Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 18 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 6



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 31 de Mayo de 2016

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:44 horas) Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, tenemos la asistencia de 37 ciudadanas y ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del martes 31 de mayo de 2016, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se ha informado de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa solicítela, por favor, a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor igualmente podrán consultar la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN celebrada el miércoles
VEINTICINCO de mayo DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL DIPUTADO
CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y tres minutos del miércoles veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, con una asistencia de veintiún legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Señor Luis Héctor Álvarez Álvarez.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Informe de los empréstitos y obligaciones inscritos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades, Municipios y sus organismos, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, información correspondiente al primer trimestre de 2016 de diversos organismos descentralizados, en apego a lo establecido en el artículo 42 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su Primer Informe Trimestral, correspondiente al año 2016.- Se remitió a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Radio y Televisión; y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, del 17 de mayo al 6 de junio de 2016.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 

 

Se recibió de la Diputada Janette Ovando Reazola, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 23 de mayo de 2016.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de la designación del Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, como representante ante el Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción II, recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 26 y adiciona una fracción al artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo séptimo y adiciona un párrafo octavo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el numeral 10 del inciso h) de la fracción I del artículo 2º y se añade una fracción II, recorriendo los subsecuentes, al artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Alejandro González Murillo, a nombre de la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción XII y se adicionan las fracciones XIV y XV del artículo 25 de la Ley de Aeropuertos.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que exhorta a todas y todos los candidatos de las elecciones del 5 de junio de 2016, para que en caso de que resulten electos, garanticen los principios de igualdad y paridad de género en la estructuración e integración de sus respectivos gabinetes.- Intervinieron los legisladores: Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; y Diputado Omar Ortega Álvarez del PRD. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a que en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan las campañas informativas y preventivas para hacer frente a los riesgos que representan las altas temperaturas para la salud.- Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud a que informe sobre los protocolos y políticas públicas diseñadas para atender, en el ámbito de su competencia, las pérdidas gestacionales en el Sistema Nacional de Salud.- Intervino la Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

4. Por el que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer los programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia obstétrica y garantizar una atención oportuna, de calidad e integral a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.- Intervino la Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

5. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer los programas y las políticas encaminadas a prevenir y atender la Diabetes Mellitus, poniendo especial atención en niñas, niños y adolescentes.- Intervino la Diputada Xitlalic Ceja García del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

6. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las campañas de concientización, diagnóstico oportuno y prevención del cáncer de próstata, con especial atención en las zonas más vulnerables del país.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

7. Por el que solicita a la Secretaría de Salud llevar a cabo acciones para detección del Lupus Eritomatoso Sistémico.- Intervino la Diputada Xitlalic Ceja García del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. En relación con la prevención y combate de incendios forestales.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta la Secretaría de Turismo a implementar una campaña de difusión sobre el programa "Viajemos Todos por México".- Intervino el Diputado Alfredo Bejos Nicolás del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar a esta Soberanía sobre los  avances en la investigación y garantizar      el derecho a la debida procuración de justicia en el caso de abuso sexual contra niñas y niños del Kinder Montessori Matatena, a fin de castigar a los presuntos responsables.

2. Por el que exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos, así como al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que por medio del Comisionado Estatal de Seguridad Pública de la entidad, refuercen las acciones que emanan de los convenios de participación ciudadana del programa “Adopta una Patrulla”, e informen a esta soberanía de los avances de los mismos con el propósito de garantizar la seguridad pública a los habitantes de la ciudad de Cuernavaca.

3. Por el que solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que de manera coordinada informen a esta Soberanía los alcances y resultados de las diversas acciones que se están implementando en el estado de Guerrero, en materia de seguridad pública.

4. Por el que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar la libertad de expresión y seguridad a defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación y dar cumplimiento a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

5. Por el que solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación brinde información sobre el estado que guarda la Acción de Inconstitucionalidad número 96/2014 y su acumulada 97/2014 y su acumulada 97/2014, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que impugnó la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

6. Por el que solicita a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México información respecto de los avances en la investigación de los hechos denunciados, en la averiguación previa iniciada por los delitos de agresiones y robo cometidos en contra de ciudadanos simpatizantes e integrantes de Movimiento Regeneración Nacional el 20 de febrero de 2016 en la colonia Romero Rubio de la Delegación Venustiano Carranza.

7. Por el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República que, de ser el caso que exista información o documentación que a juicio de las propias dependencias deba mantenerse reservada, informe su determinación, en cuyo caso ambas dependencias deberán remitir la información y la documentación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión en calidad de reservada.

Los siete dictámenes con punto de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, trece dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a intensificar las acciones tendientes a erradicar la violencia feminicida en el país.

2. Que exhorta a diversas autoridades a realizar acciones relacionadas con los centros educativos temporales para trabajadores jornaleros agrícolas acompañados de sus familias.

3. Relativo a la enfermedad de Lyme.

4. En torno al interés superior de la niñez.

5. Que exhorta a promover campañas informativas y reforzar las acciones para prevenir y atender los efectos adversos en la salud de las personas por el consumo de bebidas energizantes mezcladas con alcohol.

6. Que exhorta a las legislaturas locales de las entidades federativas a reconocer y legislar el acoso sexual en el ámbito público.

7. Por el que se solicita fortalecer en todos los centros educativos y las unidades de atención médica las campañas diseñadas para prevenir y atender a los pacientes afectados por dengue, chikungunya y zika.

8. En torno a la venta de productos médicos falsificados.

9. Que exhorta a implementar campañas para incentivar las visitas a los museos.

10. Que exhorta a remitir un informe sobre el estado que guardan las acciones emprendidas para concretar el proceso de regularización re-categorización y homologación del nivel salarial de la plantilla docente del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán.

11. Que exhorta a realizar un diagnóstico sobre el uso de la medicina tradicional y complementaria en nuestro país.

12. Por el que se solicita fortalecer y profundizar las investigaciones sobre los casos de presunta pederastia en el kínder “Montessori Matatena”.

13. Por el que se considera sin materia la proposición que citaba a comparecer a diversas autoridades, en torno al traslado de Joaquín Guzmán Loera.

Los trece dictámenes con punto de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a las autoridades del gobierno del estado de Jalisco, así como a los municipios de Guadalajara y Zapopan, a evaluar la posibilidad de consolidar un régimen de protección ambiental óptimo para el Bosque Los Colomos, secciones I, II y III, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, considerando decretar la veda por 20 años en la zona de Bosque Colomos III.

2. Por el que exhorta a la Secretaría de Economía a remitir un informe respecto del Proyecto de norma oficial mexicana “PROY-NOM-199SCFI-2015”.

3. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a implementar las medidas necesarias, a fin de agilizar las investigaciones en torno a delitos en materia de hidrocarburos cometidos en las Entidades Federativas en las que se presente este delito.

4. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evaluar las condiciones operativas del Aeropuerto Internacional de Guanajuato y el cumplimiento del contrato de concesión realizado a favor del Aeropuerto del Bajío, S. A. de C.V., para administrar, operar y explorar el Aeropuerto Internacional del Bajío y llevar a cabo construcciones en el mismo, a fin de prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en el aeropuerto, con la finalidad de verificar que se cumplan con las obligaciones de conservación y mantenimiento.

5. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, con base en las investigaciones sobre el incendio en el Cerro de la Cruz, localizado en Uruapan, Michoacán, no autorice ningún cambio de uso de suelo ni cualquier otra actividad que no sea de restauración y de manejo forestal sustentable, queda sin materia y definitivamente concluido.

6. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar si existen cobros indebidos realizados a usuarios por parte de las empresas telefónicas móviles en las ciudades y poblados de la frontera sur del país, y en su caso aplicar sanciones.

Los seis dictámenes con punto de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que exhorta a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a que tipifiquen como delito el acoso sexual en su legislación penal respectiva.- Intervino la Senadora Diva Hadamira Gástelum Bajo del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar operativos para agilizar la circulación vehicular en la entidad, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.- Intervinieron los legisladores: Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue aceptada; y Senador Jesús Casillas Romero del PRI. Para     rectificación de hechos hicieron uso de la palabra los legisladores: Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de Morena, y Diputado Jorge Álvarez Maynez de MC. El punto de Acuerdo fue aprobado en    votación económica, con la modificación aceptada.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que exhorta a los congresos de las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas y que aún están pendientes de homologar su legislación bajo los más altos estándares de protección de derechos humanos, para que armonicen sus Códigos Civiles o Familiares así como a sus respectivos códigos procesales, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas disposiciones sustantivas y procesales que regulan las causales de divorcio.- El Presidente de la Mesa Directiva, dio cuenta con la propuesta de modificación, presentada por la Comisión. Intervino la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de las diferentes Delegaciones, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las acciones en materia de seguridad que ayuden a disminuir los índices delictivos en la Ciudad de México, y en especial en la Delegación Cuauhtémoc.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la  Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que exhorta al gobierno de la Ciudad de    México implementar una estrategia para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres en el sistema de transporte público.- Intervinieron las legisladoras: Senadora Diva Hadamira Gastélum        Bajo del PRI; y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

