Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 22 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Extraordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 1

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Extraordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 14 de Junio de 2016

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL; DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA; DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

(Dictamen de primera lectura)

Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Fernando Yunes Márquez, a nombre de la Comisión de Justicia; y Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT; Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM; Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD; María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, se inserta su intervención; y Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Martha Angélica Tagle Martínez, Jorge Aréchiga Ávila, Dolores Padierna Luna, Fidel Demédicis Hidalgo, Benjamín Robles Montoya, Héctor Adrián Menchaca Medrano, Miguel Ángel Chico Herrera y Marco Antonio Blásquez Salinas.

Para su discusión en lo particular del Código Nacional de Procedimientos Penales, intervienen los Senadores Benjamín Robles Montoya, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 165, 176 y 218 que no se admiten; Angélica de la Peña Gómez, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 165 y 174 que se aprueban; Héctor Adrián Menchaca Medrano, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 165, 174, 251, 256, 303 y Transitorio Tercero que no se admiten; Marco Antonio Blásquez Salinas, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 5, 55, 165, 167 y 362 que no se admiten y Jesús Casillas Romero, quien presenta propuesta de modificación al artículo 338 que se aprueba.

Para su discusión en lo particular del Código Penal Federal, intervienen los Senadores Mario Delgado Carrillo, quien presenta propuesta de modificación al artículo 11 Bis que no se admite; Benjamín Robles Montoya, quien presenta propuesta de modificación al artículo 97 que no se admite; Marco Antonio Blásquez Salinas, quien presenta propuesta de modificación al artículo 60 que no se admite y José de Jesús Santana García, quien presenta propuesta de modificación al artículo 11 Bis que se aprueba.

Para su discusión en lo particular de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, intervienen los Senadores Héctor Adrián Menchaca Medrano, quien presenta propuesta de modificación al artículo 61 que no se admite; Dolores Padierna Luna, quien presenta propuesta de modificación al artículo 170 que se aprueba y Angélica de la Peña Gómez, quien presenta propuesta de modificación al artículo 173 que se aprueba.

La Senadora Graciela Ortiz González presenta propuesta de modificación a la parte expositiva del dictamen que se aprueba.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

(Dictamen de primera lectura)

Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. Las Comisiones Dictaminadoras presentan adendum relativo a los tres ordenamientos que propone el dictamen y al Artículo Quinto Transitorio que se aprueban.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Pablo Escudero Morales, a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y Fernando Yunes Márquez, a nombre de la Comisión de Justicia, se inserta su intervención.

Para presentar su voto particular, intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT; Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM; Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD; Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN y Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI.

Se autoriza el procedimiento para normar la discusión y votación tanto en lo general como en lo particular, de forma separada, de los tres ordenamientos comprendidos en el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Martha Angélica Tagle Martínez, Héctor Adrián Menchaca Medrano, Manuel Cárdenas Fonseca, Marco Antonio Blásquez Salinas, Zoé Robledo Aburto, Jorge Aréchiga Ávila, Benjamín Robles Montoya, se inserta su intervención; Dolores Padierna Luna, Laura Angélica Rojas Hernández, Isidro Pedraza Chávez, Lisbeth Hernández Lecona, Fernando Enrique Mayans Canabal y Lilia Guadalupe Merodio Reza. Se insertan intervenciones de los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, María del Rocío Pineda Gochi y Manuel Merino Campos.

Para su discusión en lo particular, intervienen los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 2, 9 y 39 que no se admiten; Luis Sánchez Jiménez, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 2, 9 y 49 que no se admiten; Benjamín Robles Montoya, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 9, 18, 39, 52 y 53 que no se admiten; Zoé Robledo Aburto, quien presenta propuesta de modificación al artículo 9 que no se admite; Ernesto Ruffo Appel, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 18, 21 y una adición al artículo 23 Bis que no se admiten; Isidro Pedraza Chávez, quien presenta propuestas de modificación al artículo 23 y la adición de un nuevo artículo 24 que no se admiten; Iris Vianey Mendoza Mendoza, quien presenta propuesta de adición al artículo 26 que se aprueba; Angélica de la Peña Gómez, quien presenta propuesta de modificación al artículo 33 que no se admite; Dolores Padierna Luna, quien presenta propuesta de modificación al artículo 39 que no se admite y Luis Humberto Fernández Fuentes, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 52 y la eliminación del artículo 53 que no se admiten.

El Senador Ernesto Ruffo Appel presenta moción suspensiva que no se aprueba.

Se aprueba en lo general y en lo particular el apartado referente a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, correspondiente al Artículo Primero del proyecto de Decreto.

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Martha Angélica Tagle Martínez, María Elena Barrera Tapia, Zoé Robledo Aburto, Marcela Torres Peimbert, Raúl Morón Orozco, Anabel Acosta Islas, Manuel Bartlett Díaz, Raúl Gracia Guzmán, Luis Fernando Salazar Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, se inserta su intervención; Benjamín Robles Montoya, se inserta su intervención; Jorge Toledo Luis, se inserta intervención; Mario Delgado Carrillo, Jorge Luis Lavalle Maury, María Cristina Díaz Salazar, Carlos Alberto Puente Salas, se inserta su intervención; Pablo Escudero Morales y Arturo Zamora Jiménez, se inserta su intervención.

Para su discusión en lo particular, intervienen los Senadores Manuel Cárdenas Fonseca, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 73 y 81 que se aprueban; Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre de Senadores del grupo parlamentario del PAN, retira sus reservas; Mariana Gómez del Campo Gurza, retira sus reservas; Benjamín Robles Montoya, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 5, 26, 27, 29, 34, 50, 77 y 98 que no se admiten; Dolores Padierna Luna, quien presenta propuesta de modificación al artículo 95 y la eliminación del artículo 5 que no se admite; Miguel Romo Medina, quien presenta propuesta de modificación al artículo 9 que se aprueba; Laura Angélica Rojas Hernández y Zoé Robledo Aburto, a nombre de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, quienes presentan propuesta de modificación al artículo 29 que no se admite; Armando Ríos Piter, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 26, 27, 29 y 61 que no se admiten; Zoé Robledo Aburto, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 49, 111, 112, 113, 114 y 115 que no se admiten; Fidel Demédicis Hidalgo, quien presenta propuesta de modificación al artículo 50 y la eliminación del artículo 101 que no se admiten; Rabindranath Salazar Solorio, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 50, 95, 98 y la eliminación del artículo 101 que no se admiten; Fernando Enrique Mayans Canabal, quien presenta propuesta de modificación al artículo 61 que no se admite y Angélica de la Peña Gómez, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 102, 104, 105, 107, 109 y la supresión de los artículos 106 y 108 que las retira.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza presenta fe de erratas a la modificación aprobada al proyecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, correspondiente al Artículo Primero del proyecto de Decreto. Se aprueba.

Se aprueba en lo general y en lo particular el apartado referente a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, correspondiente al Artículo Segundo del proyecto de Decreto.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Las Comisiones Dictaminadoras presentan propuesta de modificación al artículo 9 que se aprueba.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Martha Angélica Tagle Martínez, María del Pilar Ortega Martínez, Daniel Amador Gaxiola, Luis Humberto Fernández Fuentes, Manuel Bartlett Díaz, Héctor David Flores Ávalos, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Benjamín Robles Montoya, se insertan su intervención; Carlos Alberto Puente Salas, se inserta su intervención y Arturo Zamora Jiménez, se inserta su intervención.

Discusión en lo particular:

Las Comisiones Dictaminadoras presentan propuestas de modificación a los artículos 4, 9 y 31 que se aprueban.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes presenta propuestas de modificación a los artículos 14 y 43 que se aprueban.

El Senador Benjamín Robles Montoya presenta propuestas de modificación a los artículos 23 y 45 que no se admiten.

Las Comisiones Dictaminadoras presentan propuesta de eliminación del Título Quinto relativo a los artículos 71, 72, 73 y 74 que se aprueban. Interviene al respecto la Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

Se aprueba en lo general y en lo particular el apartado referente a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, correspondiente al Artículo Tercero del proyecto de Decreto.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se remite a la Cámara de Diputados.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Dictamen de primera lectura)

Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Las Comisiones Dictaminadoras presentan propuestas de modificación a diversos artículos que se aprueban.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Fernando Yunes Márquez, a nombre de la Comisión de Justicia; y Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT; Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, se inserta intervención; Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD; María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN e Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del PRI.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Jorge Aréchiga Ávila, Dolores Padierna Luna, Raúl Gracia Guzmán, Jesús Casillas Romero, Manuel Bartlett Díaz, Héctor David Flores Ávalos y Arturo Zamora Jiménez, se inserta su intervención.

Para su discusión en lo particular, intervienen los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, quien presenta propuesta de modificación al artículo 10 Bis que no se admite; Fernando Yunes Márquez, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 10 Bis, 10 Ter, 21 y 80 que se aprueban; José de Jesús Santana García, quien presenta propuesta de modificación al artículo 10 Bis que se aprueba; Isidro Pedraza Chávez, quien presenta propuesta de modificación al artículo 10 Ter que no se admite; y de Senadores del grupo parlamentario del PRD, quienes presentan propuestas de adición a los artículos 10 Quintus y 10 Sextus que no se admiten.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se remite a la Cámara de Diputados.


PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

(Dictamen de primera lectura)

Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Las Comisiones Dictaminadoras presentan propuestas de modificación a diversos artículos que se aprueban.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Fernando Yunes Márquez, a nombre de la Comisión de Justicia; y Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, se inserta su intervención; Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD; María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN y Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Jorge Aréchiga Ávila, Luis Humberto Fernández Fuentes, Fernando Enrique Mayans Canabal, Erika Ayala Ríos, se inserta su intervención; Arturo Zamora Jiménez, se inserta su intervención; y Héctor David Flores Ávalos.

Para su discusión en lo particular, intervienen los Senadores José de Jesús Santana García, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 201 y Transitorio Segundo que se aprueban; y Fernando Enrique Mayans Canabal, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 y 225 que no se admiten.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción. Se remite a la Cámara de Diputados.


 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (12:35 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, señor Presidente. Le informo que se encuentran presentes 103 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión extraordinaria del martes 14 de junio de 2016.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

Ruego a la Asamblea ponerse de pie, para el acto de declaratoria de instalación de esta Cámara.

(Todos de pie)

DECLARATORIA

“Hoy, 14 de junio de 2016, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión se declara instalada para el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, a que fue convocada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión”.

Ruego a todos tomar asiento.





 

COMUNICACIÓN

La Secretaría comunicará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y a las legislaturas de las entidades federativas de la instalación de esta Cámara.

Pasamos al siguiente asunto.





 

Daremos primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL; DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA; DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Antes de entrar a la discusión del asunto, les informo que el proyecto fue aprobado por esta Asamblea como Cámara de Origen el 9 de diciembre de 2014 en forma unánime con 98 votos, en la Colegisladora recibió un apoyo de 403 votos en pro.

Se trata, en consecuencia, de un proyecto legislativo que ha concitado un importante apoyo mayoritario en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Para precisión a la Asamblea de lo que podemos realizar conforme a lo dispuesto por el artículo 72 constitucional, es de recordarse que estamos obligados solamente a discutir y votar las porciones normativas sobre las cuales las Cámaras del Congreso no han dado su aprobación conjunta.

En el monitor de sus escaños se encuentran publicados cinco listados de artículos:

Primero. El conjunto de artículos aprobados por ambas Cámaras y que, por tanto, formarían parte del proyecto y no están a discusión no pueden ser modificados.

Segundo. Los que están sujetos a discusión, porque fueron devueltos con modificaciones por la Colegisladora.

Tercero. Con los artículos en los que el Senado propone nuevas modificaciones y están a discusión.

Cuarto. Con los artículos en los que el Senado insiste en confirmar la versión contenida en el proyecto original.

Quinto. Que es sólo informativo, de los artículos que en el proyecto original del Senado se propusieron para reformar y no aparecen ya en el dictamen que hoy vamos a discutir.

En consecuencia, como lo establece el inciso e) del artículo 72 constitucional, la discusión de este día sólo podrá referirse a los artículos con modificaciones, o en los que el Senado sostiene su versión original y que están comprendidos en los listados dos, tres y cuatro.

En caso de que exista una propuesta de reincorporación, aquellos que están señalados en el listado número cinco.

Con la aclaración anterior, daremos inicio a la discusión del dictamen en lo concerniente únicamente a los artículos que no han obtenido la aprobación de ambas Cámaras en los términos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Ruego a las y los señores Senadores que en el caso de que decidan presentar propuestas de modificación, las elaboren de forma clara y completa, con la indicación de la norma a la que se refieren y la precisión de si es adición de un nuevo artículo o reforma de alguno de los que están contenidos en el dictamen, y que están sujetos a discusión.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett, por favor.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Preguntarle, si es cierto que están tomando la decisión en la Mesa de qué no haya posicionamiento de las fracciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No, Senador Bartlett Díaz. Vamos a desahogar la discusión en los términos de nuestro Reglamento y, por supuesto, habrá ocasión para que los grupos parlamentarios fijen su posición.

Estamos en la parte de fundamentación del dictamen a cargo de las comisiones dictaminadoras.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente, estoy de acuerdo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Supongo que lo registro para intervenir en los posicionamientos de los grupos parlamentarios, Senador Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Va a entrar uno de los Senadores.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se toma nota.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de Comisión de Justicia.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que el día de hoy pongo a consideración de este Pleno es prueba del compromiso de esta Cámara con el fortalecimiento del estado de derecho, la implementación de justicia, el respeto a los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.

La reforma constitucional de 2008 transformó nuestro sistema de justicia penal de mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral. Esta misma reforma estableció como fecha límite para su implementación en todo el país, el próximo 18 de junio del año 2016.

Asimismo, con la reforma constitucional de 2013 se facultó al Congreso de la Unión para expedir un ordenamiento único para todo el país, que regulara el procedimiento penal de mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de penas.

Como consecuencia de dichas reformas, el Congreso expidió en 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento que desarrolló los principios y lineamientos de la forma constitucional y unifica criterios en materia procesal para todo el país, además de servir como ley base para la aplicación a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral.

Como resultado de la implementación gradual del nuevo Sistema de Justicia Penal y de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, se han identificado deficiencias que requieren ser solventadas para garantizar la adecuada aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Del mismo modo resulta necesario hacer algunas adecuaciones a nuestro marco jurídico penal para posibilitar la aplicación del sistema acusatorio en todo el país.

Derivado de lo anterior, la entonces Senadora Arely Gómez González y el Senador Roberto Gil Zuarth presentaron el 21 de noviembre de 2014 iniciativa con proyecto de Decreto que planteaba una serie de reformas legales, cuya finalidad es mejorar, facilitar y robustecer el sistema procesal acusatorio para garantizar su adecuada instrumentación y operación

Esta serie de reformas, mejor conocidas como "Miscelánea Penal" contemplan modificaciones a diez ordenamientos legales, entre ellos el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, entre otras más.

El principal propósito de la "Miscelánea Penal" es fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración de justicia en nuestro país, facilitar su operación y hacerlas más eficaces a través de la creación de un marco jurídico sólido, moderno y novedoso.

En las distintas reformas destacamos principalmente cuatro ejes fundamentales:

Certeza jurídica en todo momento. Uno de los grandes avances en el tema de certeza jurídica es que la lectura y explicación de la sentencia se realizará cinco días después de la misma, con independencia de que sea una sentencia condenatoria o absolutoria.

Defensoría pública adecuada. Es decir, la institución de la defensoría pública realizará el nombramiento del abogado defensor que esté debidamente capacitado para la función que va a desempeñar, de este modo, las víctimas tendrán un defensor altamente capacitado.

Resoluciones eficaces. Lo cual implica que las resoluciones previas emitidas por el juez serán resueltas en un plazo máximo de 24 horas, bien en audiencia o bien a través del sistema informático.

Igualdad para las partes. Es decir, cumpliendo con los principios que rigen el derecho procesal, se respetarán los derechos de manera equitativa para toda las partes.

Las reformas que hoy se presentan están basadas en la experiencia de los procesos de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal que se realizaron en las entidades federativas, específicamente en aquellas en donde el avance en implementación fue mayor y atendiendo aquellas áreas de oportunidad que se identificaron.

Lo anterior, con la finalidad de dotar de mayor certeza jurídica a las partes intervinientes en el procedimiento penal para realizar los ajustes necesarios y así contar con un sistema de justicia que verdaderamente esclarezca los hechos, otorgue la mayor protección al inocente, repare el daño a las víctimas y, algo muy importante, que el culpable no quede impune.

Las y los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos realizamos un ejercicio plural y objetivo escuchando y atendiendo las observaciones y propuestas que se nos hicieron llegar por parte de las instituciones gubernamentales y privadas, así como de los distintos grupos parlamentarios, enriqueciendo la elaboración de la minuta enviada por la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril del año en curso.

Así pues, con la aprobación del dictamen que hoy presentamos ante este Pleno estamos ante una oportunidad para lograr una gran transformación que permita complementar el cuerpo normativo que respaldará al nuevo Sistema de Justicia Penal que entrará en vigor el próximo 18 de junio en todo el país. Los mexicanos merecemos un acceso a la justicia transparente, moderna y expedita.

Compañeras y compañeros Senadores, los invito a votar a favor de este dictamen que hace del Senado un pilar primordial en la colaboración con los distintos niveles de gobierno para velar porque México sea un país más justo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Yunes Márquez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, para fundamentar el dictamen que está a discusión.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos a presentar ante ustedes el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con el que estamos reformando, adicionando y derogando diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que se ha dado en llamar y que todos conocemos como Miscelánea Penal.

Como todos ustedes saben, en junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma que reformó, valga la redundancia, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución, buscando transitar, cambiar un paradigma que había regido el Sistema Penal durante muchos años, modificar y transitar hacia un sistema de justicia de corte acusatorio adversarial.

Se estableció en esa reforma un plazo de ocho años para que todas las instituciones involucradas llevaran a cabo las adecuaciones necesarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

La reforma constitucional en materia penal representó, sin duda alguna, para el país un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia y estableció las  reglas para la entrada en vigor en nuestro país del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

Conforme al espíritu del Constituyente Permanente fue expedido entonces el Código Nacional de Procedimientos Penales el 5 de marzo de 2014 y en el Artículo Segundo del régimen transitorio de esta legislación se ratificó, en congruencia con la reforma constitucional, que la entrada en vigor de este Código a nivel federal no podría exceder del 18 de junio de 2016.

De tal forma que, con este periodo extraordinario, estamos dando cumplimiento a ese ordenamiento para que estemos armonizando las leyes antes de que se venza el plazo.

Se estableció, también la previsión en este Artículo Octavo Transitorio, que lleváramos a cabo las reformas a sus leyes y la demás normatividad complementaria que resulte necesarias para la implementación de dicho ordenamiento.

En tal virtud, y no obstante que el Código Nacional de Procedimientos Penales es un ordenamiento de reciente expedición, la entrada en vigor del mismo en algunas entidades de la República ha permitido identificar que se requieren algunos ajustes para una adecuada, oportuna y necesaria aplicación.

Por esto, ante la próxima entrada en vigor en diversos estados de la República y en la Federación, es de especial importancia reformar el ordenamiento de mérito a fin de lograr que su operación sea la mejor.

En este contexto, el 21 de noviembre de 2014 se presentó en la Cámara de Senadores la iniciativa de reforma a 10 ordenamientos legales llamada Miscelánea Penal, misma que fue aprobada el 9 de diciembre de ese mismo año en esta Cámara y que finalmente el 28 de abril de 2016 la Colegisladora, la Cámara de Diputados, devolvió con modificaciones.

En este sentido, el dictamen que estamos sometiendo a su consideración plantea reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y nueve ordenamientos legales más que ya los enumeré, necesarias para la implementación y operación adecuada del nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país.

Algunos temas, solamente para subrayar los que toca a este paquete de reformas, son el uso de medios electrónicos durante el proceso penal, la duración de la medida cautelar de prisión preventiva que se armoniza con los términos establecidos por la Constitución en su artículo 20, Apartado B, fracción IX.

Se modifican las reglas para la operación de los criterios de oportunidad, a fin de que se genere mayor eficacia en la persecución de delitos graves.

Se precisa que únicamente las partes podrán tener acceso a los registros de la investigación, atendiendo a las limitaciones establecidas en este mismo ordenamiento y en las demás disposiciones aplicables.

El Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre y cuando se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.

En el tema de la medida excepcional de localización geográfica, se prevé la ratificación inmediata por parte del Juez de Control en tiempo real previo informe del Ministerio Público.

Se establece también el alcance de las intervenciones de comunicaciones privadas y se precisa que esta clase de intervención abarca todo el sistema de comunicación o programa producto de la evolución tecnológica, así como por regla general para esta clase de intervención deberá tenerse autorización judicial.

No van a proceder los acuerdos reparatorios en los casos en los que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por los mismos hechos que correspondan a los mismos delitos. Tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas.

Estas reformas al Código Penal Federal tienen por objeto otorgar efectividad a distintas figuras jurídicas ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que si se prescinden dichas reformas, quedarían impunes diversas conductas delictivas; por ejemplo, aquéllas en las que se vean involucradas las personas jurídicas, y además se encontrarían vigentes diversas incompatibilidades en la norma sustantiva y adjetiva, generando con ello un conflicto en su interpretación y aplicación. De ese tamaño es la importancia de la reforma que hoy estamos planteando en este proyecto de dictamen que presentamos ante ustedes.

En la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación se plantean diversos puntos, entre otros la facultad de las autoridades fiscales para obtener datos que sirvan para la investigación de delitos fiscales, y éste se traslada al capítulo de delitos del Código Tributario para clarificar la naturaleza que tiene dicha facultad y evitar confusiones, teniendo dicha facultad mezclada con las de naturaleza administrativa.

Se incluye la figura de la asesoría jurídica a la víctima u ofendido para establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es, sin lugar a dudas, el garante del sistema tributario en los procesos penales derivados de delitos fiscales.

Se incluyen las figuras de providencias precautorias y medidas cautelares establecidas para el Sistema Penal Acusatorio, y a la vez se especifica que los montos se deberán fijar exclusivamente respecto de las contribuciones adeudadas del delito fiscal de que se trate en el procedimiento.

Con esto armonizamos el Código Tributario con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Señoras y señores Senadores, estas modificaciones legales, en suma, armonizan el nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio y oral; contribuyen a mejorar la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, procuran la uniformidad en la terminología jurídica de acuerdo al nuevo modelo de justicia oral y esto evita interpretaciones equivocadas de la ley, y en consecuencia contribuye a mejorar su aplicación.

México tiene urgencia de que su sistema penal esté funcionando con eficiencia. Consecuentemente, tales reformas contribuyen en la implementación, en el establecimiento del nuevo modelo de justicia acusatorio al adecuar al nivel federal distintas leyes, de manera que se incorporan, lo que siempre es un propósito y un objetivo loable a seguir, mejores herramientas para la nueva operación del Sistema de Justicia Penal, al tiempo que se brindan, como es nuestra obligación, garantías de seguridad jurídica en su aplicación.

Por su atención y por el apoyo y el respaldo a este dictamen que presentamos las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, les agradezco mucho.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz González.

Pasamos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, y se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.

La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente.

La Cámara de Diputados envió a este Senado un dictamen sobre esta Miscelánea Penal, y entre las leyes que contiene, está el Código Nacional de Procedimientos Penales que para nosotros era sencillamente inaceptable.

Ya me preguntaba cómo había permitido el licenciado Camacho, siendo uno de los grandes impulsores del sistema de justicia oral, la aprobación de este mamotreto que no era más que una contrarreforma; pero reconozco su voluntad de rectificar y a tiempo.

Y, por otra parte, hay que reconocer que aquí las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, de Gobernación, de Estudios Legislativos, del Senador Gil, abrieron nuevamente las puertas a las organizaciones civiles expertas en el tema.

Esta forma de proceder es acertada, debería de ser la habitual; sin embargo, nos hemos acostumbrado a que el Ejecutivo sea el gran legislador y nosotros figuras de utilería.

Por eso me parece que es importante y significativa porque nació del consenso y de la valiosísima aportación de la sociedad civil. Habla de que cuando queremos, el Congreso también sabe hacer bien su tarea, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de innovadora, estamos de acuerdo.

Pero la Miscelánea Penal abarca 9 leyes más y algunas incluyen aspectos muy delicados. Se nos dijo que el propósito era el de armonizar las leyes ya existentes, pero como acostumbra el gobierno, que no es transparente, cuando te pones a escudriñar encuentras los cachirules.

En el Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, incrementaron las competencias de la Procuraduría Fiscal de la Federación, se le da un gran poder al Procurador Fiscal quien podrá elegir a discreción a sus víctimas, a quién investigar, tendrá la facultad de romper el secreto bancario.

Y lo que está en el fondo de la olla, pues es facilitar la persecución política de los adversarios del gobierno, como ocurrió cuando Fox contra el hijo de don Julio Scherer, valiente y reconocido periodista.

También pueda pedir los gastos de nuestras cuentas bancarias, tarjetas, sin haberse iniciado una investigación y sin pasar por el control de un juez. Creo que la maña, la mala fe, es costumbre en los palacios legislativos.

Y, por ejemplo, también en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con el pretexto nuevamente de la armonización, aprovecharon para incluir temas de operaciones encubiertas, de intervención de comunicaciones, arraigo, otros abusos y aberraciones.

¿Cuándo han oído hablar de Miscelánea Penal? Esta es otra lamentable ocurrencia del señor Peña Nieto, una más de sus argucias. Combina modificaciones necesarias con arbitrariedades, forma con 10 leyes, que tienen diferentes objetivos, un paquete, pero para que te confundas.

Los candorosos legisladores, al fin y al cabo, deseosos de servirle, pues se fijan en la envoltura y no reparan que entre las piezas hay escondidas filosas navajas, así como votar a favor.

Y aquí, relacionado con la Miscelánea Penal, hay un hecho de estos días. López Obrador hace un señalamiento y dice: "¿Cómo levantan a los maestros y los trasladan a una prisión del norte? Eso es neofascismo.

Y contradice la Miscelánea Penal en su artículo 22, que hoy vamos a aprobar: "que prevé que las personas detenidas por delitos federales puedan situarse en sus lugares de origen o donde está su familia".

Haber apresado a los líderes magisteriales de la CNTE, además de una injusticia es una estupidez del gobierno de Peña Nieto. Es un signo de debilidad el haberlos enviado hasta Sonora, al otro extremo de donde viven, más lejos que "El Chapo", no habla más que el gobierno está muerto de miedo y contradice esta Miscelánea Penal.

El gobierno no se cansa de distorsionar la lucha de los maestros, de inventarles delitos, de organizar campañas de odio en su contra. Hoy están presos sus líderes por el pretexto grotesco de lavado de dinero de 22 millones de pesos, pues Peña es cínico, porque entonces él ya debería estar en un reclusorio de alta seguridad condenado a cadena perpetua, porque cómo explica la compra de su Casa Blanca y el depósito en Panamá de 100 millones de dólares en efectivo, de sus compras más todo lo que no pudo ya depositar. A eso se le llama conflicto de interés, lavado de dinero, eso significa ser corrupto, ser ratero.

La reforma educativa, que no se llame engaño, sólo existe en los sueños guajiros de Peña, es inviable porque es una estafa.

Quien la propuso está muy distante del corazón de los maestros. No conoce la realidad de México.

La reforma no considera el desarrollo de las comunidades. Está encaminada a la privatización, a reprimir y a encarcelar a los maestros, violando la ley, siempre que se le pongan en el camino.

La lucha de los maestros es por una democracia sindical, por una auténtica reforma educativa, por la educación pública gratuita.

La única salida que tiene Peña Nieto, si quiere evitar la escalada de este problema. Es que haga uso de sus facultades y proponga de inmediato una iniciativa para dejar en suspenso la implementación de la disque reforma educativa y se siente a dialogar con los maestros y con los expertos.

Cuenta nueva y borrón.

Hay que hacer primero un diagnóstico, el que necesita el país para una reforma a    fondo.

Con los maestros todo, sin nos los maestros nada.

Las grandes reformas se hacen desde abajo, se dialoga desde el principio y para eso se necesita humildad, valentía y dejar de ser un pelele de los poderes fácticos.

Lamentablemente, Peña Nieto no tiene los arrestos del líder que México necesita y menos la autoridad moral, encabeza la corrupción en México, él es el ladrón. Es hoy el abanderado de la inmoralidad y todavía se atreve a meter a la cárcel a líderes sociales y amenazar con sus evaluaciones cuando está reprobado por la ciudadanía.

Y yo le pregunto a Peña, que nos dé una explicación, así como se la mando a pedir a López Obrador, ¿Por qué el Secretario, el tesorero de Elba Esther, no está en la cárcel?

Ella está acusada de robo y el que le manejaba todos los dineros y era cómplice de las tranzas que se dieron, pues era el señor Juanito Díaz, el que se quedó con el esqueleto sindical.

Y ahora resulta que a este tesorero, ratero y traidor, no sólo no lo metió a la cárcel, sino lo hizo su gurú, es su paradigma, en él se apoya para tratar de implementar está reforma educativa tan importante como la penal.

El magisterio ha puesto luz en el camino de la lucha; a Peña ya se le fue el tren y la CNTE ha sorteado, sin quebrarse, todos los desafíos en sus 36 años de vida.

Los maestros aquí se quedan y jamás han claudicado y más temprano que tarde, a pesar de todo el aparato mediático en su contra, se reconocerá la trascendencia histórica del movimiento magisterial.

El magisterio ha dado lecciones de dignidad a un México resignado y atrás de los maestros, óiganlo bien Senadores que se dedican a platicar y a buscar más privilegios, atrás vienen otras fuerzas sociales que hoy despiertan ante tanta injusticia. La de los petroleros.

Óiganlo bien, también, Senador Romero Deschamps, los campesinos, los de Mexicana, los hombres del campo, los estudiantes, los padres del ABC, los padres de Ayotzinapa que no se rinden y al paso que vamos muy pronto los médicos y a las enfermeras.

Las protestas no son de un puñado de maestras y maestros como lo quiere hacer creer la autoridad.

No es la lucha de un gremio, es la lucha de un pueblo en defensa de la educación pública, de la educación mexicana, no de la que nos quieren imponer los organismos internacionales.

En la escuela pública se dice: se asienta la Nación.

Se habrá de juntar el grito de los indignos y entonaremos unidos el mismo canto de esperanza de las mujeres y hombres que aún se atreven a soñar despiertos y de día.

Exigimos la libertad inmediata de líderes y maestros, presos políticos del régimen autoritario de corruptos de Peña Nieto.

El 25 de junio marcharemos, nos vemos en el Ángel a las 11; para qué tantas misceláneas penales, si no hay la voluntad de aplicar la justicia.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Se concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar el posicionamiento de su fracción parlamentaria.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El proceso legislativo del dictamen que en este momento discutimos inició en esta Cámara de Senadores en noviembre del año 2014 con la iniciativa presentada por la entonces Senadora Arely Gómez, hoy Procuradora General de Justicia y el actual presidente de nuestra Mesa Directiva, el Senador Roberto Gil Zuarth.

El dictamen a la minuta es el resultado de un arduo trabajo de Senadoras y Senadores, de los equipos técnicos, de las organizaciones de la sociedad civil como Alto al Secuestro y Renace, y autoridades como la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia, Setec, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República; incluso, durante su análisis en la Cámara de Diputados se trabajó conjuntamente con las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras.

Este 18 de junio es la fecha establecida en los transitorios de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia aprobada el año 2008, para que en toda la República se encuentre en funcionamiento un nuevo sistema de justicia.

Un sistema con una lógica, dinámica, objetivos y finalidades completamente diferentes al sistema inquisitorio caracterizado por la cultura imperante de gigantescos expedientes, lenta e ineficiente burocracia, y una casi inalcanzable impartición de justicia pronta e ineficaz.

Proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, son el objeto del proceso penal que se organiza con base en los principios de publicidad, contradicción concentración, continuidad e inmediación.

El próximo 18 de junio concluye un plazo en el que las autoridades locales y federales han hecho grandes esfuerzos para implementar este nuevo sistema que además de exigir cambios profundos en las instituciones y marco jurídico, exige reformular la forma en que se concibe el derecho y que la legalidad no nos aparte de la justicia.

En estos 8 años, el legislativo también ha escuchado importantes esfuerzos derivados del cumplimiento de obligaciones constitucionales.

Tan sólo, en estas dos legislaturas, hemos aprobado una nueva Ley de Amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, ordenamientos que ya se encuentran vigentes, así como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales.

Y es justamente de la vigencia y puesta en marcha de los ordenamientos que hemos reformado y otros más que hemos diseñado por completo, que la práctica nos ha indicado esas áreas de oportunidad.

De esta forma, y para llegar al 18 de junio con las mejores condiciones que hagan posible la implementación total de esta reforma constitucional, es necesario adecuar algunas disposiciones que este dictamen contiene.

Se trata de reformas a diez ordenamientos jurídicos, entre ellos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En representación del grupo parlamentario del Partido Verde, los invito a que votemos a favor del presente dictamen para seguir contribuyendo al éxito de este nuevo sistema de justicia penal en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Puente Salas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

La minuta que estamos a punto de votar, desde nuestro punto de vista del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, reviste una importancia preponderante, ya que hace una revisión de diversas leyes, de 10 ordenamientos para hacer las adecuaciones que necesitan, prácticamente en la víspera de llegar al 18 de junio en que entra en vigor en todo el país el nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio y adversarial.

Es un paso trascendental, estructural que en nuestra Constitución sufrió en 2008, justamente, ya vamos a entrar prácticamente en vigor de todo este proceso de transformación hacia una nueva doctrina de naturaleza penal en nuestro país. Y a 8 años de esta reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, es importante dar viabilidad a los fines que la misma reforma definió.

Lo que se planteó en la reforma constitucional y que es, ni más ni menos, responder a las necesidades de que nuestro país tiene que transitar, tiene que transformar radicalmente el obsoleto e ineficiente sistema inquisitorio con el que tradicionalmente se ha intentado impartir justicia y otorgarle a la justicia un papel fundamental en la lucha contra la criminalidad que afecta a nuestro país hacia el tránsito a un sistema totalmente distinto.

Ello hace necesario realizar, en estas reformas que hoy nos ocupan, los ajustes legislativos por tratarse de una reforma estructural de gran calado, con la finalidad de que garanticemos la consolidación de este nuevo sistema acusatorio para que las y los operadores del nuevo sistema de justicia cuenten con una legislación procesal, acorde con su eminente entrada en vigor.

Prácticamente estamos a unos días, horas de entrar en vigor y no es el momento de hacer el análisis de cómo vamos a entrar, de cómo hemos trabajado en el país en cada una de las entidades federativas.

Cómo se ha trabajado en la Federación por las distintas instituciones para llegar a la entrada en vigor de esta gran reforma constitucional. No es el momento.

Hoy estamos, simplemente, revisando, haciendo algunos ajustes de estas 10 leyes, de estos 10 ordenamientos jurídicos y que esta minuta identifica de manera importante a partir del trabajo que el Senado de la República realizó, y en minuta se envió para continuar el proceso legislativos a la Cámara de Diputados, y hoy nos regresan, nos regresan con algunos cambios.

Estos cambios nos llevaron a meses, a semanas de trabajo para que, y debo decirlo también, de horas intensas de trabajo con nuestra Colegisladora, para que después de todas estas reuniones y consultas, las y los integrantes de la Comisión de Justicia y nuestra homóloga en la Colegisladora, podamos hacer los ajustes necesarios y llegar a los acuerdos que nos permitan, en el trabajo propiamente legislativo.

¿Qué aceptamos y qué no aceptábamos de la revisión de nuestra Colegisladora?

Hoy estamos prácticamente concluyendo ese proceso, y esperemos que estos ajustes a la revisión que hizo la Cámara de Diputados sean aceptados de manera plena, particularmente los que de manera particular refrendaremos las y los legisladores del grupo parlamentario del PRD, en el momento que entremos a la discusión en lo particular, para que podamos lograr avanzar hacia este tránsito hacia el nuevo sistema.

Es necesario reconocer que en esta labor de ajuste a la revisión de la Cámara de Diputados tuvimos discusiones, a veces, lo quiero decir, intensas de debates, prácticamente que llevaron a ajustes en la redacción de algunos de estos artículos que hoy están integrados en este dictamen, además con la Setec, también con la Procuraduría de la República, con el Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, de manera preponderante con las organizaciones de la sociedad civil que han mostrado una preocupación respecto de cómo van a quedar inscritos estos artículos en estos ordenamientos, siempre tomando en consideración su preocupación para que no haya retrocesos, para que no sigamos manteniendo en los preceptos de estos ordenamientos todavía estatus que ya tenemos prácticamente que derogar en nuestro país.

Sabemos que el tránsito no va a ser fácil, no ha sido fácil en estos años y la propia entrada en vigor de este nuevo sistema no garantiza que transitemos prácticamente de facto al nuevo sistema, vamos a tener que convivir algunos años todavía en esta conciliación del viejo sistema con el nuevo sistema, pero siempre estaremos atentos a la revisión.

Con esto quiero decir que en el grupo parlamentario del PRD, no es que estemos totalmente satisfechos con lo que hoy se presenta en esta minuta. Hay preocupaciones en algunos artículos incluidos en esta minuta, pero otros más que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, ese que articulamos hace pocos años aquí en el Senado de la República, como Cámara de origen, pero que necesitan tener en esta revisión este perfeccionamiento de aplicación de las leyes, e insisto, del nuevo sistema tienen que tener un perfeccionamiento, y por consiguiente una nueva reforma.

Hoy votaremos a favor de esta minuta porque estamos convencidos en el PRD que no se puede construir la democracia, si la preocupación y la administración de justicia no cumplen su papel protagónico.

De tal manera que vemos con simpatía las 17 reformas, los 17 artículos reformados en la Ley de Amparo por ejemplo, pero sentimos, como ya decía, la necesidad de seguir revisando, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el propio Código Penal Federal, principalísimamente, una adecuación más adelante a partir del perfeccionamiento de su aplicación.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Esta Presidencia ha recibido, por escrito, la intervención de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y, en consecuencia, se instruye a que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, hasta por diez minutos.

El Senador Miguel Romo Medina: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En el 2008 el Estado mexicano puso en marcha uno de los proyectos más ambiciosos que está transformando la impartición de justicia en nuestro país.

Hace ocho años decidimos avanzar de un modelo inquisitivo a uno de justicia acusatorio adversarial, en donde se privilegian los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Como parte de este proceso, el 5 de marzo de 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se establecieron las normas que deben observarse en la investigación, procedimiento y la sanción de todos los delitos en la República.

El Estado mexicano ha hecho esfuerzos importantes para la instrumentación del nuevo sistema, no obstante, aún tenemos retos formidables, entre ellos, la armonización de algunos términos y procedimientos para mejorar su operación y funcionamiento.

El dictamen que está a discusión reforma diez ordenamientos esenciales que permitirán brindar mayor certeza a los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Se armonizan términos y se precisan facultades de las partes que intervienen en el nuevo sistema a fin de evitar requisitos que dificulten su aplicación, entre otros aspectos, se hicieron ajustes al Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar los derechos del imputado.

Se ha integrado, igualmente, una iniciativa del Senador Arturo Zamora que reforma el Código Penal Federal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, precisa estas reformas, estas adecuaciones, que el nombramiento del defensor público no dependerá del Ministerio Público o del Órgano Jurisdiccional y que el Juez de Control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia privada o a través de un sistema informático, también las causales y efectos de los criterios de oportunidad, mismos en los que el Ministerio Público suspenderá el ejercicio de la acción penal.

Se simplifican los formalismos contenidos en cada una de las etapas, logramos restar complejidad a los procedimientos volviéndolos más sencillos y comprensibles para cualquier persona, a través de la regulación del uso de medios electrónicos damos un paso más en la búsqueda de un sistema de justicia moderno que facilite la impartición de la justicia acortando los tiempos y agilizando consecuentemente los procesos.

Se garantiza el interés superior de la niñez, establecimos mecanismos necesarios para agilizar y dar celeridad a los procedimientos donde los menores se encuentren involucrados como víctimas.

Compañeras y compañeros legisladores, hemos dialogado con diversos sectores de la sociedad y buscando la conciliación de los diversos puntos de vista para generar con ello una legislación incluyente.

En un tema tan delicado como es la procuración e impartición de justicia, el grupo parlamentario del PRI ha sido firme en la preservación y protección de los derechos humanos.

Esta reforma va encaminada al fortalecimiento de las bases de los derechos humanos como el acceso a la justicia, la presunción de inocencia, la igualdad en el procedimiento, entre otros, de manera destacada.

En el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor de este dictamen, que reitero, es el resultado del diálogo positivo que contribuya al fortalecimiento e implementación del sistema de justicia penal acusatorio garantizando el derecho al debido proceso.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Miguel Romo Medina.

Se han agotado las intervenciones para posicionamientos.

Pasamos a la discusión en lo general, tengo registrados a los Senadores Martha Tagle Martínez, Jorge Aréchiga Ávila, Dolores Padierna Luna, Daniel Ávila Ruiz, Miguel Ángel Chico Herrera y Fidel Demédicis Hidalgo.

Si hay alguna intervención, ruego hacérmela saber, con gusto, señores Senadores.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para referirse en lo general al dictamen, hasta por cinco minutos.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

El dictamen que el día de hoy estamos discutiendo, viene a complementar el andamiaje jurídico de la reforma constitucional del año 2008 donde se estableció un nuevo modelo de justicia penal en México de corte acusatorio adversarial y dejar atrás el sistema inquisitorio.

En necesario destacar que los cambios propuestos y aprobados por este Senado desde el año 2014 tenían como propósito lograr una mejor operación y funcionamiento del sistema acusatorio en nuestro país.

Por lo tanto, se plantearon diversas modificaciones tanto al Código Nacional de Procedimientos Penales como a diez leyes más.

Hoy a más de un año de su aprobación en este Pleno, el pasado 28 de abril la Cámara de Diputados envió la minuta con diversos cambios aprobados de los cuales, después de ser analizados los integrantes de las comisiones avalamos nuevos cambios con el objeto de garantizar que estas modificaciones no tuvieran retrocesos.

Por ejemplo, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales en el tema de verificación de flagrancia del Ministerio Público se eliminó el párrafo que la Cámara de Diputados aprobó y el cual permitía a las policías presentar a los detenidos ante el Ministerio Público distintos al lugar donde se cometieron los delitos, pues constituye un poderoso incentivo para generar situaciones propicias para tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes.

Asimismo, se eliminaron el artículo 165 de ese mismo ordenamiento los tres supuestos adicionados por la Colegisladora que permitían ampliar más allá del plazo constitucional establecido la prisión preventiva y que no permitía la eficiencia de los procesos.

Se mantiene la esencia del texto vigente sobre la no procedencia de los acuerdos preparatorios cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas, es decir, seguirá sin permitirse la mediación en casos de violencia familiar.

El dictamen incluye la figura del asesor jurídico como parte legitimada para solicitar medidas cautelares dentro del plazo constitucional. Se agrega que el imputado deberá ser notificado por cualquier medio a fin de que comparezca a la audiencia a que fue citado.

Por otra parte, en el Código Penal Federal se establece un catálogo de los delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, así como los límites de su punibilidad para los efectos de la individualización de sanciones en el caso de la responsabilidad de personas jurídicas establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se estipula que el juez de control podrá ordenar la prisión preventiva para personas afectadas por una enfermedad grave o terminal o se trate de mujeres embarazadas o madres en lactancia cuando se considere que pueden sustraerse de la acción de la justicia o bien manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social.

Además, con el dictamen que hoy estamos discutiendo se modifica la referencia a la integración de una averiguación previa por las de realizar una investigación a fin de armonizarla con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En los casos de destrucción o sistemas en equipos de informática del Estado, se duplican las penas en el supuesto de que el delito se cometa con la finalidad de obstruir la procuración o impartición de justicia, o bien recaiga sobre los registros relacionados con un procedimiento penal.

Si bien, este dictamen coadyuvará con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que empieza el próximo sábado, es necesario mencionar que nuevamente el Poder Legislativo puso estas modificaciones bajo presión, pues se debe principalmente a las organizaciones de la sociedad civil que no han dejado de dar seguimiento a este proceso para incorporar sus observaciones.

Reconozco en las comisiones dictaminadoras la capacidad de incorporar estas observaciones para que el día de hoy el documento que estamos discutiendo cuente con el mayor consenso posible, y reconozco particularmente a las organizaciones de la sociedad civil que han estado dando seguimiento a este dictamen para que el día de hoy contemos con un documento avalado también por ellas.

Me preocupa, sin embargo, que como buenos mexicanos estamos dejando todo a la última hora. Estas reformas debieron hacerse a los ocho años anteriores, no unos días antes de que entrara en vigor el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Sin embargo, es importante destacar que se está aprobando hoy y que esperamos que la Cámara de Diputados apruebe, ya sin ningún cambio, este dictamen que saldrá del Senado de la República.

Por lo tanto, mi voto será a favor.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse en general al dictamen, a favor.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

El sistema jurídico mexicano, y particularmente el derecho punitivo, se encuentra inmerso en un momento histórico en el que se transitará de un sistema inquisitivo hacia un sistema oral y acusatorio.

Debemos recordar que el pasado 18 de junio de 2008 el Constituyente Permanente aprobó una reforma a nuestra Carta Magna, por lo que se sientan las bases de un nuevo sistema jurídico de justicia penal, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Es evidente que con esta reforma el derecho penal mexicano tendrá nuevas reglas, por lo cual el propio texto constitucional dio un plazo de ocho años para su adecuada implementación.

La próxima semana, señores Senadores, se cumple el término fatal para la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en todo el país, para lo cual los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión han venido realizando una serie de acciones para que los mexicanos contemos con una verdadera justicia penal.

La Secretaría de Gobernación del gobierno federal a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, ha llevado a cabo un esfuerzo sin precedentes, a fin de coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal.

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se ha encargado del equipamiento y la capacidad de los operadores jurisdiccionales, los cuales serán la clave del éxito del régimen de justicia penal.

El caso del Poder Legislativo ha sido fundamental, pues ha sido el órgano encargado de discutir y aprobar las leyes que establecen las reglas que regirán el nuevo sistema penal.

Gracias al esfuerzo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en marzo de 2014 fue expedido el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, con reglas homogéneas en todo el país, para el enjuiciamiento de las conductas consideradas como delitos.

A la par de lo anterior, las autoridades locales han replicado estos esfuerzos, a fin de implementar adecuadamente el Sistema Penal Acusatorio en el ámbito de sus respectivas competencias.

El dictamen que se somete a nuestra consideración el día de hoy, cobra la mayor de las relevancias, toda vez que contiene la llamada Miscelánea Penal, como reforma a ordenamientos legales, como: El Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Código Penal Federal.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

La Ley de Amparo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La Ley Federal de la Defensa Pública.

El Código Fiscal de la Federación.

La Ley de Instituciones de Crédito.

Las reformas que se proponen en estos ordenamientos legales resultan necesarias para armonizar las leyes que guardan relación con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial.

Cabe recordar que esta minuta ya fue aprobada en el 2014 por el Senado de la República como Cámara de origen. Sin embargo, la Cámara de Diputados realizó una serie de modificaciones en su calidad de Cámara revisora, las cuales fueron objeto de análisis y discusión por parte de las comisiones dictaminadoras.

En congruencia con los principios que rigen el parlamento abierto, que ha prevalecido en los trabajos del Senado de la República, este dictamen atiende a las observaciones que autoridades, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, han hecho respecto a la llamada Miscelánea Penal.

En tal sentido, los legisladores que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República, votaremos a favor del dictamen que nos ocupa, pues las modificaciones a la minuta remitida por la Cámara de Diputados, concilian el espíritu de la iniciativa original con el régimen constitucional y legal del nuevo Sistema Penal Acusatorio, salvaguardando sus principios y, sobre todo, la protección de los derechos humanos.

Sin duda alguna, la aprobación del presente dictamen redituará en la consecución de una verdadera justicia y el cumplimiento del estado de derecho en beneficio del bienestar al que aspiramos todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen hasta por cinco minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Pues, en efecto, la mayor parte de las modificaciones que propone este dictamen son pertinentes porque incluyen términos, armonizan otros con el Código Nacional de Procedimientos Penales, actualizando conceptos y definiciones que aparecían desfasadas en la minuta del Senado.

Las propuestas de la Cámara de Diputados incluyen mayores garantías para las víctimas del delito y sus asesores jurídicos e incluso establecen más opciones para que las personas que hubieren participado en algún delito puedan sujetarse a criterios de oportunidad, mecanismos de colaboración efectiva que coadyuven en la persecución y sanción de los delitos, por lo que estas propuestas también se ajustan al desarrollo progresivo de los derechos humanos que priorizan los derechos de las víctimas y las medidas que aseguren la verdad, la justicia y la reparación del daño.

Digamos que por letras y conceptos positivos no paramos, pero de nada sirven las mejoras que se hacen a las leyes si la autoridad no las respeta, por ejemplo, si detiene arbitrariamente y encarcela a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de nueva cuenta vemos que se hace uso sesgado y político de la justicia; la utilización de las instituciones con fines políticos, que ha dañado severamente a todo nuestro sistema de justicia.

El gobierno lleva una cuenta en este sexenio de tres maestros muertos en las protestas, ocho líderes presos en penales de alta seguridad, centenares de golpeados y un sinnúmero de actos represivos en contra del magisterio.

Puedo seguir relatando las bondades de esta miscelánea, por ejemplo, que se ajustan los plazos de la audiencia intermedia, esto es algo muy bueno porque por ejemplo a los maestros no los hubieran podido encarcelar porque no hay pruebas que lo sustente y en el nuevo Sistema Acusatorio Adversarial sería imposible un acto de esta naturaleza, a menos que se salten la ley definitivamente.

Los servicios de defensoría pública en esta Miscelánea Fiscal se mejoran mucho, se puede fincar responsabilidad penal a las empresas, otro aspecto que no tenía.

Se hizo un cambio muy importante en el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales que daba margen, decían las organizaciones sociales especialistas en estos temas de tortura, que estos lapsos de tiempo, estos desfases de tiempo daban un margen a la tortura, mediaba un lapso de tiempo entre la detención de la persona y la puesta a disposición del Ministerio Público, eso se modificó y ahora ya no cabe esa posibilidad, será inmediata la presentación ante el Ministerio Público.

Se quitó también la posibilidad de un catálogo de delitos para las entidades federativas que permitía a los gobernadores de los estados que mandaban a sus Congresos locales una lista de delitos que ameritaban prisión preventiva, esto porque ellos interpretaban facultades que la Constitución no le da a los estados.

Sin embargo, no todo es bueno, es necesario hacer algunas correcciones, por ejemplo, en la Ley de Amparo la propuesta de la Colegisladora para reformar el artículo 170 de la Ley de Amparo desde nuestro punto de vista no procede y debe de mantenerse la redacción que aprobamos aquí en el Senado, que deja claro que el proceso penal no inicia con el auto de vinculación, sino con la celebración de la audiencia inicial, en la cual se pueden dictar un auto de vinculación a proceso, pero también se califica la detención y se formula la imputación y para los efectos de un amparo directo se tienen que considerar cualquier acto de autoridad que hubiere o que se hubiese repercutido en una violación al proceso o a los derechos de la persona imputada y estas violaciones se pueden presentar en cualquiera de las etapas de la audiencia inicial y no sólo a partir de la vinculación a proceso. Nosotros proponemos mantener la redacción acordada en el Senado.

También el dictamen propone reformar el artículo 173 de la Ley de Amparo, pero la Colegisladora no tomó en cuenta los principios que están establecidos en el nuevo Sistema Adversarial oral y debe de considerársele; no hacerlo implicaría una ventana para que no se aplique adecuadamente el nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial.

Me refiero a establecer que la Cámara establece un nuevo esquema en el artículo 173, inciso b), en varias fracciones de este inciso para referirse a violaciones de procedimiento que pueden presentarse en el nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral, plasmado en la fracción XVIII del dictamen con dos párrafos que retoma de la ley actual. Sin embargo, la redacción de la Colegisladora es menos garantista que la contenida en la actual ley.

Sugerimos retomar la redacción sólo del segundo párrafo de la fracción XVIII, del inciso b) del artículo 173.

Estas sugerencias y observaciones si se corrigieran estaríamos subsanando vicios de forma y de fondo que en el proceso legislativo se fueron quedando sin atender que perfeccionaría nuestro propio trabajo y el de la Colegisladora. La pulcritud legislativa debe priorizarse sobre la premura de los tiempos.

Claro, esta es una buena ley, se hacen reformas a varias leyes, pero de nada sirve si de todas maneras la justicia sólo se usara con fines políticos porque los verdaderos delincuentes están muy campantes en sus casas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, hasta por cinco minutos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, compañero Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

He escuchado con mucha atención el posicionamiento tanto de los presidentes de las comisiones que intervinieron en la elaboración de esta Miscelánea Penal, de los grupos parlamentarios y de mis compañeros, que lo han hecho de manera general, todos coinciden en lo mismo.

La Miscelánea Penal que hoy le vamos a entregar al país en su letra sostiene que se eliminan ciertos vicios, que la persona que sea detenida debe ser llevada sin demora ante la autoridad competente. Es decir, se garantizan los derechos humanos de las personas detenidas y genera certeza sobre la legal actuación de las autoridades que realizan la detención.

La puesta a disposición sin demora tiene como objetivo que los policías ministeriales o los policías que hacen la detención no torturen, no generen situaciones que hoy estamos lamentando en el país, como las desapariciones forzadas, como el hecho de lastimar profundamente a las familias generando un dolor innecesario.

En la medida en que se cumpla a cabalidad este hecho de que de manera inmediata se ponga a disposición de autoridad a un detenido, en esa medida vamos a poder evitar torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Esta reforma, esta miscelánea también plantea que la prisión preventiva no podrá exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho del imputado, esto elimina la posibilidad de que los juicios fuesen interminables porque se eliminan causas que venían en el anterior código y que los propios Diputados estaban sosteniendo que eran necesarias.

Se reafirma la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar sobre materia procesal penal, la cual incluye medidas cautelares dentro de las que se encuentra la prisión preventiva.

Se elimina la posibilidad de que los Congresos locales, en las leyes en que tuvieran facultades, puedan emitir bajo el rubro de delitos especiales los que ameritarían presión preventiva oficiosa.

Se eliminan las pruebas periciales de los medios de convicción que puedan tener el carácter de pruebas anticipadas.

Un principio fundamental del Sistema Acusatorio Adversarial consiste en que sólo tendrán efectos probatorios aquellos medios de convicción, desahogados ante el juez que dictará la sentencia de fondo en el juicio oral; es decir, pudiéramos hacer una descripción puntual de todos los beneficios de esta Miscelánea Penal, sin embargo, todo puede quedar en letra muerta en un país en donde nadie obedece a nadie. En donde la utopía de la justicia sigue siendo el deber ser, no el ser.

¿Cuáles son las aspiraciones del pueblo? Bueno, el pueblo quiere y clama justicia imparcial, pronta y expedita.

Sin embargo, acciones vergonzosas para nuestro Sistema de Justicia, para nuestro Sistema de Procuración y de Administración de Justicia, como la detención del profesor Núñez y del profesor Villalobos ponen en evidencia al Sistema de Procuración y Administración de Justicia de nuestro país, ya que estamos frente a una fabricación de delitos, ya que estamos frente a una represión política producto de conductas de compañeros que se han negado a aceptar una reforma educativa, que lo señalamos de manera repetitiva en esta tribuna, iba a lesionar los interés de los maestros de México.

De una reforma educativa, que lo dijimos hasta el cansancio, era un Frankenstein, porque no tenía definido cuál iba a ser el perfil del educando y, en consecuencia, todo lo que se hizo carecía de razón de ser.

Una reforma educativa que tiene al vilo de la ingobernabilidad al país, porque a los compañeros profesores señalados se les viola la presunción de inocencia.

Se presume y aquí se viene a decir: que hemos pasado de una presunción de culpabilidad a una presunción de inocencia.

La presunción de inocencia, significa el hecho de que el que señala tiene la carga de la prueba, y mientras no tenga demostrado que la persona a la que señala es culpable por un juez, no puede ser privado de sus derechos humanos.

La detención de estos profesores viola el debido proceso porque no se les están dando las garantías necesarias para defenderse de un delito que es fabricado.

Para que esto pueda tener efecto, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, necesitamos ministerios públicos imparciales y necesitamos jueces imparciales, no ministerios públicos de consigna, ni jueces de consigna.

El sistema político mexicano depende de un solo personaje, el ciudadano Presidente de la República, por eso, desde la tribuna más alta del país, le hago un llamado fraterno al ciudadano Enrique Peña Nieto; al ciudadano Osorio Chong, Secretario de Gobernación y al Secretario de Educación Pública, a que si no quieren que el país se les vaya de las manosconvoquen con carácter de urgente a una Mesa Nacional de Diálogo, para que el país pueda tener tranquilidad; mientras se le sigan violando sus derechos al pueblo, el gobierno no tendrá paz.

A favor de esta Miscelánea Penal, porque reconocemos que en la letra recoge aspiraciones históricas de este sufrido pueblo y que hoy están plasmadas en la misma.

Pero también tenemos que señalar por dónde puede quedar en letra muerta esto tan hermoso que el Senado le va a entregar al pueblo de México, y es nuestra obligación advertirlo.

Por su atención, muchas gracias.

¡Presos políticos! ¡Libertad!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen de la discusión en lo general.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero decir que comparto en principio con muchas compañeras la opinión de que este dictamen contiene una serie de modificaciones que evidentemente resultan necesarias para corregir algunos cabos sueltos en esta legislación ahora que nos encontramos en la víspera del cumplimiento del nuevo sistema de justicia penal, se trata de modificaciones que se derivan, como aquí se ha expresado, de la praxis en aquellas entidades en las que ya se encuentra operando el sistema acusatorio.

Sin embargo, debo apuntar, señor Presidente, que me preocupan algunos aspectos, algunas figuras que en mi opinión son incompatibles con el paradigma del derecho penal del acto que se instauró con el nuevo sistema.

Un ejemplo de ello es la facultad de supervisión de medidas cautelares para realizar evaluaciones de riesgo respecto del imputado y es que aunque no se diga expresamente en qué consistirán dichas evaluaciones, es viable suponer que en la práctica uno de los elementos que se valorarán será la responsabilidad del imputado, lo que resulta contrario al derecho penal del acto en el que se sanciona a la persona únicamente por los actos que cometió.

Y aun cuando comprendemos la utilidad práctica de estas evaluaciones, sobre todo en un contexto de violencia criminal como en el que se vive hoy en día en nuestro país, consideramos necesario explotar un texto que por lo menos nos permita establecer criterios objetivos que excluyan la posibilidad de evaluar la personalidad del imputado y resolver con base en lo que la autoridad supervisora cree que el imputado pudiera llegar a hacer.

Desde luego, compañeras y compañeros, me parece desde luego que será importante considerar la necesidad de garantizar la seguridad de víctimas y testigos, pero con criterios apegados a la teoría penal del acto.

Y nos preocupa también que se nieguen las prerrogativas del artículo 55 del Código Penal Federal a las personas mayores de 70 años o afectadas por enfermedad grave o terminal cuando se trate de delitos que ameritan prisión preventiva o los de secuestro.

Quizás esto sea políticamente incorrecto decirlo, y por ello quiero aclarar mi postura, parto de la base de que estaríamos negándole esas prerrogativas a una persona en estado de senilidad o con enfermedad terminal que no ha sido sentenciada, que no ha sido declarada culpable, sino que se encuentra sujeta a proceso y por esta razón, creo que corremos el riesgo de convertir estas medidas en una especie de venganza de Estado, que no es propia de un sistema de justicia democrático, sobre todo cuando ese imputado podría ser eventualmente absuelto.

En fin, compañeras y compañeros, se trata de algunas observaciones concretas que no quiero dejar pasar la oportunidad de plantear para la reflexión, con el único afán de contribuir a fortalecer nuestro nuevo sistema de justicia como uno democrático y con perspectiva de derechos humanos.

Por lo demás, reitero, señor Presidente, mi apoyo al dictamen que se pone a consideración de esta Asamblea y manifiesto que mi voto será a favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Gracias, señor Presidente.

La transformación que en los últimos años ha sufrido el Estado mexicano lo ha llevado a sentar las bases del autoritarismo, razones y ejemplos sobran, por un lado, el poder se ha centralizado en decisiones de gran magnitud mediante las reformas político-electoral, la reforma en reforma financiera para los estados y municipios y ahora con la probable aprobación del mando mixto, pero sobre todo se configura el autoritarismo con la pérdida de las libertades.

El dictamen que pretende aprobarse dista mucho de ser una solución a los problemas que enfrenta el Sistema de Justicia Penal en México, y solamente se busca autorizar mayores facultades en materia de control y de intervención de las comunicaciones.

Ejemplo de ello, es el artículo 291, el cual abre el espectro de la intervención de comunicaciones privadas, señalando que éstas se refieren a todo sistema de comunicación o programas que sean resultado de evolución tecnológica que permita el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conversen el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se puede presentar en tiempo real, es decir, toda herramienta de comunicación podrá ser materia de intervención. Es cierto, aunque pretenden convencer a la ciudadanía de que esto es para hacer más eficaz el combate a la delincuencia y a los delitos de alto impacto.

Sabemos que en los hechos estas prácticas se utilizan para vigilar y amedrentar cuando así lo necesiten, al adversario político o al luchador social que les estorba. Ejemplo de ello, son las múltiples filtraciones que en tiempos de campaña electoral salen a la luz pública.

¿Quién tiene el poder económico y tecnológico para hacer? Si no es el mismo gobierno. Es por ello que resulta difícil creer que estas nuevas facultades tienen como propósito combatir la delincuencia, o bien, otro ejemplo, es el artículo 303, en donde se amplían las facultades del Ministerio Público para hacer uso de la geolocalización en tiempo real, obligando a los concesionarios de telecomunicaciones a entregar la información que se considere relacionada con algún hecho que se investigue. Es decir, se da manga ancha a la actuación de los ministerios públicos para el uso de la geolocalización.

Una vez más se debe señalar, es difícil creer que estas facultades sean utilizadas únicamente para el combate a la delincuencia o la investigación de los delitos, sino para perseguir y amedrentar a los disidentes de las políticas de los gobiernos autoritarios.

Contrario a eso, deberíamos acercar la justicia a los ciudadanos, no alejarla. Debemos encontrar nuevas herramientas para que la justicia sea expedita y con este dictamen estamos muy alejados de poder hacerlo.

En algunos casos pareciera que se está protegiendo al criminal y juzgando a la víctima. Nos preocupa que las autoridades puedan ingresar en un domicilio o un inmueble sin orden judicial, con total impunidad y en un claro abuso de poder, y peor aún, que el sistema de justicia lo acepte.

Los ciudadanos tienen una muy mala percepción de la justicia. Las personas no denuncian por miedo o desconfianza de la autoridad judicial.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2015, del Inegi, de 141 mil 785 no se sabe porqué no empezaron averiguación previa, esto, sin duda, representa vacío legal donde los más desfavorecidos son las víctimas que dieron el primer paso denunciando, pero que sus problemas nunca fueron resueltos y se unen a las millones de injusticias que se manifiestan cada día en nuestro sistema penal.

No podemos hablar de justicia expedita cuando nos toma un promedio de 2 ó 4 horas denunciar un robo o asalto en la calle o transporte público.

Hay quienes han señalado que con este dictamen se da un paso en el fortalecimiento de nuestro sistema acusatorio, pero en ningún lado se garantiza que denunciar será más fácil, más expedito, ni más eficaz.

Hay preguntas que en materia penal resultan imperiosas: ¿Para qué?, y, ¿para quiénes usamos las cárceles?

Intensivamente e irracionalmente, como se intentó marcar en la modificación del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que eleva de 1 a 2 años de previsión preventiva.

Debemos tener en cuenta que las cárceles mexicanas en nuestra condición actual son espacios conocidos por ser la mejor escuela criminal y con las medidas que hoy se toman esta situación empeorará.

Las medidas de prisión preventiva deberían ser analizadas para lograr un mejor aprovechamiento de esta figura y otorgarle el potencial de despresurizar a los centros penitenciarios. Se estima que en un uso más adecuado de la prisión preventiva reduciría su aplicación.

Los mexicanos esperan mejores herramientas en atención a delitos, esperan condenas justas, esperan un debido proceso, esperan un sistema penitenciario sólido, esperan códigos que respondan y protejan los derechos humanos.

Pero los mexicanos seguiremos esperando. Se ve muy alejado que los mexicanos conozcamos el término de justicia y no nada más en materia penal, en materia de salud, en materia laboral, en materia de derechos humanos, en materia de derechos de privacidad personal, en materia de derechos humanos indígenas, en materia magisterial, en materia de educación, en materia de seguridad social, entonces para llegar a la justicia nos falta mucho.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Menchaca Medrano.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su permiso, señor Presidente.

Acudo a esta tribuna para referirme a un tema de suma trascendencia, la denominada Miscelánea Penal que comprende diversas modificaciones a diez leyes.

Anticipando que nuestro voto será a favor, quiero expresar mi reconocimiento a las Comisiones Unidas de Justicia; y Estudios Legislativos por el amplio análisis, trabajo y empeño que representó configurar la minuta que hoy se encuentra a nuestra consideración.
Es motivo de satisfacción discutir un producto legislativo de vanguardia, garante, sólido e integral que, además, ha sido fortalecido con valiosas contribuciones de especialistas, académicos, operadores del sistema, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, del Poder Legislativo.

Como saben, el próximo 18 de junio se cumple el plazo constitucional para que el nuevo Sistema de Justicia Penal que emana de la reforma constitucional de junio de 2008, tenga aplicación en todo el territorio nacional.

Esta reforma constituye un verdadero parteaguas en la procuración e impartición de justicia en nuestro país al pasar de un sistema semi-inquisitivo a uno acusatorio y adversarial.

Durante este tiempo el Estado mexicano ha realizado importantes esfuerzos para lograr que la implementación del nuevo sistema sea eficaz y eficiente.

Se han modificado estructuras operativas, adecuado inmuebles y armonizando legislaciones tanto a nivel federal como en los estados para cumplir con los objetivos planteados, no obstante, aún es indispensable adecuar diversos ordenamientos jurídicos para dar certeza y claridad a términos y procedimientos.

A través de las reformas planteadas damos mayor efectividad a distintas figuras jurídicas que ya se encuentran previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizando la protección de los derechos humanos.

Un aspecto relevante es que durante el desarrollo de todo el procedimiento penal se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las adecuaciones, en todas las actuaciones para facilitar su operación incluyendo el informe policial, a fin de combatir e inhibir la impunidad en la comisión de conductas en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal se establece la figura de testigo colaborador.

A fin de acceder a escenarios de justicia pronta, expedita y eficiente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que entre otras cuestiones los jueces federales conocerán de las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada, así como para las autorizaciones de la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados.

Por otro lado, el Código Fiscal de la Federación incluye la figura de la asesoría jurídica y la víctima u ofendido para establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el garante del sistema tributario en los procesos penales derivados desde delitos fiscales.

En síntesis, con la denominada Miscelánea Penal, subsanamos omisiones normativas y deficiencias que se han identificado en la experiencia del proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal.

Compañeras y compañeros legisladores, a prácticamente 8 años de iniciar una de las más grandes transformaciones jurídicas del México contemporáneo, los legisladores del PRI reafirmamos nuestro compromiso por fortalecer nuestro andamiaje jurídico, aspecto indispensable para transitar con éxito al nuevo Sistema de Justicia Penal.

La aprobación de la Miscelánea Fiscal es una cuestión de dimensiones mayúsculas, por ello los invito a que votemos a favor del presente dictamen con el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, modifica la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, a la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Defensoría Pública, Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Chico Herrera.

Se han agotado los oradores para la discusión en lo general.

Tengo la solicitud del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, de intervenir para rectificación de hechos, proceda, señor Senador.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente.

En México, durante décadas estuvo vigente la exigencia de dar un viraje en materia penal.

En el país habían sido frecuentes las quejas por todo tipo de abusos cuando se llevaba a alguna persona ante los tribunales acusada de cometer algún delito, en respuesta a esta antigua demanda, el Constituyente Permanente tomó la decisión de introducir en México los juicios acusatorios y orales.

Baja California, el estado que me honro en representar en esta Cámara, fue de las primeras entidades federativas en echar a andar este nuevo modelo de justicia, a partir de 2011 los bajacalifornianos fuimos testigos de las bondades del nuevo esquema jurisdiccional, de inmediato nos percatamos que en su mayoría los juicios se llevaban a cabo de manera más ágil, depurada y con mayor sentido de justicia y equidad.

Los nuevos procedimientos penales comenzaron en Mexicali, la capital, y gradualmente se fueron extendiendo a la totalidad de la geografía bajacaliforniana.

La mejor situación de las personas acusadas me ha llevado a valorar en conciencia y dar mi voto en favor de este dictamen, con la llamada Miscelánea Penal vamos a perfeccionar la preceptiva que permite juzgar a las personas en el ámbito penal desde una perspectiva de sus derechos humanos.

Este paquete de enunciados normativos obedece a cuestiones derivadas de la práctica forense, al ir entrando en vigor de manera escalonada en la República los juicios orales, se ha observado la necesidad de hacer los ajustes que pienso que irán perfeccionando a lo largo de los años nuestro nuevo sistema de justicia.

Gracias a los juicios orales, las personas a las que se les atribuye la comisión de hechos delictivos, cuentan ahora con la garantía de que sus derechos fundamentales serán intervenidos con el menor impacto posible.

Con los juicios acusatorios se colma una antigua demanda del pueblo mexicano, me refiero a que se reconozca la inocencia de las personas.

Ahora sólo, a partir de este sistema de justicia, cuando se dicte una condena en que se declare la existencia jurídica del delito con base en pruebas aportadas sin coacción y sin violencia se podrá considerar culpable a una persona.

Sin embargo, en un ejercicio parlamentario tan extenso como el que ha dado lugar a este dictamen de la Miscelánea Penal, también me percato de algunos puntos que se pueden mejorar, por ello junto con mi voto a favor de la consolidación de los juicios acusatorios me permito poner a consideración de ustedes algunas reservas sobre tópicos concretos.

Por ello, pido a usted, señor Presidente, tolerancia en el tiempo, ya que al tiempo que posiciono explicaré el contenido de estas reservas.

Por lo que hace a la citadas reservas, en primer término, quiero mencionar que no estoy de acuerdo con la ampliación del periodo de prisión preventiva de dos años.

Me parece que con el nuevo Catálogo de Atribuciones y Facultades que en los juicios orales se ha otorgado al juez de la causa, el órgano jurisdiccional tiene de sobra instrumentos para compeler a las partes y a los terceros, de modo que el juicio concluya de manera natural en el plazo máximo original previsto de un año.

Permitir la prisión preventiva hasta dos años, me parece que hace nugatorio todo el esquema adversarial y acusatorio derivado de la ley fundamental. No tiene caso haber llevado a cabo desde el 2008 toda una reforma constitucional durante todos estos años, luchar por la implementación de los juicios orales, si al final se abre la puerta para que las personas puedan sufrir abusos con un periodo tan largo y desproporcionado de prisión preventiva.

Por ello, me permito promover la reserva al artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que la prisión preventiva permanezca hasta un año.

Por otra parte, igual que lo hice ante el Código de Justicia Militar, me permito proponer que se ajusten diversos preceptos a la observancia de la libertad de expresión, acorde con la publicidad de los juicios acusatorios.

Senadoras y Senadores, finalmente quiero hacer mención a un tópico que considero de absoluta justicia.

