Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 18 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 13



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Julio de 2016

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:41 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las señoras y señores legisladores.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se han acreditado 37 ciudadanos legisladores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de julio de 2016, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere copia de la versión impresa, por favor, solicítelo a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor también pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con veintinueve minutos del miércoles trece de julio de dos mil dieciséis, con una asistencia de veinticuatro legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el martes cinco de julio de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la ceremonia de la firma del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el pasado 23 de junio de 2016, en La Habana Cuba.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un documento que incluye diversas consideraciones,    estándares jurídicos y conclusiones sobre la función del salario mínimo, desde la perspectiva de los derechos humanos.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, 15 y 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 88 y se adiciona un artículo 86 Bis a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; y reforma el artículo 420 Ter del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Congreso del estado de Jalisco, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Congreso del estado de Jalisco, proyecto de Decreto por el que se declara el 9 de diciembre como Día Nacional contra la Corrupción.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Morelos, proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara, el Informe de las actividades realizadas en la IV Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico y en la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, que tuvo lugar los días 27 al 30 de junio del año en curso, en Puerto Varas, Chile.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, su Informe como Presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas, comprendido de septiembre de 2015 a junio de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de los Senadores Miguel Ángel Chico Herrera y Sonia Rocha Acosta, el informe de los trabajos realizados durante la XXXII Reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las Américas, la Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y las reuniones de las comisiones temáticas permanentes de ese organismo, celebradas en Aracaju, Brasil, del 1 al 3 de junio de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Senadora Gabriela Cuevas Barron, los informes de sus participaciones en: la visita de trabajo a Ottawa y Toronto, Canadá, realizada los días 31 de marzo y 1 de abril de 2016, para conocer la experiencia de ese país respecto al uso médico de la marihuana y, en la Primera Cumbre Humanitaria Mundial, en Estambul, Turquía, los días 23 y 24 de mayo de 2016.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores, su Informe de actividades 2015-2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado José Antonio Estefan Garfias, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de agosto de 2016.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron veintidós oficios, de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados.- Se realizó el escrutinio correspondiente. El Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de aprobación del Decreto. Se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Intervinieron los legisladores: Senador Enrique Burgos García del PRI; Senadora Gabriela Cuevas Barron del PAN; Diputado Omar Ortega Álvarez del PRD; Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano del PT; Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de MORENA; Diputada Angélica Reyes Ávila de NA; y Diputado Alejandro González Murillo del PES.

(Iniciativas)

El Diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley de Planeación; y se reforman la fracción III del artículo 11 y el primer párrafo del artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

 

La Diputada Patricia Sánchez Carrillo, a nombre del Diputado César Augusto Rendón García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Diálogo y la Construcción de Acuerdos para la Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre propio y de los Diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre propio y de los Diputados Verónica Delgadillo García y Elías Octavio Íñiguez Mejía, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 419 bis al Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Angélica Reyes Ávila, del grupo parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, doce dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al congreso del estado de Tabasco a revisar los aspectos legales y administrativos del personal contratado en la Secretaría de Educación Pública, así como en el Desarrollo Integral de la Familia estatal para evitar pagos improcedentes, como los que observó la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014.

2. Que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a considerar los beneficios ambientales, económicos, de movilidad y de espacio que se obtienen al usar la motocicleta como un medio de transporte habitual, y no restringir su uso al incluirlas dentro del programa “Hoy No Circula”.

3. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que el programa de modernización de transporte público relativo a los microbuses, sea llevado a cabo sin un aumento a la tarifa.

4. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre el procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo El Grande, Guanajuato; y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral al proceso de adquisición de los predios destinados a la instalación de la empresa Toyota Motor de México en dicho municipio.

5. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a enviar información de los criterios y resolución para la emisión de la declaratoria de emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 8 a 10 de marzo de 2016 en los municipios del estado de Jalisco.

6. Por el que se solicita información al congreso del estado de Nuevo León sobre la existencia de alguna denuncia interpuesta en contra del diputado local Samuel Alejandro García Sepúlveda, que motive el inicio de juicio política en su contra.

7. Por el que la Comisión Permanente convoca a las legisladoras y legisladores a presentar iniciativas en materia de ética pública en las campañas políticas.

8. Por el que se solicita información sobre las medidas de protección y resguardo de los trabajadores de los centros de salud del estado de Guerrero.

9. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a convocar a una mesa de conciliación entre autoridades de la delegación Venustiano Carranza, representantes de la Terminal de Autobuses de Transporte de Pasajeros de Oriente y comerciantes pertenecientes al mercado San Lázaro.

10. Por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México un informe sobre los recursos obtenidos tras el aumento a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

11. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe que detalle los montos recaudados por concepto de tala y derribo de árboles para la construcción de obra pública y privada, conforme a la norma NADF-001-RNAT-2006.

12. Que exhorta a la Jefa Delegacional en Tlalpan a informar sobre las acciones de gobierno destinadas a prevenir y erradicar la proliferación de tiraderos clandestinos en distintas colonias de la delegación.

Sin discusión, los doce dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuarenta y un dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad informe sobre las acciones que se han emprendido para la implementación del modelo de Centros Incluyentes de Atención Integral para niñas, niños, adolescentes.

2. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, aprobado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en noviembre de 2009.

3. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a remitir un informe sobre las acciones emprendidas para dar seguimiento y cumplimiento a los objetivos derivados de la resolución 69/6 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, denominada "El deporte como medio de promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz".

4. Que exhorta al Instituto Nacional de Migración, al gobierno del estado de Baja California y a las autoridades competentes del municipio de Tijuana, Baja California, a continuar brindando orientación y atención digna; y sigan garantizando la integridad y la seguridad de los migrantes provenientes de Haití, Somalia, Ghana y Etiopía, en tanto las autoridades de los Estados Unidos de América resuelven su solicitud de asilo.

5. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud y a sus equivalentes en las entidades federativas a fortalecer las acciones y los programas de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la obesidad en el país.

6. Que exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la satisfacción de los requerimientos nutricionales y alimenticios de niñas, niños y adolescentes en el país.

7. Que exhorta a la Secretaría de Educación y al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado de Jalisco a implementar las acciones que correspondan para atender las necesidades de infraestructura física educativa de las escuelas “Aurelia Guevara” e “Ignacio Allende”, ubicadas en el municipio de Tonalá, Jalisco.

8. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a remitir un informe actualizado sobre las acciones emprendidas para garantizar la adecuada implementación de las 13 recomendaciones que en 2014 le emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de salvaguardar la vida e integridad de las mujeres guanajuatenses.

9. Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a promover la celebración de un convenio con el gobierno del estado de Nuevo León para fortalecer las acciones y programas tendientes a prevenir y erradicar toda forma de discriminación en la entidad.

10. Que exhorta a las autoridades en materia de infraestructura física educativa de la Federación, de los estados, de los municipios y de la Ciudad de México, a realizar las acciones necesarias para retirar de los planteles educativos del país el mobiliario que ya no sea necesario y que comprometa la integridad y seguridad de las personas y/o las instalaciones.

11. Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a las Secretarías de Salud de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla y Morelos a emprender las acciones necesarias para asegurar la existencia en los centros del sector salud del faboterápico polivalente antialacrán.

12. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a fortalecer las acciones e incrementar las campañas regulares de salud visual y evaluación optométrica en todos los niveles de educación básica del país.

13. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las acciones y programas destinados a promover la inclusión laboral de las personas adultas mayores.

14. Que exhorta al gobierno del estado de Guerrero, así como a las autoridades del municipio de Atoyac de Álvarez, a realizar las acciones necesarias para concluir la construcción, equipamiento y puesta en operación de la clínica de atención y prevención de cáncer del Hospital “Dr. Juventino Rodríguez García”.

15. Que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a instrumentar las medidas necesarias para fortalecer y perfeccionar el Sistema Integral de Abasto de Medicamentos.

16. Que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer las políticas públicas tendientes a reconocer el valor de las lenguas y culturas indígenas; a promover el derecho al uso cotidiano de las mismas; y a instrumentar acciones específicas para revalorarlas y difundirlas, tanto en lo individual como en lo colectivo.

17. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, en el marco de la conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917, considere la viabilidad de producir y difundir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en formato impreso, electrónico, accesible, incluyente y en aplicación digital, especialmente elaborada para las niñas y niños educandos de las escuelas que componen la educación primaria en el país.

18. Que exhorta a los poderes ejecutivos y judiciales de las entidades federativas a fortalecer las acciones de prevención, protección y procesamiento del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

19. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a proponer a la Organización Mundial de la Salud la declaración de un día internacional de la salud materna y perinatal.

20. Que exhorta a la Procuraduría General de la República, así como a las procuradurías generales o fiscalías de las entidades federativas, a fortalecer los protocolos de denuncia y actuación para los casos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar y en las instituciones de asistencia social.

21. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las acciones y políticas públicas instrumentadas para avanzar en la erradicación del trabajo infantil en México; así como a identificar las adecuaciones legislativas necesarias para que el Estado mexicano esté en condiciones de dar pleno cumplimiento a las observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.

22. Que exhorta al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas a fortalecer las acciones presupuestales y administrativas encaminadas a garantizar la existencia de espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en las instalaciones en que se lleve a cabo el procedimiento de carácter jurisdiccional y administrativo en que deban intervenir.

23. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud, así como a las autoridades educativas y de salud de las entidades federativas, a implementar acciones y programas que contribuyan a disminuir la exposición de niñas y niños a la radiación ultravioleta en los centros escolares y fomenten una cultura de prevención y protección solar.

24. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados en Orlando, Florida, Estados Unidos y se solidariza con el pueblo de los Estados Unidos y con las familias de las víctimas.

25. Por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de la parlamentaria británica Jo Cox, repudia todo acto de intolerancia e irracionalidad y hace un llamado a erradicar la violencia política contra las mujeres.

26. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a evaluar y, en su caso, impulsar acciones que permitan hacer más eficiente y seguro el ingreso de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en Guatemala a nuestro país.

27. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a informar si cuentan con datos sobre los connacionales que han sido deportados de Estados Unidos de América y que, en su caso, se encontrasen realizando el procedimiento para obtener la condición de asilados; particularmente casos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

28. Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a seguir impulsando acciones para garantizar los derechos y la integridad de las y los habitantes de Salaverna, Mazapil, Zacatecas.

29. Que exhorta a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a tomar las medidas necesarias para realizar campañas de información y consulta a la ciudadanía sobre la elaboración de la Ley General de Cultura.

30. Que exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Baja California Sur a aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios que, en el caso de la joven víctima de violación sexual, incumplieron con la NOM-046-SSA2-2005, violando sus derechos.

31. Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal a impulsar acciones integrales de difusión en las que se destaquen los beneficios nutrimentales y para la salud que implica el consumo de cacao y sus derivados.

32. Que exhorta al ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, a informar sobre el resultado de las auditorías realizadas al Organismo Público Descentralizado, Consejo Municipal del Deporte.

33. Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las campañas de difusión acerca del arácnido conocido como “araña violinista”, a fin de que la población esté enterada de las consecuencias de su mordedura, síntomas y tratamiento y a garantizar que las clínicas y hospitales cuenten con el abasto suficiente del antídoto.

34. Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal a implementar campañas, estrategias y acciones para la detección temprana e integral del autismo en niñas y niños.

35. Que exhorta al gobierno del estado de Baja California a informar sobre las acciones que lleva o llevará a cabo para contar con un registro público que contenga la información general y estadística de los casos de violencia contra las mujeres, particularmente sobre el delito de feminicidio, para integrar el Base Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

36. Que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar o fortalecer las acciones existentes para prevenir y sancionar las conductas racistas y promuevan las medidas que resulten conducentes para generar una cultura de respeto, tolerancia y solidaridad.

37. Que exhorta a los integrantes de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario a informar sobre las acciones instrumentadas para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de diseño y aplicación de protocolos para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad.

38. Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco y a la Secretaría de Salud Federal a promover las medidas necesarias para garantizar la operación del Organismo Público Descentralizado denominado Hospital Civil de Guadalajara, con la finalidad de evitar la suspensión de sus servicios médicos.

39. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a modificar diversos puntos de la norma oficial mexicana NOM-046-66A2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención.

40. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a expresar solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y con el pueblo brasileño, ante el proceso antidemocrático por el que atraviesan.

41. Por el que se considera atendida la proposición que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ofrecer sus buenos oficios a fin de normalizar la institucionalidad democrática en Venezuela.

Sin discusión, los cuarenta y un dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a informar sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a distintas delegaciones en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.- Intervino el Senador Jesús Casillas Romero del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta a los gobiernos de Morelos, Puebla y el Estado de México a fortalecer los protocolos de seguridad, los programas de auxilio y las políticas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de la población ante las exhalaciones, actividad sísmica y caída de ceniza registradas en las inmediaciones del Volcán Popocatépetl.- Intervino el Diputado Raúl Domínguez Rex del PAN. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe sobre las acciones legales realizadas a partir de las irregularidades observadas por más de mil millones de pesos de diversos fondos dirigidos a la educación de Sonora, durante la pasada administración estatal.- Intervino la Diputada Mariana Benítez Tiburcio del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

4. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a hacer públicas las licitaciones relacionadas con los proyectos de obras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en León.- Intervino la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como a los organismos equivalentes de los gobiernos de las entidades federativas del país, a fortalecer las acciones encaminadas a crear y fomentar una cultura de respeto de todos los derechos de las personas con discapacidad.- La Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, hizo uso de la palabra para referirse a los dictámenes de la Segunda Comisión. Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI, a favor. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARILLO

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a enviar un diagnóstico sobre la actual situación hídrica a nivel nacional, así como las perspectivas para las próximas décadas a raíz del cambio climático.- Intervinieron los legisladores: Senador Gerardo Sánchez García del PRI; y Diputada Evelyn Parra Álvarez del PRD. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del gobierno del estado de Michoacán a intensificar las medidas y campañas fitosanitarias para atender la problemática relacionada con la proliferación de diversos tipos de plagas en la región norte de esta entidad federativa.- Intervino la Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. Que exhorta a las delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor en los estados y a las secretarías de turismo estatales a realizar acciones tendientes a verificar el correcto funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en los destinos turísticos del país, para evitar irregularidades en el servicio que prestan, así como cobros indebidos en perjuicio de los turistas.- Intervino el Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

4. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones pertinentes que contribuyan a agilizar el pago de los apoyos por contrato del programa incentivos por compensación de bases; asimismo, por la fijación de su monto en términos que permitan mantener el precio por tonelada de maíz.- Intervinieron los legisladores: Senador Jesús Casillas Romero del PRI, Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana del PRI y Diputado Clemente Castañeda Hoeflich de MC. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

5. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano a diseñar e implementar campañas de prevención que contribuyan a erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las mujeres.- Intervino la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, en relación con el abasto de productos básicos en el estado de Oaxaca.- Intervinieron las legisladoras: Diputada Mariana Benítez Tiburcio del PRI; y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores Roberto Gil Zuarth, Hilda Flores Escalera y otros de diversos grupos Parlamentarios, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se deroga el numeral II y se adiciona el inciso Y) al numeral III, ambos del artículo 7º de la Ley de Inversión Extranjera.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Guadalupe Hernández Correa, del grupo parlamentario de Morena, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción I de la Ley de Transición Energética.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 464 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar y prevención de embarazo en adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Diputado José Adrián González Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan una fracción XIII al artículo 4 y un inciso k) al artículo 18; y se reforman los artículos 99, 100 y 103 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones i y iii al artículo 27 de la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Maricela Serrano Hernández y Héctor Javier Álvarez Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código de Comercio, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera y de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo VIII, De los estímulos fiscales a la distribución de vehículos híbridos o eléctricos, al artículo 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25 y se adiciona un artículo 47 bis a la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona las fracciones XIV y XV al artículo 7 y la fracción V al artículo 13 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de Transición Energética.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Waldo Fernández González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 226 Bis y reforma el artículo 227 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18, 23 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley General de Educación, de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Martha Tagle Martínez, Mario Delgado Carrillo y Zoé Robledo Aburto, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados María Eloísa Talavera Hernández y Juan Pablo Piña Kurczyn, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer la transparencia total de los procesos de evaluación; y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a realizar, con apoyo de especialistas, una evaluación de todas y cada una de las evaluaciones del Servicio Profesional Docente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las sanciones administrativas y penales promovidas por presuntas violaciones y omisiones en materia ambiental y de vida silvestre relacionadas con la Granja Interactiva del Parque Ecológico Cuitláhuac, durante la administración de Clara Brugada Molina en la Delegación Iztapalapa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a no afectar los programas de infraestructura educativa, ante los recortes presupuestales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo los estudios necesarios que permitan evaluar la efectividad del actual programa de manejo del área natural protegida “Monumento Natural Yaxchilán” y, en su caso, valorar la posibilidad de adecuarlo a la problemática existente en el área.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades impulsen la cultura de buen trato a los animales y sancionen a los servidores públicos que propiciaron la muerte de un ejemplar en vías de extinción bajo su custodia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cancelar la ampliación de la concesión otorgada a OHL para la carretera Amozoc-Perote.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a reconsiderar la posibilidad de plantear una iniciativa para mejorar el sistema nacional de trasplantes o, en su caso, acelerar el análisis de la iniciativa que anunció en marzo de 2016 en materia de trasplantes, para integrarla a la discusión que han planteado distintas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a garantizar la aplicación de la NOM-033-SAG/ZOO-2014 en los Centros de control canino de dicha entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al presidente municipal de Zapopan a transparentar la contratación directa del espectáculo de lucha libre organizado con motivo del Día del Padre con la empresa Operadora MRV S.A. de C.V., ligada a un empleado del Ayuntamiento.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Colima.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a elaborar un reglamento en el que se establezcan los lineamientos generales para el mejoramiento de las condiciones de vida y oportunidades de las mujeres privadas de su libertad, así como erradicar todas las formas de violencia que se presentan contra ellas en los centros penitenciarios del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a programar la creación de un padrón nacional de cacaoteros.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Yarith Tannos Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca y a la Fiscalía General de dicho estado a promover y consolidar el mecanismo de protección y seguridad para periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades competentes para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de la Defensa Nacional a activar el plan de auxilio a la población civil en caso de desastres y, a su vez, giren instrucciones a efecto de concretar el establecimiento de un puente aéreo que permita atender la emergencia generada con motivo del desabasto de alimentos y medicamentos, por la falta de movilidad terrestre, que ha sido ocasionada por la toma y bloqueo de carreteras en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Enrique Zamora Morlet y Leonardo Rafael Guirao Aguilar, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar como prioritario dentro de su programa presupuestario anual, la difusión y promoción de La Ruta Del Cacao de Chiapas y Tabasco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades garanticen la seguridad de las y los deportistas mexicanos durante las próximas Olimpiadas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe Hernández Correa, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la titular de la Procuraduría General de la República hacer público un informe sobre el seguimiento de las acciones penales realizadas para acabar con la toma clandestina de hidrocarburos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco a implementar medidas sanitarias al confirmar mediante estudios de laboratorio la presencia de clembuterol en reses.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que precise las estrategias y operativos que se están instrumentando y las acciones que se tienen planeadas para consolidar un plan integral para prevenir la concentración de contaminantes en la atmósfera y agilizar la circulación vehicular en las principales avenidas de la capital del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruíz y María Marcela Torres Peimbert, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia a favor de la democracia y el estado de derecho y exhorta a la Secretaría de Gobernación a intervenir en el estado de Quintana Roo; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión de Derechos Humanos de ese estado para promover acciones de inconstitucionalidad, tendientes a revertir el paquete de reformas aprobado recientemente, conocido como “paquete de impunidad del gobernador”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que clasifique la investigación de los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, como violaciones graves a los derechos humanos; y exhorta a la comisión plural creada el pasado 22 de junio a realizar diversas acciones de investigación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados costeros del país a colaborar con la CONAGUA para implementar un sistema de vigilancia respecto de la extracción de materiales pétreos, así como para recuperar los bancos de arena.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Juan Romero Tenorio y Virgilio Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se condenan las agresiones de las que fue objeto la reportera gráfica María Meléndrez, del diario “La Jornada”, el 3 de julio de 2016, a manos de policías uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para impedirle realizar su labor informativa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar el segundo ajuste preventivo al gasto público que afecta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud, y publique los estudios o análisis que se hicieron para medir el impacto social y en el cumplimiento de los objetivos del plan nacional de desarrollo 2013-2018.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, a garantizar el cumplimiento del uso de suelo a fin de prevenir la construcción de asentamientos humanos irregulares en áreas de preservación natural y zonas de riesgo, a fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y alcanzar un desarrollo urbano sustentable.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el gobierno del estado de Veracruz, se establezca a la brevedad posible un programa emergente de atención dirigido a la población del municipio de Tierra Blanca, con la finalidad de ampliar y fortalecer la asistencia médica a las personas con insuficiencia renal crónica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Julio Saldaña Morán, Omar Ortega Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Director de Petróleos Mexicanos que informe cuáles son los logros alcanzados al mes de junio de 2016 de la estrategia de negocios de PEMEX Fertilizantes y los beneficios reales que la empresa FERTINAL ha aportado a los objetivos de Petróleos Mexicanos, en virtud de que la producción de amoniaco ha disminuido y el proyecto se ha postergado por dos años.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en relación con la posibilidad de certificar predios como “áreas destinadas voluntariamente a la conservación”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Serrano Lora, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar acciones por los precios altos del aguacate.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a hacer público el informe anual de la calidad del aire 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Rafael Yerena Zambrano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a intervenir para que no se suministren medicamentos de uso veterinario a niñas y niños por presencia de pediculosis.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado César Flores Sosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar las acciones necesarias para garantizar la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes del municipio de Monclova, Coahuila, ante las constantes represiones y ataques contra la libertad de expresión por parte del gobierno municipal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a no afectar los programas productivos y sociales en el sector agropecuario con motivo del segundo recorte presupuestal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo para generar una estrategia que permita que las reservas de la Biósfera de Montes Azules y Lacan-Tun cuenten con los instrumentos y políticas ambientales para evitar y combatir la tala ilegal, la cacería furtiva, los cambios de uso de suelo, los incendios forestales, así como la contaminación del Río Lacanjá.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Serrano Lora, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública y de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México a mantener la óptima, permanente y adecuada sincronización de los semáforos, a fin de agilizar el flujo vial, disminuir grandes cantidades de emisiones contaminantes y reducir el estrés por tráfico.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Salvador Zamora Zamora, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar cumplimiento a la sentencia mediante la cual deberá restituir o indemnizar las tierras ejidales de los ejidos del Zapote del Valle, Santa Cruz del Valle, Toluquilla y San José del Valle, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se ubica el hoy Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara.-Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de que sus respectivos portales web sean comprensibles, amigables y de fácil acceso y manejo, con el objetivo de garantizar el derecho al acceso a la información, reconocido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo relativo al cumplimiento de la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, en la verificación de los vehículos en la Megalópolis.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Julio Saldaña Morán, Omar Ortega Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a informar sobre la estrategia de venta y arrendamiento financiero acordada con la empresa “KKR” y si ésta se realizó de conformidad a la normatividad aplicable.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo para que concluyan las investigaciones en el caso de la muerte del ejemplar del gorila de tierras bajas de nombre Bantú, del Zoológico de Chapultepec.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado René Cervera García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a hacer público el estado que guarda el proceso de licitación de frecuencias de radio AM y FM.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a fortalecer durante el periodo vacacional sus mecanismos de difusión en relación a los viajes, paquetes y ofertas especiales que aerolíneas, líneas de autobuses, hoteles y otros prestadores de servicios turísticos, ofrecen en el marco del Programa “Viajemos Todos por México”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado César Augusto Rendón García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que     exhorta a Petróleos Mexicanos a publicar los gastos en recursos humanos y materiales que utilizan los consejeros independientes de la empresa y el sentido de los votos de los miembros del Consejo de Administración en cada uno de los Acuerdos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita la intervención del titular de la Secretaría de Gobernación en el proceso de transición del gobierno del estado de Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Virgilio Caballero Pedraza, Cuitláhuac García Jiménez y Araceli Damián González, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a instruir a los magistrados para que en sus resoluciones tomen en cuenta las recientes reformas al sistema penal, en beneficio del ciudadano José Manuel Mireles Valverde, actualmente preso en el Centro Federal de Readaptación Social No. 11, con sede en Hermosillo, Sonora.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se destine una partida presupuestal suficiente para fortalecer los esquemas de diagnóstico y tratamiento para las personas enfermas de “chaga” en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a declarar la alerta por violencia de género en el estado de Guanajuato y la notifique al poder ejecutivo de la entidad.- Se turnó a la Segunda     Comisión.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a investigar a Vicente Guillermo Benítez González por su probable responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación relacionados con carrera magisterial.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaria del Medio Ambiente, al Secretario de Obras de la Ciudad de México y al Director del Transporte Colectivo Metro a girar instrucciones para cumplir con las obras de amortiguamiento ambiental descritas en la Manifestación de Impacto Ambiental y las subsecuentes resoluciones administrativas relativas a la construcción de la Línea 12 del Metro en el predio conocido como “El Triángulo”, de la delegación Tláhuac.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar medidas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud de las personas, provocadas por el consumo de medicamentos sin prescripción médica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del estado de Oaxaca a instrumentar los programas, estrategias y políticas públicas necesarias para fomentar, promover y asegurar un clima de seguridad y tranquilidad social, en el marco de las actividades programadas en la Guelaguetza.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Luis de León Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar esquemas de financiamiento y crédito para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por los acontecimientos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, vinculados al conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en el marco de las mesas de diálogo instaladas con el SNTE y la CNTE, otorgue un trato objetivo, equitativo, justo e imparcial a las dos expresiones magisteriales, en aras de revisar a profundidad el contenido de la reforma educativa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas Araceli Damián González y Patricia Aceves Pastrana, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a excluir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Segundo Ajuste Preventivo al Gasto, correspondiente a 2016.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a reforzar el mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometida contra las mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer sus mecanismos de denuncia para promover y proteger los derechos del consumidor ante el aumento de casos relacionados con sobrecostos, publicidad engañosa, discriminación en los servicios, pagos indebidos e incumplimiento de ofertas o promociones ofrecidas en los servicios de televisión de paga, teléfono fijo y móvil e Internet.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal; al titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Educación Pública y al Director General del Colegio de Bachilleres, todos del estado de Yucatán, a dar cumplimiento a los Acuerdos pactados para los procesos de homologación 2005-2010 a fin de nivelar los salarios y prestaciones del personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres de dicho estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a redireccionar los ajustes preventivos anunciados el pasado 24 de junio, en el Ramo 4 Gobernación, para evitar disminuir los recursos asignados a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que sus servidores públicos no actúen al margen del estado de derecho.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las diferentes entidades federativas a implementar programas para la captación de agua de lluvia, preferentemente en las zonas más marginadas del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento y el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera, ambos del estado de Coahuila de Zaragoza, reemplacen la tubería de asbesto de la red de distribución de agua de la región carbonífera, a efecto de prevenir enfermedades y eliminar las fugas ocasionadas por el uso de dicho material en la red.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre la metodología y justificación específica del cálculo del aumento de la tarifa eléctrica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a instruir al Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad a fortalecer las unidades de atención y prevención de la violencia familiar dependientes de esa Secretaría, a partir del respeto a los derechos humanos del personal que labora en dichas unidades.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a implementar las acciones correspondientes para dar respuesta a la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en 14 municipios de la entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Luis de León Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a publicar los padrones o listados de beneficiarios del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, desagregados, por sexo, grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de las Mujeres a construir planes y programas con perspectiva de género para la atención y protección de las mujeres en reclusión.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a observar y, en su caso, emitir las recomendaciones correspondientes por el respeto de los derechos humanos de los jugadores profesionales de la Federación Mexicana de Futbol.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de     Seguridad y a los gobiernos de las entidades federativas del país a investigar, emitir alertas, difusión de información y medidas   preventivas sobre mensajes de texto de remitentes desconocidos enviados a miles de teléfonos celulares en el país, cuyo contenido son cinco puntos y el número uno, ante la posibilidad de tratarse de una estrategia delictiva para obtener información personal o de extorsión telefónica.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender las demandas del movimiento “Yo soy médico 17” y para que, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, garanticen la seguridad de los médicos que se encuentran laborando o haciendo prácticas profesionales en lugares considerados de alto riesgo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, al Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica, así como al gobierno del estado de Sinaloa que presenten un informe sobre el desarrollo de los juegos deportivos nacionales escolares de la educación básica 2016, realizados en Mazatlán, Sinaloa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos y a la Fiscalía General del mismo estado a cumplir con las normas relativas al tratamiento digno de los cadáveres que se encuentran relacionados con desapariciones y hechos delictivos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar programas de asistencia técnica y capacitación para la producción de orgánicos en las comunidades rurales marginadas de los estados con mayor potencial para desarrollar estas actividades.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Ormar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar las investigaciones y estudios necesarios para evaluar y reparar el daño por la posible contaminación causada por compuestos orgánicos persistentes, así como otras sustancias químicas peligrosas, para la salud humana y el ambiente, generadas como resultado de la explosión e incendio ocurrido el 20 de abril del 2016 en la Planta Clorados 3 de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo, ubicada en el complejo petroquímico de "Pajaritos" en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Cuitláhuac García Jiménez y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar las medidas necesarias para reducir al máximo la exposición al riesgo, salvaguardar la vida, integridad y libertad del defensor de derechos humanos, Jairo Guarneros Sosa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del estado de Puebla a dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/03/2016 de alerta de violencia de género contra las mujeres en dicha entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe relativo a las condiciones del Zoológico de Chapultepec, así como a la muerte y necropsia del gorila “Bantú”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión a derogar la actual reforma educativa y se impulse una transformación integral de la regulación del sistema educativo que corrija las actuales deficiencias y donde se tomen en cuenta todos sus componentes y se incluya a todos los interesados.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Delfina Gómez Álvarez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobernadores de los estados de México y de Morelos a  informar sobre las acciones y resultados de la alerta de género.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores María Marcela Torres Peimbert y Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, así como al congreso del estado, a atender y resolver las peticiones formuladas por los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, que se han opuesto a las modificaciones a la legislación local en materia de seguridad social, por considerarlas contrarias a los derechos constitucionales a la salud y a gozar de una pensión digna.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar de una investigación al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que indaguen los hechos derivados de la supuesta destrucción del templo ceremonial Otomí "Mayonihka" en el estado de Hidalgo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se condena la agresión cometida en contra del Diputado Federal Renato Josafat Molina Arias por parte de Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y Ana Gabriela Guevara, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a adoptar el Estándar FLW para el diseño de políticas públicas para la reducción del desperdicio de alimentos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los atentados terroristas acontecidos en los últimos días.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato de la lideresa social hondureña Lesbia Yaneth Urquía.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Delfina Gómez Álvarez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo relativo al incremento de la tarifa de la luz de uso doméstico.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Deporte y a la Auditoría Superior de la Federación a atender diversos asuntos derivados de la actuación de la Federación Mexicana de Ciclismo, A.C.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a considerar en las acciones que se lleven a cabo para el fortalecimiento progresivo del salario mínimo, los estándares y elementos expuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el documento "Salario Mínimo y Derechos Humanos", así como a urgir los trabajos de la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura del estado de Querétaro a revisar el estado que guarda el proceso penal seguido en contra del ciudadano Pablo Héctor González Loyola Pérez acusado de motín.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero, Mariana Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo la construcción de una escultura en reconocimiento a la leyenda popular de la “Lucha Libre Mexicana”, el “Blue Demon”, como una forma que permita además del merecido reconocimiento, la de fomentar el deporte, la disciplina y la superación de las personas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre las condiciones de cuidado y tratamiento de los animales en cautiverio en los zoológicos de la capital.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a redoblar los esfuerzos y emprender acciones que restablezcan el estado de derecho y disminuyan los índices de violencia que vive la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los diferentes niveles de gobierno y a los poderes públicos a redoblar esfuerzos tendientes a eliminar el trabajo infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la ampliación de recursos del proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 para programas de desarrollo social.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades educativas del país a vigilar que en el inicio del próximo ciclo escolar 2016-2017, no se condicione el pago de cuotas a cambio de la inscripción de los alumnos y para que los centros escolares no cambien el uniforme, a fin de ayudar a la economía de los padres de familia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evitar mayores ajustes al Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en especial a su sector central que ha sido especialmente afectado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades administrativas de los distintos órdenes de gobierno a no disponer de manera partidista de las instalaciones de gobierno o de los espacios públicos; y exhorta al Instituto Nacional Electoral a emprender campañas de cultura democrática entre los diferentes niveles de gobierno y la población.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Concepción Valdés Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al seguimiento a las recomendaciones del grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo sobre las mujeres que sufren violencia obstétrica en instituciones de salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fortalecer o redefinir la estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora contra los grupos del crimen organizado, dada la continuidad de los altos índices de criminalidad y ante la ola de violencia que padece el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Héctor Javier García Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación al Fondo de Apoyo a Migrantes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ivanova Pool Pech, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar las cuentas públicas correspondientes a la gestión del gobierno de Quintana Roo a cargo de Roberto Borge Angulo por el período 2011-2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Julio Saldaña Morán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a realizar los estudios pertinentes y a considerar en su presupuesto para el ejercicio 2017 los recursos necesarios para dar el mantenimiento correspondiente al tramo carretero Córdoba-Cosoleacaque.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a cumplir cabalmente la Recomendación 2VG/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos iniciada con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2015, en el Municipio de Ocoyucan, Puebla.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a informar la situación que guardan las quejas sobre el abasto de medicamentos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guanajuato a implementar las acciones necesarias para reforzar las estrategias de prevención y combate a la inseguridad, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de los ciudadanos de la entidad ante el exponencial incremento de ilícitos.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Abogado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Nacional del Árbol.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Miguel Romo Medina, del       grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario del natalicio de Saturnino Herrán.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Policía Federal.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población 2016: Invertir en las Adolescentes.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la muerte de Frida Kahlo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 114 aniversario luctuoso del escultor Jesús F. Contreras.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre la situación política mundial. - Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió intervención sobre la emisión de la Secretaría de Gobernación de la alerta de violencia de género contra las mujeres en 14 municipios del estado de Michoacán. - Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veinte de julio, a las once horas.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto, por favor.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibieron los siguientes oficios de la Secretaría de Gobernación:

Por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los próximos días 21 y 22 de julio de 2016, a efecto de atender la invitación del Presidente Barack Obama para realizar una Visita Oficial a Washington, D.C., en el marco de la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en Ottawa, el 29 de junio pasado.








Y el que remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear, celebrada en Washington, D.C., los días 31 de marzo y 1º de abril de 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el que remite información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2016”, del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de junio de 2016, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2015.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que informa que durante el mes de junio de 2016 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Continúe la Secretaría con las comunicaciones.






COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Segundo Informe Trimestral 2016, correspondiente al periodo del 1º de abril al 30 de junio de 2016.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional del Agua, por el que informa que los ingresos excedentes recaudados al término del segundo trimestre de este ejercicio fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento participantes en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

La Diputada Evelyn Parra Álvarez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Diputada Parra Álvarez.

La Diputada Evelyn Parra Álvarez: (Desde su escaño) Sí,  señor Presidente.

Solamente para informar que en este oficio, bueno, no se le hizo de la devolución del pago de derechos del agua, por lo cual necesitamos que se corrija esta situación.

Es cuanto.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Parra Álvarez. Tome nota la Secretaría.

Pasamos al siguiente asunto, por favor.






INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibieron dos oficios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con los que remite el Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional, correspondiente a 2016, modificado por acuerdo de la Junta de Gobierno el pasado 6 de julio; y la publicación denominada “Nueva Versión del Mapa Digital de México (MDM)”.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicha documentación a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Población de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su 3ª sesión ordinaria 2016, que se llevó a cabo del 20 al 24 de junio del año en curso, en Estrasburgo, Francia.








Y de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, con la que remite el informe de la Delegación del Congreso de la Unión, en ocasión del Encuentro Anual de la Red del Parlamento Abierto de ParlAmericas: “Hoja de Ruta Hacia la Apertura Legislativa: Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Ética”, realizado en Asunción, Paraguay, los días 26 y 27 de mayo de 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Dé enterado.






Compañeros legisladores, cada 20 de junio se festeja en nuestro país el “Día de la Secretaria”, por tal motivo, a nombre de la Mesa Directiva, deseo expresar una calurosa felicitación a todas las personas que realizan esa noble función en el Congreso de la Unión. Nuestra más sincera felicitación y nuestro agradecimiento por todo lo que hacen todos los días por los legisladores.

Y desde la Comisión Permanente, le enviamos un abrazo afectuoso al Presidente de la República, con motivo de su cumpleaños.

Compañeros legisladores, les informo que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para la recepción del Informe Anual de Labores 2015 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Este Acuerdo viene a sustituir uno precedente aprobado el 18 de mayo pasado, en virtud de que fue necesario un cambio en la fecha que teníamos prevista para la recepción de dicho informe.

En virtud de que está disponible en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que ha sido presentado.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo para la recepción del Informe Anual de Labores 2015 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Háganse las comunicaciones.






Honorable Asamblea, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo sobre la discusión en torno a la metodología y los criterios utilizados en el levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 2015.

En virtud de que dicho Acuerdo está a disposición en el monitor de sus escaños, ruego a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para la discusión abriremos una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, hasta por cinco minutos, en orden creciente, en función de la representación que cada grupo parlamentario guarda en el Congreso.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

El Diputado Alejandro González Murillo: Gracias, señor Presidente. Buenos días, compañeras y compañeros. Honorable Comisión Permanente:

La existencia de diferendos técnicos en la medición de la pobreza en México entre el Inegi y el Coneval debería generar mucho menos revuelo e indignación ética que la pobreza por sí misma.

Y es que, si bien es cierto, lo que no se mide no se puede evaluar, también es que al existir disparidad de criterios y estadísticas en materia de condiciones socioeconómicas de la población mexicana, en todo caso se buscará su conciliación en la rectificación de errores aritméticos, pues se tratará finalmente de un asunto de números.

La pobreza, además de ser un fenómeno social mesurable, implica también un menoscabo a la dignidad de las personas y una amenaza actual, real e inminente a la realidad y el porvenir de generaciones enteras de mexicanos, de ahí la necesidad de contar con leyes y políticas públicas de calidad, pertinentes y suficientes que nos acerquen a su combate y erradicación.

Señoras y señores legisladores, no nos confundamos, especialmente si hablamos de pobreza, la diferencia de criterios siempre es un elemento de transformación social si se resuelve con altura de miras a la diversidad, hay que valorarla, es la desigualdad a la que tenemos que combatir.

Se ha levantado un escrutinio muy puntual y estridente respecto de este disenso entre el Coneval y el Inegi.

Qué bueno que así sea y qué bueno que así fuera también para señalar la incongruencia y la falsa austeridad de quienes se han ostentado falazmente como defensores de los pobres.

En Encuentro Social tenemos claro que siempre se necesitará mayor talento y visión de Estado para defender y fortalecer a las instituciones, que desplegar toda clase de acciones clientelares y conducirse con verdadera mesura y privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones de política social.

Si es verdad que hablamos de acuerdo con lo que abunda en nuestro interior, no nos deberá sorprender el oportunismo de quienes siempre han sacado raja a partir de la politización de la pobreza y confunden debate con confrontación entre entes del Estado.

Para los próximos días se han propuesto ya diversas reuniones con los titulares de las instituciones discrepantes en las tres comisiones que integran esta Comisión Permanente.

A nombre de mi bancada hago votos para que, de aprobarse, durante su desahogo no se pierda de vista que la opción preferencial debe dirigirse a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza y marginación, con independencia de que los números y fórmulas pudieran representar.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado González Murillo.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Álvarez Maynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: Gracias, señor Presidente.

Yo creo que el gobierno y sus aliados siguen errando el tiro y muy confundidos de enemigos.

Este asunto del Inegi no es un problema con la oposición política y partidista. No hay ni una sola voz consistente, seria, académica, de ningún economista, de ninguna tendencia. Ni siquiera los economistas liberales pueden defender técnicamente que el módulo de condiciones socioeconómicas que se presentó, tenga fundamento alguno.

Lo que evidencia esta actitud del Presidente del Inegi, porque además él ha ratificado en sus conferencias de prensa, en sus pronunciamientos públicos, es que hay un agenda pactada para su nombramiento con el gobierno federal, que pone en riesgo la autonomía del instituto, y eso es lo más grave porque no se puede justificar, ni siquiera en los propios documentos que ellos presentaron con el módulo de condiciones socioeconómicas, hay fundamento para justificar lo que pasó con esta metodología.

Cuando ellos entregaron sus apuntes sobre este módulo al Coneval, a la comunidad académica y a la comunidad de expertos, decían iban a cuidar que lo que se publicara, que los resultados de este estudio tuvieran comparabilidad histórica, y justamente para lo que no sirve este modelo es para registrar cambios, para comparar tendencias y para comparar la evolución de los datos sobre la pobreza en México.

Lo que demuestra el régimen con esta intervención absurda en la autonomía del Inegi, son tres cosas muy preocupantes:

La primera, es que siguen creyendo que pueden mentir impunemente y con facilidad en una época en la que las redes sociales, las tecnologías de la información y la conciencia ciudadana ya no permite a los políticos mentir con impunidad. Pensaron que nadie se iba a dar cuenta en un país en el que ya hay conciencia crítica, y estas cosas no pasan inadvertidas.

La segunda es que se sabotean a sí mismos porque la política pública para combatir la pobreza, tendría que estar inspirada en mediciones certeras. Aquí no vamos a festejar datos que no se sustenten en la realidad. Los datos, las estadísticas no alteran la realidad.

Y lo que nos debería interesar en el combate a la pobreza es el bienestar, la calidad de vida de las personas, no la estadística y los datos alrededor de la pobreza en México.

Pero lo más grave que vuelve a evidenciar el régimen con esta intromisión en el Inegi, es que no entiende para qué sirve la autonomía. Ha violentado la autonomía reiteradamente el Presidente de la República en la lucha anticorrupción, la ha violentado ahora en la lucha contra la pobreza, la ha violentado en el asunto de la justicia.

Nosotros creemos que un país que avanza sin contrapesos, es un país que avanza hacia el fracaso.

Este asunto, y lo dicen incluso los economistas más moderados, es una vergüenza histórica, es un caso inusitado para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y es un antecedente gravísimo para la vida pública e institucional del país.

Que el Inegi salga a mentir, que el Inegi salga a inventar cifras, es algo que no debe pasar inadvertido

Por eso nosotros avalamos, apoyamos el Acuerdo que hoy se está discutiendo. Por eso creemos que es muy sana la comparecencia y por eso creemos que se debe enmendar este error histórico por parte de una institución que en medio del fango que ha tenido la vida pública de México, había conservado legitimidad y había sido orgullo nacional más allá de partidos y de colores.

Meter al Inegi a la contienda electoral de 2018 es un error que se debe enmendar, no solamente por parte del propio instituto, sino de que se le debe de llamar al Presidente de la República y al gobierno federal a evitar este tipo de tentaciones de cara a las elecciones, porque si hoy violan la autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el día de mañana también van a querer hacer un uso selectivo de la justicia para interferir con el proceso electoral de 2018.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Álvarez Maynez.

Tiene el uso de la voz la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor Presidente.

El viernes pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los datos de los ingresos de los hogares del módulo de condiciones socioeconómicas 2015, con la finalidad de proporcionar un panorama estadístico de las variables necesarias para la medición multidimensional de la pobreza, establecidas en la Ley General de Desarrollo Social.

En la presentación y editorial de dicho documento se mencionaron varias cosas: Nos señalaron que el módulo de condiciones socioeconómicas mantiene el diseño conceptual y estadístico de los anteriores; sin embargo, las acciones instrumentadas para mejorar la captación de ingreso en campo hacen que el módulo de este año no sea comparable con los ejercicios estadísticos previos.

El Coneval señala que los cambios en la captación del ingreso realizado por el Inegi fueron una decisión exclusiva del Inegi en el 2015, y al margen del convenio de colaboración que Coneval tiene con el instituto, sin embargo, dichos cambios carecen de documentos públicos de carácter técnico que los justifiquen, y no fueron debatidos técnicamente con el Coneval, ni anunciados de manera oportuna, por lo que el proceso de captación de ingreso que elaboró el Inegi no fue transparente.

Si lo que afirma el Coneval es cierto, sin duda, el Inegi incurrió en falta. Se debe recordar que el Coneval no es un órgano académico, sino la instancia a la que la Ley de Desarrollo Social faculta para mediar la pobreza en México.

Como se desprende de estas lecturas, la evolución y perfeccionamiento de los mecanismos generadores de información, no está a discusión, lo que está a discusión es la falta de transparencia del Inegi para establecer nuevos criterios en la captación de información en el rubro de ingreso de los hogares en México, y la importancia de permitir que las estadísticas sean comparables en el tiempo.

Esto nos conduce a una crisis de credibilidad de la información oficial. Sería desastroso que las cifras y criterios de dos instituciones del Estado estén bajo sospecha sobre metodologías laxas o hechas a modo para distorsionar la realidad que vivimos.

El diseño de las políticas públicas en México serán duramente cuestionadas, porque la población objetivo a la que deben atender no están objetivamente clasificadas. Peor aún, que el Ejecutivo Federal presione a los órganos autónomos para maquillar, perdón, para una reconstrucción total de una realidad, que será meramente virtual, las señales así lo muestran.

En octubre pasado, el Director del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, cuestionó al Inegi al asegurar que la forma en que se mide actualmente el Producto Interno Bruto del país no es la correcta, porque el crecimiento económico del país no parece empatar con algunos indicadores de recaudación, consumo y empleo.

Otro ejemplo. Antes del viernes 15 de julio, el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, cuestionaba en cada oportunidad la metodología de todos los órganos que miden la pobreza en México, porque sólo se enfocan en el ingreso y no en diversas carencias sociales.

Ayer, el Secretario Meade avaló la metodología del Inegi porque los datos ya se acomodaron con la labor de la Secretaría de Desarrollo Social. Sería muy grave que esto sea el preámbulo de menguar la autonomía del Inegi y se presione al Coneval, grandes fábricas de información sobre las cuales se diseñan políticas públicas en México, que por su autonomía se había ganado el respeto como contrapeso a las estadísticas y mediciones del gobierno.

Lo que ha hecho el Inegi con este cuestionario no puede ser visto de manera ingenua.

Por todo ello, el grupo parlamentario de Morena está a favor de que ambos funcionarios sean citados a una mesa de trabajo, y esto nos lleva a pensar, al ratito, que no salgan a pedir perdón por las omisiones o por las negligencias que han cometido.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
OMAR ORTEGA ÁLVAREZ

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Diputada Nahle García.

Tiene el uso de la voz la Diputada Sharon Cuenca Ayala, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Con su venia, señor Presidente.

El Coneval tiene la atribución de medir la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, para lo cual utiliza la información generada por el Inegi, especialmente a los indicadores en materia social.

Las estimaciones generadas por el Coneval son importantes porque permiten a los gobiernos planear y desarrollar estrategias más eficientes para el combate a la pobreza.

Por ello resulta necesario que las estimaciones del Coneval estén fundamentadas en datos claros y confiables.

En este sentido, las estimaciones de pobreza de 2014 se calcularon con base al Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos-Gastos de los Hogares, elaborada por el Inegi, como aquí ya se ha referido. Sin embargo, para la encuesta del año pasado, se usó otra metodología que no es compatible con los criterios utilizados anteriormente.

El Coneval afirma que los cambios han repercutido en la estimación de la pobreza dentro del 2014 y 2015, aumentando 11.9 por ciento el ingreso corriente de los hogares a nivel nacional y 33.6 por ciento en el ingreso en los hogares más pobres en un solo un año, lo cual no es congruente con las tendencias observadas en otros documentos del propio instituto, me refiero al Inegi.

Por otra parte, antes de presentar los nuevos resultados, el Inegi ya había declarado que mejoraría los cuestionarios para perfeccionar la medición en la captación del ingreso de las familias, a fin de ofrecer a la sociedad una medición mucho más precisa a petición de instituciones como la OCDE.

Como resultado de esas mejoras, el Inegi ya tenía previsto que los resultados anteriores y actuales no serían comparables, por lo cual se requiere un ejercicio de retro población para poder comparar los resultados.

En el periodo del 15 de agosto al 15 de noviembre del año pasado, el Inegi bajo la dirección de Eduardo Sojo, presentó el cuestionario el Coneval, quien lo aprobó antes de ser aplicado.

Ante esta situación de conflictos, entre el Inegi y el Coneval, debe prevalecer la objetividad, tomando en cuenta que el combate a la pobreza es el principal objetivo y es uno de los problemas más complejos que afronta el Estado mexicano.

Es lamentable que dos autoridades técnicas envueltas en un conflicto, estén envueltas en un conflicto político que vamos muchísimo más allá de criterios técnicos.

Es por ello que los legisladores del Partido Verde no estamos de acuerdo en que se intente hacer creer a la sociedad que el gobierno federal intenta disfrazar el nivel de pobreza. Sin embargo, existen dudas al respecto y consideramos que quien debe dar las explicaciones es el anterior Presidente del Inegi.

Que llamemos a Eduardo Sojo, quien durante su gestión demostró ser una persona coherente y tener una buena relación con el Congreso.

¿Por qué no invitarlo a que sea él quien de las aclaraciones que están suscitando estos problemas y estas dudas?

Reconocemos la fortaleza técnica de ambas instituciones y en este espacio es donde debería de darse el diálogo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias. Agradezco la participación de la Diputada Cuenca Ayala.

Tiene el uso de la voz la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros.

En el sentido de un tema tan importante, debemos destacar que hoy hay inscritos siete puntos de Acuerdo respecto de este tema, del Inegi-Coneval, donde vemos algo como una pugna técnica entre instituciones y hacemos votos porque así sea.

Tanto la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, que me honro en presidir, como el grupo parlamentario del PRD, apoyamos el hecho de que se transparente por medio de una reunión de trabajo donde tengamos a ambos titulares para darnos información más a detalle respecto de cómo fue que se modificaron los manuales de capacitación de los entrevistadores que se encargarían de recabar esta información de ingresos.

Se trata, efectivamente, de medir más y mejor, y para poder medir la captación de ingresos de los mexicanos necesitamos hacerlo de manera transparente y, en este caso, de manera bilateral.

Objetamos que el Inegi de manera unilateral, haya modificado este formato de capacitación, por lo que consideramos una necesaria explicación, no sólo a los miembros de esta Tercera Comisión que es la que estamos proponiendo, sino también al propio Coneval, ya que ellos dependen de los datos del Inegi, para hacer sus mediciones.

Nos preocupa que hacia afuera se vea esto como una pugna entre instituciones, pero nos preocupa aún más que los datos que arroje esta medición no tengan comparativo, y al no tener comparativo no quiere decir que no sean reales, puede que así sea, pero en una crisis tan severa de instituciones como la que estamos viviendo hoy, requerimos de transparencia y para tener transparencia consideramos que la mejor manera es hablando con claridad en dos reuniones distintas donde tengamos a los titulares para que comparezcan y nos expliquen el cómo y el por qué se realizaron estos cambios, y que de ahí tomemos medidas para ver cómo vamos a comunicar a la ciudadanía las cifras que arrojarán estos resultados.

Es decir, el hecho de que captemos mejor el ingreso de los mexicanos no significa que haya disminuido la pobreza.

De ahí la importancia de hacer un trabajo sin ningún sesgo que no sea ni partidario ni político, donde tengamos transparencia total, y por eso pugnamos porque se presenten ambos titulares en distintos momentos ante esta Tercera Comisión a exponernos a detalle qué fue lo que motivó, y cómo fue que se cambió este manual de capacitación, sobre todo, en el sentido que nos alarma más, que es esta decisión que se tomó de regresar a los hogares, que después de la encuesta afirmaban tener cero ingresos, esa parte nos preocupa porque es muy delgada la línea entre el regresar a un hogar y decir: ¿a ver, tiene usted ingresos cero, pero usted tiene programas sociales, o no le sirve el Programa Prospera? ¿No come sano, variado y suficiente? ¿No tiene el Programa de Leche Liconsa?

Esa parte es la que nos preocupa, y requerimos de mayor transparencia, que nos informe cómo se tomó esta decisión, que veamos los indicadores internacionales de estas mediciones para medir mejor la captación del ingreso, por lo que nos pugnamos a favor de esta propuesta.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Senadora Vianey Mendoza.

Tiene el uso de la voz la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

El Inegi y el Coneval son organismos autónomos que tienen muy serias implicaciones en la vida del país y en la de millones de mexicanos.

El Inegi se encarga de producir, integrar y dar a conocer información estadística en materia de economía, estadística sociodemográfica y geografía, y cuya coordinación con dependencias del gobierno federal es fundamental para el diseño de políticas públicas.

El Coneval, por su parte, tiene la responsabilidad de emitir lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza utilizando la información que genera el Inegi mediante los indicadores ingreso-corriente per cápita, rezago educativo, promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.

La importancia de las mediciones de pobreza radica en que estos datos proveen la visibilidad requerida para combatir la pobreza, además de que permiten a distintos órdenes de gobierno planear y desarrollar estrategias necesarias y mecanismos de intervención más eficientes orientados a reducir la pobreza que tanto lastima a nuestro país.

El trabajo del Coneval ha sido clave para que la política social se mida y se evalúe, para que dé resultados también, y lo más importante, para que a nivel federal deje de ser utilizada como una herramienta electoral o política.

El conflicto entre estos dos órganos nos preocupa seriamente, ambas instituciones requieren tener como pilar para su trabajo la credibilidad.

No podemos darnos el lujo de poner a la ligera en tela de juicio o en duda su desempeño, sobre todo porque el Inegi provee al país y a los tomadores de decisiones de datos clave para combatir el principal problema y reto que enfrentamos, que es la pobreza.

La superación de 55.3 millones de mexicanos que padecen esta dolorosa situación.

El rol del Coneval ha sido prioritario, muestra de ello es que hace pocos meses, gracias a su trabajo, conocimos que en los primeros años de este sexenio el número de personas en pobreza se incrementó en 2 millones de personas, por lo que desde el Congreso se exigió que el gobierno actuara decididamente replanteando la política social, fundamentalmente la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Como dije hace un momento, nos preocupa que el Coneval haya cuestionado la metodología del Inegi para elaborar las estimaciones de la pobreza en México. Esto provocó que el levantamiento 2015 se reflejara en un módulo que no es comparable con ejercicios estadísticos de años anteriores.

Se ha señalado que la modificación que hizo Inegi, alteró los resultados sobre el ingreso de los hogares que se puede apreciar con los siguientes ejemplos:

Incremento real del 11.9 por ciento en el ingreso corriente de los hogares a nivel nacional y más del 30 por ciento en algunas entidades federativas, entre 2014 y el 2015.

Se presenta un incremento real del 33.6 por ciento del ingreso en los hogares más pobres en tan solo un año, lo cual no es congruente con la tendencia que se ha venido manifestando en otros periodos.

Desconocemos, incluso, si estos incrementos guardan alguna relación con el hecho de que en el año 2015 fue un año electoral y esto impactó los resultados, o como lo han dicho expertos o la misma OCDE, hay una brecha de hasta el 70 por ciento entre los datos obtenidos en las encuestas con los observados en la realidad. Esto vulnera la solidez de la información que sirve de base para decisiones sumamente trascendentes.

Consideramos de enorme relevancia que acudan ambos titulares a reuniones con la Comisión Permanente, que nos expliquen a cabalidad la motivación y el impacto de esta situación.

Además quiero señalar, que los legisladores del PAN queremos dejar en claro que hay enormes pendientes en esta materia, uno de ellos es que la emisión de la Ley Orgánica del Coneval sigue pendiente porque ha faltado voluntad política.

Hay que decir las cosas como son. Ha habido un bloqueo, se ha incumplido con el mandato de un transitorio de la reforma política que fue aprobada en el Congreso hace más de dos años.

Insistimos también en que el Presidente de la República no debe ser quien nombre al Presidente del Inegi, ya que no debe haber resquicio alguno a la duda sobre la autonomía, la imparcialidad, la veracidad y la confianza, principios bajo los cuales el Inegi construye su confianza de cara a los mexicanos.

Hay una iniciativa pendiente del Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación, que espero poder, entre todos, discutirlo el próximo periodo ordinario.

Las reuniones que sostendremos la próxima semana son una muestra de la disposición de los grupos parlamentarios, de la disposición de la Mesa Directiva para ayudar, de alguna manera, y que ambas instituciones sigan trabajando a favor de México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Tiene el uso de la voz el Senador Manuel Cavazos Lerma, del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Con su venia, señor Presidente de esta Comisión Permanente. Compañeras y compañeros congresistas:

Nuestro partido está a favor de esta comparecencia para zanjar esta diferencia entre técnicos que ha tenido connotaciones políticas. Pero es conveniente ir a la raíz del problema.

Aquí en este mismo lugar, en agosto de 2015, estuvo el Director del Coneval y estuvo también la Secretaria de Desarrollo Social.

Y aquí se les comentó: Que la metodología estaba equivocada, que tenía un lamentable sesgo, una gran subestimación, en parte, porque los cuestionarios no eran los adecuados y el método de captación y de revalidación de los resultados no era el correcto, y se empezaron a hacer los cambios, no en la metodología, sino en el trabajo de campo, y en ese trabajo de campo se les solicitó que si alguien decía que tenía ingresos de cero y era visible, era ilógico que tuviera ingresos de cero y hubiera una segunda visita.

O que alguien dijera: “Pues yo gano tanto, pero no sé cuánto gana mi esposa, ni cuánto ganan mis hijos”. Y era necesaria una segunda visita para que se trataran de obtener datos más objetivos, más confiables.

Estos cambios los notificó el Inegi al Coneval. El Coneval no puede darse por desentendido, por eso es importante que venga aquí para ver qué pasó con esas sugerencias que se hicieron desde este lugar y que después se formalizaron a través del Inegi, que entonces estaba dirigido por Sojo, y no puede decir que se hizo de manera opaca, unilateral o poco confiable. Por eso es importante que vengan aquí a decirnos.

Lo que sí suscita dudas, es citar al actual Director del Inegi, que entró el 1º de enero de 2016, y no a quien fue el protagonista o el iniciador de esta desavenencia.

Pero también conviene destacar que en todo el mundo hay una brecha entre el ingreso que miden estas encuestas, que les llaman Módulos de Condiciones Socioeconómicas y las cuentas nacionales que son métodos más completos, pero también es bueno que venga aquí el Director del Inegi, ahora sí el actual, para pedirle que siga haciendo lo que antes se decía que eran las metodologías o las tablas de insumo-producto, para que el ingreso fuera compatible con el gasto, que la oferta agregada fuera compatible con la demanda agregada. Ejercicio que ya no se hace en el Inegi y que debiera hacerse para mayor objetividad de la cifra de ingresos que es crucial en la medición de la pobreza.

La OCDE tiene medidas la subestimaciones entre ambas cifras, cuentas nacionales y encuestas de ingresos y gastos, y el país con mayor discrepancia es México.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares apenas capta el 40 por ciento de los ingresos que captan las cuentas nacionales y es la cifra más alta en América Latina y la más alta entre los países de la OCDE. Por lo tanto, desde entonces, en agosto de 2015 se le pidió al Inegi y al Coneval que hicieran los ajustes necesarios para reducir esa discrepancia.

Es importante tener buenas cifras para identificar, medir y evaluar la pobreza, que es el objetivo fundamental del Coneval. Es bueno tener buenas cifras para tener mejores políticas, que algunos llaman contra la pobreza.

Y para terminar, una vez le preguntaron a la Madre Teresa: “¿Nos acompañaría usted a una marcha en contra de la guerra?” Y ella les contestó: “Cuando hagan una marcha en pro de la paz, invítenme”.

Yo los invito a que en lugar de pensar en políticas contra la pobreza, pensemos en políticas en favor de la prosperidad y de la igualdad, que por eso el primer objetivo del Plan Nacional de Desarrollo es: “Un México próspero, un México con igualdad”.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Se agradece al Senador Cavazos Lerma.

Tiene el uso de la palabra, por rectificación de hechos, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeros Diputados, compañeros Senadores:

Éste es un tema que sin duda es de altísima relevancia para el país, sobre todo porque no se ha entendido que un estudio serio que no pasa por el filtro de la realidad concreta es un estudio que se hace en un escritorio con una intención también concreta; y la intención concreta es confundir a la población con cifras maquilladas, con cifras que se adecuan a una realidad que el gobierno actual quiere que el país vea.

Hoy en la mañana salió un caso muy curioso y lo saco a colación porque tiene que ver con metodología para revisar las realidades concretas.

El señor Ciro Gómez Leyva a petición del gobernador de Morelos, de decirle cómo está la realidad de la inseguridad en el estado. Ciro le dice que con mucho gusto le abre el espacio, solamente que se lo va a abrir después de que el medio que representa haga un estudio serio, responsable de la realidad concreta que vive el estado de Morelos en materia de inseguridad y de violencia.

Es decir, le van a preguntar a los hoteleros, le van a preguntar a los restauranteros, le van a preguntar a los empresarios, le van a preguntar a los dueños de las tienditas, le van a preguntar a los pobladores de Morelos, a los ganaderos, en donde hoy el abigeato es una cuestión brutal y piden a gritos los ganaderos de mi estado que el abigeato se declare un delito grave.

Después de ese estudio, le dice Ciro Gómez Leyva, con muchísimo gusto gobernador, nos sentamos y platicamos las cifras que usted acostumbra dar en los medios y la realidad concreta que vive ese estado.

Eso es exactamente lo que tenemos que hacer compañeros, el Inegi tiene un problema, sus cifras no coinciden ni con las de la OCDE ni con las de la CEPAL y curiosamente las cifras del Coneval coinciden tanto con las cifras de la OCDE como con las cifras de la CEPAL.

Entonces, ¿a quién habría que creerle?, ¿a la CEPAL es un organismo neutral, a la OCDE, que es un organismo neutral, al Coneval, que si bien es cierto que es una institución del país, pero también ha demostrado su neutralidad histórica en los estudios que hace una institución?, ¿que el titular fue producto de una negociación en el Senado de la República, es decir, hay una persona a modo?

Por supuesto que tiene que comparecer, por supuesto que tiene que comparecer, compañeros.

Según la OCDE, que coincide con la CEPAL y que coincide con el Coneval, México es el único país de América Latina que no ha reducido sus niveles de pobreza, dice la CEPAL.

Y dice la OCDE: México el único país de América Latina que registra una tendencia regresiva en materia de reducción de pobreza, los niveles de pobreza no han cambiado desde hace 20 años debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía y a la desigual distribución de los ingresos.

Junto con Guatemala y Venezuela, México, son los únicos países que tienen tendencias de aumento en sus niveles de pobreza.

Ahora resulta que el Inegi nos viene a decir aquí que los estudios de la CEPAL no sirven para nada, que los estudios de la OCDE no sirven para nada, que los estudios del Coneval no sirven para nada.

No, habría que revisar, yo le preguntaría a mi compañero Sofío aquí presente y lo aludo a propósito, si es cierto que los niveles de pobreza han alcanzado el 65.2 por ciento de la población de Guerrero, o me van a decir que a partir de las cifras del Inegi, Guerrero empieza a recuperarse y empieza a tener tendencias favorables en el crecimiento del ingreso per cápita de los guerrerenses.

Y a partir de esa cifras los guerrerenses van a poder comer tres veces al día alimentos sanos, suficientes y nutritivos, o los de Chiapas, también aludo a propósito al Senador Zoé para ver si es cierto que uno de cada 3 chiapanecos son pobres y que Chiapas, el estado más pobre del país alcanza el 76.2 de los niveles de pobreza en su población.

Seguramente los pobladores de Chiapas, mi querido Zoé, a partir de las declaraciones del lnegi, ya van a poder comer tres veces al día alimentos sanos, suficientes y nutritivos como mandata la Organización Mundial de la Salud; o Oaxaca, con el 66.8, no sé si por aquí haya un legislador de Oaxaca que venga a desmentirnos, por favor, y decirle, tiene razón el Inegi, compañero Senador Fidel Demédicis y miente la OCDE y miente la CEPAL, y por supuesto miente el Coneval.

