementen campañas permanentes de concientización entre los funcionarios de los tres órdenes de gobierno sobre las casusas de realizar actos de corrupción, con el objetivo de que cumplan su labor con transparencia, honradez, eficacia y eficiencia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Sen. David Monreal Ávila.

1 . Encuesta Nacional de la corrupción y Cultura de la Legalidad. “La corrupción en México: percepción, prácticas y sentido ético”. UNAM, 2015. [En línea]. Consultado  el 1 de septiembre de 2016.Disponible en: http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/libro/index.html#

2 El Economista. “México sigue entre los países más corruptos”; en El Economista. [En línea]. Consultado el 1 de septiembre de 2016. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/01/27/mexico-sigue-entre-paises-mas-corruptos

3 Ibídem

4 Trasparencia Mexicana, “México, estancado en percepción de la corrupción. [En línea]. Consultado  el 1 de septiembre de 2016. Disponible en: http://www.tm.org.mx/ipc2015/

5 Transparencia Mexicana, “Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno”. [En línea]. Consultado el 2 de septiembre de 2016. Disponible en:  http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-Ejecutivo1.pdf

6 IMCO, “México: Anatomía de la Corrupción”. [En línea]. Consultado  el 2 de septiembre de 2016. Disponible en:   http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/#_ftnref1

7 FORBES, “Oceanografía: las aguas profundas de la corrupción” [En línea]. Consultado el 2 de septiembre de 2016. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/oceanografia-las-aguas-profundas-de-la-corrupcion/#gs.8JHVqMI

8 FORBES Staff. “Luis Videgaray (también) tiene una casa relacionada con Grupo Higa: WSJ”. Revista FORBES México, 11/diciembre/2014. [En línea]. Consultado el 5 de septiembre de 2016] Véase en:
http://www.forbes.com.mx/luis-videgaray-tambien-tiene-una-casa-relacionada-con-grupo-higa-wsj/#gs.76ahBrs

9 INEGI, “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental”. [En línea]. Consultado  el 2 de septiembre de 2016. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabgeneral.aspx?c=33739&s=est






De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita la pronta aprobación en el Senado de la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud, aprobada el 31 de marzo en la Cámara de Diputados. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.








De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Angélica de la Peña Gómez, Martha Angélica Tagle Martínez, Sonia Rocha Acosta, Luisa María Calderón Hinojosa y Gabriela Cuevas Barrón y de los Senadores Humberto Domingo Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto, Raúl Gracia Guzmán, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Héctor Larios Córdova, Francisco Salvador López Brito y César Octavio Pedroza Gaitán, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Los que suscriben, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, SONIA ROCHA ACOSTA, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, GABRIELA CUEVAS BARRÓN ,HUMBERTO MAYANS CANABAL, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, RAÚL GRACIA GUZMÁN, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO y CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, Senadores de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por primera ocasión estableció la protección especial para los    derechos de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.1

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además, de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.

Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la Niñez.2

En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Ahora bien, un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en nuestro país es la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual por primera vez establece una visión garantista.

Gracias a esta Ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, que determina la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encarga de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

Otro avance trascendental, es que esta Ley mandata que las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.

Así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.

Es así que con la entrada en vigor de esta Legislación, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, están obligadas a garantizar bajo un enfoque de derechos y transversal la implementación de las políticas públicas necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Al respecto, cabe destacar la sustentación del 4º y 5º informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité el pasado 19 y 20 de mayo de 2015, y con fecha 5 de junio de 2015, ese Comité en su 2024ª sesión emitió Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, haciendo hincapié en lo siguiente, con respecto a la Asignación de Recursos en su recomendación número 14:

A la Luz de su Día de Debate General de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño- Responsabilidad de los Estados”, el Comité recomienda al Estado parte que:

(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de la ley;

(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la infancia y a la participación de niñas y niños;

(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la infancia;

(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta al realizar recortes presupuestales en los diferentes sectores del gobierno, y que se asegure de establecer el impacto de estos recortes en niñas y niños;

(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y denunciar efectivamente la corrupción.

Cabe enfatizar que el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2015 aprobado para llevar a cabo las acciones contempladas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue a todas luces insuficiente, por lo que esta nueva Legislatura de la H. Cámara de Diputados ha tenido el compromiso de analizar bajo un enfoque de derechos el anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la asignación de los recursos con el objeto de hacer efectivos los derechos de la niñez y adolescencia considerados en la Ley General.

Por otro lado, es importante hacer mención que esta Ley en su artículo 1° menciona como objeto de la misma crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados3.

En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125, establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el Sistema referido.

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la Ley.

La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección; la Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales. (Artículos 121 de la LGDNNA).

Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la Ley, así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes está regulado en el artículo 123.

En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de Protección en el país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas estas figuras a nivel local las cuales ya se han implementado a nivel federal, sobre todo, cuando se observan casos cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia en lo local.

Cabe señalar que para que estas figuras operen eficientemente es imperante la asignación de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 recursos suficientes para la operatividad del Sistema de Protección Integral y la Procuraduría.

Por lo anterior, la que suscribe también exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere la creación de un Fondo de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto con la finalidad de garantizar la implementación de los Sistemas locales de Protección integral en los municipios y de las Procuradurías de Protección locales.

Este Fondo se propone que sea administrado por el Sistema Nacional de Protección Integral a través de su Secretaría Ejecutiva, y que sean consideradas como beneficiarias del mismo las entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los recursos de este Fondo se destinarán a la implementación de los sistemas de Protección municipales y la operación de los Sistemas locales ya instalados, así como, para llevar a cabo los programas locales en la materia, el sistema de información, así como dar seguimiento y monitoreo de los mismos, todo de conformidad con la Ley.

Si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un hito en la materia, es menester que se cumpla el mandato que se establece de incorporar en los proyectos de presupuesto la asignación de recursos para de esta manera garantizar efectivamente los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Al ser facultad de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, es que se realiza este exhorto, reiterando la responsabilidad y el compromiso que esta Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, y con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se consideren en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando de manera prioritaria la asignación de presupuesto para las figuras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la creación de un Fondo de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para aquellas entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General en la materia, y que hayan implementado sus sistemas de protección locales, con la finalidad de garantizar la operatividad de dichos sistemas y la implementación de sus Sistemas Municipales y de las Procuradurías de Protección Locales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

2 Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.-  “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

3 Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a cumplir con los requerimientos que ha emitido el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas al Estado mexicano, relacionados tanto con los procedimientos de acción urgente, como con la implementación de medidas cautelares. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Gobernación.








Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación del estado de Veracruz a evitar el cobro de donaciones o cuotas escolares como condición para la prestación del servicio educativo. Se turna a la Comisión de Educación.

El Senador CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ A EVITAR EL COBRO DE DONACIONES O CUOTAS ESCOLARES COMO CONDICIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, con base en los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A nadie le debe quedar la menor duda de que la única manera de formar niños de bien, que cuenten con las herramientas necesarias para escalar la pirámide social y hacer de México un mejor país, es garantizando el acceso a la educación.

En tal sentido, el artículo 3o constitucional establece el derecho humano de toda persona a recibir educación obligatoria hasta el nivel medio superior, cuya calidad, laicidad y gratuidad deben ser garantizadas por el Estado.

Como parte de la reforma educativa emprendida por el Gobierno del Presidente Peña Nieto, y avalada por la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, el Partido Verde impulsó la prohibición absoluta de las cuotas escolares.

De esta forma, con la finalidad de materializar el mandato constitucional de la gratuidad de la educación que imparte el Estado, el artículo 6o de la Ley General de Educación consagra que “Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo”, prohibiendo el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de los servicios educativos, incluyendo las inscripciones, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o la entrega de cualquier tipo de documentación.

De lo anterior se desprenden dos razonamientos fundamentales:

1. Que la prestación de los servicios educativos y las actividades inherentes a él, en los niveles impartidos por el Estado de manera obligatoria, no están condicionados a pago alguno, y

2. Que en todo caso, cualquier pago accesorio o extraordinario requerido en el marco de la prestación de un servicio educativo público, tiene el carácter de donación o cuota de naturaleza voluntaria.

Al respecto, merece la pena abordar el caso del despojo de libros de texto gratuito, condicionándolos al pago de las cuotas escolares.
Este hecho fue dado a conocer el 5 de septiembre de 2016 en los medios de comunicación, y tuvo lugar en en la Escuela Primaria Leona Vicario del Municipio de Tlapacoyan, al norte del estado de Veracruz, donde la señora María del Carmen Cruz Hernández, presidenta de la Organización de Padres de Familia, despojó de sus libros de texto gratuito a los niños cuyos padres no habían pagado las cuotas de recuperación.

La mujer, conocida ahora como #LadyLibros, pretendía dar los libros de texto gratuito solamente a los niños cuyos padres no tuvieran adeudos de cuotas escolares. El caso fue difundido a partir de un video publicado por Eliseo Oliveros, donde se muestra a la representante de los padres de familia entrando a un salón de clases para quitar los libros a los menores, mientras el profesor le recuerda que no es autoridad para entrar al aula y retirar los libros, pero no puede evitar que ella lo haga.

El argumento de María del Carmen Cruz Hernández para recoger los libros es que los padres de familia no habían pagado la cuota. Sin embargo, en cualquier escuela pública la educación debe ser gratuita, de modo que las cuotas siempre son de aportación voluntaria.

En congruencia con sus principios e ideales, el Partido Verde permanece atento a cualquier conducta que vulnere los derechos de los mexicanos, especialmente de los niños en edad escolar.

Pero tratándose de una bandera que ya se ha convertido en una propuesta de campaña cumplida, como el caso de la erradicación del cobro de cuotas escolares, nos obliga a dar puntual seguimiento a éste y a todas las denuncias que atenten contra la gratuidad de la educación.

Desde esta Soberanía hacemos un atento llamado a las autoridades escolares, tanto a las de la Federación como a las de las entidades federativas, para redoblar esfuerzos y garanticemos que prácticas como la registrada en esta escuela primaria del estado de Veracruz sean debidamente sancionadas, pues sólo de esta forma evitaremos que vuelvan a ocurrir.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del estado de Veracruz para que informe a esta Soberanía sobre los hechos ocurridos en la “Escuela Primaria Leona Vicario” del municipio de Tlapacoyan, relativos al presunto retiro de los libros de texto gratuito por parte de la representante de la organización de padres de familia.

Segundo.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública generar estrategias conjuntas con las Entidades Federativas, a fin de evitar el cobro de donaciones o cuotas escolares como condición para la prestación del servicio educativo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y de las entidades federativas del país a implementar programas de detección y atención psicológica y pedagógica de jóvenes superdotados intelectualmente. Se turna a la Comisión de Educación.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a los Gobiernos Federal y de las Entidades Federativas del país a implementar programas de detección y atención psicológica y pedagógica de jóvenes superdotados intelectualmente, a fin de contribuir a su sano y pleno desarrollo, a la protección de sus derechos y garantías, para que esto a su vez se vea reflejando en el aprovechamiento de su potencial para el desarrollo de nuestro país; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al parecer no hay una definición formal para los niños superdotados, pero puede decirse que se trata de jovencitos con un alto cociente intelectual. Por ello tienen aptitudes y talentos sobresalientes en lo general, con una gran capacidad de lógica y para resolver tareas intelectuales.

Características que algunos calificarían como de un “don”, pero que puede convertirse en una condición de vulnerabilidad y rechazo. Esto porque cuentan con rasgos y características de conducta muy peculiares, entre los que se encuentra una gran sensibilidad emocional, independientemente de su gran capacidad de memoria y para aprender.