La Diputada Xitlalic Ceja García, a nombre propio y de la Diputada Yulma Rocha Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a implementar los mecanismos necesarios para erradicar el acoso sexual y el hostigamiento sexual en las escuelas de educación superior.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron las legisladoras: Diputada Genoveva Huerta Villegas del PAN; y Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Diputada Patricia Sánchez carrillo, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se conforma un grupo de trabajo plural para evaluar y dar seguimiento al proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en la República Mexicana.- Considerado de urgente resolución. Intervino la Diputada Mariana Benítez Tiburcio del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a modificar la política de instrumentación de la reforma educativa, a fin de promover el diálogo y el consenso, respetando los derechos humanos y laborales del personal docente, así como abandonar las medidas de enfrentamiento y represión.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas a no intervenir en los procesos electorales locales en curso, a fin de garantizar la imparcialidad, equidad e igualdad de las contiendas.-Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo relativo a las irregularidades que se han exhibido durante el proceso electoral en curso en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, a nombre propio y del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a incluir la “hipertensión arterial pulmonar” en el catálogo de intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Estado de México a observar los principios que en materia electoral están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Partidos Políticos.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Decimoquinto; reforma el artículo 259 Bis y adiciona un artículo 259 Ter del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una Base 5ª a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 310 bis a la Ley General de Salud, reforma el artículo 1º de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y reforma los artículos 34 y 36 de la de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De las Diputadas Erika Rodríguez Hernández y Yahleel Abdala Carmona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6 y 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Lía Limón García y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Virgilio Caballero Pedraza, a nombre del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Claudia Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 49 de la Ley de Hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo X Bis, integrado por los artículos 32 Bis y 32 Ter, al Título Segundo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Sergio René Cancino Barffusón, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto por el que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso c) al artículo 3 Bis de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Rafael Yerena Zambrano y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto Decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción iii del artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 77 bis 30 de la Ley General de Salud. - Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación información sobre las acciones legales realizadas a partir de las irregularidades observadas por más de mil millones de pesos de diversos fondos dirigidos a la educación en Sonora cuando era titular Guillermo Padrés Elías.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el estado que guarda la solventación de las observaciones realizadas en la cuenta pública 2014, a los recursos de fondo de infraestructura deportiva en el municipio de Puebla de Zaragoza.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita convocar a un periodo extraordinario de sesiones a celebrarse el 28 de mayo, a fin de dictaminar y, en su caso, aprobar las leyes a que se refiere el Artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado el 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación, programe las auditorías correspondientes para comprobar el ejercicio y aplicación correcta y transporte de los recursos presupuestales comprendidos en el FONDEN y PET a cargo del Centro SCT de Tabasco.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo para fortalecer las acciones que permitan la prevención de desastres naturales en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a suministrar gas etano a los centros petroquímicos Morelos, Cangrejera y Pajaritos, de Coatzacoalcos, Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar campañas de educación sexual en planteles de educación secundaria y de nivel medio superior del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre el estado que guarda la solventación de la solicitud de aclaración realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en relación con el pago indebido de 74 millones 939 mil 751 pesos a un proveedor de servicios de fletes para la entrega de medicamentos, en virtud de que dicho servicio estaba contemplado en el contrato de adquisición de los medicamentos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia a favor del fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en los países de América Latina y el Caribe.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados María Cristina García Bravo y Omar Ortega Álvarez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, para que fortalezca o redefina la estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora en contra de los grupos del crimen organizado, ante la violencia que padece el estado de Tamaulipas, y a la Procuraduría General de la República para que informe sobre el estatus que guardan las averiguaciones previas levantadas por el delito de tráfico de armas en el estado de Tamaulipas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en relación al Día de la Biodiversidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a llevar a cabo acciones que reparen los derechos de los trabajadores petroleros afectados por la explosión ocurrida en la Planta Clorados III de Pajaritos, Veracruz el 20 de abril de 2016.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Claudia Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a llevar a cabo las acciones correspondientes para aplicar y cumplir cabalmente con la NOM-007-SSA2-2016; y a la Procuraduría General de Justicia del estado a dar celeridad a la elaboración y publicación de los protocolos de actuación especializados en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, del delito de feminicidio, de desaparición de mujeres y para casos de violencia familiar.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Michoacán implemente las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad, integridad y patrimonio de los ciudadanos de la entidad, ante el exponencial incremento de los delitos del fuero común durante su gestión.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta el Ejecutivo Federal a realizar una investigación e informe respecto de la intromisión del gobierno del estado de Durango en el actual proceso electoral del estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de la Secretaría de Economía y de Desarrollo Social a implementar medidas que protejan y apoyen a los productores de leche en todo el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en relación al Día Internacional del Reciclaje.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que solicita a Petróleos Mexicanos que las refinerías eleven su producción al cien por ciento.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobernador del Estado de Morelos y al Fiscal de Justicia del Estado de Morelos, cumplir y con ello no violentar los Acuerdos vertidos en la reunión del 9 de mayo, respecto a la exhumación de los cuerpos depositados en la fosa clandestina ubicada en Tetelcingo, Morelos. - Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una auditoría integral, objetiva y transparente sobre los recursos destinados para la adquisición, instalación y mantenimiento de luminarias en la Delegación Benito Juárez, debido a la presunta comisión de diversas irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y desarrollo de los trabajos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a establecer mecanismos eficientes para fortalecer e impulsar a los productores nacionales de lecha fluida, así como derivados lácteos de producción nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar las inconsistencias presentadas en la declaración patrimonial del candidato a gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, así como a la Auditoría Superior de la Federación, para que haga de conocimiento el resultado de las auditorías realizadas al INFONAVIT durante la administración del Lic. Alejandro Murat Hinojosa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar acciones de mitigación de las altas concentraciones de partículas contaminantes que se registran en las ciudades de Salamanca, León, Irapuato y Silao.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Judicial del Estado de México a solucionar y reinvindicar la propiedad en garantía en favor de los trabajadores del Grupo Industrial Casa, S. A. de C.V.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar las investigaciones pertinentes a fin de verificar que no haya irregularidades ni conflicto de interés en las licitaciones y adquisiciones de medicamentos realizados por el gobierno de la entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nayarit a fin de realizar las modificaciones pertinentes en su legislación y garantizar el principio de paridad en la conformación de las candidaturas para mujeres, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación electoral en la materia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Morelos a atender de manera prioritaria la crisis de violencia e Inseguridad que se vive en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del Estado de Veracruz y al Presidente Municipal del municipio de Higo, Veracruz, para que de manera coordinada implementen medidas preventivas en las laderas habitadas de los ríos Moctezuma y río Tempoal, para contener el avance del agua tierra adentro.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Brenda Borunda Espinoza, Ana Laura Rodela Soto, Ana Georgina Zapata Lucero, César Alejandro Domínguez Domínguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Alex Le Barón González, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Fernando Uriarte Zazueta, Alma Lucía Arzaluz Alonso y María Ávila Serna, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de México a instruir a la secretaría del medio ambiente local a ordenar se detenga la tala inmoderada de árboles en las construcciones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas a implementar las medidas necesarias para modernizar las unidades de transporte público de pasajeros, a efecto de disminuir la partículas contaminantes que emiten; así como, de forma gradual, se vayan adquiriendo unidades eléctricas de transporte público de pasajeros.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Julio Saldaña Morán, Omar Ortega Álvarez y Guadalupe Acosta Naranjo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Energía, a crear un Grupo de Trabajo, conformado por la propia dependencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, Petróleos Mexicanos, Grupo PMI, Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados y Organismos Internacionales para revisar la sustentabilidad jurídica y financiera del régimen de las empresas filiales, y replantear su objetivo de creación, así como los beneficios que éstas deberían aportar a PEMEX.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán explicar cómo utilizará los recursos provenientes de la solicitud de endeudamiento solicitada el pasado 29 de abril a la legislatura del estado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer e impulsar campañas, programas y medidas encaminadas a prevenir el tabaquismo entre los jóvenes, así como a proporcionar tratamiento y rehabilitación adecuada.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que promueva ante la Organización de los Estados Americanos la actualización de la Ley Modelo de Acceso a la Información pública, así como la creación de un grupo de trabajo que se ocupe de redactar leyes modelo en materia de protección de datos personales y de archivos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado de Quintana Roo a investigar las diferencias existentes entre la declaración patrimonial presentada por el ciudadano Carlos Joaquín González cuando fungió como Presidente Municipal del Municipio de Solidaridad y como Secretario de Turismo del estado con la declaración denominada 3 de 3 recientemente publicada, ya como candidato al gobierno de Quintana Roo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Hugo Cabrera Ruíz y Raúl Domínguez Rex, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público a diseñar y aplicar medidas para facilitar la inversión y la ampliación de incentivos fiscales hacia las empresas que decidan invertir o mantener sus operaciones en las localidades beneficiadas por el programa “Pueblos Mágicos”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a implementar las políticas públicas necesarias para el ahorro del agua en los procesos industriales, así como a enviar un informe con los avances que se han registrado en materia de aseguramiento de agua para el riego agrícola de manera sustentable.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados María Cristina García Bravo y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Estatal para la Atención de los Periodistas, ambos del Estado de Veracruz, a que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los periodistas; y a la Procuraduría General de la República, para que ejerza su facultad de atracción sobre los asesinatos de periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer y ampliar sus campañas de información y concientización en tiempos oficiales en los medios de comunicación, en relación a la importancia de la igualdad de género en nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar la legalidad del procedimiento licitatorio convocado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de carreteras y puentes en el estado de Michoacán, por el que resultó adjudicada la empresa “Saro Infraestructura, S.A. de C.V.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Sofía González Torres, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar un programa de información en materia de calidad del aire, que evite la manipulación de estadísticas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Hugo Cabrera Ruíz y Raúl Domínguez Rex, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a generar un mecanismo de recepción de remesas de bajo costo en beneficio de los migrantes y de sus familias en territorio nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para emprender una campaña sobre el derecho de interrupción del embarazo en mujeres embarazadas infectadas de zika en México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de las entidades federativas que cuentan con zonas metropolitanas a implementar las políticas públicas necesarias para la creación de zonas de baja emisión, tal y como lo ha recomendado el Centro Mario Molina.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al     Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo una campaña cívica masiva por el respeto mutuo y trato digno, sin discriminación, a los usuarios del transporte público de pasajeros.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados María Cristina García Bravo, Guadalupe Acosta Naranjo y Héctor García Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a considerar señalamientos vertidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, en el sentido de llevar a cabo una investigación sobre la masacre de Tlatlaya.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Marco Antonio Aguilar Yunes y Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer los planes, programas y acciones para prevenir desastres naturales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a cumplir con lo establecido en el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo forestal Sustentable, que establece que no debe autorizarse por 20 años el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que han sido sometidos a fuego, con motivo del incendio en el Cerro de la Cruz en Uruapan, Michoacán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las dependencias de educación de las 32 entidades federativas a fortalecer y, en su caso, instrumentar los protocolos, programas y capacitación docente para prevenir y erradicar la violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes en centros escolares públicos y privados.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a la Secretaría General del Consejo Nacional de Población a diseñar políticas tendientes a construir en la población una cultura de prevención a los embarazos en la niñez y la adolescencia, así como de respeto y protección a sus diferentes etapas de desarrollo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a garantizar la seguridad, vida e integridad del pueblo Otomí de San Francisco Xochicuautla, del municipio de Lerma por la suspensión de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Máximo García López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar solución inmediata para el eficiente funcionamiento del sistema de bombas e infraestructura en la zona fronteriza y para la limpieza total del río Tijuana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que la gestión del C. Roberto Borge Angulo, gobernador del estado de Quintana Roo, se incluya en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Araceli Saucedo Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita la comparecencia del Secretario de Salud del gobierno federal, a fin de presentar información precisa y amplia, sobre las implicaciones financieras y de operación para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, respecto a la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Universal de Salud, así como su programa de consolidación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Beatriz Vélez Núñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a otorgar mejores oportunidades para el joven estudiante en Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a regular de manera efectiva los procedimientos y el número de los concesionarios que se dedican a la explotación de hidrocarburos, utilizando el método de fracturación hidráulica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para no realizar recortes en los programas sociales del Presupuesto de Egresos para 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe sobre la situación prevaleciente en la operación del Museo Coahuila y Texas, en el municipio de Monclova, Coahuila.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a fortalecer el Programa de Estancias Infantiles.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados María Cristina García Bravo y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que se elaboren acciones, medidas, protocolos y políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia sexual en el ámbito escolar contra niñas y niños.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a fortalecer los protocolos de seguridad, los programas de auxilio y las políticas necesarias, a fin de salvaguardar la integridad de la población ante las exhalaciones, actividad sísmica y caída de ceniza registradas en las inmediaciones del Volcán Popocatépetl.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a intensificar el apoyo a los familiares de las víctimas de los incidentes mortales por el uso excesivo de la fuerza de los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Guadalupe Hernández Alcalá y Elías Octavio Íñiguez Mejía, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar una ampliación presupuestal al Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría acerca de la ejecución de las obras relativas a la recuperación, rehabilitación y mejoramiento del espacio público del entorno de la Residencia Oficial de los Pinos, denominada parque “El Mexicanito”, dentro del perímetro de la Delegación Miguel Hidalgo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas secretarías del gobierno federal a implementar un programa de recobro, inversión, así como esquemas de producción, inversión, innovación y desarrollo tecnológico, para generar cadenas de valor de la piña en el municipio de Loma Bonita.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ángeles Rodríguez Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones de coordinación y de inspección, vigilancia y seguridad que eviten la pesca ilegal y tráfico de la vaquita marina y a la totoaba en el Alto Golfo de California.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Héctor Jorge García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo sobre la situación en la hermana República Federativa de Brasil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el número de accidentes viales registrados del 15 de diciembre de 2015 al 15 de mayo de 2016, así como las acciones de gobierno llevadas a cabo para mitigarlos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones dirigidas a evitar la quema de gravilla en el estado de Sonora, así como que se endurezcan las sanciones para dichas actividades y se generen las campañas informativas necesarias para combatir esta práctica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Leonardo Amador Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de Hacienda y Crédito Público a realizar las gestiones para hacer extensivo el beneficio de las transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país, utilizando el modelo aprobado recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de la República y a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del gobierno del estado de Michoacán a intensificar las medidas y campañas fitosanitarias para atender la problemática relacionada con la proliferación de diversos tipos de plagas en la región norte de esa entidad federativa.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo en el estado de Chihuahua a informar las cifras en materia de seguridad pública en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Luis de León Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a promover, gestionar y destinar recursos económicos con el propósito de realizar estudios técnicos, implementar programas integrales y demás acciones que permitan el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos en la cuenca alta del río Mixteco.- Se turnó a la Tercera  Comisión.

 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Fernando Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al proceso político que enfrenta la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a vigilar que la prestación de los servicios de salud por parte de personal médico, auxiliar y administrativo, se realice mediante un trato digno, respetuoso y una atención de calidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que se lleve a cabo la exhumación de los cadáveres sepultados de forma irregular en la fosa clandestina de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a revisar la posibilidad de constituir una comisión encargada de atender y dar seguimiento a la situación de las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de reclusión.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales de las entidades federativas del país a implementar el principio de accesibilidad universal en todos los aspectos de la vida diaria de sus gobernados, principalmente aquélla que permita la inclusión y autonomía de las personas con alguna discapacidad, incluyendo los centros turísticos y de recreación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta para que en la próxima reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el Presidente de México promueva una declaratoria trilateral de solidaridad por los dichos del aspirante republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y se convoque a una delegación plural de legisladores federales en respaldo a dicho pronunciamiento.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a exigir a las empresas de telefonía celular garantizar el proceso de portabilidad en el lapso de 24 horas previsto por la ley.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día del Estudiante.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Nacional de la Epilepsia.

 

La Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el 92 aniversario del natalicio de Rosario Castellanos Figueroa.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Tortuga.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el natalicio de María Lavalle Urbina.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Nacional de la Nutrición en México.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Mundial sin Tabaco.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y el Día Nacional de la Salud de la Mujer.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Nacional por la Salud de la Mujer.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Tortugas.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Decreto por el que se expide la creación de la Universidad Nacional de México.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica.

 

El Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud     Hepática.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre los conflictos bélicos internacionales.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la situación política que vive el país, en el marco de los procesos electorales de 2016.

 

La Presidencia dio por concluida la     sesión, a las quince horas con dos    minutos y citó para la siguiente sesión el día martes treinta y uno de mayo, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, por favor levanten la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada el acta.

Sonido en el escaño del Diputado Virgilio Caballero.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Señor Presidente, quiero hacer una atenta súplica.

El grupo parlamentario de Morena solicitó el cambio de adscripción de su servidor para pasar de la Segunda a la Primera Comisión: Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia. Para que esto ocurra, debe existir una votación de por medio por parte del Pleno de esta Comisión Permanente.

Quiero solicitarle, señor Presidente, que se incluya en el Orden del Día la votación correspondiente para formalizar este cambio, toda vez que es necesario para poder intervenir al seno de la comisión no sólo con voz, sino que pueda hacer uso de mi derecho al voto.

Por ello, le solicito se incluya la solicitud que formalmente hemos presentado ya para realizar este cambio.

Además, con el permiso de ustedes, Morena quiere expresar brevemente su solidaridad con los trabajadores de la educación que están siendo desoídos por el gobierno federal; los maestros tienen el derecho a discutir qué es la reforma educativa, qué contiene, en qué consiste, porque no puede ser solamente garrote contra ellos.

Morena se solidariza con la CNTE, su protesta y su movimiento.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Diputado.

Entiendo que la intervención fue para plantear a la Mesa Directiva el cambio en la integración de la Primera Comisión.

Vamos a revisar el asunto en la Mesa Directiva, en razón de que el grupo parlamentario de Morena no está representado en la Primera Comisión, conforme al Acuerdo de los grupos parlamentarios al inicio de la instalación de la Comisión Permanente.

En el caso de que se trate de una permuta con algún otro grupo parlamentario, podríamos proceder en ese sentido; pero a reserva de revisarlo durante la sesión, no existe condición, hasta este momento, para incorporar al grupo parlamentario de Morena en una comisión en la que no tiene representación hasta este momento.

Revisará la Mesa Directiva la solicitud que usted ha presentado y durante la sesión haremos el planteamiento correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto, por favor.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-marzo de 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicho informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió del Banco de México, el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2016.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase la documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del grupo parlamentario del PRI, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 6 de junio del año en curso.








Y de la Diputada Adriana Terrazas Porras, del grupo parlamentario del PRI, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 6 de junio del año en curso.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores, con la que remite su tercer informe de actividades.








Y una, de la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo paralmentario del PRI, con la que remite el informe de actividades del Foro Global de Mujeres Parlamentarias Cumbre 2016 “Mujeres en la Política: avance rápido”, llevada a cabo en Amman, Jordania, los días 4 y 5 de mayo del año en curso.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CÁMARA DE SENADORES

Para los efectos de los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de junio de 2016.

Dé cuenta la Secretaría.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Honorable Cámara de Senadores para el mes de junio de 2016.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el proyecto de presupuesto del mes de junio de 2016. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2016.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también se recibió de la Comisión de Administración del Senado el informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores durante el mes de abril de 2016.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Ruego a la Asamblea su atención.






Las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, remitieron sendos Acuerdos con solicitudes de convocatoria a sesiones extraordinarias de las Cámaras del Congreso.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de los Acuerdos.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.








JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DE LA CÁMARA DE SENADORES

Doy lectura ahora al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.



Es cuando, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En atención a las solicitudes y en consideración a los asuntos en que cada Cámara ha alcanzado los acuerdos para realizar un periodo de sesiones extraordinarias, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore a la agenda de este día un proyecto de Decreto que la Mesa Directiva propondría a esta Asamblea para convocar a las Cámaras del Congreso de la Unión a realizar dicho periodo de sesiones extraordinarias.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el proyecto de referencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al proyecto de Decreto que someteríamos a consideración del Pleno.






MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al proyecto de Decreto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE CONVOCA A LAS CÁMARAS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A CELEBRAR SESIONES EXTRAORDINARIAS.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Simplemente de manera muy respetuosa, hacer la siguiente recomendación a nuestros colegas Diputados y Diputadas, particularmente a quienes integran la Junta de Coordinación Política, respecto a que en su Orden del Día para el periodo extraordinario pudieran integrar dos minutas que les enviamos, no son cualesquiera temas, son dos muy importantes, uno tiene que ver con la Ley de Datos Personales y el otro tiene que ver con la Ley contra Tortura.

En el caso de esta última, tenemos que recordar que el Congreso de la Unión, ahí por supuesto también integrado la Cámara de Senadores, estamos en falta con la vacatio legis que nosotros mismos nos propusimos en el Transitorio de la reforma constitucional del artículo 73, fracción XXI, inciso a); es decir, desde enero ya concluyo la vacatio legis y, por lo tanto, esta ley junto con la de desaparición forzada y cometida entre particulares debiesen ya estar publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Entonces, de manera respetuosa, señor Presidente, pedirle a la Junta de Coordinación Política que puedan ponderar el integrar en el periodo extraordinario estas dos leyes, puedo entender que en el punto 11, que dice: “acuerdo de los órganos de gobierno” pudiera quizá estar inscrito como un cajón de sastre en donde pudieran entrar los temas que puedan tomar en consideración nuestros colegas, nuestra colegisladora en Cámara de Diputados.

Ese sería la preocupación que quiero expresar respecto al Orden del Día para el periodo extraordinario que se nos está proponiendo por parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora De la Peña, el proyecto de Decreto se someterá a discusión en lo general y en lo particular, si hay un planteamiento por escrito que se trámite como reserva, en el sentido de incorporar esos dos temas a la agenda de la Cámara de la Diputados.

Así lo haremos Senadora, en el entendido de que reglamentariamente tendremos que discutirlo en lo general y en lo particular.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 y el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera dicho asunto de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto descrito por el Presidente de la Mesa Directiva se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión el proyecto de Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias.

Procederemos a la discusión en lo general del proyecto de Decreto.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

El Diputado Francisco Javier Pinto Torres: Muy buenos días, compañeros, compañeras, legisladores. Con la venia de la Presidencia.

En esta ocasión a nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza, venimos a externar que votaremos a favor este dictamen, porque es una deuda que tenemos con la ciudadanía y con el pueblo que representamos.

Tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para sacar todos los temas pendientes que tiene esta legislación, porque así nos lo han demandado en las calles y así nos lo debe demandar nuestra conciencia.

En Nueva Alianza estaremos prestos y puestos a la discusión, al análisis de todos los temas importantes que exige nuestro país.