Me refiero a incluir en el catálogo de delitos calificados como graves, a una conducta ilícita que por la intensidad del impacto social que trae consigo debe estar en este listado. Me refiero a los homicidios culposos en perjuicio de niños, adolescentes y personas adultas mayores que deben tener una penalidad más elevada y asimismo deben dar lugar a la prisión preventiva.

Los terribles y lamentables hechos de la Guardería ABC, en Sonora, nos interpelan. Nunca más deben quedar en libertad bajo caución las personas que incurran en faltas de cuidado, negligencia u omisión grave que dan por resultado la muerte de un menor o de un adulto mayor.

Quiero hacer mención también a hechos ocurridos en el estado que represento, hace unos meses en Mexicali tuvo lugar un incendio provocado en un asilo. Si bien en este caso se trató de acciones dolosas, me di cuenta que si hubiera mediado negligencia, las personas hubieran quedado libres bajo fianza y por su responsabilidad se les hubiera aplicado una penalidad baja.

Por ello, pido que esta clase de homicidios se incluyan como graves en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Agradezco la atención de todos ustedes y en particular su buen criterio, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Agotada la lista de oradores y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 del Reglamento del Senado, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que se han presentado las siguientes reservas:

Del Código Nacional de Procedimientos Penales:

Senador Benjamín Robles Montoya, artículos 165, 176 y 218

Senador Manuel Bartlett Díaz, artículos 165, 174, 251, 256, 303 y Transitorio Tercero.

Senadora Angélica de la Pena Gómez, artículos 165 y 174.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, artículos 165 y adición de artículo 5, 55, 167 y 362.

Senador Jesús Casillas Romero, artículo 338.

Del Código Penal Federal:

Senador Mario Delgado Carrillo, artículo 11-Bis.

Senador Benjamín Robles Montoya, artículo 97.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, adición del artículo artículo 60.

De la Ley de Amparo:

Senador Manuel Bartlett Díaz, artículo 61.

Senadora Dolores Padierna Luna, artículo 170.

Senadora Angélica de la Peña Gómez, artículo 173.

¿Falta alguna reserva por registrar?

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, quiero por favor reservar, es un asunto de forma, prácticamente no es un cambio, sino es una corrección de forma, el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si es tan amable.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda reservado el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo ya argumenté el artículo que reservé. Solamente pediría que la Secretaría lo leyera y se pusiera a consideración del Pleno, pero ya lo expliqué en mi primera intervención.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con gusto, Senadora Dolores Padierna.

Sonido en el escaño del Senador José de Jesús Santana García, por favor.

El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Son dos reservas nada más, que se está viendo la posibilidad, como son de cuestión de técnica legislativa, con el Presidente de la Comisión que se pudieran hacer las correcciones, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Sobre qué artículos?

El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Los menciono, señor Presidente.

Es el artículo 11 Bis del Código Penal Federal.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Código Penal Federal, artículo 11 Bis.

El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) El artículo 11 Bis, fracciones XII y XIII.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Fracciones XII y XIII.

El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Ello es en virtud de que esas leyes ya fueron abrogadas por este Senado en abril de 2015.

Ya no tienen una razón de ser en el contexto de este artículo. Se está analizando y por eso es la reserva, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le ruego, señor Senador, nos precise la modificación que se está planteando, para poder concretar la reserva.

El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Son las fracciones XIII y XV del artículo 11 Bis del Código Penal Federal, en virtud de que esas dos leyes que se mencionan en las fracciones que refiero, ya no existen, ya fueron abrogadas en abril de 2015.

Igualmente para que se corrija la fracción XIV, toda vez que hace mención a un Apartado B del artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el artículo 422 no tiene apartados, mucho menos el Apartado B.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Reservamos el artículo 11 Bis, las fracciones que fueron señaladas.

Le rogaría, Senador, nos acerque por escrito la precisión porque tenemos alguna confusión con respecto al artículo al que se está refiriendo.

El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Cómo no.

Se las hago llegar por escrito en un momento a efecto de que se corrijan, porque también se hace mención a un Apartado B del artículo 422 que no tiene apartados. No existe ningún apartado y se hace mención.

Habría que suprimir esa parte y referirse únicamente al artículo 422 en todo su contexto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría. Queda reservado el artículo 11 Bis.

¿Alguna otra reserva?

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y los artículos no reservados del proyecto que ha sido presentado.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, doy cuenta del resultado de la votación. Conforme al registro en el sistema electrónico, se presentado ya las reservas relativas al Código Nacional de Procedimientos Penales en previas intervenciones.



Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Robles Montoya a los artículos 165, 176 y 218 en un solo acto.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Robles Montoya. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 165, 176 y 218 se votarán al final en un solo acto.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democratica, para presentar reservas al Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Muchas gracias.

Bueno, vamos a presentar dos reservas al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Senadora Ivonne Álvarez y su servidora, también construidas con el señor Presidente de la Comisión de Justicia, Senador Fernando Yunes.

El 165, lo que estamos haciendo es el segundo párrafo, hacer un agregado.

Este artículo tuvo una gran discusión, nos parece que es importante refrendar lo que dice la Constitución, de tal manera que no haya dudas de que si bien puede tener algún sentido el reclamo que nos hace que definamos en un año, en este caso la prisión preventiva.

Lo que estamos sustentando es que queden dos años, pero prácticamente lo que incluimos es la redacción del artículo constitucional, de tal manera que ponemos el segundo supuesto, ya está uno de ellos, pero nos parece importante presentar el segundo supuesto.

De tal manera que lo que hace este 165 es repetir la Constitución, quedaría el segundo párrafo: "La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido ese término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad e inmediato mientras se sigue el proceso sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares".

Bien, en cuanto la otra reserva tiene que ver con el artículo 174, es una construcción del último párrafo que llevó a un trabajo docto por distintas y distintos especialistas que finalmente nos parece atiende las preocupaciones vertidas por diferentes Senadoras, Senadores y organizaciones.

Voy a leer el último párrafo del 134 que tiene que ver con el incumplimiento del imputado de las medidas cautelares: "Si el imputado es sorprendido, infringiendo una medida cautelar de las establecidas en las fracciones V, VII, VIII, IX, XII y XIII del artículo 155 de este código, el supervisor de la medida cautelar deberá dar aviso inmediatamente y por cualquier medio al Juez de Control, quien con la misma inmediatez, ordenará su arresto con fundamento en el inciso d) fracción II del artículo 104 de este código, para que dentro de la duración de éste, sea llevado ante él, en ausencia de las partes, con el fin de que se revise la medida cautelar, siempre y cuando se le haya apercibido que de incumplir con la medida cautelar se le impondría dicha medida de apremio".

Bien, por obviedad de tiempo, hemos acordado el Presidente de la Mesa y su servidora, que también vamos a presentar la reforma que hicimos a la Ley de Amparo, en el artículo 173 que tiene que ver con un ajuste en este artículo al Apartado B, en la fracción XVIII, en el segundo párrafo de esta fracción que diría: "No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia, sólo difiere en grado del que haya sido materia del proceso, o bien, que es el agregado, o bien sea el resultado de la reclasificación jurídica del delito en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales".

Y aprovecho apreciable la Asamblea para retirar la reserva que hayamos hecho al artículo 51 del Código Penal Federal, porque hemos verificado que está correctamente inscrita en el dictamen en comento.

Muchas gracias por su atención.

Propuestas de modificación



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas de la Senadora Angélica de la Peña, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Angélica de la Peña. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Pregunto si hay oradores respecto a estas reservas.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las reservas.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse estas reservas presentadas relativas al Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 165 y 174. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Aprobadas las reservas.

Sonido en el escaño de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Solamente para clarificar. Me parece que se nos quedó sin votar el artículo 173, Apartado B, que se refiere a la Ley de Amparo.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sí Senadora, ese se reserva para su votación, en su momento, porque es de la Ley de Amparo.

Estamos tratando de agrupar, ahorita votamos del Código Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente votaremos la de Ley de Amparo.

La Senadora Angélica de la Peña retiró a su vez el artículo 51, las reservas que tenía, mismas del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Tiene la palabra el Senador Héctor Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reservas al artículo 165, 174, 251, 256, 303 y Transitorio Tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia.

La Miscelánea Penal ha sido pensada no para dotar de facultades y herramientas a juzgadores o ministerios públicos que les permitan hacer mejor su trabajo y dar buenos resultados ni para asegurar el respeto a las garantías y derechos humanos de los procesados.

Proponemos una serie de reservas que limiten en alguna medida estos agravios en contra de la sociedad.

Proponemos eliminar el inciso d) fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que es inaceptable y contrario a los principios constitucionales. Que el amparo sea improcedente en contra de órdenes de aprehensión, medidas cautelares y autos de vinculación a proceso, ya que esto limita el derecho a la defensa de los imputados.

Otro agravio en contra de los derechos humanos, se encuentra en el artículo 92, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que la figura "pesquisa", que contempla dicho ordenamiento es contraria a los derechos humanos, ya que no se respeta el debido proceso, es decir, no se puede investigar a una persona para efectos penales con carácter fiscal, sin que ésta previamente sea notificada. Es por eso que proponemos que dicha fracción sea eliminada.

En el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales de este dictamen, señala que la prisión preventiva no podrá exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho del imputado. Sin embargo, este precepto no contempla los dos supuestos constitucionales en cuanto a que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo máximo que la ley fije para el delito y que ningún caso podrá ser superior a dos años. Es decir, sólo se contempla esta segunda hipótesis, pero no así la primera, razón por la cual resulta a todas las luces contradictoria del texto constitucional.

Proponemos que se establezcan estos dos supuestos constitucionales para darle armonía y uniformidad.

En el mismo Código de Procedimientos Penales, en el artículo 174, propuesto en este dictamen, permite que la aprehensión del imputado por incumplimiento de las medidas cautelares, lo que no se inscribe dentro de un derecho penal garantista, en este sentido vale la pena decir que es correcto que el imputado se le requiera a comparecer o que se le arreste si no asiste a la audiencia respectiva.

Sin embargo resulta desproporcionado que se le aprehenda sin que el juez haya oído las razones de su inasistencia.

Por ello proponemos que esto sea incluido en el dicho precepto.

En el mismo ordenamiento, el artículo 256 señala que el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, consideramos que este es el reino para la discrecionalidad y la corrupción y por ello proponemos que sea eliminado del cuerpo de dictamen que se está por aprobar.

El artículo 303, faculta al Procurador a ordenar directamente la localización geográfica en tiempo real de personas relacionadas con los hechos que se investigan sin autorización de un Juez de Control. Esta es una grave atribución que se antoja, será utilizada de manera indiscriminada, y por ello proponemos que sea eliminado este párrafo del artículo en cuestión.

Como puede observarse, estos artículos representan un agravio en contra de los derechos humanos, un ataque en contra de la libertad, pero lo más preocupante, es que poco a poco se construyen eslabones para imponer un Estado autoritario.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Menchaca Medrano.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión los artículos reservados.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión los artículos reservados por el Senador Menchaca Medrano. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Igualmente, solicito consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del artículo 165 y adiciones de los artículos 5, 55, 167 y 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión los artículos reservados por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidente Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy vengo a esta tribuna a efecto de proponer a esta Asamblea una propuesta de modificación, concretamente al artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y tiene mucho que ver con este nuevo Sistema Penal Acusatorio, en el que, entre otras virtudes, en la que, entre otros beneficios que este nuevo sistema habrá de generar para una buena impartición de justicia, y que proviene precisamente de la gran reforma constitucional del año 2008, que sin duda, una de las enmiendas más importantes de nuestro sistema penal, que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que da este término de 8 años, que concluye precisamente el próximo sábado 18 de junio, para que en todo el país ya entre en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Es decir, en esta reforma de 2008 que además se robustece, se complementa con otra de las grandes reformas que el Estado mexicano ha impulsado, la que tiene que ver con los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, ya no sólo al indiciado, sino también en el ámbito más amplio, es decir, también los derechos humanos de la víctima.

Esta reforma de 2011, junto con la de 2008, constituye este gran avance que en materia de justicia penal tendrá nuestro Sistema Penal Acusatorio.

En ese sentido, en la figura que se incorporan en este sistema, sin duda es el avance importante en cuanto a la coadyuvancia en la acusación.

Por eso la propuesta que hoy estoy haciendo a ustedes, y que, pues, me gustaría contar con su respaldo, es la que tiene que ver en la fracción III del artículo 338. Y esta reforma, esta propuesta de reforma, pues, es con la finalidad que quede el texto original que nos envía la Cámara de Diputados tiene que ver con la presentación de los medios probatorios por parte de la víctima, sin necesidad de que el Ministerio Público, como viene en el texto, las tenga que valorar, y una vez valoradas, se le dé cuenta, con su justo derecho al indiciado, para que posteriormente se puedan remitir al juez, es decir, tener una traba más para que la víctima pueda, de manera directa, ofrecer al juez los medios de convicción, las pruebas necesarias para el debido proceso.

En tal virtud, la propuesta concreta va en el siguiente sentido:

Artículo 338. Coadyuvancia en la acusación, fracción III. Ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual deberá notificar al acusado.

Así de sencilla y de fácil es la propuesta para que la víctima, ya que tiene la posibilidad, en compañía de su asesor jurídico, pueda ofrecer las medidas necesarias, sobre todo los medios de convicción, las pruebas directamente al juez.

En tal virtud, compañeras y compañeros legisladores, solicitarles su apoyo a efecto de que esta reserva pueda entrar a discusión y, en su momento procesal, se pueda aprobar.

Por su atención, muchas gracias, señora Presidenta.

Propuesta de modificación



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Casillas Romero.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de admitirse la reserva presentada por el Senador Jesús Casillas Romero.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las reservas presentadas por el Senador Jesús Casillas Romero. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si la reserva se aprueba del artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobada la reserva.

Pasamos a la discusión de las reservas presentadas al Código Penal Federal.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de reserva presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo al artículo 11 Bis.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Mario Delgado Carrillo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Igualmente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva del Senador Benjamín Robles Montoya al artículo 97 del Código Penal Federal.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Igualmente, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para una adición del artículo 60 del Código Penal Federal.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la palabra el Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para la reserva al artículo 11 Bis del Código Penal Federal.

El Senador José de Jesús Santana García: Buenas tardes, con su venia, señora Presidenta. Compañeros del Senado:

Se propone la reserva del artículo 11 Bis del Código Penal Federal para suprimir las fracciones XIII y XV de dicho artículo, toda vez que las leyes a las que se hace mención ya se encuentran abrogadas, por lo tanto, no cabe la mención o la inclusión en las mismas, también se propone suprimir de la fracción XXIX la referencia al Apartado B del artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no existe ningún Apartado B, ni A, ni C, no existe ya ningún apartado y no hay razón a incluir esta parte en la mencionada fracción XXIX, por lo tanto, creo que es procedente que se eliminen estas fracciones de los artículos mencionados.

Es cuanto, señora Presidenta.

Propuesta de modificación



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Santana García.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Santana García.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador José de Jesús Santana. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Está a discusión la reserva, no habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la reserva al artículo 11 Bis.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta en mención. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos a la discusión de la reserva hecha a la Ley de Amparo.

Al haberse presentado por el Senador Menchaca Medrano, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Héctor Menchaca. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Igualmente, la Senadora Dolores Padierna Luna ha presentado reservas al artículo 170 de la Ley de Amparo.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la Senadora Dolores Padierna Luna. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión la reserva al artículo 170, presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, en cuanto a la Ley de Amparo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la reserva presentada.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

De la misma forma, la Senadora Angélica de la Peña Gómez ha hecho la presentación de su reserva del artículo 173 de la Ley de Amparo.

Porpuesta de modificación



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora Angélica de la Peña. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión la reserva. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la reserva presentada.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada por la Senadora Angélica de la Peña. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Aprobada, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Hemos terminado con la discusión de las reservas.

Sonido en el escaño de la Senadora Graciela Ortiz.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Solamente para hacer una mera consideración, si me permite hacerlo desde mi escaño.

Estamos solicitando la consideración para eliminar el primer párrafo de la exposición de motivos relativa a la Ley de Instituciones de Crédito porque no tiene relevancia jurídica con los artículos que fueron modificados por la Cámara de Diputados, que es la Cámara Revisora, y estamos, a la vez, en Ley de Instituciones de Crédito, coincidimos con la Colegisladora en mantener las modificaciones 1ª, 2ª y 3ª del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, para efecto de modificar la denominación de indiciado por imputado en los casos previstos en estos supuestos.

Este sería la única modificación en este caso, y eliminar el primer párrafo de la exposición de motivos relativo a la Ley de Instituciones de Crédito.

Es una consideración que ponemos o sometemos al Pleno.

Propuesta de modificación



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Ortiz González, ¿es una propuesta de modificación a la parte expositiva del proyecto?

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Es correcto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse la modificación propuesta por la Senadora Graciela Ortiz y, en su caso, someteremos a votación su incorporación al proyecto.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Sí, señor Presidente. En este momento consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora Graciela Ortiz, en relación a dicha modificación a la parte considerativa. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta formulada por la Senadora Graciela Ortiz, a la parte expositiva del proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada por la Senadora Graciela Ortiz. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Agotadas las reservas, procederemos a la votación de los artículos 165, 174 y 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las propuestas aprobadas; los artículos 51, 176, 218, 251, 256, 303 y Transitorio Tercero del mismo ordenamiento, en los términos del dictamen; el artículo 11 Bis del Código Penal Federal, con la propuesta aprobada; el artículo 97 del mismo ordenamiento, en los términos del dictamen; los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo, con las modificaciones aceptadas y el artículo 61 también de la Ley de Amparo, en los términos del dictamen.

Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los artículos que ya fueron mencionados por esta Presidencia.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señora Presidenta, informo el resultado de la votación: 96 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 165, 174 y 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las modificaciones aceptadas por esta Asamblea; los artículos 51, 176, 218, 251, 256, 303 y Transitorio Tercero del mismo ordenamiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos del dictamen; el artículo 11 Bis del Código Penal Federal, con la modificación aceptada; el artículo 97 del Código Penal Federal, en los términos del dictamen; los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo, con las modificaciones aceptadas y el artículo 61 también de la Ley de Amparo, en los términos del dictamen.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 constitucional, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

A petición de los Coordinadores de los grupos parlamentarios y con el Acuerdo de la Mesa Directiva, se declara un receso de 15 minutos en espera de los dictámenes correspondientes.

(Receso)

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se reanuda la sesión.





 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. El dictamen está disponible en sus escaños.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

(Dictamen de primera lectura)



(Voto particular del Senador Manuel Bartlett Díaz)



(Voto particular de la Senadora Dolores Padierna Luna)



(Voto particular del Senador Armando Ríos Piter)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Es de primera lectura.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Para conocimiento de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa hace referencia a tres ordenamientos, que son los siguientes.

La expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por acuerdo de las comisiones, se ha solicitado que el procedimiento se realice de la siguiente forma:

Que haya presentación del dictamen por cada Presidente de las dictaminadoras; posteriormente se presenten los posicionamientos de los grupos parlamentarios;   después habrá la discusión en lo general y en lo particular de cada uno de los proyectos de ley que contiene el dictamen con la respectiva votación por separado de cada proyecto.

Para conocimiento de la Asamblea, les informo que las comisiones entregaron un documento denominado adendum relativo a los tres ordenamientos que propone el dictamen y al Transitorio Quinto. El adendum está publicado en la Gaceta Parlamentaria y se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños.



Antes de iniciar con el despacho del dictamen, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones del adendum se integren al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el adendum con las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autorizan, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron autorizadas por la Asamblea.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, y hasta por 10 minutos.

El Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todos.

A nombre de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana nos permitimos presentar este dictamen que cuenta con tres instrumentos que han sido votados previamente en las comisiones, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Vale la pena hacer el recuento de qué es lo que ha hecho este Senado de la República al respecto. ¿Qué es lo que empezamos hace unos cuantos años a discutir aquí? ¿Cuáles eran las reformas que considerábamos que eran importantes para este país?

La Reforma Constitucional en Transparencia y la Reforma Constitucional en Materia de Anticorrupción.

Así nos pusimos de acuerdo, ya hace algunos meses y la otra hace algunos años, el año pasado para determinar que estas reformas constitucionales era lo que requería este país.

Nos pusimos de acuerdo, las votamos y fuera una realidad.

Ahí especificamos que el desarrollo de ellas tenía que venir acompañado de una serie de leyes secundarias y ahí nos dimos a la tarea de ir construyendo la primera parte que era la de transparencia.

Nos pusimos de acuerdo para presentar y dictaminar la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia.

Que hay que decirlo, ambos instrumentos han sido reconocidos nacional e internacionalmente por el avance que tienen.

Hemos sido felicitados por organismos internacionales, respecto a estos instrumentos que juntos el Senado de la República propusimos a los mexicanos y que fueron aprobadas. De ahí, teníamos que seguir con la segunda parte de la reforma. Las Leyes Secundarias en Combate a la Corrupción.

Es verdad que al momento de redactar, pensábamos que las leyes secundarias que estaban por venir no iban a tener la complejidad con la cual nos fuimos encontrando.

Es por eso que en ese transitorio, sólo nos dimos 12 meses para poder tener todo este paquete de leyes secundarias, y eso nos apretó el tiempo, porque el Senado de la República estaba discutiendo también otros temas importantes para este país.

Pero también es verdad que tampoco la sociedad civil en ese momento había visto que íbamos a incluir todo el paquete penal, cualquiera que pueda revisar la Ley de Responsabilidades Ley 3 de 3 que han presentado los ciudadanos, en el Quinto Transitorio podrá darse cuenta que, inclusive, la sociedad civil había establecido un plazo de un año para hacer las modificaciones en materia penal.

Este Senado decidió no esperar un año para hacer estas modificaciones; decidió armar un paquete de siete leyes y es así como en este momento presentamos estos tres primeros instrumentos.

Y respecto al Sistema Nacional, la construcción tiene dos ejes, tiene dos ejes fundamentales sobre los que hemos construido el sistema.

Los ciudadanos, la confianza, los ciudadanos para que puedan conducir todo el sistema y la otra la formación de instituciones.

Son dos grandes apuestas que hemos hecho en el Senado. Y es por eso que nos hemos puesto de acuerdo para que los ciudadanos prefieran los órganos de este sistema, ni más ni menos.

Los ciudadanos presidirán el Comité Coordinador; presidirán al Comité de Participación Ciudadana y presidirán también la Secretaría Ejecutiva, ni más ni menos.

Un sistema que va a coordinar a las diferentes autoridades federales, estatales y municipales: que va a coordinar el intercambio de información, que va a evaluar, que se va a autocorregir, que va a permitir diseñar políticas públicas que tanto requiere este país, que va a tener una plataforma, que va a poder entrar a los diferentes sistemas que ya están en funcionamiento o que deberán estar en funcionamiento.

Una plataforma digital que entrará a un sistema de evolución patrimonial y de declaraciones de interés y constancias de otras declaraciones para desde ahí tomar la información y poder revisarla.

Un sistema de los servidores que intervengan en contrataciones públicas.

Es ahora que tendremos un registro diferente al de todos los servidores públicos para poder tener detectados aquellos que estén interviniendo en las compras públicas.

Esta también un sistema en el que tendremos registro de todos aquéllos que han sido sancionados. Servidores públicos, pero también particulares.

Estará ahí el registro de quiénes han incumplido con la ley.

Un sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y de hechos de corrupción y hemos incluido un sistema de información pública de contrataciones.

Es así como esta parte del sistema, hace la apuesta como les decía en dos vertientes: la de los ciudadanos. Estamos empoderando a los ciudadanos para que dirijan este sistema, es un sistema potente, es un sistema fuerte, es un sistema que cambia el paradigma de este país.

Por otra parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, donde hemos podido detallar todos los procedimientos administrativos que deberán llevarse y también nos hemos dado a la tarea de señalar de manera específica, las conductas administrativas que podrán ser consideradas no graves o graves.

Es verdad que existe una preocupación por las graves, y ahí nos tomamos mucho tiempo para describir cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.

Hemos sido cuidadosos en estas comisiones, como en la Comisión de Justicia, y de Estudios Legislativos, que están dictaminando la parte penal en que los tipos penales no se confundan con los tipos administrativos. Son dos vías que deben llevarse de manera paralela, la parte administrativa y la parte penal.

Desde hace mucho tiempo los que fuimos Diputados la legislatura pasada, sabíamos y conocíamos que había una asignatura pendiente en esta materia. Ya existía una propuesta que nunca pudo ser aterrizada de que existiera un Tribunal especializado para sancionar a los servidores públicos, las exigencias que había en ese momento, era que no debía la misma autoridad como parte del control interno, sancionar a sus servidores públicos.

Existía la duda si estas contralorías internas lo estaban haciendo bien o no, y en algunos casos no dudas, en algunos casos reclamos de la Auditoría Superior de la Federación que no le satisfacía los expedientes que estaba entregando a las contralorías internas para que fueran sancionados.

Fue así como ahora en esta reforma, hemos llegado por un acuerdo de todos a concluir que debe ser el Tribunal Fiscal el encargado de llevar a cabo la sanción de los servidores públicos y también de los particulares cuando se cometan actos de corrupción o faltas administrativas.

Hemos ido detallando un procedimiento desde el sistema, desde la Ley Federal de Responsabilidades y también hay que decirlo, desde el Tribunal, para que pueda correr el inicio de una denuncia, de una investigación de oficio o de una auditoría, cómo debe correr esta conducta hacia la Ley Federal de Responsabilidades, para que ahí cualquiera de las autoridades investigadoras contempladas en el artículo 3 de esta ley, pueda determinar si es ahí donde se lleve a cabo el procedimiento de responsabilidades públicas por una calificación de la conducta en las no graves, o una calificación de conducta de no grave, donde habría que substanciar el procedimiento para que se fuera al propio Tribunal Fiscal.

Es decir, las no graves, tendrán un procedimiento de responsabilidades por la propia autoridad investigadora contemplada en el artículo 3 de esta ley, para llevar a cabo la audiencia de ley, recibir pruebas, valorarlas, recibir alegatos, cerrar la instrucción y poder emitir una resolución en términos administrativos.

En las no graves, se integrará la auditoría o la investigación que se haya llevado a cabo y se turnará al Tribunal Fiscal para que sea el Tribunal Fiscal el encargado de substanciar este procedimiento. El Tribunal Fiscal será el encargado de abrir con el auto de erradicación el expediente, conocer de él, dar la garantía de audiencia y citar, como lo hemos dicho, al servidor público o al particular para que acuda, con su garantía de audiencia a manifestar lo que le convenga en una audiencia ante el tribunal.

Ahí, después de esta audiencia, tendrá la posibilidad de aportar las pruebas con un capítulo completo, específico de todos los tipos de prueba, de cómo pueden aportarse y cómo pueden desahogarse.

Después de esto, el propio Tribunal hará esta valoración de pruebas para también en un acto siguiente, recibir los alegatos, insisto, de los servidores públicos o de los particulares que estén siguiendo un procedimiento de responsabilidades por presuntamente haber cometido una violación grave.

Y es ahí, después de haber celebrado la garantía de audiencia, de haber recibo las pruebas, de haber valorado las pruebas, de haber recibido alegatos, de haber cerrado la instrucción cuando el magistrado emitirá una sentencia de responsabilidad  administrativa.

Es decir, estos sistemas se comunican. Se comunica el Sistema Nacional Anticorrupción con la Ley Federal de Responsabilidades, con el tribunal.

Hemos corrido una matriz de cada una de las conductas para estar seguros que puedan correr dentro del sistema.

En las redacciones que hemos hecho, nos hemos cerciorado, artículo por artículo, que tengan pleno apego a la Constitución.

Hemos revisado también dos circunstancias importantes: presunción de inocencia y debido proceso.

Hemos ido redactando cada uno de estos artículos, revisando estos tres aspectos. Pero no sólo eso, también el bloque de constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad conformado por las leyes internas, pero también por las leyes de otros países con los que hemos suscrito tratados internacionales, a eso nos obligó la gran reforma en derecho humanos que también hicimos hace algunos años.

Es decir, consideramos que lo que estamos presentando el día de hoy está perfectamente bien blindado y sustentado para que cualquier procedimiento de responsabilidades, sea de servidores públicos, o sea de particulares, cumpla con todos los requisitos que se han establecido por los criterios internacionales y también por las revisiones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia: presunción de inocencia, y debido proceso, y también la convencionalidad.

Es por eso que el día de hoy presentamos a ustedes estos tres instrumentos, y esperamos contar con su voto.

Recordemos que este sistema, es un sistema potente, es un sistema fuerte, es un sistema que empodera a los ciudadanos, y que también hay que decirlo, también apuesta a las instituciones que tanto requiere este país.

Muchas gracias por su atención.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Escudero Morales.

Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Con el dictamen que hoy vamos a aprobar se cierra un ciclo en donde se dará paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la formación de un Tribunal de Justicia Administrativa y reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Este ha sido un proceso escabroso, muy difícil en su implementación, que ha puesto en evidencia las virtudes y al mismo tiempo las peores prácticas dentro del Poder Legislativo y particularmente en el Senado de la República.

Este proceso que inició con iniciativas muy diversas de todos los grupos parlamentarios y la presentación de una Iniciativa Ciudadana respaldada por más de 630 mil ciudadanos, se propuso originalmente desarrollar sus discusiones y el trabajo legislativo a partir de las prácticas del parlamento abierto.

En las primeras reuniones que desarrollamos nos planteamos dejar atrás las negociaciones bilaterales, las negociaciones en lo oscurito, y de cara a la sociedad, de manera pública y a través, incluso, de la transmisión del Canal del Congreso, nos propusimos abordar el debate de uno de los temas más sensibles en nuestra población y que afecta la vida cotidiana de todas y de todos los mexicanos.

Lamentablemente no lo logramos. No tuvimos la capacidad, ni la inteligencia para construir los acuerdos que nos permitieran avanzar en la construcción de consensos, y eso llevó, no solamente a un proceso de desgaste en la dictaminación de las distintas iniciativas, sino a un proceso de politización en el marco del proceso electoral de esta discusión, que impidió que estas iniciativas o este dictamen fuera aprobado en el anterior periodo de sesiones.

Más aún, el proceso de acercamiento con los ciudadanos promotores de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocido como Ley 3 de 3, incurrió en las prácticas que nosotros mismos cuestionamos al derivar, debido a la incapacidad de los grupos parlamentarios, a una negociación bilateral de los propios ciudadanos promoventes con las distintas fracciones parlamentarias.

Pero, finalmente, hoy llegamos a esta discusión, donde todavía en estos momentos se discuten dos de las iniciativas que deben formar parte del paquete que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y todavía estamos en espera de las dos minutas que la Cámara de Diputados habrá de enviar en materia de fiscalización.

Hay avances, no lo podemos negar, la reforma en materia de combate a la corrupción forma parte de una reforma a la administración pública que quizá tiene como su principal contribución la ciudadanización en el diseño de las políticas públicas en esta materia y la posibilidad de que las distintas instituciones responsables de combatir esta práctica indebida puedan coordinarse, actuar de manera conjunta, y si tenemos un buen dictamen de reformas al Código Penal, que se tipifiquen los delitos para que se acabe con la impunidad y la corrupción sea atacada.

Entendemos que este sistema es un sistema progresivo y que tendrá que vincularse con el desarrollo institucional del mismo, así como desde las distintas instituciones y el propio órgano ciudadano que formará parte del Sistema Nacional, pero también tenemos que asumir que de generar y aprobar la legislación, avanzar en el desmantelamiento del entramado institucional que ha permitido que la corrupción forme parte del ejercicio de la función pública, dista todavía mucho tiempo, porque habrá no solamente que llevar a cabo un proceso de maduración de esta reforma, sino se requieren mayores reformas que no se quedan en el ámbito legislativo, sino que requieren cambios al régimen político en nuestro país, un régimen que se ha sustentado lamentablemente en tres pilares: corrupción, autoritarismo e impunidad.

Porque lamentablemente la corrupción se convirtió en parte del engranaje fundamental del sistema político de nuestro país, sino cuál la forma en que se ejerce el gobierno y el desarrollo de las políticas públicas no puede funcionar.

No es un fenómeno nuevo, así se pacificó este país después de la Revolución, a partir de cañonazos de 50 mil pesos y la distribución de las viejas haciendas a los generales. Así se constituyó la base fundamental del Presidencialismo mexicano donde a partir de un sistema de premios y castigos la política, los negocios y el ejercicio del poder conformaron un círculo vicioso que volvió a la corrupción y a la impunidad una forma de gobierno y de ejercicio de las políticas públicas para el mantenimiento del Statu quo actual.

Por eso se requieren mayores prácticas, otro tipo de reformas y de cambios. La corrupción, a diferencia de lo que han dicho diversos funcionarios, no es un problema cultural de los mexicanos, es un problema sistémico, y en tanto problema sistémico y multifactorial hay que desmantelar las redes que lo permiten, y que junto a la actuación indebida del Poder Judicial generan la impunidad para que esta práctica se reproduzca y se multiplique.

Creo que quedan muchos temas pendientes en la discusión de este marco legislativo, temas más profundos y fundamentales, como, por ejemplo, la eliminación de todo tipo de fuero constitucional a los servidores públicos, empezando por el fuero Presidencial, que más que inmunidad otorga impunidad al Presidente de la República.

La eliminación del fuero a los legisladores y a todos los gobernantes de este país, pero también hay que atacar la otra cara de la moneda, porque hoy la reforma en materia del Sistema Anticorrupción se ha centrado en lo que es la función pública, la administración pública y los servidores públicos y representantes populares, pero falta ir a fondo con la otra cara de la corrupción que tiene que ver con el soborno, que tiene que ver con el tráfico de influencias, que tiene que ver con el lavado de dinero, que tiene que ver con la utilización de paraísos fiscales, la creación de empresas offshore para eludir impuestos y encubrir operaciones económicas ilícitas y, particularmente, el que se nos rinda cuenta del origen de las fortunas que hoy los hombres más ricos de este país, incluso de los hombres más ricos del mundo han acumulado a partir de ser prestanombres o de ser beneficiarios de la privatización de los bienes de la nación o la concesión de servicios públicos.

Esos temas están intocados en la legislación que hoy discutimos, y espero que en el próximo periodo de sesiones, una ley contra el soborno que permita hacer la investigación de las empresas privadas dentro y fuera del país, y hacer el seguimiento de las labores de inteligencia de cómo administran sus recursos en el Sistema Financiero Nacional, y fuera de México nos permita ir a atacar realmente el problema de fondo.

Que nos digan qué funcionarios del gobierno se vienen siendo beneficiarios con la privatización de los bienes de la nación, porque, qué bueno que tengamos hoy una Ley 3 de 3, a 1 ó 2 de 3; o una ley 2 que 3 de responsabilidades, pero todavía no nos dan respuesta de los beneficios que Miguel de la Madrid, que Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que los propios presidentes de la alternancia han tenido con la privatización de los bienes públicos y con el otorgamiento de las concesiones que corresponden a la nación.

Creo que se avanza, pero todavía nos falta un largo trecho por recorrer, porque no basta combatir la corrupción, hay que combatir la impunidad y esa impunidad se deriva y emerge fundamentalmente del poder intocado de este país que es el Poder Judicial que todo lo encubre, todo lo tolera para poder garantizar la prevalencia del actual régimen político de nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Esta Presidencia informa que se ha recibido la intervención del Senador Fernando Yunes, para fundamentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Justicia, por escrito. Y se instruye a que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Intervención. Con el permiso de la Prersidencia.



Pasamos a la presentación de los votos particulares, el primero a cargo de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.

No estando presente, daremos paso a la presentación del voto particular a cargo del Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por el mismo lapso de tiempo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Quiero hacer un comentario inicial, de que presentamos, recordar que presentamos una iniciativa ¿verdad?

Que ni siquiera fue comentada en este trabajo de 800 hojas y de leyes; una iniciativa que al ser omitida en el debate me da pie para hacer este planteamiento a través de un voto particular.

Hago una introducción con fundamento a los artículos tales y tales de nuestro Reglamento, para darle paso al artículo 208 del Reglamento, señalo, asunto u objeto, voto particular respecto al dictamen citado al rubro.

Omito los elementos reglamentarios para pasar a lo siguiente. Las consideraciones que sustentan el voto particular son las siguientes:

El poder más importante del país en ese dictamen permanece impune, que se hablaba ya de la impunidad, me refiero al poder del Presidente de la República al aprobarse la reforma constitucional el 27 de mayo de 2015, no se modificó el artículo 108 de la Constitución, y en este dictamen tampoco, se limita efectivamente a ese poder.

El dictamen hace caso omiso a la explosión de la más profunda corrupción pública y privada durante los periodos correspondientes a la imposición del régimen neoliberal con su desenfreno privatizador, la intromisión de lo privado por encima de lo público y las limitaciones del Estado.

La omisión de la revisión de este periodo y las sanciones que deben derivarse en materia anticorrupción deja incólume la corrupción que antecede a la creación en la actualidad de una corrupción convertida en sistema de gobierno, señalamiento indubitable de la opinión pública nacional e internacional, denominada con el eufemismo al análisis de las elecciones, hartazgo. No es eso, es el sistema de corrupción integral de arriba, a partir de la Presidencia de la República.

La omisión del análisis de este período deja esa inmensa corrupción convertida en poderes de ex funcionarios y ex presidentes, que además de imponer sus intereses, desde posiciones de dominio, de redes públicas y privadas, generan un ejemplo más pernicioso consistente en crear poderes que ninguna limitación tiene, derivados de la corrupción pública, que se convierten en modelo a seguir para la clase política totalmente desprestigiada y sus asociados privados.

El Sistema Nacional Anticorrupción implica la creación de múltiples órganos e instancias, cuyos titulares serán designados por el Presidente de la República a final de cuentas, la mayoría calificada del Senado o la mayoría calificada de los Diputados.

No hay auténtica separación e independencia entre los vigilantes y los vigilados, porque los últimos designan a los vigilantes, serán instancias partidocratizadas, subordinadas y poco confiables.

Las leyes anticorrupción del Sistema, aunque hacen algunas referencias a las empresas nacionales y extranjeras que obtienen concesiones, contratos, autorizaciones y permisos del gobierno, no establece suficientes obligaciones para ellas.

Por ejemplo, sólo los servidores públicos están obligados a una muy relativa e insuficiente publicidad en sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, las empresas no están obligadas a publicitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, medio ambientales, ni en materia de salud. Sus directivos y accionistas no tienen obligación similar a los servidores públicos, obligados a la transparencia insuficiente de sus declaraciones, pero eso sí, tenemos a la Coparmex indicándole al Senado lo que tiene que hacer, en un puntito que ellos no hacen.

Los delitos y faltas de corrupción son prescriptibles, y no imprescriptibles, como deberían ser. Si lo fueran, ello constituiría un elemento inhibidor poderosísimo, pero el dictamen se queda, en este aspecto, muy corto.

Los titulares de los órganos e instancias encargadas de la anticorrupción no son electos por los ciudadanos, ni sesionan en general en público, son instancias burocráticas, opacas que derivan de designaciones del Presidente del Senado y de los Diputados.

El Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el dictamen no entiende que las claves del combate a la corrupción tienen que ver con el control del poder político, económico, mediático y social.

La lucha en contra de la impunidad a través de autoridades independientes, de los que van a ser vigilados y supervisados con fuertes mecanismos de democracia participativa que no tiene.

El Sistema Nacional Anticorrupción propuesto en el dictamen no se preocupa por la democracia participativa como instrumento fundamental.

El Sistema Nacional Anticorrupción no establece como delito la traición al mandato popular que consiste en prometer políticas públicas durante las campañas electorales que después no se satisfacen.

El Sistema Nacional Anticorrupción no prohíbe que los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas físicas que reciban privilegios fiscales, accionistas y/o directivos de empresas con vínculos con las instancias públicas, tengan prohibido donar recursos para las campañas, el 80 por ciento de la última elección se dice del dinero, fue de proveniencia ilegal.

Los contratistas, concesionarios, permisionarios que perciben privilegios están fuera del control.

Las empresas productivas del Estado y los fideicomisos públicos y figuras análogas, sin excepción, se deberían regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas en el Sistema Nacional Anticorrupción y esto no ocurre así en la legislación secundaria del sistema.

El Sistema Nacional Anticorrupción no establece como sanción penal a servidores públicos y empresas, la extinción de dominio por delitos y faltas graves de corrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción no determina que el Comité Coordinador del Sistema Nacional produzca resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades, sólo recomendaciones.

En fin, el llamado Sistema Nacional Anticorrupción es una reforma simuladora con la publicidad de las declaraciones de servidores públicos, centralista, antifederalista, antimunicipalista. Es una reforma lampedusiana que hace como que cambia, para que todo permanezca igual.

Por las consideraciones anteriores proponemos, mediante nuestro voto particular, lo siguiente.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 108 de la Constitución en materia de responsabilidades del titular del Poder Ejecutivo Federal; imprescriptibilidad de los delitos y faltas de corrupción, para constituir una Comisión de la Verdad que investigue y someta a las autoridades competentes los resultados de sus indagatorias respecto a las conductas y omisiones vinculadas a la corrupción del actual Presidente de la República y de los ex presidentes de la República anteriores durante el período salvaje de las privatizaciones.

"Único.- Se modifica el párrafo segundo del artículo 108 constitucional y, se le adicionan quince párrafos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 108. El Presidente de la República durante el tiempo de su encargo deberá ser acusado por delitos y faltas que constituyan corrupción, por traición a la patria y, por delitos graves del orden común.

Se constituya una Comisión de la Verdad integrada por cinco titulares electos por los ciudadanos, para investigar los actos y omisiones de corrupción del Presidente de la República en funciones, y de los ex presidentes, así como de los empresarios nacionales y extranjeros vinculados con esos actos y omisiones. Los cinco titulares de la Comisión de la Verdad deberán cumplir con los mismos requisitos que se exigen para los Diputados Federales, y serán electos en un proceso electoral extraordinario el primer domingo de noviembre de 2016. Concluirán sus funciones el día último de noviembre de 2017, en donde presentarán, sobre sus resultados y hallazgos, un informe a la nación y a las autoridades competentes. Su nombramiento será honorario. El Presidente será designado de entre ellos por mayoría de las dos terceras partes. Los titulares de la Comisión de la Verdad serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El Consejo General del INE organizará el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser titulares de la Comisión de la Verdad, harán público su patrimonio, sus declaraciones fiscales y de interés, aplicarán exámenes de conocimientos, de confianza y antidopaje ante la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cada una de las cinco plazas, los cinco aspirantes que obtengan las calificaciones más altas serán los candidatos a elegir por la ciudadanía. Los candidatos a ocupar el cargo titular de la Comisión de la Verdad tendrán derecho a tiempos del Estado para exponer sus propuestas y programas de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe el reforzamiento de campañas, así como cualquier tipo de financiamiento público o privado.

La Comisión de la Verdad se instalará al día siguiente de la calificación de validez de la elección de sus titulares. Tendrá plenas competencias para investigar y solicitar información a cualquier autoridad de la República. No se pueden oponer a sus investigaciones, los secretos fiscal, bancario, financiero, ministerial o cualquier otro. La negativa de las autoridades para proporcionar la información requerida, entrañará la destitución de los funcionarios que la hayan negado. Igualmente la Comisión de la Verdad tiene facultades para solicitar información a los particulares y para interrogarlos. En ejercicio de sus competencias, dispondrán del auxilio de la fuerza pública. La metodología de la Comisión de la Verdad se orientará fundamentalmente, aunque no solamente, a la investigación de la corrupción Presidencial, tanto en la operación de los procesos de privatización, desinformación, liberalización de las empresas públicas, en las últimas décadas; de los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones sexenales, y en el análisis pormenorizado del incremento patrimonial de los Presidentes y de sus familias.

Todos los titulares de los órganos e instancias encargados de la anticorrupción, serán electos por los ciudadanos. En ningún nombramiento intervendrán los titulares federales, estatales o municipales del Poder Ejecutivo, los Congresos, los Poderes Judiciales del país.

La Constitución garantiza los siguientes medios de democracia participativa, la revocación de los mandatos de los servidores electos, las consultas obligatorias y vinculantes para los principales decisorios administrativos de que el país adopte en los tres niveles de gobierno. Los referéndums para aprobar reformas constitucionales, tratados y leyes y las agendas populares de inconstitucionalidad.

En un plazo de tres meses, y van a ver que éste sí sería muy efectivo, el Congreso de la Unión aprobará la Ley General de Austeridad y Gasto Público, se prohibirá la contratación de aeronaves privadas, etcétera.

En el caso de ser violados o no cumplidos los indicadores de desempeño se tipificará el delito de traición al mandato por parte de los servidores electos".

De no atacarse, termino, señor Presidente y muchas gracias por su tolerancia, de no atacarse al poder Presidencial, que es de donde deriva de ahí todo el sistema de corrupción, que ha permitido que los gobernadores se conviertan en unos delincuentes, acabamos de ver lo que pasó en las elecciones, de una manera generalizada casi.

Si no se revisa lo que ocurrió en estos periodos que han hecho determinados ex presidentes, verdaderos poderes que son capaces de poner hasta Secretarías de Relaciones Exteriores, que tienen toda la capacidad para movilizar, comprar, someter, obligar, ¿cuál anticorrupción?

Vamos, por ejemplo, a encargarle al Secretario de Comunicaciones, este de los grandes contratos en el Estado de México y después a nivel nacional, le vamos a encargar, como está en el Sistema de Corrupción éste, que él con el órgano de control investiguen al Secretario de Comunicaciones, es ridículo.

Mientras no ataquemos al poder corrupto, mientras no se demuestre que los ex presidentes no son inmunes, mientras no podamos acabar con esa lacra todo lo demás va a seguir igual.

Ese Sistema de Anticorrupción es un galimatías, es una mazacota, no va a llegar a ningún lado, la impunidad empieza desde arriba, desde el Presidente de la República y los ex presidentes que siguen ejerciendo ese ejemplar dominio de la corrupción para comprar, someter, nombrar, etcétera.

Esa es nuestra propuesta, que esa sí resolverá el problema, la otra se va a empezar a organizar, toda esa mazacota de funciones, de todo eso que tienen ahí cada funcionario no lo van a poder implementar antes del siguiente periodo, pero el aeropuerto va a seguir, van a seguir todas estas grandes obras, y luego nos vamos a ir a París, a viajar por el mundo, a Londres, etcétera, con una capacidad de dominio en este país para que la juventud, la gente diga: "Esos sí son el ejemplo, esos ex presidente, esos son el ejemplo, debemos todos ser así".

Si no hay una acción en este sentido todo lo demás es una simulación.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar voto particular, hasta por diez minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

México ocupa, como nación, el primer lugar con más altos índices de corrupción entre los países de la OCDE. La corrupción ha florecido por un esquema de impunidad que revela no sólo la incapacidad institucional, sino también el cinismo, el rechazo al escrutinio público por parte de muchos que integran la clase política.

La corrupción gubernamental pervierte la democracia, ha lastimado la credibilidad de las instituciones, ha inhibido por muchos años la inversión y, por tanto, ha entorpecido el desarrollo. Frente a la corrupción no se ha enderezado una política de Estado que realmente tienda a su disminución o exterminio.

Si este nuevo marco jurídico no es acompañado de la convicción plena de erradicar la corrupción y la impunidad sólo se estará simulando, creando una fachada detrás de la cual no habrá nada nuevo.

Yo estoy presentando un voto particular en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es uno de los pilares básicos del nuevo diseño institucional para combatir la corrupción. Por ello, deben establecerse con toda claridad y fortaleza los mecanismos de control internos y externos que tendrá la administración pública; Además debe fijar los límites de actuación de los funcionarios.

El proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece los principios que deben regir y guiar la actuación de los servidores públicos, mismos que van desde la honradez y la imparcialidad a la rendición de cuentas y la transparencia.

Sin embargo, nos encontramos ante una situación muy delicada, muy grave, por la intención de consolidar una especie de gatopardismo de que todo cambie para que todo siga igual. Y voy a dar varios ejemplos.

Uno. Pues la multicitada Ley 3 de 3.

Frente a la propuesta conocida como Ley 3 de 3, en referencia a las declaraciones de los funcionarios públicos destinadas a prevenir y sancionar los actos de corrupción.

Sin embargo, este dictamen propone que las declaraciones patrimoniales y fiscales sólo podrán ser públicas con la autorización expresa del servidor público. Pues eso es no cambiar nada porque eso es lo que ocurre actualmente.

Nuestra propuesta establece que las declaraciones, las tres: la patrimonial, la fiscal y la de intereses, no sólo dos, estarán disponibles al público en todo momento.

Si se aprueba este dictamen se incumple la recomendación que el Comité de Expertos de la Convención Interamericana contra la Corrupción hizo a México en el año 2005, en el sentido y leo, de regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad de las declaraciones patrimoniales, ingresos activos y pasivos con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales.

El dictamen está plagado de fórmulas sesgadas, imprecisas y tramposas que se encaminan no sólo a que persista la corrupción, sino, sobre todo, a dejar entrar a su hermana, la impunidad.

Pretende convertir la Ley 3 de 3 en la de sólo dos, y estos dos a medias.

Otro aspecto es la no inclusión de las declaraciones fiscales en la plataforma, sólo se incluye su carátula.

Ahora bien, aun y cuando se mantiene la obligatoriedad de presentar las declaraciones patrimonial y de intereses, se establecen disposiciones sesgadas e imprecisas que restan efectividad al registro de las declaraciones fiscales, sólo se incluirán las carátulas en el registro.

Y el Sistema de Seguimiento y de Evolución Patrimonial pierde eficacia al no entregarse a la Plataforma Digital Naciuonal la información fiscal completa de los servidores públicos, con lo que se debilita la capacidad investigadora de un posible enriquecimiento ilícito.

Y en materia de sanciones se remite a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de forma genérica por la vía de la Protección de Datos Personales y esa información no se considera pública.

De ahí que nosotros proponemos incluir la obligación de presentar la copia de la declaración fiscal íntegra, a efecto de permitir a las autoridades del sistema dar seguimiento efectivo a la evolución de la situación patrimonial del servidor público.

Se limita la capacidad en este dictamen o carece de un esquema para la tramitación de denuncias públicas de actos de corrupción. Ni en esta ley ni tampoco en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, hay disposiciones dirigidas a establecer, cómo se le dará trámite, seguimiento y desahogo a las denuncias por actos de corrupción.

Una cuestión de la mayor trascendencia. Ante esta grave omisión, es necesario que esta Ley General de Responsabilidades Administrativas incorpore un capítulo que establezca las competencias, procedimientos y obligaciones para denunciar los actos de corrupción.

Proponemos adicionar un capítulo específico, estableciendo al seno del Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema de denuncias públicas que exija las menos formalidades posibles y que sean seguidas de oficio.

De la información que resulte de estas denuncias se podrá presentar recomendaciones, recursos o exhortos públicos.

Otro tema es el esquema incompleto de faltas administrativas graves, porque este dictamen no contempla como tráfico de influencias la obtención de beneficios, ya sea bienes muebles e inmuebles, en condiciones notoriamente favorables ofrecidas por propietarios o por quienes sean los titulares de contratos de servicios o de obras públicas.

Tampoco sanciona la asignación de recursos presupuestarios derivados de dádivas o concesiones indebidas.

No contempla tampoco que Diputados locales o federales, en el marco de la aprobación del presupuesto, soliciten la asignación de recursos a diversos entes públicos, exigiendo por ello una comisión o un porcentaje.

Tampoco sanciona de manera efectiva el conflicto de interés, porque esta ley no permite al Sistema Nacional Anticorrupción emitir lineamientos específicos sobre los conflictos de interés.

Por eso, nosotros proponemos establecer con toda claridad la facultad del Sistema Nacional Anticorrupción al emitir lineamientos relativos a las diversas situaciones que se presenten como conflicto de interés, eliminar toda posibilidad de que las faltas graves se conviertan en no graves y eliminar el artículo 50 del dictamen, para que la facultad de indulto, ahí contenida, no sea discrecional; pero establecer un nuevo artículo 50 con todos los supuestos bajo las cuales las faltas no graves podrían adquirir el carácter de graves, dependiendo del monto o cuantía del daño, del sujeto activo que comete la falta, la sistematicidad de su conducta o el daño social generado.

Proponemos adicionar otro artículo para establecer como falta administrativa grave el abuso de poder, abuso de funciones por relación jerárquica.

Nuestra propuesta incluye también establecer como falta administrativa grave el tráfico de influencias, la obtención injustificable de bienes o beneficios por titulares que sean o pretendan obtener contratos o convenios con los entes públicos y eliminar lo que en el dictamen, artículo 101, establece como facultad discrecional de los órganos internos de control de no iniciar investigación cuando existe falta administrativa, pero ésta no genera daño a la hacienda pública.

Otro tema es el indulto discrecional de faltas administrativas graves. El documento, este dictamen, concede total discrecionalidad a los órganos internos de control para imponer sanciones, pero se llega al extremo de la discrecionalidad de permitir el indulto cuando el acto sea cometido por primera vez, cuando no haya habido daño patrimonial o cuando la actuación del servidor público se refiera a una cuestión de criterio, de opinión o que sea debatible. Ahí cabe todo, o sea, es una disposición verdaderamente discrecional que abre la puerta de salida hacia la impunidad.

Nosotros proponemos que bajo ninguna circunstancia se permita el indulto a una falta administrativa grave cometida por algún servidor público y que no sean los órganos internos de control, sino el Tribunal a quien corresponda la fijación de sanciones.

Los órganos internos de control en este tema son juez y parte, ya quedamos en el Sistema Nacional Anticorrupción a quien corresponde la sanción de faltas administrativas de todo tipo es al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no a la Secretaría de la Función Pública.

Otro tema es la exclusión de la aplicación de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas a los consejeros independientes de las Empresas Productivas del Estado que no los considera sujetos de esta ley.

El artículo 5o concretamente establece dicha exclusión, no se considera como servidores públicos a los integrantes de los órganos de gobierno de las Empresas Productivas del Estado, tal exclusión va en contra de lo establecido en el artículo 108 constitucional que considera servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el ámbito público.

Todos los integrantes de los consejos de administración de las Empresas Productivas del Estado ocupan el cargo de consejeros, por lo tanto son servidores públicos y se les debe de aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Proponemos eliminar este artículo 5 por la sencilla razón de que no podemos tener un Sistema Nacional Anticorrupción que haga excepciones, sobre todo si se trata del sector energético, donde como todos sabemos, la corrupción ha sido su marca indeleble.

Por todos estos argumentos y más, presento este voto en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Pasamos a la etapa de posicionamientos. Se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente, tengo un voto particular.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No tengo registrado su voto particular, Senador Armando Ríos Piter.

Consulto a la Secretaría, si se recibió el voto particular del Senador Ríos Piter.

No tenemos voto particular registrado de usted, señor Senador.

Permítame, Senadora Sansores San Román, permítame.

Nos están entregando en este momento el voto particular del Senador Armando Ríos Piter.

Ruego, Senadora Sansores, si me permite darle trámite al voto particular del Senador Ríos Piter.

La Senadora Layda Sansores San Román: ¡Encantada! Los caballeros primero.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Reglamento me ordena dar primer paso a los votos particulares.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter, para presentar voto particular, hasta por diez minutos.

El Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

El presente voto particular, compañeros y compañeras, es especialmente en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, toda vez que ha sido uno de los temas que más han tenido atención por parte de las ciudadanas y ciudadanos respecto a esta discusión y que es uno de los menos atendidos.

Una iniciativa ciudadana con más de 630 mil firmas, que implicaron poner en uso la reforma política con una gran movilización y, sobre todo, en uno de los temas que hoy significan una de las principales preocupaciones para los hombres, para las mujeres, para las sobremesas en este país, y que en el dictamen que hoy se presenta, específicamente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues queda como el propio representante de las organizaciones de la sociedad civil lo dijera el día de ayer, queda sumamente corto.

Queda corto porque el tema de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, que es la base de un sistema que permita que las ciudadanas y ciudadanos le puedan dar seguimiento al patrimonio que tienen los servidores públicos; pues queda totalmente limitado, porque queda a voluntad de los servidores públicos el entregar esa información, y limitado también porque al no ser obligatorio, pues, queda simplemente a una condición potestativa.

Hablaremos durante el desahogo de esta discusión del sistema, de la forma en la que las distintas instituciones buscan coordinarse, de las plataformas, de los distintos elementos que comprenden el sistema, pero sin duda alguna, sin tener este componente, pues queda corto respecto a lo fundamental que ha rodeado esta discusión.

Es si el sistema realmente buscando acompañar lo que han planteado ciudadanos y ciudadanas o si se queda, repito, limitado a discreción de lo que han definido o definan los legisladores y las legisladoras. Estoy en contra, por esa razón, este voto particular.

Sin embargo, también quiero aprovechar este espacio para reflexionar los retos que tiene este sistema. Y ayer, bueno, hoy por la madrugada, cuando fijaba posición por parte de mi grupo parlamentario, recordaba cuál fue el inicio de este debate.

Traía a colación que en noviembre de 2014, precisamente después de las grandes movilizaciones derivadas de la desaparición de 43 jóvenes en el estado de Guerrero, en el municipio de Iguala, donde con el auxilio de policías municipales de Huitzuco de Cocula, de las policías municipal, estatal, federal, en atención del C4, con la presencia del propio Ejército, desaparecieron 43 jóvenes estudiantes.

Y ese tema, compañeros y compañeras, es un tema de corrupción; es una tema de corrupción, porque esas policías son pagadas con el dinero de los ciudadanos y de las ciudadanas, son pagadas con el dinero de los mexicanos y de las mexicanas.

Y ese ejemplo de Ayotzinapa, compañeros y compañeras, le dejó claro a México y al mundo entero que en nuestro país la corrupción desaparece gente, la corrupción mata.

Y el segundo, compañeros, fue la Casa Blanca. Siempre hay que recordar la Casa Blanca, en propiedad de la esposa del Presidente Peña Nieto.

Una casa, por un monto de 7 millones de dólares, que resultó que había sido comprada por parte del Grupo Higa, un grupo que no solamente había sido el principal beneficiario durante la época del gobierno en el Estado de México de Enrique Peña Nieto, como gobernador, sino que también había sido beneficiado para construir el Tren Rápido México-Querétaro.

Difícil es, compañeros y compañeras, pensar de dónde venimos, porque si no tenemos en cuenta con memoria por qué hoy estamos debatiendo esto, difícilmente vamos a saber la dimensión y el tamaño que tiene que tener ese Sistema Nacional Anticorrupción.

Datos podemos dar, compañeros y compañeras. Hoy la corrupción es uno de los tres principales temas que tienen en señalamiento la preocupación de nuestra sociedad.

Aproximadamente el 91 por ciento de la gente percibe a la corrupción como un problema que tienen los partidos políticos y que se vive en el Congreso de la Unión, en este Senado y en la Cámara de los Diputados.

De la misma forma, en el tema de desarrollo económico muchas cifras ya se han vuelto datos cotidianos, que si la corrupción nos cuesta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, o que si a las familias les llega a costar alrededor de 86 mil millones de dólares, por lo menos en la pasada década, en términos de gastos cotidianos que tienen las familias mexicanas.

Y entonces, no solamente es un problema de percepción o un problema de pobreza generada por una mala inversión o porque en el bolsillo de una familia mexicana se tenga que gastar mucho más en estos asuntos que invertirlos en vivienda, invertirlos en salud, en vestido, tiene que ver también, compañeros y compañeras, con que la corrupción mata, porque las policías, como lo decía, hoy no solamente en el caso de Iguala, desaparecen estudiantes.

Cuando hablamos de 30 mil personas desaparecidas tenemos que entender que no es solamente un ejemplo del estado de Guerrero, tenemos que entender cómo en Veracruz, allí, en Tierra Blanca, es en la misma condición sistémica de policías de los distintos órdenes de gobierno que están involucradas en actos de corrupción, o difícilmente podríamos entender las fosas que se han encontrado en Tamaulipas, en Durango, en cuántos lugares del país, donde las fosas clandestinas son los ejemplos vivos de esa corrupción que hoy no solamente abarca a las policías, sino que también está involucrada en la parte de la procuración de justicia.

Hay que ver solamente el último reporte de Open Society Justice Initiative, que lo que plantea es que las fuerzas gubernamentales y las acciones que están realizando los actores del crimen organizado nos tienen en una condición de crímenes de lesa humanidad, porque, compañeras y compañeros, éste no es solamente un asunto de cómo hacemos un Sistema Nacional Anticorrupción para que legítimamente dejen de robarse los servidores públicos el dinero que es de la gente, no solamente es eso, no solamente es esa visión de cómo garantizamos que las cúpulas empresariales legítimamente tengan una respuesta de que el dinero que debe de invertirse no termine en el bolsillo de unos cuantos funcionarios.

Es una pregunta superior, compañeros y compañeras.

¿Cómo garantizamos que el Estado mexicano, en plena evolución de este 2016, pueda apuntalarse de frente hacia un cambio que no ha logrado?

Que la corrupción no sea el menester de una élite política, económica y social que permite que haya esas desapariciones, que permite que haya esas fosas clandestinas y que quiere ocultar detrás del tema exclusivo del dinero un problema grave de violaciones de derechos humanos.

Ese es el tema, compañeros y compañeras, que tenemos que ponerle como meta y como objetivo al Sistema Nacional Anticorrupción.

Y por último, compañeros y compañeras, una vez que ha acabado el proceso electoral, que tanta atención tuvo de parte de los integrantes de este Senado y que distrajo la posibilidad de que pudiéramos cumplir el 28 de mayo con el mandato constitucional.

El problema de la corrupción, si no lo entendemos de fondo, poco vamos a entender la dimensión que debe de tener el Sistema Nacional Anticorrupción.

El problema de la corrupción, compañeros y compañeras, es el dinero de las campañas políticas.

El problema de la corrupción, compañeros, es que la clase política, en sendos territorios del país, ha preferido acomodarse y acordar con las partes del crimen organizado y con los sectores ilícitos que buscan el voto.

Hoy la compra del voto, compañeros, desde Morelos hasta cualquiera de los estados que se me ocurra, el mío, Guerrero, por cualquiera de los que podamos pasar, es el problema.

Acabamos de ver un pasado 5 de junio donde según los estudios de los dineros presupuestados por el Instituto Nacional Electoral pueden ser casi seis veces más el dinero que circula de manera irregular a la que estamos presupuestando como país.

Si no arreglamos el problema del dinero en las campañas difícilmente vamos a poder cambiar la visión de los ciudadanos y las ciudadanas respecto a la élite en el gobierno. Todos los partidos políticos, todos los actores políticos saben a qué me refiero cuando hablamos de que el dinero se ha vuelto un problema, se ha vuelto el problema de buscar grandes cantidades, acordada con empresarios, que puentean recursos para que los candidatos vayan alrededor de los territorios, y ahí donde ganan terminan utilizando ese espacio público para pagarle a esos empresarios que les prestaron dinero.

Pero también ahí donde ganan esos gobernadores o gobernadoras que tuvieron acuerdos con los actores del crimen organizado, terminan dándoles a las policías, entregándoles las direcciones de desarrollo, las áreas de inversión a esos actores criminales con los que pactaron ganar en las urnas.

Campañas costo cero, compañeros y compañeras, esa tiene que ser la visión y el compromiso de una nueva generación que quiera verdaderamente retomar el sendero de la democracia que hoy hemos perdido.

Los invito, compañeras y compañeros, a que eso hagamos de este Sistema Nacional Anticorrupción.

Triste es que no quieran que discutamos el tema de los mandos policíacos, son temas que van compartidos; triste es que no estemos discutiendo tampoco el asunto de los desaparecidos.

No es solamente un tema de corrupción como si fuera un asunto inflado, es el tema del colapso del Estado mexicano en el cual el Senado de la República tendría que estar a la altura para posesionar hacia el frente el gran país que estamos convocados a ser.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, hasta por diez minutos.

La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Pues más que hacer tanta verbena por este dictamen, deberíamos ya estar organizando el funeral, esta iniciativa nace muerta, y promete convertirse muy pronto en un aparato burocrático, costoso e inútil.

Otra simulación, otra farsa.

Esta ley debió empezar por condenar las trapacerías del Presidente que hoy encabeza la corrupción en este país y goza de un régimen de excepción, nadie puede olvidar la Casa Blanca, ni los millones de dólares que depositaron, caso en Panamá, más todos los que ya no le alcanzó el tiempo para depositar, él, sus socios, sus cómplices, porque, pues no se sabe dónde empieza ICA y dónde comienza Peña Nieto.

El Senador Bartlett tiene toda la razón, éste es el meollo, mientras no se toque el vértice, no tenemos nada qué hacer, esto es estar jugando a las escondidillas, y a que te encuentro y que te persigo.

Morena propuso una reforma al artículo 108 constitucional para que los presidentes pudieran ser juzgados por corruptos, porque entonces sí, Peña al penal de Sonora, señores; y cadena perpetua por robo agravado, por conflicto de interés, por lavado de dinero, por daños a la nación, por traición a la patria, por tráfico de influencias, por mentiroso y por farsante.

Yo decía antes, no hay diferencia entre un ladrón común y un político ladrón, son iguales. Un artículo me hizo reflexionar, sí la hay, y es abismal, el ratero común, te roba la cartera, el auto, el reloj; pero el político corrupto te roba la vivienda, la salud, la educación, pero lo peor que nos ha robado Peña Nieto es la confianza, la pérdida de confianza es irreparable en un pueblo, y diga lo que diga hoy Peña Nieto, nadie le cree.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por 7 , de los cuales la mayoría serán impuestos sutilmente por el Presidente, inclusive el comité ciudadano, que en teoría representa a la ciudadanía, pues ni siquiera va a ser electo por la voluntad popular.

Hace unos días primero decía, la ley, que iban a ser designados por el Conacyt entre los grandes científicos, entramos, cuántos habían, y habían 26 mil; hablamos al Conacyt cuál era el método y ni siquiera sabían de qué se trataba, ya lo cambiaron.

Pero, ahora adivinen quién va a integrar este comité de 7 grandes autoridades, el terror de Peña Nieto, el verdugo de los rizos de oro.

¿Quién va a creer?

Y lo más grave es que existirá también un secretario técnico ejecutivo que tendrá facultades discrecionales muy cercanas a los poderes del Espíritu Santo, será omnipresente, omnipotente y, como Dios, sabrá todo de todos.

En lo que se refiere a la Ley 3 de 3, en lo personal, estoy de acuerdo, y junto con 7 Senadores fuimos los primeros en presentar nuestra declaración patrimonial, me acuerdo de Marcela, y hacer público al inicio de la legislatura nuestras declaraciones con todos los riesgos que eso implicaba.

Como candidata a gobernadora presenté mis 3 de 3 con los formatos establecidos por la sociedad civil, y este año la actualicé con los formatos de la sociedad civil.

Estoy a favor, pero la reserva que tenemos dentro de la fracción, es que esta ley parece estar diseñada para proteger a los empresarios, porque el corrupto no anda solo. Para que esto tenga trascendencia debe incluir también a la otra parte, a los proveedores de servicios al gobierno, a los televisos, a los bancos, a los Monex, a los Higas, a los OHL, ellos también tendrían que hacer públicas sus declaraciones, porque es frecuente y es el pan de cada día en las relaciones comerciales aquí con los políticos, que el empresario soborna y el servidor público extorsiona.

Habrá que romper el viejo binomio político empresarial, ambos oficios son dignos, pero no deberían mezclarse, ha sido una síntesis explosiva que ha venido a corromper el orden social; o quieres ser político, o quieres ser empresario, elige. Y una de las grandes ausencias en esta iniciativa es el carácter de prevención.

¿Cómo detener a tanto pájaro de cuenta? Hay que empezar porque la clase política dé el ejemplo y no tenemos ejemplos de políticos honestos, salvo, para mí, López Obrador. Y qué sistema, digan lo que digan, le han buscado por donde quiera y no le encuentran, eso es lo que necesitamos en México, desde el vértice, la honestidad y no a medias.

¿Qué sistema anticorrupción podemos esperar de representantes de partido? que aquí lo decía el compañero Ríos Piter, que compran votos.

Las pasadas elecciones, y miren que he vivido muchas, pero me dejan un gran desaliento, han envilecido al ciudadano traficando con su hambre, fueron convertidas en un mercado, en donde se subastan los votos y se venden las plazas al crimen organizado, más parecía que una competencia entre candidatos, una competencia entre delincuentes electorales, y los legisladores no hacemos nada por ponerle un detente y un ya basta a la compra de votos.

No, no ganaron porque un chiquito canalla dice que ellos lo hacen muy bien, y que porque les cobraron votos. No, miren, aquí fue la habilidad de la trampa, y cuando Morena obtiene sus triunfos, que los obtiene limpiamente, porque no compramos ni medio voto, es porque no les alcanzó la cobija, no porque haya democracia.

Durante el sexenio de Peña Nieto, para que lo sepan, se triplicó la corrupción, dicho por Forbes, los montos que van a los bolsillos de los corruptos equivalen, y es tristísimo, a todas las remesas que envían los mexicanos desde el extranjero a costa de su sacrificio y de su sufrimiento.

Y miren que las remesas son la primera fuente de divisas en el país, bueno, la segunda, porque ahora ya es el narcotráfico quien más aporta, pues gracias al apoyo incondicional e invaluable de los políticos corrompidos, porque no nos hagamos, el crimen organizado y la política se aparean en el mismo nido y duermen en la misma cama.

Y como decía Tácito, mientras más corrupto es el Estado, más leyes formula. Lo que se requiere es voluntad política, con las que teníamos se podía haber empezado a combatir la corrupción, no hay ni una señal, ni un destello por parte de Peña Nieto de querer realmente combatir a fondo la corrupción en el país, por eso la Open Society en su informe, que es demoledor, nos pone en evidencia, y tendríamos que leerlo con mucho cuidado, porque tal parece que ya no hay otro remedio.

Peña Nieto, les digo, porque no creo en ese sistema, porque fue creado para no servir, porque si realmente fuera efectivo, Peña Nieto se vería en el dilema de tener que cerrar la reja de su propia celda, si esto realmente funcionara.

Pero miren, en el 18 devolveremos la ética a la política.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar la posición de su grupo parlamentario, hasta por diez minutos.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

Quisiera comenzar por hacer un reconocimiento a las organizaciones sociales, a las organizaciones de la sociedad civil, a los 634 mil ciudadanos firmantes de la iniciativa ciudadana, académicos y especialistas, hoy representados en el maestro Eduardo Bohórquez López, que participaron en el proceso de dictaminación de las leyes secundarias de anticorrupción.

Fue un proceso complejo, por la misma complejidad del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que su participación y sus propuestas han sido fundamentales para construir este entramado institucional y legal que tiene como fin prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción.

Reconozco también a las Senadoras y Senadores, a los Presidentes de las comisiones dictaminadoras, al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, al Senador Fernando Yunes Márquez y al Senador Pablo Escudero Morales, por la conducción inteligente y atinada en este proceso de dictaminación. Privilegiaron en todo momento el diálogo y la contrastación de propuestas.

Estuvieron abiertos a recibir observaciones e integrarlas en los dictámenes y siguieron la metodología del parlamento abierto.

Hicieron política de la buena para alcanzar el mayor consenso posible en los dictámenes que el día de hoy están a discusión en esta reunión.

Lo anterior es fundamental porque para el Sistema Nacional Anticorrupción, para que funcione y cumpla con los objetivos previstos, debe contar con el mayor respaldo político.

Por ello reitero mi reconocimiento a ustedes y a todas y todos los Senadores que han participado en este intenso proceso.