Generalmente los niños se desarrollan emocional y cognitivamente de una manera similar, sin embargo, los niños prodigio o superdotados se desarrollan de manera asíncrona por lo que pueden presentar problemas de conducta al no sentirse en un ambiente adecuado y estimulante.

Por esto mismo, pueden pasar desapercibidos en virtud de que no necesariamente se trata de los pequeños con mejor promedio, precisamente por su alta sensibilidad y capacidad, que los sitúa en una posición de aburrimiento, por así decirlo, con conductas de hiperactividad y poca concentración en virtud de que sus necesidades pedagógicas no concuerdan con el nivel de educación que se recibe de manera ordinaria.

En muchos de los casos, este tipo de características en estos jóvenes los pueden llevar a diagnósticos erróneos, incluso con enfermedades psiquiátricas como el Asperger, Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad (TDAH) y otros padecimientos, lo que además los llega a hacer susceptibles de acoso escolar, con descalificaciones y maltrato.

Por ello, un mal diagnóstico agrava su desarrollo, situación y de paso, los convierte en grupo vulnerables. Mas eso no es todo, además de socavar su desarrollo conlleva a una situación de desaprovechamiento de su potencial.

Esto, porque de acuerdo al Director del Sistema DIF de la Ciudad de México, Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, “este grupo genuino, en virtud de sus características particulares, requiere de apoyos y servicios psicológicos y pedagógicos específicos que les ayuden a desarrollar y explotar al máximo sus talentos innatos, así como a integrarse armónicamente en sus entornos escolar, familiar y social, además porque cuando son bien encauzados y desarrollados sus talentos, pueden constituir un sector privilegiado, con mucho que aportar a la ciudad y al país”.

Así, de no implementar programas de detección, tratamiento y aprovechamiento estaremos generando al menos dos situaciones:

1.- La afectación de los jóvenes con alto potencial intelectual, al no permitirles su desarrollo pleno y causarles vulnerabilidad; y

2.- El desaprovechamiento de sus capacidades para el desarrollo del país.

La situación no es menor, si consideramos que de acuerdo a las cifras estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en nuestro país hay aproximadamente 800 mil menores superdotados a quienes no se les ha catalogado por alguna capacidad intelectual en especial, pero que sí son señalados por presentar signos de hiperactividad, retraimiento, baja autoestima, problemas de conducta y poca resistencia a la frustración.

De acuerdo a este mismo organismo, eso propiciará que vivan subyugados a diagnósticos erróneos, acosados en el ambiente escolar, medicados equivocadamente y hasta orillados al aislamiento por la incomprensión de padres, maestros e instituciones que ignoran a quienes poseen un cociente intelectual muy superior al promedio.

Advertido lo anterior, también es de avistar la imperante necesidad de implementar acciones encaminadas a la detección de este tipo de jovencitos, a sus tratamientos psicológicos y pedagógicos apropiados, a defender sus derechos y garantías, y en su momento, debidamente desarrollados, a aplicar sus capacidades y habilidades en bien del desarrollo de nuestro país.

Afortunadamente ya se inician esfuerzos en esta asignatura.

Por ejemplo, el Centro de Atención al Talento (CEDAT), institución fundada el 30 de mayo de 2010, con mayor capacidad y reconocimiento en América Latina dedicada a trabajar con niños y jóvenes con sobrecapacidad intelectual, ha iniciado operaciones en el estado de Jalisco desde hace seis meses y ha logrado sus primeros objetivos con la detección de al menos 50 casos reales y comprobables de jóvenes con estas características.

En un comunicado formal, este organismo dio a conocer que le propósito de instalarse en Guadalajara es para que Jalisco cuente con una opción sólida y reconocida a nivel internacional en materia de diagnóstico y desarrollo psicopedagógico de niños con sobredotación intelectual. Ello, además de continuar con su labor de difusión sobre este tema y que “se reconozca la existencia de esta minoría y subrayar la importancia que tiene para el desarrollo educativo y económico de la entidad”.

“Principalmente continuar con la labor de difusión sobre la importancia que tiene este minoría para la entidad y toda la problemática y discriminación que actualmente sufren en sus entornos sociales y escolares”.

El estado de Aguascalientes de ha propuesto ser la primera sede en México para niños con coeficiente intelectual y capacidades por arriba del promedio, con una escuela a construirse en este año para albergar a 200 alumnos de educación básica.

Sin embargo, el estado mexicano no debe mantenerse al margen de esta tarea. Es necesario reforzar este tipo de esfuerzos en bien de casi un millón de niños prodigio mexicanos, de su desarrollo, de sus derechos y en bien del aprovechamiento de su potencial en bien de nuestra patria.

Por ello, la atenta sugerencia a esta soberanía para a su vez sea realizada a los gobiernos federal y estatales, para promover programas destinados a estos jóvenes sobre dotados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos Federal y de las Entidades Federativas del país a implementar programas de detección y atención psicológica y pedagógica de jóvenes superdotados intelectualmente, a fin de contribuir a su sano y pleno desarrollo, a la protección de sus derechos y garantías, para que esto a su vez se vea reflejando en el aprovechamiento de su potencial para el desarrollo de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo las investigaciones derivadas del hallazgo de 75 fosas clandestinas, ubicadas en el predio denominado “Colinas de Santa Fe”, en el municipio de Veracruz. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Gobernación.








De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, María Lorena Marín Moreno y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a promover el uso de manuales de prevención de la trata y explotación, abuso y maltrato de niñas, niños y adolescentes para trabajadores sociales, docentes y asociaciones de padres. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.








Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la República Francesa a emplear todos los elementos humanos y materiales a su alcance para localizar con vida lo antes posible al mexicano José Luis Zamora Valdés, desaparecido el 3 de agosto de 2016, en París, Francia. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.








De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, así como a las autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno, a reforzar y difundir entre la población las medidas preventivas y de seguridad para salvaguardar la integridad de los habitantes de la Comarca Lagunera ante las recientes inundaciones. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha informado sobre el incremento de los niveles de agua del Río Nazas a casusa de las intensas lluvias en la región; asimismo ha llevado a cabo una serie de medidas para realizar el desfogue controlado de la Presa Francisco Zarco en el Río Nazas; una presa destinada principalmente al riego y distribución de agua potable en la Comarca Lagunera.

Estas acciones se realizan a fin de prevenir afectaciones graves en la región con motivo de las intensas lluvias que elevan los niveles de agua en la presa. De acuerdo con la CONAGUA el principal objetivo del desfogue es que un menor volumen de agua pase por el área urbana de la región Laguna.

Desafortunadamente el paso del agua ha causado diversos daños, principalmente entre familias de los municipios de Lerdo, Durango, así como en los de Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro Coahuila, muchas de las cuales han quedado incluso incomunicadas; además de un estado de alerta entre la población de otras regiones de ambos Estados ante la posible expansión de los efectos de estos fenómenos.

Ante esta situación, tanto las autoridades de CONAGUA como las de protección civil de los tres órdenes de gobierno y el Ejército Mexicano a través del Plan DN-III, han emprendido una serie de acciones preventivas, de monitoreo y atención prioritaria a fin de salvaguardad la integridad de la población; como es el caso de la habilitación de albergues y evacuación de los habitantes de zonas afectadas.

Ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones en la región, es indispensable promover que se refuercen las medidas de información continua a la población sobre la evolución de esta situación de riesgo; así como la difusión de aquellas acciones que puedan emprender los habitantes de forma preventiva.

La solicitud de urgente y obvia resolución se formula ante los riesgos de daños, y principalmente el latente riesgo que enfrentan los pobladores de la región en el bien lo más preciado, la vida.

Por lo anteriormente expuesto, propongo ante esta H. Asamblea con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como a las autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, a reforzar y difundir entre la población las medidas preventivas y de seguridad para salvaguardar la integridad de los habitantes de la Comarca Lagunera ante las recientes inundaciones.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la  Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como a las autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, a mantener una comunicación permanente con la población a fin de dar a conocer la evolución de la situación de riesgo causada por las inundaciones en la región de La Laguna.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la  Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como a las autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, realizar acciones a fin de salvaguardar la seguridad de los pobladores ante la situación de riesgo causada por las inundaciones en la región de La Laguna.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las secretarías del trabajo de las 32 entidades federativas a verificar las condiciones laborales de los despachadores que laboran en las gasolineras. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las Secretarías del Trabajo de las 32 Entidades Federativas verifiquen las condiciones laborales de los despachadores que laboran en las gasolineras, a efecto de cerciorarse que cuentan con todos los derechos a los que tienen derecho y en caso contrario tomen las medidas legales conducentes, pudiendo llegar incluso a la rescisión del contrato de franquicia, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Existen numerosos empleos que son obligados a realizados de una forma abusiva por parte del patrón, en meses anteriores denuncié la situación de esclavitud en la que viven los médicos que se encuentran haciendo el internado de pregrado  o las residencias médicas, los cuales cubren jornadas laborales de hasta 36 horas continuas.

Otro caso de abuso laboral es en el que se encuentran los 300 mil despachadores de gasolina en el país, los cuales laboran en un lugar de alto riesgo, sin las prestaciones laborales más básicas, como son el sueldo base, aguinaldo, seguridad social, capacitación y en donde inclusive tienen que pagar derecho de piso para trabajar; esto es, pagar al franquiciatario una cantidad para que los dejen despachar gasolina.

Lo anterior es así, ya que los despachadores de gasolina deben pagar a la gasolinera una cantidad que va desde los cincuenta hasta los cien pesos para poder trabajar en una máquina despachadora de la gasolinera. El precio varía si la máquina se encuentra adelante o atrás de la estación, ya que las primeras son más cotizadas.

En caso de accidente dichos empleados no cuentan con seguridad social que les permita acceder a los servicios públicos de salud brindados por el Instituto Mexicano de Seguridad Social, aún y cuando realizan actividades de alto riesgo al manipular una sustancia de alta peligrosidad como lo es la gasolina, así como el hecho de atender vehículos motorizados. Igualmente, son sujetos de múltiples asaltos y por lo mismo pueden recibir lesiones.

Dichas irregularidades han ocurrido durante décadas y durante décadas han sido denunciadas por diferentes medios de comunicación, tal y como lo denunció el sitio “sinembargo.mx”:

“Ixcoatl, de 28 años, cuenta que tenían que vender a la semana 70 piezas de aceites, aditivos, anticongelantes, entre otros productos, “para poder ganar nuestro día de descanso, o para que no nos mandaran al turno de la noche. Además, nos castigaban por faltar. Por una falta justificada, porque muchos compañeros presentan su justificante médico, te castigaban de 15 días a un mes en la noche”.1

“Efraín relata la forma en que se vinculó con la empresa donde trabajó por un año. “…Firmamos un pagaré en blanco, hojas en blanco, para respaldo de ellos, para que no vayas a demandar o robar dinero…”

Es importante señalar que de conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al mes de julio bajó la Tasa de Desocupación Laboral, sin embargo la tasa de informalidad laboral subió a 57.1 de la población ocupada; es decir, 5.7 personas de cada 10 trabajan en la informalidad.

La situación de informalidad y de inseguridad laboral de las personas que laboran en las casi 12 mil gasolineras que existen en el país es preocupante y más cuando a partir del próximo año habrán nuevas empresas que podrán instalar gasolineras, por lo que desde este momento debemos evitar que las nuevas estaciones de venta de gasolina NO adopten hacia sus empleados estos vicios.

Es importante destacar que la operación de las gasolineras dejan mucho que desear, ya que es conocido que muchas no venden litros de a litro y en muchos casos se niegan a recibir las visitas de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Igualmente, es menester recalcar que un operador de una estación de servicio de una gasolinera debe contar con integridad anatómica y funcional de los aparatos y sistemas visual, auditivos, vestibular, músculo esquelético y articular para desarrollar las labores propias que realiza.