De tal manera, compañeras y compañeros, que nos sumamos y venimos a ratificar que el compromiso es con México, que tenemos que hacer que a México le pinte diferente.

Es cuánto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Pinto Torres.

Tiene el uso de la palabra el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Movimiento Ciudadano se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de convocar a un periodo extraordinario para discutir muchos de los temas pendientes en ambas Cámaras; es un asunto de convicción, es un asunto de responsabilidad y es un asunto de deuda con los mexicanos, por eso es que vamos a votar a favor este proyecto.

Sin embargo, me parece que vale la pena también compartir con ustedes, con el pueblo de México, algunas reflexiones en torno a lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en ambas Cámaras.

Particularmente quisiera referirme a la importancia que tendrá toda la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, sin demérito, desde luego, del resto de los temas que son igualmente importantes y vitales para la vida pública.

Primeramente quisiera decir que en los artículos transitorios de la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, los legisladores establecimos como fecha el 28 de mayo para aprobar la legislación secundaria. Así que de entrada estamos violando un mandato constitucional, y esto hay que decirlo con absoluta responsabilidad y con absoluta claridad. ¿Por qué? Porque los que hacemos las leyes resulta que somos los primeros en violarla mandando un mensaje negativo a los ciudadanos.

El Sistema Nacional Anticorrupción se aprobó en el Senado en abril de 2015, las comisiones legislativas tuvieron más de un año para sacar en tiempo y forma los dictámenes, y ahora simplemente lo que vemos es que en estas comisiones se requiere mucho más tiempo, como si no hubiera sido suficiente un año para discutirlo.

Yo celebro que a estas alturas se hayan acercado posiciones, que sigamos avanzando en los acuerdos, pero no puedo lamentar de manera enérgica, franca, que no hayamos podido llegar a un acuerdo antes del plazo que nosotros mismos impusimos.

Cada día, compañeras y compañeros legisladores, crece la percepción de que México es un país corrupto, y esta situación se agrava con declaraciones fallidas, como que se trata de un tema cultural o por la inacción y el poco compromiso de los legisladores para crear un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción en el país, el cual permita acabar de una vez por todas con las corruptelas que frenan día con día el desarrollo del país.

El retraso en la aprobación de las leyes secundarias acrecienta, y hay que decirlo con todas sus letras, la percepción entre los ciudadanos que lo que se está discutiendo es tratar de ajustar la normatividad para favorecer a algunos funcionarios y dejarlos intocables, como en el caso de varios funcionarios públicos que han mostrado su resistencia a ir a fondo en un Sistema Nacional Anticorrupción y donde se le ha regateado a iniciativas como a la Ley 3 de 3 todos los alcances y todos los elementos positivos que puede tener.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, y éste no es un dato menor, cada día los mexicanos gastan en promedio 165 pesos en algún tipo de corruptela, por lo que el retraso en las leyes en esta legislación secundaria coloca a México en una situación de desventaja competitiva y de credibilidad ante el resto del mundo.

De acuerdo con recomendaciones de organismos internacionales, el combate a la corrupción debe ser impulsado desde la sociedad y sólo a través de las autoridades. Sin embargo, el Congreso mexicano, lo digo una vez más, ha desdeñado, hasta el momento, una de las iniciativas más importantes de las que se tenga memoria, que es la iniciativa ciudadana 3 de 3, que recabó el ánimo de casi 700 mil ciudadanos y que esperamos que con responsabilidad, con apertura y con altura de miras, todos podamos suscribir en positivo los planteamientos fundamentales de esta iniciativa.

 Finalmente, compañeras y compañeros legisladores, Movimiento Ciudadano hace votos para que de este periodo extraordinario salgan las mejores leyes para el país y que estemos así contribuyendo a mejorar la percepción y la situación de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Castañeda Hoeflich.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse a favor del proyecto de Decreto.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Compañeros, buenas tardes.

Nadie puede desdeñar Diputado Castañeda, como lo señalaba, el tema de la corrupción, absolutamente todos estamos de acuerdo en atenderlo como debe ser.

Señor Presidente, ¿pudiera solicitarles un minuto de atención a mis compañeros?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, señor Diputado.

Ruego a la Asamblea poner atención al orador a efecto de darle cause a esta discusión.

Continúe, señor Diputado, por favor.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Nos dice la sociedad de manera permanente que pareciera que venimos aquí a no tomar en cuenta lo que dicen, y cuando vemos temas tan importantes como este y no los atendemos, pareciera que así lo sentimos muchos.

En el Partido Verde estamos a favor del periodo que vamos a tener, ¿por qué? Porque vamos a pasar leyes fundamentales para todos, leyes que tienen la máxima importancia y en la que nadie puede estar en contra.

Bien dice Clemente, cuando dice: “Que tenemos que impulsarlas”, pero nadie la puede desdeñar, nadie.

Señores, dejemos de pensar en las Cámaras como una burbuja donde la gente no está presente, venimos aquí con el voto de todos. Los representamos, cumplamos el compromiso, no queremos que nos vean más como políticos ajenos, queremos que nos vean como representantes solamente de ellos.

En el Verde estamos absolutamente a favor de impulsar estas leyes, de la discusión amplia y abierta, y de sacar el periodo en tiempo y forma, sin ver para atrás, porque el pasado ese ya no se resuelve, vamos a resolver el futuro, porque el futuro es lo que nuestro país necesita.

Muchísimas gracias.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Salazar Farías.

Para referirse a favor del proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, Senador Presidente.

Pues llegamos finalmente a este momento que muchos ciudadanos habían estado esperando y que les habíamos negado de manera recurrente.

Y efectivamente, como lo acaba de señalar el Diputado Emilio Salazar, este momento es un poco reflejo de los problemas de credibilidad y de confianza que tiene el Poder Legislativo en nuestro país, porque mientras estamos hablando de abrir un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, todos parecieran distraídos, pensando en la próxima elección; distraídos viendo de qué manera se puede presentar este tema frente a los ciudadanos en un asunto casi de simulación.

Enhorabuena que se esté llamando al extraordinario, pero está revelando estos problemas estructurales de nuestro ejercicio público que deberíamos de atender.

Miren, compañeras y compañeros, les voy a dar dos datos de dos instituciones muy respetadas en nuestro país, el CIDE ha establecido el Violómetro, el CIDE está observando cuántas veces el Congreso de la Unión viola sus propios plazos constitucionales.

Hay diez casos con plazo constitucional, de los cuales siete siguen a la fecha con una violación recurrente: la Ley General del Sistema Nacional de Archivos, el nombramiento del Contralor Interno del Inai, la Ley de Registros Públicos y Moviliarios, el nombramiento del Contralor Interno de Ifetel, el nombramiento del Contralor de la Cofece, la Ley de Trata de Personas, el nombramiento de consejeros, la Ley de Propaganda Gubernamental, que es el peor de los casos de violación porque se venció el límite para aprobarla en diciembre del año 2008, o sea, en dos años cumplimos diez años en donde la Ley de Propaganda Gubernamental pues simplemente hemos violado la Constitución de manera recurrente sin que eso nos preocupe. Y no nos preocupa y quizás nos debería de empezar a preocupar. El Inegi, segunda la institución de las que les vengo a hablar hoy, acaba de publicar la encuesta sobre prácticas gubernamentales, y en la encuesta, después de 2013, al nuevo levantamiento, el tema de la corrupción pasó ya al segundo lugar, supera a la pobreza, supera al desempleo. Solamente está por encima del tema de la corrupción el asunto de la inseguridad.

Nueve de cada diez mexicanos, según el Inegi, piensan que la corrupción es una práctica muy frecuente; y el 81.6 por ciento cree que es frecuente y muy frecuente entre Diputados y Senadores, están hasta abajo los policías, después los partidos políticos, después los gobiernos de los estados y después nosotros.

Si seguimos en esa desintonía con lo que está ocurriendo allá afuera, va a ser muy difícil que movamos esa percepción de la ciudadanía; 142 mil mexicanos firmaron la petición en Change.org para que se llevara a cabo este extraordinario; 634 mil firmaron la Ley 3 de 3 para que se apruebe y sea obligatoria la presentación de las tres declaraciones.

Por cierto, adelantamos, el PRD está respaldando esa iniciativa, la iniciativa de Ley 3 de 3, la iniciativa de los ciudadanos, esa es nuestra propuesta.

Entonces, amigas y amigos, de verdad esto nos está revelando cosas de fondo, solamente el día de hoy vamos a aprobar aquí seguramente dos dictámenes: uno, de la Segunda Comisión que solicita promover campañas informativas sobre las consecuencias para la salud derivadas del uso de tuberías y tinacos elaborados con asbesto sobre los materiales de uso alternativo, ¿eso es más importante que la corrupción?

Hoy en este Senado, en esta Comisión Permanente vamos a aprobar el exhorto al ayuntamiento de Zapopan y al Consejo del Deporte del estado de Jalisco a fortalecer las acciones encaminadas a preservar y conservar la denominada “Ruta Ciclista Boreal”, ¿eso es más importante que la corrupción?

Tenemos que reorientar nuestras prioridades y tenemos que empatarlas con las prioridades de la gente que representamos, de otra manera seguiremos estando en esta situación de alejamiento, de falta de sensibilidad sobre lo que le preocupa a las mexicanas y los mexicanos.

Qué bueno, aunque sea tarde, que lleguemos a este momento que tanto habíamos esperado.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a favor del proyecto de Decreto.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia; distinguidos miembros de la Comisión Permanente.

Debíamos incluir en el proyecto de Decreto de la convocatoria una disculpa al pueblo de México y a los 634 mil ciudadanos que empeñaron su honor, su propuesta y su libertad para que cumpliéramos con las leyes anticorrupción, lamentablemente no cumplimos, y aunque la responsabilidad es diferenciada, hay algunos que arrastraron los pies, otros que hicieron propuestas, los que tenemos que lamentar es que al final no tuvimos los acuerdos necesarios.

Ante este incumplimiento, lo que tenemos que hacer es proceder de inmediato, y eso requiere un sentido de responsabilidad; la palabra responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas, significa al menos en el corto plazo dos aspectos:

Primero.- Que las comisiones involucradas convoquen de inmediato para avanzar en los acuerdos, de lo contrario no estaremos listos con los contenidos sustantivos esenciales para un periodo del 13 al 17 de junio.

Y segundo.- Se requiere también de manera muy importante una coordinación entre ambas Cámaras, porque dos iniciativas están en la Cámara de Diputados y cinco están en el Senado, no nos confundamos, estas cosas hay que hacerlas bien, rápido y a fondo.

Don Manuel Gómez Morín, en alguna ocasión, reflexionaba en las siguientes palabras: “es peor el bien mal hecho que el mal en sí mismo, porque anula la conciencia del mal”.

No vamos a procesar solamente por las fechas, necesitamos hacer los contenidos apropiados, y si bien hay avance hay que reconocer que tenemos una larga lista todavía pendiente en el camino.

Destaco a manera ejemplificativa lo siguiente, que tanto Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática hemos construido desde hace varios meses, voy a poner en perspectiva tres de estas leyes.

En el Sistema Nacional Anticorrupción queremos revisar todavía el nombramiento de los miembros del Comité de Participación Ciudadana.

Queremos revisar la presidencia del Sistema Nacional porque no creemos que esto deba corresponder a la Secretaría de la Función Pública, sino que debe ser de manera diferente, hay que incorporar el Sistema de Compras Públicas de la Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción, hay que revisar las causales de remoción del Secretario Ejecutivo, las facultades del Comité de Participación Ciudadana, solamente por mencionar algunos.

Segundo. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas requerimos revisar muy bien la iniciativa de Ley 3 de 3, y esto implica un sentido de responsabilidad.

Hay que ver las prescripciones en faltas administrativas, la limitación grave a la capacidad investigadora de la Auditoría Superior de la Federación; los obstáculos que se ponen para que la información que posean instituciones financieras, bursátiles y fiduciarias puedan cumplir; tener un mejor esquema para combatir la calificación de faltas administrativas como no graves; la carencia de un esquema de protección al testigo y denunciantes a hechos de corrupción; la carencia de un esquema para la tramitación de la denuncia pública a actos de corrupción, entre otros. Son alrededor de 15 pendientes que aún tenemos por dialogar.

Y, el tercero en el caso de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, requerimos todavía ver en la competencia de salas especializadas y la forma de los nombramientos de los magistrados.

En la otra parte que es muy importante y que se refiere a lo penal, reconozco que hace una semana, hoy, el PRI finalmente abrió su espíritu para decir que sí tendría apertura para ver la fiscalía anticorrupción con características independientes y con la fortaleza necesaria y la revisión al Código Penal.

¿Qué necesitamos hacer entonces ahora? Necesitamos cumplir porque lo que la sociedad exige de nosotros son resultados, resultados y más resultados, por eso estamos a favor de la convocatoria; pero advertimos de una vez, la fecha es para presionarnos a todos, podemos tener, diría Gómez Morín, controversia de inteligencias, más no disuasión de corazones, lo que necesitamos es un trabajo de cara y de frente, lo hicimos en parlamento abierto hasta cierto momento, vamos a dar también procesamiento a la sociedad civil, y México lo que requiere hoy es corregir esos cuatro jinetes del Apocalipsis que hace unos pocos días Enrique Krauze decía en Dupla: violencia e inseguridad, corrupción e impunidad.

La corrupción ha llegado a límites intolerables; hoy lo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia, por eso vamos a votar a favor, pero queremos hacerlo de manera correcta.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Romero Hicks.

Tiene el uso de la palabra el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del proyecto de Decreto.

El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente, con su anuencia. Distinguida Asamblea:

Vengo a nombre de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, para hablar en favor de la aprobación del proyecto de Decreto para la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de ambas Cámaras, a partir del 13 de junio del presente año.

El temario es de suyo de extraordinaria relevancia, de extraordinaria importancia, ha significado un esfuerzo sin exclusión de todos los partidos políticos, ha habido creatividad, ha habido análisis y revisiones constantes, por eso el tema no es para una vertiente, permítanme decirlo, de carácter politizado, sino hablar de la política que le corresponde en serio a esta Comisión Permanente y los temas que tienen pendientes el Congreso.

A mí me parece que hay una espléndida oportunidad de que, sin detrimento de las fechas, estamos de acuerdo, las fechas son importantes, pero aún más importante es la calidad, el análisis y el contenido de la propuesta.

Se trata de legislación secundaria y de una reforma constitucional de la mayor significación, y vale la pena decir, nadie tiene ninguna reserva en lo absoluto en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, no hay prevención, no hay posición que eluda nada, atentos a las propuestas de todos, al análisis, a la discusión válida, juiciosa, creativa y propositiva, no hay reserva de ninguna especie, ni menos elusión; lo que sí hay es interés en profundizar, en abonar, en construir una propuesta legislativa que si amerita la sanción del Congreso de la Unión, sea un instrumento para el bien de la República, para el bien de la sociedad.

Hay temas de primerísimo orden, el Sistema Nacional Anticorrupción de suyo lo es, y todos lo sabemos, nadie ignora la importancia que este tema tiene.

Obvio, hay una legislación pendiente para poder complementar e integrar en sus términos el sistema penal acusatorio que está a punto de tener plena vigencia, y va a salir, lo haremos también con un sentido de creatividad y de oportunidad.

Está el tema de la regulación de la marihuana, que por supuesto suscita puntos de vista, pero que a todos nos interesa y que nadie va a dejar de lado, lo abordaremos también.

Y hay una reforma constitucional, estamos hablando de nueva cuenta de la Constitución, en un tema que ha sido recurrente y que es compromiso primario del Estado: la protección de las personas, su seguridad, su integridad y su patrimonio.

Reiteramos, no hay elusión ni le daremos la vuelta a ningún tema. Lo trabajaremos con actitud propositiva, analítica, crítica al interior, pero finalmente, abiertos a todos los puntos de vista, arribaremos a conclusión.

