Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 30 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 18

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Agosto de 2016

SUMARIO                                              


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De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barrón y del Senador Fernando Yunes Márquez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una contribución financiera voluntaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a liderar los esfuerzos regionales ante la Organización de los Estados Americanos para asegurar la autonomía financiera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida presupuestal especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para que el Estado mexicano realice una contribución financiera a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se turna a la Cámara de Senadores los resolutivos primero y segundo; y a la Cámara de Diputados el tercero de ellos.























































 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

APERTURA

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: (11:48) Buenos días. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las señoras y los señores legisladores.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, tenemos la asistencia de 36 legisladoras y legisladores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2016, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y dos minutos del miércoles diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, con una asistencia de veintisiete legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles diez de agosto de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite similares de la Secretaría de Economía, con: los informes finales de las Evaluaciones de Diseño 2016 de los programas presupuestarios y, el Informe Final de la Evaluación de Diseño del Programa P002 “Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor”, todos a cargo de dicha dependencia.- Se remitieron a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2016.- Se remitieron a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Primer Informe Semestral de Actividades de 2016 del Consejo Nacional para Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se remitió a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2016, desagregada por tipo de fondo, de Acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2016.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, su informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones, correspondiente al segundo trimestre de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 15 de agosto de 2016.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Senador David Monreal Ávila, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 18 de agosto de 2016.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, el informe de su participación en la reunión de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 8 y 9 de julio de 2016, en Asunción, Paraguay.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, el informe de su participación en la reunión de trabajo de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 8 y 9 de julio de 2016, en Asunción, Paraguay.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, el informe de la Delegación del Congreso de la Unión ante la Unión Interparlamentaria, en ocasión de la Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico 2016, realizada en Valparaíso, Chile, del 28 al 30 de junio de 2016.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

(Iniciativas)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, a nombre propio y de la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Elva Lidia Valles Olvera, a nombre de la Diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 20 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre propio y de las Diputadas María Cristina Teresa García Bravo y Maricela Contreras Julián y de los Diputados Rafael Hernández Soriano y Julio Saldaña Morán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción VIII al apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 17, 18, 30 y 34 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, nueve dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre la situación que guarda el sistema de canales y chinampas en Xochimilco, ante el riesgo de perder el reconocimiento como "Patrimonio Cultural de la Humanidad" como consecuencia de la severa contaminación que actualmente registra.

2. Que exhorta al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar si existe una auditoría al Centro SCT Tabasco, respecto al manejo y aplicación de los recursos federales presupuestales comprendidos en el Fondo de Desastres Naturales y en el Programa de Empleo Temporal.

3. Que exhorta a la Jefa Delegacional de Álvaro Obregón de la Ciudad de México a llevar a cabo un programa de inspección y reparación inmediata de la carpeta asfáltica en las vías secundarias aledañas a la obra denominada deprimido Mixcoac; asimismo, para cambiar las luminarias.

4. Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a implementar las acciones necesarias para reforzar las estrategias de prevención y combate a la inseguridad, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de los ciudadanos de la entidad.

5. Por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacer del conocimiento el monto del presupuesto que se ha destinado para cumplir con los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018.

6. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información sobre las acciones que desarrolla para actualizar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

7. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las estrategias de seguridad pública, con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de la entidad.

8. Que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a presentar un informe en relación a la campaña de comunicación gubernamental "Somos Michoacán".

9. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar el caso de los asesinatos en San Juan Chamula.

Sin discusión, los nueve dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a instrumentar campañas de información para toda la población sobre las medidas de prevención, autoexploración y detección oportuna de cáncer de piel.-Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, treinta y un dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de  Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a observar de manera puntual lo dispuesto por la Constitución en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, y la legislación secundaria vigente, especialmente respecto a las obligaciones del municipio Solidaridad en el estado de Quintana Roo.

2. Que exhorta al municipio de Solidaridad del estado de Quintana Roo a hacer pública la información relacionada con la licitación para realizar obras de drenaje sanitario en la ciudad de Playa del Carmen de ese Estado.

3. Que exhorta al Gobierno Federal a llevar a cabo una campaña nacional de adopción de perros en situación de calle, abandono o maltrato, que incluya jornadas de esterilización gratuita para perros, y fomente la tenencia responsable de perros.

4. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evaluar la posibilidad de modernizar las instalaciones e infraestructura del aeropuerto internacional de Tapachula, Chiapas, así como apoyar el desarrollo regional diversificando la presencia de aerolíneas y destinos.

5. Que exhorta al Gobierno Federal a que en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 considere ampliar los recursos destinados a garantizar a las hijas e hijos de las mujeres internas en los centros de readaptación social del país, una salud integral, el derecho a la alimentación y a la educación.

6. Que exhorta a las autoridades correspondientes del Estado de México y del Gobierno Federal a implementar las medidas necesarias a fin de evitar que niños, niñas y adolescentes se sumerjan en las aguas negras del Canal de Cartagena, en las inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio del municipio de Ecatepec.

7. Que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a remitir diversa información.

8. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a continuar realizando y fortalecer las visitas de verificación que lleva a cabo en gasolineras del país.

9. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a destinar los recursos anunciados para la reconfiguración y modernización de la refinería "Ing. Antonio M. Amor", ubicada en Salamanca, estado de Guanajuato.

10. Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a analizar la posibilidad de reactivar el seguro agrícola para el apoyo de los plataneros en la región de Tuxtepec, Oaxaca, por el desastre natural sufrido en sus plantaciones.

11. Que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar las tarifas eléctricas que se aplican a los sistemas municipales de agua y saneamiento y considerar un eventual ajuste a las mismas.

12. Que exhorta al Gobierno Federal a implementar un programa de rescate de las actividades económicas que han sido afectadas por las movilizaciones en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, del mes de marzo de 2016 a la fecha.

13. Que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer del conocimiento público la información relativa al número de quejas e inconformidades registradas por deficiencias en los servicios prestados por la empresa desde 2009 hasta el segundo trimestre de 2016.

14. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a estudiar la viabilidad de abrir un nuevo plazo de reinscripción para que nuevos productores rurales puedan acceder a la aplicación de estímulos fiscales al diésel agropecuario 2016.

15. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a evaluar la posibilidad de emitir los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes.

16. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua a que, en conjunto con el gobierno del estado de Chiapas, realicen acciones de saneamiento, mitigación y control respecto de la contaminación del Río Sabinal.

17. Que exhorta al Gobierno Federal a que en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 considere incluir partidas presupuestales que permitan continuar reforzando el enfoque en materia de derechos humanos.

18. Que exhorta al Gobierno Federal a evaluar la pertinencia de escuchar las propuestas de las comisiones técnicas de la Unión Nacional de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura; Federación Nacional de Sindicatos Universitarios y a la Nueva Central de Trabajadores, con la finalidad de que puedan ser incluidos en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

19. Que exhorta a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a instrumentar políticas públicas destinadas a prevenir los accidentes en motocicletas.

20. Que exhorta al Gobierno Federal a evaluar la pertinencia de considerar diversos puntos en la elaboración de las reglas de operación del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

21. Por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía un informe sobre la situación actual del gas natural en nuestro país.

22. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos a instruir a su secretario de finanzas a remitir un informe sobre la aprobación de dos empréstitos que en su conjunto suman un monto de $1,865 millones de pesos.

23. Que exhorta al Gobierno Federal a rendir un informe sobre el estado que guarda el caso de la empresa Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, que lleva por nombre EMPRESA EJIDAL TEQUILERA DE AMATITAN y la tequilera "Tequila el Regional" y/o "Tequilera de Amatitlán".

24. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a valorar la posibilidad de incluir al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dentro de las Zonas Económicas Especiales.

25. Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a hacer público el Informe Anual de la Calidad del Aire 2015, a fin de garantizar la protección de la salud de la población, ante la problemática ambiental en la entidad.

26. Por el que se solicita emitir un reconocimiento a Petróleos Mexicanos por el sentido de responsabilidad ambiental y social que ha demostrado a través de la gestión de los Parques Ecológicos "Jaguaroundi" y "Tuzandépetl".

27. Que exhorta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía a realizar un nuevo diagnóstico energético básico a las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de identificar, evaluar y proponer las mejores medidas de aprovechamiento sustentable y ahorro de la energía en dicho inmueble.

28. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar exámenes de control de confianza al personal que labora en los verificentros de la Megalópolis, a efecto de eliminar la corrupción que impera en dichos establecimientos.

29. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a  realizar las investigaciones del derrame ocurrido el 26 de junio del presente año, en la mina "La Encantada" de forma   expedita.

30. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a hacer del conocimiento público los principales motivos por los que incrementó en 355.6% los reclamos de BANSEFI.

31. Por el que se considera sin materia la proposición que solicitaba información sobre los precios de los combustibles en el país.

Sin discusión, los treinta y un dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a las autoridades administrativas de los distintos órdenes de gobierno a no disponer de manera partidista de las instalaciones de gobierno o de los espacios públicos; y exhorta al Instituto Nacional Electoral a emprender campañas de cultura democrática entre los diferentes niveles de gobierno y la población.- Intervino la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta a informar sobre las sanciones administrativas y penales promovidas por presuntas violaciones y omisiones en materia ambiental y de vida silvestre relacionadas con la Granja Interactiva del Parque Ecológico Cuitláhuac, durante la administración 2009-2012 de la Delegación Iztapalapa.- Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las acciones de gobierno implementadas   para prevenir las inundaciones en la Ciudad, provocadas por precipitaciones pluviales.- Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

4. Por el que se solicita a los congresos de las entidades federativas un informe sobre las adecuaciones realizadas a sus respectivas legislaciones, en el marco del artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo 1 del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.- Intervino el Diputado Edgar Romo García del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

5. Que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una investigación exhaustiva por el presunto desvío de recursos materiales y humanos por parte del Jefe Delegacional en Tláhuac.- Intervinieron los legisladores: Diputado Virgilio Dante Caballero   Pedraza de MORENA; y Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que la Comisión Permanente celebra la suscripción del "Acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas y las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales", entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo, en La Habana, Cuba, el pasado 23 de junio.- Intervino la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

PRESIDE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

2. Que exhorta a la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Servicio de Administración Tributaria a reforzar las acciones para prevenir y sancionar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, a fin de salvaguardar la salud de las y los mexicanos.- Intervino el Senador Sofío Ramírez Hernández del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. Que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer las acciones necesarias para combatir, reducir y sancionar la trata de personas con fines de explotación sexual y de trabajos forzados en México.- Intervinieron las legisladoras: Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI; y Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal del Gobierno Federal, así como a la Comisión Forestal del Gobierno del Estado de Michoacán, para que lleven a cabo acciones coordinadas, eficientes y eficaces, dirigidas a robustecer la masa arbórea de la entidad.- Intervino el Senador Jesús Casillas Romero del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que lleve a cabo programas de orientación para las radios comunitarias e indígenas, a fin de que a través de acciones afirmativas se   permita garantizar el acceso de las comunidades a los medios de comunicación en su lengua materna y para que en el marco de la ley se promueva la inclusión.- Intervino el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de MORENA, quien presentó propuesta de modificación, la cual no fue aceptada por la Asamblea. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. Que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en conjunto con la Secretaría de Educación y los Gobiernos de las Entidades Federativas, en el marco de sus respectivas atribuciones, implementen campañas permanentes de concientización sobre el daño que ocasiona a los ecosistemas el tráfico y el comercio ilícito de flora y fauna silvestre, así como el desarrollo de programas de educación ambiental.- Intervino la Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, relativo al deporte en México y la participación de deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos.-Intervinieron los legisladores: Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich de MC, quien presentó propuesta de modificación, la cual no fue aceptada por la Asamblea; Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de MORENA; Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano del PT; Senador Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD, quien presentó punto de Acuerdo para que la Cámara de Senadores exhorte al Poder Ejecutivo a destituir al señor Alfredo Castillo Cervantes; para que constituya una comisión especial de trabajo y se inicie en las Cámaras del Congreso una nueva política de estado en materia olímpica y deportiva, el cual se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores; Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Senador Jesús Casillas Romero del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre, Hilda Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona una nueva fracción IV, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes, al artículo Único del Decreto por el que se establece el horario estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se deroga el octavo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 12 y se modifica la fracción V del artículo 14 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, con proyecto de Decreto que modifica los artículos 1, 2 y 3, fracciones I y IV; 4; 52; y 56, fracciones X, XI, XII y XIII de la Ley Federal de Competencia Económica.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma la fracción XXIX del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Extradición Internacional, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la Ley General de Víctimas, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dela Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.- Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 1 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Código de Justicia Militar, de la Ley del Servicio Militar, de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el inciso g) del artículo 21 y reforma la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 214 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Flor Estela Rentería Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ana María Boone Godoy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción III al artículo 343-E, así como un nuevo artículo 343-F a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Flores Estela Rentería Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ana María Boone Godoy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 14, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Flor Estela Rentería Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un nuevo párrafo décimo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ana María Boone Godoy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley de Transición Energética.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de la Casa de Moneda de México, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley de Sistemas de Pagos, la Ley de Uniones de Crédito, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Registro Público Vehicular, la Ley del Seguro Social, la Ley del Servicio de Administración Tributaria, la Ley Federal de Derechos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley Orgánica de Nacional Financiera, la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley sobre el Contrato de Seguros y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, para el cambio de denominación de Distrito Federal por Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Expropiación, de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, de la Ley de Uniones de Crédito, de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, d la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley Federal de Seguridad Privada, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de la Ley sobre Delitos de Imprenta y de Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que determine si las actividades de difusión y promoción personal del gobernador del estado de Puebla constituyen actos anticipados de campaña.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a garantizar el derecho a la protección de la salud en el estado de Coahuila, y a atender los hechos sucedidos recientemente en el Hospital General de Torreón.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo sobre las acciones realizadas para erradicar los incendios forestales, la tala y cacería ilegal, los cambios de uso de suelo, la ganadería extensiva, la expansión de la frontera agrícola y la tala de especies de maderas preciosas dentro de su superficie del área de protección de flora y fauna Chan-Kin.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a redoblar sus esfuerzos para preservar y garantizar los derechos de los usuarios que contratan servicios móviles de voz y datos; así como intensificar sus acciones de inspección y, en su caso, proceder a sancionar a las empresas de telecomunicaciones que presten e infrinjan dicho servicio.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Juan Romero Tenorio, Araceli Damián González, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Jesús Emiliano Álvarez López y María Chávez García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el ataque directo y asesinato de Armando Morales Jarquin, militante de Morena, ocurrido el 29 de julio de 2016; y exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Procurador General de Justicia de la Ciudad a esclarecer el homicidio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar diversas acciones de mejoramiento a la vialidad denominada “Anillo Periférico Manuel Gómez Morín”, en el área metropolitana de Guadalajara, a fin de garantizar el derecho a la movilidad de los usuarios.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a solicitar una investigación integral en relación a la compra de terrenos por parte del gobierno del estado para la construcción de diversas obras en la entidad entre octubre de 2006 y julio de 2016.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a cumplir con su misión de contribuir a la gobernabilidad democrática, a la paz pública y al desarrollo político a través de una buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía, garantizando la unidad y seguridad nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las personas en un Estado de Derecho.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo a la extracción de ámbar en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a que, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, organicen en la Ciudad de México una carrera anual atlético-ciclista, con el objetivo de fomentar el deporte y la actividad física entre la sociedad mexicana.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe de los alcances de la política de despidos, jubilaciones y otras medidas de recorte de personal emprendidas por esta empresa, sus subsidiarias y filiales; y para que, en particular, se respete el derecho al trabajo o a la jubilación del Ing. Arturo Luis Roque, ex gerente del Complejo Cangrejera.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua a esclarecer el asesinato de la activista Marisela Escobedo y el de su hija Rubí Frayre Escobedo; así como al titular del Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que remita un informe sobre el cumplimiento de la recomendación 44/2013 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría del gobierno del Estado de Michoacán a llevar a cabo una investigación exhaustiva en relación a la contratación y uso de helicópteros por parte del gobernador del estado.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a aceptar la sentencia dictada a favor del ciudadano Ildefonso Zamora Baldomero, por el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en el Estado de México, a efecto de que la misma no sea recurrida y el quejoso sea puesto en libertad.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala y del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal para proteger a las especies en peligro de extinción y se exhorta a las autoridades ambientales estatales a integrarse a dicho esfuerzo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría de desempeño al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León a investigar al ex alcalde de Monterrey y al ex director de Protección Civil, por presuntas responsabilidades en el incendio del Casino Royale.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Gerardo Sánchez García, Diva Gastélum Bajo, Carmen Dorantes Martínez, Miguel Romo Medina y de los Diputados Raúl Domínguez Rex y Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a analizar, reestructurar e implementar las acciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad pública y establezca metas para disminuir los actos delictivos que se han incrementado en la entidad.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se llama a comparecer a la titular de la Procuraduría General de la República para que detalle las acciones y estrategias que ha llevado la Subprocuraduría Especializada en Desaparición Forzada, a efecto de consolidar una estrategia efectiva en contra de este fenómeno.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala y del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades encargadas de los zoológicos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a mantener actualizada la información de los expedientes médico-veterinarios de los animales que se encuentran en sus instalaciones, con el objeto de valorar permanentemente el estado de su salud.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Virgilio Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, a nombre de los Diputados Ernestina Godoy Ramos, Cuitláhuac García Jiménez, Juan Romero Tenorio, Irma Rebeca López López, María Chávez García, Vidal Llerenas Morales, Ariadna Montiel Reyes, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Araceli Damián González, Emiliano Álvarez López, Alicia Barrientos Pantoja, Laura Beatriz Esquivel Valdez, Norma Xóchitl Hernández Colín, Guadalupe Hernández Correa y Rodrigo Abdala Dartigues, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar una campaña para promocionar los derechos humanos por orientación sexual e identidad de género.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales faltantes, principalmente al del estado de Sonora, a fin de expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes conforme a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a ofrecer estímulos fiscales para donaciones de dispositivos electrónicos a escuelas de educación básica y media superior.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se invita al Colegio Nacional del Notariado Mexicano a instalar un módulo de atención en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro y del Senado de la República durante el mes de septiembre, con motivo de la campaña “Septiembre Mes del Testamento”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García, Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Venegas, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Jesús Serrano Lora y Concepción Villa González, del grupo parlamentario de Morena,con punto de Acuerdo relativo a las afectaciones generadas por la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el municipio de Texcoco, Estado de México.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y municipales de 32 entidades federativas a incrementar la coordinación entre sus respectivas unidades de protección civil y gestión de riesgos para llevar a cabo medidas de mitigación de riesgos; de resguardo de la integridad física y vida de la población, y de disminución de eventos adversos, originados por el almacenamiento, uso, comercialización y manejo de fuegos pirotécnicos, en ferias y festividades tradicionales y patronales.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas y a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a emprender acciones para promover la ciencia, tecnología e innovación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De Legisladores de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a convocar a los concesionarios de telefonía celular a instalar una antena de interconexión en la localidad de Ruiz Cortines, estado de Veracruz, con el fin de concluir con el aislamiento que pone en riesgo la producción, el trabajo y la salud de los habitantes.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a implementar una nueva estrategia de combate al secuestro en esa entidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a incluir en su carta de programación una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia, en virtud de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. - Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobernadores y alcaldes electos el pasado 5 de junio, a incluir en sus gabinetes la perspectiva de género y la integración de jóvenes.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema de Administración Tributaria a presentar un informe sobre el estado que guardan las donaciones de alimentos en los últimos cinco ejercicios fiscales.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que los comercios y escuelas particulares no transgredan los derechos de consumidor de los padres de familia ante el próximo inicio del ciclo escolar 2016-2017; a la Secretaría de Educación Pública y gobiernos de las entidades federativas a verificar que las escuelas particulares cuenten con el reconocimiento de validez oficial e implementen acciones para prevenir y evitar el cobro de cuotas escolares en escuelas públicas.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a instrumentar los programas necesarios, estrategias oportunas y políticas públicas eficientes, con el objeto de promover y consolidar, diversos incentivos para la formalidad laboral en la entidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a transparentar la compra de silbatos contra el acoso del Programa “Vive Segura”.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a buscar alternativas de circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad de ciclistas y automovilistas, sin suprimir la utilización de la “Ciclo Ruta Boreal”, con motivo de las obras de reconstrucción del periférico de la zona metropolitana de Guadalajara.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos y Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a FINRURAL y ASERCA a ofrecer apoyos de capacitación para evitar la pérdida de alimentos en la etapa de producción.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la atención de las personas con psoriasis, especialmente las que habitan en las zonas más vulnerables del país.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita realizar un diagnóstico de los protocolos aplicados durante la emergencia que afectó a los estados de Puebla y Veracruz; y en base a los resultados obtenidos se redoblen los esfuerzos para evitar la lamentable pérdida de vidas humanas.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Armonización Contable del estado de Michoacán de Ocampo a cumplir con los plazos y las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de armonización contable.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los gobernadores y presidentes municipales de la frontera norte del país y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a coordinar esfuerzos para el establecimiento de espacios públicos binacionales.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo en relación con la entrega de una partida extraordinaria en el actual ejercicio fiscal, destinada al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a ampliar y promocionar la lista de productos del estado de Sinaloa, dentro de su programa de rutas gastronómicas.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Araceli Damián González, María Antonia Cárdenas Mariscal, Ángel Antonio de la Piedra, Juan Romero Tenorio, Cuitláhuac García Jiménez y Alfredo Basurto Román, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de Humberto Ortiz García, ex dirigente de Morena en Jalisco, ocurrido el 12 de agosto de 2016 y solicita a la Procuraduría General de la República que en uso de sus facultades atraiga el caso.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, de las Diputadas Xitlalic Ceja García y Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán y de los Diputados Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Chabel Jorge Estefan Chidiac, Carlos Barragán Amador, Alejandro Armenta Mier y José Lorenzo Rivera Sosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta los hechos ocurridos en los municipios de Puebla y externas sus condolencias a las familias que perdieron a sus familiares y se solidariza con personas que sufrieron lesiones.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar las medidas necesarias a fin de disminuir la grave inseguridad que padecen los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y a que presente un informe sobre el destino de los miles de millones de pesos obtenidos tras el aumento de 66% a la tarifa de dicho Sistema.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, a que, en cumplimiento al Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano, se ejecuten las acciones de remediación consistentes en la regeneración natural de la superficie de los basureros de la zona de Picachos, ya sea para uso paisajístico, parque recreativo o reserva natural.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Agraria a tutelar los derechos de los ejidatarios del Ejido Valladolid, ubicado en el municipio del mismo nombre en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Salvador Zamora Zamora, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a Liconsa S.A. de C.V. a privilegiar la compra de leche a los productores nacionales por sobre las importaciones que realiza.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados del grupo     parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en materia de fiscalización, investigue si las 206 giras realizadas durante la campaña de 2015 por el ciudadano  Andrés Manuel López Obrador, Presidente de Morena, fueron reportadas en los informes de gastos de ese instituto político.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo una investigación referente a la adquisición de Agro Nitrogenados, S.A de C.V., por parte de Petróleos Mexicanos.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a comparecer para informar sobre las acciones realizadas en la región de la Tierra Caliente del estado de Guerrero, derivadas del asesinato el 23 de julio de 2016, del presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas estatales en cuyos Códigos Penales se contempla al matrimonio como motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, a revisar y modificar su legislación, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Salvador Zamora Zamora, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre los pagos de incentivos a productores de maíz y frijol.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre la solventación de las observaciones por más de 77 millones de pesos de diversos fondos dirigidos a la salud en el estado de Sonora durante el ejercicio fiscal 2014, gobernado entonces por el Sr. Guillermo Padrés Elías.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar el proceso de importación de leche por parte de Liconsa para el ejercicio 2016 y se cita a comparecer al Director General de Liconsa para que explique las causas de la importación de leche a sobreprecio.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, municipales y delegacionales a promover estrategias y políticas públicas para enfrentar el desperdicio de alimentos.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública a transparentar toda la información relacionada con las irregularidades detectadas en las compras, subejercicios presupuestales y desvío de recursos de los desaparecidos programas “Habilidades Digitales para Todos” y “Aulas Telemáticas en Primaria”, instrumentados por la subsecretaría de Educación Básica durante el periodo 2007-2012.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Elva Lidia Valles Olvera, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los Secretarios de Energía y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Procurador Agrario a cumplir en tiempo y forma con las disposiciones que establece la Ley de Hidrocarburos para garantizar los derechos de los sujetos agrarios ante las empresas inversionistas en el mecanismo de negociación para el uso y ocupación superficial de la propiedad social.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de Puebla y Veracruz a rendir un informe sobre el paso de la tormenta Earl en su territorio y de las medidas de protección civil adoptadas.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a sus órganos administrativos a informar sobre las acciones administrativas y/o penales presentadas en contra de los funcionarios que cobraban sueldos en diferentes áreas de la administración pública de manera simultánea, detectados en el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2014.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar y aplicar las medidas correctivas correspondientes por el derrame ocurrido en la mina “La Encantada”, ubicada en el municipio de Ocampo, en Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular     de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a establecer un programa compensatorio de ingresos para los trabajadores.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas a verificar y, en su caso, realizar las acciones necesarias para dar puntual cumplimiento al mandato contenido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el derecho a la identidad.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a presentar una controversia constitucional en contra de las reformas alentadas por el titular del Poder Ejecutivo en el estado de Chihuahua en materia de deuda pública en la entidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo respecto al informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al primer semestre de 2016.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo el que se llama a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública para que comparezcan y expliquen el estado que guardan las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, respecto al conflicto magisterial que gira en torno a la implementación de la reforma educativa.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Salud del estado de Coahuila a dotar de personal y materiales de salud necesarios para poder brindar un servicio de calidad en los hospitales generales de salud en ese estado.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales de los estados a vincular a sus disposiciones civiles en materia de condominios, a las asociaciones civiles debidamente protocolizadas ante notario, para que sean vinculadas al régimen de responsabilidades condominales, trátese de una calle cerrada o bien de un asentamiento cerrado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Coahuila a rediseñar la carretera 57, que corre de México a Saltillo, a la altura del municipio de Arteaga, conocido como “Los Chorros”.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México a informar las condiciones y estatus mediante el cual se dio la concesión del terreno que se ubica a inmediaciones del Bosque de Chapultepec, el estatus actual de todos los trámites de uso del suelo, construcción y autorizaciones medio ambientales en los tres órdenes de gobierno, a efecto de que se cuente con información concreta y actualizada sobre este proyecto.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de las secretarías de educación de las entidades federativas a implementar estrategias de difusión de las medidas de prevención de delitos cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes a través de medios electrónicos.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores se proponga para fungir como interlocutor entre el gobierno de la República de Cuba y los grupos de la sociedad civil disidentes.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a contemplar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de regulación de marchas.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Héctor David Flores Ávalos y Ernesto Ruffo Appel y de los Diputados Máximo García López y Federico Döring Casar, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a crear un fondo para la atención de migrantes extranjeros en zonas fronterizas.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación una partida específica para aportar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ayudarla en la crisis financiera que atraviesa.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a implementar políticas públicas y programas de prevención social de la violencia y delincuencia para adolescentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a realizar las acciones necesarias para atender la problemática de invasión de predios en la Delegación Tláhuac.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Registro Agrario Nacional y a la Secretaría de la Función Pública a informar e iniciar las acciones correspondientes sobre el caso del “Contrato de Usufructo-Ejido Cozumel” a favor del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.- Se turnó a la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a intervenir para construir el diálogo en el estado de Morelos, ante la crisis social y política que se vive en la entidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que destituya al Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Auditoría Superior de la Federación a que fiscalice el gasto asignado a ese órgano y por el que se constituye una Comisión Especial para la formación de una Política Deportiva de Estado.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Peatón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario de Fidel Castro Ruz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención en el marco del Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas y citó para la siguiente sesión el día miércoles veinticuatro de agosto, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la ceremonia de transmisión del Mando Supremo de la República del Perú y de su Visita de Estado a la República Argentina, del 27 al 29 de julio de 2016.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2016, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió un oficio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el informe final de la evaluación de diseño del programa presupuestario S274 “Programa de Apoyo a la Vivienda” a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Remítase el informe a las Comisiones de Desarrollo Social y de Vivienda de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que informa que durante el mes de julio de 2016 únicamente se destinaron mercancías perecederas y de fácil descomposición o deterioro, que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Remítase dicha documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

PETRÓLEOS MEXICANOS

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió un oficio de Petróleos Mexicanos, con su informe semestral correspondiente al periodo julio-diciembre de 2015, sobre el uso de endeudamiento de la empresa y sus empresas productivas subsidiarias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Remítase a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, con la que remite su informe anual de actividades y su plan de trabajo 2016-2018.







 

Y de la Primera Comisión,







 

y una más de la Segunda Comisión, ambas de la Comisión Permanente, con las que remiten sus respectivos informes finales de actividades.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: También se recibió una comunicación de la Segunda Comisión, con la que devuelve el expediente del punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a observar y, en su caso, emitir las recomendaciones correspondientes por el respeto de los derechos humanos de los jugadores profesionales de la Federación Mexicana en Futbol, presentada el 13 de julio de 2016, y solicita se envíe a la Cámara de Diputados.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Como ha sido solicitado, túrnese el punto de Acuerdo a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió una comunicación suscrita por el Diputado José Bernardo Quezada Salas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia al Diputado José Bernardo Quezada Salas para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.”

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, se concede licencia al Diputado José Bernardo Quezada Salas para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido. Comuníquese a la Cámara de Diputados.





 

El siguiente apartado de nuestra agenda es la presentación de iniciativas. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, para presentar a nombre propio y de los Diputados César Octavio Camacho Quiroz, Pablo Gamboa Miner y Miguel Ángel Sulub Caamal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo VIII al título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIII AL TÍTULO VII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre propio y de los Diputados César Camacho Quiroz, Pablo Gamboa Miner y Miguel Ángel Sulub Caamal, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, estimadas amigas y amigos Senadores. Con su permiso, señora Presidenta.

Esta propuesta que presento ante ustedes tiene por objeto, efectivamente, modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Pero, contra lo que podría parecer o podría esperarse, no se refiere ni a las utilidades de las empresas, ni a los impuestos, específicamente hablando.

El tema de nuestro interés, hoy, es justamente el deporte, el rendimiento deportivo, porque resulta que dentro del diagnóstico realizado por el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, este diagnóstico destaca cuatro puntos como debilidades del sistema deportivo mexicano:

El primero, la falta de hábitos de práctica deportiva. Nadie podrá negar que estos hábitos tendrían que comenzar desde la época más temprana en la vida de las personas.

El segundo, la falta de integración de la iniciativa privada en los programas de activación física. Sí, efectivamente, mientras en otras partes vemos cómo un patrocinio muy fuerte de marcas, de empresas, hace grandes a los atletas y les permite cualquier tipo de mejora, desde contratar preparadores físicos, preparadores psicológicos o hacer giras internacionales, la falta de involucramiento de la iniciativa privada ha sido en México una constante. Hemos hechos incipientes esfuerzos porque esta se amplíe.

Y tercero, también está, como era de esperarse, el monto de los recursos que presupuestamos o que asignamos vía presupuesto al apoyo del deporte.

En consecuencia, están nuestros resultados en el contexto internacional.

Revisando esta iniciativa, con el propósito de explicarla mejor, nos enteramos que existe una institución llamada “Medals-per-Capita”, que en su estudio dice que México ocupa el lugar número 96 de países ganadores de medallas olímpicas, por debajo de Brasil, de Argentina, de Chile, de Cuba y de Jamaica.

Hoy, estimados amigos, no queremos referirnos a cuántas medallas ganamos, sino a cuántas podríamos ganar si los recursos los asignamos a los sistemas deportivos universitarios. Asignémosle recursos a donde se forma la juventud; asignémosle recursos a personas que hoy no pueden gozar de una carrera universitaria y de los beneficios de pertenecer a una institución, a pesar de ser atletas destacados.

Apostémosle a que no sea la improvisación, que no sea la providencia la que nos traiga a los mejores atletas para representarnos, sino todo un sistema donde se pueda escoger, formar, pulir, llevar a la excelencia a los deportistas.

Obviamente esto no podrá ser solamente con el Presupuesto de Egresos de la Federación y, al contrario, resulta que hay muchas empresas deseando poder participar, resulta que hay muchas instituciones buscando la manera de cómo les facilitamos poder aportarle recursos al deporte.

¿En qué consiste nuestra iniciativa? Pues precisamente en eso, en modificar haciendo una visión, un Capítulo VIII al Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

¿En qué consiste esta visión? Precisamente en permitir que las empresas puedan aportar recursos a sistemas deportivos universitarios, ni atletas, en lo personal, ni a una institución pública de deporte, sino a los sistemas universitarios, para que sea ahí donde se formen los deportistas.

El artículo 189 dice que: “Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se traten, aporten a Universidades e Instituciones de Educación Superior para la creación, desarrollo, expansión de programas a su cargo, que tengan como objeto la formación y/o consolidación deportiva de atletas mexicanos de alto rendimiento, contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo, en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta.

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla”.

Es decir, que de tu impuesto sobre la renta pueda otorgarse un estímulo fiscal que se descuente contra el pago que tendrías que hacer hasta por un monto de cien millones de pesos, y hasta acumular un total, un fondo de mil millones de pesos que irían destinados a los sistemas universitarios de formación de atletas.

Eso es lo que queremos.

Queremos no ver al pasado y contar las medallas que hemos obtenido, queremos ver al futuro y contar las medallas que podemos ganar.

La primera de ellas, en la formación de una juventud de excelencia.

La más importante de ellas en la integración de la iniciativa privada, son los esfuerzos que hace hoy el gobierno y que hacen solas las instituciones de educación superior del país.

Estimados amigos, esta es una oportunidad para ganar una medalla de oro; una medalla de oro en justicia, en democracia y en darle a la juventud el lugar que merece en la vida nacional.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los que suscriben, Diputado CÉSAR CAMACHO QUIROZ y Diputado JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 1 del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIII, AL TÍTULO VII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA en materia de Estímulos Fiscales a la Formación y Desarrollo de Atletas de Alto Rendimiento, con base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado mexicano contempla en el artículo 4 de su Constitución, el derecho fundamental a la cultura física y a la práctica del deporte. El derecho antes mencionado, se encuentra reglamentado por la Ley General de Cultura Física y Deporte, que busca fomentar una cultura de salud y deporte.

Asimismo, dentro de las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se encuentra la de México con Educación de Calidad. Dentro de los principales objetivos de la misma, se encuentra la promoción del deporte de manera incluyente como parte fundamental en la generación de una educación integral, que favorezca la promoción de valores tales como la cooperación, convivencia y la disciplina.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 así como del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se creó el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 como un instrumento especial para coadyuvar en la consumación de los objetivos planteados con anterioridad. Este programa tiene dentro de sus funciones realizar un diagnóstico nacional, estatal y municipal de la actividad deportiva en nuestro país.

Conforme al diagnóstico realizado por el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, nuestro país cuenta con diversas debilidades en el ámbito del deporte. Las que destacan entre ellas son1:

Falta de hábitos de práctica deportiva: según el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el mes de noviembre de 2015, sólo el 56% de la población mexicana de 18 años y más es activa físicamente, el 44% restante permanece en la inactividad, y el 30% de la población nunca han practicado deporte.

Falta de integración de la Iniciativa Privada en los programas de Activación Física: actualmente no existen suficientes programas unificados que convoquen a las empresas para que fortalezcan económicamente los esfuerzos por activar físicamente a la población mexicana.

El Monto presupuestal de los recursos destinados al deporte son insuficientes: si se toma en cuenta el presupuesto destinado a la CONADE en 2014, que era de $4,225 millones de pesos, y se divide entre el número de habitantes del censo realizado por el INEGI en 2014 (119 millones 729 mil 273 personas), da como resultado que dentro del monto se contemplan $35.28 pesos por persona. Cabe destacar que en los dos años siguientes el presupuesto asignado a la CONADE se vio reducido considerablemente.

En el 2015 el presupuesto asignado fue de 3,579 millones 748 mil 971 pesos2 y en 2016 es de 2,825 millones 615 mil 876 pesos3.

Resultados del deporte mexicano en el contexto internacional: los resultados deportivos que obtiene México no son proporcionales a la densidad demográfica y la dimensión del país. México ocupó el puesto 39 en el medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012; de entre los 38 países que superaron a nuestro país, 13 se encontraban por debajo de él en los rubros antes mencionados. Por otro lado, desde que México inició su participación en los Juegos Olímpicos, ha estado presente en 21 ediciones, con una participación promedio de 95 atletas. Ha obtenido 62 medallas que representan el 0.43 por ciento del total de medallas entregadas en todas las ediciones.

De acuerdo con un estudio realizado por “Medals per capita” México se encuentra en el lugar número 96, por debajo de países como Brasil, Argentina, Chile, Cuba y Jamaica en el tablero de países que han ganado más medallas per cápita en la historia de los Juegos Olímpicos, desde sus inicios en Atenas 1896 hasta Río de Janeiro 2016. Nuestro país gana una medalla por cada 1,676,664 personas: Brasil gana una medalla por cada 1,514,775; Chile obtiene una por cada 1,338,663; Argentina una por cada 542,122; Cuba una por cada 51,329 y Jamaica una cada 34,690.4

Asimismo, al hacer un comparativo de los atletas de alto rendimiento de algunos países latinoamericanos que participaron en las Olimpiadas de Beijín 2008 hasta Rio 2016, se puede observar que México es uno de los países con el menor número de atletas participantes junto con Cuba y Chile.

País

Deportistas Beijing 2008

Deportistas Londres 2012

Deportistas
Río 2016

México5

85

102

125

Colombia6

68

104

148

Cuba7

158

110

123

Argentina8

138

137

213

Brasil9

277

248

465

Estados Unidos10

596

529

554

Chile11

27

35

42

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante a nivel mundial y provoca el 6% de todas las muertes. A nivel mundial uno de cada cuatro adultos no tiene un nivel suficiente de actividad física, más del 80 por ciento de la población adolescente del mundo no tiene un nivel suficiente de actividad física.12

Por lo anterior y debido a la importancia y trascendencia que tiene el deporte y la activación física para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, prevenir conductas antisociales, promover el sentido de pertenencia y orgullo y construir una nación de ciudadanos íntegros, la presente  iniciativa busca elevar el nivel competitivo del país, a fin de que los atletas de alto rendimiento, puedan contar con más y mejores oportunidades para su preparación.

Para lograr lo anterior, la presente iniciativa busca, que la iniciativa privada pueda apoyar a través de las Universidades e Instituciones de Educación Superior en la formación, desarrollo y consolidación de atletas mexicanos de alto rendimiento.

Se pretende focalizar los apoyos a las Universidades e Instituciones de Educación Superior, ya que estas son las encargadas de fomentar una educación integral, a través de programas educativos multidisciplinarios que incluyen el deporte y la actividad física como elementos esenciales para un desarrollo equilibrado.

Toda vez que el deporte representa un elemento catalizador en la transformación del tejido social y en la calidad de vida de las personas. Él que suscribe busca que lleguen más recursos a más mexicanos en este ámbito. Actualmente, los recursos que se han destinado al deporte han sido insuficientes y los resultados lo demuestran. Los resultados son simplemente un reflejo del esfuerzo y recursos destinados a cualquier actividad. Hoy en México, los recursos para los atletas de alto rendimiento no han sido suficientes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presentamos ante esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, para quedar como sigue:

TÍTULO VII DE LOS ESTÍMULOS FISCALES



CAPÍTULO VIII
DE LOS ESTÍMULOS A LA FORMACIÓN DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.

Artículo 196. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a Universidades e Instituciones de Educación Superior para la creación, desarrollo y/o expansión de programas a su cargo, que tengan como objeto la formación y/o consolidación deportiva de atletas mexicanos de alto rendimiento, contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo, en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta.

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Para los efectos de este artículo, se considerarán como aportaciones a programas para la formación y/o consolidación deportiva de atletas mexicanos de alto rendimiento, a las inversiones que se hagan en territorio nacional, destinadas al apoyo profesional de dichos atletas por parte de médicos, psicólogos, entrenadores, entre otros; así como a la construcción y/o mejoramiento de instalaciones deportivas; becas y viáticos, necesarios para la preparación y entrenamiento, que permitan al deportista participar en preselecciones y selecciones nacionales que representen al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:
I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante de la Comisión Nacional de Cultura  Física y Deporte, uno de Consejo Olímpico Mexicano y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité Interinstitucional y tendrá voto de calidad.

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 1000 millones de pesos por cada ejercicio fiscal para las aportaciones hechas a los programas de formación y/o consolidación deportiva de atletas de alto rendimiento.

III. El estímulo no excederá de 100 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión.

IV. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el día último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los programas de formación y desarrollo deportivo de atletas de alto rendimiento por los cuales fueron merecedores de este beneficio.

V. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO NOVENO. En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente:

XLIX. Para los efectos del artículo 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Comité Interinstitucional publicará las reglas generales para el otorgamiento del estímulo a las aportaciones hechas a los programas de formación y/o consolidación deportiva de atletas de alto rendimiento a más tardar el20 de febrero de 2017.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 24 de agosto de 2016.

1Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018,
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342830&fecha=30/04/2014

2 http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/docs/11/r11_afpe.pdf

3 http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/11/r11_reurgfpp.pdf

4 http://www.medalspercapita.com/#medals-per-capita:all-time

5 http://www.com.org.mx/ Comité Olímpico Mexicano

6 http://www.coc.org.co/ Comité Olímpico Colombiano

7 https://www.olympic.org/cuba Comité Olímpico Cubano

8 http://www.coarg.org.ar/ Comité Olímpico Argentino

9 https://www.cob.org.br Comité Olímpico de Brasil

10 http://www.teamusa.org/

11 http://www.coch.cl/ Comité Olímpico de Chile

12 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/

Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Dip. César Camacho Quiroz, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias a usted, Diputado Ramírez Marín. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia saluda la presencia del ingeniero Roel Rodríguez, administrador de la ciudad de McAllen, Texas; de la licenciada Rebecca Olaguibel, directora de negocios de McAllen; del ingeniero Luis Cantú, vicepresidente de la Cámara de Comercio de McAllen; y del licenciado Alejandro Martínez, integrante del Bufete de Abogados de Migración de McAllen, todas ellos invitados a esta sesión de la Comisión Permanente por el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

¡Sean todos ustedes muy bienvenidos aquí a su casa, el Senado de la República!





 

Tiene la palabra la Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre del Diputado Luis de León Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Presentada por la Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre del Diputado Luis de León Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Genoveva Huerta Villegas: Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores legisladores:

El pleno uso y goce de las tierras en nuestro país obedece a un proceso que se ha inscrito en las páginas de nuestra historia, como uno de los principales mecanismos en aras de garantizar la gobernabilidad democrática con base en una verdadera inclusión social.

Posterior a la reforma al artículo 27 constitucional del año 1992, se declaró prácticamente concluido el reparto agrario y, por ende, la dotación de tierras a ejidos y comunidades. De tal suerte, se puede considerar que el principal efecto de dicha reforma fue cambiar las formas tradicionales de propiedad de la tierra, e incorporar la pertinencia de la posesión social del suelo al mercado mobiliario y urbano.

Por otro lado, hemos sido testigos de cómo nuestra evolución jurídica descansa su efectividad en la inclusión e integralidad de toda la ciudadanía, en donde la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos representa la efectividad de nuestros ordenamientos legales, al momento de asegurar la defensa íntegra a la dignidad inherente de cada ser humano.

Por lo tanto, la salvaguarda de esta herencia demanda de la existencia de un marco jurídico en cuyas disposiciones no haya lugar a ningún tipo de interpretación que pueda alterar el espíritu constitucional, sobre el cual descansa la composición de aquellos órganos encargados de asegurar la efectividad constitucional en favor de la integración efectiva al interior de nuestra sociedad.

No obstante, aún existen ciertas situaciones que es necesario superar, a efecto de abordar con toda puntualidad cómo estarán conformados los órganos de gobierno que aseguren el cumplimiento pleno e irrestricto de una comisión que tiene por objeto, de acuerdo a su propio marco jurídico, el orientar, el coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Actualmente, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su artículo 6, referente a la integración de su Junta de Gobierno continúa contemplando la denominación: “Secretaría de la Reforma Agraria”, aun cuando ésta ya está extinta y cuyas funciones fueron trasladadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Cabe mencionar que en esta ley se establecen una serie de principios en donde se expone la necesidad en torno a la inclusión y consulta con los pueblos y comunidades indígenas para que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente en sus condiciones de vida y su entorno.

Por lo tanto, es menester que no exista ningún tipo de situación que pueda traducirse en un impedimento al momento de dar cumplimiento a tales efectos, a consecuencia de que existan lagunas o vacíos jurídicos.

Señoras y señores legisladores, para Acción Nacional resulta totalmente inviable la creación de un estado de derecho sólido y efectivo, en la medida en que existan riesgos latentes que puedan entorpecer el papel de las instituciones.

Por lo tanto, el actualizar la denominación de las dependencias del gobierno federal, además de armonizar los ordenamientos jurídicos administrativos con las nomenclaturas hoy vigentes, representan la ruta idónea en favor de la efectividad institucional y, en consecuencia, del establecimiento del bien común como parte imperante en el principio de la legalidad.

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II, inciso l) del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de establecer propiamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como integrante de la Junta de Gobierno de dicha Comisión, ya que de esta manera fomentaremos la efectividad de una institución que actúa con la finalidad de dar cumplimiento y asegurar el desarrollo de mandatos constitucionales enfocados en lograr una integración social a la luz de la auténtica gobernabilidad democrática.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El que suscribe, LUIS DE LEÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con anterioridad a la reforma de 1992 al artículo 27 Constitucional, las tierras ejidales que rodean a la mayor parte de las ciudades mexicanas sólo podían incorporarse al desarrollo urbano mediante el mercado ilegal de suelo. Esto era así porque la Ley Agraria que reglamentaba lo relativo a  la tenencia del suelo ejidal prohibía su enajenación y su conversión a usos urbanos a pesar de lo inminente de su urbanización1.

Las autoridades municipales urbanas, por lo tanto, carecían de toda posibilidad de acción para procurar la incorporación ordenada del suelo ejidal al crecimiento urbano. Ello derivó en una doble ilegalidad, la de la venta del ejido y de los terrenos comunales, y la conformación de colonias populares (principalmente) que incumplían la normatividad exigida por las autoridades urbanas para proyectar un desarrollo urbano ordenado2.

Posterior a la reforma al artículo 27 constitucional del año 1992 se declaró prácticamente concluido el reparto agrario y, por ende, la dotación de tierras a ejidos y comunidades. Se puede considerar que el principal efecto de dicha reforma fue precisamente cambiar las formas tradicionales de propiedad de la tierra, e incorporar la pertinencia de la posesión social del suelo al mercado mobiliario urbano.

Desde la entrada en vigor de la referida reforma constitucional, la Secretaría de la Reforma Agraria que fue creada en 1974tendió a desaparecer, dada la nueva dinámica del país en materia agraria, y toda vez que su función se limitó prácticamente al ordenamiento de la propiedad rural y administrar terrenos nacionales y baldíos.

Ahora bien, con fecha 2 de enero de 2013, se expidió el decreto mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con ésta nueva disposición desapareció la denominación de “Secretaría de la Reforma Agraria” y se dio origen a la “Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”3. Al tiempo que se realizó una transferencia entre sus atribuciones con acciones y contenidos concurrentes.

Quedando estipulado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la siguiente manera:

CAPITULO II
De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

 

………

 ……...

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Por su parte, los artículos transitorios del Decreto de referencia señalan,

Quinto.-…...

Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones…..

…..

……

Décimo.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será la dependencia que continuará atendiendo los asuntos pendientes de la materia agraria, en términos de lo establecido por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992.

En ese sentido, y a pesar de lo que se señala en el artículo quinto transitorio antes citado, pudiese valorarse no útil la presente propuesta de iniciativa de ley. Lo cierto es que resulta pertinente actualizar la denominación de las dependencias del Gobierno Federal, además de armonizar los ordenamientos jurídicos-administrativos con las nomenclaturas hoy vigentes. E incluso, realizar una aportación de coherencia normativa al gobernado.

Actualmente, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas4, en su artículo 6, referente a la integración de su Junta de Gobierno, continúa contemplando la denominación: “Secretaría de la Reforma Agraria”. Aun cuando está extinta, y como ya se señaló sus funciones fueron trasladadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Nuestra Carta Fundamental estipula que no obstante que la Administración Pública Federal en su conjunto descansa en el Poder Ejecutivo Federal, concierne a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión el aprobar los ordenamientos jurídicos que establece las bases generales y la distribución de competencias entre las secretarías de estado y las demás dependencias que integran el sector centralizado de la administración pública.

Concretamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5 en su artículo 71, fracción II, señala que compete a los Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión el derecho de iniciar leyes o decretos. Y con ello, también contribuir a la adecuación de los ordenamientos jurídicos vigentes.

Virtud de los razonamientos antes expuestos, el que suscribe somete a consideración de esta Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Único.- se reforma el artículo 6, fracción II, inciso l), de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. …….;

II. El titular de cada una de las siguientes Secretarías de Estado:

a-k)…

l) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

……

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 24 de agosto de 2016.

Dip. Luis de León Martínez Sánchez.

Referencias:

1-2.- Revista electrónica de geografía y ciencias sociales.-http://www.ub.edu
3.- Diario Oficial de la Federación.- 2 de enero de 2013.- www.dof.gob.mx
4.- Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/261_070416.pdf
5.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Huerta Villegas. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.





 

Tiene la palabra el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al Artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Muchas gracias, señora Presidenta. Con la venia de las legisladoras y legisladores de esta Comisión Permanente:

El día de hoy presento ante ustedes una reforma constitucional al artículo 38, y agregarle un último párrafo, que de una manera u otra que sea, se pueda legitimar, o de manera formal dar los instrumentos para que se cumpla, en su caso, la no observancia del artículo 35 y 36 constitucional en el sentido de la obligación que tienen todos los ciudadanos de participar en las jornadas electorales con el voto.

Miren, legisladores, el tema delicado es que se habla de que no hay credibilidad, y hay que decirlo, con los partidos políticos ni con sus propios candidatos que no se legitiman, que de una manera u otra cada vez la ciudadanía se encuentra más escéptica entre el contenido y alcance de las propuestas de los propios candidatos.

Pero también es lamentable que los propios ciudadanos no hagan, de manera clara, valer su decisión a través del mejor instrumento, que es el voto en las jornadas electorales.

Hoy contamos con un sistema democrático y representativo donde gana una elección el que tenga la minoría mayor, y a veces esta minoría mayor se refleja en el 20 por ciento de la voluntad ciudadana, y resulta lo que está pasando ahora con este rechazo de más del 75 por ciento que tiene el Poder Ejecutivo en la figura de su Presidente de la República porque resulta que solamente, en la elección pasada de 2012, solamente votaron aproximadamente el 25 por ciento del total de la lista nominal y, entonces, pues no hay una representación real o no hay una participación real de todos los ciudadanos.

Y hoy lo que presentamos es eso, tenemos que hacer copartícipes y responsables a todos los ciudadanos del quehacer político y de los actos cívicos.

Es un derecho, lo dice el artículo 35 de la Constitución, el poder votar; pero también el artículo 36 señala en su párrafo primero y tercero que es una obligación participar en la lista de electores, así como votar en las jornadas electorales. Y así también el artículo 38 de la misma Constitución señala con precisión que se suspenderán los derechos hasta por un año del ciudadano que no haga o no cumpla con esa obligación, instituida en la Constitución, de votar el día de la jornada electoral.