En las condiciones que la autoridad establece para el otorgamiento de las franquicias, se señala que los franquiciatarios deben cumplir con las leyes federales y locales, cuestión que como ha quedado señalado no siempre sucede.

Es importante señalar que de conformidad con la legislación vigente, la autoridad encargada de verificar la situación laboral de los despachadores en las gasolineras es la Secretaría del trabajo de las 32 entidades federativas, ya que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social únicamente puede verificar las condiciones de capacitación y adiestramiento y de seguridad e higiene.

Por su parte el Poder Judicial de la Federación ha señalada la forma en que debe ser considerada la labor de los despachadores al señalar:

“DESPACHADORES DE GASOLINA. SU LABOR ES ANÁLOGA A LA DE LOS TRABAJADORES EN HOTELES, CASAS DE ASISTENCIA, FONDAS, CAFÉS, BARES Y RESTAURANTES, REGULADA EN EL CAPÍTULO XIV DEL TÍTULO VI DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE SU SALARIO SE INTEGRA POR LA CANTIDAD QUE ORDINARIAMENTE RECIBEN DE SU PATRÓN Y POR LAS PROPINAS DE LOS CLIENTES. La especial regulación de estas labores obedece a que tienen en común que son personas que prestan un trabajo personal subordinado a su patrón y reciben un salario menor, so pretexto de que por la singular naturaleza de la labor, ésta se compensa con las propinas que, ordinariamente, reciben de los clientes de aquél, las que en muchas ocasiones son superiores al salario pagado directamente por el empresario, de manera que significan más que un complemento del salario, el principal incentivo económico para que se preste ese trabajo. Por consiguiente, si la contraprestación que reciben dichos trabajadores es la suma del salario entregado por el patrón más las propinas que reciben de los clientes, el resultado de esa suma es el valor real que ambas partes han acordado como contraprestación, aun cuando pudiera ser implícitamente. Por consiguiente, el legislador ha considerado que en estas labores, las propinas formen parte del salario, para cuantificar prestaciones como prima vacacional, aguinaldo, horas extras, prima de antigüedad e indemnizaciones, etcétera, y se calculen considerando como salario la suma de la cantidad que le entrega el patrón y las   propinas que recibe, ya que de no ser así, éstas se calcularían tomando en  consideración un salario menor que no corresponde a la realidad. Por ello, los despachadores de gasolina en las estaciones de servicio, al prestar un trabajo  personal subordinado al concesionario de la estación y recibir ordinariamente propinas de los consumidores, su labor debe considerarse análoga a la de los trabajadores de hoteles, casas de asistencia, fondas, cafés, bares y restaurantes, en términos del   artículo 344, ubicado en el capítulo XIV del título VI de la Ley Federal del Trabajo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 909/2012. Irma Leticia Enríquez Moreno y otra. 6 de septiembre de   2013. Unanimidad de votos. Ponente Alejandro Sosa Ortiz. Secretaria Leonor Heras    Lara.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, Tomo III, p. 2354, Materia Laboral, Tesis II.1o.T.19 L, Tesis Aislada, Registro 2005748, 28 de febrero de 2014.”

Por lo anteriormente expuesto, ante el Pleno del Senado de la República presento la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las Secretarías del Trabajo de las 32 Entidades Federativas verifiquen las condiciones laborales de los despachadores que laboran en las gasolineras, a efecto de cerciorarse que cuenten    con todos los derechos a los que tienen derecho y en caso contrario tomen las medidas legales conducentes, pudiendo llegar incluso a la rescisión del contrato de franquicia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.


1 Fuente: http://www.sinembargo.mx/15-05-2013/619105





De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar los planteles atendidos por el CONAFE en el programa “Escuelas al Cien”. Se turna a la Comisión de Educación.

La que suscribe, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura por el estado de Durango e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, propone a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa a considerar los planteles atendidos por el CONAFE en el programa Escuelas al Cien, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Educación Pública en México es el principal instrumento de movilidad social y empoderamiento de las personas a través del acceso a los derechos humanos; a través de ella se adquieren conocimientos y se adoptan los valores necesarios para la construcción de una sociedad armónica. La diversidad nacional representada en la pluriculturalidad y la distribución geográfica, requiere de alternativas que respondan adecuadamente a la realidad de las personas y sus circunstancias.

Para hacer frente al reto que representa la educación rural en México, en comunidades de menos de 2,500 habitantes, el Estado creó en el año de 1971 el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), bajo decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre. El cual describe al CONAFE como un organismo descentralizado de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

De acuerdo al Decreto publicado el día 22 de marzo de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el cual otorga facultades al CONAFE para realizar acciones en materia de educación en las comunidades rurales del país que en enfrentan mayor rezago, en conformidad con el artículo segundo del citado decreto, en cuyo texto se lee:

“ARTÍCULO 2.- EL CONSEJO tendrá por objeto promover, coordinar y ejecutar las acciones que, en el ámbito de la Administración Pública Federal, permitan el pleno ejercicio del derecho a la educación inicial y básica dirigida a la población de las localidades rurales con mayor rezago social del país, garantizando una mayor equidad e igualdad de oportunidades de acceso.”

Estas atribuciones permiten ampliar la cobertura de la educación básica en las comunidades más apartadas del país, muchas de ellas con población preponderantemente indígena, rural y en condiciones de marginación y pobreza.

De acuerdo con datos publicados por el mismo CONAFE, actualmente se tiene una cobertura en las 31 entidades federativas, atendiendo a 493,576 niños y niñas, residentes de 63,484 comunidades distribuidas en 2,341 municipios. Es decir casi 500,000 mil niñas y niños reciben servicios de educación básica en su comunidad por parte del Consejo. Es de resaltar que según datos estadísticos de la Secretaría de Educación Pública, la cobertura de la educación básica se encuentra en el 96%, es decir aún se tiene que 4 de cada 100 niñas, niños y adolescentes entre 3 y 14 años no asiste a la escuela. La marginación en comunidades apartadas juega un papel importante en cuanto a la garantía de educación, es ahí donde CONAFE realiza una labor loable para que la cobertura de la educación básica alcance el 96% actual.

Es un hecho que las condiciones sociales y económicas de las comunidades donde el Consejo labora, se encuentran en un profundo rezago y en zonas de alta marginación y donde el Estado aparece como institución y como esperanza de forma única a través del CONAFE.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo de 2013, la educación pública es considerada como un factor estratégico y fundamental para alcanzar el desarrollo, por lo cual se le atribuye el eje 3 del Plan “México con Educación de Calidad”, del cual se desprende la siguiente descripción:

“3. Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, en este sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para generar productos y servicios con un alto valor agregado.1

El mismo PND en su exposición de motivos revela un dado fundamental para el interés de la Proposición con Punto de Acuerdo, que se cita a continuación:

“Pese a los avances que se registran en la expansión y diversidad del Sistema Educativo Nacional, persisten retos que requieren una revisión profunda de las políticas educativas y de la organización del Sistema. La calidad de la educación básica sigue siendo un reto mayor. En la evaluación PISA más reciente (2009), México se ubicó en el lugar 48 de los 65 países participantes y en el último de los entonces 33 países miembros de la OCDE. Por otro lado, según la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), la diferencia entre el porcentaje de alumnos con logro insuficiente en escuelas atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y en escuelas indígenas es 35% mayor que en escuelas privadas.2

La relevancia de este dato radica en la siguiente premisa “La necesidad de atender prioritariamente a las escuelas atendidas por el CONAFE, debe considerar las condiciones de pobreza, aislamiento y marginación de las comunidades donde operan estos centros educativos, por lo que las acciones que permitan dotar a sus instalaciones de los requerimientos mínimos para que las y los alumnos que asisten, puedan ejercer su derecho a la educación en las condiciones mínimas de dignidad”.

Dentro del 3er Informe de Gobierno de la actual Administración se presentó el programa “Escuelas al Cien” que tiene como principal objetivo asignar recursos para la remodelación de planteles educativos públicos. Es importante considerar que este programa se encuentra inserto en las metas que persigue el PND a través de su eje México Educación con Calidad.

Por lo cual es el interés de la Proposición con Punto de Acuerdo extender los beneficios de dicho programa a las escuelas atendidas por el CONAFE, sustentando la enorme necesidad en la que se encuentran, que se considera uno de los factores fundamentales del evidente rezago educativo.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y a los artículos citados en el proemio, se presenta ante esta H. Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa a considerar dentro del Programa “Escuelas al Cien”, a los planteles educativos a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo, con la finalidad de abatir los rezagos producto de la pobreza, la marginación y el aislamiento en el que se encuentran las comunidades donde se emplazan dichos planteles educativos.

Dado en el Pleno de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, DOF: 20-05-2013, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013

2 Ibíd.






De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable, promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los suscritos, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFOAPPEL y HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA Senadores de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo por el artículo 8 numeral 1 fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que en la elaboración del paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable; promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias. Asimismo, sea prioridad no aumentar la deuda pública y se privilegie un recorte presupuestal comenzando con el gasto en comunicación social, gasto corriente y gasto en servicios personales de la Federación, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México se encuentra ante un panorama económico que enfrenta grandes retos, durante la presente administración se ha perdido competitividad, el crecimiento económico se encuentra estancado, el gasto en inversión ha disminuido, el mal manejo de las finanzas públicas ha sido constante y las familias mexicanas siguen financiando el gasto improductivo del gobierno federal por lo que es necesario tomar acciones que permitan revertir la situación actual del país.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del PIB para el segundo trimestre (abril-junio) de 2016, en el cual se  registró una desaceleración al tener un crecimiento de 1.5 % a diferencia del crecimiento promedio de 2.5% en los últimos 5 semestres.

El actual gobierno recibió la economía mexicana con un crecimiento de 4% en 2012. Dentro de los Criterios Generales de Política Pública2016, se proyecta un crecimiento anual del PIB en un rango de  2.6 a 3.6%; sin embargo, recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un ajuste de 2.0 a 2.6%.

El consumo interno fue el principal impulsor del crecimiento económico durante la presente administración, no obstante el Índice de Confianza del Consumidor para julio de 2016disminuyó 3.6 %, presentando pérdidas en este índice durante 8 meses seguidos, afectando de manera negativa el consumo de los hogares mexicanos.

De la misma manera, el índice de confianza de los empresarios del sector manufacturero para julio de 2016 se encuentra en niveles bajos, denotando un pesimismo en la situación económica del país y afectando negativamente su deseo de invertir.

Aunado a lo anterior, la deuda se ha incrementado alarmantemente, de acuerdo con cifras de la SHCP, la deuda del sector público federal al primer semestre de 2016 se ubica en 8.7 billones de pesos y representa el 46.2% del PIB y se estima que al cierre del año alcance 50% del PIB. En lo que va de la presente administración la deuda se ha incrementado 13.1 puntos porcentuales del PIB.

Por consiguiente, el costo financiero de la deuda se incrementó 33.8%de 2012 a 2015 y tan solo en el primer semestre de 2016 se incrementó 10.1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Ante una política de reducción del gasto fallida y un presupuesto base cero inexistente, en los primeros seis meses del presente año el gasto total del sector público se incrementó en 57,723 millones de pesos, destacando el incremento en el gasto corriente de 3,819.7 millones de pesos y en servicios personales por 143.5 millones de pesos. Por otro lado, la inversión física misma que genera empleos y oportunidades se redujo 58,799.6 millones de pesos en dicho periodo.

Los ingresos presupuestarios al primer semestre de 2016 se incrementaron 11.4% y los ingresos tributarios se incrementaron 10.7% en contraste con el mismo periodo del año anterior. A pesar del incremento en los ingresos, el balance presupuestario (ingresos menos gasto) en el primer semestre presenta un déficit de 127,011 millones de pesos.