Déjenme decirles aquí que no es cierto que Oaxaca tiene 66.8 de niveles de pobreza y que gracias a las cifras del Inegi hoy esos compañeros van a comer tres veces al día alimentos sanos, suficientes y nutritivos, ya no se van a morir de enfermedades curables, ya no se van a morir de insuficiencia renal, ya no se van a morir de desnutrición.

Ojalá ese fuera el asunto, que con cifras maquilladas resolviéramos el problema del país, ojalá que con cifras maquilladas los pobres pudieran comer tres veces al día, ojalá que con cifras maquilladas la gente ya no se nos muera de enfermedades curables, ojalá que con cifras maquilladas la gente ya no se nos muera de desnutrición.

Por supuesto que tiene que comparecer el Inegi y tiene que comparecer el Coneval; y ojalá invitemos a funcionarios de la CEPAL e invitemos a funcionarios de la OCDE, con la intención de que comparemos las cifras de estas cuatro instituciones: Inegi, Coneval, CEPAL y OCDE, y vamos a ver qué vamos a obtener de eso.

Pues vamos a obtener que México es un país que vive en la desesperanza y en el fondo del sufrimiento humano, y que con cifras no se va a resolver el problema gravísimo de pobreza estructural que tiene México. No es un problema coyuntural, es un problema estructural por la forma en que se hace la repartición de la riqueza.

Compañeros Senadores, reflexionen; compañeras Diputadas y Diputados, reflexionen, estamos al borde del colapso y solamente los agoreros del sistema y los jilguerillos del sistema no lo quieren reconocer. Ojalá reflexionen porque México requiere legisladores valientes que se atrevan a hablar con la verdad y no a maquillar cifras.

Eso no le sirve a nadie.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente. Mesa Directiva, compañeros legisladores:

Fui mencionado, y entiendo de buena fe, por mi paisano de Morelos, Fidel Demédicis, pero es momento también para aprovechar el debate, pero sobre todo una oportunidad para poder aportar más que el propósito o el interés político, buscar la manera de cómo aportamos todas y todos nuestro mayor esfuerzo para fortalecer a estas dos grandes instituciones como lo es el Inegi y el Coneval.

Coincidimos con el Senador Fidel Demédicis en la realidad económica, de ingreso, de bienestar que vive nuestro país, particularmente en muchos hogares de la República, pero sobre todo del sur, lo hemos compartido con anterioridad: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, cinturón de pobreza de este país.

Lo hemos expresado con anterioridad: desde mis primeros años en la escuela siempre se habló de la oportunidad del crecimiento en términos de servicios, de ingreso, de bienestar de las familias, pero la realidad no ha cambiado.

En el 2011 ó 2012 el Coneval nos dio las cifras de que en Guerrero ocupábamos el primer lugar en pobreza alimentaria, y eso es grave porque cuando un jefe de familia ya no tiene los recursos necesarios para poder garantizar la alimentación de sus hijos, está al límite de su propia sobrevivencia, por eso es que sí coincidimos con lo que expresa el Senador Fidel Demédicis en cuanto a la realidad que se viven en los estados que él mencionó.

Pero también tenemos que expresar con toda verdad que es cierto que hubo un crecimiento de 53 a 55.3 millones de mexicanos en pobreza, pero particularmente en lo que corresponde a mi estado, el esfuerzo de los tres niveles de gobierno ha podido aportar una oportunidad de bienestar en servicios.

No se ha mejorado el ingreso, pero sí las familias han logrado, en el periodo de los últimos años, oportunidades de bienestar, vivir mejor; en los servicios públicos, como lo es vivienda, salud, electricidad, caminos y todo el esquema de servicios al desarrollo humano que pueden permitir que las familias alcancen los mínimos necesarios para poder vivir mejor.

El tema, compañero Fidel Demédicis, más que político, sin ocultar, repito, la realidad, es que aquí vengan los titulares del Inegi y del Coneval, y más que con argumentos políticos, vengan con argumentos técnicos sobre la metodología para poder conocer cuáles fueron verdaderamente los procedimientos para que hoy nos den esta información.

Me sumo a lo expresado con anterioridad por mis compañeros. Recuerdo que aquí con oportunidad se les dijo, al Coneval, de que era necesario poder revisar los formatos y la metodología. Por lo tanto, me sumo a la propuesta de todas y todos ustedes para que el Presidente del Inegi, así como el secretario ejecutivo del Coneval puedan venir muy pronto a dar toda la información técnica de su metodología y que aquí podamos conocer más de fondo y hacer también el análisis que corresponda.

Señor Presidente, muchas gracias.

Gracias, compañero Fidel.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Senador Ramírez Hernández.

Tiene el uso de la palabra, para rectificación de hechos, el Senador Zoé Robledo Aburto.

¿Con qué objeto, Senador Demédicis Hidalgo?

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Para alusiones.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez:Tiene el uso de la palabra, primero, el Senador Fidel Demédicis, desde su escaño.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Yo creo que es importantísimo que no se deseche la propuesta que estoy haciendo, señor Presidente.

De que se puedan revisar las metodologías que usan tanto la CEPAL como la OCDE, y se comparen con las que aplica tanto el Coneval, como el Inegi.

Tanto la OCDE como la CEPAL gozan de prestigio internacional en sus mediciones que hacen en cuanto a cómo está la pobreza en los países del mundo y de América Latina, en concreto la CEPAL.

Entonces, en ese sentido, para poder corregir el problema necesitamos hacer un diagnóstico muy exacto, y no se pude hacer un diagnóstico exacto como la forma en que se está dando.

Entonces por supuesto que cuenta la metodología, nos sumamos a que comparezcan ambos organismos, pero también ojalá y se pudiera invitar a alguien de la CEPAL y de la OCDE para que pudieran orientar, para beneficio del país, este tipo de investigaciones y puedan corregirse de manera correcta una vez que se conozcan datos precisos y concretos y, sobre todo, objetivos.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Senador Fidel Demédicis. Se tienen por consideradas sus observaciones.

Tiene el uso de la voz el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para rectificación de hechos.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Sólo de manera muy breve, decir que hay que distinguir los dos debates que estamos dando, porque, efectivamente uno es un debate respecto a la forma como se está combatiendo la pobreza y que nos podría tomar mucho tiempo, muchas horas, mucho esfuerzo y que claro que hay que tenerlo como un tema permanente y recurrente en ambas Cámaras.

Pero el otro es el tema de la medición y en ese sentido creo que estamos haciendo lo correcto de actuar como contrapeso al poder como un espacio de análisis, como un espacio donde se resuelve disputas entre, incluso, dos instituciones que tienen tantos años trabajando el tema del combate a la pobreza y su medición, como lo son el Inegi y el propio Coneval.

Creo que es lo oportuno y que me sumaría a cualquier posición que tuviera que ver con invitar a más actores, incluso especialistas que pudieran hacer que se encuentren las partes y que surja desde la Comisión Permanente una solución a esto que solamente se está dando en el plano institucional mediático, pero no en el plano democrático.

Sin duda, creo que no es válido ni debe ser deseable que instituciones tan sólidas y que tanto dinero le cuestan al Estado mexicano, como lo es el Inegi y el Coneval, tengan ningún tipo de sospecha, ninguna rendija de duda sobre el trabajo que realizan.

Pero también habría que decir cuáles son los motivos de la molestia que ha generado, no solamente en el Coneval, sino también con algunos otros especialistas.

Fíjense lo que dice Luis Ángel Monroy Gómez Franco del Colmex, de otra institución pública también, lo que le parece a este investigador es que hay cuatro factores que han generado la molestia ante este cambio en él, pues así le dicen en el acrónimo, “El mocoso”, el Módulo de Competencias Sociales del Inegi, que fue el que se modificó, bueno, que se modificó, en donde estuvo la modificación en el manual para los encuestadores, porque también hay que aclarar dónde estuvo el cambio.

Ahora cualquier estadísta, cualquier especialista, más bien cualquier especialista en estadística, cualquier economista, cualquier demógrafo, cualquier actuario sabe que la forma como se pregunte hay algo, la intención, el orden de las preguntas, puede cambiar por mucho el resultado.

Qué dice Monroy Gómez Franco, dice: el primer factor es que no sabemos cuáles fueron exactamente los cambios que realizó en el operativo de campo, pues que venga y lo explique.

Segundo, que no haya evidencia técnica de los cambios, pues que venga y lo explique.

Tercero, que no se le avisó a nadie, y eso sí me parece muy grave, no hay que confundir autonomía con una manga ancha en el trabajo que se realiza desde las instituciones y que se realiza con dinero público.

Y finalmente y lo más importante, y en lo que yo creo que nosotros, como legisladores, como integrantes de una Asamblea, como parte de un órgano colegiado no podemos permitir, lo que dicen estos investigadores: que no se discutieron los cambios que se realizaron en el operativo de campo.

¿Por qué es relevante esto? Porque si iba haber un cambio que podía generar este tipo de molestias y, sobre todo, entrar en la duda que se hubiera distorsionado un resultado, como yo estoy seguro, no fue, pues entonces hubiera sido mejor que fuera a través de un proceso muy transparente, muy colaborativo, en el que se hubiera escuchado a diferentes expertos del tema, de los cuales afortunadamente nuestro país tiene en abundancia.

Creo que es una buena oportunidad para explicar y, en su caso, también para corregir.

Y que si tienen que venir funcionarios, incluso de otras administraciones a explicar esto. Pues que vengan.

No tengamos esta idea de que cuando el Congreso llama a alguien, lo llama con la intención de agredirlo porque no es así, es para encontrar soluciones, es para que la representación política tenga también respuestas, justamente como lo decía el Senador Demédicis, ante el electorado, y además para poder generar nuevas agendas, porque podemos entrar en ese debate si los programas sociales deben calcularse o no como parte del ingreso, pero yo me iría un poco más.

¿Cómo se están condicionando los programas sociales?

¿Qué pasa cuando un programa social se entrega sí, y solo sí, se entrega también en garantía una conducta político-electoral?

Bueno, también le entremos a esos temas que no solamente dañan los datos con los que pretendemos combatir la pobreza, sino dañan a la democracia misma.

En ese sentido, los Senadores del PRD, por supuesto que estaremos a favor de la comparecencia de ambos funcionarios y de todo aquél que tenga que venir a explicar algo al Senado y cuya voz pueda servir también para la solución de este entuerto.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Senador Robledo Aburto.

No habiendo más legisladores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo en relación con la metodología y los criterios utilizados en el levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos-Gasto de los Hogares 2015. Comuníquese.

Con la aprobación de este Acuerdo, se tiene por atendida las nueve proposiciones con punto de Acuerdo que los grupos parlamentarios registraron para esta sesión.






Siguiente punto de nuestra agenda es la presentación de iniciativas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Yolanda de la Torre Valdés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros; señor coordinador Emilio Gamboa.

Hoy vengo ante ustedes para presentar una reforma a la Ley para el Desarrollo de Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de discapacidad.

Y es parte de una serie de reformas que he estado presentado en las últimas semanas y otras más que vendrán en las siguientes, porque estoy convencida que en este país hemos avanzado mucho en materia de discapacidad.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ha sido un gran avance, y que hoy es una ley paradigmática en el mundo, pero falta mucho más por hacer, y tiene que ver con la armonización y la congruencia que debemos tener en nuestro marco jurídico, con la reforma de Derechos Humanos de junio de 2011.

Por ello, a continuación cito lo siguiente:

“La pobreza no es natural. Es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia”. Nelson Mandela.

Las personas con discapacidad que se encuentran en una severa desventaja en cuanto a la participación económica, el acceso al empleo y al emprendimiento, según la Enadis 2010, hay una presencia más alta de hogares de personas con discapacidad de menos ingresos.

Las personas con discapacidad tienen una presencia menor en los hogares con mayor ingreso; las personas con discapacidad en los hogares de más bajo ingreso tienen una mayor presencia, desgraciadamente hay una relación entre pobreza y discapacidad.

Los hogares de personas con discapacidad reportan menos ingresos por trabajo que aquellos sin discapacidad.

El 86 por ciento de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de educación básica.

La tasa de participación económica de la población con discapacidad es de 29.9 por ciento, o sea, 1.6 millones de personas, contra el 53.7 de las personas sin discapacidad. Es tan evidencial la desventaja de las personas con discapacidad en su inclusión laboral.

Asimismo, el Censo nos dice que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 trabajan, que logran incorporarse; de 100, 22 lo hace como trabajadoras en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes. La gran mayoría tiene un perfil ocupacional de baja cualificación.

Asimismo, en términos de su posición diríamos que de manera general, 39 son empleados u obreros, 38 trabajan por su cuenta y 6 son jornaleros o peones e iguales que 6 ayudantes, 5 trabajan para la familia sin pago alguno y 3 son patrones o empleadores. Como destacan los datos, existen más trabajadores con discapacidad que se autoemplean, y menos como empleados u obreros, lo que puede estar relacionado con las dificultades que enfrentan para su inclusión laboral, obligándolos a realizar actividades por su cuenta.

Y mucho tiene que ver, compañeros, que muchas personas ni siquiera pueden salir de su casa, porque ni siquiera hay un transporte que les permita llegar a otros lugares.

Es importante que los grupos vulnerables accedan al emprendimiento y al empleo, en igualdad de condiciones para superar la adversidad e inequidad a la que están expuestos.

La Enadis-2010, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación, también nos revela que las personas con discapacidad encuestadas, señalaron el desempleo como el principal problema que enfrentan.

Los datos y referencias anteriores revelan la situación del emprendimiento y el acceso al empleo por parte de las personas con discapacidad, pero igual para las personas adultas mayores.

La Pequeñas, Medianas y Microempresas, son consideradas como el elemento fundamental de la economía interna de los países con economías enfocadas al mercado, tal como la nuestra.

En México las Pequeñas y Medianas Empresas, PyMES, constituyen el 99.8 del total del universo de empresas.

Según el Inegi en 2004, generan el 72 por ciento de la fuerza laboral, es decir, los programas que vinculan a los grupos vulnerables con el acceso al empleo formal, permanente y digno, tendrán que involucrar por necesidad a las PyMES, aplicando acciones no solo encaminadas a la contratación particular de personas con discapacidad, sino a su empoderamiento a través del emprendimiento.

En razón de todo esto expuesto, se propone reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se considere como objeto de esta ley, la inclusión laboral de personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores en las PyMES.

Que la Secretaría de Economía fomente el acceso al financiamiento a las PyMES, por parte de las personas adultas mayores, las personas indígenas y las personas con discapacidad.

Que los programas sectoriales contengan perspectiva de inclusión, que la ejecución de las políticas públicas y acciones de las PyMES debe promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, la accesibilidad a los centros laborales, y la sensibilización del personal sin discapacidad.

Los acceso al financiamiento público y privado a las PyMES deberán priorizar a las mujeres, a las personas adultas mayores, a las personas indígenas y a las personas con discapacidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeros.

Iniciativa

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con los datos referidos el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad  2014 – 2018 (PRONADIS)1, este grupo social se encuentra en una severa desventaja en cuanto a la participación económica, acceso al empleo y emprendimiento se refiere, para sustentar esta afirmación se citan a continuación los siguientes datos, contenidos en dicho Programa:

• La Encuesta Nacional de Ingresos y Hogares (ENIGH-2012) identifica que hay una presencia más alta de hogares con personas con discapacidad en los primeros deciles, es decir, en los hogares con menos ingresos y, a la inversa, tienen una presencia menor en los hogares con mayores ingresos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Hogares (ENIGH-2012), […] los ingresos por trabajo son más bajos en los hogares con personas con discapacidad que sin ellas y se puede observar tanto en los primeros deciles como en los últimos. Los hogares con personas con discapacidad reportan menos ingresos por trabajo que aquellos sin discapacidad en todos los deciles.

• El Censo 2010 reporta que entre la población con discapacidad, el 27.9% no tiene estudios, 45.4% terminó al menos un año de primaria, 13.3% uno de secundaria, 7.3% uno de media superior y 5.2% uno de superior; el 86.6% de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de educación básica.

La tasa de participación económica de la población con discapacidad es 29.9%, lo que representa aproximadamente 1.6 millones de personas, contra 53.7% de las personas sin discapacidad. Esto evidencia la desventaja de las personas con discapacidad en su inclusión laboral.

• El Censo 2010 reporta que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 lo hace como trabajadoras en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes. La gran mayoría tiene un perfil ocupacional de baja cualificación.

• En términos de su posición en el trabajo, el Censo 2010 muestra que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 39 son empleados u obreros, 38 trabajan por cuenta propia, 6 son jornaleros o peones, 6 ayudantes, 5 trabajan para la familia sin pago y 3 son patrones o empleadores, y el resto no especificó su posición en el trabajo. Destaca que hay más trabajadores con discapacidad que se auto emplean, y menos como empleados u obreros, lo que puede estar relacionado con las dificultades que enfrentan para su inclusión laboral, obligándolos a realizar actividades por cuenta propia.

• El Censo 2010 reporta que 14% de la población con discapacidad ocupada no recibe ingresos por su trabajo, 18.7% gana menos de un salario mínimo mensual (SMM); 24.9% menos de 2 SMM; 16.5% menos de 3 SMM; 11.2% menos de 5 SMM; 5% menos de 10 SMM y sólo 2%, 10 o más SMM. Sólo 7% de las personas con discapacidad reciben más de 5 SMM y aproximadamente 44% ganan al mes menos de $3,448 pesos o de $3,268 pesos, dependiendo de la zona geográfica.

Esta realidad mostrada por el PRONADIS, permite motivar la Iniciativa, a través de la siguiente premisa: “Derivado de la importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas MiPyMEs, en el desarrollo nacional, es necesario que el marco jurídico que las regula, contenga acciones específicas y definidas que permitan a las personas con discapacidad, entre otros grupos vulnerables acceder al emprendimiento y al empleo, en igualdad de condiciones para superar la adversidad y la inequidad a la que están expuestos”.

Dentro de las líneas de acción contenidas en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (PRONADIS 2014 – 2018), se citan a continuación aquellas que coinciden con los intereses de la Iniciativa, permitiendo al Programa en comento, conseguir sus metas y objetivos al incorporar al marco legal, términos y acciones específicas en materia.

Líneas de Acción2

3.2.2. Difundir servicios, programas o apoyos que fomenten la inclusión laboral y el desarrollo de competencias, para las personas con discapacidad.

3.3.1 Promover el financiamiento de iniciativas productivas de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) integrados por personas con discapacidad.

3.3.6. Eliminar barreras a la participación de las personas con discapacidad en actividades de los programas para la capacitación laboral.

3.6.6. Incentivar la capacitación para que las mujeres con discapacidad accedan a financiamientos y capital para personas emprendedoras.

3.7.2. Fomentar la comercialización de productos que sean elaborados por y para personas con discapacidad.

3.7.3. Promover iniciativas de capacitación, asesoría y asistencia técnica de organizaciones de PCD para desarrollar actividades productivas, comerciales y de autoempleo.

3.7.4. Promover proyectos de organizaciones de PCD que fomenten el desarrollo de herramientas y habilidades para el autoempleo.

Las líneas de acción anteriormente descritas, requieren para su ejecución una armonización adecuada en base a las necesidades y características propias de las personas con discapacidad, en los términos señalados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente en su artículo 27 inciso (f)3, en cuyo texto se lee: f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;, de igual forma el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entidad responsable de la evaluación sobre la implementación de la Convención en los Estados Parte, emitió en el año 2014, una serie de recomendaciones a nuestro país, con el objetivo de focalizar e identificar los retos particulares que se tiene en materia, particularmente se cita el numeral 52, en sus incisos (a) y (c), que a la letra dicen:

52. El Comité recomienda al Estado parte:

(a) Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial incluyendo medidas que incentiven su contratación en el sector privado;

(c) Implementar acciones de nivelación a favor de la contratación de mujeres y personas indígenas con discapacidad;4

En consecuencia la Iniciativa igualmente pretende responder a estas recomendaciones internacionales coadyuvando a los esfuerzos que actualmente realiza el Estado Mexicano, donde particularmente se señala el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014 – 20185, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de abril de 2014.

Finalmente la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS-2010)6, revela que las personas con discapacidad encuestadas, señalaron el desempleo como el principal problema que enfrentan, con el 27.5% de las respuestas, igualmente el mismo estudio señala que las personas con discapacidad que afirmaron obtener ingresos mediante el trabajo, el 43.9% son hombres y el 18.1% son mujeres, lo que revela una severa desventaja en cuanto al rol de genero para acceder a un trabajo remunerado.

Los datos y referencias anteriores revela el la situación del emprendimiento y el acceso al empleo por parte las Personas con Discapacidad, mismo que se inscribe en una severa desventaja en contra de sus pares sin discapacidad. Es por ello que la Iniciativa propone atribuir competencias de tal manera que las autoridades competentes visibilicen el reto de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Las Pequeñas, Medianas y Microempresas (PyMES), son consideradas como el elemento fundamental de la economía interna de los países con economías enfocadas al mercado, tal como la nuestra, “Las empresas PYMES representan a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado…en el contexto internacional se puede afirmar que el 90% o un porcentaje superior de las unidades económicas totales está conformado por las MIPYMES”7, en particular, “En México, las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) constituyen 99.8% del total del universo empresarial (INEGI, 2004).”8, finalmente, “… generan el 72% de la fuerza laboral y contribuyen en la producción del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.”9, es decir los programas que vinculen a los grupos vulnerables con el acceso al empleo formal, permanente y digno, tendrán que involucrar por necesidad a las PyMES, aplicando acciones no sólo encaminadas a la contratación particular de personas con discapacidad, si no a su empoderamiento a través del emprendimiento.
Considerando finalmente:

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  (CPEUM) en su artículo 1º, señala que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.10

Que la misma CEPEUM en su artículo 123º define el derecho al trabajo, en los términos siguientes: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”11.

Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala en su artículo 9, fracción XXII Ter, lo siguiente:  “Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: …, XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;”12

Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 6º fracción II, asigna competencias al Ejecutivo Federal para realizar acciones de acuerdo a los intereses de la Iniciativa, la cual a la letra dice: “Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes: …  II. Instruir a las dependencias y entidades del Gobierno Federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas;”13

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se adicionan el inciso j) de la fracción II, del artículo 4, el segundo párrafo del artículo 7, las fracciones V y VI del artículo 9 y la fracción III Bis del artículo 10 y se reforma el segundo párrafo del artículo 11, todos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:

I…

II. Promover:

a) - i)…

j) La inclusión laboral de personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores, en las MIPYMES.

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

La Secretaría fomentará y promoverá el acceso al financiamiento a las MYPYMES, por parte de las personas adultas mayores, las personas indígenas y las personas con discapacidad, considerando las características y necesidades de cada uno de estos grupos, facilitando su inclusión al emprendimiento, a través de programas específicos.

Artículo 9.- Los programas sectoriales referidos en el Artículo 5 de esta Ley, deberán contener, entre otros:

I- IV…

V. Perspectiva de género, y

VI. Perspectiva de Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES debe atender los siguientes criterios:

 

I - III…

III BIS.- Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, la accesibilidad de los centros laborales, y la sensibilización del personal sin discapacidad…

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

I - VIII…

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para las mujeres, personas adultas mayores, personas indígenas y personas con discapacidad.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unió,
el 20 de julio de 2016.

Atentamente,

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las con Discapacidad (2014 – 2018), DOF: 30-04-2014, consultado: 10-01-2016, disponible en: http://conadis.gob.mx/noticia.php?noticia=20

2 Ibíd.

3 artículo 27, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2006, consultado: 10-01-2016, disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

4 Observaciones finales sobre el informe inicial de México, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2014, consultado 10-01-2016 disponible en:
http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico

5 Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018, STPS, consultado 10-01-2016, disponible en: http://conadis.gob.mx/noticia.php?noticia=19

6 Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS-2010, CONAPRED, consultado: 10 -01 – 2016, disponible en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf

7 Las PyMES en México, UNAM; consultado: 10-01-2016 disponible en:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/89/A4.pd, f?sequence=4

8 El apoyo a la Innovación de la PyME, un estudio exploratorio Góngora, G., Madrid, A.: Investigación y Ciencia, UAA, Número 47, págs. 21-30 consultado: 10-01-2016; disponible en:
http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista47/Articulo%203.pdf

9 La importancia de las Pymes, Relaciones Públicas del Colegio de Contadores de México, disponible en: http://www.ccpm.org.mx/avisos/22112010empresa.pdf

10 Artículo 1º, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado DOF: 10-06-2011, consultado 10-01-2016, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

11 Artículo 123, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado DOF: 18-06-2008, consultado 10-01-2016, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

12 Artículo 9, Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación: DOF: 11-06-2003, reformado DOF: 20-03-2014, consultado 10-01-2016, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf

13 Artículo 6, Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad: DOF: 30-05-2011, consultado 10-01-2016, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Muchas gracias, Senadora De la Torre Valdez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la tribuna la Diputada Patricia Sánchez Carrillo, para presentar a nombre del Diputado César Augusto Rendón García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Patricia Sánchez Carrillo, a nombre del Diputado César Augusto Rendón García, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Señoras y señores legisladores:

La reforma constitucional en materia energética de 2013 creó un nuevo andamiaje legal para el aprovechamiento de los recursos naturales del país y las actividades relacionadas con el sector energético, que antes eran reservadas para el Estado mexicano, así como un nuevo arreglo institucional que se adecúe a las nuevas condiciones del mercado energético nacional.

En primer lugar, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se transformaron en empresas productivas del Estado, con el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano en su carácter de propietario, a través de un nuevo régimen jurídico que les otorgó plena autonomía técnica, operativa y de gestión.

En segundo lugar, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se transformaron en órganos reguladores coordinados en materia energética, reconocidos a nivel constitucional, con autonomía técnica, operativa y de gestión, y dotados con nuevas atribuciones para instrumentar y aplicar la nueva regulación y administración del sector energético.

Y en tercer lugar, se crearon dos operadores como organismos públicos descentralizados: el Centro Nacional de Control de Gas Natural, encargado de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural, y el Centro Nacional de Control de Energía, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional, de operar el mercado eléctrico mayorista y garantizar el acceso abierto a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución.

Como se puede apreciar, se estableció un proceso de reingeniería legislativa, que tiene como fin último potencializar el valor económico que representan las áreas estratégicas del Estado con el objetivo de hacer más competitivo el sector energético del país en beneficio directo de la nación mexicana.

Sin embargo, esta reforma constitucional por una omisión legislativa no definió claramente la obligación en torno a la rendición de cuentas de los directores y consejeros independientes de las empresas productivas del Estado y de los comisionados de los órganos reguladores, así como el de los directores de los organismos operadores del sector, por medio de la comparecencia ante el Congreso de la Unión.

A pesar de que se cuenta con una estructura empresarial, su dueño no es otro que el Estado mexicano. Por lo tanto, los Diputados de Acción Nacional consideramos indispensable establecer en el artículo 93 de nuestra Constitución la facultad a cualquiera de las Cámaras del Congreso de convocar a comparecer a los directores de las empresas productivas del Estado, así como a sus consejeros independientes, aún y cuando la ley especial no les concede el carácter de servidores públicos, ya que tienen la responsabilidad y obligación de la conducción de las empresas del Estado mexicano, y de manera indirecta asignan y manejan recursos públicos.

Asimismo, se busca el fortalecimiento de las facultades de supervisar el control político del Congreso, a través de sus comisiones ordinarias y especiales, con el fin de velar por el desarrollo económico y social del país.

Señoras y señores legisladores: En Acción Nacional estamos plenamente convencidos de la obligación irrestricta que tenemos los legisladores como representantes del pueblo mexicano y analizar las acciones y el desempeño de las funciones del Ejecutivo y, en su caso, emprender las medidas legislativas que sean necesarias para asegurar el desarrollo y crecimiento del país al amparo de los ideales democráticos.

Estamos convencidos que esta medida fomentará la transparencia y rendición de cuentas, así como mejorar las actividades y los resultados de las empresas del Estado en beneficio de sus accionistas que son los ciudadanos y las ciudadanas, al tiempo que permitirá identificar las áreas de oportunidad y promover las iniciativas de ley que permitirán analizar los objetivos de la aún naciente industria energética del país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito Diputado Federal CÉSAR AUGUSTO RENDÓN GARCÍA del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER LA COMPARECENCIA DE LOS DIRECTORES Y CONSEJEROS INDEPENDIENTES DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, DE LOSCOMISIONADOS DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA, Y DE LOS DIRECTORES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR ENERGÉTICO, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Reforma Constitucional en materia de Energía de 2013 creó un nuevo andamiaje legal para el aprovechamiento de los recursos naturales del país y las actividades relacionadas con el sector energético, que antes eran reservadas para el Estado Mexicano, así como un nuevo arreglo institucional para adecuarlo a las nuevas condiciones del mercado energético nacional.

En primer lugar, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se transformaron en Empresas Productivas del Estado, con el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano en su carácter de propietario, a través de un nuevo régimen jurídico que les otorgó plena autonomía técnica, operativa y de gestión.

En segundo lugar, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se transformaron en órganos reguladores coordinados en materia energética, reconocidos a nivel Constitucional, con autonomía técnica, operativa y de gestión, y dotadas con nuevas atribuciones para instrumentar y aplicar la nueva regulación y administración del sector energético.

Y en tercer lugar, se crearon dos operadores como organismos públicos descentralizados; el Centro Nacional de Control del Gas Natural, encargado de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural, y el Centro Nacional de Control de Energía, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional, de operar el mercado eléctrico mayorista,y garantizar el acceso abierto a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución.

Sin embargo, esta Reforma Constitucional por una omisión legislativa no definió claramente la rendición de cuentas de los Directores y Consejeros Independientes de las Empresas Productivas del Estado y de los Comisionados de los órganos reguladores, así como de los Directores de los organismos operadores del sector, a través de la comparecencia ante el Congreso de la Unión, que es un acto de evaluación y control parlamentario, a fin de que los legisladores cuenten con los elementos suficientes para analizar las acciones y el desempeño de las funciones del Ejecutivo y, en su caso, puedan emprender las acciones legislativas que sean necesarias o que correspondan.

Por lo anterior, los diputados del Partido Acción Nacional consideramos de la más alta prioridad reformar el artículo 93 Constitucional para precisar la facultad a las Cámaras del Congreso para convocar a comparecer a los Directores y Consejeros Independientes de las Empresas Productivas del Estado, a los Comisionados de los órganos reguladores coordinados en materia energética, y a los Directores de los organismos públicos descentralizados operadores del sector energético.

I. Comparecencia de los Directores y Consejeros Independientes de las Empresas Productivas del Estado.

Las Empresas Productivas del Estado tienen una nueva figura con carácter empresarial y con un nuevo régimen especial, distinto y separado al resto de las entidades paraestatales. Así, las Empresas gozan de una mayor flexibilidad y eficiencia en su operación y cuentan con mecanismos de administración con las mejores prácticas de gobierno corporativo, pero siguen siendo 100% propiedad del Estado mexicano, esto permite que las decisiones se adopten bajo criterios de estricta racionalidad económica y empresarial, y no a partir de las necesidades del Gobierno en turno.

PEMEX y la CFE, a través de sus Leyes especiales, están dotadas de una estructura auténticamente empresarial, como si fuesen verdaderas empresas privadas, y cada Empresa es gobernada por un Consejo de Administración, que es el órgano supremo de administración, responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la Empresa, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales.

Los Consejos de Administración de PEMEX y de la CFE están integrados por 10 miembros como sigue:

Consejo de Administración de PEMEX

Consejo de Administración de la CFE

• El titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad;

• El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

• 3 consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal, y

• 5 consejeros independientes, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos.

• El titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad;

• El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

• 3 consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal;

• 4 Consejeros Independientes designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos, y

• Un consejero designado por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias.

En ambos casos, los Consejeros del Gobierno Federal son nombrados y removidos por el Ejecutivo Federal, y los Consejeros Independientes son propuestos por el Ejecutivo con la ratificación del Senado de la República, a fin de garantizar su autonomía durante su encargo. Así, hay una intervención equilibrada del Ejecutivo en las Empresas. Esta conformación de los Consejos permite al Gobierno Federal mantener la propiedad y el control sobre las Empresas y, al mismo tiempo, consolidarlos como órganos autónomos y eminentemente técnicos.

De esta manera, cada Empresa cuenta con un sólido gobierno corporativo mediante un Consejo de Administración, como un órgano decisorio para la determinación de las políticas comerciales y operativas, así como de la organización y reglamentación de su estructura órganica y corporativa. En suma, las funciones estrátegicas de los Consejos son las siguientes, entre otras:

a) La conducción central y la dirección estratégica de las actividades empresariales, económicas e industriales.

b) Establecer las directrices, prioridades y políticas generales relativas a la producción, productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, administración general, seguridad, salud y protección ambiental, finanzas, presupuesto y otras que se relacionen con la Empresa.

c) Aprobar, revisar y, en su caso, actualizar anualmente el Plan de Negocios con base en una proyección a cinco años, y, conforme a éste, el programa operativo y financiero anual.

d) Aprobar las directrices, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones, y con la celebración de alianzas estratégicas y asociaciones con personas físicas o morales.

e) Vigilar y evaluar el desempeño de la Empresa, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales y sus directivos.

f) Evaluar y dar seguimiento a los sistemas de contabilidad, control, seguridad y auditoría, registro, archivo e información y su divulgación al público.

g) Aprobar los proyectos y decisiones cuyas características revistan una importancia estratégica para el desarrollo del objeto de la Empresa, conforme a las políticas y lineamientos que al efecto emita el propio Consejo.

Por consiguiente, el Consejo de Administración de PEMEX y de la CFE es el órgano responsable del cumplimiento de las metas y objetivos encomendados por su propietario; el Estado mexicano, y todos sus miembros son los encargados de tomar las decisiones fundamentales de las Empresas, y están sujetos a una serie de obligaciones y responsabilidades que devienen del ejercicio de su cargo, sin embargo, en el caso de los Consejeros Independientes sus actividades y resultados no están siendo evaluados, ni están sujetos al escrutinio público, al carecer del carácter de servidores públicos, y las Leyes de las Empresas excluyen expresamente a los Consejeros del régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por lo tanto, los diputados de Acción Nacional consideramos indispensable establecer en el artículo 93 de nuestra Constitución la facultad a cualquiera de las Cámaras del Congreso de convocar a comparecer a los Directores de las Empresas Productivas del Estado, así como a los Consejeros Independientes de dichas empresas, aún y cuando la ley especial no les concede el carácter de servidores públicos tienen la responsabilidad y obligación de la conducción de las Empresas del Estado mexicano, y de manera indirecta asignan y manejan recursos públicos.

Asimismo, es una práctica de los gobiernos coporativos que los miembros del Consejo de Administración rindan un informe anual a sus accionistas sobre las actividades y los resultados de la empresa. En el caso de PEMEX y de la CFE sus accionistas son los ciudadanos mexicanos y los legisladores son sus representantes en el Congreso, en tal virtud, es procedente ordenar la comparecencia de los Directores y de los Consejeros ante los legisladores del Congreso, como un proceso sistemático para evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de las Empresas, así como la efectividad y contribución individual de cada uno de los miembros del Consejo de Administración.

Con estas reformas se establece un mecanismo permanente de transparencia y rendición de cuentas de los Directores y Consejeros Independientes de PEMEX y de la CFE, y se fortalecen las facultades de supervisión y de control político del Congreso, a través de sus Comisiones Ordinarias y Especiales, como un adecuado contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo en las Empresas más importantes del Estado mexicano, que son estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

II. Comparecencia de los Comisionados de los órganos reguladores coordinados en materia energética.

Ante la nueva estructura energética del país, el Estado mexicano requería de órganos reguladores fortalecidos, autónomos y eficientes, a finde promover la operación adecuada y eficiente de las actividades de la industria de los hidrocarburos y de la electricidad.

De esta manera, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tiene el mandato de regularlas siguientes actividades:

I. Regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y la extracción de hidrocarburos, incluyendo su recolección desde los puntos de producción y hasta su integración al sistema de transporte y almacenamiento;

II. Licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos;

III. Administrar, en materia técnica, las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, y

IV. Prestar asesoría técnica a la Secretaría de Energía.

Y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene el mandato de regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades:

I. Las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos;

II. El transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos, y

III. La generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad.

El Órgano de Gobierno de los órganos reguladores coordinados en materia energética está integrado por siete Comisionados, que son designados por el Senado de la República de una terna propuesta por el titular del Ejecutivo, y durarán en su encargo un período de 7 años con posibilidad de ser designados, nuevamente, por única ocasión por un período igual.

Los órganos reguladores a través de sus respectivos Órgano de Gobierno tienen, entre otras, las siguientes atribuciones para regular las actividades sustantivas de la industria energética del país:

• Emitir sus actos y resoluciones, así como vigilar y supervisar su cumplimiento.

• Expedir, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones administrativas de carácter general o de carácter interno, así como las normas oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia.

• Emitir resoluciones, acuerdos, directivas, bases y demás actos administrativos.

• Interpretar para efectos administrativos y en materia de su competencia, la Ley y las disposiciones normativas o actos administrativos que emitan.

• Imponer las sanciones respecto de los actos u omisiones que den lugar a ello, así como imponer y ejecutar sanciones no económicas, en el ámbito de su competencia.

• Otorgar permisos, autorizaciones y emitir los demás actos administrativos vinculados a las materias reguladas.

• Solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información o documentación y verificar la misma respecto de las actividades reguladas.

• Requerir información directamente a los terceros que tengan cualquier relación de negocios con los sujetos regulados, en el ámbito de su competencia.

• Ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos y representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a las actividades reguladas.

• Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos de toda índole, que con motivo de sus atribuciones se promuevan.

• Resolver los recursos de reconsideración que se interpongan en contra de sus actos y resoluciones.

En tal virtud, los Comisionados tienen la alta responsabilidad de aprobar y aplicar la regulación técnica y económica para todas las actividades productivas y comerciales de la industria energética nacional, que son fundamentales para el país por su aportación al producto nacional, a los ingresos públicos y al abasto energético, por lo que sus actos, acuerdos y resoluciones que formulen resultan transcendentales para este sector y para la economía nacional.

Por lo tanto, es fundamental establecer en nuestra Carta Magna la facultad al Congreso para llamar a comparecer a los Comisionados de la CNH y de la CRE que, sin duda, es el medio ideal para evaluar su desempeño y establecer un diálogo abierto, participativo y transparente entre poderes, así como paraindentificar las áreas de oportunidad a fin de actualizar el marco jurídico y promover las iniciativas de ley que permitan alcanzar los objetivos de la aún naciente industria energética del país.

Es importante resaltar que los Comisionados no pueden estar al margen de la rendición de cuentas ante el Congreso, y más cuando fueron designados por dos terceras partes del Senado como una forma de colaboración y corresponsabilidad entre poderes y de apoyo político para el ejercicio de sus funciones y toma de decisiones.

III. Comparecencia de los Directores de los organismos descentralizados del sector energético.

Finalmente, se propone restablecer en el artículo 93 Constitucional la figura de los organismos descentralizados federales, con la finalidad de que sus directores o administradores puedan ser citados por cualquiera de las Cámaras del Congreso para comparecer a efecto de rendir cuentas de sus actividades y sobre el ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior, en razón de que este artículo históricamente consideraba la comparecencia de los titulares de los organismos descentralizados federales, sin embargo, la reforma publicada el 15 de agosto de 2008 eliminó dicha figura.

Por lo tanto, con esta reforma, los directores del Centro Nacional de Control del Gas Natural y del Centro Nacional de Control de Energía podrán ser convocados a comparecer ante los legisladores, atendiendo a la naturaleza legal de los organismos y por su carácter estratégico para la operación de las actividades del sector energético nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por la que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la comparecencia de los directores y consejeros independientes de las Empresas Productivas del Estado, de loscomisionados de los órganos reguladores coordinados en materia energética, y de los directores de los organismos descentralizados del sector energético.

Artículo Único. Se Reforma el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 93.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales o de los organismos descentralizados federales, a los directores y consejeros independientes de las Empresas Productivas del Estado, a los comisionados de los órganos reguladores coordinados en materia energética, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las modificaciones a las Leyes correspondientes en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 20 de julio de 2016.

Atentamente,

Dip. César Augusto Rendón García.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Diputada Sánchez Carrillo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la palabra a la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo “Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO, “CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917”

(Presentada por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Evelyn Parra Álvarez: Con su permiso, señor Presidente. Buenos días, compañeras Senadoras, Senadores, Diputadas Federales, Diputados.

La iniciativa que presento el día de hoy, y espero sinceramente que la apoyen, busca dejar patente el reconocimiento del pueblo mexicano a los Constituyentes de 1917, dentro de estas próximas celebraciones por el centenario de la promulgación de la Constitución.

Hace casi 100 años, en un destacado debate de ideas donde se dieron cita notables pensadores, se logró por primera vez el reconocimiento y la protección de los derechos sociales en favor de las clases menos favorecidas.

Bajo este crisol, se fortalecieron las instituciones que no habían resultado del todo útiles para los fines bajo los cuales fueron creados, como lo era el juicio de amparo, puesto que se había convertido en herramienta política y no existía una auténtica soberanía, ni de los poderes, ni de los estados que integraban la unión.

Con la redacción de la Constitución, se dio paso a la etapa constructiva de la Revolución, dando el más amplio respeto a la libertad humana y al derecho del pueblo para gobernarse por sí mismo.

Se vio también fortalecido el Estado laico, al dejar en claro, que la Iglesia no podía tener injerencia en la educación y principios de los mexicanos, ya que desplazaba los intereses de la nación en favor de su propio beneficio. Además, se señalaba que la importancia de la educación radica en que por ese medio se civilizan los pueblos.

Me quedo con la reflexión que efectuó el Diputado Presidente del Constituyente de ese entonces, Luis Manuel Rojas, el cual dijo: que el principio fundamental sobre el cual debe asentarse la nueva Constitución de la República, es el respeto más amplio a la libertad humana proclamado muy alto, además, el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo”.

Es por eso que el día de hoy presento la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el muro de honor, “Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”.

Para que de esta forma, esta legislatura, pueda abonar para tales efectos de la conmemoración y enaltezca la importancia de su promulgación, sirviéndonos como fuente de inspiración para nuestra labor legislativa y, por supuesto, que no solamente letras escritas, sino que también hay que hacer ese reconocimiento, que toda mexicana y todo mexicano en nuestro país, deba conocer nuestra ley suprema y deba también defenderse sobre de ella.

¿Qué es lo que queremos? Que simplemente nadie esté por encima de la Constitución.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Iniciativa

La suscrita, Diputada Federal por la Ciudad de México en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta H. Asamblea, iniciativa con proyecto de Decreto, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Hace casi cien años, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Don Venustiano Carranza presentaba ante el Congreso Constituyente de 1917, el proyecto de Constitución Reformada, con lo cual daba cumplimiento a una de las promesas de la revolución, en el marco de las modificaciones propuestas, se buscaba encaminar a la Nación “hacia el progreso por la senda de la libertad y del derecho” 1, su redacción pretendía subsanar los errores y abusos que habían sido generados por la Constitución anterior de 1857, por ejemplo, indicaba que el “El recurso de amparo, establecido con un alto fin social, pronto se desnaturalizó, hasta, quedar, primero, convertido en arma política; y, después, en medio apropiado para acabar con la soberanía de los estados; pues de hecho quedaron sujetos de la revisión de la Suprema Corte hasta los actos más insignificantes de las autoridades de aquéllos; y como ese alto tribunal, por la forma en que se designaban sus miembros, estaba completamente a disposición del jefe del Poder Ejecutivo, se llegó a palpar que la declaración de los derechos del hombre al frente de la Constitución federal de 1857, no había tenido la importancia práctica que de ella se esperaba”.

2.- Dentro de la crítica que planteaba, se señalaba de manera puntual las principales fallas del sistema en general, como son; que el poder no estaba ejercido por mandato de la voluntad popular, si no por aquel que tenía en su poder el uso de la fuerza pública, lo cual es una aberración y una afrenta a los ideales en los cuales estuvo basada, al grado tal de que el poder estaba concentrado en las manos del Poder Ejecutivo, quien parecía no tener límites, y tanto el Poder Legislativo así como los Gobiernos de los Estados, carecían de total libertad y Soberanía en su actuar y se convertían en meros ejecutores de las decisiones emanadas del poder central.

3.- En ese tenor, se iniciaba con la etapa constructiva de la Revolución, donde el constitucionalismo había vencido al villismo y al zapatismo, el 1 de diciembre del año de 1916, en la Ciudad de Querétaro, el Diputado Presidente del Congreso Constituyente, Luis Manuel Rojas, señalaba en su discurso; “que el principio fundamental sobre el cual debe asentarse la nueva Constitución de la República, es el respeto más amplio a la libertad humana, proclamado muy alto, además, el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo, precisamente cuando os halláis en la más elevada de las Revoluciones de Méxicocima del Poder y de la gloria, donde las tentaciones de la ambición y las sugestiones del egoísmo ejercen de ordinario una influencia tan perniciosa como difícil de eludir.” 2

4.- El Congreso Constituyente de 1917, se caracterizó por la pluralidad de ideas y grandes pensadores, dándose de esta manera, debates que han tenido bien denominar como “notables”, por ejemplo, en la 8ª. sesión ordinaria, del día 11 de diciembre del año 1916, se discutió la necesidad de mantener la educación con un carácter laico, ajeno a la religión y en la cual identificaban a la Iglesia como el gran enemigo, dado que antepone sus intereses a los de la Nación (Voto Particular de Luis G. Monzón)3, se reconocía la importancia de la Educación Primaria, ya que por este medio se dice, se civilizan los pueblos, y el maestro, aquel que trabaja en el templo del saber, a pesar de ello, no debe hacer mención alguna de ningún tipo de asunto religioso, ya sea para recomendarlos, como tampoco para combatirlos, en ello radica el espíritu del Laicismo.

5.- De esa relevancia, fueron los debates que forjaron la nueva Constitución Política que habría de regir la vida de los Mexicanos, liderados por el Primer Jefe Constitucionalista, Don Venustiano Carranza, al cual recordamos en palabras del C. Ramos Práslow, a quien se dirigió con orgullo y respeto; “él supo ofrecer en holocausto de la revolución la vida de su hermano, sacrificando el cariño fraternal, demostrando ser un jefe patriota, un caudillo incomparable, y otorgando a la patria la mejor garantía de que los principios existirán siempre sobre los hombres y no los hombres sobre los principios”, es por eso que esta legislatura no debe dejar pasar desapercibida la oportunidad de reconocer el valor y las aportaciones realizadas por el Congreso Constituyente de 1917, las cuales están plasmadas en nuestra carta fundamental y haciendo honor al Centenario de su promulgación, por las razones anteriormente expuestas, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados “Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de1917”.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se instruye a la Mesa Directiva de esta Cámara para que, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, organice la ceremonia en que se dé cumplimiento a este decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 20 de julio de 2016.

Suscribe

Dip. Evelyn Parra Álvarez.

1http://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/DVC_1916.PDF.

2 http://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/251/1/images/014.pdf.

3 http://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/251/1/images/019.pdf.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Diputada Parra Álvarez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.






Se concede la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, para presentar a nombre propio y del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 78 y 122 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de zoológicos y acuarios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78 Y 122 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre propio y del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Compañeras y compañeros legisladores:

Estamos a unos meses del Centenario de nuestra Constitución Política. Una Constitución que fue vanguardista para su tiempo, al ser la primera en reconocer los derechos sociales.

Esta idea de ser vanguardista que se plasmó en la Constitución Política de 1917 se ha mantenido en el tiempo. En estos 100 años, el Estado mexicano se ha transformado con la ampliación de los derechos reconocidos en la Constitución, la consolidación de la democracia y la aprobación de reformas para ser un país más competitivo, transparente y justo.

En el 2011, el Constituyente adoptó el paradigma de los derechos humanos como el principio rector en la articulación del Estado mexicano. Así, la persona y sus derechos se colocan en el centro del Estado, por lo que los derechos humanos son el límite y el vínculo que el poder público y el privado deben respetar y garantizar.

Por ello, un país que respeta los derechos humanos debe hacerse también conocedor de las consecuencias del maltrato animal.

Además, hemos adoptado el formato de parlamento abierto para construir el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción; dos temas que, sin duda alguna, fortalecen al Estado mexicano y permitirán recobrar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus gobiernos.

Aprobamos reformas trascendentes en materia educativa, energética, laboral, de competencia económica y de telecomunicaciones con la intención de liberar el potencial de crecimiento de México y convertirnos en un país desarrollado. Es decir, hemos sido vanguardistas en muchos temas.

Sin embargo, el referente al uso y manejo de los animales ha continuado bajo criterios retrógradas que demuestran nuestro bajo nivel de conciencia.

Por ello, reconozcamos que para lograr un país desarrollado, debemos cambiar y modificar nuestras conductas.

Compañeras y compañeros legisladores, el maltrato a los animales es un tema preocupante y que cada vez indigna más a nuestra sociedad, a la sociedad mexicana.

Hace unos días fuimos testigos de una molestia social por la muerte del gorila Bantú y posteriormente vimos la indignación de algunos otros por la necropsia que se le practicó, la cual fue difundida por unas fotografías en algunos medios de comunicación.

En el Partido Verde estamos a favor de la recuperación de los auténticos valores culturales de nuestro país y no de algunos otros que pretendemos adoptar.

Somos creyentes que México está avanzando para tener una sociedad más consciente, más justa e igualitaria.

En este entendido debemos cuestionarnos si hay alguien que está en contra de proteger a los animales, si hay alguien que está en contra de legislar para castigar y sancionar el maltrato animal.

El día de hoy, las y los legisladores del Partido Verde presentamos ante ustedes un bloque de iniciativas que buscan eliminar prácticas de maltrato animal, que en el caso de algunas por muchos años se han considerado culturales y artísticas.

Con estas iniciativas queremos decir basta de ocultar la violencia a través de actos disfrazados de entretenimiento, esto sólo demuestra nuestra falta de sensibilidad al sufrimiento de las especies.

Sabemos que tenemos una parte de la sociedad a nuestro favor, quienes son conscientes de las malas prácticas en el manejo de los animales que viven en cautiverio.

Y es por ellos que el día de hoy queremos construir los cambios legislativos que permitan eliminar las prácticas de maltrato indiscriminado a los animales.

Garantizar el bienestar de los animales no ha sido una tarea fácil y sencilla, el Partido Verde con los consensos necesarios con otras fuerzas políticas, hemos logrado incorporar el trato digno y respetuoso en la legislación, sin embargo no ha sido suficiente para erradicar acciones que van en contra de la supervivencia de los animales.

Con las iniciativas que estamos presentando el día de hoy, queremos resaltar que en México podemos generar mayor nivel de conciencia y protección hacia la fauna, dejando atrás prácticas primarias que inhiben el desarrollo de una sociedad en convivencia armónica con la naturaleza.

Por ello, nuestras propuestas tienen por objeto, regular: la exhibición de animales en zoológicos y en acuarios; el uso de mamíferos marinos en espectáculos fijos; la erradicación de las peleas de gallos; el tráfico de especies; la eliminación de las corridas de toros; la prohibición de las peleas de perros y la exhibición de mascotas.

Estas propuestas buscan una sociedad empática con los animales. Los invito a trabajar en pro del bienestar animal, logremos que México sea reconocido como un país protector de los derechos de los animales también.

Cambiemos nuestra forma de ver a la naturaleza, no la veamos como un simple insumo, veámosla como un factor indispensable en el desarrollo de nuestra sociedad; no abusemos de la condición de los animales, protejámoslos y respetémoslos como a nosotros mismos.

Por ello, señor Presidente, le solicito atentamente, este paquete de iniciativas sean turnadas a la Cámara de Diputados, para que inicien su discusión como Cámara de origen.

Asimismo, me permito comentar que otras de nuestras propuestas que el día de hoy presentamos y sometemos a la consideración, busca establecer las bases constitucionales para transitar hacia una regulación del ejercicio del derecho que debe ser armonizado con la protección del ambiente y de la salud. Nos referimos a las manifestaciones, que indiscutiblemente constituyen una de las maneras de ejercer la libertad de expresión, pero que al mismo tiempo generan afectaciones a terceros.

Debe quedar muy claro que en ningún momento se busca restringir el legítimo derecho de la ciudadanía a manifestarse en las calles, con esta reforma se deberá emitir una ley general que será la base para ordenar la realización de las manifestaciones que tanta falta le hacen a nuestras ciudades.

Mantengamos ese espíritu vanguardista en nuestra legislación, que nos permita seguir edificando un país más competitivo de derechos y libertades.

Asumamos un rol de mayor responsabilidad al respetar a todos los seres vivos.

Convirtamos en mejores seres humanos para consolidar una sociedad donde hay respeto de nosotros hacia otras especies.

Por su atención, muchas gracias, Asamblea.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Quienes suscriben, JESÚS SESMA SUÁREZ y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, respectivamente, a nombre de las y los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78 Y 122 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS, la cual solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El hombre es un ser vivo y, como tal, forma parte de la naturaleza, entendida ésta como el conjunto de todos aquellos seres no artificiales que existen en el universo. La esencia específica del hombre consiste en la racionalidad, en poseer una inteligencia y una voluntad libre. Dicha esencia coloca al hombre en una situación de privilegio frente al resto de los seres vivos, pues a diferencia de ellos, su comportamiento no está determinado por los instintos y necesidades primarios sino que, gracias a su voluntad libre, incluso puede obrar en oposición a los mismos.

Desde sus orígenes, el hombre siempre ha intentado conocer y dominar la naturaleza, ya que de ello dependía su supervivencia. El conocimiento del entorno natural, así como su transformación y aprovechamiento, motivó e impulsó el desarrollo del conocimiento científico. Gracias a su inteligencia, el hombre ha sabido adaptar la realidad a sus propias necesidades, ha sido capaz de utilizar la naturaleza y perfeccionarla acomodándola al modo de ser y las necesidades humanas.

En este sentido, la aparición de las primeras colecciones de animales de vida silvestre, como son los acuarios y los zoológicos, obedece a esta concepción instrumental de la naturaleza, en la que el hombre considera poseer el legítimo derecho de poner a su servicio los recursos naturales, incluyendo, desde luego, la fauna no doméstica.

Hoy en día, a la luz de las consecuencias tan negativas que el uso irracional de la naturaleza ha tenido sobre el entorno, ha surgido una tendencia social que cuestiona seriamente la necesidad de mantener en cautiverio a un grupo de animales, como sucede en los acuarios y zoológicos.

El elemento común que caracteriza a los acuarios y zoológicos es que se trata de colecciones de animales, las cuales han tenido diferentes propósitos a lo largo del tiempo hasta llegar a su concepción contemporánea, tal como se explica a continuación.

Los acuarios son grandes recipientes de agua, elevados sobre superficies artificiales de rocas o sostenidos por columnas, cuyo fondo y paredes laterales se construyen de gruesas láminas de vidrio, con el fin de observar a sus habitantes. Existen diferentes tipos de acuarios, pero el caso que nos ocupa es el del acuario público, entendido como un lugar que alberga a varias especies acuáticas, con un fin comercial o educativo, el cual está destinado a exhibir las distintas especies existentes en un lugar determinado.

Según hallazgos arqueológicos, los primeros acuarios se remontan a la civilización egipcia, ellos utilizaban estanques especiales con el fin de mantener con vida a los peces y al mismo tiempo lograr la reproducción de los mismos. Los egipcios criaban tilapias para disponer de una reserva de alimentos a lo largo del año y también criaban peces que eran adorados como divinidades, por ejemplo, la perca del Nilo. Los romanos igualmente criaban peces de agua dulce, pero con el único fin de alimentarse de ellos.

Por su parte, los chinos acostumbraban albergar en un mismo sitio varias especies de peces, sin embargo, sólo los emperadores y las personas cercanas a éstos podían contar con ese privilegio. Fue en esta época cuando comenzaron a utilizarse peces con fines decorativos en fuentes y estanques, tanto interiores como al aire libre. Durante el siglo XV esta costumbre se difundió hasta territorio japonés. Los primeros acuarios fueron construidos de bambú, porcelana y algunos otros de cristal.

En 1853 se abre en Londres el primer acuario público del mundo (Regent’s Park), al cual le sucedieron la apertura de los acuarios de París en 1867 y Nueva York en 1896. Con la aparición de nuevas tecnologías se logró la aclimatación de más especies, gracias a lo cual la acuariofilia se extendió por todo el mundo y se construyeron gran cantidad de espacios cuyo propósito es la recreación de un ecosistema acuático artificial en el que puedan desarrollarse todo tipo de especies.

En cuanto respecta a los zoológicos, se trata de instituciones que exhiben, durante al menos un periodo del año, toda o parte de su colección, compuesta principalmente de animales salvajes (no domesticados), de una o más especies, instalados de tal modo que resulta más accesible verlos o estudiarlos que en estado de naturaleza.1

La evidencia tanto arqueológica como antropológica revela que en todas las grandes civilizaciones existieron colecciones de animales, asentadas primordialmente en sus grandes ciudades. Originalmente, la posesión de estas colecciones era un privilegio reservado a la nobleza. Reyes y emperadores sumerios, egipcios, asirios, romanos y chinos, hasta antes de Cristo, y posteriormente los de la época medieval mantuvieron algún tipo de colección animal, siendo su propósito fundamental la ostentación de algo que por entonces se consideraba un símbolo de poder, ignorando las necesidades de los animales, que frecuentemente padecían de maltrato.

Esta tradición se prolongó hasta el siglo XVIII de nuestra era cuando la nobleza comenzó a perder buena parte del poder que concentraba y muchas de las colecciones de animales privadas que poseían debieron juntarse con otras para conformar muestras de mayor tamaño y más completas, a las cuales comenzaron a tener acceso los ciudadanos comunes a cambio del pago de alguna cuota que servía para mantener a los animales exhibidos.

El desarrollo industrial y la proliferación de grandes centros urbanos dieron pie a la protección de áreas naturales, así como a la construcción de grandes parques y áreas para la recreación. En este contexto, el florecimiento de las ciencias naturales propició, por su parte, un creciente interés por la naturaleza y el mundo animal, que se vio reflejado en la construcción de museos de historia natural y parques zoológicos por toda Europa, tendencia que más tarde se extendió a otras latitudes del mundo, en donde estos espacios eran promovidos como una atracción turística.

El diseño de los zoológicos ha ido evolucionando paulatinamente hasta lograr que los animales sean exhibidos ya no en jaulas construidas con barrotes de acero, sino en ambientes que recrean las condiciones de sus hábitats naturales, muchas veces sin necesidad de utilizar rejas, las cuales son sustituidas por fosas que ponen al público fuera del alcance de los animales.

Después de este breve repaso de la historia de acuarios y zoológicos en el mundo, es necesario señalar que se produjo un cambio importante en cuanto al trato que los animales reciben en estos recintos, pues se han desarrollado normas y reglamentos orientados a promover el bienestar de las especies en cautiverio.

Asimismo, se debe establecer que actualmente estos espacios han dejado de tener como propósito exclusivo la ostentación y el entretenimiento privado de sus orígenes (que luego se hizo público), para sumar a sus prioridades la educación y concientización de la población, así como la investigación científica para aumentar el conocimiento del mundo animal; y la conservación ex situ de las especies y ecosistemas en peligro.

No obstante lo anterior, los acuarios y zoológicos de hoy enfrentan problemas relacionados con el cautiverio, la protección y el bienestar de los animales, los cuales han generado manifestaciones de ciudadanos y organizaciones civiles que han expuesto las múltiples deficiencias existentes en los temas antes aludidos.

La discusión principal, como ya se señaló, gira en torno al cuestionamiento de las razones que justifican la necesidad de mantener a los animales en cautiverio, especialmente cuando uno de los fines principales tanto de acuarios como de zoológicos sigue siendo la exhibición de los mismos, lo cual representa una relación de explotación en la que los animales se encuentran en franca desventaja.

Cabe señalar que la mayoría de las especies cautivas en acuarios y zoológicos no están en peligro de extinción, por lo cual su existencias e sustenta en programas que persiguen y capturan desde hábitats salvajes a los animales para someterlos a una vida de exposición pública.

No podemos soslayar el hecho de que todos los animales invertebrados y vertebrados poseen un sistema nervioso central que proporciona información valiosa acerca de la capacidad de sentir agrado, dolor o miedo, es decir, de la capacidad de los animales de sentir emociones y sufrimiento más allá de las reacciones eminentemente físicas.2 Esta aseveración es un primer paso para entender que no puede considerarse divertido ni entretenido ver a los animales en situaciones de hacinamiento masivo y encierro forzado, porque esta condición les genera sufrimiento.

La segunda consideración a destacar es el respeto a la vida, directamente vinculado con el concepto de persona no humana, ya que los animales son seres vivos, no son objetos inanimados ni juguetes, razón por la cual merecen el respeto y la protección de los seres humanos.

En este orden de ideas, los movimientos que critican la posesión de animales en cautiverio resaltan la obligación ética y moral del hombre de evitar que los animales sufran, enfermen o mueran debido a deficiencias materiales y humanas en el trato que reciben. Así mismo, estos movimientos insisten en la necesidad de encontrar esquemas que permitan enseñar ala población la diversidad y la belleza de los recursos que posee la naturaleza, pero en un marco de respeto a la vida silvestre, que permita brindar a los animales un trato digno, civilizado y decoroso, para lo cual, en muchos casos, el cautiverio representa un obstáculo difícil de superar.

De acuerdo a la organización española “Ética Animal”, el cautiverio representa para los animales silvestres una fuente de dolor continuo que puede llegar a provocarles la muerte. Múltiples estudios han reportado la presencia de zoocosis en diversos centros de exhibición animal.

La zoocosis es el nombre que se le da a un conjunto de conductas estereotipadas y repetitivas que realizan los animales en cautiverio, sus síntomas son inapetencia, tristeza, claustrofobia y automutilación, los seres vivos están en un estado de frustración, mostrando señales de angustia psicológica que provocan comportamientos anormales y autodestructivos como son: morder los barrotes, arrancarse el pelo, atrofia sexual y asesinato de crías.

Se estima que un 80% de los animales encerrados desarrollan algún signo de zoocosis, lo cual pone de manifiesto que incluso bajo las mejores condiciones es imposible replicar fielmente o acercarse a crear algo similar al verdadero hábitat en donde se desarrollan los animales. Si a lo anterior le agregamos que su esperanza de vida en estos lugares es mucho menor de lo que sería en estado de naturaleza, se concluye que ni acuarios ni zoológicos son hogares adecuados para los animales.

Otro inconveniente de mantener a los animales en acuarios y zoológicos es la diferencia entre la esperanza de vida que alcanzan algunas especies en libertad y la que tienen en cautiverio, para ilustrar esta situación bastan los siguientes ejemplos:

Según los doctores John Heyning y Marilyn Dahlheim, especialistas en fauna marina de la Universidad del Sur de California, la edad máxima alcanzada para las orcas oscila entre 80 y 90 años en las hembras y de 50 a 60 años en los machos, sin embargo, las orcas hembra en cautiverio no llegan ni siquiera a los 30 años. Ellos mismos destacan que la vida promedio de los delfines en libertad es de 40 años, mientras que en cautiverio no excede de 8 años, es decir una quinta parte de lo que vivirían en su hábitat natural.

Otros casos documentados son: los tiburones y los caballitos de mar. Los tiburones en cautiverio duran menos de 5 años de vida mientras que en la naturaleza alcanzan una expectativa de 70 años. Por su parte, la esperanza de vida de los caballitos de mar en vida silvestre es 4 años, la cual se reduce a la mitad cuando están en cautiverio.3

Otro dato significativo es que el 70% de todas las especies marinas mueren durante el primer año de su vida en cautiverio,4 lo cual da cuenta de la dificultad que tienen los animales para adaptarse a condiciones distintas a las de su hábitat natural. Cabe también destacar dos cifras que resultan alarmantes: 95% de las especies marinas comercializables son capturadas en su hábitat natural, esto significa que sólo 1 de cada 20 animales marinos ha salido de la procreación en cautiverio, cifra que es significativamente baja en términos de tasa de fecundación, pero más preocupante aún es que en el transporte de especies mueren entre el 50 y el 80% de los ejemplares marinos capturados.