Por ello, queremos agregar un último párrafo para hacer exigible esa obligación al ciudadano: primero, dotando a los tribunales electorales de la facultad, de la competencia para conocer en materia de derechos electorales y puedan, en su caso, conocer de estos asuntos; y segundo, generarle la atribución al Instituto Nacional Electoral para que sea éste el que tenga la atribución de solicitar que se inicie un procedimiento en contra de los ciudadanos que no participen del día de la jornada electoral.

Porque, miren, si lográramos que votaran por lo menos el 90 por ciento y entonces el partido que ganara con una mayoría que representaría de manera clara el interés y la voluntad del pueblo mexicano, en su caso del Estado o en su caso del municipio; pero de otra manera lo único que está pasando es que estamos generando una cultura de la abstención donde quien gana, pues no es el que tenga mejor representación, sino el que tenga mejores condiciones para llevar a la gente a participar a las urnas.

Sabemos que los mecanismos que se usan de manera clara, pues no son los más idóneos o los más adecuados para que la gente participe, sino es a través de la dádiva, de la compra del voto, de la compra de voluntades como se gana una elección.

Queremos que se gane con la participación y con la voluntad del ciudadano, queremos respeto irrestricto, pero también el ciudadano tiene que brindárselo a este proceso y tendrá de manera clara que tener la obligatoriedad de participar en las jornadas electorales.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

JUSTIFICACIÓN

En democracia la participación política juega un rol fundamental, ya que es la actividad de los ciudadanos lo que permite influir e intervenir en la designación de sus gobernantes o bien incidir en la formación de la política estatal. De esta forma los ciudadanos legitiman y dan sentido al gobierno que es electo, en esta idea el voto de los ciudadanos resulta vital para el Sistema democrático.

En contraparte de la participación política, encontramos al abstencionismo, donde los ciudadanos no participan los diferentes eventos de la vida política de un país; y se manifiesta de forma clara cuando aquellos no ejercen su derecho ni cumplen con la obligación cívica de votar en los procesos electorales.

En tal sentido, consideramos necesario establecer mecanismos legales y/o jurisdiccionales que propicien la participación ciudadana y con ello, dotar de una mayor legitimidad popular a los gobiernos electos mediante sufragio.

ARGUMENTOS

La participación electoral debe ser una preocupación fundamental de los regímenes democráticos. Si bien las reformas electorales se suelen concentrar en generar la competencia justa y libre en elecciones, lo cierto es que en nuestro país se debe asumir como verdadero reto la abstención electoral y por ende la no participación electoral que es un síntoma de debilidad en nuestra vida democrática.

Debemos recordar que en la elección de diputados federales del año 2015, conforme a los cómputos finales avalados por el Instituto Nacional Electoral, la participación electoral fue de apenas el 49.05 % y por ende el abstencionismo de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral fue del 50.95 %. Existen casos que resultan alarmantes como el de Baja California donde el abstencionismo alcanzo el 70 % y con solo 30 % de electores se determinó a los representantes populares. Otro caso similar es el de Chihuahua donde el abstencionismo fue del 67.8%.  En situación muy similar se encuentran los estados de Aguascalientes, Quintana Roo y Tlaxcala, estados que presentaron un abstencionismo mayor al sesenta por ciento. Estos números no son un caso aislado, por ejemplo, desde el año de 1994 al año 2013 en la elección de Presidente de la Republica el abstencionismo ha venido en ascenso, en 1994 el abstencionismo fue de solo 22.84 %, y en el año 2000 la cifra subió al 36.03 %, alcanzando la cifra record en el año 2006, cuando el abstencionismo llego al 41.45 %, en contraste en la elección del año 2012 el abstencionismo fue del 36.86%.

No pretendemos realizar un estudio detallado de los datos electorales que se han venido dando en cada una de las elecciones, con los datos señalados solo pretendemos reflejar lo que ya es del conocimiento público, que el abstencionismo es un tema grave en nuestra democracia y que se deben adoptar los mecanismos legales que propicien la participación ciudadana. El abstencionismo resulta grave porque resulta que con menos del 20 % de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral se puede determinar a un presidente de la república como ya ocurrió en el año 2006, cuando lo deseable es que cualquier representante popular cuente con un mayor respaldo ciudadano.

Otro tema que se debe considerar, es que el abstencionismo permite incidir en la votación de las casillas, pues a menor participación electoral la compra de votos puede jugar un papel determinante e incidir directamente en el resultado electoral, alterando de este modo la verdadera voluntad ciudadana. Otro punto relacionado con el abstencionismo es el de la integración de casillas, pues cada vez resulta más difícil convencer a los ciudadanos de integrar las casillas como funcionarios de la misma y en no pocas ocasiones, se sabe que muchos ciudadanos piden un pago por su participación como funcionarios de casilla.

Ahora bien, ¿Cómo podemos disminuir el abstencionismo?, en el mundo podemos observar que existen diferentes formas y variantes entorno a la obligatoriedad de la emisión del voto. Por ejemplo, entre el siglo XIX y XX en algunos países de Europa se estableció la obligatoriedad del voto y se penalizaba la abstención, regularmente con multas económicas (Bélgica (1893), Holanda y Luxemburgo (1917), Francia, Italia, algunos Länder austríacos y cantones suizos). Con el trascurso del tiempo, en esos países, se ha abolido la norma de obligatoriedad, sin que ello redujera los niveles de participación electoral. Lo cierto es que puede afirmarse que la norma de obligatoriedad legal reduce en gran medida las cifras de abstención mientras está vigente, e incluso abolida la obligatoriedad los países que han convivido con dicha norma siguen presentando niveles relativamente mucho más bajos de abstención electoral.

En el caso de Latinoamérica, observamos que en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Venezuela, el voto resulta obligatorio y se sanciona regularmente con multa económica, en estos países el nivel de participación ciudadana en las urnas resulta más alto, que en aquellos países que no cuentan con medidas de obligatoriedad.

Si bien la sanción no es el ideal democrático, la situación nos obliga a regular las sanciones que ya establece la Constitución, a efecto de generar conciencia democrática en la ciudadanía.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, observamos que el sufragio se encuentra contemplado en los artículos 35 fracción I y en el artículo 36 fracción III. El artículo 35 lo refiere como un derecho y el artículo 36 establece que es una obligación y como toda obligación resulta sancionable mediante la suspensión, tal y como lo establece el artículo 38 que a la letra señala:

“Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;”

Esta norma permite sancionar a los ciudadanos mediante la suspensión de los derechos o prerrogativas por un año, para el caso del derecho de votar entendemos que la suspensión sería en los derechos político – electorales, esto es en el derecho de votar y de ser votado y la pena duraría un año. Pena que consideramos apropiada, dado que la sanción se relaciona de forma directa con la obligación que no se cumple y la sanción se circunscribe a la materia de la que deriva, la medida es proporcional a su incumplimiento y como sanción es ejemplificativa. Además de que al sancionar el incumplimiento de una obligación ciudadana se contribuye al fortalecimiento de la cultura de la legalidad, paso indispensable en la construcción de un país más democrático. Por otra parte, no juzgamos conveniente que se impongan sanciones económicas por incumplir la obligación de votar, como sucede en otros países, pues resultaría injusto para los ciudadanos, ello considerando la difícil situación económica del país.

Ahora bien, esta disposición Constitucional actualmente no cuenta con un procedimiento concreto que haga exigible la obligación de votar, como tampoco cuenta con una autoridad competente que pueda aplicar la sanción señalada en la fracción I del referido artículo. En tal sentido es necesario complementar las normas que permitan imponer las sanciones que sean necesarias.

En esta idea, para poder implementar un procedimiento o mecanismo que permita la imposición de sanciones, es deber primero dotar de competencia a los tribunales electorales en materia de suspensión de los derechos político - electorales por incumplimiento de la obligación señalada en el artículo 36 fracción III de nuestra Constitución. También es necesario que el Instituto Nacional Electoral, cuente con atribuciones para que, en determinado momento, pueda iniciar el procedimiento de suspensión de derechos por incumplimiento de las obligaciones electorales ante los tribunales competentes.

Consideramos que la suspensión de derechos debe ser una medida final y no debe ser la única medida que combata el incumplimiento de las obligaciones electorales de votar e integrar las casillas, por el contrario en diversas leyes se deben establecer medidas que permitan las sanciones o incluso medidas de promoción del derecho de voto, sin embargo en un primer momento es necesario hacer las modificaciones Constitucionales propuestas a fin de generar el marco jurídico que permita instaurar el procedimiento de suspensión de derechos.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

UNICO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I a VI …

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

En el caso del incumplimiento de las obligaciones electorales señaladas en las fracciones I y III del artículo 36 de esta Constitución, corresponde al Instituto Nacional Electoral solicitar la suspensión de derechos y a las autoridades electorales jurisdiccionales de los Estados determinar la sanción aplicable, que podrá ser revisada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TRANSITORIO

Único. El Congreso de la Unión contará con ciento veinte días para realizar las modificaciones legales a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación a efecto de instaurar el procedimiento de suspensión de derechos y realice las modificaciones legislativas que de mejor manera impulsen la promoción del voto e integración de casillas. Plazo que comenzará a correr una vez que se haya cumplido el procedimiento señalado en el artículo 135 de la Constitución.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de agosto de 2016.

Suscribe

Dip. Omar Ortega Álvarez.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Diputado Ortega Álvarez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.





 

Se concede la palabra al Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre de la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre de la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena)

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Compañeros, buenas tardes.

La siguiente presentación la hago en nombre de la Diputada Norma Rocío Nahle García.

La iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor que presenta hoy el grupo parlamentario de Morena, complementa a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada también por el grupo parlamentario de Morena en la sesión pasada de esta Comisión Permanente.

El origen de estas iniciativas, se encuentra en la petición válida que la unión de técnicos en electrónica y similares de Coatzacoalcos y sur de Veracruz hiciera a la Diputada Rocío Nahle, de legislar en el Congreso de la Unión en favor de este gremio y del consumidor a nivel nacional.

La tendencia del consumismo se ha venido incrementando sustancialmente con el avance tecnológico en las telecomunicaciones y en electrónica. Si bien el avance tecnológico y el científico han traído grandes beneficios a la humanidad, también es cierto que bajo el esquema de producción en el que vivimos el consumo desmedido y el innecesario son favorecidos desde diferentes ámbitos.

Uno de ellos, es la obsolescencia programada por los propios fabricantes, la cual constituye una práctica común en las grandes empresas nacionales y transnacionales productoras de aparatos eléctricos y electrónicos. Complementariamente, esas empresas no suministran las refacciones que permitirían la reparación de los productos y, en caso de hacerlo, surten esas partes exclusivamente a centros autorizados por ellas mismas, violando los principios de la libre competencia y el derecho del consumidor a que sus bienes sean reparados.

Se trata de prácticas consumistas y de producción con efectos negativos en el consumidor final, en especial en el de menores ingresos. También impacta negativamente en las oportunidades de trabajo de los técnicos reparadores de aparatos eléctricos y electrónicos independientes que no pueden acceder a las refacciones o lo hacen a precios que hacen incosteable la reparación, debido al monopolio que existe en la producción y venta de esas partes. Asimismo, daña el mercado formal al fomentarse la producción de refacciones que no cuentan con las especificaciones requeridas. Finalmente, impide a la industria nacional incorporarse a la cadena de producción de esos aparatos, fabricando partes y refacciones que cumplan con las especificaciones nacionales e internacionales requeridas.

Este conjunto de elementos, desde la inducción al consumidor a desechar los productos, hasta la producción sin normatividad de algunas refacciones, impacta de manera negativa en el medio ambiente.

Debido al consumo intensivo de materiales, la disponibilidad de algunas materias primas se ha convertido en un punto de fricción política y económica, tanto en los gobiernos como en las empresas.

Por ello, es necesario que la sociedad en su conjunto, enfrente este desafío actuando:

En la reutilización y reparación de productos, dándoles una segunda o tercera vida, la que no sólo beneficiaría al medio ambiente, sino también a los consumidores.

Es necesario también reciclar e invertir en tecnologías comercialmente viables que permitan recuperar todos los materiales de los residuos, avanzando hacia un modelo económico circular en cuanto a sus flujos de materiales.

Otra medida importante, es que las grandes empresas nacionales y transnacionales se hagan responsables de sus desechos tecnológicos. Los cuales son potencialmente peligrosos para el medio ambiente.

Desde el punto de vista de Morena que lucha por una sociedad más igualitaria con oportunidades para todos, la oferta de productos de alta durabilidad y de servicios complementarios relacionados con su mantenimiento y reparación, deben ser parte de la competencia económica y la libre concurrencia. Lo que adicionalmente permitiría al consumidor acceder a mejores productos, a mejores precios y al mantenimiento y reparación de sus bienes.

Muchas gracias.

Iniciativa

Quien suscribe, NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, Diputada en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, fracción I, y 77 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformas diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objeto de la presente iniciativa es proteger al consumidor, tanto intermedio como final, de aparatos eléctricos y electrónicos y al medio ambiente.

La tendencia del consumismo se ha venido incrementado sustancialmente con el avance tecnológico en las telecomunicaciones y en la electrónica. Si bien este avance y el científico han traído grandes beneficios a la humanidad también es cierto que bajo el esquema de producción en el que vivimos el consumo desmedido y el innecesario son favorecidos desde diferentes ámbitos.

El mal funcionamiento de un producto constituye una razón justificada para sustituirlo por otro, el producto original se ha vuelto obsoleto. Sin embargo, es necesario señalar la existencia de una obsolescencia programada y que existen diversos tipos de la misma:

• Obsolescencia por función: cuando un bien se vuelve obsoleto por un mal funcionamiento programado por el productor del bien;

• Obsolescencia de calidad: cuando un bien sustituye a otro por ofrecer una función superior y;

• Obsolescencia aspiracional: cuando un bien deja de ser deseado por razones exclusivas de moda o estilo, es decir, aun cuando el bien original siga siendo completamente funcional y/o el sustituto no sea mejor.

Se trata de prácticas consumistas y de producción con efectos negativos en el consumidor y el medio ambiente.

La obsolescencia programada por los fabricantes constituye una práctica común en las grandes empresas transnacionales productoras de aparatos eléctricos y electrónicos. Adicional a la obsolescencia programada, esas empresas no fabrican las refacciones que permitirían la reparación de los productos y, en caso de hacerlo, surten esas partes exclusivamente a centros autorizados por ellas mismas, violando los principios de la libre competencia y el derecho del consumidor a que sus bienes sean reparados.

De esa manera se afecta al consumidor final, en especial a los de menores ingresos; a los técnicos reparadores de aparatos eléctricos y electrónicos independientes --que por su actividad son consumidores y proveedores de servicios-- que no pueden acceder a las refacciones o lo hacen a precios que hacen incosteable la reparación, debido a que existe un monopolio de las refacciones; al mercado formal debido a que se fomenta la producción de refacciones que no cuentan con las especificaciones requeridas; a la industria nacional que podría incorporarse, de manera formal, a la cadena de producción de esos aparatos produciendo partes y refacciones que cumplan con las especificaciones internacionales requeridas; y al medio ambiente.

Debido al consumo intensivo de materiales, la disponibilidad de algunas materias primas se ha convertido en una preocupación política y económica tanto para los gobiernos como para las empresas. Los materiales escasos y preciosos son esenciales para muchos de los productos que usamos todos los días.

Para romper con el actual modelo de producción lineal basado en fabricar—usar—tirar las empresas y sus cadenas de suministro deberán seguir cuando menos las dos estrategias siguientes: a) establecer formas de producción que logren una reducción efectiva de uso de los recursos energéticos y materiales y b) migrar del modelo actual de negocio basado en la fabricación del producto hacia nuevos negocios que incrementen la complejidad del producto y le incorporen más atributos de servicio.

Es necesario que la sociedad en su conjunto enfrente este desafío actuando:

• En la reutilización y la reparación de productos, dándoles una segunda o tercera vida, que no sólo beneficia al medio ambiente, sino que ahorra dinero a las empresas y además puede generar puestos de trabajo y obtener beneficios sociales.

• En el reciclaje y en invertir en tecnologías comercialmente viables que permitan recuperar todos los materiales de los residuos, avanzando hacia un modelo económico circular en cuanto a sus flujos de materiales.

De manera particular se propone también que la Profeco exija y haga cumplir a los fabricantes y armadoras a surtir el abasto de refacciones para poder proporcionar el servicio de reparación, beneficiando a técnicos y consumidores. Una política de créditos y la aplicación real de la ley de la Profeco en materia de capacitación, en este caso a los técnicos en electrónica, es necesaria para proteger al consumidor de bajos recursos y al gremio.

Como es cada vez más fácil observar, la basura tecnológica o chatarra electrónica es cada vez más abundante, ex la que se produce al final de la vida útil de todo tipo de aparatos electrodomésticos, pero especialmente de la electrónica de consumo (televisores, computadoras, teléfonos celulares, …) que son potencialmente muy peligrosos para el medio ambiente y para sus manipuladores si no se reciclan apropiadamente.

Ante esto, deben impulsarse diversas medidas, entre ellas que las grandes empresas transnacionales se hagan responsables de eso desechos tecnológicos.

Por lo anterior presentamos el siguiente comparativo entre la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente y la propuesta que presentamos:

LFPC (vigente)

LFPC (propuesta de reforma)

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.


Son principios básicos en las relaciones de consumo:

I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

 


IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos;

 

V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumidores;

 

VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos;

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

 


VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados;

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento;

X. La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y

 

XI. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones de esta ley, sean garantes de los derechos del consumidor.

 

 

Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales de los que México sea signatario; de la legislación interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes; así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad.

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, incluido el derecho a un medio ambiente sano, y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor y del medio ambiente contra los riesgos provocados por productos, residuos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

II. La educación y divulgación sobre el consumo y desecho adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos, incluidas las refacciones de máquinas, aparatos o instrumentos, y servicios, incluidos los de mantenimiento y reparación, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales, incluidos los provocados por la obsolescencia programada, y morales, individuales o colectivos;

V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales, incluidos los provocados por la obsolescencia programada, y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumidores;

VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos;

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos, incluidas las refacciones de máquinas, aparatos o instrumentos, y servicios, incluidos los de mantenimiento y reparación.

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados;

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento;

X. El respeto al derecho del consumidor a que sus bienes, incluidos aparatos electrónicos, sean reparados, con objeto de evitar mermas en su economía y de limitar la obsolescencia programada.

XI. La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y

XII. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones de esta ley, sean garantes de los derechos del consumidor.

Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales de los que México sea signatario; de la legislación interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes; así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley.


Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción o de servicios a terceros, sólo podrán ejercer las acciones a que se refieren los referidos preceptos cuando estén acreditadas como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente y conforme a los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta ley.

II. Proveedor: la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios;

 

III. Secretaría: la Secretaría de Economía, y

 

 

IV. Procuraduría: la Procuraduría Federal del Consumidor.

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización, mantenimiento y reparación o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley.

Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción o de servicios a terceros, sólo podrán ejercer las acciones a que se refieren los referidos preceptos cuando estén acreditadas como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente y conforme a los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta ley.

II. Desecho: cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la persona para quien se hizo;

 

 

III. Mantenimiento: conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, máquinas. aparatos, instrumentos, puedan seguir funcionando adecuadamente;

IV. Obsolescencia programada: cuando un bien se vuelve obsoleto por un mal funcionamiento programado por el productor del bien; cuando un bien sustituye a otro por una función superior; cuando un bien deja de ser deseado por razones exclusivas de moda. Prácticas consumistas y de producción con efectos negativos en el consumidor y el medio ambiente.

V. Procuraduría: la Procuraduría Federal del Consumidor;

VI. Productor: empresa que produce bienes, incluidas las refacciones de máquinas, aparatos o instrumentos, o servicios, incluidos los de mantenimiento y reparación, que enajena al venderlas al contado, a crédito o a consignación;

VII. Proveedor: la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos, incluidas las refacciones de máquinas, aparatos o instrumentos, y servicios, incluidos los de mantenimiento y reparación;

VIII. Refacción o recambio: pieza destinada a sustituir a otra estropeada de una máquina, aparato o instrumento;

IX. Reparación: acción de arreglar algo roto o estropeado;

X. Residuo: aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo; material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación; y

XI. Secretaría: la Secretaría de Economía.

ARTÍCULO 6.- Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores. Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, están obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores.

ARTÍCULO 6.- Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los productores y proveedores y los consumidores. Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, están obligadas en cuanto tengan el carácter de productores, proveedores o consumidores.

ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.

ARTÍCULO 7.- Todo productor y proveedor están obligados a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien, incluidas las refacciones de máquinas, aparatos o instrumentos, o prestación del servicio, incluidos los de mantenimiento y reparación, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.

ARTÍCULO 8.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.

Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme al párrafo anterior.

ARTÍCULO 8.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, incluidos los relativos a refacciones, mantenimiento y reparación, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.

Los productores y proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme al párrafo anterior.

ARTÍCULO 8 Bis. La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

 

 

 

Para este propósito, elaborará contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de los proveedores, previo acuerdo con éstos. También presentará sus contenidos educativos a la autoridad federal competente a fin de que los incorpore a los programas oficiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 8 Bis. La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, con la sociedad y el medio ambiente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, que considere el derecho del consumidor a que sus bienes, incluidos aparatos electrónicos, sean reparados solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, de una adecuada canalización de los residuos, de los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

Para este propósito, elaborará contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de los productores y proveedores, previo acuerdo con éstos. También presentará sus contenidos educativos a la autoridad federal competente a fin de que los incorpore a los programas oficiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 9.- Los proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y toda clase de vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios, independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor.

ARTÍCULO 9.- Los productores y proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y toda clase de vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios, independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor.

ARTÍCULO 10.- Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. En el caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta ley, independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado.

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor.

ARTÍCULO 10.- Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. En el caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta ley, independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado.

Los productores y proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor.

ARTÍCULO 12.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, el proveedor, tiene obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada.

ARTÍCULO 12.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, el productor y el proveedor, tienen obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada.

ARTÍCULO 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez.

ARTÍCULO 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los productores y los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

Las autoridades, los productores, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez.

ARTÍCULO 19.- La Secretaría determinará la política de protección al consumidor, que constituye uno de los instrumentos sociales y económicos del Estado para favorecer y promover los intereses y derechos de los consumidores. Lo anterior, mediante la adopción de las medidas que procuren el mejor funcionamiento de los mercados y el crecimiento económico del país.

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. Los requisitos que deberán cumplir los sistemas y prácticas de comercialización de bienes;

ARTÍCULO 19.- La Secretaría determinará la política de protección al consumidor, que constituye uno de los instrumentos sociales y económicos del Estado para favorecer y promover los intereses y derechos de los consumidores. Lo anterior, mediante la adopción de las medidas que procuren el mejor funcionamiento de los mercados y el crecimiento económico sustentable del país, garantizando el cuidado del medio ambiente.

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. Los requisitos que deberán cumplir los sistemas y prácticas de comercialización de bienes incluidas refacciones de bienes, con objeto de cuidar la economía del consumidor y el medio ambiente;

ARTÍCULO 20.- La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.

ARTÍCULO 20.- La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores y cuidar el medio ambiente. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

 

II.. …

III. …

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado;

 

V. Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley;

 

VI. Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas de los consumidores;

 

VII.

VIII.

IX.

IX bis.- Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios previstos por esta Ley respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;

IX Ter.

X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y elaborar estudios relativos;

 

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XIV bis.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII. Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, proporcionándoles capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para su autogestión;

 

XIX.

XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento;

 

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda;

XXI. Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores los retribuirán o compensarán;

 

XXII.

XXIII.

XXIV.

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, entre ellos el de un medio ambiente sano y el de que sus bienes puedan ser reparados, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

II.

III. …

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y un mejor conocimiento de cómo manejar los desechos tecnológicos;

V. Formular y realizar programas de educación para un consumo responsable y sustentable, así como de difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley;

VI. Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas de los consumidores y el cuidado del medio ambiente;

VII.

VIII.

IX.

IX bis.- Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de productores y proveedores, que incorporen los principios previstos por esta Ley respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;

IX Ter.

X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios considerando su impacto ambiental y elaborar estudios relativos;

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XIV bis.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII. Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, proporcionándoles capacitación y asesoría, incluidos los técnicos especializados en el mantenimiento y reparación de máquinas, aparatos e instrumentos, así como procurar mecanismos para su autogestión;
XIX.

XX. Requerir a los productores y proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento;

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, deberá presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda;

XXI. Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los productores y proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los productores y proveedores los retribuirán o compensarán;

XXII.

XXIII.

XXIV.

ARTÍCULO 99.- La Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los consumidores de manera individual o grupal con base en esta ley, las cuales podrán presentarse en forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio cumpliendo con los siguientes requisitos:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
Las reclamaciones de las personas físicas o morales a que se refiere la fracción primera del artículo 2 de esta ley, que adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, serán procedentes siempre que el monto de la operación motivo de la reclamación no exceda de $473,099.00.

ARTÍCULO 99.- La Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los consumidores de manera individual o grupal con base en esta ley, las cuales podrán presentarse en forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio cumpliendo con los siguientes requisitos:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
Las reclamaciones de las personas físicas o morales a que se refiere la fracción primera del artículo 2 de esta ley, que adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización, reparación y mantenimiento, o prestación de servicios a terceros, serán procedentes siempre que el monto de la operación motivo de la reclamación no exceda de $473,099.00.

ARTÍCULO 117.-
Cuando se trate de aquellas personas físicas o morales a que se refiere la fracción primera del artículo 2 de esta ley, que adquieren, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, la Procuraduría podrá fungir como árbitro siempre que el monto de lo reclamado no exceda de $473,099.00.

ARTÍCULO 117.-
Cuando se trate de aquellas personas físicas o morales a que se refiere la fracción primera del artículo 2 de esta ley, que adquieren, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización, reparación y mantenimiento, o prestación de servicios a terceros, la Procuraduría podrá fungir como árbitro siempre que el monto de lo reclamado no exceda de $473,099.00.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por el que se REFORMAN DIVERSas disposicionesDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, 2, 6, 8, 8 Bis, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 24, 99 y 117 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, incluido el derecho a un medio ambiente sano, y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor y del medio ambiente contra los riesgos provocados por productos, residuos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

II. La educación y divulgación sobre el consumo y desecho adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos, incluidas las refacciones de máquinas, aparatos o instrumentos, y servicios, incluidos los de mantenimiento y reparación, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales, incluidos los provocados por la obsolescencia programada, y morales, individuales o colectivos;

V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales, incluidos los provocados por la obsolescencia programada, y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumidores;

VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos;

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos, incluidas las refacciones de máquinas, aparatos o instrumentos, y servicios, incluidos los de mantenimiento y reparación.

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados;

IX.  El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento;

X.  El respeto al derecho del consumidor a que sus bienes, incluidos aparatos electrónicos, sean reparados, con objeto de evitar mermas en su economía y de limitar la obsolescencia programada.

 XI. La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y

XII. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones de esta ley, sean garantes de los derechos del consumidor.

Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales de los que México sea signatario; de la legislación interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes; así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización, mantenimiento y reparación o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley.

Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción o de servicios a terceros, sólo podrán ejercer las acciones a que se refieren los referidos preceptos cuando estén acreditadas como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente y conforme a los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta ley.

II. Desecho: cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la persona para quien se hizo;

III. Mantenimiento: conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, máquinas. aparatos, instrumentos, puedan seguir funcionando adecuadamente;

IV. Obsolescencia programada: cuando un bien se vuelve obsoleto por un mal funcionamiento programado por el productor del bien; cuando un bien sustituye a otro por una función superior; cuando un bien deja de ser deseado por razones exclusivas de moda. Prácticas consumistas y de producción con efectos negativos en el consumidor y el medio ambiente.

V. Procuraduría: la Procuraduría Federal del Consumidor;

VI. Productor: empresa que produce bienes, incluidas las refacciones de máquinas, aparatos o instrumentos, o servicios, incluidos los de mantenimiento y reparación, que enajena al venderlas al contado, a crédito o a consignación;

VII. Proveedor: la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos, incluidas las refacciones de máquinas, aparatos o instrumentos, y servicios, incluidos los de mantenimiento y reparación;

VIII. Refacción o recambio: pieza destinada a sustituir a otra estropeada de una máquina, aparato o instrumento;

IX. Reparación: acción de arreglar algo roto o estropeado;

X. Residuo: aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo; material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación; y

XI. Secretaría: la Secretaría de Economía.

ARTÍCULO 6.- Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los productores y proveedores y los consumidores. Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, están obligadas en cuanto tengan el carácter de productores, proveedores o consumidores.

ARTÍCULO 7.- Todo productor y proveedor están obligados a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien, incluidas las refacciones de máquinas, aparatos o instrumentos, o prestación del servicio, incluidos los de mantenimiento y reparación, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.

ARTÍCULO 8.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, incluidos los relativos a refacciones, mantenimiento y reparación, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.

Los productores y proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme al párrafo anterior.

ARTÍCULO 8 Bis. La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, con la sociedad y el medio ambiente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, que considere el derecho del consumidor a que sus bienes, incluidos aparatos electrónicos, sean reparados solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, de una adecuada canalización de los residuos, de los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

Para este propósito, elaborará contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de los productores y proveedores, previo acuerdo con éstos. También presentará sus contenidos educativos a la autoridad federal competente a fin de que los incorpore a los programas oficiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 9.- Los productores y proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y toda clase de vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios, independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor.

ARTÍCULO 10.- Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. En el caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta ley, independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado.

Los productores y proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor.

ARTÍCULO 12.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, el productor y el proveedor, tienen obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada.

ARTÍCULO 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los productores y los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

Las autoridades, los productores, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez.



ARTÍCULO 19.- La Secretaría determinará la política de protección al consumidor, que constituye uno de los instrumentos sociales y económicos del Estado para favorecer y promover los intereses y derechos de los consumidores. Lo anterior, mediante la adopción de las medidas que procuren el mejor funcionamiento de los mercados y el crecimiento económico sustentable del país, garantizando el cuidado del medio ambiente.

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. Los requisitos que deberán cumplir los sistemas y prácticas de comercialización de bienes incluidas refacciones de bienes, con objeto de cuidar la economía del consumidor y el medio ambiente;

ARTÍCULO 20.- La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores y cuidar el medio ambiente. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, entre ellos el de un medio ambiente sano y el de que sus bienes puedan ser reparados, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

II. …

III. …

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y un mejor conocimiento de cómo manejar los desechos tecnológicos;

V. Formular y realizar programas de educación para un consumo responsable y sustentable, así como de difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley;

VI. Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas de los consumidores y el cuidado del medio ambiente;

VII. …

VIII. …

IX. …

IX bis.- Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de productores y proveedores, que incorporen los principios previstos por esta Ley respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;

IX Ter. 

X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios considerando su impacto ambiental y elaborar estudios relativos;

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XIV bis.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII. Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, proporcionándoles capacitación y asesoría, incluidos los técnicos especializados en el mantenimiento y reparación de máquinas, aparatos e instrumentos, así como procurar mecanismos para su autogestión;

XIX.

XX. Requerir a los productores y proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento;

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, deberá presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda;

XXI. Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los productores y proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los productores y proveedores los retribuirán o compensarán;



ARTÍCULO 99.- La Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los consumidores de manera individual o grupal con base en esta ley, las cuales podrán presentarse en forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio cumpliendo con los siguientes requisitos:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Las reclamaciones de las personas físicas o morales a que se refiere la fracción primera del artículo 2 de esta ley, que adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización, reparación y mantenimiento, o prestación de servicios a terceros, serán procedentes siempre que el monto de la operación motivo de la reclamación no exceda de $473,099.00.

ARTÍCULO 117.-

Cuando se trate de aquellas personas físicas o morales a que se refiere la fracción primera del artículo 2 de esta ley, que adquieren, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización, reparación y mantenimiento, o prestación de servicios a terceros, la Procuraduría podrá fungir como árbitro siempre que el monto de lo reclamado no exceda de $473,099.00.

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de agosto de 2016.

Dip. Norma Rocío Nahle García.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Caballero Pedraza. Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la palabra el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 116 Y 117 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

El Diputado Alejandro González Murillo: Buenos días, compañeras y compañeros. Señora Presidenta, con su permiso. Honorable Comisión Permanente:

En ésta, mi última intervención para presentar productos legislativos en el receso, no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi enorme reconocimiento y gratitud de bancada por la grandeza que mostró desde la Cámara de Diputados el grupo parlamentario mayoritario hacia el nuestro.

Gracias a semejante generosidad, Encuentro Social pudo tener representación en esta Comisión Permanente; mi grupo parlamentario, si bien en determinado tamaño en San Lázaro no obsta por ello de menor calidad ni dignidad que el resto de las fracciones.

De no haber existido tan grande gesto, de acuerdo por lo que hoy se expone en el texto vigente de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario que tengo el honor de coordinar y representar, bien habría podido quedarse fuera de la Comisión Permanente.

En el caso particular de Encuentro Social, la voz y la representación de casi millón y medio de personas que nos dieron su confianza en la elección federal de 2015, habrían podido ser ignorados a todas luces, a tal extremo, además injusto e incorrecto, esto no es ni democrático ni republicano, principalmente porque nadie nos regaló nada a ninguna de las fuerzas políticas con representación en las dos cámaras que hoy integran el Congreso de la Unión. Nuestra representatividad está fuera de cualquier duda.

Para que nuestros legisladores pudieran ocupar en ésta y en toda la legislatura de escaños y curules, de los que trabajamos por un mejor México, uno de tantos sendos procesos jurídicos y electorales que convirtieron la voluntad popular en representación parlamentaria.

El Congreso de la Unión es la institución más clara de la democracia representativa y crisol de la pluralidad de las personas, regiones y formas de convivencia social en México.

Hoy día, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos hace de la pluralidad un valor de fundamental importancia y prescribe que las juntas de coordinación política y la integración de comisiones deben reflejarla en su integración, salvo dato al contrario, así es, y así se ha cumplido.

Sin embargo, por lo que pareciere hasta el día de hoy la expresión de pluralidad de las dos cámaras como elemento básico de integración de la Comisión Permanente simplemente no existe.

Con la reforma que vengo a presentar ahora, tan incomprensible laguna se subsana y el diseño y planeación e integración de cada versión de la Comisión Permanente estará inspirado por un texto legal que obliga a rescatar y a ser respetada la pluralidad de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

Sujetar a las minorías, a la incertidumbre que alguna fuerza política mayoría tenga o no algún gesto de generosidad o actitud republicana para beneficio de la representatividad congresional y de la democracia toda, por existir alguna rendija en la ley que así lo permita, es una irresponsabilidad parlamentaria que no puede continuar un día más y que Encuentro Social por mi conducto aporta a su solución para bien de México.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea y convoco a quienes así lo desean a su adhesión a la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer explícita la expresión de la pluralidad de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión en la conformación de la Comisión Permanente.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa

ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Federal por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 116 Y 117 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un país plural. Nuestra Nación es resultado de la heterogeneidad social, cultural, ideológica, religiosa y étnica; esta diversidad nos ha permitido aceptar, reconocer y tolerar la existencia de diferentes expresiones, intereses y pensamientos políticos.

En este sentido, la conformación del Congreso de la Unión refleja fielmente la pluralidad de nuestra nación, por lo que resulta necesario garantizarle, en todo momento, la participación de todos los grupos parlamentarios que integran cada una de ambas cámaras.

Sobre lo anterior, cabe destacar que la conformación de la Comisión Permanente merecería, en su integración, llevar explícito el principio de pluralidad. Históricamente se puede observar cómo la representatividad de este órgano legislativo ha transitado, de una visión territorial, a una bicameral -que es la que actualmente tenemos-; las que no han acabado de reflejar tan fundamental valor.

Como antecedentes históricos, tenemos que, en la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, la Diputación permanente se conformaba considerando diputados de Europa y de Ultramar:

Art. 157. Antes de separarse, las Cortes nombrarán una diputación que se llamará Diputación permanente de Cortes, compuesta de siete individuos de su seno, tres de las provincias de Europa y tres de las de Ultramar, y el séptimo saldrá por suerte entre un Diputado de Europa y otro de Ultramar.

En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, no se consideró la figura de la Comisión Permanente.

Por su parte, en la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, la pluralidad se logró bajó representación de los estados y territorio. 

De la Diputación permanente 73. Durante los recesos del Congreso de la Unión, habrá una diputación permanente, compuesta de un diputado por cada Estado y Territorio, que nombrará el congreso la víspera de la clausura de sus sesiones

Y, por último, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se estableció inicialmente una cantidad de 29 integrantes, cifra mayor a lo establecido en la Constitución de 1812 pero menor a lo que actualmente se considera.

Art. 78.- Durante el receso del Congreso habrá una Comisión Permanente compuesta de veintinueve miembros, de los que quince serán Diputados, y catorce Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de las sesiones.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos privilegia expresamente a la pluralidad como un valor en la representatividad de sus trabajos e integración al hablar de cada una de las cámaras.

Así, el artículo 15, numeral 2, dispone que:

La Mesa de Decanos se integra por los diputados electos presentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal. En caso de presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su caso, a los de mayor edad. El diputado electo que cuente con mayor antigüedad será el Presidente de la Mesa de Decanos. Serán Vicepresidentes los diputados electos que cuenten con las tres siguientes mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación de la Cámara. En calidad de Secretarios les asistirán los siguientes tres diputados electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.

Asimismo, en cuanto a organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados, el único numeral del artículo 33, expone:

La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

En concordancia con lo anterior, respecto a la organización y funcionamiento de la Cámara de Senadores, el numeral primero y único del artículo 80, reza:

La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara.

Por su parte, el tercer numeral del artículo 43, aplicable para la Cámara de Diputados, señala que:

Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones.

En igual sentido, el segundo numeral del artículo 104, referente a la Cámara de Senadores, reitera:

Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. Al efecto, los grupos parlamentarios formularán los planteamientos que estimen pertinentes.

Por su parte, el cuarto y último numeral del artículo 44 ordena:

Las comisiones podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. En la constitución de las subcomisiones se buscará reflejar la pluralidad de los Grupos Parlamentarios representados en la Comisión.

Sin embargo, en la integración de la Comisión Permanente, la ley es omisa en cuanto a que dicho Órgano deba reflejar la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras.

De este modo, la presente iniciativa tiene como objetivo, el incluir, de modo explícito e incontrovertido, la expresión de pluralidad de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores como elemento básico en la integración de la Comisión Permanente.

CUADRO COMPARATIVO

Texto vigente

Texto propuesto

TITULO CUARTO
De la Comisión Permanente

ARTICULO 116.
1. La Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de éste, desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TITULO CUARTO
De la Comisión Permanente

ARTICULO 116.
1. La Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de éste, expresa la pluralidad de sus Cámaras y desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 117.
1. La Comisión Permanente se compone de treinta y siete miembros, de los que diecinueve serán diputados y dieciocho senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas Cámaras, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos.

 

 

2. La Comisión Permanente celebrará sus sesiones correspondientes al primer receso de cada año de la Legislatura en el recinto de la Cámara de Diputados, y en el segundo receso, en el recinto de la Cámara de Senadores.

ARTICULO 117.
1. La Comisión Permanente, en su conformación, deberá expresar la pluralidad de las Cámaras que integran al Congreso de la Unión, misma que se compone de treinta y siete miembros, de los que diecinueve serán diputados y dieciocho senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas Cámaras, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos.
(…)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Único.- Se reforma el artículo 116 y el primer párrafo del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTICULO 116.

1. La Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de éste, expresa la pluralidad de conformación de sus Cámaras y desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 117.

1. La Comisión Permanente, en su conformación, deberá expresar la pluralidad de las Cámaras que integran al Congreso de la Unión, misma que se compone de treinta y siete miembros, de los que diecinueve serán diputados y dieciocho senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas Cámaras, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos.

2. (…)

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 24 de agosto de 2016.

Dip. Alejandro González Murillo.

Referencias

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSULTADA EL 23 DE AGOSTO DE 2016 EN: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DE 1857 en: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1917.pdf
Constitución Política de la República Mexicana de 1857 en: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. PROMULGADA EN CÁDIZ A 19 DE MARZO DE 1812 en http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1812.pdf

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado González Murillo. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la palabra al Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley General de Turismo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 3, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES, SE REFORMA EL TÍTULO QUINTO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIII AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Alfredo Bejos Nicolás: Muy buenos días, con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, a todos los presentes y a quienes nos ven a través del Canal del Congreso.

Con beneplácito y muy especial interés por la importancia del tema que abordaré en esta oportunidad de exponerlo ante esta Comisión Permanente, la creación del Observatorio Turístico, teniendo como referencia y base para el decreto a la normatividad que regula los observatorios de Guanajuato y del país Argentina.

En beneficio y en específico del Acuerdo Gubernativo Número 52 mediante el cual se crea con carácter permanente el Observatorio Turístico del estado de Guanajuato.

En este tenor, éste se define como “…un órgano permanente dedicado a la investigación, análisis, evaluación y consulta de la actividad turística en sus diversas modalidades, mediante un trabajo intersectorial y multidisciplinario que permita medir y monitorear la actividad turística, así como las variables que le afectan”.

Siguiendo las ideas expuestas en concordia con el trabajo titulado “Desarrollo de la Metodología para la implementación de observatorios turísticos en destinos de México”:

“La información es la base de la toma de decisiones. La finalidad de la existencia de observatorios de turismo es la generación de información que permita a los tomadores de decisiones de la industria turística hacer su trabajo. Los empresarios y funcionarios del turismo requieren de información para poder planear, operar y controlar de manera eficiente la evolución de la industria. Entre mayor y de mejor calidad sea la información disponible, menor será el riesgo que se corra de tomar decisiones”.

En este tenor, coincidiendo con el trabajo en comento, si bien es cierto que México cuenta con importantes fuentes de información a nivel nacional, Inegi, Secretaría de Turismo, gobiernos de los estados, se ha identificado que las empresas del sector carecen de herramientas estadísticas aplicadas a la realidad local que sirvan para la toma de decisiones. Además los datos se encuentran en diferentes fuentes, en algunos casos sin continuidad en el tiempo, por lo que, los que toman las decisiones a nivel local, carecen de información precisa que permita conocer el mercado con detalle y, como resultante, tomar decisiones informadas.

En virtud de que existen datos estadísticos en diversas fuentes de información en una forma muy dispersa y que, requiere tanto el sector público y privado, se propone y se hace necesaria la creación de un Observatorio Turístico Nacional y también en cada una de las entidades del país.

El objetivo es crear un órgano de participación plural y multidisciplinario en el que los sectores público, privado y social involucrados en el turismo, expongan sus reflexiones y análisis respecto a la evolución de la actividad turística en la entidad, así como el impacto de las políticas, programas y acciones en la materia llevadas a cabo por el gobierno del Estado y que realicen planteamientos que fortalezcan el Sistema Estatal de Información Turística a cargo de las Secretaría de Turismo.

Es de resaltar en primer lugar como base de nuestra propuesta, que de conformidad con el Plan Nacional 2013-2018, el Programa Sectorial de Turismo establece:

En su objetivo 2: Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.

En su estrategia 2.1: Generar información, investigación y conocimiento sobre los destinos y líneas de producto para establecer entre sus líneas de acción:

2.1.1: Desarrollar un sistema de información integral de la oferta y demanda turística para facilitar la implementación de la política turística.

2.1.2: Fomentar la generación y el desarrollo de investigación aplicada que coadyuve en el diseño y evaluación de la política turística.

2.1.3: Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico turístico competitivo, fortaleciendo la vinculación entre los sectores académico y productivo.

En este orden de ideas, durante el 3er. Encuentro de Observatorios Turísticos 2015, en opinión del doctor Hasael Cerón, “…La clave principal de un observatorio debe ser un sistema de información verídico y confiable, a través de distintos medios de información que permitan medir el resultado de la actividad turística, analizarlos y hacerlos entendibles para la consulta de cualquier ciudadano”.

En este tenor: “…Los observatorios en la actualidad se consolidan como una estrategia que contribuye al mejoramiento de la gestión pública, así como al fortalecimiento de alianzas entre sociedad y gobierno.

La vida orgánica plural de un observatorio genera diagnósticos y anotaciones enriquecidas por distintos puntos de vista, todos ellos acreditados en sus respectivas materias. Asimismo sus investigaciones y resultados pueden comprender distintos ámbitos geográficos, ya sea a nivel nacional, regional, estatal o municipal”.

De acuerdo con lo anteriormente citado, hasta el momento en México sólo existen observatorios turísticos en tres entidades federativas, y a nivel internacional podemos citar algunos ejemplos como Argentina, Colombia y Perú.

Debemos destacar que la Organización Mundial de Turismo ha estado promoviendo el uso de indicadores de turismo sostenibles desde principios de 1990 como instrumentos esenciales para los procesos de planificación y gestión de formulación de políticas en los destinos.

Indudablemente, resulta necesaria la creación de los observatorios a nivel nacional y local, ya que como afirma el licenciado Roberto Cárdenas Hernández: “Su objetivo es incrementar la participación de decisiones, en la vigilancia de la ejecución y en la evaluación de planes, proyectos y resultados de la gestión pública”.

Para el cumplimiento de los objetivos del Observatorio Turístico, se constituirá un Grupo Técnico, que será el organismo técnico-académico imparcial, responsable del análisis, la investigación, la evaluación y la difusión de las actividades turísticas, cuyos cargos serán honoríficos.

Este órgano multidisciplinario auxiliar de la Secretaría en materia de integración y validación de la información contenida en el Portal Electrónico, estará conformado por: un presidente, tres integrantes del Consejo Consultivo de Turismo, cinco representantes del sector educativo, cinco representantes del sector privado, cinco representantes del sector público: a) dos representantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; b) un representante de la Secretaría de Economía; c) un representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; y d) un representante de la Secretaría de Cultura.

La información estadística del observatorio será verídica, confiable, transparente, calificada, con diagnóstico y análisis enriquecidos por distintos puntos de vista, todos ellos acreditados en sus respectivas materias, lo cual brindará plena certeza y confianza en la promoción del turismo en nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El que suscribe, Diputado ALFREDO BEJOS NICOLÁS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 1 del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 3, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES, SE REFORMA EL TÍTULO QUINTO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIII AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, en materia de creación del Observatorio Turístico.

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

Un antecedente de la creación de los observatorios turísticos, se puede considerar en las Cuentas Nacionales, aprobado en 1993 por la Comisión de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas, el cual “es un registro sistemático y normalizado de las operaciones vinculadas con la producción, distribución, acumulación y el financiamiento que sirve para mostrar los procesos económicos que tienen lugar durante un año entre los residentes del país, así como sus relaciones con el resto del mundo.”1

En este tenor, un observatorio turístico se define como “…un órgano permanente dedicado a la investigación, análisis, evaluación y consulta de la actividad turística en sus diversas modalidades, mediante un trabajo intersectorial y multidisciplinario que permita medir y monitorear la actividad turística, así como las variables que le afectan”.2

De conformidad con el trabajo titulado “Desarrollo de la metodología para la implementación de observatorios turísticos en destinos en México”:

“La información es la base de la toma de decisiones. La finalidad de la existencia de observatorios de turismo es la generación de información que permita a los tomadores de decisiones de la industria turística hacer su trabajo. Los empresarios y funcionarios del turismo requieren de información para poder planear, operar y controlar de manera eficiente la evolución de la industria. Entre mayor y de mejor calidad sea la información disponible, menor será el riesgo que se corra al tomar decisiones”.3

En este tenor, coincidiendo con el trabajo en comento, si bien es cierto que México cuenta con importantes fuentes de información a nivel nacional (INEGI, Secretaría de Turismo, Banco de México, gobiernos de los estados), se ha identificado que las empresas del sector carecen de herramientas estadísticas aplicadas a la realidad local que sirvan como base para la toma decisiones empresariales4; además, los datos se encuentran en diferentes fuentes, en algunos casos sin continuidad en el tiempo, por lo que, los que toman las decisiones a nivel local, carecen de información precisa que permita conocer el mercado con detalle y, como resultante, tomar decisiones informadas.5

En virtud de que existen datos estadísticos en diversas fuentes de información en una forma muy dispersa y que, requieren tanto el sector público y privado, se propone (y se hace necesaria) la creación de un Observatorio Turístico Nacional y también en cada una de las entidades del País, teniendo como referencia el Observatorio Turístico de Guanajuato, el cual se constituyó con el objetivo “de crear un órgano de participación plural y multidisciplinario en el que los sectores público, privado y social involucrados en el turismo, expongan sus reflexiones y análisis respecto a la evolución de la actividad turística en la Entidad, así como el impacto de las políticas, programas y acciones en la materia llevadas a cabo por el Gobierno del Estado y realicen planteamientos que fortalezcan el Sistema de Estatal de Información Turística a cargo de la Secretaría de Turismo.”6

Es de destacar que, hasta el momento en México sólo existen observatorios turísticos en 3 entidades federativas, por lo cual se propone su constitución, con el fin de homologar los datos estadísticos nacionales, que permita obtener información relevante para el sector.

II. Argumentos que la sustenten.

Es de resaltar en primer lugar como base de nuestra propuesta que, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial  de Turismo, en su Objetivo 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística7, en su Estrategia 2.1. Generar información, investigación y conocimiento sobre los destinos y líneas de producto, establece entre sus líneas de acción 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3:

“2.1.1 Desarrollar un sistema de información integral de la oferta y demanda turística para facilitar la implementación de la política turística.

2.1.2 Fomentar la generación y el desarrollo de investigación aplicada que coadyuve en el diseño y evaluación de políticas turísticas.

2.1.3 Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico turístico competitivo, fortaleciendo la vinculación entre los sectores académico y productivo.”8

En este orden de ideas, durante el 3er. Encuentro de Observatorios Turísticos 2015, en opinión del Dr. Hazael Cerón M., “…La clave principal de un observatorio debe ser un sistema de información verídico y confiable, a través de distintos medios de información que permitan medir el resultado de la actividad turística, analizarlos y hacerlos entendibles para la consulta de cualquier ciudadano…”9

En éste tenor, y con base en el Acuerdo Gubernativo Número 52 mediante el cual se crea con carácter permanente el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, “…Los observatorios en la actualidad se consolidan como una estrategia que contribuye al mejoramiento de la gestión pública, así como al fortalecimiento de alianzas entre sociedad y gobierno… La vida orgánica plural de un observatorio genera diagnósticos y anotaciones enriquecidas por distintos puntos de vista, todos ellos acreditados en sus respectivas materias; asimismo, sus investigaciones y resultados pueden comprender distintos ámbitos geográficos, ya sea a nivel nacional, regional, estatal o municipal…”10

Como lo mencioné al inicio de mi propuesta, hasta el momento en México sólo existen observatorios turísticos en 3 entidades federativas: el Observatorio Turístico de Baja California, Guanajuato y Guadalajara.

A nivel internacional, podemos citar algunos ejemplos, de los que más adelante citaré brevemente su estructura y funcionamiento: Argentina, Colombia y Perú.

Debemos destacar, que la OMT11 ha estado promoviendo el uso de indicadores de turismo sostenible desde principios de 1990, como instrumentos esenciales para los procesos de planificación y gestión de formulación de políticas en los destinos.12

Indudablemente, resulta necesaria la creación de los observatorio a nivel nacional y local, ya que como afirma el Lic. Roberto W. Cárdenas Hernández, “…Su objetivo es incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones, en la vigilancia de la ejecución y en la evaluación de los planes, proyectos y resultados de la gestión pública.”13

Coincidiendo, agrega que “La clave principal de un observatorio debe ser un sistema de información verídico y confiable, a través de distintos medios de información que permitan medir el resultado de la actividad turística, analizarlos y hacerlos entendibles para la consulta de cualquier ciudadano.”14

A continuación, se transcribe en forma textual, el concepto, misión y  objetivos de los observatorios de Argentina, Colombia, Perú y Guanajuato.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

ARGENTINA

“El Observatorio Turístico es una institución técnico­académica, responsable del análisis, la investigación, la evaluación y la difusión de las actividades turísticas. Formulando diagnósticos sectoriales y sub­sectoriales de importancia para los agentes vinculados al sector.