Sin duda, el bajo precio del petróleo ha impactado en las finanzas públicas, dentro de los Criterios Generales de Política Económica de 2016 se contempló un precio promedio del petróleo de 50 dólares por barril; mientras que en los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2017 el precio del petróleo perdió 60% su valor respecto a 2012 al ubicarse en 2017 en 35 dólares por barril.

El tipo de cambio se encuentra por niveles nunca antes vistos, en donde se han observado niveles por arriba de 19 pesos por dólar, caso contrario a lo contemplado en los Criterios Generales de Política Económica de 2016 en el que se consideró 15.9 pesos por dólar.

Por lo anterior, para la aprobación del paquete económico 2017 debemos ser responsables y apretarnos el cinturón, comenzando por este Honorable recinto, evitando el despilfarro de los recursos en gastos innecesarios.

Debemos gastar lo necesario y de manera eficiente, evitando gastar en obras innecesarias como el actual proyecto del INE y vigilar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. En promedio los montos de las obras se incrementan 50% al costo original en gran medida por la corrupción, mal que si se combate efectivamente podremos ahorrar recursos.

En la reducción del gasto, se debe conservar el principio establecido dentro del artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios el cual establece:

“Artículo 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su equivalente, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:

I. Gastos de comunicación social;

II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y

III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias. En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.”

Se debe priorizar los recortes al gasto en comunicación social, gasto corriente, gasto en servicios personales y en programas duplicados o clientelares que no resuelven una problemática social, evitando recortes de programas sociales, de investigación científica, de educación, de salud, o en infraestructura.

Los gobiernos estatales deben generar un mayor número de recursos propios  para no ser dependientes de los recursos que les otorga la Federación y que elevan el gasto federal.

Para la elaboración del Paquete económico se debe contemplar primero los ingresos con los que se contará y así ajustar el gasto con base a lo que se tiene. No debemos priorizar el gasto antes de saber con lo que se va a contar, ya que debido a este error es que la actual adminsitración ha tenido que recurrir a elevados niveles deuda y extraer el dinero de las familias mexicanas para financiar su gasto improductivo.

Es así, que  la SHCP y la Cámara de Diputados durante la elaboración, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 deben favorecer un presupuesto responsable, promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento económico, el no aumento de la deuda, transparencia en el gasto y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Senado de la República la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en la elaboración del paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable; promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias. Asimismo, sea prioridad no aumentar la deuda pública y se privilegie un recorte presupuestal comenzando con el gasto en comunicación social, gasto corriente y gasto en servicios personales de la Federación.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable; promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias. Asimismo, sea prioridad no aumentar la deuda pública y se privilegie un recorte presupuestal comenzando con el gasto en comunicación social, gasto corriente y gasto en servicios personales de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a realizar acciones tendientes a defender los derechos político-electorales de los venezolanos, con motivo del referendo revocatorio mandato. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.








De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los municipios del Estado mexicano a armonizar sus planes municipales con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro país ha participado históricamente en la Agenda de Desarrollo global a través de su participación en el Sistema de Naciones Unidas y su adhesión a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos han sido elementos centrales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, localización de recursos y atención de áreas prioritarias, el desarrollo de sistemas de medición multidimensional y el mejoramiento de la coordinación interinstitucional e intersectorial de las políticas de desarrollo del país1.

De esta forma, después de un proceso de negociaciones intergubernamentales con aporte de una amplia variedad de actores, se presenta la llamada Agenda 2030, con el objeto de actualizar la agenda presentada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM por sus siglas en español) y la Declaración del Milenio de Naciones Unidas2. Esta Agenda presenta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS por sus siglas en español), basados en los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social y medioambiental, con prioridad en la erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades.

Estos 17 objetivos se desglosan asimismo en 169 metas, que combaten directamente las causas estructurales de la pobreza y desigualdad en la población mundial. Estas 169 metas asimismo presentan las siguientes prioridades: inclusión social y económica de todas las personas, Derechos humanos, Interrelación de las tres dimensiones del desarrollo, Pobreza como un fenómeno multidimensional, Igualdad de género, protección del medio ambiente y gestión sostenible de los recursos materiales, fortalecimiento de capacidades de medición, migración y Estado de Derecho y gobernanza.

Esta Agenda fue aprobada el 25 de septiembre del año 2015 por nuestro país, junto con 150 más, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York3. Aunado a ello es menester resaltar que México fue uno de los actores claves en la conformación de esta agenda toda vez que participó en las consultas y negociaciones realizadas en el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTA-ODS por sus siglas en español) en 2013 y 2014. Esto incluyo la organización de una consulta regional, que desembocó en la Declaración de Guadalajara, donde se destaca la necesidad de que los grupos vulnerables sean considerados de forma transversal en políticas públicas; patrocinó, junto con Tanzania y Noruega, la consulta temática sobre energía y escaló compromisos durante consultas regionales y foros en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres4.

De la misma forma debe agregarse que en la conformación de esta agenda se consideró asimismo el papel que los gobiernos subnacionales desempeñan en el cumplimiento de los objetivos trazados5, estimándose incluso que el 90% de estas acciones impactan o requieren de la participación municipal6. Se recalca en específico aquellos relacionados al “Objetivo 6 que a la letra establece:

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” toda vez que de acuerdo al Art. 115 constitucional esta es facultad exclusiva de los Municipios.

Se desprende de ello, por tanto, la necesidad de incorporar a los Municipios a este nuevo marco de desarrollo. Esto con el fin de localizar la cooperación y programación en la República Mexicana además de fortalecer estos esfuerzos reconociendo el papel privilegiado del municipio como primer nivel de gobierno, siendo el más cercano a la ciudadanía.

Asimismo, se cree que esta incorporación contribuirá a la generación de políticas que vayan mucho más allá del aspecto declarativo, esto es, el desarrollo de programas efectivos y la conformación de un esquema institucional que incorpore la Agenda 2030 en las labores del Municipio es necesaria por su enorme impacto en términos sociales, educativos, y para la generación de oportunidades de estabilidad, crecimiento económico, desarrollo progresivo de los derechos humanos y empoderamiento de la ciudadanía así como para la propia consecución de la Agenda.

Derivado de todo lo descrito con anterioridad, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a los Municipios del estado mexicano, para que, en el ámbito de sus atribuciones, armonicen sus planes municipales con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 SRE, “Hacia la Agenda de Desarrollo Post-2015”, consultada en: http://agendapost2015.sre.gob.mx/es/inicio/

2 CEPAL, “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Procesos Relacionados”, consultado en http://www.cepal.org/es/actividades-preparatorias-para-la-agenda-para-el-desarrollo-post-2015

3 ONU México, “Agenda 2030”, consultada en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/

4 ONU México, “Objetivos del Desarrollo Sostenible”, consultada en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

5 The Global Network of Cities, Local and Regional Governments, “The 2030 Agenda for Sustainable Development” consultado en: https://www.uclg.org/en/issues/2030-agenda-sustainable-development

6 Claudia Ruiz Massieu, “Mensaje de la Canciller en el Diálogo Parlamentario sobre el papel de los gobiernos sub-nacionales como actores internacionales”, consultado en: http://www.gob.mx/sre/prensa/version-estenografiara-del-mensaje-de-la-canciller-en-la-inauguracion-del-dialogo-parlamentario-sobre-el-papel-de-los-gobiernos-sub-nacionales-como-actores-internacionales?state=published






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los consejos estatales de protección civil a implementar y, en su caso, fortalecer las acciones conducentes para prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales; así como campañas de concientización sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, la prevención es un conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre

las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos.1

Es ahí donde radica la trascendencia del presente punto de acuerdo, que tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales durante el desarrollo de los festejos del doscientos seis aniversario del inicio de la Guerra de Independencia en nuestro país.

Es común que en estas celebraciones (15 y 16 de septiembre), se utilicen fuegos artificiales -productos hechos a base de pólvora- que pueden causar accidentes que van desde quemaduras leves, hasta la pérdida o daño permanente de extremidades del cuerpo humano, o peor aún, en decesos, donde son las niñas y niños quienes resultan más afectados.

Para ponderar la gravedad del asunto, basta mencionar que de acuerdo con diversos medios de comunicación, durante esta época del año, se incrementa hasta en 10% la atención médica por quema de pirotecnia2, y prevalecen las quemaduras producidas por la quema de cohetes, cohetones y explosivos caseros.

No podemos ser omisos ante el hecho que de la mitad de las lesiones producidas por pirotecnia, los afectados son menores de 15 años, lo que se agrava si tenemos en cuenta que de acuerdo con especialistas, las quemaduras pueden causar una discapacidad total, o bien pérdida de audición o amputaciones3.

La Fundación Michou y Mau, I.A.P para niños quemados, indica que los accidentes relacionados con cohetes y pólvora generaron 17% de la incidencia de quemaduras por fuego directo y 11% de las quemaduras en general, entre 1998 y 20054, situación que nos constriñe en la obligación de tomar las medidas conducentes, a fin de salvaguardar la protección de la población de nuestro país.

La propia organización señala que el 90% de los accidentes de este tipo, ocurren en casa, y que los mismos podrían evitarse5 si tanto los adultos niños tiene la información suficiente para tomar las medidas de prevención propicias y tener en cuenta que se deben manejar con responsabilidad.

Además de los accidentes a los que se encuentra expuesta la población en esta celebración, es importante enfatizar que el uso irracional de fuegos artificiales, también deriva en una grave contaminación del aire, que puede llegar a permanecer por días en la atmósfera y posteriormente, diseminarse en el suelo y agua, donde está por semanas e incluso meses. Dicha situación, tiene repercusiones en la salud de la población, así como en el bienestar de la flora y fauna. 

Ante este panorama, existen diversas medidas de prevención a considerar, entre ellas, las proporcionadas por las Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), tales como vender únicamente a personas adultas, que en la quema no se deje solos a los menores, abstenerse de guardar los artificios pirotécnicos en la ropa, y no quemar muchos productos pirotécnicos al mismo tiempo.

Bajo esta tesitura, en el Grupo Parlamentario del PRI, estimamos pertinente evitar el uso de estos artefactos, o en su caso, hacerlo que en todo momento se cuente con la verificación de un adulto; adquirir productos en establecimientos debidamente registrados; no utilizar ropa sintética al quemar cohetes (porque ante un accidente, se adhiere a la piel y puede agravar los daños); y en caso de mal funcionamiento de los productos, no insistir en prenderlos.

En este orden de ideas, la presente proposición con punto de acuerdo tiene dos grandes objetivos, por un lado, prevenir afectaciones a la salud de la población por la utilización de cohetes, pólvora y fuegos artificiales, especialmente de las niñas y niños, y por el otro lado, generar conciencia sobre los riesgos inherentes a la fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento, exhibición y quema de este tipo de artefactos.

En relación a esta última consideración, cabe destacar que conforme al párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos, en México: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley6.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Consejos Estatales de Protección Civil para que, en el ámbito de sus atribuciones,  implementen y, en su caso, fortalezcan las acciones conducentes para prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales; así como campañas de concientización sobre la importancia de proteger el medio ambiente. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_030614.pdf

2 http://www.letraroja.com.mx/se-incrementa-hasta-en-10-atencion-medica-por-quema-de-pirotecnia/

3•http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/swbcalendario_ElementoSeccion/187/TRIPTICO_PIROTECNIA.PDF

4 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Agosto/21/1906-Se-incremento-300-por-ciento-la-incidencia-de-quemaduras-con-artefactos-pirotecnicos

5 http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/septiembre-y-diciembre-generan-mayor-incidencia-en-accidentes-que-provocan-quemaduras-244

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf






Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes y a los integrantes del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a fin de que expliquen los resultados del programa para la transición a la televisión digital terrestre. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar una posible red de corrupción en la administración de Víctor Hugo Romo Guerra al frente de la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, durante el periodo 2012-2015. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace unos días, en un programa de noticias de televisión, se denunció que durante la administración del perredista Víctor Hugo Romo en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se entregaron contratos por casi 190 millones de pesos a empresas propiedad del actual alcalde de Zitácuaro, Michoacán, Carlos Herrera Tello, sin que existan indicios “de que las obras comprometidas y pagadas, se hayan realizado”.