Y estoy seguro que el próximo periodo de sesiones extraordinarias a partir del 13 de junio, como lo suscribieron el día de ayer los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista, del PRD, del PAN y del PRI, suscribieron la conveniencia de seguir abonando y de seguir trabajando para elaborar un buen producto legislativo.

Por eso nuestra posición está a favor del proyecto de Decreto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Burgos García.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes, señoras y señores.

Todos estamos de acuerdo en la importancia de la celebración del periodo extraordinario que celebraremos en próximas fechas y que hoy estamos discutiendo las agendas de cada una de las Cámaras a partir de las preocupaciones de los grupos parlamentarios, de los compromisos que tenemos con la sociedad mexicana, el cumplimiento de preceptos de vacatio legis inscritos en distintas reformas constitucionales.

Particularmente creo que hay una visión totalmente correcta respecto de lograr en tiempo y forma, que el próximo 18 de junio, pueda entrar en vigor de manera plena la reforma del 2008 en materia de justicia, del debido proceso legal, la transformación de un sistema y sepultar el sistema inquisitorio para entrar a un sistema garantista que lleve a México a estar en la vanguardia en todos los preceptos de naturaleza penal para, insisto, dar respuesta a la sociedad mexicana.

Hay una discusión respecto a si en el cumplimiento de estas vacatio legis que nosotros determinamos en distintas reformas, hoy debiesen tomarse en consideración o no.

En el caso del Senado de la República, debemos reconocer que no pudimos lograr por cuestiones eminentemente políticas, decididas entre los grupos parlamentarios, que tanto la iniciativa que tiene que ver contra tortura, como la que tiene que ver con desaparición forzada y cometida por particulares, se pudiera dar en tiempo y forma antes de que se cumpliera la vacatio legis en fin de año, a principios de enero más bien, porque era necesario discutir en el contexto de la revisión de las distintas iniciativas, también debo decirlo de manera clara y precisa, las del Ejecutivo.

Por eso es que en el Senado de la República nos dimos tiempo a que concluyesen los foros que se estaban realizando también desde el Ejecutivo, las consultas a las distintas organizaciones y especialistas, para que en conjunción con lo que nosotros estamos realizando desde el Congreso de la Unión, pudiéramos llegar a propuestas que nos llevasen a dar la respuesta a estos reclamos de años y años, y del incumplimiento de tratados internacionales en estas materias, y por supuesto, también de reclamos de distintas organizaciones, particularmente de organizaciones que han estado luchando contra las violaciones graves a los derechos humanos.

De tal manera que si hay en la integración un equipo de trabajo donde están las instituciones, como es la que celebramos en el Senado de la República, yo no veo por qué no en el caso de la Cámara de Diputados y tratándose con la misma caracterización de otros temas que están inscritos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no puede estar inscrita la minuta, la revisión por parte de la Cámara de Diputados, lo digo de manera respetuosa, la revisión de la ley general, la minuta que hemos enviado con el Decreto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Igual nos parece importante que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesiones de los Particulares, pudiera ser revisada.

Insisto, la característica de la Ley de Tortura tiene en sí misma, una vacatio legis que ya concluyó, estamos en falta, pero además hay una relación de trabajo permanente de manera pública con las distintas instancias desde la sociedad civil organizada, de la Academia y especialistas y organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la Organizaciones de Estados Americanos, que han estado cerca de lo que finalmente concretamos en el Senado de la República. Yo no vería como algo imposible de lograr, si hay simple y sencilla voluntad política por parte de nuestros colegas en la Cámara de Diputados, que pudiera estar inscrita en la revisión, del periodo extraordinario.

Siempre con la voluntad de que en esta revisión de la minuta, que les hemos enviado, pudiera sufrir en su revisión algunos cambios o eventualmente ser aprobada tal cual en vista del gran consenso que tiene una iniciativa que, insisto, ha estado trabajándose desde hace mucho tiempo, previó una reforma constitucional de la legislatura pasada que nos ha llevado a discusiones durante meses y años, y en un tema tan público, francamente me parece que es pertinente inscribir esta minuta, esta revisión en el marco de los pendientes del nuevo sistema de justicia penal porque va en la misma línea.

Es el enfoque desde los derechos humanos, es el enfoque de que este tipo de leyes entrarían como parte de un rompecabezas que estamos construyendo para lograr transitar hacia otra cosa, insisto, inscrito en el debido proceso legal que ya iniciamos en nuestra Constitución y que se concretará a partir del 18 de junio.

Por eso, de manera muy rápida, presento esta argumentación a favor de estas dos minutas con proyecto de Decreto, de estas dos iniciativas de ley, que solicitaría pueda ser tomada en consideración para inscribirse en el Orden del Día de la Cámara de Diputados a celebrar los asuntos que tiene que tratar, que tiene que resolver en el próximo periodo extraordinario.

Entrego los nombres de las minutas y en este momento entregaré por escrito, señor Presidente, mi solicitud de manera formal.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con el propósito de dar trámite a la propuesta presentada por la Senadora De la Peña, solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de incorporación de dos asuntos en la agenda de la Cámara de Diputados y consulte de inmediato a la Asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura a la propuesta de modificación de la Senadora Angélica de la Peña.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han agotado los oradores.

Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal. Les informo que este mecanismo lo podrán utilizar los legisladores que aparecen registrados en los tableros situados en ambos extremos del recinto. Una vez cerrado el registro, la Secretaría preguntará a quienes restan por emitir su voto.



La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 33 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones.

Sí se reúnen las dos terceras partes de mayoría que exige la fracción IV del artículo 78 constitucional.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a sesiones extraordinarias a las Cámaras del Congreso de la Unión.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente convoca a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias durante el actual receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura a partir del 13 de junio del año en curso. Comuníquese este Decreto a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.






En atención a la solicitud formulada por el Diputado Virgilio Caballero, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para modificar la integración de comisiones de esta Comisión Permanente.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión el Acuerdo presentado. En virtud de no haber oradores inscritos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En nuestro país, las instituciones en materia de seguridad pública y protección civil, han sido en todo momento reconocidas por su labor, la entrega y el profesionalismo con el que realizan su trabajo.

La sociedad en su conjunto, la reconoce con respeto, aprecio y cariño, por ser ellos, con el desempeño de su función, quienes están cerca de la gente en las buenas y, sobre todo, cuando más se requiere el apoyo en las situaciones desagradables y que en muchos casos está expuesta la integridad e incluso la vida de las personas.

Sin embargo, hay una que se distingue y que se ubica seguramente en primer lugar en materia de reconocimiento, cariño y aprecio social a pesar del tiempo.

Me refiero en particular a nuestro siempre Heroico Cuerpo de Bomberos.

Cabe señalar que de acuerdo a la Encuesta sobre la Percepción Pública en México, del 2013, la profesión de bombero es la más respetable entre la población. Por encima incluso de la enfermera, el médico y el investigador científico.

Los cuerpos de bomberos en nuestra historia, son leyenda misma, datan desde 1873, fecha en que inició su tradición de valor, entrega y, sobre todo, de cercanía, respeto y cariño con la sociedad mexicana. Condición que, sin duda alguna, guardan hasta al día de hoy.

Fue tal el desempeño, que en 1951, por Decreto Presidencial, se le otorgó a las corporaciones de bomberos en toda nuestra nación, el carácter de Heroicos.

Es indiscutible que los bomberos, desde siempre, han sido salvadores de vidas, apoyo en materia de protección civil, de percances y además motivo de ejemplo y orgullo nacional.

No hay persona que no sienta una profunda admiración y respeto al ser humano que va dispuesto a entregar, de ser necesario, su propia vida para salvar la de alguien más.

Sin embargo, no nos hemos atrevido ni hemos sido capaces de ver que ellos también necesitan ser salvados.

Hoy en día la situación que enfrentan los bomberos en su día a día, desafortunadamente no se centra únicamente en sofocar incendios, salvamento de personas, atender contingencias o accidentes automovilísticos, derrames de sustancias peligrosas. En resumen: a exponer su propia vida.

Hay en nuestro país 428 corporaciones de bomberos que enfrentan problemas en cuanto al equipamiento requerido para el desempeño de su trabajo, en la retribución salarial para atender las necesidades de su familia, en las prestaciones que le den certeza jurídica y garanta en el desempeño de su labor, de tiempo completo

Los riesgos de la encomienda son muchos, pero están doblemente expuestos porque carecen del equipo necesario que los proteja, además, derivado de lo extenuante de su labor y del estrés que sufren por el riesgo de su trabajo, están expuestos a sufrir la denominada “Muerte cardiaca súbita” una de las causas más comunes por las que los bomberos pierden la vida, sólo después de las derivadas de atender un siniestro. Además, hay que añadirle lo intenso de su trabajo.

En un año en promedio, 9 de cada 100 habitantes pierden su hogar a causa directa de un incendio y se reconoce que en promedio se registran poco más de 50 mil víctimas directas de este tipo de percances en nuestro país.

Frente a lo anterior, insisto, el 80 por ciento de estos seres humanos, mexicanos heroicos, realizan esta labor sin las prestaciones justas y el equipo adecuado.

Esta situación no es posible y mucho menos admisible. Tenemos una enorme deuda de gratitud y sobre todo, reconocimiento, para nuestros bomberos.

Hemos sido pasivos en la atención de sus necesidades, e incluso, una sociedad indiferente ante los peligros que los asechan.

Por ese motivo y como espíritu de la presente iniciativa, es que propongo que de las aportaciones federales que todos los municipios de nuestro país reciben, tengan la obligación, por ley, de destinar una parte para la pensión, y las necesidades de sus bomberos.

No podemos ser ajenos ni omisos ante las necesidades apremiantes que todos conocemos y disimulamos ver, que padecen nuestros bomberos en todo nuestro país.

Esta Soberanía y quienes la integramos estamos obligados y facultados a hacer algo al respecto. Necesitamos atender esta deuda histórica que se tiene con el Heroico Cuerpo de Bomberos que con vocación nos brindan su labor y servicio.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, Diputado Federal JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país, las instituciones en materia de seguridad pública y protección civil han sido en todo momento; reconocidas por su labor, la entrega y el profesionalismo con el que realizan su trabajo.

La sociedad en su conjunto; las reconoce con su respeto, aprecio y cariño, por ser ellos con el desempeño de su función; quienes están cerca de la gente en las buenas y sobre todo, cuando más se requiere el apoyo; en las situaciones desagradables y que en muchos casos está expuesta la integridad e incluso la vida de las personas.

No obstante; con el paso del tiempo, la diversificación de las situaciones de peligro entre sociales y familiares, y en mayor medida por el actuar de algunos miembros de estas corporaciones en el desempeño de su trabajo o en su conducta durante su tiempo libre; muchas de estas corporaciones han perdido su prestigio ante la sociedad.

Sin embargo y afortunadamente, entre las pocas que quedan ampliamente reconocidas; hay una que se distingue y que se ubica seguramente en primer lugar en materia de reconocimiento, cariño y aprecio social a pesar del tiempo.    

Me refiero en particular a nuestros siempre heroicos, Cuerpos de Bomberos.

Cabe señalar que de acuerdo a la encuesta sobre la percepción pública en México del 2013, la profesión de Bombero; es la más respetable entre la población; por encima incluso de la enfermera, el médico y el investigador científico.1

Los Cuerpos de Bomberos en nuestra historia son leyenda misma, datan según los registros, que en 1873 fue la fecha en que se señala, como el momento en que se creó oficialmente el primer Cuerpo de Bomberos destacado en el Puerto de Veracruz.

A partir de esa fecha; se inició su tradición de valor, entrega y sobre todo de cercanía, respeto y cariño con la sociedad mexicana; condición que sin duda alguna guardan hasta el día de hoy, con más fuerza y vigencia.

Fue tal el desempeño de sus elementos, que incluso cabe destacar; en el año de 1951 por decreto Presidencial se le otorgó a las corporaciones de Bomberos en toda nuestra nación, el carácter de Heroicos.

Es indiscutible que los bomberos desde siempre, han sido salvadores de vidas, apoyo en materia de protección civil, de percances y además; motivo de ejemplo y orgullo nacional.

Los bomberos en nuestro país, incluso han sido y son ejemplo de nuestra niñez y fuente de inspiración en nuestra juventud.

A la fecha, no hay persona alguna que mire pasar a un bombero camino a cumplir su labor, y no sienta una profunda admiración y respeto al ser humano que va dispuesto a entregar si es necesario, su propia vida para salvar la de alguien más.

Sin embargo, no nos hemos atrevido ni hemos sido capaces de ver que ellos también; necesitan ser salvados.

Hoy en día la situación que enfrentan los bomberos en su día a día, desafortunadamente no se centra únicamente en sofocar incendios, salvamento de personas, atender contingencias o accidentes automovilísticos, derrames de substancias peligrosas o en resumen, a exponer su propia vida.

Enfrentan también problemas en cuanto al equipamiento requerido para el desempeño seguro de su trabajo, en la retribución salarial para atender sus necesidades personales y las de su familia, en las prestaciones que le den certeza jurídica y garantía en el desempeño de su labor ante un infortunio, y además por si lo anterior fuera poco, en algunas ocasiones graves dificultades al interior de su corporación y en el desempeño mismo de sus funciones; solo por mencionar algunas.

De acuerdo a expertos en el tema, existen en nuestro país cerca de 428 corporaciones de Bomberos, integradas por elementos que realizan su noble labor de tiempo completo; en condiciones inseguras, sin equipo, protección y en muchos casos -específicamente cerca de 9 mil bomberos- sin salario alguno.

Otro importante número de bomberos, dependen de aportaciones voluntarias, de la caridad de las personas o bien, de recursos entregados por patronatos; para percibir un sueldo “ficticio” que se ubica por debajo del salario mínimo, como retribución a su labor y único medio de subsistencia para su familia. 

El panorama es todavía mucho más desolador, si nos referimos a las prestaciones sociales, seguro de vida, protección jurídica, seguro o cobertura de servicios médicos al menos para ellos por el desempeño de su labor; porque imaginarlo para sus hijos como actualmente lo perciben elementos de seguridad pública, es un sueño inalcanzable.

Aunado a lo anterior y al ver pasar a ese bombero a cumplir su deber; no imaginamos que en sus pensamientos, al lado de la firme convicción en su ser de entregar incluso su vida o estar dispuesto a sufrir quemaduras graves; va de la mano el problema de enfrentar en cualquier momento un despido injustificado porque “un superior” vendió su plaza y requiere deshacerse de él, sin ni siquiera recibir algún tipo de indemnización que por ley le correspondería. 

Los riesgos de su primer labor o encomienda, que es la de sofocar incendios, son muchos; pero principalmente están expuestos a sufrir quemaduras por dos cuestiones, primero son los peligros propios e inherentes de su trabajo y segundo, porque carecen del equipo necesario que los proteja.

El asunto no es menor, las quemaduras son sumamente peligrosas, incapacitantes y de una larga, dolorosa y costosa recuperación. 

Ello, en función de la gravedad y la penetración de éstas en la piel.

Básicamente se identifican 4 tipos o grados de quemaduras a las que están expuestos día a día los bomberos:

Quemadura de primer grado: esta quemadura sólo afecta a la capa más externa de la piel, la epidermis. Es por esto que es una lesión superficial. Los síntomas que presenta son: hinchazón de la piel, sequedad, enrojecimiento y dolor.

Quemadura de segundo grado: estas quemaduras, además de lesionar a la epidermis, afectan una porción de la dermis. Quien padece una quemadura de segundo grado presenta síntomas como hinchazón, ampollas, dolor, enrojecimiento, sensibilidad al aire y pérdida de piel.

Quemadura de tercer grado: en este tipo de quemadura la dermis y la epidermis quedan destruidas, es por esto que se habla de quemaduras totales. Estas destruyen las terminaciones nerviosas y también pueden llegar a afectar a los huesos, tendones y músculos. La zona afectada queda de color blanco o carbón. Los síntomas que tienen quienes padecen estas enfermedades son, entre otros, edema, grasa expuesta, piel seca, que adquiere un color café, blanco o negro y eliminación de piel. Además, esta quemadura se caracteriza por ser indolora, a causa de la destrucción de los nervios.