El Observatorio Turístico implementa metodologías de búsqueda de la información elaborando estadísticas sobre productos específicos, que nutren los instrumentos en la definición de las Políticas de Estado a nivel nacional como provincial y en la evaluación de su impacto, como igualmente en la gestión de los negocios de las empresas vinculadas.

Misión

Contribuir a través la producción y distribución de conocimiento y de innovaciones científico-tecnológicas al desarrollo económico, social y cultural de la región, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo los valores democráticos en el conjunto de la sociedad, articulando el conocimiento universal con los saberes producidos por nuestra comunidad.

Objetivos

Elaborar metodologías de medición y de carácter comparativo, que favorezcan la determinación de estándares o categorías de calidad, mediante indicadores turísticos.

Desarrollar metodologías que favorezcan a la medición y comparación de indicadores turísticos como parte de una política integral de calidad.
Generar metodologías capaces de evaluar al sector turístico y orientadoras para la implementación de políticas estratégicas integradas.

Asistir a organizaciones científicas, técnicas y empresariales en la elaboración de diagnósticos y atender a solicitudes relacionadas con los Indicadores Turísticos.

Complementar técnicamente a los sistemas estadísticos de entidades oficiales, universitarias, empresariales y ONG´s a los efectos de servir como parámetros de calidad del desarrollo turístico.

Proponer e implementar cursos y seminarios para funcionarios, profesionales y empresarios del área turística, sobre la importancia de los sistemas comparativos en la búsqueda de la calidad turística.

Elaborar documentos de difusión de los logros y de utilización de los resultados de los estudios encarados…”15

COLOMBIA

“Misión

El Observatorio Turístico Sostenible, es un organismo de interacción Universidad-Empresa-Estado-Comunidad, que busca la producción, sistematización, análisis y distribución de conocimiento científico, tecnológico y sectorial con el desarrollo económico, social y cultural a través de la implementación de mecanismos de sostenibilidad en las acciones turísticas regionales y nacionales.

Visión

A 2018, el Observatorio Turístico Sostenible, se convertirá en un organismo asesor para la definición de las políticas en materia de turismo, trabajará bajo la relación Universidad-Empresa-Estado-Comunidad, en el fortalecimiento de acciones de protección medio ambiental para el sector, contribuirá en la consolidación de escenarios, productos y destinos turísticos bajo parámetros de sostenibilidad técnica, económica, política, social, cultural y ambiental.

Objetivos

Diseñar y desarrollar modelos de gestión del turismo bajo parámetros de sostenibilidad ambiental

Aplicar los criterios e indicadores de sostenibilidad del sector

Proponer metodologías para establecer estándares de calidad técnicas y ambientales para el sector

Asesorar y acompañar a las entidades territoriales en la planificación, desarrollo, seguimiento, monitoreo y evaluación del sector turístico.

Implementar sistemas de medición, evaluación y sistematización de estadísticas sectoriales.
Prestar asistencia técnica y asesoría a organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y empresariales en la implementación de mecanismos de sostenibilidad y desarrollo tecnológico para el sector

Facilitar el desarrollo comunitario en torno a los procesos y emprendimientos turísticos…”16

PERÚ

“El Observatorio Turístico del Perú, es un instrumento de investigación científica y de orientación profesional en todo lo que se refiere a las actividades turísticas, que promueve el sector empresarial privado y el sector público, que emerge como respuesta a la carencia de información oportuna, eficaz y veraz para la toma de decisiones gerenciales, así como la ausencia de investigaciones científicas y operativas en el sector turismo.

Misión

La razón de ser del Observatorio Turístico del Perú es la generación de información precisa, fiable, constante en el tiempo y comparable, para la adecuada toma de decisiones, facilitando el accionar y la cooperación entre los principales organismos e instituciones públicas y privadas interesadas en el turismo.

Visión

Somos el Observatorio Turístico del Perú, líder en la investigación científica y operativa, reconocida por la alta calidad de su      producción científica, referente obligado para las instituciones públicas y privadas del sector turismo, que buscan el conocimiento necesario que viabilice la adecuada y oportuna toma de decisiones y la formulación de estrategias coherentes para el desarrollo turístico nacional y regional, en el contexto de la sostenibilidad turística y el comercio justo.

Nuestros Objetivos

Analizar los datos relativos al Turismo nacional, que siendo recopilados desde diversas fuentes proporcionen informes y resúmenes de calidad y adecuados para la toma de decisiones más rápida y eficaz.

Convertir al Observatorio Turístico del Perú en un factor clave para la evaluación de los planes de acción, de las políticas sectoriales, promocionales y de inversión en el sector.

Establecer indicadores turísticos que permitan visualizar los resultados de las políticas e iniciativas turísticas, tanto en lo cualitativo como cuantitativo del turismo nacional.

Establecer indicadores de inclusión económica que permitan   visualizar el impacto de las políticas y estrategias de la actividad turística.

Mantener la base de datos BADATUR con data de coyuntura turística, que permita realizar periódicamente análisis de situación de la coyuntura turística

Recoger y analizar trimestralmente datos sobre las tendencias de la demanda, la oferta turística y anualmente del nivel de satisfacción de los turistas.

Publicar boletines informativos trimestrales de coyuntura y las memorias anuales…”17

EXPERIENCIA NACIONAL

GUANAJUATO

“Es un espacio de análisis, técnico, intersectorial e interdisciplinario bajo el cual un grupo de personas y/o entidades se agrupan y organizan con el propósito de vigilar, medir y verificar la evolución del sector turismo.

Objetivos:

Jerarquizar las demandas y necesidades de los ciudadanos.

Orientar las actividades de los servidores públicos.

Facilitar la toma de decisiones y,

Generar el diseño de la propia política de desarrollo del sector    turismo.

Incidirá:

Políticas públicas

Metodologías y herramientas técnicas

Transparencia

Medición de resultados

Sus funciones serán:

Genera información adecuada y consensuada, que permita definir el actuar del sector.

Pone al alcance de la sociedad la información relativa al fenómeno en estudio, atendiendo a criterios metodológicos, técnicos y de transparencia.

Promueve mecanismos e instrumentos dirigidos a conocer las demandas de los ciudadanos.

Construye sistemas de información técnica que permitan la generación, homologación y estandarización de indicadores en materia de turismo, además de facilitar su uso y consulta.

Construye un tablero de control como mecanismo permanente de medición y monitoreo en aspectos prioritarios del tema.

Genera conocimiento útil a través de estudios e investigaciones respecto al sector turístico…”18

Actualmente, no se cuenta con un observatorio a nivel nacional y en la mayoría de las Entidades Federativas.

Por lo anteriormente sustentado, y dada su importancia por los resultados que ofrece, hago la propuesta de su constitución y atribuciones, tomando como base del Acuerdo Gubernativo número 52, mediante el cual, se crea con carácter permanente el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, de fecha 23 de agosto del 2013,  publicado el Periódico Oficial del Gobierno19; sus atribuciones del Grupo Técnico, contenidas en el artículo 10 del propio acuerdo, así como la constitución de mismo, establecida en el artículo 4 y lo relativo al cargo honorífico en el artículo 5. De igual forma, parte de la definición de Observatorio Turístico en Argentina.

III. Fundamento Legal.

A esta iniciativa les son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

b) La Ley General de Turismo.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona una nueva fracción X al artículo 3, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes, se reforma el Título Quinto y se adiciona un Capítulo VIII al Título Quinto de la Ley General de Turismo.

V. Ordenamientos a modificar.

Ley General de Turismo.

VI.  Texto normativo propuesto.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presento ante esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.-IX.-…

X. Observatorio Turístico: Organismo para la planeación turística, con base a los indicadores del sector, así como al monitoreo permanente;

XI.- XXII.-…

TÍTULO QUINTO
De los Aspectos Operativos y de Información

CAPÍTULO I-VII.-…

CAPÍTULO VIII
Del Observatorio Turístico

Artículo 74. Para el cumplimiento de los objetivos del Observatorio Turístico, se instituye el Grupo Técnico, organismo técnico-académico, responsable del análisis, la investigación, la evaluación y la difusión de las actividades turísticas, cuyos cargos serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño. Este órgano multidisciplinario auxiliar de la Secretaría en materia de integración y validación de la información contenida en el Portal Electrónico, estará conformado por:

I. Un Presidente, que será el Secretario, quien tendrá voto de calidad;

II. Tres integrantes  del Consejo Consultivo de Turismo;

III. Cinco representantes del sector educativo;

IV. Cinco representantes del sector privado;

V. Cinco representantes del sector público:

a) Dos representantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

b) Un representante de la Secretaría de Economía;

c) Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y

d) Un representante de la Secretaría de Cultura.

Artículo 75. El Grupo Técnico tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y desarrollar metodologías de medición y de carácter comparativo, que favorezcan la comparación de indicadores turísticos;

II. Vigilar y validar que la información que genere y publique el Observatorio Turístico, atienda a los criterios de integralidad de los temas y de validez metodológica y científica en su generación;

III. Proponer a la Secretaría los planes de trabajo, programas y acciones relacionados con el Observatorio Turístico; y

IV. Emitir los lineamientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Observatorio Turístico.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Por lo que se refiere a los observatorios turísticos estatales, se sujetarán a las adecuaciones que realice cada Legislatura local a la normatividad en la materia y al presupuesto de cada Entidad Federativa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de agosto de 2016.

Dip. Alfredo Bejos Nicolás.

1 Documento que corresponde a la publicación Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares,
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/cuentas/anuales/informal.pdf

2 Acuerdo Gubernativo número 52, mediante el cual, se crea con carácter permanente el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, p. 23, http://sectur.guanajuato.gob.mx/descargables/e-
normateca/Acuerdo_Obsertario _Turistico_ Gto.pdf

3 “Algunas de las ventajas de la investigación en turismo generada por los observatorios son:
La identificación de problemas. El trabajo cotidiano de los empresarios y funcionarios impide que se concentren en el análisis de situaciones que pueden mejorar o que cambian con el tiempo volviéndose un problema. La investigación permite aislar variables e identificar áreas donde se pueden realizar mejoras o evitar problemas.
Mantener el contacto con el mercado. La investigación permite identificar tendencias, interpretar movimientos del mercado y dar seguimiento al comportamiento de las diferentes variables que permitan, a las políticas públicas y a los empresarios sustentar en datos duros sus procesos de toma de decisiones.
Reducir el desperdicio. En muchas ocasiones por inercia o costumbre se mantienen sistemas, prácticas y métodos inoperantes solamente identificables mediante la investigación. Al encontrarlos y demostrar su ineficiencia se pueden encontrar soluciones que mejoren los procesos o la experiencia turística.
Desarrollar nuevas fuentes de ingreso. Las oportunidades y nuevas tendencias son fácilmente identificables cuando se analizan las variables apropiadas, así la investigación permite encontrar nuevos mercados, nuevos productos o nuevos usos para los ya existentes. Sugiriendo igualmente adaptaciones que permitan cumplir con las cambiantes expectativas de los clientes.
Mejorar la promoción. Al conocer la opinión de los turistas o las opciones de la competencia, el destino puede mejorar su forma de promoverse para dar a conocer los productos que más demanda tienen o las ventajas comparativas que ofrece a los viajeros.
Mejorar la imagen. Finalmente, cuando los usuarios de un servicio identifican que sus proveedores conocen el mercado y se interesan por satisfacer sus necesidades, se genera la percepción de que el destino se preocupa por ellos y que trata de crear productos, servicios y condiciones que mejoren su experiencia general.” Goeldner, Charles R. & Ritchie, JR Brent. “Tourism Principles, Practices, Philosophies” John Wiley & Sons, Tenth Edition. New Jersey, EUA. 2006. pp. 498-499.
Citado por  Desarrollo de la metodología para la implementación de observatorios turísticos en destinos en México, trabajo realizado por la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables y la Organización Latino Americana y del Caribe de Turismo para la Secretaría de Turismo, 2013, pp. 2-3, http://ictur.sectur.gob.mx/pdf/estudioseinvestigacion/estudiosfondosectorial/documentocompleto.pdf

4 Ídem.

5 Ibidem, p. 8.

6 Acuerdo Gubernativo número 52, mediante el cual, se crea con carácter permanente el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, http://sectur.guanajuato.gob.mx/descargables/e-normateca/Acuerdo_Obsertario _Turistico_ Gto.pdf

7 “Entender que el turismo mexicano no está aislado y que participa con el resto del mundo en un mercado cada vez más competido es un punto que debe hacernos reflexionar. Hoy más que nunca se hace necesario promover un turismo sustentable y de calidad que ofrezca productos y servicios innovadores, con mayor valor agregado y con una adecuada articulación de la cadena de valor. Con calidad, innovación y productividad se generarán las condiciones para que los visitantes tengan una experiencia única, que fortalezca la competitividad del turismo mexicano en el mundo y que haga que la industria turística se desarrolle, que multiplique su potencial y que sus beneficios alcancen a más mexicanos.”, p. 41, www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/programa_turismo.pdf

8 Ídem.

9 http://www.observatorioturistico.org/cenDoc/7c009-Tendencias-innovadorasenestadisticasaplciadasalturismo.-Le--n-2015..pdf

10 http://sectur.guanajuato.gob.mx, op. cit.

11 “El Programa de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo de la OMT tiene como cometido mejorar la medición del turismo para conocer mejor el sector y poder seguir sus progresos, evaluar su incidencia, promover una gestión enfocada a unos resultados y poner de relieve cuestiones de importancia estratégica para los objetivos fijados en las políticas pertinentes.
El Programa se esfuerza por promover marcos metodológicos de medición del turismo e incrementar su potencial analítico, formula orientaciones prácticas para su aplicación en los países, contribuye al fortalecimiento de las estadísticas nacionales mediante proyectos de capacitación institucional y compila las estadísticas de turismo de los países para difundirlas por todo el mundo.”, http://statistics.unwto.org/es

12 http://sdt.unwto.org/es/node/42152

13 http://www.observatorioturistico.org, op. cit.

14 Ídem.

15 Página web del Observatorio Turístico de la Argentina, http://www.observatur.edu.ar/index.php?option=
com_frontpage&Itemid=1

16 Página web del Observatorio Turístico Sostenible, http://observatorioturismosostenible.blogspot.mx/

17 Página web del Observatorio Turístico del Perú, http://www.observatorioturisticodelperu.com

18 Página web oficial del Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato,
http://www.observatorioturistico.org/oteg

19 Año C, Tomo CLI, Número 135.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Bejos Nicolás. Túrnese a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.





 

Se concede la palabra a la Diputada Evelyn Parra Álvarez, para presentar a nombre del Diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 5 del artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, a nombre del Diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Evelyn Parra Álvarez: Muchas gracias, señora Presidenta, con su venia. Compañeros legisladores, buenas tardes.

México aspira a ser considerado como un Estado verdaderamente democrático. Para lograrlo se debe revisar el marco electoral en la búsqueda de su perfeccionamiento, no para cortar ningún otro derecho, sino más bien para dar certeza a todos los actores involucrados en la contienda.

Sabemos que existe una delgada línea entre lo que puede ser considerado censura a la labor periodística, por lo que la propuesta que se presenta ante ustedes el día de hoy, no tiene otro objeto más que el de precisar y fortalecer el espíritu del legislador al momento de la redacción del artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tenemos, entonces, que la encuesta es una técnica de investigación social que permite conocer las opiniones y actitudes de una colectividad por medio de un cuestionario que se aplica a un reducido grupo de sus integrantes al que se le denomina “muestra”.

Sin embargo, en los últimos procesos electorales en nuestro país, el uso de encuestas de salida ha tenido un sentido negativo, ya que se usa como una herramienta de distracción, confusión, desprestigio y simulacro electoral, y muchas veces esto ha llevado a lo que es una guerra de encuestas.

Lo grave de este tema, es que las encuestas, muchas veces falsas, pueden llegar a influenciar e incidir en la decisión del electorado, convirtiendo el mercado de las encuestas electorales en un cuantioso negocio, a costa de demeritar la democracia.

Entonces, las encuestas las gana quien las ordena, quien las publica y quien las difunde, y quien tiene los suficientes recursos económicos para pagarlas. Cuántas veces no hemos visto que quien manda a hacer su encuesta es quien va arriba encabezando.

Por ello, lo que pretende la presente iniciativa es dejar claro quiénes son los sujetos obligados en la publicación de las encuestas de salida. Lo anterior resulta relevante en virtud de que la publicación de cualquier encuesta sobre preferencias electorales, no se le puede dar un tratamiento sólo como nota informativa de interés público, sustentada en el ejercicio de la libertad de expresión e imprenta. Por el contrario, dada la materia en fondo, el tratarse de contiendas electorales se debe garantizar los principios de certeza y equidad.

Por esta razón, el objetivo central de la presente iniciativa es definir con más precisión los sujetos obligados.

En concreto, se propone afinar el enunciado de quien solicite u ordena la publicación para implicar a quien publique, solicite u ordene la publicación, con el fin de facilitar el cumplimiento de las disposiciones legales.

Entonces, se propone reformar el numeral 5 del artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es precisamente para que el mismo Instituto pueda regular bien lo que son las encuestas y no se convierta, como siempre, en una guerra y de preferencias para otros.

Esta es la propuesta que hace el grupo parlamentario del PRD.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El que suscribe, NORBERTO ANTONIO MARTÍNEZ SOTO, con el carácter de Diputado a la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicano, someto a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 5 del artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

1.- El 31 de enero de 2014 el Presidente de la República promulgó la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, por lo que el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, por el que se creó el Instituto Nacional Electoral como autoridad nacional en la materia.

2.- El día 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General); y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación, en la que entre otras disposiciones, se determinan las atribuciones del Instituto Nacional Electoral.

3.- Con la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral acaecida en 2014, el Instituto Nacional Electoral se convierte en la institución rectora de la regulación de las encuestas de carácter federal y local, y por lo tanto sus Lineamientos se vuelven obligatorios para toda elección que se celebre en cualquier ámbito del territorio nacional.

4.- En consecuencia, fue aprobado el 22 de octubre de dos mil catorce en sesión extraordinaria el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los lineamientos así como los criterios generales de carácter científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, así como preferencias sobre consultas populares, durante los procesos electorales federales y locales. (INE/CG220/2014).

5.- Que en el cuerpo del acuerdo citado en el punto que antecede, se señala con precisión:

CONSIDERANDO

30. Que otra conclusión de la autoridad electoral en materia de regulación de encuestas documentadas en el mencionado Libro Blanco fue la necesidad de definir con más precisión los sujetos obligados en materia de publicación de encuestas sobre asuntos electorales. En concreto, se sugiere afinar el enunciado de: "quien solicite u ordena la publicación" para implicar a quien publique, solicite u ordene la publicación. Lo anterior, con el fin de facilitar el cumplimiento de las disposiciones legales.

LINEAMIENTOS

1.-

a. Si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio, deberán entregar copia del estudio completo de la información publicada al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (cuando se trate de encuestas o sondeos sobre elecciones federales) o, en su caso, a su homólogo del Organismo Público Local correspondiente (cuando se trate de encuestas o sondeos de elecciones locales), directamente en sus oficinas o a través de sus respectivas estructuras desconcentradas. Cuando se trate de una misma encuesta o sondeo de opinión que arroje resultados sobre elecciones federales y locales el estudio deberá entregarse tanto al Instituto Nacional Electoral, como al Organismo Público Local que corresponda. Cuando se trate de un estudio que arroje resultados para más de una elección local, el estudio deberá entregarse a las autoridades electorales locales respectivas.

b. Esta obligación deberá cumplirse a más tardar dentro de los cinco días naturales siguientes a su publicación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La encuesta es una técnica de investigación social que permite conocer las opiniones y actitudes de una colectividad por medio de un cuestionario que se aplica a un reducido grupo de sus integrantes al que se denomina muestra.

Si bien las encuestas en el ámbito electoral pueden tener diversos usos, principalmente sirven (I) para escoger las mejores candidatas y candidatos que pueden representar un partido político, para una posición determinada, (II) para elaborar la estrategia de una campaña electoral y (III) para seguir la evolución de la campaña, lo cual debiera producir y reproducir una visión objetiva del respectivo proceso electoral.

Sin embargo, en los últimos procesos electorales en nuestro país de índole federal y local, la publicación de encuestas durante el periodo de campaña, se usa como herramienta de distracción, confusión, desprestigio y simulación electoral, contraviniendo a su propia teleología mediante el uso de datos tendenciosos, no objetivos, sesgados, e incluso falsos.

Como ejemplo se expone el caso suscitado en el proceso electoral para elegir al gobernador o gobernadora del estado de Michoacán en el año 2011, cuando días antes de la elección, Joaquín López-Dóriga entrevistó en Radio Fórmula a Fausto Vallejo, candidato del PRI. Le preguntó qué opinaba de las encuestas del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), publicadas en Milenio, que le daban la delantera a la candidata del PAN, Luisa María Calderón, con 37% de las preferencias, seguida por el priista Fausto Vallejo con 22% y ubicando en tercer lugar a Silvano Aureoles, candidato de los partidos de izquierda, con 13%.

Fausto Vallejo le respondió: “Inicialmente me daba a mí ventaja, pero no llegamos a ningún acuerdo y obviamente pasó a otros momios a favor de la candidata”. ¿Estaba escuchando bien? ¿El candidato del PRI estaba afirmando que porque ellos no habían llegado a un acuerdo con la casa encuestadora los resultados de la encuesta se habían volteado a favor de la candidata del PAN? Vallejo abundó: “Se acercaron conmigo, me enseñaron las encuestas que ellos traían: llevábamos 10 o 12 puntos arriba. No establecimos el contacto. Sé que establecieron contacto por otro lado, pero a los pocos días habían cambiado totalmente la encuesta que nos habían mostrado”.

O el reciente caso que se presentó en el proceso electoral del presente año en el estado de Sinaloa, en el que se difundió a través del programa radiofónico local Línea Directa, una encuesta falsa de la compañía Consulta Mitofsky, la cual fue posteriormente desmentida por dicha empresa encuestadora.

Como evidencia de la encuesta, en el programa radiofónico sólo se mostró una foto de una hoja de papel con una gráfica a colores y en su margen izquierdo superior el logo de Consulta Mitofsky.

Resulta relevante que la compañía citada, realiza encuestas públicas y privadas, en este último caso, sólo las publica en su portal hasta que el contratante decide difundirlas en otros medios de comunicación. Al pensar que éste podría ser el caso, los directivos de la empresa verificaron si la había hecho la compañía, si se habían alterado los resultados o era falsa, lo cual sucede con frecuencia, expusieron.

Lo grave en este tema, es que las encuestas “cuchareadas” o falsas, pueden llegar a influenciar e  incidir en la decisión del electorado, convirtiendo el mercado de las encuestas electorales en un cuantioso negocio, a costas de demeritar la democracia. Luego entonces, las encuestas las gana, las ordena publicar  las difunde quien tiene los suficientes recursos económicos para pagarlas.

Por esta razón, el objetivo central de la presente iniciativa, es definir con más precisión los sujetos obligados en la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre preferencias electorales que se realicen desde el inicio de un proceso electoral federal y/o local hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección.

En concreto, se propone afinar el enunciado de quien solicite u ordena la publicación para implicar a quien publique, solicite u ordene la publicación, con el fin de facilitar el cumplimiento de las disposiciones legales.

Asimismo, de conformidad con el citado Acuerdo INE/CG220/2014, se propone adicionar el término de cinco días por lo que hace a la obligación, en el caso de que la encuesta o sondeo se difunda, de entregar copia del estudio completo de la información publicada al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y/o Organismo Público Local.

Luego entonces, se propone reformar el numeral 5 del artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que para mejor referencia se contrasta a continuación el texto vigente y la propuesta de esta iniciativa, de acuerdo a lo siguiente:

Texto vigente

Propuesta de la iniciativa

Artículo 251.

1. …

2. …

3. …

4. …

5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

 

 

 

6. …

7. …

Artículo 251.

1. …

2. …

3. …

4. …

5. Quien publique, solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. Esta obligación deberá cumplirse a más tardar dentro de los cinco días naturales siguientes a su publicación.

En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

6. …

7. …

Es imperante mencionar, que el presente proyecto de reforma, surge de la necesidad de armonizar los lineamientos y criterios generales de carácter científico emitidos por el Instituto Nacional Electoral, así como el criterio jurisprudencial del máximo Tribunal Electoral, con la normativa en Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de encuestas y sondeos de opinión sobre preferencias electorales. 

A saber, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio de la Tesis LVII/2016, señaló lo que a continuación se transcribe:

ENCUESTAS. EL DEBER DE INFORMARLAS AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES, NO COARTA EL DERECHO DE INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 24, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13, de la Convención América de Derechos Humanos; y 213, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la actividad ordinaria de los periodistas supone el ejercicio de libertades constitucionales, sin embargo, no toda restricción a esa actividad constituye una vulneración a ese ejercicio, porque en tratándose de las contiendas electorales los límites a la libertad de expresión se encuentran justificados, sobre todo si en la ley o en la reglamentación que exista al respecto, se establecen condiciones para que el ejercicio periodístico y de imprenta no vulnere otros principios de igual o mayor importancia como es la equidad en la contienda. Así, las obligaciones impuestas durante los procesos electorales para quienes publiquen, soliciten u ordenen encuestas o sondeos de opinión, no coartan el derecho de información y expresión, pues si bien este derecho es inherente a la actividad periodística, esa actividad informativa, en materia de encuestas, debe informarse al Instituto Nacional Electoral, en aplicación de las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior, resulta relevante en virtud de que la publicación de cualquier encuesta sobre preferencias electorales, no se le puede dar un tratamiento solo como nota informativa de interés público sustentada en el ejercicio de la libertad de expresión e imprenta, por el contrario, dada la materia de fondo, al tratarse de contiendas electorales se deben garantizar los principios de certeza y de equidad.

Se debe verificar entonces, por parte de la autoridad electoral, que las encuestas o sondeos de opinión publicados en los medios de comunicación, sean producto de un estudio objetivo, siendo sujetos obligados no solo quien solicite u ordena la publicación, sino también de quien lo publique.

Consecuentemente, tal como lo señala el Acuerdo INE/CG220/2014, cualquier medio de comunicación, que difunda resultados sobre preferencias electorales debe informar al Instituto Nacional Electoral, debiendo entregar copia del estudio respectivo dentro de los siguientes cinco días a su publicación, por lo que se encuentran debidamente motivadas y fundamentadas las razones por las cuales se debe elevar a rango de ley la presente propuesta bajo el principio jurídico quodabundat non nocet.

Como representantes populares, candidatos que fuimos, pero sobre todo, como promotores y defensores de la democracia en México, debemos prevenir la simulación electoral, mediante la utilización de información fidedigna, con una metodología científica que demuestre las preferencias en un lugar y tiempo determinados.

Finalmente, con esta propuesta se considera que bajo los principios de armonización, certeza, legalidad, objetividad, exactitud y precisión, se tutela de manera efectiva la equidad como uno de los principales ejes rectores de todo proceso electoral.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Único. Se reforma el numeral 5 del artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar en los siguientes términos:

Articulo 251.

1. …

2. …

3. …

4. …

5. Quien publique, solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. Esta obligación deberá cumplirse a más tardar dentro de los cinco días naturales siguientes a su publicación.

En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

6. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,
el 24 de agosto 2016.

Suscribe

Dip. Norberto Antonio Martínez Soto.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Diputada Parra Álvarez. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.





 

Honorable Asamblea: Hago de su conocimiento que los Diputados Patricia Sánchez Carrillo, César Alejandro Domínguez Domínguez, Omar Ortega Álvarez, Xitlalic Ceja García, Genoveva Huerta Villegas, Guadalupe Acosta Naranjo y Jorgina Gaxiola Lezama, y el Senador Roberto Gil Zuarth, legisladores integrantes de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, presentamos y suscribimos las siguientes iniciativas:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 118 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Diputadas y los Diputados Patricia Sánchez Carrillo, César Alejandro Domínguez Domínguez, Omar Ortega Álvarez, Xitlalic Ceja García, Genoveva Huerta Villegas, Guadalupe Acosta Naranjo y Jorgina Gaxiola Lezama y el Senador Roberto Gil Zuarth, integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)







 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Reglamento de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE EL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Diputadas y los Diputados Patricia Sánchez Carrillo, César Alejandro Domínguez Domínguez, Omar Ortega Álvarez, Xitlalic Ceja García, Genoveva Huerta Villegas, Guadalupe Acosta Naranjo y Jorgina Gaxiola Lezama y el Senador Roberto Gil Zuarth, integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)



Ambos proyectos se elaboraron con el propósito de dotar a este Órgano del Poder Legislativo de una normatividad específica para regular su funcionamiento. Es importante hacer notar que la Comisión Permanente ha carecido de un instrumento que de manera particular regule su trabajo de forma constante.

En la Mesa Directiva acordamos que ambos proyectos se turnarán a comisiones de la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen.

Estamos seguros que durante el proceso de análisis y discusión a que serán sometidos, su contenido será enriquecido y perfeccionado para una mejor aplicación en los trabajos de esta Asamblea.

Ambas iniciativas se reciben y se turnan a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.





 

El siguiente apartado del Orden del Día es la discusión de dictámenes que presentan las comisiones y sobre las que no hay reserva.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos 21 dictámenes de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo:

1.- Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Seguridad, información relativa a las acciones implementadas en materia de seguridad pública encaminadas a la prevención del delito en todas las entidades federativas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a seguir reafirmando su compromiso con los mecanismos multilaterales de promoción y protección de derechos humanos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a instruir a los titulares de todas las dependencias para observar puntualmente el Acuerdo por el que se da a conocer la implementación de la nueva cultura laboral en la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Por el que se solicita implementar acciones para rescatar, proteger y preservar el suelo de conservación ecológica y las áreas verdes que se ubican en la delegación Cuajimalpa.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5.- Por el que se solicita al gobierno del estado de Jalisco un informe sobre las acciones que se están llevado a cabo para fortalecer las políticas públicas transversales para la superación de la pobreza.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6.- Por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México un informe acerca de la situación laboral del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7.- Por el que se condena enérgicamente el asesinato de las personas Humberto Ortiz García y Armando Morales Jarquin.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8.- Por el que se exhorta a informar sobre las diligencias que han llevado a cabo para capturar a los responsables del asesinato del periodista Pedro Tamayo Rosas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9.- Por el que se invita al Colegio Nacional del Notariado Mexicano y al propio Congreso de la Unión a llevar a cabo la instalación de un módulo de atención en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado de la República durante el mes de septiembre, con motivo de la campaña "Septiembre Mes del Testamento".

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Enrique Burgos García)







 

10.- Por el que se exhorta a las autoridades delegacionales de Tláhuac a atender la situación de violencia e incidencia delictiva en las unidades de transporte público.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

11.- Por el que se exhorta al Congreso del estado de Puebla a llevar a cabo una investigación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno estatal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Jesús Casillas Romero)







 

12.- Por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Yucatán un informe sobre los avances de la investigación referente a los agravios cometidos en contra de los ciudadanos Miguel Antonio BacabKu y Francis Andrey Ávila Basto.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

13.- Por el que se solicita información sobre la operación y aplicación de recursos del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal “Prepa Sí” en las delegaciones de la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

14.- Por el que se exhorta a atender la problemática derivada de las fracturas, hundimientos y socavones que se presentan en la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

15.- Por el que se exhorta a garantizar el derecho a la libertad de expresión de periodistas y comunicadores.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

16.- Por el que se exhorta a remitir un informe sobre si existen las observaciones a los recursos federales ejercidos durante la actual administración municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

17.- Por el que se desecha la proposición que exhorta a Concesiones Integrales, S.A de C.V., a reestablecer el servicio de agua potable y drenaje al Sanatorio de Los Ángeles, S.A de C.V.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

18.- Por el que se dan por atendidas las proposiciones que exhortan al gobierno del Estado de México a remitir un informe sobre las acciones para abatir la inseguridad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

19.- Por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán un informe sobre la situación de violencia e ingobernabilidad que actualmente se presenta en varios municipios de la entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

20.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las medidas y acciones en materia de seguridad pública.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Señora Presidenta, le informo que también se retiró la reserva del dictamen que exhorta a las instancias competentes del gobierno federal y del gobierno del estado de Sonora a informar sobre las investigaciones en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y ex funcionarios de su administración.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

También tenemos 22 dictámenes de la Segunda Comisión, que contiene puntos de Acuerdo:

1.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar la pertinencia de desarrollar e implementar un plan nacional de prevención y control de la Hepatitis C.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Por el que se exhorta a recabar información sobre el número de víctimas de nacionalidad mexicana que han sufrido agresiones y homicidios motivados por odio, racismo o xenofobia, denunciados en los Estados Unidos de América.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Por el que se exhorta a reforzar la implementación y el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Por el que se exhorta a reforzar las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana sobre Requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las albercas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5.- Por el que se exhorta a remitir un informe sobre las acciones desplegadas por parte de México durante el actual proceso de selección y nombramiento del nuevo Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6.- Por el que se extiende una felicitación al nuevo Presidente de la República del Perú por la asunción de su cargo.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Jesús Casillas Romero)







 

7.- Por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Puebla a fortalecer las acciones y programas para atender a los mexicanos repatriados de estas entidades.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Enrique Burgos García)







 

8.- Por el que se exhorta a fortalecer e intensificar los programas públicos y acciones correspondientes para prevenir y disminuir la incidencia de suicidio entre la población.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9.- Por el que se condena enérgicamente el ataque perpetuado en julio pasado en la ciudad de Múnich, Alemania.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10.- Por el que se exhorta a informar sobre el proceso de revisión y actualización de la Norma Oficial Mexicana, De los Servicios de Planificación Familiar.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



(Intervención de la Senadora Carmen Dorantes Martínez)







 

11.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer o, en su caso, implementar acciones efectivas para prevenir, atender e inhibir conductas de abuso y hostigamiento sexual en contra de las mujeres.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Gerardo Sánchez García)







 

12.- Por el que se exhorta a implementar las acciones necesarias para concientizar a la población sobre la importancia de la leche materna como fuente exclusiva de alimentación de las niñas y los niños hasta los primeros 6 meses de vida.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

13.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a reforzar las medidas de reconocimiento y continuar velando por los derechos políticos de las mujeres.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

14.- Por el que se exhorta a informar sobre el estado que guarda el proyecto de la construcción del hospital comunitario de Mazapil, Zacatecas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

15.- Por el que se exhorta a continuar promoviendo y fortaleciendo los esquemas y mecanismos de movilidad laboral en el contexto regional de América del Norte.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

16.- Por el que se exhorta a informar sobre el estado que guarda el proyecto de construcción del Hospital General Regional, en el municipio de García, Nuevo León.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

17.- Por el que se condena el ataque sufrido en el edificio en el que se ubican las oficinas de la Embajada de México ante la República Helénica, ocurrido el 31 de julio de 2016.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

18.- Por el que se exhorta a reforzar la implementación de las políticas públicas encaminadas a fomentar la participación de los jóvenes en la vida pública del país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

19.- Por el que se exhorta a integrar al Cuerpo Diplomático de Cocineros, a representantes de la gastronomía sinaloense.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

20.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila a reforzar la implementación y cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de los protocolos aplicables, a fin de prevenir, vigilar y controlar las infecciones nosocomiales.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

21.- Por el que se da por atendida la proposición que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Acuerdo de París.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

22.- Por el que se da por atendida la proposición que exhorta a reforzar los programas de promoción para la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas en el territorio nacional.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Le informo, señora Presidenta, que también tenemos cuatro dictámenes de la Tercera Comisión, que contiene puntos de Acuerdo:

1.- Por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a presentar un informe sobre los gastos, percepciones y recursos humanos y materiales utilizados por los consejeros independientes desde su nombramiento a la fecha.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos diversa información sobre la licitación 1 de la Ronda 2.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a fortalecer las acciones contra la pesca ilegal del pez dorado y marlín.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



(Intervención de la Senadora Carmen Dorantes Martínez)







 

4.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Competencia Económica a rendir un informe sobre la competencia efectiva entre los diferentes concesionarios o permisionarios del transporte aéreo que operan en los diversos destinos del estado de Oaxaca.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Debido a que los dictámenes no reservados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y así sean del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Pasamos a la discusión de los dictámenes reservados. El primero de ellos es uno de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reglamentar la Ley de Movilidad. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Jesús Casillas Romero: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

El punto de Acuerdo que estamos a punto de aprobar, si así lo disponen ustedes, es de la mayor relevancia.

El tema de movilidad no solamente en la Ciudad de México, sino prácticamente en todas las zonas metropolitanas del país, se ha convertido en un verdadero problema.

El modelo de tránsito y vialidad durante muchos años se asumió en nuestro país, pues es evidente que no ha dado buenos resultados. Encontramos ciudades ruidosas, contaminadas y peligrosas porque se ha favorecido un solo modelo de transporte, privilegiando, desde luego, el uso del vehículo particular por encima de cualquier otro tipo de modelo de transporte y esto, desde luego, no fue la mejor decisión.

Hay que reconocer que no solamente en la Ciudad de México, sino en diversas entidades del país, como los estados de Jalisco, Querétaro y Morelos ya han asumido esa reglamentación, la transición que va desde el modelo de tránsito y vialidad a una Ley de Movilidad que contempla aspectos más integrales que tiene que ver con la planeación urbana, que tiene que ver con esquemas de hacer el espacio público más generoso y, desde luego, privilegiar el transporte multimodal.

En ese sentido, los esfuerzos que se hicieron en la Ciudad de México para la creación de una Ley de Movilidad, pues, hemos visto que a dos años de su implementación no ha dado lo mejor de los resultados. Y no ha dado los mejores resultados porque no se ha aprobado el reglamento que precisamente le dé cauce a lo que establece la Ley de Movilidad.

En la Ciudad de México, ya es común ver todos los días una feroz lucha por el espacio público, vemos cómo los automovilistas consideran que el espacio público es de su propiedad y agreden a los ciudadanos que utilizan otro medio de transporte.

Y ahí hemos visto a los famosos “Lords”, como “Lord Audi” o “Lord Dodge”, así como hemos visto que son agredidos cotidianamente los ciclistas y los peatones, y que prácticamente tienen que pedir permiso a los automovilistas para poder cruzar una calle.

Después de dos años que esta ley haya entrado en vigor, pues no hemos visto que se haya mejorado la vialidad, no se ha hecho, no se ha tenido el resultado para hacer más fluido el tránsito, tampoco hemos visto que se haya disminuido la contaminación; es más, me atrevo a decir que se ha empeorado, han ocurrido por lo menos tres, cuatro o cinco veces que se ha activado la contingencia ambiental, y que se han tenido que ir a esquemas de impedir la circulación de una cantidad importante, más de un millón de vehículos a consecuencia de esto.

Hemos visto que la ciudad sigue estando contaminada, que siguen generándose muchos accidentes, que muchas personas mueren atropelladas o que muchas personas mueren en accidentes de tránsito.

Hemos visto que los peatones no han tenido la oportunidad de utilizar las banquetas y las calles de manera segura y esto nos habla de que, si bien es cierto un buen esfuerzo para aprobar esta ley, en la realidad no ha dado los resultados que se esperaban. Por eso, el exhorto, me parece de lo más adecuado.

Hay que insistirles a las autoridades de la Ciudad de México para que a la brevedad aprueben este reglamento que le pueda dar cauce a una aplicación eficiente de la Ley de Movilidad.

Es de verdad muy importante que se tomen medidas y también hay que pasar de la letra a los hechos.

Mucho se ha dicho, y se dice hasta el cansancio que nuestro país, y de alguna manera nos debemos de sentir por lo menos orgullosos de nuestro trabajo, que México cuenta con las mejores leyes, pero que desafortunadamente no se aplican, y la Ciudad de México no es la excepción.

Se aprobó la ley y no hemos visto que hayan sanciones por quien invade una ciclovía, no hemos visto sanciones para el automovilista que invade una banqueta, no hemos visto sanciones para quienes no cumplen con el requisito de circular a un metro 50 centímetros de un ciclista, no lo hemos visto.

Entonces, prácticamente quienes se preocuparon, en su momento, por quienes iba a haber sanciones fuertes porque se estaba reglamentando el espacio público, y vieron de alguna manera afectado su interés personal de ocupar el espacio público, pues prácticamente hoy se ríen de ésto.

Por eso, compañeras y compañeros, los invito a que votemos a favor de este dictamen, y no se trata de un asunto de carácter político, se trata de que mejoremos la calidad de la movilidad en la Ciudad de México, que se privilegie el derecho que tienen en principio los peatones, en primer lugar; en segundo lugar, hacerlo más democrático, la mayoría de los habitantes de esta ciudad utiliza como medio de transporte los esquemas del transporte público de la Ciudad de México, a ellos hay que responderles.

Y por eso, en esa pirámide, tenemos que priorizar el interés de la mayoría por encima de la minoría. Por eso insisto, compañeras y compañeros, hay que votar a favor, creo que es un buen dictamen en beneficio de la ciudad y que esto se replique en las 58 zonas metropolitanas del país.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias a usted, Senador Casillas Romero.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Damos la bienvenida a un grupo de alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del municipio de Salvatierra, Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.

¡Sean ustedes bienvenidos, jóvenes estudiantes, a esta su casa, el Senado de la República!





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre el estado que guardan las investigaciones concernientes a las diversas fallas presentadas en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Gracias, señora Presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros:

Antes de iniciar quisiera tomar parte del posicionamiento del Senador Casillas Romero, que me parece que es importante cuando hablaba de este tema de la movilidad respecto del punto de Acuerdo anterior, y tiene que ver con que la Ciudad de México no sólo es de los capitalinos, es de todos los mexicanos, es nuestra capital, sede de los poderes; pero además es un referente a muchos temas para las entidades federativas.

Pero quiero decirles que la Ciudad de México es la peor ciudad en accesibilidad. Las peores banquetas, las peores rampas y no sólo para las personas en sillas de ruedas, la accesibilidad tiene que ver con un tema de transversalidad de ejercicio de derechos, la accesibilidad y la movilidad urbana con perspectiva de inclusión, con perspectiva de derechos humanos es para todos y para todas.

Tiene que ver con la construcción de ciudades humanas donde igual transita un niño, porque pensamos que los niños no les es importante un escalón de 30 centímetros con sus piernitas pequeñas, no tenemos ni idea, sólo que se nos olvida porque crecen; o la mujer embarazada, o el sordo que tiene problemas de movilidad porque su oído cuando está afectado le afecta el equilibrio, o el adulto mayor, que todos en algún momento llegaremos a ser.

Yo solamente quiero abundar y aprovechar esta tribuna para así decir que es una lástima y que es una pena que la accesibilidad de la Ciudad de México es la peor o quizá de las peores del país siendo la capital de todos los mexicanos.

Ojalá que el tema de la accesibilidad en el nuevo constituyente sea un tema transversal, que tenga estar ahí, estoy segura que Senadores y Diputados constituyentes, que aquí están, trabajaremos juntos por ello como un solo equipo por México, por la Ciudad, que no sólo es de los capitalinos, es de todas y todos los mexicanos.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La falta de transparencia genera e incentiva la corrupción, desigualdad, negligencia y discriminación, asimismo, contraviene todas las prácticas democráticas y vulnera los derechos fundamentales. Desafortunadamente un ejemplo de estos hechos son las irregularidades en el metro de la Ciudad de México.

En este sistema de transporte persisten serios problemas en la infraestructura y en la calidad del servicio, particularmente la Línea 12 del metro ha sido seriamente cuestionada en distintas ocasiones debido a la presencia de deficiencias de diseño, falta de coordinación de los trabajos y presuntos hechos de corrupción por parte de funcionarios, reitero, hechos de corrupción por parte de funcionarios.

Diversos señalamientos indican que la presentación de irregularidades en la planeación, construcción y funcionamiento del proyecto, así como demoras y retrasos en los tiempos de traslado, graves deficiencias y anomalías en sus instalaciones, incluyendo el incumplimiento de medidas básicas de seguridad.

En las instalaciones e infraestructura se observa un nulo mantenimiento en los rieles, en los trenes y en las estaciones que provocaron hundimientos, vibraciones, colapsos de estructuras, fracturas, grietas, deformaciones en las vías y desgaste prematuro en las vías y ruedas.

Uno de los hechos más evidentes fue el que se consumó el 11 de marzo de 2014, fecha en la que se anunció el cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 por fallas en su infraestructura, lo que posteriormente resultó en una serie de acciones por parte del Congreso de la Unión, así como de la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

De acuerdo con el informe final de Systra, las fallas de la Línea Dorada se debieron al conjunto de errores de planeación, diseño, construcción y operación.

A partir de este diagnóstico, se propusieron 32 acciones para la reanudación del servicio, entre lo que se contempló la sustitución de más de 312 mil piezas, como cambios de rieles, perfil de las ruedas de los trenes, balastros y ajustes de curvas.

Es oportuno precisar que en función de la responsabilidad que se les acreditó a diversos funcionarios públicos, algunos de ellos fueron acreedores a más de una sanción. Mismas que van de 1 a 20 años de inhabilitación y sanciones económicas.

Compañeras y compañeros, sabemos la trascendencia de esta problemática y el impacto negativo que genera en la vida cotidiana de los habitantes de esta ciudad, por lo que resulta apremiante que se transparente toda la información sobre el estado que guardan las investigaciones concernientes a las diversas fallas presentadas en la Línea 12, así como el número de funcionarios que, por acción u omisión, han sido sancionados penal o administrativamente.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos conscientes de la necesidad de transparentar el uso y manejo de los recursos públicos, por lo que consideramos de vital relevancia que se continúe con las investigaciones pertinentes con el objeto de identificar, sancionar y prevenir la comisión de actos ilícitos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias por su atención.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias a usted, Senadora De la Torre Valdez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Les informo que a otro grupo de dictámenes se les retiro las reservas que se habían anunciado inicialmente.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el siguiente grupo de dictámenes sin reserva para discusión.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Doy cuenta con los nuevos dictámenes.





 

Tenemos uno de la Primera Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena y expresa su total rechazo por los actos violentos implementados al realizar operativos contra comerciantes del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, ocurridos el pasado 22 de julio del presente año.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Tres de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a considerar la implementación de una campaña permanente que genere conciencia en la población sobre los beneficios del consumo de productos nacionales de calidad.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Turismo a implementar una intensa campaña de verificación para garantizar que las agencias de viajes cumplan con las disposiciones legales y evitar fraudes a los usuarios de servicios turísticos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Sofío Ramírez Hernández)







 

Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar prioridad a los rubros de gasto y programas que sean progresivos, de modo que se utilice el gasto público como herramienta de combate a la desigualdad y a la promoción del crecimiento económico del país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Y un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los órganos jurisdiccionales del país a observar en todas sus resoluciones y sentencias la perspectiva de género, con estricto apego al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, señora Secretaria. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Debido a que los dictámenes no reservados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes están por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Tenemos la discusión de dictámenes de la Tercera Comisión. El primero de ellos, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a llevar a cabo campañas informativas para fomentar el uso responsable de las redes sociales. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta, doy lectura.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, señora Secretaria. Está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias, buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Si bien es cierto que el uso de las redes sociales y las tecnologías de información y comunicación social forman parte de la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos, también lo es que cada día los usuarios se encuentran expuestos a diversos riesgos de su uso, siendo los niños y los jóvenes los más vulnerables.

Los principales riesgos y daños para este sector de la población ocurren al realizar actividades en redes sociales, por ejemplo, lo estamos viendo hoy con el acoso sexual en ciber para los niños, y que se refiere a un proceso por el cual el adulto, por medio de Internet, trata de ganarse la amistad de un menor de edad con fines sexuales.

El sexo también es una práctica que pone en situación de vulnerabilidad a los menores, pues implica el intercambio de imágenes o textos de carácter sexual por teléfono móvil.

Por otro lado, los menores y los jóvenes también pueden ser objeto de comportamientos inapropiados en la web por parte de sus pares como sucede con el ciberbullying, el cual implica acoso entre iguales en el entorno de las tecnologías de información y comunicación, así como vejaciones e insultos a niñas por otros niños.

Para los legisladores del PRI resulta preocupante que en algunos casos los padres de familia y los profesores no cuenten con información necesaria para fomentar el uso responsable de las redes sociales y desconozcan las actividades que los jóvenes realizan en Internet, en redes sociales.

Estudios señalan que el 70 por ciento de los jóvenes entre 13 y 17 años, ocultan sus actividades en Internet; 12 por ciento de estos admitieron tener amigos en línea que jamás han visto físicamente; y el 40 por ciento han aceptado una solicitud de amistad en redes sociales con desconocidos.

Reitero, todas estas conductas ponen en riesgo la seguridad e integridad de las niñas, niños y jóvenes, los adultos no están exentos de riesgos al utilizar las tecnologías de información y comunicación social, prueba de ello es que en el acuerdo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el 2015, se registraron 50 mil denuncias por robo de identidad, delito que dejó pérdidas para sus víctimas por más de 200 millones de pesos.

El artículo 4o. de la Constitución Política obliga al Estado mexicano a velar y cumplir con el interés superior de la niñez, y en este sentido, ante los nuevos retos que implica el uso de las redes sociales, corresponde a éste implementar las políticas que coadyuven a una cultura de prevención de riesgos, asociados con el uso de las tecnologías de información y comunicación.

Asimismo, el artículo 6o. apartado B, fracción III, señala que: “La radiodifusión es un servicio público de interés general”…, por lo que el uso de los tiempos oficiales del Estado para promover un uso responsable e informado de las redes sociales da cumplimiento a dicho propósito.

Por ello, compañeras y compañeros, es importante valorar la trascendencia de este dictamen que hoy se somete a nuestra consideración y radica en que busquemos tiempos oficiales del Estado que promuevan campañas de información que contribuyan al uso seguro de redes sociales, lo cual ante el incremento de su uso y la rapidez con que fluye la información a través de ésta, resulta más que oportuna.

Las y los legisladores del PRI estamos convencidos que el uso de las redes sociales virtuales no implican en sí mismas un riesgo, no obstante que resulta apremiante que cuenten con la información necesaria que les permita un uso adecuado, seguro y responsable.

En virtud de los argumentos vertidos por el grupo parlamentario, nos pronunciamos a favor de este dictamen.

Es cuanto.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora Dorantes Martínez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a evaluar la pertinencia de hacer las adecuaciones normativas necesarias con el objeto de lograr la sustentabilidad en la utilización del agua por la explotación de los hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen:



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Virgilio Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señor Presidente. Compañeros, respetuosamente les digo vamos al grano, seamos honestos.

No es posible controlar el daño ambiental que causa la utilización de la técnica de fractura hidráulica conocida como fracking. Los daños al medio ambiente son irreparables y los daños a la salud humana son tan graves que todavía no se ha logrado identificar la dimensión.

Existen múltiples impactos socio-ambientales significativos propiciados por el uso del fracking, como son el uso intensivo del agua, la contaminación de este líquido vital, del aire, la contribución al cambio climático y el impacto negativo a las comunidades en donde se practica.

La técnica consiste en fracturar la roca aplicando agua de manera intensa a muy alta presión, combinada con productos tóxicos y arena, para posteriormente proceder a la extracción del hidrocarburo.

Cuando hablamos del uso intensivo del agua, nos referimos a que podrían llegar a emplearse entre 9 a 29 millones de litros por pozo, es más, existen registros de que de un solo pozo en Michigan, en los Estados Unidos, se llegaron a consumir hasta 80 millones de litros de agua para hacer un fracking.

En el caso de México no tenemos la menor idea todavía de las cantidades de agua que se requieren.