En el reportaje se especificó que, entre los meses de octubre y diciembre del año 2013, la administración de Víctor Hugo Romo Guerra asignó 17 contratos por 188 millones 179 mil pesos, para la instalación de lámparas a:

• Phomsa Construcciones S. A. de C. V., con un total de 106 millones 092 mil 731.57 pesos.

• Torecoma S. A. de C. V., con un total de 40 millones 961 mil 208.44 pesos.

• Qualiti Construcción S. A. de C. V., con 41 millones 125 mil 086.44 pesos.

En esa primera parte del reportaje, que se transmitió la noche del 22 de agosto pasado, se muestra que la instalación de las luminarias por las que se pagó esa millonaria cifra a las empresas de Carlos Herrera Tello, no se realizó. 1

Como ejemplo, se menciona el caso de la calle de Protasio Tagle en la Col. San Miguel Chapultepec, en donde los vecinos han solicitado reiteradamente la instalación de más luminarias en el tramo comprendido entre Gregorio Villa Gelati e Ignacio Esteva, pues solo hay cinco lámparas que son insuficientes.

Sin embargo al revisar los archivos, la delegación Miguel Hidalgo tiene registros de contratos para la instalación de 15 lámparas, las cuales no se encuentran físicamente en el sitio que deberían. Las cinco lámparas existentes ya mencionadas, se aprobaron y colocaron mediante el programa “Presupuesto Participativo”, que opera con recursos distintos.

El reportaje recalca la posibilidad de que la delegación Miguel Hidalgo hubiese pagado doblemente el mismo servicio, ya que meses antes había destinado 43 millones 979 mil pesos en erogaciones a ocho empresas distintas a las tres anteriores señaladas, para la instalación y renovación de luminarias en las mismas calles y las mismas colonias.

Destaca como otra irregularidad, el hecho de que la delegación Miguel Hidalgo únicamente registraba como proveedores de obra a las empresas del perredista Carlos Herrera Tello, y estas competían entre sí, simulando las licitaciones.

En la segunda parte del reportaje, transmitida la noche del martes 23 de agosto, se evidenciaron otros pagos millonarios - incluso por adelantado-, que realizó la delegación Miguel Hidalgo encabezada por Víctor Hugo Romo, por obras no realizadas, como es el caso de la remodelación del parque El Mexicanito. 2

“Víctor Hugo Romo le pagó (…) por adelantado, a empresas propiedad de sus aliados políticos por obras que no se llevaron a cabo o quedaron evidentemente inconclusas. Estamos hablando de millones de pesos del presupuesto de la delegación que acabaron en manos de empresas que simplemente no hicieron el trabajo para el que fueron pagadas”, señaló la periodista Denise Maerker.

En el cuerpo de la nota, se revela mediante documento oficiales que los días 30 y 31 de diciembre de 2014 la administración de Vïctor Hugo Romo entregó nueve contratos que suman 90 millones 118 mil 578 pesos a tres empresas propiedad, del Presidente Municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello.

Mediante uno de esos contratos, firmado el 15 de noviembre de 2013, la delegación Miguel Hidalgo asignó 9 millones 757 mil 577 pesos a la empresa Torecoma S. A. de C. V., para que en un plazo de 47 días naturales realizara la recuperación, rehabilitación y mejoramiento del espacio público del parque Winston Churchill, mejor conocido como El Mexicanito, ubicado en Paseo de la Reforma a la altura de la zona hotelera de Polanco, frente al Auditorio Nacional.

Diez días después la delegación Miguel Hidalgo modificó el contrato y otorgó 6 millones 112 mil pesos adicionales, para que se hiciera una trotapista. Con ello el contrato con la empresa Torecoma S. A. de C. V., se incrementó a 15 millones 869 mil 578 pesos.

Empero, mediante imágenes actuales del parque El Mexicanito, se pone en evidencia que no se realizó ninguna intervención en el sitio. No es visible ninguna rehabilitación ni mejoramiento, por el contrario, se observa un sitio deprimido, sucio y con un intento de trotapista llena de grava, y así lo atestigua la Presidenta de “La Voz Polanco”, Mayte de las Rivas, quien aparece dando su versión de los hechos.

En el reportaje se menciona que Carlos Herrera Tello, Alcalde de Zitácuaro, al igual que el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, forman parte del grupo político perredista denominado “Foro Nuevo Sol” que encabeza Amalia García Medina a nivel nacional, y el actual diputado local, Víctor Hugo Romo Guerra, en la Ciudad de México.

Cabe recordar que en el mes de septiembre del años 2015, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, instruyó a la Contraloría General capitalina para que investigara un presunto desvío de 46 millones de pesos por parte de Víctor Hugo Romo, como jefe de la delegación Miguel Hidalgo. Los resultados de la misma no se han dado a conocer. 3

Para el Grupo Parlamentario del PRI es muy importante el cuidado, respaldo y fiscalización del trabajo que realizan los gobiernos delegacionales, pues estos representan el primero contacto entre autoridad y ciudadanía en la capital del país, y en ellos recae una gran responsabilidad.

De acuerdo al artículo 117º del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, las Delegaciones tienen competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las materias de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes.
Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal determina que la Contraloría General es la encargada del control y la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad. 

El artículo 34 de dicho ordenamiento legal, señala que corresponde a la Contraloría General “conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos.

A su vez, la Ley de Presupuesto Participativo del Distrito Federal, establece en su artículo 1º que su objeto es la promoción de la participación ciudadana y el debate de la población en la elaboración, elección, seguimiento, control, evaluación y, en su caso, aplicación y/o ejecución, del Presupuesto a proyectos específicos en las colonias, pueblos originarios, barrios y, en su caso, regiones del Distrito Federal. 4

En el artículo 37º del mismo ordenamiento legal, se plantea que los recursos del Presupuesto Participativo asignados al proyecto o proyectos elegidos y ejecutados, deberán ser ejercidos con eficiencia, eficacia y transparencia; mientras que los artículos del 42º al 48º, se especifican las infracciones, sanciones y procedimientos de Legitimación de los servidores públicos en este marco.

Ya anteriormente el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República había señalado que, de acuerdo con medios periodísticos, la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México mantiene una investigación en contra de diversos funcionarios delegacionales que no ejercieron los recursos asignados para ejecutar obras o proyectos ciudadanos aprobados en la consulta sobre el Presupuesto Participativo del año 2015. Es decir, no es un tema asilado. 5

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la necesidad de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, que permita recuperar la confianza en las instituciones, en nuestros gobernantes y, en general, en los servidores públicos, en beneficio de la población.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una investigación exahustiva para determinar una posible red de corrupción en la administración de Víctor Hugo Romo Guerra al frente de la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, durante el periodo 2012-2015, en la contratación de obra con las empresas propiedad de Carlos Herrera Tello, actual Presidente Municipal de Zitácuaro, Michoacán. Asimismo, para que en su caso presente las acciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente.

1 http://noticieros.televisa.com/programas-10-punto-denise-maerker/2016-08-22/obras-fantasma-en-miguel-hidalgo/

2 http://noticieros.televisa.com/programas-10-punto-denise-maerker/

3 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/23/1047380

4 http://www.aldf.gob.mx/media/banners/LeyPresupuestoParticipativo.pdf

5 http://www.jornada.unam.mx/2016/07/06/capital/029n1cap






Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas públicas en materia de diabetes gestacional. Se turna a la Comisión de Salud.

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas públicas en materia de diabetes gestacional, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La diabetes gestacional (DMG) es una intolerancia a la glucosa que aparece o se detecta por primera vez durante el embarazo. La DMG afecta al menos a 1 de cada 25 embarazos en el mundo.1

La diabetes gestacional tiende a ocurrir tarde en el embarazo, por lo general, alrededor de la semana 24, la condición se produce debido a que la acción de la insulina es bloqueada, probablemente por las hormonas producidas por la placenta, provocando insensibilidad a la insulina (también conocida como resistencia a la insulina).

Dado que la diabetes gestacional normalmente se desarrolla tarde en el embarazo, el feto ya está bien formado, pero sigue creciendo. Por tanto, el riesgo inmediato para el bebé no es tan grave como en el caso de que la madre tenga diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 antes del embarazo.

Sin embargo, la diabetes gestacional no diagnosticada o inadecuadamente tratada puede provocar que el bebé sea mayor de lo normal y que aumente el índice de muertes de madres y niños y de anormalidades fetales.

Una glucosa en sangre mal controlada durante el embarazo puede dar lugar a un bebé con un tamaño significativamente superior a la media (una condición conocida como macrosomía fetal), lo que hace que un parto normal se convierta en difícil y de riego, pues el recién nacido correrá el riesgo de sufrir lesiones en los hombros y problemas respiratorios. Por ello en muchos casos será necesaria una cesárea, poniendo en riesgo la salud de la madre, sobre todo en las comunidades de bajos ingresos donde el acceso a una buena atención médica es limitado.

Para las mujeres que viven en zonas rurales alejadas, hay riesgo de muerte por parto obstruido y prolongado. También existe el riesgo de preeclampsia, una condición en la que la alta presión arterial repentina representa un peligro para la salud (y en algunos casos para la vida) de la madre y su bebé.

La diabetes gestacional en las mujeres normalmente desaparece después del nacimiento del bebé, sin embargo, las mujeres que han tenido diabetes gestacional tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional en embarazos posteriores y de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida.

Además, los bebés que nacen de madres con diabetes gestacional también tienen un mayor riesgo de obesidad y diabetes tipo 2 en la adolescencia o en la edad adulta temprana.

Las mujeres con diabetes gestacional tienen que vigilar y controlar sus niveles de glucosa en sangre para reducir al mínimo los riesgos para el bebé. Normalmente, esto se puede hacer mediante la adopción de una dieta sana y ejercicio moderado, pero en algunos casos puede ser necesario también administrar insulina o medicación oral.

La diabetes gestacional es común y, al igual que la obesidad y la diabetes tipo 2 está aumentando en todo el mundo. El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es alto en las mujeres que han tenido diabetes gestacional. La prevalencia de la diabetes gestacional varía ampliamente entre las diferentes poblaciones de todo el mundo.

La Federación Internacional de Diabetes estima que 21,4 millones o el 16,8% de los nacidos vivos en 2013 en el mundo tenían algún tipo de hiperglucemia durante el embarazo. Se estima que el 16% de estos casos se deben a la diabetes en el embarazo y requieren un control riguroso durante el embarazo y un seguimiento post-parto. El 91,6% de los casos de hiperglucemia durante el embarazo se encuentra en países de ingresos medios y bajos, donde el acceso a la asistencia materna es a menudo limitado.

De acuerdo con el estudio Embarazo y obesidad: riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional en la frontera norte de México,2 en nuestro país, el sobrepeso y la obesidad en mujeres en edad fértil varía del 26 al 38%, mientras que la prevalencia de DMG es de 9.7 a 13.9% y se presenta más en la región central del país.