La organización no gubernamental “Personas por el Trato Ético de los Animales” (PETA) publicó en 2012 el “Reporte de Hacinamiento de Animales Marinos” en éste se establece que la cantidad de espacio para cualquier ser marino es trascendental en su desarrollo y crecimiento, razón por la cual concluye que por más grande que sea un acuario jamás podrá compararse con el mar o el océano. En este orden de ideas, las condiciones existentes en muchos acuarios obstaculizan la movilidad de las especies, pues representan un hábitat artificial estrecho ya sea porque tienen pequeños volúmenes de agua o un exceso de población.

Ante la evidencia en contra del cautiverio animal, algunos países están planteándose seriamente la continuidad de los acuarios y zoológicos bajo el esquema que hoy conocemos, es decir, que existen cuestionamientos sobre la conveniencia de permitir que estos recintos sigan siendo negocios que compiten en el sector del ocio y que mueven importantes cantidades de dinero a costa del sufrimiento de los animales y en muchas ocasiones legitimándose a través de la implementación de programas de conservación de especies. A pesar de dichos programas, se debe cuestionar por qué si la conservación de las especies es un valor tan mencionado dentro de las prioridades de acuarios y zoológicos, no hay cifras crecientes en términos de recuperar a los animales para reintroducirlos en la vida a sus ecosistemas naturales.

La propia Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA) publicó en 2005 la “Estrategia Mundial de los Zoológicos y Acuarios para la Conservación”, en la cual exhorta a los zoológicos y acuarios de todo el mundo a incrementar las actuaciones de conservación in situ (en la naturaleza) y a desarrollar programas de investigación tanto in situ como ex situ.

Un ejemplo de que sí es posible transformar a los acuarios y zoológicos, prohibiendo la exhibición pública de animales, con objeto de que éstos cierren sus puertas y sean recintos reservados únicamente a la investigación científica y a la conservación de especies que requieren protección por encontrarse en alguna categoría de riesgo, son los casos de Costa Rica y la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

Costa Rica es un país caracterizado por la trascendencia de sus esfuerzos a favor del medio ambiente y la protección del entorno y en 2013 decidió mandar al mundo un mensaje de congruencia al eliminar sus dos zoológicos estatales y transformarlos en jardines botánicos. El Parque Zoológico Simón Bolívar, en pleno centro de la capital, y el Centro de Conservación, en el suburbio capitalino de Santa Ana dejarán de existir como tales en los próximos años. El Simón Bolívar será transformado en un jardín botánico y el Centro de Conservación, en un parque natural urbano. En ambos espacios se apreciará una muestra de la biodiversidad de Costa Rica en un ambiente sin barrotes. Como parte de la reforma, se eliminarán las jaulas y los 400 animales de estos zoológicos serán reubicados entre centros de rescate y zoológicos privados del país. Este nuevo concepto de jardín botánico será un centro natural de muestra de orquídeas que atraerá a aves locales; además, también serán centros de investigación científica.

Por otra parte, el Zoológico de Buenos Aires, abierto desde 1875 cerró este año sus puertas y pondrá en marcha un profundo proceso de reconversión. Después de meses de polémicas y especulaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el cierre del histórico jardín situado en el barrio de Palermo a partir del 23 de junio de 2016 y el inicio de un proceso de transformación hacia un “Ecoparque Interactivo”.

El Gobierno dela Ciudad de Buenos Aires indicó que una parte de los 2,100 animales que viven en el Zoológico de Buenos Aires serán trasladados en las próximas semanas a santuarios y reservas de todo el país y del exterior. Este proceso, implicó el cuestionamiento sobre si el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires cumplía el rol que la sociedad le demandaba: cuidar y preservar a los animales, asegurándoles un entorno natural y de respeto. La respuesta fue negativa y se concluyó que una lógica basada en la exhibición de animales y emplazada en el centro de una ciudad, no puede estar a la altura de los desafíos educativos y de preservación de especies que le exige el siglo XXI.

Frente a este panorama, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en aras de establecer la libertad animal como un concepto imperativo de la sociedad mexicana sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMANLOSARTÍCULOS 78 Y 122 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 78; y se adiciona una fracción XXI Bis al artículo 122, todos de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 78.- Las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento, y para el caso de ejemplares vivos, contar con un plan de manejo autorizado por la Secretaría.

Los predios e instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada, como espectáculos públicos y colecciones privadas, sólo podrán operar si cuentan con planes de manejo autorizados por la Secretaría, y además deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

Queda prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos, así como su exhibición en zoológicos y acuarios.

Artículo 122. Son infracciones a lo establecido en esta Ley:

I. a XXI. …

XXI Bis. Reemplazar, sustituir o intercambiar ejemplares de vida silvestre, para su exhibición en zoológicos y acuarios.

XXII. a XXIV. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los ejemplares de las especies existentes en zoológicos y acuarios al momento de la entrada en vigor del presente decreto, podrán continuar en cautiverio con fines de exhibición, siempre y cuando no implique interacción con humanos más allá de la estrictamente necesaria, que será siempre por personal capacitado, para garantizar su alimentación, cuidados físicos y de salud indispensables para su óptima conservación hasta su muerte.

Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contará con un plazo de seis meses para integrar un registro de ejemplares de todas las especies que habitan en zoológicos y acuarios, con la finalidad de garantizar que no exista reemplazo, sustitución o intercambio de los mismos, así como para el adecuado control de su población.

Cuarto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las autoridades estatales, garantizará la existencia de espacios para la conservación de especies y poblaciones en riesgo, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la normatividad aplicable. Asimismo, promoverá que las actuales instalaciones de zoológicos y acuarios, de ser posible, sean utilizadas como parques ecológicos, centros de rehabilitación, de reintroducción, de educación ambiental o de conservación de especies en riesgo.

Quinto. El Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas para que se ajusten al contenido del presente decreto en un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor del mismo.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 20 de julio de 2016.

Suscriben

1 Véase, Collados Sariego, Gustavo, “El rol de los zoológicos contemporáneos”, 1997.

2 Véase, Michael Satchell, “Cruel and Usual: How Some of America’s Best Zoos Get Rid of Their Old, Infirm, and Unwanted Animals”, U.S. News and World Report, 2003.

3 Véase, “Cambiando la marea”, Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA), 2009.

4 Ibídem.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 60 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE MAMÍFEROS MARINOS

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre propio y del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE PELEAS DE GALLOS

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre propio y del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, JESÚS SESMA SUÁREZ y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, respectivamente, a nombre de las y los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE PELEAS DE GALLOS, la cual solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las peleas entre animales han fascinado al hombre primitivo desde tiempos remotos y, por desgracia, hoy siguen llevándose a cabo espectáculos, alrededor de todo el mundo, en los cuales se ejerce algún tipo de violencia en su contra con el fin de divertir a un público, sin tener en consideración el sufrimiento animal. Un ejemplo claro de lo anterior son las peleas de gallos.

La antigüedad de la afición a los combates entre gallos ha derivado en el perfeccionamiento paulatino de los métodos de cría, la selección de los tipos de gallos, la especialización de sus entrenadores, los utensilios necesarios, las modalidades de las peleas y las consiguientes apuestas, conformando hoy una lucrativa industria que genera tanta repulsión como pasión.

Actualmente, las peleas de gallos son un fenómeno con muchas aristas que ha sido abordado desde diferentes perspectivas, pues es considerado simultáneamente un deporte, un juego de azar, un medio de entretenimiento, un negocio y un elemento tanto cultural como social.

Las peleas de gallos son combates entre dos gallos de un mismo género o raza, provocadas para el disfrute y la diversión del ser humano. Con esto debemos entender que el comportamiento de los gallos de combate ha sido modificado por el ser humano, el cual le expone a situaciones de estrés con la finalidad de generar conductas violentas, mucho más agresivas que aquéllas características de una vida en libertad. Además, se debe señalar que las razas han sido mezcladas y se han ido seleccionando los ejemplares más impulsivos para crear nuevos linajes, de modo que la agresividad, en muchos casos es ya instintiva.

ANTECEDENTES

El primer indicio de las peleas de gallos se encuentra en las Leyes de Manu (un importante texto sánscrito de la sociedad antigua de la India, escrito aproximadamente mil años antes de Cristo), lo cual confirma el origen índico de éstas. Gracias a los navegantes árabes, las peleas de gallos se extendieron a Indochina (Camboya, Vietnam, Laos, Birmania, Tailandia y Malasia), Indonesia, China y Japón.

A través de la ruta de la seda los gallos se difundieron en Persia y los territorios de Asia Menor, para luego llegar a Grecia. Los gallos fueron introducidos a la Península Itálica y a las Islas Británicas por los fenicios a través de su comercio con etruscos y celtas y así se extendieron hacia otros países en Europa, fundamentalmente aquellos de tradición latina como España, Francia y Portugal.

Desde la Península Ibérica e Inglaterra, donde las peleas de gallos alcanzaron un alto grado de popularidad, esta práctica se difundió hasta las más distantes partes del mundo, gracias al afán colonizador de estas potencias. Así, las peleas de gallos se extendieron por toda América.1

Hoy en día, las peleas de gallos en Europa (salvo en algunas regiones) son una actividad que está prácticamente extinta a nivel legal y la acción de las autoridades ha llevado al desmantelamiento de las galleras que aún operan de forma clandestina.

A diferencia del contexto europeo, en nuestro continente las peleas de gallos están permitidas en la mayoría de las naciones latinoamericanas. En países como Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, entre otros, las peleas de gallos cuentan con una amplia tradición y afición, además de ser identificadas como un elemento distintivo de la cultura o el folklore nacional.

En cuanto a nuestro país, se considera que “las peleas de gallos alcanzaron un auge que no tuvieron en ningún otro lugar, debido al temperamento del mexicano y a su afición por el juego. Durante la Colonia no se concebía fiesta religiosa o feriaalguna sin peleas de gallos. En la mayor parte de las ciudades y pueblos había palenques. Fue diversión socorrida tanto por los poderosos como por las clases populares. En la Ciudad de México había peleas de gallos diariamente, tan concurridas que fomentaban la holgazanería, por lo cual fueron prohibidas en varias ocasiones; pero sin resultado. En 1686, a instancias del arzobispo, el virrey las prohibió y ofreció indemnizar al asentista (empresario) por las ganancias que éstas le rindieran (al gobierno le producía sólo mil 720 pesos anuales). Y en vez de acabar con las peleas de gallos, se hizo de ellas una industria, criándose gallos exclusivos para pelea; y tuvieron sus reglamentos especiales”.2

Desde mediados del siglo XVI, las peleas de gallos, así como la industria relacionada con las mismas, han evolucionado notablementey su afición está distribuida prácticamente por toda la geografía de nuestro país. Los palenques son el origen de las ferias tradicionales y hoy día las peleas de gallos representan un espectáculo indispensable en Aguascalientes, León, Texcoco, Guadalajara, Puebla y Tlaxcala, entre otras ciudades donde se llevan a cabo las ferias de mayor importancia a nivel nacional.

PROBLEMÁTICA

Las peleas de gallos, son actos de suma violencia y crueldad que promueven el maltrato grave, que provocan daños a la integridad o deterioro de la salud de estas aves, pudiendo incluso causarles la muerte con sufrimiento del animal en un estado de conciencia.

Los gallos (Gallusgallus) son aves nativas del sudeste asiático, las cuales comenzaron a domesticarse hace aproximadamente siete mil años. Estas especies son herbívoras e insectívoras y poseen una esperanza media de vida en libertad de entre 5 y 10 años. Los machos (utilizados en las peleas) son más grandes que las hembras, midiendo entre 60 y 70 cm y llegando a pesar alrededor de 4 kilogramos.

Estas aves poseen una gran cresta rojiza en la cabeza, la cual es cortada para que en las peleas no se las picoteen, pues se podrían desangrar debido a las múltiples terminaciones sanguíneas de la misma. Lo anterior contravienedisposiciones relativas a la sanidad animal, según las cuales está prohibido realizar actos tales como la remoción, destrucción o alteración de cualquier miembro, órgano o apéndice del animal por causas distintas a las propiamente veterinarias, sanitarias u otras expresamente autorizadas por la ley.

Los gallos en libertad se organizan mediante un sistema jerárquico en el que uno de ellos es el dominante, que somete a todos los demás, característica que aprovechan los entrenadores de gallos para las riñas. Las gallinas tienen un orden jerárquico independiente y no entran en la dominancia de los machos.

Estas aves son criadas con el propósito de ser utilizadas en el combate. Es por ello que para la selección y formación de un gallo intervienen múltiples factores. Hoy en día, la crianza se ha formalizado en muchas partes del mundo y es posible importar gallos de cualquier país para ser cruzados y, de esta manera, “mejorar” la raza. El precio en el mercado de un gallo de pelea puede variar desde 300 hasta 2,000 euros en Europa y entre 600 y 1,000 dólares en Estados Unidos y México.

Nacidos para las peleas, los animales son reducidos exclusivamente a eso, a convertirse en una máquina de matar para el entretenimiento humano. Así, estos animales son valorados en función de la ganancia que se obtenga de ellos, por este motivo las personas que se benefician de estas peleas recurren a todo tipo de prácticas para criar gallos ganadores. Así es como antes de realizar cualquier adiestramiento, los gallos son elegidos a través de peleas de entrenamiento dentro de un mismo cobertizo.

Pasada ya la selección, al gallo se le descresta y desbarba con el fin de liberarle de obstáculos visuales para el combate. Después de unos días (dejando tiempo para que las heridas de la mutilación se cicatricen), se comienza el entrenamiento físico. El entrenamiento de un gallo de pelea se acompaña siempre de una estricta alimentación desde que nacen, la cual es complementada por complejos vitamínicos e incluso esteroidessuministrados durante el adiestramiento.

Dependiendo del tipo de gallo que se utilice, el entrenamiento es distinto, ya que no es igual un animal de un peso que de otro, ni uno con mucha masa muscular, o bien, uno lento que otro más ágil.

Por lo general, se obliga a los gallos a correr todos los días, a hacer ejercicios de fortalecimiento de músculos mediante flexiones forzadas, hasta que logren permanecer aproximadamente 20 minutos continuos corriendo. Esto parece normal, pero no se trata de una actividad natural de dicha especie.

Asimismo, unas semanas antes de la pelea, los gallos son cambiados constantemente de jaula, con la finalidad de ocasionarles estrés, debido al temor y al instinto natural de marcar territorialidad, lo que provoca que permanezcan alertas, evitando ser agredidos por algún otro ejemplar. Finalmente, dos o tres días antes de la pelea, son encerrados en jaulas muy pequeñas que los obliga a permanecer en pie día y noche para que, según los criadores, fortalezcan sus patas.

Si el gallo ha sido armado con espuelas, se entrenarán las alas para que así pueda elevarse y clavarlas en su oponente. Si lo que se quiere potenciar son el pico y las garras, se busca un entrenamiento que refuerce los músculos correspondientes.

Lo normal es que los gallos realicen un entrenamiento básico durante todo el año, el cual se vuelve más duro e intensivo cuando faltan entre 8 y 10 semanas para la celebración de la pelea.

En las peleas de gallos podemos encontrar diferentes armas con las que suelen combatir para hacer el combate más sangriento y violento, por ejemplo, las navajas y las espuelas. La navaja es un arma que dibuja una media luna, midiendo una pulgada desde su base hasta la punta. Su característica principal es que en la parte interna de la curva tiene un filo que podemos comparar con una hoja de afeitar, con la diferencia de que esta navaja es más robusta y sobre todo el acero más resistente y letal. Por otra parte, las espuelas son un arma que tiene forma de aguja dotada de un gran volumen, y que se colocan en el dorso de la pata, por encima del tobillo. Como de forma natural no son de gran tamaño, se colocan uñas artificiales que no suelen medir más de cinco centímetros, éstas se fabrican con materiales que van desde el carey hasta la fibra de vidrio. En algunas zonas es ilegal usar espuelas que no provengan de otro gallo.

Normalmente, la pelea se lleva a cabo en una arena, palenque o reñidero circular de 3.5 metros de diámetro por 80 centímetros de alto. Una vez pesados, los gallos son asignados en sus respectivas categorías, siempre bajo la supervisión de un juez.

Finalmente, ya en la pelea, los propietarios o careadores, introducen sus gallos agitándolos unos contra los otros para llevarlos a un estado de alteración. Una vez listos, los gallos son liberados e inmediatamente corren hacia su contrario con la finalidad de darle muerte, las plumas vuelan ya que atacan sus cuerpos con sus picos y patas. Igualmente, la sangre es abundante gracias a los espolones artificiales. También es común que los gallos se saquen los ojos en la pelea, de hecho, algunos torneos ofrecen incentivos para el gallo que mate o incapacite a su oponente en el primer minuto del combate.

La anterior descripción deja de manifiesto que las peleas de gallos son un acto salvaje y sanguinario que nos denigra como sociedad y ante el cual no podemos permanecer indiferentes.

CONTEXTO LEGAL

La evolución del ser humano ha derivado en el surgimiento de movimientos a favor de la protección animal, así como del reconocimiento y respeto de sus derechos, fundamentalmente en las sociedades más progresistas. Lo anterior se basa en la idea de que los animales son seres capaces de sentir y de experimentar tanto dolor como placer, por lo cual es imprescindible evitarles el sufrimiento y, hasta donde sea posible, la muerte.

Actualmente la legislación existente en nuestro país habla más de protección animal que de derechos pero, más allá de debates filosóficos, éticos o culturales, es un hecho que las leyes en la materia imponen la obligación del Estado de impedir el maltrato y la crueldad hacia los animales.

Ahora bien, la facultad de legislar en materia de bienestar animal, especialmente en cuanto se refiere a la fauna doméstica, se entiende generalmente como una competencia que corresponde al nivel local. Bajo esta lógica, la realización de peleas entre animales, como es el caso de las peleas de gallos, no están reguladas en el ámbito federal, al menos desde el punto de vista ambiental.

La única referencia a las peleas de gallos que existe en el marco jurídico de la Federación se encuentra en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, cuyo artículo 11 señala que “la Secretaría de Gobernación queda facultada para autorizar, en las ferias regionales, el cruce de apuestas en los espectáculos que determine el Reglamento de la Ley.”

La ausencia de alguna disposición de carácter general que prohíba tajantemente la realización de peleas de gallos en todo el territorio nacional deja en la esfera de las legislaturas locales la responsabilidad de acabar con una práctica que provoca el sufrimiento y la muerte de los animales de forma innecesaria.

Lamentablemente, como se muestra a continuación (véase Cuadro 1), ninguna de las leyes estatales de protección animal establece una prohibición contundente para las peleas de gallos, motivo por el cual éstas se siguen llevando a cabo, a pesar de que en muchos casos contravengan lo dispuesto de modo genérico en los respectivos ordenamientos, mismos que en su mayoría consideran que provocar peleas entre animales es un acto de crueldad y maltrato. Cabe señalar que algunos de estos ordenamientos caen en el absurdo de prohibir las peleas de perros, pero permitir las peleas de gallos sin precisar las razones por las cuales se establece una diferencia   entre uno y otro caso, que en principio siguen la misma lógica, es decir, azuzar animales para que se ataquen entre ellos haciendo de estas peleas un espectáculo público o privado.

CUADRO 1. COMPARATIVO ENTRE ENTIDADES QUE PROHÍBEN DE FORMA EXPRESA LAS PELEAS DE GALLOS

Entidad

Ordenamiento

Disposición expresa que prohíbe las peleas de gallos

Texto

Aguascalientes

Ley de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes

NO

El artículo 43 prohíbe organizar, inducir o provocar peleas de perros y de cualquier especie animal. Sin embargo, excluye a las peleas de gallos.

Baja California

Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja California

NO

Aunque tipifica y establece sanciones para todos los actos de crueldad en contra de los animales, el artículo 8 excluye las peleas de gallos.

Baja California Sur

Ley de Protección de los Animales Domésticos para Baja California Sur

NO

A pesar de que el artículo 14 establece que “todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un crimen contra la vida”, no existe una disposición que prohíba de manera concreta las peleas de gallos.

Campeche

Ley de Protección a los Animales para el Estado de Campeche

NO

El artículo 11 establece que nadie puede cometer actos susceptibles de ocasionar la muerte o mutilación de animales o modificar negativamente sus instintos naturales. Además prohíbe azuzar animales para que se acometan entre ellos, y sobre todo hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado. No obstante lo anterior quedan exceptuadas las peleas de gallos.

Chiapas

Ley de Protección para la Fauna en el Estado de Chiapas

NO

Si bien el artículo 13 prohíbe azuzar animales o provocar que se acometan entre ellos, o hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado, existe ambigüedad respecto a las peleas de gallos pues se establece que éstas habrán de sujetarse a los reglamentos y disposiciones aplicables.

Chihuahua

Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua

NO

El artículo 9, relativo a las prohibiciones, no hace ninguna referencia a las peleas de gallos.

Ciudad de México

Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal

NO

Si bien el artículo 25 prohíbe lacelebración de peleas entre animales,se excluyen las peleas de gallos.

Coahuila

Ley de Protección y Trato Digno para los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza

NO

Aunque el artículo 20 prohíbe las peleas de animales entre sí, o de cualquier otra especie, el mismo excluye las peleas de gallos.

Colima

Ley de Protección a los Animales del Estado de Colima

NO

El artículo 35 señala que nadie debe cometer actos susceptibles de ocasionar la muerte o mutilación de animales o modificar negativamente sus instintos naturales. Además prohíbe incitar animales para que se acometan entre ellos, haciendo de las peleas así provocadas, un espectáculo público o privado, pero quedan exceptuadas las peleas de gallos, siempre y cuando se sujeten a las leyes, reglamentos y las demás disposiciones aplicables.

Durango

Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Durango

NO

A pesarde que tipifica y establece sanciones contra el maltrato animal, el artículo 119 exceptúa de estas disposiciones las peleas de gallos.

Guanajuato

Ley para la Protección Animal del Estado de Guanajuato

NO

No obstante que el artículo 45 establece que queda prohibido organizar, inducir o provocar peleas de animales de cualquier especie, éste también señala que quedan excluidos, para los efectos de la Ley, las peleas de gallos.

Guerrero

Ley Número 491 de Bienestar Animal del Estado de Guerrero

NO

Si bien el artículo 43 considera un acto de crueldad el azuzar animales para que se ataquen entre ellos y hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado, quedan exceptuadas las peleas de gallos.

Hidalgo

Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo

NO

El artículo 65 señala que queda expresamente prohibido realizar peleas de animales ya sea como espectáculo público o privado, exceptuando las peleas de gallos.

Jalisco

Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco

NO

Si bien el artículo 29 señala que está prohibido realizar cualquier acto que lesione y provoque sufrimiento a los animales, no existe dentro del Título Tercero, relativoa las medidas de cuidado y protección de los animales, ninguna referencia expresa a las peleas de gallos.

México

Ley Protectora de Animales del Estado de México

NO

El artículo 7 establece que queda prohibido el azuzar animales para que se acometan entre ellos, y el hacer peleas como espectáculo público o privado, con excepción de las peleas de gallos, las cuales deberán sujetarse a los reglamentos y disposiciones relativas.

Michoacán

Ley de Protección a los Animales para el Estado de Michoacán de Ocampo

NO

El artículo 11 prohíbe azuzar animales para que se acometan entre ellos y hacer de las peleas así provocadas, espectáculo público o privado, con excepción de las peleas de gallos, las que habrán de sujetarse a los reglamentos y disposiciones vigentes.

Morelos

Ley Estatal de Fauna

NO

El artículo 12 prohíbe azuzar animales para que se acometan entre ellos y hacer de las peleas así provocadas, espectáculo público o privado, con excepción de las peleas de gallos, las que quedan sujetas a los reglamentos y disposiciones establecidos.

Nayarit

Ley de Protección a la Fauna del Estado de Nayarit

NO

El artículo 34 prohíbe, aquellos actos u omisiones que siendo innecesarios dañan la salud, integridad física, instinto, desarrollo o crecimiento de los animales, por ejemplo, obligarlos por cualquier medio a que acometan a personas u otros animales. Sin embargo, las peleas de gallos no se consideran para los efectos del presente artículo como actos de crueldad o maltrato.

Nuevo León

Ley de Protección a los Animales para el Estado de NuevoLeón

NO

El artículo 8 señala que queda prohibido azuzar animales para que se acometan entre ellos y el hacer de las peleas así provocadas, un espectáculo público o privado, así como facilitar inmuebles aún a título gratuito, para que tengan lugar dichas peleas. Quedan exceptuadas las peleas de gallos, cuando se sujeten a los reglamentos que expida la autoridad municipal.

Oaxaca

El Estado de Oaxaca no cuenta con una Ley de Bienestar o Protección Animal

NO

No aplica

Puebla

Ley de Protección a los Animales para el Estado de Puebla

NO

El artículo 15 considera como infracción a la Ley azuzar animales para que se ataquen entre ellos y hacer de las peleas así provocadas, espectáculo público o privado, no obstante, las peleas de gallos, no están consideradas como infracción.

Querétaro

Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro

NO

El artículo 37 considera como conductas crueles hacia los animales aquellos actos u omisiones que siendo innecesarios dañan su salud, integridad física, instinto, desarrollo o crecimiento de los animales, por ejemplo, obligarlos por cualquier medio a que acometan a personas u otros animales. Sin embargo, las peleas de gallos no se consideran para los efectos del presente artículo como actos de crueldad o maltrato.

Quintana Roo

Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo

NO

A pesar de que el artículo 34 considera como un acto de crueldad y maltrato, que debe ser sancionado, todo hecho, acto u omisión que ocasione dolor, sufrimiento, ponga en peligro la vida o integridad del animal, que afecte su bienestar o altere su comportamiento natural, no existe una disposición que prohíba de manera concreta las peleas de gallos, ni se hace referencia a éstas.

San Luis Potosí

Ley Estatal de Protección a los Animales

NO

El artículo 77 señala que queda prohibido el azuzar un perro o cualquier otro animal para que ataque a las personas o para propiciar peleas entre ellos, como espectáculo callejero o privado. Sin embargo, no hay disposición expresa que haga referencia a la prohibición de las peleas de gallos.

Sinaloa

Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa

NO

El artículo 15 considera como infracción a la Ley azuzar animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de las peleas así provocadas, espectáculo público o privado, a pesar de ello, las peleas de gallos, no son consideradas como infracción.

Sonora

Ley de Protección a los Animalespara el Estado de Sonora

NO

El artículo 6 considera un acto de crueldad a los animales provocar que se ataquen   entre ellos o a las personas y hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado. Por este motivo, el artículo 8 prohíbe otorgar permisos, licencias y cualquier tipo de autorización municipal para la realización de corridas de toros, sin embargo, quedan excluidas de los efectos de esta Ley las peleas de gallos.

Tabasco

Ley para la Protección y Cuidados de los Animales en el Estado de Tabasco

NO

El artículo 19 señala que se considera un acto de crueldad y maltrato que debe ser sancionado el provocar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas, así como hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado. Sin embargo, no hay disposición expresa que haga referencia a la prohibición de las peleas de gallos.

Tamaulipas

Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas

NO

El artículo 20 establece que se considera un acto o crueldad y maltrato hacia un animal azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado. No    obstante lo anterior, el artículo 25 señala las peleas de gallos en las que se autorice el cruce de apuestas deberán sujetarse a la legislación federal aplicable.

Tlaxcala

Ley de Protección a los Animales
para el Estado de Tlaxcala

NO

El artículo 29 señala que las autoridades previstas en esta Ley, no deberán autorizar espectáculos en los que se realicen peleas de animales o aquellos en que se maltrate a los mismos; a excepción de las peleas de gallos, las cuales quedarán sujetas a las disposiciones que sobre el particular establezcan los reglamentos respectivos.

Veracruz

Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

NO

Si bien el artículo primero señala que la Ley tiene por objeto instituir normas para proteger a los animales, evitarles el maltrato, la  crueldad y el sufrimiento, en el artículo segundo se establece que quedan excluidos de su aplicación las peleas de gallos, entre otros espectáculos.

Yucatán

Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán

NO

El artículo 13 entiende por acto de crueldad al animal el incitar, obligar o coaccionar a un animal para dañar, lesionar, mutilar o provocar la muerte de otro o de un ser humano. Sin embargo, el artículo 42 señala que as actividades públicas o privadas que realicen las personas físicas o morales, que incluyan animales en espectáculos se realizarán de conformidad a los usos y costumbres de las comunidades en las que se desarrollen, en términos de lo que establezcan los reglamentos municipales respectivos.

Zacatecas

Ley para la Protección y Bienestar de los Animales en el Estado y Municipios de Zacatecas

NO

Aunque el artículo 27 prohíbe, por cualquier motivo, realizar peleas entre animales, prohibidas por la Ley, el artículo 26 señala que las peleas de gallos se sujetarán a las disposiciones federales aplicables.

No obstante lo condenable que resulta el hecho de lastimar a otro ser vivo, existen grupos de poder para quienes la explotación de los animales representa un gran negocio, por lo cual están dispuestos a hacer hasta lo imposible por evitar la aprobación de una legislación que afecte sus intereses y ello ha impedido en más de una ocasión la prohibición de las peleas de gallos de conformidad con lo que establecen las leyes estatales de protección animal.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Como ya se señaló, las peleas de gallos se difundieron por todo el mundo y tuvieron un alto grado de popularidad en diversas latitudes, sin embargo, debido a la concientización de las sociedades de diferentes países sobre la necesidad de poner fin al maltrato animal, éstas han sido prohibidas paulatinamente.

EUROPA

Inglaterra

En el Reino Unido las peleas de gallos llegaron a ser incluso más importantes que el polo y las carreras de caballos, no obstante Oliver Cromwell las prohibió en el siglo XVII a través de un acta del parlamento inglés con el argumento de que favorecían la reunión de gentes desordenadas y de mal vivir. Luego vino el Rey Carlos II, quien también fue criador de gallos, y levantó la prohibición, promoviendo además la afición. Finalmente, la Reina Victoria prohibió en forma definitiva las peleas de gallos en 1849, La violación a esta disposición implicaba originalmente no sólo ir presos, sino además, la pérdida de títulos nobiliarios y bienes.

España

En España, la regulación sobre peleas de gallos es competencia de las comunidades autónomas y, salvo en Canarias y Andalucía, su práctica está prohibida explícitamente y es perseguida penalmente. El Código Penal contempla desde 2015 penas de prisión para los responsables de actividades ilegales de peleas de animales como perros y gallos.

Francia

En el siglo XIX se extendieron por toda Europa las leyes de prohibición de peleas de gallos. La Ley Grammont de 1850 prohíbe las peleas de gallos en Francia, solamente queda viva una tradición popular de peleas de gallos en el Norte Paso de Calais, es decir, en la zona que había pertenecido al Flandes español, donde las peleas de gallos estuvieron muy enraizadas durante los siglos XVI y XVII, los de la dominación española. Durante todo ese tiempo, aunque claramente ilegales, no se registró ninguna condena judicial por peleas de gallos en el departamento Norte Paso de Calais. En 1963 las peleas de gallos pasaron a ser delitos castigados con penas de cárcel en todo el territorio francés, excepto en Norte-Paso de Calais.

AMÉRICA

Argentina

En Argentina está prohibida la pelea de gallos, no obstante, la Provincia de Santiago del Estero no sigue esta ley. Mientras la ley nacional 14.346 prohíbe explícitamente las riñas de gallos, desde 1986, la ley provincial 5574 las permite.

Costa Rica

Las peleas de gallos son ilegales en Costa Rica, tanto por considerarse un peligro parala salud pública como un caso de crueldad hacia los animales. Aun así, la legislación no castiga penalmente este delito que es considerado una infracción.

Estados Unidos

En los Estados Unidos, las peleas de gallos fueron prohibidas en los 50 estados de la Unión. Treinta estados y el Distrito de Columbia han declarado ilegal la posesión de gallos con propósitos de pelea. También es ilegal ser espectador de una pelea de gallos en 40 estados. A nivel federal el Acta de Protección de Animales establece como ilegal el transporte interestatal de gallos a áreas que prohíben las peleas.

Por lo aquí expuesto, y cocientes de la necesidad de una legislación de carácter general que procure y garantice un trato digno y respetuoso a los gallos, desde una perspectiva que los entienda no como bienes oelementos naturales al servicio del hombre, sino como seres vivos con derecho pleno a su cuidado y respeto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido VerdeEcologista de México ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE PELEAS DE GALLOS

Artículo Único.- Se adiciona una nueva fracción XVIII al artículo 3o, recorriéndose la numeración de las demás fracciones en orden subsecuente; se reforma la fracción XI del artículo 5o; Se adiciona una nueva fracción XXII al artículo 7o, recorriéndose la numeración de las demás fracciones en orden subsecuente; se adiciona al Título Segundo un Capítulo III Bis denominado Fauna Doméstica y se adiciona un artículo 87 TER, todos a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XVII. …

XVIII. Fauna doméstica: Las especies animales cuya reproducción y crianza se han llevado a cabo bajo el control del ser humano, que conviven con él y requieren de éste para su subsistencia.

XIX. a XL. …

ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación:

I. a X. …

XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna silvestre y los demás recursos naturales de su competencia.

XII. a XXII. …

ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XXI. …

XXII. La regulación y protección de la fauna doméstica, y

XXIII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación.

TÍTULO SEGUNDO
Biodiversidad

CAPÍTULO III BIS
Fauna Doméstica

ARTÍCULO 87 TER.- Los Estados y la Ciudad de México establecerán en sus leyes locales las disposiciones necesarias para garantizar la protección de las especies de fauna doméstica, asegurar un trato digno y respetuoso, así como evitar el maltrato y la crueldad hacia las mismas. En estas disposiciones se incluirá la prohibición para organizar, inducir o provocar peleas de gallos.

Las sanciones correspondientes para la violación a los preceptos anteriores, serán determinadas por la legislación estatal y en ningún caso podrán ser menores a las que establece esta ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán las disposiciones correspondientes para prohibir las peleas de gallos, en un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales posteriores a la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. En un plazo no mayor a 180 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto el Poder Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones correspondientes al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 20 de julio de 2016.

Suscriben

1 Véase, CALISTRI, Marco, “Historia y difusión de los gallos de pelea”, Revista de Agricultura, Universidad Autónoma de Barcelona, 1985. Pp. 23-27.

2 Véase, Zamora Plowes, Leopoldo, “Quince Uñas y Casanova Aventureros”, Editorial Patria, México, 1984.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA PROHIBIR LAS CORRIDAS DE TOROS

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre propio y del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE PELEAS DE PERROS

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre propio y del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, JESÚS SESMA SUÁREZ y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, respectivamente, a nombre de las y los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE PELEAS DE PERROS, la cual solicitamos se turne a laComisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que todo animal posee derechos, Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales, Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo, Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo, Considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos, Considerando que la educación debe enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales, Se proclama lo siguiente:

Declaración universal de los derechos del animal

El desarrollo sostenible adquiere una preponderante posición como valor el respeto de todas las formas de vida, por ello no puede entenderse el desarrollo sustentable del ser humano si no está basado en la definición misma de su relación con los animales y en un marco jurídico elemental que garantice el derecho de vivir, ser respetados y cuidados, pero también a ser queridos.

De ahí la importancia que el tema de protección y bienestar animal tiene en sí, dada la obligación del Estado por formar ciudadanos generosos en su entorno y subsidiarios con el que lo necesita, no sólo el ser humano, sino los propios animales que contribuyen con su presencia cotidiana en nuestra vida, en los adelantos de la ciencia, como compañía y de elemental supervivencia nuestra.

Esta postura hacia el mundo animal desde luego aparejada a elementos éticos que debe entender a promover una cultura que pugne por suprimir el sufrimiento animal generado por el ser humano, al tiempo que contribuya a evitar el sufrimiento que es generado por el propio entorno.

El desarrollo de una cultura moderna y solidaria de protección al mundo animal, debe buscar que se auspicie en la sociedad el respeto a los animales como una forma de reconocer sus necesidades físicas y biológicas; de ese modo, surge el deber ético de proveer un marco normativo, mismo que debe forzosamente tender hacia el bienestar de todos estos en general.

Sin duda, las peleas de perros, así como otros espectáculos con animales, involucran la tortura, el maltrato y la explotación de los animales y, en consecuencia, rompen con los principios señalados del desarrollo sostenible.

Es en este contexto que una de las demandas nacional e internacional de organizaciones civiles a favor de la defensa de animales, es evitar el maltrato y la crueldad ejercida a ellos, a través de prohibiciones especificas del uso de animales en espectáculos públicos así como la manifestación de violencia directa ejercida a ellos.

Entre las peticiones que mayor impacto tienen ante la sociedad está la prohibición de peleas de perros y la comercialización de éstos con el mismo fin, puesto que existe una gran preocupación por estos animales de compañía.

Las peleas de perros consisten en enfrentar a dos (o más) perros para que luchen entre sí ante los espectadores, siendo las modalidades de esta actividad “a matar o a morir”.

Los orígenes de estos combates refieren a las luchas realizadas en el Coliseo Romano en donde los caninos peleaban con otras especies como toros u osos. En el caso de las peleas contra los toros, a estos se le arrojaba agua hirviendo en las orejas para hacerlo más violento y se le enfrentaba a los perros para ver cuánto podían aguantar colgados de alguna parte del toro. En el caso de las peleas de perros contra osos a estos se les cortaban las garras y los dientes, y el cuerpo del perro se protegía con una especie de armadura.

Desafortunadamente, en pleno Siglo XXI a pesar de la gran evolución que el hombre ha manifestado en otras áreas, las peleas de perros entre sí son muy populares en gran cantidad de países independientemente de que en algunos sea ilegal y en otros no.

Sin duda alguna, el “atractivo” de estas peleas no solo se circunscribe al acto de la lucha, sino que inicia desde el entrenamiento de los perros que consiste en el fortalecimiento físico del animal, así como su debilitamiento emocional, forzándolo a vivir situaciones de stress y fracaso, para luego reforzarlo "positivamente" a través del sparring, o enfrentamiento con otros animales de menor tamaño (a los que mata compulsivamente) o de mayor tamaño (de su misma raza y/o peso, para que se curta y aprenda a sufrir).

Otra de las áreas importantes a desarrollar durante el entrenamiento tiene que ver con la fortaleza del cuello y las mandíbulas, las que se trabajan con cauchos de neumáticos que penden de árboles y de los cuales los perros deben quedarse colgados por minutos.

A la par, el perro debe desarrollar reflejos, por lo que el trabajo con la manga de ring francés es imprescindible, pues mientras el perro muerde, se le golpean las patas delanteras para que poco a poco las aprenda a esconder y así evitar posibles mordidas contrarias.

Un fenómeno que en los últimos años se ha incrementado es el robo de animales de compañía, mismos que son utilizados como parte del entrenamiento para los perros de pelea pues al no ofrecer resistencias, aquellos no son lesionados.

A nivel internacional derivado de la firma y reconocimiento de la Declaración de los Derechos de los Animales a finales de los años setenta del siglo pasado, las peleas de perros se encuentran prohibidas e incluso tipificadas como delitos principalmente en Europa, Oceanía y prácticamente en todo el continente americano.

Si bien existen países en donde se permiten e incluso son consideradas parte de su tradición y cultura, como Japón, Rusia, Serbia por citar alguno de ellos, lo cierto es que cada vez es mayor el repudio a la práctica de peleas de perros, pues además del maltrato y tratos crueles a que son sometidos los caninos durante el entrenamiento y la pelea, cuando pierden los castigos que le son impuestos van desde ser electrocutados, golpeados o simplemente dejar que se desangren en la vía pública por ser inservibles.

Por citar un ejemplo, en Estados Unidos de América, durante el desahogo del procedimiento fincado en contra de un ex jugador de futbol americano y tres personas en el Estado de Virginia por crueldad animal se evidenció por parte de grupos de bienestar animal de ese país, que unas 40 mil personas de ese país estaban involucradas en peleas de perros "profesionales", y que se "usan" cerca de 250 mil perros, en donde las apuestas en peleas entre perros campeones pueden llegar a los 100 mil dólares.

Otro de las aspectos que conlleva la práctica de peleas de perros es que su realización tiene un gran impacto social, tal y como lo evidencia el Estudio del Departamento de Policía de Chicago, realizado en 2014, el cual señala que solamente en los barrios de Riverdale y West Garfield Park fueron arrestadas 322 personas en un periodo de tres años por peleas de perros y crueldad con los animales, de las cuales el 75 por ciento de ellas tenían afiliaciones con el mundo “gang” o de pandilla.

Ahora bien, en lo relativo a la forma de organizar estas peleas, las convocatorias se lanzan siempre de forma camuflada, a través de anuncios cifrados en los periódicos, foros, chats o vía telefónica. Si existe la menor sospecha de que el evento ha sido detectado por la policía, se suspende automáticamente.

Sin embargo, esto no ha sido obstáculo, para que la mayoría de los países europeos y latinoamericanos hayan implementado diversas disposiciones legales y cuerpos normativos de protección y bienestar animal en general; y en particular han estableciendo la prohibición e incluso la sanción administrativa y penal de las peleas de perros.

En el ámbito internacional, el Reino Unido fue el primer país en contar en toda la historia, con una legislación y sanción penal para el maltrato animal, la cual data del año de 1822, y las peleas de perros en público fueron prohibidas en 1902; en el caso de Alemania, en el año de 2002 modificó su Constitución para contemplar la obligación del Estado de proteger los fundamentos naturales de la vida y de los animales en el interés de futuras generaciones y, en consecuencia, la Ley Especial Tierschutzgesetz1 castiga con penas de prisión de hasta tres años o multa a quien mate sin causa razonable a un animal vertebrado, que le cause graves dolores o sufrimientos, o que les someta a ellos durante largo tiempo o de forma reiterada.

Por cuanto hace a Suiza, en el cantón de Zúrich2, las leyes prohíben el maltrato y castigan con penas de multa o cárcel casos que van desde el descuido grave o las molestias innecesarias hacia cualquier animal, hasta la muerte cruel; disparar a animales domésticos; emplearlos para espectáculos o anuncios en caso de suponerles dolor o sufrimiento; dejarlos expuestos a algún peligro por abandono; la amputación o destrucción de algún miembro del cuerpo; o doparlos para actividades deportivas.

Por último en lo que se refiere a Europa, Francia e Italia castigan con cárcel y multas que pueden llegar a los 30 mil euros para quien organiza espectáculos donde se dañe al animal.

En el continente americano, en los Estados Unidos de América, las leyes de protección animal pertenecen al ámbito local, lo que la hace muy desigual entre Estados su regulación. Por citar un caso, en Nueva York equivale a una multa con mil dólares o se penaliza con un año de prisión la crueldad, tortura, maltrato, muerte o no alimentar lo suficiente a un animal. Cuando el maltrato incluye prácticas sádicas o depravadas, la multa puede elevarse a 5 mil dólares, y la pena puede alcanzar los cinco años de prisión. Sin embargo, en el caso de Alabama, la sanción es cárcel y las penas pueden alcanzar los 75 años por esos mismos casos.

En lo referente a Sudamérica, en Colombia, desde el 2015 las multas por actos de crueldad y violencia contra los animales se elevan hasta 60 salarios mínimos mensuales y, las penas de prisión oscilan entre los 12 y 36 meses. Mientras que en Uruguay, se prohíbe promover peleas entre animales3.

En el caso de Paraguay4, la Ley de Protección y Bienestar Animal prohíbe la utilización de animales en espectáculos, peleas, fiestas populares y otras actividades que impliquen crueldad o maltrato que puedan ocasionarles la muerte, sufrimientos o hacerlos objeto de tratamientos antinaturales e indignos.

En la zona de Centroamérica, países como Costa Rica5 y Panamá6 en sus respectivas legislaciones prohíben las peleas de perros y las carreras entre animales. Desde el ámbito legislativo resalta la legislación de Cuba7, la cual si bien no cuenta con una ley que sancione a las personas por conductas violentas sobre los animales, en su sistema legal sí se sanciona a las personas que promueven las peleas de perros, tomeguines y gallos por el delito de participación en juegos prohibidos.

En México, la prohibición de las peleas de perros es regulada a nivel local desde dos visiones: la prohibición de las peleas de perros y su sanción administrativa que va de la multa hasta el rescate del ejemplar; o su persecución como delito tipificado en el Código Penal correspondiente a cada entidad federativa.

Así las cosas, en el tema de reyertas de perros en específico, o bien la prohibición del maltrato, crueldad animal o peleas en general de animales de la misma especie o entre especies, en la actualidad las leyes estatales de protección, bienestar o de fauna, mantienen a nivel general el siguiente estatus: se encuentra legislado en 31 estados, de los cuales 12 tienen la prohibición expresa de los combates de perros y 20 de ellos mantienen una prohibición general de maltrato, crueldad o peleas en general; siendo Oaxaca el único estado donde no existe regulación de protección a los animales.

Lamentablemente, a pesar de la existencia de una legislación estatal, ésta no es homogénea y en la mayoría de los casos, es desconocida por las autoridades; como botón de muestra, la organización Amigos Pro Animal México recibió en 2014 un correo anónimo con un cartel que anunciaba la segunda ‘Convención Anual Aguascalientes de Game Dogs’, con 11 peleas entre perros de distintos kilos.

Incluso, en la celebración de este año en los meses de abril y mayo, nuevamente la Feria Nacional de San Marcos, fueron notificados y denunciadas a las autoridades de la Ciudad de Aguascalientes la realización de este campeonato mundial; a lo que las autoridades señalaron que no se puede hacer nada porque los eventos no existen y no cuentan con facultades para perseguir estas actividades.

Lo cual al hacer una revisión del marco legal de esa entidad legislativa, no solo está legislado, sino prohibido y sancionado, como a continuación se cita:


Estado

Ley de Protección a los Animales

Código Penal

Aguascalientes8

ARTICULO 43.- Queda prohibido organizar, inducir o provocar peleas de perros y de cualquier especie animal.

Quedan excluidos para los efectos de esta Ley, las peleas de gallos, las corridas de toros, las novilladas y festivales taurinos, así como las faenas camperas, como tientas, necesarias para la ganadería de lidia. En igual forma, las charreadas, jaripeos, coleaderos y en general, todas las suertes de la charrería. Todas ellas habrán de sujetarse a los reglamentos y disposiciones legales conducentes. Es obligatorio brindar, un trato humanitario a los animales empleados en estas actividades.

ARTICULO 44.- Quedan prohibidas las siguientes conductas, las cuales se sancionarán como infracciones graves a la presente Ley.

V.- Planear, organizar, fomentar o participar en peleas de perros.

ARTÍCULO 191.- Atentados al equilibrio ecológico dolosos. Los Atentados al Equilibrio Ecológico Dolosos consisten en:

VI. Causar la muerte o lesiones que afecten la salud de animales domésticos, sin justificación o autorización legal. Para los efectos de la presente Fracción, los animales domésticos serán aquellos que habiten con un ser humano con la finalidad de convivir y dependan de éste para subsistir, así como los que deambulen libremente por la vía pública sin que habiten con un ser humano.

Afortunadamente, este movimiento de conciencia internacional y nacional es cada vez más fuerte, y las denuncias de este tipo de peleas de perros son cada vez más evidenciadas por ciudadanos comprometidos con la protección del medio ambiente.

Claro ejemplo de ello es el número cada vez mayor de casos como en la Ciudad de México, donde se ha denunciado la realización de peleas de perros en la zona boscosa de la Delegación Cuajimalpa de Morelos; así como en la Delegación Iztapalapa en donde a través de notas periodísticas se ha evidenciado y se está en espera de respuesta por parte de las autoridades de seguridad pública de la ciudad la confirmación de los datos que las colonias Penitenciaria, Santa María Aztahuacan, Santa Cruz Meyehualco, Unidad El Salado, entre otras, se realizan peleas de perros.

En la Delegación Miguel Hidalgo de la ciudad capital, en específico en las barrancas de la segunda y tercera sección del Bosque de Chapultepec, la Secretaría de Seguridad Pública ha señalado que se organizan y realizan peleas de perros, aprovechando estos espacios y lo alumbrado para la realización de las peleas de perros y otras actividades ilícitas.

En lo que se refiere al interior del país, de acuerdo a denuncias presentadas tanto por organizaciones no gubernamentales y particulares se tiene conocimiento de que se realizan peleas de perros en las siguientes localidades:

• La Ciudad de Saltillo y la ranchería de Nuevo Teresita en Coahuila.

• El Municipio de Tzintzunzan en Michoacán.

• En los Municipios de Ecatepec, Nezahualcoyotl y Toluca ubicadas en el Estado de México.

• En el Puerto de Mazatlán y El Rosarito en el Estado de Sinaloa.

• La ciudad de Xalapa y Boca del Río en Veracruz.

Además, estas denuncias ciudadanas han permitido tener una identificación más clara de los espacios utilizados para realizar peleas de perros, es decir:

• No necesitan una gran inversión pues se usan parajes, terrenos baldíos, patios de casas.

• Lugares aislados.

• Solamente a través de invitación se puede asistir.

Por eso, a través de esta iniciativa de ley estamos proponiendo sea incluida la prohibición expresa de las peleas de perros en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como de todas y cada una de las actividades que se desarrollan a su alrededor. Es decir, la promoción, inducción, asistencia, participación en las peleas de perros, para lograr su verdadera protección.

Además, de esta manera estamos dando armonía legal, a través del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno que son pasos firmes en el combate al maltrato y crueldad animal al que todos los seres vivos humano estamos obligados como guardianes de este planeta.

Para quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el trato digno a los animales implica respetarlos. El creer que son objetos que existen exclusivamente para satisfacer las necesidades de los seres humanos es un error. Los seres vivos no humanos son parte de los ecosistemas y cumplen una función importante en los procesos naturales.

De ahí la necesidad de impulsar todas las modificaciones a las que nos hemos referido con la intención de crear un entorno más favorable para la vida de los animales en general, y en particular de los perros que son utilizados en peleas entre su especie.

Por lo anterior, se somete a consideración de la Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE PELEAS DE PERROS, para quedar como sigue:

ÚNICO.- Se adiciona una nueva fracción XVIII al artículo 3o, recorriéndose la numeración de las demás fracciones en orden subsecuente; se reforma la fracción XI del artículo 5o; se adiciona una nueva fracción XXII al artículo 7o, recorriéndose la numeración de las demás fracciones en orden subsecuente; se adiciona al Título Segundo un Capítulo III Bis denominado Fauna Doméstica y se adiciona un artículo 87 TER, todos a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, para quedar como a continuación se presenta:

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XVII. …

XVIII. Fauna doméstica: Las especies animales cuya reproducción y crianza se han llevado a cabo bajo el control del ser humano, que conviven con él y requieren de éste para su subsistencia.

XIX. a XL. …

ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación:

I. a X. …

XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna silvestre y los demás recursos naturales de su competencia.

XII. a XXII. …

ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XXI. …

XXII. La regulación y protección de la fauna doméstica, y

XXIII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación.

TÍTULO SEGUNDO
Biodiversidad

CAPÍTULO III BIS
Fauna Doméstica

ARTÍCULO 87 TER.- Los Estados y la Ciudad de México establecerán en sus leyes locales las disposiciones necesarias para garantizar la protección de las especies de fauna doméstica, asegurar un trato digno y respetuoso, así como evitar el maltrato y la crueldad hacia las mismas. En estas disposiciones se incluirá la prohibición para participar, ayudar o cooperar a organizar, explotar, financiar, promocionar o realizar todo acto cuyo objetivo sea, total o parcialmente, la pelea de perros entre sí o con ejemplares de otra especie.

Las sanciones correspondientes para la violación a este precepto, serán determinadas por la legislación estatal y en ningún caso podrán ser menores a las que establece esta ley.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar su legislación conforme lo previsto en este decreto, en un plazo no mayor a 180 días para dar cumplimiento al presente Decreto.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 20 de julio de 2016.

Suscriben

1 Véase. http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/legal

2 Véase. https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/es/home/politik/uebersicht/kantone.html

3 Véase. Ley No. 18.471 Tenencia Responsable de Animales

4 Véase. Ley de Protección y Bienestar Animal del Paraguay

5 Véase. Ley de Bienestar de los Animales No. 7451

6 Véase. Ley 308, De la Protección de los Animales Domésticos

7 Véase. www.cubadebate.cu/cuba/asamblea-nacional-poder-popular/

8 http://www.congresoags.gob.mx/congresoags/

Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE VENTA DE MASCOTAS

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre propio y del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, JESÚS SESMA SUÁREZ y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, respectivamente, a nombre de las y los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE VENTA DE MASCOTAS, la cual solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenorde la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Problemática

Las raíces de la protección a los animales basan sus principios en el derecho, el respeto y la moral. No podemos decir que esta causa es ajena al Partido Verde Ecologista de México, que desde su fundación tomó como una de sus causas el bienestar de todos, tanto del animal humano como del animal no humano.

En ese orden de ideas queremos mencionar que en “El Conocimiento Animal”1 científicos coinciden que al comparar las funciones psicofisiológicas que subtienden la adaptación en animales no humanos con las correspondientes del Homo sapiens se ha llegado a la conclusión que los procesos son análogos.

Los primates no humanos tienen varias normas que rigen su vida social, desarrollan actividades lúdicas, usan herramientas y descubren soluciones a problemas complejos. Pero no sólo ellos, pues diversas especies animales aprenden por imitación, obedecen órdenes, reaccionan a diversas señales de sus congéneres.

Los promoventes asumimos que estos fenómenos subjetivos, y a los conocimientos que integran el conjunto de procesos psicofisiológicos de los animales no humanos, muestran que estos poseen la cualidad de adaptación, es decir el significado adaptativo de estas funciones, muestran que ciertas habilidades gnósticas tienen un efecto productor de neogénesis neuronal en animales no humanos vertebrados adultos.

En los momentos actuales, la bioética reclama una actitud coherente de los seres humanos hacia el medio ambiente, no limitándose, por tanto, a la relación entre los seres humanos, a las prácticas médicas o a la investigación científica en los laboratorios, sino que extiende su radio de acción a todos los componentes del medio ambiente.

En tal sentido, la presente iniciativa se centra en valorar la indiscutible relación que existe entre la bioética y el bienestar animal, a partir de un llamado a la reflexión sobre ciertas prácticas comerciales con animales domésticos, que resultan incompatibles con los principios éticos que han de guiar a los seres humanos hacia una participación responsable en la preservación de la vida en el planeta.

Para los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, la educación en materia de bienestar animal debe ser la herramienta más importante porque ella encierra un cambio de conducta del ciudadano no solamente en el presente sino en el futuro en la sociedad mexicana actual -no tan avanzada como la europea o norteamericana-en el ámbito de la legislación relativa a los animales, a los protocolos de su trato en la compra-venta de los mismos.

El pasado 6 de junio de 2015, una de las noticias que fueron “trendingtopic” fue que empleados de la tienda Maskota, ubicada en Galerías Pachuca en Hidalgo, aparecieron en un video maltratando indiscriminadamente a perros y a un hámster.

La sociedad a través de organizaciones no gubernamentales y por medio de redes sociales demandó que fueran sancionados conforme a la ley vigente aplicable en el estado. El castigo sentaría un precedente en la demarcación, según dio a conocer la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales, A.C.

Para los protectores de animales fue claro que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que a los animales que se comercialicen en territorio nacional, se les garanticen los aspectos de seguridad y bienestar.

La presentación de una legislación aplicada a favor de la no exhibición de animales domésticospara su compra venta por parte de quienes se dediquen a la misma ayudaría a prevenir su maltrato dado que en general las condiciones físicas de los inmuebles comerciales no son los adecuados, dado que la fauna en términos generales al ser comercializada carece de alojamientos acorde a su especie y tamaño, viven en espacios o jaulas tan reducidos que no les permiten cambiar de posición ni desplazarse; o llegan a permanecer completamente aislados, confinados o imposibilitados para expresar comportamientos que son necesarios para ellos, desarrollando como consecuencia conductas patológicas.

En ocasiones los espacios donde son exhibidos, en las tiendas de animales, les produce incomodidad, lesiones, caídas, luxaciones y un evidente malestar.Además las formas de organización de los encargados y sus responsabilidades, así como las diversas acciones que se llevan a cabo, no tienen las mejores prácticas de la industria y no se enfocan en el trato digno y responsable de las especies que se ofrecen al público.

Los animales domésticosen nuestro país generalmente son reproducidos y comercializados sin ninguna restricción sanitaria, legal ni ética. Muchos viven en las vitrinas de exhibición, víctimas de maltrato. Otros una vez que son comprados y pasada la euforia inicial o su etapa de cachorro, son abandonados en las calles o en zonas suburbanas, exacerbando el problema de accidentes, higiene y salud pública. Y cuando nadie los quiere o se consideran una “molestia”, los métodos que se emplean para darles muerte no son humanitarios.

Por lo antes expuesto, el objetivo de esta problemática lleva al Partido Verde Ecologista de México a valorar la relación que existe entre la bioética y el bienestar animal, a partir de un llamado a la reflexión sobre ciertas prácticas comerciales con animales, que resultan incompatibles con los principios éticos que han de guiar a los seres humanos hacia una participación responsable en la preservación de la vida en el planeta.

El Verde Ecologista invitaa reflexionar sobre la injusticia de trato a animales en su comercialización y por ello es menester establecer en la Ley marco ambiental, el incluir a la fauna doméstica para que con la fauna silvestre, se regule un negocio con respecto a seres vivos comercializados como animales de compañía.

En todas las sociedades ha existido una relación muy estrecha entre los seres humanos y los animales. Como afirma el Doctor cubano Barrios que “… no se sabe con certeza cuál fue la motivación inicial por la que el hombre empezó a domesticarlos, pero se supone que está relacionado con cambios favorables que se produjeron en el Mesolítico en algunas regiones y gracias a los cuales aumentó en gran medida la posibilidad de obtener alimento”.2

El referido autor señala que en los últimos años se han realizado estudios científicos sobre los efectos positivos de las relaciones entre los seres humanos y los animales, reconociéndose la importante función que cumplen en la vida de las personas y que se puede querer a un animal con intensidad, cariño y sencillez, despojados de todos los conflictos que se presentan en la civilización humana.3

La ética en las relaciones entre los seres humanos y los animales constituye un importante pilar en la formación integral de los niños, los adolescentes y los jóvenes, de manera que resulta imprescindible inculcar la idea de que, independientemente del fin que se persiga con su compra-venta (afectivo o productivo), los animales tienen el derecho a ser tratados con respeto, por lo que es necesario establecer las condiciones de confort o bienestar animal para su desarrollo.

La valoración de los conflictos que se presentan en la actualidad, en relación con el bienestar animal, a partir de la tenencia de animales, conduce a la necesaria reflexión sobre ciertas prácticas comerciales que resultan incompatibles con los principios morales que han de guiar a los seres humanos en su responsabilidad con respecto a la preservación de la vida en el planeta, máxime si existe una considerable cantidad de empresas que se benefician de la existencia de la fauna doméstica.

El mercado de servicios para mascotas es de aproximadamente 2,222 millones de dólares, en el ramo de alimento para perros el valor de la industria es de 790 mil toneladas anuales en nuestro país. El valor de este mercado en nuestro país es de aproximadamente 9,536 millones de pesos (529.8 millones de dólares). Se calcula que el 7% del mercado de animales es dedicado al comercio de animales vivos, lo que es cercano a una cifra de 667.52 millones de pesos al año.

Asimismo y de acuerdo con Federico Porras, gerente de DanguPet Hotel, establecimiento especializado en el cuidado de animales domésticos, los servicios orientados a mascotas cobran fuerza en México y este año podrían crecer entre el 20% y 25%.

En ese orden de ideas, el exigir a los comercializadores que la venta de animales que este mercado millonario se realice con previsiones claras y que a su vez coadyuven con las autoridades competentes en detectar con mayor facilidad las especies sometidas a comercio, así como certeza sobre su destino y la persona que se encargará de su cuidado, es lo mínimo que podemos exigir a quienes se ven beneficiados del comercio de animales domésticos en nuestro país.

La solución a los dilemas bioéticos que se presentan a partir de estas prácticas comerciales en un mercado millonario, no es tarea exclusiva de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, sino que es un reclamo de personas y grupos sociales que han venido trabajando a favor del bienestar animal, como la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P, que es una institución creada en el año de 1983, oficialmente el día 8 de febrero de 1984 por Don Antonio Haghenbeck y de la Lama Q.P.D. Su misión es ser una institución de asistencia privada, que impulsa programas sustentables propios y/o externos, encaminados siempre a mejorar la calidad de vida tanto de animales como de las personas.

También está la organización Comité Pro-Animal A.C., que es una asociación civil sin fines de lucro, sostenida únicamente por donativos del público en general, que suma esfuerzos a favor de un trato digno y humanitario hacia los animales y una infinidad sino de todos los factores que de una forma u otra pueden incidir en la educación de niños, adolescentes y jóvenes desde una mirada ética a su influencia en el bienestar animal. Y un sinnúmero más de organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger y cuidar a los animales de compañía, tanto silvestres como domésticos.

El beneficio de esta iniciativa no es solamente ofrecer un mejor bienestar animal a la fauna doméstica y silvestre que es comercializada, sino además el de brindar a las personas condiciones sanitarias idóneas respecto de las especies que les son ofrecidas para su compra y posterior disfrute.

En México vivimos momentos de cambio en todos los ámbitos y no es lógico que a pesar de las valiosas aportaciones hechas por la bioética y las corrientes democráticas, que hacen énfasis en el respeto a los que son diferentes y son más vulnerables, sigamos anclados a los anacrónicos paradigmas que sostienen (por ignorancia), que los animales no sienten, carecen de raciocinio y por lo mismo se les puede tratar como si no estuvieran vivos.

Para el Partido Verde Ecologista de México, resulta inadmisible que los animales continúen siendo víctimas de un maltrato deliberado, indiferencia y descuidos por negligencia por quienes los comercializan. En bioética el término “Bienestar” es un amplio concepto científico4, que se refiere al estado interno de un animal vertebrado cuando enfrenta al ambiente que lo rodea5, por lo que comprende su estado de salud6, su percepción del entorno y sus estados mentales7.

También se ha explicado cómo el estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades fisiológicas básicas (i.e. alimento, agua, termorregulación), de salud y de comportamiento, frente a los cambios en su ambiente8. Por lo tanto, es una variable que se puede evaluar de manera objetiva y medirse con una escala que va desde malo o bajo, hasta muy bueno, pasando por niveles intermedios9.

Cuando las condiciones son hostiles y la adaptación resulta imposible, el animal enfermará o morirá. Si los animales consiguen adaptarse a costa de mucho esfuerzo, porque las condiciones son adversas, esto supondrá un costo biológico que los afectará de manera negativa en su crecimiento, productividad y estado de salud10, y se reflejará en la presentación de comportamientos anormales como: depresión, pérdida de apetito o conductas agresivas hacia sí mismos o hacia los demás11.

Es importante señalar en la presente iniciativa que el concepto de bienestar no se limita a parámetros meramente fisiológicos o productivos, ni tampoco es sinónimo de buen estado de salud, ni mucho menos de “protección animal”, a pesar de que cuando los animales experimentan bajos niveles de bienestar por estar sometidos de manera cotidiana a estrés, dolor, sufrimiento o miedo, se desencadenan en su organismo una serie de reacciones bioquímicas y se liberan hormonas como los glucocorticoides que les producen los siguiente efectos indeseables para ellos y para sus dueños o poseedores.

Cabe señalar que la declaración que fue adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó al año siguiente y que posteriormente, fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) denominada Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que en su quinto artículo señala que:

Artículo No. 5

a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. 

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho.

Considerando que todo animal merece un trato digno por su eminente dignidad de ser vivo,es así que mediante el análisis de los principios de la bioética, esta iniciativa nos conduce a reconocer lo que ha señalado la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que constituye una referencia internacional en materia de salud animal y zoonosis, que ha considerado al bienestar animal como una de sus prioridades, por lo que ha exhortado a sus países miembros, entre los que está México, a contar con un marco jurídico al respecto, en el que puedan apoyarse para sus negociaciones internacionales.

En efecto los animales de compañía a la venta, en muchos casos, carecen de atención médica básica cuando están enfermos o heridos, y aún en esas condiciones muchos son obligados a seguir exhibidos. Algunos son sometidos a mutilaciones innecesarias, en ocasiones hechas sin anestesia. Y todavía se emplean métodos de sujeción y ataduras inapropiadas, que los hieren o estrangulan.

Estos animales son reproducidos y comercializados sin ninguna restricción sanitaria, legal ni ética. Muchos viven en la indiferencia, olvidados en patios y azoteas, o son víctimas de maltrato y tortura deliberada.