En el 2013 algunas voces del PAN planteaban que sería necesario abrir 20 mil pozos en el transcurso de sólo dos años, mientras que los del PRI proponían la apertura de 9,100 pozos en el mismo lapso.

En el hipotético caso de que se abrieran 20 mil pozos, se requeriría el agua necesaria para uso doméstico y personal anual que necesitarían 10 millones de personas en promedio, considerando que una persona requiere aproximadamente para sus necesidades domésticas, higiene y alimentación, 100 litros por día.

Estamos hablando de grandes volúmenes de agua, situación que se agrava en el norte del país que de por sí ya padece la escasez.

El fracking requiere que el agua se mezcle con tóxicos y arena. De hecho la arena representa muchos problemas en su producción, porque es arena de sílice, y ésta puede generar, entre otros padecimientos, una enfermedad que se llama silicosis.

La industria del fracking asegura que los tóxicos involucrados en el proceso son proporcionalmente reducidos, consideran el 1 ó 2 por ciento de la mezcla, dicen. Pero eso no es significativo si hablamos de un litro, pero al considerar los millones de litros que se requieren en la utilización de esta técnica, sí se trata de un problema, ya que se requieren alrededor de 300 mil litros de químicos por pozo.

Además, esta mezcla es secreto industrial, ni siquiera se sabe qué sustancias tiene la mezcla. Pero por las investigaciones que se han hecho, se conoce que muchos de estos tóxicos son cancerígenos mutagénicos, que provocan problemas en el sistema nervioso, alergias y un sinfín de problemas de salud.

Es casi imposible controlar la contaminación de los mantos acuíferos, porque en el momento de hacer la fractura es difícil saber exactamente cómo están constituidos el suelo y la roca, lo cual puede provocar que se abran grietas de manera descontrolada y en consecuencia las aguas contaminadas con sustancias tóxicas llegarían hasta los mantos acuíferos.

Por eso, una de las formas más comunes de contaminación ocurre a través del pozo mismo, el cual se somete a grandes presiones que provocan fracturas y fugas de agua contaminada, que llega con facilidad hasta los mantos freáticos.

Es tal el nivel de contaminación que tiene el agua cuando sale del pozo, que aún no existe una solución efectiva para su manejo adecuado.

Además, los beneficios en términos de hidrocarburos son muy pobres, los pozos se agotan rápidamente y para que sean rentables se necesitaría que el precio del crudo se cotice alrededor de los 100 dólares.

Como si todo esto fuera poco, los beneficios nunca favorecerán a las comunidades, quienes jamás podrán reparar lo que es irreparable.

En el caso de México no tenemos la menor idea de las cantidades de agua que se requieren.

En el 2013 algunas voces del PAN planteaban que sería necesario abrir 20 mil pozos. Pero en el caso de que se abrieran esos pozos, se requeriría el uso de agua para uso doméstico personal de 10 millones de personas.

Por todas estas razones y por considerar que el planteamiento es una irresponsabilidad en el manejo de los recursos naturales de nuestro país y del planeta, Morena votará en contra del dictamen de este punto de Acuerdo.

Gracias.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Caballero Pedraza.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a diseñar y promover campañas informativas con el objeto de implementar programas de protección y limpieza en las playas mexicanas. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El turismo constituye uno de los motores de mayor dinamismo de la economía mexicana.

Parte importante del éxito de este sector, radica en el apoyo que se ha dado al desarrollo de la infraestructura hotelera, así como a las campañas de limpieza y eficiencia en los servicios que se ofrece a los usuarios.

El turismo de playa representa, sin lugar a dudas, el área de mayor relevancia para el turismo internacional, debido a la amplia variedad de lugares y riqueza gastronómica con el que se cuenta en nuestro país.

El éxito del turismo de playa consiste, en gran medida, en la limpieza de las mismas, por la cual, desde inicios del presente milenio se han venido fortaleciendo las medidas implementadas para lograr que las costas mexicanas cuenten con playas limpias y que sean atractivas, tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros.

En abril de 2003 se inició el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas Mexicanas, mediante el esfuerzo conjunto de las Secretarías de Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Turismo.

A lo largo de ese año se logró sistematizar y homogeneizar el monitoreo de agua de mar, de acuerdo con los criterios descritos por la Organización Mundial de Salud para las aguas de mar, de contacto recreativo.

Hoy las autoridades estatales de salud, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud y en coordinación con ésta, realizan los muestreos y análisis del agua en cada uno de los 17 estados costeros del país.

El nadar en aguas insalubres implica poner en riesgo la salud humana. Pero no sólo eso, debido a la contaminación de las zonas costeras y a las descargas agrícolas, domésticas e industriales, se han encontrado en ostiones y peces que llegan a nuestras mesas sustancias tóxicas como cadmio, plomo, mercurio, cobre, zinc, compuestos orgánicos persistentes como plaguicidas, hidrocarburos y bacterias de salmonela y de cólera.

Nuestra Constitución Política establece en su artículo 4o. el derecho a toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal plantea entre las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las siguientes:

Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, y vigilar y estimular en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales el cumplimiento de las leyes, Normas Oficiales Mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas y bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática y pesca, así como en su caso imponer las sanciones procedentes.

Es con base en estos mandatos jurídicos, que es obligación del Estado mexicano fomentar entre la población la cultura de conservar limpias las playas mexicanas.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad y urgencia de fortalecer las acciones que permitan velar por la limpieza de los ecosistemas nacionales, ya que se trata de un asunto ambiental, pero sobre todo de salud pública.

En tal virtud, compañeras y compañeros, votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos comprometidos con el medio ambiente y con la conservación de las playas mexicanas en buen estado, y exhortamos a todas nuestras compañeras y compañeros a votar en favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senador Sánchez García.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos estatales a legislar en materia de adaptación y mitigación en materia de cambio climático. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Hablar hoy del cambio climático debe ser un gran momento para poder sumarnos todos a esta preocupación mundial sobre las grandes modificaciones que hemos generado a los ecosistemas y, sobre todo, lo que han generado estos fenómenos naturales con tragedias, pérdidas humanas, damnificados, desplazados, pérdida del patrimonio de muchas  familias, y lo más grave, es que no hemos podido contener, controlar la emisión de gases de efecto invernadero, el incremento global de las temperaturas, y la realidad está ahí presente, no nada más en Guerrero, en gran parte del territorio nacional, en el mundo, los desastres naturales han traído graves consecuencias, y lo más grave es la pérdida de vidas.

Y tenemos casos muy recientes en México, particularmente allá en mi estado con el huracán “Paulina” en 1997, o el “Ingrid” y “Manuel” en el 2013, los lamentables acontecimientos recientes, el desgajamiento de un cerro en Atoyac de Álvarez, en La Pintada, donde es cierto que se reconoció en su momento toda la aportación de los tres niveles de gobierno, del gobierno federal, pero eso no sana, eso no mitiga el dolor humano de muchas familias que fueron enlutadas por estos lamentables desastres naturales.

En México hemos visto nevadas, sequías, lluvias, granizadas, inundaciones, fenómenos que antes no eran muy comunes, es por eso es que hoy, como grupo parlamentario del PRI, vemos con agrado este dictamen de esta proposición con punto de Acuerdo para que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión pueda hacer un exhorto a los congresos locales para que puedan legislar en materia de adaptación y mitigación de todo lo que corresponda al cambio climático, y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático que entró en vigor en 2012, donde establece la necesaria Estrategia Nacional de Cambio Climático, y esto requiere de la participación no nadamás de la esfera y competencia federal, sino que hay que adaptar esta ley general en las entidades federativas, porque esta legislación incluye un mandato donde señala que para el 2020 las emisiones de dióxido de carbono deben reducirse a un 30 por ciento en relación al 2000, y un 50 por ciento menos en el año 2050.

La Ley General de Cambio Climático, en su artículo 8o., fracción I, determina que corresponde a las entidades federativas, a través de los congresos locales, formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cambio climático para poderse adaptar a la política nacional en esta materia.

Por eso, compañeras y compañeros, venimos a pedirles su voto a favor de este dictamen y consideramos que hay que buscar la manera de cómo, a través de las diferentes instancias, podemos conservar nuestros ecosistemas, detener la deforestación, la degradación forestal, la contaminación de ríos y todo aquello que ponga en riesgo la vida y, sobre todo, que traiga una modificación a las leyes naturales de clima.

Por ello es que hacemos este exhorto porque está en manos de las legislaturas locales hacer esta adecuación a la Ley General de Cambio Climático para que podamos estar en concordancia y que podamos trabajar desde las entidades federativas hacia este gran esfuerzo que corresponde a la Ley General de Cambio Climático, y con ello podamos hacer todo el esfuerzo que corresponda y poder heredar a las nuevas generaciones un mejor futuro donde podamos garantizar de que los desastres naturales no pongan en riesgo no nada más la infraestructura, las viviendas, no pongan en riesgo nadamás su patrimonio, sino lo más importante, evitemos desastres naturales que pongan en riesgo la vida humana.

Amigas y amigos legisladores, les invitamos que vayamos a favor de este dictamen.

Señor Presidente, muchas gracias, buenas tardes.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senador Ramírez Hernández.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

MINUTO DE SILENCIO

Honorable Asamblea: Como es de su conocimiento, en la madrugada del día miércoles se registró un sismo de gran magnitud en el centro de Italia, específicamente en la   provincia de Rieti, que ha causado un gran número de muertos, heridos y desaparecidos.

Esta Presidencia, a nombre de la Comisión Permanente, se solidariza con el pueblo y el gobierno de la República Italiana, deseando que a la brevedad se reestablezcan las condiciones en aquella ciudad, y que los deudos de quienes han perdido la vida encuentren la resignación necesaria.

Esta Mesa Directiva solicita a todos los presentes guardar un minuto de silencio ante tal tragedia, por lo cual solicito a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias. Pueden tomar asiento





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe sobre la estrategia de arrendamiento financiero que tiene con la empresa Kohlberg Kravis Roberts & Co. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Virgilio Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señor Presidente. Legisladoras y legisladores:

Pedí la palabra en este tema referente al dictamen relativo a la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a informar sobre la estrategia de venta y arrendamiento financiero acordada con la empresa Kohlberg Kravis Roberts & Co., y si ésta se realizó de conformidad a la normatividad aplicable.

Para Morena es un tema de gran trascendencia, sobre todo, después de escuchar hace unos días la satisfacción con que se expresaba el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, de los resultados que alcanzaron el proceso que han seguido para desplazar o desaparecer Pemex del mercado petrolero nacional.

Olvidó que en realidad su responsabilidad era hacer eficiente al monopolio público, que era Pemex, es decir, de todos los mexicanos.

Ese proceso no ha sido positivo para el país. Se ha caracterizado por irresponsabilidad de los funcionarios públicos, que en lugar de vigilar el funcionamiento eficiente de las empresas públicas, se han dedicado a desmantelarlas, también ha sido evidente la ambición de un grupo de empresarios que buscan la apropiación privada de los recursos públicos.

Esa decisión la hicieron avanzar mediante procesos de dudosa legitimidad, sin consultar a la sociedad, caracterizada por el desaseo, la opacidad, la discrecionalidad y la predilección por favorecer a algunos intereses, dejando a un lado los intereses nacionales en un proceso en el que curiosamente ex funcionarios y cabilderos y/o sus familiares resultan integrantes de los grupos beneficiados con la privatización.

En Morena nos oponemos a ese proceso que por lo pronto con los anuncios del alza de precios de las gasolinas y de las tarifas eléctricas ha demostrado que no tiene el propósito de beneficiar a los mexicanos como se dijo, sino de garantizar los intereses de unos cuantos.

Por eso ya promovimos un punto de Acuerdo para que se compruebe el probable conflicto de interés del Consejero Independiente del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, Luis Téllez Kuenzler, porque casualmente es el representante en México de la empresa KKR, ese fondo que no persigue ningún objetivo filantrópico.

Cabe recordar que el fondo de esa empresa, representado por Téllez Kuenzler, en paralelo con su carácter de consejero independiente del fondo, dio a conocer su interés por adquirir todos los activos petroleros puestos en venta por la actual administración para después rentárselos.

Como señala el dictamen que se vota, el diario Reforma informó que KKR & Company adquirió por medio de Marverde Infraestructura S.A. de C.V., activos de Pemex Exploración y Producción.

Posteriormente, trascendió que Pemex adjudicó de manera directa el arrendamiento financiero de algunas obras de infraestructura a la empresa Marverde Infraestructura por 3 mil 840 millones 611 mil 154 dólares.

Por eso es importante este punto de Acuerdo, y el resolutivo que demanda a Pemex informe sobre ese proceso de arrendamiento financiero contratado con KKR. Nos queda claro que no será suficiente, que se debe profundizar en cada una de las decisiones que adopten las administraciones de Hacienda, Energía, Pemex y CFE, así como en los órganos vinculados porque están cooptados por aquellos que buscan concretar la transparencia de la riqueza de todos los mexicanos a las carteras de unos cuantos.

Aunque consideramos que es insuficiente, votaremos a favor de este dictamen.

Gracias.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Caballero Pedraza.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a informar sobre las medidas que han implementado para garantizar la seguridad social de sus trabajadores. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Para hablar sobre este asunto en particular, se concede el uso de la palabra al Diputado Virgilio Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias compañeros, por su atención.

Yo solicité reservar este dictamen derivado de un punto de Acuerdo presentado por nuestra compañera Norma Xóchitl Hernández Colín, porque una vez revisados los términos de los resolutivos propuestos por la dictaminadora, considero que no atienden el tema propuesto, que es un tema de justicia, de que en la casa donde se hacen las leyes se cumplan las leyes.

El resolutivo que propone nuestra compañera se refiere sólo a la Cámara de Diputados, y propone:

Único.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a tomar las medidas administrativas a que haya lugar, con el objeto de proveer de seguridad social, de manera inmediata, a todas las personas que presten servicios a esta Cámara y que perciba sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, sin importar la periodicidad del contrato relativo.

Es muy claro en el exhorto que hace nuestra compañera, en el sentido de que se proporcione seguridad social de manera inmediata a todas las personas que presten servicios en la Cámara de Diputados, independientemente de que se encuentren en el régimen de honorarios.

Cierto, se podrá decir que en la Cámara existe la posibilidad de que una vez que cumplan el primer año laborando, se dé de alta en el ISSSTE a quienes fueron contratados por honorarios.

Así se espera que suceda en septiembre de 2016, con quienes ingresaron a trabajar en septiembre de 2015.

El problema está en que, como dice el punto de Acuerdo de nuestra compañera, independientemente de que eso sea un acuerdo interno o una disposición del ISSSTE, eso contraviene los acuerdos internacionales y es una franca violación a los derechos de los trabajadores.

De hecho, no se justifica que en nuestro país existan trabajadores que en teoría forman parte de la economía formal, como son los de honorarios, y que en realidad estén considerados en el 60 por ciento de la Población Económicamente Activa que no tiene acceso a la seguridad social.

Hay que reconocer que el resolutivo de la dictaminadora incluya los trabajadores del Senado, lo cual es correcto. Sin embargo, no es suficiente con que se solicite información.

Se debe pedir que se actúe ya para cubrir esta injustificada omisión y no sólo en esta legislatura, sino en todas.

Y aprovecho para hacer un llamado para que ese derecho se haga realidad en todas las dependencias de gobierno.

Como señalé al principio, es necesario que en la casa en que se hacen las leyes, se tomen las medidas y los acuerdos urgentes para que las leyes se cumplan.

Por lo tanto, les solicito su apoyo a la redacción original.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: ¿Tiene alguna propuesta en específico de cambio de redacción? Ya se entregó.

Entonces, solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación presentada por el Diputado Virgilio Caballero Pedraza e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura a la propuesta.

"Único.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a tomar las medidas administrativas a que haya lugar, con el objeto de proveer de seguridad social de manera inmediata a todas las personas que prestan servicios a esta Cámara y que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, sin importar la periodicidad del contrato relativo."

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta planteada por el Diputado.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias.

En consecuencia, se somete a votación el dictamen en sus términos, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen en sus términos.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo en sus términos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a promover la accesibilidad universal como un principio rector de la política pública en materia de turismo. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre este asunto.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El sector turístico ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la economía nacional, en donde a pesar de la volatilidad que persiste en el contexto mundial continúa siendo uno de los más importantes generadores de divisas y empleos en beneficio de las familias mexicanas.

El dinamismo observado en este sector ha sido resultado del aumento sistemático del número de turistas procedentes de otros países, así como de la importante participación nacional. Los resultados en el sector turístico son palpables.

El pasado 17 de julio la Secretaría de Turismo dio a conocer un boletín de prensa sobre la evolución en 2015 de este sector.

La actividad turística incrementó en 3.8 por ciento; el consumo que genera aumentó en 3.2 por ciento. Mientras que el turismo extranjero gastó 6.4 por ciento más.

Por otra parte, hace tres días se dio a conocer que durante el primer semestre del presente año se captaron 10,063 millones de divisas por concepto de turismo internacional. Además de acumularse 11 trimestres de crecimiento consecutivo que lo convirtieron en uno de los sectores generadores de empleo de mayor importancia.

Sin embargo, aún quedan pendientes en la materia, uno de los cuales es la instrumentación de una política destinada a promover la accesibilidad en los centros turísticos del país.

El Día Internacional del Turismo, que se conmemora el 27 de septiembre de cada año, o sea, en próximos días, ha establecido para este año como lema, “Turismo para Todos: Promover la Accesibilidad Universal”, con el objeto de sensibilizar al sector turístico mundial sobre la accesibilidad y sus beneficios.

La accesibilidad es un concepto que va más allá de las personas con discapacidad, de las sillas de ruedas, de las muletas que usan las personas en esta condición, se refiere a brindar un entorno seguro, sustentable y aprovechable en su máxima capacidad para un mayor número de personas, independientemente de su capacidad física, sensorial o intelectual.

En nuestro país este tema no es nuevo. Existen destinos turísticos principalmente en los estados de Jalisco y Quintana Roo que cuentan con infraestructura hotelera equipada para recibir a personas con discapacidad, inclusive para poner mecanismos, acceder e incorporarse introducirse al mar.

Sin embargo, es necesario ampliar esta cobertura en todo el país.

A partir de esta situación, es fundamental que la Secretaría de Turismo con el apoyo de las cámaras empresariales elaboren un sistema de información sobre accesibilidad de los diversos destinos turísticos de nuestro país, pues no contamos con estadísticas actuales sobre el número de cuartos de hotel, ni siquiera en la capital del país podemos encontrar hoteles accesibles, alguno que otro tienen una sola habitación, y siempre está ocupada; pero además, los criterios que tienen ni siquiera son de la más simple lógica; no quisiera decirles de verdad el tema que encontramos las personas con discapacidad cuando nos ofrecen hoteles accesibles que de verdad, a veces, no sé si es una burla o es un terrible asunto de discriminación estructural, porque la gente no termina entendiendo ni siquiera las cosas más simples, que no tiene que ver sólo con una discapacidad física, tiene que ver con una accesibilidad universal, y les pongo un ejemplo, yo les pido que observen cuando hay una rampa, y cuando hay dos escalones, y la rampa puede estar más lejos, y seguramente vas a tener que recorrer más espacio, pero las personas inconscientemente, en lugar de subir los escalones prefieren hacerlo y buscar la rampa, aunque tengan que recorrer más distancia, no lo hacen en conciencia, lo hacen en inconciencia, porque la protección, la autoprotección del cuerpo lo sabe, y esto lo tenemos que observar, porque tenemos que transitar, no solamente el turismo, sino, como decía hace rato, ciudades humanas.

Pero también en terminales aéreas, les pongo un ejemplo, como legisladores, o en lo particular cuando nos toca viajar, a mi estado, de donde soy originaria, Durango, no importa si es Aeromar o si es Volaris, o si es Aeroméxico, las sillas pasilleras de verdad están en pésimas condiciones, pandas; no sirven los asientos sujetadores, no están seguros. Realmente el personal no está preparado.

Hace algunos años hubo una profunda capacitación. No saben mover a un adulto mayor, cambian constantemente de personal y de verdad no saben qué difícil y qué temor, qué angustia, qué inseguridad se siente que lo lleven.

¡Ah!, pero que no se trate de Aeroméxico Internacional porque la sillas pasilleras son diferentes, seguras, totalmente accesibles, para poner los brazos, para poder ubicar las piernas perfectamente. Y estoy hablando de una línea que es mexicana.

Aeroméxico no tiene las mismas sillas pasilleras cuando son las líneas a vuelos locales, a cuando son internacionales. De verdad dices: “no puede ser que seamos tan discriminadores aquí en el país con los connacionales”.

También pasa en los terrestres. En los camiones ni siquiera hay una silla pasillera, y en el tema naval estamos mucho más atrasados, salvo que se trate de empresas internacionales.

Es necesario reconocer que el gobierno de la República ha impulsado de manera importante la accesibilidad. Basta recordar que en el mes de noviembre de 2014 se creó el distintivo de inclusión turística, el cual reconoce a todos aquellos prestadores de servicios turísticos que incorporen criterios de accesibilidad en sus operaciones cotidianas y cultura organizacional, a fin de que las personas con alguna discapacidad tengan espacios adecuados para la recreación.

Lograr un México incluyente es una tarea de todas y de todos. Todos tenemos responsabilidad.

Yo aspiro a que las personas que no viven una discapacidad, cuando observen que algo no es accesible, aunque no lo necesiten, sean los primeros en demandar igualdad de oportunidades para todos.

Eliminar las barreras que restrinjan los derechos con discapacidad es una necesidad que debemos afrontar juntos para que todos los bienes y servicios turísticos que se ofrezcan en el país, cumplan con las condiciones necesarias para que todos puedan disfrutarlos.

Por esta razón, en el PRI votaremos a favor.

Y termino, si ustedes me lo permiten, compañeras y compañeros, haciendo una reflexión.

Hemos vivido los Juegos Olímpicos y, bueno, ha sido muy polarizado: que si las federaciones, que si la novia, que si el acompañante, y hemos coincidido en cosas que sí que no, pero también nos falta poner la mirada en otros deportistas.

En Italia el pasado mes de julio se celebraron los Juegos de la Trisomía, que son juegos para personas con síndrome de Down, y que lo hacen cada cuatro años porque en los Juegos Paralímpicos no están consideradas las personas con este síndrome, y les digo una cosa: trajeron 42 medallas y nadie ha hecho un solo comentario, porque pareciera que lo que hacen no es importante, y se esfuerzan igual que los demás, se preparan, sus familias invierten dinero en su preparación, aún más que las familias de los otros deportistas

El día 7 de septiembre empezarán los Juegos Paralímpicos, yo espero que los medios de comunicación también pongan atención y estén atentos y ver si se acostaban, si algunos dormían en las terminales o afuera. Ojalá conozcan la historia de cada deportista con discapacidad que están en los Juegos Paralímpicos.

Ustedes van a aprender lo que de veras es importante en la vida, el esfuerzo que hacen las personas para ponerse al parejo, para salir adelante, porque la discapacidad no es culpa de nadie, así nos tocó vivir. Nadie tiene la culpa, pero la sociedad sí tiene la responsabilidad de darnos a todos igualdad de oportunidades.

Desde aquí hago un llamado a Televisa, a TV Azteca y a todos los medios nacionales, pequeños y grandes, a que pongan mayor atención.

Este país requiere de historias positivas. Este país requiere que aprendamos las capacidades, la resiliencia que tienen otras personas para salir ante la adversidad.

Y ojalá que en el Senado de la República, y quizás los Diputados se sumen para poder recibir a estas personas que nos trajeron 42 medallas, personas con síndrome de Down.

Sé que en el caso de la Senadora Mariana Gómez del Campo, ya hizo un evento en el tema y algunas otras Senadoras, como mis compañeros, vamos a impulsar para poderlos recibir y también hablemos de las buenas noticias.

Muchas gracias.

Es cuanto.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora De la Torre Valdez.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Virgilio Caballero Pedraza, quien hará uso de la palabra desde su escaño, para hablar sobre el mismo tema.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Compañeros, solamente para comentarle a la compañera Senadora Yolanda de la Torre, que hoy suscribió Morena un punto de Acuerdo para considerar a los atletas con Síndrome de Down como campeones olímpicos.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Caballero Pedraza.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobado. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a incrementar los esfuerzos e impulsar la instalación de parques eólicos para la generación de energía eléctrica limpia. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre este asunto.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Nuestro país se ha caracterizado por ser líder en los temas de protección al medio ambiente a nivel internacional, prueba de ello es el compromiso adquirido durante el Acuerdo de París, en el que se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 30 por ciento para el año 2020, y un 50 por ciento para el 2050.

En el año 2015, del total de la energía producida en nuestro país, el 20.34 por ciento se generó con base en fuentes limpias, cifra que se encuentra más cercana a la meta del 25 por ciento establecida para el 2018.

La capacidad instalada de generación de energías limpias creció durante 2015 en 6.63 por ciento, alcanzando los 19 mil 265 megawatts.

La suma de energía hídrica y eólica combinadas, representan el 80 por ciento de la capacidad instalada de energías limpias, siendo el 65 por ciento de la energía hidroeléctrica y el 15 por ciento para la energía eólica.

A raíz de la reforma energética el 30 de marzo pasado, se asignaron 5.4 millones de megawatts, de los cuales el 74.5 por ciento fueron destinados a proyectos fotovoltaicos, y el 25.6 por ciento a eólicos, lo que equivale al 8.6 por ciento de la generación de energía en 2015.

En los últimos 4 años la generación de energía eólica ha mostrado un crecimiento anual equivalente a 2 mil 330 gigawatts. Y en las primeras subastas del mercado mexicano se asignaron mil 384 gigawatts-hora adicionales.

La característica natural y geográfica de México nos permite contrar con enormes potenciales para la generación de las energías renovables en el futuro.

Es necesario mencionar que el pasado 29 de junio fue anunciado el inicio de la Alianza del Clima, Energía y Medio Ambiente en América del Norte, la cual prevé actividades conjuntas para alcanzar una meta para Norteamérica del 50 por ciento de generación de electricidad limpia en 2025.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de los beneficios de las energías limpias, como es la eólica.

Por ello votaremos a favor del presente dictamen, a fin de impulsar la participación de los gobiernos de las entidades federativas, para que junto con el gobierno federal y la iniciativa privada, propiciemos las condiciones necesarias para la generación de energías limpias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora Dorantes Martínez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos al apartado de proposiciones. Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a aprobar la ratificación del Estado mexicano al Convenio 129 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Inspección en el Trabajo del Sector Agrícola.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, compañeras y compañeros legisladores:

Había pensado, por ser el último día que tenemos sesión, poder utilizar la parte de arriba, pero bueno, en esta ocasión no fue posible.

A lo largo de la historia, el campo mexicano ha sido considerado un territorio de pobreza y marginación. La realidad nacional nos obliga a reconocer que las personas que forman parte de los pueblos y comunidades indígenas, quienes viven y laboran en el sector rural, constituyen el segundo sector más pobre y marginado del país.

Como ejemplo de las desigualdades de las personas que habitan en el ámbito rural, según el Coneval, entre quienes viven en zonas rural y urbana, tenemos que 92 de cada 100 personas que viven en el ámbito rural enfrentan al menos una carencia social, contra 61 de cada 100 en el ámbito urbano; 61 por ciento viven en condiciones de pobreza multidimensional, frente al 38.4 por ciento en las ciudades; 57.9 por ciento tienen carencias de acceso a los servicios básicos de vivienda: agua potable, drenaje, etcétera, mientras que en el ámbito urbano es del 9.4 por ciento; 31.2 por ciento tiene carencia de acceso a la alimentación, mientras que en el ámbito urbano el porcentaje fue de 19.1 por ciento; 80 por ciento era considerado como vulnerable por carencia de acceso a la seguridad social, contra el 47 por ciento.

Si englobamos todos estos datos, tenemos que únicamente 6 de cada 100 personas que viven en localidades rurales pueden ser consideras no pobres o no vulnerables. Tristemente estos datos relevan que el territorio en el que nacemos es nuestro destino de país y determina nuestras capacidades y oportunidades de desarrollo, así como de acceso pleno a la protección de nuestros derechos humanos.

Es válido sostener que las carencias mencionadas están asociadas a la falta de trabajo, de quienes no tienen otra oportunidad de emplearse en actividades agrícolas, que en muchos de los casos no sólo son mal pagadas, sino además pueden poner en riesgo la salud e integridad de quienes ahí laboran, particularmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Así es, quienes viven en mayor riesgo frente a estas condiciones son las niñas, niños y los adolescentes.

De acuerdo con los datos del módulo de trabajo infantil presentado en 2014, en México había 2.5 millones de niñas y niños entre 5 y 14 años de edad que registran alguna forma de ocupación, de los cuales, 266 mil desarrollaron jornadas de trabajo superiores a las 25 horas semanales.

Además, más de 500 mil no recibían ingresos; más de 100 mil recibían ingresos de un salario mínimo, en un día o menos; casi 80 mil percibían entre 1 y 2 salarios mínimos; más de 25 mil lograban entre 2 y 3 salarios mínimos; 4 mil conseguían ganar un poco más.

Debemos garantizar que las niñas, niños y adolescentes no ingresen a actividades laborales antes de cumplir los 15 años, como aquí hemos avanzado ya en las reformas normativas necesarias para ello, pero además, que no lo hagan en condiciones de explotación y riesgo, como ocurre en el sector agropecuario.

Por ello propongo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenga a bien analizar el Convenio 129 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la inspección en el trabajo del sector agrícola a fin de recomendar al Ejecutivo Federal la pertinencia de la adhesión de nuestro país a dicha convención.

De esa forma mejoraremos las capacidades de inspección del trabajo infantil agrícola, contribuyendo a erradicar la pobreza, a reducir la desigualdad y cumplir con las metas de los objetivos del desarrollo sustentable para consolidar a nuestro país, no sólo como una de las grandes economías del planeta, sino como una economía y una nación comprometida con la garantía de los derechos humanos y la permanente ampliación de nuestro marco jurídico de libertades.

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora De la Torre Valdez. Se turna a la Cámara de Senadores.





 

Tiene el uso de la palabra la Diputada Genoveva Huerta Villegas, para presentar a nombre de la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a girar instrucciones para que se diseñen e implementen mecanismos y estrategias que procuren el restablecimiento del orden y prevención de la obstrucción en las vías generales de comunicación.

La Diputada Genoveva Huerta Villegas: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

El desarrollo de la economía del país se encuentra estrechamente ligada a la conectividad mediante las vías generales de comunicación, sin embargo, ante el incremento desmedido de la obstrucción de las mismas en diversos estados, por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por su rechazo a la Reforma Educativa, ha sufrido pérdidas considerables, cuyo efectos impactan directamente en el bienestar, en la tranquilidad, en la estabilidad de muchas familias mexicanas.

Al respecto es de mencionarse que la iniciativa privada ha estimado pérdidas a consecuencia de los bloqueos a las vías generales de comunicación por encima de los 4 mil 200 millones de pesos, sin mencionar, por supuesto, los problemas de transporte de personas y mercancías que impacta directamente en el desarrollo de una vida económica sana y estable al interior de nuestra nación.

De igual forma, según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nuestra economía es altamente dependiente de la infraestructura carretera, ello sin mencionar que el 98 por ciento de la movilización de personas también ocurre en este modo de transporte, cerca de 3 mil 500 millones de pasajeros al año que se mueven a lo largo y ancho del país.

Por otro lado, es necesario mencionar que las entidades que más se han visto perjudicadas por estos bloqueos padecen efectos directos e indirectos en el sector empresarial, lo que podría calcularse en un total de 664 mil 153 unidades económicas afectadas, principalmente en Chiapas con 155 mil 280; Oaxaca con 177 mil 954; Guerrero con 135 mil 564; y Michoacán con 195 mil 355.

Por tanto, podemos observar una vulneración al orden socioeconómico de México que demanda la atención urgente por parte de este Poder Legislativo.

En cumplimiento irrestricto a nuestro mandato constitucional en donde se contempla el velar siempre y en todo momento por la estabilidad en aras de generar un crecimiento económico en beneficio de toda nuestra sociedad, señoras y señores legisladores, en Acción Nacional consideramos que el permitir que continúe el incremento de estas conductas contraviene preceptos constitucionales, normativas federales, así como el propio Plan Nacional de Desarrollo de esta administración.

Hemos sido testigos del empantamiento de un conflicto cuyos efectos se inscriben sumamente perjudiciales para el desarrollo económico de México, y en vulneración directa a la ciudadanía, que desde el año 2013 ha sido víctima y rehén de negligencias altamente reprobables, y que demandan una solución integral en aras de velar por el bien común.

Por otro lado, se ha demostrado una profunda crisis institucional al momento de garantizar el establecimiento de la gobernabilidad democrática que tenga como eje rector la defensa, promoción y salvaguarda de los derechos humanos, como un elemento característico de esta administración, hecho por el cual hacemos uso de la voz desde la más alta tribuna de la nación para contrarrestar esta crisis mediante la aplicación del principio de la legalidad en beneficio de la ciudadanía.

Es por lo anteriormente expuesto que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución:

Por el que se exhorta muy atentamente al Ejecutivo Federal con el objeto de que gire instrucciones a la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, y así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que de manera conjunta y en el ámbito de sus respectivas competencias diseñen e implementen mecanismos y estrategias coordinadas de inmediata ejecución que procuren el restablecimiento del orden y prevención de la obstrucción en las vías generales de comunicación, lo anterior con el objeto de evitar que continúen generándose impactos económicos adversos en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

La que suscribe, Diputada ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS, integrante de la LXIII Legislatura, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79 numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo sostenible de la economía del país está estrechamente ligada a la conectividad mediante las vías generales de comunicación, adecuadas y seguras, sin embargo ante el incremento desmedido de la obstrucción de las mismas en diversos estados, el sector empresarial y como consecuencia las familias mexicanas pasan por un problema difícil que va en incremento.

El permitir que continúe el incremento de estas conductas, contraviene preceptos constitucionales, normativa federal, así como el propio Plan Nacional de Desarrollo de esta Administración.

Al respecto es de mencionarse que la iniciativa privada ha estimado en costos ocasionados por los bloqueos en vías generales de comunicación, por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en cerca de los 4,200 millones de pesos. Ello aunado a los problemas del transporte y su impacto en el desarrollo económico entre los que podemos citar:

a) Los retrasos por el transporte de mercancía y pasajeros (tanto de negocios como de placer).

b) Costos asociados al uso de vehículos: automóviles, autobuses de pasajeros, camiones de carga, etc.

c) Impacto de la disrupción intermodal de transporte y el consecuente retraso en la cadena de suministro.

d) Costos de combustibles.

e) Incrementos de productividad de las economías por los insumos que reciben en forma de mercancías, conocimientos y nuevos negocios a partir de la llegada de personas y carga.

f) Costos al medio ambiente.

g) Crecimiento económico per se.

h) Costos a las empresas altamente dependientes de sistemas Justo a Tiempo y de transporte de perecederos.

i) Impactos financieros – multas por retrasos, pérdida de mercancías, etc. – a todo tipo de industrias y usuarios.

j) Pérdida de valor para los consumidores y las empresas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, publicados en la dirección electrónica:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx, los estados afectados por los paros de la CNTE aportan el 34.24% del PIB nacional: Distrito Federal (16.5%), Nuevo León (7.27%), Tabasco (3.14%), Michoacán (2.43%), Chiapas (1.78%), Oaxaca (1.61%) y Guerrero (1.51%).

De igual forma, según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, nuestra economía es altamente dependiente de la infraestructura carretera, ello sin mencionar que el 98% de la movilización de personas también ocurre en este modo de transporte, cerca de 3,500 millones de pasajeros al año que se mueven a lo largo y ancho del país.

El impacto potencial de los bloqueos puede afectar entonces alrededor de 170 millones de toneladas al año y un total de 1,200 millones de viajes de pasajeros cada año si los distribuimos proporcionalmente de acuerdo al PIB estatal. Esto es en retrasos, robos, retornos de mercancías y pasajeros y demás efectos de los bloqueos carreteros.

Por esta estructura de la economía mexicana es que, si bien las pérdidas económicas han sido estimadas en 4,200 millones de pesos por el sector privado1, es posible que las mismas sean aún mayores y mucho más si el conflicto se alarga.

Las economías de Nuevo León y del Distrito Federal son más fuertes y cuentan con muchas más herramientas para diversificar su riesgo, sin embargo, las economías más pequeñas son sumamente vulnerables a estos bloqueos.

Los estados donde mayor presencia tiene la CNTE y donde más se ha afectado a la población es donde más se concentra la pobreza2: Chiapas con el 76% de pobreza, Oaxaca (67%), Guerrero (65%) y Michoacán (59%).

Particularmente en estas entidades, la presencia generalizada de los bloqueos está teniendo efectos directos e indirectos en todas las empresas de los mismos. Esto podría calcularse en un total de 664,153 unidades económicas3 afectadas que se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Chiapas (155,280), Oaxaca (177,954), Guerrero (135,564) y Michoacán (195,355).

Los avances que el gobierno dice que se han tenido para solucionar el problema son insuficientes, si consideramos que este conflicto inició desde el año 2013 en que se aprobó la reforma educativa. 

Bajo este marco, recordemos que el artículo 25 de nuestra carta magna establece que al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo.

Conforme a este precepto, el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo; debemos contribuir al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Siendo el medio primigenio para el logro de estos fines, el diseño e implementación de políticas públicas que permitan en primera instancia, detentar vías generales de comunicación libres de cualquier obstrucción; pues como es de explorado derecho, estas vías se encuentran sujetas al régimen del dominio público de la Federación, al amparo de los artículos 6 y 7 de la Ley General de Bienes Nacionales, con relación al 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y por tanto sujetas exclusivamente a la jurisdicción de los poderes federales.

Para ello, el Plan Nacional de Desarrollo plantea como su objetivo 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica, del cual derivan, entre otras, las siguientes líneas de acción:

• Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad.

• Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros.

Así las cosas, el instrumento de Planeación nacional prevé para el Sector carretero, ferroviario, transporte urbano, marítimo-portuario, aeroportuario, la implementación de medidas para garantizar la seguridad en las vías de comunicación; mismas que bajo una interpretación sistémica con la estrategia “5.3.1. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para Incentivar la participación de México en la economía global”, ello sólo podrá lograrse a través del libre tránsito de bienes, servicios, capitales y personas.

Por todo lo expuesto y fundado, la suscrita diputada de Acción Nacional por el Estado de Guanajuato sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 6 fracción II y 7 fracción XI de la Ley General de Bienes Nacionales;8 fracciones III inciso a) y XXXIIII de la Ley de la Policía Federal; 27 fracción XV y 36 fracciones I, IX, XIX y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 3 fracción XII de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y con el objeto además de dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo en sus puntos 4.9.1., referente a la modernización, ampliación y conservación de la infraestructura de los diferentes modos de transporte, y al “5.3.1. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para Incentivar la participación de México en la economía global”; la H. Cámara de Diputados exhorta muy atentamente al Ejecutivo Federal, con el objeto de que gire instrucciones a la Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que de manera conjunta y en el ámbito de sus respectivas competencias diseñen e implementen mecanismos y estrategias coordinadas de inmediata ejecución que procuren, el restablecimiento del orden y prevención de la obstrucción en las vías generales de comunicación; ello con el objeto de evitar que continúen generándose impactos económicos adversos en el País.

Comisión Permanente del congreso de la Unión, el 24 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Alejandra Gutiérrez Campos.

1 “Estiman en 4,200 mdp pérdidas por bloqueos de la CNTE” El Universal (31-Julio-2016)

2 “Cuadro Resumen Evolución Nacional y por Entidad Federativa 2017“ CONEVAL. Datos del año 2014.

3 “Censos Económicos 2014. Resultados definitivos” (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputada Huerta Villegas.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y como lo establece el resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Señor Presidente, no se considera de urgente resolución.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, túrnese a la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barrón y Fernando Yunes Márquez, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una contribución voluntaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

Es importante mencionar el contexto que motiva este punto de Acuerdo signado por los Senadores Laura Rojas, Gabriela Cuevas, Mariana Gómez del Campo, Fernando Yunes, y su servidora, el contexto se da en una reunión que tuvimos en una visita muy importante de la jueza y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el día de anteayer estuvimos platicando con ellos y estuvimos viendo cuáles son las diversas dificultades que tienen que enfrentar por la cuestión económica.

De tal manera que me permito leerlo: La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados, bajo la Convención Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados internacionales en la materia que han sido ratificados por la región americana, es decir, de nuestro continente.

Desde su primera sesión, en 1979, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido casos contenciosos sobre diversas materias, y ha emitido múltiples opiniones consultivas, fortaleciendo el marco jurídico internacional sobre derechos humanos en la región americana, constituyéndose así como una referencia para otros tribunales internacionales y cortes nacionales.

Nuestro país ha mantenido una relación estrecha, siempre con las organizaciones del marco de la Organización de Estados Americanos y, particularmente, dentro de este sistema interamericano, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cabe destacar que los criterios jurisprudenciales emanados de la sentencia Radilla Pacheco contra México, por ejemplo, animaron la reforma al artículo 1o. constitucional del 10 de junio de 2011, mediante la cual se incorporaron formalmente los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro orden jurídico.

Por otro lado, el Poder Judicial, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha impulsado criterios normativos que buscan incorporar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el orden jurídico interno, los esfuerzos legislativos y judiciales de México han sido, pues, reconocidos internacionalmente.

Actualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos atraviesa por un momento de austeridad financiera, la señora jueza, los señores jueces de la Corte nos dijeron en una sola frase: “La crisis está padeciendo. Somos el tribunal internacional, la corte penal internacional más pobre del mundo”.

De tal manera que hoy tenemos que estar motivados para, y ese es el sentido de este punto de Acuerdo, para que México rescate ese ánimo siempre de apoyar a los organismos internacionales que nos han distinguido.

No leo de manera concreta cuáles son los vericuetos de los cambios de una cifra a otra cifra y la situación concreta, simplemente quiero decir que la misma situación de precariedad económica que padece la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, por cierto, hoy va a estar 15 días sesionando en nuestro país, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció el pasado 23 de mayo que atraviesa por una crisis financiera que la orilló a suspender audiencias públicas y probablemente la llevará a recortar más de la mitad de su personal, únicamente el 6 por ciento del presupuesto al fondo regular de la OEA es asignado, por ejemplo, a esta Comisión Interamericana.

Así pues, ante este anuncio la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Canciller Claudia Ruiz Massieu, anunció que México no incrementaría el apoyo económico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Quiero refrendar, históricamente México ha sido uno de los países más cumplidos en el pago de sus aportaciones regular a la Organización de Estados Americanos, sin embargo, nuestro país cuenta con una responsabilidad de contribuir al sistema interamericano, particularmente de derechos humanos, más allá de las cuotas obligatorias. Se destaca que de manera regular México había aportado voluntariamente 300 mil dólares a la Corte Interamericana para el cumplimiento de su visión.

Sin embargo, en el informe anual de 2015, se indica que se ha modificado la postura respecto a las contribuciones voluntarias de nuestro país a este tribunal internacional en el contexto de nuestro continente.

Resulta paradójico que un país con una tradición de colaboración tan cercana con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se han beneficiado de manera inmensa de su jurisprudencia y aportaciones en materia de derechos humanos, no contribuya financieramente cuando es momento de hacerlo, la negativa a otorgarle los fondos suficientes a este tribunal internacional, únicamente perjudica a las y los ciudadanos mexicanos de manera particular y, en general, a las y los ciudadanos de nuestro continente.

Y, por supuesto, estas consideraciones son totalmente aplicables a situación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cuáles son los puntos?

Primero.- Aprobemos exhortar de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se realice una contribución financiera voluntaria en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sería un magnífico mensaje hoy que están sesionando en nuestro país.

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que lidere los esfuerzos regionales ante la Organización de Estados Americanos para asegurar la autonomía financiera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tercero.- La Comisión Permanente exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida presupuestal especial en el Presupuesto de Egresos del siguiente año para que el Estado mexicano realice una contribución financiera a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esto sería evidentemente sólo un paliativo por tratarse de un punto de Acuerdo. Lo estructural sería que ya quedase en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación una partida ordinaria que pueda, más allá de los vaivenes políticos, más allá de quien gobierne, más allá de cualquier situación, nos obliguemos de manera puntual, desde el punto de vista legal, a aportar, de manera ordinaria, no extraordinaria, sino de manera ordinaria legalmente la aportación a estos organismos de la Organización de los Estados Americanos.

Pero bueno, eso nos motivará a una revisión posterior y a la búsqueda de la conciliación de voluntades políticas para concretar las reformas pertinentes. Ahora se trata simplemente de ayudar a paliar la enorme crisis que ha sido evidenciada, y como un buen mensaje de una buena voluntad de nuestro país, del Estado mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hoy están sesionando. Insisto, repito, reitero, en nuestro país.

Muchas gracias a todos ustedes por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez. Túrnese a la Cámara de Senadores, y lo pertinente al tema de presupuesto a la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la palabra al Diputado Virgilio Caballero Pedraza, para presentar a nombre de la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario de Morena, un punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de Seguridad y del Comisionado General de la Policía Federal para que se aclaren los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015, en Tanhuato, Michoacán.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En días pasados la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 4VG/2016, en donde nos da cuenta de una noticia terrible.

El 22 de mayo de 2015, en el estado de Michoacán, en la localidad de Tanhuato, fueron ejecutados de manera arbitraria 22 civiles durante un operativo de la Policía Federal contra presuntos integrantes del crimen organizado y que ahí mismo habían ocurrido graves violaciones a derechos humanos, como: tortura, uso excesivo de la fuerza y siembra de armas de fuego a cadáveres, atribuidas a servidores públicos de la Policía Federal y a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán.

Esta afirmación es sumamente grave, no lo dice un partido político opositor al gobierno, ni alguna organización social defensora de derechos humanos, lo dice el máximo representante de órganos autónomos del sistema nacional de derechos en México, la CNDH.

Fue ella como ente público la que manifestó que existen graves violaciones a derechos humanos cometidas por policías federales y cuyas recomendaciones también implican a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán por la evidente manipulación de la escena.

Este hecho se suma a una cadena de violaciones graves a derechos humanos ocurridas en nuestro país: Tlatlaya y Ayotzinapa 2014, Apatzingán en 2015, y ahora le sumamos este condenable hecho en Tanhuato que tiene un mismo modus operandi.

Los cuerpos de seguridad del Estado, ya sean municipales, estatales o federales, e incluso del Ejército o la Marina, cometiendo graves violaciones a derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y cuya actuación ilegal es encubierta por las instituciones encargadas de procurar justicia.

Estas actuaciones ilegales dañan profundamente a las instituciones y afectan la confianza de los ciudadanos en las mismas, lo que se suma a la altísima impunidad que existe en nuestro país. Según datos oficiales, el 98.6 por ciento de los delitos quedan impunes.

Que se entienda, nuestros señalamientos no son para defender criminales o integrantes de la delincuencia organizada, ni para atacar a las instituciones, sino para evitar que los cuerpos de seguridad actúen de manera ilegal, que cometan crímenes con el argumento de combatir a la delincuencia; que se cumpla con la ley y que exista un verdadero estado de derecho.

Lo que daña a las instituciones no es la actuación condenable de alguno de sus miembros, sino el franco encubrimiento de todas las autoridades que al unirse tienen actos ilegales, susceptibles de ser castigados como delitos.

Esto es lo que verdaderamente afecta a la credibilidad de los gobernantes y las instituciones, pero el verdadero problema es que son los más altos niveles del gobierno, ya sea a nivel local o federal los que ordenan estas acciones y por ello no son procesados.

Nada daña más la confianza que insistir en defender a quien no tiene defensa.

Por ello, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad y del Comisionado General de la Policía Federal, deben responder, pero no con un desplante ni con espíritu de cuerpo, sino con argumentos entendiendo que quienes actuaron en el margen de la ley, deben ser castigados.

Morena y todos debemos exigir que estos crímenes sean castigados y que nadie quede sin investigar, sin importar la afiliación política o el rango que ostente.

Gracias, compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Adelante. Se concede el uso de la palabra al Senador Casillas.

¿Acepta una pregunta Diputado?

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Sí, claro.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Adelante, Senador Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

La exposición que hace el Diputado, entre otras cosas, establece que las autoridades del más alto nivel, tanto estatales como federales, así lo dijo, son los que ordenan las ejecuciones y hace énfasis en qué son ilegales, pero toda ejecución fuera del marco de la ley es ilegal.

Pero yo quisiera saber, ¿cuáles son los elementos y las pruebas que el Diputado tiene para aseverar y acreditar que los altos mandos de las autoridades policiacas estatales y federales ordenaron las ejecuciones?

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Quien maneja la Policía Federal en nuestro país es el Secretario de Gobernación.

Si a usted no le parece un alto rango el Secretario de Gobernación, como miembro del Gabinete, a quién le atribuye el mando de la Policía Federal que es la que está siendo acusada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Ya fue respondida la pregunta, les recuerdo que no hay diálogos en este tema, si no tendríamos que abrir el asunto a discusión. En razón de que no hay diálogos, pasaríamos a turnar el asunto a la Cámara de Diputados.





 

Compañeras y compañeros legisladores: Les informo que todas las iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Presentada por las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Esthela Flores Escalera, María Elena Barrera Tapia, Margarita Flores Sánchez y Lilia Guadalupe Merodio Reza)

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, HILDA FLORES ESCALERA, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ y LILIA MERODIO REZA, Senadoras de la República, con fundamento en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, de acuerdo a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a una interpretación dada por Jürgen Habermas, el ejercicio de la libertad, que no es otra cosa más que el acceso pleno a los derechos humanos, requiere la participación activa de los ciudadanos en dos componentes indispensables la esfera y el espacio públicos. Una analogía propuesta por el autor sitúa al ejercicio de la libertad como una obra teatral donde la esfera pública es el guion y el espacio público es el escenario. Este ejercicio de la democracia y el buen gobierno supone que la primera acción es la construcción del guion y del escenario, en un común acuerdo de los ciudadanos.

Más aún de acuerdo a Felipe González, la política es el acto de construir el espacio que se comparte; donde cada ciudadano es participe y beneficiario del espacio, a través de diversas relaciones dentro de la sociedad tales como el trabajo, la participación económica, la contribución tributaria, la organización de la sociedad civil, la educación o la cultura. En cada una de esas relaciones se ejerce la libertad, que no es otra cosa que el goce en plenitud de cada uno de los derechos humanos.

Esta aspiración social no siempre ha sido equitativa con todos los grupos sociales, que han sido segregados dolosamente sea por su raza, género o credo por lo que han encabezado luchas por sus derechos civiles; teniendo como consecuencia el reconocimiento por parte del Estado de su igualdad ante la ley y por lo tanto de su derecho a participar activamente en la construcción del espacio que se comparte.

En particular y de acuerdo a los intereses que persigue la Iniciativa, se puntualiza que hoy día las personas con discapacidad se encuentran severamente excluidos del ejercicio de la libertad en el espacio público; esta situación se debe a una omisión de la sociedad respecto a este grupo social, basada principalmente a la falta de una toma de conciencia acerca de las personas con discapacidad, por parte de sus pares sin discapacidad, lo cual genera un concepto de “invalidez” e “incapacidad” para participar como miembros activos de la sociedad.

Es necesario que la toma de conciencia sobre la discapacidad, permeé en la sociedad en general y en particular que existan los medios que promuevan y garanticen la participación en las decisiones sobre el espacio público de las personas con discapacidad.

El derecho a participar en las decisiones que construyen el entorno físico está reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CSDPCD), de acuerdo al texto del artículo 4 numeral 3, que a la letra dice:

Artículo 4: …

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

Es entonces el interés de la Iniciativa armonizar la Ley General de Asentamientos Humanos, incorporando la accesibilidad como un principio rector que garantizará el acceso en igualdad de condiciones al entorno para las personas con discapacidad.