Compañeras y compañeros, amigos que nos siguen en la sesión por el Canal del Congreso y a través de las redes sociales, en esta discusión mucho se mencionará del panorama actual y de múltiples encuestas e índices que colocan a nuestro país en lugares desventajosos. En efecto, la corrupción es un problema con implicaciones económicas y sociales, que atenta contra la seguridad de ciudadanos como de las naciones.

Todas y todos coincidimos. La corrupción es un problema que se infiltra y compromete el adecuado funcionamiento de las cosas, impacta en la impartición de justicia, en la gobernanza, en la legitimidad, en la convivencia pacífica.

Identificado el problema, celebro el acuerdo y disponibilidad para construir soluciones. En este momento nos encontramos finalmente discutiendo el marco jurídico que dará dinamismo y operación al Sistema Nacional Anticorrupción.

En este momento es una muestra más de que cuando hay voluntad y responsabilidad, podemos llegar a buenos resultados.

Los avances logrados no agotan las oportunidades para continuar con la perfección del sistema.

En el Verde estamos conscientes que hay áreas de oportunidad en las cuales la puesta en operación del sistema nos indicará aquello que es necesario ir adecuando.

Los esfuerzos que contiene este dictamen reflejan meses de trabajo arduo y responsable de manera de la sociedad civil, de Senadoras y Senadores, de las comisiones y desde luego, de todo el equipo técnico que ha acompañado en el trabajo de estos dictámenes que hoy se discuten.

Los presentes dictámenes refuerzan la gobernanza, satisfacen las demandas sociales respecto a la transparencia, la rendición de cuentas y los gobiernos responsables.

La gobernanza es un elemento dinámico que se logra con la incorporación constante de instrumentos de vinculación entre sectores sociales, políticos y económicos.

Con el presente dictamen se incorporan elementos e instrumentos que permiten un gobierno interactivo, que trasladan la colaboración en acción mediante la inclusión de sistemas de coordinación de actores públicos y privados.

El dictamen contiene la expedición de tres leyes que son:

Primero, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual establece las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Segundo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece, valga la redundancia, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos y omisiones en que éstos incurran y las que corresponden a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como el procedimiento para su aplicación.

Y la tercera, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual impondrá sanciones a los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves y a los particulares que participen en este tipo de actos, así como fincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones económicas que deriven de los daños que afectan los ingresos públicos.

El proceso de dictaminación que llevaron a cabo las comisiones dictaminadoras pone los estándares de discusión parlamentaria muy altos, constituye una afirmación que debe convertirse en constante para este Congreso la transparencia y la legitimación de las decisiones tienen que ser obligaciones permanentes.

El Partido Verde hemos acompañado y participado activamente en todo el proceso, el combate a la corrupción debe ser una tarea de autoridades y ciudadanía responsable.

Senadoras y Senadores, continuemos en el diálogo permanente, dejemos a un lado las descalificaciones y nuevamente demos muestra de que con acuerdos, con apertura y con responsabilidad podemos lograr grandes acuerdos en favor de todas y todos los ciudadanos.

Seamos parte de la solución y no un pretexto que engrandece el problema. Todos estamos a favor de poner un alto a la corrupción, de ponerle el alto a la corrupción, es por ello que los invito y los convoco a que apoyemos los presentes dictámenes para que sigan su curso legislativo, los invito a que votemos a favor y hagamos realidad este Sistema Nacional Anticorrupción.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Puente Salas.

Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, hasta por diez minutos.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Nosotros, de estas tres leyes que se están debatiendo el día de hoy en este dictamen, hemos sido muy puntuales, nos hemos manifestado a favor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Planteamos una propuesta muy clara para la parte de la Fiscalía Anticorrupción, del tema que tiene que ver con el Código Penal, y hemos mantenido un serio rechazo a la forma en la que se presenta la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Creo que es importante reflexionar, compañeras y compañeros, que esta discusión posiblemente lleve en la mente de muchos millones de mexicanos y mexicanas, no estos últimos episodios que han generado ese gran malestar social, sino seguramente es una de las grandes reflexiones a partir del 2000.

Yo recuerdo y tuve el alto honor de formar parte del gobierno de Vicente Fox, y recuerdo en aquella ocasión, cuando ganó el Presidente Vicente Fox, la gran expectativa que tenían los mexicanos y las mexicanas era que las cosas iban a cambiar, ese fue en cierto sentido lo que generó el voto útil, una amplia participación.

Hace poco platicaba con las personas que han hecho estas encuestas de humor social, y decían que en aquel momento, en el 2000, la sociedad mexicana se proyectaba como una sociedad capaz de sentirse transformadora de las cosas. Era, me lo decía él, citando el estudio, como si la sociedad mexicana estuviera en una especie de fiesta, tal vez hasta de una borrachera, de la felicidad que tenían los ciudadanos y las ciudadanas.

Sin embargo, esa felicidad poco a poco fue cayendo, y hoy en esa medición de humor social, de la que hemos escuchado recientemente por parte del Presidente de la República, pues no solamente estamos en los niveles de 80 por ciento, en los que en aquel momento estuvo la sociedad mexicana, sino que hoy estamos en menos del 20 por ciento.

De esa euforia que se tuvo en el 2000 hoy estamos en una condición de humor social entre violencia y frustración, es el estudio al que se refería recientemente el Presidente de la República.

Yo creo, compañeros y compañeras, que en gran medida tiene que ver con que la alternancia no logró resolver el problema de la corrupción. En lugar de que el gobierno de la alternancia pudiera pactar con la sociedad con nuevos actores, una nueva forma de concebir las relaciones sociales en México, se prefirió pactar con los liderazgos sindicales de siempre, se prefirió mantener la lógica clientelar en el ejercicio de los programas de gobierno, se prefirió facilitarle a los aliados de la campaña en los procesos a través de los impuestos, a través del presupuesto.

En lugar de lograr un nuevo pacto, y cito al Senador Alejandro Encinas, que pudiera cambiar la lógica de 70 años de régimen partidista donde la corrupción era uno de los hilos que permitían que todo el tejido político y social funcionara.

Hoy, a 16 años de aquella alternancia, estoy convencido que este sistema debe de aportarle a reconstruir esos 16 años en los que la transición se ha quedado estancada y catapultar al país hacia adelante.

Hoy con un nuevo modelo como el que plantea este sistema donde se tiene la posibilidad de coordinar las distintas instituciones que están abocadas en esta materia. Tenemos la oportunidad de que no se quede en una condición discrecional política el tema del combate a la corrupción, sino que se vuelva un tema sistémico donde los distintos elementos del sistema puedan precisamente generar pesos y contrapesos.

Nunca más una Secretaría de la Función Pública, que tenga una simple utilidad política para tapar tal vez con una investigación que nadie cree, ¿Quién compró una Casa Blanca? O para elaborar de manera inmediata un testimonio, una investigación que termine llevando frente a la autoridad a aquél que ha caído de la gracia política y no a aquél que ha utilizado de manera inadecuada los recursos públicos.

Esa es la visión del sistema, con una Auditoria Superior de la Federación que deje de ser de investigación, que permita revisar, no solamente al Gobierno Federal, sino cómo se está gastando el dinero ahí en las entidades federativas. Esa que ha sido reconocida como la gran caja negra de los recursos públicos.

Con una Fiscalía Anticorrupción que siendo autónoma, pueda, como en el caso de Brasil o Guatemala, hacerles preguntas a los grandes actores del poder. Que pueda, de manera muy puntual, a través de un Tribunal ejercer la labor jurisdiccional, teniendo capacidad de tener un entramado mucho más sólido y mucho más consistente; y especialmente, compañeros y compañeras, siendo un Sistema Nacional Anticorrupción presidido por los y las ciudadanas, darle la capacidad a los dueños del dinero, a aquellos que financian la actividad gubernamental, aquellos que le pagan a los servidores públicos, quienes estén al frente de la acción en contra de la corrupción.

Aquellos que representan a los empresarios que, quincena tras quincena, cuando pagan la raya y pagan los salarios, son los que cubren los impuestos al mismo tiempo que están generando empleos.

Que esos empresarios tengan capacidad de estar representados en este sistema para verificar verdaderamente que ese dinero de los impuestos se esté gastando en lo que se tiene que gastar y que no termine en la campaña de algún partido político, el que les guste, financiando algún candidato para beneficio de una camarilla, de un grupo, en lugar de que sea para el desarrollo del país.

Para que puedan esas ciudadanas y ciudadanos verificar que verdaderamente se le estén dando los programas a quienes los merecen, no a las clientelas que apoyan a tal o cual grupo que, a través de los padrones gubernamentales, se tenga plena claridad de quién merece un programa y un acceso a un presupuesto público y que no sea ya ese dinero para atender a la clientela de algún color político.

Si esto les suena compañeros y compañeras, pues es lo que estamos por votar, de esta dimensión tiene que ser el cambio.

Y nuestra preocupación como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es que no se haya querido avanzar, como lo dije antes, en el tema de las declaraciones, una declaración patrimonial, una declaración fiscal y una declaración de intereses por cada uno de los servidores y las servidoras públicas del país.

Que permita saber con cuántos recursos entran al desempeño de la labor que se le ha encomendado, es un Senador o una Senadora, si es un Diputado o una Diputada, que la gente sepa con qué entra; que la gente sepa cuánto está pagando de impuestos y que la gente sepa cuáles son los intereses que representa, para que no tengamos ya, compañeros y compañeras, votaciones de la Ley de Ingresos donde aparecen de repente Senadores que amparados en un fuero y en la representación de su estado y en la representación popular terminan votando a favor de los intereses que los financiaron en las campañas o de los intereses de los cuales han vivido legítimamente durante tanto tiempo, pero que a la hora de votar no pueden ser los intereses que se representan.

Entonces, compañeras y compañeros, el PRD está en contra de que no se quiera avanzar en esa declaración pública.

Yo estoy convencido de que si avanzamos en ese esquema, posiblemente habrá muchos vericuetos para que algunos le den la vuelta, pero si hoy hay una iniciativa ciudadana con 640 mil firmas, creo que lo que podríamos empezar a hacer es a reconstituir el pacto de confianza que hoy está gravemente perdido con la ciudadanía y solamente hay que voltear a ver el pasado 5 de junio donde todos los partidos políticos perdimos, unos más, otros menos, pero donde la sociedad salió a decirnos que ya basta de esa corrupción que los agobia.

Por eso votaremos en contra de esa Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores:

Gabriel Zaid, el intelectual mexicano, reflexiona en las siguientes palabras: "Antes creía que el sistema mexicano era corrupto, hoy creo que la corrupción es el sistema".

Ese es el tamaño del reto.

Por eso, a grandes problemas, grandes esfuerzos para poder solucionarlos.

Los instrumentos que hoy presentan las comisiones son el resultado de una inédita coalición entre diversos actores comprometidos en exponer, castigar y desterrar la corrupción que vive enraizada en prácticamente todas las dimensiones del Estado mexicano y grandes partes de la sociedad.

Francamente hemos tenido conocimiento de ello desde hace muchos años, y no estoy aquí para fanfarróneamente señalar a unos u otros como el "paciente cero" que vino a desatar la epidemia de la corrupción, hacerlo ni nos queda y nos expía.

Cada uno sabe de sus culpas y de sus omisiones.

Lo que hoy estamos conociendo es producto de una gran diversidad de iniciativas. Y en el caso del grupo parlamentario de Acción Nacional, es un ejemplo de la persistencia y la perseverancia para poder ir construyendo en el camino.

El 4 de noviembre de 2014, los grupos parlamentarios de Acción Nacional en ambas Cámaras presentaron iniciativas para reformar la Constitución Política del país en materia de combate a la corrupción y ahí empezó la etapa más reciente para nosotros.

El 21 de abril del año pasado, el Senado aprobó la reforma avalada por la Cámara de Diputados que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. El 27 de mayo, la firma del Presidente Peña y tiene vigencia a partir del 28 de mayo y teníamos un año para poder cumplir.

De inmediato, hace poco más de un año, en el caso nuestro, empezamos los trabajos y las primeras iniciativas se presentaron el 26 de agosto, el último miércoles de la Comisión Permanente, ante una posible expectativa de que el titular del Ejecutivo utilizaría la iniciativa preferente, pero no fue así, se presentaron las leyes generales del sistema, las responsabilidades administrativas y la primera para la administración pública federal.

Fuimos conociendo diferentes iniciativas de los grupos parlamentarios. Y de estas cinco iniciativas mandatadas en los transitorios, a partir de marzo, tanto Acción Nacional, con el Partido de la Revolución Democrática, determinaron que era importante también el ámbito penal, de lo contrario quedaría trunco e incompleto.

En el caso de Acción Nacional, trabajamos sin sistema, Senadores y Diputados, y el propio Comité Ejecutivo Nacional.

En este momento, nosotros nos abrimos de cara y de frente al país. Hicimos alianzas con sociedad civil, con diferentes grupos de especialistas y de personas inquietas para poder contribuir, sabiendo que nadie es el dueño del tema, sin embargo, todos querían de alguna manera aportar.

También quiero celebrar la alianza que tuvimos con el Partido de la Revolución Democrática y varios Senadores independientes.

Hay aspectos que yo quisiera destacar.

Primero, lamentar que no cumplimos la fecha del 28 de mayo, porque faltó voluntad de algunas fuerzas políticas para poder cumplir.

En el caso de la primera ley, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se establece una composición, atribuciones, herramientas, objetivos, funcionamiento de administración, se establece un comité coordinador, un comité de participación ciudadana, y en esta parte es muy importante la participación ciudadana para combatir la corrupción.

Se crea un Sistema Nacional de Fiscalización y se crean plataformas digitales para incorporar información de funcionarios sancionados, sistemas de compras, entre otros.

En la segunda ley, de las que vamos a conocer, la Ley de Responsabilidades Administrativas se establecen principios generales, procedimientos, se establece que el servicio público es un mandato social que demanda lealtad a la Constitución, se tipifican conductas que constituyen actos de corrupción, se establecen sanciones, se obliga a funcionarios a presentar una declaración patrimonial, de interés fiscal y en concordancia con lo sugerido por la sociedad civil organizada. De eso conoceremos en unos minutos más.

Se tipifican conductas.

En un tercer ordenamiento, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se establecen requisitos, se amplían competencias del tribunal, se establecen las bases para las salas especializadas.

Pero esta primera parte también tiene una coordinación con la Cámara de Diputados. La parte de fiscalización y los cambios en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ellos son Cámara de origen en estos ejemplos.

Faltaba el diseño para la parte penal, que en este momento se está dictaminando en comisiones.

Requeríamos una Fiscalía Anticorrupción con independencia técnica y de gestión, con una estructura que pudiera tener unidades y coordinaciones necesarias para atender el conjunto de demandas; y lo que queremos dentro de las limitaciones de la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es crear una fiscalía que pueda tener una actuación eficaz.

Y finalmente, un Código Penal Federal, que tipifique conductas, entre otras, cómo el tráfico de influencias, el cohecho, de manera más directa, y que armonice el Código Penal Federal con las sanciones que pueden darse también en el ámbito administrativo. Todavía eso está en discusión.

Distinguidos legisladores, de transitar esta primera etapa de aprobación de las cinco iniciativas que tenemos en el Senado, las dos en la Cámara de Diputados, la tarea no estará todavía terminada. Vamos a requerir al menos 15 leyes más entre códigos y ordenamientos legales complementarios para continuar este esfuerzo, que nos permita combatir la corrupción. El camino es aún largo y no podemos bajar la guardia porque hay mucho por hacer.

La gratitud es memoria del corazón, y en este esfuerzo quiero destacar de mis compañeros del grupo parlamentario, los que han hecho el testimonio para el valor de la propuesta.

El Presidente Anaya, el Secretario del partido, quienes fueron los Senadores proponentes, como es el caso de Laura Rojas, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega; el acompañamiento de Roberto Gil, Víctor Hermosillo, Francisco Búrquez, Héctor Flores; nuestro coordinador Fernando Herrera, entre otros.

Los Diputados Marco Cortés y Cecilia Romero.

Saludo al Partido de la Revolución Democrática y a los que también hicieron todo esto posible con los Senadores independientes.

Al PRI y al Verde, porque también nos hicieron ser mejores, perseverar para poder tener en el diálogo mejores propuestas.

A Emilio Gamboa, Pablo Escudero, Raúl Cervantes, a los miembros de la sociedad civil organizada; y al mencionar a Eduardo Bohórquez, quiero mencionar a los 634 mil ciudadanos que tienen nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido y que confiaron para depositar una iniciativa ciudadana para tener elementos de respuesta.

Esa parte del 3 de 3, aunque es uno de los siete aspectos de las leyes de manera principal, va a requerir del apoyo y de la voluntad absolutamente de todas las personas.

Hay muchos técnicos, como Samuel, como Edith, como Edgar, como Daniela, tantas personas que hicieron el trabajo de hoy posible, a Luis Felipe Bravo Mena, no alcanzo a reconocer a todas las personas.

El establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción constituye el primer ejercicio que supera el mundo de las ideas y de los debates, y lo puede convertir en una silueta legislativa; y digo silueta, porque darle alma y cuerpo va a requerir de una voluntad política que va a encontrar resistencias en frentes impensables. La corrupción inicia cuando termina la transparencia, la corrupción nos lleva a una infinidad de disfraces.

¿Qué es lo que viene ahora?

Su aprobación, su discusión, su enriquecimiento, el diseño institucional, el fortalecer todo esto y, sobre todo, como señala Enrique Krauze, combatir a los cuatro jinetes del Apocalipsis: la violencia y la inseguridad, la corrupción y su hermana gemela, la impunidad.

Este México nuestro, y que es de todos, va a requerir del compromiso, del amor, de la denuncia y, sobre todo, de este estado de derecho al que todos anhelamos y en ese esfuerzo todos estamos convocados, el reto es grande, nuestra voluntad tiene que ser mayor.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Romero Hicks.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

En el grupo parlamentario del PRI, al igual que las fuerzas políticas representadas en esta Cámara y las organizaciones civiles que intensamente participaron en el debate público, con sus argumentos y con su visión, estamos convencidos todos de que la prosperidad de este país está íntimamente ligada a la aprobación de buenas leyes, de buenas nuevas leyes reglamentarias en materia anticorrupción. Coincidimos plenamente que el Estado mexicano debe evolucionar de una manera amplia, integral y con instituciones sólidas en la erradicación de malas prácticas e ilícitos en los que se incurran.

Como país nos urge contar con un servicio público que sea limpio y transparente, apegado a los principios de ética y que no sea utilizado para obtener privilegios, beneficiar irregularmente a terceros o engañar a la ciudadanía.

No podemos seguir siendo el país con los mayores índices de corrupción de la OCDE; peor aún, que nuestra sociedad continúe gastando mucho dinero en prácticas que no son buenas para nadie.

Es el momento oportuno de aceptar que las cosas no pueden seguir como hasta ahora.

Es necesario que realicemos un cambio radical y dé resultados inmediatos.

Estamos reunidos aquí porque todas las fuerzas políticas hemos logrado acuerdos sustanciales para sacar adelante un Sistema Nacional Anticorrupción eficaz y eficiente.

En esta ocasión, al igual que en otros momentos, estamos convencidos que no nos equivocaremos, tenemos frente a nosotros una legislación que estuvo acompañada en todo momento por la sociedad civil, por los especialistas y que también retoman las mejores prácticas internacionales.

Entregaremos leyes anticorrupción que realmente sirvan a la sociedad mexicana; mejor aún, que ayuden a superar el descontento y el malestar que la ciudadanía tiene hacia la política y hacia los políticos.

El dictamen que nos presentan las comisiones unidas está dirigido precisamente a fortalecer la vida institucional de este país que todos queremos.

La legislación en materia de anticorrupción propone un nuevo esquema de rendición de cuentas, de aplicación de responsabilidades administrativas y de combate a la corrupción en los tres órdenes de gobierno, pero también en todos los lugares de la vida nacional.

Ninguno de los funcionarios de los Poderes de la Unión, organismos constitucionalmente autónomos, Empresas Productivas del Estado, terceros que ejerzan recursos públicos quedarán exentos de ser fiscalizado y, en caso de que así lo amerite, de ser sancionados administrativa y penalmente.

El conjunto de reformas en materia de anticorrupción tienen el común denominador de fortalecer a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación. Se les otorgan mayores atribuciones para investigar, sustanciar y denunciar actos de corrupción.

El gran avance es que los ciudadanos van a presidir el Sistema Nacional Anticorrupción, lo van a integrar y el comité de participación que así sea electo. Los gobernantes no volverán a ser juez y parte en las investigaciones y acusaciones.

Se amplían sustancialmente también las facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para imponer más sanciones a los servidores por faltas graves.

Lo más importante, es que construimos un Tribunal independiente, autónomo, y con capacidad para establecer sanciones a prácticas de corrupción. Todas las sanciones que realice el Tribunal serán públicas y tendrán que sujetarse a la máxima publicidad posible, no habrá lugar a las suspicacias.

Se establece un catálogo de 12 faltas administrativas graves, por primera ocasión el funcionario que incurra en irregularidades, además, será susceptible de ser sancionado penalmente.

La plataforma digital permitirá a todos los ciudadanos acceder a la información de las contrataciones públicas, porque estarán disponibles en Internet, más aún, desde el momento en que se adjudica, después de que se dé la adjudicación y el seguimiento a cada contrato.

Compañeras y compañeros Senadores, sí, es cierto, el desafío es grande, enorme, tan grande como es nuestra historia, tan grande como es nuestro pasado.

En este periodo extraordinario de sesiones debemos entregarle a la sociedad este conjunto de leyes destinadas a producir un cambio sustantivo en la materia en cómo se ejerce la política y la administración.

En una democracia sólida la lucha contra la corrupción es necesaria e ineludible para el bienestar social; y por el contrario, cuando la corrupción se enquista en las instituciones, la política se pervierte y las influencias y los intereses particulares prevalecen sobre los intereses nacionales.

La corrupción está provocando una profunda erupción en la confianza de la ciudadanía.

La sociedad no quiere más conductas antidemocráticas, pero tampoco éticamente inaceptable de sus representantes. En el Senado de la República se tuvo la oportunidad de dialogar con organizaciones de ciudadanos, de académicos y especialistas, así como constituciones y organismos internacionales.

Fuimos receptivos en este debate intensísimo, complejo y diverso de las propuestas ciudadanas como la denominada Ley 3 de 3, tuvimos muchas reuniones de trabajo hacia el interior de los grupos parlamentarios y las propias comisiones, y desde luego, también audiencias públicas en las que hubo una considerable, amplísima e importantísima participación social.

El resultado, hoy, es que tenemos una legislación moderna, una que responda a los compromisos del Estado mexicano y que éste lo ha adquirido con compromisos a nivel internacional. Esperamos que la nueva legislación realmente contribuya a que México salga de esa lista roja en la que nadie quisiera estar.

El debate fue intenso, por momentos con posturas muy distantes, pero al final de cuentas se privilegió la política, la búsqueda de los acuerdos y los consensos, las pequeñas coincidencias que se han hecho en grandes acuerdos.

Los Senadores del PRI votaremos a favor del presente dictamen porque garantizará mecanismos eficientes para combatir la corrupción y la opacidad en todos los niveles de gobierno e instituciones públicas.

Sí, tienen razón, el México de ayer pudo ser mejor, el México de hoy es el que nos toca vivir, pero lo queremos vivir con más desarrollo, con más justicia, con más igualdad, un México transformado y listo para enfrentar un futuro mejor, lejos de la impunidad que estimule la corrupción, en donde la justicia alcance a todos por igual.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Pozos Lanz.

Como se les expuso al inicio de las intervenciones, las comisiones dictaminadoras solicitaron que la discusión y la votación de los tres ordenamientos que están comprendidos en el dictamen se realicen de forma separada, en la misma secuencia en la que están comprendidos en el dictamen.

Es decir, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se discutirán y votarán, tanto en lo general como en lo particular, de forma separada, en ese orden.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza este procedimiento.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza el procedimiento descrito por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se autoriza el procedimiento, señor Presidente.





 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En tal virtud, iniciaremos con la discusión y votación en lo general y en lo particular de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, contenido en el Artículo Primero del dictamen.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Informo a la Asamblea que tengo registrados para la discusión en lo general a los Senadores Martha Angélica Tagle Martínez, Manuel Cárdenas Fonseca, Marco Antonio Blásquez Salinas, Armando Ríos Piter, Laura Angélica Rojas y Lisbeth Hernández Lecona.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Ávila, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente Roberto Gil Zuarth, Senador por el estado libre y soberano de Chiapas.

Vengo a exponer las razones por las que voy a votar a favor del proyecto que se presenta como dictamen de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El día de hoy anuncio que en lo general votaremos a favor un dictamen con el que haremos realidad la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción en nuestro país.

En nuestro país la corrupción es uno de los principales problemas públicos. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país se posicionó en 2015 en el lugar 95 de los 168 países enlistados en orden descendente, de los menos a los más corruptos.

La corrupción es el segundo mayor problema que enfrenta nuestro país, según más de la mitad de los mexicanos, sólo después de la inseguridad y la delincuencia.

De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción tiene un costo de 1.5 billones de pesos, esta cantidad es equivalente a 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y representa una importante pérdida de recursos en programas sociales, productivos, de infraestructura, entre otros.

Con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que hoy aprobaremos, estableceremos las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Pienso que es conveniente apoyar este dictamen, porque de esta forma el Partido Acción Nacional refrenda su compromiso de combatir la impunidad y la corrupción que tanto laceran a nuestro país.

De acuerdo con la propuesta de dictamen que hoy votaremos, el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será el representante del Comité de Participación Ciudadana, el cual durará en su encargo un año, rotándose anualmente, y por consecuencia, asumiendo su presidencia en su momento cada uno de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana.

Además, de aprobarse este dictamen, se contará con un Sistema Nacional de Fiscalización, cuyo fin es establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, a fin de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país.

Con la creación del Sistema Nacional de Fiscalización se busca garantizar el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.

A partir de este ordenamiento se homologarán los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización.

Conviene apoyar este dictamen porque de esta manera se contará con una Plataforma Digital Naciuonal del sistema nacional que contendrá el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaraciones fiscales.

También tendrá el sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, el sistema de denuncias públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el sistema de información pública de contrataciones.

En Acción Nacional celebramos el ejercicio histórico de parlamento abierto que se celebró en el Senado de la República en relación con las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

En particular celebramos la organización de la sociedad civil a través de la cual se concretó la iniciativa ciudadana para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3.

En ella se postula la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

En consonancia a este apoyo que hay, quiero señalar que desde hace años un servidor ha hecho pública su información personal en estas materias en sitios de Internet, por lo cual esta información es pública.

Con esta ley se definen las competencias de la Federación y de las entidades federativas en relación con los actos de corrupción del servicio público, se definen las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas y se proponen los procedimientos de investigación y el esquema de sanciones correspondientes

En suma, se plantea un rediseño del Sistema de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, a fin de evitar la impunidad en actos de corrupción.

Apoyo la Ley 3 de 3 en los mismos términos que la presentaron las organizaciones de la sociedad civil, porque ésta es el sentir de más de 600 mil mexicanos, además de que cuenta con el apoyo de instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad, el CIDE, el ITAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras organizaciones de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Apoyo la Ley 3 de 3 porque estoy convencido que los legisladores debemos trabajar en conjunto y coordinadamente con las instituciones académicas y los organismos civiles, a fin de crear un Sistema Nacional Anticorrupción a partir del cual no haya más margen para que los delitos de corrupción en la Administración Pública queden impunes.

Como parte de las leyes que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción, tienen especial relevancia los cambios propuestos a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Dicha ley tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

A través de esta ley el órgano referido tendrá competencia para conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares promovidos por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales o por la propia Auditoría Superior de la Federación.

Además, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades que la ley determine como graves y a los particulares, también, que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.

A través de esta ley se determina la composición del tribunal, el procedimiento para nombrar Magistrados, las competencias de las salas especializadas, la posibilidad de que se ejerza la facultad de atracción, entre otros detalles.

Otro de los aspectos que diferencian al nuevo Tribunal del anterior es el relativo a la integración de las secciones en que se divide la Sala Superior.

A las dos secciones ya existentes, la administrativa y la fiscal, se ha incorporado una tercera integrada por tres Magistrados y competente en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Señoras y señores, al reiterar mi apoyo a la aprobación del dictamen que hoy votamos quiero felicitar el largo e incluyente formato de trabajo con el que se trabajó en las comisiones dictaminadoras. Ojalá que esta forma de trabajo sirva como referente a los pendientes a desahogar en las comisiones que faltan para completar las adecuaciones al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía Federal de la República, que complementarán el Sistema Nacional Anticorrupción.

Por su atención, muchas gracias.

Muchas gracias por el tiempo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Para referirse a favor del ordenamiento previsto en el dictamen, tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, hasta por cinco minutos.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente. Estimados compañeros Senadores y Senadoras:

Para un ciudadano común, quien vive de su sueldo, a quien le preocupa mantener a diario su ingreso, quien está preocupado por no perder el empleo o incluso está desesperado por encontrar uno, que ve cada día su calidad de vida disminuida, pero que, por otra parte, ve a algunos funcionarios públicos que se enriquecen de manera incomprensible, que pasean en yates, que se dan lujos, para ellos, para el hartazgo que existe entre la ciudadanía es justo que hoy estemos por fin discutiendo las leyes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero es importante que ahorita todavía no echemos campanas al aire. El Sistema Nacional Anticorrupción debe de ser un sistema completo e integrado, donde vendrá, lo hemos definido, que siete leyes son sus pilares, si alguna de ellas no la aprobamos de manera correcta y adecuada es como una mesa que tiene una pata coja, no va a funcionar.

Y sí hemos avanzado en los dictámenes, y hoy estamos en este momento ante el dictamen de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y hemos avanzado en encontrar coincidencias, y las diferencias que quedan son mínimas. Pero todavía en los demás dictámenes existen importantes diferencias que son importante atender si queremos realmente contar con un Sistema Nacional Anticorrupción fortalecido, que tenga facultades y, sobre todo, un sistema que sirva a la ciudadanía.

Debo de reconocer que ha sido precisamente gracias a la ciudadanía que nos encontramos en este momento. Las resistencias que hemos vivido en el Senado nadie las puede negar, hemos pospuesto comisiones, hemos dictaminado de noche y todo el tiempo ha sido combatir resistencias; y ha sido gracias a la presencia de la sociedad civil organizada quien en todo momento ha estado presente, quien ha permitido sostener este proceso.

Y es importante reconocerlo porque, de manera particular, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción la presencia de la participación ciudadana se ve fortalecida. El Sistema Nacional Anticorrupción siempre y en todo momento estará presidido por el representante del Comité de Participación Ciudadana que durará un año y será rotativo entre todos sus miembros.

Por otra parte, el comité coordinador puede requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política nacional de combate a la corrupción y las demás políticas integrales implementadas, así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación.

El Comité de Participación Ciudadana podrá opinar y realizar propuestas a través de su participación en la comisión ejecutiva sobre la política nacional y políticas integrales en materia de combate a la corrupción; y además se podrán elaborar indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción.

Y esto es muy importante. El sistema como tal no tiene solamente un fin punitivo, contar con indicadores y medir la evolución de la corrupción y el combate a la corrupción nos va a permitir conocerlo, pero, sobre todo, corregir para que realmente podamos contar con un sistema fortalecido.

Por otra parte, un avance muy importante es contar con una plataforma única digital de combate a la corrupción que estará compuesta por varios sistemas.

El Sistema de Devolución Patrimonial y de Declaración de Intereses.

El Sistema de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas.

El Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, es decir, la lista negra de servidores públicos.

El Sistema de Información y Comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización.

El Sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción.

Y el Sistema de Información Pública de Contrataciones.

Éste en particular me parece muy importante, porque no basta con tener la información de aquellos funcionarios públicos que han sido sancionados, sino también poder acceder a aquellos contratos que se hacen desde el gobierno y que debe ser, sin duda, información pública.

Por otra parte, el Comité de Participación Ciudadana es la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional Anticorrupción.

La selección de este Comité de Participación Ciudadana se deberá realizar mediante un proceso abierto, transparente y ciudadanizado para garantizar que los ciudadanos que integren ese comité, efectivamente, sean ciudadanos.

Algo muy importante es que este comité podrá acceder, sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a toda la información que genere el sistema.

Toda la información que genere el sistema estará abierta para el Comité de Participación Ciudadana.

Podría seguir enumerando varias de las características de este sistema. Sin embargo, creo que con lo dicho aquí, nos permite decir que esta ley tiene los elementos suficientes para contar con una ley general en materia del sistema anticorrupción, pero como lo advertí desde un principio. En este caso, votaré a favor.

Espero que las demás leyes estén, de la misma manera, integradas con las observaciones de la ciudadanía y en todo momento responder a ese interés.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Para hablar en contra del ordenamiento referido, tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia.

"No se enseña ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos". Decía Aristóteles.

Algo similar podríamos decirle a la actual administración federal, a la cual podríamos llamar "el gobierno de las leyes", porque todo indica que no han comprendido que las leyes se crean para cumplirse y respetarse, y no solamente para saber qué es, cómo es o para qué sirve una ley.

Durante los últimos cuatro años el Congreso de la Unión ha realizado tantas modificaciones a la Constitución, ha creado decenas de leyes secundarias y modificado otras tantas más, y el gobierno ha sancionado y publicado tantos Decretos que bien podría inscribir un récord mundial.

Lamentablemente está reformitis, característica tanto de la LXII y la actual Legislatura del Congreso de la Unión y del gobierno federal, no ha generado las condiciones mínimas para generar un verdadero cambio a corto plazo.

Han olvidado lo más elemental, el principal factor que hace que una ley cobre sentido. Las personas, los ciudadanos, pero sobre todo, el bien común.

El Ejecutivo, que pretende gobernar publicando leyes, olvida que mientras no exista conciencia, voluntad y ética para pretender cambiar las cosas, no habrá ley que alcance para contener las prácticas delictivas o administrativas.

El problema de la corrupción va más allá de los alcances que pretende el presente dictamen.

La gran mayoría de las prácticas y conductas que buscan regular, sancionar y prevenir, con el Sistema Nacional Anticorrupción hoy en día están prohibidas en distintas leyes, tanto administrativas como penales.

Lo que no se ha logrado comprender es que la corrupción va más allá de la esfera de los servidores públicos; pero, sobre todo, depende en gran medida de la forma en que los altos funcionarios se conducen de cara a la sociedad.

Por ejemplo, ¿con qué calidad moral el Presidente Peña Nieto puede exigir terminar con los conflictos de interés y los moches, cuando no ha sido capaz de explicar su actuación en los contratos otorgados a OHL y la relación que esto tiene con la Casa Blanca?

¿Cómo se puede exigir a los mexicanos que en su vida cotidiana se alejen de actos de corrupción cuando observan que los gobernadores se enriquecen con el dinero público?

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la cual destaca el hecho de que 92 por ciento de las personas encuestadas considera que en México hay corrupción y que es el sector público donde más se presentan estas prácticas. Estos datos reflejan la gravedad del problema.

Por otro lado, no se han entendido las diferentes maneras en que la corrupción se manifiesta; es decir, han creado un Sistema Nacional Anticorrupción que lo único que nos garantiza es que se servirá para publicar que en México se combate con estas prácticas ilegales, pero en el fondo no habrá algún cambio significativo en virtud de que las fallas con que nace este sistema.

En primer lugar, hay que señalar que la participación de la ciudadanía quedará reducida y bajo la aprobación de otros organismos como los representantes de la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Representante del Consejo de la Judicatura.

La cara del sistema será un ciudadano elegido, por cierto, en el Senado de la República, mientras que la operación del sistema será por parte de otros funcionarios que en su mayoría responden a intereses partidistas o particulares.

Es necesario decir que aunque han señalado que el Sistema Nacional Anticorrupción es algo muy novedoso, no lo es en realidad, sobre todo cuando el Estado mexicano se encuentra sumergido en altos índices de corrupción y destacan en los primeros lugares en estas prácticas ilegales.

Más bien se debe resaltar que México llega muy tarde a esta discusión, ya que en el mundo hoy en día existen más de 100 comisiones o agencias anticorrupción; y aunque no resulta estéril este debate, también es importante que la ciudadanía se entere de que este retraso en la legislación de un tema que tanto lastima a nuestra sociedad es sólo el reflejo de la poca importancia que ha tenido para los gobiernos federales y para las principales fuerzas políticas impulsar este tipo de reformas.

Primero les interesó la privatización de energéticos, controlar a los maestros, controlar la deuda de los estados que limpiar a México de la corrupción.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Menchaca Medrano.

Para hablar a favor del ordenamiento del dictamen, tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cárdenas Fonseca.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con la venia de la Presidencia y solicitando que esta intervención se incorpore de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Saludo respetuosamente el esfuerzo realizado.

Las presentaciones del dictamen que han hecho nuestros compañeros, los votos particulares y los posicionamientos, con mucho a favor y particularidades en contra.

Vengo ante ustedes y los mexicanos a pronunciarme a favor del Sistema Nacional Anticorrupción y del paquete de dictámenes que hoy nos presentan y que lo articulan. Sin embargo, presentaré reserva a 18 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y permítanme comentar por qué, porque es un tema que atiendo, desde que fui gerente general de la Cámara Nacional de la Industria Naval.

En aquellos tiempos había muchos particulares que ofrecían, nosotros no acusamos esa conducta ante los servidores públicos que era nuestra contraparte como armadores de la industria naval.

En ese tiempo se desarrolló también la campaña, la contienda a la Presidencia de la República y de parte del candidato del PRI presentó su slogan "Renovación Moral de la Sociedad". Esa sociedad que se conforma de mayores de edad y de menores de edad.

Los primeros sujetos de derechos y obligaciones, los segundos en la necesidad de los primeros y de todo en su conjunto de que los menores fueran exigentes de derechos, pero aptos para la responsabilidad futura al adquirir su mayoría de edad de ser sujetos de obligaciones.

Así, sucedieron muchas cosas, se banalizó y se castigó con mayor énfasis a la burocracia, dejando de lado al reverso de la medalla por así situarlos, nada más se castigaba la que jalaba la pata y se dejaba impune al que mataba la vaca.

Nada más se pretendía poner una cara al que ofrecía y voltearse para no ver al que aceptaba o al que exigía y al que aceptaba dar.

Es por eso que lo que hoy nos plantea es atender las medidas correctivas y preventivas, funcional, organizacional y de manera expresa ante los mexicanos para prevenir con información cierta y veraz, partiendo de la presunción de inocencia, partiendo de la buena fe, para que en tanto se vuelva necesaria la fiscalización, actuemos en consonancia en función de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

En ese ánimo, el día de hoy presenté una respuesta a la Declaración Tijuana que me he permitido compartirles en la búsqueda del lugar común para construir, para el hoy, para el futuro. De ahí que presentaré en un momento más reservas a 18 artículos que recogen los testimonios del Partido Revolucionario Institucional, del Verde, de Acción Nacional, del PRD, del PT, pero también de muchos empresarios, principalmente, por evidente vida que llevo en Sinaloa, de muchos empresarios sinaloenses en el sentido de que están hartos de los empresarios ricos, de la temporalidad sexenal de que se trate.

Así, pues, estas reservas van dirigidas funcional y fundamentalmente al momento en que se actualiza, por parte del servidor público al asumir el encargo, o bien, del particular que se actualiza cuando éste entra en relación con el patrimonio o la renta nacional.

Podrá perfeccionarse en el tiempo, no tengo la menor duda de ello. Pero es por eso que también los consejeros ciudadanos que implica el Sistema Nacional Anticorrupción deberán asumir su responsabilidad de decir: qué, cuándo, y cómo es aquello que debe de publicitarse.

También en ellos recaerán una serie de responsabilidades que no les permitirá quedar ajenos para querer ver nada más zonas de blanco o negro, o matices de grises cuando les es conveniente.

Vayamos, pues, en alianza para la prevención, para el seguimiento y la fiscalización de públicos y de particulares.

Finalizo reiterando que mi reserva sólo da coherencia, forma, estructura en la Ley General de Responsabilidades Administrativas a lo que escuché de ustedes, a lo que escuché de muchos empresarios también de Sinaloa, a muchos profesionistas y a lo que tal vez poco pude aportar dándole estructura y cuerpo a lo que de ustedes escuché.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Cárdenas Fonseca.

Para hablar a favor del dictamen, tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea. Senadoras y Senadores:

Vengo a esta tribuna a razonar mi voto a favor sobre el paquete de leyes anticorrupción. Lo hago, pues considero que con ello será el primer paso para erradicar, aunque sea de manera tímida y titubeante, el principal flagelo que azota a nuestro país.

Aún cuando me parece que para erradicar la corrupción en México, un modelo reactivo resulta insuficiente e ineficiente en el compromiso para garantizar que los mexicanos disfruten hasta el último centavo del gasto público sin desviaciones, sustracciones o irregularidades, me permito hacer las siguientes propuestas para perfeccionar el Sistema Nacional Anticorrupción.

El pueblo de México quiere cortar de raíz la corrupción, sin demoras ni obstáculos. De ahí me permito proponer acotar la periodicidad prevista en el dictamen para las reuniones, tanto del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, como del Comité de Participación Ciudadana.

La corrupción lacera, la corrupción cancela el futuro de nuestros jóvenes, la corrupción es una rémora que succiona los fondos necesarios para el desarrollo social y el crecimiento económico.

Por ello me permito proponer que las sesiones ordinarias del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se realicen cada mes en lugar de cada tres meses, como está propuesto en el dictamen.

En cuanto al Comité de Participación Ciudadana, propongo lo mismo para que exista armonía en el acompañamiento que realice los esfuerzos para acabar con la corrupción. El dictamen nos propone que el comité se reúna únicamente cuando lo convoque su presidente.

Propongo que el Comité de Participación Ciudadana se reúna al menos cada mes para que haya congruencia y corran ambos, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana, de manera paralela. Para ello se deberán hacer los ajustes correspondientes en los artículos 13 y 20 del dictamen en la parte relativa a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las presento en esta instancia al razonar mi voto en torno del paquete integral, y espero que quienes vayan a aplicar las nuevas normas les sirva a futuro.

Procedo de esta manera en razón de que no veo la utilidad de formular reservas, pues aunque estas sean valiosas si no provienen de los grupos mayoritarios simplemente no se toman en cuenta.

Por ello, prefiero ahorrarme el bochorno y a ustedes, amigos de la burbuja de poder de esta Cámara, la muestra de insensibilidad ante propuestas enriquecedoras de nuestro marco jurídico.

A los mexicanos nos urge que se ataque la corrupción, las numerosas acciones y estructuras derivadas de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción han de aplicarse, en consecuencia, de inmediato, por ello, me parece que los periodos establecidos para las reuniones, tanto del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, como del Comité de Participación Ciudadana, son tan largos, dilatados, que van a propiciar la lentitud y hasta la parálisis en la implementación del modelo anticorrupción.

Finalmente, lo que se concibió en un inicio al arrancar el proceso legislativo en la materia, como un registro nacional, terminó en una Plataforma Digital Nacional, la plataforma contiene cinco sistemas entre los que destaca el sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas.

En dicho precepto se establece un sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas tal y como aparece en la fracción II. Estoy convencido de que además de subir al portal a las autoridades que realizan las compras para el gobierno, debemos incluir otra categoría de servidores públicos que realizan funciones igualmente o quizá de mayor responsabilidad, me refiero a aquel tipo de servidores públicos que aparecerían en los primeros lugares, si realizamos un mapeo de corrupción de la administración pública, son los servidores públicos que por la peculiar esfera de su competencia tienen la posibilidad de otorgar permisos, autorizaciones o licencias, o concesiones a los particulares.

Como es evidente en la realización de estos actos administrativos, no estamos frente a una adquisición o licitación, pero son actos de los que igual se atrae como un imán los hechos de corrupción.

Los particulares buscan que se les dispense la carga de cumplir con requisitos o con artimañas que se les tenga por cumplidos, los permisos, licencias y concesiones siempre traen una fuerte carga económica para realizar actividades o funciones en lugar de la administración pública, los beneficios para los titulares, por supuesto dinero mal habido, son enormes.

Para evitar que los actos constitutivos de derecho en favor de particulares se conviertan en una patente de corso, propongo que se establezca un sistema electrónico para esta categoría de servidores públicos, para ello hay que agregar la fracción correspondiente que sería la III en el artículo 49 de la ley mencionada, debiéndose recorrer en su orden las fracciones subsecuentes.

Sin embargo, las medidas legislativas que se nos proponen son únicamente el primer paso, a nuestro país le urge la contribución de todos sus habitantes para crear lo antes posible un carácter nacional de honestidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias Asamblea.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Blásquez Salinas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para hablar en favor del presente dictamen.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Recientemente en varias publicaciones internacionales, particularmente, se publicó una investigación del Instituto para el Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, y en esta investigación ellos planteaban cuáles eran las doce formas en que la humanidad podía desaparecer, y plantearon lo típico de las películas: el impacto de un asteroide, la erupción de un súper volcán, el calentamiento global, una guerra nuclear, una pandemia, una catástrofe ecológica, el colapso del sistema económico mundial, la biología sintética, la nanotecnología, la inteligencia artificial y varios riesgos desconocidos, pero incluyeron algo más, incluyeron como un riesgo, como una forma en que la humanidad pueda desaparecer, a los malos gobiernos.

A los malos gobiernos que a partir de dos elementos se convierten en una amenaza para las personas que gobiernan: malos gobiernos que no remedian problemas, que sí tienen solución, y malos gobiernos que causan nuevos problemas.

La disyuntiva en este momento es muy clara, o nos convertimos y nos seguimos presentando frente a los ciudadanos como una amenaza a su seguridad, a su economía, a su bienestar, a su forma de entender la democracia o les ofrecemos soluciones reales.

Y vaya que tenemos evidencia de lo que estoy aquí planteando. Recientemente aquí en el Senado de la República se estuvieron haciendo foros sobre estas publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales, una suerte de reedición de Molina Enríquez, pero traída a la actualidad, y uno de estos capítulos, presentado hace apenas unos días fue: "La Corrupción en México, Percepción, Prácticas y Sentido Ético".

Déjenme darles algunos datos, para ubicarnos en dónde estamos y también para tener cierta humildad de qué es lo que estamos pretendiendo hacer con estos dictámenes, y particularmente con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Cuando le preguntan a los mexicanos, si creen que la corrupción será dentro de cinco años mayor, menor, igual, el 64.7 por ciento dice que va a ser mayor; cuando a los mexicanos se les pregunta su opinión de dónde se realizan los primeros actos de corrupción, el 47.6 por ciento dice que en el gobierno; y por último, cuando se les pregunta, en una escala del cero, donde cero es nada honesto, y 10 es muy honesto, cómo calificaría a los siguientes personajes: los doctores están en 7.3 por ciento, los indigentes están en el 6.7 por ciento y los políticos tenemos una calificación de 3.3 por ciento.

Por eso es que lo que estamos haciendo hoy, sí tiene mucho de histórico, sí tiene mucho de celebración a partir de la forma como se hizo, pero sí tiene mucho de responsabilidad ante una situación crítica que estamos viviendo.

A esto, como decía Jorge Luis Borges, que hoy se celebra su 30 aniversario luctuoso: "No nos une el amor sino el espanto".

El espanto de voces allá en la calle que dicen, la solución a los problemas de la política, la solución a los problemas de México pasa por la desaparición de la clase política, una distopía en la que nosotros no existimos, y al país le va mejor, muchos creen que eso es así.

Yo sigo creyendo en la dinámica creadora de la política, y quiero seguir creyendo en ella a partir de volver a confiar en la política, volver a confiar en el adversario político, pero es muy difícil generar esta confianza cuando yo veo aquí a dos compañeros Senadores del Partido Acción Nacional, que hace apenas una semanas fueron retenidos por participar en un proceso electoral.

¿No se trata eso también de un acto de corrupción?

¿No se trata de revisar la forma como se accede en México al poder a partir del elemento, a partir del cual hay que revisar cómo se ejerce el poder en nuestro país?

Y mi solidaridad con los compañeros Daniel Ávila y Fernando Yunes, mi solidaridad completa, porque me indignaba verlos en esas condiciones, de verdad, que son producto de la corrupción política en el país, en el acceso al poder.

Por eso es que sí creo que debemos de ser hoy muy críticos, debemos de celebrar, de reconocer, pero también de entender cómo nos están viendo allá afuera.

Y no, no nos están viendo con un entusiasmo como el que de repente aquí se percibe, no les estamos dando señales diferentes para que piensen diferente de las personas que ejercen el poder en el país.

Ojalá éste sea un germen del que surja un árbol frondoso en el que nos reconciliemos debajo de su sombra con los ciudadanos mexicanos, pero esto sólo existirá hasta el momento en el que el sistema empiece a dar resultados.

Volver a tener un buen sistema lustroso, brilloso, aceitado, pero que no da resultados, volverá a ser una bofetada al rostro limpio de miles y millones de mexicanas y mexicanos.

Por eso es que yo celebro nuestra participación en todo este proceso que culmina hoy con nuestra votación a favor, porque ahí estuvimos en las mesas, en los diálogos, en el parlamento abierto, no rehuimos jamás a nuestra responsabilidad legislativa de oponernos, de participar, pero también de reconocer cuando un trabajo está bien hecho, y este trabajo, sólo los que estuvieron ahí presentes, saben que está bien hecho. ¡Enhorabuena por ello!

Otra historia quizá es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que después tendremos que debatir, pero lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción debe de satisfacernos en este salón, pero no imaginar que eso cambia en absoluto la percepción de los ciudadanos.

Estamos combatiendo la corrupción, si antes no dimos muestras de que el Sistema Nacional Anticorrupción también combate la impunidad, entonces nos dirán nuevamente las mexicanas y los mexicanos: "Quédenselo, señores políticos, guárdenlo en el cajón de sus recuerdos más memorables, pero no crean que nos engañan".

Démosles resultados y démosles resultados ya; démosles resultados pronto; démosles los resultados que equiparen el producto legislativo con la expectativa social.

Quiero cerrar mi participación, sí reconociendo la participación plural de todos, los partidos políticos, la sociedad civil, el impulso y sobre todo la exigencia de los ciudadanos, y lo haré también citando a alguien, como lo han hecho aquí varios, no es Aristóteles, no es otro académico, es un norteamericano que en 1931 dijo lo siguiente: "Debemos mantener esta nación íntegra, a salvo, libre de la corrupción. Hoy en día la gente no respeta nada, antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley, hoy la corrupción se pavonea en la vida diaria, es la nueva ley, la única que se respeta y está acabando con este país".

Son palabras, no de un líder religioso, no de un político, no de un intelectual, de un hampón, lo dijo Al Capone, ¿y por qué lo dijo Al Capone? Porque el cinismo nos puede llevar a todos a hablar de lo mala que es la corrupción, eso es fácil, todos podemos llenarnos la boca criticando la corrupción. Lo difícil, lo importante, lo indispensable en estas horas es actuar, es empezar ya.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores, buenas noches.

El día de hoy tenemos la responsabilidad de votar por las leyes que serán, sin duda, las más importantes de la historia mexicana, con la finalidad de erradicar la corrupción y eficientar el servicio público.

Con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2015, se dio inicio a una nueva etapa en nuestro país, en donde la ciudadanía tiene un gran poder para evitar cualquier acto ilícito en la gestión pública.

Recordemos que la corrupción es un fenómeno a nivel internacional que constituye en un gran obstáculo para el desarrollo económico y social, particularmente en el país, este problema ha ocasionado que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones y la credibilidad en el desarrollo de la gestión pública, por ello, el trabajo que tenemos en este momento es aprobar la legislación que permita combatir y erradicar un fenómeno que trasgrede el desarrollo de la administración pública.

Los Senadores del Partido Verde, comprometidos con el llamado de la sociedad y la exigencia ciudadana de erradicar esta práctica tan común, estamos aquí presentes para votar a favor del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Reconocemos que ha sido un trabajo difícil, pues integrar en un solo documento las diversas posturas de los grupos parlamentarios es una gran labor y un ejemplo que con voluntad política el trabajo legislativo es realizado con responsabilidad, dejando atrás conflictos partidistas y enfocándonos siempre al beneficio social.

Compañeras y compañeros Senadores: En este dictamen se expiden tres leyes que permitirán el correcto funcionamiento de un Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, estamos creando un instrumento para atacar las causas de la corrupción.

En esta ley resaltan los principios que deben regir el servicio público, los cuales son: la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y comparecencia por mérito.

Se crea el Sistema Nacional de Fiscalización, el cual estará integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización superiores locales y las Secretarías o instancias homólogas, encargadas del control en las entidades federativas.

Este sistema es el mecanismo de colaboración para intercambiar conocimientos, ideas y experiencias, para avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.

Asimismo se crea la Plataforma Digital Naciuonal, la cual tendrá información específica que permita visualizar el correcto cumplimiento de la administración pública.

Con la información en esta plataforma, lograremos tener los datos relativos a la evaluación patrimonial, la declaración de intereses y la constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos, dando certeza a la ciudadanía del correcto uso de los recursos públicos.

Asimismo se crea el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, en donde quedarán inscritas todas aquellas sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas, haciéndose públicas aquéllas consideradas como graves.

Estas tres características nos permiten a los Senadores del Partido Verde votar a favor del presente dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Informo a la Asamblea que se recibió el texto de la intervención del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, el cual se integra al Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

El Capítulo 26 del Tratado de Asociación Transpacífico se refiere a la transparencia y a la corrupción, o la anticorrupción. Este capítulo tiene como objetivo compartido por todos los países que son parte, fortalecer el buen gobierno y afrontar los efectos corrosivos que ocasiona el soborno y la corrupción sobre la economía de los países.

El documento habla de que se tienen que adoptar leyes que penalicen el soborno y el conflicto de interés, el ofrecimiento o solicitud de ventajas indebidas por parte de algún funcionario público, es decir, que debe haber leyes que penalicen los actos de corrupción que afecten al comercio internacional o a la inversión.

De manera textual dice el TPP que los países parte se comprometen a la "aplicación efectiva de leyes y reglamentos anticorrupción", además "se comprometen a esforzarse por adoptar o mantener códigos y normas de conducta para sus funcionarios públicos, así como medidas para identificar los conflictos de interés, tomar medidas para desalentar prebendas, facilitar el castigo a los actos de corrupción, medidas disciplinarias o sancionatorias para los funcionarios públicos que participen en actos de corrupción".

El Sistema Nacional Anticorrupción que estamos comentando, abona hacia esa solicitud, no la ley de responsabilidades, pero sí el sistema nacional.

Este sistema es una iniciativa que considera facultades administrativas graves como no graves, se refiere también a los actos de corrupción y todo acto que vulnere el patrimonio de la nación. Se parte de principios que deben prevalecer en el servicio público.

La participación de la ciudadanía en la vigilancia, supervisión y control de la lucha del combate a la corrupción, es retomada en el dictamen.

Se forma un Comité de Participación Ciudadana, cuyos integrantes deberán reunir requisitos semejantes a los del Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Se establece un procedimiento expedito para su elección.

Lamentablemente el proyecto no concibe a estos integrantes del Comité de Participación Ciudadana como servidores públicos. Sí reciben recursos públicos, pero no son sujetos de responsabilidad. Eso los hace inmunes a cualquier sanción y resulta un contrasentido que los responsables de vigilar que no haya corrupción, sean inmunes en este dictamen. Si reciben recursos públicos, pues deben ser considerados sujetos de responsabilidad, tal como lo establece el artículo 108 de la Constitución.

El Comité de Participación Ciudadana será un órgano con funciones de consultoría del Comité Coordinador, y será el enlace entre el Comité Coordinador y la sociedad civil organizada. Este comité formará parte de la Comisión Ejecutiva que, entre otras funciones, le corresponderá generar insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones.

Como un avance se considera el carácter rector del Sistema Nacional Anticorrupción a través de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de Coordinación, el papel central de los ciudadanos en la operación y administración del sistema.

La regulación de los Sistemas Anticorrupción locales, los exhortos que podrá realizar para motivar investigaciones de posibles actos de corrupción, faltaron incluirse varios temas.

El Sistema Nacional Anticorrupción debería contar con los requerimientos básicos para su funcionamiento, tanto recursos humanos y financieros como materiales suficientes para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones.

Pero si de algo carece este dictamen es que concibe al Sistema Nacional de Fiscalización con dos cabezas, es como un elefante con dos cabezas. Y nosotros pensamos que esto no es correcto, que debería de ser solamente la Auditoría Superior de la Federación quien encabezara el Sistema Nacional de Fiscalización, porque la auditoría logra un sustento, bueno, con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción el Sistema Nacional de Fiscalización logra un sustento legal para su función realizada desde 2010.

Este sistema es un mecanismo de coordinación entre las instituciones de auditoría internas y externas de todos los niveles de gobierno, y tiene como objetivo brindar los principios y actividades que apoyarían la coordinación eficaz entre los entes gubernamentales de auditoría en México, así como el enfoque sistemático y exhaustivo de la auditoría de los recursos públicos.

El dictamen plantea que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, esté encabezado de manera dual por quien primero encabece la Auditoría Superior de la Federación y, por otra parte, de la Secretaría de la Función Pública. No obstante esta Presidencia dual presenta graves problemas que debemos atender y que quiero mencionar a continuación.

Se comparte la responsabilidad de dictar los lineamientos para la fiscalización a una de las entidades fiscalizadas, de esta manera se evita la objetividad, se evita la exhaustividad, con lo que queda claro que no se lograría mejorar la labor de auditoría de los recursos públicos, se reconoce la importancia pero no a quien la encabeza.

La Secretaría de la Función Pública es a su vez juez y parte, porque es quien está al interior de las dependencias ejecutoras de gasto y, por lo tanto, toma decisiones junto con el Poder Ejecutivo y las áreas ejecutoras de gasto de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno y de los órganos autónomos, y por lo tanto, son juez y parte, quien tiene las mejores cualidades para presidir el Sistema de Fiscalización sería la Auditoría Superior de la Federación.

Además, este dictamen está minando la preeminencia de la Auditoría Superior de la Federación en la labor de fiscalización de los recursos públicos, toda vez que no reconoce que quien cuenta con la especialidad necesaria en la materia es justamente la Auditoría Superior de la Federación y por ello puede encabezar los ejercicios de coordinación entre instituciones de auditoría interna y externa garantizando la elaboración de lineamientos que permitan la exhaustividad de la fiscalización.

La reforma incorpora a las materias de fiscalización, por parte de la auditoría, a las participaciones federales y a la deuda pública garantizada. La Auditoría Superior de la Federación debe de ser quien encabece el Sistema Nacional de Fiscalización porque cuenta con mayor independencia y profesionalismo en la materia de fiscalización, y puede quedar como la encargada de fijar los criterios, de llevar el liderazgo, de diseñar las reglas comunes de auditoría, manejar el marco jurídico y el desarrollo de capacidades fiscalizadoras.

El Plan Estratégico del Sistema Nacional de Fiscalización 2013-2017 estableció como uno de los objetivos fundamentales del mecanismo de coordinación, lograr el mayor impacto de trabajo de las instituciones fiscalizadoras en la lucha contra la corrupción. El sistema en sí permite conducir los esfuerzos en esta dirección, y quien cuenta con mayor legitimidad para realizar estas investigaciones por su autonomía es la Auditoría Superior de la Federación, ya que incluso puede conducir investigaciones ligadas con hechos de corrupción.

Reconocer una sola cabeza del Sistema Nacional de Fiscalización, permite contar con un solo encargado de su conducción, así como concentrar la responsabilidad del mismo, como quien está a cargo de encauzar los esfuerzos para fortalecer la labor de     Auditoría del Estado. Definir que sea la Auditoría Superior de la Federación quien encabece este Sistema Nacional de Fiscalización refuerza su funcionamiento y presencia dando pasos hacia la construcción de medidas más eficaces y evaluables, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Además, de que la coordinación de este sistema se refuerza.

Yo leí una parte textual del Acuerdo Transpacífico, porque nuestro país ya firmó, el gobierno mexicano ya firmó ese acuerdo, y van a estar sobre de estas leyes, pues otros países.

Por eso es muy importante cumplir a cabalidad con lo que establece un verdadero Sistema Nacional de Fiscalización, y quien debe de encabezar este esfuerzo, debe ser la Auditoría Superior de la Federación.

Es cuanto, gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hace un mes, a propósito de la Cumbre Anticorrupción convocada por el gobierno Británico que, por cierto, definió esta Cumbre el fenómeno de la corrupción como una pandemia global que merece acción multilateral; se publicó un ensayo de Francis Fukuyama, titulado: "Qué es la corrupción", cuyo primer párrafo me pareció útil para dar contexto a la discusión que sobre las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción tenemos el día de hoy.

La corrupción, dice Fukuyama, se ha convertido en el problema característico del siglo XXI, así como el siglo XX se caracterizó por grandes luchas ideológicas entre democracia, fascismo y comunismo, hoy la mayoría de los países del mundo han adoptado al modelo democrático, o al menos, intentan tener elecciones  competitivas.

Lo que realmente distingue a los sistemas políticos hoy día, es el grado en el que las élites gobernantes usan el poder a favor del interés público, o el grado en el que lo usan para enriquecerse ellos mismos o a sus amigos o familias.

Ya sea que hablemos de Rusia, Venezuela, Afganistán o Nigeria, en todos estos países se llevan a cabo elecciones de líderes con cierto de grado de legitimidad democrática. Lo que diferencia a estos países de países como Dinamarca, Suecia, Canadá o Alemania, que están en los niveles más bajos de percepción de la corrupción, no son los procesos electorales, sino la calidad de los gobiernos que emergen de estos, de su cultura de rendición de cuentas y de qué tanto son o no corruptos. Aquí termino con el texto de Fukuyama.

"La corrupción se ha dicho mucho. Es hoy día el principal problema estructural de nuestro país y el más grande obstáculo para su desarrollo, su afectación no se limita a la pérdida directa de los recursos de los mexicanos que se quedan en los bolsillos de los corruptos, sino también afecta la economía a escala nacional, evita la generación de bienes públicos, transgrede los derechos humanos, evita la redistribución del ingreso y mina la confianza en la democracia".

No en vano México ocupa el último lugar de satisfacción de sus ciudadanos con la democracia de nuestra región, y no en vano, en todas las encuestas, el primer problema que viene a la mente de la mayoría de los mexicanos, es precisamente la corrupción.

Porque de todos los males del país, todos y cada uno se relacionan de algún modo con la corrupción, ya sea la falta de medicamentos en los hospitales, los peajes más altos en las carreteras, los baches en nuestras calles, la pobreza que no se reduce, la desigualdad que crece, la inseguridad que no cede, la enorme impunidad y, en general, un deficiente desempeño de las administraciones públicas.

México tiene una calificación de 35 puntos sobre 100; en el último Índice de Percepción de la Corrupción, ubicado en la posición 95 de un total de 167 países evaluados, es decir, estamos en la mediocridad, a la mitad de la tabla.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, se estima que hay más de 30 mil víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, asociadas con la realización de trámites, pagos o que tuvieron algún contacto con servidores públicos en áreas urbanas.

El costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, fue de 6,418 millones de pesos, lo que equivale a 2,799 pesos por persona afectada; mientras que el costo a consecuencia de la corrupción en el contacto con autoridades de seguridad pública, fue de 1002 millones de pesos, lo que representó 972 pesos por persona afectada; asimismo, se estima que en promedio 14 por ciento de los ingresos de las familias mexicanas en un año, se destina al pago de sobornos; además, está la corrupción política, esa que se define como el abuso de las posiciones públicas para el beneficio privado, tanto la Iniciativa Ciudadana 3 de 3, respaldada por más de 630 mil ciudadanos, como los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio, representan un fuerte mensaje de la ciudadanía a toda la clase política, ésta es: "Estamos hartos de la corrupción, y el que abuse del poder se va".

Acción Nacional ha entendido claramente ese mensaje, por eso esta reforma y sus siete leyes han sido durante estas dos legislaturas el asunto más importante de nuestra agenda legislativa. Por eso fuimos los primeros en presentar las primeras iniciativas que hoy se discuten hace ya casi 10 meses, y por eso también no hemos dejado de impulsar las mejores leyes posibles durante la negociación.

También por eso, hoy en la mañana anunciamos que promoveremos más tarde que los formatos de publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal sean adoptados de una vez por la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los términos en los que esos más de 630 mil ciudadanos la conocen y la promueven.

También por eso, los siete gobernadores y decenas de ediles y Diputados que fueron postulados por Acción Nacional, recién electos, se han comprometido a adoptar como sello distintivo de sus gobiernos y gestiones legislativas, la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.

Para asegurarnos de que así sea, es que el día de hoy votaremos a favor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que busca articular por primera vez en la historia de nuestro país una, y bajo una política pública nacional a las distintas instituciones responsables de algún tramo de los esfuerzos de combate a la corrupción hasta hoy frágiles y dispersas.

Esta ley tiene especial relevancia, pues es la ley marco de la organización y vinculación de las instituciones que conforman al propio sistema, materializa el enfoque no sólo punitivo, sino también preventivo y de coordinación de la reforma constitucional.

A la vez, este ordenamiento establece que el sistema será replicado en los otros órdenes de gobierno, homologando así eventualmente los estándares y procesos de las políticas anticorrupción en todo el país.

La ley traza la estructura orgánica del sistema nacional, compuesto, en primer lugar, por un Comité Coordinador, por un Comité de Participación Ciudadana, por el Sistema Nacional de Fiscalización y por los Sistemas Locales Anticorrupción.

La nota principal del sistema, además de su característica articuladora, es su ciudadanización.

Desde la conformación del entonces Instituto Federal Electoral no había una delegación de una tarea tan relevante para el Estado y la sociedad a los ciudadanos, quien encabece los esfuerzos anticorrupción en México no será un funcionario ni un político, será de manera permanente un ciudadano.

Queremos así, dar un mensaje contundente a la sociedad, los políticos nos ponemos de una vez por todas bajo el escrutinio ciudadano, no sólo la presidencia del sistema estará a cargo de un ciudadano, sino que éste contará con un Comité de Participación Ciudadana potente que servirá como contrapeso a las instituciones gubernamentales que participan.

Por otro lado, el sistema tendrá la tarea de generar una política nacional para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción, tanto en el ámbito administrativo como penal.

Por eso insistimos hace tiempo en la necesidad de incorporar en este paquete de reformas, las que mejorarán los tipos penales y fortalecerán la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, porque sí, claro que queremos políticas de integridad eficaces que prevengan actos de corrupción, pero también queremos que si hay esos actos de corrupción, ésta sea exhibida y castigada, incluso si lo amerita, con cárcel.

Asimismo, del sistema provendrán instrumentos de medición del fenómeno de la corrupción y mecanismos de evaluación de las políticas, se generará inteligencia institucional a través de la plataforma digital conformada por seis sistemas de información: el de devolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancia de presentación de la declaración fiscal, el de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, el de información de contrataciones públicas, el de servidores públicos y particulares sancionados, el de información y comunicación del sistema nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización y el de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Finalmente, esta ley también formaliza el Sistema Nacional de Fiscalización que funciona desde hace más de una década como un mecanismo de coordinación y de buenas prácticas entre auditores y contralores en todo el país.

Compañeras y compañeros: Después de tres años de trabajar en esta reforma tras aquella reforma constitucional frustrada en la Cámara de Diputados y gracias al impulso de la sociedad civil, gracias también a nuestros equipos técnicos y gracias a la voluntad política de todos los grupos parlamentarios, hoy aprobaremos un paquete legislativo que ha generado enorme expectativa y de cuyo debido cumplimiento depende en buena medida el futuro de nuestra nación.

Sin embargo, y hay que decirlo, buenas leyes y aún buenas instituciones, no serán suficiente si no se elimina la anticultura del abuso, la visión patrimonialista de la función pública y la impunidad de la que abreva la corrupción en nuestro país.

Ese es el verdadero y último objetivo de este sistema, y sólo si lo logramos podremos, entonces, estar satisfechos. Para ello hay que seguir trabajando en la otra decena de leyes que habrá que armonizar para atacar, por ejemplo, en la Ley de Obras Públicas, la gran corrupción en las contrataciones, a través de las cuales muchos empresarios se han hecho millonarios a costa del erario público, y tanto ellos como los políticos responsables de esta corrupción tienen que rendir cuentas.

Mención aparte merece el modelo de publicidad gubernamental, que también genera, o al menos solapa la corrupción a través de la compra del silencio o de los aplausos de ciertos medios de comunicación en todo el país.

Quiero terminar reiterando el compromiso de Acción Nacional y el mío propio por seguir trabajando en la legislación, tanto del Sistema Nacional de Transparencia, que es la reforma hermana de esta reforma en materia de anticorrupción, como la de esta misma reforma.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

Corresponde el turno en el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Creo que en este tema todo mundo tiene que aportar y que reflexionar frente a las medidas que se están proponiendo y frente al sistema que cada quien ha concebido y lo que finalmente hemos logrado.

Este resultado de muchas deliberaciones no llega a la mejor definición de un sistema y de una serie de medidas contempladas en la ley o en un conjunto de leyes que permitan dar la certeza a los mexicanos que de verdad vamos a combatir la corrupción y la impunidad.

Sin embargo, hay necesidad de destacar algunas cosas, por ejemplo, hay en nuestro país, para que aquellos que están pensando de las declaraciones en las que estamos nosotros pensando, nosotros tenemos 8 millones de burócratas en nuestro país, esta cifra era, en el año 2003; y en Estados Unidos hay 2.2 millones de burócratas; estos 8 millones de mexicanos que son burócratas van a tener la obligación de hacer sus declaraciones patrimoniales, en los ámbitos distintos de la administración estatal, federal y municipal.

Nosotros tenemos que garantizar, y esa es parte de la disputa que no se ha logrado resolver y no se ha logrado convencer, de que se tenga una plataforma de información puntual de cómo ha evolucionado el patrimonio de aquellos que están inmersos en el servicio público, de aquellos, que como en mi caso somos legisladores y cómo podemos haber afectado nuestro patrimonio a partir del paso de las instancias de representación.

Se requiere puntualmente poder transparentar todos los ingresos que se tengan. Esta es una de las cosas que ahí están presentes, pero hay algo que sobresale.

Nosotros, en el año 2000 y 2012, estos años fueron de administraciones panistas, creció el gasto destinado a servicios personales en un 141.6 por ciento, esto habla de la forma tan simple e irresponsable que en el rubro de gastos personales se maneja por diferentes niveles de gobierno, y esto ha sido una preocupación.

¿Cuántas veces no hemos enarbolado la bandera de combatir la corrupción?

¿Y cómo frente a nuestras narices viene elevándose de manera desproporcionada el rubro destinado a gastos personales? Que es solamente uno de los rubros que tenemos aquí, porque si ustedes pueden, y pueden dar testimonio, pues hay muchos casos de escándalos de corrupción, yo no me voy a referir a la Casa Blanca, porque ya es un tema donde siempre lo refieren, pero tenemos la otra casa de Videgaray, en Malinalco; tenemos el caso de la Estela de Luz, donde nunca se consignó a nadie, ni se castigó a nadie por este exceso en la construcción de un monumento; tenemos el caso de Oceanografía, que generó un fraude en el Citigroup, y que afectó, directamente involucró a Pemex, y que de alguna suerte muchas de las investigaciones que se han hecho llegan a no desembocar en nada, no hay castigados, no hay sancionados, no hay inhabilitados.