Situaciones semejantes invitan a una valoración ética porque, en esta materia más que en otras, el fin no justifica los medios y, sobre todo, porque el sufrimiento gratuito de un animal -más si puede evitarse- es injustificable.

No deja de ser irónico que en las instalaciones donde se hallan ubicados la fauna que se vende en centros comerciales, se vulneren todos los preceptos para garantizar su bienestar.

Velar por el bienestar animal, como exige la presente iniciativa de ley, no consiste en garantizar, agua y asistencia veterinaria, sino en evitar el sufrimiento físico, psíquico, porque el aislamiento, la inmovilidad, la falta de contacto socializador, son tan importantes como los primeros.

Es decir, un animal de compañía requiere contacto con otros congéneres, espacio para poder jugar, saltar y moverse, sobre todo cuando son cachorros. De ello depende su bienestar y, en caso de que no se cumplan estas circunstancias, nos encontramos ante un maltrato animal, es así que pretendemos que todas aquellas tiendas que vendan animales de compañía o “mascotas” solo lo podrán hacer por medio de catálogo o internet, pero sin ser exhibidos, es decir garantizaremos una mejor calidad de vida y que estos permanezcan en sus criaderos siempre y cuando cuenten con los mínimos estándares para su bienestar.

Esta idea ya cuenta con antecedentes. Por ejemplo el Concejo Municipal de Los Ángeles (California, EE.UU) ha aprobado por unanimidad una moción del concejal Paul Koretz que pondría fin a los criaderos de gatos y perros, prohibiendo la crianza comercial de perros, gatos, conejos y pollos, y su venta en tiendas de animales.

En su lugar, los refugios de animales trabajarán con tiendas de animales con licencia para que éstas den en adopción a los animales de los refugios.La ciudad canadiense de Toronto también está considerando una ley similar, y el estado norteamericano de Texas tiene en estudio un proyecto de ley que en términos prácticos requeriría la licencia para quienes tengan 11 o más perros sin esterilizar. E inclusive en Provincia de Santa Fe, Argentina en el año 2015, se sancionó una ordenanza “sobre la sanción del maltrato animal a nivel local, e incluye prohibir la cría y venta de animales de compañía”.

En efecto los animales domésticos, en algunos países con mejores prácticas de manejo libran el maltrato animal y para muestra basta un botón: Holanda se convirtió en el primer país sin animales abandonados.

Lo más importante es remarcar que lo ha hecho sin sacrificar a ningún animal ni recluirlos en perreras. Asimismo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España ya cuenta con un Borrador de Anteproyecto de Ley por el que se establece la normativa básica del comercio y la tenencia responsable de perros y gatos que incluye la no exhibición para venta de los mismos.

En el año 2014, se anunció por parte del entonces presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la ALDF, Jesús Sesma Suárez, que a partir del primero de enero de 2015, cuando entrasen en vigor las reformas a la Ley de Protección de los Animales, quedaría estrictamente prohibido vender animales en domicilios particulares, mercados fijos y sobre ruedas. Esto es debido a que la autoridad delegacional no otorgaría la licencia, el permiso ni la autorización alguna en esa materia.

En México a pesar de la concientización y de las multas para impedir que se sigan comercializando animales de compañía, el problema de nuestro país se ve acentuado además porque en nuestras calles existen animales abandonados.

Esto se debe en gran parte a que "la moda" ha llevado a que los ciudadanos compren animales de raza en lugar de adoptar. Por eso, es necesario impedir que los animales que ya viven en situación de calle y no encuentran hogar se sigan reproduciendo y asimismo fomentar la adopción de perros mediante las tiendas que ya comercializan animales domésticos.

El bienestar de los animales en primera instancia fue regulado jurídicamente dentro delsector agropecuario, a partir de la publicación de la Ley de Sanidad Fitopecuariade los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 1940; esta Ley establecía dentro de su Artículo 11 que “Los propietarios y encargados de ganados están en la obligación de prodigarles los cuidados higiénicos y zootécnicos que sean menester para conservarlos en las mejores condiciones de salud.”

Posteriormente esta Ley fue abrogada para dar paso a un nuevo ordenamiento jurídico denominado “Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos”, la cual fue publicada el día 13 de diciembre de 1974.

Eneste nuevo ordenamiento se encontraba constituido por un articulado más extenso que su antecesor, regulando así expresamente una mayor cantidad de actividades directamente relacionadas contra el maltrato animal, teniendo como principal objeto suprotección y conservación contra de la acción perjudicial de plagas y enfermedades. Así también dentro de su Título Tercero establecía que las funciones de sanidad animal se cumplirían para la protección de las especies pecuarias, las aves criadas para consumo, los animales de laboratorio, los de zoológico y los utilizados para la producción peletera; no obstante lo anterior, la Federación por medio de la entonces Secretaría de Agricultura, regulaba también la distribución y comercio de mascotas y animales de ornato procurando en todo momento su cuidado y adecuado aprovechamiento.

Sin embargo, debido a la dinámica de este tipo de actividades y con el “objeto de lograr empleo, justicia y bienestar en el campo mexicano”12, en 1992 el entonces Presidente Carlos Salinas, era el Ejecutivo Federal, envió a Cámara de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto que expedía la Ley Federal de Sanidad Animal, explicando en la exposición de motivos, que una de las importantes innovaciones de esta, era la inclusión como materia de sanidad animal, de un Capítulo relativo al trato humanitario, cuidado zoosanitario y técnicas de sacrificio de los animales con el objeto de evitarles sufrimiento en la producción, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio de los mismos.

El pasado día 25 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la vigente Ley Federal de Sanidad Animal; en lo que al tema respecta, este nuevo ordenamiento no dejo de lado el tema de bienestar animal, ya que dentro de sus artículos 1°, 2°y 3° que establecen el ámbito de aplicación de la misma, así como sus fines y objeto, y la obligatoriedad de procurar el bienestar animal.

En ese orden de ideas también es importante señalar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, hace alusión al bienestar que debe tener la fauna silvestre, ya sea en vida libre, cuando se encuentre sujeta a algún tipo de aprovechamiento extractivo o cuando sea utilizada simplemente como ornato, incorporando este criterio dentro de su Artículo 79, en el cual se establece que uno de los criterios para la preservación y aprovechamiento de la fauna silvestre, es la procuración del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas.

Los diputados del Partido Verde Ecologista de México, queremos traer a esta exposición de motivos, la mención respecto a la Ley General de Vida Silvestre, que contempla dentro de diversos artículos la alusión al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre e incluso dentro de su artículo 29 mandata lo siguiente: “Los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio.”

Es así, los iniciadores podemos establecer que la presente propuesta en materia de evitar el maltrato a los animales, también cuenta con antecedentes contenidos tanto en la Ley Federal de Sanidad Animal como en la Ley General de Vida Silvestre.

Es indispensable una legislación adecuada y completa que nos obligue a respetar el ambiente incluida la fauna, tanto silvestre como doméstica. Cada una de ellas cumple su misión en la naturaleza, por eso es importante mantener el equilibrio ya que si éste desaparece y se extingue una especie animal, la misión que este animal cumplía en la naturaleza también desaparece con las consecuencias que ello acarrearía.

Si bien es cierto que el Artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden como individuos y como sociedad reservadas a los Estados, también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado facultades concurrentes, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), y la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G).

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente estáestructurada por 6 títulos que contienen 25 capítulos y 9 secciones en 204 artículos. Se puede decir que la Ley se estructura alrededor de cuatro conceptos básicos: política ecológica; manejo de recursos naturales, protección al medio ambiente; y participación social que se fundamentan en el sistema de concurrencias, el sistema nacional de áreas naturales protegidas y las medidas de control, seguridad y el régimen de sanciones.

El título primero es el relativo al sistema de concurrencias y a la política ecológica. Respecto al primer rubro se señalan las atribuciones que en materia de preservación y restauración ecológica y protección al medio ambiente serían ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Las bases en materia de concurrencia:

• Asuntos de competencia federal los de alcance general en la nación o de interés de la federación.

• Competen a los estados, los municipios y los asuntos no comprendidos en el rubro anterior, conforme a las facultades que las leyes le otorgan para ejercerlos en forma exclusiva o participar en su ejercicio con la federación en sus respectivas circunscripciones.

Los promoventes señalamos que en nuestro país, existen diferentes tipos de problemas de animales de compañía, los cuales varían en sus causas, naturaleza y gravedad de acuerdo a la gran diversidad de especies domésticas y silvestres y al uso que se hace de ellas.

En la mayoría de los casos, las causas de los problemas de bienestar animal se deben a la percepción errónea que la gente tiene acerca de que los animales son capaces de sufrir, sentir dolor y padecer estrés.

En lo que corresponde a la oportunidad de la presente iniciativa encuentra su plena justificación dada la grave problemática que se da dentro de las actividades de comercialización de animales, ya que la misma no cuenta con suficientes mecanismos jurídicos que regulen el respeto el bienestar de los animales susceptibles de dichas actividades, ya que por lo general los establecimientos no cuentan con la atención por parte de un Médico Veterinario.

Nos pronunciamos además porque ningún ejemplar de las especies listadas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, podrá ser mantenido como animal de compañía.

Además de los argumentos anteriormente expuestos queremos destacar la tendencia mundial que inicio en 1999, Peter Singer con la publicación del libro "Liberación Animal", que trata de la cuestión de la ética hacia los animales que evita en todo momento su maltrato.

En Liberación Animal, Singer asume a base de su argumentación el que se conoce como bioética o “principio de la no maleficencia” que se refiere a la idea de no causar daño a los demás. Evidentemente se refiere a no matar, no inducir sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer, ni discapacidad evitables de lo posible con la cuestión tratada, y presentando argumentos simples.

Todo ello lo comprobamos en particular en la que sin duda es la parte fundamental del libro, “Todos los animales son iguales”. Bajo este argumento se exponen ideas centrales de la obra: sólo la capacidad de sufrir y disfrutar puede ser moralmente relevante, y esta es poseída también por los animales no humanos.

De esto se deriva que no hay motivo que justifique que en nuestras decisiones morales hayamos de tener en cuenta únicamente los intereses de los seres humanos, tales conclusiones, parten de la idea, compartida de modo general, y por quien escribe esta iniciativa, con la idea de que ya logramos en ocasión anterior prohibir los circos sin animales.

Nosotros queremos dar este paso, para recuperar la idea de llevar una vida ética a favor del medio ambiente como una alternativa realista que proteja la fauna y que sea viable al actual predominio del interés personal materialista.

Sí, a lo largo de la siguiente década, esta semilla que siembra el Partido Verde Ecologista de México, resulta en una nueva generación con nuevas prioridades, incluida la injusticia que representa la comercialización de animales vivos y a tomar conciencia acerca de las implicaciones de adquirir animales de compañía-y si esa generación obra bien en todos los sentidos de la expresión, con plenitud y con gozo en sus vidas, entonces la actitud ética se extenderá, y el conflicto entre ética e interés personal habrá sido superado, a un modo social y ecológicamente mejor.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE VENTA DE MASCOTAS

Artículo Único.- Se adicionan una fracción XVIII al artículo 3, recorriéndose la numeración de las demás fracciones en orden subsecuente; Se reforma la fracción XI del artículo 5; Se adiciona una nueva fracción XXII al artículo 7, recorriéndose la numeración de las demás fracciones en orden subsecuente; se adiciona un artículo 87 TER; Se adiciona al Título Segundo un Capítulo III Bis denominado Fauna Doméstica y se adiciona un artículo 87 QUÁTER, todos a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, para quedar como a continuación se presenta:

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XVII. …

XVIII. Fauna doméstica: Las especies animales cuya reproducción y crianza se han llevado a cabo bajo el control del ser humano, que conviven con él y requieren de éste para su subsistencia.

XIX. a XL. …

ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación:

I. a X. …

XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna silvestre y los demás recursos naturales de su competencia.

XII. a XXII. …

ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XXI. …

XXII. La regulación y protección de la fauna doméstica, y

XXIII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación.

ARTÍCULO 87 TER.- Con objeto de garantizar la protección de las especies de fauna silvestre, asegurarles un trato digno y respetuoso, así como evitar el maltrato y la crueldad hacia las mismas, los establecimientos mercantiles no podrán realizar la exhibición en sus instalaciones de los animales silvestres que tengan a la venta, misma que solamente se podrá realizar por medio de catálogos impresos y medios electrónicos en los cuales se manifestará toda la información de identificación del ejemplar en venta y la localización física del mismo, para que la autoridad pueda realizar las visitas de inspección correspondiente.

Asimismo, las autoridades en la materia deberán establecer normas mínimas para que en los lugares distintos a sus instalaciones donde se encuentren en resguardo para su venta, los animales se encuentren libres de hambre y sed, dolor, lesiones o enfermedades, miedo o estrés e incomodidades para que puedan expresar el comportamiento normal de su especie; también se manifestará toda la información de identificación del ejemplar en venta y la localización física del mismo, para que la autoridad pueda realizar las visitas de inspección correspondiente.

De igual manera, las autoridades en la materia deberán establecer normas mínimas para que los lugares de resguardo de ejemplares en venta cuenten con el área e infraestructura necesarias para su manejo, así como la capacidad técnica y operativa suficiente

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TÍTULO SEGUNDO
Biodiversidad

CAPÍTULO III BIS
Fauna Doméstica

ARTÍCULO 87 QUATER.- Los Estados y la Ciudad de México establecerán en sus leyes locales las disposiciones necesarias para garantizar la protección de las especies de fauna doméstica, asegurarles un trato digno y respetuoso, así como evitar el maltrato y la crueldad hacia las mismas. En estas disposiciones se incluirá la prohibición para que los establecimientos mercantiles realicen la exhibición en sus instalaciones de animales domésticos que tengan a la venta, misma que solamente se podrá realizar por catálogos impresos y medios electrónicos.

Asimismo, las autoridades en la materia deberán establecer normas mínimas para que en los lugares distintos a sus instalaciones donde se encuentren en resguardo para su venta, los animales se encuentren libres de hambre y sed, dolor, lesiones o enfermedades, miedo o estrés e incomodidades para que puedan expresar el comportamiento normal de su especie.

De igual manera, las autoridades en la materia deberán establecer normas mínimas para que los lugares de resguardo de ejemplares en venta cuenten con el área e infraestructura necesarias para su manejo, así como la capacidad técnica y operativa suficiente.

Las sanciones correspondientes para la violación a los preceptos anteriores, serán determinadas por la legislación estatal y en ningún caso podrán ser menores a las que establece esta ley.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Los establecimientos mercantiles que a la entrada en vigor del presente decreto cuenten con animales de cualquier especie en sus instalaciones, deberán realizar un censo de los mismos para ser entregado a la autoridad ambiental federal en el caso de fauna silvestre y a la autoridad ambiental local en el caso de fauna doméstica, en un término de 30 días naturales.

Solo estos animales son los que podrán seguir exhibidos hasta su venta.

Artículo Tercero.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar su legislación conforme lo previsto en este decreto, en un plazo no mayor a 180 días naturales.

Artículo Cuarto.- Las normas mínimas a las que hace referencia este decreto deberán ser expedidas por las autoridades competentes dentro de los 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del mismo

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 20 de julio de 2016.

Suscriben

1 Guy Santibáñez-H. (2003). El Conocimiento Animal. 13/07/2016, de Universidad de Chile Sitio web: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/El%20Conocimiento%20Animal.pdf

2 BARRIOS L A. Lo que debes saber sobre tu mejor amigo. Una reflexión necesaria para contribuir a su protección. En: Revista Órbita científica. La Habana, Cuba: Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”; 2005. ISBN: 1027.4472.

3 Ibidem.

4 Sherwin CM. 2007. Animal welfare: reporting details is good science. Nature, 448: 251.

5 Duncan I J H. 1996. Animal welfare defined in terms of feelings. Acta AgriculturaeScandinavica, Sec
A, Animal Science, Suppl. 27, 29-35.

6 Comisión Europea. (2004). Global conference on animal welfare: an OIE initiative. Proceedings. Paris, 23-25 de febrero. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 333 pp.

7 Greiveldinger L, Veissier I, Boissy A. Emotional experience in sheep: Predictability of a sudden event lowers subsequent emotional responses. PhysiolBehav. 2007; May 21.

8 Broom DM. 1986. Indicators of poor welfare. Br Vet J, 142: 524–526.

9 Broom DM. 2004. Bienestar animal. En: Galindo FA y Orihuela A (eds.). Etologíaaplicada. México:
UNAM, 51–87.

10 Broom DM, Johnson KG. 1993. Stress and animal welfare. Chapman and Hall. Animal behaviour series. London: 57-86.

11 Manteca X. 2002. Etología Clínica Veterinaria del Perro y del Gato. 2ª ed., Multimédica: Barcelona, pp.261

12 Exposición de Motivos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expedía la Ley Federal de Sanidad Animal. Carlos Salinas de Gortari. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 1992.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE PELEAS DE PERROS

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre propio y del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, JESÚS SESMA SUÁREZ y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, respectivamente, a nombre de las y los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY FEDERAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA; Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE PELEAS DE PERROS, la cual solicitamos se turne a laComisión de Justica de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las demandas nacional e internacional de organizaciones civiles a favor de la defensa de animales, es evitar el maltrato y la crueldad ejercida a ellos, a través de prohibiciones especificas del uso de animales en espectáculos públicos así como la manifestación de violencia directa ejercida a animales domésticos.

Entre las peticiones que mayor impacto tiene ante la sociedad es, la prohibición de peleas de perros y la comercialización de éstos con el mismo fin, puesto que existe una gran preocupación por estos animales de compañía.

Las peleas de perros consisten en enfrentar a dos (o más) perros para que luchen entre sí ante los espectadores, siendo las modalidades de esta actividad “a matar o a morir”.

Los orígenes de estos combates refieren a las luchas realizadas en el Coliseo Romano en donde los caninos peleaban con otras especies como toros u osos. En el caso de las peleas contra los toros, a estos se le arrojaba agua hirviendo en las orejas para hacerlo más violento y se le enfrentaba a los perros para ver cuánto podían aguantar colgados de alguna parte del toro. En el caso de las peleas de perros contra osos a estos se les cortaban las garras y los dientes, y el cuerpo del perro se protegía con una especie de armadura.

Desafortunadamente, en pleno Siglo XXI a pesar de la gran evolución que el hombre ha manifestado en otras áreas, las peleas de perros entre sí son muy populares en gran cantidad de países independientemente de que en algunos sea ilegal y en otros no.

Sin duda alguna, el “atractivo” de estas peleas no solo se circunscribe al acto de la lucha, sino que inicia desde el entrenamiento de los perros que consiste en: el fortalecimiento físico del animal, así como su debilitamiento emocional, forzándolo a vivir situaciones de stress y fracaso, para luego reforzarlo "positivamente" a través del sparring, o enfrentamiento con otros animales de menor tamaño (a los que mata compulsivamente) o de mayor tamaño (de su misma raza y/o peso, para que se curta y aprenda a sufrir).

Otra de las áreas importantes a desarrollar durante el entrenamiento tiene que ver con la fortaleza del cuello y las mandíbulas, las que se trabajan con cauchos de neumáticos que penden de árboles y de los cuales los perros deben quedarse colgados por minutos.

A la par, el perro debe desarrollar reflejos, por lo que el trabajo con la manga de ring francés es imprescindible, pues mientras el perro muerde, se le golpean las patas delanteras para que poco a poco las aprenda a esconder y así evitar posibles mordidas contrarias.

Un fenómeno que en los últimos años se ha incrementado es el robo de animales de compañía mismos que son utilizados como parte del entrenamiento para los perros de pelea pues al no ofrecer resistencia aquellos no son lesionados.

A nivel internacional derivado de la firma y reconocimiento de la Declaración de los Derechos de los Animales a finales de los años setenta del siglo pasado, las peleas de perros se encuentran prohibidas e incluso tipificadas como delitos principalmente en Europa, Oceanía y prácticamente en todo el continente americano.

Si bien existen países en donde se permiten e incluso son consideradas parte de su tradición y cultura, como Japón, Rusia o Serbia por citar alguno de ellos, lo cierto es que cada vez es mayor el repudio a la práctica de peleas de perros; pues además del maltrato y tratos crueles a que son sometidos los caninos durante el entrenamiento y la pelea, cuando pierden los castigos que les son impuestos van desde ser electrocutados, golpeados o simplemente dejar que se desangren en la vía pública por ser inservibles.

Por citar un ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, durante el desahogo del procedimiento fincado en contra de un ex jugador de fútbol americano y tres personas en el Estado de Virginia por crueldad animal se evidenció por parte de grupos de bienestar animal de ese país, que unas 40.000 personas de ese país estaban involucradas en peleas de perros "profesionales", y que se "usan" cerca de 250.000 perros, en donde las apuestas en peleas entre perros campeones pueden llegar a los 100 mil dólares.

A mayor abundamiento, sobre las ganancias que pueden redituar este tipo de peleas de perros en el mundo; según el reporte italiano denominado Zoomafia1, señala que la mafia italiana ingresa cada año, sólo por peleas de perros 750 millones de euros.

En Europa, dependiendo de la experiencia y currículum de los perros que peleen, la apuesta mínima es de 50 euros y el premio ronda los 500 euros por pelea y perro. Otros estudios realizados en España, por ejemplo, señalan que las cantidades apostadas dependen del número de peleas, así como la extensión del evento.

Además se hacen peleas de bajo “nivel” en medio del campo con perras o perros de cualquier raza donde las apuestas rondan los 30 euros; o pueden ser de “de élite” en las que participa gente con gran poder adquisitivo y las apuestas se disparan a miles de euros, las cuales son transmitidas vía internet.

A esto debemos sumar que es cada vez más evidente la vinculación entre las peleas de perros y el crimen organizado, en donde el negocio de las peleas caninas se asocia estrechamente con el tráfico de animales (exóticos y domésticos); al contrabando, el tráfico de drogas y armas, por ello en países como Chile2 es considerado como delincuencia organizada.

Sobre la legislación en la República de Chile, debemos señalar, que en el año 2015, con motivo de la discusión de la Ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas o Animales de Compañía, se discutió la conveniencia de eliminar el Código Penal la prohibición y sanción penal de las peleas de perros en ese país.

Debe destacarse en este caso, el debate parlamentario que en el Legislativo de este país latinoamericano se presentó, pues el punto a discusión era la conveniencia de desaparecer el delito y solo dejarlo como una multa o pena alternativa; sin embargo, el criterio que prevaleció fue que en esta actividad siempre se da en forma clandestina, y con la intervención de grupos claramente delictuales, con conexiones internacionales, y por lo mismo es difícil su investigación y sanción.

Incluso se recordó durante esta discusión que la última vez que se logró desbaratar una banda fue en el año 2009-2010, gracias a un trabajo de inteligencia y ardua investigación por parte de la fiscal y el OS5 de Carabineros, que culminó con el decomiso de una veintena de perros pitbull “de línea” (de pelea).

Además que en Chile, sólo el Ministerio Público tiene la capacidad para el “establecimiento del hecho” (el primer paso para sancionar) y las responsabilidades, a través de una pesquisa que no tiene capacidad de hacer un Juzgado de Policía Local; es muy raro que un particular denuncie, porque son mafias, porque actúan herméticamente y cuyos líderes son personas con mucho dinero, sin olvidar los delitos normalmente asociados a las peleas de perros (apuesta ilegal, crimen organizado, tráfico de drogas o de armas).

Otro de las aspectos que conlleva la práctica de peleas de perros es que su realización tiene un gran impacto social, tal y como lo evidencia el Estudio del Departamento de Policía de Chicago, realizado en 2014, el cual señala que solamente en los barrios de Riverdale y West Garfield Park fueron arrestadas 322 personas en un periodo de tres años por peleas de perros y crueldad con los animales, de las cuales el 75 por ciento de ellas tenían afiliaciones con el mundo “gang” o de pandilla.

Ahora bien, en lo relativo a la forma de organizar estas peleas, las convocatorias se lanzan siempre de forma camuflada, a través de anuncios cifrados en los periódicos, foros, chats o vía telefónica. Si existe la menor sospecha de que el evento ha sido detectado por la policía, se suspende automáticamente.

De igual forma, como toda actividad ilícita en la mayoría de los casos las peleas se realizan con cruce de apuestas, las cuales se realizan a través de plataformas de la red o la intrared, peleas que se transmiten en vivo y cuentan con la participación de personas de distintas partes del mundo; por lo que su persecución es muchos más difícil.

Es por eso, que la mayoría de los países europeos y latinoamericanos han implementado diversas disposiciones legales y cuerpos normativos de protección y bienestar animal en general; y en particular han estableciendo la prohibición e incluso la sanción administrativa y penal de las peleas de perros.

En el ámbito internacional, el Reino Unido fue el primer país en contar en toda la historia, con una legislación y sanción penal el maltrato animal, la cual data del año de 1822, y las peleas de perros en público fueron prohibidas en 1902; en el caso de Alemania, en el año de 2002 modificó su Constitución para contemplar la obligación del Estado de proteger los fundamentos naturales de la vida y de los animales en el interés de futuras generaciones y, en consecuencia, la Ley Especial Tierschutzgesetz3 castiga con penas de prisión de hasta tres años o multa a quien mate sin causa razonable a un animal vertebrado, que le cause graves dolores o sufrimientos, o que les someta a ellos durante largo tiempo o de forma reiterada.

Por cuanto hace a Suiza, en el cantón de Zúrich4, las leyes prohíben el maltrato y castigan con penas de multa o cárcel casos que van desde el descuido grave o las molestias innecesarias hacia cualquier animal, hasta la muerte cruel; disparar a animales domésticos; emplearlos para espectáculos o anuncios en caso de suponerles dolor o sufrimiento; dejarlos expuestos a algún peligro por abandono; la amputación o destrucción de algún miembro del cuerpo; o doparlos para actividades deportivas.

Por último en lo que se refiere a Europa, Francia e Italia castigan con cárcel y multas que pueden llegar a los 30 mil euros para quien organiza espectáculos donde se dañe al animal.

En el continente americano, en los Estados Unidos de Norteamérica, las leyes de protección animal pertenecen al ámbito local, lo que la hace muy desigual entre Estados su regulación. Por citar un caso, en Nueva York equivale a una multa con 1.000 dólares o penaliza con un año de prisión la crueldad, tortura, maltrato, muerte o no alimentar lo suficiente a un animal. Cuando el maltrato incluye prácticas sádicas o depravadas, la multa puede elevarse a 5.000 dólares, y la pena puede alcanzar los cinco años de prisión. Sin embargo, en el caso de Alabama, la sanción es cárcel y las penas pueden alcanzar los 75 años por esos mismos casos.

En lo referente a Sudamérica, en Colombia, desde el 2015 las multas por actos de crueldad y violencia contra los animales se elevan hasta 60 salarios mínimos mensuales y, las penas de prisión oscilan entre los 12 y 36 meses. Mientras que en Uruguay, se prohíbe promover peleas entre animales5.

En el caso de Paraguay6, la Ley de Protección y Bienestar Animal prohíbe la utilización de animales en espectáculos, peleas, fiestas populares y otras actividades que impliquen crueldad o maltrato que puedan ocasionarles la muerte, sufrimientos o hacerlos objeto de tratamientos antinaturales e indignos.

La zona de Centroamérica, países como Costa Rica7 y Panamá8 en sus respectivas legislaciones prohíben las peleas de perros y las carreras entre animales. Desde el ámbito legislativo resalta la legislación de Cuba9, la cual si bien no cuenta con una ley que sancione a las personas por conductas violentas sobre los animales, en su sistema legal sí se sanciona a las personas que promueven las peleas de perros, tomeguines y gallos por el delito de participación en juegos prohibidos.

En México, la prohibición de las peleas de perros es regulada a nivel local desde dos visiones: la prohibición de las peleas de perros y su sanción administrativa que va de la multa hasta el rescate del ejemplar; o su persecución como delito tipificado en el Código Penal correspondiente a cada entidad federativa.

Así las cosas, en el tema de reyertas de perros en específico, o bien la prohibición del maltrato, crueldad animal o peleas en general de animales de la misma especie o entre especies en la actualidad las leyes de protección, bienestar o estatales de fauna, mantienen a nivel general el siguiente status: se encuentra legislado en 31 estados, de los cuales 12 tienen la prohibición expresa de los combates de perros y 20 de ellos mantienen una prohibición general de maltrato, crueldad o peleas en general; siendo Oaxaca el único estado donde no existe regulación de protección a los animales.

Por lo que se refiere a la tipificación como delito, solamente dos entidades federativas (Baja California Sur10 y Puebla11) consideran delito las peleas de perros; en 15 es tipificado el maltrato o azuzar animales para pelear entre sí o con otras especies; y en 16 no está regulado el maltrato animal.

Desafortunadamente, aun cuando existe el tipo penal o uno equiparable como es en la Ciudad de México que a pesar de no prohibir explícitamente las peleas de perros, sí se sanciona y castiga el maltrato animal, existen denuncias y se han exhibido casos de peleas de perros en zonas como el Bosque de Chapultepec, específicamente en la segunda y tercera sección, de las cuales han dado cuenta y tienen conocimiento las autoridades de seguridad pública sin que a la fecha exista alguna persona detenida, consignada y/o sentenciada por esta actividad.

Lo mismo ocurre, en la zona de la delegación Iztapalapa, Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México, actividad que se replica en varias entidades federativas, como Michoacán, Puebla, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí, Baja California Sur (siendo importante señalar sobre la legislación penal de este Estado que fue una iniciativa ciudadana enviada al Congreso del Estado), lo que es una clara muestra del grado de consolidación y existencia de este tipo de actividades que dañan la integridad de los animales.

Sin embargo, la sanción administrativa y penal que pueda existir en la legislación de los estados, no es suficiente, pues como ha sido evidenciado en otros países como Chile y Estados Unidos de Norteamérica (a los que ya nos hemos referido), la práctica de peleas de perros está íntimamente ligada al tema de la delincuencia organizada, el tráfico de armas, drogas.

A lo anterior, debemos sumar como ya se estableció en lo que refiere a la forma de organizar estas peleas, las convocatorias se lanzan siempre de forma camuflada, a través de anuncios cifrados en los periódicos, foros, chats o vía telefónica. Si existe la menor sospecha de que el evento ha sido detectado por la policía, se suspende automáticamente.

En consecuencia, las peleas de perros ahora se siguen, apuestan y realizan virtualmente, es decir, ha mudado al internet en donde se realizan este tipo de actividades entre diferentes partes del mundo por lo que su persecución es mucho más difícil. En la Ciudad de México, se ha denunciado por ejemplo en la Delegación Cuajimalpa de Morelos la realización de peleas de perros cuyo “saque” es de 20 mil pesos por combate.

En el Estado de Aguascalientes, existen denuncias de la realización de estas peleas de manera paralela a la Feria Nacional de San Marcos (abril-mayo), a través del Torneo Mundial de Peleas de Perros en donde las apuestas pueden alcanzar los 200 mil pesos por pelea, de acuerdo a organismos no gubernamentales de protección a los animales de la zona del Bajío del país.

Ante la evidencia del daño físico que se ocasiona a los animales, y a la sociedad en su conjunto, es que los países están trabajando en el desarrollo de una cultura moderna y solidaria de protección al mundo animal, que pretende que se auspicie en la sociedad el respeto a los animales como una forma de reconocer sus necesidades físicas y biológicas; de ese modo, surge el deber ético de proveer un marco normativo, mismo que debe forzosamente tender hacia el bienestar de todos estos en general.

Sin duda, las peleas de perros, así como otros espectáculos con animales, involucran la tortura, el maltrato y la explotación de los animales; en donde es frecuente el movimiento de grandes cantidades ilegales de dinero y, en consecuencia, rompen con los principios señalados del desarrollo sostenible, el cual adquiere una preponderante posición como valor el respeto de todas las formas de vida, por ello no puede entenderse el desarrollo sustentable del ser humano si no está basado en la definición misma de su relación con los animales y en un marco jurídico elemental que garantice el derecho de vivir y ser respetados y cuidados, pero también a ser queridos.
Es por ello, que a través de esta iniciativa de ley, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República y Cámara de Diputados, estamos proponiendo lo siguiente:

a) Modificar el Código Penal Federal, para incorporar como tipo penal la promoción, inducción, asistencia, participación y ayuda para realizar peleas de perros entre ellos u entre especies.

b) Además, como ya lo hemos señalado, las peleas de perros están claramente identificadas como actividades que realiza el narcotráfico o incluso organizados por la mafia como ocurre en Italia y Rusia a pasar que en uno está prohibida y en otro permitidas, por lo que consideramos importante que sea reconocida esta práctica como delincuencia organizada pues como ya se citó con anterioridad, están ligadas al tráfico de armas, drogas, especies exóticas y de personas, razón por la cual estamos proponiendo sean incluidas todas las actividades que se desarrollan para la ejecución de las peleas de perros, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

c) Por último, en la iniciativa de ley estamos proponiendo incluir en el catálogo de delitos graves a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, a quien realice cualquier tipo de actividad relacionada con las peleas de perros.

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el trato digno a los animales implica respetarlos. El creer que son objetos que existen exclusivamente para satisfacer las necesidades de los seres humanos es un error. Los seres vivos no humanos son parte de los ecosistemas y cumplen una función importante en los procesos naturales.

De ahí la necesidad de impulsar todas las modificaciones a las que nos hemos referido con la intención de crear un entorno más favorable para la vida de los animales en general, y en particular de los perros que son utilizados en peleas entre su especie.

Por lo anterior someto a consideración de la Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY FEDERAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA; Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE PELEAS DE PERROS

PRIMERO.- Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un párrafo tercero del artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Artículo 420.- …

I. a V.  

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en las fracciones I a V del presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

La misma pena se impondrá a quien participe, ayude o coopere a organizar, explotar, financiar, promocionar o realizar todo acto cuyo objetivo sea, total o parcialmente, la pelea de perros de cualquier raza entre sí o con ejemplares de otra especie, así como a quien presencie su realización. En este caso, la pena se incrementará en una mitad cuando se trate de servidores públicos.

SEGUNDO. Se adiciona una fracción VI, recorriéndose las demás en su orden, al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artículo 2o.-

I a V.   …

VI.- Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, previsto en el último párrafo del artículo 420 del Código Penal Federal.

TERCERO. Se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 167. Causas de procedencia

I a XI.

XII.Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, previsto en el último párrafo del artículo 420.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán adecuar su legislación conforme lo previsto en este decreto, en un plazo no mayor a 180 días.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 20 de julio de 2016.

Suscriben

1 Véase. http://www.acabemosconelespecismo.com/peleas-de-perros/

2 Véase. http://opendata.congreso.cl/

3 Véase. http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/legal

4 Véase. https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/es/home/politik/uebersicht/kantone.html

5 Véase. Ley No. 18.471 Tenencia Responsable de Animales

6 Véase. Ley de Protección y Bienestar Animal del Paraguay

7 Véase. Ley de Bienestar de los Animales No. 7451

8 Véase. Ley 308, De la Protección de los Animales Domésticos

9 Véase. www.cubadebate.cu/cuba/asamblea-nacional-poder-popular/

10 Véase. Código Penal. Artículo 388. Maltrato de animal doméstico equiparado. Se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días a la persona que organice, promueva, difunda o realice una o varias peleas de perros, con o sin apuestas

11 Véase. Código Penal Artículo 473.- Se impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario a la persona que organice, promueva, difunda o realice una o varias peleas de perros, con o sin apuestas, o las permita en su propiedad.

Sen. Carlos A. Puente Salas; Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Dip. Jesús Sesma Suárez; Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN MATERIA DE TRÁFICO DE ESPECIES

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre propio y del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, JESÚS SESMA SUÁREZ y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, respectivamente, a nombre de las y los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN MATERIA DE TRÁFICO DE ESPECIES, la cual solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un país único ya que alberga una diversidad biológica excepcional, representa apenas el 1% de la superficie terrestre y en ella resguarda al 10% de la diversidad biológica del mundo.

No es novedad saber que nuestro país es reconocido como un país extremadamente rico en biodiversidad, y con la presencia de una gran variedad de ecosistemas que van desde selvas tropicales hasta desiertos y arrecifes coralinos, grandes selvas, así como una gran variedad de plantas y animales endémicos, nuestro país es también una parte primordial en la vida de cientos de especies migratorias que la utilizan como un corredor o área para pasar el invierno.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), México es uno de los 17 países mega diversos del mundo. En cuanto al número de especies ocupa el segundo lugar en reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en plantas y anfibios y el octavo en aves. Muchas de estas especies habitan únicamente en el territorio nacional, por lo cual se catalogan como endémicas, siendo sumamente valiosas en términos de biodiversidad.

Esta biodiversidad que posee México se debe a la interacción de varios factores, entre los cuales destacan su privilegiada posición geográfica, la variedad de climas y su compleja topografía, que en conjunto propician una abundancia de condiciones naturales que permiten la existencia de un gran número de ecosistemas y especies.

México también encabeza la lista de países con más zonas donde habitan especies en peligro de extinción. La Semarnat reconoce más de 2 mil 500 especies vegetales y animales en algún grado de amenaza. Mientras el país ocupa los primeros lugares en extinción, las políticas de conservación no frenan el fenómeno de defaunación.

Según datos de Defensores de la Vida Silvestre México (Defenders of Wildlife), en el país el 40 por ciento de los vertebrados se encuentra en peligro de extinción: de los reptiles, el 55; de los anfibios, el 54; de los mamíferos, el 39; de los peces, el 38, y de las aves, el 26.

En las últimas décadas México ha enfocado sus políticas hacia la promoción de esquemas de aprovechamiento sostenible, con la finalidad de que los beneficios ecológicos y los beneficios socioeconómicos no se contrapongan. Estos esfuerzos se han reflejado en el desarrollo de marcos legales y estructuras gubernamentales que permiten la implementación de dichas políticas.

Sin embargo, la riqueza biológica de México ha propiciado que el comercio ilegal y utilización de especies de flora y fauna  haya sido una actividad cotídiana desde tiempos muy remotos y que lamentablemente continúe presente y sea cada vez más grave y difícil de controlar. Estas especies de flora y fauna son extraídas y comerciadas ilegalmente con fines que van desde el uso doméstico como mascotas exóticas, materia prima para la elaboración de productos, así como elementos para prácticas religiosas u otras tradiciones.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Mexicano, nuestro país ha tenido en los últimos años un incremento de las especies y de la cantidad de flora y fauna que son traficadas de manera ilegal. En la normatividad vigente se estima al tráfico ilegal de vida silvestre como una infracción o delito e involucra la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y/o fauna silvestre, mediante la captura caza y colecta.

Esta normatividad comprende ejemplares vivos, así como productos y subproductos derivados de éstos, considerando productos a las partes no transformadas y subproductos a aquellas que han sufrido algún proceso de transformación.

En el ámbito mundial el acuerdo internacional más relevante sobre tráfico ilegal de vida silvestre es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, firmado en 1975 y al que México se suma en 1991. Dicha Convención tiene como finalidad regular el comercio internacional de especies de flora y fauna amenazadas, a efecto de que no constituya una amenaza para la supervivencia de las mismas.

El funcionamiento de la CITES por sus siglas en inglés; se basa en un sistema de concesión de autorizaciones y licencias necesarias para la importación, exportación e introducción de ejemplares de cualquiera de las 30 mil especies de vida silvestre reguladas por el convenio.

En noviembre de 2009, varias organizaciones y organismos internacionales con atribuciones relacionadas con la aplicación efectiva de la ley y con la capacitación en materia de justicia penal -en lo que atañe a los delitos contra la vida silvestre y los bosques- decidieron unirse para trabajar en conjunto en la formación de un consorcio internacional. Representantes de la Secretaría de la CITES, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) mantuvieron su primera reunión conjunta en Viena a fin de desarrollar una estrategia para prevenir y combatir el comercio ilícito de animales y plantas silvestres. Si bien algunos de esos organismos y organizaciones habían colaborado anteriormente en cuestiones relacionadas con el tema, fue la primera ocasión en la que las cinco entidades trabajaron juntas en esta forma de prevención del delito. Decidieron constituir el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) para avanzar en forma conjunta y de manera coordinada.

El Consorcio antes referido fue lanzado formalmente en noviembre de 2010 por el Primer Ministro Vladimir Putin durante el Foro Internacional sobre el Tigre, realizado en San Petersburgo, Federación de Rusia, oportunidad en que se procedió a la firma de la carta de entendimiento entre las cinco entidades.

De igual forma la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, por primera vez en julio de 2015, una resolución en la que incentiva a los países a armonizar la legislación nacional y la cooperación trasnacional en el combate contra el tráfico ilegal de vida silvestre. También reconoce la conexión entre los crímenes de vida silvestre, el crimen organizado internacional y la difícil situación de las comunidades locales cuyos medios de vida sufren las consecuencias del comercio ilícito. La aplicación de leyes y regulaciones para proteger la vida silvestre a nivel nacional y más allá de las fronteras es una obligación moral, un imperativo legal y una necesidad económica, según dicha Asamblea General.

La ONU también explicó que el tráfico de especies genera una crisis ambiental que amenaza la biodiversidad a nivel mundial, pues el tráfico de especies es una de las actividades ilegales más lucrativas en el mundo, con una cifra que asciende a cerca de 20 mil millones de dólares al año.

Es pues que tanto a nivel nacional como internacional existe una regulación amplia y nutrida en cuanto al tráfico de vida silvestre, pero aún no suficiente para inhibir la conducta, o establecer parámetros objetivos de sus alcances, dimensiones, perjuicios y daños irreversibles al medio ambiente global.

Por lo que hace a nuestro país, definir la extensióny dimensiones precisas del tráfico ilegal de vida silvestre resulta imposible por su naturaleza ilícita, sin embargo se sabe que es un negocio de amplias dimensiones que involucra grandes cantidades de dinero. Se estima que se encuentra en el tercer lugar de importancia como comercio ilegal, sólo después del tráfico de drogas y de personas.

Asimismo, ocupa el segundo lugar mundial como amenaza para la vida silvestre, después de la destrucción y fragmentación de hábitats naturales.

Como ya se ha referido, en los últimos años el tráfico ilegal de vida silvestre ha aumentado de manera notable en nuestro país, probablemente como consecuencia de que representa un negocio ilícito atractivo por la disponibilidad de grandes ganancias y la naturaleza de bajo riesgo del delito. Este comercio ilegal se basa en una red de tráfico organizada, en donde existen diversos niveles de actuación y diferentes integrantes, cada uno de los cuales realiza actividades específicas que en conjunto forman toda una cadena. Esta especialización o división de trabajo comprende la extracción de los ejemplares de vida silvestre de su medio natural, el acopio, transporte y distribución de los mismos, y finalmente la venta.

Asimismo, la oferta de mercado, encargada de satisfacer la demanda, está impulsada por valores económicos, en donde la ganancia es la principal motivación de los cazadores, colectores, acopiadores y contrabandistas.

La extracción de fauna silvestre de su hábitat natural ha ocasionado que muchas especies mexicanas se encuentren hoy en día amenazadas, en peligro de extinción o incluso extintas. El tráfico ilegal tiende a desestabilizar las poblaciones de flora y fauna silvestre debido a que prevalece la extracción de ejemplares jóvenes.

Lo anterior provoca fuertes presiones sobre las generaciones de menor edad, disminuyendo la tasa de reproducción de toda la especie. Otra consecuencia del tráfico ilegal que afecta a la tasa reproductiva de una especie es la proporción de hembras/machos extraída, la cual puede aumentar fuertemente la fragilidad reproductiva de toda la especie. Todos estos factores han afectado de manera significativa a poblaciones completas de flora y fauna mexicana, haciendo crecer cada vez más la lista de especies en peligro de extinción.

El principal factor que detona el tráfico ilegal de vida silvestre es la demanda de mercado, la cual a su vez es promovida por grupos de consumidores impulsados por diferentes valores sociales y culturales profundamente arraigados.

Otro de los motores fundamentales de esta demanda es el estatus social asociado con los productos objeto de tráfico, seguido del valor medicinal que se atribuye a muchos productos derivados de vida silvestre.

La compra oportunista motivada por el deseo de poseer mascotas exóticas, trofeos de caza y plantas y animales raros, así como la adquisición de subproductos en forma de artesanías y joyas son ejemplos de demanda impulsada por el estatus social asociado.

Por otro lado, la demanda de partes o derivados de flora y fauna silvestre, utilizados tanto en la medicina tradicional como en la herbolaria, está asociada al valor curativo percibido en dichos productos, a pesar de que su efectividad medicinal carece de sustento científico, además de presentar riesgos potenciales para la salud de quien los usa.

Entre las especies de fauna con un mayor tráfico destacan en México,  el perico cabeza amarilla (Amazona oratrix), la guacamaya roja (Ara macao), la guacamaya verde (Ara militaris), el tucán pecho amarillo (Ramphastossulfuratus), el mono araña (Ateles geoffroyi), el mono aullador (Aulluatapalliata), la tarántula rodillas rojas (Brachypelmasmithi), la iguana negra (Ctenosaurapectinata), la iguana verde (Iguana iguana), las víboras de cascabel (Crotalussp.) y el halcón de Harris (Parabuteounicinctus), al igual que el águila real, el carpintero imperial y la vaquita marina, entre otras.

Y en el caso de la flora, especies de cactáceas del género Mammilaria, especies de palmas del género Chamaedora, así como un gran número de especies de la familia de las orquídeas, entre otras dependiendo mucho de la temporada y las modas de especies de compañía.

La demanda de partes y derivados de flora y fauna silvestre para utilizarse con fines de medicina tradicional o para consumo alimenticio no proviene exclusivamente del territorio nacional, sino también de mercados internacionales. Ejemplo de ello es la demanda de los mercados asiáticos por muchos de estos productos, varios de los cuales provienen de nuestro país. Tal es el caso de la vejiga de Totoaba (Totoabamacdonaldi), pepino de mar, especie de pez endémica del Golfo de California, la cual alcanza altos precios en los mercados asiáticos debido a su valor medicinal y culinario.

La sobreexplotación y creciente demanda de la vejiga de Totoaba han provocado que la especie esté listada bajo la categoría de Peligro de extinción en la NOM059-SEMARNAT-2010, y en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés).

Por cuanto hace al traslado o transportación de las especies, al menos uno de cada cinco cargamentos de exportación de flora o fauna inspeccionados por la aduana de México es ilegal y desde 1995 a la fecha se decomisaron más de 150 mil ejemplares entre especies de plantas (particularmente cactus, helechos, palmas, orquídeas) y especies animales (monos, nutrias, loros, guacamayas, armadillos, mapaches, tortugas, iguanas, tarántulas, boas, serpientes, aves de presa, camaleones, ranas, tucanes y muchas más que, en su mayoría están en peligro de desaparecer.

A pesar de que el tráfico de especies está prohibido por la ley, la escasa vigilancia y control por parte de las autoridades, permite que se incremente en diferentes puntos de la República Mexicana, tal es el caso en los estados de Yucatán, Chiapas, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León y Baja California,  entre otros.

Aunque la inmensa mayoría de los aseguramientos se dan en las fronteras tanto del norte como del sur del país; (92%), el tráfico de animales está extendido por el país, de norte a sur y de este a oeste, los datos existentes revelan que la PGR ha asegurado 510 mil 147 animales en siete años (2007-2014), en 21 entidades, mientras que en el caso de la (Profepa) fueron 95 mil 503 en el mismo lapso a nivel nacional.

Guerrero es un abastecedor de aves y reptiles; Campeche de loros, monos y pepinos de mar; Baja California también nutre al mercado negro de estos últimos; Chiapas, Oaxaca y Veracruz son los estados donde más pericos se capturan.

En Nuevo León, los expertos aseguran que el mayor problema de tráfico se concentra en el venado de cola blanca y el borrego cimarrón. La Ciudad de México y el Estado de México funcionan como un almacén en el que es posible encontrar casi cualquier animal.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene ubicados 60 sitios “críticos” de venta clandestina e ilegal de animales de alguna de las dos mil 421 especies mexicanas que en los últimos diez años entraron en el grupo de especies en peligro de extinción.

Las consecuencias que produce el tráfico de animales, son muchas y diversas respecto de los sujetos vivos afectados, sin embargo en términos generales es necesario referir que la humanidad misma es afectada, en la medida que se modifican los ecosistemas, se ponen en peligro especies o bien pueden aun extinguirse y esto afecta a los entornos sociales y culturales de las poblaciones en general, aunado a considerar que por la forma en la cual se realizan este tipo de actividades, se generan focos de violencia y la promoción de otro tipo de delitos en las  comunidades y entornos en los cuales se llevan a cabo o donde se comercializan.

El primer nivel en el que se evidencian las fuertes y crueles consecuencias del tráfico ilegal de vida silvestre es en el de los propios organismos víctimas de éste, los cuales se ven sometidos a condiciones terribles durante la captura, transporte y venta. Ello se traduce en lesiones, contagio de enfermedades e incluso una alta mortandad. Cada proceso involucrado en el tráfico ilegal compromete el bienestar de los organismos que son parte de esta cadena, causándoles un gran sufrimiento.

A nivel ecosistema, como se trata de estructuras funcionales dependientes de diversos factores y entre sí de la totalidad de especies y fauna existente, el tráfico de vida silvestre representa un peligro directo a la biodiversidad de los mismos, ya que al remover a un actor de este complejo sistema se genera una desestabilidad en su interior.

La principal consecuencia del tráfico ilegal sobre estos ecosistemas es la defaunación, es decir, la extracción masiva de la fauna silvestre. Lo anterior genera ecosistemas vacíos, aparentemente saludables, pero que no presentan un componente faunístico que realice las funciones ecológicas necesarias para su mantenimiento. Esta situación también ocurre en los mares por la sobreexplotación ilegal de los recursos marinos. La defaunación tiene el potencial de desencadenar una serie de efectos en cascada que se pueden reflejar, como consecuencia final, en la pérdida de biodiversidad, dando lugar a sistemas ecológicos simplificados y empobrecidos.

Así las cosas, la reducción drástica de especies autóctonas y la introducción de especies invasoras, pueden tener un impacto devastador en la salud de los ecosistemas; hay muchas especies que desempeñan un papel fundamental en el  mantenimiento de la estructura de una comunidad ecológica y afectan a otros organismos.

Todas las especies incluyendo al ser humano formamos parte de un ecosistema.  Todos los elementos de un ecosistema están ligados entre sí mediante una compleja red de procesos auto-regulatorios, de retroalimentación y de interdependencia. Si una parte del ecosistema falta o falla, está perdida tendrá efectos en otras partes del sistema. La magnitud de los efectos dependerá de la importancia relativa de la o las partes que hayan sido afectadas y de la fragilidad o fortaleza del ecosistema.

Los seres humanos tenemos la obligación de evolucionar a un mundo mejor, donde garanticemos la permanencia y armonía entre las especies humanas y vivas existentes; para lo cual debemos generar leyes que sanción de manera ejemplar el tráfico de los animales; pero sobre todo debemos generar sanciones alternativas que estimulen un cambio en el ser humano que no tiene conciencia de la importancia de que la conservación de la totalidad de especies vivas ya que con ello garantizamos nuestra propia permanencia y sobrevivencia sobre el planeta tierra.

Es por ello que se presenta esta iniciativa, cuyo  objetivo consiste en duplicar las sanciones impuestas en el Código Penal Federal a los que lleven a cabo la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y/o fauna silvestre, mediante la captura caza y colecta, en contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales.

La finalidad es generar la ejemplaridad en la sanción y con ello inhibir la realización de la conducta; de igual forma se buscará seguir la tendencia internacional de penas alternativas para con ello generar un beneficio directo a las comunidades que fueron afectadas con el tráfico de especies.

También generar conciencia colectiva del daño ambiental que se genera con este tipo de actividades a la biodiversidad, a las especies, así como al medio ambiente en términos generales.

En ese mismo orden de ideas y con la finalidad de incrementar la severidad del tipo penal; se propone incorporar el tráfico de animales como delito grave tanto en el ámbito penal, como en el supuesto de que la conducta se lleve a cabo a través de la delincuencia organizada ya que por la cadena de actividades que deben de llevarse a cabo para poder llegar a la venta como tal de la especie se requiere de toda una cadena de sujetos u organizaciones para su realización.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONANDIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN MATERIA DE TRÁFICO DE ESPECIES

PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Artículo 420.- Se impondrá pena de nueve a dieciocho años de prisión y por el equivalente de tres mil a seis mil días multa,a quien ilícitamente:

I.  a V.  …



SEGUNDO. Se adiciona una fracción VI, recorriéndose las demás en su orden, al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artículo 2o.-

I a V.   …

VI.- Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, previsto en el artículo 420 del Código Penal Federal.

TERCERO. Se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 167. Causas de procedencia

I a XI.

XII. Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, previsto en el último párrafo del artículo 420.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.-Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán adecuar su legislación conforme lo previsto en este decreto, en un plazo no mayor a 180 días para dar cumplimiento al presente Decreto.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 20 de julio de 2016.

Suscriben

Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 6o. Y 9o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre propio y del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, JESÚS SESMA SUÁREZ y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, respectivamente, a nombre de las y los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 6º Y 9º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, la cual solicitamos se turne a la COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Toda persona dentro del territorio nacional tiene otorgado como derecho fundamental la libertad de expresión; misma que no puede ser vista únicamente como una forma de expresarse de manera directa como sujeto; sino de manera integral y colectiva, lo cual implica que cualquier persona tiene derecho a emitir su opinión y difundir por cualquier medio su ideología, es decir, la libertad constitucional de expresar ideas u opiniones debe incluir necesariamente la libertad constitucional de utilizar todos los medios de expresión, sean palabras o conductas, en cuanto puedan difundir ideas de manera individual o colectiva y con ello se enarbola otro derecho fundamental que es el derecho de libre reunión.

Para respaldar la argumentación antes referida, se tienen los siguientes criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como un voto concurrente emitido por el ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, mismos que respaldan el criterio expresado, así como jurisprudencia relacionada con la forma, alcances e interpretación de la libertad de expresión.

Dentro de los principales criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con libertad de expresión, se han señalado alcances de dicho principio bajo los parámetros siguientes:

Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. “El libre discurso y debate político son parte esencial para la consolidación de la vida democrática de las sociedades”. Dado el interés social imperativo que rodea a “este tipo de debates”, las justificaciones permisibles al Estado para restringir la libertad de expresión en este ámbito son mucho más estrictas y limitadas, ya que el derecho a la libertad de expresión e información es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público.

El derecho a la libertad de expresión es precisamente el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad”. Muchas veces estos debates pueden ser críticos y hasta ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están vinculados a la formulación de la política pública.

Al respecto, la Corte ha indicado que la primera dimensión de la libertad de expresión “no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”. En este sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

De igual forma, la Corte Interamericana en su Opinión Consultiva OC-5/85 hizo referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que:

[…] la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

En iguales términos a los indicados por la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos se ha manifestado sobre la importancia que reviste en la sociedad democrática la libertad de expresión, al señalar que:

[…] la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población.  Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. […] Esto significa que […] toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue.

Al respecto, valga resaltar que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas aprobaron el 11 de septiembre de 2001 la Carta Democrática Interamericana, en la cual señalaron que:

“Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. 

Existe entonces una coincidencia entre los diferentes sistemas regionales de protección a los derechos humanos y el universal, en cuanto al papel esencial que juega la libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática. 

La libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y de posibilidad de un régimen democrático; en otras palabras, la libertad de expresión es condición necesaria (aunque no suficiente, desde luego) para que se pueda considerar que en un determinado país hay democracia.

De acuerdo con Jürgen Habermas, la posibilidad de que todas las personas participen en las discusiones públicas es uno de los bienes más preciados para una sociedad y constituye el presupuesto necesario para la construcción de una "racionalidad discursiva", que permita la generación de consensos y la toma de decisiones entre los componentes de los diversos grupos sociales, pero que también constituya un cauce para la expresión de los disensos, que en la democracia son tan naturales (y necesarios) como los acuerdos.

La deliberación pública realizada en libertad es una de las características de los modernos regímenes democráticos. En palabras de Ignacio Villaverde, "en los Estados democráticos, la libre discusión es un componente jurídico previo a la toma de una decisión que afecta a la colectividad, e inexcusable para su legitimación... Sin una discusión libre no es posible una realización cabal del Estado democrático".

La libertad de expresión es lo que permite la creación de la opinión pública, esencial para darle contenido a varios principios del Estado constitucional, como lo son algunos derechos fundamentales (por ejemplo el derecho a la información, el derecho de petición o los derechos en materia de participación política); la existencia de una opinión pública libre y robusta también es una condición para el funcionamiento de la democracia representativa.

La libertad de expresión y la prohibición de la censura previa no significan que no pueda haber reglas para el ejercicio de dicha libertad. Sin embargo, las reglas deben ser tales que la libertad siga teniendo sentido; como señala el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas: "cuando un Estado Parte considera procedente imponer restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, éstas no deberán poner en peligro ese derecho en sí mismo".

Por ejemplo, no sería inconstitucional una regulación que estableciera el nivel máximo de decibeles que puede tener un concierto en un parque; pero sí lo sería si se prohibiera a quienes profesan una cierta religión reunirse en ese mismo parque para hablar sobre sus creencias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Última Tentación de Cristo, ha hecho reflexiones muy interesantes sobre la libertad de expresión. La Corte afirmó en su sentencia que la libertad de expresión tiene una dimensión individual, una social o colectiva, y recordando su propia opinión consultiva 5/85 sobre la colegiación obligatoria de periodistas, estima que la primera de tales dimensiones,requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno y poderla manifestar de manera libre.

Como ya lo habíamos referido, en nuestra Constitución Política el artículo 6° protege, entre otras garantías, la libre expresión de ideas; sin embargo, en su ejercicio no debe vulnerarse el derecho correlativo de los individuos a ser respetados en su dignidad e integridad, así como el derecho de terceros.

En cuanto a dichos límites y alcances es necesario referir algunas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

LIBERTAD DE IMPRENTA. ALCANCES.Conforme a la evolución de los artículos 6° y 7° constitucionales se puede advertir la intención del legislador en que exista una norma que reconozca el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas, tendentes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, lo que se le conoce como la libertad de expresión (oral) así como de la publicación de ideas (imprenta), las cuales en su ejercicio no deben menoscabar la moral, los derechos de terceros, la vida privada que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de una persona, en su familia y decoro; tampoco pueden, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público por lo que si bien la sociedad tiene derecho a estar informada y esto se logra a través de los medios masivos de comunicación, la información difundida deberá ser veraz, objetiva, verdadera, justa, de calidad, íntegra, además de honesta y conveniente; es decir, que refleje la realidad y respete los principios morales del hombre, sus legítimos derechos y dignidad, tanto en la obtención de la noticia como en su divulgación.

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6° de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, pleno, t. XI, abril de 2000, tesis P. LX/2000, p. 74.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN INDIVIDUAL DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL.La libertad de expresión en su dimensión individual asegura a las personas espacios esenciales para desplegar su autonomía individual. Así, se ha establecido que el contenido del mensaje no necesariamente debe ser de interés público para encontrarse protegido. En consecuencia, la dimensión individual de la libertad de expresión también exige de un elevado nivel de protección, en tanto se relaciona con valores fundamentales como la autonomía y la libertad personal. Desde tal óptica, existe un ámbito que no puede ser invadido por el Estado, en el cual el individuo puede manifestarse libremente sin ser cuestionado sobre el contenido de sus opiniones y los medios que ha elegido para difundirlas. Precisamente, la libre manifestación y flujo de información, ideas y opiniones, ha sido erigida en condición indispensable de prácticamente todas las demás formas de libertad, y como un prerrequisito para evitar la atrofia o el control del pensamiento, presupuesto esencial para garantizar la autonomía y autorrealización de la persona.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN.En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe la presunción de que todas las formas de expresión, independientemente de su contenido, se encuentran protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En contraposición, y por disposición expresa de la Convención, escapan de dicha cobertura: toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Asimismo, por mandato constitucional deben entenderse protegidas todas las formas de expresión. Dicha presunción sólo puede ser derrotada bajo razones imperiosas.

Es pues que el derecho fundamental de la libertad de expresión de las ideas, así como el derecho de reunión no pueden ser considerados como pleno o absoluto, sino que todo derecho fundamental debe ser armonizado con el resto de derechos de ahí que la propia constitución actualmente estime limites a dicha libertad, especificando que no puede generar un ataque a terceros; es así que toda disposición normativa debe armonizar el ejercicio y las garantías de los derechos fundamentales, no realizando prohibiciones sino permitiendo que coexistan derechos para poder por un lado garantizar su existencia, aplicación y efectividad y por otra lado permitir que de manera conjunta otros derechos fundamentales también tengan aplicación y sean debidamente garantizados.

Así las cosas, es necesario que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se armonicen derechos fundamentales, por un lado la libre manifestación de ideas y la libertad de reunión, y por otro,los derechos fundamentales a la salud, a la movilidad y a un medio ambiente sano.

Si se pretende que un marco normativo sea eficaz, debe precisar la forma en la cual se ejercen y se garanticen los derechos, es por ello que debe armonizar su ejercicio, de ahí que se proponga a través de esta iniciativa mantener los derechos fundamentales relacionados con la libre expresión de las ideas, así como la libertad de reunión; pero al mismo tiempo establecer una armonía y una coexistencia con el derecho a la salud, a la movilidad y al medio ambiente sano que son tres derechos fundamentales que deben del mismo modo ser maximizados en virtud de su importancia, no sólo para el desarrollo de los seres humanos, sino para su existencia.

En cuanto a la importancia del derecho a la salud, se tiene quela Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, reconoce en su artículo XI, que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y de la comunidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de ese mismo año, establece en su artículo 25, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.

Como reconocimiento a uno de los derechos fundamentales contenidos en la declaración universal de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho a la protección de la salud, como derecho autónomo, fue elevado a rango constitucional mediante reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, por la cual se le adicionó el siguiente párrafo:

Todapersona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

En este sentido, la Ley General de Salud se encarga de definir los propósitos que se persiguen con la protección de este derecho fundamental, al señalar expresamente que:

“ARTÍCULO 2º. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I.- El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV.- La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI.- El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII.- El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud”.

Es pues que el derecho fundamental a la salud, consagrado en nuestra Carta Magna, es un instrumento vital para la preservación de la vida y es de suma importancia que sea armonizado y priorizado dentro de su texto para poder garantizar su cumplimiento.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido en jurisprudencia lo que a continuación se precisa:

SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO.El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en la cual ha determinado que el Estado debe garantizar a través de orientaciones y medidas objetivas el cumplimiento máximo al mayor número de personas el derecho a la salud, por lo cual puedeestimarse como un derecho social gradual que debe de consolidarse con el paso del tiempo a través de la normatividad vigente.

DERECHO A LA SALUD. FORMA DE CUMPLIR CON LA OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO 14 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA GARANTIZAR SU DISFRUTE.El Estado Mexicano suscribió convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar, al más alto nivel, ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute del derecho a la salud, y existen documentos que las desarrollan en términos de su contenido y alcance. Uno de los más importantes es la Observación General Número 14 del Comité de los Derechos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte y el que, esencialmente, consagra la obligación de proteger, respetar y cumplir progresivamente el derecho a la salud y no admitir medidas regresivas en su perjuicio, absteniéndose de denegar su acceso, garantizándolo en igualdad de condiciones y sin condicionamiento alguno, debiendo reconocer en sus ordenamientos jurídicos, políticas y planes detallados para su ejercicio, tomando, al mismo tiempo, medidas que faciliten el acceso de la población a los servicios de salud, es decir, este ordenamiento incluye no solamente la obligación estatal de respetar, sino también la de proteger y cumplir o favorecer este derecho. En estas condiciones, ese cumplimiento requiere que los Estados reconozcan suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes, adoptando una política nacional de salud acompañada de un plan detallado para su ejercicio, cuando menos en un mínimo vital que permita la eficacia y garantía de otros derechos, y emprendan actividades para promover, mantener y restablecer la salud de la población, entre las que figuran, fomentar el reconocimiento de los factores que contribuyen al logro de resultados positivos en materia de salud; verbigracia, la realización de investigaciones y el suministro de información, velar porque el Estado cumpla sus obligaciones en lo referente a la difusión de información apropiada acerca de la forma de vivir y de alimentación sanas, así como de las prácticas tradicionales nocivas y la disponibilidad de servicios, al igual que apoyar a las personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones por lo que respecta a su salud.

Como puede desprenderse tanto los organismos internacionales así como los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación refieren la importancia y relevancia de que el Estado sea garante de la manera más amplia posible del derecho a la salud, generando políticas y dinámicas de Estado que permitan su prioridad y maximización como derecho fundamental dentro de la población.