La accesibilidad de acuerdo a la definición dada en la CSDPCD, en el artículo 9 numeral 1, en cuyo texto se lee:

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

En este mismo tenor se cita que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entidad de las Naciones Unidas responsable de evaluar la implementación de la Convención en nuestro país emitió el 3 de octubre de 2014, una serie de recomendaciones y observaciones en materia, para los efectos que persigue la Exposición de Motivos se citan a continuación los numerales 19 y 20 del documento titulado “Observaciones Finales sobre el Informe Inicial México”, que a la letra dicen:

Accesibilidad (artículo 9)

19. El Comité observa con preocupación que el marco legislativo existente en el Estado parte sobre accesibilidad para las personas con discapacidad no aborda todos los aspectos contemplados en el artículo 9 de la Convención. Al Comité le preocupa también que el Estado parte no cuente con mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los ámbitos considerados por la Convención. .
20. El Comité recomienda al Estado parte:

(a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad en línea con el Comentario General No. 2 (2014) Articulo 9 Accesibilidad. ;

(b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad;

(c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones;

(d) Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; y

(e) Velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto de sanciones en caso de incumplimiento.

Es en consecuencia que la Iniciativa propone armonizar la legislación nacional atiendo las obligaciones y las recomendaciones antes citadas a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

De acuerdo con el Comentario General No. 2, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad es un principio fundamental para que las personas con discapacidad puedan gozar de los derechos humanos, no debe concebirse como un derecho sino como un principio necesario y suficiente para acceder a ellos. A continuación y de acuerdo a los intereses que persigue la Iniciativa se citan a continuación diversos numerales del referido Comentario:

1. La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades.

13. […] Es importante que la accesibilidad se aborde en toda su complejidad, incluyendo el entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, y los servicios. La atención prioritaria ya no se centra en la personalidad jurídica y el carácter público o privado de quienes poseen los edificios, las infraestructuras de transporte, los vehículos, la información y la comunicación, y los servicios. En la medida en que los bienes, productos y servicios están abiertos al público o son de uso público, deben ser accesibles a todas las personas, independientemente de que la entidad que los posea u ofrezca sea una autoridad pública o una empresa privada. Las personas con discapacidad deben tener igualdad de acceso a todos los bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público de una manera que garantice su acceso efectivo y en condiciones de igualdad y respete su dignidad. Este enfoque se basa en la prohibición de la discriminación; la denegación de acceso debe considerarse un acto discriminatorio, independientemente de que quien lo cometa sea una entidad pública o privada.

14. […] La obligación de los Estados de proporcionar la accesibilidad es una parte esencial del nuevo deber de respetar, proteger y hacer realidad los derechos a la igualdad. Por lo tanto, la accesibilidad debe considerarse en el contexto del derecho al acceso, visto desde la perspectiva específica de la discapacidad. El derecho al acceso de las personas con discapacidad se garantiza mediante la estricta aplicación de las normas de accesibilidad. Las barreras que impiden el acceso a los objetos, instalaciones, bienes y servicios existentes que están destinados o abiertos al público se eliminarán gradualmente de forma sistemática y, lo que es más importante, con una supervisión continua, al objeto de alcanzar la plena accesibilidad.

25. La accesibilidad se relaciona con grupos de personas, mientras que los ajustes razonables se refieren a casos individuales. Esto significa que la obligación de proporcionar accesibilidad es una obligación ex ante. Por tanto, los Estados partes tienen la obligación de proporcionar accesibilidad antes de recibir una petición individual para entrar en un lugar o utilizar un servicio. Los Estados partes deben establecer normas de accesibilidad, que deben adoptarse en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y especificarse para los proveedores de servicios, los constructores y otros interesados pertinentes. Las normas de accesibilidad deben ser amplias y uniformes.

28. Los Estados partes están obligados a aprobar y promulgar normas nacionales de accesibilidad y a supervisarlas. En caso de no contarse con legislación sobre la materia, el primer paso es aprobar un marco jurídico adecuado. Los Estados partes deben proceder a un examen exhaustivo de las leyes sobre la accesibilidad para identificar, vigilar y resolver las lagunas en la legislación y en la aplicación.

29. Es útil generalizar el uso de las normas de accesibilidad que establecen los diversos ámbitos que han de ser accesibles, como el entorno físico en las leyes sobre construcción y planificación, el transporte en las leyes sobre transporte público aéreo, ferroviario, por carretera y acuático, la información y las comunicaciones, y los servicios abiertos al público.

Por lo cual es necesario que la Ley General de Asentamientos Humanos considere a la accesibilidad como un principio rector y que al mismo tiempo garantice la participación de las personas con discapacidad en el diseño de sus comunidades. Sin la participación plena de las personas con discapacidad las políticas públicas en materia corren el riesgo de resultar insuficientes, por lo que un aspecto fundamental del Decreto es hacer explícita la obligación de las autoridades competentes el incluir en todos los procesos relativos a las personas con discapacidad.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se reforman la fracción XIX del artículo 3º y la fracción IX del artículo 33 y se adicionan la fracción XVI del artículo 7º, recorriendo la fracción XVI a la XVII y la fracción X del artículo 49 todos de la Ley General de Asentamientos Humanos para quedar como sigue:

ARTICULO 3o.- El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:

I – XVIII…

XIX.- El desarrollo y adecuación en los centros de población de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito, y accesibilidad, en particular para las personas con discapacidad y las personas adultas mayores.

ARTICULO 7o.- Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las siguientes atribuciones:

I – XV…

XVI.- Diseñar programas, reglamentos y acciones de evaluación y consulta ciudadana que promuevan la accesibilidad universal, en particular para las personas con discapacidad en los asentamientos humanos…

ARTÍCULO 33.- Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población, además de las previsiones señaladas en el artículo anterior, la legislación estatal de desarrollo urbano establecerá las disposiciones para:

I – VIII…

IX.- La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad requeridas por las personas con discapacidad, estableciendo los procedimientos de consulta, participación y evaluación por parte de las personas con discapacidad y las organizaciones que los representan…

ARTICULO 49.- La participación social en materia de asentamientos humanos comprenderá:

I – IX…

X.- El desarrollo y la ejecución de proyectos enfocados al diseño universal del entorno físico, en las comunidades que consideren la accesibilidad necesaria para garantizar el libre tránsito y la seguridad de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Considerando su participación, consulta y evaluación en todos las etapas de los proyectos.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 24 de agosto de 2016.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y Diputados del grupo parlamentario del PVEM)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Diputado integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS para el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. México es una nación con una composición pluricultural que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como portadores de derechos. A partir de la reforma constitucional de 2001 en materia de derechos indígenas se lograron una serie de avances en cuanto al reconocimiento de los derechos de estas comunidades, pero sin embargo, quedaron muchas cuestiones pendientes y se consolidó un esquema de asimetrías en el acceso a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Esta asimetría y vacío en la capacidad de las comunidades para ejercer sus derechos se debe a que no se han establecido los instrumentos jurídicos suficientes para reconocerlas como entidades colectivas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. Es decir, el reconocimiento de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas no es suficiente para aplicar de manera efectiva la legislación con la que contamos, porque de poco sirve la estipulación de derechos sin que se reconozca a sus titulares.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las comunidades indígenas como “entidades de interés público”, tal y como se lee en el último párrafo del Apartado A del artículo 2° constitucional:

“Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.”

Esta redacción abre la puerta a dos problemáticas. En primer lugar, el interés público es definido en la doctrina jurídica como “El conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.”1 En este sentido, la cualidad de “entidades de interés público” otorgado a los pueblos indígenas significa, principalmente, que son objeto de interés, más que sujetos de derecho.

En segundo lugar, consolida un régimen de asimetría en el acceso y ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente, dado que deja en manos de las entidades federativas definir las características y alcances de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que ha llevado a contar con legislación estatales avanzadas en la materia, mientras que otras han permanecido rezagadas en detrimento de los pueblos y comunidades indígenas.

En cuanto a la primer problemática, es fundamental destacar que la cualidad de “entidades de interés público”, significa que los pueblos indígenas no tienen personalidad jurídica colectiva por lo que están sujetos a la intervención del Estado. Como “entidades de interés público”, las instituciones deben gestionar el bienestar de estas comunidades, dándoles un carácter pasivo.

La comprensión de los pueblos y comunidades indígenas como “entidades de interés público” se sustenta en una visión paternalista y sustentada en el principio de integración, no en el de reconocimiento.2 Además concebirlos como “entidades de interés público” implica incumplirel principio pro personæ, pues limita su capacidad de ejercicio en virtud de la ausencia de personalidad jurídica para ser titular de obligaciones y para hacer valer sus derechos.

Por el contrario, la comprensión de los pueblos y comunidades indígenas como “sujetos de derecho” implica el reconocimiento de su personalidad jurídica colectiva y, por lo tanto, de su capacidad para portar y ejercer derechos como una entidad que tiene actuación en la vida jurídica. De esta manera, la concepción de las comunidades indígenas como “sujetos de derecho público” implica no sólo reconocer sus derechos y garantizar el principio de libre determinación, sino también reconocerles su capacidad y personalidad para decidir su presente y futuro.

En resumen, concebir a los pueblos indígenas como como sujetos de derecho implica que dejan de ser considerados como un objeto pasivo que requiere la atención y el interés de las autoridades públicas, para pasar a ser sujetos que el derecho considera como una sola entidad y, por lo tanto,que pueden acceder y ejercer derechos colectivos y de esta manera actuar, decidir y conducirse como pueblos con una personalidad colectiva y con base en suspropias aspiraciones y en su visión, con base en su estructura organizativa y territorial, y fortaleciendo su identidad y su cultura.

Es fundamental recordar que la misma Constitución mexicana ya reconoce la existencia de derechos colectivos, al señalar en el segundo párrafo del artículo 2° que la nación “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”. Por otra parte, debemos ser conscientes que el derecho a la libre determinación, reconocido también constitucionalmente, sólo puede concretarse colectivamente, de tal manera que los derechos de los pueblos indígenas son esencialmente derechos colectivos, son derechos reclamados por una colectividad.3

Así pues, el gran reto que enfrenta nuestro marco jurídico en materia de derechos indígenas no es el de reconocer la existencia de derechos colectivos, sino delinear las mejores vías para su ejercicio pleno por parte de las comunidades y pueblos indígenas. El no reconocimiento de estas comunidades como “sujetos de derecho” constituye el principal obstáculo e impedimento para ello.

II. El levantamiento del Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994, supuso el inicio de un amplio debate en materia de derechos indígenas, dado que incrustó en la vida pública la necesidad de emprender una discusión sobre la composición multicultural de la nación, así como sobre los derechos básicos y colectivos a los que deberían tener acceso los pueblos indígenas.

En este sentido, el 16 de febrero de 1996, el Gobierno Federal y el EZLN firmaron los “Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena”, conocidos como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. En el Pronunciamiento conjunto del Gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se menciona específicamente la necesidad de “el reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho público”, mientras que en las Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, se establece que se propondrá al “Congreso de la Unión reconocer, en la legislación nacional, a las comunidades como entidades de derecho público”.4

Con base en los llamados Acuerdos de San Andrés, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) elaboró una propuesta de reforma constitucional que reconocía a las comunidades indígenas como “entidades de derecho público”. No obstante, el Congreso de la Unión aprobó esta iniciativacon modificaciones sustanciales, entre las que se incluye la de caracterizar a las comunidades como “entidades de interés público”.

Aunque dicha reforma reconoce la composición pluricultural de la nación, así como una serie de derechos para los pueblos y comunidades indígenas, el no reconocimiento de la personalidad jurídica colectiva de estas comunidades como “sujetos de derecho”, generó no sólo una contradicción sino un obstáculo para que estas comunidades puedan acceder y ejercer sus derechos.

Vale la pena mencionar que el no reconocimiento de las comunidades indígenas como “sujetos de derecho”, no sólo contraviene el espíritu de la llamada “iniciativa COCOPA”, producto de los Acuerdos de San Andrés y de un consenso histórico entre las autoridades mexicanas y los pueblos indígenas, sino que también contradice instrumentos internacionales consensados con los propios pueblos indígenas y que son Tratados de los que México forma parte, como son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Senado de la República en julio de 1990. En él se establece que la población de un Estado se integra por individuos y por pueblos, y que los derechos colectivos de los pueblos indígenas deben ser respetados, dado que se reconocen como parte de la población de un Estado nacional y como titulares de derechos colectivos, derivadosde sus características históricas y culturales.5

Por su parte, en 2003 el Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, publicó el “Informe sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”, en donde plantea que en la reforma constitucional de 2001 no fueron respetados los términos del Convenio 169 de la OIT, por lo que se recomienda a México:

“64. […] reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés.

70. El Convenio 169 deberá ser aplicado en toda legislación e instancia que tenga relación con los derechos de los pueblos indígenas.

72. Las legislaciones federal y estatal deberán ajustarse a las disposiciones del Convenio 169 cuando así proceda.6

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que es tiempo de que México reemprenda la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas para reconocer plenamente su calidad de portadores y titulares de derechos, capaces de decidir y conducir su vida colectiva y de participar en la construcción de su futuro y en el de la nación.

Es fundamental que se lleve al debate público la necesidad de reformular la legislación en materia indígena bajo los principios de progresividad y de interpretación pro personæ, llevados a nuestra Constitución mediante la reforma en materia de derechos humanos de 2011, y que implicó la creación del llamado “bloque de constitucionalidad” integrado no solamente por la Carta Magna, sino también por los tratados internacionales, y que incorporó el mencionado principio pro personæque supone que cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir siempre aquella que proteja más al titular de un derecho.

En este sentido, resulta claro que para el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, la concepción de éstas como “entidades de interés público” no es satisfactoria, dado que las coloca bajo la tutela del Estado, y no como sujetos con personalidad colectiva titulares de derechos, como lo haría la definición de “sujetos de derecho”.

El reconocimiento de las comunidades indígenas como “sujetos de derecho” les permite contar con los instrumentos jurídicos necesarios para ejercer el derecho a la autonomía, ya reconocido en la Constitución.Significa también que las comunidades indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales, siendo parte del Estado nación como actores partícipes y como interlocutores, y no sólo como “entidades de interés público”.

En el mismo contexto, considerar a las comunidades indígenas como “sujetos de derecho”también se relaciona con el ejercicio democrático del poder, ya que estas comunidades podrán participar como iguales, como integrantes del Estado con derechos y obligaciones, en la construcción de un modelo de vida acorde con sus aspiraciones.

Es importante recalcar que algunas entidades federativas ya reconocen a los pueblos y comunidades indígenas como entidades o sujetos de derecho público, como son el caso de San Luis Potosí y Oaxaca; sin embargo, en otras entidades no se ha presentado esta discusión y existe un vacío normativo que ha perjudicado la capacidad de ejercer sus derechos a los pueblos indígenas, lo que evidencia la asimetría de derechos que hemos mencionado.

III. Mediante la presente reforma constitucional se persiguen dos objetivos: en primer lugar, reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, es decir, otorgarles una personalidad jurídica colectiva que les permita ejercer plenamente sus derechos ya reconocidos en la misma Constitución y contar con personalidad jurídica colectiva para tomar decisiones y formar parte del desarrollo nacional, para lo cual se propone realizar diversas modificaciones al artículo 2° constitucional que adecúen la terminología y conceptos, así como los alcances de sus derechos.

En segundo lugar, se plantea acabar con el modelo de asimetría en el ejercicio de los derechos, de tal manera que se generen condiciones normativas para que todas las entidades federativas del país deban reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, para ello se propone reformar el último párrafo del apartado A del artículo 2° constitucional.

Para ejemplificar las modificaciones planteadas en la presente iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Propuesta de reforma

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.


III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

 

 

 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.


Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

 

 


Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Artículo 2o.[…]

[…]

 

 


[…]

 

[…]

 

 

La libre determinación es el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para autogobernarse, tener su propia identidad como pueblo y decidir sobre su vida presente y futura, mismo que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y garantiza su derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. […]


II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Como sujetos de derecho público, las comunidades indígenas, a través de sus autoridades y dentro de su jurisdicción, ejercerán sus funciones y actos jurídicos conforme a sus sistemas normativos y formas autonómicas de gestión.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán a las autoridades indígenas elegidas por las comunidades, de acuerdo a sus sistemas normativos, como interlocutores para el desarrollo de las funciones de gobierno.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez.

V. […]

 

VI. […]

 

 

 

 


VII. […]


[…]

 

 

VIII. […]

 

 

 

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad.

B. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

[…]

 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las comunidades indígenas en coordinación con las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos y para procurar sus aspiraciones como pueblo originario.

II. […]

 

 

 

 


III. […]

 

 


IV. […]

 


V. […]

 

 


VI. […]

 

 

 

VII. […]

 

 

 

 

VIII. […]

 

 

 

 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Como sujetos de derecho público, las comunidades indígenas tienen el derecho y la obligación de participar en la planeación, programación y evaluación de las políticas públicas y los programas que les afecten en coordinación con las autoridades competentes.

[…]

 

 

 

 


[…]

Es tiempo de poner en el centro del debate público la agenda de reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas que ha permanecido opacada y soslayada durante los últimos años, a pesar de que quedaron grandes deudas luego de la reforma de 2001.

Los derechos de los pueblos indígenas en México no están en duda, pero aunque están reconocidos en nuestra Carta Magna, no existen las suficientes garantías jurídicas para que los pueblos y comunidades los puedan ejercer plenamente, sin obstáculos y sin restricciones. El objetivo de la presente reforma es precisamente generar una transformación normativa que les permita a los pueblos indígenas acceder a los derechos colectivos que el Estado mexicano ya les reconoce.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma diversas disposiciones del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer y último párrafo, y las fracciones II, III y IV del Apartado A, el primer párrafo y las fracciones I y IX del Apartado B, y el quinto párrafo del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. […]

[…]

[…]

[…]

La libre determinación es el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para autogobernarse, tener su propia identidad como pueblo y decidir sobre su vida presente y futura, mismo que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y garantiza su derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. […]

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Como sujetos de derecho público, las comunidades indígenas, a través de sus autoridades y dentro de su jurisdicción, ejercerán sus funciones y actos jurídicos conforme a sus sistemas normativos y formas autonómicas de gestión.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la Soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán a las autoridades indígenas elegidas por las comunidades, de acuerdo a sus sistemas normativos, como interlocutores para el desarrollo de las funciones de gobierno.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez.

V. a VIII […]

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad.

B. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

[…]

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las comunidades indígenas en coordinación con las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos y para procurar sus aspiraciones como pueblo originario.

II. a VIII. […]

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Como sujetos de derecho público, las comunidades indígenas tienen el derecho y la obligación de participar en la planeación, programación y evaluación de las políticas públicas y los programas que les afecten en coordinación con las autoridades competentes.

[…]

[…]

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Una vez publicado el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, las entidades federativas contará con un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones a sus constituciones y leyes estatales a fin de reconocer el carácter de sujetos de derecho público de las comunidades indígenas.

TERCERO.- Una vez publicado el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días para realizar las reformas necesarias a las legislaciones secundarias que se vean impactadas por la presente reforma.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 24 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.

1 Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo I-O, UNAM – Porrúa. México.

2 Soriano Flores, José Jesús, “El Derecho a la Autonomía de los Pueblos Indígenas de México: Una aproximación desde los Derechos Humanos”, Ciencia Jurídica, Universidad de Guanajuato, División de Derecho, Política y Gobierno, Departamento de Derecho, Año 1, núm. 2, Pp. 159-169.

3 Ordóñez Mazariegos, Carlos Salvador, “Derechos Humanos de los Pueblos Indios”, en Etnicidad y Derecho: un diálogo postergado entre los científicos sociales, 1ª ed., UNAM, México, 1996, p. 215-216.

4 Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena.
Cfr. http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/Los_acuerdos_de_San_Andres.pdf

5 Decreto Promulgatorio del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Cfr. http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf

6 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. Rodolfo Stavenhagen, Misión a México, E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

(Presentada por la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del grupo parlamentario del PAN)

MARTHA CRISTINA JIMÉNEZ MÁRQUEZ, Diputada Federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional e integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General; y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; así como 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, conforme se detalla en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. En la actualidad, la fracción I, del artículo 30 de la recién aprobada Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece que las entidades federativas y los municipios podrán contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: “En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente”; sin embargo, esta redacción se estima confusa, pues la expresión: “El saldo insoluto total del monto principal de estas obligaciones a corto plazo” no es claro al prever que por dicho saldo insoluto debe entenderse la totalidad de las obligaciones a corto plazo dentro del periodo; y bien podría ocurrir que el máximo fijado se interprete como el máximo para cada vez; con lo cual, si bien no es posible rebasar la fecha límite de pago contenida en la fracción II del mismo artículo (“Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses”); sí lo sería burlar los límites de los montos de endeudamiento.

II. Lo anterior, que podría parecer improbable, en realidad es de singular relevancia pues lo cierto es que los ejecutivos locales es posible que busquen alternativas para burlar el marco jurídico aplicable. Sólo por poner dos ejemplos: Como es de todos conocido, la ley de Disciplina Financiera impone a los estados la obligación de pagar sus créditos bancarios de corto plazo tres meses antes de concluir cada administración; el Decreto respectivo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de abril de 2016; y de acuerdo a su primer artículo transitorio, el Decreto entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los propios transitorios; pues bien, con la falsa excusa de que el Estado de Chihuahua adecuó su Constitución local en ese tenor el 30 de diciembre del 2015, empero por error no incluyó el artículo transitorio que sí tiene la reforma federal y en el cual establece que esta nueva obligación sólo será aplicable para créditos posteriores al entrada en vigencia de la citada Ley, es que se reformó la citada Constitución local, dado que la Ley de Disciplina Financiera entró en vigor el 27 de abril del 2016, para prever que todos los financiamientos bancarios de corto plazo, a partir de esa fecha deberán ser liquidados antes del 3 de julio próximo; empero no los créditos anteriores a esa fecha, los cuales no tendrán que entrar en esa dinámica.

Sobre esa base es que se reformó la Constitución local y se burló la teleología de la recién aprobada legislación federal.

III. En este punto, como lo he hecho en el pasado inmediato, es bueno traer a colación que en materia de deuda Chihuahua no es cualquier Estado; se trata, de uno de los estados más endeudados de la República con cifras escalofriantes dado lo vertiginoso del proceso de endeudamiento:

1. La deuda estatal prácticamente se triplicó al pasar de 12 mil 547 millones de pesos, durante 2010, a más de 42 mil millones en los primeros meses del 2016;1

2. Si para ese 2010 este pasivo representaba el 100% de las participaciones federales que le correspondían, para el 2016, alcanzó el 212%;2

3. Respecto el Producto Interno Bruto (PIB), durante el 2010 la deuda representaba un 3.6% del mismo; y para el 2016, este porcentaje se elevó hasta el 8.3%, lo que ubica a la Entidad con la proporción de deuda más alta en el país, en atención a este indicador y; 3

4. Finalmente, la deuda per cápita de la entidad es de más de 12 mil pesos, lo que coloca a la entidad entre los primeros cinco lugares a nivel nacional después de estados como Quintana Roo, Coahuila y Nuevo León.

IV. De este modo, no es difícil imaginar que otros estados, a través de maniobras retorcidas o vacíos legales aparentes (nos queda claro que sólo aparentes), pretendan eludir este marco cuyo único propósito es garantizar que no se repitan endeudamientos irracionales o se relaje la necesaria disciplina en materia de endeudamiento.

Debe recordarse que Chihuahua, al igual que otros estados del País, cuentas con leyes de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo; herramientas más que útiles para burlar la Ley; recuérdese el caso del artículo 64, fracción III, inciso G), de la Constitución de la misma Entidad, que prevé que el Congreso del Estado podrá facultar al Gobernador: “Para que de conformidad con la ley de la materia, celebre contratos sobre proyectos de inversión pública a largo plazo. Las obligaciones derivadas de los citados proyectos de inversión no constituyen deuda pública”.4 Es decir, por ese medio se pretende burlar el régimen jurídico que norma la contratación de deuda en el Estado, lo que ha posibilitado que algunos municipios, por ejemplo Juárez, rebasen, por mucho, los límites de endeudamiento. En el particular, aquel Municipio pudo contratar deuda por un monto diez veces superior al permitido por la Constitución local, a partir de estos esquemas de financiamiento.

V. Por ello, es que se propone la reforma de la primera fracción del artículo 30 de la citada Ley, a efecto de que quede de la siguiente manera: “En todo momento, el saldo insoluto del monto principal de las obligaciones a corto plazo no podrá exceder en su totalidad el 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente”.

VI. Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurídicos expresados en el proemio de este documento, me permito someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, al tenor del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I, del artículo 30, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 30.- […]

I. En todo momento, el saldo insoluto del monto principal de las obligaciones a corto plazo no podrá exceder en su totalidad el 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;

[…]

I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 24 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez.

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Saldo histórico de obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y sus organismos. Informe trimestral correspondiente a marzo de 2016. http://obligaciones_entidades.hacienda.gob.mx/es/OBLIGACIONES_ENTIDADES/2016.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Énfasis añadido.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Presentada por el Diputado David Gerson García Calderón, del grupo parlamentario del PRD)

DAVID Gerson García Calderón, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el 6 numeral 1 fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el desarrollo de la incorporación de México a la globalización, las agendas intervencionistas de las economías predominantes en el mundo, han sido impuestas a nuestro país, lesionando gravemente nuestra Soberanía y, en el caso que nos ocupa, el monopolio legítimo del ejercicio de la fuerza por el Estado mexicano. Es el caso de una de las últimas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en la LXII Legislatura, por la cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para autorizar a la Secretaría de la Defensa Nacional para expedir licencias de portación de armas a agentes extranjeros.

ARGUMENTACIÓN

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresó, en su oportunidad, su firme rechazo a las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos por las cuales se autoriza a los integrantes de agencias de seguridad extranjeros a portar armas en suelo mexicano, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2015. Dichas reformas, en términos generales, bajo el argumento falaz de generar mayor turismo y un incremento en la derrama económica, de disminución de costos aduanales y de mejoramiento de los tiempos de tránsito internacional nos presentaban una serie de modificaciones que ponen en grave riesgo a nuestra seguridad nacional y a la vida y la integridad de los habitantes del territorio mexicano. Debemos señalar que uno de los principales problemas en las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos, en las últimas décadas, ha sido precisamente el control del tráfico de armas, cuyo crecimiento ha exponenciado los niveles de la violencia del crimen organizado en territorio mexicano y que, hasta la fecha, no ha encontrado una fórmula que disminuya sus niveles, incrementándose debido a los altos índices de corrupción de los servidores públicos encargados de las aduanas y la migración tanto en México como en los Estados Unidos. Estamos plenamente convencidos de que México no necesita agentes extranjeros armados en nuestro territorio.

Desde nuestro punto de vista, las modificaciones que se introdujeron en aquel decreto presentan tres graves problemas. El primero, que tiende hacia la ampliación de la posibilidad de la obtención de licencias de portación de armas para cualquier extranjero que acredite su residencia permanente en territorio nacional, con los mismos laxos y cuestionables requisitos que se establecen para los ciudadanos mexicanos, superando con mucho el derecho establecido en el artículo 10 de nuestra Constitución Política y poniendo en riesgo la vida y la integridad de nuestros propios conciudadanos y conciudadanas porque, entre los requisitos establecidos en la Ley, no se encuentra, por ejemplo, el de una evaluación sicológica del solicitante, que pudiera evidenciar conductas tendentes a la violencia en general, la violencia de género o la violencia xenófoba. Es menester, en consecuencia, revisar íntegramente esta Ley que tiene más de 43 años de haber sido expedida, en el marco de una violencia delincuencial cada vez más cotidiana.

El segundo problema que observa nuestro Grupo, es el que agentes aduanales y migratorios puedan portar armas mediante un permiso temporal con una vigencia de seis meses. Se trata, en esencia, de permitir que los agentes estadounidenses más cuestionados por la ilegalidad en el uso de la fuerza, incluso letal, y las constantes violaciones a los derechos humanos de los migrantes, puedan portar armas a lo largo del territorio nacional. Recordaremos, únicamente, que han sido más de 23 los asesinatos cometidos por guardias migratorios, incluso en territorio mexicano, y que han quedado en la impunidad, entre ellos, el del niño Sergio Adrián Hernández Huereca, de 14 años, en Ciudad Juárez, que recibió un disparo en la cabeza por haber aventado piedras a un agente migratorio a través del puente fronterizo el 7 de junio de 2010 y cuya investigación de los hechos fue dada por terminada el 27 de abril de 2012, sin la presentación de cargo penal alguno en contra de este agente. Debemos señalar, también, que se pretende el otorgamiento de estos permisos a través de acuerdos interinstitucionales, la mayor parte de ellos, de carácter reservado y que, en el pasado, han constituido experiencias desastrosas para nuestro país, como el Operativo Rápido y Furioso, que introdujo al territorio nacional miles de armas, que al final únicamente sirvieron para generar más violencia. Adicionalmente, debemos señalar que acuerdos interinstitucionales como los que se pretenden implementar, han permitido la operación de agencias de seguridad norteamericanas, como el ICE, la ATF y la propia CIA en todo el territorio mexicano, y que tienen su base de operaciones en la llamada Oficina Binacional de Inteligencia, en la Avenida Paseo de la Reforma No. 265, en el corazón de la Ciudad de México.

El tercer problema de estas reformas es el que los agentes de seguridad de mandatarios extranjeros puedan ingresar armados al territorio nacional para garantizar la protección de estos jefes de Estado durante las visitas que éstos realicen a nuestro País. Este es, sin duda alguna, un asunto de seguridad nacional, así consignado por la propia Ley en la materia y consideramos que es obligación del Estado Mexicano atender estas necesidades y brindar la seguridad indispensable para aquellos mandatarios que nos visiten. Sin embargo, coincidimos en que, lamentablemente, la mala reputación internacional de nuestros cuerpos de seguridad pueden incidir en la percepción de estos funcionarios extranjeros y, en consecuencia, solicitar que sea la seguridad de sus propios países quienes se encarguen de su resguardo en México.

Adicionalmente, debemos señalar que, como hemos sostenido en ocasiones anteriores y en el contexto de las reformas que nos ocupan, la subrogación de servicios de seguridad en algunos países, como en el caso de los Estados Unidos en dónde la operación de compañías militares privadas prácticamente ha sustituido a la operación de los cuerpos de seguridad del Estado, resulta sumamente preocupante que elementos de estas compañías, catalogadas por la Organización de las Naciones Unidas como mercenarios y señaladas por sus constantes violaciones a los derechos humanos, puedan llegar a operar a México amparadas bajo el manto de la impunidad de un acuerdo interinstitucional dado que, en el propio dictamen que se presentó en su momento respecto del presente decreto, mañosamente se señaló que también los “elementos paramilitares” son considerados por la ONU como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando el Informe de Amnistía Internacional citado por la dictaminadora pretende justamente la limitación de este concepto y no su ampliación excedida como licencia de operación indiscriminada.

Es por todo lo anterior que, desde la perspectiva del Grupo Parlamentario del PRD no vemos cómo “Incentivar el turismo e incrementar el número de visitantes internacionales a nuestro país, derivado de la disminución de los costos y el establecimiento de nuevas rutas” tenga que ver con las modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que fueron aprobadas en aquella ocasión.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que, convencidos de que México no necesita más armas legales o ilegales, que necesitamos y anhelamos la paz y el libre goce de los derechos humanos, presentamos a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 11, 27, 28 y 28 Bis, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 11. …

a) a l). …

Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, así como a servidores públicos extranjeros en los casos y en las condiciones a los que se refieren los artículos 28 y 28 bis de esta Ley.

Artículo 27. A los extranjeros sólo se les podrá autorizar la portación de armas cuando, además de satisfacer los requisitos señalados en el artículo anterior acrediten su calidad de residentes permanentes y acrediten, a satisfacción de la Secretaría, no tener antecedentes civiles o penales relacionados con actos de violencia de cualquier tipo, en territorio nacional y/o en el extranjero, salvo en los casos de permisos de licencia temporal para turistas con fines deportivos.

La Secretaría de la Defensa Nacional podrá expedir permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 28 y 28 bis de esta Ley, los cuales podrán cancelarse, sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan en los casos que prevé el artículo 31 de la presente Ley así como de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan según la legislación nacional aplicable.

Artículo 28. Con base en el principio de reciprocidad, la Secretaría de la Defensa Nacional podrá autorizar la portación temporal de armas a los servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, debidamente acreditados ante el Gobierno Federal, que participen en la revisión migratoria en los puntos de tránsito internacionales o el despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales, respectivamente, conforme a la legislación aplicable y a los acuerdos interinstitucionales que deberán celebrarse para tal efecto. Los acuerdos y sus dictámenes emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, las solicitudes y las resoluciones de la Secretaría que en ellas recaigan deberán hacerse del conocimiento de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

En cualquier caso, a los servidores públicos extranjeros que cometan cualquier falta administrativa grave o conducta señalada por la Ley como delito, les será cancelado, de inmediato, el permiso temporal de portación de armas y serán sujetos de la jurisdicción nacional para determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

La portación o uso del arma autorizada fuera de los lugares designados o para fines que no correspondan con las acciones para las que fue autorizado, será considerado falta grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que deriven del hecho. En ningún caso los servidores públicos extranjeros podrán ejercer funciones reservadas para las autoridades nacionales ni alegar un uso legítimo de la fuerza en contra de persona alguna.

Artículo 28 Bis.-…

En cualquier caso, a los servidores públicos extranjeros que cometan cualquier falta administrativa grave o conducta señalada por la Ley como delito, les será cancelada, de inmediato, la licencia de portación de armas y serán sujetos de la jurisdicción nacional para determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

La portación o uso del arma autorizada fuera de los lugares designados o para fines que no correspondan con las acciones para las que fue autorizado, será considerado falta grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que deriven del hecho. En ningún caso los servidores públicos extranjeros podrán ejercer funciones reservadas para las autoridades nacionales ni alegar un uso legítimo de la fuerza en contra de persona alguna.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los permisos que hayan sido expedidos con motivo del Decreto de fecha 22 de mayo de 2015, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, deberán ser revocados, para cumplir con lo establecido en el presente Decreto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 24 de agosto de 2016.

Suscribe

Dip. David Gerson García Calderón.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, Diputada EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, en materia de combate a la violencia sexual contra las mujeres, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer debido a la urgente necesidad de una extensión y aplicación universal de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. Dichos principios se encuentran consagrados en instrumentos internacionales de suma relevancia como son la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer(Organización de las Naciones Unidas, 1993).

En esta Declaración la Asamblea General de la ONU afirmó que la violencia contra la mujer constituye un enorme obstáculo, no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino que de igual manera impide total o parcialmente el desarrollo individual de la mujer y la garantía de sus derechos y libertades. Este problema se ha acrecentado debido al descuido y desatención de los gobiernos en los casos de violencia contra la mujer (Organización de las Naciones Unidas, 1993)

Las Naciones Unidas han reconocido que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre(Organización de las Naciones Unidas, 1993).

Es sumamente alarmante el hecho de que algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado son particularmente vulnerables a la violencia(Organización de las Naciones Unidas, 1993).

En ese contexto de minúsculos esfuerzos podemos advertir que las oportunidades de que dispone una mujer para lograr su igualdad jurídica, social, política y económica en la sociedad se ven limitadas, entre otras cosas, por una violencia continua y endémica(Organización de las Naciones Unidas, 1993).

Más de 20 años después de que se proclamara dicha declaración y según datos de ONU Mujeres, se estima que el 35 por ciento de las mujeres en el mundo sigue sufriendo violencia física o sexual, y esto, principalmente, a manos de un compañero sentimental o por parte de una persona cercana a ella(ONU Mujeres, 2016).

De igual manera basándonos en las últimas compilaciones de datos por parte de la ONU, se estima que en prácticamente la mitad de los casos de mujeres asesinadas en 2012, el autor de la agresión fue un familiar o un compañero sentimental, frente a menos del 6 por ciento de hombres asesinados ese mismo año (ONU Mujeres, 2016).

(…)

Unas 120 millones de niñas de todo el mundo (algo más de 1 de cada 10) han sufrido el coito forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Con diferencia, los agresores más habituales de la violencia sexual contra niñas y muchachas son sus maridos o ex maridos, compañeros o novios (ONU Mujeres, 2016).

(…)

Las mujeres adultas representan prácticamente la mitad de las víctimas de trata de seres humanos detectada a nivel mundial. En conjunto, las mujeres y las niñas representan cerca del 70 por ciento, siendo las niñas dos de cada tres víctimas infantiles de la trata(ONU Mujeres, 2016).

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer en el año 2012, se presentó en la Ciudad de México el estudio Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas (1985-2010), este estudio fue realizado por diversas instituciones como lo fueron la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la LXI legislatura, ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres. Esto con el fin de ampliar el espectro de estudio en torno a la violencia feminicida y analizar las tendencias en México, dando cuenta de las distintas maneras en que se puede afectar la integridad, la libertad, la salud y la vida de las mujeres(Animal Político, 2012).

En este estudio se ha señalado que el origen de la violencia contra la mujer está conformado por:

La suma de impunidad, insensibilidad y ausencia en la rendición de cuentas por parte de un sector considerable de las autoridades encargadas de procurar justicia en los crímenes que privan de la vida a las mujeres, termina haciendo sinergia con la violencia y la discriminación sistemática hacia ellas, derivada de estructuras patriarcales y machistas todavía muy asentadas en prácticas, valores, normas y aun disposiciones jurídicas del país(ONU Mujeres, 2013).

Y nos explica que en México la violencia contra las mujeres está principalmente caracterizada por:

Su invisibilidad, producto de las pautas culturales que aún priman en nuestras sociedades, en las que la violencia intrafamiliar o de pareja y los abusos sexuales de conocidos, familiares o desconocidos, son concebidos ya sea como eventos del ámbito privado donde los demás –incluso las autoridades- no deben inmiscuirse, o como contingencias frecuentes en la vida de una mujer.

Su “normalidad” es otro de los rasgos que la acompañan. La cultura patriarcal justifica o aun “autoriza” al varón para ejercer la violencia contra la mujer cuando su objetivo es “corregir” comportamientos que se salen de la norma, que no se adecuan a su rol esperado de madre, esposa y ama de casa. Dicha cultura justifica, asimismo, la potestad de cualquier varón para intervenir o controlar la vida de las mujeres o usar de distintos tipos de violencia en contra de una mujer que “desafía” o transgrede las fronteras culturales del género.

Su impunidad, que es consecuencia de todo lo anterior, ya que si la violencia entre parejas o intrafamiliar es justificada como “natural” o como “asunto privado”, no puede ser juzgada como violación a ningún derecho y, por lo tanto, no es sancionable. También, a menudo es justificada en casos donde la violencia la ejerce un hombre desconocido sobre una mujer “transgresora”. De suerte que en el imaginario común de la mayoría de la población, y aún en gran parte de los operadores de la procuración de justicia, la violencia hacia las mujeres no es condenable.

La Violencia de Género se refiere así a una gama de costumbres, prácticas machistas y misóginas, que imponen pautas de una masculinidad basada en el uso de la fuerza y la violencia en las relaciones entre hombres y en contra de mujeres de todas las edades. Estas prácticas abarcan diversos tipos de comportamientos físicos, emocionales, sexuales, o económicos, hasta llegar incluso a la privación de la vida(ONU Mujeres, 2013).

En México, según cifras del INEGI, la violencia emocional es la que presenta una prevalencia más alta con un porcentaje del 44.3% y ésta es causada principalmente por la pareja o el esposo de la víctima. Por el contrario, la violencia sexual ha sido experimentada por poco más de un tercio de todas las mujeres, es decir, el 35.4% declararon haber sufrido de violencia sexual (INEGI, 2015).

En el año 2007 en México se llevó a cabo la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cual significó un gran avance en el que se hace el debido reconocimiento de la existencia de la violencia de género, sus causas y sus consecuencias, y el imperativo jurídico de promulgación de leyes que velen por la protección de las mujeres, porque, como se indica en su exposición de motivos, “el supuesto acerca de la neutralidad de las normas se tradujo en exclusiones del sistema judicial, en discriminaciones legislativas y en prácticas culturales que invisibilizan la violencia contra la mujer”(Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2013).

El artículo 1º de dicha ley establece:

La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La misma Ley nos brinda una serie de definiciones para cada uno de los tipos de violencia que sirven como base para todas las entidades federativas y municipios al momento de homologar sus leyes creadas para la atención y erradicación de dicho problema. En particular establece lo que se entiende por:

Violencia psicológica: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica; consiste en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio (artículo 6°, fracción I).

Violencia física: cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas (artículo 6°, fracción II).
Violencia patrimonial: cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima (artículo 6°, fracción III).

Violencia económica: toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral (artículo 6°, fracción IV).

Violencia sexual: cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto (artículo 6°, fracción V).

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres (artículo 6°, fracción VI).

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, según refiere el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por su parte, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, el 47% de las mujeres en México mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, sea física, sexual, emocional o económica.

En cuanto se refiere a la violencia sexual que sufren las mujeres, encontramos que los mismos ordenamientos federales, por ejemplo el Código Penal Federal, aún se encuentran colmados de disposiciones construidas con un lenguaje atentatorio de los derechos de las mujeres.

En efecto, el título decimoquinto del Código Penal Federal —Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual— establece en su capítulo primero los tipos penales relacionados con el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro y la violación; a su vez, el artículo 272 regula la figura del incesto.

La primera observación que podemos hacer es que la definición de los cinco delitos referidos en el párrafo anterior excluye el tipo penal de acoso sexual que, desgraciadamente, ha proliferado y continúa en aumento según los datos referidos anteriormente.

Es de explorado derecho que cuando nos referimos al hostigamiento sexual—una figura jurídica cercana y con cierto grado de analogía a la del acoso sexual—, el tipo penal indica la necesidad de valerse de una posición jerárquica privilegiada del agresor frente a la víctima. Sobre el particular, el Código Penal Federal establece lo siguiente:

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño. Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.

Por el contrario, el acoso sexual se verifica de una persona hacia otra, aun sin que medie relación previa, ni se realice mediante asedios reiterados. El acoso sexual, más allá de la diversidad de fórmulas que se han ideado para explicarlo, implica por lo menos la realización de una serie de conductas, expresiones o gestos de molestia de carácter sexual de un individuo hacia otra persona, no necesariamente con la finalidad de llegar a la cópula o a una violación en el sentido legal del término.

Por ello, es imperativo que la normatividad federal, en aras de proteger la dignidad y la libertad sexual de las personas —en particular de las mujeres, como grupo con mayor vulnerabilidad a las agresiones sexuales— incorpore el tipo penal del acoso sexual. Del mismo modo, es necesario que se especifique que el acoso sexual no requiere una serie reiterada de eventos, sino que se verifica con un primer y único acto, o bien, con una serie reiterada de conductas invasivas de la intimidad y libertad sexual del agente pasivo. Para ello, se sugiere adicionar un artículo con una redacción en el siguiente sentido:

Comete el delito de acoso sexual el que, sin importar el sexo de la víctima, solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Esta conducta se sancionará independientemente de que se ejecute en uno o varios eventos.

La sanción correspondiente a la conducta referida en el párrafo anterior debería implicar la privación de la libertad, sin la gravedad asociada con los delitos de violación o de abuso sexual, e incluso inferior al estupro, que implica, no una invasión violenta a la intimidad y sexualidad del agente pasivo, sino la obtención de su consentimiento, aunque con engaños y con la circunstancia de encontrarse entre los 15 y los 18 años de edad.

Por ello, se propone adicionar un segundo párrafo que estableciera:

Este delito [el acoso sexual] será sancionado con una pena de tres meses a tres años de prisión.

Como agravante para el delito de acoso sexual se sugiere establecer la situación en que se verificara al momento de hacer uso de un medio de transporte público. El segundo párrafo referido anteriormente concluiría con la siguiente agravante.

La pena se incrementará en una mitad si la agresión se cometiera en el transporte público.

Ahora bien, volviendo al delito dehostigamiento sexual, hemos advertido que adolece de ciertos defectos que hacen más compleja la configuración del tipo penal. Lo citamos nuevamente para ilustrar los comentarios:

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.
Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida

Al respecto se pueden hacer los siguientes comentarios:

Primero.- De acuerdo con la definición de la Real Academia Española, el verbo asediar se define como: presionar insistentemente a alguien. En ese sentido, el tipo penal hace un doble y por tanto gravoso énfasis en que la conducta deba ser recurrente o repetitiva, por lo que la comisión de dos conductas de hostigamiento a un subordinado, dependiendo del juez que lo valore, pudieran resultar insuficientes para cubrir los extremos del tipo penal en el sentido de: “asediar reiteradamente”.

Segundo.- Una vez acreditado el asedio reiterado con fines lascivos, el agente activo podrá ser sancionado con una pena nimia de cuarenta días multa. Como hemos señalado, el bien jurídico protegido —la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas— es de tal relevancia que se presumiría procedente establecer una sanción privativa de libertad, aún como cuando en el caso del acoso sexual que hemos explicado líneas arriba, esta sanción sea considerablemente menor a conductas como la violación o el abuso sexual, con la única finalidad de desmotivar la comisión de la conducta delictiva y su posible reincidencia.

Tercero.- Coincidimos con el espíritu de la disposición legal en el sentido de agravar la sanción si el agente activo es un servidor público en funciones y utilizare los medios o circunstancias que el cargo le procura para ejercer presuntivamente mucha mayor presión a la víctima. Sin embargo, la sola destitución del cargo pudiera resultar insuficiente, aun con la acumulación de 40 días multa. Por ello, es necesario que la destitución, la sanción privativa de libertad y la sanción económica se encuentren reforzadas por la inhabilitación en el servicio público por un periodo adicional y proporcional al que se vio privado de la libertad el agente activo. Esto, por la afectación al bien jurídico tutelado que es la dignidad en el ejercicio de la función pública, e incluso la presunción de validez de los actos de autoridad.

Cuarto.- El segundo párrafo del artículo de referencia establece que solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño. Esto significa que se arroja a la propia víctima del delito de hostigamiento sexual, la carga de la prueba para acreditar que la conducta de “asedio reiterado con fines lascivos” le causó algún daño o afectación. Situación que complica en demasía la acreditación del tipo penal y, en consecuencia, la persecución y sanción del delito. Por ello se propone eliminar en su totalidad el segundo párrafo del artículo 259 Bis del Código Penal Federal.

Bajo estas cuatro observaciones se propone reformar el primer párrafo del artículo de referencia, eliminar el segundo párrafo y conservar en su integridad el párrafotercero en atención a que el delito de hostigamiento, por las particularidades que reviste y para no generar una doble victimización del agente pasivo, siga siendo perseguido mediante querella. Se propone la siguiente redacción:

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa y de dos a cuatro años de prisión. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargoy se le inhabilitará por un término adicional la que se hubiera impuesto como pena privativa de libertad.
Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.

Finalmente, el artículo 266 Bis del Código Penal Federal establece que las agravantes para los delitos de abuso sexual y violación, aumentando hasta en una mitad en su mínimo y máximo las penas privativas de libertad en las siguientes cuatro situaciones:

  •  El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas.
  •  El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima.
  •  El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia que ellos le proporcionen. Además de la pena de prisión el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión.
  •  El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada.

Entre este catálogo de agravantes podemos observar que se sancionan con mayor rigor las situaciones en las que se coloca el agente activo en una ventaja o fuerza desmedida (violación o abuso sexual en grupo); cuando media una relación de confianza y subordinación (violaciones y abuso sexual mediando filiación y parentesco); nuevamente, cuando es realizado por un servidor público y se aprovechara de esa situación para cometer el ilícito, o fuera realizado por alguien en ejercicio y abuso de su ocupación, y cuando media una relación de garante de la víctima.

En todas estas situaciones observamos que la víctima se encuentra o es colocada intencionalmente por el victimario en una posición en la que resulta imposible o, cuando menos, sumamente complicado resistir un ataque sexual.

Lo mismo ocurre cuando a la potencial víctima, se le administran, sin su consentimiento, drogas que afectan la consciencia y el gobierno sobre sus propios actos.

En efecto, una persona que se encuentra atacada por dos o más individuos tiene la misma posibilidad de defensa que aquella a la cual se le ha restado fuerzas o se le ha inducido a un estado de completa pero temporal dependencia motriz y mental.

Por ello, es necesario adicionar una fracción al artículo 266 Bis del Código Penal Federal en el siguiente sentido:

Artículo 266 Bis.- Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando:

I. a IV. …

V. El delito fuere cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos a la víctima.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

PRIMERO.- Se reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa y de dos a cuatro años de prisión. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo y se le inhabilitará por un término adicional la que se hubiera impuesto como pena privativa de libertad.

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.

SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 259 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 259 Ter.- Comete el delito de acoso sexual el que, sin importar el sexo de la víctima, solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Esta conducta se sancionará independientemente de que se ejecute en uno o varios eventos.

Este delito será sancionado con una pena de seis meses a tres años de prisión. La pena se incrementará en una mitad si la agresión se cometiera en el transporte público.

TERCERO.- Se adiciona una fracción al artículo 266 Bis del Código Penal Federal para quedar como sigue

Artículo 266 Bis.- Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando:

I.- El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas;

II.- El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima;

III.- El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia que ellos le proporcionen. Además de la pena de prisión el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión;

IV.- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada;

V. El delito fuere cometido previasuministración de estupefacientes o psicotrópicos a la víctima.


TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 24 de agosto de 2016.

Suscribe

Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.

Bibliografía

Animal Político
“En cifras, 25 años de violencia de género en México”
Fecha: 20 de diciembre del 2012
http://www.animalpolitico.com/2012/12/un-cuarto-de-siglo-de-violencia-contra-la-mujer/
Fecha de consulta: 11 de julio del 2016

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)
“Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”
Fecha: 23 de noviembre del 2015
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf
Fecha de consulta: 11 de julio del 2016

ONU (Organización de las Naciones Unidas)
“Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”
Fecha: 20 diciembre de 1993
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
Fecha de consulta: 11 de julio del 2016

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de la mujer.
Fecha: Septiembre del 2013
“Diagnóstico del acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia en el Estado de Jalisco”
http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/Diagnostico-del-acceso-a-la-justicia-para-las-mujeres-que-viven-violencia-en-Jalisco.pdf
Fecha de consulta: 12 de julio del 2016

ONU Mujeres (Organización de las Naciones Unidas, Mujeres)
Fecha: 2013
“Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas: 1985-2010”
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/2/feminicidio_mexico-1985-2010%20pdf.pdf?v=1&d=20141013T121833
Fecha de consulta: 11 de julio del 2016

ONU Mujeres (Organización de las Naciones Unidas, Mujeres)
Fecha: febrero 2016
“De hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas”
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
Fecha de consulta: 11 de julio del 2016





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 1º de septiembre dejó de ser, hace algunos años ya, “el día del Presidente”. Este representaba un rito donde el Presidente era el centro de atención nacional, donde la clase política, empresarial, religiosa y social más cercana al poder, hacían su pase de lista y una gran pleitesía para, técnicamente, venerar al Ejecutivo en turno, al Presidente.

Hoy las cosas son diferentes, pero en los hechos sólo para el orden legal y para el Poder Legislativo, ya que, a pesar de los cambios constitucionales que le permiten al Ejecutivo sólo “entregar informe por escrito…” el Presidente sigue teniendo su “día”.

Lo cuestionable no es que el Presidente tenga su “día”, sino que en cumplimiento al Art. 69, donde se establece la obligatoriedad de entregar un informe anual del estado que guarda la administración pública, ya no se da en presencia de los legisladores, de los representantes del pueblo, por tanto ante los ciudadanos que son los interesados en saber dicho estado y conocer las medidas y acciones que se llevan a cabo.