Tenemos aquí un dato que yo quería darles a conocer, que en los últimos 32 años, estamos hablando de poquito tiempo, solamente se han castigado 16,091 servidores públicos que fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública, es una cantidad tan pequeña para el tamaño de la masa de la burocracia, cuando estamos hablando de 8 millones, y solamente 16,091 servidores públicos han sido castigados, y en muchos de los casos, ha habido algunos casos, en donde se han impuesto sanciones a servidores públicos que a veces superan el techo de la dependencia en la cual estaban asignados.

Y esto de verdad que sí genera espanto porque ha pasado en el ISSSTE, ha pasado en diferentes dependencias y que nosotros, en nuestro país, hemos ido dejando de manera muy irresponsable que avance ese tema de la corrupción que luego se convierte en la impunidad, que ha hecho que no tengamos la certeza, que en este país caminemos con transparencia y que vayamos combatiendo la corrupción, por eso está asociándose el desempeño de cargos públicos con las actitudes de corrupción y de impunidad en nuestro país.

Deberíamos de aspirar, por último para terminar, a que exista voluntad política solamente, compañeros, para que se aplique la ley, no requerimos muchas leyes, requerimos solamente una ley, y el que esté a la cabeza tenga el compromiso de cumplir con su mandato para que la ley se aplique.

No es todo un procedimiento, hay un procedimiento aquí ahora de tramitología que va a ser de alguna manera difícil que se vaya aplicando y castigando a esto; sin embargo, tenemos que dar pasos en ese sentido, y yo por eso hoy voy a votar para apoyar este sistema de combate a la corrupción, pero necesitamos precisar mecanismos que garanticen que no habrá impunidad en nuestro país y que los funcionarios encargados de combatir estas prácticas cumplan con su deber.

Gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El tema que hoy corresponde discutir es de mayor relevancia para todas y todos los mexicanos, el tema que hoy nos une y en el cual todos coincidimos, ya que tiene que ver con una demanda creciente de la sociedad en general para combatir la corrupción y la impunidad.

Cabe hacer memoria que nuestra historia hoy nos reclama antropológicamente desde la época de la conquista, en el cual este lastre ha lastimado a nuestra nación durante muchas generaciones y muchos gobiernos, pero hoy estamos declarando que vamos a cancelar todas esas cadenas de inequidad que venimos arrastrando de generación en generación.

Y basta con leer el artículo 2 de esta ley, el artículo 5, habla de políticas públicas en materia de prevención, de detección, control, de sanción y de combate a la corrupción, habla de principios como la honradez, la lealtad, la legalidad, la integridad, la ética, y a lo largo de esta ley habla solamente de valores, valores que hoy en día se han perdido y que tenemos que recuperar, valores que inician, incluso, desde la educación primaria, que es en la familia, que es en la comunidad, que es en la sociedad, y que hoy como gobierno y como legisladores nos toca la oportunidad de hacer estas leyes, pero sobre todo, de acciones afirmativas a favor de la transparencia.

Desde el inicio de su administración el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a implementar una amplia estrategia para erradicar la corrupción en los diferentes ámbitos y niveles en nuestro país.

En tal virtud, impulsó dos pilares fundamentales, a saber:

En primer lugar, un Sistema Nacional de Transparencia que obliga a más sujetos, a más poderes, a más entes públicos a que tengan que rendir cuentas claras del gasto y de la inversión, o a que dediquen los recursos públicos.

En segundo término, la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, el cual establecerá principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, será la instancia responsable de establecer e implementar estas políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de  gobierno.

Interesante ahora la implementación de este Comité de Participación Ciudadana que es legítimo que le demos a los ciudadanos el que puedan participar y estén cercanos al trabajo de los poderes de gobierno, cuyo medular motivo es el de vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encauzar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción.

Este Sistema Nacional de Fiscalización también contará con mecanismos interinstitucionales para maximizar la cobertura de la fiscalización en todo el territorio nacional, plantea que todo servidor público estará obligado a rendir la declaración patrimonial y la declaración de intereses para que el Estado y la sociedad puedan cerciorarse en todo momento de que se cumpla con los principios constitucionales y que responda al mandato democrático depositado en su función, las cuales estarán disponibles al público, así como la declaración anual de impuestos, con excepción de datos personales sensibles conforme a la ley de la materia.

En primer lugar, fue enriquecido con las valiosas propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, grupos parlamentarios y los expertos en la materia.

Debemos reconocer que se trata de una asignatura pendiente, sin embargo, para su combate es necesario un esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad, en la que trabajemos como un frente común.

Se trata de una reforma con amplio sentido social, la cual sólo será posible si las instituciones que se están preparando para este objetivo trabajan de manera eficaz, pero también si todos somos parte de este gran esfuerzo colectivo para que podamos transformar culturalmente este gran lastre que afecta los diferentes ámbitos de la vida nacional.

Si bien los esfuerzos realizados a la fecha son importantes, los cuales presentan beneficios palpables para la población, los retos esperados son muchos y son de esperanza, falta mucho por hacer, por lo que es indispensable fortalecer las instituciones del Estado mexicano.

Compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del PRI no es omiso ni insensible ante esta sentida demanda de la sociedad mexicana.

Estamos convencidos que es indispensable seguir impulsando y trabajar en el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, y en el imperativo de trabajar conjuntamente gobierno, familias, instituciones y sociedad a fin de combatir la corrupción.

Se trata de un tema y fenómeno en diversas ocasiones de orden cultural, pero estamos convencidos de que es posible cambiarlas, considerando que la cultura de la integridad se hace todos los días en el quehacer cotidiano.

Reconocemos que nos falta mucho por hacer, pero no tenemos la menor duda de que la aprobación e implementación de estas reformas traerán aún más beneficios tangibles para las familias mexicanas, por una cultura de la integridad.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Hernández Lecona.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras y compañeros Senadores. ¡Pueblo de México! Buenas noches.

Llegamos a este periodo extraordinario para dar cumplimiento a nuestra obligación de legislar e instrumentar legalmente el cambio constitucional más trascendente para la vida nacional, como lo es la reforma que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

Se dice, en el dictamen a nuestra consideración, cito: "La corrupción es un fenómeno complejo cuyo origen tiene distintas causas y provoca diversos efectos, que va desde el pago ilícito a un policía, hasta el deficiente funcionamiento de un sistema político, por lo que la problemática de la corrupción no sólo es considerada como un problema estructural, sino también como una cuestión moral y cultural de un país".

El dicho popular "El que no tranza, no avanza", si esto es así, surge la pregunta, ¿por qué no se toma la decisión política fundamental para acompañar estos cambios con una reforma constitucional que sujete de una vez por todas al Presidente de la República a este marco jurídico y no por ser quien está ahora en la Presidencia, quien fuese?

¿Acaso el titular del Poder Ejecutivo Federal no forma parte de nuestro sistema político, Senadoras y Senadores?

Repito, ¿acaso el titular del Poder Ejecutivo Federal no forma parte de nuestro sistema político?

Porque eso es lo que ustedes están considerando.

Retomando las consideraciones del dictamen, en el sentido de que la corrupción es un fenómeno que ha existido desde siempre, ya que se encuentra presente de forma ininterrumpida en cualquier sistema político, y en cualquier intervalo del tiempo en el que nos encontremos.

Hay que recordar algunos de los escándalos de corrupción que en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal han surgido y que han sido del conocimiento de la opinión pública, los cuales no se han esclarecido en agravio a la sociedad y el pueblo de México.

En el presente sexenio el caso de la Casa Blanca, supuesta propiedad de la esposa del Presidente, valuada en 7 millones de dólares, de la cual se señaló, es de dudosa procedencia. Además de que era propiedad de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, que a su vez forma parte del Grupo Higa, contratista desde hace años de los gobiernos mexiquense y federal de la Presidencia de la República.

El caso de la Estela de Luz, en la administración del ex presidente Felipe Calderón, en el que una edificación luminosa del gobierno federal dejó un rastro de presuntos actos ilícitos.

La sospecha de un fraude millonario llegó hasta la PGR, que hasta el momento no ha fincado responsabilidad a ningún servidor público por la obra que fue presupuestada en 400 millones de pesos y terminó en 1,035 millones de pesos.

Tampoco se nos olvida a los mexicanos que también en el sexenio del ex presidente Vicente Fox, se cometieron gastos irregulares al comprar con los recursos públicos toallas de baño de aproximadamente 402 dólares la pieza; trinchadores de 3,800 dólares cada uno; percheros de 1,200 dólares cada uno; cortinas a control remoto de 17,386 dólares. Por si fuera poco, la presunta remodelación de su rancho San Cristóbal, en Guanajuato. De ese tamaño.

Y ya no hablemos de la época de "El Negro Durazo", ya sería otra cosa, o de Echeverría, cuando decía el dicho popular "Todo sube y nada baja y el pelón viaja que viaja". Acuérdense de esas etapas de nuestro querido México, lamentables, por supuesto, de la historia gris de nuestro país.

Y La Colina del Perro, de José López Portillo, en fin, etcétera, etcétera, y no terminaría yo, hoy, de todos los agravios que le han hecho al pueblo de México.

Reparando en estos hechos, es claro que esta nueva legislación contenida en este primer dictamen, junto con los demás que se pondrán a nuestra consideración, presenta lamentablemente para los mexicanos un enorme vacío, al no haber voluntad política de la mayoría de las Senadoras y Senadores aquí presentes, para que el Primer Mandatario de la Nación deje de ser intocable. Aquí en este salón están los responsables, somos responsables de esa actitud, porque hay que ser parejos de arriba hacia abajo.

A esa mayoría bien vale advertirles que un sistema como el que hoy se pretende establecer, debe poner en el centro, como sujeto, al titular del Poder Ejecutivo, ya que la corrupción se previene, combate y sanciona de arriba abajo.

El dictamen que hoy ponen a consideración las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, llega en momentos en que la República sigue viviendo lamentables hechos que perturban y obstaculizan la convivencia armónica y pacífica entre nosotros los mexicanos.

Ejemplos sobran:

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera; desapariciones forzadas de personas y ejecuciones por doquier, principalmente en estados como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, etcétera, que entre muchos otros, son en parte producto de las corruptelas y comportamientos perversos de servidores públicos; los desvíos y manejos indebidos de los recursos públicos por parte de servidores públicos que año con año son identificados por la propia Auditoría Superior de la Federación; la compra y manipulación del sufragio, todos somos testigos aquí de ese tema, del sufragio de la ciudadanía, aprovechándose del estómago vacío y de la ignorancia que le dan pan para un día y tendrán hambre para el resto de su vida, y que en los procesos y jornadas electorales se siguen presentando, constituyen otro tipo de corrupción.

Ni qué decir del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia de los ciudadanos, que se hacen nugatorio en los hechos y las prácticas por las fallas y la corrupción que se vive en las instituciones responsables de procurar e impartir justicia.

En todos y cada uno de estos ámbitos, Senadoras y Senadores, hay un cierto grado de corrupción política y administrativa, que deben ser severamente sancionados.

Por ello estamos firmemente convencidos que no sólo basta prever un catálogo de faltas administrativas en el que sólo se definan y sancionen como tales las conductas que actualizan y configuran delitos cometidos por los servidores públicos, tipificados en la legislación penal, sino también ampliar y tipificar conductas que constituyen actos de corrupción, como es el tráfico de influencias, además de suprimir beneficios para quienes tienen conferida la confianza del servidor público e incurren en algunos u otros actos de corrupción de ellos.

Por eso será el tema que ya nos ocupará el dictamen correspondiente que se pondrá, también en este periodo extraordinario, a nuestra consideración.

Compañeras y compañeros Senadores: Queremos que todos estos cambios y modificaciones no se vayan al caño de la corrupción.

Seguiremos, en lo que resta de esta legislatura, insistiendo en impulsar los cambios constitucionales y legales que complementen y permitan alcanzar sin resistencias el objetivo principal: prevenir, combatir y sancionar la corrupción.

Hasta no ver que los niveles de este cáncer disminuyan y se inhiban, la deuda con la República en esta materia seguirá vigente.

Por su desatención, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Fernando Mayans.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente.

El domingo pasado los mexicanos nos volvieron a dar una lección en las urnas, del hartazgo que impera en la sociedad mexicana, el enriquecimiento de unos cuantos y en la insensibilidad de una clase política que no sabe renovarse y no escucha a aquellos que nos dieron su confianza en las urnas.

Compañeros Senadores: Previo a la transición democrática que vivimos en el 2000 a nivel federal, serían los gobiernos locales donde la ola democratizadora generaría cambios para la transparencia y rendición de cuentas, tratando de limitar el arreglo institucional que existía entre la estabilidad del sistema político y la corrupción.

Con la aprobación de los cuerpos normativos referidos, avanzamos en el fortalecimiento del estado de derecho, en la transparencia y en la rendición de cuentas, aspectos medulares e imprescindibles para todo régimen que se asuma como democrático.

Sin embargo, hoy en día, al cumplirse ya más de una década de aquella alternancia en la Presidencia del país, y en donde las competencias electorales son frecuentes, como la que vivimos hace unas semanas, podemos encontrar gobiernos divididos e inexistentes de mayorías absolutas en las entidades federativas.

Pero es la corrupción la que sigue estando presente como parte del sistema político, y principalmente en el primer nivel de gobierno, el más cercano a la gente: los gobiernos locales.

Los legisladores del PRI estamos convencidos de que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, resultan fundamentales para erradicar por completo uno de los fenómenos más nocivos para México.

Con la aprobación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, dimos un paso crucial para la prevención, combate y eliminación de conductas como el cohecho, la extorsión y el tráfico de influencias.

Basta ponderar la trascendencia del dictamen en análisis, basta mencionar que la corrupción es un fenómeno multifactorial que inhibe el trabajo de las instituciones, desacelera el crecimiento económico del país, impide el desarrollo social, genera inestabilidad política y deriva precisamente en la desconfianza e incertidumbre entre la población.

La corrupción representa la ausencia de valores y el desprestigio al marco jurídico que nos rige, pero peor aún, constituye la imposibilidad de que los mexicanos honestos y trabajadores puedan satisfacer sus necesidades básicas.

Celebro que en el proceso de discusión y configuración de la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción, en el Senado de la República se haya tomado en cuenta la opinión de la sociedad civil organizada, universidades y especialistas.

No es casual que hoy tengamos productos legislativos pertinentes y acordes a los retos que impone el contexto actual. Con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción sentamos las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y se fortalece el papel de las autoridades competentes en la prevención, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Al expedir la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se establece de manera clara las disposiciones que regirán la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de este organismo.

Resulta oportuno referir que el Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos entre los que destacan los Decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en motivo de su primer acto de aplicación y las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas emana de un notable esfuerzo de la ciudadanía, cuyos argumentos, exigencias y solicitudes han sido analizados con responsabilidad e imparcialidad.

Compañeras y compañeros legisladores: En el PRI votaremos a favor del presente asunto, en virtud de que la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción es indispensable para dar puntual atención a uno de los más grandes reclamos de la sociedad, me refiero a la corrupción.

Con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción dimos un paso crucial, ahora con la aprobación de sus leyes reglamentarias sentamos las bases que fortalecerán a las instituciones del Estado mexicano en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El progreso político, económico y social de México depende en gran medida del combate a la corrupción, un mal que históricamente ha afectado mucho a nuestro país y que le ha pedido ocupar el lugar que merece en el escenario internacional.

Al votar a favor del presente asunto nos conducimos con responsabilidad, congruencia, apego al derecho y a la ética, además de que adecuamos nuestro marco jurídico al contexto internacional y, más importante aún, saldamos una deuda que tenemos pendiente con los mexicanos.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Merodio Reza.

Se inserta intervención del Senador Carlos Alberto Puente Salas.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con fundamento en el artículo 200 del Reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

En este sentido, informo a la Asamblea que el Senador Rabindranath Salazar Solorio reservó los artículos 2, 9 y 39; el Senador Luis Sánchez Jiménez reservó los artículos 2, 9 y 49; el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya reservó los artículos 9, 18, 39, 52 y 53; el Senador Zoé Robledo Aburto reservó también el artículo 9; el Senador Ernesto Ruffo Appel el artículo 18 y 21 y una adición al artículo 23 Bis; el Senador Isidro Pedraza Chávez el artículo 23 y una adición al nuevo artículo 24; la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza reservó el artículo 26; la Senadora Angélica de la Peña Gómez el artículo 33; la Senadora Dolores Padierna Luna el artículo 39 y el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes el artículo 52 y la eliminación del artículo 53.

Sonido en el escaño de la Senadora Pineda Gochi.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para solicitarle que sea inscrito en el Diario de los Debates mi participación a favor en lo general y en el cual, pues manifiesto y reconozco la participación ciudadana y a quien convoco ser garante que esta reforma y esta ley cumpla con su objetivo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Como no, con todo gusto Senadora. Se hace el registro correspondiente y le agradecemos, por supuesto, su aportación con este voto en favor del presente dictamen que está a punto de votarse.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se inserta intervención del Senador Manuel Merino Campos.

El Senador Manuel Merino Campos: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En ese sentido, consulto a la Asamblea si hay alguna otra Senadora o Senador que tenga reserva.

Adelante, Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Sólo para decir que en mi participación en lo general argumenté mi reserva.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

¿Alguien más desea hacer alguna reserva?

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar el resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del Artículo Primero, relativo al proyecto de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en lo general y de los artículos no reservados.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, le informo el resultado de la votación: 116 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, si me permite modificar el resultado de la votación, porque en este momento me está pidiendo el Senador Preciado Rodríguez sea incluido su voto en sentido afirmativo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tómese nota el voto del Senador Preciado Rodríguez, a favor.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a Claudio Lauria, Presidente del Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente, con sede en Barcelona, así como a la doctora Dolores Barrientos, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente, invitados por la Senadora Silvia Garza, ¡sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

Para presentar reservas sobre la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene el uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar Solorio.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Es imposible entender la evolución del Estado moderno, sin la existencia de normas que regulan no sólo el comportamiento de los gobernados, sino el actuar eficaz de los funcionarios públicos, pues en esencia, estos no están excluidos, sino por el contrario, están obligados a predicar con el ejemplo.

Las y los mexicanos rechazamos contundentemente que la corrupción sea cultural.

Entendemos claramente que lo que el Ejecutivo quiso decir, es que la corrupción es un estilo de vida arraigado con el sistema político del régimen posrevolucionario, que quien tiene la enfermedad congénita es quien en su apellido lleva la institucionalización de estas insanas prácticas.

A este modelo en desarrollo debemos agregarle aspectos que el dictamen no contiene o cuyos aspectos requieren de un cierto grado de modificación.

El diseño del denominado Sistema Nacional Anticorrupción, la sociedad civil y en general los promoventes impulsores del mismo, vislumbraban la posibilidad de mejores mecanismos de control, de administración y acceso a la información de las mejores prácticas y el correcto uso de la tecnología al servicio de la legalidad y el estado de derecho.

Lamentablemente este diseño que el imaginario colectivo concebía la utilización de los denominados sistemas integrados rompe con ello, y en la realidad se plasma en las  leyes con mecanismos informáticos que generan más confusión y discreción que eficiencia.

El proyecto que se nos presenta establece la creación de dos plataformas digitales: una, para facilitar al Comité Coordinador el establecimiento de políticas integrales, metodologías de medición y la aprobación de los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas; y otro, para que únicamente las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas de evolución patrimonial de servidores públicos, que intervengan en compras públicas, de servidores y particulares  sancionados.

De información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Nacional de Fiscalización y de Denuncias Públicas.

En su momento, las y los Senadores de izquierda propusimos establecer una sola Plataforma Digital Naciuonal que integre y conecte los diversos sistemas que posean datos e información relativa a los sistemas antes referidos, para facilitar, por supuesto las actividades de control, fiscalización, detección y sanción de la corrupción por las autoridades correspondientes, pero también para permitir el acceso de los ciudadanos a distintos datos cuya publicidad sostenemos.

A pesar de que esta propuesta fue aceptada en los documentos de trabajo que contienen las redacciones conciliadas, particularmente los presentados por el Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana el pasado 16 de mayo, en el dictamen no fue incluida dicha redacción.

La plataforma deberá estar en la posibilidad de interconectarse con otras fuentes de datos ya existentes, y que puedan ser pertinentes en el combate a la corrupción, como puede ser la plataforma informática con datos que se genera a partir de las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mucho se ha dicho ya sobre los costos de la corrupción en el mundo y especialmente en nuestro país.

El flagelo de la corrupción afecta gravemente a América Latina, a pesar de los esfuerzos, la mayoría de los países continúan anclados en la parte baja del Índice de Percepción de la Corrupción de transparencia internacional. En el año 2013, tan sólo tres países obtuvieron el grado aprobatorio.

Para que los ciudadanos ejerzan sus derechos se precisa un cambio cultural en las organizaciones y que los denunciantes sepan de su confidencialidad y protección, y tengan protección frente a posibles represalias y acciones discriminatorias que estén garantizadas.

Los legisladores, las legislaciones de protección de denunciantes, contemplan una amplia gama de aspectos que nos ponen a la realidad social y jurídica del país.

En México, la protección a denunciantes no puede ser un tema sin importancia, pues la denuncia constituye el primer paso para erradicar conductas delictivas.

Por ello es preciso que se brinden garantías para que cualquier empleado o empleada del gobierno que denuncie los actos de corrupción de otro funcionario, inclusive su jefe, tengan la garantía de que no habrá represalias, como la pérdida de su empleo, su reubicación o el hostigamiento para que voluntariamente renuncie o, por supuesto, salvaguarde su integridad física.

En otro orden de ideas, la responsabilidad de la fiscalización del uso de los recursos públicos, recae exclusivamente en la Auditoría Superior de la Federación por mandato de la Carta Magna, ningún ente público puede participar en esta labor, pues constituiría una intromisión grave a este principio.

En este sentido, si el Sistema Nacional de Fiscalización establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los cuales los integrantes del mismo en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, actividad que finalmente recaerá de manera exclusiva en la Auditoría Superior de la Federación.

Por su parte, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización ejecutará acciones de diseño, aprobación y producción de políticas integrales en la materia de fiscalización, por la que no existe justificación para que la Secretaría de la Función Pública presida o copresida este Comité Rector, de ser así, estaría convirtiéndose en juez y parte de una actividad tan importante como es la fiscalización, permitir que esta Secretaría de Estado, cuyo soporte de existencia en la Administración Pública Federal se mantiene en vida artificial gracias a un transitorio, sería un grave retroceso en la fiscalización de nuestro país, pues también es un ente fiscalizado por la propia Auditoría Superior de la Federación.

Por ello se propone eliminar a la Secretaría de la Función Pública del párrafo segundo del artículo 39, para que sólo sea la Auditoría Superior de la Federación que presida el Comité Rector.

Estos cambios son el beneficio del dictamen y particularmente del diseño y creación del nuevo sistema, para que éste cuente con la legitimidad que deben tener las entidades del combate a la corrupción.

Compañeras y compañeros Senadores: Sin duda las diferentes participaciones que hemos escuchado, algunos puntos y vale la pena recordar que hace aproximadamente 6 meses dábamos una conferencia de prensa, donde señalábamos algunos gastos que se estaban erogando en torno a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, donde había conceptos verdaderamente escandalosos, donde destacando 57 millones de pesos en vasos de plástico, 10 millones en gorras a brigadistas, 13 millones en porta credenciales, 96 millones de tornilleros de color impreso y 79 millones de pesos en paliacates, en esto, la Auditoría Superior de la Federación hizo señalamientos expresos. Creo muy importante que haya una separación en virtud de que la función pública no le da seguimiento a este tipo de denuncias, y al momento de que se genere una copresidencia, pues, evidentemente será juez y parte.

Por su atención, gracias, señor Presidente.

Y espero que estas tres propuestas puedan ser tomadas en cuenta, las he entregado ya por escrito para que en su totalidad sean integradas en el Diario de los Debates.

Gracias.

Propuestas de modificación.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Insértese en el Diario de los Debates las propuestas presentadas por el Senador Rabindranath Salazar Solorio.

Y en virtud de que se han presentado en un solo momento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Rabindranath Salazar Solorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 2, 9 y 39 se reservan para su votación al final del procedimiento.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez Jiménez, para presentar reservas sobre los artículos 2, 9 y 49.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, señor Presidente.

Haré en una sola participación las tres propuestas de modificación.

En cuanto hace al artículo 2, fracción XI, y artículo 9, fracciones XII y XIII de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Compañeras y compañeros: Un Estado democrático de derecho no sólo se distingue por las cualidades de su sistema de representación política y los mecanismos legales de corte electoral, sino por la transparencia en el manejo de la información pública, especialmente cuando lo que está a la vista es el uso de recursos públicos.

Nuestro debate no puede quedarse sólo en la formalidad jurídica, en la normatividad que estamos creando y en el simple proceso legislativo. Si para eso se piensa que fuimos electos, se equivocan.

Estamos aquí porque somos una representación política, y la política debe asumirse con responsabilidad, por ello, en un debate como este, es necesario dar ejemplos precisos respecto del comportamiento ilegal de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, para ejemplificar que lo que necesita el país no son nuevas leyes ligeras, sino nuevas leyes efectivas, aplicables.

Voy a citar algunos ejemplos como botón de muestra de la corrupción que vivimos en México hoy en día.

Lo que llamo la fenomenología de la corrupción. Está documentando por un grupo de ciudadanos independientes que la administración del aún gobernador de Chihuahua, César Duarte, durante el periodo comprendido entre el 2012 y el 2014, hizo depósitos por 65 millones de pesos a una sociedad financiera privada denominada "Unión Progreso", de la que su Secretario de Finanzas era abogado y accionista, recursos públicos.

Dicha sociedad financiera se conformó a partir del fideicomiso número 74474 abierto en 2012 por César Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, como se ha documentado ya muy ampliamente.

En el 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la creación del Banco Unión Progreso a partir de la fusión de la sociedad financiera, Unión Progreso y otras.

El Secretario de Finanzas de Chihuahua aparece como representante legal de las sociedades financieras.

El gobernador Duarte ha dicho que el dinero que invirtió es resultado de su actividad empresarial de venta de autos y como ganadero. Cuando apenas hace unos pocos años no contaba ni siquiera con un buey.

La Procuraduría General de la República, se supone, indaga el desvío de recursos federales en estos movimientos financieros y el análisis de situación patrimonial y fiscal de los implicados.

El diseño financiero y el conflicto de interés por la participación de funcionarios públicos en el proyecto de este banco, el banco del gobernador, y digo "se supone", porque no hay avance ninguno en esta investigación en la PGR.

Todo está detallado en una averiguación previa ahí en la PGR, con un expediente de 95 mil páginas, con 95 tomos cuenta este expediente. Otro ejemplo más, Puebla y su corto y caro teleférico, otro caso de opacidad y malos manejos de recursos públicos, es el teleférico de Puebla.

De los cuatro transportes similares construidos en los últimos cinco años, el de Puebla que se inauguró en enero de este año, es el más corto y caro del país, con una longitud de 688 metros, y una inversión de 359.2 millones, según el gobernador, cifras que sumados los recursos financieros, por cierto, no coinciden.

Para este caro proyecto el gobierno de Rafael Moreno Valle no firmó uno ni dos, sino cuatro contratos, elevando significativamente el costo de la obra.

Moreno Valle concretó dos contratos por adjudicación directa, uno con la empresa suiza Bartholet, firmado el 29 de agosto, que lleva el número 012011, un segundo con la misma empresa firmado el 30 de agosto de 2012, y un tercero con APIP, construcciones también por adjudicación directa para la obra civil.

Los recursos fueron autorizados sin el soporte del proyecto y los fondos se autorizaron con conceptos erróneos.

Finalmente se adjudicó el mismo teleférico a otra empresa, ASEM, constructora de S.A. de C.V., que fue la que construyó y realizó la obra, la obra del teleférico señala el gobierno de Puebla tuvo un costo, como ya lo dije, de 359.2 millones de pesos, lo que nos indica que el metro lineal costó 522,164 pesos.

Si lo comparamos con otros estados, otras obras similares de otros estados, el de Durango costó el metro 120 mil pesos, el de Orizaba 65 mil, el de Chihuahua 89 mil, y el del Estado de México, que era el más caro, 245 mil, esto es apenas la mitad de lo que costó el de Puebla.

Pero hay muchas dudas en los cuatro contratos que hay en nombre de las tres   empresas que participaran en la adjudicación directa de ello, las cifras no son claras.

Ejemplos hay muchos, el tiempo excede lo que tengo aquí permitido, pero la legislación anticorrupción que hoy estamos debatiendo en muchos de sus artículos presentan un avance, pero en otros dan cabida a graves resquicios para la corrupción sofisticada y de estrategia técnica.

La ley marco anticorrupción debe contener reglas que garanticen la más amplia transparencia y control público de las actuaciones de servidores públicos, instituciones y particulares, en su relación con los tres órdenes de gobierno, sin embargo, a pesar de que ya estamos ante un avance significativo en materia de combate a la corrupción, lo que nos propone el dictamen es aún insuficiente para asegurar la máxima publicidad en los actos de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada de la Federación, los estados, los municipios y los Poderes Legislativo y Judicial.

El proyecto de dictamen establece dos plataformas digitales, una, para facilitar al Comité Coordinador el establecimiento de políticas integrales, metodologías de medición y la aprobación de los indicadores necesarios de evaluación y, otra, para que únicamente las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas de evolución patrimonial de los servidores públicos que intervengan en los procesos de adjudicación, arrendamiento y obras públicas, se trata de una propuesta insuficiente que no otorga máxima publicidad.

Por ello, lo conveniente es establecer una sólida Plataforma Digital Naciuonal que integre y conecte los diversos sistemas que posean datos e informaciones relativas a los sistemas antes referidos para facilitar el control de la fiscalización, la detección y la sanción de las conductas ilegales de servidores públicos, además, de permitir el acceso de los ciudadanos a los datos del sistema cuya publicidad es fundamental, por eso es que estoy haciendo estas modificaciones al artículo 2, en su fracción XXI, y al artículo 9 en sus fracciones XXII y XXIII.

En cuanto a mi propuesta de modificación al artículo 49 de esta misma ley, debatimos hoy esta ley, pero en el fondo el tema es la corrupción como un hecho de la vida nacional, la corrupción pública la que ha quedado presente tanto en la vida civil como en la política, hay corrupción porque el sentido ético del derecho y del Estado en México está roto.

Hoy tenemos una legalidad en materia de responsabilidades violentada permanentemente, la corrupción es un hecho ligado a la naturaleza del mal ejercicio del poder que pareciera no tener solución y en el cual somos testigos con casos significativos tanto en el gobierno federal actual como en los estados de Puebla, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México y otros más.

Un ejemplo, también en este sentido, de cómo las autoridades estatales violentan con toda opacidad los procedimientos de licitación de bienes y servicios, es el caso del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puebla, una maquinación política, legislativa, económica y legal que favorece a un empresario con una concesión sin licitación pública.

Aquí resalta la acción concretada por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el ex presidente municipal de la ciudad de Puebla, gobernador electo, José Antonio Gali Fayad, la beneficiaria es Concesiones Integrales S.A. de C.V., cuya concesión es por 30 años.

Miren ustedes, el 31 de diciembre de 2012, Rafael Moreno Valle, tras una negociación oculta…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senador.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

¿Me permite hacerle una pregunta, Senador?

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Dígamela.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Acepta la pregunta.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Partiendo de la base de que estamos discutiendo el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, y dado que usted está haciendo énfasis insistente en temas de Puebla, habiendo sido coordinador general de la campaña de su candidata Roxana Luna.

Podría preguntarle: ¿le cuesta mucho trabajo superar que su candidata solamente sacó 3.8 por ciento de la votación y pasara a otra cosa que es la que nos ocupa, en lugar de estarse lamiendo las heridas en esta tribuna?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Responda la pregunta, por favor, al Senador.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, con todo gusto.

No fui coordinador de la campaña de Roxana Luna, usted se equivoca, estuve en apoyo a ella y cuidándola incluso de los abusos de este gobernador, al que me refiero justamente.

Y por supuesto que es el tema, Senador, este es el tema, el tema de la corrupción, el tema de la falta de castigo a los corruptos, este es el tema, y dudo que esta legislación que estamos creando hoy, sea suficiente para castigar esa corrupción.

Entonces, no es una cuestión electoral, estoy citando ejemplos claros, tangibles, documentados, como el de Puebla, como el de Chihuahua, pero hay otros, en Veracruz por supuesto, en Quintana Roo y en muchos otros lugares.

Este es un tema que a mí me parece que justamente no estamos dando las herramientas para que en su momento cuando ese gobernador, el de Puebla, tenga que rendir cuentas, realmente sea castigado, eso es lo que se pretende con todo eso.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acabó con su respuesta?

Continúe el reloj, y le recuerdo que está presentando reservas a los asuntos de los artículos ya reservados.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, a tres artículos, gracias.

Bueno, pues como decía yo, el 31 de diciembre de 2012 Rafael Moreno Valle tras una negociación oculta con los coordinadores del Congreso de Puebla, consiguió que se aprobara la nueva Ley de Aguas del estado, declarando posteriormente al organismo de agua como insolvente y en condición de quiebra.

La convocatoria a la licitación pública se publicó el 18 de diciembre del 2013, cito: "Se determinó como fecha límite para la compra de bases de licitación el 25 de septiembre de ese año, y la presentación de propuestas debió haberse hecho antes del 9 de diciembre".

Como parte del plan para garantizar la concesión a la beneficiaria, tres días antes del fallo de licitación, escuchen ustedes, el 23 de diciembre de 2013 se constituyó ante el notario 25 del estado de Aguascalientes, mediante escritura pública 51206, la sociedad mercantil denominada Concesiones Integrales S.A. de C.V., quien no participó en la licitación; el fallo se emitió el 26 de diciembre y el organismo de aguas, Soapap adjudicó el contrato a un consorcio integrado por el Grupo Agua de México, S.A. de C.V., EPCOR Servicios, S.A. de C.V., y Tecnología Intercontinental SAPI, de C.V.

Sin embargo, ese mismo día, Grupo Agua de México, S.A. de C.V. celebró un contrato de cesión de derechos a la recién creada Concesiones Integrales de Puebla.

El dicho acto jurídico el Grupo Agua de México cedió incondicionalmente los derechos derivados de la licitación pública a fin de adjudicar el título de concesión con que se otorgó el carácter de concesionario a Concesiones Integrales que se había creado solo tres días antes.

Así, Concesiones Integrales creada 72 horas antes del fallo de la licitación aún no se encontraba inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ni en el Registro Federal de Contribuyentes.

Pensar que la corrupción puede enfrentarse sólo desde la ética y los valores, es una utopía que ignora la realidad material que ha forjado y sostenido a un importante sector de la clase política que se enriquece con negocios a costa de los servicios públicos.

Hay quienes afirman que la corrupción es un acto cultural y que por eso no se puede extinguir, si la corrupción es cultura, es porque es el modo de reproducción política y enriquecimiento personal más fácil e impune, el cual ancla su existencia en la más abyecta de las deslealtades con México y los mexicanos.

Aceptar sin más que la corrupción es cultura, es justificar pragmática y cínicamente que para una clase política corrupta y corruptora no existe la cura.

Yo pienso lo contrario, la corrupción debe combatirse plenamente con leyes eficaces y bien hechas, con instituciones sólidas y fundamentalmente con transparencia.

 No hay otra medicina que el derecho coercitivo, duramente coercitivo.

Un conjunto de normas, procedimientos y acciones que no reconozcan la tolerancia, dura lex sed lex, a todo acto de corrupción, inhibir cualquier forma negociada o arbitraria de las normas, no reconocer el libre arbitrio de las ejecuciones del derecho, una ley inescrutable e igual para todos.

En la modernidad se hizo posible la conformación del más ejemplar sistema de control político que no elimina los defectos del poder, pero que le da dosis precisas para el control del síndrome de la corrupción: la democracia.

La democracia se reconoce a sí misma como un sistema no perfecto, un sistema inacabado con el que la virtud no es la regla, sino la excepción.

La democracia es ante todo estado de derecho, es decir, el ejercicio del poder sujeto a reglas, y por tanto, a sanciones.

El dictamen que hoy discutimos plantea una plataforma digital para soporte de los registros electrónicos de evolución patrimonial y declaración de intereses, algo vital para la conformación de un sistema anticorrupción eficiente y eficaz. Sin embargo, no se considera a profundidad el vínculo servidor público-proveedores, del que en la experiencia reciente se han derivado diversos actos de corrupción que es necesario combatir.

Al efecto, no hay mejor respuesta a la práctica de los favores, los regalos, las comisiones, los moches y los sobreprecios, que la transparencia y la máxima publicidad de toda la información que se derive de las adquisiciones, obras públicas y arrendamientos del sector público.

Por lo anterior, propongo que la plataforma digital para el soporte de los registros electrónicos de evolución patrimonial y declaraciones de intereses, contenga la mayor información sobre compras, arrendamientos y obras públicas de todos los sujetos obligados, con el objetivo de que la información pueda ser cruzada con otras bases de datos y así poder emitir alertas de corrupción en los distintos órdenes de gobierno.

Es fundamental que toda la información sobre compras, arrendamientos y obras públicas esté a la disposición, no sólo de la autoridad, sino también de los ciudadanos, armonizar plenamente a la legislación anticorrupción con su correlativa en materia de adquisiciones y obras públicas.

Por lo anterior, propongo entonces, estas modificaciones al artículo 49 en su fracción II, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que ya fueron expuestas las reservas a cargo del Senador Luis Sánchez Jiménez, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Luis Sánchez Jiménez. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 2, 9 y 49 se reservan para votación en un solo acto, al final de este procedimiento.

El Senador Benjamín Robles Montoya presentó reservas a los artículos 9, 18, 39, 52 y 53.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas reservas.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Robles Montoya. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 9, 18, 39, 52 y 53 se reservan para su votación al final del procedimiento.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar reserva al artículo 9.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

Voy a ser muy breve porque este es un tema que desde la reforma constitucional en materia de transparencia, en la de anticorrupción, en las leyes secundarias, en todo momento el PRD ha defendido, se trata del asunto de los informantes de los Whistleblower, de esos héroes anónimos, mexicanas y mexicanos que están dispuestos a no formar parte de las redes de corrupción.

Todos aquellos que tienen un imperativo ético de honestidad y que hoy el Estado mexicano no les ofrece mecanismos para proteger su identidad, para proteger su estatus laboral y que tampoco el Estado mexicano puede protegerlos frente a amenazas a su integridad, incluso a su vida.

La iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 plantea una nueva cultura, un nuevo escenario respecto a la denuncia. Hay que decirlo muy claro, aquí cada vez que se ha hablado de la prima hermana de la corrupción, que quizás es su hermana gemela, la impunidad, hay un problema de fondo, el problema de aquel que no se atreve a denunciar.

Imaginemos un caso hipotético de una persona que entra a trabajar, por sus méritos, por su preparación profesional y que entrando a trabajar empieza a notar que ahí hay cochupos, que ahí hay transas, que ahí hay una forma de escalar y de avanzar en la carrera profesional, es entrándole a la corrupción.

Y esa persona cada vez va a ser disuadida, quizá primero de manera amable, pero quizá después vaya siendo incluida en esta red de corrupción, y esa persona puede ser que tiene una hipoteca, tiene dos hijos en la escuela, tiene que pagar las cuentas de la tarjeta del banco, tiene que llevar a cabo su vida, y los empujamos a tener que tomar decisiones indebidas, porque si esa persona quiere denunciar, no existen mecanismos para protegerlo, no existen mecanismos en donde el Estado mexicano le abra los brazos y le diga: "nosotros vamos a ver por ti".

Aquí se ha dicho que ese mecanismo es el de los testigos protegidos, el que utilizan los criminales arrepentidos. No, señores, aquí estamos hablando de otro tipo de mexicanos, mexicanos que quizás son honestos y que antes de tener que tomar esa terrible decisión de convertirse en corruptos, tienen la oportunidad de tomar el camino distinto de la honestidad.

Aquí la máxima de esperarse lo suficiente para dejar de ser héroe y convertirse en villano, se hace realidad, y se hace realidad por culpa del Estado, porque no les ofrecemos una plataforma que los proteja.

Yo sí creo que son más los mexicanos honestos que trabajan en el gobierno, yo sí creo que son más aquéllos que, si estuviera el escenario adecuado, elegirían por no convertirse en un lastre para el país.

Pero si no les ofrecemos un espacio como lo establece la Ley 3 de 3, y lo hemos establecido nosotros en un capitulado completo de denunciantes y testigos, pues entonces no esperemos que tengan una conducta contraintuitiva al riesgo que le ofrece ser o no ser parte de la corrupción.

Se trata de medidas muy concretas y que además son de avanzada porque así se está aplicando en todo el mundo: resguardo absoluto de datos personales y familiares, resguardo de la integridad física personal y familiar, atención prioritaria a las demandas razonables del testigo denunciante, protección de la fuente de empleo o negocios, creación de alternativas razonables a la fuente de ingresos.

De alguna manera el escándalo del 10 de marzo de 2015, se trata de esta plataforma, porque allá afuera la tecnología, las redes de la información, hasta los medios de comunicación, sí les ofrecen lo que el Estado mexicano no.

No sería hora de estar a la altura de democracias con las que nos encanta compararnos e incorporar el modelo de testigos protegidos entre servidores públicos a nuestra legislación, o vamos a ser suficientemente democráticos hasta donde dé, hasta donde digamos: es lo que se puede, es para lo que estamos, solamente podemos llegar hasta acá.

Yo creo que es el momento de decisiones osadas, distintas, de ser valientes y empezar a pensar por aquéllos, ese ejército de mexicanos honestos que pueden ser de verdad quienes activen todo el mecanismo del Sistema Nacional Anticorrupción.

Repito, sin Sistema Nacional Anticorrupción no tiene un aluvión, no tiene un tsunami de denuncias, no va a servir para nada, y la expectativa social se quedará lejos del diseño institucional.

Necesitamos a los que van a denunciar. Son las hormiguitas del hormiguero que estamos creando el día de hoy. Sin ellos esto no jala, sin ellos esto de verdad no va a servir, por eso es que la reserva que hoy presentamos el grupo parlamentario del PRD, tiene que ver con eso, con que se atienda todo el capítulo de informantes, denunciantes y testigos.

De otra manera, seguirles diciendo que van a ser quienes lastimen a la democracia porque van a acusar a sus vecinos, porque van a acusar a sus amigos que tienen de repente prosperidad, ésa es la versión que se van a quedar ellos, y es falsa porque las denuncias solamente van en contra de funcionarios públicos.

La PGR incluso hoy ya tiene la práctica de recompensas para denunciantes, y hemos dicho que se va a generar un mercado de recompensas. Ojalá se genere un mercado de recompensas en que el Estado a partir de una denuncia genere una investigación, recupere dinero robado y que esa persona pueda ser premiada. Ojalá que así sea.

Yo sí creo que éste es de los temas más importantes. Esta es de las discusiones que se están tomando en el mundo y en democracias modernas.

No nos quedemos atrás, compañeras y compañeros, y entrémosle de fondo. Volteemos a ver lo que hacen los demás, volteemos a ver cómo están resolviendo los problemas comunes de la corrupción y la rendición de cuentas en otros países.

Los denunciantes van a ser al final de cuentas el aceitito que va a hacer que esta maquinaria gigantesca funcione y no se convierta en un elefante blanco más de la larga y triste historia de malos diseños institucionales en nuestro país.

Ojalá puedan considerar esta reserva para votarla a favor, y le pediría, señor Presidente, con el apoyo de cinco Senadores, que la votación sea de carácter nominal.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal de la admisión o no a discusión de la reserva presentada al artículo 9 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por dos minutos.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, en virtud de la votación, le informo de sus resultados: 25 a favor, 78 en contra y cero abstenciones.

Por tal motivo, no se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reserva la votación del artículo 9 al final del procedimiento.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, para presentar reservas a los artículos 18, 21 y la adición de un artículo 23 Bis.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy buenas noches. Muchas gracias, señor Presidente.

Por fin, compañeros y compañeras, estamos aquí para lograr este parteaguas en la política nacional, en la vida gubernamental para poder combatir a la corrupción, aceite de nuestro sistema político, prácticamente desde la Revolución. Por fin estamos aquí.

Lograr que los mandantes supervisen a los mandatarios, o sea, que los ciudadanos vigilen al gobierno.

Hoy promulgamos la Ley del Sistema Nacional de Anticorrupción que llegará tan lejos como la participación ciudadana.

Pero no si antes tropezar con un sinnúmero de obstáculos y actitudes y hasta violación del plazo constitucional.

No se diga la total inobservancia del Reglamento del Senado, tolerado por nosotros mismos, ejecutado o interpretado a través de Comisiones, la Jucopo y la Mesa Directiva.

Y ayer de noche, llegando a actividades donde para que la mayoría de la población no se entere. Hoy de nuevo, ahí vamos a la medianoche.

Les propongo que terminando este asunto de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, interrumpamos la sesión del día de hoy para que mañana vea la gente la discusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; si no otra vez a la medianoche, señoras y señores.

Celebro a este Pleno del Senado que hoy decidió el SNA, lo celebro, pero también condeno las mañas y formas toleradas por nosotros mismos.

La verdad ha sido largo y difícil el trayecto de la política de tantos años, haber aprendido la escuela, el orgullo a nuestras instituciones y ver lo que hacemos aquí. No es correcto.

Pero, bueno, al tema, señor Presidente y señoras y señores Senadores.

Hago reservas, observaciones para mejorar en lo que me parece a nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, y me refiero al artículo 18 en su inciso b) donde se dice que se convocará a organizaciones de la sociedad civil, especializadas en materia de fiscalización, para integrar a la comisión seleccionadora del grupo ciudadano de cinco.

Yo propongo que se abra para que diga: convocará a organizaciones de la sociedad civil interesadas en materia de fiscalización. De otra manera estamos acotando, estamos haciendo pequeño el universo de los probables integrantes de la Comité de Participación Ciudadana. Así de concreto, cambiar una palabra.

Así pues entonces, el Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco mexicanos, podrá ser seleccionado a través de esta comisión que el Senado constituirá, está comisión seleccionadora de nueve personas para elegir a los cinco.

Entonces, yo lo que solicito es que abramos a no sólo organizaciones de la sociedad civil especializadas.

Aquí se dio un debate muy curioso en la participación ciudadana, porque pues de notarse y se agradece, hay la presencia de muchos ciudadanos académicos haciendo la presencia, pero con esto pues de una manera quizá muy simple y genérica, los académicos se van a quedar con el Comité de Participación Ciudadana.

Por eso, hay que abrir de manera que se pueda convocar a organizaciones de la sociedad civil interesadas en materia de fiscalización.

Esa es la propuesta en cuanto al artículo 18.

En cuanto al artículo 21 del Sistema Nacional Anticorrupción, considero importante que el Comité de Participación Ciudadana pueda emitir opiniones del registro y designación de testigos sociales así como de los informes que generen.

Es la Secretaría de la Función Pública quien tiene a cargo el padrón público de dichos testigos y son seleccionados mediante convocatoria pública emitida por dicha Secretaría.

Tiene como principal función el emitir un testimonio final que incluirá sus observaciones y, en su caso, recomendaciones de su participación en las contrataciones y cuando detecte irregularidades deberá remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia correspondiente.

En la actualidad se encuentran registradas sólo 34 personas físicas y 5 personas morales como testigos sociales.

En dicho padrón, donde por cierto, la Organización Transparencia Mexicana que es integrante del mismo, pero es claro que la Secretaría de la Función Pública controla su registro, además de hacer el pago correspondiente.

Por lo anterior, creo importante que el Comité de Participación Ciudadana emita opinión respecto del registro y designación de testigos sociales, así como de los informes que generen, para que no se quede la Secretaría de la Función Pública con el árbitro total de los testigos sociales.

En segundo lugar, es importante que el Comité de Participación Ciudadana opine sobre los nombramientos de los 217 titulares de los órganos internos de control de las dependencias federales, ya que en algunos casos los lugares son asignados de forma preferencial, por lo tanto terminan ocupados por funcionarios que protegen los intereses de las dependencias gubernamentales.

Por lo anteriormente expuesto, propongo adicionar dos fracciones al artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:

La fracción XVIII. Emitir opinión respecto del registro y designación de testigos sociales, así como los informes que generen.

Y la fracción XIX, que diga: Opinar sobre los nombramientos de los titulares de los órganos internos de control, para que no haya compadres.

Eso es respecto de la reserva al artículo 21.

Y respecto a la adición, en el Bis del artículo 23 de la misma ley de anticorrupción, adicionarlo en razón de agregar una manera más de poder supervisar las licitaciones y las obras públicas, como está en la ley que acabamos de aprobar en lo general, cuenta con tres incisos, yo le agrego un cuarto:

El primero, está respecto del testigo social.

El segundo, en este momento dice: "Las auditorías sociales para proyectos de alto impacto y comunitario".

Estoy hablando de los individuos o personas morales que pueden participar en una manera de testimoniar una licitación u obra pública.

También podrá hacerse a través de las redes de participación ciudadana, estoy agregando un cuarto que en la ley, si así se modificaría ocuparía el segundo lugar, y esto es que se acepte la supervisión respecto de la planeación, licitación y ejecución de contratos de obra pública y adquisiciones a través de terceros.

¿Qué quiero decir con esto?

Quiero compartirles una experiencia.

Cuando gobernador solicité un crédito de 300 millones de dólares al gobierno del Japón para obras de saneamiento en el estado de Baja California. El banco dijo estar anuente, pero que veía que deberían cumplirse una serie de requisitos primarios, estableció que para ese crédito aplicado al saneamiento, los alcances deberían ser propuestos a través de un supervisor.

Me entregaron una lista de 100 compañías internacionales supervisoras, que escogiera tres, y de esa lista corta que le llamaron, se hicieron concurso en Baja California para ver cuál supervisaría desde la licitación el uso de los 300 millones de dólares.

Bueno, entonces aquí lo podemos equiparar con el asunto del dinero público, del presupuesto que se va aplicar a obra pública, de manera que pudiéramos tener una lista corta de instituciones profesionales supervisoras, 8 por ciento sale menos que el 10 por ciento de la mordida y el 98 por ciento de Baja California está protegida en cuanto a la sanidad de las aguas municipales. Tan sencillo como eso.

Yo solicito que pueda agregarse ese otro inciso en el artículo 23 Bis.

Es cuanto, señore Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ruffo Appel.

Se han presentado las reservas en un solo acto, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Ernesto Ruffo Appel. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar reservas sobre el artículo 23 y la adición de un nuevo artículo 24.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Aquí, en esta ley que estamos discutiendo, estamos proponiendo la adición de un párrafo en el artículo 23 y la creación de un artículo 24 en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

El artículo 23 da la facultad para que el Comité de Participación Ciudadana pueda emitir exhortos públicos cuando en un hecho de corrupción requiera de atención pública, y los exhortos tendrán por objeto requerir las autoridades competentes, información sobre la atención al asunto de que se trata.

Es decir, que tenemos que darle capacidad a este Comité de Participación Ciudadana para que pueda emitir exhortos, no como dice en el texto original: "Solicitar". "Podrá solicitar".

Aquí estamos tratando de dar facultades para que lo pueda hacer y pueda requerir informes en temas públicos. Un escándalo: Estela de Luz, Casa Blanca, en fin, lo que quieran y se elabora un documento con esa finalidad de exhorto para requerir informes muy puntuales en este sentido.

Y está el artículo 24. El artículo 24, bueno, el 23 da la facultad y el artículo 24, porque no lo dice la ley, no lo considera, establece el mecanismo por el cual son los pasos que debe seguir el Comité de Participación Ciudadana para hacer un exhorto y clarifica puntualmente el procedimiento de cómo se debe de hacer.

Esto, necesariamente, pues, está encaminado a fortalecer que en este proyecto, pues, las facultades de este Comité de Participación Ciudadana y que las acciones tengan mucho mayor influencia y mayor peso.

Si estamos convencidos de crear acciones de combate a la corrupción, este tipo de propuestas van encaminadas fundamentalmente a fortalecer en este sentido.

Nosotros no consideramos adecuada la propuesta que nos presentan las comisiones, porque solamente establece la posibilidad de que dichos exhortos sean emitidos por el Comité Coordinador a propuesta del Comité de Participación Ciudadana.

Nuestro grupo sostiene su posición original en tanto que ello representa mejores posibilidades de control ciudadano.

Esta es la propuesta, señor Presidente, que estamos poniendo a consideración, y solicito que sea votada a favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas y adiciones presentadas por el Senador Isidro Pedraza Chávez.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Isidro Pedraza Chávez. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su reserva en relación con el artículo 26 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias. Buenas noches, compañeras y compañeros.

Este artículo 26, en relación a la Contraloría Social, es muy importante que tengamos la oportunidad de discutirlo, debatirlo y de que tomemos en cuenta que la Contraloría Social es un mecanismo de participación ciudadana previsto ya en varias disposiciones legales, en particular, en la Ley General de Desarrollo Social.

Y hago un llamado, no sólo a los compañeros de la Comisión de Desarrollo Social para apoyar esta propuesta de inclusión para dar más facultades al Comité de Participación Ciudadana; es decir, más atribuciones para que haya una participación más directa y la idea es que resulta muy importante hacer una mención explícita a la Contraloría Social como una de las formas de participación ciudadana para que no haya lugar a dudas de que corresponde al Comité de Participación Ciudadana la atribución de promover y establecer los lineamientos para el funcionamiento de la Contraloría Social, así como para recibir las quejas y las denuncias a través de los nuevos sistemas.

Esta propuesta textualmente quedaría de la siguiente manera, la voy a leer, porque le hemos hecho una corrección que hemos estado consensuando con algunos Senadores del PAN y del PRI, de diferentes comisiones, textualmente diría:

"Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por estas instancias y formas de participación ciudadana".

Les pido su apoyo para esta adición que vendrá a fortalecer la participación ciudadana.

Muchas gracias.

Propuesta de modificación



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Vianey Mendoza.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la Senadora Iris Vianey Mendoza.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la Senadora Iris Vianey Mendoza. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión la propuesta de la Senadora Iris Vianey Mendoza.

¿Alguna intervención? Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada por la Senadora Iris Vianey Mendoza. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, el artículo 26 se votará en los términos de la propuesta presentada por la Senadora Mendoza Mendoza.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar reserva en relación con el artículo 33 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia. Señoras y señores Senadores:

El dictamen que se pone a su consideración establece que el artículo 33 señala la facultad de nombramiento y remoción del Secretario Técnico recae en el Comité Coordinador como órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, si bien es necesario contemplar remoción de este servidor público, ésta debe estar plenamente justificada por causas concretas y no dejarlo solamente a la libre decisión de los integrantes del órgano de gobierno, tal y como está actualmente, porque puede prestarse a que una remoción sea promovida por intereses políticos, es algo que nos preocupa, lo que somete a inestabilidad a este servidor público cuyo papel es esencial para el sistema.

Asimismo, pensamos que esta remoción debe ser independiente de los procedimientos y, en su caso, aquellos que procedan de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En el proyecto que estamos comentando sólo se establece la facultad del órgano de gobierno para remover al secretario técnico por causas justificadas.

Para ello, para evitar abusos y remociones de corte político, se establecen causales específicas para la remoción del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; éstas causales se engloban en tres fracciones que incluyen el uso en beneficio propio o de terceros en la documentación o información confidencial en su poder; sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que tenga a su cuidado o custodia y además incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción.

Con estas adiciones se pretende darle credibilidad y fortaleza al Secretario Técnico para el correcto desempeño de sus funciones, por eso las ponemos a su consideración.

El artículo 33 de la ley que estamos discutiendo establece, entre otras cuestiones, que para efectos del párrafo anterior, del propio 33, el presidente de órgano de gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan con los requisitos para ser designado Secretario Técnico de conformidad con la presente ley; luego establece, de manera general, que podrá ser removido por falta a su deber de diligencia.

Lo que estamos proponiendo es cambiar este párrafo para que se definan las causales de remoción del Secretario Técnico, que son las siguientes y las enumero.

Primero. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación o información confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente ley de la legislación en la materia.

Segundo. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar deliberadamente la documentación, información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones.

Tercero. Incurrir en alguna falta administrativa grave, cohecho de corrupción.

Y terminaría esta adición señalando: la remoción a que se refiere el presente artículo será independiente de los procedimientos de responsabilidades que en su caso procedan de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de cualquier otro procedimiento a que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Creemos que con esto se fortalece el artículo y lo ponemos a su consideración.

Es cuanto, señor Presidente, gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora De la Peña.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora De la Peña Gómez. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Entiendo que la Senadora Dolores Padierna Luna presentó ya la reserva al artículo 39 en su intervención anterior.



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la Senadora Padierna Luna. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar reserva en relación con el artículo 52, y la eliminación del artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas noches, con su venia, sus señorías.

Bueno, toda vez que ha sido demostrada con vastedad la maldad de la corrupción, su amplitud y todos los datos, presentaré con puntualidad la reserva que me atañe de manera maciza, precisa y concisa.

El tema es muy específico, el dictamen a discusión dispone que el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados queden inscritas las sanciones impuestas a los servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas en términos de la ley, y que su consulta debe estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera. Sin embargo, presenta una grave deficiencia, ésta limita el acceso al público a dicho registro.

Esto permite que las sanciones impuestas por faltas administrativas graves únicamente sean las que puedan ser conocidas cuando tengan impedimentos, inhabilitaciones o puedan ser contratados como servidores públicos, como prestadores de servicios o contratistas del sector público en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y en el caso de que las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, los datos quedarán registrados solamente para el caso de una eventual reincidencia, pero no serán públicos.

La propuesta es muy concreta, no tienen por qué no ser públicos estos datos, la invitación, si es el caso de contar con su apoyo, es que el artículo 52 se le añada cuatro palabras que le darían todo el sentido, y es que sean del conocimiento público, esto dejaría sin efecto el artículo 53.

No tiene sentido guardar ninguna secrecía sobre las sanciones, es lo más conveniente, es lo más sano, es lo más transparente, y con esta invitación terminaría mi participación.

Es cuanto, y muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fernández Fuentes. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión las reservas presentadas por el Senador Fernández Fuentes.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Luis Humberto Fernández. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han agotado las reservas.

Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 26 con las modificaciones que fueron aceptadas, y de los artículos 2, 9, 18, 21, 23, 33, 39, 49, 52 y 53 del proyecto de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en los términos del dictamen.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, le informo el resultado de la votación: 74 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado el artículo 26 con las modificaciones que fueron aceptadas y los artículos 2, 9, 18, 21, 23, 33, 39, 49, 52 y 53 del proyecto de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en los términos del dictamen.

Queda aprobado el Artículo Primero correspondiente al proyecto de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Senador Ernesto Ruffo solicitó a la Mesa Directiva suspender la tramitación del presente dictamen. La única manera para hacerlo es que lo acuerde el Pleno del  Senado.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se suspende la discusión del dictamen o continuamos con la sesión.

La expresión del voto a favor sería continuar con la sesión y en contra suspender la sesión.

Sonido en el escaño del Senador Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) ¿Puede volver a clarificar cuál es el planteamiento? Porque yo no lo entendí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Senador Ernesto Ruffo hizo el planteamiento de suspender la discusión de este dictamen una vez aprobada la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Estoy sometiendo a votación si continuamos o suspendemos la sesión. La votación en sentido afirmativo sería por continuar y en sentido negativo por suspender.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para saber de parte de la Mesa Directiva, ¿qué procedimiento estaríamos desahogando para suspender esta sesión, sólo a petición de un Senador?

Con mucho respeto lo digo para mi amigo, a quien le tengo mucha consideración, a Ernesto Ruffo, pero yo no conozco un procedimiento parlamentario que a petición de un Senador se deba suspender el desahogo de una sesión.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Barbosa Huerta, como usted sabe, existe la moción de suspensión de la discusión.

Entendí que ése fue el planteamiento del Senador Ernesto Ruffo, y por eso lo tengo que someter a votación.

La intención de la Mesa Directiva es continuar en este momento hasta agotar el siguiente dictamen, tal y como fue acordado por los grupos parlamentarios.

Simplemente someto a votación la petición del Senador Ernesto Ruffo, si se admite, se suspende; si se rechaza, continuamos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la   propuesta del Senador Ernesto Ruffo, en el sentido de suspender la discusión del dictamen.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta planteada en el sentido de suspender la discusión del dictamen presentado por el Senador Ruffo Appel.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítamen, señora Secretaria.

Aclaro de nueva cuenta el sentido. Estoy sometiendo a votación la propuesta del Senador Ernesto Ruffo, de suspender la discusión del dictamen.

Los que estén por la suspensión, votan a favor de la propuesta. Los que estén en contra de la suspensión, votan en contra y en consecuencia continuamos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta del Senador Ernesto Ruffo.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) La idea del Senador Ruffo Appel es que nos seguimos mañana, desde temprano, con la mente más despejada.

Bueno, digo, calma, calma. Yo también tengo derecho, ¿o no? Voten en contra, pero calmita. Estoy hablando.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la petición del Senador Ernesto Ruffo.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta planteada por el Senador Ernesto Ruffo, en el sentido de que se suspenda la discusión del dictamen. Quienes estén a favor de esta propuesta, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba la suspensión, señor Presidente.





 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, procedemos a la discusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas contenida en el Artículo Segundo del dictamen.

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

En consecuencia, está a discusión en lo general, y se concede la palabra a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para hablar en contra del proyecto.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Compañeros Senadores:

Como les decía en mi anterior intervención, el Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema integral y complejo, y requiere que todas sus partes estén funcionando perfectamente.

Sin el tema que mayor discusión ha generado, el que mayor ha atraído la mirada hacia la discusión del Sistema Anticorrupción, es precisamente este dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a raíz de la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3.

Hoy prácticamente todos han hablado de la gran voluntad de la ciudadanía al empujar una iniciativa avalada por más de 634 mil firmas. Esta iniciativa, sin duda, ha formado la parte sustancial del sistema anticorrupción junto con los demás dictámenes.

Sin embargo, me parece que con el pretexto de darle salida justamente a algunas propuestas de la ciudadanía, terminan por meter algunos goles al dictamen de la Ley de Responsabilidades que traiciona el sentido de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, y voy a poner algunos ejemplos:

No se considera la inclusión de consejeros independientes de las empresas productivas del Estado como servidores públicos.

El artículo 4 de la propuesta establece como sujetos obligados a los servidores públicos, pero el artículo 5 acota el alcance de este término a efecto de que no se considere que tienen el carácter a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado; estos se encuentran a abierta oposición a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 108 constitucional que establece que para efectos de la imposición de responsabilidades son servidores públicos los funcionarios, empleados y toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en cualquier ente público.

Abrir la puerta a que las leyes dispongan qué personas no serán consideradas servidores públicos y, en última instancia, a qué personas no podrán imponerse responsabilidades conforme a la ley que nos ocupa resulta de una gravedad mayúscula, pues en los hechos establece una fuero especial para tales funcionarios.

Por otra parte, un tema que me parece muy importante es la carencia de un sistema de protección a denunciantes y testigos, que fue una de las propuesta fundamentales no solamente de la iniciativa ciudadana, sino de otras iniciativas que en el mundo existen para combatir la corrupción.

Para que pueda existir un sistema que realmente combata la corrupción debemos establecer un mecanismo de protección a denunciantes y testigos que han sido quitados de este dictamen, y algo que llegó en el adendum de anoche, y que realmente me parece el gol mayor a este dictamen, es la aplicación del beneficio a quienes confiesen su responsabilidad en faltas administrativas graves o faltas de los particulares; es decir, quienes cometen algún delito de corrupción al denunciarlo podrán tener un beneficio de que se les disminuya la sanción administrativa o penal. Y en el origen de este artículo, sin duda, lo que se está buscando es precisamente incentivar la denuncia para evitar actos de corrupción.

El problema se encuentra que en el adendum de anoche, en el artículo 89, se puso como beneficiarios a quienes confiesen su responsabilidad de hasta el total de la inhabilitación en casos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Bueno, esto lo leo y, sin duda, me acuerdo de la Casa Blanca, Malinalco, etcétera. Vuelvo a repetirlo, se va a tener al beneficio de la inhabilitación temporal a aquellos que participan en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Esto, simple y sencillamente, significa la posibilidad de que, pues calculen el costo-beneficio porque van a poder disminuir la sanción económica hasta en un 70 por ciento y además hasta el 100 por ciento de la inhabilitación como servidor público, lo que además tampoco los llevaría a la lista negra de servidores públicos. Van a poder seguirlo cometiendo, ellos mismos denunciarse como responsables, pero el costo-beneficio terminará siendo a su favor.

Por otra parte, la propuesta no contempla como tráfico de influencias la obtención de beneficios, así como bienes muebles o inmuebles en condiciones notablemente favorables ofrecidas o propiciadas por quienes sean titulares de contratos de servicios o de obras públicas.

Hemos hablado hasta el cansancio que uno de los temas que más ha generado problemas con la ciudadanía en materia de corrupción es el ejemplo de este tipo de adquisiciones de casas a condiciones que no tienen nada que ver con el mercado y que presumen asuntos de corrupción, y no estamos contemplándolo en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Y el último tema, por el cual me parece que no podemos transitar esta noche en aprobar la iniciativa de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es justamente donde se traiciona la voluntad de la ciudadanía al no considerar los formatos que están actualmente siendo utilizados por la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3.

Efectivamente, ayer un representante de la sociedad civil manifestó como una posibilidad que fueran los formatos a propuesta del comité ciudadano; sin embargo, estos formatos como vienen en el dictamen no solamente no sabremos cuáles son los campos que van a contener, sino que además estamos poniéndole candados para que sólo se trate de datos de los funcionarios públicos que no afecten su vida privada y que además estarán, en todo caso, sujetos al Comité Coordinador, que hay que recordar que el Comité Coordinador esté integrado por seis Secretarios de Estado.

Haría simple y sencillamente inviable la posibilidad de que estos formatos puedan contener realmente la información pública que hoy en día la ciudadanía nos está demandando en la Iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3.

Por eso y de no ser corregido esto, mi voto en este tema será en contra.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse a favor del proyecto de Decreto relativo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas contenido en el dictamen.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La corrupción es una enfermedad que sufre nuestro país, un padecimiento con costos económicos, políticos y sociales.

Cuando la corrupción permea al servicio público, vulnera los fines y principios de nuestras instituciones, pervierte el ejercicio público e impide el progreso de la nación.

Más allá del enriquecimiento ilícito en detrimento del patrimonio de los mexicanos, la corrupción tiene un costo mayor e incuantificable: la confianza de los ciudadanos. Este costo es inaceptable.

Atacar frontalmente la corrupción es un reclamo que la sociedad civil ha manifestado con voz firme y nosotros sus representantes hemos tomado cartas en el asunto.

Hoy nos encontramos discutiendo un mecanismo integral que abarca transversalmente el combate a la corrupción y de manera particular con la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se busca inhibir cualquier acto ilegal de un servidor público para beneficio personal.

A través de la ley, se fortalecen las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, las obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y a los que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Recuperaremos la confianza de los mexicanos en el servicio público, tendremos que desempeñarnos con los más altos principios privilegiando en todo momento la honradez, la lealtad, la integridad y la rendición de cuentas.

El dictamen que nos ocupa es también emblemático, porque la sociedad civil se involucró en un tema tan sensible e importante, como las responsabilidades administrativas, nutriendo las discusiones y el dictamen que hoy nos ocupa.

Esto debe recordarnos que el servicio público no es una labor más. Es un compromiso con la gente y es nuestra responsabilidad que cada acto realizado en nombre de la gestión administrativa sea llevado conforme a derecho y bajo los principios que rigen el servicio público.

Por lo anterior, está ley exige la presentación de las tres declaraciones: patrimonial, de intereses y la fiscal anual. Siempre bajo protesta de decir verdad.

Las cuales deberán respetar el derecho a la vida privada y a la protección de datos que cada uno de nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas, salvaguardando en todo momento las responsabilidades y la rendición de cuentas a que se encuentra obligado cualquier servidor público sin desproteger el derecho a la intimidad.

Es necesario reconocer que con esta ley se entiende un reclamo social.

La ciudadanía quiere gobernantes íntegros y sin miedo a la rendición de cuentas que ejerzan la correcta aplicación de la ley, erradicando así la corrupción en México. Obligación que hoy atendemos constitucionalmente con estricto apego al respeto a los derechos humanos.

Para eliminar la corrupción, la base se encuentra en la legislación, pero este sólo es el primer paso.

Más allá de su instrumentación en reglamentos y procedimientos de la consolidación institucional, la corrupción no se terminará sin un cambio de fondo, arrancando de raíz el hábito impune de corrupción en que vivimos.

Este es un mecanismo ambicioso que busca acabar con uno de los mayores males de nuestra sociedad y de nuestros gobiernos, pero sobre todo es un instrumento que busca cumplirle a la sociedad para recuperar la confianza y hacer valer el pacto de representación que han depositado en nosotros.

Por ello, votaremos a favor del presente dictamen, porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas se otorga una herramienta a la ciudadanía para una efectiva transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Este es un voto, sin duda, singular para mí, hace un rato una persona, un paisano de Chiapas me preguntaba si yo iba a votar en contra de la Ley 3 de 3, que cómo era posible si había acompañado esta iniciativa desde su nacimiento, fuera a votar en contra, y le expliqué lo que quisiera explicarles a ustedes, porque este voto en contra no es un voto en contra de la Ley 3 de 3, sino a favor de la Ley 3 de 3, a favor de los ciudadanos.

Y para eso hay que situarnos cómo llegamos hasta aquí, cómo es que este tema que para muchos no era importante o era casi una locura, hoy se convirtió en el centro de la discusión política de nuestra nación.

Hace dos años, en diciembre de 2014, en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, estábamos todos bastante nerviosos, íbamos a tener una reunión, una sesión solemne con el Presidente de la República, en medio de uno de los momentos más álgidos de la nación, semanas después de Ayotzinapa, semanas después de los escándalos de conflicto de interés, con la gente en la calle diciendo sólo una cosa, que se vayan todos, la respuesta de la ciudadanía, a la que la ciudadanía aspiraba era que la desaparición de la clase política era el inicio de la resolución de los problemas de la nación.

Y ahí tuve ese honor de pronunciar un discurso en el cual había que plantear cosas, y ahí frente al Presidente de la República, frente a mis honorables y queridas compañeras y compañeros, frente al resto de la clase política hice un planteamiento que en ese momento parecía imposible, que todos los funcionarios públicos tuvieran que presentar de manera obligatoria, pública y sin reservas sus declaraciones: la patrimonial, la de intereses y en aquel momento, fíjense, eran las últimas cinco declaraciones fiscales, no la carátula, las últimas cinco declaraciones fiscales, porque era algo que habíamos hablado en mesas, en diálogos, con organizaciones, con académicos buscando salidas, buscando soluciones a la crisis de credibilidad en la que estamos.

En ese momento mucha gente se me acercaba, y si bien reconocía esta doble intención junto con ello, la mayoría me expresaba su escepticismo: esto no va a suceder, ese 3 de 3, ya deja de insistir con eso. Y yo no les creí, pues cómo creerles, cómo saber si una propuesta como esta funcionaría o no si nunca antes se había planteado así, luchar contra la corrupción es recuperar la idea del futuro sin quedarnos atrapados en la trampa del presente.

Y es el futuro el que motiva a los que impulsamos la Ley 3 de 3, es el futuro de quienes somos padres de familia y en mi caso, mi hija Julia, dentro de 20 años, me pregunte en medio de la crisis que pasaba el país: ¿Tú qué estabas haciendo? Que me pregunte y la pueda ver a los ojos y poderle decir que por lo menos lo estábamos intentando, que quizás era un tema generacional que íbamos a plantear y que podíamos fracasar, y que recuperábamos esa máxima que dice: "que el que lucha puede perder, pero el que no lucha está simplemente perdido".