En nuestro país existen protocolos de diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo, que marcan medidas de prevención, detección, tratamiento, vigilancia y seguimiento de las pacientes con DMG, sin embargo, se considera necesario el fortalecimiento de éstas políticas públicas, dado el incremento de los índices de sobrepeso y obesidad en las mujeres en edad fértil. Aunado a lo anterior se requiere implementar acciones que garanticen la debida atención de esta enfermedad en las mujeres embarazadas que habitan en las comunidades rurales.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a que fortalezca las políticas públicas en materia de diabetes gestacional a través de la promoción de campañas de información acerca de los factores de riesgo y las medidas de prevención para las mujeres en edad fértil así como la atención de las mujeres embarazadas que desarrollan esta enfermedad, con especial atención en las comunidades rurales, con el objeto de garantizar el debido diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo.

Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.

1 Plan Mundial contra la Diabetes 2011-2021, Federación Internacional de Diabetes, p. 6.

2 Gaceta Médica de México, 2014. Diabetes, Obesidad y Síndrome Metabólico.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar una investigación expedita en relación a las irregularidades observadas en la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, así como en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 en la Ciudad de México y, en caso de irregularidades, se sancione conforme a derecho. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La participación ciudadana es un elemento fundamental para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en virtud de que permite que los ciudadanos tengan injerencia en la formulación y ejecución de las políticas, así como de los programas y acciones de gobierno.

En ello radica la importancia de los mecanismos institucionales de participación ciudadana, tales como: Comités Ciudadanos y presupuesto participativo.

Los Comités Ciudadanos (CC) y Consejos de los Pueblos (CP), son órganos de Representación Ciudadana integrados por personas elegidas por los habitantes de cada colonia o pueblo. Es un cargo honorífico y tienen una duración de tres años. No obstante su labor es muy relevante, porque son los responsables de canalizar las demandas de los vecinos, así como de proponer proyectos de mejora comunitaria y dar seguimiento a la ejecución de las mismas.1

El presupuesto participativo, es un recurso en el que los ciudadanos deciden a través de una consulta respecto a la forma en que se aplicaran en proyectos presentados por los propios ciudadanos. Representa el 3% del presupuesto asignado a cada Delegación, el cual se distribuirá de manera igualitaria entre las colonias o pueblos originarios que conforman la demarcación territorial y se ejercerá de conformidad con los proyectos específicos electos.2

El pasado 4 de septiembre de 2016 se instalaron 2 mil 464 casillas para renovar los Comités Ciudadanos o Consejos de los Pueblos y para definir el presupuesto participativo 2017.3

Durante la jornada electoral se dieron a conocer diversas irregularidades como la    compra del voto, padrón electoral incompleto (coloquialmente conocido como “padrón rasurado”) y proyectos impuestos por las delegaciones, por mencionar los de mayor prevalencia.

De acuerdo a diversos medios de comunicación, vecinos de las colonias Casas Alemán en la Delegación Gustavo A. Madero, recibieron 1 mil 500 pesos por votar a favor de las planillas de Comités Ciudadanos cercanas al gobierno delegacional. Cabe señalar, que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) informó que en dicha demarcación se detuvo a una mujer por la comisión de diversos delitos electorales, entre los que destaca la compra de votos.4

En delegaciones como Azcapotzalco y Xochimilco se presentó la problemática de padrones incompletos, por lo que numerosos ciudadanos no pudieron emitir su voto en virtud de que su nombre no aparecía en la lista nominal a pesar de contar con credencial vigente y cumplir los requisitos que la ley establece.5

En la delegación Iztapalapa, se detectó que un proyecto se registró 71 veces en distintas colonias de la demarcación, entre ellas: La Planta, Jardines de San Lorenzo, Guadalupe del Moral, Fuentes de Zaragoza y El Rosario.  El proyecto fue inscrito en el rubro de “Prevención del Delito” y se trata de la adquisición de un gabinete metálico que incluye 2 sistemas: uno de comunicación y otro de seguridad con alarmas de emergencia.6

Al cierre de la jornada electoral, la FEPADE reportó 542 denuncias, siendo la delegación Iztapalapa la que más reportes presentó con 99; seguida de Cuauhtémoc, 72; Gustavo A. Madero, 69; Coyoacán, 49; Iztacalco, 44; y Álvaro Obregón, 40. Cabe destacar que entre las personas denunciadas se encuentran funcionarios de distintas delegaciones.7

En el Grupo Parlamentario del PRI condenamos este tipo de actos que no solo se constituyen como delitos electorales, sino que también limitan la participación ciudadana. De la misma manera, lamentamos que lejos de fomentar la participación ciudadana en el diseño de propuestas para sus colonias, las autoridades delegacionales traten de imponer sus propios proyectos, lo cual resulta contrario al espíritu del presupuesto participativo.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación expedita en relación a las irregularidades observadas en la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, así como en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 en la Ciudad de México, y, en caso de irregularidades, se sancione conforme a derecho.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente.

1 ¿Qué son los Comités Ciudadanos (CC) y Consejos de los Pueblos (CP) http://www.iedf.org.mx/sites/estupresupuesto/ccycp.html

2•<http://www.iedf.org.mx/sites/consulta2016/site/index.php?cadena=contenidos/menu/preguntas_frecuentes.php> Consultado el 5 de septiembre de 2016.

3 Pugnas por Comités Ciudadanos, Reporte Indigo < http://www.reporteindigo.com/reporte/df/Iztapalapa-Denuncia-prd-ciudad-de-mexico> Consultado el 5 de septiembre de 2016.

4 Dan en GAM $1,500 a votantes, Reforma, Ciudad, p.1, 5 de septiembre de 2016.

5 Clima, padrón rasurado, acarreo así se inició la Consulta Ciudadana, Página Ciudadana, <http://www.paginaciudadana.com/clima-padron-rasurado-acarrero-asi-se-inicio-la-consulta-ciudadana/> Consultado el 5 de septiembre de 2016.

6 Inscriben obras ¡71 veces!, Reforma, Ciudad, p.1, 5 de septiembre de 2016.

7 Ensucian voto vecinal, Reforma, Ciudad, p.1, 5 de septiembre de 2016.






De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 se asignen mayores recursos al sector salud; y se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar mayor presupuesto para realizar la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México. Se turna a la Comisión de Salud.

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental, es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, dicha definición fue retomada y plasmada en la Ley General de Salud, en México.

En el mismo sentido, la Ley General de Salud, en nuestro país establece en su Artículo 3º, a la salud mental, como materia de salubridad general y dedica el Capítulo VII, del Título Tercero, de la misma, a la Salud Mental, con el objetivo de promover de manera prioritaria, la prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento.

Aunado a lo anterior, define la salud mental, en su artículo 72, párrafo segundo, como “el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.”

Actualmente, el Programa de Acción Específico, de Salud Mental 2013-2018, plantea los siguientes objetivos:

1. Desarrollar acciones de protección y promoción de salud mental, así como detección oportuna y prevención de los trastornos mentales.

2. Fortalecer la cobertura de los servicios de salud mental.

3. Promover la mejora de atención en los servicios de salud mental.

4. Coordinar la elaboración e instrumentar Programas Específicos de Intervención en las unidades que conforman la red de servicios.

5. Establecer las prioridades de capacitación y entrenamiento de recursos humanos calificados.

6. Incidir en la protección de los Derechos Humanos de las y los usuarios de los servicios de salud mental.

No obstante lo anterior, el Diagnóstico que se plantea, refiere a datos y estadísticas realizadas hace más de una década, como la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México, Salud Mental, 2003, por lo que se considera necesario que la creación y actualización de políticas públicas enfocadas a la salud mental de la población, debe estar fundamentada en datos estadísticas conforme a la evolución demográfica y epidemiológica del país.

El acceso, diagnóstico y tratamiento de la salud mental, es uno de los temas más olvidados en nuestro país, sin embargo, se debe enfatizar en la necesidad de contar con los datos suficientes y recientes, que ayuden a desarrollar los instrumentos jurídicos e implementar las políticas públicas adecuadas  a la realidad de la población mexicana.

Para ello, es que se considera oportuno solicitar a la H. Cámara de Diputados, incremente el Presupuesto destinado al Sector Salud, para que a su vez, la Secretaría de Salud destine los recursos suficientes, que ayuden a realizar en 2017 la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a efecto de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Para el Ejercicio Fiscal 2017, se asignen mayores recursos al sector salud, con el objetivo de que se pueda llevar a cabo la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud con la finalidad de que destine los recursos suficientes para llevar a cabo la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México.

Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Andrea García García.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo las acciones conducentes para garantizar el abasto de medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes”, para asegurar el derecho al acceso a la salud de los habitantes de la región. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El hospital General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes”, es considerado como el segundo nosocomio con mayor capacidad y productividad en la entidad, debido a que brinda atención preventiva y de urgencia en nueve especialidades, entre ellas las de ginecología, pediatría, cirugía general, oftalmología, nutriología, área de Rayos X, laboratorio y puesto de sangrado.

Este hospital, cuenta con 60 camas y diariamente extiende por lo menos 500 consultas; por su ubicación geográfica, atiende a poblaciones de al menos 42 municipios de los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. A pesar de su importancia, durante la presente administración, se han presentado y agudizado una serie de problemáticas y limitaciones para brindar una atención eficaz, eficiente y de calidad.

Entre estas irregularidades, destacan las siguientes:

• Carencia de utensilios médicos básicos como agujas, vendas, guantes, cubre bocas y gasas.

• Desabasto en alimentos, cancelación de créditos en gasolinas y suspensión en servicios básicos como gas doméstico para preparar el alimento de los pacientes.

• Incumplimiento de compromisos por parte del gobierno estatal, referentes a la reparación del quirófano y del autoclave que sirve para la esterilización de instrumentos y utensilios médicos.

• Desde el 2011, no ha tenido trabajos de mantenimiento o rehabilitación, por lo que muchas de sus áreas se encuentran en condiciones inadecuadas, muestra de ello, es que las camas están en mal estado, los equipos de mastografía no funcionan y los reactivos del laboratorio no son suministrados.

• Falta de personal técnico capacitado para el manejo del tomógrafo, el equipo de Rayos X y el laboratorio de reactivos.

• Paro de labores constantes, motivadas por la falta de pagos, instalaciones inadecuadas, carencia de personal médico capacitado e inconsistencias en las prestaciones laborales.

Las irregularidades, limitaciones en la infraestructura hospitalaria, incumplimiento de compromisos por parte del gobierno estatal y falta de suministros, se traducen en una mala atención, en problemas laborales y prestación ineficiente de cuidados preventivos.

Para los Legisladores del grupo parlamentario del PRI, resulta preocupante que el nosocomio, brinde atención de consulta externa y servicio de laboratorio sin contar con las instalaciones adecuadas, basta mencionar las averías de los comprensores del aire acondicionado en el área de quirófano. Esta situación, vulnera la posibilidad de recibir una atención adecuada y pone en riego de los habitantes de la región.

Por lo que respecta al desabasto de medicamentos, las familias se ven obligadas a realizar gastos superiores a los mil pesos, es decir, sólo en los insumos básicos se ven obligados a realizan gastos importantes durante la hospitalización, a ello, hay que sumarle el pago de alimentos que consumirá el enfermo de acuerdo con su padecimiento.

Además, la rehabilitación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales presenta retrasos en el cronograma de obra, por ello, para dar el servicio se habilitó el área de pediatría encaminado a dichos fines, sin embargo, existe hacinamiento y pocas medias de higiene. Es importante destacar que este espacio es crucial para recibir a los infantes recién nacidos que necesites cuidados especiales.

Bajo este contexto, los Legisladores del PRI consideramos importante que las autoridades del estado de Oaxaca, fortalezcan sus programas de distribución de medicamentos para que se asegure su disposición, en el mismo sentido, apremia que la infraestructura hospitalaria sea sometida a esquemas de rehabilitación para que el hospital General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes” cuente con espacios adecuados y dignos para la atención de los habitantes de la región.