Tras estos años en que el Presidente solo envía a alguno de sus Secretarios de Estado a entregar por escrito su informe, resulta prioritario tener un diálogo entre los dos poderes, el Ejecutivo a través del Presidente de la República y el Legislativo, a través de los distintos partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

La realidad actual nos demanda hacer partícipes de todas las acciones tomadas por parte del gobierno a la sociedad, ya que en ella residen los principios de nuestra democracia. El Informe presidencial debe ser el mejor ejemplo de la transparencia y rendición de cuentas.

ANTECEDENTES

El primer presidente en rendir un informe fue Guadalupe Victoria, quien se presentó el 1º de enero de 1825 ante el Congreso para dar cuenta sobre su gobierno, en este informe, el entonces Presidente dio cuenta de logros para el ejército, datos sobre el pago de sueldos atrasados a los empleados del Estado y lo referente a la administración de justicia. A partir de este momento, se creó la tradición que los siguientes presidentes continuaron.

El presidente Guadalupe Victoria, retomó la idea de la rendición del informe presidencial ante el órgano legislativo tanto de los Estados Unidos de América como de Gran Bretaña, los cuales aún teniendo regímenes de gobierno distintos, buscaban que el jefe de Estado fuese responsable ante el parlamento de su actuación al frente de la administración pública. Es decir, el informe era visto como un acto de responsabilidad del presidente de la Nación.

Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, el artículo 69 ha sido objeto de tres enmiendas.

La primera fue en 1923 para suprimir del texto constitucional la obligación del Presidente de la República de asistir al Congreso al inicio de las sesiones extraordinarias con el objeto de explicar las razones de dicha convocatoria.

El texto original de la Constitución de 1917 del artículo 69 establecía lo siguiente:

“A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del país; y en el segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara que se trate, las razones que hicieron necesaria su convocación, y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.”

Esta primera reforma, aprobada en 1923 introdujo las siguientes modificaciones:

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el que manifieste sobre el estado general que guarde la administración pública del país.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

La segunda reforma fue en 1986 para suprimir del texto Constitucional la obligación del Presidente de acudir al Congreso al inicio de cada periodo ordinario, de tal forma que quedó establecido que la obligación del Presidente de rendir su Informe sería anualmente, para quedar como sigue:

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del Primer Periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el que manifieste sobre el estado general que guarde la administración pública del país.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Para 1936, Lázaro Cárdenas, quien era Presidente entonces, dio un giro al convertirlo en un acto masivo, ya que por primera vez fue transmitido por la radio, medio de comunicación más utilizado de la época.

Con el paso del tiempo se modificó el sentido del Informe, dejó de verse como un acto meramente informativo a la Nación y a los legisladores y se convirtió en una oportunidad para enarbolar la figura presidencial a tal punto que el día del informe se conoció como el “día del presidente”.

El enfriamiento del “Día del Presidente” comenzó en 1988 con el último Informe de Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, en dicha presentación se dieron, por primera vez, interpelaciones por parte de los legisladores. Apenas dos meses atrás había tenido lugar una de las elecciones presidenciales más cuestionadas de la historia de nuestro país, donde el priísta Carlos Salinas de Gortari, fue declarado como presidente electo por parte de las autoridades electorales, después de un claro fraude, según la oposición.

Mientras el Presidente Miguel de la Madrid daba su Informe ante el Congreso, varios Diputados desde tribuna le gritaron e incluso varios llevaron muchas de las boletas electorales como prueba del fraude cometido y en repudio a los resultados.

“Las campañas electorales resultaron competitivas y polémicas; con ellas se enriqueció en la práctica el pluralismo político y se produjo una recomposición de las fuerzas y de los partidos que las representan. Esta importante renovación electoral marca el inicio de una nueva y mejor etapa de nuestro desarrollo político”, dijo De la Madrid.

En su primer Informe Presidencial, Carlos Salinas de Gortari, se enfrentó más legisladores que gritaban y una y otra vez “repudio total al fraude electoral”, desde entonces, también afuera del recinto de San Lázaro comenzaron a verse manifestaciones para mostrar la inconformidad ante tales hechos, incluso, es durante este informe que Vicente Foz Quesada, Diputado Federal en ese entonces, hizo, con boletas electorales unas orejas de burro y se las puso en la cabeza.

Ernesto Zedillo, ex presidente de México durante el sexenio de 1994 al 2000, también enfrentó duras críticas y reclamos.

En el sexenio de Vicente Fox Quesada, 2000-2006 los informes se volvieron cada vez más breves y se podría decir que “El día del presidente” llegó a su fin en el Sexto Informe de Gobierno de Vicente Fox, en el año 2006. Ese día, se terminaron los discursos desde la tribuna de San Lázaro, pues el desorden dentro del pleno impidió que el presidente rindiera su informe, optando por dar un mensaje en cadena nacional.

Este informe ocurrió a unos meses de la elección en que Felipe Calderón Hinojosa fue nombrado presidente, en un proceso electoral cuestionado e impugnado por el perredista Andrés Manuel López Obrador. El Presidente asistió puntual, pero algunos legisladores de la oposición le impidieron llegar al pleno, mientras que los demás tomaban, al mismo tiempo la tribuna principal. Ante tal clima, el Diputado Presidente de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Zermeño, instruyó para que una comisión de legisladores recibiera el Informe Presidencial fuera del salón de sesiones.

Ya con el Presidente Felipe Calderón Hinojosa en funciones, la historia se repitió. Durante su primer Informe de Gobierno sólo emitió un breve mensaje y la entonces presidenta de la Cámara Baja, la Diputada Ruth Zavaleta, no recibió el documento, alegando que se trataba de un presidente cuestionado. “Les comunico que procederé a retirarme de esta tribuna. No puedo aceptar recibir un documento de quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos”, expuso Zavaleta.

El 15 de agosto de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual deja sin efectos la obligatoriedad de que el presidente de la República asista al Congreso de la Unión a pronunciar un informe anual del estado que guarda la administración pública, en presencia de los legisladores.

En décadas pasadas el protocolo de este evento era la representación del presidencialismo mexicano, donde el Ejecutivo en turno mostraba su poder y alcance. La dinámica hacía evidente la sobre representación de una sola fuerza política en el Poder Legislativo, en la que no existían contrapesos. Desde el año 2008 esto, por Ley no sucede más.

CONSIDERACIONES

I. “El concepto de transparencia tiene que ver con una concepción del gobierno responsable en general, con un gobierno que no sólo abre su información, sino que también rinde cuentas. Según el investigador austríaco Andreas Schedler, la rendición de cuentas debe abarcar tres dimensiones: información oportuna al público, justificación de las decisiones tomadas por los servidores públicos y sanciones a los funcionarios – electivos no – que no cumplan satisfactoriamente” 1

II. Los Parlamentos, para ejercer su poder de control, cuentan con diversas figuras o mecanismos y una de ellas es la figura de la comparecencia, a través de la cual, éste le exige al Gobierno manifieste el estado actual que guarda la Administración Pública o rinda informes sobre un asunto o rubro en particular, incluyendo en esta dinámica democrática al propio Presidente de la República.

III. “La transparencia de la función pública es profundamente democrática. Es un acto de notable consecuencia con la noción de una democracia al servicio de las personas, y en la que quienes ejercen funciones públicas son primero servidores que autoridades, y los ciudadanos son antes mandantes y titulares de derechos, que súbditos pasivos e indolentes […] La democracia del futuro, probablemente, será aquella que sea capaz de poner a disposición de las personas el conocimiento e información que permita el ejercicio pleno de la ciudadanía. Donde esté la información estará el poder. La democracia del mañana será tan sólo si las personas fundamentan, ejercen y potencian sus derechos ciudadanos a partir del acceso oportuno a la información relevante del quehacer estatal. Si, por el contrario, la información – y en especial la relativa a la cosa pública – se hace impenetrable a los ojos de la sociedad, y se mantiene concentrada en unos pocos, no sólo la ética pública, sino la propia democracia, enfrentarán grave amenaza”2.

IV. Como ya vimos, a partir de la reforma del 2008 se estableció una mayor distancia en cuanto a una rendición de cuentas eficaz, ya que ahora no hay quien debata o cuestione lo dicho, las voces de los partidos políticos no se escuchan. La rendición de cuentas sigue siendo una tarea pendiente.

V. La información, en este caso del estado que guarda el País, es crucial para activar la facultad de control que tiene el Poder Legislativo sobre la administración pública. “Ningún mecanismo de rendición de cuentas puede operar sin información, la cual es el ingrediente que crea las condiciones para la formación democrática de opinión pública, y el motor que permite a la sociedad ejercer presión sobre la forma en que el gobierno gestiona recursos y realiza sus funciones”3.

VI. Diversos casos en América nos señalan:4

Los términos empleados para esta figura varían en cada país, así tenemos que el término INFORME lo utilizan las Constituciones de: México, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Estados Unidos, mientras que el de MENSAJE en, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Perú y la República Dominicana; mientras que Argentina y Chile utilizan las palabras: “dar cuenta”, Paraguay: “dar cuenta e informar”, Uruguay: sólo “Informar” y por último Venezuela:” informes o mensajes especiales”.

En México, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana, el informe o mensaje que presenta o dirige el Presidente de la República es anual.

La forma de presentar el informe o mensaje en: Bolivia y Costa Rica y México se señala expresamente que se presentará por escrito, en Perú lo hará personalmente, en los casos de República Dominicana y Estados Unidos sus Constituciones señalan que éstos depositarán ante sus respectivos Congresos el informe, en los casos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay no se señala cómo será la presentación.

En Nicaragua, Estados Unidos y en Venezuela, se establece expresamente que el Presidente de la República puede presentar, enviar o dirigir en más de una ocasión informes o mensajes. En Panamá se señala que se hará al principio de cada Legislatura por lo que el Presidente informará dos veces al año. En Perú su Constitución dispone que aunque el Presidente de la República tiene la facultad de dirigir varios mensajes, queda entendido que el primer mensaje será aprobado por el congreso mientras que los demás serán aprobados por el consejo de ministros.

El momento en que se hará la presentación, envío o lectura de los informes o mensajes, en todos los países analizados, se hace ante el Parlamento o Congreso y en la mayoría de los casos a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones de cada año.

En Perú la Constitución resulta bastante clara al establecer dos supuestos: “cualquier época” y, “obligatoriamente al instalarse la primera legislatura ordinaria anual”; así como en Estados Unidos en donde los informes se harán periódicamente sin precisarse fechas o lapsos de tiempo como también sucede con Venezuela. En la mayoría de los casos la presentación de un informe de gobierno se encuentra regulada como una obligación o atribución del Ejecutivo. En Nicaragua y Venezuela el Presidente de la República podrá presentar el informe por medio de una tercera persona que será el Vicepresidente.

De acuerdo con el Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, éste señala en el artículo 11 que el día primero de mayo de cada año la Asamblea celebrará dos sesiones. En la segunda sesión se presentará el mensaje, al que se refiere el artículo 139, inciso 4) de la Constitución Política, y en ella ningún diputado podrá hacer uso de la palabra, salvo el Presidente de la Asamblea.

La Ley Orgánica del Congreso Nacional de Ecuador (art. 15) es muy escueta en su regulación, ya que establece que el 10 de agosto de cada año el Presidente Constitucional de la República, presentará su informe de labores y del estado general del país, de conformidad con lo que dispone la Constitución Política de la República.

En cuanto a Nicaragua el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional es todavía mucho más general, pues dispone en el art. 5 cuando da la definición de sesión inaugural que: “También es sesión inaugural la que se verifica el 10 de enero de cada año, en la cual rinde su informe el Presidente de la República”.

Respecto de Paraguay, el Reglamento de la Cámara de Diputados no señala nada, sin embargo, existe una ley sobre Administración Financiera del Estado (Ley 1535) que dispone la presentación ante la Contraloría General, de un informe anual del Presidente de la República, referente a la liquidación del presupuesto del año anterior.

El Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa de Panamá, sólo hace mención en cuanto a que el Presidente o Presidenta de la República dará su mensaje en el acto de instalación de la Asamblea Legislativa, señalando algunas reglas protocolarias.

El ordenamiento de Chile al igual que el de Panamá se limita únicamente a meras cuestiones protocolarias, que se seguirán en el caso de las reuniones solemnes, sin especificar nada sobre la presentación del informe del Presidente de la República.

En Perú el Reglamento del Congreso de la República, dispone que el Congreso escucha el mensaje del Presidente de la República, el día que se celebra la sesión de la Junta Preparatoria e Instalación del Congreso.

VII. Por medio del informe presidencial se entabla una comunicación entre dichos órganos con la finalidad de que el primero haga saber al segundo de manera pormenorizada la situación en que se encuentra la administración, los éxitos y los fracasos.

Con la presente reforma constitucional, se pretende dar una oportunidad real al Poder Legislativo para ejercer esa facultad de control que no ha sido explotada aún.

El hecho de que el Presidente ya no tenga que acudir al Congreso de la Unión a presentar de manera oral su informe, ha traído más perjuicios que beneficios. Ha marcado distancia entre ambos poderes, ha limitado el diálogo abierto e incluyente y ha evitado que se asuman responsabilidades de frente a la nación mexicana.

Para ser una democracia del futuro debemos ser capaces de ejercer y potenciar nuestros derechos como ciudadanos, como dice Alejandro Ferreiro, “a partir del acceso oportuno a la información relevante del quehacer estatal”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de DECRETO por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

DECRETO

Único. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo para quedar como sigue:

Artículo 69.-En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República, atendiendo a su responsabilidad republicana y a uno de los principios de transparencia, asistirá y presentará ante el pleno del Congreso de la Unión un informe sobre el estado general que guarda la administración pública del país, así como el balance de las políticas públicas implementadas durante el periodo correspondiente.

Posterior a la exposición del informe sobre el estado general que guarda la administración pública del país, escuchará los posicionamientos de los diferentes partidos políticos y responderá a los cuestionamientos que los legisladores le formulen, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley del Congreso.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 24 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Claudia Sofía Corichi García.

1 Ernesto Emmerich, Gustavo, “Democracia, ciudadanía y transparencia” en “Democracia y Transparencia”, Instituto Electoral del Distrito Federal, Colección SINERGIA; México, nov. 2005, p.25.

2 Alejandro Ferreiro Yazigi, “Dinero, política y transparencia: el imperativo democrático de combatir la corrupción”, ponencia presentada en la Novena Conferencia Anticorrupción, durban (Sudáfrica), 1999.

3 Nuria CunillGrau, “Responsabilización por el control social”; en Consejo Científico del CLAD (coord.), La responsabilización en la nueva gestión pública latinoamericana, Buenos Aires, CLAD, BID, Euneba, 2000.

4 “Formato del informe presidencial”. Marco Teórico Conceptual, análisis de las propuestas de modificación al artículo 69 de la Constitución, derecho comparado, y opiniones especializadas en el tema. (Actualización). Maestra Claudia Gamboa Montejano, investigadora parlamentaria / Licenciado Arturo Ayala Cordero, asistente de investigador. Agosto, 2007





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, Diputada EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO INFANTIL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los principales factores de riesgo de suicidio son las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida, así como los diferentes entornos culturales y sociales que las personas deben enfrentar con regularidad.

Los datos son reveladores y a la vez preocupantes: Los jóvenes son los más afectados. El informe Prevención del suicidio. Un imperativo global (OMS, 2014) señala que los números difieren entre países, pero son las naciones de bajos y medianos ingresos -entre los que se encuentra México-, los que soportan la mayor parte de la carga del suicidio global. Se estima que el 75% de todos los suicidios ocurren en estos países.

De acuerdo con datos de la misma Institución,

“más de 800 000 personas mueren cada año por suicidio, y esta es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. Hay indicios de que, por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse.” (OMS, 2014)

El doctor Roque Quintanilla Montoya, profesor investigador del Departamento de Psicología Aplicada, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), de la Universidad de Guadalajara (UdeG)1 ha señalado que:

El suicidio de menores de edad va en incremento en México. En menores de 15 años (de 5 a 14 años) figura entre las diez primeras causas de muerte. En 1993, en este rango de edad ocupaba el lugar número 20, pero en 2003 empieza a aparecer en el lugar número diez.2

De acuerdo con la misma fuente “en el año 2005 en Jalisco, en los menores de 18 años representó el 9 por ciento del total de suicidios. Para el 2011, el 16 por ciento. En personas de hasta 15 años, en 2005 representó el 3 por ciento y en 2011, el 7.5 por ciento.”

En el mismo sentido, Luis Méndez Cárdenas, gerente de investigación clínica en Neurociencias de Eli Lilly México, informó que durante la última década, las defunciones por suicidio en la población mexicana entre los 5 y 14 años de edad se incrementaron 42%: de 105 casos en el año 2000 a 150 casos en 2010.3

El investigador señala que el aumento en el suicidio infantil es resultado de un incremento en la prevalencia de trastornos como la depresión infantil. De acuerdo con datos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el trastorno se encuentra presente en alrededor del 34% de la población menor a 15 años.4

Por otra parte, una investigación del diario La Jornada reveló que:

El bullying en México es grave y alarmante y ocupa el primer lugar a nivel internacional a tal grado que el 60 por ciento de los suicidios en niños en este país es por este problema señala la especialista uruguaya, Silvana Giachero Castaño, presidenta de los Congresos Internacionales sobre Mobbing y Bullying.5

En la misma conferencia a que hace referencia la nota citada, el especialista y presidente en México del Cuarto Congreso Internacional de Mobbing y Bullying, Miguel Angel Estrada Gómez, señaló que “en la ciudad de México se llegaron a reportar 150 suicidios de menores por culpa del bullying en el 2009 pero dijo desconocer si esta cifra ha bajado, se mantiene o se ha incrementado por la falta de estudios de medición”.6

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrecía cifras alarmantes en el año 2015:7

• A nivel mundial, más de 800 mil personas mueren por suicidio cada año.

• En México, en 2013 se registraron 5 909 suicidios, que representan 1% del total de muertes registradas, colocándose como la décima cuarta causa de muerte y presentando una tasa de cerca de cinco por cada 100 mil habitantes.

• Las entidades con mayor tasa de suicidio son Aguascalientes (9.2), Quintana Roo (8.8) y Campeche (8.5).

• El 40.8% de los suicidios ocurren en jóvenes de 15 a 29 años. Entre ellos, la tasa alcanza 7.5 suicidios por cada 100 mil jóvenes.

• Del total de suicidios ocurridos en 2013 81.7% fueron consumados por hombres y 18.2% por mujeres.

• El ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación es el principal método de suicidio (77.3 por ciento).

• El principal lugar donde ocurren los decesos es dentro de la vivienda particular (74 por ciento).

Ante la problamática que se analiza, reconocemos que el gobierno federal y los gobiernos de diferentes entidades de la República han tomado medidas al respecto.

En septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto, ejerciendo su facultad de iniciativa preferente, sometió a consideración del H. Congreso de la Unión, su iniciativa para un Ley de aplicación nacional, tendiente a establecer una serie de lienamientos, principios y derechos fundamenteles que deberían atender los tres niveles de gobierno. Así, pasados los trámites y procedimientos legislativos en ambas cámaras, se publicó el 4 de diciembre de 2014 la Ley General del los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta nueva Ley, tal como lo mencionó el presidente Peña Nieto en su discurso de promulgación, recogió propuestas de 50 iniciativas presentadas por diputados y senadores de las diversas fuerzas políticas.8

Entre los principales beneficios que se desprenden de la aprobación de la Ley General, encontramos que la misma se constituye como un catálogo de principios, lineamientos y criterios, de observancia obligatoria, que debe orientar el diseño de nueva legislación a nivel municipal, estatal y federal, así como el diseño de los diferentes programas y políticas públicas que instrumenten las administraciones en los tres órdenes de gobierno.

En otras palabras, no solo se trata de un cúmulo de buenos deseos o reglas sin soporte. Por el contrario, se trata del andamiaje normativo necesario para coordinar los esfuerzos de las diferentes autoridades y para sincronizarlos en atención del cumplimiento de objetivos específicos y puntuales.

Por referir solo algunos ejemplos, se habla de derecho a la igualdad sustantiva, y se establecen mecanismos para que los menores gocen del mismo trato y las mismas oportunidades de acuerdo a sus especiales condiciones; se reitera el derecho a la salud, gratuita y de calidad, incluyendo el acceso a orientación sobre temas de salud sexual y reproductiva; se alinea el derecho a la educación de calidad para su pleno desarrollo; se incorpora el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, con su componente en materia de acceso al uso de la banda ancha y a la internet.

Así, un número considerable de derechos se ven materializados y contextualizados en la legislación: los derechos de los niños que padecen alguna discapacidad, los derechos de los niños migrantes, los derechos de participación, etcétera.

No obstante, como cualquier otro instrumento normativo, aun siendo de avanzada es perfectible. Consideramos que esta Ley General, como eje rector de la política a favor de la infancia y la juventud en todo el país, debe incorporar la obligación de atender la creciente problemática que se ha reseñado y detallado líneas arribas desde las dos vertientes que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud: la prevención del suicidio infantil desde el derecho a la salud y el derecho a la educación.

El artículo 50 de la Ley en comento establece a la letra:

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. a XIV. …

XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones;

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental;

En estas disposiciones podemos advertir que se tienden a prevenir conductas compulsivas como las adicciones que muchas veces se generan en edad temprana y, por otra, la especial atención que requiere un menor con algún problema de salud mental.

Ambos casos, tanto la propensión a las adicciones como alguna enfermedad mental9 se han asociado directamente con la comisión o intento de suicidio. Por tanto, consideramos que ambas fracciones podrían ser adicionadas para establecer la obligación de las autoridades para prevenir adicciones y otras conductas compulsivas de carácter autodestrucitvo, así como medidas para atender casos de tendencia suicida, independientemente de la condición mental del menor.

Por su parte, el artículo 57 de la misma Ley establece el derecho a la educación en los siguientes términos:

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

El mismo artículo en su tercer párrafo establece:

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I. a XI. …

XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia;

Lo primero que advertimos es que la fracción adolece de un error de sintaxis por no existir congruente entre el párrafo que anuncia el catálogo y la obligación de las autoridades. Sin embargo, más importante aún, únicamente establece la necesidad de protocolos para los casos de acoso y violencia escolar. En este punto, se sugiere establecer la obligación de las autoridades para protocolos en términos de señales o advertencia de actos o conductas tendentes al suicidio.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de Decreto.


PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO INFANTIL

PRIMERO.- Se reforman las fracciones XV y XVI del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. a XIV. …

XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones y otras conductas compulsivas o autodestructivas;

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental y con problemas de tendencia suicida;

SEGUNDO.- Se reforma la fracción XII del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:

Artículo 57. …

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I. a XI. …

XII. Elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar y de prevención del suicidio y otras conductas autodestructivas para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia;

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 24 de agosto de 2016.

Suscribe

Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.

1 Se incrementa suicidio en menores de 15 años. Visible en: http://www.cucs.udg.mx/principal/noticias/archivo-de-noticias/se-incrementa-suicidio-en-menores-de-15-os [Fecha de consulta: 10 de julio de 2016]

2 Ídem

3 https://vidayestilo.terra.com.mx/mujer/suicidio-infantil-en-mexico-crece-42-en-la-ultima-
decada,e262463829d79310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

4 Ídem

5 En México, 60% de los suicidios en menores son por bullying: especialista. La Jornada; 16 de mayo de 2016.Visible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/16/en-mexico-60-de-los-suicidios-en-menores-son-por-bullying-especialista [Fecha de consulta: 10 de julio de 2016]

6 Ídem

7 Estadísticas a propósito del día mundial para la prevención del suicidio. INEGI, 2015. Visible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf [Fecha de consulta: 12 de julio de 2016]

8 Discurso del presidente Enrique Peña Nieto al promulgar Ley General de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Visible en: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=460714&idFC=2014 [Fecha de consulta: 10 de julio de 2016]

9 Con la salvedad hecha por la OMS en el informe comentado, en que no todos los casos de suicidio se dan en personas con alguna afectación mental o propensión a ésta.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 14 Y EL CAPÍTULO IV A LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

(Presentada por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 171 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 77 BIS 1, 77 BIS 5, 77 BIS 6, 77 BIS 9 Y 77 BIS 30 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Diputado Cirilo Vázquez Parissi, del grupo parlamentario del PRI)

CIRILO VÁZQUEZ PARISSI, Diputado Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 57 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 77 BIS 1, 77 BIS 5, 77 BIS 6, 77 BIS 9, Y 77 BIS 30 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es mandato constitucional garantizar a toda persona la protección de la salud, para lo cual la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso y cobertura de los servicios de salud.

Desde esta perspectiva constitucional el Estado mexicano ha hecho grandes esfuerzos por tratar de consolidar un modelo de cobertura universal, el cual se inserta en la Meta Nacional Número 2 “México Incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; concretamente la estrategia 2.3.4 se orienta en “garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad”, sin embargo estimo que el Sistema de Salud debe aspirar por principio de cuentas en homologar los servicios en las diferentes instituciones de salud, tanto públicas como privadas, de manera equitativa para todos los mexicanos.

El objetivo, es que asegurados y no asegurados cuenten con los mismos beneficios de una atención decorosa así como, cobertura especializada y completa, cumpliendo con estándares de calidad rigurosos para los hospitales del Sector Salud y de los Servicios Estatales de Salubridad, para que casos como la defunción de Marisol Martínez Guzmán en Chiapas no vuelvan a ocurrir por la falta de especialistas y equipo para su atención, y en donde todos los mexicanos puedan elegir dónde quieren ser atendidos.

Sabemos que múltiples son las demandas y rezagos que enfrenta el país. Son muchas las voluntades que nos dicen a menudo que hay graves fallas en cuanto a la provisión y cobertura de servicios básicos como la salud. El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) nos ha mostrado que el acceso a instituciones de salud pública es mayor para las ciudades más grandes. En promedio, 39% de los habitantes de las grandes metrópolis tienen acceso a instituciones de salud, comparado con 45% de la población de ciudades con más de un millón de habitantes.

Diversos son los retos que enfrenta el sector salud, pero es de recalcar el llamado que han hecho miles de médicos el pasado veintidós de junio en 82 ciudades por la falta de abasto de medicamentos y mejores condiciones de seguridad e higiene para ejercer su profesión. A ello se suma a la movilización de 2014, misma que se viralizó en redes sociales con el hastag#soymédico17 y de la que derivó un pliego petitorio cuya agenda posicionó algunos temas por atender como la relación médico-paciente, justa remuneración, internos y residentes, construcción de más hospitales públicos de Segundo y Tercer Nivel, además de la construcción de corredores para dialogar con los poderes de la Unión.

En la actualidad diferentes sistemas cubren las necesidades de salud de la población según su condición de derechohabiencia; aunque existe una porción significativa de población que aún no cuenta con protección alguna. Además, la limitada cobertura presenta importantes rezagos a enfrentar. Tan solo el IMSS y el ISSSTE que presentan agudos déficits operativos, reportan falta de insumos en clínicas y hospitales, así como en obras de modernización y adecuación de las instalaciones y equipos existentes.

De acuerdo al Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2014, los tiempos de espera por paciente para ser atendidos son de 86.4 minutos, tiempo superior a los 30 minutos que establece la Secretaría de Salud (SS) como parámetro de calidad y, en cuanto a la medición de satisfacción por surtimiento de medicamentos, ésta es inferior en 15.7 puntos porcentuales respecto al estándar de la propia SS que es del 95.0%. Lo que indica que los afiliados acaban comprando con recursos propios medicamentos que debiera surtirles su centro de salud.

Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) en su Informe Anual 2015, señala que los médicos perciben la existencia de deficiencia en el armado y contenido del expediente clínico, lo que demerita su trabajo para realizar un diagnóstico completo así como la dilación de la atención en cuanto a programaciones quirúrgicas, referencia y aplicación de tratamiento, circunstancias todas ellas que constituyen algunas de las razones por las cuales los ciudadanos presentan quejas en contra de ellos, todo ello advierte fallas organizacionales que son susceptibles de mejora.

Por otra parte, no debe pasarse por alto para esta Legislatura que de 2013 al mes de mayo de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 8 mil 498 quejas en contra de personal de instituciones públicas de salud, ello sin mencionar los centenares de denuncias penales que se contabilizan y aquellos que no se hacen por negligencia médica en las entidades federativas. Tan solo para el año 2015, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico reportó 2,004 quejas, siendo las principales inconformidades el trato médico irrespetuoso, la mala relación médico–paciente, errores en cirugías y el diagnóstico equivocado.

Un aspecto que llama la atención es la gran cantidad de personas que no cuentan con seguridad social, se estima que 8, 994,528 personas actualmente están fuera de los sistemas institucionales de salud, llámese seguridad social y seguro popular, cifra que equivale casi a la totalidad de la población del Estado de Veracruz.

Otro punto que debe subrayarse es que, en opinión de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en su dictamen 2014, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud otorgó financiamiento para que 57,300,000 personas sin seguridad social contaran con un esquema de aseguramiento en salud; sin embargo, no se dispuso de información para evaluar los servicios otorgados en términos del acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

Otro aspecto alarmante, es la figura de un catálogo que reduce el financiamiento a un paquete de intervenciones en salud, la ASF en múltiples ocasiones ha señalado que el paquete apenas abarca el 2.4% de los 14,418 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Destaca también, para las consideraciones de oportunidad de esta iniciativa, el análisis crítico derivado del Informe de la CONAMED 2015, el cual puntualiza como áreas de riesgo en el sector salud: la falta de oportunidad de la atención, la carencia de radiografías y laminillas de patología para verificar datos y diagnósticos, la poca utilización de las Guías de Prácticas Clínicas; así como el incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: de anestesia, de campos clínicos, de residentes e internos de pregrado, de atención de la mujer embarazada, de la trasfusión sanguínea, así como la alarmante participación institucional en la mala práctica.

Todo lo antes mencionado nos habla de un sistema fragmentado que impacta en la calidad de vida de los mexicanos al generar desigualdades importantes en el acceso y calidad de los servicios de salud, debido a su cobertura truncada y regresiva, sin considerar las grandes diferencias existentes en cuanto al gasto por tipo de beneficiario y las restricciones para el uso de los servicios tanto en el sector público como en el privado, demeritando el cometido de la Ley General de Salud al crear en el 2002, el Sistema de Protección a la Salud para reducir los gastos que impactan la economía familiar como consecuencia de hacer frente a gastos catastróficos, es decir, aquellos que una persona paga en servicios de salud por encima del 40% de sus ingresos.

Más aún, me resultan sumamente preocupantes los altos índices de mortalidad materna, siendo las mujeres indígenas y las más pobres del ámbito rural, quienes enfrentan mayores vulnerabilidades.

De acuerdo a cifras del CONEVAL, la mortalidad materna sigue siendo un indicador que revela severas condiciones de desigualdad e incumplimiento de los derechos de las mujeres. En el documento “Evaluación estratégica sobre mortalidad materna, 2010”, la Comisión nos indica que el caso más alarmante es el de las mujeres indígenas, debido a que en su trayectoria de vida muestran penurias y marginación extrema que les impiden contar con las capacidades económicas para trasladarse a los municipios o localidades donde hay disponibilidad de laboratorios y servicios básicos para su cuidado y atención oportuna. Llama poderosamente la atención que un alto porcentaje de las muertes ocurre en hospitales de especialidad, porque la mayoría de las clínicas de segundo nivel no brindan la atención pertinente. El diagnóstico evidencia que en los nosocomios particulares en los que las mujeres presentan complicaciones severas, se les impide la atención médica adecuada, más allá de la necesidad de terapia intensiva.

Una inaceptable realidad que debe evitarse y que a su vez nos advierte de un grave problema de salud pública, derechos humanos, desarrollo humano, equidad y justicia distributiva que debe atenderse puntualmente y prevenirse al procurar brindar servicios de atención de calidad en el sector salud, esto supone, a decir de los expertos, incrementar los recursos públicos para el sector, que ya de por sí son insuficientes, y generar un esquema integrado que supere la desigualdad de trato entre los diferentes subsistemas de salud.

En este sentido, cobra suma relevancia el procurar un mejor desarrollo humano para alcanzar las metas programáticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, concretamente, el Objetivos 3, Salud y Bienestar, para reducir a mínimos la tasa de mortalidad materna e infantil, lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Visto lo anterior, debemos ahora señalar que la inversión en Salud entre el año 2000 y el 2016 ha crecido de manera constante con una inversión superior de más de 10 mil millones de pesos desde el inicio de la administración del Presidente de la República Enrique Peña Nieto. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los últimos seis años el presupuesto destinado al Ramo 12 Salud aumentó 47%, pasando de 89 mil 892 millones en 2010 a 132 mil 216 en el presente ejercicio fiscal, circunstancia que se ha visto afectada con la política de recortes al reducir en 6 mil 500 millones de pesos el presupuesto destinado al rubro de Salud.

México se encuentra entre los países con menor gasto público en la región de América Latina, y por debajo del promedio de los países integrantes de la OCDE.1 Lo que significa que el acceso a los servicios de salud en México aún dependen en gran medida de la capacidad privada de compra de los hogares, lo que se traduce en una distribución excepcionalmente desigual en el acceso a bienes y servicios de salud, condición que se agrava al considerar las asimetrías existentes en la distribución del gasto federalizado en salud.

Como podemos observar, a pesar de los grandes esfuerzos presupuestales y programáticos destinados al sector salud, aún persisten grandes deficiencias, en virtud de ello, los mexicanos somos testigos pasivos de hospitales que no cuentan con material de curación, pacientes convalecientes esperando en sillas de metal o camillas improvisadas en los pasillos para tener acceso a una cama y doctores rebasados que no ofrecen un trato digno por carecer de una logística suficiente.

Asimismo, el estudio “Sistema Mexicano de Salud 2016”, elaborado por la OCDE, señala que a pesar de que el número de médicos per cápita se ha incrementado en México, pasando de 1.6 doctores en el año 2000 a 2.2 por cada mil habitantes de manera constante en los años 2013 y 2014, aún es inferior al promedio de la OCDE que es de 3.2. En relación a las ciudades urbanas importantes, hay 5.52 médicos por cada 10 mil habitantes, siendo Ciudad Victoria la ciudad con más médicos, seguida de Villahermosa.

Se estima que los países con ingresos altos, en promedio, cuentan con casi 90 enfermeras y parteras por cada 10 mil habitantes, mientas tanto, en algunas regiones del sureste mexicano, disponen de tan sólo 2 enfermeras; siendo el promedio de 25.3 enfermeras, ubicando a México entre los países con menor personal de enfermería por cada 10 mil habitantes.

De acuerdo a dicho organismo, México reporta 1.6 camas en hospitales por cada mil habitantes, en promedio, las ciudades urbanas tiene 3.57 camas, superado por Grecia con 4.2, Estonia con 5.0 y Hungría con 7.0 por cada mil, siendo Japón, Corea y Alemania los países con mayor número de camas hospitalarias por cada 10 mil habitantes. Sobre el particular, la misma Secretaría de Salud ha señalado que las unidades privadas con menos de 20 camas frecuentemente carecen de los recursos necesarios para ofrecer una atención de calidad versus los hospitales de más de 50 camas que tienden a ofrecer otros servicios de especialidad.

Las infames pero necesarias comparaciones nos muestran una realidad en la que cientos de mexicanos no pueden asegurar a su familia un nivel de salud suficiente para llevar una vida digna.

Visto desde esta óptica, las estadísticas antes referidas cobran un significado moral diferente cuando se presentan tantas disparidades. Siendo la salud de los niños, un tema que me inquieta, dado que el sistema tal cual está concebido, no garantiza a este sector un nivel suficiente de salud a pesar de instrumentarse el Seguro Popular obligatorio para todos los recién nacidos, de modo que debemos replantear contenidos mínimos para garantizar la protección a la salud de los mexicanos.

Sabemos que hasta ahora, las instituciones públicas no cuentan con la capacidad suficiente para atender a toda la población; si a ello agregamos ajustes intempestivos del ejercicio presupuestal para los próximos años, nos encontramos frente a un escenario que se avizora complicado que requiere establecer objetivos programáticos claros para evitar dispendio, subejercicio y márgenes de opacidad y corrupción en el ejercicio del gasto público, de modo que la certificación hospitalaria puede ser un esquema para fomentar en las organizaciones la cultura de calidad y seguridad del paciente bajo normas estándares de evaluación permanente.

La idea de un mínimo decente para mantener la salud y llevar una vida digna es posible mediante dispositivos normativos que procuren la certificación de los hospitales. Ya el Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluye en su redacción “el derecho de todos la disfrute de los estándares más altos que pueden lograrse de salud física y mental”, mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma el derecho específico a la protección de la salud como un derecho más amplio a la salud y el bienestar.

Vista así la certificación de hospitales no debe ser un proceso voluntario, sino un deber ético y jurídico para acreditar capacidades organizativas, equipamiento, infraestructura, atención, entre muchos otros aspectos que garanticen la calidad, y que sobre todo, validen altos estándares para los hospitales del sector salud.

En cifras, para 2011se contaba con la certificación de 246 de cuatro mil hospitales, con capacidad de 75% de camas para el sector público y 25% privado, de los cuales sólo se tenían certificadas 18 instituciones de atención médica con estándares internacionales homologados a la Joint Comission International, autoridad mundial en la materia. Actualmente, de acuerdo al reporte de establecimientos de atención hospitalaria con certificado vigente, actualizado al 14 de junio de 2016, se cuenta con 107 hospitales certificados y 162 en proceso de certificación, de los cuales 87 pertenecen al sector privado y, 47 clínicas de atención primaria y consulta de especialidades están certificadas por el Consejo de Salubridad General, 32 de las cuales pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social, reportándose 80 clínicas en proceso de acreditación.

En 2012, la Asociación Nacional de Hospitales Privados y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros firmaron convenio para que las empresas aseguradoras no trabajen en hospitales no validados. La certificación debe ser vista como un proceso de corresponsabilidad entre médicos, directivos y personal de atención para garantizar que un hospital cuenta con las condiciones mínimas indispensables para atender con calidad a la población, con el propósito de minimizar padecimientos y muerte prevenibles, y reducir gastos catastróficos.

Desde la década de los años noventa el Consejo de Salubridad General ha impulsado la evaluación y mejora continua de la calidad de los servicios de salud en México, basados principalmente en estándares internacionales como los dados por la JointCommission de los Estados Unidos y el Canadian CouncilonHealthServicesAccreditation.

Para el año 2000, con el surgimiento de la Subsecretaría de Innovación y Calidad, de la Secretaría de Salud, se propuso que la Certificación de Establecimientos de Atención Médica se suspendiera hasta contar con un diagnóstico claro sobre el Sistema Nacional de Salud en México, para luego redefinir criterios de evaluación publicados en el Acuerdo por el que se establecen las bases para el desarrollo del Programa Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, del 20 de septiembre de 2002 y, el Reglamento Interior de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Servicios de Salud, del 22 de octubre de 2003.

En 2008, el Consejo de Salubridad General publicó el Acuerdo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica (SiNaCEAM), marco normativo, cuyo objetivo es coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los servicios de atención médica y de la seguridad que se brinda a los pacientes, además de impulsar a las instituciones participantes a mantener ventajas competitivas para alcanzar, sostener y mejorar sus posición en el entorno. El mecanismo de certificación está basado en los estándares internacionales de mayor aceptación a nivel mundial, ya que en el 2011, estos fueron homologados con los de la JointCommission International, y para 2012 se realizaron algunos cambios que implicaron una mayor adaptación a los servicios de salud de México.

Actualmente, el Consejo de Salubridad General reconoce anualmente a los establecimientos de atención médica que participan de manera voluntaria y cumplen los estándares necesarios para brindar servicios con buena calidad en la atención médica y seguridad a los pacientes.

Incluso, la firma Pricewaterhouse Coopers México señala los beneficios de la certificación de hospitales: Su implementación evidencia el compromiso con la mejora continua que se tiene con el paciente, su familia, el personal de la unidad y la sociedad. De igual forma, refuerza la imagen institucional, ya que la certificación al ser una evaluación externa y no un autoreporte, demuestra a los pacientes, familiares, médicos y a la ciudadanía que la organización trabaja con estándares de la más alta calidad.

Algunas de las ventajas más importantes de contar con la acreditación o la certificación radican en que: Los procesos que se llevan a cabo en el hospital están basados en buenas prácticas nacionales e internacionales, enfocadas en mejorar la calidad de los servicios y atención al paciente. Y por otro lado, los establecimientos de atención médica pueden acceder a subsidios y financiamiento de los gobiernos locales para ampliar y/o proporcionar con mayores insumos los servicios definidos por el Sistema de Protección Social en Salud en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y el Fondo de Gastos Catastróficos.

Los expertos opinan que el proceso de certificación debe promoverse en beneficio de la población, ya que la salud debe ser un bien universal y la igualdad en los servicios de protección de la salud un valor que no podemos dejar de lado.

Finalmente, para que la certificación para que cumpla su cometido, debe contar con una matriz de indicadores homogéneo que califique la cobertura efectiva y la calidad de los servicios, de forma que cada unidad de salud pueda conocer oportunamente lo relativo al acceso efectivo a los servicios que brinda, además de favorecer la rendición de cuentas, el monitoreo de su progreso, así como la identificación de buenas prácticas, áreas de oportunidad y riesgo para mejorar, creando un cultura basada en la evidencia.

Hasta ahora, México solo reporta 8 de los 52 indicadores de calidad solicitados por la OCDE. Esto muestra la debilidad de los sistemas de información y su fragmentación institucional. Así, introducir una metodología que aplique la cobertura efectiva como herramienta de evaluación comparativa del desempeño en los estados en cuanto a la ganancia directa en salud, permitirá tomar mejores decisiones y eficientará el gasto público y cerrando brechas de cobertura entre las entidades de la federación.

Contar con un sistema de información homologado permitirá aumentar de manera considerable el acceso financiero, el suministro de medicamentos y la disponibilidad de personal a partir de comparar costos, efectividad, productividad, desempeño y otros indicadores de mejora, eficiencia y eficacia; con ello no sólo se contará con información estándar de consulta pública, sino que se tendrán los insumos necesarios para alcanzar metas programáticas de cobertura universal garantizando a toda persona la misma calidad de los servicios y el acceso efectivo para toda la población, priorizando enfoques preventivos y de detección oportuna, con base en los más altos estándares internacionales de calidad y rendición de cuentas.

En la actualidad, el Sistema de Indicadores de Calidad en Salud (Indicas) alerta que la mitad de las unidades de salud no reportan al sistema. Se estima que más del 90% no reportan información al sistema, entre los hospitales privados y pertenecientes al IMSS, lo que origina amplios márgenes de opacidad y espacios propicios para la corrupción.

Finalmente, soy partidario de que los hospitales y centros de salud al igual que los seres humanos requieren de un componente físico, emocional y ambiental para estar saludables, de modo que basados en la lógica de medicina centrada en las personas, un hospital que no se atiende a si mismo fracasará en su cometido de atender a las personas.

Hay médicos mexicanos que han destacado al convertirse en los mejores de su campo; por ellos, México debe seguir su ejemplo para contar también con Hospitales de vanguardia en el sector público, esta es la esencia de la iniciativa que se pone a consideración de la presente legislatura.

Por lo anteriormente expuesto y fundando, someto a la consideración y dictamen de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, que dice:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 77 bis 1, 77 bis 5, 77 bis 6, 77 bis 9, y 77 bis 30 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 77 bis 1, recorriéndose en su orden siguiente, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 1.- Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

El Estado procurará la mejora continua de la calidad de los servicios de atención médica y de la seguridad de los pacientes a través de la certificación de los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, para garantizar a toda persona la protección de la salud.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este Título.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman la fracción II del apartado A) y la fracción VII del apartado B), del artículo 77 bis 5, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 5.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:
A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I…

II. Proveer servicios de salud de alta especialidad a través de los establecimientos públicos de carácter federal creados para el efecto, y certificados por el Consejo de Salubridad General;

III a XVII…

B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

I a VI…

VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos introduciendo mejoras tecnológicas, alienten la certificación de su personal, y procurarla certificación de establecimientos de atención médica; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables;

VIII a IX…

ARTÍUCLO TERCERO.- Se reforma la fracción IV del párrafo tercero del artículo 77 bis 6, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 6. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las Entidades Federativas.

En dichos acuerdos se estipulará como mínimo lo siguiente:

I a III…

IV. Los indicadores de cobertura efectiva y calidad de los servicios, y de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema, y

V…

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 77 bis 9, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 9.- Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos e indicadores que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con las obligaciones impuestas en este Título.

La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten previamente su calidad; los hospitales de alta especialidad deberán acreditarse mediante certificación del Consejo de Salubridad General, en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias para tal efecto.

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 77 bis 30, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 30. Con el objetivo de fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional, la Secretaría de Salud, mediante un estudio técnico, determinará aquellas unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que por sus características y ubicación puedan ser reconocidos como centros regionales de alta especialidad o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con el mismo propósito, que provean sus servicios en las zonas que determine la propia dependencia.

Para la determinación a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Salud tomará en cuenta los patrones observados de referencia y contrarreferencia, así como la información que sobre las necesidades de atención de alta especialidad le reporten de manera anual los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud o a través de los sistemas de información básica e indicadores de cobertura efectiva y calidad que otorguen los servicios estatales de salud.

Los centros regionales y demás prestadores públicos de servicios de salud de alta especialidad podrán recibir recursos del fondo a que se refiere este Capítulo para el fortalecimiento de su infraestructura, siempre que cuenten con certificación vigente del Consejo de Salubridad General, y de conformidad con los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud, en los que se incluirán pautas para operar un sistema de compensación y los elementos necesarios que permitan precisar la forma de sufragar las intervenciones que provean los centros regionales.

Con la finalidad de racionalizar la inversión en infraestructura de instalaciones médicas de alta especialidad y garantizar la disponibilidad de recursos para la operación sustentable de los servicios, la Secretaría de Salud emitirá un plan maestro al cual se sujetarán los servicios estatales de salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, mediante la adopción de indicadores de cobertura efectiva y calidad.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto de reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 24 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Cirilo Vázquez Parissi.

1 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), define el gasto en salud como el consumo final de bienes y servicios de salud. Incluye el gasto de fuentes tanto públicas como privadas (incluyendo los hogares) a curación, rehabilitación y cuidados a largo plazo, así como los productos médicos tales como productos farmacéuticos. También cubre el gasto en programas de salud y prevención públicas, y en la administración.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

(Presentada por la Diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada Federal SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La etapa de la niñez se caracteriza por ser una fase de especial relevancia, pues es en ella que el ser humano inicia el camino de la vida y va desarrollando sus principales cualidades, aptitudes y características. Los niños, niñas y adolescentes, precisamente por estar en esta etapa de primer desarrollo, son un grupo de especial vulnerabilidad por su inmadurez física, intelectual y emocional.

El Estado Mexicano y la comunidad internacional han reconocido este carácter de fragilidad en la niñez y por eso, no escatiman esfuerzos para su atención y cuidado. Tanto en el ámbito nacional como internacional, existen numerosos instrumentos jurídicos destinados a reconocer, promover y garantizar los derechos particulares de los niños. En estos ordenamientos se reconoce, por ejemplo, el derecho de los niños a la vida, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la libertad y a la protección, entre otros.

El 21 de septiembre de 1990, el Senado de la República ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. A raíz de esto, el Estado mexicano adquirió el compromiso de adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito administrativo, legislativo, judicial y de cualquier índole para que los derechos reconocidos en el citado instrumento, tuvieran efectividad en el territorio nacional. El compromiso del Estado, se enmarcó en dicha ocasión, bajo una nueva premisa, la del reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y no ya como objetos de caridad, protección o beneficencia.

Asimismo, el 15 de abril de 2002, en México entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía. Este sirve de complemento a la Convención al exigir a los Estados una serie de requisitos precisos para poner fin a la explotación y el abuso sexuales de la infancia. También protege a los niños y niñas de la venta con objetivos no sexuales, como pueden ser otras formas de trabajo forzado, adopciones ilegales o donación de órganos.

En suma, el Estado Mexicano ha ratificado otros instrumentos internacionales como los siguientes:

a. El Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, del 29 de mayo de 1993, obligatorio para México a partir del 1 de mayo de 1995. El convenio establece que la adopción internacional es una actividad que debe desarrollarse siempre bajo la perspectiva de los derechos del niño. Por esto, la adopción de un menor solo podrá efectuarse cuando esto corresponda al interés superior del niño y se pueda llevar conforme a sus derechos fundamentales.

b. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores de 1984, la cual es de observancia obligatoria para el Estado mexicano a partir del 26 de mayo de 1988.

c. La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989, obligatoria para México a partir de 4 de noviembre de 1994 y cuya finalidad es asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Partes y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte, o que habiendo sido trasladados legalmente, hubieren sido retenidos ilegalmente.

A continuación se transcriben algunos artículos de especial importancia de la Convención sobe los Derechos del Niño:

Artículo 2

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

(…)

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estadas Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Al interpretar el artículo 4 de la Convención en relación con la disposición del artículo 3, se entiende que las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en este instrumento, deben tener como consideración primordial el interés superior del niño.

Con la responsabilidad adquirida al ratificar la Convención y con la conciencia de las obligaciones que en ella se imponen a los Estados Partes, el país ha realizado ciertas modificaciones a su legislación para armonizar el derecho interno con las disposiciones y principios de la Convención, sus protocolos facultativos y las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño.

Algunas reformas relevantes fueron las realizadas en 2011 al artículo 4º y 73 de la Constitución para incorporar el principio del interés superior de la niñez y la atribución al Congreso para expedir leyes que establecieran la concurrencia entre los diferentes niveles de gobierno en lo relativo a derechos de niñas, niños y adolescentes. Como consecuencia de estas reformas, nació en 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.1

La entrada en vigor de dicha ley marcó un hito en la historia de nuestro país, pues en ella se establecieron lineamientos y pautas de alto nivel para fijar los principios sobre los cuales el Estado reconoce una gama de derechos que son específicos de la niñez y establece los mecanismos para ejercer una tutela efectiva de los mismos. Así, la ley constituye el vínculo que constriñe a la autoridad estatal a proteger los derechos consignados y a implementar, instrumentar, procurar y ejecutar los mecanismos y acciones necesarios para el cumplimiento de su fin; de ahí la trascendencia de la ley que nos atañe.

Ahora bien, un principio transversal en la protección de derechos humanos es el de justicia. El reconocimiento y la protección de éste, lleva al necesario reconocimiento de la situación de desigualdad imperante en la sociedad para acceder y ejercer tales derechos. Así, atendiendo a lo establecido por el aforismo aristotélico “trato igual a los iguales y desigual a los desiguales” es que se reconoce la existencia de grupos en situación de vulnerabilidad.

Estos son aquellos grupos que por sus características de desventaja por razones de edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia en la sociedad.

De lo anterior, se desprende que el objetivo de esta Ley es establecer los vínculos al poder estatal para garantizar la protección de los derechos humanos de este sector de la sociedad, debiendo aplicar de manera transversal el principio de justicia, para hacer efectiva dicha protección. Por este motivo es pertinente que en la misma se establezcan los vínculos que permitan que la protección que emana de la Ley alcance a todos los sujetos a quienes va dirigida, considerando que entre esos sujetos hay condiciones y factores que dificultan el acceso, ejercicio y protección integral de los derechos reconocidos.

En virtud de lo dicho, es menester que en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reconozca a los niños que viven en una especial situación de vulnerabilidad, entre ellos, a los niños que nacen y viven con sus madres en reclusión. Es cierto que el citado ordenamiento, ya hace esta distinción, pero únicamente respecto de los niños migrantes.

Sin lugar a dudas, es evidente que los niños que nacen y viven con sus madres en reclusión son un grupo en situación de vulnerabilidad debido a la situación jurídica y de vida sui géneris en la que se encuentran, pues no sólo están materialmente privados de su derecho a la libertad, sino que además se encuentran expuestos a condiciones de violencia, inseguridad e insalubridad que los hace propensos a la orfandad, migración, situación de calle, adicciones y un entorno delincuencial.