Quemadura de cuarto grado: estas quemaduras dañan a los huesos y músculos. No solo pueden ser producto del contacto con líquidos calientes, fuego, electricidad, sino también por frío o congelación.2

Además de lo anterior; derivado de lo extenuante de su labor, del estrés que sufren por el riesgo de su trabajo y las circunstancias a las que se enfrentan, y de lo intenso de la preparación en cuestiones de condición física y psicológica que deben mantener como requisito para hacerle frente a su faena; están expuestos a sufrir la denominada “muerte cardiaca súbita”.

Estudios no oficiales señalan que es la muerte cardiaca súbita, una de las causas más comunes por las que los bomberos pierden la vida, solo después de las propias y derivadas de atender un siniestro.

Lo anterior es particularmente delicado, porque expertos en la materia señalan que la muerte cardiaca súbita, se puede presentar en más de la mitad de sus casos, sin una sintomatología previa.3

Además, a pesar de que los factores de riesgo son bastantes y bien identificados para esta causa de muerte; se reconoce que uno de los mayores factores de riesgo para sufrirla es debido a la realización de un esfuerzo físico y estresante muy intenso y prolongado.4

Justamente es lo anterior, la mejor descripción del trabajo que realizan los bomberos al atender un incendio o una situación de emergencia donde están en peligro la vida de víctimas, además de la propia.

Además, hay que añadirle a lo intenso y prolongado de las situaciones de riesgo que los bomberos padecen durante su trabajo; la alta frecuencia de estos eventos que tienen que atender.

Al respecto, las cifras son contundentes; se tiene registrado que en un año, en promedio nueve de cada cien habitantes, pierden su hogar a causa directa de un incendio.5

Asimismo se reconoce que en promedio se registran poco más de 50 mil víctimas directas de este tipo de percances en nuestro país.6

De igual forma y como un ejemplo de la labor extenuante e incluso en muchos casos sobrehumana, que los bomberos tienen que realizar; cabe señalar que en el caso específico de los incendios forestales, desde el 1 de enero hasta el 14 de abril del presente año, se ha registrado 4, 539 eventos.7

Este impresionante número de incendios forestales, que vale la pena destacar es una cifra que está dentro del promedio anual, ha exigido para su atención y combate de 103,158 días/hombre8; es decir 103,158 días que a la fecha -el primer tercio del año-, nuestros bomberos han expuesto su salud y sobre todo su vida.  

Frente a lo anterior insisto, el 80% de estos seres humanos, mexicanos y heroicos bomberos; realizan esta labor sin las prestaciones necesarias y justas, sin el equipo adecuado y sin la certeza jurídica que los proteja a ellos y sus familias.

Como se puede apreciar indiscutiblemente; la cantidad de incendios, sus daños, consecuencias y el número de víctimas directas e indirectas; son muchas, periódicas y sobre todo rebasan la capacidad de atención de los elementos en activo de nuestros Cuerpos de Bomberos; situación que les exige el doble o triple de su entrega y su capacidad física, para como lo han hecho en todo momento, acudir en nuestro rescate y auxilio. 

Estas situaciones de indiscutible entrega por parte de nuestros bomberos, los ha convertido en verdaderos héroes nacionales, sin embargo este reconocimiento no es suficiente para ganarse el sustento de sus necesidades básicas y las de su familia; ni tampoco les ha alcanzado para sacarlos de la invisibilidad salarial y de prestaciones en la que se encuentran sumergidos históricamente.

Esta situación no es posible y mucho menos admisible.

Tenemos una enorme deuda de gratitud y sobre todo de reconocimiento, para nuestros bomberos. 

Hemos sido opacos en la atención de sus necesidades, e incluso una sociedad indiferente ante los peligros que los asechan.

Por ese motivo y como espíritu de la presente iniciativa, es que propongo que de las aportaciones federales que todos los municipios de nuestro país reciben; tengan la obligación por ley de destinar una parte, para la atención de las necesidades de sus bomberos.

Ello, en primer lugar porque todos hemos necesitado, necesitamos o de manera lamentable estaremos expuestos a requerir del auxilio directo de un bombero.

O bien, con la labor que ellos realizan, por ejemplo al contener y sofocar un incendio forestal, nos benefician de manera indirecta a nosotros en el presente y nuestros hijos en el futuro, al preservar y proteger -incluso con su vida- nuestros bosques y áreas verdes que cada vez son menos y que siempre serán vitales. 

Propongo que esta asignación se realice en específico, en los fondos de aportaciones federales, porque en la redacción de la ley en su artículo 37, se contemplan ya la “atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”9.

Con este artículo, los municipios en la práctica; están facultados para realizar gastos en materia de equipamiento para las fuerzas policiacas o bien para las derivadas de la protección civil de sus habitantes.

No obstante, es necesario incluir a los bomberos porque ellos comparten en mayor medida, el riesgo que asumen las fuerzas policiacas y superan en frecuencia las contingencias que enfrentan en promedio, las autoridades de protección civil.  

Cabe destacar, que en 1993 dentro del marco de diversa reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, se adicionó un capitulo nombrado “de los Fondos de Aportaciones Federales”; como una medida encaminada a reforzar la descentralización presupuestal y reforzar las capacidades presupuestarias de los municipios.

Es en ese capítulo y en específico en el ya mencionado anteriormente, artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, es en donde considero que se deben de garantizar los recursos para solventar las necesidades básicas de los Cuerpos de Bomberos de los Municipios en función del objeto del artículo que a la letra dice:

“Artículo 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley”10

Como puede apreciarse con lo anterior, con la reforma que propongo no estaríamos inventando un nuevo gasto, ni tampoco dejando de atender una necesidad por atender otra; por el contrario, con la reforma que propongo estaríamos atendiendo una urgencia y una inversión en nuestra propia seguridad al tener cuerpos de bomberos equipados, capacitados y sobre todo con la percepción del justo salario que les corresponde. 

No podemos ser ajenos ni omisos, ante las necesidades apremiantes que todos conocemos y disimulamos ver; que padecen nuestros bomberos en todo nuestro país.

Esta Soberanía y quienes la integramos; estamos obligados y facultados a hacer algo al respecto.

Necesitamos atender esa deuda histórica que se tiene con los Heroicos Cuerpos de Bomberos que con vocación, nos brindan su labor y servicios.

Como integrantes de la sociedad y representantes populares, debemos reconocer que el trabajo de los bomberos motiva, porque con la misma entrega arriesgan su vida propia, por la de otro ser humano, o por cualquier ser vivo.

Debemos de tener desde esta soberanía, la capacidad para valorar; que para un bombero no importa el riesgo a enfrentar, porque por más pequeño que sea el ser vivo a salvar y proteger, es una vida por la que sin titubear se exponen con valor.

Sin duda alguna al término de su día a día, nuestros bomberos con su labor se llevan la tranquilidad de su conciencia, pero desafortunadamente no llevan de la mano, la tranquilidad a su subsistencia y la de su familia.

Lo anterior, lo debemos detener. Estamos obligados desde esta soberanía a responderle a nuestros bomberos y a nuestra sociedad en su conjunto

Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 37de la Ley de Coordinación Fiscal.

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y a la atención de los requerimientos de su Cuerpo de Bomberos y las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor en el siguiente ejercicio fiscal que corresponda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 31 de mayo de 2016.

Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana.

1 Encuesta sobre la Percepción Pública en México. INEGI 2013.

2 Fuente: http://www.tiposde.org

3 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

4 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

5 Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. 

6 Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

7 Reporte acumulado 2016. www.camafu.org.mx

8 Reporte acumulado 2016. www.camafu.org.mx

9 Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 37. 

10 Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 37. Texto Vigente.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Orozco Sánchez Aldana. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor David Flores Ávalos, a nombre de la Diputada Elva Lidia Valles Olvera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador Héctor David Flores Ávalos, a nombre de la Diputada Elva Lidia Valles Olvera, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Compañeras y compañeros legisladores:

Acudo a esta tribuna para presentar esta iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, precisamente con el objeto de considerar al relevo generacional y a la participación de los jóvenes en las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y demás productivas del medio rural.

En México, como ustedes saben, las zonas rurales son núcleos de población dispersos y muy heterogéneos, donde la principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, en algunos casos, también la actividad forestal, mismas que han permitido a los habitantes de las zonas, mantener cierto grado de autosuficiencia a través del aprovechamiento de sus recursos naturales.

Diversos especialistas coinciden en que los constantes procesos de transformación estructural que sufren las zonas rurales, también se deben, entre otros aspectos, a la liberación del comercio mundial, al desarrollo de la tecnología, a la presencia de nuevas demandas de calidad y seguridad alimentaria, por parte, desde luego, de los consumidores, y a fenómenos sociales tales, como la migración, la inseguridad, la masculinización del campo, las tasas de baja fecundidad y sobre todo, lamentablemente, el envejecimiento de la población rural.

En México, se han retomado también los análisis y estudios vinculados con los impactos de los diversos problemas sociales. Uno de los problemas detectados es precisamente el proceso de transición demográfica que se ha experimentado en dicho sector rural, lo cual se caracteriza con el envejecimiento de la población y se acentúa con la disminución de la tasa de fecundidad, el crecimiento de la esperanza de vida de la población y la migración que principalmente es un fenómeno que afecta a las áreas rurales. Tales condiciones generan un impacto negativo en los niveles de producción rural del país.

En ese contexto, es importante señalar algunos datos demográficos considerados dentro del estudio sobre el envejecimiento de la población rural en México, que realizó recientemente la Sagarpa y la FAO, concretamente en el año 2014. Entre los datos relevantes de dicho estudio, se informó respecto a la población general que la esperanza de vida de 2008 fue de 75.1 años y pasará en 2050 a 82 años, lo que traerá consigo una mayor presencia de población de edad avanzada, según lo reportó el Consejo Nacional de Población.

El envejecimiento de los productores rurales tiene implicaciones para la producción, indiscutiblemente el manejo, la administración de los recursos naturales en el sector agropecuario.

Otra parte importante a observar dentro del envejecimiento de los productores rurales son los efectos sobre algunas variables productivas, como son la tenencia de la tierra, que es un aspecto fundamental de esta actividad, la dinámica productiva, las capacidades técnicas o técnico-productivas, el acceso a los mercados, el acceso al crédito y a los apoyos gubernamentales.

Respecto al relevo generacional es necesario subrayar la importancia que tiene este proceso para alcanzar una reactivación de la actividad agropecuaria.

La inclusión de nuevas generaciones que inyectaría innovación y fuerza a las actividades productivas y económicas para el desarrollo del campo mexicano, además de impulsar el relevo generacional en las zonas rurales, desde luego se busca evitar la migración hacia otros centros urbanos, la vinculación de actividades delictivas, o digamos, dada la condición histórica de vulnerabilidad de estos núcleos de población y la dinámica de los conflictos sociales que rodean su entorno.

Compañeras y compañeros legisladores, los jóvenes del medio rural son el futuro de las actividades económicas del sector y, sobre todo, de la autosuficiencia alimentaria del país.

Por ello, hoy en día el grupo parlamentario del PAN, propone reformar los primeros capítulos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, toda vez que en ellos se localizan los aspectos generales que se aplican a las políticas públicas para los diversos órdenes de gobierno en términos de productividad, capacitación, empresas rurales, financiamiento, entre otros.

Queremos garantizar la seguridad alimentaria del país, y también queremos garantizar el futuro de los jóvenes de estos núcleos de población rural; queremos que los jóvenes tengan oportunidades en sus lugares de origen, y queremos revalorar las actividades del campo, provocar que el sector rural genere nuevas alternativas que resulten atractivas para la población, oportunidades de desarrollo y crecimiento para la juventud del medio rural y de zonas urbanas, desde luego, así como elevar la productividad de la población, a fin de fortalecer la cohesión y el capital social de estas comunidades.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

La suscrita, ELVA LIDIA VALLES OLVERA, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 3°; REFORMA EL ARTÍCULO 4°, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5°, EL ARTÍCULO 8°, EL ARTÍCULO 14; LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 15, LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 161; Y ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 190, TODOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE en materia de relevo generacional, con base en la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Este proyecto de iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tiene como finalidad considerar al relevo generacional y la participación de los jóvenes en las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y demás productivas del medio rural como parte de las estrategias que contribuirán en un futuro a: 1) garantizar las necesidades de seguridad alimentaria del país, la permanencia de jóvenes rurales en su lugar de origen y  revalorar las labores del campo; 2) provocar en el sector rural nuevas y atractivas oportunidades de desarrollo y crecimiento para la juventud del medio rural y de las zonas urbanas; así como 3) Elevar la productividad de las población rural a fin de fortalecer la cohesión y capital social de las comunidades.

En México, las zonas rurales son núcleos de población dispersos y muy heterogéneos, donde la principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, mismas que  han permitido a los habitantes de estas zonas mantener cierto grado de autosuficiencia, a través del aprovechamiento de sus recursos naturales.

Sin embargo, a principios del siglo XX con la expansión demográfica y del sector industrial, estas actividades a nivel de pequeños productores comenzaron a rezagarse y debilitarse en el aspecto productivo, social, cultural y económico. Más adelante, con la rápida globalización y reformas de los mercados mundiales surgieron oportunidades pero también retos para el sector productivo y económico del medio rural.

Al respecto, diversos especialistas coinciden en que los constantes procesos de transformación estructural que sufren las zonas rurales, también se deben, entre otros aspectos a la liberación del comercio mundial, al desarrollo de tecnología, presencia de nuevas demandas de calidad y seguridad alimentaria por parte de los consumidores, y a fenómenos sociales tales como la migración, la inseguridad, la masculinización del campo, tasas de baja fecundidad, y el envejecimiento de la población rural.1

En México, se han retomado también los análisis y estudios vinculados con los impactos de los diversos problemas sociales que afectan el aspecto productivo del sector rural. Uno de los problemas detectados es el proceso de transición demográfica que se ha experimentado en dicho sector, la cual se caracteriza con el envejecimiento de la población y se acentúa con la disminución en la tasa de fecundidad, el crecimiento de la esperanza de vida de la población y la migración principalmente en áreas rurales. Tales condiciones generan un impacto negativo en los niveles de producción rural del país.

En este contexto, es importante señalar algunos datos demográficos considerados dentro del estudio sobre envejecimiento de la población rural en México, que realizaron conjuntamente la SAGARPA y la FAO en el año 2014. 2 Entre los datos relevantes de dicho estudio se informó respecto a la población general que la esperanza de vida en 2008fue de 75.1 años y pasará en 2050 a 82 años, lo que traerá consigo una mayor presencia de población de edad avanzada, así lo reportó el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Otro dato relevante dentro del proceso de envejecimiento de la población son los cambios en la relación entre los grupos poblacionales. Así, en el año 2005, había 21 adultos mayores de 60 años por cada 100 niños, y se prevé que esta relación se irá incrementando, y con el tiempo llegará a 88 adultos por cada 100 niños en 2032 y se duplicará hasta 167 adultos mayores por cada 100 niños para el año 2051.

Mientras en los datos demográficos para el sector rural y pesquero de México, predominan los responsables mayores de 55 años, aunque existen subsectores con responsables más longevos, como el subsector agrícola, lo que supone que en 10 años más se enfrentarán a un fuerte reto para mantener el nivel de producción actual, si consideramos la disminución de fuerza y vigor que por causa del deterioro biológico sufre el cuerpo humano con la edad.

En este orden, los datos muestran que los responsables de las Unidades Económicas Rurales (UER) tienen en promedio 54.6 años y que casi el 60% tienen más de 50 años; es decir, que solo un poco más del 40% de los responsables son jóvenes y, dentro de este grupo, la mayoría son mujeres.