A raíz de esa propuesta empezaron a surgir cambios, el 4 de febrero de 2015, a unos pasos de aquí, en el Auditorio Octavio Paz se presentó la plataforma al legislador transparente en .mx. Fue aquí en el Senado donde nació la Ley 3 de 3.

Ahí estuvimos Laura Rojas, estuve yo, ahí estuvieron un par de diputados más del Partido de Acción Nacional y del PRD. Fue un primer paso, un primer paso que planteaba que de manera voluntaria los políticos y los funcionarios ubicaríamos el 3 de 3, que nos daríamos cuenta y que de manera voluntaria todos se iban a sumar.

Aquel día, uno de los integrantes de la sociedad civil que nos acompañaba recordó un poco para darnos ánimo ante la escasa concurrencia, recordó aquel 20 de noviembre de 1910, en Piedras Negras, Coahuila, cuando Francisco I. Madero convocó a la Revolución Mexicana y no llegó nadie.

Nos decía: Bueno, así son las revoluciones a veces, a veces no llega nadie, pero después las cosas empiezan a cambiar, porque eso, les guste o no les guste, es una revolución pacífica, es una revolución pacífica que empieza con la decisión voluntaria, sin ninguna obligación jurídica de hacer públicas las declaraciones.

Y así empezamos los Senadores, y se fueron sumando más. Muchos de ellos lo hicieron en campaña, y lo hicieron porque querían ser gobernadores, y qué bueno que fue así, yo no los critico, qué bueno, porque hoy siguen manteniendo publicadas sus declaraciones.

Por eso, después de ver que por ese lado no iba a ser, es que nos dimos cuenta de que por la vía de la voluntad no se resolvería el problema de corrupción en México, que había que poner otros incentivos y otros castigos, que había, en fin, que construir una ley que volviera obligatorio el ejercicio que algunos, muy pocos, habíamos realizado de manera voluntaria.

Vinieron las elecciones, vinieron los incentivos. Los presidentes de los partidos, de los tres partidos mayoritarios de esta Cámara, ya presentan su 3 de 3.

Un Secretario de Estado, muchos de los gobernadores que acaban de ganar, y muchos de los candidatos que también perdieron, pero la presentaron. Pero fue a partir de esa situación que había que empezar a trabajar de manera diferente.

La sociedad civil decidió llevar la revolución pacífica a otro ámbito, al ámbito ciudadano, al ámbito de la democracia directa y de la Iniciativa Ciudadana.

En ese momento las asociaciones civiles tomaron el mando y todos los políticos nos convertimos en meros acompañantes, fue un movimiento social, un movimiento social que juntó 634 mil firmas, mucho más firmas, que traducidas en voto, tienen muchos de los que estamos acá; firmas que se suspendieron, pero que si se hubieran seguido juntado hubieran llegado seguramente a más del millón.

Esa es la historia del 3 de 3. Una Iniciativa firmada por ciudadanos, redactada por especialistas, contada por la institución electoral, y que hoy llega al Senado de la República.

¿Y qué pasa el día de hoy?, ¿qué es lo que pasa y lo que puede ocurrir? Quizás generar un espacio de la más profunda frustración, que después de una larga lucha por el dictamen, que finalmente ha sido presentado aquí, se haya intervenido, se haya desviado de su propósito original y se haya vuelto simplemente irreconocible, irreconocible de lo que firmaron los ciudadanos.

Cierto, hay todavía que rectificar, y ojalá lo hagamos. Pero para hacer una buena rectificación, tiene que ser completa, tiene que ser en las tres declaraciones.

De esta forma estamos nuevamente ante una coyuntura. Obedecer el mandato ciudadano, continuar el mandato que nosotros nos estamos imponiendo.

Aún podemos hacer de la política un instrumento digno al servicio de la gente y no uno de la cual los políticos se sirven.

El corazón de la propuesta de esta ley es la publicación completa y sin reservas de las tres declaraciones, las tres tienen que presentarse juntas, si en el proyecto de dictamen no se incorporan estas obligaciones, en los términos, el espíritu transformador y audaz del proyecto de la ley original, habrá simplemente muerto.

Por eso, compañeras y compañeros, el 3 de 3 no es el elemento más importante del Sistema Nacional Anticorrupción, eso lo tenemos todos muy claro. Pero sí es el elemento más legitimador de nuestra acción política esta noche, es el más simbólico, el que le da más significado a la existencia de todo el sistema.

Sin el 3 de 3 obligatorio y público, como lo plantearon los ciudadanos, este Sistema Nacional Anticorrupción puede convertirse en una enorme simulación que pretende engañar a la ciudadanía, no creo que nadie quiera aquí eso. Por eso, mi última reflexión es la siguiente:

Hoy estamos ante un momento histórico. Cada seis años, cada tres años, a veces salimos a pedirle a la ciudadanía que vote por nosotros.

Esta semana, por primera vez en la historia, la ciudadanía vino a nuestra casa a pedirnos nuestro voto, un voto por ellos, un voto para su iniciativa, no para la nuestra, un voto para la Ley 3 de 3 completo.

Mi pregunta respetuosa y siempre cariñosa con ustedes es, ¿si se los vamos a negar?

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del apartado en discusión.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El día de hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de dar a nuestro país una nueva página, la página de la esperanza.

Durante estos cuatro años del mandato del Presidente Peña, el partido en el gobierno no supo dar cauce institucional oportuno a las demandas ciudadanas en contra de la corrupción y la impunidad.

Frente a un Presidente titubeante, México dio una respuesta contundente. El mensaje del 5 de junio fue claro y fuerte en las urnas, las y los mexicanos decidieron poner un hasta aquí a la corrupción. Hemos sido testigos de uno de los sexenios más corruptos de la historia.

Al gobierno actual poco le importó sacrificar la legitimidad y credibilidad de nuestras instituciones, incluso de la democracia misma para salvaguardar sus intereses.

Peña Nieto cambió el prestigio Presidencial por una Casa Blanca, y peor aún, montó un espectáculo para que uno de sus subordinados lo exculpara públicamente.

Olvidaba que el juicio más grande para todos los servidores públicos lo hace la historia y la opinión pública de sus gobernados, olvidaba también que los mexicanos rechazamos a la corrupción como parte de nuestra cultura.

El mensaje que los mexicanos dieron, a través de las urnas, genera un enorme compromiso: recuperar la confianza ciudadana en el sistema político mexicano.

El día de hoy estas leyes se aprueban no por voluntad política del partido en el gobierno, sino por la presión incontenible de la ciudadanía y de la oposición responsable en este Congreso.

Llena de alegría saber que la sociedad en México es activa, eficiente, que está viva y a punto de abrir un nuevo capítulo en la historia de México, el capítulo de los ciudadanos.

Esta, la reforma que crea al Sistema Nacional Anticorrupción, es una gran reforma de Estado.

Después de 20 años e incontables reformas político-electorales hoy se robustecen las leyes encaminadas a fortalecer la rendición de cuentas y, con ello, a trascender de una democracia meramente formal a una de calidad.

Esta Ley General en Materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que estamos por aprobar, contiene a grandes rasgos lo siguiente:

1. Determina cuáles son las obligaciones de los servidores públicos.

2. Establece cuáles son los actos de corrupción considerados como faltas administrativas graves en las que pueden incurrir los servidores públicos.

3. Por primera vez se reconoce que para que haya corrupción se necesitan dos partes: un servidor público y su contraparte en el ámbito particular. Por ello, señala también cuáles son los actos u omisiones y las sanciones correspondientes a estas faltas administrativas graves en materia de corrupción en que pueden incurrir tanto los particulares como los servidores públicos.

4. Señala y distribuye facultades entre los órdenes de gobierno competentes en la materia.

5. Determina el procedimiento para la investigación, procesamiento y sanciones de las faltas administrativas graves en materia de corrupción.

6. Se crea la Plataforma Digital Nacional, la cual contendrá un sistema de información pública para que cualquier ciudadana o ciudadano pueda conocer cómo evoluciona el patrimonio de los funcionarios públicos, para que cualquier ciudadano desde su computadora pueda consultar con qué bases se formulan las licitaciones en su municipio, en su estado o en su país, las compras, las adquisiciones públicas en los tres órdenes de gobierno, con esto damos fin a la era de las licitaciones amañadas que benefician sólo a los amigos del gobierno.

En esta plataforma también se compilará y estará a disposición del público un sistema que contendrá el listado actualizado tanto de funcionarios públicos como de particulares que han sido sancionados por comisión de faltas administrativas graves en materia de corrupción.

Este listado será de consulta obligatoria para los gobiernos a efecto de que los sancionados no sean contratados por la administración pública en los tres órdenes de gobierno.

7. Se promueva la elaboración de códigos de ética para servidores públicos y política de integridad para las personas morales.

8. Se desarrolla el procedimiento de presentación de declaraciones por parte de los servidores públicos.

9. Se establece que la impugnación de la calificación de faltas graves será resuelta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Hay un tema en esta ley que se ha convertido en una bandera de lucha contra la corrupción, me refiero específicamente a la publicidad de la declaración, el 3 de 3, tan platicado ya.

Puedo decir, con orgullo, que en mi grupo parlamentario del Partido Acción Nacional vamos por los principios de máxima publicidad y de rendición de cuentas.

Que abrazamos el espíritu de la Ley ciudadana 3 de 3, por tal motivo rechazamos la redacción del PRI y del Verde con respecto a la publicidad del patrimonio, pues en ella no se refleja el ánimo de reconstruir la tan desgastada confianza de los ciudadanos hacia los políticos con el sistema y con las instituciones del Estado mexicano.

En la discusión de la publicidad de las declaraciones se enfrentan dos posturas muy claramente:

Una, que propone y que pone en el centro la máxima publicidad y la búsqueda de una verdadera rendición de cuentas.

La otra, por un formato incompleto, rebuscado que dé lugar a recovecos en los cuales se pueda esconder y subsista la impunidad de esas riquezas inexplicables que tanto tienen de mal humor y tanto molestan a las y los mexicanos.

Hay quienes legislaron pensando en su interés personal, mientras otros intentamos hacerlo teniendo en mente solamente el bien común.

En el tema de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien me ha nombrado su vocera, presentará una reserva que recupera el espíritu de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, porque sabemos que no sólo son 630 mil ciudadanos quienes exigen legítimamente que ya no haya más corrupción.

Ante la ambigüedad de la propuesta de redacción del PRI-Verde, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine decidiendo tras años de litigio, y a eso le apuestan, qué es público del patrimonio de un funcionario y qué no lo es.

Creemos, como legisladores, que es necesario establecer los requisitos mínimos que debe contener el formato de la versión pública de las declaraciones patrimoniales, por ello, proponemos que se cambie la redacción del adendum por una redacción que describa el formato actual de las versiones públicas que se utilizan para el 3 de 3.

Compañeras, compañeros: Las oportunidades de mostrar quiénes somos en la vida son escasas, esta es una de ellas; demostremos que somos hombres y mujeres que no solo soñamos con un México mejor; demostremos a las y a los mexicanos que somos más que pleitos por partidos; que somos más que campañas sucias que desprestigian; que somos más que debates estériles; que somos más que palabras; demostremos a través de la aprobación del formato 3 de 3 en sus términos que vamos en serio, sin trucos ni simulaciones en favor de la integridad, y que como miles de mexicanas y mexicanos rechazamos a la corrupción como parte de nuestra cultura política, como nos quieren hacer creer.

Desde hace más de ocho meses el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó su propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

A pesar de esto, no hubo el diálogo necesario, no hubo el debate suficiente, nunca pudimos escuchar qué esperaba el gobierno, el PRI o el Verde del Sistema Nacional Anticorrupción, lo digo aquí, para que quede en la memoria de todos; nos regatearon hasta el último cambio en el dictamen.

Hubiera querido más convicción de mis compañeros para ver a este sistema como una reconciliación necesaria con los ciudadanos y con esta clase política que los gobierna.

Las estadísticas no mienten, compañeros, para más de la cuarta parte de los mexicanos la corrupción es el problema más grave del país. Es vergonzoso saber que el 94 por ciento de los mexicanos considera que existe mucha corrupción en el gobierno, mientras sólo el 37 por ciento confía en que haya justicia en este país.

Hemos repetido por varios meses que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción no es un capricho de la ciudadanía y la oposición en este Congreso es la gran deuda pendiente que tenemos en México.

La aprobación de un Sistema Nacional Anticorrupción no es una concesión graciosa de los políticos, es la respuesta necesaria a una legítima demanda de nuestros compatriotas.

Votaremos el dictamen a favor, porque consideramos que la mayor parte de la propuesta satisface las demandas ciudadanas. Pero como ya dije, tenemos serias reservas respecto al artículo 29.

Con el voto de mi grupo parlamentario, quisiera rendir un homenaje a cada una y cada uno de los más de 630 mil ciudadanos que con su firma han tomado en sus manos las riendas del destino de nuestro país, que se han atrevido a soñar y a trabajar por un México más íntegro y unido.

Termino esta intervención, agradeciendo a Transparencia Mexicana, a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey, al Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE; a Mexicanos Contra la Corrupción; a México Evalúa; a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México; a Causa en Común; a la Red por la Rendición de Cuentas; a la Academia Mexicana de Protección de Datos Personales; al Imco; al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al Centro de Estudios Espinosa Yglesias; a todos los hombres y mujeres detrás de este esfuerzo histórico, que deja claro que la era de los ciudadanos ha comenzado.

Agradezco en particular por su liderazgo y esfuerzo a Marco Fernández, a Juan Pardinas, a Eduardo Bohórquez y a Enrique Cárdenas.

Quiero agradecer a mi equipo técnico y al equipo técnico del grupo parlamentario del PAN, que han estado al pie del cañón desde hace ocho meses.

También agradecer la firmeza y convicción del Presidente de mi partido, que hizo suya en todo momento esta lucha y la de los ciudadanos.

Compañeras y compañeros Senadores: Les conmino a honrar el juramento que solemnemente rindieron ante la más alta tribuna del país, mucho antes de que se los demande la nación, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la premisa de que incumplir con esta labor sería traicionar a quienes depositaron su confianza en nosotras y en nosotros.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Torres Peimbert.

Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Si me apunta, por favor, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con mucho gusto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En materia de combate a la corrupción no podemos actuar a medias, no podemos similar que deseamos arrancar el mal de raíz y, por otra parte, buscar alternativas o mecanismos para seguir protegiendo intereses personales por encima del derecho social a la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.

No estamos de acuerdo con la aprobación de ninguna excepción a la regla de la plena transparencia y la absoluta y total publicidad de todos los datos, bienes, montos y valores en posesión o propiedad de servidor público alguno.

La corrupción en México genera pobreza, desigualdad, inequidad, violenta el estado de derecho; en el ámbito de la seguridad pública, produce muertes y una extrema descomposición social que en gran medida ha sido la causa del rezago y el estancamiento del país.

Corrupción también es manipular la ley para perseguir, intimidar y reprimir profesores no debemos aceptar que el gobierno federal criminalice los movimientos sociales, como lo hacen actualmente con el magisterio disidente, mientras sus escándalos de corrupción no tienen fin y mantienen postrado al país en la ignominia. Éste debe ser el último gobierno federal impune, sin que los controles anticorrupción actúen con plena legalidad, legitimidad y justicia.

México es el país más desigual entre los integrantes de la OCDE y eso ha sido consecuencia, en cierto modo, de esa corrosiva corrupción que le cuesta a México más del 10 por ciento de su producto interno bruto.

Por eso, los ciudadanos demandaban con urgencia leyes y reformas que combatieran de fondo la corrupción y además la previnieran un sistema jurídico que tuviera como objetivo una estrategia anticorrupción de Estado.

Esta fue la base sobre la que hoy se sustentan las expectativas sociales y la obligación pública de construir un eficiente Sistema Nacional Anticorrupción que tuviera como punto de partida las tres declaraciones que se propusieren en la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3: la declaración de intereses, la patrimonial y la fiscal.

Sin embargo, cuando a esta iniciativa ciudadana se le redujo su alcance y naturaleza jurídica, al plantear la posibilidad de que las declaraciones patrimoniales omitieran información clave para la plena transparencia, también se produjo una decepción en la sociedad mexicana respecto a los alcances que podría tener el Sistema Nacional Anticorrupción y la lucha misma contra la corrupción.

Hoy aquí varias Senadoras y Senadores pretenden justificar esta omisión. Cito el artículo 29 de este dictamen:

"Los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público".

Debemos superar un falso debate. Algunos argumentan una supuesta contraposición entre dos derechos: el derecho de acceso a la información, bajo el principio de máxima publicidad, frente al derecho a la privacidad y protección de datos personales.

Sin embargo, no puede haber contradicción alguna cuando por encima de cualquier interés particular o privado, se encuentra la supremacía del interés social y del orden público.

Compañeras y compañeros Senadores: Sería un grave error político y de interpretación jurídica, el pretender resolver esta supuesta contraposición de derechos, dejando al libre albedrio del funcionario público o autoridad, la decisión de hacer públicos sus documentos y montos patrimoniales. Hacerlo o consentirlo sería tanto como seguir amparando la corrupción y engañando al pueblo de México con una reforma de anticorrupción simulada.

Cuando se trata de servidores públicos, ninguna información puede resultar privada, pues la primera obligación de la ética política es precisamente hacer lo más transparentes, legales y honestos posibles, todos los actos de nuestra vida.

En ciertos casos debe salvaguardarse el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales de un servidor público, cuando ello implique un acto que ponga en riesgo su seguridad personal o la de su familia, dicha excepción no puede ni debe ser procedente cuando se trata de bienes patrimoniales o de intereses económicos que puedan entrar en conflicto con el interés público o que representen elementos fundamentales para proceder a una real fiscalización del poder público con sentido ciudadano.

¿No deberíamos dar un paso trascendental para combatir la corrupción al adoptar una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos bajo el espíritu y principios ciudadanos de la iniciativa Ley 3 de 3, es decir, que no signifique ni reduzca los alcances de una efectiva fiscalización pública y social?

¿No deberíamos dejar atrás, de una vez por todas, esa discrecionalidad y simulación política en el combate a la corrupción?

Este Senado debe plantearse el asunto de la manera más profunda posible.

La publicidad irrestricta y amplia de las declaraciones patrimoniales es necesaria y obligatoria porque debe partirse del supuesto de que es también parte de un sistema de rendición de cuentas moderno, ético, claro, público, eficiente y apegado a la legalidad. Un sistema de rendición de cuentas que no represente una obligación, sino un compromiso y práctica ordinaria de todas las instituciones del Estado.

Esto último, compañeras y compañeros Senadores, debería constituir el espíritu del legislador en materia de anticorrupción.

¡Qué mejor mensaje político podríamos enviar a la sociedad mexicana por parte del Poder Legislativo, que tomar como propia la bandera del combate sustantivo y real, no simulado, a la corrupción!

Para lograr lo anterior, necesitamos salir de este recinto con un gran acuerdo. El intenso trabajo que necesitará la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción implica una responsabilidad de Estado, un gran compromiso de los tres poderes públicos y una nueva transición a una democracia ampliada y efectiva.

No exagero al decir que, de lograrlo, sería similar a acuerdos históricos como el logro en España en un momento en el célebre Pacto de Moncloa. De ese tamaño, creo yo, es el desafío.

Necesitamos en cada una de las leyes y reformas del Sistema Nacional Anticorrupción un gran acuerdo que nos colocara por encima de cualquier interés particular o partidista, un acuerdo pensando en México y en los mexicanos.

Nuestro voto será en contra de la aprobación de una Ley General Responsabilidades Administrativas que, tal y como hoy se nos presenta, no cumple cabalmente con las exigencias de la sociedad mexicana y que más bien ha traicionado su voluntad.

Por su atención, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Morón Orozco.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores; y a todos los mexicanos:

Celebro de verdad que este día podamos estar aquí y haber llegado, después de muchos meses de trabajo arduo dentro de las comisiones, de dialogar, de escuchar a los ciudadanos, y poder llegar hoy aquí con un dictamen con el que vamos a ir a favor. Y vamos a ir a favor porque la corrupción, en todas sus formas y expresiones, es un problema multifactorial que a México le ha dignificado importantes costos económicos, políticos y sociales.

Por eso, hoy nos congratulamos con la nueva legislación que discutimos porque estamos seguros que con los nuevos ordenamientos y las reformas a otras legislaciones, que también estaremos analizando aquí en este Pleno, se establecerán las bases sólidas en la lucha contra la corrupción.

Los Senadores asumimos los reclamos de la sociedad mexicana a fin de retomar el orden, la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

Para llegar a este dictamen analizamos la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3, pero también analizamos las mejores prácticas que se llevan a cabo a nivel internacional, así como los instrumentos utilizados por países que están avanzados en el tema de la lucha anticorrupción.

En particular, esta ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se distribuyen competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades de los servidores públicos, también sus obligaciones, las sanciones por actos u omisiones y, en su caso, las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, incluye mecanismos generales de prevención y de rendición de cuentas; sin duda, es un gran avance en materia de transparencia, ya que todos los mexicanos podrán acceder a la información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos.

Se establecen, además, reglas y procedimientos claros para la declaración patrimonial de intereses y fiscal que tenemos que presentar los servidores públicos. Por ejemplo, en el caso de la declaración de la situación patrimonial, cuando refleje un incremento que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público, pues serán las instancias competentes inmediatamente las que soliciten que sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.

Si no se puede justificar este enriquecimiento, pues entonces la Secretaría de la Función Pública, sus homólogas de las entidades federativas y los órganos de control procederán a integrar el expediente de presunta responsabilidad administrativa correspondiente para darle trámite y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Ninguna ambigüedad, nosotros no queremos imponer nuestra voluntad o nuestro criterio y que se preste a una especulación pervertida, por eso será el Comité de Participación Ciudadana quien elabore los formatos de las tres declaraciones, así declaro, estamos empoderando a los ciudadanos, atendiendo la petición expresa que 634 mil firmantes de la iniciativa ciudadana nos hiciera el día de ayer, a través de su representante, el maestro Eduardo Bohórquez, nosotros sí lo escuchamos.

Y cito lo que dijo el maestro Bohórquez: "Proponemos que sea, en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el comité ciudadano quien proponga al comité coordinador los formatos que anualmente se utilicen y las versiones públicas de los mismos".

Compañeros y compañeras, en el PRI estamos a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la máxima publicidad. Somos sensibles al sentir de la ciudadanía y hemos dado muestra de ello. Vamos a votar a favor de este dictamen porque estamos comprometidos con la construcción de mejores gobiernos, que tengamos mejores servidores públicos y que sean más honestos, transparentes y apegados a la legalidad.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Acosta Islas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido de Trabajo, para exponer argumentos en contra del dictamen.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Adelante, Senador Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Hemos escuchado un buen número de discursos, intervenciones, en las que encuentro dos tipos muy claros:

Uno, es la panacea, el gran discurso de que este sistema acabará con la corrupción, un gran discurso en contra de la corrupción.

La solución está en este sistema, aun cuando no entra a analizarlos, sino se desarrolla todo este discurso retórico, por no decir altamente demagógico.

El otro, es un discurso en el que se encuentran todas las fallas, en el que se señala todo lo que no está, en el que se dice que "pues ha quedado a medias y se quedan muchas cosas afuera, pero vamos a votar a favor".

En esto podemos resumir estas horas de discusión.

Yo voy a repetir el planteamiento que hicimos al iniciarse la discusión con un voto particular.

El problema de la corrupción está en la Presidencia de la República, eso es lo que engañan y lo quieren pasar por encima. La madre de todas las corrupciones está en la Presidencia de la República.

La corrupción de la Presidencia de la República se riega en todo el sistema y por eso cada vez vemos más gobernadores corruptos, cínicamente corruptos y de diferentes partidos, que fueron motivo de escándalo en esta elección, cuando todos lo sabíamos.

El gobernador de Veracruz, por ejemplo, Duarte fue sorprendido mandando dinero en efectivo en una avioneta a Peña Nieto, en el Estado de México, pues claro que continuó y ahí se quedó hasta el final.

Ya luego veremos por qué mejor que gane el PAN y no el PRI, ahí en este momento la conveniencia es el no corrupto candidato del PAN, en Veracruz. Esa es la esencia.

En la medida en que el Presidente siga siendo impune con el poder que se le va dando, sin que haya un equilibrio frente a él, entonces la corrupción seguiría igual.

En los miles de millones que se convierten en instrumentos políticos, se compra el voto, se compran medios de comunicación, seguirán siendo la norma, de esto que a todos avergüenza y que todos están en contra, y que qué bueno que hemos llegado a un momento histórico en el que todo se terminará con esta maravilla de Sistema Nacional Anticorrupción.

Hemos estado a punto de llorar en algunos planteamientos por la emotividad, real.

Pero no es cierto, no es cierto, mientras la Presidencia de la República sigue siendo impune y mientras no se investigue a los presidentes, a los ex presidentes que pusieron en marcha la corrupción total con las privatizaciones, los enriquecimientos brutales y los tengamos de modelo además, los ex presidente son un modelo de poder, de redes de control, etcétera, son grandes titanes para que todos sean igual. Mientras esto no termine, vamos a seguir dándole vueltas a este asunto.

¿Qué propone el sistema?

Yo creo que esto es muy importante, ya dejando esta cúspide de la pirámide que no le quieren entrar, porque apenas se dice: "el presidente es corrupto", bueno, se ponen nerviosos. Es un viejo atavismo de años atrás, se ponen muy nerviosos, aunque sea la oposición la que lo diga o la pseudo-oposición.

Pasemos a otro punto que es importante.

Este sistema resuelve el asunto, ¿cuál es el sistema?

El sistema es la coordinación, esta inventada en este mamotreto burocrático en donde hay funciones y más funciones, y tareas y más tareas, listas, páginas que no van a terminar de construirlas ahora que los nombren, verdad, ustedes, y cuando terminen pues ya se fue el Presidente a París o a los Castillos de Loaire. Es un mamotreto inmanejable, es una masa burocrática de cuestiones ahí.

¿Saben quiénes son los responsables? Los mismos, los responsables de todo este sistema son los que ya están ahí y que no han servido para nada.

¿Por qué? Porque están bloqueados, porque están penetrados, por lo que sea, pero son los mismos, convertidos en sistema, hay una coordinación en sistema, hay un secretario técnico maravilloso, hay una participación de un representante de la sociedad, que son generalmente esos mismos que se convierten en la sociedad civil, que son consultores permanentes de este Senado de la República para aprobar sus cosas.

Un, ciudadano surgirá de un procedimiento por ahí, y esa es la participación de la sociedad civil. Estas 600 mil, 600 mil firmas, yo me acuerdo que presentamos un millón y medio de firmas para que se consultara al pueblo de México si quería que le entregaran a los extranjeros el petróleo, la electricidad, fíjense, les pareció muy poco, ahora son 600 mil importantísimos.

Un elemento fundamental que afecta todo, hasta la Ley 3 de 3, esta maravillosa solución, hasta es 3 de 3 no afecta lo que les voy a platicar, no hay independencia, ya les digo, son los mismos, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal este, el Consejo de la Judicatura, la transparencia, esos son los mismos, pero van a estar coordinados, ah ,esa es la solución.

No hay independencia entre los vigilantes y los vigilados, sino subordinación de los supuestos vigilantes a los vigilados, dados los métodos del nombramiento, lo repito porque parece que es un galimatías.

Atención, para hacer un resumen de este gran sistema, no hay dependencia entre los vigilantes y los vigilados, sino subordinación de los supuestos vigilantes a los vigilados, los vigilados, el Presidente, pues este, los otros, los que los van a vigilar son sus subordinados, dados los métodos de nombramiento.

Los titulares de las instancias anticorrupción son nombrados por los vigilados.

Ahí les va.

Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es la gran transformación, que ya estaba ahí, es el mismo tribunal, el mismo, cambió de nombre, serán nombrados a propuesta del Presidente, el vilidado, y ratificado por mayoría de dos terceras partes del Senado.

Los Consejeros de la Judicatura son designados: dos por el Senado, uno por el Presidente y cuatro son integrantes del Poder Judicial Federal.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación, que ya existe, todos esos ya existen, no hay ninguna novedad, es la comunicación entre ellos y la coordinación lo que hace la maravilla de este descubrimiento que les ha llevado años en arribar a la eureka solución anticorrupción.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación es designado por mayoría calificada de dos terceras partes de los presentes de la Cámara de Diputados.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción será designado por las dos terceras partes del Senado, y puede ser removido por el Procurador General de la República si no le gustó, además el vigilado va a quitar al vigilante.

El Presidente del el INAI es designado por mayoría de dos terceras partes del Senado.

El titular de la Secretaría de la Función Pública es designado y removido libremente por el Presidente de la República. Ese es el caso más espectacular que nos define un poco la voluntad política.

Se acuerdan de aquella escena en donde el Presidente Peña Nieto llega, presenta a este personaje, el ricitos de oro, y le dice que suba a la tribuna y tiene que responder de si es o no responsable de un delito por la Casa Blanca, aquel personaje, obedeciendo al que va a vigilar, se sube a la tribuna, ese es un espectáculo único que puede ser un poco la imagen de lo que estamos inventando, porque esa es la voluntad política que define todo lo demás, sube a la tribuna el señor designado para juzgar al Presidente, sube a la tribuna y dice que en realidad no está muy seguro, y luego termina diciendo que antes de grandes análisis, que el Presidente no es responsable, que la Casa Blanca es blanquísima. Ese es el modelo, esa es la voluntad política que está en todos lados.

El señor subiéndose con su pelito a la tribuna, obedeciendo al Presidente, que estaba ahí, para que opinara si él era responsable de alguna cuestión de la Casa Blanca. Ya supimos el resultado. Esa es la escena que define todo.

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es designado por el Presidente y por el Senado.

El ciudadano, de este grupo de representantes de la ciudadanía, también es designado por el Senado de la República. Es decir, todos son designados por el Presidente o por los partidos mayoritarios de las Cámaras de Diputados y Senadores, ¿verdad?, y ya sabemos qué resultados ha dado, si eso lo están haciendo hace años.

Todas las instituciones autónomas han salido de aquí y no funcionan. ¡Ah! Pero vamos a repetirlo.

Lo anterior significa que el nombramiento de los funcionarios y los ciudadanos dependerá de los vigilados. Esto es para nosotros el aspecto central de toda la discusión.

Este sistema es un truco, es un truco el sistema de corrupción, está en manos del Presidente de la República, a quien no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa, nada.

Es tan grave este hecho que periódicos como Reforma, por ejemplo, por no citar más, han indicado los lazos políticos y de dependencia de muchos de los Magistrados del futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que va a juzgar a todos estos corruptos y los mandará a penar el resto de su existencia.

En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que será la base del futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargada de las conductas graves de corrupción, sus integrantes todos responden a los intereses del Presidente de la República y de los dirigentes de los partidos verbigracia, los Magistrados Carlos Chaurand Arzate y Zulema Mosri sí tienen vínculos con Manlio Fabio Beltrones; del PRI; los Magistrados Julián Olivas y Guillermo Valls responden a Peña Nieto; y los Magistrados Víctor Orduña y Rafael Estrada Sámano, al ex presidente Felipe Calderón. Esos son los independientes, los que van a juzgar a todo esto.

No sé, señor Presidente, ¿si me autorizaría usted a terminar un tema, para no volver a subir?

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: ¿Para no volver a subir?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Si me autorizaría?

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: ¿Cuántos minutos?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Cinco minutos.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Adelante, por favor.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Vamos al tema central.

Se ha hecho un escándalo de meses en torno a la obligación de la publicidad en las tres declaraciones para los funcionarios públicos. Ese es el tema, ese es el que define, ahí está centralizado todo, este es el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, lo más escandaloso no es lo anterior, sino que los empresarios que impulsan estas reformas a través de expertos, supuestos miembros de la sociedad civil y que participan como principales beneficiarios de la corrupción, no tengan obligación los empresarios.

La Coparmex que nos tutela y nos ha regañado y ha puesto a temblar a las fracciones del Senado de la República, ¿verdad?, que los obligaron a convocar a este periodo sin tener ningún dictamen. ¡Ah! Pero había que salir de la regañada de la Coparmex.

No tiene la obligación 3 de 3, eh, y todo el análisis de este circular sistema deja a los empresarios a salvo.

Tampoco tienen obligación de publicar cómo cumplen con sus obligaciones laborales, medioambientales o en materia de salud, cuando sus actividades extractivas afectan esos ámbitos.

Por ahí algún dirigente obrero dijo que había que proponerles a los empresarios el 6 más 6, a los empresarios, los promotores.

En materia de delitos de corrupción, estos sólo son para los servidores públicos, jamás para los empresarios.

La Coparmex, gran promotora, es omisa.

Hay una asimetría indudable en donde una de las partes de la corrupción, la de los empresarios, son intocables, y todos sabemos que la corrupción es la colusión entre los empresarios, la gran corrupción es ahí, es ahí con los grandes empresarios.

Pajaritos, por ejemplo, un gran empresario se queda con una planta de Pemex extraordinariamente valiosa, y se la queda un empresario.

¿Quién la autorizó a ese empresario quedarse con Pajaritos?, que ya la estalló, porque tenía que ahorrar dinero en el personal.

Ese no equilibrio entre esos factores, pues es una falla enorme.

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece la verificación aleatoria de las declaraciones que presentan los servidores públicos, pero sin establecer criterios para determinar arbitrariedades; es decir, esto que están peleando ustedes y que nosotros estaríamos en contra de que se hagan todas las declaraciones y todo lo que ustedes pidan, de acuerdo, pero se les olvida cuál es el mecanismo del manejo de esa información, pero eso no lo dicen, es lo que nos va a salvar para siempre.

Nada más que para seleccionar y analizar a los funcionarios van a usar un criterio aleatorio que no está regulado, un criterio aleatorio significa que puede la autoridad o el secretario, lo que sea, atacar a los funcionarios inaceptables para ellos.

Este es el problema, esta gran solución, realmente maravillosa que nos conmueve hasta las lágrimas de lo que aquí se ha dicho, 3 de 3, lo van a analizar eso, esos son los que lo van a analizar, ellos son los que van a calificar, ellos son los que lo van a hacer público, ellos son los que no lo van a hacer público, ellos son los que manejan todo, ese sistema tramposo, circular, que no va a permitir que esa solución maravillosa de 3 de 3, que sí, que se sepa todo, claro que se sepa todo, pero que se sepa todo sin esto que lo van a tapar todo, como lo han tapado todo este tiempo, y por eso hemos llegado a ser el país calificado como de los más corruptos del mundo.

Esta no es la solución, es una simulación.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Toca ahora el turno de la tribuna al Senador Raúl Gracia Guzmán, para argumentar a favor de este proyecto de Decreto.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Dice un dicho popular que: "el amor, lo tonto y el dinero no se pueden esconder".

Y aunque técnicamente o por falta de voluntad de los órganos competentes no se ha llevado a la justicia a los políticos corruptos, los ciudadanos sí ven que en la política hay corrupción y nos exigen, con esta iniciativa ciudadana, que la acabemos.

No es este dictamen, esta ley, un fin, es simplemente un medio, y hoy nos encontramos con la disyuntiva que tenemos que explicarle a la ciudadanía lo que los políticos a veces con dificultad podemos entender, pero que quienes hemos estado en la oposición hemos tenido que luchar en contra del sistema que es un sistema de ya casi un siglo que no deja de existir, y que únicamente permite avances a contra corriente en lo que en Acción Nacional hemos denominado el gradualismo político. Pero hoy cómo le vamos a explicar al ciudadano que firmó por esta iniciativa, que lo que se pudo conseguir es simplemente lo que en el consenso nos pudo conceder el grupo con mayor número de Senadores en este Senado.

Lo que nos reclama, lo que nos exige la ciudadanía es justicia, nos exige que acabemos con las redes de corrupción, que les demos transparencia plena; y con el artículo 29, como lo están proponiendo, no se da esa transparencia plena.

Por eso el gran debate de este dictamen será el artículo 29, el voto en lo general puede indicar algo, pero lo que va a definir quién es quién respecto al reclamo ciudadano, es esta decisión.
Y para acabar con la corrupción, como mencioné, que no es más que un sistema, hay que tapar la entrada y la salida, y aquí nada más estamos buscando tapar uno de estos orificios de estas fugas que tanto daño le hacen a nuestra sociedad, a nuestro país.

¿A qué me refiero? Sí, los políticos, los servidores públicos, tendremos que emitir nuestras declaraciones 3 de 3, tendremos que ser transparentes en esta visión corta de la que algunos quieren generar.

Pero qué pasa con los empresarios quienes se hacen millonarios con concesiones, con licitaciones, con obra públicas, que son quienes corrompen muchas veces o corrompen en sinergia uno al otro, políticos y dueños del dinero, ahí no hay exigencia alguna.

También se presentó una reserva en este sentido, y creo que si queremos darle a la ciudadanía una herramienta íntegra y cabal, tenemos que adicionar estos dos puntos, apertura plena y tapar los dos orificios.

Ya no estamos en los 70's y en los 80's, donde la corrupción era rascarle al cajón; hoy la corrupción se genera con negocios que se hacen desde el servicio público con particulares, si no tapamos ambos orificios seguiremos con estas fugas que tanta pobreza y miseria genera a nuestro país.

Cuando hagan campaña y un ciudadano les diga que no le alcanza con su pensión, que el servicio del IMSS es poco viable para garantizar su salud, recuerden si tapamos o no tapamos este daño sistemático de corrupción.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Gracia Guzmán, gracias por su brevedad, también.

Toca ahora el turno del Senador Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy vengo a esta tribuna para señalar los motivos por los cuales mi voto será a favor del presente dictamen, para expedir una Ley General de Responsabilidades Administrativas que contribuya a dar vida a un sistema que ha sido pensado con una causa final: combatir la corrupción como un mal que ha causado tanto daño al bienestar de tantas y tantas generaciones de mexicanos.

Sin duda, es nuestro deber atender con urgencia este mal que desafortunadamente ha dejado de ser ajeno a todos los estados y rincones que forman nuestro país, un mal que a través de todas sus formas, de manifestaciones y que junto con un elemento de impunidad que lo acompaña siempre, se ha traducido en mayor desigualdad, menos inversión, mayor desconfianza en nuestras autoridades, mayores niveles de violencia y en menor desarrollo para un sinnúmero de hogares en todo el territorio nacional.

Por ello, hoy mi voto es a favor de contar con leyes que puedan garantizar la coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción; llevar a cabo la fiscalización y control de los recursos públicos para que cuando estos no sean destinados a los fines apropiados realmente exista una consecuencia para quienes resulten responsables.

Represento a Coahuila, una entidad en la que sus ciudadanos han tenido que padecer actos de corrupción e impunidad que les han implicado destinar cada vez una mayor parte del producto de su trabajo al estado, sin que ello se traduzca en mejores servicios, en mayores beneficios o en mayor bienestar para sus hijos y sus familias.

Por ello, mi voto el día de hoy no puede dejar de ser a favor de brindarles mayores herramientas para exigir que la autoridad prevenga y sancione el uso y el abuso de poder sólo para un beneficio privado, de brindarles también mayores mecanismos de prevención como lo será el registro y el seguimiento de la evolución patrimonial de cualquier funcionario público.

En este sentido, y como fue manifestado ya en comisiones, impulsaremos la propuesta de modificación, en una reserva, para que las declaraciones persigan el principio de máxima publicidad, tal y como fue contemplado en la iniciativa ciudadana 3 de 3.

Mi voto es también a favor para que estas leyes signifiquen un compromiso ineludible por parte de las autoridades que habrán de garantizar su aplicación con efectividad.

De nada sirve prever obligaciones, procedimientos, conceptualizar actos de corrupción, mecanismos de prevención y de sanción, si no existe voluntad por las autoridades para hacer cumplir la ley.

Voto también por esto signifique la voluntad y la responsabilidad de perfeccionar los mecanismos y las políticas públicas que nos permiten atender el problema de manera integral.

Como se ha dicho ya, y como se ha reflejado en este dictamen, un diagnóstico acertado de este mal que aqueja al país debe necesariamente partir de la premisa de que la corrupción ni empieza ni termina en el sector público, sino que también se alimenta de los intereses del sector privado que incurren en este tipo de actos.

Tan sólo para el año 2010, el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno reportaba alrededor de 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades, pero también administrados por particulares, lo mismo reflejan los datos que indican que las empresas mexicanas se encuentran entre las que más gastan en actos de corrupción a nivel internacional.

Por ello, sin duda lo que hoy se nos pone a consideración resulta un gran avance, pero también considero que nos queda como pendiente brindar mayores herramientas para garantizar que la propia sociedad pueda ejercer una vigilancia de la actuación de los funcionarios y todos aquellos que tengan a su cargo el manejo de los recursos públicos.

Sólo así, compañeras y compañeros Senadores, podremos abonar a la corresponsabilidad que debe existir entre el gobierno y sociedad para enfrentar la corrupción que tanto lastima a nuestro país.

En conclusión, mi voto es a favor de dar un paso más en un camino que nos exige emprender para evitar que la corrupción y que los recursos públicos sólo sigan beneficiando a unos cuantos a costa de la mayoría de los ciudadanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Salazar Fernández.

Informo a la Asamblea que se recibieron los textos de las intervenciones de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama y de los Senadores Benjamín Robles Montoya y Jorge Toledo Luis, los cuales se integrarán al Diario de los Debates.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Jorge Toledo Luis: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para argumentar en contra del proyecto de Decreto.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente.

Cito a Kiraitu Murungi, un ex ministro de justicia de asuntos constitucionales de Kenia:

"Es verdad que la corrupción es endémica en nuestra sociedad, ha quitado medicinas de nuestros hospitales, ha quitado libros de nuestras escuelas, ha quitado alimentos a familias golpeadas por el hambre, ha destruido nuestros caminos y nuestra agricultura, ha eliminado industrias, ha falseado nuestras elecciones, destruido nuestra policía, ha dejado en libertad a personas culpables, ha robado, saqueado y dilapidado nuestros recursos, la corrupción ha matado y deshumanizado a nuestro pueblo, así de grave es la corrupción y así de grave deberían ser las medidas para combatirlas".

Una de las preguntas más recurrentes en nuestra economía en los últimos 20, 30 años, es: ¿por qué no crecemos? Y se vuelve un misterio, dado que de 1982 a la fecha hemos cumplido con todas las recomendaciones que nos señalan los organismos internacionales: apertura económica, reducción de las actividades del Estado en la economía, aumento de la participación privada en sectores estratégicos, la autonomía de algunas instituciones como el Banco de México o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reformas fiscales, reformas al sistema de pensiones, regulación de mercados para incentivar la competencia, privatización de sectores estratégicos de recursos naturales, en fin, tal vez ningún país en el mundo ha cumplido de manera tan ortodoxa las recomendaciones de los organismos internacionales.

Sin embargo, seguimos sin crecer, y seguimos buscando las respuestas en más reformas. Dice el Secretario General de la OCDE: "Ante la falta de crecimiento, reformas, reformas y más reformas".

Pero tal vez llegó el momento de que pensemos cuál es la reforma que nos falta para que nuestra economía pueda crecer.

Dice el reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, el último, que la corrupción afecta a todos, la corrupción aumenta la informalidad, baja la competitividad, mina el estado de derecho, aumenta la pobreza, reduce la capacidad del gasto, aumenta la desigualdad, aumenta la impunidad, baja la calidad de la educación, impide una justicia eficaz y destruye el medio ambiente.

Es decir, el problema endémico de la corrupción es que no permite que nuestro país avance, no es una cuestión nada más de algunos funcionarios, sino que tiene una dimensión mayor que convierte a la corrupción en el principal problema de nuestro país; y por su carácter sistémico y endémico, se vuelve difícil de combatir, porque es el propio sistema el que lo protege.

La corrupción es el abuso de confianza pública con fines privados. Cuando un individuo abusa de la confianza pública que se le otorga para servir a sus propios intereses o aquéllos del grupo al que pertenece, debe ser severamente sancionado.

Esta debería ser la premisa de todo el sistema que se está construyendo el día de hoy, pero además debemos tener en cuenta que no habrá resultados de largo plazo y consistentes si no avanzamos en los pendientes que tiene México.

La corrupción, calcula el Banco Mundial, en México equivale al 9 por ciento del PIB. Este es el tamaño de la recaudación fiscal del país, y cancela nuestras posibilidades, como ya lo dije, de combatir la desigualdad, de evitar que aumenten las ganancias, de la violencia, el crimen, genera precarización de la economía, aumenta la informalidad, desincentiva la inversión, hace de la legalidad una excepción y mina la legitimidad y el estado de derecho.

Es importante que participe la sociedad civil en un problema como éste, es difícil que el propio sistema político logre su transformación, de ahí la importancia de la Ley 3 de 3.

¿Por qué es importante la Ley 3 de 3? Es claro que no es una solución única, ni la varita mágica para lograr un eficaz combate a la corrupción en nuestro país, no es suficiente la Ley 3 de 3.

Sin embargo, ¿por qué es importante? Porque en México es tan grave la corrupción que este tema no permite avances graduales. Tiene que haber una medida radical que cambie por completo los incentivos de los funcionarios públicos y de las empresas privadas. No hay gradualismo en esta materia, cualquier gradualismo es simulación.

¿Por qué es importante la Ley 3 de 3? Porque viene de una petición ciudadana y una parte de la sociedad, es una exigencia de la sociedad civil organizada.

Y en una respuesta positiva a la Ley 3 de 3, yo estoy seguro que independientemente de lo que logre significar 3 de 3, sí detonaría una participación ciudadana mucho más abierta, mucho mayor y más comprometida con el tema anticorrupción.

Es una victoria que necesita la sociedad civil para generar una corriente irreversible de opinión, de participación política, que nos lleve a una dinámica social para lograr erradicar este cáncer.

Difícilmente el Sistema Político Mexicano se abrirá por completo al combate a la corrupción si no hay una fuerza ciudadana que lo impulse. Necesitamos que la Ley 3 de 3 sea una victoria ciudadana irreversible.

¿Por qué la discrecionalidad en la publicidad de las declaraciones, si el problema que tiene el sistema político y los políticos es de confianza? No puede haber ahí ningún tipo de matiz.

También quisiera decir algo respecto de las sanciones para las empresas.

Antes quiero decir que el Sistema Nacional Anticorrupción va a generar muchos datos, mucha información, como está previsto. Pero la importancia es qué va a pasar con esa información, si va a tener consecuencias jurídicas reales.

Los hechos de corrupción podrán ser faltas no graves que sancionará el Órgano Interno de Control, o en faltas graves las sancionará el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por ejemplo, el caso que estamos viendo, si no se presentan las tres declaraciones, se sancionará con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas como una falta no grave. Si hay discrepancias en la información y la realidad patrimonial, por ejemplo, se podrá determinar una falta grave cuya sanción más importante es la sanción económica hasta por dos tantos del beneficio obtenido y la indemnización por daños y perjuicios.

Si participa un particular, la sanción es que no se podrá participar en contrataciones públicas hasta por ocho años.

¿Por qué no hay sanciones mayores a las empresas privadas?

Por ejemplo, que en caso de que tengan una concesión, la pierdan, que haya una revocación del contrato, que haya una intervención inmediata de la Secretaría de Hacienda a esa empresa; y que en el caso de que esté en la Bolsa Mexicana de Valores, deje de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.

Tiene que haber sanciones mayores a los privados, así como sanciones mayores a los servidores públicos. Pero lo que tenemos que cambiar son los incentivos.

Debe ser tratada la corrupción como un tema de delincuencia organizada, porque nuestro país así es.

Me parece que nos falta también medidas que puedan romper, de manera contundente, actos de corrupción que vienen desde arriba del poder. En México seguimos con la protección constitucional al Presidente de la República para que no pueda ser enjuiciado por escándalos de corrupción.

Acabamos de vivir una experiencia en un país vecino, cómo se constituyó una comisión de alto nivel con carácter internacional para que pudiera ser investigado un escándalo de corrupción que conducía al Presidente de la República. Con las instituciones prevalecientes en ese país era imposible que pudieran tener un juicio neutral y eficaz para este caso.

Ahí funcionó de manera muy eficaz que llegara esta comisión internacional y el Presidente de la República está en la cárcel. Si en México el Presidente no puede ser investigado, difícilmente vamos a terminar con la corrupción.

Aquí hay un área de oportunidad importante, que en esta ley se pueda abrir la posibilidad de que tengamos una comisión de alto nivel para grandes escándalos de corrupción con carácter internacional que pueda juzgar a todos los funcionarios, incluyendo al Presidente de la República.

El tema de la corrupción es tan grave y está tan protegido por el sistema político que me parece que no va a ser suficiente lo que estamos aprobando el día de hoy para pensar que nuestro país va a cambiar de la noche a la mañana. El esfuerzo que nos falta hacer todavía para que esto cambie apenas está empezando.

Quiero, por último, felicitar a la sociedad civil, a quienes participaron para impulsar esta medida. Creo que hoy nos vamos a quedar en deuda con ellos y ojalá no se desanimen, y ojalá esto sea el principio de una acción social mayor que nos lleve a erradicar el cáncer mayor de nuestro país, que es la corrupción.

Gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Senador Romero Hicks, ¿con qué objeto?

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Denunciar una situación que me preocupa mucho, y qué bueno que está aquí el Senador Gamboa, le pido que me escuche.

Me informan que están sesionando las comisiones unidas para ver el tema de Mando Mixto. Yo no he recibido una convocatoria, soy miembro de la Comisión de Estudios Legislativos.

Y anoche el Senador Gamboa me invitó para que fuese a las comisiones unidas, más allá de sus formalidades, porque él lo hizo como una invitación. Me parece que hablando aquí de anticorrupción, y están convocando a reunión, perdón, están reunidos sin convocatoria, nulo.

A mí me parece muy grave y quiero que se tome nota para que se corrija. Estamos hablando de buena fe y reconociendo cosas, y estamos a espaldas discutiendo casi a la media noche un tema de la mayor importancia y varios colegas están conspirando de otra forma.

Explíqueme, por favor.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Gamboa.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Senador Enrique Burgos, convocó en la mañana a ocho comisiones que están viendo Mando Mixto. Es un trabajo no nuevo, tiene un año ocho meses en este Senado y no hemos podido aprobarlo.

Tiene razón el Senador Romero Hicks que están sesionando, ya se terminó de sesionar, ya están aquí, se está hablando de esto. Hemos escuchado con enorme paciencia, yo he estado la gran mayoría del tiempo escuchando a los compañeros del PAN, a los compañeros del PRD, a los compañeros del PT, del Verde y del PRI, el tema importante y el que nos estamos en este momento abocando, que es anticorrupción.

¿Qué quiero decir? Que nadie puede mandarle un mensaje al Senado de la República, que por Acción Nacional no se va a ver el Mando Mixto. Aquí mandan 128 Senadores y la mayoría tomará la decisión.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Gamboa Patrón.

Vamos a continuar.

Sonido en el escaño del Senador Yunes Márquez.

El Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo soy Presidente de la Comisión de Justicia, una de las ocho comisiones a las cuales les corresponde dictaminar el tema de Mando Mixto. En ningún momento, como Presidente de la Comisión de Justicia, yo convoqué a los miembros de las mismas a que sesionáramos en ella.

De igual manera, las secretarias de la comisión en ningún momento, en ausencia o suplencia mía, han convocado.

Hoy, en la actitud que más porril, por así decirlo, del más antiguo PRI, que pensé que nunca más íbamos a ver en este Senado, han violentado absolutamente todos los reglamentos y hecho una sesión totalmente ilegal.

No hay ninguna manera de que la Comisión de Justicia haya votado ahí, cuando el presidente, de acuerdo al artículo 130 del Reglamento del Senado, como queda perfectamente, es quien tiene que convocar a que haya sesión de comisión.

El Senador Burgos no puede convocar por las otras siete comisiones, él solamente puede convocar por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero en ningún momento puede convocar por la presidencia de la Comisión de Justicia, las secretarias de la misma no lo hicieron, aquí está la Senadora Pilar Ortega que es integrante de la comisión y en ningún momento recibió ninguna notificación de que teníamos que sesionar.

Es totalmente una violación al Reglamento del Senado de la República, que reprobamos.

Yo le pediría a la Mesa Directiva que no acepte ningún dictamen que se haya tomado en esta sesión, supuestamente de comisiones, totalmente contraria al Reglamento del Senado de la República.

Es una petición formal del grupo parlamentario de Acción Nacional, que la Mesa Directiva no violente los reglamentos del Senado y que no acepte ningún documento que haya salido de ésta, en virtud de que como Presidente de la Comisión de Justicia, en ningún momento convoqué y no hay razón para que se tome una votación como válida por parte de esta comisión.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente, creo que no es tema, estamos tocando el tema anticorrupción.

Si ellos están preocupados con lo que publicaron el día de hoy en los medios de comunicación, que el PAN detenía el Mando Mixto, que sigan preocupados, aquí mandan 128 Senadores y no manda un partido. Vuelvo a repetirlo, eh.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Fernando Herrera.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Con profundo respeto a los compañeros Senadores, lamento profundamente la actitud de provocación del Partido Revolucionario Institucional.

Invito al Senador Gamboa, a no emitir esos comentarios que enfrentan y que dividen, sino encontrar los puntos de coincidencia.

El único camino que se debe de seguir aquí es el de la legalidad exclusivamente.

Queremos invitarte, Senador Gamboa, Senadores del PRI y de todos los partidos políticos, a que lo único que mande aquí sea la legalidad y la razón, no la provocación.

Vamos por el camino de la legalidad y te pido recomponer el camino en aras de que la cordialidad, el buen desempeño y el buen trato que se ha tenido se mantenga.

Vamos a respetar los cauces legales y, desde luego, darle a cada quien el espacio, la discusión que se está solicitando.

Lamento profundamente que la palabra empeñada no se haya respetado.

Lo único que puede tener un político es precisamente el respeto a esa palabra que se ha dado.

Hemos platicado y hemos avanzado, y hoy yo quiero proponerle al Senador Gamboa, vamos a rectificar el procedimiento, a dar el espacio y generar con visiones de diálogo para seguir transitando.

Yo te lo pido directamente, Emilio, vamos haciéndolo por el bien del Senado de la República, por el bien y el entendimiento de las diferentes fracciones parlamentarias.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente, con mucha atención escucho a mi colega, el coordinador de Acción Nacional.

Respetaremos la legalidad, la Mesa Directiva tendrá que dictaminar si procede o no procede y el Pleno tomará la decisión.

Primero escucharé qué trae el Presidente de la Comisión Puntos Constitucionales, que fue el gran coordinador de ocho comisiones.

Entiendo perfectamente que Acción Nacional no quería discutir Mando Mixto, después de lo que pasó en las pasadas elecciones.

Las pasadas elecciones tuvieron un triunfo y han sido respetados.

Yo respetaré la legalidad, como lo he hecho; respetaré el diálogo, como lo he hecho y privilegiado.

No he hecho nada en tres años ocho meses, más que estar dialogando con mis compañeros coordinadores, con el coordinador del PRD, del PAN, del PT, que no está ahorita, y del Verde Ecologista.

Yo le ruego que sigamos con el tema, vendrá el Senador Burgos, no tienen por qué cambiar de tema.

No vamos a violentar la legalidad, de ninguna manera, no lo hemos permitido, ni cuando fue Presidente el Senador Cordero, ni cuando fue Presidente el Senador Cervantes, ni cuando fue Presidente el Senador Barbosa, ni cuando hoy usted preside dignamente la Mesa Directiva.

Yo le pido que sigamos el tema y discutiré con el coordinador.

No tengo ningún problema y no le di mi palabra que no íbamos a ver Mando Mixto, le dije que tenía que hacer una consulta, la consulta llegó y me dijeron mis compañeros: procedamos el Mando Mixto.

Tiene razón el Presidente de la Comisión de Justicia, si él la convocó, estuvieron presentes las dos secretarias que no convocaron, es correcto. Veamos qué procede, pero yo le ruego que sigamos con el tema anticorrupción.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Voy a escuchar las intervenciones del Senador Manuel Cárdenas Fonseca y del Senador Raúl Gracia, y posteriormente esta Mesa Directiva reconducirá el debate.

Sonido en el escaño del Senador Cárdenas Fonseca.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo saber si cuando en el desarrollo de una sesión sometí un tema a consideración del Pleno y estando ya en la votación, ¿éste se puede suspender? Hasta donde yo sé no.

Y ahí me gustaría me ilustrara respecto si cambió el procedimiento. Ahora, entonces mi petición muy respetuosa es que se concluya el tema que está siendo sometido y que ya se inició la votación en lo general y que está en discusión en lo particular para que una vez concluido demos paso a lo siguiente, no creo prudente estar suspendiendo un tema como este que ya está en su etapa de votación para dirimir criterios distintos respecto de otro tema, que es un hecho futuro de realización incierta su atención.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Raúl Gracia.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) No solamente es la Comisión de Justicia, también la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, que tampoco convocó ni a través de su presidencia, ni a través de su mesa directiva a esta sesión.

Además, todavía más violatorio y más pareciese que buscando evitar la participación de Acción Nacional en este debate, a no ser que le tienen miedo, lo hacen mediante la discusión de un tema de la mayor relevancia, algunos inclusive estábamos utilizando la tribuna en ese momento.

Yo le solicito a la Mesa Directiva que no se tenga por presentado un dictamen por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, y en consecuencia, no se ha completado el trámite legislativo.

Yo, con mucho gusto, en fecha posterior, convocaré a la comisión para que el dictamen de la comisión coordinadora, no manda, no se supedita, no se sustituye en el resto de las comisiones ha tenido a bien aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero en el resto de las comisiones, si no fueron convocadas no se puede tener constituido su rol y su trabajo en base.

Estas dos legislaturas se han basado en el diálogo y en el consenso en comisiones, que es lastimoso que otros dos grupos parlamentarios hayan violentado esta práctica que tanta armonía y tanta sinergia ha generado este Senado.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Mesa Directiva no ha recibido ningún dictamen.

En consecuencia, no puede calificar la legalidad reglamentaria sobre pieza legislativa alguna; en el momento que esta Mesa Directiva lo haga, se analizará, se discutirá y se analizarán las condiciones de legalidad de dicho dictamen en el momento en el que se recibe.

Estamos a la mitad de un procedimiento, estamos específicamente en la discusión en lo general de un dictamen, no estamos en condiciones de interrumpir dicho procedimiento.

Vamos a seguir con la discusión en lo general del dictamen en la parte correspondiente a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cualquier diferendo sobre la legalidad del dictamen que, en su caso, se presente, habrá el momento para discutir procedimentalmente si es correcto o no.

No es el momento procesal oportuno para hacer consideraciones reglamentarias en un dictamen que no ha sido presentado a la Mesa Directiva.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle…

¿Con qué objeto, Senador Lozano?

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Bueno, para hacer también una precisión del Reglamento del Senado que no se está respetando.

Dice el artículo 138, numeral 2. "Las reuniones de las comisiones se convocan en horas diferentes a las de las sesiones del Pleno. En las convocatorias se especifica el carácter público o privado de las reuniones. De ello se notifica a la Mesa."

El siguiente apartado, numeral 3, dice: "En casos urgentes o excepcionales el Presidente de la Mesa puede autorizar que se convoque a reunión de comisión simultánea al desarrollo de sesiones del Pleno".

Es decir, esto es suficientemente importante, esta discusión en el Pleno para que estemos todos perfectamente reunidos aquí sin que se desahogue nada en paralelo.

Entonces, simplemente démosle la importancia, ya de por sí se está discutiendo en la madrugada este asunto, es una irresponsabilidad, pero debiéramos estar haciendo las cosas en el Pleno.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Vuelvo a insistir, no estamos discutiendo en este momento las condiciones de legalidad de dictamen alguno, no es ese el debate, no estamos analizando el dictamen ni sometiéndolo a votación o a discusión. En este momento estamos analizando, discutiendo y votando un dictamen enteramente diferente.

Cuando a la Mesa Directiva se le presente formalmente el dictamen, se analizarán sus condiciones de legalidad y, eventualmente, presentarse en el Pleno, podrán discutirse sus condiciones, no es este el momento reglamentario respectivo.

Sonido en el escaño de la Senadora María del Pilar Ortega.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: (Desde su escaño) Señor Presidente, para insistir en que sí se suspenda este debate hasta en tanto no resolvamos esta situación que realmente es muy lamentable, porque no tenemos ningún precedente de esta magnitud, en donde violándose todas las reglas procesales que tenemos que cumplir como Senado, pues se realizan comisiones totalmente por encima de sus mesas directivas y sin siquiera convocar a los integrantes de las mismas, con un tema tan delicado.

Y además, como ya lo dijo el Senador Lozano, cuando al mismo tiempo, en este Senado, se está debatiendo tal vez una de las reformas de mayor envergadura en la historia de este Senado y tal vez una de mayor importancia en los últimos años en nuestro país.

Entonces, considero que sí es suficientemente importante este tema para plantearlo a la Mesa Directiva y para pedir que se suspenda ese procedimiento violatorio y se reponga.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Ortega, no puedo suspender un procedimiento que no ha sido del conocimiento de la Mesa Directiva.

La Mesa Directiva no tiene conocimiento formal de ningún dictamen, no lo hemos recibido. No puedo suspender un procedimiento que no existe.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Cárdenas Fonseca.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo insistiría que estamos en un tema iniciado, y que el mismo no puede ser suspendido porque ya fue sometido a consideración del Pleno.

Le ruego, señor Presidente, que concluyamos el tema iniciado para no estar argumentando una ilegalidad que todavía no se actualiza, en tanto esa Mesa Directiva no conoce de él.

Por cuanto a que, por otra parte, lo que sí está actualizado, es que ya estamos discutiendo un dictamen que fue sometido a nuestra consideración y que parte de él ya está votado y estamos en tránsito de concluir la votación correspondiente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Continuamos con la discusión en lo general del dictamen.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del mismo.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Vengo a hablar a favor del presente dictamen del lado de la ciudadanía.

Estamos por aprobar este conjunto de leyes que nos compromete con acabar con el terrible fenómeno de la corrupción.

Acción Nacional compartió y respaldó la preocupación de detener este mal desde antes de la presentación de la iniciativa ciudadana denominada Ley 3 de 3. Trabajamos en fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, ya que estamos convencidos de que la transparencia será siempre una herramienta que le permitirá al ciudadano observar y vigilar la conducción de cualquier servidor público.

Este aparato legislativo integra el invaluable ímpetu ciudadano para lograr que los actos de corrupción se castiguen y persigan como cualquier delito que vulnera la estabilidad social, respondiendo al hartazgo ciudadano al ver como parte de la normalidad diaria y cotidiana el lamentable fenómeno de la corrupción.

Estos productos legislativos procuran que cada palabra esté redactada con la intención de crear un método claro y objetivo que realmente resuelva el grave problema de la corrupción.

Los servidores públicos no dejan de ser personas y sus garantías individuales deben de ser respetadas, a fin de que el proceso que se siga en su contra no se caiga por cuestiones procesales y no se atente contra la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quienes cometen actos de corrupción deben ser castigados y suspendidos de su labor, es el único camino que tenemos para erradicar este problema tan dañino para nuestra sociedad.

Ahora bien, la corrupción es un fenómeno que se replica desde las esferas públicas hacia las privadas, y la solución debe ser institucional, legal y definitiva.

No podemos seguir permitiendo que actos ilegales, que pueden ser evitados, sigan afectando de esta manera a nuestro país.

Es por ello que consideramos que la corrupción no está delimitada al servicio público.

El enriquecimiento ilícito con recursos públicos incluye también a las asociaciones, sindicatos u organizaciones de naturaleza análoga que tengan a su cargo la asignación, administración y ejecución de este fondo público.

Por ello, ya escuchamos al Senador Gracia, al Senador Salazar, Hace unos momentos, bueno, hace varias horas, se escuchaba también por primera vez este tema, por parte del Senado Encinas, donde esta ley, este sistema todavía está incompleto y puede ser mejorado, porque, pues todas las personas que tengan acceso a recursos públicos deben de formar parte de este sistema.

Y permítanme darles algunos ejemplos que me parecen muy importantes, de uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial, se trata de Ruchir Sharma, identificó la relación que existe entre la acumulación de la riqueza de unos cuantos ligado con la relación contractual que se tiene con los gobiernos.

Es decir, según el escritor, la manera más segura de hacer una gran fortuna es construyendo una relación estrecha con el gobierno.

De acuerdo al último libro de este gran economista, se llama "The rise and fall of nations", cataloga a las nuevas generaciones de millonarios en el mundo, los que acumulan riquezas superiores a los mil millones de dólares, y los cataloga por país, como buenos y malos.

¿Y a qué se refiere esta categoría? A aquellos que acumulan o amasan sus fortunas a través de los inventos, a través de las nuevas tecnologías, a través de descubrimientos; y a los otros, que gran parte de las fortunas que han acumulado es a través, ya sea de sus empresas o de ellos mismos, con contratos con los gobiernos o con contratos relacionados con dinero público.

Y permítame darle algunos datos, estos porcentajes que les voy a decir de los malos millonarios así catalogados:

Australia 45%, muy alto, Canadá 11%, Francia el 5%, Alemania el 1%, Italia el 3%, Brasil el 5%, China el 27%, India el 31%, Indonesia el 12% y México 71%.

Creo que los datos hablan por sí solos.

En nuestro país estamos ávidos de inversiones y generar confianza y certidumbre para todas las empresas, que necesitamos que esos flujos se vean reflejados en nuestra economía, pero para poder contar con esos modelos de confianza y certidumbre es necesario que los contratos, las licitaciones y las concesiones también estén apegados y observados mediante ese Sistema Anticorrupción.

Hoy por hoy los criterios internacionales respecto a las mejores prácticas que deben cumplir las empresas son relativas a la organización interna, revelación de intereses, normas y procedimientos y los controles contables internos que ayuden a prevenir y detectar los actos de corrupción.

Esta tendencia internacional debe estar contenida en esta ley de vanguardia, ya que la relación gobierno-iniciativa privada ha caminado de la mano para construir grandes obras en pro de la población mexicana.

Es así que con una Ley General de Responsabilidades Administrativas que obligue a las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal sean presentadas también por las organizaciones privadas que reciban recursos públicos promoverá identificar plenamente al beneficiario y así también observar la evolución de esos ingresos.

Es por ello que el Sistema Nacional Anticorrupción nacerá muy pronto, pero es necesario que nazca completo, que nazca fuerte y contando con todos los elementos para que verdaderamente se combata a la corrupción y así se cumpla, de verdad, con esta exigencia de las y los ciudadanos, poniéndonos a la altura de las soluciones a estas exigencias.

Yo quiero reconocer también, aprovechando el debate que teníamos, la labor que ha desempeñado en el desenvolvimiento de todo este proceso y en el cauce de todas estas leyes, al Senador Roberto Gil y a la Mesa Directiva, me parece que hemos podido debatir y hemos podido identificar cuáles son las enormes coincidencias que nos llevan a aprobar todos y cada uno de estos dictámenes. Pero generemos un sistema que castigue a los corruptos, acabemos para siempre con el famoso diezmo, con el 10% que a muchos funcionarios ha beneficiado de manera ilegal, pero este sistema, insisto, estaría incompleto si dejáramos fuera al 90% restante.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Lavalle Maury.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a favor del dictamen.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

El combate a la corrupción es un asunto de primera importancia para la sociedad y el Estado mexicano.

En el Poder Legislativo, y en específico en el Senado de la República, se ha demostrado un serio compromiso para concretar las leyes que les den dientes, atribuciones, al Sistema Nacional Anticorrupción. Prueba de este compromiso es la presentación de este dictamen para la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estamos ante un momento histórico para este Senado.

Este dictamen es producto de un esfuerzo ciudadano ejemplar, como nunca lo habíamos visto, y su base fue precisamente la iniciativa conocida como Ley 3 de 3, presentada por un colectivo de organizaciones sociales y académicas.

La realidad democrática en nuestro país está abriendo cada vez más canales formales de participación ciudadana, y este esfuerzo demuestra la importancia de contar con una ciudadanía más activa y propositiva.

Reconozco y felicito a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, por su apertura para trabajar este tema tan delicado de manera pública y transparente, es la primera vez que este Senado trabaja bajo las reglas del parlamento abierto, mismo que fue impulsado por el sistema de transparencia.

Y en este contexto democrático, en el PRI estamos convencidos de que nuestra obligación es trabajar de cara y de la mano con la sociedad, y así lo hicimos durante todo el proceso de elaboración de la legislación secundaria en materia de anticorrupción.

Resultado de todo este ejercicio de diálogo, el presente dictamen establece principios, bases y procedimientos para la prevención, detección, investigación, sanción y erradicación de la corrupción en el servicio público.

Representa un cambio de paradigmas que coadyuvará en la construcción de una nueva cultura anticorrupción dentro de la función pública, así como a la ampliación de los mecanismos de investigación de los hechos de corrupción.

Debemos reconocer que erradicar la corrupción implica no sólo un cambio estructural en la forma de gobernar, implica también un cambio a nivel social para cerrarle el paso desde todos los frentes. Este dictamen contempla responsabilidades administrativas no sólo para los servidores públicos, sino también para las personas físicas o morales que vulneran la ley, de modo que la corrupción se combate desde todos los frentes sin dar lugar a la impunidad.

Establecen las conductas relativas, primero, a hechos de corrupción; segundo, a conflicto de intereses; tercero, desvío de funciones; cuarto, enriquecimiento ilícito y, además, brinda la oportunidad a la ciudadanía de participar activamente en el combate a la corrupción a través de la denuncia en completa confidencialidad.

Establece las sanciones a particulares en caso de faltas graves, los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes.

Plantea que todo ente público establezca políticas de ética y responsabilidad en el servicio público.

Los servidores públicos deberán anteponer los intereses colectivos por encima de los particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

Contaremos con autoridades competentes e independientes para interpretar y aplicar la ley, así como mecanismos de prevención y rendición de cuentas.

Se dará puntual seguimiento y publicidad a la evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de servidores públicos.

Establece las faltas administrativas graves de los servidores públicos, tales como cohecho, peculado, enriquecimiento oculto u ocultamente de conflicto de interés, tráfico de influencias, entre otros.

Cuando se trate de faltas administrativas graves o falta de particulares, el plazo de prescripción será de siete años, vuelvo a señalarlo, será de siete años, contados en los mismos términos de lo que señalé anteriormente.

El progreso político, económico y social de México depende, en gran medida, del combate a la corrupción y un alto a la impunidad.

El combate a la corrupción no es ni debe ser una moda, es un asunto estructural y de fondo que estamos abordando con visión de corto, mediano y largo plazo, y es un tema que va a requerir de la participación de todos los sectores de la sociedad para tener éxito. Nadie puede quedar excluido, la corrupción no solo afecta las relaciones y la convivencia entre la sociedad mexicana, sino que también daña las instituciones, el estado de derecho y los principios fundamentales de la democracia.

Este proceso no termina hoy en el Poder Legislativo, ni mañana, ni pasado, la implementación nos va a corresponder a todos y debemos responder a esta altura de miras.

Es el momento de actuar todos los mexicanos, todos estamos llamados a poner un alto a la corrupción y decir: ¡ya basta a la impunidad!

Por eso, en el grupo parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor de la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual ,sin duda, va a construir una base sólida y coadyuvante en el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Informo a la Asamblea que se recibió el texto de la intervención del Senador Carlos Alberto Puente Salas. Insértese íntegramente en el Diario de los Debates.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del proyecto.

El Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

A lo largo de esta noche, hemos escuchado diferentes tonos y diferentes objetivos del debate que se ha dado en esta tribuna; me parece, sin duda alguna, que eso es justamente una característica de los parlamentarios.

Algunos han venido a hacer debates políticos, algunos han venido a hacer debates electorales, algunos han venido a hacer debates técnicos.

Como presidente de una comisión, estoy obligado a hacer un debate técnico, apartado de la parte política y de la parte electoral, eso ya pasó.

Vengo a aclarar algunos puntos que se han dicho en esta tribuna.

Se ha hablado de que no existe un esquema de protección a testigos. Se ha dicho aquí que la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en Procedimientos, Penal, textualmente se ha dicho así, que es una ley específica para delincuentes arrepentidos. Nada más lejos de la realidad.

Lo que corresponde es hacer la revisión puntual de esta ley; lo que corresponde es revisar quiénes son las personas que pueden ser protegidas. Y el artículo 15 de este ordenamiento habla de las víctimas, de los ofendidos, de los testigos, de los testigos colaboradores, de los peritos, de los policías, de los Ministerios Públicos y de quienes hayan colaborado eficazmente en una investigación o en un proceso. Y ahí mismo se establecen las medidas de asistencia que se pueden dar, ya sea asistencia de tratamiento psicológico, médico o sanitario, asistencia en asesoramiento jurídico gratuito, también protección con seguridad, apoyo económico para el alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables. Es decir, tenemos un ordenamiento específico para los testigos, una ley especial.

Por el otro lado, de la revisión puntual del Código Nacional de Procedimientos Penales, también encontramos otros ordenamientos, además de los propios que hemos establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativos que se ha presentado.

También se ha dicho, en esta tribuna, que no teníamos un tipo administrativo para los moches o para la adquisición de inmuebles a un precio inferior.

De la lectura del dictamen que tienen en sus manos, se desprende, en el artículo 52, que incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, en valores, en bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación de precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que se tenga relación profesional. Me parece que este artículo 52 cabe perfectamente en los tipos que se han solicitado.

Por otra parte, también se ha mencionado en esta tribuna que es prácticamente irreconocible el dictamen que se ha presentado, respecto a la iniciativa 3 de 3 de los ciudadanos.

Para ello quisiera dejar inscrito, señor Presidente, en el Diario de los Debates, dos documentos que todos conocen.

Una carta que recibimos, el Senador Raúl Cervantes y su servidor, de parte de Fundar, de Transparencia Mexicana, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, de México Evalúa, de Sergio Huacuja, Max Kaiser, del CIDE, de la Red por la Rendición de Cuentas, de Haydeé Pardinas, de Jayde Pérez, de Pedro Salazar y de José Roldán Xopa.
Esa carta contiene un análisis técnico punto por punto de 30 reactivos, y ahí todas esas organizaciones han manifestado estar de acuerdo en 29 puntos; y nos han señalado uno en ese momento, que era lo correspondiente a las declaraciones patrimoniales, 29 puntos avalando con una redacción, diciendo que avalaban estos cinco instrumentos.

Deseo que quede en el Diario de los Debates este documento que recibimos.

Y también deseo que quede en el Diario de los Debates la intervención íntegra del día de ayer, del maestro Eduardo Bohórquez, donde nos habló justamente de las opciones que existían para solventar el tema de las declaraciones patrimoniales.

Les agradezco mucho la paciencia y espero que esto ilustre a la Asamblea, en un debate técnico y no político, que creo que es lo que se merece el día de hoy este Senado de la República y los mexicanos.

(Carta del grupo de organizaciones de la sociedad civil)



(Interveción del maestro Eduardo Bohórquez)



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría de los documentos que acaba de entregar el Senador Escudero.

¿Alguna otra intervención? Al no haber más oradores para la discusión en lo general, procederé a dar lectura a las reservas que se han presentado.

Senador Manuel Cárdenas Fonseca, reservas a los artículos 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 73 y 81.

Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, reservan los artículos 4 y 32, y adición de un artículo 27 Bis.

Senadora Mariana Gómez del Campo, reserva los artículos 4, 32 y adición de un artículo 27 Bis.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, reserva los artículos 5, 26, 27, 29, 34, 50, 77 y 98.

Senadora Dolores Padierna, el artículo 95 y eliminación del artículo 5.

Senador Miguel Romo Medina, reserva el artículo 9.

Senadores del grupo parlamentario del PAN y del grupo parlamentario del PRD, reserva el artículo 29.

Senador Armando Ríos Piter, reserva los artículos 26, 27, 29 y 61.

Senador Zoé Robledo Aburto, reserva los artículos 49, 111, 112, 113, 114 y 115.

Senador Fidel Demédicis Hidalgo, reserva el artículo 50 y eliminación del artículo 101.

Senador Rabindranath Salazar Solorio, reserva los artículos 50, 95 y 98 y eliminación del artículo 101.

Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, reserva el artículo 61.

Senadora Angélica de la Peña Gómez, reserva los artículos 102, 104, 105, 107 y 109 y supresión de los artículos 106 y 108.

¿Alguna otra reserva que desea ser inscrita?

Informo a la Asamblea que se ha recibido la intervención del Senador Arturo Zamora. Insértese en el Diario de los Debates.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿No hay ninguna otra reserva para inscripción?

En consecuencia, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación para tomar la votación nominal del apartado correspondiente del dictamen en lo general y los artículos no reservados.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta de la votación. Se emitieron 94 votos a favor, 23 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Pasamos a las reservas. Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cárdenas Fonseca, para presentar reservas a distintos artículos del proyecto de Decreto.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia y solicitando respetuosamente la presentación y consideración de todos los artículos reservados en un solo acto.

Procedo a hacer del conocimiento de ustedes los criterios de las reservas presentadas que dan orden, estructura a la idea primigenia que la motiva y al fin último, que pretenden atacar la impunidad, la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, acotando las posibilidades de usufructuar ilegalmente el patrimonio de todos los mexicanos.

Con ellas, los servidores públicos quedan obligados en los términos demandados por amplios segmentos de la sociedad, comprometidos con una gestión gubernamental más abierta, transparente y de sana cercanía con la sociedad.

Debemos combatir de manera efectiva todas las conductas que permitan la impunidad y también las que constituyan actos de corrupción en detrimento del patrimonio de todos los mexicanos.

Difícilmente encontraremos quién se pronuncie en contra de perfeccionar el combate a la impunidad y a la corrupción. Quienes estamos a favor del Sistema Nacional Anticorrupción debemos aportar sobre el particular, propiamente, enriqueciendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De lo anterior, dar orden, coherencia a la presentación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses es un elemento fundamental, así sí participamos, incluyendo a todos los involucrados cuando se actualice la hipótesis, los servidores públicos al asumir el encargo, los particulares al entrar en vinculación legal con el patrimonio y el gasto público.

La mayoría de los mexicanos queremos, exigimos un basta ya a servidores públicos que, cometiendo ilícitos, se encuentran fuera del alcance de la ley. También un basta ya a particulares y/o empresarios que legalmente se benefician al entrar en vinculación legal con el patrimonio de todos los mexicanos y obtienen ilícitamente beneficios en contubernio con burócratas y/o servidores públicos.

Todos los involucrados en ese binomio, demandante de bienes o servicios u ofertante de bienes o servicios deben, partiendo claro de la buena fe y la presunción de inocencia, al actualizarse su relación con los bienes de la nación o el gasto público, presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de intereses. Nadie, sugiero, en su sano juicio puede oponerse a la prevención del delito; nadie, sugiero también, en su sano juicio puede proponer o permitir tratos de privilegio e ilegalidades.

Nadie, que sea sensato, puede oponerse a que se castigue al que ilegalmente recibe una renta producto de la evasión o elusión fiscal, de la simulación, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses, de la alteración de precios o el uso indebido de información privilegiada.

Es por ello que he presentado reservas a los artículos ya mencionados del dictamen que se nos presenta en tanto la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y les pido, respetuosa y sentidamente, sean admitidas a discusión y, en su momento, poder recibir su aprobación.

De esa suerte destaco que se propone incluir en el artículo 32 del proyecto, que estén obligados a presentar bajo protesta de decir verdad, reitero, presumiendo la buena fe y la presunción de inocencia, la declaración de situación patrimonial y de intereses ante las Secretarías u Órganos Internos de Control los Servidores Públicos; cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios; las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior.

Asimismo, presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

Por otra parte, los particulares deberán presentar las declaraciones enunciadas ante el Órgano Interno de Control del ente público que le haya asignado los recursos o con el que haya contratado.

Insisto, en ambos casos es al actualizarse la relación con el gasto público y el patrimonio nacionales.

Lo anterior y la forma en que están estructurados estos artículos que son correspondientes unos con otros, fundamentalmente los artículos 3 y 4 y, por tanto, el artículo 28, que ya se comentó aquí, todos ellos provienen de muy diversas propuestas de todas las fracciones parlamentarias y las fuerzas políticas aquí representadas.

Así pretendemos dar plena certidumbre a que todo sujeto que realice una actividad que implique el manejo directo o indirecto de recursos públicos deberá cumplir las obligaciones establecidas en la ley, con lo que se abona la transparencia de la gestión.

El combate preventivo a posibles actos contrarios a la ley y preservar la integralidad del sistema, no sólo con controles para servidores públicos, sino para todo aquél que participe en procesos en que esté de por medio el Estado.

El patrimonio, ahora bien, de todos los mexicanos, ya se señaló aquí, respecto del artículo 28, y ya se advirtió aquí también, y ya se dijo la responsabilidad de los ciudadanos que deberán asumir al presentarle al comité los formatos y la información, sin violentar y contravenir el texto constitucional.

Finalmente, se propone incluir como faltas de particulares en situación especial, las del particular que estando obligado en términos de la ley a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, omita presentar dichas declaraciones dentro de los plazos previstos en la ley, falte a la veracidad en la presentación de dichas declaraciones con el fin de ocultar el incremento en su patrimonio, el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, incluyendo el conflicto de intereses.

Insisto, y debo destacar que el contenido de las reservas plasma propuestas de Senadores el PAN, del PRI, del Partido Verde Ecologista de México, del PRD y de muchos empresarios, como ya lo señalé, cuando se debatía en lo general.

Muchos empresarios sinaloenses que no quieren, que detestan nuevos ricos sexenales.

Y allí que cuando un empresario como persona física o jurídicamente colectiva reciba bajo cualquier relación legalmente establecida una contraprestación en especie o en pecuniario, se actualiza la obligación de presentar, insisto, bajo la buena fe y la presunción de inocencia, las mismas declaraciones que el servidor público.

Compañeras y compañeros, no es nada más, tampoco es nada menos.

Todos bajo el mismo racero a la hora de entrar en contacto con el patrimonio de todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta de modificación



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Entiendo, Senador Cárdenas, que ha presentado el conjunto de las reservas.
En virtud de que han sido expuestas por parte del orador, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Manuel Cárdenas Fonseca. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban las reservas presentadas por el Senador Cárdenas Fonseca.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas por el Senador Cárdenas Fonseca. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobadas las propuestas de modificación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El conjunto de artículos se votarán en los términos que han sido expuestos por el Senador Cárdenas Fonseca.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, para presentar a nombre de Senadores del grupo parlamentario del PAN, reservas sobre los artículos 4, 32 y una adición de un artículo 27 Bis.

Sonido en el escaño del Senador Lavalle Maury.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En virtud de que he escuchado la presentación y lo que hemos aprobado aquí por parte del Senador Cárdenas, me parece que la reserva que habíamos firmado un poco más de 20 Senadores del PAN, está atendida, a través de lo que acabamos de aprobar, así es que la bajamos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan los artículos para su votación. Se retira la reserva, procedemos.

La Senadora Mariana Gómez del Campo ha presentado propuesta de modificación a los artículos 4, 3, 32 y adición de un artículo 27 Bis.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admiten a discusión, o desea retirar la reserva, en virtud de que se trata de los mismos artículos que la reserva anterior, Senadora Gómez del Campo.

Sonido en el escaño de la Senadora Gómez del Campo, por favor.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Retiro la reserva, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se retira la reserva. En consecuencia, los artículos serán votados en conjunto.

El Senador Benjamín Robles Montoya presentó reservas a los artículos 5, 26, 27, 29, 34, 50, 77 y 98.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión dichas reservas.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Robles Montoya. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos se votarán en conjunto.

La Senadora Dolores Padierna Luna ha presentado reserva al artículo 95 y la eliminación del artículo 5.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas reservas.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Padierna Luna. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos se votarán en conjunto en los términos del dictamen.

El Senador Miguel Romo ha presentado reserva al artículo 9 y me solicita que lo lea la Secretaría.

Dé lectura la Secretaría a la reserva presentada por el Senador Miguel Romo Medina.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta que ha sido leída.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Romo Medina. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta formulada por el Senador Romo Medina.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por el Senador Miguel Romo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada la propuesta, se reserva para su votación en los términos que han sido formulados por el Senador Romo Medina.

Tiene la palabra la Senadora Laura Rojas, para presentar reserva relacionada con el artículo 29, suscrita por Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente.

En enero de 2015, hace ya más de un año y medio, Zoé Robledo me invitó a participar de un proyecto nuevo. Era una idea novedosa, pero sobre todo, era una idea retadora, era una idea desafiante a la forma en la que los políticos nos hemos relacionado con los ciudadanos en este país desde siempre.

Zoé, ustedes tal vez lo recordarán, había hecho propia la propuesta de Transparencia Mexicana presentada en diciembre de 2014, de hacer obligatoria la declaración de intereses para todos los servidores públicos y también de hacer público el patrimonio de los servidores públicos de México.

Zoé anunció su intención de trabajar por hacer posibles estas ideas en el discurso de la entrega de la Medalla "Belisario Domínguez", a finales de 2014.

Me invitó. Esa idea no era para nada simple, porque implicaba, en primer lugar, convencerse uno mismo y a la familia.

Había que resolver decenas de dudas técnicas y había que resolver también temores bien fundados sobre exponerse a la delincuencia organizada.

Por modesto y razonable, de acuerdo con mi propia trayectoria laboral y pública, que fuera mi patrimonio, yo pensaba que seguramente habría críticas.

También, por supuesto, los argumentos sobre el derecho a la privacidad rondaban una y otra vez en mi cabeza.

Sin embargo decidí explorar la posibilidad, y nos pusimos a trabajar un equipo técnico de Zoé, de su oficina, la mía, con un equipo técnico de Transparencia Mexicana y del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Nos pusimos a trabajar en la definición de un formato que pudiera hacer pública la declaración patrimonial y desarrollar un formato para declarar los intereses.

Sobre el tema fiscal, decidimos en ese entonces, que bastaba con la presentación de la declaración de impuestos.

Acordar cada campo de información pública implicó larguísimas deliberaciones.

El proceso de definición de ese formato fue también uno por el que nos fuimos convencidos de que el beneficio público de apostar por esta idea bien valía la pena superar nuestras dudas y temores.

Debo decir que nunca imaginé que esos formatos se convertirían en una bandera, una bandera tan grande que acaparó no sólo la decisión de la ley que lo contiene, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la que estamos discutiendo en este momento, sino que acaparó la discusión sobre todo el Sistema Nacional Anticorrupción.

Una bandera que han adoptado ya más de 700 candidatos y servidores públicos; 22 gobernadores y gobernadores electos; 6 gabinetes estatales; presidentes municipales; regidores y legisladores locales, y que apoyaron, como se ha dicho repetidamente en esta sesión, los más de 634 mil ciudadanos que firmaron la Iniciativa conocida como 3 de 3.

Los formatos están basados en las prácticas de ocho sistemas de avanzada en el mundo, buscando traer a México las mejores experiencias internacionales.

Y si bien estos formatos reflejan los montos expresados en rangos, y esto es muy importante subrayarlo, en rangos, no publican cuentas bancarias, direcciones, nombres de dependientes económicos, por supuesto no es obligatorio que los cónyuges publiquen su información, si es que no lo desean, y cualquier otro dato personal está debidamente protegido de acuerdo con nuestra Constitución y con la ley de la materia.

Son los formatos que miles de ciudadanos, en todo el país, han convertido en una práctica política nueva, que sienta las bases para una nueva relación entre ciudadanos y servidores públicos.

De hacer públicas las declaraciones, también se fueron convenciendo muchos compañeros Senadores, varios de mi fracción, Marcela Torres, en fin, varios de mi fracción, de otras fracciones también, y en general, creo que se fueron convenciendo de esta idea todos los grupos parlamentarios.

Al final de esta discusión, todos los grupos presentamos alternativas para poder materializar esta idea, de tener una versión pública de las declaraciones patrimoniales de interés y fiscal.

Tal es el caso de la propuesta del Partido Verde y del PRI, que está plasmada en el adendum, que propone dejar en manos del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la definición de los formatos.

Sin embargo, tanto el grupo parlamentario del PAN, como del PRD y los Senadores independientes que estamos presentado esta reserva, consideramos que es mucho mejor no aplazar la definición de los contenidos de los formatos de las versiones públicas, y establecerlo de una vez en la ley de acuerdo con lo que los ciudadanos nos están pidiendo.

La publicidad de las tres declaraciones con estos formatos son el rostro de un movimiento nacional que busca la regeneración de nuestro sistema político. En ellos están depositados amplias expectativas sociales, así hay que entenderlo, pero sobre todo la esperanza de que nuestro país pueda superar los niveles de corrupción e impunidad que hoy padece.

Por eso es que estos grupos parlamentarios y los Senadores independientes presentamos una reserva al artículo 29 del dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos que retoma y describe en sus términos y a cabalidad los formatos a los que he hecho referencia, esto en respuesta a la solicitud hecha por el representante de los ciudadanos impulsores de la Ley 3 de 3, Eduardo Bohórquez, que nos dijo: "proponemos que el Congreso abrace la iniciativa ciudadana 3 de 3 con los formatos que han sido utilizados por más de 700 candidatos y servidores públicos en todo el país, y que sea, con base en estos formatos, mismos que la opinión pública conoce y promueve que sea el comité ciudadano del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción el órgano competente para proponer anualmente los formatos a utilizar y las versiones públicas de los mismos".

Reitero que en esta última parte consideramos que es mejor no esperar a que sea el Comité de Participación Ciudadana quien los proponga, sino establecerlos de una vez en la ley.

Les pido, entonces, compañeras y compañeros ciudadanos, que abracemos esta iniciativa, los formatos, la bandera de reconstrucción de confianza entre políticos y ciudadanos, les pido que abracemos la esperanza de una mejor clase política votando a favor de esta reserva.

Muchas gracias.

Y señor Presidente Roberto Gil, le pediría que la votación de esta reserva pueda ser nominal con el apoyo de varios Senadores que están respaldando esta propuesta.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

Voy a dar el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo, en virtud de que se trata de la misma reserva y viene suscrita por los dos grupos parlamentarios, antes de someterlo a votación, y lo haré a través del tablero electrónico.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Bien decimos los mexicanos que "no hay plazo que no se cumpla" llegamos al momento que se evitó durante meses y meses y meses de tomar una definición, la definición de acompañar a 634 mil ciudadanos, muchos de ellos que votaron por nosotros y darles un voto de confianza a ellos, o de decirles gracias, pero no gracias, decirles que vamos a hacer con su iniciativa ciudadana como si Dios nos hablara, y que simplemente no la vamos a incluir en el dictamen.

Aquí la cosa es clara, ya no hay grises, ya no hay aproximaciones, es a favor de la Ley 3 de 3 o a favor de una interpretación de esa Ley 3 de 3.

Antes de empezar quisiera que pudiéramos revisar en la Ley del Congreso cómo se establece la representación de una iniciativa ciudadana.

El artículo 133 es muy claro, sobre todo para aquellos que acaban de interpretar que los ciudadanos, los 634 mil, les pidieron un adendum, que les pidieron que aplazaran el tema, que les pidieron que fuera el Comité de Participación Ciudadana quien propusiera y el comité coordinador quien dispusiera, es decir, todo a través entre políticos.

El artículo 133 es muy claro, dice que: "en el proceso legislativo de dictamen en cada Cámara el presidente de la comisión deberá convocar al representante designado por los ciudadanos para que asista a una reunión de la comisión que corresponda a efecto de que exponga el contenido de su propuesta".

Y dice un segundo párrafo: "las opiniones vertidas durante la reunión a la que fue convocado no serán vinculantes para la comisión, y únicamente constituirán elementos adicionales para elaborar y emitir su dictamen", esto de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara respectiva.

No hay una vinculación entre una salida, como propuesta, y lo que firmaron los 634 mil; los 634 mil no firmaron porque fuera el Comité de Participación Ciudadana el que determinara los contenidos de las tres declaraciones, entonces, vayamos dejándolo claro, vayamos dejándolo claro porque justamente Transparencia Mexicana, uno de los organismos que ha estado más presente, al cual pertenece el representante de los ciudadanos, dice: "cuidado con citas tendenciosas, porque lo que pidieron fue que los formatos que han sido utilizados por más de 700 candidatos y servidores públicos en todo el país, sean los que se incorporen a la ley".

Por eso es que en este momento ya llegamos al punto de quiebre, ¿les damos el voto a los ciudadanos o no?

¿Les decimos que haber formado parte de una iniciativa ciudadana, valió la pena o no?

¿Les decimos que jugaron a la democracia como siempre y perdieron, como siempre?

O les damos apertura, es un asunto de responsabilidad, qué mexicano, qué mexicana volverá a firmar una iniciativa ciudadana, si la primera que se pone a consideración se rechaza en el corazón de lo que interpretaba debemos de hacer.

Por algo se llamaba 3 de 3, por algo se llamaba así, porque ese era el corazón, la publicación de las tres declaraciones.

Creo que estamos a punto de tomar una decisión memorable o una decisión de las de siempre. Podemos aprovechar este inmenso potencial que tienen los ciudadanos participando de manera institucional para cambiarle el rostro a la política y a los políticos de este país.

Muchos legisladores de manera seria, honesta, han dicho que les preocupa su privacidad, que les preocupa que ésta sea una iniciativa extrema, una propuesta radical, algo que violenta la esfera individual de libertades y que los ponen en riesgo.

Pensar así es pensar de manera equivocada la política; quienes ejercemos un cargo público y contamos con la autoridad para representar los intereses de una soberanía no podemos invocar la defensa de una vida privada de libertades como podría hacerlo cualquier otro ciudadano.

Hay que empezar a entender que formar parte de la política debe de ser algo digno, alejado de los privilegios y asumir sacrificios, porque la política nos trae enormes satisfacciones, la satisfacción de servir, de poderle cambiar la vida a la gente. Quedémonos con eso, y atendamos el llamado de los ciudadanos.

Y tenemos que 3 de 3 en declaraciones, en la ley, es otra cosa, no sirve, necesitamos las tres declaraciones, no en una lógica de cacería, no en una lógica, como decían ayer, de morbo, no es una violación a la privacidad de los particulares, es hacer política como siempre se debió haber hecho.

A partir de ahora la decisión será muy clara, quien quiera hacer política debe asumir la transparencia como una forma de vida, debe de asumir que es distinto a los demás, que tiene enormes oportunidades, y que no se va a servir de ellas jamás.

Tener las tres declaraciones, es lo que están pidiendo los ciudadanos, tenerlas juntas, tenerlas completas, y con la obligación de ser publicadas sin reservas en la ley por las siguientes razones: La patrimonial, para que sepamos que nadie se está enriqueciendo.

La de intereses, para que sepamos que nadie está interponiendo un interés particular a la voluntad de la gente, al interés público.

Y, finalmente, la fiscal, la fiscal como la comprobación de nuestra responsabilidad, y más aún para los Senadores que somos quienes tenemos la obligación de diseñar la política fiscal de este país, lo primero que tendríamos que decirle a los ciudadanos es que pagamos todos nuestros impuestos; pero además, porque es la que permite empatar todo lo demás, empatar que lo que se declara como patrimonio fue ganado y tuvo un reflejo en la hacienda pública.

Por eso, compañeras y compañeros, cualquier ruptura al equilibrio extraordinario que generaron los ciudadanos, va a ser evaluado por ellos mismos, va a ser evaluado y va a dar pie a una futura investigación por parte de ellos si la representación de este país es cien por ciento efectiva.

Como representante popular, siempre nos encontramos en la disyuntiva de interpretar la voluntad de la gente, aquí el mandato es muy claro: 3 de 3; tres declaraciones con los datos que conoce la gente, no le busquemos, ni les demos gato por liebre.

Esta reserva, esta reserva a esta hora es el gran reto de nuestra generación.

Cuando Willy Brandt fue electo en 1969, Canciller Socialdemócrata de la República Federal Alemana, él hizo el mismo reto a los políticos.

Miren, no me he tardado más de lo que se tardaron los ciudadanos en firmar, entonces, aguanten tantito.

Él les dijo a los de su generación, atrévanse a más democracia; yo les digo lo mismo, atrévanse a más democracia, con esta reserva de incluirse en la ley y de aprobarse en los términos le vamos a dar y regresar la esperanza a una generación de hombres y mujeres que sigue creyendo que los problemas de la democracia se resuelven no con gritos de tiempo, con chiflidos, se resuelven con más democracia; atendámoslos, ellos votaron por nosotros; votemos con ellos, votemos por ellos, démosles ese beneficio como nos lo han dado tantas veces a nosotros.

Ya lo ha mencionado, señor Presidente, la solicitud de la votación nominal.

Es cuanto, buenas noches.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal sobre la admisión a discusión de la reserva al artículo 29 que ha sido presentada por los grupos parlamentarios de Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 51 votos a favor, 59 en contra y 1 abstención.

No se admite a discusión.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El artículo 29 se reservará para su votación al final del procedimiento.

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, para presentar reservas a los artículos 26, 27, 29 y 61.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

El proyecto de dictamen establece un registro de servidores públicos restringido al escrutinio ciudadano, en el que serán accesibles al público en general versiones censuradas e insustanciales a las que les llaman versión pública de la información patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos.

Pero el conocimiento detallado de su situación patrimonial y de intereses sólo será posible cuando los servidores expresamente lo consientan.

Evidentemente esta propuesta no satisface las expectativas ciudadanas que exigen transparencia en sus gobernantes.

El registro debe ser público a efecto de reflejar y hacer visible a la ciudadanía la situación patrimonial, la manifestación de sus intereses, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en su caso, las responsabilidades derivadas de sus actos y omisiones.

Esto debe ser público, pero además es necesario establecer herramientas para el control y análisis de la información reportada, que permitan detectar focos rojos de corrupción, tal como el SAT puede, en materia fiscal, identificar a los evasores de impuestos.

Al respecto, quienes han defendido la opacidad en este tema, han presentado múltiples argumentos para justificar su reticencia. Nos han señalado que existen limitaciones tecnológicas y presupuestarias de los municipios para implementar un Registro Público Nacional; que la legislación en materia de transparencia y datos contiene impedimentos para que el registro sea público; que las sanciones no deben hacerse públicas a efecto de proteger los datos personales del servidor y procurar el respeto al principio de presunción de inocencia.

También nos han dicho que los datos del registro constituyen pruebas en el plano judicial y por lo tanto el servidor público no tiene la obligación de presentar una prueba por alguna falta que no ha cometido, o que no hay justificación para que se publicite la información patrimonial, de intereses y fiscal del servidor público, incontables argumentos para ocultar el real: la falta de voluntad política.

Un registro adecuadamente diseñado, constituye una herramienta invaluable para sancionar faltas administrativas, fiscalizar el ejercicio de recursos públicos y detectar y desarticular redes de corrupción.

En los términos que propone el dictamen, ese registro quedaría corto al perseguir tales objetivos. Cada uno de estos argumentos podemos contrarrestarlos.

En su momento señalamos que las limitaciones presupuestarias son subsanables; que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siendo la ley especial en la materia, prevalece sobre la que establece obligaciones en materia general; que una vez impuestas las sanciones, no hay presunción de inocencia que proteger.

También que es mayor el derecho de la sociedad a conocer sobre la integridad de los servidores públicos, que si bien sí constituyen prueba los datos del registro, ello no implica que el servidor presente prueba de una falta que no ha cometido, por el contrario, demuestra el cumplimiento de una obligación constitucional.

El carácter probatorio es independiente a que sea o no público; que la propuesta no solicita las declaraciones de las personas relacionadas con el servidor público, salvo cuando existe sociedad, ya sea conyugal o mercantil, en los términos de lo que actualmente existe.

Compañeras y compañeros: Seamos sinceros, no estamos ante una imposibilidad jurídica, técnica o económica.

Lo que desfiguró la iniciativa 3 de 3 es el temor de que el pueblo, de que los ciudadanos sepan lo mucho que tienen unos cuantos.

El proyecto de dictamen contiene la obligatoriedad de presentar declaración patrimonial de intereses, pero en el caso de la declaración fiscal, dispone que sólo deberá registrarse la constancia de su presentación.

Por ello insistimos en la necesidad de establecer la obligación de presentar copia de la declaración fiscal íntegra, a efecto de permitir a las autoridades del sistema dar seguimiento efectivo a la evolución de la situación patrimonial del servidor público y facilitar la investigación de enriquecimientos ilícitos.

Bajo la propuesta que ahora discutimos, las declaraciones fiscales no formarán parte del registro, estableciendo de manera sesgada que los servidores públicos solamente presentarán copia de la constancia de presentación de la declaración fiscal, no de la declaración íntegra.

Esto pone freno a la capacidad del sistema con sus componentes, particularmente a la Auditoría Superior de la Federación, de verificar la evolución patrimonial de los servidores con la actualización de conflictos de intereses, atribución que asume como exclusiva la Secretaría, estableciendo de manera reiterativa que son la Secretaría y los órganos internos de control los facultados para llevar a cabo investigaciones o auditorías en este respecto.

Esto se hace sin establecer mecanismos para implementarla, ni para que se le cuestione sobre su ejercicio.

Resulta incomprensible, compañeras y compañeros, que el dictamen insista en incluir sólo la constancia de presentación y no la declaración íntegra, más aún, cuando en los términos en que se ha presentado esta información, no sería pública.

Al no entregarse la información fiscal completa de los servidores públicos, se impide su contraste con la declaración patrimonial, haciendo imposible dar seguimiento efectivo a la evolución de la situación patrimonial del servidor público.

Así, pese al entusiasmo de todos los ciudadanos que suscribieron una ley, principalmente por esta propuesta de hacer públicas las declaraciones y sanciones de los funcionarios, el registro no será público y sólo será accesible a la ciudadanía el conocimiento de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos que concedan esa gracia.

Por eso es indignante que se justifiquen en un supuesto impedimento contenido en la Ley General de Transparencia cuando uno de los acuerdos alcanzados en su aprobación fue precisamente que estableciera la publicidad de las declaraciones, era la materia de la reglamentación en materia de combate a la corrupción y particularmente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, dado que no existe causa para que no sea una Ley 3 de 3 y para que haya plena publicidad en declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, proponemos la reserva a los artículos 26, 27 y 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Ríos Piter.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Armando Ríos Piter. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos serán votados al final del procedimiento.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar reservas a los artículos 49, 111, 112, 113, 114 y 115. Fueron presentadas por escrito.

(Intervención en relación al artículo 49)



Propuesta de modificación



(Intervención en relación con los artículos 111 al 115)



Propuesta de modificación



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Robledo Aburto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar reservas sobre el artículo 50 y la eliminación del artículo 101.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

El Sistema Nacional Anticorrupción sin duda requiere de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas sea una ley que realmente cumpla con el cometido de poner un freno a la corrupción.

Hemos escuchado con mucha atención la participación de los compañeros tanto del PRI, como del PAN, que pasaron a hablar a favor de esta ley. Hablan de que la corrupción con los nuevos ordenamientos establece las bases sólidas contra este flagelo, las mayores prácticas a nivel internacional, sea tomar responsabilidades a servidores públicos, crean avance en materia de transparencia, corrupción, un mal del país, lo reconocen.

Sin embargo, cuando analizamos el artículo 50 y el artículo 101, pues llegamos a la conclusión de que esta ley es una puerta enorme hacia la impunidad, ya que permite la discrecionalidad de los órganos de control.

Establece como impedimento para iniciar investigaciones o para imponer sanciones a quienes incurran en faltas administrativas cuando no se haya cometido un daño o perjuicio a la hacienda pública, el acto sea cometido por primera vez por el servidor público en el plazo de un año y cuando su actuación se refiera a una cuestión de criterio o de arbitrio opinable o debatible.

Es decir, cuando discutimos la reforma energética sucede lo mismo que hoy cuando discutimos el tema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es soporte del Sistema Nacional Anticorrupción. Los delincuentes pueden actuar con toda impunidad y el órgano de control tiene impedimento, por ese hecho, para poder atacar de frente a quienes cometen este tipo de actos.

Esto contraviene, por supuesto, el espíritu de la reforma constitucional, que es de presentar un combate frontal contra las actitudes de deshonestidad, corrupción y la impunidad con la que la ciudadanía percibe, existe ante esta problemática.

Lo tenemos que decir fuerte, no es mediante el establecimiento de facultades discrecionales, de indulto como se logrará abatir el grave problema de corrupción que nuestro país padece.

Proponemos que el artículo 50 atienda los siguientes aspectos: que se consideren faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos, es decir, en el artículo 50, como está todas estas faltas que hemos señalado de ser primo delincuente, de no afectar la hacienda pública, son faltas que son consideradas no graves, pero si la revisamos en el aspecto del trastocamiento que hacen de todo un sistema administrativo, vamos a ver que estas faltas terminan siendo graves y terminan afectando a la hacienda pública.

Por eso proponemos, entonces, que todas sean graves y las que generen un ente público, un daño patrimonial, igual o superior a 180 Unidades de Medida y Actualización o que impliquen el sujeto activo, la obtención de beneficios económicos por la misma cantidad.

Se considera que existe un daño patrimonial, cuando la hacienda pública o el patrimonio de un ente público sufran un daño estimable en dinero, así como cuando se genere gasto público o se pierdan ingresos que el Estado tenga derecho a percibir por acciones u omisiones que impliquen dolo o culpa o negligencia.

Las cometidas por el titular de un ente público, los servidores públicos de elección popular, los designados mediante un mecanismo de colaboración de poderes y los que de manera previa y general determine el sistema de conformidad con los tabuladores de puestos.

Las cometidas por una persona moral cuando obtenga un beneficio económico y se acredite la participación de un órgano de administración, de vigilancia, de sus socios.

Las cometidas por personas físicas que actúen a nombre o representación de las personas morales y en beneficio de ellas, las cometidas de manera sistemática.

Se consideran sistemáticas las conductas que por su reiteración, ocasionan un daño continuado o continuo al Estado y aquellas en las que uno o varios sujetos activos concatenan sus conductas para producir un daño al Estado.

Y, por último, las que generen daño social. Genera daño social la conducta que en razón de las circunstancias en que se actualiza, lesiona o pone en peligro la vida, salud, seguridad o patrimonio de una persona o un grupo social en situación de vulnerabilidad.

Eliminar del artículo 101 recorriendo la numeración subsecuente.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Si realmente queremos atacar la corrupción, tenemos que atacar la discrecionalidad que se tiene en los órganos de control.

Es responsabilidad de este Senado de la República que la Ley General de Responsabilidades Administrativas elimine la impunidad, elimine la discrecionalidad y elimine todas las rendijas por donde puedan colarse los actos de corrupción.

Espero que se reflexione esto que se está planteando y que se actúe con responsabilidad, si realmente quieren que la corrupción desaparezca de nuestro país, si no el Sistema Nacional Anticorrupción no tendrá ningún sentido.

Por su atención y esperando a que se someta a votación y se aprueben estas reformas, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Demédicis Hidalgo.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Demédicis Hidalgo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar Solorio, para presentar reservas a los artículos 50, 95, 98 y la eliminación del artículo 101.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Compañeras y compañeros Senadores:

Un verdadero enfoque del Sistema Nacional Anticorrupción, eficiente, sólido, capaz de identificar y prevenir sanciones y sancionar todos los actos de corrupción, mediante la coordinación de instancias y autoridades, transita por una serie de propuestas que la izquierda impulsó y no fueron incluidas en el mismo.

Aunque el dictamen recoge una parte importante de nuestras posiciones, carece de muchos de los elementos que harían del Sistema Nacional Anticorrupción un instrumento más sólido del Estado mexicano para hacer frente y con eficiencia a esa crisis institucional que constituye el fenómeno de corrupción generalizada y para muestra hay datos demoledores.

Apenas el 3 de febrero de este año, el Índice Global de Impunidad México, reveló que el 99 por ciento de los delitos cometidos en México no son castigados, de los delitos que no se denuncian alcanzan también un porcentaje muy alto del 92.8 por ciento, debido a la pérdida de tiempo y a la desconfianza en la autoridad que tienen los ciudadanos, de la misma.

Con todo y estos datos tan crudos y tan desoladores y tan contradictorios, el proyecto de dictamen que estamos discutiendo concede aún más discrecionalidad a los órganos internos de control para no imponer sanciones a grado tal de que establece como impedimento para iniciar una investigación o para sancionar a quienes incurran en fallas administrativas consideradas como no graves, aunque éstas hubieran sido cometidas de manera culposa o negligente y bajo el supuesto de que sus actos no dañan o perjudican de manera sustancial a la hacienda pública.

En estos casos, la autoridad deberá de abstenerse de iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la ley en comento.

Esta disposición es incongruente con el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción, ataja todo el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a los servidores públicos, ya que constituye una verdadera puerta de salida hacia la impunidad.

Ello, incluso, consciente de que no toda falta administrativa causa daño o perjuicio a la hacienda pública, y que el error administrativo no hace al delincuente, tampoco debemos dejar espacios normativos vacíos.

Por ello es importante establecer en el artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas claridad en los supuestos en los que una falta o error administrativo debería de equipararse a una falta grave, lo anterior, para que se faculte a la auditoría u órgano de control interno con los mecanismos necesarios para sancionar a los funcionarios que incurran en ellas y no dejarla en la total impunidad.

En otro orden de ideas, el secreto bancario es una valiosa e importante garantía del particular, a fin de que no sea molestado en su persona y bienes, representa la posibilidad de que su información bancaria y bursátil sea utilizada solamente para los fines que él mismo ha autorizado, siempre y cuando su origen y objeto sean lícitos.

Este derecho, como todos los que consagra el orden jurídico nacional, no es ilimitado, su defensa y aplicación se basa precisamente en dos derechos previamente salvaguardados, el de la actividad económica y el del derecho a la privacidad.

Precisamente es el abuso y la interpretación del derecho al secreto financiero en que diversos países han padecido la actividad de verdaderos expertos delincuentes de cuello blanco, que se aprovechan de lagunas legales e imprecisiones normativas a fin de lograr su objetivo, el de la posesión y uso de recursos de procedencia ilícita o bien, del erario público.

Basta señalar, como todos ustedes saben, casos tan lamentables como los "Papeles de Panamá", donde se involucran 30 personajes de la vida pública del país, entre empresarios, artistas y políticos.

Esta conducta es particularmente grave cuando se trata de funcionarios públicos que se aprovechan de este derecho para ocultar información que ponga en evidencia un comportamiento financiero irregular, es decir, un enriquecimiento a costa del erario público como resultado del ejercicio de sus funciones.

Por lo anterior, resulta necesario que la Auditoría Superior de la Federación, en el artículo 95 de la ley en comento, tenga la facultad legal para acceder a la información bursátil, fiscal, fiduciaria y financiera de todo aquel servidor público que se encuentre involucrado en un proceso de investigación relacionado con posibles actos de corrupción sin que ésta se encuentre súperditada al consejo coordinador.

Además, establece limitante a la capacidad de investigación a la Auditoría Superior de la Federación, al sujetar su posibilidad de acción a la existencia previa de auditorías, lo que le impediría estudiar hechos de corrupción detectados a partir de las denuncias a que hace referencia el artículo 79 constitucional.

Es por ello que en el artículo 98 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se tiene que eliminar la limitante para que la Auditoría Superior de la Federación pueda iniciar procedimientos administrativos sin que haya de por medio una auditoría y sólo sea necesario el conocimiento del acto mediante la denuncia de un acto de corrupción.

Lo cierto es que estas disposiciones dejan entrever una alarmante intención de opacidad, según la cual sólo el Ejecutivo tiene facultades amplias e irrestrictas de investigación y en su caso sanción, disposición que desarticula y desnaturaliza la reforma constitucional y representa un franco retroceso en el esquema de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Salazar Solorio.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Salazar Solorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Secretario Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Mayans Canabal, para presentar reserva relacionada con el artículo 61 del proyecto de Decreto en la parte de responsabilidades administrativas.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente.

Espero que no se duerman, si apenas son la 01:34. Los veo así somnolientos, ojerosos, cansados, pero con muchas ilusiones.

Ya ven que ya llegó la era Peña Nieto al Senado. Miren, ya tenemos aquí estos aparatos modernos. Ni Obama los tiene.

Bueno, ojalá y presten atención, porque esta reserva es muy importante en el artículo 61.

Y felicidades, señor Presidente, por la era Peña Nieto, aquí en el Senado, con los teleprompter.

Debería de hacer puro ejercicio mental. Las neuronas, funcionando adecuadamente, pero, bueno.

¡Perdón! No escuché.

¿Qué dice?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea mantener el orden, por favor.

Presente su reserva, Senador.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Bueno. Es para que se despierten.

Miren, para el grupo parlamentario del PRD, la gravedad de las conductas se vinculan con el daño que se genera en la sociedad, al patrimonio nacional o al adecuado ejercicio de las funciones de gobierno.

En este sentido, es necesario incorporar como faltas administrativas graves, los actos más perjudiciales y de mayor impacto en un modelo del estado democrático.

En consecuencia, proponemos establecer como tráfico de influencias la obtención de bienes inmuebles u otros beneficios patrimoniales por un servidor público ofrecidos o propiciados por quienes sean o pretendan ser titulares de contratos de servicios.

¿Dónde se ha escuchado eso?

¿Dónde se ha visto eso?

Los que sean titulares de contratos de servicios, obras públicas en cuya contratación influyó, aun cuando no se haya participado de manera directa o por cualquier persona física o moral; cuando se obtengan inmuebles en condiciones notoriamente favorables o precios notoriamente inferiores a lo que tenga en el mercado ordinario. Fíjense la importancia, Senadores, Senadoras, de esta reserva.

Al respecto, para no aceptar estas propuestas, se ha señalado que ampliar el espectro o listado de faltas administrativas, provoca oportunidades de salida y falta de sanción para los infractores.

Nada más alejado de la realidad, la posibilidad de identificar y determinar la existencia de faltas administrativas, no radica en tener un catálogo limitado o simple de conductas, menos aún en una realidad en que los actos de corrupción son encubiertos con artificios cada vez más elaborados.

Estamos ante un fenómeno, amigas y amigos, complejo, que requiere establecer para las autoridades investigadoras y sustanciadoras, mecanismos certeros para la determinación de faltas, pero también la definición de conductas antijurídicas acordes a la realidad, efectivas para limitar las acciones de los servidores públicos.

Debemos reconocer que la condición humana es proclive a la recompensa inmediata, y que ello se agrava si una conducta carente de ética y legitimidad no es sancionada.

El catálogo ofrecido en el dictamen, con sus lagunas y ambigüedades, incentiva la corrupción, no su erradicación.

La determinación de la conducta a que se refiere esta reserva, encuentra un justificado motivo de existencia ante la realidad, al recordar casos y situaciones cuyo cinismo es una afrenta a la buena práctica de gobierno y un ataque a la credibilidad de instituciones públicas que tienen, precisamente, en su credibilidad su activo más importante.

En ese sentido, determinar la ilegalidad de la obtención de beneficios patrimoniales que no pudieran ser explicados más que como favores o retribuciones por la influencia en los procesos de contratación o asignación en que el servidor público puede influir, tiene por objeto no sólo el de evitar y sancionar el enriquecimiento indebido de los funcionarios que pueden determinar el curso de los procesos de contratación pública, sino además buscar atacar las redes de corrupción que alrededor de estos procesos han llegado a formarse.

Los hechos de corrupción, como todo acto ilícito, pueden cometerse por un solo individuo o por varios mediante un acuerdo en el que se prepara y ejecuta la acción ilícita. Así la participación de los servidores públicos en actos de corrupción no sólo se enmarca en el terreno de lo público, sino que pueden trascender al espacio privado.

Lamentablemente, ejemplos en los que los consorcios constructores, empresas financieras, manufactureras y de comercio que se han visto involucradas en este tipo de casos, son abundantes en nuestro país.

Tenemos, incluso, casos en los que servidores públicos del más alto nivel se benefician de los activos de empresas con las que el Estado ha celebrado contrataciones.

La presente reserva busca procurar un especial cuidado, lo referente a las interacciones y competencias entre los ámbitos de las cosas públicas, con los intereses privados.

Lo anterior es una herramienta básica que permitirá identificar violaciones sistemáticas, estructuras y redes de corrupción.

Por lo anteriormente expuesto se pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente propuesta de modificación del artículo 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y así el artículo 61 proponemos también incurran en tráfico de influencia:

Uno, el servidor público que de manera directa o por medio de su cónyuge, concubina o concubinaria, o cualquier otra figura de naturaleza similar, o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado:

a) solicite, acepte o reciba bienes inmuebles o muebles en operaciones al contado o mediante cualquier tipo de crédito en condiciones notoriamente favorables, o precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario que procedan de cualquier persona física o moral. O

b) que obtenga un beneficio patrimonial proveniente de personas físico-moral que hayan celebrado contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios con cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Señor Presidente, le pido que si puede hacer la votación nominal, se lo agradezco.

Ojalá y todo lo que se ha dicho aquí es lo que estamos viendo cotidianamente en nuestro país, lamentablemente, entonces, ojalá y con su voto poderle dar hasta aquí a este tipo de corrupción que nos está carcomiendo todos los días al sistema político mexicano.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Acompaña su solicitud de votación nominal.

Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos para recoger la votación nominal de la adición a discusión de la reserva presentada por el Senador Mayans Canabal.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta del resultado de la votación. Se emitieron 22 votos a favor, 81 en contra y 2 abstenciones.

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar reservas a los artículos 102, 104, 105, 107, 109 y la supresión de los artículos 106 y 108.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

La Constitución mandata en su artículo 109, en la fracción III, párrafo cuarto, la existencia de un recurso que permita al particular impugnar la calificación de las faltas administrativas por los órganos internos de control, como no graves.

En este sentido, la propuesta en estudio establece un esquema que no favorece la economía procesal, pues determina que dicha impugnación se tramita mediante el recurso de inconformidad ante el mismo órgano interno de control debiendo ser esto el resultado por el superior jerárquico.

Este esquema, desde nuestro punto de vista, no garantiza que la acción del promovente sea resuelta de manera imparcial, pues en caso de no obtener una resolución favorable, no procede recurso ordinario alguno.

En este sentido es necesario un contrapeso efectivo que permita a los afectados a accionar un recurso efectivo para impugnar la ineficiencia en la investigación de faltas administrativas o hechos de corrupción, ineficacia tal que tiene como consecuencia la inadecuada calificación de una conducta, hecho que genera, desde nuestro punto de vista, impunidad.

Atendiendo a las finalidades funcionales de este recurso establecidas en la Constitución, se infiere que el propósito de su establecimiento es precisamente el de acusar un error y establecer el medio de su remediación, impugnar por medio de reclamación ante el superior jerárquico del mismo órgano que emitió el acuerdo en el que se determina la calificación de la falta administrativa como no grave, no otorga garantías de imparcialidad.

En contraste, permitir que tal determinación sea revisada por un órgano jurisdiccional como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, diverso en naturaleza y sin relación jerárquica ni laboral con el órgano interno de control.

La impugnación de dicho acuerdo o de tal calificación por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa constituiría un eficaz contrapeso a la posible actuación ilegal u omisa de un órgano interno de control, propiciaría que entendamos que la generación más rápida, constante y unificada de criterios sobre temas relacionados con el combate a la corrupción, lo que permitiría establecer una mayor precisión casuística de los criterios para determinar una falta administrativa grave de otra que no lo es, mejores estándares, probatorios para la determinación de responsabilidades, hipótesis de actuación de órganos internos de control o de la Auditoría Superior de la Federación o criterios para vincular a particulares en hechos de corrupción, entre otros temas.

Por lo tanto, el recurso que proponemos cumple con los principios de prontitud y eficacia en la procuración de justicia, pues la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas resolvería el recurso de inconformidad en un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de la recepción del informe justificado del órgano interno de control.

Por lo tanto, de manera muy general voy a plantear qué es lo que estamos señalando tanto para reformar los siguientes artículos que yo voy a mencionar como, en este caso también, quitar, derogar, eliminar otros artículos en este mismo cometido.

El artículo 102 en su párrafo segundo, lo que estamos haciendo es integrar la calificación: podrá ser impugnada mediante el recurso de inconformidad conforme el presente capítulo, en su caso:

a) el denunciante.

b) los testigos sociales.

c) los miembros del comité de participación ciudadana del sistema.

d) las organizaciones de la sociedad civil.

Terminaríamos con agregar un párrafo que diría: "La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa, hasta en tanto esté resuelto".

En el caso del artículo 104 estamos integrando un segundo párrafo que diría: "Interpuesto el recurso, la autoridad investigadora deberá correr traslado, adjuntando el expediente integrado y un informe en el que justifique la calificación impugnada a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda".

En el caso del artículo 105, señoras y señores, lo que estamos señalando es que sea incorporada la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, lo que requerirá al promovente para que subsane las deficiencias o realice las aclaraciones que corresponda, y continuaría tal cual.

Estamos siguiendo la dinámica de los artículos, proponiendo que se elimine el artículo 106, recorriéndose en este caso el artículo 107 para ser el 106, agregando también en este artículo la importancia de que sea integrada la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y además cambiando el plazo que viene en la propuesta de dictamen a treinta días, nosotros señalando cinco días.

En el caso del artículo 108, lo que estamos proponiendo también es su eliminación, de tal manera que seguirían recorriéndose los artículos, y lo que sería el artículo 107, hoy el artículo 109, lo que estamos planteando es integrar como requisitos solamente el nombre y domicilio del recurrente y la firma autógrafa del recurrente y además señalando que tendría que acompañar, el recurrente, un escrito con las pruebas que estime pertinentes.

Y hasta ahí dejaríamos el artículo que estamos planteando recorrer.

Es cuanto, y gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de reservas presentadas por la Senadora De la Peña Gómez.

Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Perdón, señor Presidente, muchas gracias.

A ver señor Presidente, creo que vale la pena ilustrar en esta parte del debate y de las reservas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Podría acercarse al micrófono, Senador, porque no se escucha.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Me parece que es importante ilustrar a la Asamblea en esta parte del debate y las reservas que son muy importantes.

Esas modificaciones las recibimos en las comisiones, efectivamente, como han sido planteadas, porque son modificaciones acertadas a las reservas que mejoran los procedimientos sin duda alguna y las integramos en el adendum. Es decir, ya están en el adendum que votamos al iniciar la sesión, estas reservas de estos artículos.

Nada más quería dejarlo claro, las impugnaciones y los otros de estos artículos que se han mencionado ya las votamos y están en esos términos.

Quería dejarlo asentado.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora De la Peña, ¿la respuesta del Senador Escudero le es satisfactoria, para continuar con la votación?

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Mire, hablando con el Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, observamos que hay una parte importante de lo que hemos planteado, que sí lo toma en el adendum, pero otra parte no.

Sin embargo, nos avenimos con lo que ya planteó en el adendum, de tal manera que damos por satisfecha la presentación de estas reservas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Entonces, retiramos las reservas, Senadora?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, por favor, si es tan amable.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se retiran las reservas.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Como una actitud de buena voluntad, agradeciéndole al Senador su disposición.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) El agradecido soy yo, señor Presidente.

Muchas gracias, Senadora.

Muchas gracias por sus atenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias a ambos.

Ha concluido la presentación de las reservas. Ruego la atención de la Asamblea para explicar la mecánica de la votación.

Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiéramos solicitar, acompañado de cinco votos de mis compañeros, que la votación de los artículos reservados, y me refiero a los artículos 27, 29, 30 y 31, se puedan separar para ser votados de manera individual, en bloque pues, pero separados. Son los artículos 27, 29, 30 y 31.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Artículos 27, 29, 30 y 31.

Es importante hacer una precisión sobre estos artículos. Fueron impactados por la reserva que fue admitida a discusión y aprobada, presentada por el Senador Cárdenas Fonseca.

Estaríamos votando en los términos no del dictamen original, sino en los términos de la reserva aprobada, presentada por el Senador Cárdenas Fonseca.

Es importante para claridad de la Asamblea. Vamos a escindir estos cuatro artículos para una votación nominal específica, pero es importante que la Asamblea recuerde que se van a votar en el sentido de la reserva presentada por el Senador Cárdenas Fonseca.

Abrase el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos para tomar la votación nominal de los artículos 27, 29, 30 y 31 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con las modificaciones aprobadas por la Asamblea a partir de las reservas presentadas por el Senador Cárdenas Fonseca.

Sonido en el escaño de la Senadora Torres Peimbert.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Leernos qué es lo que estamos votando. ¿Qué vamos a votar?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Estamos votando los artículos 27, 29, 30 y 31 en los términos en que fueron aprobados por la Asamblea a partir de la reserva presentada por el Senador Cárdenas Fonseca. Eso es lo que estamos votando.

Las reservas fueron presentadas en la Asamblea, fueron admitidas a discusión, se votaron en el fondo.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está solicitando una votación individual de estos cuatro artículos, en el entendido de que ya fueron impactados por una reserva.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, doy cuenta de la votación. Se emitieron 84 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 27, 29, 30 y 31 con las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea.

Vamos ahora a tomar la votación nominal de los artículos 3, 4, 9, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 73 y 81 con las propuestas que fueron aceptadas por la Asamblea; asimismo, de los artículos 5, 26, 49, 50, 61, 77, 95, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114 y 115 en los términos del dictamen.

Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos para recoger la votación nominal de los artículos que han sido referidos.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, para claridad de nosotros, los del grupo parlamentario del PRD, que pudiéramos votar por separado en un bloque los demás artículos reservados por el Senador Cárdenas Fonseca.

O sea, ya se separó un primer bloque, votamos en contra y la demás Asamblea votó a favor de manera mayoritaria.

Ahora necesitamos nosotros votar a favor sólo el resto de artículos que reservó el Senador Cárdenas Fonseca porque en la votación que está usted proponiendo están esos artículos y otros más, no sé si sea posible.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Por supuesto, Senador Barbosa Huerta.

Vamos a dividir la votación para tomar la votación nominal en un primer momento de los artículos que fueron reservados por el Senador Cárdenas Fonseca. Ciérrese el sistema electrónico de votación, por favor.

Voy a someter a votación el resto de los artículos reservados por el Senador Cárdenas Fonseca, en el entendido de que ya quedaron aprobados cuatro de ellos.

La votación que seguirá a continuación será sobre los artículos 3, 4, 9, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 73 y 81 con las propuestas aceptadas por esta Asamblea.

Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos para recoger la votación nominal de dichos artículos. Se está reiniciando el sistema de votación a petición de la Asamblea. ¿Hay alguna duda sobre los artículos que vamos a votar?



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 3, 4, 9, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 73 y 81 con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, todos del proyecto de Decreto que contiene el proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La tercera votación versa sobre los artículos que fueron reservados, pero cuyas reservas no se admitieron a discusión.

En consecuencia, se votarán en los términos del dictamen.

Los artículos son: 5, 26, 49, 50, 61, 77, 95, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114 y 115 en los términos del dictamen.

Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos para recoger la votación nominal de dichos artículos.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta del resultado de esta votación. Se emitieron 82 votos a favor, 22 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 3, 4, 9, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 73 y 81 con las propuestas aceptadas, y los artículos 5, 26, 49, 50, 61, 77, 95, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114 y 115 en los términos del dictamen, que contiene el proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Queda aprobado el Artículo Segundo, correspondiente al proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ruego a la Asamblea unos minutos de su atención.

Se recibió una fe de erratas de las comisiones dictaminadoras, en relación con una concordancia a partir de la reserva presentada por la Senadora Iris Vianey Mendoza.

Ruego a la Secretaría dé lectura a la fe de erratas para poder resolver en estos momentos la corrección respectiva.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, me permito dar lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Como pueden apreciarse, trata únicamente la precisión numérica de dos artículos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas presentada.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se trata de contenido normativo, en consecuencia, la votación debe ser nominal.

Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos para recoger la votación nominal del contenido de la fe de erratas.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta del resultado de esta votación. Se emitieron 88 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se aprueba la fe de erratas a la modificación al proyecto de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, correspondiente al Artículo Primero del proyecto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Incorpórese al texto del proyecto aprobado.

Esta Presidencia declara un receso para reanudar nuestra sesión el día de hoy 15 de junio a las 13:00 horas.
(Receso)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (15 junio 2016) (14:38 horas) Se reanuda la sesión extraordinaria iniciada el martes 14 de junio.





 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Para conocimiento de la Asamblea, les informo que las comisiones entregaron una propuesta de modificación al artículo 9 del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta propuesta está publicada en el monitor de sus escaños.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la modificación se integre al texto del dictamen.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la modificación que proponen las comisiones se integre al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, la discusión del dictamen será con la modificación al artículo 9 que autorizó la Asamblea.

Está a discusión en lo general el Artículo Tercero del dictamen que propone el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al procedimiento autorizado el día de ayer.

Se concede el uso de la palabra, en primer lugar, a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para referirse al mismo, a favor.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

Nos encontramos el día de hoy ante el tercer dictamen de las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Y aunque este dictamen no ha requerido mayor observación, me parece muy importante garantizar que justamente los Tribunales de Justicia Administrativa puedan quedar integrados de la mejor manera para que puedan ser una herramienta para perseguir las conductas relacionadas con el delito de corrupción de manera administrativa.

El objeto de esta ley es determinar la integración, organización y atribuciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves.

Estará integrado por la Sala Superior, la Junta de Gobierno y Administración y las Salas Regionales.

La Sala Superior se integrará por 16 Magistrados. Funcionará en un pleno general, en pleno jurisdiccional y entre secciones.

La tercera sección estará facultada en materia de combate a la corrupción para resolver el recurso de apelación que se interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas para conocer de asuntos que le sean turnados, para sancionar responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, en casos de servidores públicos y de los particulares que participen en dichos actos.

Esto es muy importante recalcarlo, no solamente es para funcionarios públicos, sino también con particulares que forman parte de actos relacionados con corrupción.

Ejercer su facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por faltas graves, cuya competencia primigenia corresponda a las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas.

Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y prejuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves inhabilitación por participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden federal en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda.

Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves, sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ello.

Con respecto a las Salas Especializadas, es importante advertir que el Tribunal tendrá Salas Regionales Ordinarias, Auxiliares, Especializadas o Mixtas.

Y para el caso de las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas, éstas podrán imponer sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, éstas sean personas físicas o morales que intervengan en actos vinculados en faltas administrativas graves.

Resolverán respecto de las faltas administrativas graves investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y de los órganos de control respectivos.

Por otra parte, los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, durarán en su cargo 15 años improrrogables.

Los Magistrados de Sala Regional, de Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y los Magistrados supernumerarios de Sala Regional, serán designados igualmente por el Presidente de la República y ratificados por el Senado de la República.

En este tema es muy importante recalcar que debido a una cuestión constitucional, estos nombramientos seguirán siendo propuesta del titular del Ejecutivo y corresponderá a este Senado revisar los perfiles que integran las propuestas.

Y en ese sentido, es muy importante evitar caer en las mismas prácticas cuando nombramos a otro tipo de Magistrados, particularmente los Magistrados electorales, buscando intervenir en las decisiones para quitar autonomía en las decisiones de los Magistrados.

Es necesario mencionar que en el dictamen debe de existir mayor blindaje en el perfil de los Magistrados tanto de la Sala Superior y la Sala Regional, de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y los Magistrados supernumerarios de la Sala Regional, con el objeto de mantener la mayor independencia en los cargos y que sus actuaciones no respondan a intereses políticos, además, dentro de su proceso de selección, se deben de garantizar mecanismos para que la ciudadanía participe en el proceso.

Esperamos que estas consideraciones sean retomadas, y mi voto será a favor de este dictamen que como decía en un principio, es el tercero de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

La reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, descansó en la idea de construir todo un sistema que pudiera hacer frente a este terrible problema que vive nuestro país en materia de corrupción.

Se pensó que a diferencia de otros modelos que descansan en una sola persona, el combate a la corrupción, como ya se genera en distintos modelos, en distintas latitudes, un sistema descansa sobre la base de la articulación de instituciones que trabajan de manera dirigida a contrarrestar este mal desde distintos ámbitos. Esto fortalece la acción coordinada de este sistema que podrá, si tiene éxito efectivamente, combatir la corrupción y reducir las cifras que hoy nos ubican como uno de los países más corruptos en el mundo, pero además eliminar los daños que a la población mexicana genera este terrible mal.

Es así que este sistema descansa sobre la forma de articularse de distintas instituciones que serán los pilares de este sistema. Uno de ellos, justamente es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal que conforme a la reforma constitucional de 2008, adquiere una relevancia constitucional, es la nueva denominación que tendrá a partir de esta reforma, lo que era el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y adquiere un mandato mediante el cual será el órgano competente para resolver aquellas controversias derivadas de la comisión de responsabilidades administrativas calificadas como graves.

Esto implica que ya no será un órgano interno quien tenga la facultad de sancionar, inclusive en tratándose del Ejecutivo Federal o de los ejecutivos estatales a faltas de sus propios jefes, sino será un Tribunal dotado de autonomía técnica y operativa para dictar sus resoluciones quien decidirá sobre las faltas graves en materia de responsabilidades.

Es esta la importancia que reviste que hoy estemos dictaminando y poniendo a consideración de este Pleno el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que fue trabajada y debatida en las comisiones dictaminadoras.

Creo que este producto es muy buen avance en la construcción de instituciones sólidas, firmes y fuertes para avanzar en la concreción del Sistema Nacional Anticorrupción.

El tribunal, a partir de la reforma constitucional, goza ya de una estructura que la propia Constitución le dota, y se establece que esta nueva característica que tendrá el tribunal, es decir, el de resolver en primera instancia causales graves de responsabilidades, serán a partir de una tercera sección creada también en el diseño constitucional.

Entre los aspectos relevantes de las atribuciones que tendrá el Tribunal están:

El aprobar su proyecto de presupuesto con sujeción a criterios generales de política económica y los techos de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal.

La facultad de ejercer directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sin sujeción a disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda.

El autorizar adecuaciones presupuestarias sin requerir tampoco la autorización de la Secretaría de Hacienda.

El determinar ajustes que corresponden a su presupuesto.

Es decir, como se señala en el propio dictamen, esta ley edifica la estructura y marca la funcionalidad del tribunal.

Uno de los aspectos fundamentales que marcaron el debate en torno a esta ley, fueron justamente las atribuciones que se le dan a la tercera sección. Fue un tema fundamental dada la naturaleza que tendrá el propio Tribunal y la tarea delicada que tendrá a su cargo la tercera sección.

De tal manera que se establece que esta tercera sección resolverá el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas.

Podrá ejercer la facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos por faltas graves cuya competencia original corresponde a las Salas Especializadas.

También podrá resolver el recurso de reclamación cuando éste proceda en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Será la responsable de fijar la jurisprudencia en la materia.

Una parte también muy importante que formó parte del debate en la construcción de esta estructura funcional del tribunal, lo fueron las Salas Regionales Especializadas, y ahí se generó el debate de si sería sólo la tercera sección la que pudiera resolver las controversias en materia de responsabilidades graves.

Y por supuesto, el propio Tribunal haciendo una proyección del número de casos que le llegarían, y haciendo un análisis del mismo, se determina que era necesario construir una estructura que sí funcione a partir de Salas Regionales Especializadas, dado que la propia Constitución establece, en la naturaleza del tribunal, que el mismo podrá actuar en pleno o en salas.

De tal manera que el diseño de estas Salas Regionales Especializadas que se determinan a partir de cinco circunscripciones y que podrán aumentarse o reducirse a partir de las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, creo que son una de las aportaciones de esta ley que garantizarán el cumplimiento de las funciones que desarrollará el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Las Salas Especializadas en este sentido tienen, en general:

Competencia en materia de responsabilidades para resolver procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves.

Imponer sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, personas físicas y morales que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves.

Fincar las responsabilidades, el pago de cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, locales o municipales.

Dictar medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento sancionador quede sin materia y el desvío de recursos obtenidos de manera ilegal.

Otra parte también muy importante que se incorpora en esta ley y que incluso hoy no está regulada en la vigente todavía Ley del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, es el establecimiento claro y preciso de las causales graves de remoción.

Es importante, como ya se dijo en el Pleno, determinar el diseño de estos perfiles que integrarán no solamente la tercera sección, sino también quienes estarán a cargo de las Salas Especializadas; revisar sobre todo su grado de especialización y experiencia en la materia.

Y derivado justamente de la grave responsabilidad que en materia de responsabilidades graves tendrán quienes conformen estas Salas Especializadas, pero también en la tercera sección, era importante establecer un marco de causales de remoción que están debidamente señaladas en el proyecto que hoy se discute en el Pleno de este Senado.

Estas son las características, a mi juicio, más importantes de esta ley y que constituye un tema fundamental, porque en el desempeño de este órgano del Tribunal Federal de Justicia Administrativa está justamente ni más ni menos que la resolución de aquellas faltas administrativas graves, una parte fundamental en el diseño de un sistema que está orientado a combatir, a generar justicia, a reducir impunidad en materia de corrupción, y por ello la importancia de una ley, como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una de las cinco piezas legislativas fundamentales en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción que se construyen en este Senado, más las dos que están en Cámara de Diputados.

De tal manera que en el grupo parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor de este proyecto que está ya en discusión, y también solicitamos que todos ustedes le den la confianza a este proyecto para ir conformando y articulando, junto con las otras piezas legislativas que ya están aprobadas, este Sistema Nacional Anticorrupción, que es fundamental para el desarrollo de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Daniel Amador Gaxiola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Daniel Amador Gaxiola: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que hoy está a nuestra consideración es resultado de un arduo trabajo en el que participaron servidores públicos, académicos y la sociedad civil a fin de consolidar el andamiaje jurídico que nos permitirá combatir y erradicar el lacerante mal de la corrupción.

Hay avances, sin duda, se da respuesta a una de las demandas más apremiantes de la sociedad mexicana. Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una instancia que permitirá sancionar a los servidores públicos por las responsabilidades que la ley determine como graves, así como a los particulares que participen en dichas conductas.

Para un correcto funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se dotó a este órgano jurisdiccional de plena autonomía e independencia para dictar sus fallos. Contará con la atribución para imponer las sanciones y fincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias y revisar las resoluciones de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos.

Este órgano cuenta con la facultad de atracción para resolver procedimientos administrativos por faltas graves, cuya competencia, en primera instancia, corresponda a Salas Especializadas. También se faculta al Tribunal para resolver los recursos de apelación que interpongan las partes en contra de resoluciones dictadas por Salas Especializadas.

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se compondrá de 16 Magistrados, de los cuales, 13 ejercerán funciones jurisdiccionales y 2 formarán parte de la junta de gobierno y administración.

La minuta establece los pesos y contrapesos para el nombramiento de los Magistrados, en virtud de que las propuestas del Ejecutivo para ocupar dicho cargo necesitan de la ratificación de dos terceras partes del Senado.

El Tribunal actuará en Pleno o en tres secciones. El Pleno estará integrado por el Presidente del Tribunal y por 13 Magistrados de Sala Superior: La sección tercera tendrá facultades para imponer sanciones a los servidores públicos federales y de organismos autónomos constitucionales por las responsabilidades administrativas graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, la determinación del pago de las indemnizaciones y sanciones resarcitorias pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública Federal.

Compañeras y compañeros Senadores: En el grupo parlamentario del PRI no somos ajenos a las exigencias de la sociedad mexicana que clama por un ejercicio transparente y honesto de los recursos públicos. Es ahí donde radica la importancia y trascendencia de los dictámenes que estamos aprobando, en virtud de que en ellos están contenidos los principios que nos permitirán contar con un Sistema Nacional Anticorrupción robusto, que haga posible que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones políticas y jurídicas de nuestro país.

Estamos convencidos que con esta nueva legislación, consolidamos a las instituciones que garantizan la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos.

En razón de estos argumentos, en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente asunto.

Sin duda tendremos que recalcar que este Senado de la República, tanto de su Legislatura LXII como en esta LXIII, estamos cumpliendo con el compromiso con México.

Estamos sin precedentes realizando reformas constitucionales para efecto de garantizar que la estabilidad y el orden de nuestro país transite, pero sobre todo, que el lacerante mal de la corrupción venga a poder ser parte del pasado en nuestra historia.

Sin duda, el Senado de la República le cumple a México.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Amador Gaxiola.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al dictamen a favor.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia y mi agradecimiento, señor Presidente. Buenas tardes.

"No hay ley justa, sin juez justo"

Por ello, en todo momento ha sido de la máxima atención y preocupación adecuar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no sólo a la demanda constitucional, sino a las necesidades del Estado y la justicia en el siglo XXI.

Si bien, pareciera que no es una de las reformas que han llamado más la atención, ni tampoco es tan mediática la potencia del sistema, radica en qué tan eficiente sea la ley que regule a este Tribunal.

Pero para lograr una buena ley, es necesario reconocer la gravedad del problema.

Hoy en día el Tribunal funciona a partir de un diseño que tiene vocación de nulidad, pero nunca estuvo orientado a combatir a la corrupción.

Por ello, podemos decir que los instrumentos con los que cuenta el Tribunal son insuficientes.

Tenemos un Tribunal eficiente, pero sin herramientas para combatir a la corrupción.

Es por ello que la expedición de esta ley representa uno de los avances más importantes para nuestro país en materia de combate a la corrupción.

La eficacia de la ley está íntima y lógicamente vinculada a la independencia y potencia del Tribunal que la aplica.

El proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se presenta el día de hoy, tiene como propósito que la ciudadanía cuente con un Tribunal a la altura de las circunstancias y que rinda cuentas claras.

Por ello, los trabajos desarrollados por el grupo parlamentario del PRD en el Senado, fueron intensos para esta construcción, y creo que con la suma de las voluntades y talentos de todas las fracciones, logramos construir un proyecto de dictamen que realmente permite fortalecer esta instancia, mejorar su integración y procedimientos para que afronte directamente las atribuciones que tendrá en materia de combate a la corrupción.

Por lo anterior, el voto de nuestro grupo parlamentario sobre esta ley será a favor, pues al ser tomadas en cuenta nuestras aportaciones, de manera muy sustantiva, se crea un Tribunal independiente, autónomo, transparente y con potencia para sancionar a personas físicas y morales, por faltas administrativas graves que tengan lugar mediante actos de corrupción.

El combate a la corrupción en la última etapa, en la de sancionar, será el Tribunal el que cargue toda la responsabilidad, respecto a castigar de manera efectiva y ejemplar, pero también justa, los actos de corrupción.

Para realizar esta difícil, pero muy necesaria tarea, creemos que hemos brindado las herramientas necesarias para desarrollar esta labor.

Podemos señalar varios avances en esta ley.

1.- Que los Magistrados que integrarán el Tribunal tendrán un perfil idóneo y previamente justificado por el Ejecutivo, situación que no vemos en otros juzgadores de altos niveles.

Con esto buscaremos limitar Magistrados improvisados, pagos de cuotas o favores, mediante sus nombramientos.

Esto se realizará en un procedimiento minucioso y transparente en el Senado de la República.