Otro derecho fundamental dentro de los derechos clasificados como sociales de la tercera generación es el derecho a un medio ambiente sano cuyo marco internacional surge en la Declaración de Estocolmo de 1972 que se dio en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En ella por primera vez se habló del derecho a un medio ambiente sano como un derecho de la humanidad y también se estableció la obligación de los Estados de no generar daño a otro Estado.

También encontramos la Declaración de Río de Janeiro, la cual tampoco tiene efectos vinculantes, precisamente por su carácter declarativo. Es el primer instrumento que logró unir el tema del derecho a un medio ambiente sano con el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible hace referencia a la búsqueda de un equilibrio armónico entre el desarrollo económico y el gasto de la oferta ambiental en que se sustenta, con el objetivo de guardar y proteger los recursos naturales para las generaciones futuras. 

Éste instrumento se desarrolló en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Lo propuesto en tal declaración parte de la base de tomar al ser humano como el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Se consagra como compromiso de todos los Estados la adopción de todas las medidas posibles que se consideren pertinentes para erradicar la pobreza y brindar condiciones adecuadas en materia de salud para toda la población. Uno de los más importantes compromisos consagrados en este instrumento internacional consiste en que los Estados deberán promulgar leyes eficaces en materia de protección al medio ambiente, particularmente en lo que respecta a los daños y perjuicios generados por la contaminación del hábitat donde se encuentran las personas, también se comprometen a adoptar políticas demográficas adecuadas y a eliminar las modalidades de producción y consumo que sean insostenibles.

Se reafirma el deber de aplicar el principio de precaución según el cual “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” (principio 15 de la declaración). Se reafirma también el principio de soberanía que implica que los Estados tienen derecho a usar sus recursos de la forma que lo consideren más conveniente. Los Estados tienen pleno derecho sobre sus recursos naturales, sin embargo ese manejo de sus recursos, en ningún caso puede ocasionar daño a otro Estado.

Posteriormente encontramos la declaración de Johannesburgo realizada en el 2002, la cual renovó el compromiso político en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Recogió lo establecido en los dos instrumentos internacionales mencionados anteriormente y también tocó lo referente al manejo del agua potable, pobreza, empleo, salud, educación entre otros temas de interés para ese momento.

El Derecho a un medio ambiente sano, es de los llamados derechos de tercera generación, puesto que más allá de que afecte a una persona, su incumplimiento puede poner en riesgo a la colectividad, a una comunidad o a todo un elemento del Estado, como lo es su población.

En este mismo orden de ideas, la Corte Interamericana reconoce mediante su jurisprudencia respecto del derecho a la vida “los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”.

En efecto, las condiciones ambientales son fundamentales para la garantía del desarrollo de la vida de las personas. Según Augusto Cançado Trindade, el derecho a un medio ambiente sano aparece como una extensión natural del derecho a la vida basado en la existencia física y la salud humana así como en las condiciones dignas y la calidad de vida.

Por todo lo antes referido se tiene que el derecho a la salud es un derecho que debe ser garantizado de la manera más amplia posible por el Estado; generando las políticas necesarias para poder asegurar su ejercicio al mayor número de ciudadanos, cuando el derecho a la libre manifestación de ideas y de reunión no es armonizado con los demás derechos como lo es éste, se genera una vulneración que afecta sustancialmente a la salud y como consecuencia a la biodiversidad en su conjunto.

La mayoría de los habitantes en México habitan en zonas urbanas, en las cuales se llevan a cabo el mayor número de manifestaciones sin armonización alguna con otro tipo de derechos, lo cual genera una afectación a la calidad del aire, mayor generación de residuos sólidos, entre otros problemas derivados de la obstrucción total de avenidas, carreteras y vías de circulación; esto contraviene la garantía que el Estado debe otorgar con respecto al derecho a la salud en una primera instancia y en un segundo momento al derecho a un medio ambiente sano,ya que al generarse un mayor número de contaminantes no únicamente se exacerban enfermedades en los seres humanos sino que se genera un deterioro serio al medio ambiente, que son también derechos fundamentales.

El ozono y otros gases contaminantes son elementos altamente reactivos, su impacto en la salud se debe a su capacidad de oxidación, por ello daña a las células en las vías respiratorias causando inflamación, además reduce la capacidad del aparato respiratorio para combatir las infecciones y remover las partículas externas. Además afecta los mecanismos de defensa, por lo que puede provocar un aumento de las infecciones respiratorias.

El ozono es un riesgo para la salud de los niños, las personas de la tercera edad y para quienes padecen problemas cardiovasculares y respiratorios, como el asma, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. También afecta a personas aparentemente sanas y en excelentes condiciones de salud, por ejemplo a atletas que requieren la inhalación de altos volúmenes de aire durante sus ejercicios, provocándoles una disminución de su rendimiento físico.

Los efectos generalmente asociados con un aumento en los niveles de ozono son: infecciones respiratorias agudas, tos, flemas, sibilancias, atrofia de mucosa nasal, irritación de ojos y disminución de la función ventilatoria.

El aire contaminado en términos generales aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como neumonía, y crónicas, como el cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si bien la contaminación afecta a todas las personas, el organismo advierte que los efectos más graves se producen en las personas que ya están enfermas, así como en los grupos más vulnerables: niños, adultos mayores y familias con un acceso limitado a la asistencia médica.

Es pues que garantizar el derecho a la salud también implica que el Estado lleve a cabo las acciones necesarias para que, sin coartar el ejercicio de otros derechos, sí lleve a cabo medidas y disposiciones normativas para inhibir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y con ello garantizar una mejor calidad del aire lo cualimplicará un acceso más efectivo al derecho a la salud, al igual que al medio ambiente sano.

Al igual que los derechos antes referidos, existe otro derecho que de no ser armonizado con la libertad de expresión y de reunión se ve limitado, o bien, no garantizado por el Estado, se trata del derecho a la movilidad. En cuanto respecta a éste tenemos que México es un país eminentemente urbano, de cada 10 habitantes más de 7 residen en localidades mayores a 15 mil habitantes; la población se ha distribuido de forma desigual entre asentamientos urbanos de diferentes tamaños, reconociéndose 59 zonas metropolitanas.

En México, más de 81 millones de personas (72% del total) residen en sólo 384 ciudades mayores a 15 mil habitantes, las cuales conforman el Sistema Urbano Nacional (SUN); esto muestra una desvinculación entre las cifras del crecimiento demográfico que se duplicaron y la expansión de las manchas urbanas que se multiplicaron por seis.

El proceso de urbanización se potencia, en primer lugar, en las 59 zonas metropolitanas, en donde viven 65 millones de habitantes (57% de la población del país), en ellas se genera el 74% del Producto Interno Bruto y se estima que hacia el 2030 su población alcanzará los 78 millones de personas, lo cual demandará sistemas eficientes de movilidad.

Predomina una elevada concentración poblacional en un reducido número de grandes ciudades. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en el año 2010 el 37% de la población total del país (42 millones de personas) se aglomeraba en las 11 zonas metropolitanas de más de un millón de habitantes; éstas generaban el 48% del PIB y el 50% de los empleos formales. Resalta por su magnitud y complejidad la Zona Metropolitana del Valle de México, donde cerca de 21 millones de personas conforman la mayor concentración urbana, económica y financiera de México y América Latina.

El crecimiento físico de estas zonas fue superior al de la cobertura de sus necesidades, la población creció 1.8 veces mientras que la superficie se multiplicó por cinco, esta dinámica fue distanciando a las personas de los servicios y oportunidades (ubicados principalmente en los núcleos o centros tradicionales) ante la falta de sistemas de transporte e infraestructura vial que facilitaran la accesibilidad. Estas ciudades entraron en crisis de contaminación ambiental, congestionamientos viales, millones de horas/hombre perdidas en el tráfico, afectación de la convivencia familiar y social y cuestiones que, en síntesis, tuvieron un deterioro generalizado en la calidad de vida de la población, lo que hizo y hace  latente la necesidad de hacer un cambio en las políticas de movilidad sustentable y en la necesidad de armonizar frente a esta realidad que permea para la mayoría de la población en México derechos que no compliquen aún más la ya de por sí difícil situación de movilidad.

Las 29 zonas metropolitanas y ciudades menores de 500 mil habitantes fueron las que presentaron el mayor ritmo de expansión; la población se duplicó y la superficie se multiplicó por nueve, llegando a casos extremos como el de la Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco que creció aproximadamente 6,000%.

Como puede advertirse, de los datos más recientes ya referidos se tiene que la población esta principalmente concentrada en determinados puntos geográficos, lo cual complica la movilidad perse, aunado a que al no armonizarse derechos;la movilidad se torna inaccesible cuando el derecho a libertad de expresión, manifestación y de reunión no es coordinada con los demás derechos, con la finalidad de que todos puedan ejercerse de manera adecuada.

La complejidad para garantizar el derecho a la movilidad consagrado como derecho fundamental en el artículo 11 de la Constitución Política es mucha, por lo que el Estado debe de generar la inversión, las dinámicas y las políticas internas que permitan su adecuado ejercicio; este derecho como ya se ha referido sufre un detrimento frente al derecho fundamental a la libertad de expresión y de manifestación cuando no existen lineamientos o parámetros para que coexistan y sean ejercidos de manera paralela y permanente.

Como se ha referido a lo largo del presente documento existen diversos derechos fundamentales que se encuentran previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos y los cuales deben ser garantizados por el Estado, es por ello que sin el ánimo de limitar o reducir el ejercicio de derechos tan importantes como lo son la libertad de expresión, la libertad de manifestación y de reunión; tampoco lo son menos el derecho al acceso a la salud, la movilidad y el medio ambiente limpio es por ello que a través de la presente iniciativa se pretende iniciar un proceso de armonización y coexistencia; garantizando el mayor alcance de todos los derechos de manera conjunta y permanente.

Con respecto a la forma inadecuada de ejercer el derecho a la libre manifestación de ideas y de reunión se tienen solo algunos datos de los daños económicos que se han generado en los últimos años:

• En 2013 en el Distrito Federal, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur); estimó pérdidas por hasta 335 millones de pesos a causa de las manifestaciones realizadas a lo largo de 3 meses.

• Por lo que hace al año 2014, las marchas realizadas en la Ciudad de Méxicodejaron pérdidas por mil 949 millones 511 mil 350 pesos, informó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco).

• Al rendir un informe sobre el Balance Económico 2014 en la Ciudad de México, se indicó que el promedio de duración de las 97 manifestaciones realizadas en el año fue de entre cuatro y cinco horas; con ello dejaron diversas pérdidas monetarias para los comerciantes:

• Monto por ventas no realizadas por bloqueos y cierre equivalente a mil 623 millones 130 mil 100 pesos.

• Daños por pintas y vandalismo ascendieron a 27 millones 500 mil pesos

• De igual forma en el año 2014, a causa de las manifestaciones violentas, el desempleo aumentó en un 35 por ciento y por lo menos 500 negocios cerraron en Chilpancingo, aseguró la Coparmex. Además, se reportaron pérdidas por más de 300 millones de pesos en las regiones centro, norte y montaña de la entidad.

• En cuanto al año 2016; el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur), aseguró que las manifestaciones en Oaxaca y Chiapas ocasionaron pérdidas por 2 mil 700 millones de pesos en los comercios.

• Es este mismo año en el Estado de Oaxaca; la distribución de diversos productos y mercancías se ha visto afectada debido a los bloqueos de entre 12 y 16 carreteras, mientras que para los hoteleros las pérdidas ascienden a 175 millones de pesos.

• De igual forma se ha determinado por el dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur), que en  esos tres sectores han registrado pérdidas económicas por aproximadamente 7 mil 500 millones de pesos, en conjunto, en Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero y en la Ciudad de México.

• De igual forma al ejercerse el derecho a la libre manifestación y de reunión sin ningún tipo de armonización, se generan parálisis en las ciudades y Estados ya que se cierran al 100% carreteras vitales para la movilidad no sólo de las personas, sino de servicios de emergencia, de víveres de primera necesidad para las comunidades, así como la obstaculización a la totalidad de transeúntes.

• Al mismo tiempo se generan actos vandálicos, delictivos y otro tipo de responsabilidades tanto administrativas como de índole penal, ya que los manifestantes en aras de emitir y hacer valer su derecho a la libre expresión llevan a cabo en algunos casos quemas de vehículos, pintas y en términos generales lesiones en establecimientos ajenos a la  manifestación misma, incendios a gasolineras u otro tipo de establecimientos, así como alteraciones públicas, mismas de las que deben ser responsabilidades ya que dichas actividades rebasan el ejercicio de un derecho legítimo.

Por lo que podemos concluir que el inadecuado ejercicio del derecho a la libre manifestación de ideas y de reunión, ha generado daños en nuestro país en diferentes ámbitos, tales como el económico, así como en la forma de desplazamiento de la ciudadanía, violando con ello el derecho a la movilidad, así como una afectación severa a la salud y al medio ambiente sano.

La armonización de derechos no es una innovación legal, existen diversos países que han realizado esta delimitación de derechos con el ánimo de que coexistan por lo que con el ánimo de ilustrar respecto de la forma en que se regula en otras latitudes se tiene:

En España el artículo 21 de la Constitución “reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y no necesita autorización previa” pero si de una “comunicación previa” a la autoridad, que sólo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Además se hacen subsidiariamente responsables a los organizadores de las manifestaciones en las que los participantes causen daños, “sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos”.

En Francia se requiere la autorización clara de la prefectura de policía para que pueda llevarse a cabo una manifestación. Los organizadores tienen la obligación de suscribir una póliza de seguros que garantice en el plano de la responsabilidad civil todos los riesgos relativos a la manifestación proyectada (participantes, público y obras públicas). La póliza de seguros debe comportar la garantía máxima… calculada en función del evento asegurado, respecto a los siguientes riesgos: daños corporales, materiales e inmateriales.

Además, los organizadores de manifestaciones son civil y penalmente responsables de todos los daños que pueda causar el evento. La marcha puede no autorizarse por ser susceptible de causar problemas de seguridad, de orden público o de tránsito; rechazo del organizador a aceptar las obligaciones o prescripciones que presenta la Prefectura de Policía; o por un organizador que no respetó sus obligaciones en una petición anterior, entre otras.

En Venezuela, el derecho a manifestarse pacíficamente y sin armas está reconocido, sin otros requisitos que agotar el procedimiento administrativo de autorización.

Como corolario a todo lo antes referido, se tiene que:

1. No se tiene como finalidad con la presente iniciativa inhibir o limitar un derecho fundamental, sino por el contrario permitir su coexistencia de manera permanente en la vida diaria de la población mexicana.

2. Los derechos fundamentales de libertad de expresión, de manifestación de las ideas y de reunión no son absolutos; sino que los mismos pueden tener  parámetros para su ejercicio.

3. El derecho a la movilidad, el derecho a la salud y al medio ambiente sano son derechos fundamentales igualmente consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por consiguiente el Estado debe garantizar que se maximicen y puedan tener una eficacia real en la población.

4. La pretensión es armonizar derechos de tal forma que puedan ejercerse de manera permanente y constante sin que uno pueda estar por encima de otro, ya que todos deben ser maximizados, priorizados y garantizados dentro del marco normativo.

5. La armonización de derechos fundamentales para garantizar su ejercicio y eficacia es un actuar cotidiano dentro de los países que tienen la pretensión de tener normas cuyo contenido garantice la implementación y desarrollo de los derechos frente a la sociedad.

Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 6° Y 9° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; para quedar como sigue:

DECRETO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

Las autoridades competentes deberán en todo momento armonizar la libre manifestación de ideas y de reunión, con el derecho a la movilidad, a la salud y a un medio ambiente sano, para lo cual deberá emitirse una ley General.

El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo 9o.No se podrá coartar, salvo que violente otros derechos fundamentales;  el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

TRANSITORIOS

1. Una vez publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación, se tendrá un término de seis meses calendario para la emisión de la Ley General en materia de Manifestaciones.

2. La Ley General será marco de la normatividad estatal, misma que deberá aprobarse por los Congresos Locales a más tardar 6 meses después de la emisión de la Ley Secundaria.

3. La Ley General, deberá regular de manera enunciativa y no limitativa:

• Las notificaciones a las autoridades competentes para orientar la realización de las manifestaciones. 

• Las manifestaciones sólo se podrán celebrar  entre las doce y las diecisiete horas en las zonas denominadas urbanas; en bienes de dominio público, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros.

• De igual forma no podrán realizarse en plazas públicas que representen para la Entidad Federativa o Ciudad una derrama económica y turística importante.

• No podrán realizarse manifestaciones en vías primarias de comunicación o en la totalidad de carriles de carreteras federales.

• La ley secundaria deberá regular y mantener la movilidad de los transeúntes y de los vehículos particulares durante cualquier tipo de manifestación.

• Se reencauzará cualquier tipo de manifestación en vialidades de un sólo carril.

• La ley secundaria establecerá las formas en que la autoridad competente reencausara las manifestaciones que no cumplan con los parámetros de realización, en pleno apego a los derechos de los manifestantes y sin que medie violencia alguna.

• La autoridad competente dependiendo del tipo de manifestación, dará la oportunidad a los manifestantes de difundir sus motivos y razones en los medios decomunicación de los que disponga, en los términos que la ley establezca.

• Los actos delictivos, violentos o vandálicos que se lleven a cabo dentro de las manifestaciones deberán ser sancionados por la Ley aplicable.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 20 de julio de 2016.

Suscriben

Sen. Carlos A. Puente Salas; Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Dip. Jesús Sesma Suárez; Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Muchas gracias, Senador Puente Salas.

Sonido en el escaño del Diputado Jorge Álvarez Maynez, ¿con qué objeto?

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: (Desde su escaño) Suscribir la iniciativa del Senador Carlos Puente.

Por congruencia, Movimiento Ciudadano ha presentado una iniciativa para eliminar el financiamiento público a las corridas de toros y para prohibir las peleas de perros.

Creo que ésta es una iniciativa muy completa que ha expuesto aquí el Senador Carlos Puente, y como representante de Movimiento Ciudadano en esta Comisión Permanente, queremos solicitarle la autorización para suscribir esta iniciativa.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Diputado Álvarez Maynez. Pregunto al promovente si está de acuerdo en que se adhiera. Sí, adelante. Solicito a la Secretaría tome nota de esta adhesión.

Daremos turno a las iniciativas presentadas por el Senador Puente.

Los dos proyectos de reforma a la Ley General de Vida Silvestre, uno en materia de zoológicos y acuarios y otro en materia de mamíferos marinos, se turnan a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Los cuatro proyectos de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, referidos a las materias de prohibición de peleas de gallos, prohibición de corridas de toros, prohibición de peleas de perros y sobreventa de mascotas, se turnan a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

El proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de peleas de perros, se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

El proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de tráfico de especies, se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Y el proyecto de Decreto que modifica y adiciona los artículos 6o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia.

La situación económica del país es delicada. De acuerdo al Inegi, señaló que el Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2016 creció a una tasa real anual de 2.6 por ciento, con una expansión trimestral de 0.8 por ciento. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contempla un crecimiento económico del 2.2 por ciento.

De acuerdo a la encuesta mensual de expectativas económicas de Banxico, redujeron la expectativa de crecimiento del PIB del 2.44 por ciento al 2.36 por ciento. El conjunto de los expertos consultados ve más probable que el rango de crecimiento del país se encuentre entre el 2.5 por ciento y el 2.9 por ciento.

Distintos factores confluyen diariamente para que dicha situación se dé, entre los que destaca la poca productividad empresarial en el país, debido, en un primer momento a la falta de creación de nuevas empresas, y en segundo, al fracaso que sufre la gran mayoría de éstas en sus primeros años de funcionamiento, lo anterior es provocado por diversas circunstancias adversas a las que deben enfrentarse los empresarios que deciden establecerse, destacando los fuertes gastos económicos que tienen que erogar para lograr una estabilidad y con ello su subsistencia antes de poder consolidarse.

En este sentido, el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial, asevera que el 50 por ciento de las nuevas empresas mexicanas debe cerrar sus operaciones en el primer año de existencia, el 75 por ciento sufre el mismo destino tras sólo dos años en el mercado, mientras que no menos del 90 por ciento quiebra antes de los cinco años.

De las micro, pequeñas y medianas empresas de nueva creación, el 80 por ciento cierra en el primer año de operaciones, principalmente por motivos financieros.

Se debe recordar que estas micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la base económica del país, por el fuerte impacto que tienen en producción nacional, además de la generación de empleos directos.

Datos del Inegi señalan que en México existen alrededor de 4.15 millones unidades empresariales, de las cuales, aproximadamente el 99 por ciento pertenece a este tipo de empresas y generan el 72 por ciento del empleo en el país, además del 52 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

Es notoria la relevancia y el peso específico que tiene el establecimiento, crecimiento y consolidación de empresas para el desarrollo económico y social del país. Por ello resulta imperioso modificar las condiciones actuales a las que se enfrentan empresas de reciente creación en este país, ya que, evidentemente, no son las idóneas como lo demuestras las cifras.

Un aspecto relevante para abatir estas problemáticas es eliminar obstáculos fiscales así como de carácter económico, a los que se enfrentan los ciudadanos que valerosamente intentan crear una nueva empresa, y que impiden puedan llegar a consolidarse.

Un ejemplo de esto es el reparto de utilidades que, por disposición de la Ley Federal del Trabajo, toda empresa debe realizar anualmente en favor de sus trabajadores.

Si bien es cierto que se trata de una medida benéfica y por demás plausible para todo el sector laboral que pertenece a determinada empresa, puede derivar en resultados contraproducentes, tanto para ellos como para los empresarios, debido a que precisamente en ocasiones, y sobre todo cuando se trata de empresas de nueva creación, este tipo de prestaciones merman su fluidez económica y, por lo tanto, impiden su consolidación, como se mencionó anteriormente, deriva en que quiebren al poco tiempo de su establecimiento.

Si se le permite a estas empresas tener un mayor margen de oportunidad para crecer y fortalecerse financieramente, las utilidades terminarán por ser mayores y, consecuentemente, derivará en prestaciones más cuantiosas para sus empleados, lo que se traduce directamente en más beneficios para ellos, además de las mejoras económicas y laborales para sus trabajadores y, por supuesto, para el país.

Para una empresa de reciente creación, el no tener que realizar el señalado reparto de utilidades por un año más, representaría una utilidad neta del 10 por ciento, lo cual propicia tener finanzas internas más sanas, que permitan mejorar su situación general para los siguientes años, ya que las primeras etapas de su existencia son las más complicadas, y las que normalmente determinan su éxito o, como sucede con mayor frecuencia, su fracaso.

Esto tendría como resultado, en el mediano y largo plazo, beneficios económicos netos para los trabajadores de las empresas, además de colaborar con una mayor generación de empleos.

Resulta, por todo esto, necesaria la implementación de diversas medidas que incentiven el establecimiento de nuevas empresas, que otorguen facilidades para que más personas lo intenten, reduciendo así sus posibilidades de fracaso, por los riesgos que ello tiene, sobre todo si se tiene en cuenta que una gran parte de la población no cuenta con los recursos necesarios para invertir en la creación de una empresa, y que una decisión como ésta, el empleo de sus ahorros, debería rendir frutos a quienes lo intentan y no lo contrario.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto modificar las fracciones I y II del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo a fin de aumentar el número de años que la norma jurídica exenta de la repartición de utilidades a las empresas de nueva creación.

Por ende, se propone pasar de 1 a 2 años dicho plazo, mientras que las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo queden exentas de dicho pago en los primeros 3 años de funcionamiento, con esto se pretende dar mayor seguridad a las pequeñas y medianas empresas y, por otro lado, generar certidumbre laboral a los trabajadores en virtud de que su fuente de trabajo no cierre sus puertas en el primer año de operaciones, logre consolidarse y, en consecuencia, sea una generadora de empleos formales.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada año la sociedad mexicana es testigo de cómo las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) sufren ajustes a la baja, como sucedió estos últimos dos años, al darse un crecimiento en 2014 y 2015, de 2.3 y 2.5%, respectivamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),1 los cuales contrastan con lo que en promedio fue pronosticado al inicio de ambos años, que iban desde 2.8, hasta, inclusive, 4.2 puntos porcentuales.2

Para este año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que el Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2016 creció a una tasa real anual de 2.6%, con una expansión trimestral de 0.8%. Las actividades primarias, secundarias y   terciarias se expandieron 2.7%, 1.9% y 3.7%, respectivamente. Para el Banco de México (Banxico) el rango de crecimiento para este año es de 2.0%-3.0%; por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo redujo en mayo de 2.6%-3.6% a 2.2%-3.2%.

Por su parte, los especialistas del sector privado consultados en la encuesta mensual de expectativas económicas de Banxico, redujeron la expectativa de crecimiento del PIB de 2.44% a 2.36%. El conjunto de los expertos consultados ve más probable que el rango de crecimiento del país se encuentre entre 2.5% y 2.9%.3

Distintos factores confluyen diariamente propiciar dicha situación, entre los que destaca la poca productividad empresarial en el país, debido, en un primer momento a la falta de creación de nuevas empresas, y en un segundo, al fracaso que sufren la gran mayoría de éstas en sus primeros años de funcionamiento, provocado por diversas circunstancias adversas a las que deben enfrentarse los empresarios que deciden establecerse, destacando los fuertes gastos económicos que deben erogar para su subsistencia, antes de poder consolidarse.

Según diversas consultorías, incluido el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial, el 50% de las nuevas empresas mexicanas debe cerrar sus operaciones en el primer año de existencia, el 75% sufre el mismo destino tras solo dos años en el mercado, mientras que no menos de 90% quiebra antes de los cinco años.4

Ello resulta aún más alarmante si se toma en cuenta que de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) de nueva creación, el 80% cierra el primer año de operaciones, principalmente por motivos financieros.5

Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la base económica del país, por el fuerte impacto que tienen en producción nacional, además de la generación de empleos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen alrededor de 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales, aproximadamente, 99% pertenecen a este tipo de empresas y generan el 72% del empleo en el país, además del 52% del Producto Interno Bruto nacional.6

En general, la creación de nuevas empresas, especialmente Pymes, conlleva una serie de beneficios importante para todo país, entre las que destacan:

• Constituyen una pieza clave para el desarrollo económico del país, por la producción nacional que generan.

• Cuentan con diversos recursos humanos, de capital, técnicos y financieros.

• Una gran cantidad de la población económicamente activa forman parte de ellas, derivado de su capacidad de generar empleos.

• Tienen una gran posibilidad de crecimiento, y por lo tanto, de convertirse en grandes empresas, debido al dinamismo que las caracteriza; si se dan las condiciones propicias para ello.

• Contribuyen al desarrollo local y regional, por su establecimiento en distintas regiones del territorio nacional.

• Al tratarse de una organización social de gran relevancia, forma parte del ambiente económico y social del país.

Es notoria la relevancia y el peso específico que tiene el establecimiento, crecimiento y consolidación de empresas para el buen desarrollo económico y social del país. Por ello resulta imperioso modificar las condiciones actuales a las que se enfrentan empresas de reciente creación en México, ya que, evidentemente, no son las idóneas, como lo demuestran las cifras.

Un aspecto relevante para abatir estas problemáticas es eliminar obstáculos fiscales así como de carácter económico, a los que se enfrentan los ciudadanos que valerosamente intentan crear una nueva empresa, y que impiden puedan llegar a consolidarse.

Un ejemplo de esto es el reparto de utilidades que, por disposición de la Ley Federal del Trabajo, toda empresa debe realizar anualmente en favor de sus trabajadores.

Si bien es cierto que se trata de una medida benéfica y por demás plausible para todo el sector laboral que pertenece a determinada empresa, puede derivar en resultados contraproducentes, tanto para ellos como para los empresarios, debido a que precisamente, en ocasiones, y sobre todo cuando se trata de empresas de nueva creación, este tipo de prestaciones merman su fluidez económica, y por lo tanto, impiden su consolidación, lo que, como se mencionó anteriormente, deriva en que quiebren al poco tiempo de su establecimiento.

Si se le permite a estas empresas tener un mayor margen de oportunidad para crecer y fortalecerse financieramente, las utilidades terminarán por ser mayores, y consecuentemente derivará en prestaciones más cuantiosas para sus empleados, lo que se traduce directamente en más beneficios para ellos, además de las mejoras económicas y laborales que a gran escala, en todo el país, implica.

Para una empresa de reciente creación, el no tener que realizar el señalado reparto de utilidades por un año más, representaría una utilidad neta del 10%, lo cual propicia tener finanzas internas más sanas, que permitan mejorar su situación general para los siguientes años, ya que las primeras etapas de su existencia son las más complicadas, y las que normalmente determinan su éxito o, como sucede con mayor frecuencia, su fracaso.

Esto tendría como resultado, en el mediano y largo plazo, beneficios económicos netos para los trabajadores de las empresas, además de colaborar con una mayor generación de empleos.

Resulta, por todo esto, necesaria la implementación de diversas medidas que incentiven el establecimiento de nuevas empresas, que otorguen facilidades para que más personas lo intenten, reduciendo así sus posibilidades de fracaso, por los riesgos que ello tiene, sobre todo si se tiene en cuenta que una gran parte de la población no cuenta con los recursos necesarios para invertir en la creación de una empresa, que muchísima gente “vive al día”, y que una decisión como esta, el empleo de sus ahorros, debería rendir frutos a quienes lo intentan, y no lo contrario.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto  modificar las fracciones I y II del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo a fin de aumentar el número de años que la norma jurídica exenta de la repartición de utilidades, a las empresas de nueva creación deberán pasar de uno a dos años dicho plazo, mientras que las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo queden exentas de dicho pago en los primeros tres años de funcionamiento, con esto se pretende dar mayor seguridad a las pequeñas y medianas empresas, y por otro lado, generar certidumbre laboral a los trabajadores en virtud de que su fuente de trabajo no cierre sus puertas en el primer año de operaciones, logre consolidarse y en consecuencia sea una generador de empleos formales.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ÚNICO.- Se modifican las fracciones I y II del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 126.- Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:

I. Las empresas de nueva creación, durante los dos primeros años de funcionamiento;

II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante los tres primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas;

III. a VI. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 126.- Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:

I. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento;

II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas;

III. a VI. …               

Artículo 126.- Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:

I. Las empresas de nueva creación, durante los dos primeros años de funcionamiento;

II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante los tres primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas;

III. a VI.…

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 20 de julio de 2016.

Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano.

1 México creció 2.5% en 2015, Forbes, (consultado: 11/06/2016), disponible en línea: http://www.forbes.com.mx/mexico-crecio-2-5-durante-2015/.

2 Banxico reduce rango de su pronóstico de crecimiento, El Financiero, (consultado: 11/06/2016), disponible en línea:http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-de-mexico-banxico-crecimiento-economico-2014-pib-pronostico.html.

3 REPORTE MENSUAL Sobre Actividad Económica y Finanzas Pública, Instituto Belisario Domíngue Senado de la República, (consultado: 11/06/2016), disponible
en http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ae/ReporteMensual_24.pdf

4 Por qué fracasan las Pymes, Gestiopolis, (consultado: 11/06/2016), disponible en línea: http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/.

5 Cierran 80% de las Pymes en México por falta de previsión, El Economista, (consultado:11/06/2016), disponible en línea: http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2011/10/25/cierran-80-las-pymes-mexico-falta-prevision.

6 Negocios Internacionales, ProMéxico, (consultado: 11/06/2016), disponible en línea:
http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Muchas gracias, Senador Menchaca Medrano. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Informo a la Asamblea que por Acuerdo de la Mesa Directiva, se dará oportunidad de presentar iniciativa al grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, que no ha tenido esta posibilidad en sesiones anteriores debido a la prioridad que se le ha dado a otros asuntos.

Con esta presentación, se respeta el derecho de las fuerzas políticas a presentar sus propuestas legislativas y se procura el equilibrio en el uso de la tribuna.






Tiene la palabra el Diputado Jorge Álvarez Maynez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Maynez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, señor Presidente.

Sólo para que quede inscrito en el acta de esta sesión, está en el Orden del Día, no está la iniciativa a la que me referiré, pero la propuesta formal de Movimiento Ciudadano para reformar, para enderezar la reforma educativa, que debe de abrir un periodo de debate, de análisis sobre el tema, y que creo que ya no hay excusas para abrir el debate habiendo una propuesta formal, ya hoy presentada por Movimiento Ciudadano.

Vamos a referirnos a una iniciativa que hace suya todo el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Es una iniciativa de la bancada en su conjunto, que tiene como propósito eliminar el fuero constitucional, con el que contamos los representantes populares, los gobernadores, los Diputados, los Senadores de este país.

Uno de los grandes problemas de gobernabilidad en México es que cada vez la distancia entre ciudadanos y gobernantes es más grande.

A propósito de la discusión que teníamos hace unos momentos sobre el Inegi y la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto. Si nosotros vemos las cifras de Ingreso-Gasto de los hogares en México, ser representante popular en México es un pasaporte automático al 1 por ciento más rico de la población.

Ser director del gobierno federal, subsecretario, ser integrante de un organismo autónomo, como el INAI, como en el INE, ser Diputado, ser Senador, es un pasaporte automático al 1 por ciento más rico de la población.

Y el conjunto de prerrogativas que fueron diseñadas con supuestos que eran válidos en su momento, hoy deben ser puestos a discusión.

¿Cuál era el propósito del fuero?

Proteger a los legisladores de oposición, a actores políticos críticos que tuvieran una actitud de revancha por parte del gobierno. Pero lamentablemente el asunto se ha convertido a la inversa. No solamente el fuero no protege a los actores políticos.

Y la muestra más clara de oposición, la muestra más clara es precisamente el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en el año 2005.

No bastó el fuero cuando hubo una decisión del poder público de atacar al principal actor político de la oposición en ese momento.

Hoy el fuero es el pretexto de Javier Duarte, de César Duarte, de Roberto Borge, de Rodrigo Medina, para no enfrentar la justicia.
Y el fuero es una distancia entre políticos, gobernantes y ciudadanos que se establece de una manera, nosotros creemos que antinatural, injustificada y excesiva.

Nosotros estamos planteando reversar el poder a los ciudadanos. Replantear la relación entre ciudadanos y políticos. Replantear la relación entre ciudadanos y gobernantes.

Y creemos que eliminar el fuero constitucional de los representantes populares es un paso obligado para hacerlo.

Movimiento Ciudadano actúa también, no desde la comodidad de ser oposición.

En Jalisco somos primera fuerza política y por eso hoy Jalisco es el primer estado de la República Mexicana, que ha reglamentado el tema en los términos que lo estamos promoviendo hoy, y es un estado en donde se ha eliminado el fuero constitucional para los representantes populares, con el apoyo de Movimiento Ciudadano.

Nosotros creemos que ese cambio que ya se dio en Jalisco, hoy tiene que ser un asunto de interés nacional y un asunto en el que esta clase política replantee.

No basta y no se trata de pedir disculpas, lo que tiene que hacer la clase política de México si se quiere reconciliar con la sociedad, con las ciudadanas y los ciudadanos inconformes de México, es replantear el sistema político mexicano, es generar una relación de iguales entre gobernantes y gobernados. Y para eso es indispensable y debe de ser una condición que no podemos evadir: la eliminación del fuero constitucional para los representantes populares en México.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

Los suscritos, Diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En una democracia tan golpeada por la desconfianza ciudadana como la mexicana, es crucial que se planteen debates en torno a privilegios que la clase política ha adquirido indebidamente a lo largo de los años, que ensanchan el déficit democrático y acrecientan la brecha entre ciudadanos y gobernantes, que tarde o temprano, se traduce en un menor bienestar social. Por tanto, es indispensable que este tipo de debates sean resueltos de cara a la sociedad, a fin de reconstruir las relaciones de confianza entre la sociedad y las instituciones fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro régimen, como es el Congreso de la Unión.

Tenemos así que, uno de los privilegios que mayor desconfianza y recelo provocan entre los ciudadanos, es el fantasma jurídico del “Fuero Constitucional”1, que no es otra que  la prerrogativa otorgada a legisladores para proteger y amparar a los mismos de acusaciones, derivadas del ejercicio de su función, es decir, “la inviolabilidad y la inmunidad procesal o libertad de arresto”2. No obstante, el empleo del fuero ha sido empleado en términos negativos, de construyendo el sentido y origen de su existencia, generando una tensión entre inmunidad e impunidad.

El fuero, concebido originalmente para fortalecer el esquema de división de poderes - y que tuvo su origen en las monarquías absolutistas- es hoy percibido por la sociedad como un privilegio inmerecido de ciertos servidores públicos para transgredir la ley.

No obstante, la finalidad del fuero constitucional, afirma el constitucionalista Ignacio Burgoa, “[...] no estriba tanto en proteger a la persona del  funcionario sino en mantener el equilibrio entre los poderes del Estado para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático”.

Asimismo, Enrique Sánchez Bringas, señala que “la inmunidad es la protección que las normas jurídicas ofrecen al desempeño de ciertos cargos públicos que revisten especial importancia, con el objeto de que sus titulares no puedan ser sometidos a la acción de la justicia de manera inmediata para evitar que se perturben esas funciones [...]”.

Por otra parte, la inmunidad procesal, explica Fernando Dworak, “es un derecho que sirve para proteger al quórum”3, a fin de evitar que el ejecutivo, para impedir que “se discuta un tema o para presionar por la aprobación de una iniciativa”4, encarcele a legisladores, “de tal forma que estuviesen presos los que se opusieran o incluso se dejase de sesionar por no haber mayoría necesaria”5.

Es así que, la inmunidad parlamentaria debe entenderse como "una prerrogativa de los legisladores con relación a la inviolabilidad de las opiniones vertidas en el ejercicio de su cargo, por las que no podrán ser reconvenidos o procesados y protección legal para no ser detenidos ni enjuiciados hasta que no se agote la garantía de procedibilidad constitucional". Es decir, no se trata de un excluyente de responsabilidades, civiles o penales, que recaiga en parlamentarios que cometan alguna ilegalidad , sino, como ya se ha mencionado, de una autonomía frente al resto de los Poderes.

En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación ha argumentado que “la inmunidad parlamentaria no puede concebirse como un privilegio personal, esto es, como un instrumento que únicamente se establece en beneficio de las personas de Diputados o Senadores para sustraer sus manifestaciones del conocimiento o decisión de los Jueces; sino como una medida de protección al órgano legislativo, a efecto de enfrentar la amenaza de tipo político, y que consiste en la eventualidad de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular.”

Así “[...] supone que la denegación al reclamo o reconvención esté sustentada en el ejercicio de la actividad parlamentaria, pues el propósito de esa protección es evitar que el órgano legislativo sufra la privación injustificada de uno de sus miembros.”

De igual manera, ha señalado que “la inviolabilidad de los senadores y diputados por la manifestación de sus opiniones en el desempeño de sus cargos, es un precepto universalmente admitido, por estar vinculada en él la garantía de que los representantes del pueblo puedan proponer toda clase de modificaciones a las leyes existentes; que si esa inviolabilidad no existiera cuando un diputado propusiera que se reforme una ley y, al efecto, censure la existente, podrían en algún caso tomársele como trastornador del orden público y apologista de un delito; por ello, la función legislativa requiere la más completa libertad de los diputados y senadores. El Constituyente de 1916, aludió a que el artículo 61 era igual al 59 de la Constitución de 1857; de donde debe afirmarse que la inmunidad parlamentaria está sustentada en que el interés a cuyo servicio se encuentra establecida la inviolabilidad de las manifestaciones de diputados y senadores es el de la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, decayendo tal protección cuando los actos -las manifestaciones- hayan sido realizadas por su autor en calidad de ciudadano, fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario.”

Como consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha argumentado que: “el ámbito de esta protección se delimita por la suma de tres condiciones: a) sólo opera a favor de diputados y senadores; b) por las opiniones; y, c) que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Así, la inviolabilidad dispensa al legislador una protección de fondo, absoluta, llevada al grado de irresponsabilidad, perpetua por cuanto que sus beneficios no están sujetos a período alguno; de tal suerte que prácticamente lo sitúa en una posición de excepción, en todas aquellas circunstancias en que éste ejercite su función de representante público, pues automáticamente opera una derogación, es decir, una pérdida de vigencia y eficacia de los preceptos constitucionales que imponen a los poderes públicos el deber de responder a sus propios actos y de los que garantizan a todos los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, lo que obliga al gobierno y a los particulares a soportar las manifestaciones que viertan en su contra los legisladores, aun cuando subjetivamente puedan considerarlas difamatorias. En consecuencia, la protección a los legisladores sólo por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos refrenda el objetivo de la mencionada garantía, o sea, resguardar al ejercicio del Poder Legislativo, pues aquéllos lo realizan y hacen de la palabra -del discurso el instrumento motriz y la forma privilegiada para ejercer su función pública.”

Sin embargo, en nuestro país el “fuero se ha convertido en una herramienta idónea para fomentar y sobre todo proteger a la concentración del poder, irónicamente se ha convertido en el protector e impulsor de la impunidad, que viola no solo el principio de la igualdad jurídica sino que descaradamente pisotea nuestras garantías individuales”, por lo que, señala, es indispensable se eliminen los privilegios de los que gozan, y se respeten los derechos de los ciudadanos, colocando en un plano de igualdad tanto a estos como a servidores públicos.

Al respecto, Fernando Dworak brinda algunos elementos que hacen de la inmunidad procesal un mecanismo de protección que emplean políticos y servidores públicos para protegerse entre sí:

Primero, la Cámara de Diputados decide sobre la procedencia de prácticamente todos los servidores públicos federales y locales, desde el presidente, pasando por ministros de la Suprema Corte de Justicia, órganos autónomos.

Segundo, la Cámara de Diputados decide sobre la procedencia de funcionarios locales cuando se trata de acusaciones del orden federal, dejando que los congresos locales decidan lo que proceda. Si consideramos que la inmunidad procesal es una prerrogativa para proteger un órgano de gobierno, no debería intervenir un órgano legislativo federal, sino exclusivamente la legislatura local. Como resultado tenemos un sistema de doble punto de veto, donde se facilita que el acusado se escape [...].

Tercero, se ha entendido que esta prerrogativa es un derecho del individuo, protegiéndosele incluso cuando solicita licencia [...].

Y cuarto, las declaraciones de procedencia las definen cuerpos colegiados que actúan con lógica política antes que técnica. Esto hace que o se requiera una decisión previa para que prosperen o se requiera de una gran presión ciudadana para que sean tomadas en cuenta.6

Por tanto, para resolver esta tensión entre inmunidad e impunidad, es necesario, señala Mojica Rayón, depurar el título IV de la Constitución política, y modificar el fuero, en términos de los que es concebido hoy en día, es decir, que no se necesite declaración de procedencia para someter a un servidor público a un proceso legal, para que la ley se aplique a todos, es decir, que la ley no exceptúe a nadie. De esta manera, se puede transitar hacia un esquema de inviolabilidad parlamentaria simple.

No se trata de la imagen que se proyecte por parte de un legislador, sino del trabajo que pueda realizar, por ello, se proponen modificaciones a fin de evitar el mal uso del término "fuero" por parte de funcionarios que tergiversen su función y que empleen ésta facultad para beneficio propio y en contra de las responsabilidades y obligaciones que le fueron conferidas.

No es que la inmunidad parlamentaria se haya vuelto innecesaria. Por el contrario, la propia Organización Global de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC, por sus siglas en inglés), ha establecido que: “La inmunidad parlamentaria es esencial para la independencia parlamentaria eficaz”.

Sin embargo, esa misma organización también ha señalado con contundencia que: “Un sistema de inmunidad parlamentaria que obstaculice la acusación legítima por acciones criminales puede ofrecer protección a parlamentarios corruptos que abusan de su afiliación al parlamento para beneficio personal”.

Y es ahí en donde la presente iniciativa pretende inscribirse: en resolver la tensión entre un mecanismo necesario de inviolabilidad para que los legisladores conserven su autonomía frente al resto de los Poderes, pero que al mismo tiempo no origine un estado de excepción en el que los integrantes de un Poder, puedan cometer delitos impunemente frente a miembros de otros Poderes o, peor aún, de la sociedad en general.

Se trata de ser pertinente en el momento histórico en el que vivimos, y retomar lo señalado por la GOPAC, en el sentido de que “los parlamentarios deberían adoptar sistemas funcionales de inmunidad parlamentaria que proporcionen protección de acusaciones injustificadas y motivadas políticamente pero que también garanticen que se les impute a los parlamentarios responsabilidad ante la ley”.

Basta de cinismo y de privilegios a costa de la sociedad. Decir adiós al fuero es fortalecer la división de poderes y dar la bienvenida a una nueva oportunidad para cerrar la brecha entre gobernantes y gobernados en una época en la que la confianza en los demás se presenta como la única alternativa para que florezca la seguridad ciudadana.

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 38, fracción II; 61, primer y segundo párrafos; 111, primer, quinto, séptimo, octavo, párrafos; 112, primer párrafo; y, 114, primer párrafo; se derogan los párrafos segundo, tercero y sexto del artículo 111; párrafo segundo del 112; y, primer párrafo del artículo 114, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;

II. Por la privación de la libertad dictada por sentencia firme y mientras la privación subsista;

III. Durante la extinción de una pena corporal;

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

Artículo 61. Los diputados y senadores jamás podrán ser reconvenidos ni serán sujetos de responsabilidad por las opiniones, propuestas legislativas o votos que emitan en el ejercicio de sus encargos.

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto a la inmunidad parlamentaria de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Artículo 111. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Estado, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos dependientes del Gobierno Federal, el Fiscal General de la República, el Consejero Presidente, los consejeros electorales, y el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y los integrantes de los órganos constitucionales autónomos serán responsables por la comisión de delitos, faltas u omisiones en que incurran durante el tiempo de su encargo y podrán ser sujetos de proceso penal, pero no podrán ser detenidos, ni privados de su libertad durante el ejercicio de su cargo, y continuarán en funciones hasta que se dicte sentencia condenatoria y ésta haya causado ejecutoria, en atención al principio de presunción de inocencia.

Se deroga.

Se deroga.

[...].

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y de la Ciudad de México, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo.

Se deroga.

Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

No existirá impedimento alguno para demandar en la vía civil a cualquier servidor público.

[...].

[...].

Artículo 112. No se requerirá que se dicte sentencia condenatoria y cause ejecutoria, para ser detenidos o privados de su libertad, cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Se deroga

Artículo 114.Se deroga.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años.

[...]

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 25, párrafo primero; y se derogan los párrafos segundo y tercero del citado artículo 25, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 25.- Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actuará de acuerdo con el procedimiento previsto en dicho artículo.

(Se deroga).

(Se deroga).

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 11, numerales 1 y 3; 12, numeral 2; y, 22, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 11.

1. Los diputados y senadores gozan de la inmunidad parlamentaria que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.

Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos hasta que se haya seguido el procedimiento constitucional, se dicte sentencia condenatoria y ésta cause ejecutoria.

Artículo 12.

1. [...].

2. El Presidente del Congreso, de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar la inmunidad parlamentaria constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto.

Artículo 22.

1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad. Garantiza la inmunidad parlamentaria constitucional de los diputados y vela por la inviolabilidad del Recinto Legislativo.

2. [...].

[...].

3. [...].

4. [...].

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso deberá adecuar las leyes y reglamentos correspondientes en un plazo máximo de ciento veinte días contados a partir de la publicación del presente decreto.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

CUARTO.- Los Congresos locales de las entidades federativas deberán adecuar sus respectivas leyes y reglamentos en un plazo máximo de ciento veinte días contados a partir de la publicación del presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 20 de julio de 2016

1 Definido así por Fernando Dworak, en su texto ¿Realmente desapareció el “Fuero” en Jalisco?, disponible en: http://fernandodworak.com/wordpress/realmente-desaparecio-el-fuero-en-jalisco/

2 Ibid.

3 Op. Cit., DWORAK, Fernando.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Op. Cit., DWORAK, Fernando.

Dip. Clemente Castañeda Hoeflich; Coordinador.- Dip. María Elena Orantes López; Vicecoordinadora.- Dip. Jorge Álvarez Máynez.- Dip. René Cervera García.- Dip. Claudia Sofía Corichi García.- Dip. Verónica Delgadillo García.- Dip. Manuel de Jesús Espino Barrientos.- Dip. Mirza Flores Gómez.- Dip. Gustavo Cárdenas Gutiérrez.- Dip. Refugio Trinidad Garzón Canchola.- Dip. Moisés Guerra Mota.- Dip. Angie Dennisse Hauffen Torres.- Dip. Carlos Lomelí Bolaños.- Dip. Jonadab Martínez García.- Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez.- Dip. Luis Ernesto Munguía González.- Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos.- Dip. Adán Pérez Utrera.- Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.- Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis.- Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco.- Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo.- Dip. Salvador Zamora Zamora.- Dip. Marbella Toledo Ibarra.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Diputado Álvarez Maynez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






El siguiente apartado del Orden del Día es la discusión de dictámenes que presentan las comisiones. Daremos trámite primero a aquellos que no tienen anuncio de reserva para su discusión.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos siete dictámenes de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo:

1.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a revisar y reforzar los mecanismos de seguridad interna de los centros penitenciarios bajo su jurisdicción.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales información sobre el avance de las denuncias interpuestas respecto al proceso electoral del 5 de junio de 2016, en la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se solicita información de las acciones llevadas a cabo para atender los daños ocasionados por la tormenta tropical “Trudy”, registrada en el estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre del año 2014.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se solicita información de la situación procesal en la que se encuentra la acción de inconstitucionalidad planteada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se solicita un informe sobre el estatus que guarda la construcción del inmueble ubicado en la calle de Patriotismo 883, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos a realizar investigaciones en relación al presunto abuso cometido por policías de este estado, en contra de una periodista el pasado mes de junio.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar sobre lo relacionado con el incremento del registro de ciudadanos para ejercer el voto en el extranjero.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Asimismo, tenemos 21 dictámenes de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo:

1.- Por el que se exhorta a considerar la creación de mecanismos que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o de peligro, en las laderas habitadas de los ríos Moctezuma y Tempoal en el municipio El Higo, en el estado de Veracruz.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se exhorta actualizar las Normas Oficiales Mexicanas NOM-021-SSA1-1993, NOM-023-SSA1-1993, y NOM-022-SSA1-2010.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se exhorta a fortalecer acciones de coordinación de los esquemas de contraloría social en los programas sociales a cargo del gobierno federal.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se exhorta a evaluar decretar el sistema ripario de la cuenca y estero de San José del Cabo como Área Natural Protegida.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se exhorta a implementar la reforestación y restitución física del arbolado afectado por la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Por el que se exhorta a las legislaturas de los estados de Sonora y Tlaxcala a llevar a cabo las reformas necesarias a fin de que las facultades administrativas en materia de medio ambiente queden conferidas a una Secretaría de Estado especializada en la materia.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Por el que se exhorta a realizar las acciones necesarias ante la UNESCO para lograr la inclusión del volcán Tacaná dentro del Programa Geoparques Mundiales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a hacer del conocimiento público las acciones que ha implementado para mejorar el esquema de transparencia y rendición de cuentas de los programas presupuestarios que integran las políticas laborales a cargo de la dependencia.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer públicos los resultados de la Conferencia Intermedia de la Asociación Internacional de Puertos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que se exhorta al gobierno federal a realizar los trabajos necesarios para que la totalidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales operen con normalidad.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se exhorta a estudiar la viabilidad de dejar sin efecto el arancel para la importación de ganado bovino.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que se exhorta a cumplimentar lo dispuesto por la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación respecto a la clasificación arancelaria aplicable a los paneles fotovoltaicos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Por el que se exhorta a informar sobre los avances que existen en torno a la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Por el que se exhorta a realizar acciones tendientes a garantizar la dotación de agua potable, con eficiencia y eficacia, a la población de Guanajuato.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Por el que se exhorta a fortalecer el apoyo técnico en materia de ordenamiento territorial e impulsar la formulación y expedición de los Programas de Ordenamiento Ecológico Regional Estatal con las entidades federativas que aún no cuentan con dicho instrumento.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que se exhorta a informar sobre los criterios empleados en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, para evaluar la disponibilidad de agua subterránea.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- Por el que se exhorta a considerar la elaboración y publicación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- Por el que se exhorta a diseñar e instrumentar un plan integral de atención y acciones para la protección, mejoramiento, conservación, restauración y saneamiento del río Zula, en el estado de Jalisco.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- Por el que se exhorta a informar sobre la situación que guarda la apicultura nacional.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








20.- Por el que se exhorta a considerar realizar declaratorias de nuevas zonas metropolitanas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- Por el que se desecha la proposición que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a diseñar y ejecutar acciones que garanticen el mejoramiento de la situación ambiental.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, señora Secretaria.

Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Debido a que los dictámenes no reservados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y así se hace del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de los dictámenes reservados.

Tenemos uno de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la correcta aplicación del nuevo sistema de justicia penal en el país.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, en consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta.

Con la reforma constitucional que se publicó, en el ámbito penal, el 18 de junio de 2008, sin duda alguna se sentaron las bases para emprender un necesario, profundo e impostergable modelo de justicia penal en nuestro país.

Esta profunda reforma, por supuesto que da nacimiento a un modelo completamente diferente, bajo la premisa de transitar de un sistema mixto predominantemente inquisitivo, hacia un sistema acusatorio, oral y garantista, con procedimientos apegados a legalidad, a la transparencia, a la agilidad en la expedición de la justicia y con pleno respeto a los derechos humanos.

Esta reforma, sin duda alguna, emprendida desde el año 2008, ha permitido tutelar de manera más efectiva los derechos de las víctimas de los delitos, pero también ha permitido perseguir con más eficacia las ofensas que la delincuencia realiza hacia la sociedad.

Esta reforma ha sido una transformación que se dio de manera paulatina. Recordemos que el artículo 2o. de la misma, estableció 8 años para la implementación del nuevo modelo de justicia y que ha sido implementado en todo el país.

En este sentido, cabe destacar, sin duda alguna, que la publicación de la reforma penal impuso a los tres poderes del Estado mexicano llevar a cabo una serie de importantes acciones encaminadas a establecer las condiciones idóneas para que en México hoy sea una realidad este nuevo modelo de impartición de justicia.

Es justo y debemos reconocer el trabajo realizado por todas las autoridades de los tres poderes del Estado mexicano, en las tres esferas de gobierno. Es un esfuerzo que se viene realizando, repito, desde el año 2008.

A nivel nacional, durante los últimos 8 años se han invertido para la implementación de este modelo, más de 21 mil millones de pesos, y también en este sentido, desde junio del 2008 hasta la fecha, esta inversión ha tenido durante la presente administración el 89 por ciento.

A fin de contar con personal preparado, capacitado, que pueda interpretar adecuadamente estas normas, ha sido necesario profesionalizar jueces, magistrados, agentes del ministerio público, fiscales, incluso policías y personal de las áreas que tienen que ver con servicios periciales. Para ello, la capacitación ha sido de más de 400 mil operadores del sistema, así como más de 240 mil elementos de seguridad pública en todo el territorio nacional.

En concordancia con este compromiso, tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hemos desarrollado los trabajos necesarios para crear o reformar 21 leyes de carácter federal. Dentro de éstas, por supuesto, se destacan las que tienen que ver con la delincuencia juvenil, con la implementación de sistemas de resocialización en el sistema penitenciario, la protección a víctimas de delitos, leyes de amparo, leyes procesales y leyes sustantivas.

Pero también, en el ámbito nacional se han modificado más de 350 leyes locales, lo cual es mérito de cada una de las legislaturas locales, es mérito de los ejecutivos locales, y es mérito de los poderes judiciales de cada entidad federativa.

Este esfuerzo de unificación tiene un fondo muy importante, el esfuerzo de unificación del Corpus iuris civilis.

Tiene una fundamentación muy clara: evitar la dispersión de leyes, evitar las lagunas de normas, evitar el conflicto de normas, evitar, en consecuencia, la existencia de leyes que promuevan la impunidad.

Este esfuerzo nacional permite, sin duda alguna, la homogeneidad de las leyes; permite evitar la contradicción de leyes, la antinomia de leyes y los vacíos legales a que nos referimos hace unos momentos.

Y con este esfuerzo del Congreso de la Unión y de las Cámaras de Diputados de todo el país, sin duda alguna estamos contribuyendo a dar certeza y seguridad jurídica a los mexicanos en uno de los fines más importantes, que es el ámbito de la justicia penal.

Por eso es importante proclamar el esfuerzo, pero el esfuerzo no solamente lo debemos celebrar, ahora lo más importante es que los intérpretes de la norma, los jueces, los agentes del ministerio público, los fiscales, los magistrados, en fin, los doctrinistas, los profesores universitarios, todos hagamos un compromiso para que sea una realidad la aplicación de este nuevo sistema de justicia penal.

Los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno se comprometieron a seguir trabajando, se comprometieron a seguir trabajando este 18 de junio pasado que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal. Algunos de nosotros fuimos testigos de que en ese acto se suscribió un convenio con los tres Poderes de la Unión, con la finalidad de establecer en cada uno de los campos del ejercicio de nuestras responsabilidades, todo lo necesario para hacer viable este nuevo sistema de justicia penal.

Por esa razón coincidimos plenamente con el secretariado técnico, cuando afirma que este cambio de sistema acusatorio sin duda alguna ha sido uno de los más importantes en los últimos 100 años en México. Y por esa razón es importante felicitar a las autoridades judiciales, ejecutivas y administrativas de las 32 entidades federativas, porque éste es un logro de todos y cada uno de los mexicanos.

Compañeras y compañeros Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores:

En el grupo parlamentario del PRI, sin duda alguna votaremos a favor de este dictamen porque la entrada en vigor en todo el territorio nacional, del nuevo sistema de justicia penal representa, sin duda alguna, un cambio de paradigma en el sistema de justicia, que seguramente tendrá que tutelar de manera más efectiva y eficiente los bienes, los valores y derechos de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Zamora Jiménez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre las acciones para reforzar la vigilancia y cuidado del sistema carretero federal.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, en consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana: Con su venia, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

Conservar la seguridad y la integridad física de las personas durante su desplazamiento por la red carretera nacional es fundamental para brindar un servicio de calidad y con la confianza de que los usuarios llegarán con bien a sus respectivos destinos.

En fechas recientes las redes sociales y diversos medios de comunicación dieron cuenta de los delitos cometidos el sábado 18 de junio en contra de la señora Rosa Margarita Ortiz y otros pasajeros de la línea Enlaces Terrestres Nacionales, ETN, durante su traslado por la autopista México-Querétaro.

La pasajera de la línea ETN sufrió diversas vejaciones en el kilómetro 53, a la altura de la comunidad de Jorobas, Estado de México, algunas de carácter irreparable.

Desafortunadamente no era la única ni la primera vez que ocurría, datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con el Instituto Mexicano de Transporte revelan en la publicación técnica 353, sobre las mejores prácticas a la infraestructura carretera de cuota, que la principal carretera en la que los encuestados han tenido algún problema relacionado con la seguridad, es la de México-Querétaro, y a ello se suman las estadísticas que evidencian el robo en la calle y en el transporte como un fenómeno delictivo en crecimiento.

Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública señala que durante el 2012 ocurrieron más de 27 millones de delitos, de los cuales los más frecuentes fueron asalto en la calle o transporte público.

Lamentablemente sólo 12 de cada 100 personas hicieron su denuncia ante el ministerio público.

Cabe resaltar que los usuarios de la autopista México-Querétaro llevan casi un quinquenio exigiendo seguridad, derivado de los asaltos en la autopista. Afortunadamente el pasado 4 de julio se firmó entre la Secretaría de Gobernación y el Estado de México, el Convenio de Colaboración Plan III, a fin de reforzar la seguridad en la citada autopista con más de 300 elementos de la Gendarmería Nacional.

La administración del gobernador mexiquense Eruviel Ávila, anunció al mismo tiempo la disposición de un centenar de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y 12 patrullas para la misma misión, proteger y servir a la ciudadanía.

Esta problemática compleja requiere un conjunto de esfuerzos institucionales. Por eso coincidimos en que es urgente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya la agilización de las obras de modernización y rehabilitación de esta autopista e informe el grado de avance.

Señoras y señores legisladores: No podría usarse esta tribuna para hablar sobre un tema tan delicado como es la seguridad de las personas durante su desplazamiento sin expresar nuestra solidaridad con la exigencia de justicia que demanda la señora Rosa Margarita Ortiz Macías y los demás pasajeros del autobús 5270.

Unirse a la exigencia de los ciudadanos por un México donde el libre tránsito no sea sólo un asunto de cero obstrucciones viales, sino de cero delitos, impunidad, para viajar con seguridad.

Es un mandato de esta Comisión Permanente que refrenda con este dictamen.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos seguros que muy pronto, con las acciones enunciadas por el gobierno federal y las autoridades mexiquenses, podrá revertirse este vergonzoso asunto para quienes nos trasladamos por la red de carretera del país.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias por su atención.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
OMAR ORTEGA ÁLVAREZ

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Muchas gracias, Diputado Sánchez Aldana.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo, para hablar sobre el mismo tema.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, este ha sido un tema recurrente, desafortunadamente ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni Capufe, estuvieron a la altura de los mexicanos ahora para este periodo vacacional.

Y podemos hablar de que nos encontramos obras en las diferentes carreteras, en la de Pachuca, Puebla, Querétaro, Morelos y Toluca, incluso, podríamos poner como ejemplo lo que hemos visto en diferentes notas a través de los medios de comunicación, concretamente en Morelos, una carretera con muchos accidentes que han provocado muertes, desafortunadamente, por obras mal planeadas, mal señaladas y los que terminan pagando los platos rotos, son los ciudadanos.

Porque además hay que resaltar que al final del día la gente sigue pagando las casetas. Los ciudadanos, cuando se tienen obras mal planeadas, siguen pagando, no hay descuentos, y no se vale que esto esté ocurriendo en todas partes en el país.

Y ponía el ejemplo concreto de Morelos, porque si tú, un sábado vas hacia Cuernavaca, por ejemplo, terminas haciendo alrededor de 2 horas 30 minutos, y podemos poner el ejemplo también de la carretera a Querétaro en donde hay mucha inseguridad, y además de esta inseguridad a veces puedes llegar a perder hasta 4 horas.

Hacemos un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Capufe, para que hagan una adecuada planeación.

No se vale quedarle mal a los ciudadanos, no se vale que la gente que va a estos diversos destinos del país se vean lastimados, se vean incluso atropellados sus derechos, el derecho al libre tránsito, por malas planeaciones.

Hacemos un llamado desde esta Comisión Permanente.

¡Qué bueno que se esté aprobando este punto de Acuerdo que presentamos entre diversas fuerzas políticas!, y yo espero que las autoridades hagan algo al respecto y que no vuelvan a quedarle mal a los mexicanos en este periodo vacacional, sobre todo, que veíamos las carreteras llenísimas y que, insisto, no estuvieron a la altura de la gente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Aprobado. Comuníquese.






Tenemos la discusión de los dictámenes reservados de la Segunda Comisión.

Iniciamos con el que exhorta a las autoridades del estado de Coahuila a encontrar los mecanismos que permitan atender la situación actual de los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, en consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, para hablar sobre este asunto.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su venia, señor Presidente.

Antes de leer este punto de Acuerdo, quiero hacer un pronunciamiento, una condena pública sobre la violencia y desalojo que acaba de ocurrir en Chiapas, contra maestros, en San Cristóbal de las Casas, se usaron grupos paramilitares. Tanto el alcalde de San Cristóbal como el propio gobernador atacaron a los maestros manifestantes.

Morena vuelve a decir: la respuesta no es la violencia, es el diálogo. Tienen que escuchar.

El pueblo está diciendo no a la reforma educativa, está diciendo no a estas reformas.

Estamos aquí porque somos empleados del pueblo y no es con la ley del garrote.

Con ello paso al tema.

En las últimas dos décadas los trabajadores mexicanos han visto disminuir sus jubilaciones y pensiones drásticamente tanto por el Seguro Social como por el ISSSTE y gobiernos estatales. El estado de Coahuila no es la excepción.

Se han presentado ya iniciativas de ley para evitar atropellos, pero no han sido tomadas en cuenta. Sin embargo, en diciembre de 2015, en el periodo vacacional, el Congreso local de Coahuila aprobó la expedición de las leyes de pensiones y otros beneficios sociales para los trabajadores de la educación pública del estado, y la del servicio médico a espaldas de la clase trabajadora, pero con el consentimiento del gobernador Rubén Moreira.