Ahora bien, con relación a los rangos de edades por sector económico, se reportó en dicho estudio que el 28% de los productores pesqueros tienen entre 40 y 50 años, mientras que el 59% de los productores agrícolas y ganaderos son predominantemente mayores de 50 años. Para este último sector la transición poblacional se puede dar en un periodo de 10 años, cuando evidentemente dicha población alcance una edad en la cual existe naturalmente una disminución de la fuerza laboral masculina.

De acuerdo con los datos citados, se informó en dicho estudio que se tendrían consecuencias negativas debido a una reducción del factor productivo mano de obra en el campo, por lo tanto, es urgente generar las condiciones para que las actividades agrícolas y ganaderas sean atractivas para retener a los productores jóvenes que allí se encuentren, o atraer a las nuevas generaciones.

El envejecimiento de los productores rurales tiene sus implicaciones para la producción, el manejo y administración de los recursos naturales en el sector agropecuario. Dicha situación que impone retos a la política económica y social dirigida al sector rural para atender el reemplazo por generaciones jóvenes y que deberá suponer: 1) que la presencia de productores jóvenes en el sector agropecuario garantice dicho reemplazo; 2) que en el caso de existir titulares en edad avanzada y con la existencia de hijos en las UER, estén dispuestos a continuar con la unidad de producción familiar.

Otra parte importante a observar dentro del envejecimiento de los productores rurales, son los efectos sobre algunas variables productivas como son: 1) la tenencia de la tierra; 2) la dinámica productiva; 3) las capacidades técnico-productivas; 4) el acceso a los mercados; 6) el acceso al crédito; y 7) los apoyos gubernamentales.3 Cada variable se reporta con sus propias peculiaridades.

1) Respecto a la Tenencia de la tierra, se reportó que más del 60% de los propietarios de tierras tienen una edad que oscila entre 50 o más años, en contraste con el 46%  de los responsables de las UER que rentan la tierra. Estos datos implican que para las nuevas generaciones de productores que pretendan en un futuro ampliar sus capacidades productivas y que requieren tierras, tendrán que provenir por herencia; o del mercado, lo que permitirá un registro detallado de tierras disponibles, pero productivamente inactivas, ya sea por cuestiones de edad o por la migración del propietario.

2) En cuanto a la Dinámica productiva, se informó que el 57% de los responsables de UER con actividad predominantemente agrícola son mayores de 50 años, lo que implica que en una década más esta población estará en muchos casos iniciando el proceso de disminución de su capacidad productiva. A pesar de dichas cifras, el estudio reporta que: a) no se aprecia en el campo un relevo generacional que sustituya las labores de producción agrícola para satisfacer la demanda de alimentos, la cual se prevé sea mayor en el futuro debido al crecimiento poblacional; b) se prevé el abandono de predios debido a la rigidez del mercado de tierras para transferir la propiedad a la población joven que aún se encuentra en el campo.

3) Otra variable se refiere a las Capacidades técnico-productivas y empresariales, que  guardan una estrecha relación con los bajos niveles de escolaridad prevaleciente entre los productores agropecuarios y pesqueros. El 21% de los productores no tienen ningún tipo de instrucción, lo que limita el acceso a nuevas tecnologías y mercados, lo que puede influir en las capacidades empresariales. Sumado a lo anterior, se encuentran los productores que solo tienen algún grado de educación primaria, que alcanzan el 57%, y que ven limitadas sus capacidades para insertarse en los procesos productivos dinámicos y poder competir en los mercados.

Para la asistencia técnica, se reportó que solo el 9% de los responsables de la UER tienen algún tipo de capacitación que brinden información sobre las posibilidades de desarrollo del sector agroalimentario, el uso de tecnologías o las oportunidades de mercado y solo el 7% de ellos continúan aplicando las recomendaciones técnicas que le hizo el prestador de servicios.

Este recurso es utilizado principalmente por los productores mayores de 40 años, lo que indica la necesidad de replantear esta estrategia ya que la adopción de tecnologías puede estar condicionada por la edad del responsable de UER y su nivel de escolaridad, por lo que sería conveniente reorientar la capacitación hacia los productores más jóvenes.

4) En cuanto al acceso a los mercados se obtuvo en dicho informe que una cuarta parte de los productores agrícolas en México no tiene acceso a los mercados, porque su producción se limita al autoconsumo. Este segmento se caracteriza porque el 6% de los responsables de UER tiene menos de 30 años, mientras que el 37% de los responsables tiene entre 30 y 50 años, el 25% entre 50 y 60 años y el 32% tienen 60 años o más.

5) Respecto con el acceso al crédito, el 6% de los responsables de las unidades económicas rurales contrajeron un préstamo con alguna entidad bancaria. Los préstamos bancarios se concentran en los rangos de edades más elevados.

6) Por su parte los apoyos gubernamentales en el medio rural, reflejan que el 60% de los programas entregados para apoyos al campo son recibidos por productores mayores de 50 años, mientras que los propietarios más jóvenes reciben solo el 5% de los programas totales. Lo anterior se explica en parte porque una de las condicionantes para acceder a los programas es mostrar la propiedad de la tierra en el medio rural, la cual está en manos de responsables de UER de mayor edad. El fenómeno sobre el envejecimiento de la población rural, es un desafío que se presenta en las actividades productivas del campo no solo de México sino también de otras partes del mundo, así nos encontramos referencias en países de América Latina como Nicaragua, Colombia, Perú y Honduras, quienes se encuentran preocupados y ocupados ante la problemática que representa particularmente el envejecimiento del campo. Estos países emulan experiencias de otros lugares de Europa como España, Francia y Holanda, quienes se vinculan a través de organizaciones de pequeños productores para compartir experiencias y trabajos relacionados que atienden el envejecimiento de la población rural a través del relevo generacional.4

Otra referencia, son las experiencias de los países de la Unión Europea, quienes también han tomado medidas para atender a los jóvenes productores, las cuales pretenden evitar el proceso de envejecimiento de los trabajadores en sus  actividades del campo y garantizar el relevo generacional. Dichas medidas permitirán la transferencia de conocimiento e innovación y el intercambio de experiencias profesionales entre los distintos países.5

Estas acciones, dejan ver que la discusión del relevo generacional se encuentra sobre la mesa en el contexto internacional. La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró que de acuerdo con las políticas que   algunos países están adoptando sobre el desarrollo rural y territorial, se han detectado áreas prioritarias de atención entre éstas se encuentra el cambio generacional en el campo.6

Ante esta problemática México no es la excepción, en la actualidad existen diversas declaraciones de investigadores, académicos, líderes de organizaciones campesinas y agroindustriales, incluso desde este recinto legislativo ya se ha expresado la preocupación por la insuficiente estructura institucional para atender el envejecimiento del campo, la falta de un relevo generación, la falta de arraigo de los jóvenes rurales en sus lugares de origen, la falta de programas y de oportunidades que hagan atractiva la permanencia de las nuevas generaciones en las actividades productivas del campo.

Para algunos expertos el relevo generacional, se define como “el proceso de traspasar en vida o no, la herencia (corresponde al capital y bienes) y la sucesión (se refiere al poder, el gerenciamiento) a la nueva generación”. Esto es importante aclarar, ya que en muchos casos solo existe el traspaso de la herencia, donde el titular les pasa a sus hijos el título de propiedad o de los animales, pero las decisiones la sigue tomando el titular, y en muchos casos, el titular ronda los 90 años.7

Respecto al relevo generacional, resta subrayar la importancia que tiene este proceso para alcanzar una reactivación del agro mexicano, la inclusión de nuevas generaciones que inyectarían innovación y fuerza a las actividades productivas y económicas para el desarrollo del campo mexicano. Además, impulsar el relevo generacional en las zonas rurales evitaría la migración hacia centros urbanos, la vinculación a grupos armados y la participación en actividades ilícitas, dada las condiciones históricas de vulnerabilidad de los campesinos y la dinámica de los conflictos armados.

En nuestro país, el aspecto del envejecimiento de la población en el medio rural, también se corrobora con los datos presentados por la reciente Encuesta Nacional Agrícola 2014 (ENA, 2014) que informa con respecto a la edad del total de los productores rurales lo siguiente: destaca que el 40.5% es mayor de 60 años, el 22.2% de entre 26 a 45 años, mientras que solo un 1.2% corresponde a los productores jóvenes de entre 15 a 25 años de edad.8

Ahora bien, respecto a la extensión territorial de las zonas rurales para realizar actividades productivas en el campo, La (ENA, 2014) informa que las unidades de producción agropecuaria abarcan una superficie total de 109.3 millones de hectáreas, mientras que la superficie agrícola total de las unidades de producción, es de 27.5 millones de hectáreas, que representan el 25.2% de la superficie total en todo el país, de los cuales el 81.5% corresponde a la superficie sembrada o plantada, mientras que el 18.5% no lo está.

Estos números nos permiten tener una referencia de la enorme extensión territorial y potencial que tiene el país para realizar las actividades agropecuarias, agroindustriales o agro empresariales por mencionar algunas de las actividades productivas y económicas que se realizan en el sector rural,  lo que representa un espacio de oportunidad para el desarrollo y crecimiento de sus habitantes, principalmente para las nuevas generaciones y a quienes se les debe impulsar desde los diversos sectores involucrados tanto públicos como privados que ofrezcan condiciones y oportunidades atractivas para reactivar el trabajo y el gusto por las actividades económicas en el sector rural.

Es por eso que uno de los principales desafíos para nuestro país,  es mostrar a las nuevas generaciones que el campo es atractivo y se encuentra lleno de posibilidades para desarrollarse.

En esta lógica, se sostiene que los jóvenes del medio rural son el futuro de las actividades económicas del sector y sobre todo para la seguridad alimentaria. Sin embargo, éstos enfrentan muchas distracciones para su participación directa en las actividades productivas, como el actual modelo de joven exitoso, la migración a labores mejor remuneradas y las pocas opciones para desarrollar iniciativas productivas como el acceso a crédito y a los programas de apoyos necesarios para desarrollar sus actividades en el medio rural.9

Otra barrera que enfrentan los jóvenes en el medio rural, es la poca garantía a sus derechos sociales como el acceso a la salud, educación, vivienda y los servicios de transporte y comunicaciones e infraestructuras, un dato que corrobora la falta de acceso a la educación es el presentado por la (ENA, 2014), revela que 8 de cada 10 productores del campo carecen de estudios o cuentan sólo con educación primaria, además los fenómenos sociales como la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, entre otras. Todas estas condiciones hacen que el medio rural no sea suficientemente atractivo como para retener a los jóvenes y estos emigren buscando mejores oportunidades en las zonas urbanas. Por ende, es necesario invertir para mejorar las condiciones de  bienestar social del medio rural y en las políticas y programas especiales de apoyos productivos dirigidos a este sector.

Un elemento principal para echar andar el engranaje del proceso del relevo generacional, además del intercambio de experiencias, desarrollo de capacidades, transferencia de bienes, entre otros, son los apoyos productivos directos a la población joven. De acuerdo con las Naciones Unidas, se tiene que reconocer que los jóvenes son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo económico y el progreso técnico. Todas sus capacidades como su imaginación, sus ideales, sus perspectivas y su energía resultan imprescindibles para el desarrollo de las sociedades en las que viven.10

En esta lógica, las Naciones Unidas han definido a la Juventud como el periodo de vida de entre los 15 y 24 años de edad, esta rango establecido lo confirma un estudio de la Organización Mundial de Salud (OMS), que subdivide en tres categorías a las edades de las personas de 10 a 24 años  (10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24 años) de tal modo que de acuerdo con el desarrollo de su físico, capacidades y autonomía el rango de edad de un joven se define entre las dos últimas.11En México, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, (IMJUVE), establece que la juventud, es toda aquella población comprendida entre los 12 y 29 años de edad.

Los referentes que arriba se citan, tanto de la OMS/ONU como del IMJUVE respecto al rango de edad para los jóvenes, nos ayudará a precisar el rango de edad para definir el componente del joven productor del medio rural. Además se tomará en cuenta la edad que establecen las reglas de operación del anterior programa operado por la SRA, Programa del Joven Emprendedor Rural y Tenencia de la Tierra, que ubica al joven emprendedor entre los 18 y 39 años de edad.

Para efectos del presente proyecto consideramos que la edad marco para los jóvenes productores del medio rural sujetos a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de los programas y apoyos que se dirijan a este sector será de los 18 a los 29 años de edad. Tomando como edad mínima la referida en el citado programa de jóvenes emprendedores y como edad máxima la que establece los citados organismos internacionales.

Una vez limitada la edad del joven productor, es preciso dar algunas cifras de este segmento, de acuerdo con los datos presentados por el INEGI a propósito del día internacional de la juventud 2015, en México residen 29.9 millones de jóvenes de 15 a 29 años, monto que representa 24.9% de la población total. Un dato interesante muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (8.6%) y los jóvenes de 20 a 24 (8.3%) tienen el mayor nivel de desocupación. Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral: 18.2% de los jóvenes desocupados no cuenta con esta experiencia.12 Esta condición deja ver el desdén con el que se abordan las oportunidades laborales para los jóvenes, no obstante las cifras, se les puede considerar como una oportunidad para invitar a   los jóvenes  a innovar y desarrollarse en las labores del agro mexicano.

El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de la ONU, establece dentro de sus lineamientos aumentar la rentabilidad de la agricultura y el atractivo de la vida en zonas agrícolas con acciones por parte del gobierno para mejorar los servicios culturales y educativos y establecer otros incentivos para hacer que las zonas rurales resulten más atractivas para los jóvenes, también considera que los gobiernos locales y nacionales, en cooperación con las organizaciones juveniles, deberían organizar actividades culturales para propiciar los intercambios entre jóvenes del campo y de la ciudad. 13

Aunque uno de los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es la inclusión laboral de los jóvenes en situación de vulnerabilidad para incrementar su productividad, y que además  la propia Procuraduría Agraria reconoce la necesidad del sector rural de jóvenes comprometidos con el agro a fin de mantener y elevar su producción y su competitividad, diversos especialistas en asuntos rurales sostienen que difícilmente se asumirán dichos retos si no se fomenta como prioridad el relevo generacional en el campo.14

En este contexto y de acuerdo con un informe sobre perspectivas agrícolas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2012, la situación se complicará, pues se estima que en los próximos 40 años habrá que incrementar 60% la producción para alimentar a la población mundial, razón por la cual consideran a los jóvenes clave para garantizar la seguridad alimentaria.

El gobierno federal re-sectorizó en el año 2015 el Programa de Jóvenes Emprendedores y Tenencia de la Tierra que anteriormente operaba la SEDATU a la SAGARPA, insertándolo como un componente del Programa de Pequeños Productores y además se modificaron en buena medida parte de los objetivos del anterior programa, en el que sí se atendía el tema del relevo generacional como un medio para propiciar el arraigo de los jóvenes rurales en su lugar de origen.15

A este proyecto, se suman las inquietudes de las iniciativas presentadas por otros compañeros legisladores; como el proyecto planteado por el Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del grupo parlamentario del PAN en noviembre del 2014, que buscó reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con el objetivo de adicionar una atribución al Instituto para impulsar proyectos productivos agrícolas sustentables en los jóvenes del medio rural de todos los sectores de la sociedad. Otro proyecto también fue presentado por el Senador Manuel Cota del grupo parlamentario del PRI en diciembre del 2015, cuyo objetivo era reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para dar prioridad a los productores jóvenes en la entrega de programas sectoriales, lo que podría ser una medida que propicie que se mantengan en el campo.16

Estos intentos por ajustar el marco normativo ante el problema que presenta el envejecimiento de la población dedicada a las labores del sector agrícola  en el medio rural, sumada con las inquietudes de los especialistas y dirigentes de organizaciones agroindustriales nacionales y de la comunidad internacional, devela que las políticas en materia de juventud no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la población joven, son programas de corto plazo, lo cual no contribuye al desarrollo integral de todos los sectores de la sociedad, disminuyendo las oportunidades futuras en la juventud rural.