Para que un niño pueda tener un desarrollo saludable en su esfera biopsicosocial es importante que tenga cubiertas sus necesidades básicas; que crezca en un ambiente con estructura, predictibilidad, seguridad, cuidado y con experiencias enriquecedoras (emocionales, conductuales, cognitivas y sociales) para ser un miembro de la sociedad feliz y productivo.

Además, estudios recientes observan que los cerebros de los niños que crecen en ambientes estresantes en donde la violencia es crónica, pueden presentar las mismas afectaciones que los cerebros de soldados en combate, pues están activados para siempre estar en modo de alerta y recurrir a las respuestas frente al estrés. Este constante estar a la defensiva o atacar, eleva sus niveles de cortisol, que al ser una hormona del estrés, los sitúa en una posición sumamente vulnerables a la depresión, ansiedad y a conductas violentas y agresivas. Adicionalmente, el cortisol en altos niveles impide el desarrollo intelectual y concentración, lo que implica una fuerte limitación para su futuro como estudiantes.

Se ha demostrado también que los niños de cero a seis años aprenden sus primeras formas de relacionarse y de actuar en el mundo que los rodea, por lo que su desarrollo dentro de un ambiente carcelario puede generar que en un futuro repita el tipo de conductas y patrones observados y aprendidos en dicho ambiente. Además, la carencia patente que existe en las cárceles de áreas, espacios y actividades lúdicas y recreativas en donde los niños se puedan mover, aprender y jugar impacta directamente en el desarrollo integral, afectando sobre todo el ámbito emocional, psicomotriz, social y cognitivo de los niños hijos de mujeres reclusas.

Es menester entonces apostar por estos niños y por su sano desarrollo. Pues, si se considera que a medida que crezcan, irán replicando los comportamientos que vieron en la cárcel, entonces a los seis años, cuando salgan a la calle, se podrían convertir en personas que viven en conflicto con la ley. Además, por su situación emocional y los patrones observados en los centros penitenciarios, podrían ser ellos mismos quienes delincan en un futuro.

Para que los derechos a una vida libre de violencia, educación de calidad, dignidad humana, salud, igualdad de oportunidades, no discriminación, desarrollo integral e incluso el acceso al arte, ciencia y tecnología de los niños que viven con sus madres en reclusión se actualicen, se deben establecer e instrumentar acciones específicas de acuerdo a sus condiciones, sin perder de vista la limitación a los derechos de la madre con motivo de la aplicación de la prisión preventiva o la ejecución de una pena privativa de la libertad.

En otro orden de ideas, se considera que el reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños y niñas que viven con sus madres en reclusión y la medidas específicas que garanticen su protección se deben incluir en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y no así en el ordenamiento aplicable en materia penitenciaria por la sencilla razón de la distinción de sujetos de cada ley y el objeto de las mismas.

A mayor abundamiento, la ley penitenciaria va dirigida a las personas que se encuentran en reclusión por estar cumpliendo una pena privativa de la libertad o por estar sujetas a prisión preventiva, siendo su objeto regular todo lo inherente a la ejecución de penas, derechos sustantivos y adjetivos de personas privadas de la libertad, administración de centros de reclusión y operatividad de los mismos. En cambio, los niños que viven con sus madres en reclusión no constituyen propiamente población penitenciaria; se encuentran ahí por la situación jurídica de la madre, mas no de ellos.

En suma, la permanencia o no de un niño en el centro de reclusión depende de factores por demás distintos a los del cumplimiento de una pena y el panorama ideal es que la protección de estos niños se extienda a cuando sean separados de sus madres por el cumplimiento del supuesto de la edad de permanencia. Por lo tanto, en caso de considerarse sus derechos en una ley penitenciaria, la atención a su situación especial de vulnerabilidad no podría ser contemplada al momento en que abandonen el centro de reclusión y hasta alcanzar la mayoría de edad.

Por lo anteriormente señalado se propone adicionar un capítulo vigésimo al título segundo de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes para reconocer a las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios como un sector infantil en condiciones especiales de vulnerabilidad. En este sentido, se establece la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales de garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos.

Por lo que hace a las Procuradurías de Protección del menor, se les impone la obligación de establecer programas y acciones periódicas de verificación del acceso y el ejercicio de los derechos de estos niños. Para esto, y en concordancia con las facultades que ya se le confieren en la ley, se dispone que puedan solicitar medidas urgentes de seguridad y protección respecto de los menores ante la autoridad que corresponda.

En cuanto a las instalaciones de los centros penitenciarios, las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán emitir medidas y realizar las modificaciones pertinentes para establecer espacios exclusivos para las niñas y niños que viven con estos lugares. En específico, disponer celdas exclusivas para las madres reclusas y sus hijos.

Debido a que en cualquier momento puede haber una riña, un conflicto o altercado en las celdas de las mujeres, en el supuesto de que las mujeres con hijos que vivan con ellas durmieran en la misma área que las demás reclusas, se pondría en riesgo la integridad física del menor. Por esto, y velando siempre porque se fortalezcan en el niño los vínculos con su madre y desarrolle así su seguridad, se dispone que madre e hijo duerman en la misma celda, pero que ésta se ubique en una zona separada de las celdas de las demás mujeres.

En este sentido, para facilitar el trabajo de las autoridades federales, de las entidades federativas y las municipales, se agrega el artículo 101 bis 7, en el que se establece que éstas podrán conformar bases de datos respecto de las madres con hijas o hijos en reclusión. El objetivo que se persigue es que las autoridades competentes puedan por una parte, dar seguimiento a las madres y por otra, identificar las necesidades de las niñas y niños e instalar las condiciones adecuadas para atender dichas necesidades y potenciar su sano desarrollo.

Se establece además que una vez que los menores cumplan con la edad de permanencia, los datos personales del menor serán eliminados de la base del sistema penitenciario. No obstante, no se eliminarán sus datos para efectos de la base del Sistema DIF, de forma que éste pueda darle seguimiento al desarrollo del menor en medio de sus nuevas circunstancias de vida. Debido a la situación extraordinaria que viven los niños dentro de las cárceles, una vez que están fuera de ellas, siguen siendo un grupo vulnerable. Por esto, se busca que el DIF tenga todas las herramientas necesarias para poder estar cerca del menor y darle el acompañamiento que necesita hasta alcanzar la mayoría de edad.

Dado que, como ha quedado ya asentado anteriormente, el escenario en el que nacieron y/o se desarrollaron en sus primeros años es bastante sui generis, estos niños pueden ser objeto de burlas, rechazo o bien, de un trato desigual por parte de la sociedad. En consecuencia, así como se vela por la intimidad del menor al disponer que sus datos sean eliminados de la registro del sistema penitenciario, se establece también la prohibición de plasmar cualquier referencia a su condición de nacimiento o residencia en el centro penitenciario en el acta de nacimiento. Bajo la guía constante del principio del interés superior del menor, se busca en este caso eliminar cualquier situación futura de discriminación hacia los hijos de mujeres reclusas.

La edad de permanencia de que se habla en el párrafo precedente, se establece precisamente en el artículo 101 bis 7 y corresponde a los tres años. Una vez que los menores han alcanzado esta edad, las autoridades están obligadas a procurar que éstos sean retirados de los centros penitenciarios en el menor tiempo posible.

Otra disposición de gran relevancia que se ha incluido en el capítulo ha sido la relativa a las causales de pérdida de la patria potestad. Como quedó establecido en los primeros párrafos de esta exposición de motivos, el Estado mexicano al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, adquirió la obligación de adecuar su legislación a las disposiciones en ella contenidas. Pero dicha obligación no se limita únicamente a la adecuación de la legislación ya existente en ese momento, sino que se extiende a toda la normatividad que se emita a partir de la ratificación de dicho instrumento internacional.

En consecuencia, de la aplicación del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos referentes al principio del interés superior del niño, es que se añade el artículo 101 bis 4. Puesto que las autoridades competentes en materia de la niñez deben tener como eje rector de su actividad, el de comprometerse a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, en caso de detectar alguna situación que ponga en riesgo esta protección y cuidado, deben poner los medios para resguardar al menor.

Con la consciencia de lo que implica la pérdida de potestad, la ley no se limita a establecer la causales que llevan a la pérdida, sino que además, señala determinadas obligaciones para las autoridades una vez que esta situación se haya actualizado. Tal es el caso de las establecidas en el penúltimo y último párrafo del artículo en cuestión. En el primero se indica que las Procuradurías de Protección, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas Estatales, deben determinar las medidas pertinentes para la protección y adopción de los menores que hayan sido deparados de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela y que se encuentren privadas de su libertad.

No obstante lo ideal para el menor es ser adoptado por algún pariente cercano, esto no será posible en todos los casos. Con la consciencia de esta realidad, la misma Ley dispone en el último párrafo del artículo en cuestión, que el Sistema Nacional DIF o su análogo en las entidades federativas y municipios y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida, deberán hacerse cargo del alojamiento y la alimentación de los menores que estén en la situación descrita en el párrafo anterior. Dado que en ocasiones, no será posible que el Sistema DIF Federal o Estatal y las instituciones se hagan cargo de manera directa, el mismo artículo plantea como solución alternativa el que contraten los servicios de un tercero. En cualquier caso, la Ley les obliga a velar porque dichos servicios se presten en condiciones de seguridad y dignidad a los menores.

Por otro lado, además de la adición del Capítulo Vigésimo, se reforma el artículo 124 de la Ley. La experiencia evidencia la conveniencia de que en torno a las personas en quienes recae una gran responsabilidad, se establezca una serie de mecanismos que faciliten la autonomía, la rendición de cuentas y el sano desempeño de sus funciones.

Por la misma condición humana, el hombre al establecer relaciones va generando conexiones mentales que lo vinculan a las personas con quienes ha entablado dicha relación. Dependiendo de la relación trabada, las diversas conexiones mentales derivan en valores de responsabilidad, lealtad, profesionalidad, gratitud, sentimiento de deuda, entre otros.

Por esto, a lo largo de la historia, tanto en las empresas privadas como en las dependencias gubernamentales, se ha cuidado que quien tiene la facultad de nombrar a una persona para un cargo, no sea la misma persona a quien el trabajador deba rendir cuentas. Lo anterior con la finalidad de propiciar la autonomía, la transparencia y la rectitud con la que el trabajador desempeña su labor, sin estar atado por un sentimiento de lealtad, gratitud y deuda con quien lo nombró.

El Procurador de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tiene unas facultades que hacen que su trabajo sea fundamental en la protección de los menores y de sus derechos. Entre estas facultades está la de coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes; la de fungir como conciliador y mediador en casos de conflictos familiares; la de denunciar ante el Ministerio Público los hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de los menores; ordenar la aplicación de medidas urgentes de protección especial y de apremio; coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades en la elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas para el acogimiento pre-adoptivo; supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, entre otras.

Como se puede ver, el Procurador tiene funciones de prevención, coordinación, supervisión y control de todo lo relativo a la protección de los derechos de los menores. En el desempeño de su trabajo, por tanto, debe supervisar y controlar a diversas autoridades, entre esas, al propio Sistema DIF, Federal o Estatal, según corresponda.

Por esto y considerando lo establecido en párrafos anteriores, el hecho de que el nombramiento del Procurador de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes sea aprobado por la Junta de Gobierno del Sistema Nacional DIF, a propuesta de su Titular, le resta autonomía en su trabajo a favor de los menores. Dicho procedimiento de nombramiento lo vincula en cierta forma al Titular del DIF y a la Junta de Gobierno. Además, esto a la postre, también lo vincula con el Titular del Poder Ejecutivo Federal o Estatal, pues por lo general, en los supuestos en los que el Titular de Poder Ejecutivo es un varón, es precisamente la esposa quien funge como Titular del DIF.

En consecuencia, se dispone que el nombramiento del Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sea realizado por el Fiscal General de la República toda vez que ya existe un procedimiento de nombramiento/ratificación del mismo por parte del Congreso que fortalece la independencia e idoneidad de sus decisiones. Este procedimiento se seguirá también para el nombramiento de los Procuradores en las Entidades Federativas.

Redacción actual

Propuesta de reforma

Artículo 124. Los requisitos para ser nombrado titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, son los siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener más de 35 años de edad;

III. Contar con título profesional de licenciatura en derecho debidamente registrado;

IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en materia de procuración de justicia o defensa de niñas, niños y adolescentes;

V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público;

 

 

El nombramiento de Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno del Sistema Nacional DIF, a propuesta de su Titular.

Las leyes de las entidades federativas establecerán las medidas necesarias que permitan la desconcentración regional de las Procuradurías de Protección, a efecto de que logren la mayor presencia y cobertura posible en los municipios y, en el caso del Distrito Federal, en sus demarcaciones territoriales.

Artículo 124. Los requisitos para ser nombrado titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, son los siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener más de 35 años de edad;

III. Contar con título profesional de licenciatura en derecho debidamente registrado;

IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en materia de procuración de justicia o defensa de niñas, niños y adolescentes;

V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público;

El Fiscal General de la República nombrará al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

El nombramiento del Procurador de Protección o su equivalente en las entidades federativas se realizará por el Procurador de Justicia del estado o su equivalente.

Las leyes de las entidades federativas establecerán las medidas necesarias que permitan la desconcentración regional de las Procuradurías de Protección, a efecto de que logren la mayor presencia y cobertura posible en los municipios y, en el caso de la Ciudad de México, en sus demarcaciones territoriales.

De igual forma se considera necesario reformar la Ley de Asistencia Social a fin de considerar de forma explicita a los niños y niñas que viven con sus madres en centros penitenciarios como sujetos de asistencia social preferente. Se considera también necesario adicionar la facultad para que la Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, emitan disposiciones generales en materia de adopción conforme a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes conforme a lo siguiente:

Ley de Asistencia Social

Redacción Actual

Propuesta de Reforma

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a)Desnutrición;

b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares
adversas;

c) Maltrato o abuso;

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos;
e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación;

f) Vivir en la calle;

g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual;

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;

i) Infractores y víctimas del delito;

j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza;

k) Ser migrantes y repatriados;

l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, y

m) Ser huérfanos.

Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, tal como lo establece el Artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y madres solas que tengan a su cuidado hijos menores de dieciocho años de edad;

b) En situación de maltrato o abandono, y

c) En situación de explotación, incluyendo la sexual.

III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable;

IV. Migrantes;

V. Personas adultas mayores:

a) En desamparo, marginación o sujetos a maltrato;
b)Con discapacidad, o c) Que ejerzan la patria potestad;

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades    especiales;

VII. Dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes;

VIII. Víctimas de la comisión de delitos;

IX. Indigentes;

X. Alcohólicos y fármaco dependientes;

XI. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y

XII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables.

 

Artículo 4.- …

I. …

a) a m) …

n) niños y niñas que viven con sus madres en centros penitenciarios.

II. a XII …

Artículo 9.- La Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, tendrán respecto de la asistencia social, y como materia de salubridad general, las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley, así́ como las disposiciones que se dicten con base en ella, sin perjuicio de las facultades que en la materia competan a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los Gobiernos y entidades de los estados;

II. Formular las Normas Oficiales Mexicanas que rijan la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social, a fin de garantizar la calidad de los servicios, y los derechos de los sujetos de esta Ley; así́ como la difusión y actualización de las mismas entre los integrantes del Sistema Nacional de Salud, y del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada;
III. Certificar que los servicios que presten en la materia las instituciones de los sectores público y privado, cumplan con lo estipulado en las Normas Oficiales Mexicanas señaladas en el artículo anterior;

IV. Supervisar la debida aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas que rijan la prestación de los servicios de salud en esta materia, así́ como evaluar los resultados de los servicios asistenciales que se presten conforme a las mismas;

V. Apoyar la coordinación entre las instituciones que presten servicios de asistencia social y las educativas para formar y capacitar recursos humanos en la materia;

VI. Promover la investigación científica y tecnológica que tienda a desarrollar y mejorar la prestación de los servicios asistenciales en materia de salubridad general;

VII. Formar personal profesional en materias relacionadas con la prestación de servicios de asistencia social;

VIII. Coordinar un Sistema Nacional de Información en materia de asistencia social en colaboración con el INEGI;

IX. Coordinar, con las entidades federativas, la prestación y promoción de los servicios de salud en materia de asistencia social;

X. Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante convenios y contratos en que se regulen la prestación y promoción de los servicios de salud en materia de asistencia social, con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades;

XI. Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los servicios de salud que en materia de asistencia social presten las instituciones a que se refiere el Artículo 34 Fracción II de la Ley General de Salud;

XII. Realizar investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de asistencia social;
XIII. Coordinar, integrar y sistematizar un Directorio Nacional de Instituciones públicas y privadas de asistencia social;
XIV. Supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de menores, y

XV. Las demás que le otorga la Ley General de Salud.

Artículo 9.- …

I. a XIII. …

XIV. Supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de menores, y así como emitir disposiciones de carácter general en la materia en términos de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes; y

XV. …

 

Finalmente, se reforma la Ley General de Víctimas. Se adiciona un párrafo al artículo 4 para considerar como víctimas indirectas a los niños y niñas que viven con sus madres en centros penitenciarios, desde que nacen y viven su primera infancia en dichos centros, puesto que, siendo personas inocentes, se encuentran en un estado de vulnerabilidad por efecto directo de la comisión de un delito.

Además, se adiciona un segundo párrafo al artículo 38 de la citada Ley para disponer que la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y de la Ciudad de México, deberán suscribir los acuerdos necesarios con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios y los centros de asistencia social, a efecto de prestar los servicios de alojamiento y alimentación de los niños y niñas que hayan sido separados de las personas que ejerzan la patria potestad o tutela en términos de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.

Lo anterior se señala así en virtud de que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, la disposición del artículo 38 encuentra su fundamento en lo establecido en el artículo 138 de la misma ley, en el que se señalan las facultades que tiene el titular del Fondo. Entre estas se encuentra precisamente la de Administrar cautelosamente los recursos que conforman el Fondo a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley.

Ley General de Víctimas

Redacción Actual

Propuesta de Reforma

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicas colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Artículo 4. …

Se considerarán también víctimas indirectas a los niños y niñas que viven con sus madres en centros penitenciarios, desde que nacen y viven su primera infancia en dichos centros por el hecho de que su madre se encontrare en estado de gravidez al momento de estar privada de su libertad con motivo de la compurgación de una pena o de estar sometida a prisión preventiva.

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

Artículo 38. …

Para el caso del alojamiento y alimentación de los niños y niñas que hayan sido separados de las personas que ejerzan la patria potestad o tutela en términos de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva o Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y de la Ciudad de México, suscribirán los acuerdos necesarios con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios y los centros de asistencia social, para proveer del Fondo los recursos necesarios para el cumplimiento de esta obligación.

No tiene correlativo.

Artículo 130 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá determinar el acceso de sujetos de la asistencia social en términos de la Ley de Asistencia Social al Fondo, para lo cual podrán celebrar los convenios que sean necesarios con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada.

Por lo anterior, someto a la consideración de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se adiciona un Capítulo Vigésimo al Título Segundo de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de niñas y niños que viven con sus madres en los centros penitenciarios, dentro del cual se adicionan los artículos 101 bis, 101 bis 1, 101 bis 2, 101 bis 3, 101 bis 4, 101 bis 5, 101 bis 6, 101 bis 7, 101 bis 8, 101 bis 9 y se modifica el artículo 124 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.


Capítulo Vigésimo
Niñas y Niños que viven con sus Madres en los Centros Penitenciarios

Artículo 101 bis. La ley reconoce a las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios como un sector infantil en condiciones especiales de vulnerabilidad, por lo que las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos; así como prever las acciones, programas y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo plenos, en concordancia con el principio de protección integral, el derecho de igualdad sustantiva y la tutela de los derechos contenidos en la presente Ley, la Constitución Federal, los tratados internacionales y demás normas aplicables.

Para los efectos a que se refiere este artículo, se considerará a las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios, desde que nacen y viven su primera infancia en los dichos centros por el hecho de que su madre se encontrare en estado de gravidez al momento de estar privada de su libertad con motivo de la compurgación de una pena o de estar sometida a prisión preventiva.

Artículo 101 bis 1. Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a instaurar los programas y mecanismos necesarios, así como a realizar las acciones que, como mínimo, aseguren a los niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios, los siguientes derechos:

I. Al desarrollo físico;

II. A la salud;

III. A una nutrición adecuada;

IV. Al pleno desarrollo psicosocial;

V. Protección y cuidado de su integridad física, mental y emocional;

VI. A una educación de calidad;

VII. A la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades;

VIII. Al descanso, al juego, al esparcimiento y a la cultura; como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento;

IX. A desarrollarse en un entorno saludable, seguro, afectivo y libre de violencia o conductas nocivas;

X. A la no discriminación;

XI. A los derechos inherentes a la personalidad; y

XII. Los demás que establezca la Ley.

Las autoridades penitenciarias deberán establecer los programas y políticas necesarias para garantizar el respeto de los derechos señalados.

Artículo 101 bis 2. Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas y niños que viven con sus madres en reclusión, a efecto de garantizar y proteger su pleno desarrollo físico, mental, emocional y social.

Artículo 101 bis 3. Las Procuradurías de Protección establecerán programas y acciones periódicas de verificación del debido acceso y ejercicio de los derechos de las niñas y los niños que viven con sus madres en centros penitenciarios y que prevenga el maltrato, violencia, discriminación o cualquier otro tipo de abuso o conducta lesiva en contra de las niñas y los niños en condición carcelaria, así como el debido ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad.

En los casos de vulneración de derechos de niñas y niños, las autoridades penitenciarias están obligadas a dar vista a las Procuradurías de Protección. Estas últimas, por su parte, podrán solicitar ante la autoridad correspondiente la ejecución y seguimiento de las medidas de protección y restitución de los derechos de niñas y niños que se encuentren con sus madres en los Centros Penitenciarios.

Artículo 101 bis 4. Serán causa de pérdida de la patria potestad, conforme al presente capítulo, cualquiera de las siguientes:

I. Cuando se utilice al menor por parte de quien detente la patria potestad como medio de comisión de algún delito durante el periodo de compurgación de una pena;

II. Cuando se verifiquen situaciones de incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones inherentes a la patria potestad por parte de la madre que viva en un centro penitenciario; y

III. Las demás que se determinen por la legislación civil correspondiente.

Cuando se verifique alguna de estas causales, las Procuradurías de Protección presentarán de oficio ante los órganos jurisdiccionales competentes y en representación del menor conforme a la presente Ley, solicitud de juicio de pérdida de la patria potestad.

En el caso de las fracciones I y II , las Procuradurías de Protección solicitarán, además de oficio a la autoridad correspondiente la separación del menor en términos de la presente Ley.

Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la presente Ley, las Procuradurías de Protección, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las medidas especiales relacionadas con la protección, custodia y adopción de niñas y niños que por orden de autoridad competente hayan sido separados de las personas que ejerzan la patria potestad o tutela y que se encuentren privadas de su libertad con motivo de compurgación de una pena o de estar sometida a prisión preventiva.

Para los efectos del presente artículo el Sistema Nacional DIF o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las niñas y niños que por orden de autoridad competente hayan sido separados de las personas que ejerzan la patria potestad o tutela. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que el menor supere las condiciones de vulnerabilidad.

Artículo 101 bis 5. Las Procuradurías de Protección establecerán mecanismos especiales de vigilancia y protección para los menores que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

I. Cuando el tiempo de condena privativa de la libertad de la madre exceda de la mayoría de edad del menor.

II. Cuando el menor exceda de la edad establecida en las disposiciones correspondientes de ejecución penal para permanecer con la madre en el Centro penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen.

En los casos antes descritos, adicionalmente las Procuradurías de Protección realizarán los buenos oficios que sean necesarios para salvaguardar el interés superior del menor, proporcionando alternativas a la madre.

Artículo 101 bis 6. Las autoridades federales, de las entidades federativas, y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán las medidas necesarias para establecer espacios exclusivos para las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios.

En especial, deberán realizar las modificaciones necesarias a las instalaciones penitenciarias a efecto de disponer celdas exclusivas para las mujeres reclusas y sus hijos. Estas se deben ubicar en una zona separada y autónoma de aquella destinada a las celdas de las demás mujeres que se encuentren en el centro penitenciario.

Artículo 101 bis 7. En ningún caso la residencia de un menor en un centro penitenciario excederá a los tres años de edad, procurándose la salida de la niña o niño en el menor tiempo posible conforme al interés superior del mismo.

Artículo 101 bis 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán las medidas preventivas y disposiciones de seguridad que sean necesarias para salvaguardar la integridad y bienestar del menor ante situaciones de emergencia o riesgo inminente en los centros penitenciarios.

Para dar cumplimiento a lo anterior, las autoridades penitenciarias en coordinación con autoridades de protección civil deberán realizar supervisiones periódicas de las áreas en las que se encuentren las niñas y niños.

Artículo 101 bis 9. Las autoridades federales, de las entidades federativas, y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán conformar bases de datos respecto de las madres con hijos o hijas en reclusión, solamente para dar seguimiento al estatus de estas durante y después de su estancia en el centro penitenciario y con la finalidad de otorgar las condiciones que permitan a las niñas y niños mejores condiciones para su desarrollo, sin que ello signifique un antecedente para el menor.

El Sistema Nacional DIF emitirá reglas generales para la conformación de las bases de datos así como las medidas de seguridad y protección de datos correspondientes.

Llegado el momento en que sean separados de sus madres de acuerdo con la Ley de la materia, las autoridades correspondientes deberán eliminar de la base del sistema penitenciario los datos personales del menor.

Toda la información de niñas y niños será considerada como confidencial de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en ningún caso podrá asentarse en el acta de nacimiento del menor la circunstancia de su nacimiento o residencia en el centro penitenciario.

Artículo 124. Los requisitos para ser nombrado titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, son los siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener más de 35 años de edad;

III. Contar con título profesional de licenciatura en derecho debidamente registrado;

IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en materia de procuración de justicia o defensa de niñas, niños y adolescentes;

V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público;

El Fiscal General de la República nombrará al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El nombramiento del Procurador de Protección o su equivalente en las entidades federativas se realizará por el Procurador de Justicia del estado o su equivalente.

Las leyes de las entidades federativas establecerán las medidas necesarias que permitan la desconcentración regional de las Procuradurías de Protección, a efecto de que logren la mayor presencia y cobertura posible en los municipios y, en el caso de la Ciudad de México, en sus demarcaciones territoriales.

SEGUNDO. Se adiciona el inciso n) y se reforma el inciso m), ambos de la fracción I del artículo 4 y se reforma la fracción XIV del artículo 9 de la Ley de Asistencia Social para quedar como sigue:

Artículo 4.- ….

I...

a) ... l)

m) Ser huérfanos;

n) niños y niñas que viven con sus madres en centros penitenciarios.

...

II. a XII. …

Artículo 9.-…

I… XIII…

XIV. Supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de menores, así como emitir disposiciones de carácter general en la materia en términos de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes; y

TERCERO. Se modifican los artículos 4 y 38 y se adiciona un artículo 130 Bis de la Ley General de Víctimas para quedar como sigue:

Artículo 4.- ….

Se considerarán también víctimas indirectas a los niños y niñas que viven con sus madres en centros penitenciarios, desde que nacen y viven su primera infancia en dichos centros por el hecho de que su madre se encontrare en estado de gravidez al momento de estar privada de su libertad con motivo de la compurgación de una pena o de estar sometida a prisión preventiva.

Artículo 38.- ….

Para el caso del alojamiento y alimentación de los niños y niñas que hayan sido separados de las personas que ejerzan la patria potestad o tutela en términos de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva o Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y de la Ciudad de México, suscribirán los acuerdos necesarios con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios y los centros de asistencia social, para proveer del Fondo los recursos necesarios para el cumplimiento de esta obligación.

Artículo 130 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá determinar el acceso de sujetos de la asistencia social en términos de la Ley de Asistencia Social al Fondo, para lo cual podrán celebrar los convenios que sean necesarios con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decretó entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales después de publicado el presente Decreto, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes que resulten necesarias para la implementación del presente Decreto. En el mismo plazo establecido, tanto en el ámbito federal como local, se deberá contar con las disposiciones administrativas de carácter general correspondientes así como las disposiciones reglamentarias necesarias, pudiendo preverse la homologación de criterios metodológicos, técnicos y procedimentales, para lo cual podrán coordinarse las autoridades involucradas en términos de la legislación aplicable.

Tercero. El Sistema Nacional de Protección Integral de la Familia (DIF) realizará las modificaciones necesarias al sistema de información nacional establecido en la fracción XV del artículo 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en un periodo no mayor a 180 días naturales a partir de la vigencia de la reforma que garantice el contar con datos desagregados de los niñas y niñas que viven con sus madres en centros penitenciarios en el país.

Cuarto. Las disposiciones del presente Decreto relativas a la ejecución penal entrarán en vigor una vez que entre en vigor la legislación en la materia prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios y los centros de asistencia social y la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y de la Ciudad de México, suscribirán los acuerdos previstos en el artículo 38 de la Ley General de Víctimas en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la vigencia de la presente reforma.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 24 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Sylvana Beltrones Sánchez.

1 Pérez Álvarez, Fabiola Edith, Comentarios a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, IIJ de la UNAM, 2015, pág. 1




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por la Diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada Federal SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 122, numeral 1 y 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, en materia de aprovechamiento de alimentos para evitar su desperdicio, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho humano que tienen todas las personas al acceso a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y a la satisfacción de las necesidades de alimentación.

A nivel internacional, el derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

Ya desde 1996, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación organizada por la FAO, los Estados parte convinieron en reducir el número de personas desnutridas a la mitad del nivel que existía en ese momento, no más tarde del año 2015. Posteriormente, en la Declaración del Milenio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2000, nuevamente los Estados se comprometieron a que, para el 2015, reducirían a la mitad el número de personas que padecieran hambre. En 2004, la FAO aprobó las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, dando orientación práctica a los Estados en su aplicación del derecho a la alimentación adecuada.1

Lo anterior tiene sentido pues en un planeta en el cual aproximadamente mil millones de personas carecen de alimentos y donde la lucha por erradicar el hambre y vivir en un mundo que se desarrolle de manera sustentable se presentan como graves problemas que atentan contra el desarrollo individual de la persona.

La pérdida de alimentos tiene distintos impactos negativos en la sociedad: afecta la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, reduce la disponibilidad local y mundial de comida, genera pérdidas de ingresos para los productores, aumenta los precios para los consumidores e impacta de manera negativa en la salud y nutrición. De la misma manera, daña al medio ambiente debido a la utilización no sostenible de recursos naturales de los cuales depende la producción futura y actual de los alimentos tomando en cuenta también, la generación de desechos.

La pérdida o desperdicio de alimentos, se entiende como la merma que sufren los mismos en las etapas sucesivas de la cadena de suministro alimenticio destinadas al consumo humano. Es decir, ya sea de manera intencional o accidental, cuando los alimentos producidos se pierden desde su producción inicial hasta antes de llegar a su fase final de consumo se habla de pérdida de alimentos.

Según el Banco Mundial de Alimentos, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente a nivel mundial, se desperdicia. Además, el Informe del Instituto de Ingenieros Mecánicos del Reino Unido reveló que aproximadamente entre 1200 y 2000 millones de toneladas de alimentos son desperdiciadas a nivel mundial, pues entre el 30% y 50 % de alimentos nunca llegan al plato. Estas cifras contrastan con el número de personas que no tiene suficiente para comer que, según la ONU, son más de 795 millones.

A nivel mundial se estima que la cifra anual puede aumentar a 126 millones de toneladas si no se toman medidas. Un estimado de la FAO indica que la población mundial alcanzará las 9,000 millones de personas en el 2050 y la producción de alimentos tendrá que aumentar un 70% para satisfacer dicha demanda.

Sin embargo, el problema no radica en que no se produzcan suficientes alimentos; si no que, como ya se ha dicho, un tercio de éstos se estropea o desperdicia antes de ser consumido por las personas. De la misma manera, esta situación representa pérdidas, no solo de alimentos, sino también de mano de obra, agua y energía que fueron utilizados en la producción de los mismos. Por citar un ejemplo, 550 mil millones cúbicos de agua se desperdician globalmente en cultivos que nunca llegan a su consumidor.

Es primordial aclarar que gran parte del desperdicio o perdida de alimentos resulta de que, aún cuando los alimentos son aptos para consumirse, no se consumen debido a que se deja que se estropeen o son descartados por los minoristas o los consumidores por reglas de etiquetado de fecha de caducidad rígidas o malentendidas; por prácticas de almacenamiento, compra o de cocina inadecuados o bien, porque las apariencias no cumplen con las exigencias de los supermercados. En el Reino Unido, que es el país en el que hay un mayor desperdicio de alimentos, 30% de los cultivos no son cosechados porque no cumplen con las condiciones previamente mencionadas.

Según un informe de Pérdida y Desperdicio de Alimentos en América Latina y el Caribe, nuestra región desperdicia el 6% de los alimentos producidos anualmente a nivel mundial, y del mismo modo el 15% de los alimentos disponibles son desperdiciados.

Únicamente con los alimentos que se desperdician a nivel venta se podrían satisfacer las necesidades alimenticias del 64% de quienes sufren de hambre en toda la región. Es decir, en términos calóricos, se estima que con las calorías que se pierden, se podría disponer de alimentos para satisfacer las necesidades de más de 30 millones de personas, cumpliendo requerimientos calóricos mínimos diarios. Resulta imprescindible mencionar que esta región no puede continuar desperdiciando alimentos, ya que aún hay millones de niños, niñas, hombres y mujeres que viven día a día con hambre.

En conclusión, en lo referente a América Latina, el posible impacto que podría traer aparejado el reducir pérdidas y desperdicios de alimentos es inimaginable, ya que, solo con lo que se pierde a nivel venta se podría alimentar a suficientes personas para que la región, como un todo, alcance la meta relativa al hambre del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio.

En nuestro país, anualmente se desperdicia una tercera parte de todo el alimento que se produce. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dio a conocer que cada año, en México, 10 millones 431 toneladas de comida van a dar a la basura.

Si se rescataran las 10 millones de toneladas de alimentos que se desperdician en un año, se eliminaría la carencia alimentaria de todo el país. Especialistas en el tema de desperdicio de alimentos aseguran que toda la comida que se tira en el país es consecuencia de la falta de políticas públicas para mejorar las condiciones del mercado, el mal funcionamiento de los procesos de producción y distribución de productos, así como el bajo poder adquisitivo de los consumidores.

Se debe mencionar que gran parte del problema radica en que los precios no responden al poder adquisitivo del mexicano, lo que lleva a un desperdicio sistemático. Según la FAO, el 37% de la producción de alimentos que termina como desecho representa una pérdida de 120 mil millones de pesos, mismos que podrían ser utilizados para 7 millones de personas que se encuentran en inseguridad alimentaria.

Por otro lado, datos del CONEVAL muestran que del periodo del 2010 al 2012,la carencia por acceso a la alimentación pasó de 28.4 millones de personas a 27.4 millones. Sin embargo, en diciembre de 2013 el Ranking Nacional de Nutrición Infantil (RANNI) informó que se registraron al menos 1.5 millones de niños con desnutrición.

En México, más del 40% de los cultivos de tubérculos, frutas y verduras se pierden o desperdician, junto con el 35% del pescado, el 30% de los cereales y el 20% de las semillas oleaginosas, carne y productos lácteos. Según Alejandro Calvillo Unna, director del Poder del Consumidor A.C., esto se debe a que los pequeños productores no encuentran mecanismos para comercializar sus alimentos y los intermediarios establecen el monopolio de la compra del producto en ciertas regiones.

El especialista de la Red Latinoamericana para la Disminución de la Pérdida de Alimentos opinó que se requiere de inversión y acompañamiento de los procesos de producción y distribución para evitar fallas durante todo el trayecto en que los alimentos son cultivados, vendidos, distribuidos y comprados. Además, mencionó que los productos caducan en las tiendas porque no existe una logística adecuada ya que hay momentos en los que existe escasez o excesos de producto.

A esto, la FAO responde con una serie de recomendaciones en su apartado de Causas y Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos; señala que es necesario que los gobiernos mejoren el desarrollo de caminos y que se cuente con una inversión fuerte en infraestructura y transporte.

Dado que este tema ha causado alerta de manera global, a nivel mundial existen distintos esfuerzos que se han llevado a cabo. La FAO está colaborando con donantes, organismos unilaterales, bilaterales y multilaterales, Instituciones Financieras y con el sector privado para implementar y desarrollar un programa para reducir el desperdicio y pérdida de alimentos. De este esfuerzo ha salido el proyecto llamado SaveFood cuyos pilares fundamentales son los siguientes:

• La sensibilización sobre su impacto y soluciones para la pérdida y el desperdicio de alimentos.

• La colaboración y coordinación de iniciativas a nivel mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos.

• Desarrollo de políticas, estrategias y programas para la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos.

• Apoyo a los programas y proyectos de inversión implementados por los sectores público y privado.

El proyecto trabaja en un marco internacional como son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los próximos Objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda Post-2015 y el Reto del Hambre Cero.

Por su lado, en Francia, donde unos siete millones de toneladas de comida son tirados a la basura cada año, 67% por los propios consumidores y el resto por los restaurantes, tiendas y supermercados2, se ha prohibido por ley que los supermecados desperdicien sus sobrantes de comida. Los excedentes los recibirán los bancos de alimentos y las organizaciones benéficas autorizadas, quienes se encargarán de distribuirlo a los más necesitados.

La regulación aprobada por unanimidad por el Parlamento, prohíbe a los supermercados tirar alimentos con fechas de vencimiento inminentes y hace ilegal la práctica de deteriorar deliberadamente los alimentos que tiran para impedir que sean extraídos de los contenedores de basura.

Ahora los supermercados tienen un periodo por ley para identificar a qué organización de caridad donarán sus alimentos con fechas no vencidas y aun comestibles. De no hacerlo, la normativa prevé costosas multas y hasta uno o dos años de prisión.

En resumen, esta ley contiene cuatro ejes fundamentales:

• Los supermercados que rebasen los 400 metros cuadrados se verán obligados a realizar contratos de donación con organizaciones de caridad, esto a fin de que estas puedan distribuir los alimentos.

• Los supermercados tendrán un periodo de tiempo específico para elegir aquellas organizaciones benéficas que serán recipientes de los alimentos sobrantes, comestibles y de fechas no vencidas.

• Si estos no firman el contrato con alguna organización se verán obligados a pagar una penalización.

• Hace ilegal la práctica utilizada por algunas cadenas de estropear deliberadamente con lejía los alimentos que tiran para impedir que sean extraídos de los contenedores de basura.

Italia, por su parte, presentó también en el primer semestre de este año una iniciativa contra el desperdicio de alimentos. Este país, a diferencia de Francia abordó el tema desde la perspectiva de incentivar a las empresas a donar los residuos de alimentos a las instituciones autorizadas en los términos de la legislación nacional. 3Las disposiciones aprobadas por los diputados y que se encuentran actualmente en discusión en el Senado, se concentra en los incentivos y en reducir los procedimientos burocráticos; busca así, eliminar o reducir considerablemente las dificultades que enfrentan los donantes de alimentos en la actualidad. Por ejemplo, los donantes ya no tendrán que presentar una declaración con cinco días de anticipación a la fecha de donación de los alimentos; por el contrario, bastará con que presenten una declaración general al final del mes. 4

A nivel local, para generar una serie de políticas públicas efectivas que combatan el desperdicio de alimentos y atiendan el hambre que viven millones de mexicanos, es preciso estudiar el problema desde una perspectiva integral e incluyente. Es decir, considerar a la parte o porción que queda del total de las mercancías, las materias primas, productos semiterminados o terminados de alimentos por un lado, como residuos con valor nutricional y potencial para alimentar a sectores desfavorecidos de la población y por otro, como posibles contaminantes que es preciso evitar, reducir y manejar correctamente.

Ante el reto de atender adecuadamente este fenómeno y ofrecer el mejor instrumento legislativo para ello, existía la posibilidad de emitir una nueva ley cuyo objetivo principal fuera la prevención de generación de estos residuos de alimentos y su máximo aprovechamiento. Este camino fue precisamente el que se siguió en Francia y en Italia; ambos países emitieron leyes específicas para tratar el tema, imponer las obligaciones a las empresas y señalar las sanciones correspondientes.

No obstante ésta se presentaba como una buena opción, se consideró más pertinente integrar el tema dentro de una ley ya existente: la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos. Se procedió así, en parte por una cuestión de economía legislativa, es decir, por valorar y sacar provecho del trabajo ya realizado por antiguos legisladores. Por otro lado, porque del estudio de la ley en cuestión, se concluyó que contaba con los elementos, instrumentos y disposiciones necesarias para dar estructura y cohesión a las obligaciones que se impondrían respecto a la lucha contra el desperdicio alimenticio.

De manera enunciativa, más no limitativa, en la citada ley se encontraron los siguientes beneficios para el caso en particular:

a. Contempla una serie de instrumentos estratégicos para el logro de sus objetivos y que prometen ser útiles para ser un factor reforzador en la multiplicación de sus alcances y en potenciar los resultados de su aplicación. Tal es el caso de los Planes de Manejo, de los Sistemas de Manejo Ambiental y de los Programas para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Por ejemplo, los Planes de Manejo buscan aplicar a la realidad mexicana dos conceptos y principios ampliamente utilizados en otros países en el ámbito de los residuos:

i) alcanzar las metas ambientales que persiguen las disposiciones normativas, alentando a quienes deben de cumplirlas a proponer formas innovadoras de hacerlo que permitan obtener los mismos resultados e incluso mejores, de una manera distinta a la que ellas establecen5 y

ii) involucrar a todos los actores y sectores sociales en la gestión integral de los residuos, aplicando el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada.

Este principio de corresponsabilidad plantea que todos los sectores sociales que contribuyen a la generación de residuos, por sus hábitos de vida, prácticas de consumo y formas de producción, están obligados –de manera diferenciada- a contribuir en la implementación de las medidas previstas en la Ley para prevenir su generación, aprovechar su valor y lograr su gestión integral, ambientalmente adecuada, económicamente factible y socialmente aceptable.6

b. Considera los residuos desde una doble perspectiva: como contaminantes potenciales que es preciso evitar, reducir y manejar de manera ambientalmente adecuada y regirlos de conformidad con el principio del que contamina paga y como materiales dotados de valor, que pueden ser aprovechados mediante su reúso, reciclado o recuperación de la energía contenida en ellos.

c. La definición de gestión integral incluida en la ley, da a entender que las leyes no son un fin en sí mismo y que por el contrario, requieren de otros elementos para que su aplicación pueda ser eficaz, eficiente y efectiva. Lo anterior se entiende, por ejemplo, en la aplicación de las disposiciones de la Ley en cuestión a nivel local; éstas no pueden abstraerse de las realidades que priman en cada estado o municipio del país, de las diferentes capacidades y de los recursos con los que los grandes, pequeños y microgeneradores de residuos disponen para cumplirlas.7

Una vez definida la conveniencia de incluir el combate al desperdicio alimenticios dentro de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, era preciso definir bajó qué perspectiva se abordaría el tema: si bajo el esquema de la obligación o de los incentivos, por ejemplo fiscales.

Al respecto, tras el análisis del tratamiento del tema en la experiencia comparada y considerando las circunstancias particulares de México, se consideró que lo más conveniente era plantear una esquema mixto en el cual exista una obligación que se ve retribuida con un incentivo de tipo fiscal.

Por lo que hace a la obligación, se hizo además una distinción entre los grandes productores, las grandes empresas de productos y servicios de alimentos y las Centrales de Abastos y los pequeños productores, las pequeñas empresas de productos y servicios de alimentos, los Mercados Populares y las personas que ofrecen servicios de banquetes. Lo anterior debido a que entre estos existe una gran diferencia en cuanto a la producción, el número de empleados, los volúmenes de venta, entre otros. En consecuencia, bajo el axioma de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, se estimó justo que los primeros, por contar con más recursos económicos, físicos y humanos, tengan la obligación de celebrar convenios con el o los Bancos de Alimentos que deseen para efecto de donarles los residuos de alimentos que tengan en existencia. Los segundos, en cambio, debido a que cuentan con menos recursos, no están obligados a hacerlo. Sin embargo, en caso de hacerlo, gozarán, tal como los grandes productores, las grandes empresas y las Centrales de Abasto, de la posibilidad de deducir las mercancías de su inventario y de beneficiarse de un estímulo fiscal del 15%.

Por lo que se refiere a los Bancos de Alimentos, se dispuso que fueran estas instituciones las destinatarias de las donaciones y las encargadas de repartirlos a las personas y comunidades necesitadas por la probada experiencia que tienen en este campo.

La figura como se le conoce hoy, nació en Phoenix, Arizona, gracias al ingenio de un estadounidense. Este señor se percató de que las grandes cantidades de comida desperdiciada en auto servicios, podrían ser utilizadas para alimentar a los cientos de personas que estaban en las calles de la ciudad.

Luego, en 1985, un comerciante de la central de abastos de Guadalajara buscaba ideas para aprovechar los kilos de tomate que le sobraban diariamente. En su búsqueda, encontró la figura estadounidense de los bancos de alimentos y decidió instalar la primera institución de este tipo en México.

Un Banco de Alimentos es, entonces, una institución dedicada a rescatar y distribuir alimento entre las poblaciones más vulnerables. Hace un trabajo importante en áreas como logística, almacenamiento, distribución, administración, trabajo social, etc. Además, estas instituciones promueven la organización comunitaria como requisito de participación; incentivan la capacitación productiva y la educación básica y dan apoyo alimentario a instituciones.

Con esto, al establecer la obligación o la posibilidad, según sea el caso, a los productores, las empresas de productos y servicios de alimentos, las Centrales de Abasto, los Mercados Populares y los banqueteros, de firmar convenios con los bancos de alimentos, se pretende que se haga no sólo con las instituciones que están legalmente registradas con ese nombre. Al contrario, se pretende que además de éstas, los convenios se puedan celebrar con toda aquella institución que cumpla la función de un banco de alimentos descrita en el párrafo anterior.

Se decidió limitar en cierta forma el destinatario de la donación de alimentos a un tipo de institución con el objetivo de que el proceso de celebración de convenios, de entrega y seguimiento de las mercancías sea más transparente y claro. Igualmente, pues es más sencillo para la Secretaría supervisar los convenios celebrados con un único tipo de institución, que si éstos se celebran con todas las instituciones autorizadas en términos de la Resolución Miscelánea vigente y porque será más ágil y eficaz la labor de rendición de cuentas y de verificación de las mismas, si éstas provienen de un único tipo de institución.

Lo que se busca entonces es que los bancos de alimento sean los primeros destinatarios de los residuos de alimentos; sin embargo, se pretende que no sean los únicos y los últimos en la cadena. Es decir, el objetivo es que éstos, como es su principal función, sirvan de puente entre los productores y empresas y los beneficiarios finales. Los beneficiarios serán preferiblemente personas y grupos vulnerables y en estado de necesidad, pero podrán serlo también otras instituciones de asistencia benéfica, de carácter privado o público.

Por otro lado, se señala como autoridad responsable de ejercitar las facultades atribuidas al Ejecutivo, de supervisar los convenio celebrados con los bancos de alimentos, entre otras cosas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por tratarse precisamente de alimentación, agricultura y desarrollo rural.

En todo lo demás a lo que se refiere la Ley, se estará a lo dispuesto por ésta. Es decir, para todo lo que no sea materia alimenticia, la Secretaria responsable y facultada, seguirá siendo la SEMARNAT.

Dentro de las facultades de la Secretaria, se encuentra la de formular, conducir y evaluar el Programa Nacional de Prevención de Generación y Aprovechamiento de Residuos de Alimentos. La Ley en cuestión ya contempla la creación de una política nacional en materia de residuos y los respectivos programas para cada tipo de residuo, por lo que lo más lógico era que se contemplara también un programa específico para los excedentes de alimentos. Además, lo que se persigue con la debida formulación de éste es que la Secretaria contemple un plan o proyecto de educación y concientización de la población en la materia. Lo que se ha visto a nivel internacional y nacional es que falta sensibilidad de manera generalizada hacia las posibilidades de aprovechamiento de los alimentos. En suma, por la labor de mercadotecnia de las diversas empresas de alimentos, la población ha ido desarrollando una especie de “discriminación estética” hacia los productos que compra y consume. Sobre todo en alimentos como frutas y verduras, la publicidad ha generado una idea de la apariencia que deben tener estos para ser considerados sabrosos y aptos para consumir. Sin embargo, dicha idea no siempre corresponde con la realidad; a pesar de un producto como un tomate no tenga un color brillante y al tacto no se sienta sólido, éste puede estar en perfectas condiciones para consumirse.

En definitiva, lo que puede lograr con la concientización de la población es que las personas abandonen esta “discriminación estética” y que se logre combatir el desperdicio de alimentos no solo a nivel de producción y venta, sino también a nivel doméstico.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo, se adiciona una fracción XII y se recorren las fracciones posteriores a ésta del artículo 1; se reforman las fracciones I, II, V y VIII y se adiciona una fracción XIII al artículo 2; se adiciona una fracción III, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 3; se reforma la fracción II (que en el decreto es la III) y se añade un párrafo a la misma, la fracción X (que en el decreto es la XVI) y la fracción XXIX (que en el decreto es la XL) y se adicionan las fracciones II, IV, VI, VII,X, XIII, XVIII, XX, XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XLII, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 5; se reforma el artículo 6; se reforma la fracción I y se añaden las fracciones II y XXX del artículo 7; se reforma la fracción II del artículo 8; se reforma el párrafo I, la fracciones II, XIII, XVIII y se adicionan las fracciones IV, VIII al artículo 9; se reforman las fracciones I, VII, IX del artículo 10; se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción V al artículo 15; se reforma el primer párrafo y la fracción III del artículo 26; se adiciona un Título Cuarto Bis denominado “De los residuos de alimentos” que comprende los artículos 39 Bis, 39 Bis 1, 39 Bis 2, 39 Bis 3, 39 Bis 4, 39 Bis 5, 39 Bis 6, 39 Bis 7, 39 Bis 8, 39 Bis 9, 39 Bis 10; se adiciona un artículo 101 Bis, un artículo 112 Bis, un artículo 112 Bis 1 y un artículo 112 Bis 2.

CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos, y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación; propiciar el rescate de los residuos de alimentos susceptibles de consumo humano seguro; así como establecer las bases para:

I… a XI …

XII. Formular la política nacional de aprovechamiento y rescate de los residuos de alimentos que sean susceptibles de consumo humano seguro;

(se recorren)

XIII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios, y

XIV. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven, asícomo para la imposición de las sanciones que corresponda.

Artículo 2.- En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se observarán los siguientes principios:

I. El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y el derecho a la alimentación;

II. …

III. La prevención y minimización de la generación de los residuos, de su liberación al ambiente, y su transferencia de un medio a otro, así como su manejo integral para evitar riesgos a la salud, daños a los ecosistemas, así como su máximo aprovechamiento para beneficio de la sociedad;

IV. …

V. …

VI. La valorización de los residuos para su aprovechamiento como insumos en las actividades productivas y como alimento cuando este sea susceptible de consumo humano seguro;

VII. …

VIII. La disposición final de residuos limitada solo a aquellos cuya valorización o tratamiento no sea económicamente viable, tecnológicamente factible, ambientalmente adecuada o no apto para el consumo humano seguro;

IX. … a XII …

XIII. La prevención de las pérdidas y desperdicios de residuos alimenticios, mediante la planeación adecuada de la producción agrícola nacional y a través del adecuado rescate de los residuos de alimentos para que éstos sean aprovechados para el consumo humano seguro.

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicaran, en lo conducente, las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con la materia que regula este ordenamiento.