Los Magistrados ahora no podrán ser removidos, sino a través de un procedimiento objetivo, con causales específicas de remoción y esto los dota, no sólo de una certeza laboral, sino también los reviste de autonomía en sus funciones, pues dejan de estar supeditados al Ejecutivo, que es quien los propone.

También se facilita un listado con los supuestos de conflicto de interés para que puedan abstenerse oportunamente de conocer asuntos que no deban y, en consecuencia, puedan ser cuestionados sobre su imparcialidad que, debieron de haber puesto, poniendo en riesgo el total funcionamiento del sistema.

Otros elementos es que para evitar estos conflictos de interés se ha establecido la prohibición expresa a Magistrados que ejerzan su profesión para la obtención de beneficios procesales, la de, tratándose de asuntos jurídicos jurisdiccionales que se vean involucrados ellos mismos.

No obstante, también el combate a la corrupción no puede darse en la oscuridad, por eso, por eliminar una regla que permitía a los Magistrados acordar con la consecuencia de sospecha que sería privada y cuál no, por lo que ahora todos los debates serán públicos, salvo los lineamientos que ahí mismo se especifican.

Esta ley que, soy optimista, y que seguramente se aprobará, hará que todas las sesiones sean públicas por regla general, y transmitidas en video.

Sólo los casos excepcionales serán reservados cuando estemos en algún supuesto que la misma ley considera.

No solamente fijamos principios de actuación en sus procedimientos y actuaciones, también fijamos principios en lo que es el desempeño de sus recursos, los cuales deberán ser ejercidos con austeridad, evaluación y control por parte de sus órganos correspondientes.

Como se ha expuesto, consideramos que esta ley cumple con los requisitos para que esta noble institución sancione a los responsables de actos de corrupción y no queden impunes, como ha venido sucediendo, la tarea del Tribunal es fundamental en la culminación de los esfuerzos de las otras instancias de fiscalización y control.

Finalmente, y si me permite, su señoría, por economía procesal presentaría de una vez dos muy breves reservas que nos ayudarían a tener una mejor ley.

La primera, es una reserva que posibilite la creación de salas auxiliares, una vez que el trabajo en el Tribunal lo demande.

Y, la segunda, tiene que ver con el nombramiento de Magistrados que en el texto actual señala cómo podrán solicitar los antecedentes administrativos o penales, pero para darle mayor claridad y generar una obligatoriedad en esta investigación, la propuesta es que se cambie "podrán" por "deberán".

Tenemos confianza que los trabajos que desarrollará el Tribunal serán los que la sociedad espera, que tengan la altura de miras suficiente para recuperar la confianza de los mexicanos y las mexicanas, y hay que hacerlo que pase, porque con estas acciones se incrementa el prestigio y la credibilidad del Tribunal, ello ayudará a dar certeza jurídica y confianza frente a la ciudadanía y así fortalecer el verdadero sentido de justicia, pero principalmente porque hacerlo es lo correcto.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fernández Fuentes.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, señor Presidente.

Nuestra posición en relación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quiero señalarlo, obedece al planteamiento general, a la crítica que le hacemos, estructuralmente a todo el Sistema Nacional Anticorrupción.

Podemos decir que la corrupción se origina por el débil e inexistente control al poder formal, al poder público, y decíamos, al Presidente de la República, principalmente por el Ejecutivo de la Unión, su influencia, su jerarquía, su posición, su postura, su falta de controles, empezando por este Senado de la República que es la que origina, plantea y solapa la corrupción.

Si hubiera un equilibrio de poderes, que no lo hay, pues habría una posibilidad de controlar al Poder Ejecutivo en su corrupción, en sus acciones, y a los Secretarios de Estado, y a los que entregaron a una empresa privada "Pajaritos", pero no lo hay.

Débiles controles al poder fáctico nacional y trasnacional, además, por la ausencia de participación ciudadana en la vigilancia y supervisión de las auditorías.

Hemos criticado la reforma anticorrupción propuesta porque sea coordinada, insistimos una y otra vez, lo decíamos ahorita afuera a los medios de comunicación, para que se tome en consecuencia el planteamiento general y no un punto, hemos criticado la reforma porque está coordinada y dirigida por funcionarios públicos nombrados por el Presidente, o por el Ejecutivo y el Senado, o por los Diputados.

Es decir, insistimos, es un sistema circular en que el vigilado está nombrando a sus vigilantes, no funciona absolutamente.

Los titulares de los órganos e instituciones encargadas de la corrupción deberían ser electas por los ciudadanos y no por las cuotas de los partidos mayoritarios.

Además de lo anterior, encontramos en este dictamen particular las siguientes críticas:

Es un Tribunal capturado por el Ejecutivo y los partidos mayoritarios del Senado.

Artículo 43 del dictamen.

No habrá independencia ni credibilidad en un Tribunal de esta naturaleza.

Ayer mencionábamos que periódicos como "Reforma" han indicado los lazos políticos y de dependencias de muchos de los Magistrados del futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que será la base del futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de las conductas graves de corrupción, sus integrantes responden a los intereses del Presidente de la República y de los dirigentes de los partidos mayoritarios, y hace una lista el "Reforma".

"Los Magistrados Carlos Chaurand Arzate y Zulema Morsi, tienen vínculos con Manlio Fabio Beltrones, del PRI".

No necesariamente carrera judicial.

"Los Magistrados Julián Oliva y Guillermo Valle responden a Peña Nieto".

"Y Víctor Orduña y Rafael Estrada Sámano al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa".

Dos. El Tribunal no cuenta con un órgano independiente que se encargue de fiscalizar su funcionamiento administrativo ni la disciplina administrativa de sus titulares, ni sus responsabilidades administrativas, no hay autoridad autónoma que supervise al órgano jurisdiccional encargado de imponer las sanciones por responsabilidades administrativas graves, esa tarea recae en la junta de gobierno y administración que se integra por el Presidente del Tribunal y algunos de sus Magistrados, artículo 21 del dictamen, es decir, el vigilante es juez y parte.

Existe un órgano interno de control en el Tribunal que no es independiente y que estará subordinado a la junta de gobierno y administración, y que, desde luego, no conoce de las faltas administrativas de los Magistrados del Tribunal Superior, sino del resto del personal.

En síntesis, la instancia competente para el conocimiento de las faltas administrativas más graves de los servidores públicos del país, y que se presenta como ya el gran final, es candil de la calle y oscuridad de su casa, porque sus Magistrados son fiscalizados por ellos mismos, no existe un órgano interno de control independiente de los Magistrados y mucho menos una suerte del Consejo de la Judicatura que conozca de las faltas de los Magistrados, es una simulación más en este sistema que ha nacido fracasado.

Volvemos a insistir, no vamos a resolver el problema de la corrupción, que a todos preocupa, y aquí los hemos oído en todos los tonos, señalar la corrupción como el gran problema y el cáncer del país, este sistema no lo va a resolver, va a ser un engaño más, y no es correcto que no se aclare y que se centren ahí en que es en un mecanismo que propone la IP, la Coparmex, el Instituto de la Transparencia.

No es ese el camino cuando no tiene, por otro lado, la responsabilidad de los empresarios que están empujando para que sean los funcionarios y todo el sector privado quede absolutamente impune de los actos de corrupción que son los más importantes que se cometen en el país, es decir, es la gran corrupción la que vincula a funcionarios de alto nivel y a los empresarios la que nos lleva a esta situación.

Por eso decimos, es una hipocresía de estar empujando algo cuando saben que ellos no están comprometidos.

No hagamos este tipo de falsas soluciones al pueblo de México que está harto, decían en las elecciones, ya están viendo.

¿Qué fue lo que pasó en este periodo en el que supuestamente gana el PAN, con una bola de corruptos, y pierde el PRI, cediéndole al PAN posiciones?

Es la corrupción, el rechazo, el repudio que la ciudadanía mexicana en las últimas elecciones, pese a las maquinarias de los estados, a la compra de votos, a la manipulación de los medios de comunicación, pese a eso, la población está ya despertando, ¿verdad? Está dándose cuenta que están en manos de una partidocracia, de una clase política corrupta.

Este Senado no puede hacer lo mismo, si no analizamos este sistema circular, ir al fondo, ver que todos los mismos organismos, los mismos que ahí están y que no han servido para nada, y que están censurados por el propio sistema y sus defensores, esos mismos ahora van a ser muy eficientes porque van a estar coordinados y porque hay un secretariado técnico muy importante, en una serie de facultades que no las alcanza uno a leer y que no va a servir, ni siquiera se va a montar de aquí a que se vaya Peña Nieto, con todo y las talegas del nuevo aeropuerto y de los trenes chinos y no chinos.

Ésta es en realidad una trampa, no lo permitan, Senadores, no se mezclen, no se sumen a esta mentira, no va a atacarse la corrupción en este país mientras el Presidente sea impune y los ex presidentes sigan siendo los que manejan este país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se concede la palabra al Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del proyecto.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, señor Presidente. Estimados Senadores y Senadoras:

Uno de los pilares del nuevo régimen de responsabilidad previsto en el Título Cuarto de la Constitución, sin lugar a dudas es el rediseño del órgano encargado de procesar e imponer las sanciones aplicables a aquellas conductas que se estiman graves.

En la reconformación institucional que se propone para el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, está presente una transformación fundamental en el ánimo y en el espacio de la función jurisdiccional, para que a partir del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin merma de las funciones que ha venido desempeñando, el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa se haga cargo de imponer las sanciones a los servidores públicos, por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves.

A los particulares de igual forma que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos federales.

El Constituyente ha resuelto que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tenga esa competencia, y dentro del Tribunal ha encomendado su atención a una tercera sección de la Sala Superior.

Me parece que sobre este tema se ha trabajado mucho en comisiones, es un asunto en donde han participado no solamente los grupos parlamentarios, sino también se ha contado con el apoyo de diversos funcionarios, tanto del Ejecutivo Federal como del propio tribunal.

Más allá de los detalles del dictamen que a este momento todos ustedes ya seguramente conocen, me resulta de mayor interés hablar del significado de estas reformas.

La nueva conformación del Título Cuarto de la Constitución Política prevé o debe prever, en realidad una reforma de Estado.

El Estado mexicano al día de hoy ha sido incapaz de mitigar el enorme problema que significa la corrupción.

En momentos de nuestra historia la distorsión en el ejercicio de la función pública ha sido la constante de una desgracia cotidiana que a golpe de repetirse ha pretendido convertirse en normalidad, pero no lo es. Para fortuna de todos, esa pretendida normalidad no ha ganado carta de naturalización en la sociedad.

Hoy México exige un cambio de rumbo, un cambio real y profundo que devuelva a la sociedad la credibilidad en sus instituciones, el sistema en su conjunto y como tal, debe garantizar esa transformación.

Por eso considero y en eso coincidimos el grupo parlamentario de Acción Nacional, que esta reforma al Título Cuarto de la Constitución, incluyendo desde luego la conformación de un nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debe ser en realidad una reforma de Estado.

La transformación que hoy se persigue no es un asunto menor, no lo es, porque hoy se advierte, sin duda alguna, que la sociedad demanda integridad, no sólo en el ejercicio de cualquier cargo público, sino también en el manejo y en el destino del dinero proveniente del erario. Integridad que debe generar credibilidad y, en consecuencia, confianza.

Integridad y confianza que no sólo debe implicar al servidor público, sino a toda aquella persona que reciba un beneficio que derive del erario o de una decisión que haya tomado en ejercicio de una potestad pública.

Que se entienda bien, la corrupción no tiene dueño ni color, la corrupción tampoco es exclusiva del sector público, está en administraciones, desde luego, en jueces, en legisladores, en servidores públicos deshonestos que han puesto sus intereses económicos, no sólo por encima de los intereses más altos de la sociedad, sino inclusive por encima de la más elemental dignificación del cargo que ocupan.

Pero la corrupción es un mal endémico, y es un mal que alcanza a otros espacios de la sociedad, alcanza a concesionarios, a proveedores, incluso de servicios informativos, a contratistas, a quien cobra sin trabajar, a quien obtiene un contrato con sobrecosto, en fin, a cualquier persona que pretenda obtener un beneficio del erario o de una decisión de gobierno sin que tenga derecho a ello.

El escepticismo y la desconfianza generalizada que produce el fenómeno de la corrupción, ha traído un enorme costo al país.

Es momento de romper el ciclo, es tiempo de poner fin a esta crisis, una crisis, que en mi opinión no puede llamarse, ni del Estado, ni de la ley, ni de la autoridad, es una crisis de integridad y confianza en el desempeño de la función pública y en el manejo y destino del dinero público.

Los retos de nuestra sociedad son enormes. Debemos apostar sin titubeo por devolverle honestidad, credibilidad y autoridad al ejercicio del poder público, pero también debemos apostar con firmeza por desincentivar en los particulares la idea de que pueden impunemente beneficiarse mediante actos deshonestos.

Nuestra realidad es altamente compleja, y enfrenta problemas de muy difícil solución.

Sólo con decisiones claras que apunten a una transformación profunda en la materia y con autoridad fortalecida con la confianza de la sociedad será posible sortear los embates que ofrece el cuadro de la vida de nuestros días.

Hoy, que en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a fijar posición respecto del dictamen relativo, posición a favor, desde luego, relativo a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, me permito recordar a esta Asamblea que el gobierno resulta de las necesidades del presente, y no de ideas o teorías que han sido incapaces de obrar sobre los hechos.

La situación política que ha vivido nuestro país, divorciada por completo de la ley, ha sido y seguirá siendo transitoria, hasta que entre el gobierno y la sociedad la ley sea un vínculo en vez de ser un obstáculo. Norma de conducta para el primero, y base de los derechos de la segunda.

Me parece que la oportunidad que nos brinda la revisión de este nuevo sistema de responsabilidades, bien vale la pena el esfuerzo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ávalos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Con su permiso, señor Presidente.

Y por supuesto, de todas las compañeras y compañeros, decirles que en la fracción del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de este dictamen.

¿Y por qué estamos a favor? Porque sin duda estamos sensibles y entendemos que la sociedad exige y tiene un reclamo a favor de la transparencia y en contra de la corrupción.

Es algo que le hace daño, no solamente a los políticos, les hace daño a los ciudadanos y por supuesto, le hace daño a lo que nosotros más debemos defender, que es a los seres humanos que trabajan todos los días para que les vaya mejor.

Por eso vamos a ir a favor de este dictamen, porque además tiene una mística muy importante, tiene una mística en la creación de una tercera sección que va única y exclusivamente a atender casos de corrupción y que va a tener presupuesto, y esto va a hacer menos vulnerable a las instituciones, esto va a permitir que exista una sala que atienda, que resuelva estos problemas.

También yo quiero resaltar la importancia de este dictamen y de la ley en general por algo fundamental. Aquí cobra vida más la sociedad civil, y por supuesto, también los ciudadanos que van a poder ser más partícipes a la hora de denunciar actos de corrupción, y no solamente como un tema de deshago o un tema donde la sociedad simple y sencillamente se ponga a denunciar, sino que se les va a resolver.

Yo diría que va más allá de eso, porque va a ser un procedimiento que busque, además de la verdad histórica, va a resolver de alguna manera, resolver de manera definitiva los conflictos de algo que ha lacerado durante mucho tiempo a la sociedad mexicana.

Hay muchas cosas que le molestan a la población, pero hoy por hoy no lo han dicho, no quiere más actos de corrupción, no quiere corrupción en ninguna institución, porque saben que de eso depende su desarrollo, saben que de eso depende que les vaya bien y a nosotros nos han elegido para que les vaya bien a los ciudadanos y no podemos más que corresponder aprobando este dictamen para que entonces tengan ellos ya una institución fortalecida y que realmente vengan a atender los casos de la corrupción.

Yo creo que no hay mayor acto de corrupción, que nosotros cerrar los ojos y decirle a la población que no estamos a favor en este tipo de casos.

El Partido Revolucionario Institucional no solamente lo dice en una forma oratoria, lo dice aprobando este dictamen que va a favor de la transparencia y que va de manera definitiva en contra de la corrupción.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ríos de la Mora.

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva los textos de las intervenciones de los Senadores Benjamín Robles Montoya, Carlos Alberto Puente Salas y Arturo Zamora Jiménez, los cuales se integrarán al Diario de los Debates de manera íntegra.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Arturo Zamora Jiménez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 del Reglamento, se abre el registro para reservar artículos, para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que por parte de las comisiones dictaminadoras hay reservas a los artículos 4, 9 y 31.

Por parte del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, reservas a los artículos 14 y 43.

El Senador Benjamín Robles Montoya, reservas a los artículos 23 y 45.

¿Alguna otra reserva?

Asimismo, las comisiones reservan el Título Quinto, integrado por los artículos 71 al 74.

¿Alguna otra reserva o propuesta de adición?

Se cierra el registro de reservas.

En consecuencia, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para recoger la votación nominal del ARTÍCULO TERCERO relativo al proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en lo general y de los artículos no reservados.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta del resultado de esta votación. Se emitieron 104 votos a favor, 5 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Iniciamos la discusión en lo particular. Informo a la Asamblea que el primer grupo de reservas corresponde a los artículos 4, 9 y 31 solicitados por las comisiones.



Las propuestas de modificación se encuentran disponibles en el monitor de sus escaños. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de las comisiones, relacionadas con los artículos 4, 9 y 31.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 4, 9 y 31. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Están a discusión.

¿Hay algún orador? En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobadas, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 4, 9 y 31 se reservan para su votación con las modificaciones aceptadas, conjuntamente con los demás artículos reservados.

Entiendo que el Senador Luis Humberto Fernández ya hizo referencia a las reservas en su intervención inicial.



En virtud de que el Senador Luis Humberto Fernández hizo referencia a las motivaciones de sus reservas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse las reservas presentadas a los artículos 14 y 43.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Fernández Fuentes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Están a discusión.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobadas, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 14 y 43 se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados, aceptadas las modificaciones.

El Senador Benjamín Robles Montoya presentó reservas a los artículos 23 y 45.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas a los artículos 23 y 45 presentadas por el Senador Robles Montoya.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas formuladas por el Senador Benjamín Robles. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, los artículos 23 y 45 se reservan para su votación en los términos del dictamen.

Las comisiones dictaminadoras presentaron propuesta de eliminación del Título Quinto relativo a los artículos 71 al 74.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de eliminación presentada por las comisiones dictaminadoras.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 71, 72, 73 y 74. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame la Secretaría.

Esta propuesta de reserva fue presentada por las comisiones dictaminadoras.

Las propuestas presentadas por las comisiones implican la supresión de los artículos 71, 72, 73 y 74 del proyecto de Ley Orgánica.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas consistentes en la eliminación de cuatro artículos de la Ley Orgánica.

Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quería que alguien de la comisión mejor explicara qué pretende con esa eliminación porque desconocemos el alcance, de eso no hemos sido informados y antes de negarles la posibilidad o rechazarlos pudieran explicar sucintamente. Aunque dicen que sí hay que quitar, cuál es la razón de quitarlos.

Y no aparece en el monitor de los escaños el contenido de ese documento.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Las reservas se presentan en el Pleno, Senador Pedraza, y en consecuencia, le estamos dando trámite, no la podemos leer porque implica simplemente la eliminación de cuatro artículos, la lectura consistiría simplemente en decir que se eliminan del proyecto de dictamen.

Ruego a la Senadora Pilar Ortega, haga uso de la tribuna para exponer las razones que subyacen a la reserva que ha sido presentada.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Efectivamente, nos hemos dado a la tarea de revisar cuál era la motivación de las Mesas Directivas para presentar esta reserva.

Y, efectivamente, estos artículos que están en el Título Quinto de la propuesta de proyecto de la Ley Orgánica del Tribunal, se refieren a recursos.

El mismo contenido ya está previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue votada el día de ayer.

Por lo tanto, estaríamos hablando de una duplicidad y, sobre todo, que pudiera generar una contradicción y, obviamente, un mal diseño legislativo; por lo cual es procedente que se eliminen del proyecto para efecto de no tener este problema. Es simplemente eso.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Voy a consultar a través de la Secretaría, si se admite a discusión la propuesta de eliminación.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de reserva.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la eliminación de los artículos 71, 72, 73 y 74. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Algún orador?

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la   propuesta.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No hay más reservas en trámite.

Por lo tanto, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación de los artículos reservados. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 4, 9, 14, 31, 43 y por la eliminación de los artículos 71, 72, 73 y 74 tal y como han sido aceptados por la Asamblea, y de los artículos 23 y 45 en los términos del dictamen.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta del resultado de la votación. Se emitieron 92 votos favor, 5 en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 4, 9, 14, 31 y 43 con las propuestas aprobadas; asimismo, aprobada la eliminación de los artículos 71, 72, 73 y 74; y aprobados los artículos 23 y 45 en los términos del dictamen, todos del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Queda aprobado, por tanto, el Artículo Tercero correspondiente al proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Se declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.





 

Honorable Asamblea: Informo a ustedes que las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, han remitido los siguientes dictámenes:

El que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de Combate a la Corrupción.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los dos dictámenes se incorporen a la agenda de la sesión extraordinaria para su trámite.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren a la agenda los dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Informo a la Asamblea que ambos dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria y se encuentran disponibles en sus escaños.

El despacho de los dictámenes será separadamente con su respectiva discusión y votación.

Comenzamos con el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Dictamen de primera lectura)



Por lo tanto, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Informo a las y los Senadores que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación al dictamen. El texto del documento está publicado en los monitores de sus escaños.



Por tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que las modificaciones se integren al texto del dictamen.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que las modificaciones que proponen las comisiones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que autorizó la Asamblea.

En este momento, por tanto, se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En este periodo extraordinario se han presentado diversos proyectos de dictamen en materia de combate a la corrupción, y el que se presenta, en este caso particular, atiende la creación de la institución que se encargará de atender el seguimiento e instrucción de las denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos por casos de corrupción.

El presente dictamen tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, únicamente por lo que se refiere a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

La importancia de este órgano deriva de la reforma política publicada el 10 de febrero de 2014, en la cual se da cuenta de la creación de la Fiscalía General de la Nación y, con ello, emanan dos Fiscalías Especializadas, una para combatir a la corrupción y la otra para la persecución de los delitos electorales.

Con la presente reforma se pretende establecer las competencias, facultades y límites de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción en la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con lo cual se garantiza su autonomía e independencia técnica, sin que pueda argumentarse que ésta no sea una facultad del legislador democrático, puesto que la garantía de competencia se establecía de un órgano creado por la Constitución, en ley es una cualidad que debe corresponder al Poder Legislativo en un Estado democrático.

El propio Constituyente mandata la creación de las Fiscalías Especializadas en materia de combate a la corrupción y delitos electorales con independencia de la entrada en vigor de la Fiscalía General de la Nación.

En consecuencia, dicho mandato implica la necesidad de regular las atribuciones y parámetros de organización por el Congreso de la Unión, ya sea a través de la expedición de la ley que regula la Fiscalía General, o bien, en tanto se expide ésta con una regulación del marco jurídico actual de la Procuraduría General de la República, como es el caso.

Por ello, el dictamen que el día de hoy se pone a su consideración implica la creación de una Fiscalía Especializada en combate a la corrupción basada en tres pilares fundamentales:

El primero, independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción.

El segundo, estructura funcional de recursos humanos suficientes para el correcto cumplimiento de sus funciones.

Y el tercero, recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de sus actividades.

Respecto de la independencia técnica y operativa con que contará la fiscalía, debe destacarse que es uno de los aspectos de mayor relevancia de este dictamen, toda vez que constituye la base para lograr que la actuación de quienes integren este órgano sea con total desapego de las autoridades de gobierno.

Por otra parte, la estructura funcional de recursos humanos suficiente a la que me referí, implica que la Fiscalía se conformará con personal directivo, administrativo y auxiliar capacitado para el debido cumplimiento de las funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.

De igual forma la Fiscalía contará con agentes del Ministerio Público especializado en combate a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

Un aspecto que me gustaría destacar respecto del personal que conformará esta Fiscalía es, que tanto el titular como su personal de confianza, agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial, y peritos miembros del Servicio Profesional de Carrera, se encontrarán sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como al régimen especial de la materia.

Su actuación será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría General y el órgano interno de control, conforme a sus respectivas competencias, lo cual implica que no por integrar a la Fiscalía en materia de corrupción se encuentren exentos de la rendición de cuentas.

Ahora bien, respecto al régimen presupuestario, las comisiones dictaminadoras deliberamos que debía otorgarse la Fiscalía Especializada buscando en todo momento que éste no sea obstáculo para su buen desempeño, si bien uno de los grandes avances de la creación de la Fiscalía es su autonomía, dicha autonomía no podría concebirse plenamente sin un presupuesto suficiente que no dependa de cualquier otra institución gubernamental.

En este sentido, la suficiencia presupuestaria es un elemento clave para garantizar el cumplimiento efectivo y eficaz de su mandato para combatir los delitos de corrupción y demás prácticas ilícitas dentro del servicio público y, por ello, en el proyecto de dictamen que hoy se somete a su consideración se le confiere al titular de la Fiscalía la facultad de elaborar su propio anteproyecto de presupuesto.

Así, en primera instancia, el titular deberá hacer un cálculo estimado de recursos necesarios para dicha Fiscalía y, posteriormente, la Secretaría de Hacienda será la encargada de integrar la propuesta de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por todo lo anterior, el dictamen que el día de hoy presentamos en comisiones unidas constituye una pieza fundamental para el correcto funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que requiere de autoridades encargadas que sancionen a los funcionarios que cometan delitos que impliquen todo tipo de acto de corrupción.

México requiere de una Fiscalía, pero no solamente de eso, esta institución deberá contar con total autonomía que le permita actuar sin distinción alguna, sin preferencias y sin beneficio en favor de unos cuantos.

Las exigencias de hoy en día nos obligan a tener instituciones que sirvan a los mexicanos de manera eficiente y transparente.

Compañeras y compañeros Senadores, la corrupción y la impunidad que imperan en el país han producido graves daños en los órdenes económico, político y social. Es impostergable el combate a la corrupción, pero esta labor tiene que realizarse de una manera seria, eficaz y decidida.

Quiero agradecer, por último, a todos los integrantes de la Comisión de Justicia que han trabajado de manera incansable en generar un consenso que hoy nos pueda llevar a la creación de la Fiscalía Nacional Anticorrupción.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Yunes Márquez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, para presentar el proyecto de Decreto por esta comisión.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente, muy buenas tardes. Compañeras y compañeros Senadores:

Ha sido presentado ante ustedes por el Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Fernando Yunes, el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, estamos poniendo a consideración de ustedes, a consideración de este Pleno, un dictamen en el que se incorporan una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y esas reformas que estamos proponiendo guardan, desde luego, correspondencia con el combate a los delitos relacionados con hechos de corrupción, son el complemento de este Sistema Nacional Anticorrupción; un complemento que es una pieza indispensable, fundamental, de lo que sin duda alguna es un sendero que hemos iniciado, buscando que el tema de la corrupción en México sea previsto, sancionado, combatido desde diversos puntos de vista.

Para valorar estas reformas legales en su justa dimensión, me parece que tenemos necesariamente como vértice de las mismas, dos reformas constitucionales que han venido a establecer, a instituir lo que yo llamo un nuevo paradigma en la vida institucional de México.

La primera de ellas, la recuerdan ustedes, es la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación. Ésta tuvo por objeto, entre otras, dotar de autonomía al Ministerio Público a través de la creación de la Fiscalía General de la República, y esto fue hecho en el marco de la reforma política que este Congreso de la Unión estableció en ese año.

La segunda, pero no menos importante, es la reforma nacional que justamente crea el Sistema Nacional Anticorrupción, publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, que viene a ser una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención fundamental, la detección y la aplicación de sanción de responsabilidades administrativas y la persecución de hechos de corrupción, así como también para la fiscalización y control de los recursos públicos, sin perder de vista el objetivo primordial de prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción a través de los diferentes instrumentos de la gestión pública.

Estas dos grandes reformas han sentado ya las bases sobre las cuales el legislador ordinario debe de dirigir las adecuaciones a las leyes secundarias que vienen a complementar el mandato del Constituyente Permanente y es justamente lo que estamos haciendo el día de hoy con este planteamiento.

Quiero comentar con ustedes, porque se ha estado discutiendo en comisiones, es un tema que tuvo una gran relevancia en la discusión que se dio en las comisiones, que una parte normativa sustancial de la reforma política no ha cobrado aún vigencia, específicamente me quiero referir al artículo 102, Apartado A de la Constitución, que prevé, como ya lo comenté, la existencia de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Por ello, el texto vigente del referido artículo 102, que establece la facultad del Ejecutivo para nombrar y remover a los funcionarios del Ministerio Público de la Federación, está presidido por el Procurador General de la República, y éste debe ser el marco jurídico vigente sobre el cual debe considerarse el presente proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y no podemos, a juicio nuestro, asumir uno diverso.

La propuesta que estamos sometiendo a su consideración plantea un marco jurídico que dé sustento a la actuación de la Fiscalía Especializada, desde ya, en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, con el propósito de dotarla de las atribuciones y responsabilidades necesarias para desarrollar la función que le fue encomendada en la Constitución.

En este sentido, consideramos pertinente reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo que se refiere a la citada Fiscalía Especializada, con el fin de establecerle dichas competencias, facultades y límites de la misma en la propia ley orgánica considerada como un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

Es así entonces, que coincidimos en la necesidad de establecer el marco jurídico legal por el cual debe conducirse la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, en tanto el Congreso de la Unión emite la regulación de la Fiscalía General en su conjunto y la declaratoria expresa de su autonomía constitucional.

Es de resaltar que en la reforma constitucional, que fue publicada el 27 de mayo de 2015, y que instituye el Sistema Nacional Anticorrupción, se establece a la propia Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, como uno de los órganos sustantivos que conforman dicho sistema, y con ello queda de manifiesto, me parece, la relevancia de la que el Constituyente le dotó.

Sin embargo, esta reforma debe integrarse también sobre la base prevista en el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto de 2014, en el cual el Constituyente Permanente determinó que el Procurador General de la República expedirá el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos cuyo titular será nombrado por el Senado sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el procurador, o en su caso, del Fiscal General de la República.

Y bajo estas premisas, con estos antecedentes que les he comentado, las comisiones dictaminadoras hemos determinado contemplar en este dictamen varias reformas a la ley, entre las que me parece importante referir las siguientes, solamente de manera enunciativa, pero que me parece son las fundamentales:

Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en materia de delitos, será un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

Contará con agentes del Ministerio Público especializados en combate a los hechos que consideramos como delitos en esta materia.

Su titular presentará anualmente un informe sobre las actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Fiscalía elaborará su propio anteproyecto de presupuesto para enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Procuraduría General de la República, pero no podrá ser modificado este proyecto de presupuesto por el procurador.

Contará también con los agentes del Ministerio Público y de la Federación y policías de investigación que le estarán adscritos y que resulten necesarios para la atención de los casos que le corresponda.

Emitirá acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia.

Las Fiscalías Especializadas, como es el caso, se van a equiparar jerárquica y administrativamente a una Subprocuraduría.

Y, finalmente, se plantea que el Decreto entre en vigor a partir del nombramiento que el Senado de la República realice del titular de la Fiscalía Especializada, creada en términos de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia político-electoral, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Señoras y señores Senadores, con estas disposiciones consideramos en las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, que tanto los integrantes de las comisiones como de los propios grupos parlamentarios y las instancias de gobierno participantes en los diálogos y acuerdos, hemos arribado a las mejores propuestas legislativas que den verdadera viabilidad a las reformas planteadas en la iniciativa original.

En este tema, un tema que se circunscribe necesariamente en el contexto de las reformas legales en materia de combate a la corrupción, debemos ser claros en cuanto al objetivo que se busca, que es consolidar la existencia y la actuación de la Fiscalía Especializada, pero siempre en respeto y armonía del marco jurídico constitucional vigente.

Yo quiero felicitar a todos los integrantes de estas dos comisiones, y además, Senadoras y Senadores que participaron con un gran interés en el tema, porque arribar el día de hoy a la presentación de este dictamen, me parece que es un paso importante en lo que para todos es una búsqueda constante, la de dotar de mejores instrumentos jurídicos al país, al Estado mexicano para que se combata lo que ha sido señalado por la ciudadanía como un bien prioritario a tutelar, que es la garantía a los mexicanos de que todo delito, todo hecho de corrupción, toda falla en este sentido por un servidor público deba de ser sancionada con todo el rigor de ley.

Esperamos, desde luego, su aprobación.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ortiz González.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de 10 minutos para cada uno.

Y en este sentido, tiene el uso de la palabra el Senador don Manuel Bartlett Díaz, hasta por diez minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Con todo bombo y platillo se presenta la creación de esta Fiscalía Anticorrupción, que nacerá subordinada a la mayoría del Senado y al Procurador General de la República, por las razones que explicaremos adelante, será una fiscalía que actuará en las sombras, en la opacidad, sin transparencia, porque el Fiscal Anticorrupción puede ser destituido por revelar el desarrollo de sus investigaciones, debe ser silencioso y revelar lo que convenga al procurador, a la procuradora en este caso.

Existe una contradicción institucional entre el intento de combatir la corrupción y la actuación secreta de las autoridades que llevan a cabo esta tarea.

Digo, esa pieza rimbombante, el Sistema Nacional Anticorrupción, tendrá precisamente un persecutor, un fiscal especial, pero debe de guardar silencio.

No creemos que se trate de un adecuado diseño institucional para enfrentar la corrupción y no compartimos ni el sistema de nombramiento del fiscal anticorrupción, que lo hace dependiente de los que lo nombrarán, ni la manera en la que realizará sus labores, sometido a una Espada de Damocles permanente para que permanezca callado y no informe a la sociedad sobre los niveles de corrupción existentes en el país.

Las críticas particulares que hacemos en este dictamen son las siguientes:

El Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, artículo 10 del dictamen, coloca formalmente, fíjense bien ustedes, este gran fiscal anticorrupción, lo coloca formalmente, ¿verdad?, a este funcionario y al fiscal especializado en delitos electorales, como vamos a ver la comparación, en una posición jerárquica inferior a los subprocuradores.

Cómo es posible, este gran funcionario que es la Espada de Damocles contra quienes se corrompan, está no solamente debajo de la procuradora, sino debajo de los subprocuradores.

¿Cuál es la jerarquía entonces? Es una posición inferior a los subprocuradores, en contra de lo previsto en el artículo 102 A de la Constitución.

El nombramiento del Fiscal Anticorrupción depende de la mayoría de las dos terceras partes de este Senado, lo que significa la continuación del reparto del botín entre los partidos mayoritarios y ausencia de independencia del fiscal respecto a estos partidos. Artículo 10 Bis de la ley.

El titular de la Procuraduría General de la República, fíjense, este poderoso funcionario, el titular de la Procuraduría puede destituirlo, se los repito, este gran Fiscal Anticorrupción, producto del sistema anticorrupción, este maravilloso fiscal queda debajo de los subprocuradores, y además lo puede destituir la Procuradora. No, pues es muy independiente.

La Fiscalía Anticorrupción ejercerá sus atribuciones en el ámbito de la opacidad. Tiene prohibido, repito, que haga algún comentario. No es independiente y tendrá que pedir permiso.

Es sanción grave que el fiscal divulgue, informe, artículo 10 Bis del dictamen. Esa es otra de las grandes figuras de esta simulación de persecución de la corrupción, ese fiscal es una facha.

Y para explicar un poco el despropósito éste, la simulación y la burla, les recuerdo que va a ser igual o paralelo a la FEPADE, al fiscal en contra de los delitos electorales. ¿Se acuerdan? Espero que se acuerden porque son paralelos.

El Fiscal de la FEPADE contra los delitos electorales, nombrado por unanimidad de este Senado, tuvo a bien hacer un comentario en un programa, de que había denunciado apenas, de acuerdo con sus investigaciones y análisis, a un funcionario de Gobernación proveniente del Verde Ecologista.

No sé si ya exista ese señor, pero les recuerdo que le han hecho un escándalo, lo han agredido, lo han acusado de lo peor, lo han insultado, lo han demandado los del Partido Verde y el PRI, apoyados por Osorio Chong que lo había ya acogido como un gran funcionario de Gobernación.

¿Qué pasó con ese encargado de cuidar los delitos electorales?

Pues ya lo callaron para siempre, ya no existe, no operó, se lo comieron porque se atrevió a decir que había denunciado a un funcionario probo; que nada más tuvieron unas 700 multas del IFE, y recuerdo que algunos decían que había que cancelar el registro.

Bueno, ese personaje fue tocado con el pétalo de una rosa y este pobre hombre quedó ya satanizado, no volvió a hablar ni afuera ni adentro.

Ese es el rango del Fiscal Anticorrupción, es una burla, debajo de los subprocuradores, calladito. En este caso nada más fue un funcionario de segunda de Gobernación, proveniente del Partido Verde.

Pero imagínense ustedes que haga una investigación sobre un pez gordo por corrupción, bueno, pues el exilio es lo menos que le espera, o la cárcel, como a los maestros de la CNTE. Ese es el nivel del Fiscal Anticorrupción.

Cada pieza que tocamos nos lleva a la simulación, a la mentira. No están luchando por la anticorrupción, sino por inventar un sistema tres años después que en el Pacto lo firmaron los partidos firmantes y Peña Nieto, ya a punto de irse, y están haciendo esta batea de babas. Qué barbaridad, qué barbaridad.

Aquí lo vamos a elegir, pero hay que advertirle que si habla más de la cuenta o investiga más allá de lo que le autoricen, será despedido por la procuradora, porque tiene facultades la procuradora para despedir a un funcionario que nombra el Senado de la República, egregio Senado de la República.

¿Esa es autonomía técnica?

¿Esos son los recursos que va a tener?

Esa es una facha, una mentira y una burla.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Bartlett Díaz.

Hago del conocimiento de esta Asamblea que el Senador Carlos Alberto Puente Salas ha presentado su argumentación por escrito y se turna al Diario de los Debates. Muchas gracias, Senador Puentes Salas.

El Senador Carlos Alberto Puentes Salas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

El presente dictamen representa, sin duda, un avance sustancial, aunque temporal, que en tanto logremos transitar a lo que será la Fiscalía General de la República dotada de total autonomía y que permitirá tener mejores parámetros de actuación al Ministerio Público.

Hasta en tanto eso suceda, la presente reforma contempla diversas funciones que fortalecen el combate a la corrupción. Así tenemos, se contará con una autoridad especializada en investigación de las conductas que trascienden de las responsabilidades administrativas, las cuales, por su gravedad o lesión a un bien jurídicamente tutelado, se constituyen como delitos.

Igualmente, la Fiscalía tendrá el nivel orgánico equivalente a una subprocuraduría, lo que le brinda la capacidad técnica y operativa necesaria para cumplir con sus funciones. El personal que le será adscrito contará con los conocimientos necesarios para realizar sus funciones, tendrá autonomía técnica y operativa, estará incorporado al Servicio Profesional de Carrera, y se destaca que contará con apoyo necesario de los servicios periciales y de la Policía Federal Ministerial.

La Fiscalía rendirá un informe de sus actividades al procurador o procuradora, quien será único, este informe, y a su vez será compartido con los integrantes del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

De lo más relevante, quiero destacar, será la capacidad de generar herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

Sin embargo, nuestro grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ve con enorme preocupación este dictamen, que si bien por una parte regula los alcances de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que además es importante destacar el adendum que se construyó con los distintos grupos parlamentarios que se anexa a este dictamen; pero por otro lado mutila lo previamente acordado en lo relativo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, la cual ha literalmente desaparecido de este dictamen.

Es lamentable que la mayoría de las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras hayan renunciado a dotar a la FEPADE de un marco rector para que, en el ámbito de sus atribuciones, pueda contar con los instrumentos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Recordemos que esta Fiscalía es una institución fundamental para la democracia. Resulta paradójico que la misma, la FEPADE, no cuente como titular, esta fiscalía, como es la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, del marco jurídico que es necesario tener.

Así es como los instrumentos, los mecanismos y presupuesto que ya se le reconocen a la Fiscalía Anticorrupción, pero que en el caso de la FEPADE, a pesar de que cuenta con un titular, recordemos, electo por unanimidad por esta Soberanía, nos preocupa, en serio, señoras y señores, que no se le dé el mismo trato, es realmente lamentable.

Podíamos tener hoy un dictamen completo, sin ningún cuestionamiento; sin embargo, padecemos, lamentamos que no podamos lograrlo. Y quiero destacar que no es un asunto menor que, por lo tanto, que este dictamen mutile de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales los siguientes aspectos que me voy a permitir enumerar:

1. Su funcionalidad a través de otorgar la independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia electoral, hay que decirlo de manera textual.

2. Contar con una estructura regional a través de la creación de unidades administrativas distribuidas en regiones dentro del territorio nacional para el seguimiento de las investigaciones. Es muy grave que no lo planee.

3. Prever que cuente con una estructura funcional de recursos humanos suficiente para el debido cumplimiento de sus funciones.

4. Contar con los recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de sus funciones, para lo cual se había diseñado un mecanismo que le garantizaba al menos el 3 por ciento del presupuesto total asignado a la Procuraduría General de la República.

5. Establecer los requisitos para ser fiscal especializado, equiparándose al mismo en jerarquía administrativa a la actual figura de subprocurador.

6. Un régimen transitorio encaminado a establecer la operación presupuestal, lo cual nos parece verdaderamente riesgoso no esté configurado en el dictamen.

Nada de esto quedó en el dictamen que, dicho sea de paso, no argumenta, no funda, no motiva la decisión de cambiar de un día para otro el sentido del dictamen.

Por tanto, seguiremos insistiendo en la reincorporación de las atribuciones de la FEPADE, tal y como se establecía en el proyecto del día 13 de abril, y presentaremos las reservas correspondientes.

Es cuanto y muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora De la Peña Gómez.

A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy estamos a punto de dar un paso trascendental en la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción que, efectivamente, sea robusto y que esté conformado por instituciones sólidas que vengan a fortalecer este combate frontal a este fenómeno en materia de corrupción.

Cuando en su oportunidad presentamos ante el Pleno del Senado de la República esta iniciativa, recordábamos los estudios y las estadísticas en torno al fenómeno de la corrupción y, sobre todo, el grado de impunidad que persiste en la persecución de los delitos que tienen que ver con corrupción.

Recordábamos también que por virtud de la reforma política a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que estableció que se creara la Fiscalía General de la República, y con ella se dotaba de autonomía al Ministerio Público, se mandató que la misma contara con dos Fiscalías Especializadas.

Y posteriormente, en el régimen transitorio de la misma reforma, tanto el Artículo Transitorio Décimo Octavo y el Décimo Noveno, establecieron que con independencia del surgimiento de esta Fiscalía General, que aún no ha nacido y que no se han generado las condiciones que la propia Constitución establece para su nacimiento, sí se mandataba que estas dos fiscalías que preveía la Constitución, tanto la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, tendrían que surgir a partir de un nombramiento inicial del Senado de la República. Es decir, este nombramiento sería en tanto surgía la Fiscalía General porque sería, entonces, el fiscal autónomo quien designaría a los titulares de estas Fiscalías Especializadas.

Por ello el propio Constituyente generó en este régimen transitorio, la exigencia de que estas dos fiscalías surgieran. Y esto, pues porque también, posteriormente, se genera otra reforma constitucional que es justamente la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Y en esta reforma constitucional, se establece también como parte del sistema, como parte del Comité Coordinador, a la Fiscalía Anticorrupción.

Era necesario, entonces, que el Legislativo dotara de las herramientas necesarias a esta Fiscalía Anticorrupción, para efecto de hacer frente a la gran tarea que tiene por delante.

Por eso cuando se revisó la obligación del Legislativo para generar la reforma secundaria en materia anticorrupción, y estas cinco leyes que mandataba la Constitución, también Acción Nacional puso en la mesa la necesidad de dotar a la Fiscalía Anticorrupción de las herramientas necesarias, de la estructura necesaria, de la solidez necesaria para hacer frente a la tarea, porque esta disposición parecía que quedaría de lado.

Otro tema era también importante, la construcción de una mejor estructura penal dentro del Código, en lo que hace a la materia sustantiva los delitos en materia de corrupción.

Y entonces fue que presentamos una propuesta para hacer una modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para que en este proceso de tránsito hacia la construcción de una Fiscalía Autónoma, se pudiera contar ya con Fiscalías Especializadas que mandataba la Constitución que, efectivamente, pudieran atender todo lo que tiene que ver con la materia de corrupción, pero también, como bien lo dijo la Senadora De la Peña, que me antecedió en la palabra, también dotar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de las herramientas, y de la misma categoría, porque la Constitución no hizo ninguna diferencia entre ambas fiscalías, y les dio esta relevancia en la propia Constitución, y en los artículos transitorios también mandató el mismo régimen; entonces, no habría por qué distinguir una de la otra.

Entonces, así se llega el día de hoy a la construcción del dictamen que le dará la posibilidad a esta Fiscalía Anticorrupción de tener una estructura, de tener una regulación precisa dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en este régimen de tránsito, pero también pues que sea concordante con la reforma constitucional y con el diseño establecido en los artículos transitorios a que me he referido.

Es por ello que esta propuesta, la que hoy vamos a votar, por supuesto que genera una solidez en la Fiscalía Anticorrupción, una solidez para generar en la misma una autonomía técnica y presupuestal, para también tener la posibilidad de llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos en materia de corrupción de manera independiente, pero también de contar con la estructura suficiente para poder hacer frente al reto tan importante que implica lo que esta fiscalía tiene como gran reto.

Y, por ello, nosotros votaremos a favor el presente dictamen, y también quiero mencionar, pues que se hizo un gran trabajo al interior de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Estudios Legislativos en la construcción de este dictamen; de manera particular reconozco el trabajo del Senador Fernando Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia; de la Senadora Ivonne Álvarez y también del Senador Luis Humberto Fernández, quienes trabajaron de manera ardua en la conformación y en la confección de este dictamen, y yo creo que es un dictamen que refleja en la parte, en lo que hace a la Fiscalía Anticorrupción, una estructura sólida, una estructura que le permite a la misma Fiscalía contar con esta autonomía técnica y operativa para desarrollar su función, también le da las bases institucionales que permitan combatir, prevenir y sancionar este fenómeno en todas sus fases.

Esta Fiscalía resultará fundamental para lograr la eficacia del sistema, pues a ella le corresponde justamente esta investigación y persecución de delitos en materia de corrupción.

La propuesta que hoy se pone a consideración del Pleno plantea un marco jurídico como sustento para la creación y actuación de esta Fiscalía Anticorrupción, con el propósito de dotarla de las atribuciones y responsabilidades necesarias para desarrollar su función.

La propuesta que se está votando establece la propia naturaleza de la Fiscalía; establece claramente su posición dentro de la estructura de la Procuraduría General de la República; se establece expresamente que es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; se le dota de la capacidad de contar con el personal sustantivo, directivo y administrativo capacitado para el debido cumplimiento de sus funciones.

Se establece que la misma contará con Ministerios Públicos especializados en materia de corrupción, y esto era bien importante, porque sí se genera la necesidad de contar, en el sistema de carrera de la propia procuraduría, con una especialización en materia de corrupción dentro del proceso para convocar y elegir quiénes formarán parte de esta fiscalía.

Otro de los temas importantes dentro de la misma, es lo que tiene que ver con la policía, y que ésta esté adscrita a la propia Fiscalía, es decir, la capacidad del propio fiscal de tener la conducción de la policía que llevará a cabo la investigación de los delitos.

Otra disposición, también fortalece el acceso del fiscal o de la Fiscalía a los servicios periciales, en los términos que establezca el propio Ministerio Público.

Otro aspecto fundamental que se construyó en el dictamen es el diseño de su estructura presupuestal, que era un tema fundamental, porque era necesario que se goce dentro de la Fiscalía de una estructura presupuestal suficiente para atender este reto, y por ello, por principio de cuentas en el mismo, en el texto de la propuesta de reforma, se establece que la facultad al Fiscal Especializado para que confeccione el anteproyecto de presupuesto y que sea enviado directamente a la Secretaría de Hacienda para ser integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, pero, además, en el régimen transitorio se mandata a la Cámara de Diputados para que asigne el presupuesto de manera específica a la propia Fiscalía, y con eso se genera también un diseño que le permitirá a la Fiscalía tener esta estructura financiera suficiente para hacer frente a los delitos en materia de corrupción.

Es importante señalar, también, que se establecen disposiciones expresas de la participación del fiscal como integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. También otra de las cuestiones importantes en el diseño institucional de esta Fiscalía, tiene que ver con la posibilidad de generar acuerdos circulares y cualesquier otra disposición administrativa necesaria para el desarrollo de su función.

Hay cuestiones que, efectivamente, se tendrán que acordar con el procurador, porque también hay un límite constitucional, sobre todo en lo que hace a la designación de Ministerios Públicos, puesto que es el procurador, en el régimen actual, quien preside el Ministerio Público de la Federación.

Sin embargo, con el diseño legislativo que hoy se está planteando se fortalece de manera sustantiva a la Fiscalía en tres rubros muy importantes: en lo que tiene que ver a su autonomía técnica y operativa, y la capacidad de dirigir la investigación y persecución de los delitos en materia de corrupción de manera autónoma.

El segundo tiene que ver con la estructura presupuestal sólida que se le da y la posibilidad de que el propio fiscal diseñe el presupuesto y lo proponga ante las instancias correspondientes, y la obligación de la Cámara de Diputados a dotarlo de ese presupuesto.

Y en tercer lugar, y creo que es otro tema también muy importante, el diseño institucional, es decir, de contar con Agentes del Ministerio Público especializados y contar con un despliegue territorial, es decir, se establece dentro de la misma propuesta que el fiscal podrá tener un despliegue territorial para efecto de contar con una estructura que le permita operar en diversas regiones del país.

En síntesis, esto es lo que se propone, también se emitió por parte de las mesas directivas de las comisiones un adendum que se pondrá a consideración del Pleno y que fortalece aún más a esta Fiscalía.

En estas modificaciones que se hacen, por ejemplo, está en que el informe que rinda el fiscal y que se hará ante la procuraduría y que será público, y se presentará también al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se remita también al Senado de la República.

Creo que con estas modificaciones y con este diseño hoy estamos dando un paso importante, un paso que será también medular en la conformación de un Sistema Nacional Anticorrupción.

Anticipo también que Acción Nacional no estuvo de acuerdo en que se eliminara del proyecto de dictamen la construcción de facultades y atribuciones similares a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, esto es un tema muy importante que no solamente tiene que ver con la propia materia electoral, en el diseño de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, ustedes lo saben, hay muchos delitos que tienen que ver con la participación de servidores públicos, y cómo éstos se relacionan con campañas electorales, y esto, por supuesto, estamos hablando también de delitos de corrupción, entonces, era importante que en el diseño de esta reforma también estuviera el fiscal en materia de delitos electorales, y que, asimismo, se le diera el mismo diseño dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque así está mandatado en la reforma constitucional; sin embargo, con lo que hoy se propone, hemos dado un gran avance.

Acción Nacional en su momento presentará una propuesta de modificación, pero creo que esto, no, vamos, por sí mismo, no deslegitima el trabajo que se hizo en comisiones y el gran paso que estamos dando hacia el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Muchas gracias.


PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora María del Pilar Ortega.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, para el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del PRI, refrendamos nuestro compromiso para consolidar la transformación de este país, iniciada por nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, y además también refrendamos nuestro compromiso con toda la sociedad mexicana que nos ha brindado su confianza para poder estar representándolos aquí en el Senado de la República.

¿Qué queremos? Un México en paz. ¿Qué queremos? Un México incluyente, un México educado, un México próspero con oportunidades para todos, pero sobre todo, un México con instituciones confiables y con servidores públicos que estén comprometidos con su país, con su patria y con los ciudadanos, eso es lo que buscamos.

Hoy discutimos una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual es indispensable e inaplazable para poder dotar a esta gran institución de las herramientas necesarias para poder incrementar la calidad en la procuración de justicia a nivel federal, pero sobre todo para poderle dar buenas cuentas a nuestros ciudadanos.

Las ventajas de la iniciativa, que se apegan a las mejores prácticas internacionales en esta materia, son visibles y voy a enumerar algunas de ellas.

La primera. Esta reforma va a permitir implementar eficazmente la reforma constitucional y legal en materia de anticorrupción. Lo que se busca es lo más importante con todo el Sistema Nacional Anticorrupción, que es recuperar la confianza de la ciudadanía, esa confianza que ha ido en deterioro y que ha provocado que la ciudadanía no denuncie, que no crea en las instituciones y que no crea en la justicia.

Por eso, hoy esa desconfianza que hay en los mexicanos, en las instituciones y en las autoridades, creemos, consideramos y estamos seguros que este Sistema Nacional Anticorrupción le dará respuesta, y además que con esta reforma tendrán un área específica para poder atender estos delitos.

¿Qué queremos? Que permanezcan los servidores públicos honestos, honrados, capaces, que den cumplimiento cabal y acreditado al servicio público y que se apeguen a la Constitución.

El punto más importante de esta reforma que hoy está a consideración de todos nosotros, es la creación de esta Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos anticorrupción. Esta Fiscalía tendrá autonomía técnica y operativa, para que pueda investigar y perseguir delitos en materia de corrupción. Esto está pensado explícitamente para poder garantizar la transparencia en el desempeño de las funciones y de sus determinaciones, y en relación con el ejercicio de la acción penal que no estén de ninguna forma condicionados.

Además, esta Fiscalía tan importante, que hoy daremos ese paso contando con el voto a favor de cada uno de nuestros compañeros Senadoras y Senadores, contará con Agentes del Ministerio Público Especializados para la ejecución de sus funciones.

Además de estos ministerios públicos, así como la policía, estará adscrita a esta Fiscalía Anticorrupción. Su titular presentará anualmente un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados al Procurador General de la República, y éste a su vez lo remitirá al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y también a este Senado de la República. Esto habla de que esta Fiscalía tendrá rendición de cuentas.

El titular de la Fiscalía elaborará su propio anteproyecto de presupuesto, mismo que se enviará a través de la Procuraduría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Fiscalía tendrá también otras facultades importantes:

Investigar y perseguir los delitos de corrupción, salvo los cometidos por servidores públicos de la PGR, que esos los conocerá la propia Visitaduría General.

Participar como integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Contará, como bien les comentaba, con ministerios públicos y con policías de investigación adscritos a la fiscalía, sobre los que ejercerá un mando directo.

Diseñará e implementará estrategias de acciones para combatir los delitos de corrupción, así como poder colaborar con todas las autoridades para este mismo fin.

Implementará acciones de cooperación y colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno y con autoridades fiscalizadoras.

Diseñará estudios y programas de fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad.

Requerirá a cualquier instancia de gobierno información para su investigación, sin que sea un obstáculo el secreto bancario, fiduciario o cualquier otro.

Implementará un sistema de análisis de información fiscal, financiera y contable.

Asimismo, ordenará el aseguramiento de bienes, inclusive por valor equivalente.

Ejercerá la acción de extinción de dominio, inclusive por valor equivalente.

Y, además, se establece que esta Fiscalía tendrá el nivel jerárquico y administrativo de subprocuraduría, y su titular deberá de cumplir con todos los requisitos que marca la Constitución como si fuera un Procurador General de la República.

Ahorita, en las anteriores participaciones en esta tribuna, se comentaba el tema de la FEPADE, que se sacó de este dictamen, y nosotros, el grupo parlamentario del PRI, quiere hacer el compromiso, por supuesto, para poder dotar de todas esas facultades a la FEPADE en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Creemos que este periodo extraordinario se hizo para poder contemplar todas las leyes, que son las 7 de 7 del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por eso consideramos que todos nuestros esfuerzos, todo nuestro tiempo y nuestra entrega, lo pudiéramos hacer para poder encausarlo a todos los temas de anticorrupción y poder dejar para el siguiente periodo ordinario el tema de la FEPADE.

Consideramos que esta ley es importante que podamos aprobarla, que esta reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República está completa, una Fiscalía fuerte y tiene una Fiscalía que dará los resultados que la ciudadanía está demandando.

Sin lugar a dudas, todos estos avances son fundamentales para México, pero estamos conscientes en nuestro grupo parlamentario del PRI, que aún quedan múltiples desafíos que enfrentar.

Por tal motivo, seguiremos trabajando para mejorar la capacidad de las instituciones de procuración de justicia, de la efectividad de sus herramientas y de sus mecanismos.

Por eso hoy, compañeros, pidiéndoles su voto a favor para las modificaciones y reforma de esta ley, también quisiera reconocer el trabajo de las dos comisiones que trabajaron este dictamen, el cual, habiéndolo profundamente estudiado y revisado, consideramos que tiene todas las herramientas para que esta Fiscalía Anticorrupción trabaje, y trabaje bien por los mexicanos, que dé resultados y que acabemos con un  dolor tan fuerte que lastima a nuestro mexicanos, que es la impunidad y también la corrupción.

Por eso agradezco y reconozco el trabajo de la Comisión de Justicia, a su Presidente Senador Fernando Yunes y a todos sus integrantes; y también a la Comisión de Estudios Legislativos, a su Presidenta, Senadora Graciela Ortiz, y a todos sus integrantes, por un gran esfuerzo que se hizo, trabajado no solamente con todos los grupos parlamentarios, sino también con la sociedad civil para poder darle un buen resultado y poder entregar una buena ley dentro de este Sistema Nacional Anticorrupción de la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Muchísimas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Álvarez García.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III del Reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscritos los siguientes oradores: Senador Jorge Aréchiga Ávila, Senadora Dolores Padierna Luna y Senador Jesús Casillas Romero.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, hasta por cinco minutos, a favor del dictamen.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores. Buenas tardes.

Sin duda alguna, la justicia es una de las máximas aspiraciones de todo orden jurídico; de manera particular, es una de las exigencias más sentidas de la sociedad mexicana, por lo cual los legisladores tenemos la encomienda de emitir la legislación necesaria que contribuya a este ambicioso pero legítimo objetivo.

Derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral del año 2014, la Procuraduría General de la República ha entrado en una fase de profundas transformaciones, caracterizada fundamentalmente por su transición hacia una Fiscalía con funciones acordes al nuevo Sistema de Justicia Penal.

Asimismo, la estructura y funciones de la Procuraduría han sido replanteadas a fin de ser adaptadas a las exigencias de investigación y procuración de justicia que requiere nuestro país.

Uno de los componentes fundamentales de la modernización del Ministerio Público de la Federación, es la creación de Fiscalías Especializadas para la atención en materias que han cobrado importancia en el derecho penal mexicano.

En tal sentido, mediante las reformas contenidas en el presente dictamen, quedará consagrada dentro de la estructura orgánica y funciones de la Procuraduría General de la República, la creación y atribuciones de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

Por ello es evidente que la creación de esta Fiscalía Especializada resulta indispensable para complementar la regulación secundaria del Sistema Nacional de Anticorrupción, la cual ya ha sido aprobada en el Senado de la República y requiere ser fortalecida en el ámbito orgánico para cumplir cabalmente con sus objetivos.

Cabe destacar que esta Fiscalía Especializada será establecida como un órgano con independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer los delitos en materia de corrupción. Esto cobra especial relevancia en una materia que requieren los más altos niveles de imparcialidad para garantizar que el único interés que prevalezca en su actuación sea el de la estricta aplicación de la ley.

Asimismo, la Fiscalía contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones y tendrá la posibilidad de elaborar su proyecto de presupuesto e incorporarlo al procedimiento de presentación, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año a cargo de la Secretaría de Hacienda y de la Cámara de Diputados.

Se establecen los requisitos que deberá cumplir el titular de esta fiscalía, así como la obligación de presentar anualmente al Procurador General de la República, un informe estadístico de actividades, sus resultados, lo cual no será público, sino que será remitido al Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción, en el cual también tendrá participación esta Fiscalía.

Con ello, las presentes reformas no sólo son congruentes en el régimen del Sistema Nacional Anticorrupción que hemos aprobado recientemente, sino que complementa, para que el Estado ejerza plenamente su potestad punitiva en los delitos cometidos por servidores públicos.

En resumen, compañeros, con su aprobación daremos el cabal cumplimiento al mandato constitucional de crear la Fiscalía Especializada para el combate a la corrupción, brindando uno de los bienes jurídicos más importantes del Estado mexicano, como lo es el servicio público.

Por ello, los Senadores que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde, votaremos a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

Pues, sin lugar a dudas, una de las piezas en este esquema anticorrupción, lo conforma la Fiscalía de combate a la corrupción, que se encontrará inserta dentro de la Procuraduría General de la Nación, que hoy todavía se llama Procuraduría General de la República, desde donde se estarán investigando y sancionando las conductas descritas como delitos que se encuentren vinculados a la corrupción.

Esta Fiscalía se convertirá en una herramienta legal para conducir la investigación para obtención de indicios o de pruebas vinculadas a hechos de corrupción.

Podrá celebrar convenios con las entidades federativas para tener acceso directamente a toda la información de los registros públicos de la propiedad, así como de las unidades de inteligencia patrimonial de las entidades federativas, para la investigación y persecución de los delitos en materia de hechos de corrupción.

También esta Fiscalía podrá ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común, así como dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que probablemente constituyan delitos del fuero federal en materia de su competencia o del orden común, en los que se ejerza la facultad de atracción, entre muchas otras facultades que están siendo puntualmente señaladas por mis compañeras que han tomado la palabra.

Esta reforma legislativa resulta necesaria en estos momentos, ya que es complementaria de otras iniciativas constitucionales que hemos aprobado, con miras a fortalecer el esquema de prevención y de sanción de actos de corrupción y, adicionalmente, porque representa un esfuerzo compartido de legisladoras y legisladores, que nos hemos comprometido con la consolidación de instituciones y mecanismos legales que nos permitan combatir la corrupción y la impunidad.

Sin embargo, y estando a favor del documento, el día de ayer fijamos una posición crítica por las últimas modificaciones que sufrió el dictamen en comisiones unidas, donde se reforma esta Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y queremos expresar algunas preocupaciones y riesgos contenidos en este dictamen.

Primero, no podemos aceptar que este dictamen elimine la integración y reconocimiento de la FEPADE, como una instancia reconocida a nivel de ley orgánica y la mantenga, como está hoy, sólo como una instancia creada mediante un acuerdo de la persona titular de la PGR, es decir, un reglamento.

Esta diferenciación, este trato diferenciado entre una fiscalía y la otra no atiende a ningún principio racional ni objetivo, pues tanto su organización como sus atribuciones son eliminadas en este dictamen, lo que prácticamente deja sin sustancia de operación en la ley orgánica y la remite de nueva cuenta al contenido del decreto de su creación.

Si vamos a trabajar en reformar la Ley Orgánica de la PGR, tenemos que integrar también a la FEPADE como instancia especializada, reconocida en esta disposición normativa, y asegurarnos de su operatividad y su existencia legal más allá del decreto de creación.

Los temas de esta Fiscalía, nos dicen, son asuntos electorales, y aquí no estamos viendo asuntos electorales, sino temas anticorrupción, pues justamente por eso tuvimos que haber dejado todas las funciones y facultades que antes de este dictamen estuvieron contenidos en todos los documentos previos, porque los temas de esta fiscalía son o deben ser incluidos, ya que una parte principal del financiamiento, por ejemplo, de las campañas, provienen de hechos de corrupción. Y muchos delitos que vienen contenidos en el Código Penal, se refieren también a esta fiscalía.

Por tanto, debieron haberse incluido todas las funciones, facultades con que debe operar la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción es una herramienta fundamental para el combate a la corrupción, ciertamente, pero es precisamente la rendición de cuentas y los informes a la ciudadanía los que deben ser periódicos y ante el Senado de la República.

Es muy cuestionable que estas obligaciones se hubieran eliminado también del dictamen, y fueron reemplazadas por un informe al titular o la titular de la PGR, que deba rendir la Fiscalía Anticorrupción ante quien ocupe la titularidad de la PGR, y que también será remitido al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Contrario a lo que nos quieren hacer creer, la presentación de este informe ante la titular de la PGR, coloca al Fiscal Anticorrupción en una relación de supra subordinación, que atenta contra la naturaleza y el principio de independencia, de autonomía operativa y de decisiones, que están contenidos en la esencia de esta reforma constitucional.

Por ello se había contemplado que el titular o la titular de la fiscalía rindiera sus informes a la sociedad mediante diversos mecanismos de participación ciudadana y, desde luego, que ese informe fuera presentado ante este Senado para que nosotros, nosotras, como representantes populares, pudiéramos conocerlo, cuestionarlo y difundirlo, atendiendo al principio de máxima publicidad.

Por ello, el párrafo quinto del artículo 10 Bis del dictamen no debió haber sido modificado.

Nos han informado que hubo un adendum y que ahora los informes de la Fiscalía se entregarán al Senado.

Bueno, yo soy como Santo Tomás, hasta no ver no creer, y no tengo ese dictamen, no nos ha llegado el adendum, al menos a mí, y por eso sostengo esos planteamientos ante el Pleno.

Sabemos que para algunos la rendición de cuentas ante la sociedad no es necesaria, pero para nosotros sí es sumamente importante.

La rendición de cuentas no puede ser optativa en ningún cargo público, mucho menos para la Fiscalía Anticorrupción.

Esta Fiscalía tiene que estar obligada a responder ante la sociedad y no sólo ante la titular de la dependencia, que durante los próximos dos años seguirá siendo nombrado por el Presidente de la República.

Otro tema que borraron del dictamen, precisamente, es el relacionado con el proceso de nombramiento de la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción, ya que en el dictamen modificado eliminan todo el procedimiento de nombramiento, así como las reglas para que este proceso se remita a un transitorio.

Lamentamos profundamente que se hayan sacado del dictamen las reglas para estos nombramientos. Ello hubiera sido muy importante sostenerlo porque le dan mayor certidumbre, estabilidad y gobernabilidad a las fiscalías.

Por técnica legislativa y por claridad normativa, yo invito, compañeras y compañeros Senadores, a que corrijamos este dictamen y le regresemos las partes que le fueron eliminadas de última hora el día de ayer, y que incluyamos algunos aspectos que, o sea, debemos incluir algunos aspectos que fueron eliminados en la versión final y que incluyamos el procedimiento para nombrar al titular de esta fFiscalía mediante un procedimiento con participación ciudadana, que retomemos los instrumentos reales de rendición de cuentas de cara a la nación y no sólo de cara a la titular de la Procuraduría, que clarifiquemos perfectamente que la FEPADE también tiene que estar creada por ley y no sólo en el decreto que hoy le da vida.

Corrigiendo estos elementos y reintegrando los aspectos en el dictamen podemos avanzar y votar en sentido positivo, de lo contrario mi voto seguirá siendo negativo, pues no podemos aprobar un documento que los analistas ya han tildado como light o descafeinado, cuyos alcances se encuentran muy lejanos a los objetivos que nos hemos planteado en este Senado como parte de una lucha seria de combate a la corrupción.

Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Raúl Gracia Guzmán, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Gracias, señora Presidenta.

El construir un sistema sobre otro que no se deja morir es mucho más difícil que construir en un terreno virgen, y es lo que nos pasa en este tema de la Ley Orgánica de la Procuraduría y de la Subprocuraduría Anticorrupción.

Ya hace más de dos años votamos en este Senado de la República la reforma político electoral a nivel constitucional, y ahí se estableció que íbamos a establecer una Fiscalía General independiente. Y al día de hoy, dos años después, ésta todavía no existe.

¿Y por qué no existe? Además de otros temas, uno de los principales es porque le establecimos un transitorio que dice: "que el Procurador que esté en funciones al momento que se determine la entrada en vigor de este nuevo sistema se convertirá en el primer Fiscal General Independiente y su duración será transexenal".

Es evidente que no se puede tener en esa figura, por más capaz, por más loable que pueda ser, a un procurador convertido en fiscal independiente con militancia partidista. Y los dos procuradores generales de la República que han ocupado dicho cargo desde que se aprobó esa reforma son dos militantes del partido en el gobierno.

En ese mismo régimen transitorio, de esa reforma constitucional, se estableció la figura que hoy nos atañe y que es la Fiscalía Anticorrupción.

Este dictamen, y por eso lo vamos a votar a favor, llega a lo máximo que se puede dentro de este régimen, que se niega a morir, para tener la mayor posibilidad de autonomía, pero no la tiene plena.

Y para que funcione un verdadero régimen anticorrupción la clave, más que las leyes, es acabar con la impunidad. Y la única forma de acabar con la impunidad es si tenemos verdaderamente titulares de los órganos de control, titulares de la Auditoría Superior y titulares de esta Fiscalía Anticorrupción completamente independientes y autónomos de la red que pretende destruir.

Es por eso que en esta argumentación hago un llamado al Ejecutivo Federal, hago un llamado a las instancias correspondientes a que hagamos lo conducente para ya pasar al Fiscal General Independiente Transexenal, pero con un perfil que verdaderamente sea autónomo, que sea partidista, que sea técnico y que garantice un régimen general y un régimen de anticorrupción que nos garantice acabar con esta impunidad.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Gracia Guzmán.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Sin duda, en estas dos largas jornadas, en la que hemos venido discutiendo diversos ordenamientos que tienen el propósito de prevenir, combatir y sancionar los hechos de corrupción, nos han llevado muchas horas de trabajo, de debates intensos, de posiciones en algunos casos encontradas, pero también en lo que prácticamente todos estamos de acuerdo que lo que se debe de erradicar en este país es la corrupción.

Y para ello estamos creando mecanismos eficaces, suficientes, como el que hoy se está poniendo a discusión, como el que hoy estamos aquí planteando con la creación de esta nueva Fiscalía Anticorrupción.

He escuchado con atención los diversos posicionamientos de mis compañeras y mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, prácticamente ya se dijo todo en cuanto a las facultades, en cuanto a las atribuciones y los alcances de esta Fiscalía.

Yo sí quisiera referirme, para no dejar ningún resquicio, ninguna duda, que lo que se busca y lo que se pretende es que tengamos una fiscalía que realmente responda a las expectativas de lo que estamos buscando, lo que se dijo desde el principio: erradicar la corrupción.

En unas horas más, en el siguiente dictamen, seguramente el próximo, será el que tiene que ver con los tipos penales, porque lo que estamos resolviendo aquí es, de verdad, combatir de manera directa la corrupción, castigando a los responsables y a quienes caigan en ese tipo de conductas, mandar a la cárcel a los corruptos, y para poderlos mandar a la cárcel, necesitamos una fiscalía fuerte, vigorosa, con autonomía, y claro que se le está dando.

Se le está dando esas condiciones a esta Procuraduría, por varios motivos.

El primero de ellos, porque no será un nombramiento ni del Procurador, ni del Presidente de la República, ni de un partido político.

Ese nombramiento del Fiscal Anticorrupción, se habrá de aprobar por los integrantes de este Senado de la República, pero que nos tendrá que involucrar prácticamente a todos, pues se requiere del voto favorable de las dos terceras partes.

Es decir, se tendrán que buscar los acuerdos necesarios para lograr que tenga el respaldo mayoritario de los integrantes de este cuerpo colegiado.

Yo quisiera referirme a lo que se dijo aquí en tribuna por un compañero Senador, que dice que la remoción del fiscal la hace el Procurador.

Sí, efectivamente, el dictamen establece que el Procurador podría remover al fiscal, pero pues hay que decir. Por qué lo puede remover.

¿Por qué lo puede remover? Yo no sé si deba continuar un fiscal que incurra directamente en violaciones a los derechos humanos.