De no revertirse la tendencia del envejecimiento en el campo, los especialistas aseguran que se verá amenazada la competitividad y productividad del sector, lo que traería serias repercusiones para la autosuficiencia alimentaria en el futuro, para la rentabilidad y tecnificación del campo. Coinciden también en que, de no propiciarse el relevo generacional, difícilmente podrá alcanzarse la transformación que se propone el Gobierno federal.17

Si bien, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contempla la atención a los jóvenes, ha sido insuficiente, pues no se dejan ver la solidez en las políticas y programas especiales dirigidos a este grupo. Razón por lo que es conveniente, dar importancia en  los programas y apoyos a  los jóvenes, considerarlos como la fuerza del cambio y del relevo generacional, así como un grupo estratégico para el fortalecimiento futuro de la soberanía y seguridad alimentaria.

De acuerdo con el estudio de la SAGARPA-FAO, se presentaron al inicio de este proyecto algunos datos de los efectos del envejecimiento sobre algunas variables productivas. Al respecto, el mismo estudio refiere algunos desafíos y/o acciones que deben tomarse en cuenta en el mediano plazo por las políticas públicas del estado Mexicano en favor de los jóvenes productores rurales y/o del relevo generacional y que a continuación se describen.18

Para el fortalecimiento del mercado de tierras que se desprende de la tenencia, se observó que el relevo generacional en el campo mexicano se ve limitado por la dificultad de acceso a la tierra por parte de la población joven. Ello demanda que se realicen las innovaciones institucionales pertinentes para flexibilizar el mercado de la tierra, de manera que la tierra que actualmente obra en manos del 60% de los propietarios, mayores de 60 años pueda ser transferida tersamente y sin problemas.

Para el fortalecimiento de la educación, el relevo generacional debe ir acompañado del mejoramiento del capital humano. Ello requiere fortalecer los esquemas de cobertura y calidad de la educación formal en el campo mexicano. A fin de promover e impulsar una cultura empresarial de los productores rurales, mediante la cual se facilite la innovación tecnológica y la inserción en los mercados de las UER, trayendo consigo un efecto multiplicador de bienestar en el campo.

Otro desafío para las políticas públicas del estado, se deriva del desarrollo de capacidades técnico-productivas. Para coadyuvar en el relevo generacional, se requiere fortalecer los esquemas de educación funcional, mejorando los servicios de capacitación y asistencia técnica.

Respecto al acceso a los apoyos gubernamentales. La política pública debe jugar un papel central a través de pertinentes políticas de fomento, para impulsar la producción y el desempeño del sector productivo rural y facilitar el ingreso de población joven a la producción agropecuaria. En este contexto, parece indispensable revisar el marco normativo respecto a las condiciones de acceso a los apoyos gubernamentales, favoreciendo el ingreso de productores jóvenes.

Una vez planteada la problemática con cifras duras de la transición demográfica que lleva a un envejecimiento de la población y a la imperiosa necesidad de considerar prioritario políticas de relevo generacional en materia de: tenencia de la tierra, educación, desarrollo de capacidades técnico-productivas y acceso a apoyos gubernamentales para fortalecer el incremento de la productividad y competitividad del sector primario; la sustentabilidad ambiental; la seguridad y soberanía alimentaria; y en general el desarrollo rural sustentable como elementos fundamentales de la Ley de Desarrollo Rural Sustentables.

Se propone reformar los primeros capítulos de la Ley, toda vez que en ellos se localizan los aspectos generales que se aplican a las políticas públicas para los diversos órdenes de gobierno en términos de productividad, capacitación, empresas rurales, financiamiento, entre otros.

Con lo anterior se busca armonizar los programas existentes, los apoyos productivos y económicos a favor de los jóvenes rurales y/o relevo generacional, a fin de establecer políticas públicas concurrentes y transversales, por los tres órdenes de gobierno, orientadas a garantizar el relevo generacional para lo cual es fundamental hacer las reformas conducentes en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de asentar las disposiciones jurídicas que permitirán cumplir con este propósito.

Así también, se pretende establecer dentro de los objetivos de las políticas, programas y acciones de los tres órdenes de gobierno en el medio rural el promover y favorecer el bienestar social y económico rural mediante el relevo generacional como un objetivo que permitirá garantizar la continuidad de las actividades productivas en el medio rural.

Se propone considerar que existen áreas rurales con necesidad de relevo generacional por lo cual debe haber políticas diferenciadas y prioritarias por parte del Estado, así mismo se consideró que la política de población es estratégica para el desarrollo rural sustentable, al contribuir a armonizar fenómenos demográficos con procesos de orden económico, político, social y cultural a través de acciones que promueven el crecimiento y la distribución territorial de la población de acuerdo a las capacidades de desarrollo que presentan las diferentes regiones del país, por lo cual lograr que se implante una cultura de relevo generacional en las áreas rurales incidirá en la dignificación y fortalecimiento de las actividades productivas rurales para que más jóvenes se arraiguen en sus localidades y sean parte fundamental del desarrollo rural sustentable.

Para las zonas de atención prioritarias se considera, que el aumentar la productividad de los recursos disponibles en especial del capital social y humano permitirá asegurar el relevo generacional, para lo cual es indispensable la capacitación, el extensionismo, la asistencia técnica, así como las acciones que se establecen en la definición propuesta de relevo generacional.

Se establezcan apoyos específicos para los jóvenes productores que favorecerán el relevo generacional, los cuales deben quedar contemplados con una previsión presupuestal, lo que significa una mayor certidumbre de que las disposiciones establecidas con este fin podrán llevarse a cabo.

Dicho lo anterior y considerando que uno de los principios que rigen al Partido de Acción Nacional (PAN), determina que el campo exige una organización tutelar, generosa, responsable, para dar orientación y eficacia en el trabajo a quienes no han trabajado libremente, hasta capacitarlos como productores autónomos.

Que sólo a través de garantizar el relevo generacional en el campo mexicano será posible contribuir al desarrollo rural sustentable, entendido como lo señala la ley en comento,  “El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio”.

Que dentro de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, es lograr un México Incluyente a través de impulsar las capacidades técnico-productivas de los sujetos agrarios mediante programas sociales y la inserción en procesos productivos y de comercialización, priorizando el apoyo a los jóvenes del medio rural para desarrollar actividades productivas y facilitar el relevo generacional de los sujetos agrarios. Así como incorporar el uso de tecnologías para potenciar la producción de la tierra y apoyar a los jóvenes del medio rural, para que se facilite el relevo generacional de los sujetos agrarios.19

Que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, considera como una problemática del sector agroalimentario a los impedimentos legales para transferir la propiedad agraria; el envejecimiento de los sujetos agrarios y los flujos migratorios hacia las zonas urbanas u otros países. Pero también establece algunas líneas de acción a favor del relevo generacional y los jóvenes productores rurales, tales como fomentar la productividad agroalimentaria mediante el acceso a servicios financieros y asesoría empresarial apoyándose en servicios de garantías, intermediarios financieros e impulso a los emprendedores con especial atención a los jóvenes y mujeres, así como lograr que jóvenes emprendedores constituyan su propia agro-empresa, con el fin de mejorar sus ingresos.

Con base en los motivos aquí expuestos, pongo a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente proyecto de iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

DECRETO

ÚNICO: Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los siguientes artículos: Se adiciona la fracción XXVII al artículo 3°; se modifican el artículo 4°; la fracción I del artículo 5°; el artículo 8°; el artículo 14; la fracción VIII del artículo 15; la fracción IV del artículo 161; y por último se adiciona la fracción VI al artículo 190, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I a XXVI. …

XXVII. Relevo generacional: proceso gradual y progresivo para transferir experiencias, conocimientos y desarrollar capacidades a los jóvenes productores rurales que se dediquen preponderantemente a las actividades agropecuarias y agroforestales a fin de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, la sustentabilidad ambiental, la productividad y competitividad y, en general, al desarrollo rural sustentable.

XXVIII. a XXXIV. Se recorren fracciones

Artículo 4o.- Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector, promueva el relevo generacional y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.

Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas que estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente Ley, mediante el relevo generacional, la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;

II. a V.…

Artículo 8o.- Las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado, atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico y con necesidad de asegurar el relevo generacional, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los servicios para su bienestar.

Artículo 14.- En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales de las dependencias y entidades que la integren, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable propondrá al Ejecutivo Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 9 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 19 y 26 de la Ley de Planeación, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles en términos de asegurar el relevo generacional.

Artículo 15.- El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

 I a VII. …

VIII. Política de población para el desarrollo rural sustentable con énfasis en la cultura del relevo generacional

IX. a XIX. …

Artículo 161.- Los programas que formule el Gobierno Federal para la promoción de las zonas de atención prioritaria, dispondrán acciones e instrumentos orientados, entre otros, a los siguientes propósitos:

I. a III. …

IV. Contribuir al aumento de la productividad de los recursos disponibles en especial del capital social y humano para asegurar el relevo generacional, mediante la capacitación, incluyendo la laboral no agropecuaria, el Extensionismo, en particular la necesaria para el manejo integral y sostenible de las unidades productivas y la asistencia técnica integral;

V. a XII. …

Artículo 190.- Para los efectos del artículo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las previsiones presupuestales podrán comprender los siguientes rubros:

I. a V. ...

VI. Apoyos dirigidos a desarrollar las capacidades de los jóvenes productores rurales que se dediquen preponderantemente a las actividades agropecuarias y agroforestales para favorecer el relevo generacional que contribuirá al desarrollo rural sustentable.

Transitorio Único.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Dip. Elva Lidia Valles Olvera.

Referencias.

1. Hierro, Francisco, El relevo generacional de la población agraria: la visión del derecho comunitario y la realidad del derecho interno. Dialnet, Anuario de la Facultada de derecho, Universidad Rey Juan Carlos, 2007, disponible en línea revista  Dialnet.
2. Estudio sobre el envejecimiento de la población rural en México. Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Ciudad de México, 2014.
3. Ibídem, nota 2, Implicaciones del envejecimiento de los responsables de UER en el sector rural y pesquero de México, página 29.
4. Coscione Marco,  Comercio Justo y relevo generacional: la experiencia colombiana de la Asociación de Jóvenes Agricultores del Valle, Revista economía solidaria, Colombia, 2013, disponible en 
http://www.economiasolidaria.org/files/Articulo_comercio_justo_y_relevo_generacional
5. Experiencias de Relevo Generacional, Unión europea. PDF
6. 31ª. Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Ciudad de Panamá, 26 al 30 de  abril de 2010, “ Desarrollo Territorial Rural y sus Implicancias Institucionales en América Latina y el Caribe, disponible en
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k7838s.pdf
7. Perrachón, Julio, Relevo generacional: ¿Cuándo deseo que ocurra? Consecuencias y posibles soluciones, Plan Agropecuario,  http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/
8. Encuesta nacional Agropecuaria, ENA, 2014, INEGI-SAGARPA, disponible enwww.inegi.gorb.mx
9. FAO, CTA y FIDA , “Los jóvenes y la agricultura: Desafíos clave y              soluciones concretas”2014, disponible en http://www.fao.org/3/a-i3947s.pd
10. Ámbito del Desarrollo de los Jóvenes, Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, ONU, en línea.
11. Informe Técnico de la OMS, Salud para Jóvenes: Un desafío para la sociedad, 2000, en línea.
12. Panorámica de la población joven desde la perspectiva de su condición de     la actividad, INEGI, 2013, disponible en INEGI en línea.
13. Ídem, nota 7.
14. Comunicado de la Procuraduría Agraria, en línea en su página oficial
15. Reglas de Operación de Jóvenes emprendedores y Tenencia de la Tierra y Reglas de operación de Arráigate, disponible en línea.
16. Oliveros Usabiaga, José Luis, Diputado del grupo parlamentario del PAN, Proyecto de iniciativa artículo 4 fracción XVII de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, noviembre del 2014 y Senador  Manuel Cota del grupo parlamentario del PRI, gaceta legislativa, en línea.
17. El campo Mexicano busca jóvenes, El informador. Mc, 2014, 
• http://www.informador.com.mx/economia/2014/515442/6/el-campo mexicano-busca-jovenes.htmIbídem, nota 2, página, 40.
18. PROGRAMA Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, Gaceta parlamentaria, en línea.
19. PROGRAMA Especial Concurrente para el desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, en línea.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Flores Ávalos. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1915 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señora Presidenta, con su venia.

La presente iniciativa responde a un tema importante de la legislación civil, referente a la reparación de los daños causados a las personas. Esta propuesta, tengo que señalarlo de manera puntual, es una demanda y solicitud de un grupo de ciudadanas y ciudadanos, estudiantes y académicos que nos han solicitado por escrito la reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal.

Voy a leer cuáles son los méritos, en primer lugar, de quienes nos lo han pedido, los ciudadanos: Jorge Alejandro Carrillo Bañuelos, Ezequiel Escobedo Osorio, Martha Regina Puca, Enrique Arcipreste Morales, Víctor Alonso del Pozo Rodríguez, Karla Martínez Toral, Regina Ramírez Cortés, Mariana López Salvídar, Efraín Germán Báez Rubio y Eugenia María Muñoz Villarreal.

Esta reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal, que se propone en esta iniciativa, establece de manera incorrecta que la reparación del daño debe remitirse a la Ley Federal del Trabajo, para los casos en que se cause daño a las personas, se produzca la muerte o la incapacidad toral o permanente.

Estamos logrando, con esta reforma, que en el Código Civil Federal podamos reformar este artículo, el 1915, un pequeño ajuste en su primer párrafo, modificando el segundo párrafo y además agregando un tercer párrafo antes de que termine la redacción del mismo.

Decimos que es incorrecta o inadecuada básicamente por dos supuestos:

En primer lugar, porque nada tiene que hacer la Ley Federal del Trabajo en este apartado, pues, el daño que se reclama no deriva, ni de ninguna enfermedad o accidente de trabajo.

Y en segundo lugar, al remitirnos a dicha ley, el juzgador carece de toda posibilidad para observar las condiciones personales, ya que se encuentra limitado a aplicar un catálogo preestablecido sobre el monto de la reparación en el cual no se encuentran identificadas las aptitudes o capacidades de las personas en relación a su profesión, arte y oficio, quiero referir particularmente al arte u oficio. Debido a ello, esta disposición resulta inadecuada para una reparación completa en los casos de daños, y la complejidad del restablecimiento, el bienestar de la persona afectada.

Voy a poner dos ejemplos, muy casuísticos.

a) Cuanto dos personas que difieren en cuanto a su profesión, pierden el dedo índice. La primera persona es un pianista, por tanto la pérdida de ese dedo representa una afectación grave para el sustento económico de sí, e incluso de su familia; en tanto, para la segunda persona, que es futbolista, la pérdida no representa el mismo menoscabo de su capacidad económica.
Voy a poner otro ejemplo casuístico.

b) Un conferencista tiene un accidente el cual obliga a los doctores a amputarle la mano, debido a esto, el individuo siente profundos dolores, sin embargo, éste puede seguir llevando a cabo sus actividades laborales de difusión. Por otro lado, un individuo cuya vida entera se ha dedicado al estudio de la música y a la interpretación de ésta con un violín, y debido a esto recibe una ganancia mensual, normalmente muchos artistas cobran en dólares, de eso vive, es su profesión, puede ser incluso miembro de alguna sinfónica, qué sé yo, y tiene un  accidente similar al conferencista. Como es de observarse, el músico lo ha perdido todo.

En ese sentido, frente a estos casos hipotéticos, debemos nosotros tomar en consideración las reformas que estamos proponiendo al Código Civil Federal.

No me voy a extender en los méritos de la propia iniciativa.

Le pido a la señora Presidenta, se pueda inscribir la iniciativa en comento, de manera íntegra en el Diario de los Debates, por obviedad de tiempo y, simplemente voy a leer cómo quedaría inscrita la reforma que estamos proponiendo.