Además de la gravedad intrínseca del asunto que nos ocupa, no podemos omitir que la presente administración estatal de Oaxaca, se ha caracterizado por el incumplimiento en la construcción de la infraestructura hospitalaria, entre ellos está la ampliación del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” y la instrumentación de esquemas de rehabilitación en el Hospital Básico de Comunitario de Acatlán de Pérez Figueroa en Tuxtepec.

En el PRI, consideramos imprescindible que se garanticen las condiciones para que se asegure el derecho al acceso a la salud de los habitantes en el estado de Oaxaca, que dicho sea de paso, forma es reconocido como un derecho humano por el orden jurídico nacional e internacional. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República, exhorta al titular del gobierno del estado de Oaxaca, para que a través de la Secretaría de Salud de la entidad, lleve a cabo las acciones conducentes para garantizar el abasto de medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes”, para asegurar el derecho al acceso a la salud de los habitantes de la región. 

Segundo. El Senado de la República, exhorta al titular del gobierno del estado de Oaxaca, para que presente un informe con las acciones que se están instrumentando o se pretenden implementar con el objeto de garantizar la infraestructura hospitalaria adecuada y el abasto de medicamentos y suministros médicos en el estado de Oaxaca.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2016.






De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Herrera Ávila y Juan Carlos Romero Hicks, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al Presidente de la República por la invitación a México y la reunión que sostuvo el pasado 31 de agosto con el candidato por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump; y exhorta al Presidente de la República a solicitar la renuncia inmediata de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por sus acciones u omisiones en la inadecuada conducción de la política exterior mexicana. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.








De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Miguel Barbosa Huerta, Laura Engélica Rojas Hernández y Juan Carlos Romero Hicks, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre la reunión privada que sostuvo con Donald Trump. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.








Del Senador José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública a intervenir para garantizar la seguridad pública en la zona sur del estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.












Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda, se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.

“Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra”
-Paulo Freire-


Frase bastante elocuente en el marco de que el 8 de septiembre se celebra el “Día Internacional de la Alfabetización”, proclamado hace 50 años por la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este 2016, bajo el lema “Leer el pasado, escribir el futuro”, “para celebrar y honrar los cinco decenios de participación, esfuerzos y progresos, realizados a escala nacional e internacional para aumentar las tasas de alfabetización en el mundo entero”.

Señala la UNESCO que una sociedad globalizada demanda un ciudadano con más habilidades y conocimientos para poder desenvolverse mejor dentro de una sociedad. Para poder sacar provecho de la sociedad globalizada de nuestros días se necesita mucho más que información, un adecuado conocimiento y un mejoramiento en la educación y además lograr que todas las culturas sin importar cual marginadas sean, tengan acceso a dicha educación.

Por ello, en esta celebración la UNESCO, además de la retrospectiva, abordará los problemas actuales y se buscarán soluciones innovadoras para mejorar aún más la alfabetización en el futuro.

No es una asignatura sencilla, en nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 40 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 a 6.9%. Y aunque en el país la educación primaria y secundaria cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir.

Por ello, es necesario implementar mayores esfuerzos para consolidar el derecho a la alfabetización como una realidad completa y para todos, a fin de que pueda en verdad incidir en la autonomía personal y el ejercicio pleno de las libertades y el desarrollo de todas las personas.

Por eso, en el marco del “Día Internacional de la Alfabetización,” una oportunidad para celebrar los esfuerzos que en México se realizan para lograr la deseada alfabetización y una educación de calidad que permita a nuestra población mejores condiciones en todos los ámbitos de la vida.

Para este 2016, un sincero reconocimiento a todos aquellos que con el quehacer de cada día inciden positivamente en la alfabetización de los mexicanos, como también a todos aquellos que se esfuerzan por una superación constante en el ámbito de la educación, en especial a aquellos que luchan por salir del analfabetismo.

Muchas gracias.

Dado en la Ciudad de México, el 8 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.

Día Internacional de la Alfabetización 8 de Septiembre

Hace 50 años, la UNESCO proclamó oficialmente el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización, a fin de movilizar a la comunidad internacional y fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, las comunidades y las sociedades.

En la actualidad el Día Internacional de la Alfabetización se celebra en el mundo entero y su conmemoración reúne a gobiernos, organismos bilaterales y multilaterales, ONG, miembros del sector privado, comunidades, docentes, estudiantes y expertos en la materia.

Este es también el primer año de ejecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En ese contexto, la perspectiva de la alfabetización se ajusta a la creación de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, con especial atención a los jóvenes y adultos. La meta consiste en lograr que de aquí a 2030 todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética (Meta 4.6, ODS 4).

En todo el mundo hay más de 793 millones de adultos analfabetos —que representan cerca de 17% de la población adulta mundial— que no saben leer ni escribir y de los cuales aproximadamente dos tercios son mujeres. La mayoría de la población analfabeta vive en África subsahariana, así como en Asia meridional y occidental, aunque la región de los Estados árabes cuenta también con altas tasas de analfabetismo, según se desprende del Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo 2011.

Aunque en México la educación básica (primaria y secundaria) ha ampliado el territorio de cobertura, las estadísticas oficiales revelan que un significativo número de jóvenes mayores de 15 años y más no cuentan con la capacidad para leer y escribir, al no asistir a la escuela o carecer de los servicios educativos.

En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 en 1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a 4 millones 749 mil 057 personas que no saben leer ni escribir. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir.

La sociedad vive en condiciones de desigualdad, pues mientras la Ciudad de México tiene indicadores comparables con los de naciones avanzadas, en otros estados de la República la situación es vergonzosa. Por ejemplo, las entidades federativas con mayor proporción de analfabetas son Chiapas, con 18.41%; Guerrero, 17.53%; Oaxaca, 16.92%, y Veracruz, 12.02%. Además, mientras el porcentaje nacional de analfabetismo es de 6.31% para los hombres y 8.89% para las mujeres, en esos estados es superior al doble. Sólo el Distrito Federal, está por debajo de 3%.

Jueves 8 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.

H. Cámara de Senadores.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.

La educación es la base del desarrollo personal y social de todo ser humano, de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos toda persona tiene derecho a la Educación, y es a través de la materialización de este derecho que se abre la puerta para la garantía de los demás derechos fundamentales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó oficialmente que cada 8 de septiembre se lleve a cabo el “Día Internacional de la Alfabetización”, con el objetivo de que la comunidad internacional implemente y tome acciones en materia de educación para incrementar la alfabetización en todo el mundo.

El Día Internacional de la Alfabetización cumplirá este año su 50 aniversario, por lo cualla UNESCO lo celebrará bajo el lema “Leer el pasado, escribir el futuro”.

En consecuencia, en 2016 se celebran y honran los esfuerzos y progresos realizados a escala nacional e internacional para aumentar las tasas de alfabetización en el mundo entero. En esta celebración también se abordarán los problemas actuales y se buscarán soluciones innovadoras para mejorar aún más la alfabetización en el futuro.

En el ámbito nacional, conforme a los datos estadísticos que proporciona el Instituto Nacional de Geografía y Estadística e Informática (INEGI), el porcentaje de analfabetas pasó de 25.8% en 1970 a sólo 5.5% en 2015, que aunque es un porentaje bajo, debe ser disminuido a cero cuanto antes, esto significa que existen 4 millones 749 mil personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, en nuestro país.

Al diseccionar este grave problema, encontramos que hay diferencias considerables según el sexo, según la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el INEGI, 4 de cada 100 hombres no saben leer ni escribir, pero 6 de cada 100 mujeres presentan el mismo grado de analfabetismo; lo cual deja en evidencia la brecha en materia de género que existe a nivel nacional.

Consicientes del rezago que tienen las personas que no han aprendido a leer o a escribir, incluso aquellos a quienes les falta terminar sus estudios básicos, el Gobierno Federal puso en marcha el Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018.Este programa institucional busca atender el rezago educativo en el que se encuentran los jóvenes y adultos para poder reducir el índice de analfabetismo en nuestro país.

Otro instrumento destacado en esta materia es el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), creado en 2014, que busca fortalecer el sistema educativo mediante la entrega de dispositivos digitales personales, promoviendo la reducción de la brecha digital y el uso de las Tecnologías de la Información en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Estas acciones fomentan la interacción entre alumnos, docentes y padres de familia, de modo que fortalecen el aprendizaje de los alumnos de las escuelas públicas, con el objetivo de reducir el rezago educativo.

Recientemente, el Gobierno Federal lanzó el Programa Especial de Certificación de Saberes Adquiridos, que de manera coordinada a la par de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, han logrado que a la fecha 800 mil personas concluyeran sus estudios de alfabetización, más de un millón 100 mil acabaran la primaria y más de 2 millones terminaran la secundaria.

Además de las acciones a nivel nacional es necesario destacar el trabajo a nivel local; en el Estado de México, la alfabetización se ha trabajado de manera conjunta con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) permitiendo la implementación de programas para que las personas jóvenes y adultas aprendan a leer y escribir; con esto pueden obtener su certificado de educación primaria y posteriormente su certificado de secundaria.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene en claro que esta lucha en contra del analfabetismo, junto con la reducción del rezago educativo, lograrán impulsar a que las personas aprendan a leer y escribir para mejorar su desarrollo personal, laboral y por ende puedan lograr una mejor calidad de vida; por lo que resulta necesario dar continuidad y fortalecer las políticas públicas que el gobierno mexicano ha implementado.

En este sentido, deberemos seguir legislando para mejorar la educación en todo el país y dare seguimiento puntual a las acciones del Ejecutivo Federal, para contribuir a la aplicación oportuna de los programas federales en esta materia. Saber leer y escribir es la herramienta básica para el desarrollo de una persona, a través de ella, se puede tener acceso a la cultura, al conocimiento de sus derechos, al aprendizaje, a la vida política, social y laboral, por lo que es fundamental abatir por completo el rezago educativo en nuestro país y permitir el desarrollo pleno de las y los mexicanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 8 de septiembre de 2016.

Sen.  María Elena Barrera Tapia.

Partido Verde Ecologista de México.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.

“Día Internacional de la Alfabetización”

El analfabetismo es un problema a nivel mundial, que afecta a miles de personas en todo el mundo.

Hace unos días se dio a conocer en los medios de comunicación el caso de una anciana analfabeta quien se vio envuelta en un pleito legal del inmueble que habitaba, debido a la falta de dinero se le otorgó un abogado de oficio, quien se aprovechó de la mujer y la hizo firmar un documento en el cual otorgaba la mitad de la indemnización al abogado que la estaba representando, siendo que el servicio proporcionado por el abogado es gratuito.

La anciana al no saber leer ni escribir, confió en su abogado y firmó los documentos que él le entregaba. [*]

Muchos casos similares ocurren a diario, personas que abusan de una clase desprotegida, los analfabetas, en algunos casos llegan a dejar a las personas en la calle, abusando de la buena fe de estas, ya que al no contar con los conocimientos, se convierten en vulnerables.

El día de hoy se cumplen 5 décadas de la instauración del Día Internacional de la Alfabetización por la UNESCO bajo el lema “Leer el pasado, escribir el futuro”.

Se trata de erradicar el analfabetismo, de disminuir este grupo vulnerable, debemos de contribuir mejorando la educación llegando a los rincones más alejados.

La información es poder, debemos de darle el poder a todas las personas, lograr un empoderamiento, solo de esa forma podremos proteger a los desprotegidos, darles las herramientas para mejorar su vida.

En esta celebración además se hace un reconocimiento a la labor social por medio de los Premios Internacionales de Alfabetización, de esa forma se incentiva a las personas que impulsan la alfabetización, este tema cobra cada día mayor relevancia, y un claro ejemplo de esto es que forma parte del Objetivo Sostenible en materia de Educación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. [*]

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

[*]  https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2016/09/03/218216/absuelto-abogado-timo-000-euros-anciana-analfabeta.html
[*]  http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/






De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.