Artículo 3.- Se consideran de utilidad pública:

I. …

II. …

III. La construcción de infraestructura destinada al almacenamiento, conservación y distribución de los residuos de alimentos susceptibles de consumo humano seguro;

IV.

V.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. ...

II. Alimento: Cualquier substancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición;

III. Aprovechamiento de los Residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico y nutricional en su caso, de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía.

Para el caso de los residuos alimenticios se procurará adicionalmente como objetivo el máximo rendimiento para el beneficio de la población, sobre todo, a las personas, sectores, comunidades o regiones de escasos recursos.

IV. Bancos de Alimentos: Instituciones dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación de personas, sectores, comunidades o regiones de escasos recursos y que estén incluidas dentro del rubro asistencial de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y en el Directorio de Donatarias publicado en la página de internet del SAT;

V. Caracterización de Sitios Contaminados: Es la determinación cualitativa y cuantitativa de los contaminantes químicos o biológicos presentes, provenientes de materiales o residuos peligrosos, para estimar la magnitud y tipo de riesgos que conlleva dicha contaminación;

VI. Centrales de Abasto: Las unidades de distribución de mayoreo destinadas a la concentración de ofertantes de productos alimenticios en estado fresco o industrializados, para satisfacer los requerimientos de la población y que tienen entre sus principales actividades la recepción, exhibición, almacenamiento y venta de productos.

VII. Consumo humano seguro: La condición de un alimento que independientemente de la fecha de caducidad establecida por el productor, sea aún susceptible de ser consumido por una persona sin causar daños a su salud.

VIII. Co-procesamiento: Integración ambientalmente segura de los residuos generados por una industria o fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo;

IX. Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos;

X. Donación: Contrato mediante el cual una persona moral o física, transfiere gratuitamente a otra persona moral o física, bienes determinados;

XI. Envase: Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y protegerlo para su distribución, comercialización y consumo;

XII. Evaluación del Riesgo Ambiental: Proceso metodológico para determinar la probabilidad o posibilidad de que se produzcan efectos adversos, como consecuencia de la exposición de los seres vivos a las sustancias contenidas en los residuos peligrosos o agentes infecciosos que los forman;

XIII. Fecha de caducidad: Fecha límite en que se considera que las características sanitarias y de calidad que debe reunir para su consumo un producto preenvasado, almacenado en las condiciones sugeridas por el responsable del producto, se reducen o eliminan de tal manera que después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse;

XIV. Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo;

XV. Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo;

XVI. Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social y de ser posible, el aprovechamiento de éstos para consumo humano seguro, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región;

XVII. Gestor: Persona física o moral autorizada en los términos de este ordenamiento, para realizar la prestación de los servicios de una o más de las actividades de manejo integral de residuos;

XVIII. Gran empresa: Aquella que esté determinada como tal según la clasificación que hace la Secretaría de Economía de las empresas mexicanas;

XIX. Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

XX. Gran productor: Aquel que esté determinado como tal por la clasificación que hace la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

XXI. Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, mediante oxidación térmica, en la cual todos los factores de combustión, como la temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia, pueden ser controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales previamente establecidos. En esta definición se incluye la pirolisis, la gasificación y plasma, sólo cuando los subproductos combustibles generados en estos procesos sean sometidos a combustión en un ambiente rico en oxígeno;

XXII. Inventario de Residuos: Base de datos en la cual se asientan con orden y clasificación los volúmenes de generación de los diferentes residuos, que se integra a partir de la información

XXIII. Ley: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

XXIV. Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos;

XXV. Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social;

XXVI. Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un componente de productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de los residuos que estos generan;

XXVII. Mercado público: el lugar o local donde concurra una diversidad de comerciantes y consumidores en libre competencia, cuya oferta y demanda se refieran principalmente a artículos de primera necesidad.

XXVIII. Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

XXIX. Personas que ofrecen servicios de banquetes: Aquellas personas físicas o morales cuyo giro de negocio consiste en proporcionar comida para fiestas, eventos y/o instituciones.

XXX. Pequeña empresa: Aquella que esté determinada como tal según la clasificación que hace la Secretaría de Economía de las empresas mexicanas;

XXXI. Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

XXXII. Pequeño productor: Aquel que esté determinado como tal por la clasificación que hace la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

XXXIII. Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno;

XXXIV. Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servicios;

XXXV. Producción Limpia: Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, técnicas y practicas, o incorporan mejoras, tendientes a incrementar la eficiencia ambiental de los mismos en términos de aprovechamiento de la energía e insumos y de prevención o reducción de la generación de residuos;

XXXVI. Producto: Bien que generan los procesos productivos a partir de la utilización de materiales primarios o secundarios. Para los fines de los planes de manejo, un producto envasado comprende sus ingredientes o componentes y su envase;

XXXVII. Programas: Serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los objetivos de esta Ley;

XXXVIII. Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos;

XXXIX. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;

XL. Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo que se establece en esta Ley;

XLI. Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, o bien que resulta en excedente de un lote de producción o venta y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven;

XLII. Residuos de alimentos: Parte o porción que queda del total de las mercancías, las materias primas, productos semi terminados o terminados de alimentos de los productores, las empresas de productos y servicios alimenticios, los establecimientos de autoservicio, las centrales de abasto o los comerciantes de mercados populares y que por razones de carácter comercial o estético no serán comercializados por el propietario de los mismos, pero que aún conservan las características sanitarias y de calidad para consumo humano seguro.

XLIII. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos;

XLIV. Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o vapores dañinos;

XLV. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley;

XLVI. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole.

XLVII. Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres ordenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social;

XLVIII. Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de transformación;

XLIX. Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares;

L. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

LI. Separación Primaria: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en orgánicos e inorgánicos, en los términos de esta Ley;

LII. Separación Secundaria: Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados en los términos de esta Ley;

LIII. Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas;

LIV. Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad;

LV. Termólisis: Proceso térmico a que se sujetan los residuos en ausencia de, o en presencia de cantidades mínimas de oxígeno, que incluye la pirolisis en la que se produce una fracción orgánica combustible formada por hidrocarburos gaseosos y líquidos, así como carbón y una fase inorgánica formada por sólidos reducidos metálicos y no metálicos, y la gasificación que demanda mayores temperaturas y produce gases susceptibles de combustión;

LVI. Tratamientos por Esterilización: Procedimientos que permiten, mediante radiación térmica, la muerte o inactivación de los agentes infecciosos contenidos en los residuos peligrosos;

LVII. Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica, y

LVIII. Vulnerabilidad: Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa o de amortiguamiento ante una situación de amenaza y confieren a las poblaciones humanas, ecosistemas y bienes, un alto grado de susceptibilidad a los efectos adversos que puede ocasionar el manejo de los materiales o residuos, que por sus volúmenes y características intrínsecas, sean capaces de provocar daños al ambiente.

TÍTULO SEGUNDO
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
ATRIBUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS

Artículo 6.- La Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de prevención de la contaminación de sitios y su remediación y de ser posible, el adecuado rescate de éstos para que sean aprovechados para consumo humano seguro, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.

Articulo 7.- Son facultades de la Federación:

I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así como elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional de Prevención de Generación y Aprovechamiento de Residuos de Alimentos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y municipios, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos alimenticios, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra;

III… a XIX …

XXX. Aprobar y supervisar los convenios que celebren los productores, las empresas de productos y servicios de alimentos, las Centrales de abastos y los mercados públicos con los bancos de alimentos con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, y

(se recorre)

XXXI. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Artículo 8.- Las atribuciones que esta Ley confiere a la Federación, serán ejercidas por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, salvo las que directamente correspondan al Presidente de la República por disposición expresa de Ley.

Las atribuciones señaladas en las fracciones I del artículo 7º, en lo relativo al Programa Nacional de Prevención de Generación y Aprovechamiento de Residuos de Alimentos, fracción II y XXX, serán ejercidas por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Articulo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas:

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar de manera coordinada con la Federación los programas en materia de residuos de manejo especial, acordes al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional de Prevención de Generación y Aprovechamiento de Residuos de Alimentos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Expedir conforme a sus respectivas atribuciones, y de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, en coordinación con la Federación y de conformidad con el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional de Prevención de Generación y Aprovechamiento de Residuos de Alimentos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, los ordenamientos jurídicos que permitan darle cumplimiento conforme a sus circunstancias particulares, en materia de manejo de residuos de manejo especial, de prevención de la contaminación de sitios con dichos residuos y su remediación y de prevención de generación y aprovechamiento de residuos de alimentos;

III. …

IV. Verificar el cumplimiento de los instrumentos y disposiciones jurídicas referidas en la fracción anterior en materia de residuos de alimentos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables;

(Se recorren las fracciones)

V. a VII. ….

VIII. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades correspondientes, la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos de alimentos, sólidos urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos, en las entidades federativas y municipios, con la participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados;

IX.

X.

XI.

XIII. Promover la participación de los sectores privado y social en el diseño e instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos de alimentos, de manejo especial, y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así como para la prevención de la contaminación de sitios con estos residuos y su remediación y de ser posible, el adecuado rescate de éstos para su aprovechamiento para consumo humano seguro, conforme a los lineamientos de esta Ley y las normas oficiales mexicanas correspondientes;

XIV. …a XVI…

XVIII. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado, que tengan por objeto prevenir o evitar la generación de residuos, su valorización y su gestión integral y sustentable, así como prevenir la contaminación de sitios por residuos y, en su caso, suremediación y de ser posible, el adecuado rescate de éstos para su aprovechamiento para consumo humano,;

XIX. a XXIV.

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:

I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la participación de representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y los Programas Municipales de Prevención de Generación y Aprovechamiento de Residuos de Alimentos y los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente;

II. a VI …

VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos y de aprovechamiento de residuos de alimentos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables;

VIII. …

IX. Participar y aplicar, en colaboración con la federación y el gobierno estatal, instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezca el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de aprovechamiento de residuos de alimentos;

X… a XII …

TÍTULO TERCERO
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

CAPÍTULO ÚNICO
FINES, CRITERIOS Y BASES GENERALES

Artículo 15.- La Secretaría agrupará y subclasificará los residuos de alimentos, peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial en categorías, con el propósito de elaborar los inventarios correspondientes, y orientar la toma de decisiones basada en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos. La subclasificación de los residuos deberá atender a la necesidad de:

I … a III …

IV. Identificar las fuentes generadoras de los residuos cuya disposición final pueda provocar salinización e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua; e

V. Identificar las características que debe cumplir un residuo para ser considerado apto para el consumo humano.

Artículo 26.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con la Federación, deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos de alimentos, sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad con esta Ley, con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables. Dichos programas deberán contener al menos lo siguiente:

I. a II. …

III. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y el mejoramiento de la gestión de los residuos de alimentos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento;

IV. a VI. ….

TÍTULO CUARTO BIS
DE LOS RESIDUOS ALIMENTICIOS

CAPÍTULO I
DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE ALIMENTOS

Artículo 39 Bis. La regulación de la generación y manejo integral de los residuos de alimentos, se llevará a cabo conforme a lo que establezca la presente Ley, las disposiciones emitidas por las legislaturas de las entidades federativas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 39 Bis 1. Los grandes productores, las grandes empresas de productos y servicios de alimentos así como las centrales de abastos en las entidades federativas, deberán celebrar un convenio con cualquiera de los bancos de alimentos existentes en el país, a efecto de establecer mecanismos de donación de los residuos de alimentos que tengan en existencia.

Artículo 39 Bis 2. Los micro, pequeños y medianos productores; las micro, pequeñas y medianas empresas de productos y servicios de alimentos; los mercados públicos y las personas que ofrezcan servicios de banquetes podrán celebrar convenios con cualquiera de los bancos de alimentos existentes en el país, a efecto de donarle los residuos de alimentos que tengan en existencia.

Artículo 39 Bis 3. Las Centrales de Abastos y mercados públicos establecerán modalidades de participación de los locatarios en los convenios que se realicen con los Bancos de Alimentos.

Artículo 39 Bis 4. Los convenios a los que se refiere el presente capítulo se regirán por las disposiciones generales que al respecto establezca la legislación civil aplicable y deberán contener, como mínimo, las cantidades estimadas de los bienes objeto del convenio, la periodicidad de entrega y la determinación de responsabilidad respecto a las condiciones y la calidad de los residuos de alimentos.

Artículo 39 Bis 5. Los convenios a los que se refiere el presente Capítulo deberán ser sometidos a consideración y aprobación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en los plazos y modalidades que para tal efecto establezca.

Artículo 39 Bis 6. Los Bancos de Alimentos deberán cumplir con lo establecido por el artículo 199-Bis y demás disposiciones aplicables de la Ley General de Salud.

Artículo 39 Bis 7. Los productores, las empresas de productos y servicios de alimentos y los establecimientos de autoservicio, los locatarios de las Centrales de Abastos y Mercados Públicos y las personas que ofrezcan servicios de banquetes podrán deducir de los inventarios, durante el ejercicio en que esto ocurra, los alimentos que donen a los Bancos de Alimentos, en los términos que establezca la presente Ley, la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.

Artículo 39 Bis 8. Los productores, las empresas de productos y servicios de alimentos, los locatarios de las Centrales de Abastos y Mercados Públicos y las personas que ofrezcan servicios de banquetes que donen sus residuos de alimentos a los Bancos de Alimentos en términos de la presente Ley, se les otorgará un estímulo fiscal consistente en una deducción adicional por un monto equivalente hasta del 15% del costo de lo vendido que le hubiera correspondido a dichos alimentos, conforme a las disposiciones que para tal efecto establezcan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CAPÍTULO II
ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE ALIMENTOS

Artículo 39 Bis 9. Los residuos de alimentos deberán almacenarse en lugares limpios, exentos de contaminación, protegidos contra plagas y contaminantes ambientales y bajo las temperaturas apropiadas para cada tipo de producto y se apilarán de forma que no sea probable su contaminación por contacto con alimentos crudos, alimentos para animales, materiales y sustancias tóxicas, nocivas o lesivas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) emitirá las disposiciones reglamentarias aplicables al almacenamiento y guarda de los residuos de alimentos, así como la información correspondiente al etiquetado de los envases y recipientes utilizados para este efecto y su traslado.

Artículo 39 Bis 10. Los alimentos que no sean susceptibles de consumo humano seguro se destinarán para consumo animal y para generar composta o bien, para su destrucción en los términos de las disposiciones aplicables de esta Ley.

TÍTULO SÉPTIMO
MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 101 Bis. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, en materia de residuos alimenticios.

Artículo 112 Bis. A los grandes productores, las grandes empresas de productos y servicios de alimentos y Centrales de Abasto que incumplan con la obligación de celebrar los Convenios a los que hace referencia la presente Ley en materia de aprovechamiento de residuos alimenticios, se les impondrá una multa por el equivalente de cinco mil a diez mil unidades de medida y actualización (UMA).

A partir del sexto mes de incumplimiento de la obligación, la multa ascenderá al equivalente de quince mil a veinticinco mil unidades de medida y actualización (UMA).

Artículo 112 Bis 1. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación estará facultada para verificar el cumplimiento de los convenios celebrados entre productores, empresas, Centrales de Abasto y Mercados Populares y personas que ofrezcan servicios de banquetes con los bancos de alimentos en los términos establecidos en las recomendaciones que al efecto emita. Dicha verificación podrá consistir, entre otras cosas, en visitas de inspección.

En caso de incumplimiento del convenio, la Secretaría impondrá al infractor la misma multa establecida en el artículo anterior.

Artículo 112 Bis 2. En lo relativo a la distribución de alimentos en descomposición o mal estado que ponga en peligro la salud de otro, se estará a lo dispuesto en el artículo 464-Bis de la Ley General de Salud.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Las entidades federativas deberán realizar las reformas a su legislación y reglamentación, en aquellas disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Artículo tercero. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación contará con un plazo máximo de 18 meses para formular el Programa Nacional de Prevención de Generación y Aprovechamiento de Residuos de Alimentos, las recomendaciones necesarias con el objeto de establecer las reglas, especificaciones y procesos relativos al máximo aprovechamiento de los residuos de alimentos y las demás disposiciones necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 24 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Sylvana Beltrones Sánchez.

1 El derecho a la alimentación adecuada, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, ONU, Folleto informativo n. 34, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34sp.pdf

2 Estudio realizado por el Parlamento Británico en 2014

3 “Disposiciones relativas a la donación y distribución de productos alimenticios y farmacéuticos para efectos de la solidaridad social y para limitar el desperdicio”
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0039450&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3274-e-sede=-e-tipo=

4 Basta del desperdicio alimenticio, la ley es aprobada en la Cámara, La Repubblica, http://www.repubblica.it/economia/2016/03/13/news/sprechi_alimentari_la_legge_approda_alla_camera-135361983/

5 Manual de aplicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, nota 7

6 Ídem.

7 Ídem.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Puebla a presentar un informe sobre la evaluación de impacto ambiental y los permisos de construcción para edificar la “Ciclovía Hermanos Serdán”, debido a diversas irregularidades en el cumplimiento del cronograma de obra. Se turna a la Cámara de Senadores.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El gobierno del estado de Puebla señala que la “Ciclopista Hermanos Serdán” contribuirá a mejorar la movilidad en la capital de la entidad; sin embargo, dicha obra se suma a los 59.5 kilómetros ya instalados a través de diversas ciclopistas que hasta ahora sólo representan gastos al erario público, debido a que sus beneficios no han sido los prometidos y comprometidos por las autoridades.

En particular, la construcción de la “Ciclopista Hermanos Serdán” ha sido un desafío por la complejidad en la cimentación, sobre todo, en los nodos de “La Constancia” y en la parte del “Distribuidor Juárez–Serdán”.

De acuerdo con información oficial, la ciclopista tendrá una inversión de por lo menos 271 millones 382 mil 218 pesos, dicho espacio tendrá una longitud de 14.5 kilómetros y contará con dos glorietas, seis puentes y detalles de talavera a la altura de la ex-fábrica de La Constancia y frente al centro comercial Galerías Serdán1.

No obstante, debido a su poca planeación desde el inicio de su construcción, ha presentado diversas irregularidades, entre las que se encuentran las siguientes:

• Será la ciclopista más cara del país, según Armando Pliego Ishikawa, representante de una organización de ciclistas, quien ha afirmado a medios: “Estamos hablando que serán más de 30 millones de pesos por kilómetro de ciclopista, con esa cantidad se podría construir no 7 sino 200 kilómetros de ciclovías útiles y seguras para muchos centros urbanos del estado”2.

• El Ayuntamiento del municipio de Puebla ha otorgado permisos para que la empresa “Proyecciones en Obra Civil y Carreteras Beta, en asociación con FATPAD Proyectos” pueda derribar al menos 235 árboles que se encuentran en esa zona.

• Se han realizado cambios sustantivos al proyecto original, lo que evidencia nula planeación, entre ellas, la modificación de construir por el camellón central y no en las laterales, debido a que al hacerlo, se vulneraría la vida de al menos 785 árboles, esto en sintonía con informes de la Secretaría de Infraestructura y Transportes de la entidad.

• De acuerdo con la agrupación ciclista “Cholula en Bici”, la ciclovía que se construye en el boulevard Hermanos Serdán incumple con la norma municipal de Diseño e Imagen Urbana, la cual establece que toda infraestructura ciclista debe estar a nivel de piso3.

• La empresa “Proyecciones en Obra Civil y Carreteras Beta” encargada de la obra, fue sancionada con 10 mil 404 pesos por realizar trabajos que no estaban considerados en los permisos otorgados por el ayuntamiento de Puebla de Zaragoza.

En este contexto, el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial solicitó al gobierno del estado y al Ayuntamiento la justificación para derribar un número importante de árboles situados por el boulevard Hermanos Serdán4.

Debido al impacto negativo al medio ambiente y al nulo impacto para facilitar la movilidad, el Consejo Ciclista de Puebla presentó un proyecto alterno, con diversas mejoras como proyectos de captación de agua de lluvia mediante superficies en camellones laterales y centrales, mejoramiento debanquetas y confinamiento del carril ciclista.

El nuevo proyecto constituye una respuesta ciudadana a la construcción gubernamental, ya que ésta acusaba limitantes a la vialidad, vulneraba derecho de ciclistas y entorpecía los desplazamientos con pocas banquetas y luminarias.

Frente a este contexto, los legisladores del PRI consideramos de vital importancia que el Gobernador del Estado de Puebla, presente ante esta Soberanía, un informe pormenorizado sobre la evaluación de impacto ambiental y los permisos de construcción para edificar la “Ciclovía Hermanos Serdán”, debido a diversas irregularidades en el cumplimiento del cronograma de obra.

Además, estimamos necesario que la Auditoría Superior de la entidad realice una auditoría integral de los recursos destinados a dicha obra, por presuntas anomalías en las adjudicaciones, licencias de construcción y evaluación de impacto ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador del estado de Puebla, para que presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre la evaluación de impacto ambiental y los permisos de construcción para edificar la “Ciclovía Hermanos Serdán”, debido a diversas irregularidades en el cumplimiento del cronograma de obra. Asimismo, a la Auditoría Superior de la entidad, para que realice una auditoría integral de los recursos destinados a esta obra, por presuntas anomalías en las adjudicaciones, licencias de construcción y evaluación de impacto ambiental.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 24 de agosto de 2016.

Atentamente.

1 http://www.periodicocentral.mx/2015/gobierno/asi-sera-la-ciclopista-del-bulevar-hermanos-serdan-de-271-mdp-fotos

2 https://www.launion.com.mx/morelos/nacional/noticias/91301-$30-millones-por-km-costar%C3%A1-ciclopista-en-puebla-en-cdmx-cost%C3%B3-1-mill%C3%B3n-por-km.html

3 http://www.e-consulta.com/nota/2016-06-20/ciudad/la-nueva-ciclovia-esta-fuera-de-norma-acusan-regidores-y-ong

4 http://periodicocentral.mx/2015/municipio/cce-exige-estudio-de-viabilidad-de-ciclopista-hermanos-serdan





 

Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretarías de  Gobernación y de Educación Pública a cumplir con la aplicación de la Ley a fin de no seguir violentando el derecho constitucional de cada persona a la educación; asimismo, exhorta al Ejecutivo Federal a replantear el modelo educativo mexicano. Se turna a la Cámara de Senadores.

El suscrito, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, Senador de la República de la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, a cumplir con la aplicación de la Ley a fin de no seguir violentando el derecho constitucional de cada persona a la educación; así mismo se exhorta al ejecutivo federal a replantear el modelo educativo mexicano, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un derecho para la persona el recibir educación. Del mismo modo el artículo 2 de la Ley General de Educación establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Ahora bien, la reforma educativa promulgada en 2013 contempla la creación de un servicio profesional docente con el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la constitución del Instituto Nacional para el Evaluación de la Educación cuya finalidad es la evaluación de los profesores mediante un examen para el ingreso y permanencia en el servicio docente. Evidentemente lo anterior elimina toda la posibilidad de comprar o heredar plazas que como es de dominio público, eran de control del sindicato y mediante este y otro tipo de prácticas inadmisibles condicionan la educación.

En fechas recientes en México se ha endurecido la crisis político social, derivado de las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las afectaciones empezaron a ser evidentes con la afectación económica de las regiones en donde se ha intensificado la protesta, pero hoy el día en que oficialmente la plantilla escolar regresa a clases, muchos alumnos se ven afectados por la actuación pasiva del gobierno.

Hemos sido testigos de la falta de compromiso del gobierno hacia con los padres de familia y los alumnos en nuestro país, evidentemente hoy el 100% de los alumnos no está en las aulas y todo gracias a que el gobierno y la CNTE en su eterno dialogo dejaron sin educación a más de tres millones de alumnos.

Seguimos siendo testigos de la inacción del gobierno. El gobierno federal debe cumplir con su compromiso y aplicar la ley y con ello garantizar el derecho de cada niño a la educación.

El inicio de clases ha marcado la pauta para decir que el gobierno ha sido superado por un grupo que representa meramente intereses particulares, el gobierno cedió y ha optado por afectar a las niñas y niños que merecen una educación de calidad que les permita abonar el terreno de una mejor preparación, el gobierno les sigue fallando al no garantizarle ese derecho.

Por si lo anterior no resultara suficiente, los integrantes de la CNTE lanzaron amenazas contra los profesores que decidan regresar a clases en Oaxaca, en Acción Nacional rechazamos la amenaza y cualquier intento de violencia en contra de quienes cumplen con su vocación de enseñanza.

Lo anterior es una muestra más de que el modelo educativo mexicano debe ser replanteado. Cabe señalar que hoy de cada 10 pesos que se invierten en educación, 8 pesos se destina al pago de salarios. El problema radica en el modelo de control político que salvaguarda intereses sindicales.

El modelo educativo mexicano si quiere ser exitoso debe proponer soluciones que  permitan financiar directamente a las familias mediante un bono, no a los sindicatos ni a las burocracias educativas; darles el poder a los padres de familia para que elijan el lugar, la escuela y la forma de la educación de sus hijos, ante este modelo donde el dinero sigue al alumno y el alumno elige la escuela, las escuelas competirían por la preferencia de los alumnos, ofreciendo un valor agregado, que mejoraría la oferta educativa en el país.

La resolución de los conflictos no puede negociarse anteponiendo los intereses particulares sobre los derechos constitucionales garantes de la persona.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente resolución con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, a cumplir con la aplicación de la Ley a fin de no seguir violentando el derecho constitucional de cada persona a la educación.

Segundo. La Comisión permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el anuncio de la CNTE de ir a la cacería de los profesores que regresen a cumplir con su compromiso de dar clases; así mismo se solicita a la Secretaria de Gobernación implemente un operativo que evite actos de barbarie contra profesores que han incumplido los acuerdos dictados por la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a replantear el modelo educativo mexicano, tomando como base el que los padres de familia elijan la escuela y la forma de educación de sus hijos, así como el financiamiento directo a cada estudiante mediante un bono educativo para los alumnos, eliminando con ello las tentaciones de las burocracias educativas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 24 de agosto de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Michoacán a implementar controles de confianza eficaces que permitan prevenir la infiltración del crimen organizado en las instituciones de procuración de justicia y de la administración pública estatal. Se turna a la Cámara de Senadores.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo al artículo 60 de las Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, entre las facultades del Gobernador está designar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la administración pública estatal, cuyo nombramiento y remoción no estén determinados de otro modo en la propia Ley fundamental o en las leyes.

Asimismo, la Constitución michoacana faculta al titular del Poder Ejecutivo estatal para nombrar con ratificación del Congreso, al Procurador General de Justicia, así como removerlo libremente o a solicitud del Poder Legislativo estatal. 1

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo señala que los principios rectores del Poder Ejecutivo son: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, institucionalidad, transversalidad, Gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, sustentabilidad e igualdad sustantiva. 2

Para el correcto funcionamiento del Poder Ejecutivo, el Gobernador se apoya en diversas instancias entre las cuales se encuentra la Secretaría de Administración y Finanzas, que tiene entre sus atribuciones el contratar, controlar, disciplinar y coadyuvar en la selección y capacitación del personal de la Administración Pública Estatal. 3

Los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, dada la confianza ciudadana con la que se encuentran investidos, deben contar con los antecedentes personales y profesionales, conocimientos y experiencia acordes al cargo que desempeñan.

Contrario a los principios rectores del Poder Ejecutivo de Michoacán, recientemente se publicó en un diario de circulación nacional una nota informativa donde se dio a conocer que al menos siete mandos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán a los que se les imputan señalamientos graves y que incluso, algunos de ellos son exreos. 4

En el cuerpo de la nota intitulada “Aureoles pone como directivos en la PGJ a exreos, narcos…”, se especifican los señalamientos que existen en contra de al menos seis de esos funcionarios, destacando lo siguiente:

• Carlos Alberto Cedano Filippini, presunto exagente de la AFI y actual Director de Investigación en la Procuraduría michoacana, fue detenido en 2008 por la DEA con droga y 600 mil dólares que no pudo acreditar. “En 2008, tras ocho meses preso en Estados Unidos, un juez de la Corte Federal de Los Ángeles le fijó una fianza de 2 millones de dólares y obtuvo su libertad. En México, la PGR lo acusó de lavado de dinero, según el expediente UEIORPIFAM/AP/070/2009”.

• Olegario Contreras Macías, Director Regional de Investigación y Análisis en Zamora, fue presuntamente denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado por el comerciante Luis Alberto Flores Madrigal, quien lo acusó de secuestro y tortura. “La víctima no denunció ante la Procuraduría por temor, pues relató que fue en instalaciones de la misma dependencia donde agentes, encabezados por Contreras Macías, lo sometieron y querían ligar a la delincuencia”.

• Rogelio Arredondo Guillén, Director de Investigación y Análisis en Morelia, presuntamente “acusado por Oscar Osvaldo García, El Compayito, líder de La Mano con Ojos, de quedarse con 500 mil dólares, 2 millones de pesos y 18 kilos de cocaína, que llevaba cuando lo detuvo”.

• Guadalupe Alfredo Becerril Almazán, quien se desempeña como Fiscal de Atención Especializado Delitos Alto Impacto, y que además fue delegado de la PGR en Michoacán “donde fue cesado” por el caso Apatzingán. “Se dijo que el expediente que inició, tuvo lagunas que facilitaron la liberación de 43 de 44 detenidos por los hechos del 6 de enero de 2015, donde murieron 9 personas”.

• José Luis Caraveo Basaldúa, Director Regional de Investigación y Análisis en Lázaro Cárdenas, fue presuntamente detenido con armas en marzo de 2016 por la Marina. “Según reportes periodísticos, también ha tenido señalamientos de diversos ilícitos, entre ellos la extorsión”.

• José de Jesús Ortiz Jiménez, se presume que fue denunciado penalmente por el excomisionado de la Policía Federal, Javier Herrera, por haberle fabricado una acusación que lo tuvo más de cinco años en prisión. “Herrera dijo que éste y otros ministerios públicos de la PGR, dirigido por la exprocuradora Marisela Morales, utilizaron de dichos de testigos aleccionados y pagados por la propia PGR para implicarlo en el delito de narcotráfico”.

En atención a la trascendencia de la seguridad pública, es fundamental tener certeza de que los funcionarios responsables de dicha función, cumplen con el perfil idóneo.

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, considera importante y delicada la información dada a conocer por este diario de circulación nacional, máxime que en estos momentos Michoacán se encuentra en una situación complicada en lo que se refiere a seguridad y aplicación de la justicia.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades implemente controles de confianza eficaces que permitan prevenir la infiltración del crimen organizado en las instituciones de procuración de justicia y de la administración pública estatal.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán, para que presente un informe pormenorizado a esta Soberanía, en el que aclare las versiones publicadas por diversos medios de comunicación sobre funcionarios con presuntos antecedentes penales, que actualmente laboran en distintas instituciones estatales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
sede de la Comisión Permanente, el 24 de agosto de 2016.

Atentamente.

1http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/trabajo_legislativo/CONSTITUCION_POLITICA_DEL_ESTADO_REF._13_NOV_2015.pdf

2http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/trabajo_legislativo/LEY_ORGANICA_DE_LA_ADMINISTRACION__PUBLICA_REF._22_DE_ABRIL_DE_2016.pdf

3 http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/atribuciones/

4http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aureoles-pone-como-directivos-en-la-pgj-a-exreos-narcos.html#.V6tYrByschd.facebook





 

De los Diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Guadalupe Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a que, en el ámbito de su respectiva competencia y en el marco para la elaboración de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017, atienda a los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Cámara de Diputados.

Los suscritos, Diputados Federales YAHLEEL ABDALA CARMONA, EDGARDO MELHEM SALINAS, MARÍA ESTHER GUADALUPE CAMARGO FÉLIX y PEDRO LUIS CORONADO AYARZAGOITIA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 31distintas obligaciones de los mexicanos, entre las cuales en su fracción IV se señala la de contribuir para los gastos públicos, señalando que dicha contribución se realizara de manera proporcional y equitativa de acuerdo a lo que dispongan las leyes.

II.-El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que cuenta con el carácter de autoridad fiscal el cual tiene entre sus responsabilidades la de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras.

III.- En ese sentido y con fecha del 27 de Enero del 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 las cuales en su capítulo 3.4 establece los criterios para la importación de mercancía de uso personal para residentes fronterizos y en el apartado 3.4.1 señala lo siguiente:

“3.4.1 Para los efectos del artículo 61, fracción VIII, de la Ley, las personas mayores de edad que sean residentes en la franja o región fronteriza, por las mercancías que importen para su consumo personal, deberán cumplir con lo siguiente:

I. El valor de las mercancías no deberá exceder diariamente del equivalente en moneda nacional o extranjera a 150 dólares.

II. Los residentes que ingresen a territorio nacional en vehículo de servicio particular y en él se transporten más de dos personas, el valor de las mercancías que importen en su conjunto no deberá exceder del equivalente en moneda nacional o extranjera a 400 dólares.”

IV.- En ese orden de ideas, el capítulo 3.2.3 de dichas reglas establece las franquicias que habrán de cubrir los pasajeros en viajes internacionales, ya sean residentes en el país o en el extranjero, así como de los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza con destino al resto del territorio nacional además de contemplar el supuesto de que las franquicias de los integrantes de una misma familia podrán acumularse si estos arriban a territorio nacional simultáneamente y en el mismo medio de transporte conforme a lo siguiente:

“I. Cuando el pasajero ingrese al país por vía terrestre: mercancías con valor hasta de 300 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera.

II. Cuando el pasajero ingrese al país por vía aérea o marítima: mercancías con valor hasta de 500 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera.”

V.-La exposición de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 en su fracción I denominada “Reforma Social y Hacendaria” señala que en consistencia con lo establecido en los ejes “México incluyente” y “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la presentación del paquete económico incluía una iniciativa de Reforma Social y Hacendaria, haciendo mención de que las modificaciones al sistema tributario tienen entre sus objetivos el de dotar al país con un sistema fiscal más justo y más simple.

VI.- De igual forma dicha exposición de motivos en su punto 2 denominado “Medidas para mejorar la equidad del sistema tributario” señala que la propuesta de Reforma Hacendaria está orientada a mejorar la equidad del sistema tributario del país y a acotar o eliminar tratamientos especiales, garantizando un trato equitativo a personas con capacidades contributivas similares, en ese orden de ideas y de acuerdo a la multicitada exposición de motivos por parte del Ejecutivo Federal, las modificaciones relativas a la modificación al IVA “Están dirigidas a eliminar los tratamientos excepcionales más regresivos. Así, se propone homologar la tasa fronteriza con el resto del país.”, de tal forma que con estas justificaciones se llevó acabo la homologación al 16% del Impuesto al Valor Agregado en todo el territorio nacional, quitando así la tasa preferencial del 11% que existía en la zona fronteriza.

VII.-Tomando en cuenta lo anterior y tal y como se desprende del considerando III y IV de la presente propuesta, las franquicias y reglas aplicables para los residentes en la franja o región fronteriza no abonan a conseguir los objetivos del Ejecutivo Federal planteados en los considerandos V y VI, sumado a esto la diferencia que existe entre las mismas, carece de justificación o argumento de trascendencia para que continúen aplicándose en virtud de que estas son mucho menores a las que tienen derecho los habitantes del resto del país, situación que atenta contra los principios constitucionales de igualdad y equidad, por lo que en congruencia con los objetivos del orden jurídico vigente es imperativo que todas las disposiciones legales guarden armonía y procuren el estricto cumplimiento del orden constitucional.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria, para que en el ámbito de su respectiva competencia y en el marco para la elaboración de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017, atienda a los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y realice las siguientes acciones:

a) Homologue las franquicias a las que tienen derecho los residentes en la franja o región fronteriza con las que disfrutan los habitantes del resto del país;

b) Homologue las franquicias de los residentes de dicha franja o región que ingresan a territorio nacional en vehículo de servicio particular con las franquicias del resto de los pasajeros que ingresan al país y a su vez permita que al igual que estos últimos los residentes puedan beneficiarse del criterio que permite que las franquicias de los integrantes de una misma familia puedan acumularse si éstos arriban a territorio nacional simultáneamente y en el mismo medio de transporte; y,

c) Se elimine el tope máximo contenido en la fracción I del capítulo 3.4.2 y se apliquen los mismos criterios de su correlativo 3.2.2 en beneficio de todos los mexicanos.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 24 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Yahleel Abdala Carmona.- Dip. Edgardo Melhem Salinas.- Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix.- Dip. Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia.





 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel y Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a rendir un informe sobre las licitaciones para la adjudicación de contratos del servicio de limpieza en todas las instalaciones de esa institución. Se turna a la Cámara de Senadores.

Los suscritos, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARCELA TORRES PEIMBERT, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, ERNESTO RUFFO APPEL, y HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, (ISSSTE) A QUE RINDA INFORME SOBRE LAS LICITACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN TODAS LAS INSTALACIONES DE ESA INSTITUCIÓN.

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 134 que los recursos económicos de que se disponga la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, se administraran con eficiencia ,eficacia ,economía ,transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

En ese orden de ideas el párrafo tercero del referido artículo establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública que realicen, se adjudicaran o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto púbicamente ,a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

 Dicho lo anterior resulta relevante señalar que recientemente y con reiterada frecuencia en los medios de comunicación se han realizado señalamientos derivados de la falta de transparencia en las licitaciones públicas del Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, ISSSTE, en donde se presume existen problemas de corrupción en sus procesos, así como en el majeo de los recursos públicos.

La Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), elaboró un análisis, el cual fue publicado en enero de este año denominado, “Mejorando la Contratación Pública en el ISSSTE para Obtener Mejores Resultados”. Pese a las recomendaciones que el propio organismo internacional le hizo al ISSSTE para optimizar sus recursos en la contratación de los servicios que requiere, se presume, persisten vicios de amañamiento, simulación, contubernio o corrupción, que además de afectar el servicio a los usuarios, lesiona gravemente a las empresas que participan en los concursos de licitación que esta institución realiza.

Como muestra de lo anterior tenemos la licitación No. LA-019GYN005-N113-2015, para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza, planteado para 3 años y con la contratación de 3 mil trabajadores, cuyas Bases se publicaron en COMPRANET, el día 29 de junio de 2015 y cuyo proceso de asignación se concretó el pasado 24 de diciembre, teniendo diversos señalamientos de irregularidades y denuncias que fueron documentadas en diversas notas periodísticas, sin que hasta la fecha se hayan aclarado.

La información publicada, señala como responsables del mal manejo del proceso de esta licitación, a funcionarios que estuvieron a cargo de ella; ya sea para favorecer o afectar a las empresas que participaron en el proceso, en donde se presume que pudieron dar origen al cobro de comisiones ilícitas por sus acciones, lo cual hicieron aprovechándose de la ausencia del titular, luego del fallecimiento del entonces director, Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, la gravedad de los actos fraudulentos fue del conocimiento del actual director, José Reyes Baeza Terrazas, quien tomó el cargo del Instituto el 27 de agosto del 2015.

Dichas publicaciones señalan que las irregularidades para la asignación de contratos, alcanzó a funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quienes al parecer en contubernio, con los funcionarios del ISSSTE y a través de la emisión de oficios legalmente inexistentes de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMS), descalificaban arbitrariamente a los licitantes. En esta licitación estuvieron directamente involucrados en el proceso, su desarrollo y conclusión, entre otros el entonces encargado del despacho del Director General fallecido, de nombre Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, el director de administración del ISSSTE Juan Nazario Ahuatzin Ponce, la Sub directora de recursos materiales Adriana Saucedo Saucedo y la Lic. Aquilina Pérez Sánchez, entonces Subdelegada Federal del Trabajo en el Distrito Federal, así como funcionarios del Órgano Interno de Control en el ISSSTE.

Aunque esta licitación en principio fue cancelada, y se supone pretendían hacer una asignación directa, después por resolución de una inconformidad interpuesta en contra de la cancelación, se ordenó la reposición del fallo, la cual se concretó , “convenientemente” el día 24 de diciembre del año 2015, fecha en la que adjudicaron el contrato por un monto de $ 671,549,855.00 pesos a la empresa ,” IMAGEN DE INMUEBLES ,S.A. de C .V. en participación conjunta con P&C LIMPIEZA, S.A. DE C. V.,que había concluido en el último lugar en precio, misma que no cumplía con los requisitos de la Convocatoria, no tenía experiencia en limpieza hospitalaria, y que ofertó (y está cobrando) $ 154 millones 662 mil 022 pesos, arriba de la propuesta económica más baja que fue de $516,888,000.00 millones de pesos y que contaba con experiencia en la prestación de estos servicios, ofertada durante el proceso de licitación.

De las 10 empresas que participaron, rechazaron a 5 y las otras 4 obtuvieron una calificación baja y parcial en los puntos y porcentajes.

Resulta inexplicable que la empresa adjudicada que fue la que ofertó el precio más alto de las 10 propuestas presentadas, haya sido favorecida con un contrato de más de seiscientos millones de pesos sin experiencia previa alguna en este tipo de servicios. No se puede permitir que un servicio especializado y tan delicado como lo es la limpieza de nuestros hospitales públicos quede en manos de personal sin capacitación; los riesgos sanitarios podrían inclusive causar el deceso de algunas personas o contraer enfermedades graves, por el mal manejo de los desechos.

Derivado de este proceso irregular de contratación, varias empresas se inconformaron, algunas de ellas resultaron sancionadas bajo argumentos falsos, el órgano interno de control en el ISSSTE y la Secretaría de la Función Pública tiene constancia de ello.

Aunque tenemos evidencias que las empresas que participaron y perdieron la licitación, presentaron demandas en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quejas ante el Organo interno de control del ISSSTE, y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como denuncias en la Secretaría de Función Pública, tal parece que sus quejas y alegatos no prosperaron en su mayoría, fueron considerados improcedentes, no obstante que estaban fundados y motivados, o aún no se resuelven, dilatando su resolución, en pocas palabras, no han tenido acceso a la justicia pronta y expedita a la que tienen derecho.

De lo anteriormente señalado en el cuerpo del presente texto legislativo, parece indicar y sospechar que las propuestas desechadas, las bajas puntuaciones y las sanciones impuestas a los participantes en este proceso, son parte de un entramado que justifica la asignación del contrato a una empresa para obtener el resultado deseado, mismo que de manera legal, no se podría haber obtenido.

Así por lo anteriormente fundado y bajo el contexto de falta de transparencia y corrupción que vive la actual administración, sometemos a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, para que sea considerado de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que rinda un informe sobre las licitaciones para la adjudicación de contratos del servicio de limpieza en los hospitales, oficinas centrales, delegaciones regionales y unidades médicas, SUPERISSSTE, TURISSSTE, Escuela de Dietética y Nutrición en la Ciudad de México y su zona Metropolitanas de esa institución y rescinda el contrato derivado de la licitación No.019GYN005-N113­-2015,actualmente en vigor, y emita una nueva convocatoria en la que se lleve un proceso apegado a Derecho, respetando los principios Constitucionales y el espíritu de transparencia y rendición de cuentas del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública, para que rinda un informe a esta soberanía de las acciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre este caso en particular de la licitación referida.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que rinda a esta soberanía un informe sobre la actuación de sus funcionarios en relación con la emisión de los oficios de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, en particular, sobre la Lic. Aquilina Pérez Sánchez.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 24 de agosto de 2016.

Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.-Sen. Héctor Flores Ávila.





 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación con las declaraciones del gobernador del estado de Michoacán, sobre vínculos de estudiantes normalistas con células del crimen organizado. Se turna a la Cámara de Senadores.

La suscrita, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, Senadora de la República ante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II; 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo en relación con las declaraciones del C. Gobernador Constitucional del estado de Michoacán, Ing. Silvano Aureoles Cornejo, sobre vínculos de estudiantes normalistas con células del crimen organizado, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El pasado 14 de agosto, según se consigna en la nota, se publicó una declaración1 del C. Gobernador del estado de Michoacán, Ing. Silvano Aureoles Cornejo, en el sentido de que “Estudiantes normalistas y células del crimen organizado tienen vínculos para operar al margen de la ley”.

Una declaración en este sentido, genera inquietud pues estaríamos nuevamente ante posturas gubernamentales que demuestran la incapacidad para conducirse con base en una política pública sustentada en principios de respeto a los derechos procesales, búsqueda del diálogo y concertación política cuyo eje sea la solución de conflictos y se sumaría a la lista de gobernantes que responden, ante su ausencia de capacidad, con la criminalización de la disidencia y de la protesta social.

Las declaraciones de que “se están investigando los presuntos nexos entre los normalistas y delincuentes”, que se atribuyen al Ing. Aureoles, nos recuerdan las mismísimas palabras del Secretario de Gobernación al posicionar a las autoridades en uno de los más atroces acontecimientos ocurridos durante la noche/madrugada del 26/27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero en que fueron asesinadas 6 personas y desaparecidos 43 estudiantes, también, normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos/Ayotzinapa, a quienes se les acusó de estar vinculados con el crimen organizado para desprestigiarlos.

Estas posiciones en el contexto actual de protestas y movilizaciones del magisterio, sirven de pretexto para reprimir en lugar de atender las causas profundas que motivan a los estudiantes, y maestros que se oponen a las consecuencias de la reforma laboral disfrazada de reforma educativa, en lo que se refiere a la estabilidad y permanencia laboral, así como a la incertidumbre en el futuro de las normales del país.

2. Aunado a ello, las violencias criminal, institucional y estructural que se viven en el estado de Michoacán, precisan una actuación en extremo responsable de quienes tienen la obligación de preservar la seguridad de las y los ciudadanos. Declaraciones poco cuidadosas que vinculen a ciudadanos y ciudadanas con acciones realizadas por grupos delincuenciales, colocan a las y los primeros en una situación de riesgo que ya hemos conocido en el estado colindante de Guerrero, con fatales consecuencias para disidentes que son criminalizados por agentes estatales sin prueba alguna.

Es obligación de cualquier autoridad, más aún del Titular del Poder Ejecutivo estatal, el cumplimiento de las facultades legales para, a través de la instancia de procuración de justicia, recabar suficientes elementos para presentar ante autoridad jurisdiccional cualquier indicio, obtenido bajo los estándares establecidos en el nuevo sistema penal acusatorio, oral y adversarial, de una conducta probablemente constitutiva de delito.

3. El día 15 de agosto, el líder de la sección 18 de la Coordinadora, Víctor Zavala, respondió al señor Ingeniero Aureoles, acusándolo de estar provocando a los maestros y de amenazarlos con la represión2, cuestionado que se les ha descalificado a ellos como magisterio, así como a los grupos que los apoyan y convocó tanto al gobierno estatal como al federal para que se escuchen las demandas del movimiento.

4. No podemos dejar de reconocer que, a lo largo y ancho del país, ha habido expresiones radicales y excesos, que hay un clima de confrontación entre el gobierno federal y los actores magisteriales que se han opuesto, desde el sindicalismo oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la reforma llamada educativa que lo que pone de manifiesto es una acción contraria a los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación al colocar en la incertidumbre su permanencia a partir de criterios homogéneos de evaluación que no consideran las diferencias socioeconómicas, geográficas y culturales de las desiguales regiones del país.

5. En búsqueda de la apertura del diálogo para que se atiendan demandas de origen legítimo, no se deben cometer acciones vandálicas que afecten a terceros y trasgredan derechos. Por lo que, así como consideramos poco afortunadas las declaraciones del señor Gobernador, consideramos que tanto los servidores públicos adscritos al sistema educativo michoacano como los normalistas agrupados en la Organización de Normales Oficiales del estado de Michoacán, deben actuar en pleno respeto a los derechos de terceras personas.

6. El gobernador del estado y las y los profesores adscritos al sistema de educación pública son servidores públicos obligados a cumplir el tercer párrafo del artículo 1 Constitucional que a la letra dice:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

7. Por otra parte, el 15 de agosto, se detuvo a más de una treintena de normalistas integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, posteriormente aun enfrentamiento ocurrido en la caseta de peaje del municipio de Ecuandureo, según reporta un medio3, por lo que hacemos un llamado a que se instale una mesa de diálogo entre las autoridades educativas del gobierno del estado y la representación de las ocho escuelas normales agrupadas en la organización de normalistas, para que sea atendida la demanda de las plazas que incorporen a los egresados normalistas al sistema educativo público estatal-

8. Es importante destacar que desde hace ya varios lustros, se ha desplegado una campaña de desprestigio y ataque a la existencia de las normales en el país, sector social de la educación en situación de vulnerabilidad ciertamente radicalizado, pero con demandas muy puntuales que no han sido atendidas en décadas.

9. El pasado 19 de junio en el Municipio de Nochixtlán, Oaxaca, constatamos que la sinrazón gubernamental, cerrarse al diálogo y a la búsqueda de solución pacífica de los conflictos sociales, el uso desproporcionado de la fuerza pública sin cumplir las directrices establecidas en normas terciarias, pues no ha habido voluntad de legislar en la materia, pese a que hemos presentado iniciativas los tres grupos parlamentarios mayoritarios en este Senado, son generadores de violencia institucional con fatales consecuencias.

No se puede responder a la movilización social con declaraciones belicosas ni acciones represivas como las de Nochixtlán que se siguen investigando, incluso por esta Comisión Permanente, y de las cuales, a casi dos meses no tenemos claridad de la actuación de la Policía Federal en

10. Cuando el actual gobernador Aureoles era Senador de la República en junio de 2008, se aprobaron dos de los principales logros de la reforma al Sistema de Justicia Penal que recién entró en vigor, a saber: el derecho al debido proceso y el principio de presunción de inocencia, por lo que hacer declaraciones que criminalizan a ciudadanos y ciudadanas desde la más alta investidura estatal, y con ello, generarespeculaciones sobre presuntas conductas delincuenciales sin que haya conocimiento de que existe una investigación ministerial, resulta al menos poco responsable, cuando no francamente, violatorio de los dos preceptos constitucionales ya señalados.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo en relación con las declaraciones del C. Gobernador Constitucional del estado de Michoacán, Ing. Silvano Aureoles Cornejo, sobre vínculos de estudiantes normalistas con células del crimen organizado:

PRIMERA. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Ing. Silvano Aureoles Conejo a:

I.-No emitir juicios que criminalicen la disidencia social y pongan en riesgo la integridad física y moral de los y las estudiantes normalistas en el estado de Michoacán.

II.- Respetar el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso como preceptos constitucionales, en relación con cualquier ciudadano o ciudadana michoacana y a comportarse con la dignidad y respeto a los derechos procesales que su alta investidura merece, e

III.- Instalar una mesa de diálogo sobre las demandas locales específicas del magisterio michoacano y de las y los estudiantes normalistas para generar un mecanismo de solución en el marco de la agenda estatal de educación y derechos laborales.

SEGUNDA. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Ing. Silvano Aureoles Conejo y a las y los profesores adscritos al Sistema Educativo en el estado de Michoacán a cumplir lo establecido en el artículo 1 constitucional de promover, respetar, defender y garantizar los derechos humanos de todas y todos los michoacanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de agosto de 2016.

Suscribe

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.

1 Normalistas tienen vínculos con el crimen organizado: Silvano. 14 agosto, 2016. Juan Antonio Magallán. http://primeraplananoticias.mx/2016/normalistas-tienen-vinculos-con-el-crimen-organizado-silvano/

2 El gobierno nos provoca: CNTE. Blanca Padilla. 15 agosto, 2016http://primeraplananoticias.mx/2016/el-gobierno-nos-provoca-cnte/

3 Reportan detención de normalistas tras enfrentamiento en Michoacán. Corresponsalía. Lunes, 15 ago 2016. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/15/detienen-a-normalistas-tras-enfrentamiento-en-michoacan





 

De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar las medidas de atención a las quejas de los usuarios en materia de servicios de telecomunicaciones. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se hace un reconocimiento a los medallistas mexicanos y a los titulares del Instituto Politécnico Nacional y del Canal Once por la excelente transmisión de los XXXI Juegos Olímpicos. Se turna a la Cámara