Con esta acción se reducen considerablemente las prestaciones ya obtenidas con anterioridad.

No nos queda la menor duda que con estas disposiciones se castiga a los trabajadores por una deuda que obviamente no es de ellos.

Es de todos conocido el mal manejo de las finanzas en Coahuila, tanto por las administraciones anteriores como la actual, sin que a la fecha haya castigo para los culpables.

Los coahuilenses están hartos de los abusos de los malos gobernantes, por lo que demandan auditorías externas a las instituciones de seguridad social y que se sancione a quienes resulten responsables por desvío de recursos y malversación de fondos; que entreguen las aportaciones correspondientes del gobierno del estado como patrón y gobierno; así como las que se generan de los descuentos de los trabajadores que son controladas por la Secretaría de Finanzas del estado; que el gobierno estatal asuma su responsabilidad como garante de la seguridad social de los trabajadores de la educación de Coahuila como lo ordena la Constitución y, finalmente, que se abroguen las leyes del servicio médico y pensiones aprobadas en perjuicio de los trabajadores de la educación y sus familias.

Este caso que se presenta se da en la mayoría de las universidades del país, hay un déficit, hay un decremento en las prestaciones de los trabajadores.

Por ello, les pido que aprobemos este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Diputada Nahle García.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Aprobado. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a homologar la legislación para prevenir, atender y sancionar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, en consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, señora Secretaria.

Toda vez que hay una solicitud de modificación presentada a la Presidencia, solicito a la Secretaría dé lectura.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura a la modificación presentada.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, señora Secretaria. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación del Diputado Ortega Álvarez. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se admite, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, señora Secretaria. Debido a que no hay oradores para discutir la propuesta, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen con la propuesta presentada aprobada.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen con la propuesta de modificación aprobada, presentada por el Diputado Ortega Álvarez. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado con la propuesta presentada, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Aprobado. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de los dictámenes reservados de la Tercera Comisión.

El primero de ellos, con punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre las denuncias e investigaciones relacionadas con empresas fantasmas, multinivel o pirámides.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, en consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre este asunto.

El Diputado Alfredo Bejos Nicolás: Con la venia del señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Garantizar un empleo digno a las y los mexicanos, constituye una de las políticas públicas fundamentales del gobierno de la República.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contamos con mayor número formal de empleos, con respecto al término de las pasadas dos administraciones federales.

Para dimensionar la relevancia de este asunto, basta señalar que tan sólo del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2016, el número de trabajadores afiliados al IMSS, creció en 1 millón 859 mil 970 empleos.

Hoy se cuenta con más de 18 millones de trabajadores formales en todo el país, cifra sin precedente.

Debido al dinamismo del empleo, en mayo pasado la tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en sólo 4 por ciento de la población económicamente activa.

Asimismo, de noviembre de 2012 a marzo de 2016, la tasa de informalidad laboral se redujo en 3.2 puntos porcentuales, alcanzando su nivel más bajo en la última década.

Merced a ello, un mayor número de trabajadores se ubican en la economía formal y por ende cuentan con los derechos de acceso a la seguridad social. Pese a estos avances, los retos son aún muy grandes.

El mes de marzo pasado, la población desocupada fue de 2.1 millones de personas que, no obstante estar buscando trabajo, no se han podido colocar, siendo probable que en muchos de estos casos sean el sostén de su familia.

Ello ha provocado, entre otros factores, el surgimiento de supuestas empresas fantasmas en diversas entidades federativas y en la Ciudad de México.

Su modus operandi es a través de anuncios, principalmente en las secciones de “Aviso Oportuno”, de diversos periódicos, o por medio de folletería en internet, ofreciendo atractivos sueldos a cambio de jornadas laborales reducidas, con la opción de laborar desde el hogar.

Al acudir a la entrevista de trabajo, se les ofrece un curso introductorio a este trabajo, anunciándoles que ya están aceptados en la empresa, y que deben de cubrir un costo de 150 pesos por diversos gastos que generarán para el material de dicho curso.

En otro momento del curso, se les solicita pagar por adelantado ciertos productos que generalmente pueden ser perfumes, los cuales tienen que vender, sin embargo, el producto no se les entrega, y terminan por desaparecer las oficinas de dichas empresas.

Esta situación ha generado un importante número de defraudados quienes al ser engañados, en muchos casos terminan endeudados y sin empleo, agravando su economía familiar.

El artículo 386 del Código Penal Federal dispone que: “Cometen delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”. El cual es sancionado con penas de multas y de prisión.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha realizado diversos operativos para detectar este tipo de empresas fraudulentas; sin embargo, este tipo de prácticas siguen presentándose.

En el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de apoyar la economía y el bienestar de las familias mexicanas.

Por este motivo, apoyaremos el presente dictamen por el cual se exhorta a las autoridades federales de la Secretaría del Trabajo, a las del SAT, a las procuradurías estatales de justicia y a los gobiernos de las entidades federativas a llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la comisión de fraudes por parte de personas y empresas fantasmas, así como enviar un informe detallado sobre las acciones llevadas a cabo hasta el momento.

Dada la trascendencia de este asunto, para todas las y los mexicanos, los invito a votar a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Diputado Bejos Nicolás.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes están porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Aprobado. Comuníquese.






Enseguida tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a emitir las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal 2017.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, en consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre este asunto.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

A través de la reforma hacendaria de 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se modificaron diversos ordenamientos legales en la materia. Y entre las innovaciones se puede mencionar la homologación al 16 por ciento  del Impuesto al Valor Agregado en todo el territorio nacional.

El principal argumento para dicha modificación fue la búsqueda de igualdad y la equidad en el pago de obligaciones constitucionales que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas de contribuir con nuestros impuestos al desarrollo nacional.

No obstante lo anterior, en las reglas generales de comercio exterior que emitió el Servicio de Administración Tributaria en enero del presente año, se estableció un tope de 150 dólares por las mercancías que se importen para el consumo personal a los residentes de la franja o región fronteriza.

En cambio para los residentes del resto del territorio nacional que arriben en su vehículo de servicio particular, y en el que se transporten más de dos personas, el valor de las mercancías que pueden importar asciende a 400 dólares o en su equivalente a moneda nacional extranjera.

Las franquicias por ingresos son aquellas mercancías que pueden importar o cruzar a México sin obligación de pagar impuestos adicionales al equipaje, lo cual es efectuado por un residente en nuestro país.

Es evidente que las personas que residen en la franja fronteriza, 20 kilómetros, se encuentran en desventaja respecto de los residentes del resto del territorio nacional. Esto perjudica sus ingresos económicos y su capacidad de adquisición.

Cabe además resaltar que la simplificación y armonización de los requisitos aduaneros en los países de América del Norte tiene como objetivo potenciar la integración regional en todos sus aspectos.

Compañeras y compañeros legisladores, nos encontramos a finales del mes de julio, por lo que los legisladores del PRI consideramos que es un buen momento para que el Servicio de Administración Tributaria efectúe los estudios y análisis técnicos necesarios para considerar este principio de igualdad en el pago de las contribuciones aduaneras que se deben prever en las reglas generales de comercio exterior para el Ejercicio Fiscal 2017.

En el caso específico de las reglas generales de comercio exterior, que indudablemente tienen que adecuarse a lo que determinó la reforma hacendaria de 2013, es importante resaltar que esta situación pone en evidencia la necesidad de que todas las disposiciones legales y los reglamentos armonicen sus respectivos articulados con las disposiciones constitucionales.

En ello debemos seguir trabajando los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Es así que votaremos a favor del presente dictamen, y los invitamos a respaldarlo.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Senadora De la Torre Valdez.

En virtud de haber agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Aprobado. Comuníquese.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes inicialmente anunciados para discusión a los que se les retiró la reserva.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Informo a la Asamblea que los dictámenes a los que se les retiró la reserva son:

1.- De la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe sobre las condiciones que privan en las estaciones migratorias de nuestro país, especialmente en la estación "Siglo XXI", ubicada en Tapachula, Chiapas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



(Intervención de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón)








2.- De la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus programas, estrategias y acciones enfocadas a promover y estimular la generación de empleos en la entidad.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- De la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del Estado de México un informe sobre las medidas implementadas para garantizar los derechos del pueblo Otomí de San Francisco Xochicuaulta, municipio de Lerma, Estado de México, debido a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Diputado Omar Ortega Álvarez)



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día y así se hacen del conocimiento de la Asamblea. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse estos tres dictámenes.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






En el apartado de proposiciones, tiene la palabra el Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Superior Agrario, a no cambiar de sede o desaparecer al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 53, ubicado en Ciudad Guzmán, Jalisco.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En nuestro país, como resultado de la reforma en el sistema constitucional agrario que se llevó a cabo, se publicó en 1992 la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, quedando así constituidas estas magistraturas.

El objetivo era dotar al campo de los mecanismos jurídicos y legales para atraer la inversión tan indispensable para el desarrollo de este imprescindible sector.

Nuestros campesinos requerían a la par de los órganos correspondientes en donde se enraizará la justicia agraria, requerían no sólo de la justicia social, sino también de la justicia de los tribunales.

Es así que, bajo lo mandatado en el artículo 2o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se establecieron los Tribunales Unitarios Agrarios correspondientes, creados para cubrir toda la extensión de nuestro territorio.

Tribunales Unitarios Agrarios que son los encargados de conocer, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a las tierras ubicas dentro de su jurisdicción.

Como se puede apreciar, la función de los Tribunales Unitarios Agrarios es fundamental, por eso en la actualidad contamos con 57 Tribunales Unitarios Agrarios para llevar la justicia agraria mediante el establecimiento de distritos en todo nuestro país.

En función de eso, y como parte de la autonomía que goza el Tribunal Superior Agrario, se le facultó también para modificar el número de tribunales unitarios o sus sedes.

Generalmente este tipo de cambios corresponde a estudios o a análisis sobre mejoras en los requerimientos del servicio y la eficaz atención a los usuarios demandantes con el objeto de consolidar el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales.

No obstante, hay implicaciones negativas, directas e indirectas que muchas ocasiones se omiten o no se consideran, al proponer, ya sea una modificación de sede, o bien, desaparecer un tribunal unitario en operaciones.

Tal es el caso en fechas recientes, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, porque existe la propuesta en el Tribunal Superior de cambiarlo de sede, transferir sus asuntos a uno de los Tribunales Unitarios de Guadalajara o incluso se reflexiona su posible desaparición.

Desafortunadamente, en caso de materializarse cualquiera de estos dos escenarios, las afectaciones a los campesinos de toda la región sur del estado de Jalisco serían graves, porque se verían obligados a desplazarse grandes distancias para acceder a la justicia agraria, con todo lo que implica un traslado de estas dimensiones y los gastos que ello conlleva, además serían inevitables los retrasos en los asuntos actuales que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 está llevando, mismos que de por sí son tardados por la enorme carga de trabajo ya existente.

Con preocupación se ve que la gran cantidad de asuntos y de campesinos jaliscienses afectados ante esta propuesta, no se ha dimensionado en su magnitud correcta. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 destaca entre los demás por el número de municipios que están bajo su jurisdicción y su población total, 24 municipios y más de medio millón de habitantes.

Por ello, dentro de las estimaciones para justificar, tanto su cambio de sede o su posible desaparición, se deben de considerar preponderantemente las afectaciones a los campesinos de Jalisco.

Estoy del lado en las mejoras en los requerimientos de servicio, de una rápida y eficaz atención a los usuarios demandantes de justicia agraria en cualquier parte del país, pero no podemos ser ajenos a las afectaciones que los cambios bajo este espíritu se realizan, y más si contravienen el sentido original por el cual se pretende realizarlo, ello vuelve innecesario e incluso contraproducente cambiar de sede o desaparecer el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53.

La permanencia del órgano jurisdiccional mencionado está justificada por sí misma, sólo necesita, al igual que otras instituciones, de más apoyos, y hoy, de la solidaridad de todos nosotros.

Nuestra justicia agraria requiere de la suma de esfuerzos, no de la disminución de espacios, precisamos consolidarla, protegerla y hacerla crecer, los campesinos de Jalisco no son ajenos a lo anterior, por el contrario, son parte viva de ello.

Por ello considero pertinente que esta Comisión Permanente se pronuncie al respecto y seamos copartícipes de la permanencia y mejoras de los servicios que prestan cada uno de nuestros Tribunales Unitarios Agrarios.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito, Diputado Federal JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y de los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario, a no cambiar de sede o desaparecer al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 53 ubicado en Ciudad Guzmán, Jalisco; al tenor de las  siguientes

CONSIDERACIONES

En nuestro país, como resultado de la reforma en el sistema constitucional agrario que se llevó a cabo; desde el año de 1992, fecha en que fue publicada la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; quedaron constituidas éstas magistraturas.

El objetivo era atender la imperiosa necesidad de rescatar al campo mexicano de la postración, que en todos los aspectos presentaba.
A su vez, dotarlo de los medios y mecanismos jurídicos y legales conducentes, para garantizar los escenarios ideales para atraer la inversión tan indispensable para el desarrollo de este imprescindible sector de nuestra economía.

Los nuevos tiempos y las recientes exigencias; así lo demandaban.

El campo y nuestros campesinos, requerían a la par; de los órganos correspondientes en donde se enraizará la justicia agraria.

Es decir, requerían no solo de la justicia social; sino también el reconocimiento de la necesidad de, justicia de tribunales.

Gracias a ello, y desde esa fecha del año 1992; el Tribunal Agrario quedo definido como claramente lo establece su artículo primero.

“Artículo 1o.-Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional.”1

A su vez, en el mismo ordenamiento, pero en su artículo segundo; se especifica la manera en que en nuestro país se componen; quedando de la siguiente manera:

“Artículo 2o.-Los tribunales agrarios se componen de:

I.-El Tribunal Superior Agrario, y

II.-Los tribunales unitarios agrarios.”2

Bajo este marco; nuestra justicia agraria, el campo mexicano y nuestros campesinos, encontraron los causes y el espacio, para el acceso al derecho fundamental de la procuración de la justicia de forma pronta y expedita.

Ante lo anterior y bajo lo mandatado en el artículo segundo de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; se dio a la tarea de establecer los Tribunales Unitarios Agrarios correspondientes, para cubrir toda la extensión de nuestro territorio.

Tribunales Unitarios que como lo establece el artículo 18 del citado ordenamiento; tienen las siguientes funciones:

“Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.

Los tribunales unitarios serán competentes para conocer:

I.- De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;

II.- De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares;

III.- Del reconocimiento del régimen comunal;

IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación;

V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales;

VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población;

VII.- De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales;

VIII.- De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias;

IX.- De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas;

X.- De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; y

XI.- De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria;

XII.- De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria;

XIII.- De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables;      y

XIV.- De los demás asuntos que determinen las leyes.”3

Como se puede apreciar gracias a lo anterior; la importancia de los Tribunales Unitarios por los asuntos de su competencia es grande y fundamental para el desarrollo del campo nacional.

En consecuencia, de manera afortunada contamos actualmente con 57 Tribunales Unitarios Agrarios, establecidos por competencia territorial para llevar la justica agraria, mediante el establecimiento de distritos, a todo México.

Para este efecto, se establecieron dentro de las atribuciones del Tribunal Superior Agrario en las fracciones I y II del artículo 8 de su Ley Orgánica lo siguiente: 

“Artículo 8o.- Son atribuciones del Tribunal Superior Agrario:

I.- Fijar el número y límite territorial de los distritos en que se divida el territorio de la República para los efectos de esta Ley;

II.- Establecer el número y sede de los tribunales unitarios que existirán en cada uno de los distritos. Las determinaciones de esta naturaleza se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Además, cuando se estime conveniente, podrá autorizar a los tribunales para que administren justicia en los lugares y conforme al programa que previamente se establezca;4

Gracias alo anterior no solo quedo justificado el número de Tribunales Unitarios, sino también su sede; y, a la par la facultad de modificar uno u otro y que los asuntos de su territorialidad, dado ese caso sean absorbidos por otro Tribunal Unitario establecido para el efecto. 

Generalmente este tipo de cambios, corresponde a acuerdos que toma el Pleno del Tribunal Superior y que posteriormente se publican en el Diario Oficial de la Federación; justificándolos con análisis o demandas particulares sobre mejoras en los requerimientos del servicio y la eficaz atención a los usuarios demandantes de justicia agraria en nuestro país, con el objeto de consolidar el desarrollo de las funciones jurisdiccionales en los Estados.

No obstante, de lo anterior; hay implicaciones negativas directas e indirectas que muchas ocasiones se omiten o no se consideran al proponer ya sea, una modificación de sede o bien, desaparecer un tribunal unitario en operaciones.

Tal es el caso en fechas recientes del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Porque, existe la propuesta en el Tribunal Superior de cambiarlo de sede a algún Tribunal Unitario de los existentes en la Ciudad de Guadalajara o, incluso se considera su desaparición.

Desafortunadamente, en caso de materializarse cualquiera de estos dos escenarios; las afectaciones a los campesinos de toda la región sur del estado de Jalisco; serian severas y seguramente catastróficas.

Porque los propietarios de la tierra social, incluyendo los posesionarios y avecindados de 24 municipios; se verían obligados a desplazarse grandes distancias con todo lo que implica un traslado de estas dimensiones y los gastos que conlleva.

Además, serian inevitables los retrasos en los asuntos actuales que en el Tribunal Unitario del Distrito 53 se están llevando; mismos que de por sí, son tardados por la enorme carga de trabajo que existe ya.  

Con preocupación veo, que la gran cantidad de asuntos y de campesinos Jaliscienses afectados ante esta propuesta, no se ha dimensionado en su magnitud correcta.

El Distrito 53 con sede en Ciudad Guzmán; destaca entre los demás distritos, por la extensión y el número de los municipios que están bajo su jurisdicción, siendo estos los siguientes: 

1

Amacueca

13

Santa María del Oro (Antes Manuel M. Dieguez)

2

Atoyac

14

Sayula

3

Autlán de Navarro

15

Tamazula de Gordiano

4

Concepción de Buenos Aires

16

Tapalpa

5

Ejutla

17

Techaluta de Montenegro

6

El Grullo

18

Teocuitatlán de Corona

7

El Limón

19

Tonaya

8

Gómez Farías

20

Tuxcacuesco

9

La Manzanilla de la Paz

21

Tuxpan

10

Mazamitla

22

Valle de Juárez

11

Quitupan

23

Zapotiltic

12

San Gabriel

24

Zapotlán El Grande

Es por ello, que dentro de las estimaciones para que se considere conveniente tanto su cambio de sede, o bien su desaparición; se debe de integrar preponderantemente, las afectaciones directas e indirectas a los campesinos Jaliscienses.

En este caso en particular, son innumerables en el corto y el largo plazo.

Estoy del lado de mejoras en los requerimientos de servicio, de una rápida y eficaz atención a los usuarios demandantes de justicia agraria en cualquier parte del país; pero no podemos ser ajenos a las afectaciones que los cambios bajo este espíritu se realizan y más, si contravienen el sentido original por el cual se pretende realizarlo.

Coincido con cada uno del enorme número de campesinos de la región Sur del Estado de Jalisco, que ven innecesario e incluso contraproducente; cambiar de sede o desaparecer al Tribunal Unitario del Distrito 53.

Y, además, comparto su preocupación.

La permanencia del órgano jurisdiccional mencionado, está justificada por sí misma; solo necesita al igual que otras instituciones, de más apoyos.

Nuestra justicia agraria requiere de la suma de esfuerzos, no de la disminución de espacios o de la sobresaturación de los ya existentes.

Precisamos consolidarla, protegerla y hacerla crecer.

La necesidad de justicia y el derecho a su disfrute; consagradas en nuestra Constitución Política, así lo exige. 

Los campesinos Jaliscienses, no son ajenos a lo anterior. Por el contrario, son parte viva de ello.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

ARTICULO ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Superior Agrario, a:

1.- No cambiar de sede o desaparecer al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 53 ubicado en Ciudad Guzmán, Jalisco.

2.- Destine los recursos presupuestarios suficientes, para garantizar su permanencia y reforzar y mejorar los servicios que presta actualmente. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, el 20 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana.

1 Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Artículo 1. 

2 Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Artículo 2. 

3 Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Artículo 18. 

4 Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Artículo 8, fracciones I y II.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y como lo establece el Resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Por no haber discusión sobre el tema, se pone a su aprobación. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.






Tiene la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los jefes delegacionales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a respetar el proceso de elección de los comités ciudadanos y de los consejos de los pueblos de esta ciudad.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

El punto de Acuerdo que presento el día de hoy, tiene que ver con un exhorto a los jefes delegacionales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que respeten el proceso de elección de los comités ciudadanos y de los consejos de los pueblos de la ciudad, y que se abstengan de intervenir en favor o en contra de determinada fórmula.

La elección será el próximo 4 de septiembre, y sí nos preocupa que pueda haber injerencia por parte de los jefes delegacionales.

Y yo quisiera compartirles algunos considerandos que me parecen muy importantes, porque hay que dejar que la gente participe, que los ciudadanos participen en los comités ciudadanos y que participen también en estos consejos de los pueblos que al final del día pues están en la toma de decisiones.

Los integrantes de los comités ciudadanos no son representantes populares, no forman parte de la administración pública de la ciudad, ni tienen el carácter de servidores públicos.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, tiene a su cargo la coordinación de la elección de estos comités ciudadanos y consejos y la participación del Instituto Electoral se limita a la colaboración institucional para dar certeza y legalidad.

Es muy importante que el Instituto Electoral esté atento de qué es lo que ocurre previo a la elección.

Y hacemos un llamado, porque insistiría, porque existen más de 4 mil fórmulas que han sido registradas ante el Instituto Electoral, que buscan competir en este proceso de elección en la cual están involucradas mil 812 colonias y pueblos que van a elegir a sus representantes vecinales.

A lo largo de la historia, y esta es una realidad que hemos padecido en la ciudad, ha habido intervención de los jefes delegacionales en los procesos para la elección de los comités ciudadanos, pues con la finalidad, además, de poder manipular más adelante en los siguientes procesos desde los comités vecinales.

Pareciera un tema sencillo, pero créanme, es un tema delicado y si nosotros le estamos apostando a la participación ciudadana, si le estamos apostando a la construcción de una Constitución para la Ciudad de México, pues tenemos que empezar por hacer las cosas bien en este proceso de elección que se llevará a cabo el 4 de septiembre.

Yo concluyo diciéndoles que espero, espero también que podamos estar discutiendo dentro de la Constitución de la Ciudad de México.

¿Qué va a pasar con los comités ciudadanos?

¿Qué va a pasar con los consejos de los pueblos?

Porque a lo largo de la historia de nuestra ciudad han ido perdiendo injerencia en la toma de decisiones, por ejemplo, con los temas que tienen que ver con los usos de suelo, es un tema que preocupa a miles y miles de capitalinos, porque la ciudad ha ido creciendo de manera desordenada, y en la mayoría de los casos, pues estas decisiones terminaban, y hoy terminan también tomando la decisión el Jefe de Gobierno con la Asamblea Legislativa, pero hay prácticamente nula participación ciudadana, son temas que tenemos que estar discutiendo más adelante.

Y yo espero que desde la Comisión Permanente, que desde el Senado y la Cámara de Diputados estemos atentos a qué es lo que ocurre en la Ciudad de México el próximo 4 de septiembre, y que estemos vigilantes.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS JEFES DELEGACIONALES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE RESPETEN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS COMITÉS CIUDADANOS Y DE LOS CONSEJOS DE LOS PUEBLOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ABSTENGAN DE INTERVENIR EN FAVOR O EN CONTRA DE DETERMINADA FÓRMULA, tomando en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el proceso para la elección de los integrantes de los comités ciudadanos es un proceso tendente a lograr la representación vecinal. En consecuencia los integrantes de los comités ciudadanos no son representantes populares, no forman parte de la administración pública de la Ciudad de México, ni tienen el carácter de servidores públicos.

SEGUNDO.- Que el artículo 106 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, prevé que la elección de los comités ciudadanos se realizará a través del voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos que cuenten con credencial para votar con fotografía, cuyo domicilio corresponda a la colonia de que se trate y que estén registrados en la lista nominal de electores respectiva.

TERCERO.- Que los artículos 16, 106 y 109 de la mencionada Ley de Participación Ciudadana, disponen que el Instituto Electoral del Distrito Federal tiene a su cargo la coordinación del proceso de elección de los comités ciudadanos y de los consejos de los pueblos de la Ciudad de México. La participación del Instituto Electoral se limita a la colaboración institucional para darles certeza y legalidad.

CUARTO.- Que los comités ciudadanos deben estar integrados por ciudadanos que sean críticos y propositivos, y no subordinados de los gobiernos delegacionales, ya que el desempeño independiente de su papel como representantes vecinales, está diseñado para aportar ideas hacia una mejora de los servicios públicos y no para evitar la rendición de cuentas de los jefes delegacionales.

QUINTO.- Que más de 4 mil fórmulas han sido registradas ante el Instituto Electoral del Distrito Federal para competir en la elección que se realizará el próximo 04 de septiembre, en la cual mil 812 colonias y pueblos elegirán representantes vecinales.

SEXTO.- Que a lo largo de la historia, en la Ciudad de México hemos padecido la intervención de los jefes delegacionales en los procesos para la elección de los comités ciudadanos, a efecto de que los vecinos electos puedan ser manipulados fácilmente y solapen los muchos actos de corrupción que a diario se dan en las delegaciones y eviten la debida rendición de cuentas de los gobernantes locales.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Comisión Permanente, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los jefes delegacionales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que respeten el proceso de elección de los comités ciudadanos y de los consejos de los pueblos de la ciudad de México, y se abstengan de intervenir en favor o en contra de determinada fórmula.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Electoral del Distrito Federal, y del Instituto Electoral del Distrito Federal, a que remitan ante esta Comisión Permanente un informe sobre las denuncias relacionadas con el proceso de elección de los comités ciudadanos y de los consejos de los pueblos de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República,
el 20 de julio de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Como lo ha solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y como lo establece el Resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.






Se concede la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto para presentar, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter y Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de Acuerdo por el que se solicita realizar una fiscalización del destino y ejercicio de los recursos obtenidos por el impuesto a bebidas saborizadas del 2014 al 2016.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Antes de iniciar la presentación del punto de Acuerdo, me quiero sumar a lo ya dicho por la Diputada Nahle, de Morena, respecto a lo que está ocurriendo en Chiapas, e insistir en que debe ser el diálogo, la construcción de acuerdos, lo que prevalezca, los elementos de la política para la solución de los conflictos y jamás la violencia.

Y en ese sentido, que esta situación que está ocurriendo en San Cristóbal pueda llegar no solamente a la tranquilidad ese pueblo de los altos de Chiapas, sino que también se pueda investigar y que si hay responsables en este sentido, de cualquier lado, pues entonces que se tomen las medidas pertinentes.

Compañeras y compañeros legisladores, yo creo que es evidente que cuando como país, como Estado, como nación superamos algunos atavismos, superamos la lógica de los intereses y realizamos esfuerzos conjuntos para combatir un problema específico, nos va bien y se nos reconoce no solamente en el país, sino incluso afuera.

Así ocurrió el 1º de enero de 2014, cuando se empezó a implementar el impuesto por litro de refresco. Cuando empezamos a cobrar más al producto que más daño en la salud le causa a los mexicanos, entonces empezó el aluvión de reconocimientos. Y qué bueno.

Ese mismo año la Organización Mundial de la Salud, vía la Comisión para Terminar con la Obesidad Infantil, emitió varias recomendaciones de prevención, y entre esas recomendaciones incluyó la de medidas fiscales como medidas efectivas, con el ejemplo de México, para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas, particularmente de refrescos.

Nos pusieron como ejemplo y fuimos de los primeros países que lo hizo, después vinieron varios más y nos convertimos en referente internacional.

Y les digo algo, compañeras y compañeros, no teníamos de otra, había que hacer algo en este sentido.

El consumo de refrescos en nuestro país no es una conducta, es un problema que hay que combatir.

Un refresco al día aumenta la probabilidad de diabetes en 27 por ciento  entre adultos, pero entre 55 por ciento  entre niños. Un niño que toma un refresco al día tiene 50 por ciento  de probabilidad de ser un adulto con diabetes.

Hay 12,100 muertes prematuras cada año, 14 por ciento  de la población de nuestro país ya tiene diabetes, y somos el país número uno con muertes relacionadas al consumo de refrescos.

Para dar un dato adicional, el IMSS atiende anualmente a 2.5 millones de pacientes con diabetes. Ahí nos gastamos como nación 38,604 millones de pesos.

¿Cuánto es 38 mil millones de pesos gastados en salud?

Para que se den una idea, es la mitad de lo que se gasta el IMSS en enfermedades como cáncer de mama, cáncer cervicouterino, VIH y otras enfermedades crónico-degenerativas.

¿Qué paso con el impuesto al refresco?

Veámoslo desde dos dimensiones:

¿Cómo nos fue en materia de recaudación?

Pues nos fue muy bien. En 2014, en plena crisis económica, de la cual todavía no nos recuperábamos, se recaudaron 18 mil millones de pesos. La proyección de Hacienda era recaudar 12 mil.

En 2015 se recaudaron 15 mil millones de pesos. Para 2016 el cálculo, la proyección para este año es que se recauden 17 mil millones.

En pocas palabras, en tres años podríamos recaudar 50 mil millones de pesos, un país que tiene serios problemas en materia de generar recursos vía tributarios, vía recaudación.

La otra forma de ver este asunto es ver si con el implemento del impuesto de un peso por litro, se incrementó o se disminuyó el consumo. Pues es obvio que se disminuyó el consumo.

Hay varias organizaciones, está el ITAM, está el Colegio de México, el Instituto de Salud, que establecen que entre 5, 6 ó 7 por ciento  se pudo haber disminuido el consumo de refresco e incrementado el consumo de agua.

Entonces la parte complicada ya la hicimos. El impuesto ya se está aplicando.

Ahora el asunto que tenemos a la vista es saber qué se está haciendo con el dinero.

Recaudamos, estamos recaudando bien, estamos recaudando y como producto asociado desincentivando una conducta que le cuesta al Estado mexicano.

Bueno, es hora de preguntarnos, ya casi a tres años, ¿qué ha pasado con ese dinero?

El planteamiento que venimos a hacer es muy simple, que lo recaudado se destine en su totalidad, como se estableció cuando se diseñó el impuesto, a programas de prevención de obesidad y diabetes, incluyendo y destacando el acceso al agua potable en escuelas, en espacios públicos y en zonas rurales.

Yo creo que hoy es buena hora para preguntar, ¿qué pasó? Porque organizaciones no gubernamentales, varios legisladores, bueno, incluso la misma industria de refresco y bebidas azucaradas plantean que el problema con el impuesto es que no hay claridad para saber qué pasa con los ingresos recaudados por el impuesto a bebidas azucaradas.

Y creo yo que un impuesto que tiene, que no ve reflejadas en su aplicación políticas públicas que compensen de manera positiva el cambio en los precios relativos de bienes y servicios, pues es un impuesto que pierde todo sentido social y se puede convertir, no digo que es el caso, pero se puede convertir en una miscelánea, como parte de la miscelánea del gobierno para cerrar boquetes presupuestarios en otras áreas.

Y lo digo con preocupación, porque déjenme darles un dato adicional. Este gobierno estableció, se autoimpuso una meta de 40 mil bebederos escolares antes de que termine la administración, es decir, antes de, para el año 2018.

En 2015 el avance era de 5 mil 964 bebederos; para 2016 se están planteando que vamos a cerrar con 11 mil. Esto implicaría que estuviéramos haciendo cerca de 15 mil, casi 15 mil por año el próximo año y el siguiente con los mismos ingresos.

Bueno, si va a ser con los mismos ingresos tenemos el otro planteamiento de incrementar el impuesto; pero si va a ser con los mismos ingresos entonces se tienen que gastar mejor porque alcanza con eso para cubrir la meta, y alcanza con eso para cubrir la meta en tiempo, entonces habría que gastar mejor.

Eso es lo que estamos planteando, que más dinero para el Estado a través de impuestos se vea reflejado en una mayor cobertura en servicios de agua potable, en la forma como se instalan los bebederos en las escuelas en comunidades rurales, y por supuesto ahí estoy hablando de todo el país, y particularmente del estado que tiene más rezago en acceso a agua potable en escuelas.
¿Cuál creen que es?

Pues como en muchas otras cosas, desafortunadamente, es Chiapas. 46 por ciento de las escuelas de mi estado tienen acceso a agua potable.

Yo no podría decir: “bueno, el rezago no está tan grave, son del 86 por ciento, sí”, pero de ese 86 por ciento  sólo 42 por ciento  está conectada a la red de agua potable.

El otro acceso al agua potable es en 2.5 por ciento  vía pipas; en 14 por ciento porque hay un pozo cercano; y en el 31 por ciento  de los casos es agua que se está acarreando de algún manantial o de algún río. Ese es el acceso al agua potable del que estamos hablando.

En ese sentido, y hemos estado dialogando durante la sesión con diferentes Senadores, estamos haciendo un planteamiento, que el punto de Acuerdo pueda ir en el siguiente sentido: “Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite al gobierno federal para que, a través de las dependencias que corresponden, remita un informe a esta Soberanía relativo a la implementación de los recursos obtenidos por el inciso g), fracción I del artículo 2 del IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, sobre bebidas saborizadas de los ejercicios 2014-2015 y lo que va del 2016, particularmente cómo va el avance de implementación de esos recursos en bebederos escolares en escuelas públicas, red de agua potable en zonas rurales, programas de prevención en obesidad, diabetes y rescate de espacios públicos, y acceso al agua en esos espacios públicos”.

Nuestra labor no es solamente diseñar impuestos y botarlos, es ver que el sentido social de la recaudación sea un hecho, y con estos datos, pues podemos pensar que no lo está siendo.

Bueno, qué mejor forma para saberlo que con la información del Estado a esta Soberanía.

Le solicito que sea considerado de urgente resolución, señor Diputado Presidente.

Y es todo por mi parte.

Gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

Quienes suscriben, ARMANDO RÍOS PITER, ZOÉ ROBLEDO ABURTO y MARIO DELGADO CARRILLO, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, así como de los artículos 6, 14 fracción I, inciso a) y 59 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF REALIZAR UNA FISCALIZACIÓN DEL DESTINO Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR EL IMPUESTO A BEBIDAS SABORIZADAS DE 2014-2016, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

El pasado lunes 18 de julio de 2016, el Ejecutivo Federal promulgó las leyes del nuevo sistema nacional anticorrupción, de estas leyes gestadas en el Congreso de la Unión, establece un nuevo paradigma de combate a la corrupción en México, particularmente las bases de un nuevo sistema nacional de fiscalización que permite realizar investigaciones sobre posible hechos de desvió de recursos públicos en el año fiscal en curso.

El 13 de de julio de 2016, diversos legisladores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentamos una iniciativa que reforma la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para duplicar el impuesto a los refrescos, con fundamento a los resultados que presento el Instituto Nacional de Salud Pública de reducción del consumo a partir de su implementación, sin embargo, también se anunció la solicitud de realizar una investigación de los recursos obtenidos y su ejercicio durante este periodo por parte de la administración pública federal y locales.

El sobrepeso y la obesidad son actualmente de los problemas más graves y costosos que enfrenta el mundo. La mala alimentación y el creciente consumo de bebidas saborizadas han hecho indispensable la implementación de medidas fiscales y extra fiscales que reduzcan su consumo. En el contexto internacional México ocupa el primer lugar en obesidad y diabetes infantil, superando a Estados Unidos. Las causas más comunes que provocan la obesidad infantil son; tomar bebidas con alto nivel de azúcar, comer dulces y postres en exceso y el riesgo de padecer enfermedades crónico no transmisibles como: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, osteoartritis, cáncer de mama, cáncer de colón, esófago, riñón, enfermedades vasculares cerebral. Se estima que cada hora se diagnostican 38 nuevos casos y cada dos horas fallecen cinco personas por problemas relacionados con estas enfermedades. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se estima que el 40 por ciento de la población de 20 años tiene sobrepeso, mientras que el 30 por ciento, es obesa.

En México, el consumo promedio per cápita de refrescos por día es de 500 mililitros, lo cual se traduce en una recaudación diaria aproximada de 60 millones de pesos, si se toma en cuenta que cada litro está tasado con un peso de IEPS. El consumo no se redujo y tampoco en las poblaciones con bajos ingresos, pero el gravamen si dio más recaudación al gobierno. Es importante mencionar que el gasto en bebidas respecto al ingreso total del hogar, estos representan cerca de 7 por ciento aunque los consumidores pudieron comprar 3 por ciento menos de su canasta básica alimentaria derivado del aumento de precios.

De acuerdo con la Comisión de la OMS para erradicar la obesidad infantil emitió una serie de recomendaciones, entre las cuales destaca la implementación de medidas fiscales para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas, basada en evidencia científica que destaca su impacto positivo en la reducción de su consumo.

En octubre de 2013 se aprobó una adición al  inciso G), fracción I, del artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, un gravamen especial a las empresas productoras de bebidas azucaradas de un $1.00 peso por cada litro de sus productos, con el fin de reducir la demanda de servicios de salud. Con esta reforma México se posicionó como uno de los primeros países en América Latina en impulsar un impuesto de ese tipo, como parte de una agenda integral de políticas para afrontar la grave problemática de sobrepeso y obesidad que vive el país. En la actualidad somos un referente internacional para impulsar las medidas fiscales como herramientas para desincentivar el consumo de productos que inciden en el aumento de peso y en diversas enfermedades ya mencionadas, como la diabetes, así como para obtener recursos para ser invertidos en programas de prevención y promoción a la salud. El principal objetivo del impuesto propuesto es desincentivar el consumo de estos productos al estar relacionados con un aumento en los índices de sobrepeso y obesidad, la recaudación que podría generarse con el gravamen.

De acuerdo con las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública1 en 2014 el impuesto logró disminuir en 6% las compras de estas bebidas, cifra que fue disminuyendo gradualmente hasta alcanzar una reducción promedio del 12% en diciembre de ese año2; en 2015 el impuesto logró reducir en 8% las compras de bebidas azucaradas, lo que incluso se observa en los estudios financiados por la industria de bebidas (ITAM, Colmex y UANL).

En la parte de recaudación, sobresale que en 2014, primer año que se impuso este gravamen, la recaudación ascendió a $18,279.67, mientras en 2015 importó $21,391.91 millones de pesos. Esto significa un crecimiento de 11.04% en términos reales. Para 2014 se presupuestó en la Ley de Ingresos una recaudación de $12,455.0 por este impuesto, mientras que para 2015 el presupuesto ascendió a $18,271.1, una variación de $5,816.1.De acuerdo con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en este ejercicio fiscal, los meses donde se observó mayor recaudación, respecto al año anterior en términos reales por estas bebidas, fueron Enero y Marzo, con un crecimiento anual de 24.3 por ciento.

Desde la implementación en 2014, 2015 y al cierre de 2016, se espera una recaudación superior a los 50 mil millones de pesos, sin embargo, parte del acuerdo del Congreso de la Unión en la discusión de la reforma fiscal en octubre de 2013 y en los años subsecuentes de leyes fiscales de 2014 y 2016, fue la obligación que estableció el Poder Legislativo al Ejecutivo para destinarlos recursos especificados para programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, particularmente  proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo.3

De acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, legisladores, incluso la misma industria de refrescos y bebidasazucaradas4, el problema con el impuesto al refresco es también su destino, nadie sabe a dónde van los ingresos recaudados por el impuesto a las bebidas azucaradas.

De acuerdo con el artículo sexto de los artículos transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 20145;

“Sexto.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada que corresponda a la Federación, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas, por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, en términos del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, para destinarse a programas de combate a la desnutrición, a la atención y prevención de la obesidad y enfermedades crónico degenerativas relacionadas, así como al acceso al agua potable en zonas rurales, en escuelas y espacios públicos.”

De acuerdo con el artículo sexto de los artículos transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 20156:
“Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas, para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo de acuerdo con el Índice deCarencias por Escuela y, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa”.

De acuerdo con el artículo sexto de los artículos transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 20167;

Sexto.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 aprobado deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas, para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.”

Tabla 1.- Destino de los recursos captados por el Impuesto Especial a Bebidas Saborizadas

Ley de Ingresos de la Federación  2014

Ley de Ingresos de la Federación  2015

Ley de Ingresos de la Federación 2016

Sexto Transitorio

Sexto Transitorio

Sexto Transitorio

Atención y prevención de la obesidad y enfermedades crónicas degenerativas relacionadas.

Promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas.

Promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas

Acceso al agua potable en zonas rurales, en escuelas y espacios públicos.

Apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales.

Apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales.

 

Proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo, de acuerdo con el Índice de Carencias por Escuela.

Proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo.

Fuente: Elaboración propia.

Quienes proponemos el presente punto de acuerdo, lo fundamentamos conforme a lo establecido en los artículos6°, 14° fracción I, inciso a) y 59° de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que establece lo siguiente:

Artículo 6.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditoría esté aprobado y publicado en su página de internet; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control”.

Artículo 14.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto:

l. Evaluar los resultados de la gestión financiera:

a) La ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo;”.

Artículo 59.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción 1, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, en los supuestos previstos en esta Ley, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión.

Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la Comisión o directamente a la Auditoría Superior de la Federación”.8

Por lo tanto, a partir de las nuevas facultades otorgadas a la Auditoria Superior de la Federación, consideramos que junto con el debate público del incremento del impuesto a bebidas saborizadas, también se debe se realizar una minuciosa fiscalización del destino y ejercicio de los recursos obtenidos por el impuesto especial a los refrescos, de conformidad con los mandatos establecidos en los transitorios de las leyes de ingresos de la federación de 2014, 2015 y 2016, particularmente conforme al artículo 59 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Esta proposición con punto de acuerdo cuenta con el respaldo de diversas coaliciones organizaciones de la sociedad civil que trabajan en acciones integrales de prevención de la obesidad, tales como la Alianza por la Salud Alimentaria; la Coalición ContraPESO; Acción Educativa en Diabetes, Obesidad y Sobrepeso A.C.; Asociación Mexicana de Diabetes A.C.; Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer A.C.; Anima Naturalis A.C.; Asociación Renal Venados A.C.; Comité de Derechos Humanos de Ajusco A.C.; El Poder del Consumidor A.C.; Fundación Interamericana del Corazón México A.C.; Fundación Mídete A.C.; Mamas Sanas A.C.; Pides A.C.; Red contra el Cáncer; y TheHunger Project México A.C.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Auditoria Superior de la Federación realizar unainvestigación del destino y ejercicio de los recursos obtenidos por el inciso G), fracción I, del artículo 2º del Impuesto Especial sobre Producción y Serviciossobre bebidas saborizadas y de conformidad a los mandatos establecidos en las disposiciones transitorias de las Leyes de Ingresos de la Federación delos ejercicios fiscales de  2014,  2015 y 2016, particularmente del presupuesto ejercido en los bebederos escolares en escuelas públicas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, el 20 de julio de 2016.

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoé Robledo Aburto.

1 Instituto Nacional de Salud Pública (2016). ¿Por qué no es posible concluir sobre la utilidad del impuesto a las bebidas azucaradas en México en 2015 usando datos directos de ventas?;
http://www.insp.mx/epppo/blog/4043-compra-venta-bebidas-azucaradas.html

2 M ArantxaColchero, Barry M Popkin, Juan A Rivera,3Shu Wen Ng. (24/noviembre/2015). Beverage purchases from stores in Mexico under the excise tax on sugar sweetened beverages: observational study. British Medical Journal. Disponible en: http://www.bmj.com/content/352/bmj.h6704

3 Programa Nacional de Bebederos Escolares y sus lineamientos:
a)http://www.inifed.gob.mx/index.php/reafirma-inifed-compromiso-de-instalar-11-mil-bebederos-antes-de-concluir-este-ano-2016#.V43rfrjhDIV
b) http://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/151223%20DOF%20Lineamientos%20Bebederos.pdf

4 Yuste, José,  “Impuesto a refrescos, ¿dulce o amargo?” Activo Empresarial, 14 de julio de 2016. Sitio en internet: http://www.dineroenimagen.com/2016-07-14/75609

5 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014;
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lif_2014/LIF_2014_abro.pdf

6 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015;
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368103&fecha=13/11/2014

7 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016;
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2016.pdf

8 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/jun/20160616-V.pdf

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y como lo establece el Resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Informo a la Asamblea que por Acuerdo de la Mesa Directiva, se dará oportunidad de presentar una proposición al grupo parlamentario de Morena, a fin de procurar el equilibrio en el uso de la tribuna.

En consecuencia, tiene la palabra la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre la evolución de la balanza de pagos.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor Presidente.

Presento a ustedes este punto de Acuerdo que considero es de gran importancia para la economía nacional.

Es referente al comportamiento de la balanza de pagos, en el que como han señalado los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, se observa un acelerado crecimiento del déficit en el intercambio de bienes y servicios.

Nosotros también advertimos que en la cuenta de capitales se observa una preocupante salida de recursos para inversión y depósitos en el exterior y un monto creciente en el renglón de errores y omisiones.

Son muchos los elementos de riesgo que se advierten en la evolución reciente de la balanza de pagos. El principal instrumento para evaluar la relación de México en el exterior.

En los trimestres que lleva el actual gobierno, de enero del 2013 a marzo del 2016, en ese periodo el saldo en cuenta corriente acumuló un déficit de 94 mil 157 millones de dólares, superior, incluso, al déficit de 78 mil 504 millones de dólares acumulado en todo el sexenio anterior.

Se dirá que eso se debe al efecto que tuvo en la balanza comercial la caída de los precios del petróleo, pero no sólo eso, también se observa un fuerte crecimiento en el saldo de servicios factoriales que registra el intercambio de intereses y remisión de utilidades, entre otras.

Y hay que decirlo, eso no se frenaría sólo con un ajuste en el gasto público, como ha dicho el gobierno o la Secretaría de Hacienda. Todo eso es grave y es necesario que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda nos expliquen con detalle; un detalle que, hasta ahora, no hemos encontrado en los informes de la Secretaría de Hacienda o en la minutas de la Junta de Gobierno del Banco de México.

En particular, es grave lo que sucede con la cuenta de capitales.

En lo que va del sexenio, el renglón de pasivo suma flujos hacia el país por 270 mil 350 millones de dólares. De esta cifra, 109 mil 105 millones de dólares fueron de endeudamiento y 161 mil millones fueron por inversiones extranjeras.

Como se ve, esos flujos que ingresaron al país implican un costo, sea que se tengan que pagar como deuda o que lleguen a cambio de recursos nacionales, o mercados, como es el caso de las inversiones extranjeras.

Más allá de su origen que es cuestionable, lo captado fue suficiente en exceso para pagar el déficit en cuenta corriente. Que aquí está el problema.

En México, un alto porcentaje de los recursos que provienen de deuda o de la venta del patrimonio nacional, se usan para financiar la salida de capitales.

En este sexenio, las inversiones de mexicanos al exterior, ya suma una salida de 36 mil 429 millones de dólares, a eso se le agrega la salida de 70 mil 451 millones de dólares para depósitos de mexicanos en el exterior.

Cierto, esta es una economía global, se asume como una condición el libre flujo de capitales, pero no es correcto que se endeude al país o se venda al país para financiar la salida de capitales. Esto es muy grave.

Más grave aún en este gobierno el renglón de errores y omisiones, suma un total de 53 mil 849 millones de dólares, un monto de dólares que ingresó al país de manera documentada, pero que el Banco de México no sabe dónde está o no nos ha informado.

Esta falta de atención no es nueva. En el sexenio pasado también sucedía algo semejante y, si bien siempre hay necesidad de hacer ajustes en las cifras de la magnitud de la balanza de pagos, lo que no es aceptable, es que se haga en esta magnitud.

Por todo lo anterior, es que proponemos este punto de Acuerdo para que nos informen del uso de los pasivos que obtiene México, y por qué es tan grande el renglón de errores y omisiones, son temas que desde nuestro punto de vista deben ser de la mayor importancia para el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, pero sobre todo para los millones de mexicanos.

Por lo que espero poder contar con su valioso apoyo para esta aprobación, pido que se someta a votación como de urgente resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, Diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 7 de enero de 2016 presenté en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo en el que exhortaba respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público y al gobernador del Banco de México, a que hicieran del conocimiento de la opinión pública, el análisis acerca de las causas del acelerado crecimiento del renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos y de las medidas que han puesto en marcha para evitar esa pérdida de recursos que tienen un alto costo para los mexicanos. De hecho, esa salida de recursos sólo fue posible por el aumento de la deuda o por la venta del patrimonio nacional.

Dicho punto de acuerdo fue Turnado a la Tercera Comisión de Trabajo. Desafortunadamente, como sucede con los temas que no son prioritarios a la mayoría gubernamental, aunque pueden tener gran importancia para la sociedad y para el diseño de políticas de desarrollo, no recibió el trato merecido.

Hoy se presenta este punto de acuerdo nuevamente, con algunos cambios,  porque es un hecho que es un tema no aclarado y porque, en la incertidumbre que viven las economías mundial y nacional, el destino de las divisas que ingresan al país, sobre todo por inversión extranjera o créditos, deben tener una administración muy responsable y transparente. Y también, porque el Poder Legislativo, uno de los poderes de la Unión, debe hacer valer su condición y, por lo tanto, es necesario que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proporcionen un análisis que permitan a los integrantes del Congreso comprender el comportamiento de la Balanza de Pagos y los elementos de riesgo que éste puede implicar.

En particular, se considera indispensable una explicación de los riesgos y las limitaciones que implican esos flujos de capitales, o inversiones de mexicanos en el exterior.

De manera simplificada, de acuerdo con la balanza de pagos, en el trimestre enero-marzo de este año, México captó pasivos por 23 mil 105 millones de dólares.

Esa cifra se integró de un endeudamiento por 17 mil 462 millones de dólares, de los cuales, 12 mil 47 millones fueron contratados por el sector público, 3 mil 293 por el sector privado no bancario, un mil 803 millones por la banca comercial y el resto por la banca de desarrollo. Como lo ha dado a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda pública contratada en ese trimestre, tuvo el objetivo de cubrir las necesidades de divisas de la administración gubernamental, lo que permitiría suponer que el resto del año el sector público no colocará más deuda en el exterior.

La otra parte de los pasivos consistió en 5 mil 643 millones de dólares por inversión extranjera neta. Esto, porque ingresaron 7 mil 896 millones de dólares en inversión extranjera directa y 2 mil 82 de inversión en el mercado accionario, pero salieron 4 mil 335 millones de dólares que estaban invertidos en el mercado de dinero. Se puede suponer que las inversiones que ingresaron lo hicieron con el propósito de adquirir patrimonio de los mexicanos o posiciones en el mercado interno.

Ese flujo de pasivos que ingresó al país, tuvo como contraparte en la Cuenta de Capital, la salida, en el renglón de activos, de 15 mil 670 millones de dólares, 12 mil 83 para depositarse en bancos del exterior y 3 mil 765 millones como inversiones de mexicanos en el exterior.

Así en enero-marzo, según la cuenta de capital, México incrementó sus pasivos en 23 mil 105 millones de dólares, pero en sus activos registró salidas por 15 mil 670 millones de dólares; como resultado de la suma algebraica de pasivos y activos, la balanza de capitales sólo aportó divisas por 7 mil 435 millones de dólares, cifra que, dado el caso, habría cubierto sin problemas el déficit en cuenta corriente, que fue de 6 mil 991 millones de dólares, pero ya no habría permitido al país aumentar su reserva de divisas.

Cambio estructural negativo

Es importante señalar que este comportamiento de la balanza de pagos que se observó en el primer trimestre de 2016, podría estar reflejando un cambio negativo en su estructura, propiciadas por las políticas públicas aplicadas en los últimos sexenios. Si bien esos cambios se explican por un deterioro del entorno, era previsible que la administración de la relación económica con el exterior era insostenible y sería muy vulnerable. Y es lo que está sucediendo.

En ese sentido, las cifras acumuladas de los flujos de la balanza comercial en cada sexenio reflejan los efectos de las políticas públicas, que han sido las mismas en los últimos 24 años, influidas por el contexto y el estilo personal de gobernar.

Para hacer comparables los datos de los diferentes sexenios y el hecho de que el gobierno de Peña sólo cumple poco más de tres años, se hicieron comparaciones con los promedios trimestrales. Los datos de los sexenios completos se dividieron entre 24 trimestres y la información del gobierno actual, disponible hasta el primer trimestre de este año, se dividió entre 13 trimestres.

El resultado del ejercicio muestra el impacto estructural de las políticas públicas de los últimos sexenios, un impacto que seguramente se agravará con las reformas aprobadas a partir de 2013.

Por ejemplo, en el caso de la cuenta corriente, que registra el intercambio de bienes y servicios, se tiene un déficit promedio trimestral de 7 mil 242 millones de dólares, 121.4% mayor al promedio trimestral observado en el gobierno de Felipe Calderón y el más alto en la historia del país. Para evaluar este hecho, hay que analizar los factores que influyen en las cuatro subcuentas que integran la cuenta corriente:

a) La balanza comercial. En la balanza comercial se observa que el nivel del déficit promedio trimestral fue de un mil 758 millones de dólares, apenas 15.9% mayor al promedio trimestral registrado en el sexenio de Calderón. No obstante, esa relativa estabilidad se debe a cambios muy importantes en su estructura, con una menor participación del petróleo y más de las empresas manufactureras:

a. La caída de las exportaciones petroleras que pasaron de 56 mil 443 millones de dólares en 2011, a 23 mil 172 millones de dólares en 2015. Sin embargo, en el promedio trimestral del sexenio, en términos corrientes, alcanzaron los 9 mil 115 millones de dólares, un aporte todavía importante, semejante al registrado en el sexenio de Vicente Fox.

b. Las exportaciones agropecuarias siguen creciendo con productos perecederos y duplican el valor de las exportaciones mineras, incluso desde antes de que cayeran los precios de los commodities.

c. Pese a la incertidumbre cambiaria, se observa que en las importaciones de bienes de consumo no petrolero se registra un crecimiento prácticamente sostenido. De 37% en el promedio trimestral en el sexenio de Felipe Calderón, con respecto al promedio trimestral del sexenio de Fox y de 35.3% en el de Peña, con respecto al registrado en el sexenio de Calderón. Eso refleja la dependencia a la que se ha llevado a la economía nacional. No obstante, ese comportamiento se podría frenar por la devaluación del peso y los ajustes a la demanda nacional de los meses recientes.

d. En particular, las importaciones de gasolinas y demás derivados tienen un bajo crecimiento, seguramente porque  los precios del crudo están muy deprimidos.

e. Otro factor que tiene un peso relevante en la balanza comercial es el crecimiento del valor agregado de las manufacturas, para generar empleos y divisas:

I. La diferencia entre exportaciones manufactureras y bienes intermedios no petroleros pasó de un promedio trimestral de 5 mil 204 millones de dólares en el sexenio de Fox, a 8 mil 610 millones en el de Calderón y llegó a 14 mil 590 en el actual.

II. Considerando la diferencia entre exportaciones manufactureras y bienes intermedios no petroleros como un estimado del valor agregado, tenemos que representa de 15% a 18% de las exportaciones manufactureras.

III. Éstas se han convertido en una importante fuente de ingresos y de movilización de capitales para importación de insumos y venta de bienes terminados. Por cierto, sólo por eso, el peso es una moneda con la que se realizan muchas transacciones.

IV. Entre exportaciones e importaciones, esos dos renglones suman operaciones por más de 600 mil millones de dólares anuales, en donde las transacciones de las plantas automotrices han ganado un lugar relevante.

V. Si bien este tipo de inversiones pueden generar beneficios como divisas y empleos y son importantes para los países, hay que insistir en que deben cumplir sus obligaciones laborales y de respeto del medio ambiente.

VI. Mientras a las marcas trasnacionales les convenga producir en México, por su posición geoestratégica, su mano de obra y su paridad y, si tienen demanda en su país, seguirán aquí; si eso cambia, como ocurrió con las maquilas a principios de siglo, no dudarán en dejar de producir aquí.

VII. Por lo pronto, a pesar de la devaluación del peso, las exportaciones llevan cinco trimestres con variaciones anuales negativas y, específicamente, las importaciones de bienes intermedios no petroleros acumulas tres trimestres con variaciones negativas. Eso muestra los riesgos de esta estrategia.

El resultado es un relativo estancamiento en el déficit comercial, en cerca de un mil 758 millones de dólares, pero mayor en 15.9% al registrado en el promedio trimestral del sexenio anterior. Este déficit podría crecer si aumentan los precios de los productos petroleros de los cuales ahora somos dependientes y en los que, además, ahora, debido a la “reforma”, los beneficios de eventuales mayores precios deberán ser repartidos con las trasnacionales. También aumentará el déficit si no se acelera la sustitución eficiente de importaciones de bienes básicos y si se mantienen altas las importaciones de bienes de capital, que podrían no crecer linealmente, sino cíclicamente, según las estrategias de las empresas matrices. En la otra cara, el déficit se puede corregir si persiste la devaluación y aumentan las medidas de ajuste que repercuten en la demanda, con menor gasto y mayores tasas internas, lo cual ya está en curso. De cualquier modo, el saldo comercial manufacturero podría ser insuficiente para cubrir los déficit crecientes de los otras subcuentas.

b) La balanza de servicios no factoriales muestra una disminución de 5.6% en el déficit promedio trimestral. No obstante, en la medida en que es un déficit, propiciado por el pago de fletes y seguros y por otros servicios no factoriales. Son un conjunto de servicios que los últimos gobiernos de México renunciaron a desarrollar o propiciaron su extranjerización. Esa salida de recursos se compensa un poco con el superávit que se registra en el renglón del turismo, que también se está poniendo en manos de inversionistas extranjeros, de modo que el déficit en este renglón crece, pero es acotado por el efecto del turismo.

c) La balanza de servicios factoriales es la que ha crecido de manera más significativa. El déficit promedio trimestral llegó a 8 mil 758 millones de dólares, 76% superior al registro promedio trimestral del sexenio anterior y eso, a pesar de que las tasas de interés internacionales son las más bajas de la historia y en algunos países hasta negativas. Cabe señalar que en esta subcuenta se registran los pagos por intereses y las remesas de utilidades. Su comportamiento ha comenzado a impactar cada vez de manera más significativa en el saldo de la cuenta corriente y lo será a medida que las empresas que inviertan en el sector energético comiencen a enviar sus utilidades al exterior. Por cierto, los registros de esta remisión de utilidades no consideran el efecto de las estrategias para eludir el pago de impuestos que aplican las trasnacionales, como lo ha señalado la OCDE y lo ha remarcado MORENA y que en parte  se refleja en los precios de transferencia en la balanza comercial. A eso se agrega el impacto del pago de  intereses que, seguramente, será cada vez más significativo, por el aumento en el saldo de la deuda cuyo saldo se disparó en los primeros 13 trimestres del gobierno de Peña, además de que existe el riesgo de mayores tasas en los mercados internacionales. Las medidas de ajuste pueden ayudar a cubrir esta cuenta, pero no será fácil reducirla una vez que comiencen las alzas de tasas internacionales

d) Finalmente, se tiene la subcuenta de las transferencias, la cuenta más generosa, a la estrategia puesta en marcha desde hace 24 años, con un saldo positivo de 24 mil 307 millones de dólares en 2015 y con un buen desempeño en lo que va de 2016. Son recursos que llegan sin ningún compromiso a cambio, sin necesidad de compensar el sacrificio de los migrantes. Los tecnócratas de Banxico y Hacienda les dan curso discrecional, todo al “libre mercado”, a pesar de que los connacionales enfrentan mayores restricciones para migrar, de que la demanda laboral en Estados Unidos crece lentamente y a una probable mayor disposición de los migrantes por integrarse a esa sociedad.

Debido a todo lo anterior, se puede esperar un aumento en el déficit de cuenta corriente, incluso si debido a la devaluación y los ajustes en el gasto público, se registrara una menor demanda de importaciones y más exportaciones. De hecho, se puede decir que la política aplicada en los últimos 24 años, que desembocó en las “reformas estructurales” que finalmente impuso la actual administración, ha creado las condiciones de una gran vulnerabilidad para la economía mexicana, reduciendo su capacidad productiva y aumentando las posibilidades de que salgan más recursos del país, mismos que cada vez será más difícil obtener.

En la cuenta de capitales, la discrecionalidad

Al respecto, en la cuenta de capital se registra un saldo promedio trimestral de 12 mil 950 millones de dólares, 31.4% más que en el registro promedio trimestral del sexenio de Felipe Calderón.

Este dato resultó de obtener pasivos que en promedio trimestral durante los primeros 13 trimestres del gobierno de Enrique Peña Nieto representaron 20 mil 796 millones de dólares, 26.2% más que el registro promedio observado en el período 2006-2012.

Los pasivos se dividen en endeudamiento por 8 mil 392 millones de dólares cada trimestre, 63.7% más que en el gobierno de Felpe Calderón Hinojosa. Este endeudamiento fue encabezado por el sector público no bancario, con 3 mil 892 millones de dólares, en promedio 238% más que en el gobierno de Calderón, y el sector privado no bancario, con 2 mil 651 millones, 96.4% más que en el promedio trimestral del gobierno anterior.

El otro componente de los pasivos es la inversión extranjera, que en promedio fue de 12 mil 403 millones de dólares cada trimestre, superior en 9.3% al promedio trimestral del sexenio anterior. Esta inversión, a su vez, se divide en la inversión extranjera directa, que llega para producir o dar servicios, la cual alcanzó 8 mil 439 millones de dólares por trimestre, 35.1% más que en el promedio trimestral del gobierno de Felipe Calderón.

En cambio, considerando los promedios de los trimestres del actual gobierno, la inversión extranjera de cartera cayó 22.3%, registrando un promedio de 3 mil 964 millones de dólares. La dirigida al mercado de dinero, que sumó 3 mil 227 millones fue menor en 34.7% en comparación con el promedio trimestral del gobierno de Calderón; en contraste, la inversión que se dirigió al mercado accionario fue superior en 358% y alcanzó la cifra de 736 millones de dólares. 

Por su parte, la cuenta de activos, que tuvo un crecimiento en los promedios de 18.4%, al sumar un promedio por trimestre en el actual gobierno de 7 mil 845 millones de dólares. Esa cifra se debió a que registró un promedio trimestral de depósitos de mexicanos en el exterior por 5 mil 419 millones de dólares, 168% más que en relación con el promedio registrado en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. No sobra decir que esas son cifras históricas. Los datos correspondientes a la inversión directa de mexicanos en el exterior se mantuvieron casi en el nivel del promedio trimestral registrado en el pasado sexenio, en 2 mil 807 millones de dólares, apenas 2.6% menos. Si bien se observó un flujo positivo sólo en el renglón de Otros Activos, pasando de un egreso trimestral promedio de un mil 725 millones de dólares en el pasado sexenio, a 381 millones de ingresos por trimestre en este gobierno.

Así, se observa que la diferencia entre la cuenta de capital y la cuenta corriente se redujo en el promedio trimestral, de 6 mil 582 millones de dólares en el pasado sexenio, a 5 mil 707 millones de dólares en el presente gobierno. Se puede concluir que la contratación de pasivos permitió financiar sin problemas el déficit en cuenta corriente, pero también la salida de divisas. Y por lo mismo, está en duda la conveniencia de seguir esa estrategia de adquirir pasivos para financiar la salida de capitales, que aumentan la carga para los mexicanos e impiden administrar eficientemente los recursos públicos.

Opacidad en los renglones de ajuste

La balanza de pagos incluye, como consecuencia del comportamiento de las diferente variables, el comportamiento de  las reservas internacionales de divisas. Para ello, la diferencia entre la cuenta de capital y la cuenta corriente se divide en tres conceptos:

a. El renglón de errores y omisiones, que es donde se registran los recursos en divisas cuyo destino en la economía nacional se desconoce. De acuerdo con este ejercicio que compara los promedios trimestrales, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se tuvo un monto de 4 mil 142 millones de dólares, 57.6% más que en el anterior gobierno. En total en el sexenio de Calderón sumaron 63 mil 85 millones de dólares y en el actual 53 mil 849 millones de dólares.

b. Otro renglón es la variación en la reserva, que cayó 72.7% con respecto al pasado sexenio, ya que pasó de un incremento trimestral promedio de 3 mil 993 millones de dólares a sólo un mil 90 millones, promedio de acumulación trimestral de divisas, que es menor incluso a los montos observados en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

c. Hay un renglón de menor importancia, de ajustes por valoración, que registra las variaciones en dólares de las reservas registradas en otras divisas.