De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Efemeride

Día Mundial para la Prevención del Suicidio
10 de Septiembre

El 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se fomentan en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. Cada día hay en promedio casi 3000 personas que ponen fin a su vida, y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue.

La OMS, junto con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, promocionan este día con el fin de elevar la conciencia sobre las alarmantes cifras de suicidio a nivel mundial: una muerte por autoeliminación sucede en el mundo cada 40 segundos.

A nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado de forma adecuada debido básicamente a la falta de sensibilización sobre la importancia de ese problema y al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. De hecho, solo unos cuantos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades.

En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado en un 60% en todo el mundo, y esta causa de muerte es una de las primeras tres entre personas de 15 y 44 años en algunos países.Se estima que a nivel mundial el suicidio es el 1,8% de la carga global de morbilidad en 1998, y que en 2020 representará el 2,4% en los países con economías de mercado y en los antiguos países socialistas.

Aunque tradicionalmente las mayores tasas de suicidio se han registrado entre los varones de edad avanzada, las tasas entre los jóvenes han ido en aumento hasta el punto de que ahora estos son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo.

Los trastornos mentales (especialmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol) son un importante factor de riesgo de suicidio en Europa y América del Norte; en los países asiáticos, sin embargo, tiene especial importancia la conducta impulsiva. El suicidio es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales.

Es evidente que la prevención del suicidio requiere también la intervención de sectores distintos de la salud y exige un enfoque innovador, integral y multisectorial, con la participación tanto del sector salud como de otros sectores, como por ejemplo los de la educación, el mundo laboral, la policía, la justicia, la religión, el derecho, la política y los medios de comunicación.

H. Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

La vida es el valor más preciadoque posee el ser humano, un bien jurídico fundamental que debe ser protegido a toda costa y en todo momento.

Sin vida, la protección del resto de bienes carece de todo sentido, por ello la tarea originaria, por la cual nace el Estado, es salvaguardarla ante cualquier circunstancia, incluso prevenir de aquellos que pretendan atentar contra su propia vida.

Desde hace 45 años, a nivel mundial el número de suicidios se ha incrementado 60%, alcanzando casi el millón de personas al año que se suicidan, esto se traduce en una muerte cada 40 segundos.1

Lamentablemente, esta creciente epidemia de suicidios, que de manera callada ha logrado generar un grave daño a la sociedad, ataca principalmente a la población más jóven, es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 10 a 24 años y una de las tres primeras en las personas entre 15 y 44 años, todo esto sin contar los intentos de suicidio que son hasta 20 veces más que los consumados.2

Frente a este panorama, desde el año 2003 la Organización Mundial de la Saludproclamó oficialmente el 10 de septiembre de cada año como “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, con el objetivo de impulsar a las naciones abuscar solucionesen conjunto para combatir este fenómeno que atenta contra el bien más preciado de las personas.

Este organismo internacional define al suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona, en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal.

Si bien podría resultar inconcebible que una persona tome la decisión de disponer de su vida y ejecutar los actos tendientes a quitársela, nos encontramos ante un fenómeno real y multifactorial.

Estudios científicos han reflejado que en un suicidio convergen, por un lado, circunstancias biológicas y genéticas, de tal suerte que existen factores naturales que predeterminan que una persona sea más propensa a suicidarse; por otro lado, existen factores psicológicos, sociológicos y ambientales que también influyen para que una persona llegue a suicidarse.

Existen diversos factores de riesgo que pueden propiciar los suicidios, en especial, los trastornos mentales como la depresión o aquellos relacionados con el consumo de alcohol.

Hasta en un 75% de los casos de suicidio, existe la presencia de uno o más trastornos mentales y del comportamiento.3

Por ello, resulta necesario que los gobiernos adopten medidas multidimensionales que aborden desde distintos frentes, la prevención del suicidio.

Dichas medidas consisten en el tratamiento de los posibles detonantes de desequilibrios emocionales y de conducta que podrían terminar en un suicidio, como la depresión o la adicción al alcohol y las sustancias psicotrópicas. En México, el suicidio es la décimo cuarta causa de muerte con una tasa de 5 suicidios por cada 100 mil habitantes, registrando cerca de 6 mil suicidios en 2013, es un problema que aqueja con mayor frecuencia a los hombres ya que el 82% de los casos corresponden el género masculino y sólo  18% a mujeres, por lo cual resulta fundamental que los poderes de todos los órdenes de gobierno redoblemos esfuerzos para atender este fenómeno.

El suicidio afecta principalmente a los jóvenes, más del 40% de los suicidios totales, son realizados por personas entre 15 y 29 años de edad, con una tasa de más de 7.5 suicidios por cada 100 mil habitantes.

Los suicidios no son actos aislados, azarosos e imprevistos, son la respuesta final a una serie de factores y condiciones que orillan a los seres humanos a atentar contra sí mismos, lo cual significa que la gran mayoría de los suicidios se pueden prevenir, y es nuestra obligación generar los medios para identificar y tratar con prontitud los problemas de salud mental para evitar que desemboquen en un atentado contra la vida.

Debemos sumarnos a las acciones para prevenir el suicidio, la respuesta que requiere un problema multifacético debe provenir de la acción coordinada entre la sociedad civil, los tres niveles de gobierno y el sector privado, pues no debemos perder de vista que constituye una conducta cuyos efectos son irreparables.

El Gobierno Federal en coordinación con las entidades federativas han puesto en marcha campañas para prevenir el suicidio y las conductas autodestructivas, de igual modo, preocupados por la salud mental de la población se emitió el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018, que contiene metas específicas para prevención y actuación en torno a los transtornos mentales, la salud mental, el suicidio y sus factores de riesgo.

Además de restringir el acceso a medios para suicidarse, la mejor medida para reducir los riesgos del suicidio es la atención de la salud mental, otorgando tratamiento oportuno a personas con trastornos mentales, con la difusión necesaria y los mecanismos requeridos para permitir que dichos trastornos o factores de riesgo sean identificados a tiempo.

Por ello, los Senadores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, celebramos el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, como una medida muy importante para reflexionar y actuar, acompañando las políticas en materia de prevención del suicidio y de fortalecimiento a la prevención, identificación y atención de los trastornos mentales y del comportamiento.

El suicidio no sólo afecta al suicida, este es un grave trauma que aqueja de manera fundamental a las familias,  por eso la solución más sólida reside en la familia misma, en el fortalecimiento del tejido social, en la creación de lazos afectivos y vínculos con la comunidad, en la generación de esperanza que dé calidez y vida a los demás.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 8 de septiembre de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Consultado en:http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/

2 ídem

3 Programa de Acción Específico. Atención Psiquiátrica. Programa Sectorial de Salud 2013-2018. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial para la Prevención del Suicidio”

La OMS proporciona cifras alarmantes a nivel mundial, y en México, el tema no es menor.

El INEGI reporta en 2014 cifras alarmante en muerte por suicidio, destacando que:

• Del total de muertes violentas registradas el 9.5% fue por suicidio.

• Las mujeres son más propensas al suicidio.

• El grupo etario más propenso al suicidio son los niños entre 10 y 14 años de edad.

• Yucatán es el estado que reportó más suicidios en el 2014.

• Los métodos empleados son: envenenamiento por medicamentos, drogas y sustancias biológicas; envenenamiento por gases, vapores, alcohol y plaguicidas; ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación: disparo de arma de fuego; con objeto cortante; saltar de un lugar elevado; y colocarse delante de un objeto en movimiento.

• De los métodos mencionados el más utilizado es el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación.1

Al observar estos datos, hay algo que causa asombro, los niños entre 10 y 14 años de edad son el grupo de edad que comete más suicidios en México.

Es de suma importancia prestar mayor atención a este grupo, tristemente hay mucho que pensar, debemos de ayudar a la población, pero en especial a nuestros niños y niñas, además a los padres de familia, tener conciencia de cuáles son los problemas que orillan a los niños y niñas a cometer suicidio.

Debemos de enfocarnos en este grupo de la población, porque a la vez resulta uno de los grupos vulnerables, no solo se trata de crear conciencia, se trata de proteger a los niños y niñas.

En algunas ocasiones el niño o la niña no es que desee morir, simplemente es la salida más fácil que encuentra a un problema, ahí es en donde los padres juegan un papel importante en la comunicación.

Por otro lado tenemos a los niños huérfanos que viven en la calle, quienes al no tener una familia, un sustento, un hogar, ven al suicidio como su única salida.

Por ello debemos de trabajar día a día, por el bienestar de la población, por ello el día 10 de septiembre es un recordatorio para fomentar prácticas de prevención del suicidio.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2016.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.


1 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484





Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

“El suicidio no es abominable porque Dios lo prohíba: Dios lo prohíbe porque es abominable.”
Immanuel Kant. Filósofo prusiano de la Ilustración.


Frase muy elocuente a propósito de que este 10 de septiembre, se conmemora el “Día Mundial de la Prevención del Suicidio”.

Y es que la vida es el bien más valioso y apreciado de todo ser humano, por ello, que parezca increíble que pueda existir en algunas personas un estado de ánimo tal, que puedan pensar en quitarse la vida. Es difícil imaginar el dolor psicológico extremo que pueda llevar a alguien a decidirse por el suicidio, como único recurso o puerta de escape.

Pese a ello, la decisión de quitarse la vida no es un hecho escaso o poco común. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente publicado bajo el título “Prevención del Suicidio: Un Imperativo Mundial”, más de 800 mil personas se quitan la vida en el mundo cada año. Aunque esta cifra podría ser mucho mayor debido al sub registro por el estigma asociado al suicidio, la falta de procedimientos de registro confiables, y en muchos casos por sanciones de índole religioso incluso, jurídicas en contra del suicidio en algunos países.

Así, la cifra exacta yal vez no podría determinarse, pero sabemos que es alta. Lo que sí se tiene la certeza es que detrás de cada suicidio existe una tragedia que llegó al extremo en el que una persona optó por esa falsa salida.

Por ello, de suma importancia que la OMS y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) promocionen desde el año 2003,el 10 de septiembre de cada año como el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”. Lo considera un día especial para unirnos y recordar lo importante que es tender la mano a quien lucha contra un sufrimiento que puede orillarlo al suicidio, para de esta manera salvar vidas que definitivamente no deben apagarse antes de tiempo.

Razón por la que este organismo internacional promueve la necesidad de unirnos y promover la prevención del suicidio, intentando concienciar a la sociedad e invitando a un trabajo activo en la lucha contra este mal. Para ello, se considera imprescindible tender la mano a personas vulnerables y con riesgo de suicidio, promover su atención y coadyuvar con las personas y organizaciones especializadas en esta tarea.

Vale la pena hacer esfuerzos por evitar los casi 3 mil casos de suicidio al día en el mundo, además de los intentos de al menos 20 personas por cada una que lo logra.

Sin duda, estimados compañeros legisladores, el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, es además un día propicio para reflexionar sobre algo que en realidad debiéramos hacer durante todos los días del año: Preocuparnos más por nuestro prójimo, escucharlo, apoyarlo y tenderle la mano y algo más, trabajar por evitar una de las causas de muerte prematura más prevenible: el suicidio.

Muchas Gracias.

Dado en la Ciudad de México, el 8 de septiembre de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el martes 13 de septiembre a las 11:00 horas.

Les informo que en esa fecha recibiremos la visita del Presidente del Bundesrat de Alemania, y realizaremos sesión solemne. Esta ceremonia iniciará en punto de las 12:10 horas.

Muchas gracias.

(Se levantó la sesión a las 14:50 horas)

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