Bueno, esa es una causal para que pueda ser removido, que incurra en responsabilidad administrativa grave, que haya sido condenado por delito doloso, que utilice en beneficio propio de terceros la información confidencial o reservada de que disponga en razón de su cargo y que no se abstenga de investigar sin causa justificada y en forma reiterada los asuntos de su competencia dentro de los plazos previstos por la ley, o que falte en el ejercicio de su cargo a la observancia de los principios de legalidad, máxima publicidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, debido proceso y transparencia y que cause con su conducta y su actuación violaciones a los derechos de las víctimas, ofendidos del delito o de los imputados.

Bueno, si alguien incurre en todas estas conductas, pues es claro que se tiene que ir.

¿Quién tiene que ser el responsable? Pues su superior jerárquico, que es el Procurador.

Pero lo que no se dijo aquí, es que no solamente eso, que esa remoción puede ser objetada con el voto mayoritario o con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de este Senado de la República.

No es a tu contentillo o no es porque no le cayó bien el fiscal y el Procurador lo puede destituir. Es por estas causas, y hay que decirlo, no es tan sencillo como decir: ya no te quiero, no me gusta tu actuar y te quito.

Tendrán que observarse todas estas conductas para que proceda, en todo caso, su remoción.

Yo quisiera reiterar lo que mi compañera, la Senadora Ivonne Álvarez, se comprometió desde esta tribuna.

El tema de la FEPADE, de esta Fiscalía Especial que habrá de investigar los delitos de carácter electoral, se estará viendo en el periodo ordinario de sesiones.

Hoy, efectivamente, estamos viendo temas de anticorrupción o temas de corrupción. Para eso estamos aquí, y en esto debemos de orientar nuestros esfuerzos en este periodo extraordinario de sesiones.

Hay la duda de quienes todavía no están convencidos de que se vaya a entregar, por parte del fiscal, un informe del resultado del trabajo, un informe anual del resultado del trabajo de la fiscalía.

Tengo aquí en mis manos un oficio que suscribe la Mesa Directiva de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos; y de Justicia, que ya fue recibido en la Mesa Directiva de este Senado de la República, en donde establece, efectivamente, en el artículo 10 Bis, y que a la letra dice:

"Su titular presentará anualmente al Procurador General de la República un informe sobre las actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público…", no solamente es al Procurador, todos lo podremos consultar.

…"de sus actividades sustantivas y sus resultados, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia. Dicho informe será remitido a su vez al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción".

Y aquí, lo subrayo, al Senado de la República, digo, por si hay dudas, aquí está el documento, porque ver para creer, bueno, pues aquí hay que verlo para poder creer que esto viene en el dictamen y que este informe será remitido a esta Soberanía.

Yo quiero concluir diciendo que tenemos un compromiso, efectivamente, con la ciudadanía, tenemos un compromiso de acabar con un lastre que viene generándose desde hace muchas décadas, muchos años, no solamente en nuestro país, sino en todas las latitudes del mundo, y este esfuerzo sin precedente, que es un esfuerzo que nos ha involucrado a todos, seguramente dará buenos resultados, lo que se está haciendo aquí con siete ordenamientos legales, con un Sistema Nacional Anticorrupción fuerte, robusto, serio, responsable, veremos muy pronto estos resultados y que esa cultura de la corrupción empiece a extinguirse en un país en el que no se debe de apagar es la esperanza de un mejor México, es la esperanza de que nuestras familias tengan un mejor porvenir.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Casillas Romero.

Agotada la lista de oradores y con fundamento en el artículo 200 del Reglamento, se abre registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Le informo a la Asamblea, perdón, sonido en el escaño del Senador Bartlett, por favor.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Le pediría yo la palabra para hechos, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tiene la palabra el Senador Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señora Presidenta.

A mí me parece que la intervención del Senador Casillas es útil, porque además contesta críticas, cosa que ya está bastante aislado, porque no contestan, no debaten, leen documentos, afirman lo mismo.

Les decía yo que hemos estado oyendo discurso tras discurso en donde se habla de compromiso de todos contra la corrupción, y generalmente no se entra mucho a quienes estamos en contra, a la crítica; porque el debate es ese, ya sabemos cuál es su posición, ya sabemos que van a llegar los que han estado en este asunto todos estos meses y van a sostener el sistema.

Pero el chiste es debatirlo, y de eso se trata el parlamento, por eso yo felicito a Casillas que llegó aquí muy bravo a presentar una serie de argumentos, ojalá, bueno, estuvo bien, lo reconozco, qué bueno, bravo por Casillas.

Nos señala una serie de formalismos que establecen la garantía de un fiscal poderoso y fuerte, y no es así. Este fiscal está en un rango inferior, está abajo de los subprocuradores; cómo puede ser, claro que sí, es contra la ley, y luego, además sí lo pueden destituir, la procuradora, con esta retahíla de, pero imagínense, si le va a discutir a la procuradora termina en alguna prisión de Saltillo, como los maestros, en Sonora, o donde sea, en fin, no es fácil decirle a la procuradora que no es cierto lo que dijo, y uno de los elementos que está ahí, es la secrecía.

Qué es lo que pasó con el asunto de la FEPADE, igualito, son paralelos la Fiscalia antidelitos electorales y la de anticorrupción, están igualitos.

¿Se acuerdan de la paliza que le dieron? ¿En dónde quedó? Porque hizo una declaración y lo mismo está establecido para este fiscal, no puede hacer declaraciones.

¡Ah! Puede hacer un informe, claro que sí, pero no puede hacer declaraciones.

Entonces, no es un gran fiscal, es un funcionario, un burócrata metido en la Procuraduría General de la República, en donde ya hemos visto cómo opera la defensa de Ayotzinapa, así que no están construyendo un fiscal robusto, como dice Casillas, un fiscal poderoso, no, están metiendo un burócrata allá abajo, igual que el de la FEPADE, para que le den sus nalgadas si se atreve a ir tras los peces gordos.

Ya lo dijo el secretario de los rizos de oro, ya lo dijo: "no puede agarrar a los peces gordos, dice que es muy difícil agarrar a los peces gordos", parte del sistema es éste, este individuo que dice que no puede agarrar a los peces gordos, yo diría que él es el primer pez gordo.

Ese es el problema, no se puede con los peces gordos y menos un funcionario menor, es un funcionario menor, no es un gran fiscal, está abajo de los subprocuradores y lo pueden correr, con toda una serie de delitos ahí que le pueden cargar.

¿Qué pasó con el de la FEPADE? Los mismos personajes, no les gustó que censurara a un funcionario de Gobernación y lo apalearon y lo dejaron ahí.

¿En dónde está su jerarquía?

¿Qué jerarquía tiene el de la FEPADE?

Ya ni quien le haga caso, no tiene peso, es igual este fiscal especial, igual, son paralelos, no tienen peso ninguno, son unos burócratas de segunda, de tercera, porque está el Procurador, los subprocuradores y el fiscal.

Qué bueno que lo defiende Casillas, y dice Casillas: "¡Y ojalá dentro de un año veamos resultados!"

Alguien dijo aquí que ojalá hubiéramos escuchado un fiscal antidelitos electorales, que ya lo callaron, no, no es, es muy chiquito, es un chorrito, no sirve, porque no quieren un fiscal con poder para que realmente agarre los peces gordos, y no como ese secretario que dice que no los ve, cuando los tiene en sus narices.

Bien por su debate, Casillas.

Ojalá a todos nos dijeran que los nombramientos no son, que los vigilantes no van a ser nombrados por los vigilados.

Ojalá y viéramos toda una serie de cosas que no han discutido, no han discutido, por eso yo felicito a Casillas porque salió a discutir.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Bartlett.

Sonido en el escaño del Senador Héctor Flores, por favor.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) Para solicitar la palabra como rectificación de hechos.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tiene la palabra Senador Flores Ávalos.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

De manera muy breve, para referirme igualmente a este dictamen, y de manera particular lo que se ha venido platicando en relación con esta decisión que dentro del dictamen se elimina prácticamente la posibilidad de contar con una figura suficientemente fortalecida que encabece la Fiscalía Anticorrupción.

Déjenme decirlo con absoluta claridad.

A mí me parece que este es un error, desde distintos puntos de vista, no solamente por el hecho de que se le impide al fiscal actuar con la suficiente independencia y con la suficiente autonomía, sino porque me parece que no se está poniendo el énfasis adecuado que se quiere ver en el encabezamiento de una institución como la que hoy se pretende construir.

Me parece que estamos en un momento de transición entre lo que es la figura de la Procuraduría General de la República y lo que es la Fiscalía General de la República, y quizá ese sea el pretexto para pensar que debe prevalecer esta condición que está hoy en día ya prevista en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en donde este tipo de instancias se crean por acuerdo y con una capacidad menor.

Yo creo que este pretexto hoy no vale, claramente el mandato constitucional nos dice que debemos contar con dos Fiscales Especiales en materia tanto electoral como anticorrupción, y me parece que el mandato constitucional es precisamente en el sentido de fortalecer esta figura.

En el grupo parlamentario del PAN, y yo de manera personal, estamos convencidos que esa es la ruta, en la medida en la que se fortalezca el fiscal y la autoridad encargada de perseguir este tipo de conductas, será en la medida en la que el sistema funcione de una manera mejor, y quizá ni siquiera haya que discutir tanto, como el día de ayer se hizo, respecto de la publicidad o no de las declaraciones.

Si fortalecemos las instituciones y generamos certidumbre y confianza en el ejercicio de la función pública que se le da, o se le atribuye a esa institución, me parece que todo lo demás se va a ir aclarando, creo que es un error.

Yo incluso pienso que al momento de discutir la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica, debemos de pensar que los dos fiscales, tanto el encargado en materia electoral, como el encargado de la materia de combate a la corrupción, deben de tener el mismo nivel jerárquico del Fiscal General, no hay obstáculo para ello.

Hay ejemplos ya en el caso del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en donde los Consejeros de la Judicatura tienen el mismo nivel de los Ministros, y lo que se busca, precisamente, es que no haya una condición de supra subordinación en ese tema.

Me parece que perdemos una oportunidad muy valiosa, y es cuanto quisiera decirles.

Gracias.

La Presidenta Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Flores Ávalos.

Recibimos en la Mesa Directiva el texto de la intervención del Senador Arturo Zamora Jiménez, el cual se integrará al Diario de los Debates.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Continuando con el trámite, me permito leerles las reservas que tenemos para la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

Senador Rabindranath Salazar Solorio, el artículo 10 Bis.

Senador Fernando Yunes Márquez, los artículos 10 Bis, 10 Ter, 21 y 80.

Senador José de Jesús Santana García, artículo 10 Bis.

Senador Isidro Pedraza Chávez, el artículo 10 Ter.

Y Senadores del grupo parlamentario del PRD, adición de los artículos 10 Quintus y 10 Sextus.

Éstas son las reservas. ¿Alguna otra reserva que desee inscribirse? No hay más reservas.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 100 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.  En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Ahora pasamos a la discusión de las reservas.

Recibimos la reserva del Senador Rabindranath Salazar Solorio al artículo 10 Bis del proyecto de Decreto. El texto de la propuesta de modificación está disponible en el monitor de sus escaños.

(Intervención del Senador Rabindranath Salazar Solorio)



Propuesta de modificación



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Salazar Solorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: El artículo 10 Bis se mantiene en los términos del dictamen y se reserva para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Fernando Yunes Márquez, para referirse a sus reservas.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las reservas presentadas.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura, señora Presidenta.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas a los artículos 10 Bis, 21, 10 Ter y 80.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Están a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las reservas.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban las propuestas en comento. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueban las propuestas, señora Presidente.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Aprobadas las modificaciones a los artículos 10 Bis, 10 Ter, 21 y 80.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador José de Jesús Santana García, para referirse a la reserva al artículo 10 Bis.

El Senador José de Jesús Santana García: Con su venia, señora Presidenta.

Con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, se somete a esta Asamblea reserva al artículo 10 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, lo anterior en base a los argumentos y propuestas del texto siguiente:

Se pretende otorgar a dicha Fiscalía, en el mencionado artículo, la competencia de investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

Lo anterior es impreciso, ya que la reforma al Código Penal Federal que se someterá a continuación a nuestro análisis y, en su caso, aprobación, propone denominar a los delitos cometidos por los servidores públicos como delitos por hechos de corrupción.

Por lo anterior, es procedente establecer como competencia de la Fiscalía que hoy se crea, la facultad de perseguir e investigar los delitos por hechos de corrupción, para estar en congruencia por las reformas al Código Federal Penal.

Por lo tanto, se propone el siguiente texto:

"Artículo 10 Bis. La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción", esto en congruencia con el Código Penal Federal.

Es cuanto, señora Presidenta.

Propuesta de modificación



La Presienta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Santana García.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión la reserva. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la modificación.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobada la modificación al artículo 10 Bis.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, para referirse al artículo 10 Ter.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señora Presidenta. Compañeros:

Yo vengo a hablar en términos del artículo 10 Ter de esta misma Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Con el texto que actualmente presenta el dictamen, la autonomía de la Fiscalía se vería afectada, pues imponen restricciones respecto a la designación y remoción de su personal y de los titulares de las unidades administrativas y direcciones generales de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.

Los trabajos de esta Fiscalía no serán menores, quien sea designado por esta Soberanía, debe contar con la libertad de nombrar al equipo que lo acompañará en esas actividades. Para eso trabajará el Senado en el nombramiento del fiscal, tendrá que pasar todos los filtros y no puede salir del Senado con un nombramiento basado en la confianza que le depositará el Senado para enfrentarse con limitaciones en la creación de su equipo de trabajo y, en su caso, en la remoción del mismo.

Es como si nos impusieran a nosotros a los asesores, a los secretarios, a la gente con la que vamos a trabajar, que no sea de nuestra confianza, ustedes no podrían trabajar con esa confianza.

Entonces, lo que buscamos con la presente modificación es la capacidad de que a quien nombremos pueda desempeñarse de manera óptima, eficiente y que dé resultados. Su equipo no puede ser impuesto ni removido por nadie más que él.

Por lo tanto, el titular de la Procuraduría es de quien dependen los nombramientos; sin embargo, la naturaleza del fiscal es diferente, pues lo nombra el Senado en un ejercicio de pesos y contrapesos y debe tener las facilidades que requiera para cumplir con esta función.

En lo concerniente al nombramiento de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía, se prevé la posibilidad de nombrarlos por designación especial.

¿Qué significa esto? Que existe una dispensa de los trámites a los que todos los demás elementos son sujetos para poder ingresar a la Procuraduría. Dicha facultad discrecional corresponde únicamente al Procurador, y en este caso se ejercería a propuesta del fiscal. Contrario a nuestro argumento anterior, la designación de los Agentes del Ministerio Público requiere una serie de filtros de confianza y de conocimientos técnicos jurídicos pues la especialización en el trabajo ministerial requiere gran complejidad y no deben nombrarse a la ligera.

Por eso, compañeros, la designación especial es un procedimiento que elimina los filtros que señala la ley para ingresar al Servicio Profesional de Carrera.

No debemos mandar el mensaje de que en la Fiscalía Anticorrupción se darán dispensas de requisitos. No se debe incorporar personal ministerial que no cumpla con las disposiciones de la ley.

Por eso estamos proponiendo en el artículo 10 Ter, ojalá ahí ustedes escuchen con atención, nombrar a través del Procurador General de la República a los titulares de las Unidades Administrativas y Direcciones Generales de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Corresponderá al Fiscal Especializado remover libremente a dichos titulares.

Esta es la facultad que estamos pidiendo que se rescate y que seguramente en alguna omisión no lo consideraron al momento de elaborar el dictamen, y estamos pidiendo que se verifique, que se visualice esta posibilidad para poder incorporar esta facultad. Esta era la fracción III.

Y la fracción V es proponer al Procurador General de la República el nombramiento de los Agentes del Ministerio Público que reúnan amplia experiencia profesional en materia de corrupción, en los términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de esta ley.

Quiere decir que no se den facilidades, que no haya excepciones y que el personal que va a estar, precisamente, en la materia más delicada, sea seleccionado habiendo cubierto todos los exámenes, todos los requisitos, todas las pruebas que se señalan, que es el control de confianza, el reconocimiento jurídico, o sea, que no sean solamente recomendados. Aquí estamos evitando que esto se pueda dar así.

Por su atención, gracias, compañeros.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la reserva presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión la propuesta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.

Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza, por favor.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Están muy distraídos los compañeros, pero en lo que yo observé, hubo votación a favor de que se admitiera a discusión, cuando menos.

Entonces yo le pediría que para resolver esta controversia, aquí hay cinco compañeros míos que levantarán la mano para que se haga votación nominal y lo podamos resolver de esa manera.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se concede votación nominal. Pido, por favor, se abra el sistema de votación electrónica para ver si se admite a discusión.

Votar a favor sería admitir la reserva a discusión; votar en contra sería no admitir a discusión la reserva. Abrase el sistema electrónico de votación, por favor.

El Secretario Senador Luis Huberto Fernández Fuentes: Señora Presidenta, se emitieron 40 votos a favor, 54 en contra y 1 abstención.

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: No se admite a discusión la propuesta de reserva.

Pasamos a las propuestas de adición presentadas por Senadores del grupo parlamentario del PRD.



Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las adiciones presentadas por los Senadores del grupo parlamentario del PRD, adición de los artículos 10 Quintus y 10 Sextus.

El Secretario Senador Luis Huberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas en comento. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se desechan las propuestas de adición a los artículos mencionados.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 10 Bis, 10 Ter, 21 y 80 con las modificaciones que fueron aprobadas a partir de las propuestas del Senador Fernando Yunes y del Senador Jesús Santana.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor, con el voto del Senador Lanz, 16 en contra y cero abstenciones.

El Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 10 Bis, 10 Ter, 21 y 80 con las modificaciones que fueron aprobadas.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones del Senado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre el Acuerdo referido al Orden del Día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí autoriza su incorporación, señora Presidenta.

El Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señora Presidenta.

El Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión el Acuerdo.

Tiene la palabra el Senador Raúl Gracia.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) Bueno, y sigue la mata dando.

Ayer aquí discutíamos que el dictamen de Mando Mixto era ilegal en su procedimiento, en función de que ni la Comisión de Justicia ni la de Estudios Legislativos, Primera, habían convocado formalmente, y más allá de que la determinación de la Mesa Directiva no entra a dilucidar este tema, retorna este procedimiento en función de que hay dos comisiones, la de Federalismo y la de Estudios Legislativos genérica, que no reunieron el quórum el día de ayer, según consta en las actas correspondientes, por lo tanto, el procedimiento espurio sin convocatoria también fue ilegítimo en cuanto a su resolución y parece que se pretendió engañar a esa Mesa Directiva, y en consecuencia a ese Pleno, simulando que había un dictamen plenamente acreditado, cuando no lo había.

Y ahora, muy ad hoc, muy oportuno, muy a la medida, se complementa la integración de la Comisión de Estudios Legislativos, para que el PRD le pueda hacer favor al PRI de completarle el quórum en esa comisión, lo cual era inviable antes de que se pusiera a consideración este acuerdo, y en consecuencia poder imponer sus tiempos y su planteamiento en mando único.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Gracia Guzmán. Está a discusión el Acuerdo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de manifestarlo…

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Permítame, señor Secretario.

Sonido en el escaño del Senador Gracia Guzmán.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Solicité que la votación fuera nominal.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se concede votación nominal, Senador Gracia. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos.

Voto por la afirmativa, es aprobar el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política; voto por la negativa, es no aprobarlo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señora Presidenta, se han emitido 64 votos a favor, 29 en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.

Sonido en el escaño del Senador Bartlett, por favor.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo le quisiera pedir, señora Presidenta, que me mande ese Acuerdo de una sesión de la Comisión Permanente, que no conozco, que tenía yo de la Junta de Coordinación Política, que no tuvo lugar ni lo firmé, para verlo nada más, ¿no?

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Claro que sí, con todo gusto, Senador Bartlett Díaz.

Instruyo a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios para que le haga llegar inmediatamente una copia al Senador Bartlett.





 

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

(Dictamen de primera lectura)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidente.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Es de primera lectura.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación al dictamen. El texto del documento está publicado en los monitores de sus escaños.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al texto del dictamen.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones que proponen las comisiones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autorizan, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que autorizó la Asamblea.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que hoy pongo a su consideración es un eje fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción que está por aprobarse en un par de horas más. Se trata de una serie de reformas y adiciones al Código Penal Federal, presentadas en su momento por los Senadores Angélica de la Peña y Luis Humberto Fernández, del grupo parlamentario del PRD, necesarias para cumplir con el objeto y espíritu de la reforma constitucional publicada el 27 de mayo del año 2015, y de esta manera darle operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción.

Tal y como se mencionan en las exposiciones de motivos de las iniciativas que dieron origen al presente dictamen, la corrupción se ha vuelto un problema que impide el desarrollo de la sociedad y el crecimiento de nuestro país, debilitando día con día la estructura institucional en todos sus niveles.

Aunado a lo anterior, debemos destacar que recientemente se ha puesto al descubierto la amplia red de complicidades que existen al interior de nuestro país, en todos los niveles de gobierno, con apoyo de distintos actores del sector privado que claramente se han enriquecido indebidamente mediante contratos públicos, adjudicaciones, licitaciones o concursos a costa del erario público.

La Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental 2013, realizada por el Inegi, señala de manera clara que de 7.4 millones de actos de corrupción que se registraron en el país, únicamente se sancionaron a 12 mil funcionarios, de los cuales sólo 140 de ellos llegaron a prisión.

En los últimos dos años estas cifras han empeorado notablemente y, por el contrario, en otros países como Guatemala y Brasil se ha castigado severamente hasta a presidentes de la República removiéndolos de sus respectivos cargos por haber participado en actos de corrupción.

La fuerza y eficiencia de todas las reformas secundarias en materia anticorrupción dependen de las modificaciones contenidas en este dictamen. Si queremos un cambio de fondo en este mal que tanto ha aquejado a nuestra sociedad, es indispensable que existan tipos penales y sanciones ejemplares para todos los servidores públicos y particulares que participen en cualquier acto de corrupción.

Por otra parte, es importante mencionar que las iniciativas que motivaron este dictamen atienden las recomendaciones internacionales en las que México ha participado, como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En términos generales, estas modificaciones amplían el catálogo de delitos con mayores posibilidades de sancionar a los corruptos, toda vez que nuestro derecho positivo no contempla los delitos de corrupción, sino que sólo se atienden en el Título Décimo del Código Penal los delitos cometidos por servidores públicos, por lo que se vuelve necesario especificar definiciones, tipos y sanciones necesarias, conforme a las convenciones mencionadas, a la legislación vigente y a los usos y costumbres.

Me quiero referir de manera concreta a algunos aspectos relevantes que se contienen en el presente dictamen.

En primer lugar, se propone imponer a los responsables de los delitos de corrupción, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un plazo de hasta 20 años.

En este mismo sentido, cuando el responsable tenga carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras.

Se establece una agravante de hasta por un tercio a los servidores públicos que hayan sido electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Se modifican diversas fracciones del artículo 215, con la finalidad de ampliar y mejorar el catálogo de supuestos en los que un servidor público incurre en el delito de abuso de autoridad.

Por ejemplo, se propone modificar la fracción IX a fin de sancionar a quien obtenga o solicite sin derecho alguno parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios.

La fracción XI, para sancionar a quien participe o autorice participar, encontrándose inhabilitados, en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, teniendo conocimiento de esta situación.

En otro orden de ideas, es fundamental atender y sancionar de manera eficaz las prácticas comúnmente conocidas como "moches". Para tal efecto, se plantea castigar al legislador federal que en ejercicio de sus funciones gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo para sí, o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo, o bien a quien solicite el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

De la misma manera, se sancionará a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal, las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos.

Compañeras y compañeros Senadores, pido su voto a favor del presente dictamen, cuidemos los intereses de los ciudadanos y seamos responsables con nuestro país.

Los invito a ver más allá de los colores y cargos políticos, seamos un Órgano Legislativo. Lo que la ciudadanía exige es que los corruptos sean castigados de manera contundente como lo merecen, no solamente por traicionar la confianza de los ciudadanos, sino también la de la propia Nación.

Con las modificaciones hoy propuestas se busca terminar con esas prácticas que lastiman y ensucian el estado de derecho y la democracia de nuestro país. Seamos parte de la modernización de nuestros ordenamientos legales en materia penal y vayamos al frente en materia de impartición de justicia y combate a la   corrupción.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Yunes Márquez.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por 10 minutos.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señora Presidenta.

El proyecto de dictamen que estamos sometiendo hoy a la consideración de este Pleno, obedece, sin duda alguna, a la necesidad de llevar a cabo una serie de modificaciones legales al Código Penal Federal, con el fin de armonizar el alcance de los tipos penales con los fines de la reforma constitucional de 2015, en materia específica de combate a la corrupción, y también cumplir con los compromisos internacionales que tiene México en dicha materia.

Aún y cuando esta pieza legislativa se da en el orden penal para su consecución, hemos tomado en cuenta los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, de manera particular el tercer principio, que está vinculado a la investigación de los delitos derivados de conductas de corrupción y el procesamiento ante la autoridad judicial competente de los presuntos responsables, con base en la actuación de los órganos de procuración de justicia.

También han servido de base los principios que rigen la actuación de los servidores públicos, principios que observarán en el desempeño de su cargo, empleo o comisión, que son los de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.

En suma, la búsqueda de que estos principios y valores rijan de manera permanente la actuación de los servidores públicos.

No menos importantes son las directrices que rigen la actuación de los servidores públicos entendidas como la pauta que debe marcar su comportamiento, entre las cuales son de subrayar dos, que a mi juicio y de la comisión que presido, revisten particular relevancia para los fines de esta reforma.

Primero. Actuar conforme a las leyes y reglamentos que les atribuye o que da el marco de actuación a su empleo, debiendo conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de su función.

Segundo. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo para obtener algún beneficio personal o a favor de terceros.

Es en este contexto que en el proyecto se propone reformar diversas disposiciones de los Títulos Décimo y Décimo Primero del Código Penal Federal, que actualmente hacen mención a delitos cometidos por servidores públicos y aquellos cometidos contra la administración de justicia, para situarlos en el contexto de delitos por hechos de corrupción.

En forma general, destaco solamente algunos de los temas que se comprenden en este proyecto de reforma al Código Penal Federal, por ejemplo, el que se refiere a la definición de servidor público, que contiene el texto vigente.

Se está incorporando a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las empresas productivas del Estado, pues actualmente no se contempla este tipo de funcionarios como sujetos de sanción de este código, y es fundamental que todos estemos bajo las disposiciones que establece esta reforma.

También se está planteando establecer, de manera adicional a las sanciones ya previstas en el Título Décimo a los responsables de la comisión de los delitos, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesión de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.

El juez deberá considerar en esta reforma los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando el servidor incurrió en el delito.

Por otra parte, cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá de imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, considerando, entre otras cosas, los daños y perjuicios patrimoniales causados y el monto del beneficio que haya obtenido el responsable.

Es larga la relación de aspectos que contempla la reforma. Ya fueron, de alguna manera, definidas y señaladas aquí por el Presidente Fernando Yunes, no las voy a repetir en obvio de tiempo, pero sí quisiera decir que, por ejemplo, en el delito de abuso de autoridad, además de adecuar términos en armonía con la Ley Nacional de Ejecución Penal, por ejemplo, la reinserción, se aclara el tipo penal relativo a la obtención sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes y servicios.

En el mismo delito de abuso de autoridad de los servidores públicos, se extiende a quien obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo, remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios.

Sabemos, compañeras y compañeros, sabemos que la corrupción no puede ser solucionada únicamente con acciones represivas, y por supuesto la ley, que es un instrumento para el combate a estas conductas, debe de ser una ley que las contemple en su mayoría y en su totalidad para que estas puedan ser corregidas.

También sabemos que es necesario que se adopten medidas preventivas orientadas a modernizar las instituciones de gobierno y a eliminar las causas de la corrupción o las condiciones que la propicien.

Por ello, no optamos por llevar a cabo un aumento indistinto de las penas en los delitos, materia de esta reforma al Código Penal Federal, porque no tenemos, hasta el momento, un estudio preciso que determine la proporcionalidad en el incremento de las mismas, lo cual conllevaría un inminente riesgo de contravención a lo que establece el artículo 22 constitucional.

Como se sostiene en el dictamen, hasta el momento no existen datos que permitan concluir con certeza razonable que un aumento de la penalidad de tales delitos, tenga como consecuencia inmediata y directa la inhibición de las conductas que la genera.

Ante esa ausencia de datos, resultaría irracional, me parece, y arbitrario también, que este Senado pretendiera aumentar las penas sin tener la suficiente información que justifique tal medida; pero sin lugar a dudas, las reformas que buscamos aprobar en este periodo extraordinario contribuirán de manera decisiva al fortalecimiento del combate a la corrupción en nuestro país, visto como un fenómeno complejo que se relaciona no únicamente con el Estado y la función pública sino que también afecta y abarca a otros ámbitos de la vida social.

Por la magnitud de este problema, por las implicaciones que tiene, el esfuerzo debe ser permanente y de desarrollo progresivo si queremos lograr los niveles de eficiencia, transparencia y legalidad en el ejercicio de la función pública que nuestro país merece, que merecemos todos y que los ciudadanos están exigiendo.

Ojalá contemos con su aprobación.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Ortiz González.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno.

Recibimos el texto de la intervención del Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el cual se integrará al Diario de los Debates.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD, hasta por diez minutos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta. Señoras Senadoras y señores Senadores:

De acuerdo al preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida también como la Convención de Mérida, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, socava también la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsionan los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Transparencia Internacional presentó a finales del 2014 los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que incluyó 175 países, entre ellos México, obteniendo una calificación apenas de 35 puntos, una votación negativa de 35 puntos, ubicándonos en la posición 103, junto con Bolivia, Nigeria y Moldavia.

En América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos, 82 posiciones por debajo de Chile, 34 por debajo de Brasil, es decir, nuestro país se ubica en la última posición entre los países que integran la OCDE.

Como hemos dicho en intervenciones anteriores, la corrupción no se radica con la sola promulgación o reforma de tipos penales, sino mediante un sistema diseñado para evitar la comisión de estos delitos, pero también con instituciones que puedan sancionar a quienes se aprovechen de sus encargos para su beneficio, y para ello es indispensable contar con los tipos penales adecuados.

Las reformas al Código Penal Federal son, por lo tanto, modificaciones de la mayor relevancia, y con la aprobación del presente dictamen y, por supuesto también, el adendum que se está votando al mismo tiempo con este dictamen, estamos reformando 16 artículos del Título Décimo, que ahora se va a denominar "Delitos por hechos de corrupción".

Los delitos que están sufriendo reformas o adiciones son: el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos contra la administración de la justicia.

Con las reformas que se presentan en este dictamen, se castiga con mayor severidad a aquellos servidores públicos con mayor rango jerárquico. Se adecúan las sanciones y las multas al determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, el daño a la Hacienda Pública, el monto del beneficio ilícito obtenido y la capacidad económica del infractor, entre otras circunstancias.

Los delitos contra la administración de justicia fueron construidos en el contexto del Sistema Penal Mixto. Con el cambio al Sistema Penal Acusatorio, hoy estos delitos penales sufren una adecuación a fin de que se encuentren armonizados con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, eliminando conceptos del sistema anterior.

De ese tamaño es la trascendencia de las reformas que hoy está sufriendo el Código Penal Federal y que estamos poniendo a su consideración.

Si queremos fortalecer el sistema democrático y las instituciones de nuestro país, todas y todos, desde nuestro encargo, debemos actuar consecuentemente para erradicar la corrupción que tanto daño genera al país.

Con estos tipos penales, la Fiscalía Especializada tendrá las herramientas adecuadas para sancionar a quienes optan por obtener un beneficio indebido cuando por su encargo administran recursos públicos, es decir, recursos de la ciudadanía.

Se podrá sancionar a quienes eligen aprovecharse del servicio público, en lugar de dar cumplimiento cabal a su encomienda.

Señoras y señores, lo que hemos escuchado de la sociedad es que se encuentra harta de la corrupción. Lo que la gente nos ha dicho es que no quiere ya más servidores públicos corruptos.

Por lo tanto, es nuestra obligación actuar en consecuencia, y en ese sentido van las reformas que hoy ponemos a su consideración, y por supuesto, también el adendum que acompaña el presente dictamen.

Es cuanto.

Muchas gracias por su atención.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Debo hacer primero también un reconocimiento a las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras y al trabajo desarrollado.

Creo que en este conjunto de disposiciones normativas que fortalecen al Sistema Nacional Anticorrupción, en todas y cada una de sus vertientes, tanto en el ámbito administrativo como el que se está viendo hoy en materia penal, es también importante hacer un reconocimiento a la sociedad civil que de manera permanente estuvo presente en los debates, apoyando con ideas en el desarrollo del mismo y que enriquecieron, por supuesto, de manera muy importante este debate.

De manera particular, y en lo que corresponde a esta propuesta de reformas al Código Penal Federal, quiero hacer un reconocimiento concretamente a "México Evalúa" y al Tecnológico de Monterrey, en la persona de Marco Fernández, quien estuvo permanentemente en este proceso, así como académicos del CIDE.

Por supuesto, también al equipo técnico que estuvo apoyando en el desarrollo de este proceso, de todos los grupos parlamentarios, de manera particular a Daniela y Aidé García.

Y, bueno, este cambio que hoy estamos poniendo a consideración del Pleno del Senado de la República, mediante el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción, y que representa uno de los mayores avances de los últimos años en la construcción de un mejor sistema de justicia encaminado a combatir la corrupción, es fundamental en el diseño institucional que se pretende construir.

Como bien sabemos, la corrupción se ha vuelto el problema que ha impedido el desarrollo de la sociedad y el crecimiento de nuestro país, debilitando la estructura institucional en todos sus niveles y que ha puesto al descubierto una amplia red de complicidades que existen, y a impedir su sanción de manera contundente.

Algunos datos que se publican en el estudio realizado por el CIDE y el Instituto Mexicano para la Competitividad, denominado "México: Anatomía de la corrupción", en el que se refiere que de 444 denuncias presentadas entre los años 1998 a 2012, es decir, un lapso de 15 años, tan sólo se consignaron aproximadamente el 1.6 por ciento.

Se destaca, en el mismo estudio, que en el Censo de Impartición de Justicia del Imco se estima que tan sólo el 2% de los delitos cometidos por servidores públicos derivan en penas privativas de libertad. Y otro dato importante es que entre 2000 y 2013, en México estuvieron en funciones un total de 63 gobernadores, de los cuales, a pesar que de 41 de ellos fueron señalados por actos de corrupción, tan sólo 16 fueron investigados y sólo procesados y declarados culpables una cifra todavía menor.

Los casos recientes de corrupción demuestran las fallas estructurales de nuestro sistema jurídico para sancionar a funcionarios y servidores públicos que se enriquecen a costa del erario.

Como ustedes saben, la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, que permitirá prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y los delitos relacionados con hechos de corrupción, no es un asunto menor.

Es por ello que se considera necesario no solamente contar con leyes eficaces que sancionen de manera efectiva cuestiones relativas a responsabilidad en materia administrativa, sino también era importante hacer una revisión puntual al diseño del actual Código Penal Federal, a efecto de que se cuente con un catálogo de delitos actualizado, que no sólo prevea que el sujeto activo sea el servidor público, sino también, como pretende la reforma anticorrupción, también sean los particulares, que también participan en estos actos de corrupción.

Adicionalmente a este mandato, en el Poder Legislativo aún tenemos pendientes para coadyuvar en el fortalecimiento de este sistema, y justamente esta parte tiene que ver con la parte penal que hoy se está poniendo a su consideración.

El presente dictamen reviste una importancia medular en el diseño del sistema, y yo creo que es importante resaltar las bondades que hoy tendrá el Código Penal Federal. Por ejemplo, lo establecido en el Título Décimo, que hoy se convertirá, de lo que era los "Delitos cometidos por servidores públicos", en "Delitos por hechos de corrupción", lo que obedece a lo contemplado en el artículo 109, fracción II de nuestra Constitución, al prever como bien ya se mencionó en líneas anteriores, que tales hechos no sólo sean cometidos por servidores públicos, sino también por particulares.

Esta denominación de este título es más adecuada en relación a las conductas que se describen en el mencionado título.

Es importante señalar que las principales aportaciones de la reforma que estamos discutiendo en el Código Penal Federal, son las siguientes:

Por ejemplo, un tema medular, un tema muy importante es el establecimiento de un agravante para el caso de que determinadas conductas establecidas en esta disposición sean cometidas por servidores públicos de alto rango, en los que se destaca que la característica de los mismos que sean electos popularmente o bien que tengan un control constitucional en su designación.

Y en este sentido, como ejemplos podemos poner a legisladores, Secretarios de Estado, ministros o aquellos en que se deposite confianza pública. Y es que en diversos estudios que dicen, que señalan que la corrupción debe terminar desde el más alto puesto hasta el más pequeño, pero es por éste por el que se debe empezar, es que este agravante tiene como objetivo justamente establecer que la pena será mayor si el delito de corrupción es cometido por estos servidores públicos en quien la población ha depositado su confianza, o por virtud del control constitucional de designación por el Congreso tienen una delicada labor, y están traicionando la confianza ciudadana y, por supuesto, atentando contra el orden democrático.

Se determinó la cualidad de servidor público, también en el que se incorporó a las empresas productivas del Estado, se crea una regla general para establecer una pena real y de inhabilitación conforme a las reformas de la Ley General.

Actualmente la inhabilitación era igual al máximo de la pena de prisión, una persona definitivamente no puede ser servidor público desde la prisión, así que la inhabilitación era hasta ahora una ficción, de tal manera que esta adecuación para que la inhabilitación fuera más allá de la pena privativa de libertad, era un requerimiento importante en el diseño que hoy se está poniendo a consideración de este Pleno.

Una de las aportaciones fundamentales en el diseño de estas reformas al Código Penal Federal, son los nuevos tipos que se establecieron.

Nuestro país reclamaba que ciertas conductas estuvieran previstas de manera expresa dentro de las disposiciones penales y que tienen que ver con hechos de corrupción, y que por su gravedad ameritaban una pena privativa de libertad.

Son tipos penales que se refieren, por ejemplo, a que ningún funcionario debe solicitar parte del sueldo de ningún trabajador, de ninguno de sus empleados o subalternos. Esto a lo que se le conoce como derecho de piso.

Se establece también un tipo penal que señala que los legisladores que tienen un especial compromiso con la Nación y destinado a castigar a quienes condicionen un beneficio a favor de un beneficio propio, es decir, condicionen una gestión a cambio de un beneficio personal.

También estamos estableciendo un tipo penal en materia de contratación ilegal de deuda.

Otro tipo penal importante es el que se refiere a negación ilícita de contratos para legalizar las adjudicaciones ilícitas y no supervisión de las contrataciones.

Por supuesto, también hay otro tipo penal que se refiere al ocultamiento o falsificación de información para obtener beneficios, ello debido a que hemos sido testigos de grandes conflictos públicos que implican a particulares y, por supuesto, a quienes ejercen el poder público.

Es importante precisar que estos tipos aplican, tanto a particulares como a servidores públicos, pero se establece además una categoría dentro de la misma estructura del código, cuando unas conductas sean susceptibles de cometerse exclusivamente por particulares.

Creo que estas propuestas de reformas al Código Penal Federal, robustecen en general el sistema.

El diseño que hoy se propone al Código Penal Federal, servirá indiscutiblemente para que en el desarrollo de la investigación y persecución de los delitos en materia de corrupción, se haga énfasis en estas conductas que laceran y que indignan a la sociedad mexicana.

Es por ello que en el grupo parlamentario de Acción Nacional, votaremos a favor de las propuestas que están a consideración a través del dictamen que modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos de corrupción.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

Para exponer la visión del Partido Revolucionario Institucional, se le concede el uso de la tribuna al Senador Miguel Romo Medina.

El Senador Miguel Romo Medina: Con su venia, señor Presidente.

Bajo la premisa de que el Sistema Nacional Anticorrupción que, por cierto, hace unas horas mayoritariamente aprobamos, debe ser concebido de manera integral, y hago uso de esta tribuna para hablar a favor del dictamen que contiene diversas reformas al Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción.

Como se ha dicho en múltiples ocasiones, estamos ante uno de los debates más trascendentes e indispensables para la consolidación del sistema democrático mexicano.

La discusión que nos ocupa es imprescindible para el combate frontal y directo contra la corrupción, al ampliar y fortalecer las hipótesis y sanciones penales para terminar con este problema que tanto daño hace a nuestro país.

En principio, considero oportuno que los delitos por los hechos de corrupción contenidos en el artículo 212 del Código Penal Federal, se incorporen al catálogo de sanciones, la pena de destitución y la inhabilitación por un plazo de uno a 20 años para desempeñar empleo, cargo o comisión público.

Cabe destacar que dicha pena también podrá aplicarse cuando por irregularidades en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público, de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación.

Mediante las reformas planteadas también se dispone que en los casos de delitos en materia de corrupción cometidos por servidores públicos, electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.

Las reformas y adiciones que se encuentran a consideración de esta Honorable Asamblea, dejan claro que los actos de corrupción no serán aceptados ni consentidos bajo ninguna circunstancia, por el contrario, en todo momento serán investigados y sancionados de manera ejemplar.

En atención a la responsabilidad inherente a todo encargo público, celebro que en el dictamen se contemple que en la individualización de las sanciones el juez deberá tomar en cuenta el nivel jerárquico del servidor público, y el grado de responsabilidad del encargo, precisando que, según sea el caso, dicha situación podrá dar lugar a una agravación de la pena.

En el mismo sentido se atiende a una grave e injustificada práctica al establecer sanciones para los servidores públicos que obtengan, exijan o soliciten sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios.

Por otro lado, en relación al delito de cohecho, se agrega una fracción III al artículo 222 del Código Penal Federal, donde se establece que comete este delito el legislador federal que en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos respectivo, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo u obteniendo para sí o para un tercero una comisión, dádiva o contraprestación distinta a la que le corresponden en el ejercicio de su encargo.

El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Compañeras y compañeros Senadores, por su naturaleza, dimensiones e impacto dentro de la sociedad mexicana, el Sistema Nacional Anticorrupción constituye uno de los asuntos más trascendentes que se han abordado en el Congreso de la Unión, en estas últimas décadas de vida parlamentaria.

La legislación secundaria que hemos aprobado, repito, mayoritariamente en este periodo extraordinario, coadyuvará a cumplir con los objetivos establecidos en la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

En el PRI estamos a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, ejes rectores de todo régimen democrático.

En consecuencia, votaremos a favor del dictamen que se encuentra a discusión.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Romo Medina.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III del Reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores: Senador Jorge Aréchiga Ávila, Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, Senador Héctor David Flores Dávalos y Senador Fernando Mayans Canabal.

Tiene la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, hasta por cinco minutos.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores, buenas tardes.

La construcción un sistema de combate a la corrupción implicó una reforma constitucional que estableciera las bases para su creación, la cual, finalmente, fue expedida en el mes de mayo de 2015.

Posteriormente fue necesario discutir una legislación secundaria que desarrollara dichas disposiciones constitucionales, por lo cual, los últimos días nos hemos ocupado en discutir, tanto en comisiones como en el Pleno del Senado, las leyes que establecen las particularidades que giran en torno al Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, en el marco del proceso de análisis y discusión de estas leyes, que implicó la presentación de una iniciativa ciudadana y la observancia de los principios del parlamento abierto, los Senadores que participamos en el proceso de dictaminación nos dimos cuenta de que el Sistema Nacional Anticorrupción requería herramientas adicionales para garantizar su cumplimiento, porque sin un esquema de sanciones ejemplares, esta importante reforma podría correr el riesgo de quedar en letra muerta.

En resumen, era evidente que el Sistema Nacional Anticorrupción necesitaba dientes para asegurar su éxito.

Por ello, resulta necesario hacer uso del derecho penal, como último recurso con que cuenta el Estado, para sancionar las conductas ilícitas cometidas por los servidores públicos, sólo de esta forma podrá salvaguardarse la gestión pública como bien jurídico de intereses de todos los mexicanos.

El dictamen que se somete a nuestra consideración reforma el Código Penal Federal en relación con los delitos cometidos por servidores públicos, como complemento indispensable de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción.

De manera particular, se distingue el delito de corrupción a menores a fin de evitar confusiones con la corrupción cometida por servidores públicos.

Asimismo, se establecen penas de destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos y particulares en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, incluyendo criterios para su determinación.

Como aportaciones novedosas, se tomará en cuenta el nivel jerárquico del servidor público y el grado de responsabilidad a su cargo para la imposición de sanciones.

Además, se incorpora la Unidad de Medida y Actualización para la imposición de multas, en congruencia con la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.

Por su parte, destaca el replanteamiento de los tipos penales de ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades, sustituyendo el término "indebido" por "ilícito" para mayor precisión.

Para el caso del enriquecimiento ilícito, se considerarán bienes de los servidores públicos aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, además de los de su cónyuge y sus dependientes económicos directos, cuando no puedan acreditar su obtención por sí mismos.

Compañeros Senadores, las diferentes fuerzas políticas que integramos el Senado de la República hemos demostrado nuestra voluntad y compromiso por emitir la legislación necesaria para hacer frente a la corrupción.

El presente dictamen viene a complementar al Sistema Nacional Anticorrupción, fortaleciendo el régimen penal aplicable a los servidores públicos a fin de que ningún delito cometido por ellos quede impune.

Congruentes con nuestro compromiso de combate frontal a la corrupción y el ejercicio fiscal del servicio público, los Senadores del Partido Verde votaremos a favor de este dictamen.

Es la cuenta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, señora Presidenta.

La fuerza del Sistema Nacional Anticorrupción radica, en gran parte, en la posibilidad de generar sanciones efectivas.

Hoy estaremos aprobando un catálogo de delitos más amplio y efectivo y con mayores posibilidades de sancionar a los corruptos, esta ley es una respuesta responsable y progresista que ha implicado muchas horas de estudio y de debate, y es por ello que quiero agradecer y reconocer de manera muy especial a los equipos técnicos que nos han apoyado en la elaboración de estas propuestas.

Hay que resaltar que en esta reforma se reconoce el consenso y el acuerdo de los grupos parlamentarios, quienes trabajamos de manera coordinada con la sociedad civil con gran apertura para lograr una legislación de carácter integral y que se adecúa a las nuevas necesidades de todo el sistema.

Los mexicanos exigen que los corruptos sean castigados de manera contundente, como lo merecen verdaderamente, por su traición no solamente al cargo público que con toda honestidad deberían de estar ostentando, sino a todo el país.

El contenido de esta iniciativa atiende de manera precisa todas las recomendaciones que el marco internacional nos señala, y puedo afirmar con seguridad que es representativa del estado del arte de las sanciones penales en todo el mundo.

Voy a hacer una muy breve capitulación de los hechos que considero un avance, pero no me gustaría entrar en esto sin reconocer un tema.

Hay dos formas de ver la historia reciente de nuestro país. Una de ellas es agarrar los hechos como una forma de agraviarnos entre nosotros.

La otra forma, es aprender de ellos y tomar las medidas para evitarlos y reflejarlos en leyes.

Creo que la ley que hoy estamos aprobando refleja que podemos aprender de las lecciones recientes de la historia de nuestro país.

Por eso, nuestro grupo parlamentario propuso, además de esta iniciativa, las reformas que consideramos de avanzada en materia de combate a la corrupción. Tenemos hoy, de aprobarse por sus señorías, un régimen sancionatorio más severo para los altos servidores públicos, ningún régimen de gobierno puede ser democrático si no se sanciona de manera severa a los más altos rangos. Esto es, se induce un criterio sancionador al que se le da mayor castigo a quien tenga mayor responsabilidad.

Esta , que ahora presumimos que se aprobará, aumentará la pena de manera sustantiva a aquellos servidores públicos que hayan sido sujetos a ratificación o nombramiento por alguna de las Cámaras, esto es, las más altas jerarquías de nuestro país.

Tenemos nuevos supuestos para los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades, que consisten, en casos que vale la pena señalar, en sanción a los involucrados en tráfico de influencias desde el Poder Legislativo.

Se propone imponer una pena al legislador federal que en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos respectivo, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo para sí o un tercero, una compensación, dádiva o contraprestación distinta a la que le corresponda por el pago de su encargo; o el otorgamiento de obra pública o de servicios en favor de determinadas empresas, como condicionante de esta gestión.

Al sancionar esta conducta, todos los partidos decimos "no a los moches".

También incluimos sanciones a la persona moral que al ser titular de un contrato, permiso o asignación o concesión de un bien o servicio público, falsee u oculte información sobre la explotación de la misma.

Al particular en su carácter de contratista, permisionario, asignatario, titular de concesión, prestación de un servicio público, de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o un tercero, se le sancionará.

También se sancionará al servidor público que siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de la concesión, se haya abstenido de cumplir esta obligación.

Esto nos da un gran resultado, con esto esperamos ya no más casos de empresas multimillonarias que lucran indebidamente con las relaciones que tienen con los altos servidores públicos, que aprovechan de manera ilegal los bienes del Estado o abusan de los usuarios de un servicio público, tanto el particular como el servidor público cómplice que no vigile debidamente esta concesión, con este Código Penal irán a la cárcel.

Podría continuar con los beneficios de esta ley, pero baste decir que se necesitan reglas claras y precisas que castiguen a quienes ejerzan o beneficien este ejercicio de poder corrupto, ése es el objetivo de las reformas de este Código Penal Federal que estamos por aprobar. Este Código Penal Federal es una ley pertinente y aplicable.

Por eso esta propuesta se presenta fundada en la necesidad de reforzar el estado de derecho y la legalidad, de sancionar de manera contundente a los funcionarios públicos que cometan o se vean implicados en actos de corrupción y en perjuicio de toda la sociedad. Pero sobre todo, se propone porque es lo correcto y porque significa un avance sustantivo en el combate a la corrupción.

Es cuanto.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Fernández Fuentes.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Fernando Mayans Canabal, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con el permiso de la Mesa; con la venia de la sala.

Dicen que la ineficiencia es igual a corrupción. Yo espero que este Senado sea eficiente para poderle quitar ese adjetivo.

El dictamen a discusión es parte fundamental de esta reforma anticorrupción, ya que es el Código Penal Federal el ordenamiento jurídico que aborda el aspecto punitivo de las conductas ilícitas que son consideradas hechos de corrupción.

Con este dictamen, las Comisiones Dictaminadoras de Justicia; y de Estudios Legislativos, proponen, entre otros cambios legales, modificar la denominación del Título Décimo vigente del Código Penal Federal, por el de "Delitos por hechos de corrupción".

Retomar lo establecido en el artículo 212 vigente del Código Penal Federal, esto es, que se considerará como servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, centralizada o en la de la Ciudad de México, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedad asimiladas a estas, fideicomisos públicos, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión o en el Poder Judicial Federal o que manejen recursos económicos federales.

Las disposiciones contenidas en el presente título son aplicables a los gobernadores de los estados, a los Diputados, a las legislaturas locales y a los Magistrados de los tribunales de justicia local por la comisión de los delitos previstos en este título en materia federal.

Agregar al artículo 213 del Código Penal Federal que, en la individualización de las sanciones previstas en el Título de los "Delitos por hechos de corrupción", la autoridad judicial deberá tomar en cuenta el nivel jerárquico del servidor público y el grado de responsabilidad del encargo.

También agregar al artículo 112 a las empresas productivas del Estado, en tanto que administren recursos federales y, por tanto, sus funcionarios deben estar igualmente sujetos a este régimen normativo.

Y tipificar como delito de cohecho la conducta del legislador federal que en el ejercicio de sus funciones o en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie, dicho de otra manera, los famosos "moches".

De estas modificaciones, quizás las más relevantes sean estas dos últimas. Sin embargo, insuficientes resultan estas propuestas de reforma para el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que se renuncia a la actualización integral de las penas y multas vigentes, las cuales ya no corresponden por los prejuicios y afectaciones graves que se causan a bienes jurídicamente tutelados, como lo son los valores fundamentales de la sociedad, el menor desarrollo de la administración pública y el correcto funcionamiento de la actividad estatal en todos sus ámbitos: legislativo, ejecutivo y judicial, bajo un conjunto de principios, tales como la probidad, la honradez, el profesionalismo y la legalidad.

Basta revisar la propuesta de redacción del último párrafo del artículo 112, que limita el aumento de las sanciones sólo hasta en un tercio, tratándose de que algunos delitos cometidos por servidores públicos electos popularmente, o cuyos nombramientos estén sujetos a ratificación de algunas de las Cámaras del Congreso.

En consecuencia, a los redactores del dictamen, nada más se les olvidó que la finalidad es proteger la lealtad en el ejercicio del servicio público, cuando esta es afectada, así como el respeto íntegro a la administración pública estableciendo las sanciones de manera efectiva y objetiva.

Compañeras y compañeros Senadores, el dictamen a nuestra consideración analizó las iniciativas presentadas por compañeras y compañeros Senadores de mi grupo parlamentario, particularmente de la Senadora Angélica de la Peña y del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, cuyas propuestas fueron estimadas en su mayoría inadecuadas e innecesarias por las comisiones dictaminadoras, excluyéndose el conjunto de propuestas contenidas en una iniciativa que presenté ante este Pleno y que fue turnada a las mismas.
Es pertinente señalar que en el texto de este dictamen se señala, cito:

"Podrá advertirse que los cambios propuestos no inciden en un aumento de las penas vigentes para los delitos cometidos por servidores públicos. Lo anterior obedece al hecho de que, hasta el momento, no existen datos que permitan concluir, con certeza razonable, que un aumento en la penalidad de tales delitos tenga por consecuencia inmediata y directa la inhibición de las conductas que los generen. Ante tal ausencia de datos, resultaría irracional y arbitrario que el legislador pretendiera aumentar las penas sin tener la suficiente información que justifique tal medida, lo que además equivaldría a sostener que la realidad puede modificarse por la simple voluntad legislativa".

Considerando que por negligencia o falta de pericia por parte de los hacedores de este dictamen, se ignoró la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, que un servidor presentó en sesión de fecha 17 de marzo de 2016, la cual fue turnada precisamente en esa misma fecha a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, que dicha iniciativa propone no sólo incrementar el quantum de las penas privativas de libertad aplicables a los delitos cometidos por los servidores públicos, sino también de la inhabilitación, además de incrementar los montos de las multas y hacer más estricto el acceso a los beneficios que otorga la Ley Penal para quienes cometen delitos en el ejercicio del servicio público y contra la administración de justicia.

Que el esquema de las acciones vigentes en el Código Penal Federal es sumamente laxo, que tal como ya se señaló, el dictamen a nuestra consideración no actualiza las penas aplicables para tales ilícitos, con el simple argumento de que resultaría irracional y arbitrario aumentarlas.

Que estas aseveraciones reflejan la indiferencia al clamor social que exige sancionar con mayor rigor los hechos y actos de corrupción de los servidores públicos.

Por todo lo anterior, hago expresa y categórica mi inconformidad y protesta por esta grave y lamentable omisión de las comisiones dictaminadoras, consistente en no haber incorporado dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictaminación conjunta, ya que por la trascendencia de su materia y propósito no debió quedar excluida de esta etapa del proceso legislativo.

Más aún, cuando hago del conocimiento de este Pleno Soberano que, a través de sendos oficios dirigidos a la Presidencia de la Mesa Directiva de este Senado de la República, a cargo del Senador Roberto Gil Zuarth, y a las Presidencias de las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda, solicité e informé respectivamente en tiempo y forma la ampliación de la modificación del turno de dicho proyecto para el efecto de que fueran consideradas las propuestas de reformas contenidas en iniciativa al momento de emitirse el dictamen que hoy nos ocupa.

A pesar de esta solicitud por escrito se desdeñaran, sin justificación legal o reglamentaria alguna, las propuestas de reforma que a nombre de la sociedad y el pueblo de México me permití poner a la elevadísima consideración de esta Cámara Alta.

Por lo anterior, me permitiré hacer las propuestas de modificación y adiciones que correspondan.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Fernando Mayans.

Recibimos en la Mesa Directiva los textos de las intervenciones de la Senadora Erika Ayala Ríos y del Senador Arturo Zamora Jiménez, los cuales se integrarán al Diario de los Debates.

La Senadora Erika Ayala Ríos: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Arturo Zamora Jiménez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Héctor David Flores Ávalos, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a hablar, desde luego, a favor del presente dictamen, mediante el cual se realizan diversas modificaciones al Código Penal Federal.

Estas modificaciones se han realizado, como todos ustedes saben, en el contexto de la nueva conformación del Título Cuarto de la Constitución, en donde básicamente se establece un nuevo sistema de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y nuevos mecanismos de combate a la corrupción.

Creo que aquí ya mucho se ha hablado y mucho se ha dicho sobre lo importante que es dar pasos firmes en una dirección correcta y clara de combatir de manera frontal este fenómeno que ha venido representando una limitación seria y una limitación, además, no solamente seria, sino contundente para el crecimiento del país.

Yo quisiera poner en perspectiva el tema, compartiendo con ustedes algunos datos, que son datos que desde luego tienen una fuente efectiva, no solamente en México de manera interna, digamos, sino la perspectiva de México en el mundo.

En un estudio de la Universidad de las Américas sobre corrupción, de los 59 países que fueron integrados en el estudio, que fueron incluidos en el Índice Global de Impunidad, nos encontramos dentro de los cinco países con un mayor índice.

Respecto de la percepción o el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, se nos asignaron 35 puntos sobre 100.

México es igualmente, y eso ya lo saben ustedes porque fue una nota pública, es el país más corrupto entre los miembros de la OCDE, e incluso Grecia tiene una mejor calificación que nosotros.

Si se compara con el G20, pues los números no son necesariamente mejores.

Para el Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, nos comparan con Afganistán y con Pakistán.

En el ranking mundial, mientras que la mayoría de los países latinos subieron algunos puntos, México ha caído del lugar 72 al 103 en sólo seis años.

La percepción ciudadana tampoco es necesariamente buena. El 79 por ciento de la población piensa que éste es un problema, y creo que tiene razón. Casi el 50 por ciento de las personas piensan que es muy frecuente.

En fin, tenemos datos que pudieran llevarnos a tener una ejemplificación muy larga respecto de este problema, pero la mejor aduana, en mi opinión, la acabamos de vivir hace unos días, el 5 de junio en la reciente elección.

A mí me parece que la opinión de la sociedad deja un mensaje muy claro no solamente a este Congreso, sino al Estado en general, de que debemos avanzar con contundencia en este sentido de combatir de manera firme el problema de la corrupción.

Si queremos un cambio de fondo en este mal que tanto ha aquejado a nuestra sociedad, es indispensable que existan tipos penales y sanciones ejemplares para todos los servidores públicos y particulares que participen en cualquier acto de corrupción.

Aquí nuevamente me permito repetirle a esta Asamblea, la corrupción no tiene color, no tiene partido, ni tiene dueño. Es un problema integral, no es un asunto que únicamente se reproduzca en el ámbito del sector público.

Me parece que tenemos que ser muy claros en los pasos que debemos dar, y esta parte yo la recojo de las modificaciones en el Código Penal Fedral, en el cual se amplía el catálogo de delitos con mayores posibilidades de sancionar a corruptos, no solamente a servidores públicos, sino a particulares que se coluden con ellos.

Esto creo que es un avance sustantivo respecto de lo que ya se tenía, toda vez que anteriormente en el Título Décimo del Código Penal Federal, únicamente se refería a delitos cometidos por servidores públicos.

Finalmente, compañeras y compañeros, lo que la ciudadanía exige, en mi opinión, es que los corruptos sean castigados de manera contundente, como lo merecen, por su traición y por desviar el interés, no solamente por poner sus intereses particulares por encima de los intereses de la sociedad, sino lo que parece más grave: por perder incluso la más elemental dignificación del cargo que ostentan.

Agradezco mucho su atención.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Héctor Flores.

No habiendo más oradores inscritos y con fundamento en el artículo 200 del Reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Les menciono que recibimos del Senador José de Jesús Santana García, reservas al artículo 201 y al Transitorio Segundo.

Recibimos del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, reservas a los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 y 225.

¿Hay algún otro Senador que quiera hacer alguna reserva? Se cierra el registro de las reservas.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señora Presidenta, conforme al tablero electrónico, se emitieron 105 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Pasamos ahora a las reservas hechas al Código Penal Federal.

Se concede la palabra al Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a los artículos 201 y Transitorio Segundo del proyecto de Decreto.

El Senador José de Jesús Santana García: Con su venia, señora Presidenta. Compañeros Senadores:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, vengo ante esta Asamblea a someter a su consideración una reserva al Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción, con base en la argumentación y propuesta del texto siguiente.

El transitorio que se propone que sea aprobado por esta Cámara es totalmente incorrecto, ya que establece que los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que le dieron origen.

Lo anterior es impreciso porque sólo aplicaría a las personas que en la etapa de un procedimiento penal estén siendo juzgadas por un juez penal, es decir, el proceso correspondiente penal y excluyendo a las siguientes personas: los que estén siendo investigados por el Ministerio Público en una averiguación previa; también excluiría a los que están compurgando una pena por comisión de los delitos que están siendo modificados en el presente Decreto, y a todos aquellos que habiendo cometido alguno de estos delitos, no estén sujetos a un procedimiento penal pero que se encuentre vigente el ejercicio de la acción penal en su contra.

Es importante mencionar que de no modificar este artículo transitorio por disposición constitucional, tendrían que excarcelarse a todas aquellas personas cuya situación jurídica se encuentre dentro de los supuestos de exclusión mencionados.

Y por poner un ejemplo: a todos aquellos que hayan cometido el delito y que ya estén con sentencia firme o con ilícitos del ejercicio del servicio público, o aquellas personas que estén purgando una pena por enriquecimiento ilícito.

Esto, señoras y señores Senadores, resulta totalmente catastrófico y contrario al espíritu de la reforma que estamos debatiendo.

En tal virtud, propongo a ustedes la siguiente redacción del Segundo Transitorio.

"Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso de las reformas contenidas en el mismo, contemplen una descripción legal de una conducta delictiva que en los artículos reformados se contemplaban como delitos y por virtud de las presentes reformas se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre y cuando las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:

I. En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos reformados en el presente Decreto, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la traslación del tipo que resulte.

II. En las investigaciones iniciadas, en los que aún no se ejercite la acción penal, el Ministerio Público ejercerá ésta de conformidad con la traslación del tipo penal que resulte.

III. En los procesos iniciados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias del Ministerio Público, las formulará de conformidad con la traslación del tipo penal que resulte.

IV.- En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades.

V. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad en beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, en función a la traslación del tipo, según las modalidades correspondientes."

Con la modificación a este punto transitorio, estaremos evitando que mucha gente sea excarcelada aun habérseles comprobado el delito de corrupción que tanto hemos debatido esta tarde en esta Cámara.

Y la segunda reserva, que se refiere a la corrupción de menores, se establecen, dentro de la descripción típica, seis conductas para determinar su comisión. Aunque en su párrafo inicial pareciese que basta la realización de una de estas conductas para cometer este ilícito penal de corrupción de menores, en la enumeración de dichas conductas se establece una redacción conjuntiva, es decir, en virtud de que la penúltima fracción contempla el vocablo "y", que es un vocablo conjuntivo, lo que pudiera interpretarse que se requiere la realización de las seis conductas para la comisión del delito, lo cual resulta totalmente erróneo.

Por tal razón, y aunque en estricto sentido esas fracciones no están siendo modificadas en el presente Decreto, es indispensable sustituir la "y" que, insisto, es conjuntiva, por una "o", que es disyuntiva, lo que daría certeza al juzgador para que la realización de una sola de estas conductas conlleve a la realización del delito.

Por tanto, propongo la siguiente redacción:

"Artículo 201. Cuando el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos.

Las fracciones del inciso a) al inciso d) quedan igual.

e) Formar parte de una asociación delictuosa; o

f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual."

Las siguientes fracciones e incisos quedan igual.

Por tanto, considero que es necesario, ya que estamos poniendo a consideración del Pleno esta iniciativa que se tomen en cuenta estas dos reservas.

Es cuanto, señora Presidenta.

Propuestas de modificación



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Santana García.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Santana.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Santana. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asambleas no asiente)

Sí se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Están a discusión las propuestas.

Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban las propuestas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña, por favor.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Yo creo que es importante que el señor Senador vea el adendum que estamos integrando al dictamen, el caso del Cuarto Transitorio justamente está inscrito para resolver su preocupación respecto al transitorio que motiva su reforma.

Me parece que la forma como lo estamos resolviendo en el Cuarto Transitorio, resuelve su preocupación, lo voy a leer:

"Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, al momento en que la misma haya quedado firme".

Va en congruencia con lo que usted señala, y además, permítame decir que es una redacción más o menos utilizada siempre que pasa que tenemos que hacer reformas en materia penal. No sé si eso satisfaga lo que usted está presentando.

Y respecto al artículo 201, creo que es consciente lo que está usted señalando, cambiar la "y" por la "o", en el caso de las fracciones que están adelante, que no están en los hechos sufriendo reforma, pero me parece que la adecuación es correcta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Agradezco los comentarios. Para conocimiento de la Asamblea, ya fue votada la reserva por el Pleno de los Senadores por unanimidad.

Se concede ahora la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 y 225 del proyecto de Decreto.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Dicen que la corrupción somos todos, ¿quién dice eso?, somos todos, la corrupción somos todos. Bueno.

Considerando, amigas y amigos, compañeros Senadores, Senadoras y con el permiso de la Mesa y la venia de la sala, considerando, desde hace más de tres décadas, sigue vigente la exigencia social para establecer las sanciones efectivas para prevenir y castigar la corrupción de los servidores públicos.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, misma que ratificó nuestro país el 20 de julio de 2004, parece ayer, y miren cuantos años han pasado, y los resultados de mal en peor.

En el marco de este instrumento jurídico internacional, se han realizado diversas recomendaciones a México a efecto de que en el tema de la penalización y aplicación de la ley se considere la posibilidad de establecer procedimientos para destituir a los servidores públicos acusados de corruptos; así como la inhabilitación por todos los delitos de corrupción y la inhabilitación para ejercer cargos en empresas de propiedad total o parcial del Estado.

En consecuencia, se propone incrementar el quantum, no sólo de las penas privativas de libertad sino también de la inhabilitación, es decir, el límite mínimo y el máximo de la duración o aplicación de estas sanciones, tratándose de los delitos del Título Décimo del Código Penal Federal, que se propone cambiar de denominación; la misma propuesta se hace con los montos de las multas aplicables.

Por lo antes expuesto, me permito presentar en conjunto las siguientes propuestas de modificación y adición de los artículos que se señalan, para quedar como sigue:

El artículo 214, fracción I a la VI…

Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de tres a ocho años de prisión, multa de 30 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.

Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:

Fracción I a la XXVI…

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a la V y X a XII, se le impondrán de cinco a diez años de prisión, de quinientos a mil días de multa. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII.

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a XI, XIII, XIV, XV y XVI se le impondrá de cinco a doce años de prisión, de seiscientos a mil días de multa.

Artículo 216…

Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos, ojo, Senado de la República, al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de tres años a ocho años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de 3 años a 8 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Y aquí parece que ustedes los quieren mandar de día de campo a toda la bola de corruptos que existen en este país, de día de campo.

Una talladita de hombro, una llamada de atención, eso es lo que pretenden.

¿Cuándo vamos a cambiar las cosas? ¡Nunca!

Nada más que los pueden acusar de cómplices, de gatopardos, que todo cambia para no cambiar y seguir en el caño de la corrupción.

Artículo 217. …

I. a III. ..

Al que cometa el delito a que se refiere al presente artículo…

¡Qué silencio!

¡Qué silencio en el Senado de la República!

¡No se asusten!

Serenos, tranquilos, todavía no se aprueba.

Que espero que la aprueben, si realmente quieren cambiar las cosas, y no mandando de día de campo, de excursión a los corruptos, de vacaciones en Europa, España, aunque ya nos han demostrado los españoles que no se andan con cuentos y que sí los aprehenden.

Les decía del artículo 217.

Es que se oía un silencio impresionante. Los felicito, primera vez que hay silencio en este recinto.

Artículo 217. …

I. a III. …

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrá de cinco a quince años de prisión, de ochocientos a milquinientos días de multa.

Artículo 218. …

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres años a cinco años de prisión y multa de treinta veces a trescientos días de Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.

Cuando la cantidad y el valor de lo exigido indebidamente excedan de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a catorce años de prisión y multas de trescientos a quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.

Artículo 219. …

I y II. …

Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de cinco a doce años de prisión y multa por un monto de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.

Artículo 220. …

I y II. …

Cuando la cuantía a que asciendan a las operaciones a que hace referencia este artículo no exceda del equivalente a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres años a cinco años de prisión, multas de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a quince años de prisión y multa de trescientas a qunientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.

Artículo 221. …

I a IV. …

Al que cometa el delito de tráfico de influencias se le impondrán de seis a doce años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de seis a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 222. …

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de cinco a ocho años de prisión, de treinta a trescientos días de multa y destitución e inhabilitación de cinco a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación excedan de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de seis a quince años de prisión, de trescientos a mil días de multa.

Artículo 223. …

I. a IV. …

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de cinco a ocho años de prisión y multas de trescientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a quince años de prisión, multas de trescientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.

Artículo 224. …

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, se impondrán de seis a diez años de prisión, multas de cinco mil a ocho mil veces el salario mínimo vigente en el lugar de los hechos al momento de cometerse el delito.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de ocho a quince años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito.

Y que regresen lo que se llevaron, porque ése es el detalle. Lo inhabilitan, tienen las cajas y las bóvedas llenas de dinero y no le hacen ni cosquillas.

Ya no podrás trabajar en 5 años en el gobierno, ni en ningún nivel de gobierno. ¿Y para qué quieren trabajar 5 años, si ya tiene las bolsas llenas, las cajas llenas? Mejor que regresen lo que se robaron, si de eso se trata.

Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

I. a XXXIV. …

A quienes cometan los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXXIII y XXXIV, se le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y de quinientos a mil quinientos días de multa.

A quienes comentan los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XVII, XVIII, XXVII, XXVIII y XXXII, ¿cómo les quedó el ojo?, se le impondrá pena de prisión de seis a doce años y de mil a dos mil días de multa.

Espero que hayan entendido, porque hablamos mucho de multas, de prisión, de fracciones, pero si yo ahorita les hiciera un examen y entendieran de qué estamos hablando, estoy casi seguro que la mayoría no entendió nada. Pero bueno, la línea es la línea.

Y espero que algún Senador o Senadora sensata pueda aprobar esto, para que no mandemos a los corruptos de día de campo con una palmadita en la espalda y que se inhabiliten y sigan disfrutando de los canastos de dinero que se robaron del pueblo de México, en los paraísos fiscales y en las playas más bellas del mundo, como es nuestro querido Cancún.

Muchas gracias por su atención.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Fernando Mayans.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Mayans.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Fernando Mayans. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Senadora Layda Sansores San Román:(Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señora Presidenta, nada más para que autorice que se ponga mi voto en contra, en la votación anterior.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tome nota la Secretaría. Por supuesto que sí, Senadora.

Agotadas las reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 201 y Transitorio Segundo, con las modificaciones aceptadas, y de los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 y 225 del proyecto de Decreto en los términos del dictamen.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Senadora Presidenta, conforme al conteo electrónico, se tienen un total de 95 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 201 y Transitorio Segundo con las modificaciones aprobadas, y los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 y 225 del proyecto de Decreto en los términos del dictamen.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión extraordinaria el día de mañana jueves 16 de junio a las 12:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 20:12 horas)

Directorio

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