Al final, lo que se observó como resultado de ese comportamiento de los activos y del renglón de errores y omisiones, es que el uso de la divisas disponibles pagar un mayor déficit en cuenta corriente y a depósitos en el exterior, tiene como consecuencia una disminución en la capacidad de acumular reservas, no obstante que el renglón de pasivos llegó a 20 mil 796 millones de dólares trimestrales.

Justificación del punto de acuerdo

La descripción y análisis anteriores, utilizando las cifras promedio por trimestre de cada gobierno, buscan explicar el comportamiento de las variables que conforman la balanza de pagos con la información disponible. No obstante, existen elementos que sólo pueden ser conocidos o detectados por las autoridades responsables de su contabilización.

Si bien en la última presentación se observan algunas correcciones en el monto de errores y omisiones, por ejemplo, no hay ninguna explicación de la razón por la cual no se sabe que ocurrió con  63 mil 85 millones acumulados en el renglón de errores y omisiones durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa,  cifra equivalente a un billón de pesos al tipo de cambio de 17 pesos por dólar. A esa cifra se suman los 53 mil 849 millones de dólares acumulados en el mismo renglón de errores y omisiones durante la presente administración, casi otro billón de pesos.

También requiere un análisis el destino de los recursos obtenidos por la contratación de deuda del sector privado o del sector público o la venta de activos, para obtener divisas que se destinan a depósitos de algunos inversionistas en el exterior. Y se requiere una explicación, porque la experiencia es que lo que suceda en ese renglón, termina afectando a la economía en su conjunto.

Si es deuda privada, que se contrató para inversiones productivas o para reestructurar deudas anteriores, no existe razón para invertirlas en el exterior a tasas muy bajas, pero a la espera de una devaluación que permita, a los que sacan divisas, obtener utilidades especulativas. Eso implica un riesgo que no se justifica para la mayoría de los mexicanos. Y eso es menos aceptable en el caso de la deuda pública o incluso de la inversión extranjera.

Experiencias anteriores han demostrado que la especulación contra el peso puede volver impagable la deuda que se adquiere para invertirlas en el país. El problema está en que eso se carga sobre el conjunto de la sociedad, incluso con esquemas como el Ficorca, que después de 1982 permitió que las empresas endeudadas en dólares obtuvieran divisas a un tipo de cambio subsidiado.

Lo grave, y eso también merece una explicación, es la existencia de riesgos y la debilidad de la economía, que podrían desatar un proceso especulativo en mayor escala.

A la salida de divisas hay que reiterar la demanda de una explicación en torno al renglón de errores y omisiones. En éste renglón, como lo señalamos en el punto de acuerdo anterior, estamos advirtiendo la existencia de un hueco no explicado, en los registros del movimiento de divisas.

Como señalamos entonces, “¿En dónde están esos miles de millones de dólares que tanta falta hacen para financiar las actividades productivas del país?”, y se agregó: “En una economía relativamente ordenada, como pregonan el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es la mexicana, el renglón de errores y omisiones es un ajuste que debería permitir conciliar las distintas operaciones de corto y largo plazo y en general deberían mantenerse dentro de ciertos parámetros. No obstante eso no sucede en México”.

Finalmente, vale recordar que si bien, algunos analistas consideran que esos recursos se han fugado del país vía lavado de dinero o son parte de las operaciones que realizan las trasnacionales en paraísos fiscales, “cualquiera de estas posibilidades sería motivo de un escándalo mayúsculo, porque esas divisas ingresaron legalmente al país, le han costado la venta de su patrimonio, la pérdida de sus activos, la contratación de deuda, en fin, asumir compromisos que ponen en riesgo la sostenibilidad de la economía nacional y ponen en desventaja, con una pesada carga en los hombros, a las jóvenes generaciones”.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público y al gobernador del Banco de México a que informen a esta Soberanía las razones y las causas del acelerado crecimiento del déficit de servicios factoriales y del renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos y de las medidas que han puesto en marcha para evitar los riesgo que eso significa en la pérdida de recursos que tienen un alto costo para los mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público y al gobernador del Banco de México a que informen a esta Soberanía los motivos que expliquen el uso del endeudamiento contratado en el exterior y el riesgo de que se utilice para especular contra el peso.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 20 de julio de 2016.

Dip. Norma Rocío Nahle García.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Diputada Nahle García.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y como lo establece el Resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: En consecuencia, túrnese a la Tercera Comisión.






Se concede el uso de la tribuna a la Diputada Angélica Reyes Ávila, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a implementar los mecanismos tendientes a promover, fomentar y aplicar las modificaciones legislativas en materia de derechos humanos.

La Diputada Angélica Reyes Ávila: El respeto y la defensa de los derechos humanos deben ser el pilar de la acción del gobierno.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, les saludo con afecto y respeto.

Me dirijo a esta Honorable Asamblea para presentar la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como a los congresos estatales a implementar los mecanismos tendientes a promover, fomentar y aplicar las modificaciones legislativas en materia de derechos humanos.

Hace cinco años nuestra Constitución fue objeto de una de las más importantes reformas de su historia, la reforma en materia de derechos humanos, la cual fue publicada el 10 de junio de 2011, y estableció las garantías para lograr la efectiva protección de los mismos.

Así fueron incorporadas disposiciones en materia de derechos humanos que daban cumplimiento a los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.

A pesar de lo anterior, las expectativas de la reforma referida no han sido cumplidas en algunas entidades federativas. Persiste un gran número de temas pendientes en esta materia.

Esto no sólo se ve reflejado en la enorme brecha de desigualdad que deja sin oportunidades a millones de mexicanos, sino también se percibe en la crisis de violencia que viven algunos estados del país, las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios o el riesgo que para los periodistas implica realizar su labor, todos ellos son ejemplos de la deuda que aún tenemos con la población para el efectivo ejercicio de sus derechos.

En Nueva Alianza estamos convencidos que es indispensable garantizar la intervención del Estado en la defensa de la dignidad y el bienestar de la población, y para ello es primordial que éste actúe con pleno respeto a sus derechos humanos.

A cinco años de la publicación de la referida reforma constitucional, existen entidades federativas que no han realizado las adecuaciones jurídicas necesarias para hacer efectivas las modificaciones planteadas.

Acontecimientos tan lamentables como los ocurridos en semanas recientes son dolorosos recordatorios de lo mucho que falta para que en nuestro país, las garantías establecidas en nuestra Carta Magna sean una realidad palpable.

Se hace necesario mencionar lo que establece la Constitución cuando señala en el párrafo tercero del artículo 1o., que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. Y que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley.

Como acertadamente señala el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la vigencia de los derechos humanos implica la vigencia misma de nuestra Constitución.

Si esos derechos no se cumplen y no se respetan, se incumple nuestra Norma Fundamental.

En congruencia con lo anterior, se hace este llamado a fin de que las entidades federativas que aún no han concretado el proceso de armonización legislativa respecto a este tema, actúen para dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

La sociedad mexicana está atenta a las acciones de gobierno y no está dispuesta a tolerar la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos.

El ejercicio de gobierno debe cimentarse en la protección de los derechos humanos de la población, actuar de otro modo es tiranía.

En Nueva Alianza somos promotores de su respeto irrestricto. Defendemos la igualdad y la dignidad de las personas.

Es por este motivo que hacemos un exhorto para implementar, a nivel estatal, los mecanismos tendientes a promover, fomentar y aplicar las modificaciones legislativas en materia de derechos humanos de conformidad con la reforma constitucional antes citada.

Nada es más importante o urgente que garantizar los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. Esa, compañeras y compañeros legisladores, es la única forma de construir un régimen democrático en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Diputada Reyes Ávila. Túrnese a la Primera Comisión.






Compañeras legisladoras y legisladores, les informo que a la Mesa Directiva se le avisó el retiro de la reserva para la discusión del dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a desarrollar mecanismos de cooperación, ejecución y evaluación de los logros del Programa "Pueblos Mágicos".

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, en consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura nal dictamen, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, señora Secretaria.

Informo que la intervención del Senador Miguel Romo Medina se integra al Diario de los Debates.

El Senador Miguel Romo Medina: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

l Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Sonido en el escaño de la Diputada Rocío Nahle, ¿con qué objeto, Diputada?

La Diputada Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Nada más para hacer un manifiesto.

¿Cuántos Nochixtlán más vamos a permitir en México?

Lo que está pasando ahorita en San Cristóbal de las Casas es indignante.

Las escenas que están ocurriendo mientras nosotros estamos en sesión, es indignante, y salen a decir, el Secretario de Gobernación o el Secretario de Educación: "Que la reforma es un éxito, que todo va bien, que hay pláticas". Es indignante, lo condenamos.

Y pido que esta Soberanía exhorte un llamado enérgico a la Secretaría de Gobernación. Es Osorio Chong el que está encargado de la seguridad de este país.

Es indignante, y Morena hace suyo este manifiesto.

El Presidente Diputado Omar Ortega Álvarez: Gracias, Diputada Nahle García.






Compañeras y compañeros legisladores, informo a ustedes que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la Diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del grupo parlamentario del PRI)

EDITH ANABEL ALVARADO VARELA, Diputada integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la igualdad de género ha crecido en los últimos años en México, toda vez que nuestra Ley Fundamental garantiza este derecho, que ha venido afirmándose en todas las materias. Por señalar un ejemplo, en materia electoral, se han emitido criterios jurisprudenciales en donde tanto la mujer como el hombre tienen los mismos derechos en cargos de elección popular, de dirección de partidos políticos y de organismos electorales locales.

La reforma que aquí se plantea tiene que ver con el servicio de guarderías en nuestro país, que resulta cada día más necesario en familias donde tanto el padre como la madre trabajan, pero cuya prestación, en su tratamiento, resulta desigual en la Ley del Seguro Social, que sólo contempla a la mujer trabajadora y no así al hombre trabajador.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente más de 9 millones de trabajadores varones se encuentran afiliados al Instituto, pero están excluidos de dicha prestación. Por ende, cada vez es mayor el número de hombres que cuidan de sus hijos y que necesitan de un servicio de guardería pero que al solicitar la prestación, se encuentran frente a una norma obsoleta que no contempla la igualdad sin distingo de géneros.

En días pasados, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un amparo en revisión sobre la desigualdad que existe entre la mujer y el hombre trabajador para solicitar el servicio de guardería que contempla la Ley del Seguro Social.

Entre los argumentos que el quejoso –hombre trabajador– hizo valer en el amparo, se encuentra que los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social “hacen una clara distinción del beneficio del servicio de las guarderías, al otorgarlo en forma exclusiva a las aseguradas, cuya única condición es la de ser mujer, mientras que para los hombres asegurados establece una serie de requisitos en su condición de padres o para los hombres que tengan la guarda y custodia de un menor” , lo cual consideró es una distinción injustificada y discriminatoria, en la medida de que en términos del artículo 4° de la Constitución Federal, el hombre y la mujer son iguales ante la ley.

Al resolver este amparo en revisión, la Segunda Sala del Alto Tribunal puntualizó que “el derecho de igualdad entre el hombre y mujer busca que ambos sean tratados equitativamente frente a la ley, lo cual necesariamente implica que tanto una como el otro gocen, en el caso concreto, en su calidad de trabajadores asegurados, de los mismos beneficios que brinda la seguridad social, entre otros, el servicio de guardería, conforme a lo previsto en el artículo 123 Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal” .

En consecuencia, proponemos reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, pues privar de este derecho al padre trabajador, resulta contrario al principio de igualdad y al de no discriminación por razón de género, ya que no sólo la mujer trabajadora tiene el derecho de solicitar el servicio de guardería para sus menores hijos, sino que, en igualdad de condiciones, el hombre también puede solicitar la prestación en comento.

El tema de la igualdad de género en México es un tema que merece toda nuestra atención como legisladores federales. Salvaguardar los derechos humanos de la mujer y del hombre en igualdad de circunstancias no es un tema menor, sino un tema de la mayor relevancia e importancia.

Ante ello, resulta evidente la necesidad de armonizar la legislación no sólo por el simple hecho de una igualdad de género, sino primordialmente, en razón de proteger a los menores que necesitan de la atención y cuidado de una guardería mientras sus padres trabajan.

Por tal razón, someto a la consideración de esta H. Asamblea la reforma a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a fin de corregir tal inequidad y armonizar la Ley con lo que establece nuestra Constitución: la protección más amplia de los derechos humanos de toda persona.

En virtud de lo anterior, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 201 y el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del hombre trabajador, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.



Artículo 205. Las madres aseguradas, los padres asegurados, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Quedan derogadas todas aquellas normas que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 20 de julio de 2016.

Dip. Edith Anabel Alvarado Varela.

Amparo en Revisión 59/2016, promovido por Antonio Baca Salazar y otros, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en la Ley del Seguro Social, artículos 201 y 205 y la Ley Federal del Trabajo, artículo 171 y otros.

Consideración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 59/2016, de fecha 29 de junio del 2016.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

(Presentada por el Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, ALFREDO JAVIER RODRÍGUEZ DÁVILA, Diputado integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, somete a consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 1995 se reformó el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de permitir la participación de la iniciativa privada en la industria ferrocarrilera. A partir de ese momento, la realidad del transporte ferroviario en el país se ha transformado y el papel del Estado se ha reducido a regular el sector, operado a través de concesiones otorgadas a particulares.

Durante este periodo, los ferrocarriles mexicanos han mostrado un importante avance, particularmente en lo referente al servicio de transporte de carga, con un servicio de mayor calidad, rapidez y eficiencia. Si bien el servicio de transporte de pasajeros se encuentra prácticamente abandonado,  el crecimiento del transporte de carga ha permitido que el sector se mantenga activo y en proceso de expansión.

Para garantizar que se mantenga este desarrollo, es necesario proveer de condiciones que le den certidumbre al usuario del servicio de transporte de carga a través de ferrocarril, para lo cual se deben mantener tarifas trasparentes que le permitan realizar previsiones a mediano y largo plazo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años el tipo de cambio del dólar ha aumentado de manera drástica, pasando de $12.76 pesos por dólar el primero de diciembre de 2012, a $18.60 pesos por dólar el primero de junio de 2016. Esto significa un aumento en el tipo de cambio de casi cincuenta por ciento en un lapso de sólo cuatro años.

La volatilidad en el tipo de cambio del dólar, coloca en una delicada situación a aquellas personas y empresas que dependen del servicio de transporte de carga por ferrocarril, debido a que las cotizaciones de transporte se realizan en muchas ocasiones en dólares, lo cual puede aumentar de manera drástica sus gastos en este rubro.

La presente iniciativa propone que los permisionarios o concesionarios tengan la obligación de expresar todas las tarifas de servicios ferroviarios en moneda nacional. El artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, señala que los concesionarios y permisionarios podrán fijar libremente sus tarifas y sólo deberán de registrar sus tarifas máximas ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Si bien, esto permite que las tarifas sean establecidas sin restricciones, en la práctica esto se ha traducido en que algunos prestadores del servicio de transporte de carga, realicen sus operaciones en dólares, lo cual coloca en una situación de incertidumbre al usuario de éste servicio, pues como se ha señalado el tipo de cambio ha tenido importantes variaciones en lapsos muy cortos.

Los constantes aumentos en los precios del transporte debido a tarifas fijadas en dólares, podrían desincentivar al usuario a hacer uso del transporte de carga a través de ferrocarril y conducirlo a buscar otras opciones para realizar el traslado de sus mercancías. Esto podría llevar a un desaceleramiento de la industria ferroviaria, e impedir que alcance sus previsiones de crecimiento.

Al establecer que las tarifas deben ser fijadas únicamente en moneda nacional, el usuario tiene en todo momento seguridad y certidumbre para realizar sus envíos a través del servicio de transporte ferroviario de carga, lo cual le permite tomar decisiones a largo plazo. Por otra parte, el sistema ferroviario se ve beneficiado de mantener a sus usuarios actuales y atraer a nuevos con tarifas competitivas.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Mediante el cual se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad y permanencia. Las tarifas deberán expresarse siempre en moneda nacional.

Los concesionarios registrarán previamente ante la Agencia, para su puesta en vigor, las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario y a la prestación de los servicios diversos, atendiendo a las características específicas de cada servicio, debiendo publicarlas en medios electrónicos. Se exceptúan de lo anterior, aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre concesionarios y usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Agencia.

Para el caso de los servicios diversos, además de las tarifas aplicables a los mismos y cualquier otro cargo, los concesionarios deberán registrar ante la Agencia el catálogo de dichos servicios y cargos, y sus reglas de aplicación, pudiendo la Agencia, en cualquier momento, solicitar información adicional respecto de la determinación de dichas tarifas.

Cualquier modificación a las tarifas máximas de servicios diversos y cargos deberá ser registrada ante la Agencia antes de su aplicación, debiendo el concesionario acompañar la justificación correspondiente.

La Agencia podrá emitir recomendaciones respecto de los incrementos propuestos. Asimismo, la Agencia podrá, en cualquier momento, en caso de estimarlo conveniente, solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica para que proceda en términos de sus facultades.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contarán con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a las demás disposiciones administrativas que posibiliten la materialización del mismo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 20 de julio de 2016.

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por los Diputados Rocío Nahle García y Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena)

ROCÍO NAHLE GARCÍA y RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario Morena en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6, 9, 10, 12 BIS, 14, 16, 30, 35 FRACCIONES II, III Y IV, 35 BIS FRACCIÓN I DEL PÁRRAFO SEXTO, 36, 37, 40, 42 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 11, 12 TER Y UN ARTÍCULO 28 BIS DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivas provenientes de la mafia.

Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la "asociación", a la "sociedad", a la "corporación", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalición", en sí a la "unión", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.

La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar; con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad.1

En cuanto a su estructura como grupo, la delincuencia organizada opera a través de células con órganos de dirección y mando, estos grupos delincuenciales permanecen en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros; en muchas ocasiones para ejecutar sus actos emplean sicarios y tienden a corromper a las autoridades.

El problema de la delincuencia organizada comenzó a crecer exponencialmente a nivel internacional, por lo que en nuestro país, que no se encontró ajeno a este fenómeno delictivo, se reconoció la necesidad de contar con instrumentos legales para enfrentarlo, así “fue en el año de 1993 cuando por primera vez, a través de una reforma constitucional a diversos artículos, entre ellos al 16, en su entonces párrafo séptimo, referente al plazo máximo que podrá ser retenido el indiciado, se introdujo el término delincuencia organizada….. Con motivo de la adición a la Ley Fundamental del término delincuencia organizada y de la reforma constitucional a los artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1996, el legislador ordinario presentó la iniciativa de ley en materia de delincuencia organizada….”2

Así el 7 de noviembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, “el objeto principal por el que fue creada la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, fue para conformar un conjunto de reglas jurídicas encaminadas a para perseguir, procesar y sancionar a los miembros que pertenezcan a bandas dedicadas a delinquir en forma organizada, especificando los rasgos característicos de los delitos con los que se relaciona, y puntualizando que su ámbito de aplicación será para todo el territorio de la República, es decir, con carácter federal, cuyas disposiciones serán de orden público por afectar considerablemente a toda la sociedad3

Mientras tanto en el ámbito mundial continuaron los esfuerzos de la comunidad internacional por contar con un instrumento para combatir la delincuencia organizada: “De esta forma, del 21 al 23 de noviembre de 1994 se realizó en Nápoles, Italia, la Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Transnacional Organizada, en la cual se aprobaron la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles, documentos que inspiraron las negociaciones de una convención internacional en esta materia.

Después, y con base en la Declaración de Nápoles, la Asamblea General de la ONU emitió las resoluciones 53/111 y 53/114, ambas de diciembre 9 de 1998, por las que se decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta, con la finalidad de elaborar una convención internacional  contra la delincuencia organizada transnacional y de examinar la preparación de instrumentos internacionales que abordaran los problemas de la trata de mujeres y niños, la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y el transporte ilícito de migrantes…” 4

Los anteriores esfuerzos se concretaron cuando la Asamblea General emitió la resolución número A/RES/55/25 de 15 de noviembre de 2000, por virtud de la cual adoptó la propuesta de Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la que México firmó el 13 de diciembre de 2002 y entró en vigor en nuestro país el 29 de septiembre de 2003, previos los trámites constitucionales y legales.5

La citada convención, conocida también como “Convención de Palermo”, consta de 40 artículos, en el 2° se establecen una serie de definiciones, entre ellas la de grupo delictivo organizado: Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU como resultado del Examen Periódico Universal realizado a nuestro país en el año 2009  expresamente  recomendó al Estado Mexicano promulgar una definición de delincuencia organizada que fuese compatible con la contenida en la Convención de Palermo, toda vez que el referido Consejo a partir de esta evaluación consideró que la definición vigente que se encuentra prevista en el primer párrafo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es ambigua, dando lugar a que miembros de movimientos sociales o políticos puedan llegar a ser acusados de pertenecer al crimen organizado: “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada..”

En efecto al analizar ambas definiciones se advierte que en el caso de la prevista en la Convención de Palermo se hace referencia al elemento de la obtención de “un beneficio económico u otro beneficio de orden material” como uno de los principales supuestos para que un grupo que delinque sea considerado como grupo delictivo organizado; mientras que en la definición vigente en la Ley Federal contra la delincuencia organizada no se hace ninguna referencia a ese elemento mismo que consideramos tendría efectivamente que estar presente en un grupo delictivo, para ser calificado como delincuencia organizada.

Dentro de la doctrina encontramos definiciones de delincuencia organizada que coinciden en considerar la obtención de un beneficio económico como finalidad del grupo delictivo:

- Para Moisés Moreno Hernández, el crimen organizado ha sido conceptualizado como una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de estructuras tan complejas, ordenadas y disciplinadas como las de cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con gran rigidez. Se caracteriza porque sus acciones no son impulsivas, sino más bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de ganar control sobre diversos campos de actividad y así amasar grandes oportunidades de dinero y de poder real; su pretensión no es tanto el poder político, el cual le interesa, más para propósitos de protección.

- Para Jesús Zamora Pierce, la delincuencia organizada ha de estar orientada, entre otros, por los siguientes criterios; la unión de varios delincuentes dentro de un grupo permanente, jerárquicamente estructurado, con finalidades de lucro, mediante la comisión de delitos que afecten bienes fundamentales de los individuos y de la colectividad, y que a su vez, alteren seriamente la salud o seguridades públicas.

- Para Álvaro Bunster Briseño, delincuencia organizada es la reiteración de acciones delictivas enderezadas a lucrar con la apertura, mantenimiento y explotación de mercados de bienes y servicios, efectuadas por grupos de personas dispuestas en una estructura jerárquica, dotada al efecto de recursos materiales y de redes especialmente ilimitadas de operación.

- Para Fernando Gómez Mont, la delincuencia organizada debe orientarse entre otros por los siguientes criterios: el carácter permanente de sus actividades delictivas, su carácter lucrativo, el grado de complejidad en su organización, que su finalidad asociativa consiste en cometer delitos que afecten bienes jurídicos fundamentales de los individuos y la colectividad y que a su vez alteren seriamente la salud o la seguridad pública.

- Para Eduardo Andrade Sánchez, crimen organizado es la asociación de individuos o de grupos que tienen una disciplina, una estructura y un carácter permanente, que se perpetúa por sí mismas y que se combinan conjuntamente para el propósito de obtener ganancias o beneficios monetarios o comerciales, empleando de manera parcial o total medios ilegales y que protegen sus actividades mediante la aplicación sistemática de prácticas corruptas.6

Por lo anterior proponemos que se modifique la definición de delincuencia organizada contenida en el artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para armonizarla con la prevista en la Convenció de Palermo introduciendo el elemento referido a la necesaria persecución de la obtención de un beneficio de índole económico o material por parte de los grupos delincuenciales para así ser considerados como delincuencia organizada.

Evitando así que líderes o integrantes de movimientos sociales o políticos puedan llegar a ser acusados de pertenecer a la delincuencia organizada.

Por otra parte en el artículo 11 se  dispone que a los agentes de las fuerzas del orden público que participen en investigaciones en materia de delincuencia organizada se les podrá proporcionar una nueva identidad, dotándolos para tal efecto de la documentación correspondiente, lo cual es correcto y necesario por lo delicada que resulta su participación en estas investigaciones, con motivo de las cuales puede inclusive estar en riesgo su vida o su integridad física.

Con el ánimo de dotarles de una mayor protección se propone que además de la posibilidad de otorgarles  una nueva identidad a estos agentes de las fuerzas del orden público, también se pueda contemplar expresamente el otorgarles cualquier otra medida de seguridad de las previstas dentro del Programa Federal de Protección a Personas en términos de la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, tales como vigilancia, modo y mecanismos para el traslado de las personas protegidas a distintos lugares, asegurando en todo momento el resguardo de las mismas, custodia policial, personal móvil y/o domiciliaria a las personas protegidas, suministrar a la persona alojamiento temporal, apoyo para trámites personales y aquellos que requiera para cumplir con sus obligaciones, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda, facilitar la reubicación, entendida como el cambio de domicilio y/o residencia, lugar de trabajo y centro de estudios de la persona.

Inclusive a los agentes encubiertos se les podrían otorgar medidas de protección de asistencia como lo son el tratamiento psicológico, médico y/o sanitario en forma regular y necesaria, a través de los servicios de asistencia y salud pública, velando en todo momento por el resguardo y protección de las mismas.

En este sentido el apoyo Psicológico durante y después de la misión de manera periódica resultaría imprescindible, de ahí la intención de que se modifique este artículo para que de manera expresa se considere el otorgamiento de las referidas medidas de protección tanto de asistencia como de seguridad para los agentes de las fuerzas del orden público que participen en investigaciones en materia de delincuencia organizada.

Siguiendo este orden de ideas en el artículo 14 se dispone que las personas que rindan testimonio en contra de alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada    deberá, a juicio del agente del Ministerio Público de   la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad, lo cual se estima correcto y necesario, por el riesgo en el que se pueden encontrar testigos en investigaciones que se realicen sobre delincuencia organizada.

Por ello se propone que además de esta medida también se pueda considerar expresamente el otorgarles otras de las previstas dentro del Programa Federal de Protección a Personas en términos de la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, tales como La salvaguarda de la integridad personal en los siguientes aspectos: a) Físico. b) Psicológico. c) Patrimonial. d) Familiar; vigilancia; modo y mecanismos para el traslado de las personas protegidas a distintos lugares, asegurando en todo momento el resguardo de las mismas; custodia policial, personal móvil y/o domiciliaria a las personas protegidas; suministrar a la persona alojamiento temporal o los medios económicos para transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites personales y aquellos que requiera para cumplir con sus obligaciones, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, etc.

Resulta importante que los testigos tengan la confianza suficiente para coadyuvar con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y del enjuiciamiento, en este sentido requieren tener la certeza de que estarán debidamente protegidos ante prácticas intimidatorias  y ante los daños que pudiesen tratar de infligirles los grupos delictivos con la finalidad de disuadirles de que cooperen o bien castigarles por hacerlo. A partir de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos  los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas apropiadas para impedir la intimidación, coerción, corrupción o lesiones corporales de los testigos, por ello en esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada cabe perfectamente el puntualizar que estos testigos podrán contar con una protección amplia en términos de la legislación aplicable.

“La protección, auxilio, cuidado, tratándose de delincuencia organizada, puede otorgarse en conjunto a servidores públicos encargados de la procuración, administración y ejecución de la justicia, así como a testigos o víctimas, y en sí a cualquier persona que pueda ser objeto de represalias, dada su participación en un procedimiento penal relacionado con la investigación de la delincuencia organizada.”7

En cuanto al tema del arraigo regulado en el capítulo cuarto del Título Segundo, el suscrito comparte la preocupación de diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos, quienes argumentan que dicha medida constituye una forma de detención arbitraria y que viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, así como las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo y que además, amplía las posibilidades de una persona de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Si bien es cierto que en nuestra Carta Magna se encuentra prevista la figura del arraigo, ello no implica que ésta sea constitucional, la figura del arraigo es violatoria de derechos fundamentales previstos en el propio texto constitucional y en diversos tratados internacionales, como ya se expresó diversos organismos internacionales han hecho manifiesta su preocupación por que el arraigo continua presente en nuestra legislación, ante lo que se han emitido recomendaciones para que se elimine de nuestro sistema jurídico

El Comité contra la Tortura de la ONU señaló en su informe de Conclusiones y Recomendaciones a México el 7 de febrero de 2007:

"15. Al Comité le preocupa la .figura del arraigo penal que, segúnla información recibida, se habría convertido en una forma de detención preventiva con el uso de casas de seguridad (casas de arraigo) custodiadas por policías judiciales y agentes del Ministerio Publico, donde se pueden detener indiciados durante 30 días - hasta 90 días en algunos Estados- mientras se lleva a cabo la investigación para recabar evidencia, incluyendo interrogatorios. Aun cuando el Comité toma nota con satisfacción de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2005 en la que se declara inconstitucional la .figura del arraigo penal, le preocupa sin embargo que la decisión judicial se refiere únicamente al Código Penal del Estado de Chihuahua y carecería de eficacia vinculante para los tribunales de otros Estados.

El Estado Parte debe, a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justiciade la Nación, garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal asícomo a nivel estatal. ".8

Asimismo, el Subcomité para la Prevenci6n de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes observó y recomendó lo siguiente en el párrafo 238 del Informe sobre su visita a México:

"238. El SPT considera que la figura jurídica del arraigo puede llegar a propiciar la práctica de la tortura al generar espacios de poca vigilancia y vulnerabilidad de los arraigados, quienes no tienen ninguna condición jurídica claramente definida para poder ejercer su derecho de defensa. El SPT recomienda la adopción de medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza para evitar que la práctica del arraigo genere situaciones que puedan incidir encasos de tratos crueles, inhumanos o degradantes."9

Por su parte el Comité de Derechos Humanos de la ONU, derivado del Quinto  Examen Periódico realizado a nuestro país, recomendó lo siguiente:

"15. El Comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del “arraigo” en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada,  que prevé la posibilidad de detener a una persona sin cargos durante un máximo de 80 días, sin ser llevado ante un juez y sin las necesarias garantías jurídicas según lo prescrito par el artículo 14 del Pacto. El Comité lamenta la falta de aclaraciones sobre el nivel de las pruebas necesarias para una orden de "arraigo".

El Comité subraya que las personas detenidas en virtud del "arraigo" corren peligro de ser sometidas a malos tratos. (arts. 9 y 14)

A la luz de la decisión de 2005 de la Suprema Corte federal sobre la inconstitucionalidad de la detención preventiva y su clasificación como detención arbitraria par el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, el Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la detención por el arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal.”10

La regulación que del arraigo se hace en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, carece de la previsión de controles legales y/o para hacer posible la revisión judicial para verificar como se ejecuta dicha medida. De igual forma tendría que existir alguna disposición que prohíba expresamente la participación castrense en casos de arraigo, ya que en ocasiones éste es llevado a cabo en instalaciones militares. En respuesta a varias solicitudes de información emitidas por organismos defensores de Derechos Humanos, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) ha admitido que las instalaciones militares son utilizadas para mantener personas bajo arraigo.

Por ello y en tanto se elimina la figura del arraigo del texto constitucional, se propone modificar el párrafo segundo del artículo 12 Bis para precisar que la solicitud de la medida de arraigo sólo pueda realizarse por escrito y adicionar un tercer párrafo al artículo 12 ter con la finalidad de que la autoridad judicial que concede el arraigo, pueda verificar en cualquier momento que el arraigo se ejecute en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación total, señalándose además de manera expresa que el arraigo  no podrá ejecutarse bajo ninguna circunstancia en instalaciones militares.

En lo relativo al tema de Intervención de comunicaciones privadas, el artículo 16, posibilita que el Titular de la Procuraduría General de la República o los servidores públicos en quienes se delegue la facultad puedan solicitar al juez federal, dicha intervención “por cualquier medio”; lo anterior estimamos atenta contra la certeza que debe de existir en un tema tan delicado, ya que pueden quedar en entredicho o no claros los términos en que se solicitó  la intervención.

En este sentido el 13° párrafo del artículo 16 Constitucional dispone, respecto a la solicitud para intervenir comunicaciones privadas, que  ..la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.” Para dar cumplimiento con toda certeza a esta disposición constitucional, se estima entonces incorrecto que la referida solicitud pueda realizarse “por cualquier medio”, por ello se propone que la solicitud se realice sólo por escrito, para que así no haya lugar a dudas de los términos en que se está planteando.

Sobre este mismo tema y con la finalidad de tener mayor control sobre un tema tan delicado como lo es el de la intervención de comunicaciones privadas, se propone adicionar un  artículo 28 Bis  para que al concluir toda intervención, el Ministerio Público de la Federación informe a la autoridad judicial que otorgó la solicitud de intervención, sobre su desarrollo y sus resultados.

En la última reforma a este ordenamiento, su artículo 1 fue modificado con la finalidad de hacer mención  que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada, hasta antes de la mencionada reforma decía “cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada”. Esto es, se cambia el término “miembro de la delincuencia organizada” por “persona que forme parte de la delincuencia organizada”, lo cual es correcto, al ser un término más incluyente, no obstante a lo largo de este ordenamiento encontramos que en varias de sus disposiciones se continúa haciendo referencia a “miembro de la delincuencia organizada” u otros términos como “integrante de la delincuencia organizada”, “sujeto de la delincuencia organizada”, por ello se propone modificar todos aquellos artículos que hacen estas referencias para homologarlas con la establecida en el artículo 1.

Finalmente el artículo 40 dentro de su redacción continua haciendo referencia a los términos “inculpado” y “averiguación previa”, mismos que se propone sean sustituidos por “imputado” y por “investigación” respectivamente.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 2; el párrafo primero del artículo 4; el párrafo primero del artículo 6; el párrafo primero del artículo 9; el artículo 10;el párrafo segundo del artículo 12 Bis; el párrafo primero del artículo 14;el párrafo primero del artículo 16; el artículo 30; las fracciones II, III y IV del artículo 35; la fracción I del párrafo sexto del artículo 35 bis; el artículo 36; el párrafo primero del artículo 37; el artículo 40; el párrafo primero del artículo 42 y se adicionan un séptimo párrafo al artículo 11; un tercer párrafo al artículo 12 ter y se adiciona el artículo 28 bis  de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada, siempre que dichas conductas tengan por objetivoobtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material:

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. …

VIII. …

IX. …

Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo que sean cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada, serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley.

 

Artículo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, a la persona que forme parte de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:

I. …

a) ...

b) ...

II. ...

a)...
b)...

Artículo 6o.- Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se duplicarán respecto de los delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley cometidos por personas que formen parte de la delincuencia organizada. La misma regla se aplicará para el delito de delincuencia organizada.

Artículo 9o.- Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de personas que formen parte de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

...

Artículo 10.- A solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan datos o medios de prueba que hagan presumir fundadamente que forman parte de la delincuencia organizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará al Ministerio Público de la Federación, a la brevedad posible, la información y documentación que éste le solicite, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 11.- …

...

...

...

A los agentes de las fuerzas del orden público, se les podrá proporcionar ademáscualquier otra medida, tanto de asistencia como de seguridad, de las previstas dentro del Programa Federal de Protección a Personas en términos de la Ley Federal para la Protección de personas que intervienen en el procedimiento penal.

Artículo 12 Bis.-…

En la solicitud, se deberán expresar las modalidades de lugar, tiempo, forma, así como las autoridades que lo ejecutarán; la solicitud se realizará siempre por escrito.

Artículo 12 Ter.- …

I.…

II.…

III.…

IV.…

V.…

VI.…

...

El Juez podrá en cualquier momento verificar que el arraigo se ejecute en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación total. El arraigo no podrá ejecutarse bajo ninguna circunstancia en instalaciones militares.

Artículo 14.- Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad personal o la vida de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del agente del Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad inclusive cuando el imputado comparezca ante el juez para la formulación de la imputación; a quienes rindan testimonio también se les podrá proporcionar cualquier otra medida, tanto de asistencia como de seguridad, de las previstas dentro del Programa Federal de Protección a Personas en términos de la Ley Federal para la Protección de personas que intervienen en el procedimiento penal.
...

...

Artículo 16.- Cuando en la investigación el Ministerio Público de la Federación considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas el Titular de la Procuraduría General de la República o los servidores públicos en quienes se delegue la facultad podrán solicitar por escritoal Juez federal de control competente,  la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y necesidad de la misma.

...

...

...

...

Artículo 28 Bis.- Al concluir toda intervención de comunicaciones privadas, el Ministerio Público de la Federación deberá rendir un informe a la autoridad judicial que otorgó la solicitud, sobre su desarrollo y sus resultados.

Artículo 30.- Cuando existan indicios razonables, que permitan establecer que hay bienes que son propiedad de una persona que forme parte de la delincuencia organizada, o de que éste se conduce como su dueño, además del aseguramiento previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público de la Federación, bajo su responsabilidad, fundando y motivando su proceder, podrá asegurarlos. Si se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el aseguramiento de inmediato y hacer la entrega de los mismos a quien proceda.

Artículo 35.- …

I.…

II. Cuando exista una investigación en la que el colaborador esté implicado y éste aporte antecedentes de investigación para el ejercicio de la acción penal en contra de otras personas que formen parte de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes;

III. Cuando durante el proceso penal, el imputado aporte medios de prueba, suficientes para sentenciar a otras personas que formen parte de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad, y

IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas eficaces para sentenciar a otras personas que formen parte de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.

...

...

Artículo 35 Bis. …

I.…

II. ...
...

...

...

...

I. Jerarquía y número de las personas que formen partede la delincuencia organizada detenidos;

II.

III.

IV.

Artículo 36. En caso de que existan medios de prueba aportados por persona distinta de quien colabora con el agente del Ministerio Público de la Federación, y que impliquen al colaborador en hecho distinto de aquél por el cual presta la colaboración, a solicitud de la Representación Social de la Federación, se le podrán reducir las penas que le corresponderían hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, la información que suministre se encuentre corroborada por otros datos o medios de prueba y sea relevante para la detención y procesamiento de otras personas que formen parte de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el colaborador.

Artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de una persona que forme parte de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República determine.

Artículo 40.- Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del imputado, el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la investigación.

Artículo 42.- La autoridad deberá mantener recluidos a los procesados o sentenciados que colaboren en la persecución y procesamiento de otras personas que formen parte de la delincuencia organizada, en establecimientos distintos de aquéllos en que estos últimos estén recluidos, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de sentencia.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 20 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. Rocío Nahle García.- Dip. Renato Molina Arias.

1 Página de la PGR

2 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3788  pp 16 y 25

3 Briccet Anaya Luis A. p. 347

4 Ibarrola Nicolín, Eduardo “La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos adicionales. Un nuevo marco de cooperación internacional.” p. 139 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/419/13.pdf

5 Uribe Benítez, Óscar. La Convención de Palermo. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. LXI Legislatura Cámara de Diputados. Julio de 2010. p. 17

6 Bruccet Anaya, Luis A. op. cit. pp 60 - 62

7 Ibídem. P. 408

8 Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura (2007)
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2e3ffd18d95b0739c12572b30042el40?Opendocument

9 Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la ONU

10 Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, Nueva York, 2010, http://www.hchr.org.mx/Documentos/Invitaciones/2010/05/I070510.pdf p.6






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 109 Y ADICIONA UN INCISO B) AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena)

Quien suscribe, JUAN ROMERO TENORIO, Diputado en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, fracción I,  y 77 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 109 Y SE ADICIONA EL INCISO B AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Propósito de la iniciativa

En nuestro país, urgido de hacer un mejor uso de todos los recursos, incluyendo los que se destinan a inversión física, que son los que pueden mejorar de manera sostenida las condiciones de vida de los ciudadanos y propiciar mayor eficiencia en la operación de las empresas, se requiere que la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, contribuya responsablemente a crear las condiciones más adecuadas para que las decisiones relacionadas con la inversión que usa recursos presupuestales de la federación en proyectos de escala estatal y municipal, se adopten con la mayor transparencia en beneficio de los ciudadanos. No debe continuar lo que se ha hecho en los últimos años, en los que esos recursos se distribuyen en medio de una rebatinga de ver quién lleva más obras a sus estados y municipios, en un ejercicio que busca presencia política y no resolver problemas.

Esta propuesta pretende que la Cámara de Diputados cuente con los elementos básicos para ejercer su facultad exclusiva, así como establecer las condiciones para que haya una mayor transparencia a disposición de la sociedad, acerca del uso de recursos públicos en proyectos de esta escala, por parte de los diferentes niveles de gobierno. Sin duda, esto permitirá una mejor relación de los gobiernos con sus ciudadanos y con los empresarios de los sectores social y privado, como usuarios, como contratistas o como proveedores e incluso como consultores para respaldar y ofertar transparentemente servicios de diseño de proyectos. Se requiere establecer un nuevo esquema de asignación de recursos presupuestales a entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que permitan que su ejercicio se concrete realmente en mejores condiciones de vida para la población.

Problemática

A pesar de que se encuentra establecido en la Constitución la función que le corresponde a la Cámara de Diputados en la aprobación del Presupuesto de Egresos, no cabe duda que ese es uno de los aspectos más complejos de la relación entre el Ejecutivo y esta instancia legislativa.

Todo indica que un parteaguas de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en este campo, fue la decisión de la Cámara de Diputados de modificar la iniciativa de Presupuesto para 2005, ante lo cual la Presidencia de la República interpuso una controversia constitucional. Ese diferendo se resolvió a favor del Ejecutivo que, no obstante, en los hechos puso en práctica algunas de las propuestas del presupuesto modificado.

Aunque ese diferendo se dio en el contexto de una determinada correlación de fuerzas, posterior a la gran movilización de El Campo no aguanta más, es posible afirmar que desde entonces la relación entre los dos poderes siguió un proceso de perversión progresiva. Sea por necesidad o como resultado de una estrategia deliberada para evitar que nuevamente el Legislativo se atreviera a modificar el presupuesto, cada vez fue más clara la decisión del Ejecutivo de limitar la potestad constitucional de la Cámara de Diputados, negociando por separado con las distintas fracciones y promoviendo esquemas de distribución de recursos que adquieren la forma de sobornos, los cuales han sido calificados como “moches”.    

Desafortunadamente, por las carencias de los municipios de nuestro país, ante los rezagos que sufren las diferentes regiones, cada año, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, cuando se hace el análisis y se pone a discusión el presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio, a la Cámara de Diputados llegan funcionarios estatales, municipales y todo tipo de representantes de sectores y de organizaciones sociales, que con muchos documentos vienen a gestionar recursos para sus estados, sus municipios o sus representados: una carretera, la pavimentación de calles, obras de agua potable o de drenaje, plantas de tratamientos de aguas o de potabilización y hasta recursos para concluir presas o estadios, escuelas, hospitales, clínicas, mercados, auditorios, deportivos.

Sin duda, todas ellas son obras necesarias, pero con diferentes prioridades. El problema está en que, considerando el conjunto de solicitudes e ignorando los antecedentes de cada uno de los proyectos, no es posible evaluar en poco más de un mes cuál es más necesario o cómo aprovechar mejor el impacto de la realización de cada uno de esos proyectos.

En general, los demandantes de recursos presentan los proyectos de manera aislada, sin considerar la integralidad de su problemática. Los peticionarios acompañan sus proyectos con una estimación del impacto socioeconómico, que fundamentalmente explica que la obra va a proporcionar beneficios a un grupo de la población, pero éste no trasciende el corto plazo porque carece de una visión de las prioridades y sus proyecciones, y no explica si forma parte de un programa progresivo de desarrollo integral.

En esas circunstancias, hay casos en que, por ejemplo, la solicitud de recursos no considera la necesidad de tender primero el drenaje y sus conexiones, así como la red de agua potable, y otros servicios que requieran estar instalados antes de poner banquetas y el tendido del asfalto o el concreto hidráulico. En consecuencia, muchas veces las inversiones no alcanzan a cumplir sus objetivos cabalmente. Lo más grave es que, como ya se mencionó antes, hay casos en los que las obras sólo se solicitan por parte de los funcionarios locales, como una demostración de su capacidad de gestión, de su amistad con algún diputado, de la “fuerza” de su fracción parlamentaria, como una justificación ante sus electores, de lo “atinado” de haberlo elegido. Eso, sin considerar si la obra en cuestión es la que mejor contribuye a cambiar las condiciones de vida de esos ciudadanos.

El problema se agudiza porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha aprovechado esas circunstancias para medrar políticamente con las necesidades de estados y municipios. En las negociaciones que promueven o en las consultas que se les hacen, los funcionarios de Hacienda antes que argumentar a favor de dar racionalidad al gasto, anteponen la “austeridad” como criterio de asignación; lo más grave es que terminan gastando con toda discrecionalidad. Así, las obras que se logran gestionar ante esa Secretaría, nunca resuelven los problemas de fondo y se caracterizan por ser centros de salud sin concluir, carreteras que no llegan a su destino, programas que nunca se ejercen, escuelas sin baños. La estrategia discrecional de la Secretaría propicia mucho desorden.
Y lo grave es que esa entidad responsable de administrar el presupuesto no tiene ningún interés por garantizar el mejor uso de los recursos. No se preocupa por identificar dónde urgen más y por qué razón, ya sea en servicios públicos, en salud, en educación, en agua. No existe una estrategia para ir superando rezagos y construir para el futuro.

Sobra decir que con este esquema siempre le queda la posibilidad de condicionar la asignación de recursos a la obtención de votos de legisladores a favor de iniciativas del Ejecutivo. Es un ejercicio perverso de la administración pública, que no se compromete con toda la población por igual, sino sólo con los que lo apoyan. “Despensas” a cambio de votos al más alto nivel, aunque la decisión del votante, en este caso el legislador, sólo propicie más deterioro.

Muchos de quienes llegan a solicitar recursos a la Cámara en los últimos meses del año regresan a sus estados, municipios y comunidades con las manos vacías, frustrados. Muy pocos logran el objetivo de que se asignen recursos para sus proyectos y, como señalamos, eso se debe básicamente a su relación con el legislador de su distrito y de las negociaciones de éste o de su grupo parlamentario con la Secretaría de Hacienda, sin tener, ninguno de los actores participantes en ese proceso, un criterio para evaluar las prioridades o la importancia socioeconómica real de los diferentes proyectos.

También hay muchos que llegan y se regresan sin saber si las gestiones que realizaron tuvieron algún resultado positivo, si serán tomadas en cuenta al momento de consolidar el presupuesto y si, en su tiempo, podrán ejercer los recursos que solicitaron.

Es un tortuoso proceso que no tiene un resultado constructivo, sino que genera una competencia entre necesidades que no se atienden a fondo y en el que Hacienda sólo reparte compresas, de modo que no hay un esquema de asignación responsable y el seguimiento de lo que debe y puede ser una mejor distribución presupuestal de los recursos públicos.

Propuesta de solución

Es por todo lo anterior, que la presente iniciativa tiene el propósito de establecer un esquema de registro de proyectos estatales y municipales con recursos presupuestales, que son adicionales a los que se asignan vía Participaciones y Aportaciones y que también son diferentes a los que ejerce la Federación directamente.

Este registro se denominará Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México (PANPIEMA) y deberá aportar información que siente las bases para llevar a cabo una mejor planeación del uso de los recursos con los que la federación apoya a las entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Su publicación deberá permitir evaluar el respeto del orden de prioridades en la asignación de recursos, comparando:

a. Ubicación de cada proyecto, su situación e impacto social y económico, así como su costo-beneficio,

b. Avance en la construcción, la transparencia y eficiencia en la aplicación de los recursos, considerando el cumplimiento de las metas anuales, según los plazos de inversión.

c. Resultados del proyecto, su eficacia respecto a sus objetivos directos y evaluación respecto del impacto esperado. La vida útil previsible de las inversiones, señalando las necesidades de la población que serán atendidas con dicha inversión

d. Esquema de financiamiento, participación presupuestal, y, en su caso, distribución de la participación entre público y privado

Este padrón permitirá, progresivamente, generar la información útil para que los legisladores, en cumplimiento de sus obligaciones, decidan, basados en información histórica, acerca del uso que se debe dar a los recursos comprometidos en los proyectos de inversión presupuestales en beneficio de gobiernos estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, aunque en su solicitud también pueden participar organizaciones civiles.

Este Padrón será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apoyo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a la que deberán enviar la información correspondiente todas las Comisiones que reciban solicitudes de proyectos de inversión para estados y municipios, así como las alcaldías de la Ciudad de México, que no estén considerados en los programas de sus mismas localidades.

El área especializada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá recibir en línea las solicitudes que reciban las comisiones correspondientes, y la transferirá a la base de datos que administra la Secretaría, la cual, después de pasar los filtros convenientes, será registrada en la base que opera la propia Secretaría.

En ese proceso, con la información básica previamente establecida, el área de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública hará una revisión preliminar del proyecto y recomendará correcciones o mejoras. En ese momento lo registrará en la base general, con las observaciones que hizo, mismas que enviará a la Comisión Ordinaria correspondiente al tipo de proyecto; al solicitante también le entregará el comprobante de registro con las observaciones para que las solvente oportunamente, tomando en cuenta que ese es un requisito para recibir recursos presupuestales. 

En ese sentido, el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México (PANPIEMA), considerará campos para identificar aquéllos proyectos que se registren por primera vez, cuya solicitud esté en proceso de revisión, y para conocer los requisitos faltantes para lograr el registro definitivo y, en su caso, cuál fue la fecha de aprobación. Así se podrá saber a qué proyectos les falta cumplir con algún requisito establecido en las reglas de operación generales que se diseñarán para este propósito, y las específicas de cada ramo administrativo, que estarán en un campo específico de la base de datos en el que las áreas involucradas deberán dar su opinión sobre la propuesta. La estructura del padrón debe permitir conocer las características de cada proyecto y cómo se comparan con los otros.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será responsable de mantener actualizado el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, que incluirá cualquier proyecto de inversión que involucre bienes o recursos presupuestales, en respuesta a solicitudes de gobiernos estatales, municipales de las alcaldías o de la sociedad civil registrados por sus promotores.

Por lo que respecta al esquema de registro del PANPIEMA, se establecerán los requisitos mínimos necesarios para tener un registro definitivo, como condición para recibir recursos presupuestales para proyectos estatales y municipales o de las alcaldías de la Ciudad de México. No obstante, se deberá tomar en cuenta la importancia y la respuesta a las prioridades que se propongan, para ordenar su propuesta de asignación. Y también, independientemente de la calidad de prioridad que tengan, debe establecerse que sólo recibirán recursos los proyectos que cuenten con el registro completo.

Los proyectos que cumplan esos requisitos pasarán automáticamente al campo de proyectos completos, en el que se podrán analizar cada uno de ellos, mediante la aportación por parte de los estados y municipios de bienes o recursos para inversión en las obras con recursos del presupuesto de egresos de la federación.

En la asignación de bienes públicos y recursos presupuestales sólo se considerarán los proyectos registrados en el padrón. No serán un factor a consideración las inversiones que estados y municipios hayan iniciado con recursos propios y requieran complemento federal, a menos que estén debidamente registrados y dicha aportación haya sido acordada previamente.

La Secretaría de Hacienda informará a la Cámara de las prioridades del gobierno federal que ejercerá directamente y, por su parte, los gobiernos estatales y municipales, así como las alcaldías de la Ciudad de México,  harán lo propio, siempre en referencia a los proyectos que se hayan registrado en el padrón.

Para garantizar la calidad y el registro de los proyectos, los promoventes, gobiernos estatales, municipales y organizaciones sociales, contarán, si lo requieren, con apoyo profesional en los ramos correspondientes en sus respectivos estados, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados o en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las instancias públicas de apoyo profesional contarán con certificación sobre este tema, con el propósito de contar oportunamente con proyectos completos de calidad.

El registro de proyectos se cerrará sólo entre el 30 de junio y el 31 de julio de cada año.  En ese mes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, con apoyo de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concluirán la revisión de los proyectos registrados hasta el 30 de junio y que cumplan todos los requisitos, el ramo administrativo correspondiente, el orden de prioridades y al término harán pública la información contenida en el padrón y su  propuesta de prioridades, para asignar el total de recursos disponibles en orden descendente, lo cual sucederá hasta que se tenga la estimación del monto de recursos a distribuir de esta forma, a principios de noviembre.

Entre el 1 de agosto y el día 15 de ese mes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados con apoyo de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrán recibir y analizar las opiniones de quienes, habiendo cumplido antes del 30 de junio con todos los requisitos establecidos para el registro definitivo en el padrón, consideren que la prioridad de sus proyectos no fue debidamente evaluado. A más tardar el 31 de agosto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con apoyo de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán presentar su propuesta definitiva, estableciendo además de la información del padrón, el criterio para priorizar, por segmentos, los proyectos de magnitud estatal y municipal.  

En la preparación del Presupuesto de Egresos para el año fiscal siguiente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerará el resultado de esa coordinación, especificando los proyectos de inversión que se atenderán con recursos presupuestales en función de los ingresos esperados. El pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá conocer y analizar la propuesta del Padrón que se presente el 31 de agosto y dispondrá de 30 días para su análisis. Considerando que es un trabajo de la Comisión, salvo observaciones o información adicional que presenten al pleno los integrantes de la Comisión, que pudieran fortalecer o debilitar algún proyecto, el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México (PANPIEMA) será un insumo en la elaboración final del presupuesto.

Consideramos que parte fundamental de ese esfuerzo es la calidad de la información y el establecimiento de criterios que deben ser aprobados por los diputados, para que la asignación de recursos presupuestales se haga de manera transparente, en función de dar la mejor atención a as necesidades de los diferentes estados y municipios demandantes.

Conviene dejar claro que este padrón será adicional, diferente, al padrón de proyectos de inversión que debe publicar y actualizar cada mes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual a partir de esa reformas deberá registrar sólo aquéllos cuya ejecución sea responsabilidad directa, parcial o total, de las instancias federales en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En ese sentido, proponemos las siguientes modificaciones al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LFPRH (vigente)

LFPRH (propuesta de reforma)

Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el Reglamento:

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual:

a) Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como aquéllos que se consideren susceptibles de realizar en años futuros;

b) Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante criterios de evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos.

Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por la Secretaría;

II. Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La Secretaría, en los términos que establezca el Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y entidades que dicha evaluación esté dictaminada por un experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales;

III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y entidades deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones aplicables, y

IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el proyecto de     Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para establecer un orden de los programas y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener para incrementar el beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes:

a) Rentabilidad socioeconómica;

b) Reducción de la pobreza extrema;

c) Desarrollo Regional, y

d) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión.

SIN CORRELATIVO

Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, la Secretaría administrará dos padrones distintos: A. La cartera de programas y proyectos de inversión que promueven, programan, acuerdan, ejecutan, contratan, asignan o concesionan directamente las dependencias y entidades del gobierno federal; B. El padrón             de los programas y proyectos de inversión que con recursos presupuestales diferentes a aportaciones y participaciones promueven y gestionan para llevar a cabo y/o contratar las  entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. 

A. Para el padrón que registra la cartera de los programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el Reglamento:

I. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual:

a) Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como aquéllos que se consideren susceptibles de realizar en años futuros;

b) Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante criterios de evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos.

Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por la Secretaría;

II. Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La Secretaría, en los términos que establezca el Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y entidades que dicha evaluación esté dictaminada por un experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales;

III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y entidades deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones aplicables, y

IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el proyecto de     Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para establecer un orden de los programas y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener para incrementar el beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes:

a) Rentabilidad socioeconómica;

b) Reducción de la pobreza extrema;

c) Desarrollo Regional, y

d) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión.

B. Para el registro y seguimiento de los proyectos de inversión de alcance estatal o municipal, organizará el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México (PANPIEMA).

I. Éste deberá ser un instrumento de información que permita planificar las inversiones que con recursos presupuestales se realizarán en entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Su publicación deberá permitir evaluar el respeto del orden de prioridades en la asignación de recursos.

II. Deberá contener:

a) Costo total y monto de recursos  a ejercer cada año; sector y ramo administrativo correspondiente; dependencia, institución o persona física o moral responsable de desarrollarlo; ubicación de cada proyecto, su situación e impacto social y económico, así como su costo-beneficio;

b) A partir de los informes que deben presentar los beneficiarios, establecer avance en la construcción, la transparencia y eficiencia en la aplicación de los recursos, considerando el cumplimiento de las metas anuales, según los plazos de inversión.

c) Resultados del proyecto, su  eficacia respecto a sus objetivos directos y evaluación respecto del impacto esperado. La vida útil previsible de las inversiones, señalando las necesidades de la población que serán atendidas con dicha inversión.

d) Esquema de financiamiento, participación presupuestal, y, en su caso, distribución de la participación entre público y privado

e) Sector o ramo administrativo al que corresponde el proyecto de inversión y opinión del área correspondiente.
f) Criterios de prioridades, con información sobre población beneficiada, condiciones de vida, entorno, vinculación con otras inversiones, así como su importancia estatal o regional.

Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por la Secretaría;

III. En el proceso de registro la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con el apoyo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

IV. El registro definitivo en el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México (PANPIEMA) es condición sin la cual no se les podrán asignar recursos presupuestales. Los proyectos que no tengan el registro definitivo antes del 30 de junio no se deberán considerar para el presupuesto de egresos del año siguiente. Los proyectos que no reciban asignación de recursos no se eliminarán del padrón y podrán ser mejorados o no, pero si se podrán considerar para que se les asignen recursos en el ejercicio siguiente..

V. El Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México, deberá permitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública definir en función de las prioridades los proyectos que deberán recibir recursos.

VI. Excepto del 30 de junio al 31 de julio, los solicitantes se podrán registrar el resto del año en el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México.

VII. Sólo serán considerados en el Presupuesto de Egresos los proyectos de inversión que el 30 de junio ya contaban con el registro definitivo en el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México.
VIII. Entre el 1 de agosto y el día 15 de ese mes, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, podrán recibir y analizar las opiniones de quienes, habiendo cumplido antes del 30 de junio con todos los requisitos establecidos para el registro definitivo en el padrón, consideren que la prioridad de sus proyectos no fue debidamente evaluado. A más tardar el 31 de agosto, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el área especializada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberán presentar su propuesta definitiva, estableciendo además de la información del padrón, el criterio para priorizar, por segmentos, los proyectos de magnitud estatal y municipal.  

En la preparación del Presupuesto de Egresos para el año fiscal siguiente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerará el resultado de esa coordinación, especificando los proyectos de inversión que se atenderán con recursos presupuestales en función de los ingresos esperados. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá conocer y analizar la propuesta que se presente el 31 de agosto, porque salvo observaciones o información adicional que presenten al pleno los integrantes de la Comisión, que pudieran fortalecer o debilitar algún proyecto, el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México (PANPIEMA) será un insumo en la elaboración final del presupuesto.

Artículo 109.- La información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como la relativa a los análisis costo y beneficio, a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, se pondrá a disposición del público en general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, la dependencia o entidad considere como reservada. En todo caso, se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 


La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para el manejo de información de los activos financieros disponibles de las dependencias y entidades de la administración pública federal. El órgano interno de control de cada dependencia o entidad será el encargado de vigilar que se cumpla con las reglas señaladas.

Artículo 109.- La información de la cartera de programas y proyectos de inversión y del Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México (PANPIEMA), así como la relativa a los análisis costo y beneficio, a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, se pondrá a disposición del público en general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, la dependencia o entidad considere como reservada. En todo caso, se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para el manejo de información de los activos financieros disponibles de las dependencias y entidades de la administración pública federal. El órgano interno de control de cada dependencia o entidad será el encargado de vigilar que se cumpla con las reglas señaladas.

Consideramos que este Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México (PANPIEMA) puede ser una solución al esquema que opera actualmente, en el que sólo hasta algunas semanas antes de la aprobación del Presupuesto los Diputados cuentan con alguna idea de lo que van a aprobar para inversión en las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 109 y se adiciona un inciso B al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, la Secretaría administrará dos padrones distintos: A. La cartera de programas y proyectos de inversión que promueven, programan, acuerdan, ejecutan, contratan, asignan o concesionan directamente las dependencias y entidades del gobierno federal; B. El padrón de los programas y proyectos de inversión que con recursos presupuestales diferentes a aportaciones y participaciones promueven y gestionan para llevar a cabo y/o contratar las  entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. 

A. Para el padrón que registra la cartera de programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el Reglamento:

I.IV.

B. Para el registro y seguimiento de los proyectos de inversión de alcance estatal o municipal, organizará el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México (PANPIEMA).
I. Éste deberá ser un instrumento de información que permita planificar las inversiones que con recursos presupuestales se realizarán en entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Su publicación deberá permitir evaluar el respeto del orden de prioridades en la asignación de recursos.

II. Deberá contener:

a) Costo total y monto de recursos  a ejercer cada año; sector y ramo administrativo correspondiente; dependencia, institución o persona física o moral responsable de desarrollarlo; ubicación de cada proyecto, su situación e impacto social y económico, así como su costo-beneficio;

b) A partir de los informes que deben presentar los beneficiarios, establecer avance en la construcción, la transparencia y eficiencia en la aplicación de los recursos, considerando el cumplimiento de las metas anuales, según los plazos de inversión.

c) Resultados del proyecto, su eficacia respecto a sus objetivos directos y evaluación respecto del impacto esperado. La vida útil previsible de las inversiones, señalando las necesidades de la población que serán atendidas con dicha inversión.

d) Esquema de financiamiento, participación presupuestal, y, en su caso, distribución de la participación entre público y privado

e) Sector o ramo administrativo al que corresponde el proyecto de inversión y opinión del área correspondiente.

f) Criterios de prioridades, con información sobre población beneficiada, condiciones de vida, entorno, vinculación con otras inversiones, así como su importancia estatal o regional.

Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por la Secretaría;

III. En el proceso de registro la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con el apoyo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

IV. El registro definitivo en el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México (PANPIEMA) es condición sin la cual no se les podrán asignar recursos presupuestales. Los proyectos que no tengan el registro definitivo antes del 30 de junio no se deberán considerar para el presupuesto de egresos del año siguiente. Los proyectos que no reciban asignación de recursos no se eliminarán del padrón y podrán ser mejorados o no, pero si se podrán considerar para que se les asignen recursos en el ejercicio siguiente..

V. El Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México, deberá permitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública definir en función de las prioridades los proyectos que deberán recibir recursos.

VI. Excepto del 30 de junio al 31 de julio, los solicitantes se podrán registrar el resto del año en el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México.

VII. Sólo serán considerados en el Presupuesto de Egresos los proyectos de inversión que el 30 de junio ya contaban con el registro definitivo en el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México.

VIII. Entre el 1 de agosto y el día 15 de ese mes, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, podrán recibir y analizar las opiniones de quienes, habiendo cumplido antes del 30 de junio con todos los requisitos establecidos para el registro definitivo en el padrón, consideren que la prioridad de sus proyectos no fue debidamente evaluado. A más tardar el 31 de agosto, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el área especializada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberán presentar su propuesta definitiva, estableciendo además de la información del padrón, el criterio para priorizar, por segmentos, los proyectos de magnitud estatal y municipal.  

En la preparación del Presupuesto de Egresos para el año fiscal siguiente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerará el resultado de esa coordinación, especificando los proyectos de inversión que se atenderán con recursos presupuestales en función de los ingresos esperados. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá conocer y analizar la propuesta que se presente el 31 de agosto, porque salvo observaciones o información adicional que presenten al Pleno los integrantes de la Comisión, que pudieran fortalecer o debilitar algún proyecto, el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México (PANPIEMA) será un insumo en la elaboración final del presupuesto.

Artículo 109.- La información de la cartera de programas y proyectos de inversión de las dependencias y entidades y del Padrón Nacional de Proyectos de Inversión Estatales, Municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México (PANPIEMA), así como la relativa a los análisis costo y beneficio, a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, se pondrá a disposición del público en general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, la dependencia o entidad considere como reservada. En todo caso, se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos del presupuesto del ejercicio 2017, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá aprobar el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017, así como el de las solicitudes de gestión propuestas por los legisladores, a más tardar el 15 de septiembre del 2016, para efectos de las modificaciones pertinentes al proyecto de presupuesto con el objeto de atender las solicitudes de gestión de recursos de ayuntamientos de los Estados y de las Delegaciones de la Ciudad de México.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 20 de julio de 2016.

Dip. Juan Romero Tenorio.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PUBLICADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013; Y SE ABROGA LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Maynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito JORGE ÁLVAREZ MAYNEZ, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece; y se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, expedida mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el once de septiembre de dos mil trece, bajo la siguiente:

Exposición de motivos

La reforma educativa, han explicado distintos académicos, parte de una premisa aventurada: el magisterio es la fuente de la deficiencia en el aprendizaje de los alumnos. Y partiendo de esta premisa, el prejuicio -como lo describe Manuel Gil Antón- hacia los maestros es que están mal preparados, por lo que es necesario evaluarlos, a fin de reemplazar a los malos maestros, por otros mejor calificados.

Sin embargo, este erróneo diagnóstico dejó de lado otros factores igual de importantes en el desarrollo del alumno, y su aprendizaje, tales como la falta de una visión renovada de la educación, los planes y programas de estudios, materiales, condiciones escolares, desigualdad social y las condiciones socioeconómicas que rodean a los alumnos.1

Como resultado, la reforma educativa se centró, en evaluar a los maestros, sin plantear un proyecto educativo de nación. Es decir, no hay propuesta alguna de un nuevo modelo educativo, sino una modificación en la gestión del sistema en el ingreso, promoción y permanencia de los maestros. Se trata, pues, de una reforma administrativa, mas no educativa.

Por si fuera poco, los resultados de la Evaluación al Desempeño de los docentes en Educación Básica, demuestran que la premisa planteada fue falseada: el 7.9% de los maestros evaluados, fue calificado como “Destacado”; el 40.6%, como “Bueno”; el 37.7%, “Suficiente”; y sólo el 13.8% recibió una calificación “Insuficiente”. Es decir, el 86.2% de los maestros son aptos.2

De igual manera, respecto de la Educación Media Superior: el 3.03% de los docentes recibió una calificación ”Excelente”; el 5.63%, “Destacado”; el 42.01%, como “Bueno”; el 32.07%, “Suficiente”; y sólo el 17.26% fue calificado como “Insuficiente”.3

Así, el principal objetivo de la reforma educativa, la evaluación de los maestros, no ha tenido, evidentemente, el impacto anunciado por el Gobierno Federal en la calidad de la educación; por el contrario, ha traído como consecuencia descontento al interior del magisterio, y una serie de cuestionadas consecuencias para este gremio de toda índole, tanto legales, laborales, administrativas, y de estigmatización social.

Es así que, con la implementación de la reforma, no se está garantizando el derecho de todos a una educación de calidad. Los resultados presentados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en su informe de 2016, demuestran que los principales retos que enfrenta el Estado para garantizar el mandato Constitucional, no han sido contemplados ni atacados.

Claro ejemplo de ello, es la inequidad en la educación. Los datos demuestran que sólo el 20% de los niños de 12 a 14 años, y poco más del 50% de adolescentes entre 15 y 17 años, en situación de pobreza extrema, asistieron a la escuela.4

A nivel preescolar de los poco más de 4.1 millones de niños inscritos, sólo el 10% fueron niños provenientes de comunidades indígenas. En primarias públicas, de un total de 13 millones de alumnos, 93 de cada 100 se inscribieron a una escuela general, y sólo 6 de cada 100 a una ubicada en una comunidad indígena.5

Por su parte, de los 6.3 millones de estudiantes que se inscribieron a secundarias públicas: 47% fueron en el servicio general, 30% en las secundarias técnicas y 23% en telesecundarias.6

Las escuelas comunitarias, destinadas a población rural dispersa y grupos migratorios, captan en los 3 niveles la menor matrícula y aún así son relativamente numerosas. Más de la cuarta parte de los preescolares son comunitarios, pero sólo atienden 4% del total de alumnos; en educación primaria 12 de cada 100 escuelas son comunitarias, y sus estudiantes representan menos de 1% del total del nivel; en secundaria, 9 de cada 100 escuelas son comunitarias, pero su matrícula es menor a 1% del total.7

Respecto de la Educación Media Superior, la tasa neta de cobertura es del 57.5% del total de la población.8

Así, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más, equivale a la secundaria completa, ya que la posibilidad de permanencia en la escuela disminuye conforme se avanza entre niveles educativos, sobre todo para poblaciones vulnerables, lo que provoca que, apenas el 51% de la población entre 20 y 24 años tenga al menos cursada la Educación Media Superior.9

En esa tesitura, los grupos más vulnerables, víctimas de esta inequidad, son: el de los hijos de jornaleros agrícolas que migran en busca de trabajo temporal y el de indígenas.

El 85% de los hijos de jornaleros agrícolas están excluido de los servicios educativos. La tasa de analfabetismo entre los jornaleros agrícolas de 15 años y más es de 18%, a la vez que su promedio de escolaridad es de 4.5 años.10

Por su parte, el 50% de los maestros en escuelas indígenas no habla ni entiende el idioma de sus estudiantes, y el 43% de los maestros en escuelas indígenas no cuentan con materiales didácticos en sus lenguas.11

Por si fuera poco, las mayores carencias en cuanto a las condiciones materiales y servicios básicos, se encuentran en las escuelas indígenas y comunitarias, donde más de la mitad no tiene agua todos los días de la semana, y entre una tercera parte y casi la mitad carecen de energía eléctrica.12

Asimismo, el 5.1% de los estudiantes reporta haber sido reprendido o castigado por hablar alguna lengua indígena dentro de la escuela, proporción que se incrementa hasta tres veces en las escuelas indígenas multigrado (15.8%).13

Como resultado de esta inequidad, en educación primaria, el 80% de los alumnos de escuelas indígenas se encuentra en el nivel Insuficiente en Lenguaje y Comunicación, y 83% en Matemáticas.14

Es así que, la implementación de la reforma administrativa no resolverá por sí sola el rezago educativo; para resolver el desastre educativo nacional, es necesario combatir las causas de dicho rezago educativo, es decir, al Sistema Educativo en su conjunto, por injusto y desigual -en palabras de Manuel Gil Antón-.

Por tanto, la llamada reforma educativa, en términos prácticos, es una reforma sin proyecto educativo -como ha explicado Manuel Gil Antón-, que pretende cambiar todo, en apariencia, para no cambiar; privilegiando el status quo en la relación corporativa entre la Secretaría de Educación Pública y el aparato de control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en detrimento de la garantía del derecho de todos a una educación de calidad.

En consecuencia, la presente propuesta pretende revertir los cambios realizados mediante la llamada reforma educativa, a fin de que todos los sectores de la sociedad involucrados en la educación -que somos todos-, tengan oportunidad de discutir a fondo el sistema educativo de nuestro país, y proponer un nuevo modelo educativo, que ponga al centro al alumno, y sea esta la base a partir de la que se construya un nuevo proyecto educativo de nación.

Por ende, derogar las disposiciones contenidas en el decreto de la reforma educativa, y abrogar la Ley de Servicio Profesional Docente, permitiría revertir el daño hecho al magisterio, pues implicaría regresar la estabilidad en el empleo de la que los maestros gozaban, y poner fin a la precarización de las condiciones laborales, y así, establecer las condiciones óptimas para plantear, entre todos los actores, un nuevo proyecto educativo de nación.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE; Y SE ABROGA LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

Artículo Primero. Se derogan las disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece.

Artículo 2o.- (Se deroga).

...

(Se deroga).

Artículo 3o.- (Se deroga).

Artículo 6o.- (Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

Artículo 8o.- (Se deroga).

I.- ...

II.- (Se deroga);

III.- (Se deroga), y

IV.- (Se deroga).

Artículo 10.- ...

...

I.- (Se deroga);

II.- ...

III.- (Se deroga);

IV. y V.- ...

VI.- (Se deroga);

VII.- (Se deroga);

VIII. (Se deroga);

IX.- (Se deroga), y

X.- (Se deroga);

...

(Se deroga).

Artículo 11.- ...

...

I. a III.- ...

IV.- (Se deroga).

V.- (Se deroga):

a. (Se deroga);

b. (Se deroga), y

c. (Se deroga);

VI. (Se deroga).

Artículo 12.- ...

I. ...

(Se deroga);

II. a V.- ...

V Bis.- (Se deroga).

(Se deroga).

VI.- (Se deroga);

VII.- (Se deroga).

VIII. a IX Bis.- ...

X.- (Se deroga);

XI.- ...

XII.- (Se deroga);

XII Bis.- (Se deroga);

XIII. y XIV.- ...

Artículo 13.- ...

I. a III.- ...

IV.- (Se deroga);

V. a VI Bis.- ...

VII.- (Se deroga).

(Se deroga);

VIII.- (Se deroga), y

IX.- …

Artículo 14.- ...

I.- ...

I Bis.- (Se deroga);

II.- ...

II Bis.- (Se deroga);

III. a XI.- ...

XI Bis.- (Se deroga);

XII.- ...

XII Bis.- (Se deroga);

XII Ter.- (Se deroga);

XII Quáter.- (Se deroga);

XII Quintus.- (Se deroga), y

XIII.- ...

...

Artículo 15.- ...

(Se deroga).

...

...

Artículo 16.- (Se deroga).

...

...

Artículo 20.- ...

I.- ...

II.- (Se deroga);

III. a IV.- ...

...

Artículo 21.- (Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

Artículo 24 Bis.- (Se deroga).

(Se deroga).

Artículo 25.- ...

...

...

...

(Se deroga).

Artículo 28 bis.- (Se deroga).

(Se deroga):

I.- (Se deroga);

II.- (Se deroga), y

III.- (Se deroga).

Artículo 29.- (Se deroga):

I.- (Se deroga).

II.- (Se deroga).

 III.- (Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

Artículo 30.- (Se deroga).

(Se deroga).

...

Artículo 31.- (Se deroga).

Artículo 32.- (Se deroga).

...

Artículo 33.- ...

I. a III.- ...

IV.- (Se deroga);

IV Bis.- (Se deroga);

V.- ...

VI.- (Se deroga);

VII. y VIII.- ...

IX.- (Se deroga);

X. a XIII.- ...

XIV.- (Se deroga);

XV.- (Se deroga);

XVI.- (Se deroga), y

XVII.- (Se deroga).

...

Artículo 34.- ...

(Se deroga).

Artículo 41.- ...

...

...

...

(Se deroga).

Artículo 42.- ...

(Se deroga).

...

Artículo 44.- ...

...

(Se deroga).

...

Artículo 48.- ...

(Se deroga).

...

(Se deroga).

...

Artículo 56.- ...

(Se deroga).

(Se deroga).

...

Artículo 57.- ...

I.- (Se deroga);

II. a V.- ...

Artículo 58.- (Se deroga).

...

...

...

(Se deroga).

(Se deroga).

Artículo 59.- ...

(Se deroga).

Artículo 65.- ...

I.- ...

II.- (Se deroga);

III. a V.- ...

VI.- (Se deroga);

VII.- (Se deroga);

VIII.- (Se deroga);

IX.- (Se deroga);

X.- (Se deroga);

XI.- (Se deroga), y

XII.- (Se deroga).

Artículo 67.- ...

I. y II.- ...

III.- (Se deroga);

IV. y V.- ...

...

...

Artículo 69.- ...

(Se deroga).

...

a) a f) ...

g) (Se deroga);

h) a o) ...

...

Artículo 70.- (Se deroga).

...

a) a m) ...

...

...

Artículo 71.- (Se deroga).

...

Artículo 72.- (Se deroga).

Artículo 75.- ...

I. a XI.- ...

XII.- (Se deroga);

XIII. y XIV.- ...

XV.- (Se deroga);

XVI.- (Se deroga), y

XVII.- (Se deroga).

Artículo Segundo. Se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas a la Ley General de Educación correspondientes, a más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.

Para los efectos del párrafo anterior el Poder Legislativo deberá, involucrar a todos los actores del sector educativo, diseñar un proceso de diálogo, para lo cual implementará debates, foros, conferencias y mesas de trabajo, con trabajadores de la educación, padres de familia, estudiantes, investigadores, especialistas y académicos, cuyo resultado tendrá impacto en las adecuaciones normativas que den cumplimiento a los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de la Constitución.

Tercero. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ejercerán sus funciones en ejercerá sus atribuciones y competencia conforme al Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012, en lo que no se oponga al presente Decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en dicho ordenamiento para el Órgano de Gobierno y la Junta Técnica serán ejercidas por la Junta de Gobierno del Instituto, y las de la Presidencia por el Presidente de la Junta de Gobierno, hasta en tanto el Congreso de la Unión expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

RÚBRICA

Dip. Jorge Álvarez Maynez.

1 GIL Antón, Manuel, La reforma educativa: el fin de un prejuicio, El Universal, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-anton/nacion/2016/03/1/la-reforma-educativa-el-fin-de-un.

2 La educación obligatoria en México. Informe 2016., Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, disponible en: http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/informe_2016/Informe2016130516.pdf

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Ibid.

13 Ibid.

14 Ibid.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 162 Y ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY ADUANERA

(Presentada por el Diputado Cirilo Vázquez Parissi, del grupo parlamentario del PRI)

CIRILO VÁZQUEZ PARISSI, Diputado Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DEDECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 162 Y, ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY ADUANERA, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El artículo 400 bis del Código Penal Federal tipifica la descripción de operaciones con recursos de procedencia ilícita, denominado en otras legislaciones como blanqueo de capitales, lavado de activos y conocido coloquialmente como lavado de dinero.

En agosto de 2010, el Gobierno Federal presentó la Estratega Nacional para la prevención y el combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. Los objetivos de la iniciativa se orientaron en impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias, y judicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia.

A partir del 2012 se instrumentaron diversas acciones para prevenir y sancionar el lavado de activos, desde la promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (o Ley contra el Lavado de Dinero), la creación del hoy desaparecido Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE), así como la delineación de reglas para regularizar las operaciones con dólares en efectivo y el rastreo de flujos monetarios vía el fomento de las transacciones electrónicas.

Para efectos de la Ley contra el lavado de dinero,  se entenderán como “Actividades Vulnerables” [Artículo 17] y  por lo tanto, objeto de obligaciones de identificación (y aviso ante las autoridades de conformidad con el Reglamento de dicha Ley), entre otras, “la prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera”.

La Ley establece [artículo 59] que la patente de Agente será cancelada en aquellos casos a quien incumpla u omita la obligación de presentar Avisos por operaciones atípicas y/o actividades vulnerables.

Ahora bien, de acuerdo a Naciones Unidas las esferas del sector público comúnmente susceptibles a la corrupción, son la policía y las autoridades fiscales y de aduanas.

El Documento “Anatomía de la Corrupción”, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Instituto Mexicano de la Competitividad(IMCO), señala que México ha mantenido una agenda intensa de reformas para combatir y prevenir la corrupción cuyos cambios han sido más en el nivel discursivo que legal. Las acciones emprendidas se han centrado en medidas paliativas que se orientan en la capacitación a servidores públicos sobre estrategias para erradicar malas prácticas de gobierno, y agregaría, dejando de lado la actividad de los particulares en el círculo pernicioso de la corrupción. Destaca el documento de análisis que el Estado ha implementado mecanismos legales para mejorar la supervisión financiera y prevenir el lavado de dinero.

Es el caso de la Ley contra el lavado de dinero, la cual sienta las bases para que actividades vulnerables a este delito, como es la que realizan los agentes aduanales, tengan obligaciones que de cumplirse de forma adecuada ayuden a las autoridades a fomentar operaciones de comercio exterior transparentes, apartadas de la ilicitud. 

De acuerdo al reporte de la fase 3 de implementación de la Convención Anti-Cohecho de la OCDE de 2011, en México existe un significativo problema de coordinación entre distintas agencias gubernamentales en el combate a delitos de corrupción, falta de entrenamiento adecuado a funcionarios para emprender investigaciones complejas en materia de finanzas internacionales, baja prioridad de la persecución de delitos como el lavado de dinero y el crimen organizado.

Es importante destacar también que, se estima que los agentes aduanales recaudan el 44% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) nacional.  Según la  Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), del 100% de la carga que entra y sale al país, el 94%, se realiza a través de los agentes aduanales, eso nos permite afirmar que el Agente Aduanal es uno de los principales aliados estratégicos tanto del sector público como del privado en la lucha contra la corrupción.

La misma Confederación de Agentes Aduanales ha subrayado la importancia de que sus agremiados a través de su actividad cotidiana auxilien a las autoridades para prevenir, identificar y dar avisos temprano sobre actividades de comercio exterior que traigan aparejados esquemas de lavado de dinero al ser un sector vulnerable, entre otros supuestos que destacan experiencias internacionales, son el enorme volumen de flujos comerciales, entre los que se pueden mencionar: el uso de múltiples transacciones y conversiones de divisas y el ingreso de artículos de fácil comercialización, generalmente en forma clandestina.

Por citar un ejemplo, en 2015, fueron embargadas de manera precautoria, mil 327 toneladas de productos siderúrgicos con un valor en aduana de 23.4 millones de pesos por "incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias”.

En 2014, unos 180 servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibieron una sanción administrativa o siguen un proceso penal por uso indebido de sus funciones; y de estos, 73 oficiales de aduana fueron retirados del cargo por pérdida de confianza. Tan sólo en 2014 se recibieron 13 mil denuncias, 40% de ellas fue solamente de funcionarios de aduanas, informo la dependencia.

La necesidad de controles más fuertes para combatir la corrupciónen el sector aduanero debe ser una prioridad de la administración federal, una respuesta a ello puede constituir la sistematización y la automatización, a través de la inversión y el uso intensivo de los nuevos recursos tecnológicos, a fin de eliminar los márgenes de discrecionalidad hasta ahora existentes.

De acuerdo al IMCO, los trámites en aduanas tienen una alta percepción de corrupción con un 4,5% en una escala donde 1 es nada corrupto y 5 es extremadamente corrupto, sin representar una métrica real para conocer el nivel de corrupción que existe.

Bulgaria ha instrumentado diversos recursos estadísticos para medir los niveles de corrupción en las aduanas. La metodología de comparación en espejo, es una forma de monitoreo de la sociedad civil que ha sido desarrollada por el país europeo para realizar una comparativa entre los bienes exportados al país vecino, Rumania, de acuerdo al contenido de documentos de importación de dicho país. Los resultados de la métrica revelaron una variedad de fraudes aduanales en el tránsito de mercancías, circunstancia de la que México no es ajena.

Por su parte, la Agencia norteamericana de Aduanas y Protección Fronteriza ha detectado que a menudo agentes aduanales se coluden con delincuentes para perpetrar la comisión de operaciones criminales dentro de Zonas de Libre Comercio. Documentación falsa en las cartas de porte de embarque y los nombres y direcciones ficticias se utilizan para falsificar las importaciones y exportaciones. En este sentido, la CEPAL advierte que en Latino América el tráfico de contenedores se concentra en cuatro países, siendo estos Brasil, Panamá, Chile y México, generando elevados costos de logística.

El FinancialSecrecyIndex de 2015 publicado el dos de noviembre por TaxJustice Network (TJN) que mide el secretismo del sector bancario y fiscal del planeta, ubica a México en la posición 52 del ranking mundial, observando que el país cumple parcialmente con las normas internacionales contra el lavado de dinero e intercambio automático de información.

Debe destacarse también, que en México, de acuerdo con la OCDE, el costo de la logística representa cerca de 20%, en comparativo con un 9% en otras partes del mundo, por lo que la mejora en la inspección aduanera se estima necesaria para reducir costos y márgenes de discrecionalidad que puedan dar pauta a “actividades vulnerables”. Entre las mejoras que pueden destacarse, están: 1) establecer una sola inspección en las fronteras para todos los productos con formatos prellenados, 2) permitir el pase automático para aquellas mercancías que cumplan con estándares internacionales y que tengan un historial de riesgo bajo, 3) estandarizar los procesos de verificación e incluirlos dentro de los estándares de los productos para que los que cumplan cierto estándar ya no tengan que ser verificados, 4) reconocer los procesos de verificación de otros países para reducir las barreras sanitarias. 

En este mismo sentido el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC)  estima que las simplificaciones regulatorias adoptadas por la SHCP en septiembre de 2014, para agilizar el tránsito de mercancías y evitar duplicidades en los trámites aduaneros, no está cumpliendo su cometido y representan una respuesta pragmática que permite puertas giratorias a la corrupción.

Es de estimarse, finalmente, que un buen funcionamiento de las aduanas y de trámites vinculados a la actividad comercial puede convertirse en un factor determinante para aumentar la competitividad de diversos sectores de la economía.

A través de la implementación de medidas efectivas y eficientes de control de aduanas se contribuirá a la prosperidad económica nacional, a través de la recaudación de impuestos; el desarrollo económico, facilitando del comercio; la salud pública y la seguridad, a través de la supresión del tráfico ilícito, y la seguridad nacional, a partir de la prevención y la detección de contrabando de zona restringida, prohibida y productos estratégicos.

El papel de las Aduanas, y por ende de los Agentes Aduanales debe orientarse efectivamente a garantizar el transparente y lícito tránsito de mercancías a través de las fronteras. En el cumplimiento de este mandato, los Agentes están involucrados en una amplia gama de actividades que van desde la lucha contra el fraude comercial; la falsificación; el contrabando de mercancías altamente gravadas (tales como cigarro, alcohol y gasolina para motores) hasta el tránsito de efectivo, piedras preciosas e incluso drogas; el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; delitos electrónicos; tráfico de vida silvestre; tráfico de órganos, el contrabando de armas, materiales nucleares, sustancias que dañan el ozono, residuos tóxicos, armas de destrucción masiva y el tráfico de bienes culturales.

De acuerdo al Consejo de Estabilidad Financiera del G-20, el marco regulatoria en la lucha y prevención del lavado de dinero debe asegurar la capacidad de gestionar los riesgos sistemáticos que puedan derivarse de los cambios tecnológicos sin sofocar la innovación; en este sentido los Agentes Aduanales juegan un papel primordial para detectar oportunamente cualquier actividad vulnerable, y es a través de la implementación de soluciones tecnológicas, bajo estrictas medidas de control, el medio para cumplir las estrategias de prevención, detección y reporte de éstas.

La Auditoria Superior de la Federación ha subrayado que la importancia de las Tecnologías de Información y Comunicación, no sólo hace más eficiente el trabajo gubernamental, sino que su uso permite optimizar recursos, reducir plazos, vincular, integrar y divulgar la información, analizar e implementar políticas de datos abiertos, evaluar riesgos y promover la participación de la sociedad, además de impactar positivamente en cerrar espacios para la comisión de actos irregulares, generar transparencia y publicidad de la información.

Desde esta perspectiva, el uso de tecnologías de información y comunicación, se vuelve en el insumo necesario para la moderna operación de las Aduanas y el trabajo diario de los Agentes Aduanales. Permitiendo oportunamente la evaluación de riesgos y el intercambio pertinente y exacto de información e inteligencia, y la detección del fraude, como es la  identificación de carga de alto riesgo antes de su llegada a la frontera, utilizando los datos de los manifiestos comerciales para definir la fuete, destino y propósito de tránsito.

Actualmente, la Ley ya prevé que los sujetos que realizan actividades vulnerables, tengan la obligación de presentar avisos en términos de lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a través de los medios electrónicos y formatos establecidos, previendo expresamente para el caso de notarios y corredores públicos realizar éstos mediante los medios de información y declaración previstos en las disposiciones fiscales para el cumplimiento de sus obligaciones, particularidad que bien puede extrapolarse para el caso de los Agentes Aduanales, estandarizando procedimientos para reducir márgenes de discrecionalidad y opacidad que hoy existen en su actividad diaria, de conformidad con la obligación de transmitir y presentar información y documentación que ya prevé la Ley Aduanera a través del empleo de un sistema electrónico, siguiendo los estándares internacionales para intercambio de información dados por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) e incluyendo el desarrollo y uso de software autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para la prevención de fraudes y uso de facturas falsas, así como para identificar oportunamente transacciones sospechosas en puertos y cruces fronterizos, previo concurso y licitación pública que se haga al respecto.

Como podemos observar, hemos avanzado en la discusión y aprobación de un nuevo modelo de lucha frente a la corrupción en México. A pesar de las críticas, dichas reformas comparten el sentir de los mexicanos frente al hartazgo de la impunidad, atentos a que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar una protección efectiva.

Y atentos, a lo expresado por JimYong Kim, Presidente del Banco Mundial, en la pasada Cumbre contra la Corrupción celebrada en Londres, en el sentido de que es tiempo de avanzar más y hacer un llamado a los Gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los organismos internacionales en el marco de una nueva agenda basada en el pedido de transparencia y responsabilidad formulado por los ciudadanos, una agenda que se valga del aporte de todos los asociados y todos los instrumentos disponibles, incluyendo la innovación y la tecnología para impulsar un cambio profundo del modo de actuar de los corruptos.

Razones por las que someto a la consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que dice:

Decreto que reforma la fracción XIV del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y la fracción III del artículo 162 y adiciona la fracción XII del artículo 165 de la Ley Aduanera.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XIV del 17 de la Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,  para quedar como sigue:

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

I a XIII (…)

XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: 

a) al  f) (…)

Las actividades anteriores serán objeto de Aviso en todos los casos antes señalados, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley; los Avisos a que se refiere este apartado se harán mediante el sistema electrónico de alertas tempranas autorizado por la Secretaria, en el que se informará la fuete, destino y propósito del tránsito de mercancías así como la información pertinente de pedimentos y facturas de importación y exportación. La Secretaria expedirá el Reglamento correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley.

XV  (…)

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción III del artículo 162 y se adiciona la fracción XII al artículo 165 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 162.- Son obligaciones del agente aduanal:

I a II (…)

III. Rendir el dictamen técnico cuando se lo solicite la autoridad competente y dar aviso oportuno de cualquier actividad vulnerable, en términos de lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 17 de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mediante el uso del sistema electrónico de alertas autorizado por la Secretaria.

IV a XIV (…)

Artículo 165.-Será cancelada la patente de agente aduanal, independientemente de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas, por las siguientes causas:

I a XI (…)

XII. Encontrarse en los supuestos que establece el artículo 59 de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo. Posterior a su publicación, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el término de noventa días, expedirá el Reglamento correspondiente y emitirá las bases de la convocatoria respectiva para la licitación del desarrollo de software de alertas que deberán emplear los Agentes Aduanales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 20 de julio de 2016.

Dip. Cirilo Vázquez Parissi.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LEY DE AEROPUERTOS

(Presentada por el Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, ALFREDO JAVIER RODRÍGUEZ DÁVILA, Diputado integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LEY DE AEROPUERTOS, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México operan 58 aeropuertos comerciales a través de los cuales se transportaron más de 65 millones de personas tan sólo en el año 2014, de acuerdo a cifras de la Dirección de Aeronáutica Civil. La expansión en el mercado aéreo ha permitido también crecimiento del tráfico en las terminales, lo que se ha traducido en mayores ganancias para sus concesionarios a través de los ingresos que generan los diversos servicios que en los aeropuertos se ofrecen, así como los derechos que cobran por el uso de sus instalaciones.

Entre estas tarifas destaca la que pagan los usuarios de vuelos comerciales por hacer uso del aeropuerto. De acuerdo al artículo 51 del Acuerdo que autoriza las tarifas y su aplicación por los servicios aeroportuarios y complementarios que presta el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares y las empresas de participación estatal mayoritaria, concesionarias de los aeropuertos que forman parte del Sistema Aeroportuario Mexicano, esta tarifa “se aplicará a las personas que en calidad de pasajeros nacionales o internacionales en vuelos de salida usen las instalaciones de los edificios terminales de pasajeros”.

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA por sus siglas) es aplicada al usuario dependiendo su destino, es decir, TUA Nacional si se trata de un vuelo dentro de la República Mexicana y TUA Internacional  si el destino final es el extranjero. Es posible ver una muestra de cómo se emplea esta tarifa utilizando los valores vigentes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta terminal, la cual se concentra la tercera parte del tránsito aéreo del país, la TUA nacional es de $22.37 y la internacional es de $34.78, ambas cifras expresadas en dólares americanos.1

A pesar de que estas cifras pueden representar una parte importante del costo del vuelo, no existen obligaciones directas del concesionario al usuario, lo que hace que en muchas ocasiones el servicio prestado por el aeropuerto sea deficiente y cause molestias a los pasajeros.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ley de Aeropuertos en su Capítulo VIII De las tarifas y precios, señala únicamente la obligación de los concesionarios de registrar sus tarifas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes previo al inicio de su vigencia, sin embargo, no se especifica qué conceptos cubrirán esas tarifas ni quiénes serán los encargados de pagarlas, lo cual permite que los concesionarios fijen sus tarifas con cierta libertad. En lo referente a la Tarifa de Uso de Aeropuerto, la Organización de Aviación Civil internacional en sus Políticas sobre derechos aeroportuarios y por servicios de navegación aérea, recomienda que se realicen consultas a los usuarios sobre los derechos que se les cobran, particularmente cuando se trate de aumentos a los mismos:

17. Es importante consultar a los usuarios de los aeropuertos y de los servicios de navegación aérea antes de introducir cambios en los sistemas de imposición de derechos o en los niveles de los derechos.

18. El propósito de la consulta es asegurar que el proveedor proporcione a los usuarios información adecuada relativa a los cambios propuestos y considere debidamente los puntos de vista de los usuarios y las consecuencia que los derechos tendrán para ellos. Es deseable que los proveedores y los usuarios estén de acuerdo. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo, el proveedor puede imponer los derechos de que se trate, sujeto al derecho de apelación o a la determinación de un órgano independiente del proveedor, si lo hubiere. Si no hay un mecanismo de apelación, es aún más importante que proveedores y usuarios hagan lo posible por alcanzar un acuerdo sobre todo cambio en los sistemas de imposición de derechos o niveles de los mismos antes de su introducción.2

Sin embargo en los aeropuertos del país esto no ocurre, los concesionarios incrementan sus tarifas sin tener en cuenta la opinión del usuario. Muestra de esto puede verse en el aumento que tuvo el TUA del Aeropuerto de la Ciudad de México durante el año 2014, en el que esta tarifa para vuelos nacionales pasó de $206.97 a $285.67 lo que representa un aumento del 38%, mientras que la tarifa para vuelos internacionales pasó de $254.84 a $444.35 o que significa un incremento del 74 por ciento.3 Este aumento es solamente un ejemplo de los que se han dado durante los últimos años en todos los aeropuertos del país, en los que no se ha tomado en cuenta la opinión del usuario, que es quien utiliza la terminal para realizar viajes.

La Tarifa de Uso de Aeropuerto colocan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como uno de los más caros del mundo, superando las cobradas en los aeropuertos de ciudades como París, Madrid, Buenos Aires, Dubái, Londres, Shanghái, Tokio, Lisboa y Ámsterdam, por mencionar algunos.4

Por una parte se tienen tarifas que aumentan regularmente, y por otra un servicio que constantemente presenta problemas en su operación, lo cual produce en muchas ocasiones retrasos y cancelaciones de vuelos comerciales, afectando a un importante número de pasajeros.

La Ley de Aeropuertos en su artículo 46, es clara al señalar que la atención prestada al usuario debe mantener los principios de seguridad, eficiencia y calidad:

Corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad.

Sin embargo, no se contempla ningún mecanismo para que los usuarios del servicio de transporte aéreo regular sean compensados en caso de sufrir afectaciones debido a negligencias en el servicio prestado por la terminal.

La mayor parte de los pasajeros desconoce totalmente qué es el TUA y para qué se utiliza, a pesar de que es un cargo que la aerolínea traslada directamente al costo de sus boletos, lo cual puede representar hasta el 42% del valor de los mismos. Si los usuarios pagan está tarifa por el uso del aeropuerto, lo más justo es que se le otorgue el derecho a exigir un buen servicio. Al hacer responsables a los aeropuertos por las molestias causadas a los usuarios injustificadamente, y utilizar el reembolso de esta tarifa como mecanismo de compensación, los concesionarios se verán obligados a mejorar sus niveles operativos, minimizando situaciones que puedan perjudicar el correcto trabajo de las aerolíneas y por lo tanto al pasajero.

Los aeropuertos son monopólicos por naturaleza, los pasajeros no pueden elegir entre alternativas para realizar su viaje, escogen su aeropuerto de salida de acuerdo a la cercanía que tiene este con su lugar de origen. Ya que no existe competencia, los concesionarios no se esfuerzan por atraer usurarios, pues independientemente de que brinden un servicio de calidad o no, su uso es una necesidad. Por lo tanto, la única forma de obligar a los concesionarios a cumplir con su objetivo de operar de forma eficiente, es haciéndolos responsable por sus actos.

Por otra parte es necesario que los aeropuertos operen con transparencia, para que el usuario conozca en todo momento si existen problemas en las operaciones de la terminal y cuáles son las causas que los generan. Sólo de esta manera se podrán crear mecanismos claros y eficientes que permitan mejorar las condiciones de los aeropuertos en el país.

La presente iniciativa propone que en caso de que el usuario se vea afectado con retrasos o cancelaciones en la salida de su vuelo, por causas atribuibles a la administración u operaciones del aeropuerto, el pasajero sea compensado con la devolución de lo que pagó como Tarifa de Uso de Aeropuerto, independientemente de que haya realizado o no el traslado. Esto sin perjuicio a las sanciones que pudiera aplicar si se da el caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de conformidad con la Ley de Aviación Civil.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Mediante el cual se reforma al artículo 69 de la Ley de Aeropuertos

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

ARTICULO 69. Las tarifas correspondientes a los servicios aeroportuarios y complementarios en los aeródromos civiles de servicio al público, deberán registrarse ante la Secretaría de manera previa al inicio de su vigencia, y deberán hacerse del conocimiento de los usuarios.

Las tarifas correspondientes al uso del aeropuerto para los usuarios de los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo regular, serán susceptibles a ser retenidas y devueltas al usuario cuando se acredite que el transporte de este se vio afectado con retrasos o cancelaciones, si el origen de ello fuera por causas imputables a la administración u operaciones del aeropuerto, siempre y cuando esto no se deba a condiciones meteorológicas o de seguridad. La devolución será realizada al usuario a través del mismo medio en que se haya efectuado el pago, dentro de un periodo máximo de diez días naturales posteriores a su reclamación.

ARTÍCULO TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contarán con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a las demás disposiciones administrativas que posibiliten la materialización del mismo.

TERCERO.- Los concesionarios  de aeródromos civiles de servicio al público contarán con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para adecuar sus procedimientos con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas el mismo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 20 de julio de 2016.

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila.

1 Tarifas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Consultado el 07 de mayo de 2016. Disponible en http://www.aicm.com.mx/negocios/tarifas

2 Políticas de la OACI sobre derechos aeroportuarios y por servicios de navegación aérea, Sección I-3.

3 El Universal, Entra en vigor aumento de 74% del TUA en el AICM. Consultado el 4 de mayo de 2016. Disponible en http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/tua-aumento-980043.html

4 VALADEZ, Roberto, “El AICM es más caro que los aeropuertos de Londres, París y Madrid”, en Milenio. Consultado del 8 de mayo de 2016. Disponible en http://www.milenio.com/negocios/AICM-caro-Londres-Paris-Madrid_0_655134490.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO E) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 4 BIS 3 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El tema de inseguridad en México no es novedad, hoy todos, de una u otra forma la hemos sufrido, y debo insistir en los casos tan graves y que se han hecho públicos, de violencia en las carreteras y autopistas de nuestro país.

II. En kilómetros y kilómetros de nuestras carreteras existen robos, secuestros, violaciones, desapariciones y asesinatos. El año pasado el robo en carreteras repunto, de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los robos en carreteras en México registraron un aumento del 13%, la mayoría se concentraron en Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

III. Uno de los aspectos más golpeados es el económico, principalmente por la circulación de bienes, ya que el 43% de las importaciones y exportaciones se realizan a través del autotransporte de carga, y después tenemos el transporte de pasajeros, el turismo es la tercera fuente de ingresos para el país, después del petróleo y las remesas.

De acuerdo a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el gasto que empresas transportistas de carga realizan en materia de seguridad pasó de 6.0 a 12%. Los seguros del sector se encarecieron 20% para el rubro de robo. Según la Canacar, las pérdidas por robo a una unidad superan el millón y medio de pesos.

IV. Durante 2015 se tuvo un registro de 2,530 registros de robo en carreteras, de los cuales 2,007 fueron con violencia, 902 a camiones de carga, 158 a autobuses, 238 a vehículos particulares y 707 a “otros”.1

V. Prácticamente todas las organizaciones de transportistas, con base en los reportes de sus agremiados que lamentablemente llegan a ser víctimas de algún delito, tienen identificadas las carreteras, o más bien los tramos, donde se consuma el mayor número de ilícitos. También han podido percatarse de los días de la semana y los horarios en que el cúmulo delictivo se registra, incluso como los delincuentes tienen la habilidad de identificar los transportes que llevan la carga que les interesa, lo cual implica que la participación de las empresas del transporte es imprescindible en cualquier esfuerzo por recuperar y mantener la seguridad en los caminos.


CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 9º determina que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

SEGUNDA. Que en 2006 y en cumplimiento de este deber y desarrollo de dicha función, los tres órdenes de gobierno ante el recrudecimiento de la violencia y la intensificación de la presencia de grupos criminales en diversos estados expandiendo su actividad criminal pasando del trasiego de drogas al secuestro, asalto y extorsión así como a la trata de personas, dieron inicio a Operativos Conjuntos con el propósito de detener a los responsables, desarticular las organizaciones criminales y recuperar espacios públicos.

TERCERA. Que en 2007, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal formuló la Estrategia Integral para la Prevención del Delito y el Combate a la Delincuencia que ha permitido alinear las fuerzas y recursos del Estado mexicano en las tareas de Seguridad Pública. En este contexto, se observan nuevas formas de manifestación de la delincuencia entre las que destacan la comisión de ilícitos de índole patrimonial y contra la libertad de las personas en las carreteras. En algunas entidades federativas los grupos criminales toman el control absoluto de puntos concretos y por un período más o menos prolongado, es decir, de unas horas se dedican a detener a todo vehículo y deciden si se apoderan por estos medios violentos ya sea de la carga, del mismo vehículo o hasta de las personas mismas a bordo de las unidades. Lo más frecuente es que se hagan pasar por policías de alguna corporación estatal o federal, para lo cual se hacen y portan uniformes similares y usan las llamadas patrullas clonadas. En otros casos, simplemente al salir de una curva o de una pendiente los ciudadanos se encuentran súbitamente con conos en color naranja formando un carril de desaceleración hasta quedar encajonados casi sin oportunidad para detener la marcha y regresar por sus pasos para no caer en la trampa.

CUARTA. El Estado de México es un caso de principal atención, en marzo de 2015, para dar seguridad a miles de pasajeros que diario utilizan el transporte público el gobierno puso en marcha el operativo "Plan de Transporte Estatal Seguro”, que contempla 100 puntos de revisión aleatoria en 52 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Debido a las denuncias y casos graves que han existido desde entonces, es que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y el gobernador mexiquense Eruviel Ávila firmaron, el pasado 4 de julio del presente año, un convenio para ampliar este Plan Tres (Transporte Estatal Seguro) a las autopistas y carreteras que cruzan la entidad mexiquense, con la participación de la Gendarmería, Policía Estatal y municipales, Marina y el Ejército.

QUINTA. Que, si bien estas acciones contribuyen a resolver tan grave problema es necesario dejarlo claro en la ley dotando de responsabilidades especificas a los actores involucrados para permitir que los ciudadanos hagan efectivos sus derechos, en este caso, asegurando a las familias y al sector transportista, tanto de carga, de pasajeros o de turistas a que obtengan la seguridad que requieren para transitar por las carreteras de todo nuestro territorio nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma la fracción IX, del artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 14.- El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VIII…

IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia, de Prevención del Delito y de Seguridad en Carreteras y Vías Generales de Comunicación, en los términos de la Ley de la materia;

X a XIX …

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 20 de julio de 2016.

Dip. Claudia Sofía Corichi García.

1 Informe “Incidencia delictiva del Fuero Común 2015”, Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Elaborado con la información remitida por los agentes del Ministerio Público. Datos preliminares al 20 de enero de 2016)





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS Y UNA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA

(Presentada por el Diputado César Augusto Rendón García, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito Diputado Federal CÉSAR AUGUSTO RENDÓN GARCÍA del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS Y UNA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Reforma Constitucional en materia de Energía de 2013 creó un nuevo andamiaje legal para el aprovechamiento de los recursos naturales del país y las actividades relacionadas con el sector energético, que antes eran reservadas para el Estado Mexicano. Ahora con la creación de las Empresas Productivas del Estado y la participación de empresas privadas fue indispensable establecer un nuevo arreglo institucional de los órganos reguladores del sector para adecuarlos a las nuevas condiciones del mercado energético nacional.

Por consiguiente, en primer lugar, se hizo una clara separación de funciones; la Secretaría de Energía es la responsable del diseño de la política energética del país, y las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía son las responsables de promover la operación adecuada y eficiente delas actividades de la industria y, en segundo lugar, las Comisiones se transformaron en órganos reguladores coordinados en materia energética, reconocidos a nivel Constitucional, con autonomía técnica, operativa y de gestión, y dotadas con nuevas atribuciones para instrumentar y aplicar la nueva regulación y administración del sector energético.

Esto era fundamental para la nueva estructura de la industria, en razón de que las Comisiones anteriormente solo regulaban las actividades y proyectos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad y, ahora con la entrada de nuevas empresas nacionales y extranjeras al sector energético, el Estado mexicano requería de órganos reguladores fortalecidos, autónomos y eficientes.

Así, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tiene el mandato de regularlas siguientes actividades:

I. Regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y la extracción de hidrocarburos, incluyendo su recolección desde los puntos de producción y hasta su integración al sistema de transporte y almacenamiento;

II. Licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos;

III. Administrar, en materia técnica, las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, y

IV. Prestar asesoría técnica a la Secretaría de Energía.

Y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene el mandato de regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades:

I. Las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos;

II. El transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos, y

III. La generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad.

El Órgano de Gobierno de los órganos reguladores coordinados en materia energética está integrado por siete Comisionados, que son designados por el Senado de la República de una terna propuesta por el titular del Ejecutivo, y durarán en su encargo un período de 7 años con posibilidad de ser designados, nuevamente, por única ocasión por un periodo igual.

Los órganos reguladores a través de sus respectivos Órgano de Gobierno tienen, entre otras, las siguientes atribuciones para regular las actividades sustantivas de la industria energética del país:

• Emitir sus actos y resoluciones, así como vigilar y supervisar su cumplimiento.

• Expedir, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones administrativas de carácter general o de carácter interno, así como las normas oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia.

• Emitir resoluciones, acuerdos, directivas, bases y demás actos administrativos.

• Interpretar para efectos administrativos y en materia de su competencia, la Ley y las disposiciones normativas o actos administrativos que emitan.

• Imponer las sanciones respecto de los actos u omisiones que den lugar a ello, así como imponer y ejecutar sanciones no económicas, en el ámbito de su competencia.

• Otorgar permisos, autorizaciones y emitir los demás actos administrativos vinculados a las materias reguladas.

• Solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información o documentación y verificar la misma respecto de las actividades reguladas.

• Requerir información directamente a los terceros que tengan cualquier relación de negocios con los sujetos regulados, en el ámbito de su competencia.

• Ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos y representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a las actividades reguladas.

• Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos de toda índole, que con motivo de sus atribuciones se promuevan.

• Resolver los recursos de reconsideración que se interpongan en contra de sus actos y resoluciones.

En tal virtud, los Comisionados tienen la alta responsabilidad de conducir la regulación técnica y económica aplicable para todas las actividades productivas y comerciales de la industria de los hidrocarburos y de la electricidad, que son fundamentales para el país por su aportación al producto nacional, a los ingresos públicos y al abasto energético, por lo que sus actos, acuerdos y resoluciones que formulen resultan transcendentales para este sector y para la economía nacional.

Por lo tanto, los diputados del Partido Acción Nacional consideramos indispensable reformar la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética para lo siguiente:

Primero, para establecer la obligación a los Comisionados de los órganos reguladores coordinados en materia energética de comparecer anualmente ante las Comisiones Ordinarias y Especiales del Congreso de la Unión competentes en esta materia, a más tardar el 31 de marzo de cada año; y

Segundo, para establecer la obligación a los órganos reguladores coordinados en materia energética para que presenten al Congreso de la Unión su programa anual de trabajo, a más tardar el 31 de enero de cada año, y un informe trimestral de los avances de sus actividades, que deberán entregar dentro de los treinta días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, a fin de que las Comisiones del Congreso competentes realicen su análisis y evaluación correspondiente.

Estas propuestas se sustentan en las siguientes razones: 1) como un acto de transparencia y rendición de cuentas entre poderes y un equilibrio entre los mismos; 2) asegurar el correcto ejercicio de su mandato conferido, y 3) establecer una comunicación constante y fluida para emprender en tiempo y forma las acciones legislativas para alcanzar las metas y objetivos de la política energética nacional.

Si bien es cierto que las Cámaras del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93 Constitucional, tienen facultades para convocar a los servidores públicos, como pudieran ser los Comisionados de los órganos reguladores en comento, estimamos fundamental que la Ley en la materia establezca la comparecencia recurrente de todos los Comisionados, y no solamente de su presidente, ya que todos a través de su voto son infinitamente responsables dela regulación del sector energético del país.

Es importante resaltar que otros ordenamientos ya prevén la comparecencia recurrente de servidores públicos ante las Cámaras del Congreso de la Unión, por ejemplo del titular del Banco de México o de la Comisión Federal de Competencia Económica, por tratarse también de asuntos de relevancia nacional.

Además, los órganos reguladores no pueden sustraerse de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas previstos en la Constitución, aún y cuando tienen plena autonomía, y menos los Comisionados cuando fueron designados por dos terceras partes del Senado como una forma de colaboración y corresponsabilidad entre poderes y de apoyo político para el ejercicio de sus funciones y toma de decisiones.

Por lo tanto, consideramos que la comparecencia anual de los Comisionados de la CNH y de la CRE ante el Congreso de la Unión,y el envío de informes trimestrales de sus actividades es, sin duda, el medio ideal para evaluar su desempeño y establecer un diálogo abierto, participativo y transparente entre poderes, así como paraidentificarlas áreas de oportunidad a fin de actualizar el marco jurídico y promover las iniciativas de ley que permitan alcanzar los objetivos de la aún naciente industria energética del país.

Finalmente, en el régimen transitorio se propone la comparecencia de los    Comisionados ante la Comisión Especial para el Seguimiento a los Órganos Reguladores del Sector Energético, en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, órgano parlamentario que fue creado por el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril de 2016, y que tiene precisamente las atribuciones para analizar y evaluar de manera detallada el funcionamiento y las resoluciones de dichos órganos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 13 Bis y una fracción XXVII al artículo 22 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Artículo Único. Se Adiciona el artículo 13 Bis y una fracción XXVII al artículo 22 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para quedar como sigue:

Artículo 13 bis. Los Comisionados de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán comparecer anualmente ante las Comisiones Ordinarias y, en su caso, Especiales del Congreso de la Unión relacionadas con la materia energética, antes del 31 de marzo de cada año, a fin de informar el ejercicio de sus facultades conferidas sobre regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de considerarlo necesario, las Comisiones del Congreso de la Unión referidas en el párrafo anterior, adicionalmente a la comparecencia anual, podrán citar a los comisionados de manera individual o conjunta.

Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán presentar al Congreso de la Unión su programa anual de trabajo, a más tardar el 31 de enero de cada año,y un informe trimestral de los avances de sus actividades, que deberán entregar dentro de los treinta días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, a fin de que las Comisiones del Congreso competentes realicen su análisis y evaluación correspondiente.

Artículo 22. Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán las siguientes atribuciones:

I. a la XXVI. …

XXVII. Elaborar el programa anual de trabajo y el informe trimestral de actividades que deberá ser presentado al Congreso de la Unión por conducto del Comisionado Presidente.

Los informes se deberán de presentar de forma clara, sencilla, precisa, confiable y actualizada.

XXVIII …

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los Comisionados de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán comparecer, en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, ante la Comisión Especial para el Seguimiento a los Órganos Reguladores del Sector Energético de la Cámara de Diputados.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 20 de julio de 2016.

Atentamente,

Dip. César Augusto Rendón García.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XIV DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Presentada por la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numeral I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XIV DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El surgimiento de las ciudades se lleva a cabo como un proceso de transición de comunidades sedentarias de pueblos a centros urbanos, cuyo catalizador fue la revolución industrial. Las ciudades se caracterizan por la concentración de población, demanda de energía y materia prima, que han provocado la sobreexplotación de recursos fuera de la ciudad y la incidencia de fenómenos de contaminación

A principios del siglo XX, una de cada diez personas en el mundo vivía en las ciudades, lo que aunque parezca poco, era cuatro veces mayor que un siglo antes; y dos tercios se ubicaban en Europa, Norteamérica y Australasia. Lo anterior sucedió en un contexto de procesos diversos, como un rápido crecimiento de la población, el desarrollo industrial, económico y comercial, junto con un incremento en la explotación de los combustibles fósiles. Fue en este momento cuando las ciudades aunque seguían necesitando de los insumos del campo, comenzaron a contribuir a la economía nacional. Su proceso de rápido crecimiento, desde finales del siglo XIX, pero especialmente durante el siglo XX, estuvo caracterizado por la falta de planeación y organización adecuada para la provisión de servicios.

En la actualidad, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)1, la población urbana representa 54%, y se espera que para el 2050 dicho porcentaje llegue a 66%, en la última década del siglo XX existían 10 mega ciudades, actualmente existen 28 con más de 10 millones de habitantes, en conjunto estas mega ciudades albergan 453 millones de personas, el equivalente al 12% de la población urbana mundial; para 2030 se estima 41 ciudades con más de 10 millones de habitantes, entre las que se encuentran Tokio, Japón (38 millones de habitantes), Delhi, India (25 millones de habitantes) Shanghái, China (23 millones de habitantes) y la Ciudad de México, México, Mumbai, India, y Sao Paulo; Brasil (21 millones de habitantes cada una) (ONU, 2014).

El crecimiento de ciudades ha traído consigo retos importantes para el abastecimiento de bienes y servicios a su población, lo que ha derivado también en situaciones de desigualdad social de las clases sociales más empobrecidas.

“El proceso de urbanización en México, durante el siglo XX, se atribuye a la industrialización y crecimiento poblacional, durante el siglo XX, la población urbana aumento 58 veces: de 1.4 millones de personas en el año 1900, a 81 millones de personas en el 2010, de esta manera la proporción urbana respecto a la población total paso del 10 al 72%, en 110 años. Así el número de ciudades creció 11 veces y la población urbana aumentó casi 46 veces, lo cual dio lugar a la creación de zonas metropolitanas. En 1900 existían 33 ciudades de más de 15 mil habitantes y durante 110 años este número aumentó, en orden de magnitud, a 384 ciudades.”2

Con estos datos, es claro afirmar que el fenómeno de la urbanización de la población mundial va en aumento; en 2008, más de la mitad de la humanidad por primera vez vivía en las ciudades, cifra que sigue creciendo, debido a que las ciudades son sistemas dependientes de la energía y los materiales de otros territorios, medir la huella ecológica de las zonas urbanas es uno de los grandes retos actuales en aras de lograr la sostenibilidad.

Las ciudades se apropian de las reservas ecológicas de otros territorios para obtener recursos y exportar sus residuos.Así mientras más grandes y acaudaladas sean las ciudades, la demanda de superficie territorial para cubrir sus demandas y asimilar sus desechos tiende a ser mayor, es decir su huella ecológica aumenta, trayendo como consecuencia el calentamiento global.

En otras palabras, las ciudades emiten grandes cantidades de Gases Efecto Invernadero(GEI), estos gases atrapan la energía del sol y de este calor producida los océanos nos absorben entre 80% y 90% (mucho más que la cantidad absorbida por la atmosfera), en respuesta, la temperatura promedio en la superficie terrestre se incrementa, lo que puede traer como consecuencia cambios en el patrón de circulación oceánica y provocar que algunas regiones marinas experimenten calentamientos y/o enfriamientos inusuales.

“El clima es el resultado de una compleja interacción entre varios elementos y factores, por ello, una pequeña modificación altera todo el sistema: actualmente ya se observan y se seguirán experimentando en las próximas décadas los siguientes impactos:

• Aumento de la temperatura promedio global de los océanos y la superficie terrestre.

• Aumento promedio mundial del nivel del mar.

• Acidificación del mar.

• Aumento de la temperatura superficial de los océanos.

• Alteración de la abundancia de algas, plancton y peces en los ambientes marinos.

• Modificación de los patrones naturales de precipitación.

• Inundaciones recurrentes.

• Incremento en el número e intensidad de huracanes, principalmente en el Atlántico Norte.

• Sequías más prolongadas.

• Aumento en el número de días y noches cálidas a nivel global.

• Ondas cálidas más frecuentes y pronunciadas en Europa, Asia y Australia.

• Disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico.

• Disminución en la productividad agrícola.

• Reducción y adelgazamiento de las capas de nieve en Groenlandia y la Antártica.

• Disminución de los glaciares a nivel mundial.

• Disminución de la capa de nieve primaveral del Hemisferio Norte.

• Pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas

• Disminución de la temperatura promedio en ciertos lugares.

• Mayor propensión a incendios forestales.

• Alteración de los ciclos biológicos y distribución geográfica de la flora y fauna.

• Alteración de los vectores de enfermedades infecciosas en ciertas áreas.

• Aumento, en Europa, de la mortalidad a causa del aumento de las temperaturas.

Respecto a la emisión de CO2, México contribuyó en 2011 con el 1.4% de las emisiones globales derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles, México es el décimo segundo país con mayores emisiones del mundo. De acuerdo con los estudios más recientes elaborados para México, en el país ya se pueden observar los siguientes cambios:

• El país se ha vuelto más cálido desde la década de 1960.

• Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0.85º C y las temperaturas invernales 1.3ºC.

• Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años sesenta del siglo pasado y hay más noches cálidas.

• La precipitación ha disminuido en la porción sureste desde hace medio siglo.

Con base en la mejor información disponible se han construido modelos matemáticos que permiten generar distintos escenarios de los impactos que se pueden presentar para el año 2100.

Los diversos modelos coinciden que la temperatura en México aumentará 4ºC en la zona fronteriza con Estados Unidos de América, y se estima que el resto del país aumentará entre 2.5 y 3.5 º C.

En cuanto a la precipitación, se espera que disminuya en promedio entre un 5 y 10% (entre 22 a 4.5 mm/mes menos), aunque los diferentes modelos no coinciden en sus estimaciones.”3

La ocurrencia de desastres naturales le cuestan a México 2,942 millones de dólares anuales en promedio, de acuerdo con el informe “Evaluación global de reducción de riesgos por desastres 2015”4 elaborado por la Oficina para la Reducción de los Riesgos por Desastres de la ONU, basado en los modelos que usan las compañías aseguradoras, que estiman en base anual las probabilidades de ocurrencia de fenómenos naturales y su potencial destructivo.

El informe ofrece datos desagregados por países, y para el caso de México calcula que los terremotos generan el mayor costo asociado con un desastre, con un promedio anual de 1,354.65 millones de dólares.

Para México siguen en costos las inundaciones (870.08 millones de dólares); los vientos originados por ciclones (613.02 millones de dólares); las tormentas (103.05 millones de dólares); y los tsunamis (1.49 millones de dólares). Calculó en cero los costos por erupciones volcánicas.

El informe destacó además que del 2005 al 2014, los desastres naturales han causado en México la muerte de cuatro mil 968 personas, así como la destrucción de 2.54 millones de viviendas, y daños adicionales a 191 mil viviendas. En total, estos desastres han afectado a 87.62 millones de mexicanos, cifras que seguirán en aumento debido a la creciente urbanización, por ello, resulta necesario empezar a legislar para transformar las comunidades y ciudades mexicanas a unas más resilientes y sostenibles.

En este sentido, “la resiliencia alude a la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible. La resiliencia frente a las crisis no sólo contempla la reducción de riesgos y daños de catástrofes (como pérdidas humanas y bienes materiales), sino la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior. Mientras que las típicas medidas de reducción de riesgos tienden a concentrarse en una amenaza específica y dejan de lado la vulnerabilidad frente a otro tipo de peligros, la resiliencia adopta un enfoque frente a amenazas múltiples, considerando la capacidad de recuperación frente a todo tipo de peligros plausibles.”5

Por otra parte, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, han optado por incluir dentro de sus prioridades políticas, la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD). Entendemos por esto, al conjunto de políticas públicas que tienen como objetivo primordial reducir el impacto y los daños causados por desastres naturales. La reducción de riesgo incluye distintos aspectos como la gestión, mitigación y la preparación para catástrofes.  En 2015 se introduce en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDGs) la RRD y, oficialmente, pasa a formar parte de la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP), por lo que en la actualidad reducir el riesgo de desastres es parte fundamental el desarrollo sustentable de una nación.

Por ello, en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón), los países miembros de la ONU, establecieron una serie de acciones pautados para cumplimentar los retos del desarrollo sostenible, destacando la necesidad de aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 conciso, específico, preparado con visión de futuro y orientado a la acción.

Podría decirse que la principal diferencia del nuevo marco (Sendai) frente a su predecesor es su carácter más inclusivo, estableciendo de modo directo que las personas con discapacidad, y otras comunidades vulnerables, como los migrantes, tienen un papel que desempeñar en la RRD como participantes activos y no sólo en el lugar de grupos vulnerables pasivos.

El Marco de Sendai va más allá del Marco de Acción de Hyogo en una serie de cuestiones clave, como por ejemplo son:

1. La importancia de las mujeres como participantes y líderes en el desarrollo de estrategias de RRD, y no sólo como víctimas de desastres,

2. La necesidad de garantizar el acceso a los servicios de atención médica en situaciones posteriores a los desastres y aborda los riesgos relacionados con la salud en relación con la capacidad de recuperación de una manera más completa, y

3. Que tiene un enfoque explícito fuerte en la acción a nivel local.

El Marco de Sendai también reafirma una tendencia creciente dentro de la RRD acerca de poner un mayor énfasis en la construcción de resiliencia y centrarse menos en la gestión de desastres post-evento y más en el vínculo entre la RRD, la planificación del desarrollo a largo plazo y el abordar los riesgos subyacentes.

México, geográficamente y debido a su acelerado proceso de urbanización es altamente vulnerable, susceptible a terremotos, huracanes, inundaciones, tornados y sequías, por ello es importante puntualizar que el gobierno federal encabezado por el Lic. Enrique Peña Nieto, desde el inicio de su gestión ha impulsado sin precedentes la atención de daños que provocan los desastres naturales; siendo algunas de sus acciones: la emisión de declaratorias de desastres para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales; la reducción en el tiempo del proceso de atención de emergencias; y, las compras para personas afectadas que van desde despensas, kits de limpieza, agua purificada, cobertores, colchonetas, láminas para construcción entre otros productos, sin embargo, estas acciones son a posteriori, siendo de imperiosa necesidad adecuar el marco normativo vigente y los programas y políticas públicas en materia de resiliencia y reducción de riesgos, sin embargo debemos reconsiderar es el uso y destino de los recursos federales para la prevención, atención y reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres naturales y/o antropogénicos; de conformidad con la información pública disponible, en los tres primeros años del actual gobierno se ejercieron 38,506.4 millones de pesos en recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en contraste, sólo se invirtieron en acciones de prevención vía el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 411.0 millones de pesos, es decir, el 1.1% con respeto a lo erogado en acción vía FONDEN.

De lo anterior, queda de manifiesto que la mayor parte de la inversión realizada por parte del Gobierno Federal se destina a acciones de atención a emergencias provocada por los desastres naturales y no a la prevención; gasto que debe ser considerado como inversión y ahorro y no como pérdidas. De acuerdo a datos estimados por de la UNISDR y el Banco mundial, por cada 1 dólar americano invertidos en la planeación de ciudades bajo el esquema Reducción de Riesgos de Desastres, el retorno de inversión es aproximado de 4 a 5 US dólares en gastos de reconstrucción y pérdidas económicas del sector productivo y de la sociedad en general.6

Las políticas de desarrollo mal diseñadas y orientadas a la industrialización y explotación de los recursos naturales aumentan los riesgos de desastre y las pérdidas humanas, económicas y estructurales (cambio climático combinado con pobre infraestructura y nula política de RRD son los principales motivos). Por lo tanto, la resiliencia y  RRD involucra todas las partes de la sociedad,  gobierno, especialistas, ciudadanos y sector privado

La Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) y las políticas de adaptación al cambio climático están íntimamente relacionados, ya que comparten el mismo objetivo final y común de reducir la vulnerabilidad de las comunidades a los peligros del tiempo y reducir los efectos del cambio climático.

La inversión pública y privada en la prevención y reducción del riesgo de desastres a través de medidas estructurales y no estructurales son esenciales para mejorar las condiciones económicas, sociales, de salud y  resiliencia cultural de las personas, comunidades, países y sus bienes.

Por lo expuesto, esta iniciativa no busca más que apoyar y abonar a lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su objetivo 1.6 “Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano”, y a la línea de acción “Impulsar la Gestión Integral de Riesgos como una política integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social”.

Aumentar la preparación y reconstruir con resiliencia ayuda a la recuperación, rehabilitación y reconstrucción así como al desarrollo y adaptación a los efectos del cambio climático de cualquier asentamiento humano.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de ésta Cámara de Diputados, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANLAS FRACCIÓNES II Y XIV DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

Artículo 29. Se considerarán acciones de adaptación:

II. El establecimiento de centros de población o asentamientos humanos bajo criterios de resiliencia, así como en las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos;

XIV. Los programas para la Reducción de Riesgos de Desastres y del Sistema Nacional de Protección Civil;

TRANSITORIOS

Primero.- La federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, tendrán un plazo de 120 días contados a partir de que entre en vigor la presente reforma para la elaboración o adecuación de las políticas, la Estrategia Nacional, el Programa y los programas de acuerdo a las modificaciones realizadas.

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 20 de julio de 2016.

Dip. Mirza Flores Gómez.

1 ONU-Noticias Más de la mitad de la población vive en áreas urbanas y seguirá creciendo.
http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html

2 Emily McClung de Tapia, Guillermo Acosta Ochoa, Alejandro Terrazas Mata, Abril Cid Salinas, Nuestra huella en el Planeta: La historia humana del origen a nuestros días.-Editores Siglo Veintiuno

3 Exposición de Motivos del Acuerdo Nacional por el que se emite la Estrategia Nacional de Cambio Climático, publicado en el  DOF el 03 de junio de 2013.
Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301093&fecha=03/06/2013

4 UNISDR, Evaluación global de reducción de riesgos por desastres 2015.
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_SP.pdf

5 Resilencia –ONU HABITAT disponible en: es.unhabitat.org/temas-urbanos/resiliencia/

6 The World Bank; In Mexico, forests deliver for jobs and climate commitments, May 10, 2016http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/05/10/in-mexico-forests-deliver-for-jobs-and-climate-commitments






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el Diputado Rafael Yerena Zambrano, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, RAFAEL YERENA ZAMBRANO, Diputado de Jalisco a la LXIII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO de acuerdo con la siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La seguridad social es el estado de certeza que tienen los grupos sociales a quien la ley ha considerado como clases vulnerables, de saber que cuentan con protección para enfrentar eventualidad y contingencias con respecto a su salud y facultades. Muchos grupos sociales, han requerido de atención por parte de las instituciones de seguridad social, para encontrar una solución de salud o de previsión.

Se ha enfatizado que una de las principales tareas del Estado es la consistente en establecer un efectivo acceso a los servicios de salud a favor de los trabajadores y de sus familiares, sin embargo, este objetivo no se cumple eficazmente, debido a que las instituciones del Estado en materia de seguridad social, en varias ocasiones son rebasadas por esa realidad. Siendo que la tarea principal de los legisladores, es adecuar la norma jurídica a la realidad social, de ahí que sea necesario implementar innovaciones en las regulaciones que establecen las modalidades necesarias para transitar hacia un mejor ordenamiento legal que dote de herramientas más funcionales en beneficio de la sociedad, y que deseche aquellas formalidades que no tienen razón de ser.

Por ello, en el campo de la seguridad social, la asignación de derechos juega un papel de vital importancia para lograr el cometido establecido en nuestra Constitución Política. En base a ello