“Artículo 1915 del Código Civil Federal. La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, y en el pago de daños y perjuicios”.

Segundo párrafo. “Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial, total, temporal o parcial temporal, el grado de la reparación consistirá en el pago de los servicios profesionales médicos, medicinas, hospitalización y otros que sean necesarios para la curación de la víctima y la indemnización de los perjuicios, pagando todo lo que el lesionado deje de recibir, deje de percibir por su trabajo personal durante todo el tiempo que transcurra desde que haya lesionado hasta que pueda trabajar”.

Siguiente párrafo. “Si no existe una percepción fija, la indemnización se calculará por peritos, quienes a este fin tomarán en cuenta las capacidades y aptitudes de la víctima en relación con su profesión, arte, oficio, trabajo o actividad a la que normalmente se dedique”.

Pero si los elementos de que en el caso dispongan los peritos resultaren insuficientes para emitir un dictamen debidamente fundado, lo mismo en el caso de que la víctima no disfrute de ninguna percepción o no desarrolle ninguna actividad productiva, la indemnización de los prejuicios se calculará sobre la base de la unidad de medida y actualización vigente en la época o épocas en que el mencionado deje de trabajar. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.

Solicito sea turnada a las comisiones para su revisión.

Muchas gracias a todos ustedes por su atención.

Es cuanto.

Iniciativa

Quien suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que hace al funcionamiento de la Comisión Permanente, propongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1915 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa responde a un tema importante de la legislación civil referente a la reparación de los daños causados a las personas. Esta propuesta es una demanda y solicitud de un grupo de Ciudadanas y Ciudadanos estudiantes y   académicos que nos han solicitado por escrito la reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal.

Dichos ciudadanos son: Jorge Alejandro Carrillo Bañuelos, Ezequiel Escobedo Osorio, Martha Regina Puca, Enrique Arcipreste Morales, Víctor Alonso del Pozo Rodríguez. Karla Martínez Toral, Regina Ramírez Cortés, Mariana López Saldívar, Efraín Germán Báez Rubio y Eugenia María Muñoz Villarreal.

La reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal que se propone en la presente iniciativa, establece de manera incorrecta que la reparación del daño debe remitirse a la Ley Federal del Trabajo para los casos en que se cause daño a las personas, se produzca la muerte o la incapacidad toral o permanente.

En ese sentido decimos que es incorrecta o inadecuada  básicamente por dos supuestos, en primer lugar, porque nada tiene que hacer la Ley Federal del Trabajo en ese apartado pues el daño que se reclama no deriva de ninguna enfermedad o accidente de trabajo y, en segundo lugar al remitirnos a dicha ley, el juzgador carece de toda posibilidad para observar las condiciones personales, ya que se encuentra limitado a aplicar un catálogo preestablecido sobre el monto de la reparación en el cual no se encuentran identificadas las aptitudes o capacidades de las personas en relación a su profesión, arte u oficio. Debido a ello esta disposición resulta inadecuada para una reparación completa en los casos de daños y la complejidad del restablecimiento del bienestar de la persona afectada.

Algunos ejemplos son ilustrativos para entender el alcance de dicha disposición:

a) Cuando dos personas que difieren en cuanto a su profesión pierden el dedo índice. La primera persona es un pianista, por tanto la pérdida de ese dedo representa una afectación grave para el sustento económico de si e incluso de su familia; en tanto para la segunda persona que es futbolista, la pérdida no representa el mismo menoscabo de su capacidad económica.

b) Un conferencista tiene un accidente el cual obliga a los doctores a amputarle la mano , debido a esto el individuo siente profundos dolores, sin embargo, éste puede seguir llevando a cabo sus actividades laborales de difusión. Por otro lado, un individuo cuya  vida entera se ha dedicado al estudio de la música y a la interpretación de esta con un violín y, debido a esto recibe una ganancia mensual de 150 mil dólares, pues es miembro de la Sinfónica de París, tiene un accidente similar al del conferencista. Como es de observarse el músico lo ha perdido todo.

Estos casos hipotéticos, nos permiten observar que la regulación prevista en el artículo 1915 del Código Civil Federal resulta insuficiente, ya que la compensación para cada uno de los casos sería la misma, sin embargo el costo sería más gravoso para la otra parte, en cada uno de los ejemplos.

Ahora bien, cuando el daño causado es irreparable por cuestiones de imposibilidad   física –como los casos de muerte o de las lesiones irreparables- , ideológica o moral, entonces la reparación del daño se vuelve más compleja, pues hay barreras legales que hacen inasequible la presencia de alguno de estos bienes en el comercio, y, por tanto, su valor queda sujeto a criterios subjetivos. Es   precisamente aquí donde adquiere particular relevancia la evidente limitación que establecen las reglas de cuantificación que se remiten a la Ley Federal del Trabajo para fijar el monto de las indemnizaciones por responsabilidad civil. La razón es que los criterios disponibles en la Ley Federal de Trabajo para determinar la cuantía de las indemnizaciones es demasiado restrictiva y acotada porque impone un tope límite al monto que pueden recibir las víctimas de los daños. En adición a este criterio de cuantificación supone que el daño siempre será un concepto concreto, medible y semejante con relación del detrimento al bienestar de las víctimas.

Lo anterior supone que los criterios disponibles para fijar los montos de indemnización por responsabilidad civil en el caso de que se presenten los supuestos del segundo parrafo del artículo 1915 presuponen que hay un tope máximo de daños, que no hay posibilidad de que el daño causado a la víctima sea mayor al impuesto por los criterios expresado en la legislación laboral. Supuestos que para los casos del derecho civil son erróneos, pues como ya se ha mencionado; la valoración individual de bienes que no se encuentran en el comercio es individual y sumamente diferenciada. Si únicamente se tienen en cuenta los criterios dispuestos en la legislación laboral para el monto máximo de la indemnización cuando se cumplen los supuestos contenidos en el   segundo párrafo del artículo 1915, entonces, se estará limitando equívoca y arbitrariamente el monto que una persona  puede recibir por haber sufrido cualquier daño; por tanto, es necesario considerar que la evaluación del monto con respecto de las cuantías de las indemnizaciones a causa de la actualización de los supuestos del párrafo segundo del referido artículo 1915 deben dejarse a las reglas de la interpretación y resolución judicial, de manera tal que una tabulación del derechos     social no sea el criterio para fijar la cuantía de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

Adicionalmente es necesario señalar los incentivos que genera la posibilidad de que la persona responsable de la pérdida o deterioro de un bien deba indemnizar la totalidad de los daños y perjuicio causados sin sujeción a límite, mientras que el causante de una lesión corporal  o de la muerte de una persona se ve beneficiada con el tope establecido por el propio artículo 1915. Lo cual no sólo es incongruente sino perverso. Seguir resolviendo las indemnizaciones conforme a lo dispuesto por la ley Federal del Trabajo inhibe que los victimarios potenciales se hagan responsables por el pago perfectamente compensatorio, pues establece un imite de responsabilidad máxima, es decir, se generan incentivos perversos  que impiden las internalización del daño externo causado.

La remisión a la Ley Federal del Trabajo ha ocasionado severas y numerosas injusticias a los justiciables, dado que el ordenamiento laboral no se logra adecuar y ajustar a las necesidades y exigencias de cada caso para poder garantizarle a la víctima la más alta protección de sus derechos, y un acceso a la justicia que en verdad les resuelva su conflicto y le repare el daño.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA AL ARTÍCULO 1915 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1915.- La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, y en el pago de daños y perjuicios.

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación consistirá en el pago de los servicios profesionales médicos, medicinas, hospitalización y otros que sean necesarios para la curación de la víctima y, la indemnización de los perjuicios pagando todo lo que el lesionado deje de percibir por su trabajo personal, durante todo el tiempo que transcurra desde que haya sido lesionado hasta que pueda trabajar.

Si no existe una percepción fija, la indemnización se calculará por peritos, quienes a este fin tomarán en cuenta las capacidades y aptitudes de la víctima en relación con su profesión, arte, oficio, trabajo o actividad a la que normalmente se dedique; pero si los elementos de que en el caso dispongan los peritos resultaren insuficientes para emitir un dictamen debidamente fundado, lo mismo en el caso de que la víctima no disfrute de ninguna percepción o no desarrolle ninguna actividad productiva, la indemnización de los prejuicios se calculará sobre la base de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la época o épocas en que el lesionado deje de trabajar. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora De la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se considera sin materia la proposición que solicita al Ejecutivo Federal ejercer el mandato constitucional del Apartado C del artículo 72 constitucional. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar en contra del dictamen, se concede el uso de la palabra al Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señora Presidenta. Legisladoras y legisladores:

Morena manifiesta su más profundo rechazo a la publicación de las reformas al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales, que el Ejecutivo Federal hizo de manera apresurada dando con ello fin al procedimiento legislativo.

Esta reforma es claramente violatoria de derechos humanos, es invasiva de atribuciones y facultades que hasta ahora eran exclusivamente de civiles, pero que hoy serán usurpadas por militares.

Con las nuevas disposiciones, lo jueces militares podrán ordenar cateos en edificios públicos y de propiedad de civiles. En esta lógica militarista pronto veremos a militares aquí en el Congreso, cateando casas de los ciudadanos y también allanando inmuebles públicos.

Debe mencionarse que en el proceso de aprobación de esta reforma en la Cámara de Diputados, se realizaron reuniones selectivas, organizadas por los legisladores de las bancadas mayoritarias, en las cuales llevaron a cabo acuerdos en lo “oscurito”, tras bandera.

Las bancadas del PRI, del PRD y del PAN, acordaron ajustes a estas leyes, pero nunca consideraron algo que impidiera la violación a los derechos humanos. De estas negociaciones Morena no participó, esa fue la razón por la que durante el desarrollo de la sesión, la bancada de Morena se retiró de la discusión ante el triunfo totalitario que representaba.

El PRD convalidó esta reforma.

La versión estenográfica de la sesión y los videos que existen en los archivos del Canal del Congreso, documentan la forma en que parte de sus integrantes participó en las charlas en corto. Incluso, anunciaron en tribuna que votarían a favor y que sólo presentarían reservas, la votación final sólo fue una tapadera de sus acuerdos y pactos contra México.

Las violaciones a derechos humanos que en el futuro se cometan, derivadas de este monstruo que se aprobó, son tan bien responsabilidad del PRD, nunca fueron tomados en cuenta los argumentos que acusaban los riesgos de los cambios al sistema de justicia militar.

El PRI pretende escudarse en el Estado de derecho, mientras gobiernos auspiciados bajo sus siglas, se caracterizan por ser los principales violadores de derechos humanos, los derechos humanos se han convertido sólo en un discurso que no pretende cumplirse nunca.

La expedición del Código Militar de Procedimientos Penales como un nuevo ordenamiento del sistema jurídico mexicano, no cumple, lo subrayo, no cumple con el estándar internacional en materia de justicia militar y es insuficiente para garantizar un marco de protección y pleno respeto a los derechos humanos ni a militares ni a civiles. Las reformas al Código de Justicia Militar y de Procedimientos Penales no cumplen en lo más mínimo con tres criterios apegados a estándares internacionales:

Primero. La protección de bienes jurídicos especiales en el ámbito de las fuerzas armadas. Todo lo que sobrepasa a esa esfera debe ser reservado a la competencia de los tribunales ordinarios, en consecuencia, se debe excluir de la competencia de los tribunales castrenses el conocimiento de delitos comunes como el terrorismo o las serias violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada de personas.

Segundo. La exclusión absoluta de civiles sometidos a la justicia militar. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que los civiles no pueden ser juzgados ante tribunales militares, sin excepción alguna. El estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no admite puntos intermedios, para ello, requiere que la definición de los delitos militares consigne claramente la conducta y el sujeto activo de la acción u omisión. Asimismo, define el concepto de civil como todo aquel que no es personal militar en servicio activo.

Esta definición excluye a ex uniformados y a empleados civiles.

Y tercero y último. Garantía de independencia e imparcialidad. En este asunto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido extremadamente estricta. Con base en esto podemos afirmar que la falta de independencia e imparcialidad en el fuero militar se puede verificar si existen militares en servicio activo sirviendo como jueces, si se encuentran bajo la cadena de mando y en una relación de subordinación jerárquica, si el sistema de nombramiento no requiere de especiales calificaciones profesionales, si no hay garantías suficientes ante la remoción del cargo y la falta de formación jurídica.

Estamos ante una legislación que viola claramente los derechos humanos y que fue aprobada por este Congreso.

Gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Caballero Pedraza.

Para hablar también en contra del dictamen, se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta.

Bueno, estamos ante una crónica anunciada, un Código Militar de Procedimientos Penales que se discutió tanto en Cámara de Diputados como en la Cámara de origen, efectivamente con votación de las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, argumentando por qué era necesario votar en contra, plasmaron preocupaciones y compartimos totalmente en el Senado de la República, cuando correspondió, la revisión de la minuta, y ya muy tarde, de las últimas horas, prácticamente del periodo ordinario de sesiones, se vota sin que haya la disposición para escuchar las preocupaciones que estamos vertiendo.

Por cierto, preocupaciones que además también han estado señalando de manera pertinente, de manera formal la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que nosotros debiésemos atender porque estamos frente a preocupaciones que están inscritas como situaciones no aceptables en los tratados internacionales y también en las propias sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto contra el Estado parte, México, de la Convención Americana para los Derechos Humanos.

Es importante señalar que si bien el punto de Acuerdo resultaba atípico porque es pedirle al Ejecutivo que vetara una ley a partir de que tenía una mayoría en el Congreso, y entonces, la solicitud de una minoría es que pudiera atender desde su potestad el que no se aprobara para tener la revisión de algunos puntos importantes que son de nuestra preocupación.
Menciono solamente algunos:

La invasión de comunicaciones privadas o aspectos graves como la comparecencia de civiles en la jurisdicción militar, es algo verdaderamente inaceptable, así como aquellos actos de investigación tan amplios que no requieren de control judicial. Todo ello no sólo contraviene nuestro texto constitucional, insisto, sino tratados internacionales en la materia.

Es importante señalar, por ejemplo, que en el dictamen, las víctimas, la potestad, como son consideradas, nos parece verdaderamente poco aceptable donde no se garantiza la reparación integral del daño, igualmente la comparecencia de las personas, testigos o expertos en los procedimientos militares sin ninguna regulación, para que la misma comparecencia se produzca de forma que contribuya a la justicia sin poner en riesgo el derecho a las personas a no ser sometidas a jurisdicción militar alguna.

Yo les pediría que bajemos un poquito la voz para que nos podamos escuchar.

Señora Presidenta, por favor.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Se solicita a la Asamblea guardar silencio para escuchar a la Senadora, por favor.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Bueno, termino señalando finalmente que estamos en contra de que la Primera Comisión haya resuelto de esta forma negativa este dictamen.

Sabiamos que estabamos prácticamente a unos días de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, y el haber determinado no escuchar la posibilidad de que el Presidente vetara la iniciativa, insisto, es algo atípico porque no se puede ir en contra de la determinación de una mayoría, de la decisión de la propia mayoría. Lo entiendo perfectamente bien.

Sin embargo, anunciamos que vamos a presentar, ahora que está ya publicado en el Diario Oficial de la Federación este Código Militar de Procedimientos Penales, las reformas conducentes y convocaremos a todos los expertos y a todas las personalidades interesadas, convocaremos a quien tengamos que convocar en el ámbito internacional y nacional, para que sigamos reflexionando sobre lo que acabamos de decidir, lo que acabaron ustedes de decidir hace apenas unos días, semanas, al final del periodo ordinario de sesiones.

Nos parece verdaderamente grave que este Código Militar de Procedimientos Penales, que por las prisas de que entre en vigor ahora el 18 de junio, no se revisen de manera puntual cuestiones que son violatorias a los derechos humanos y a los tratados internacionales.

De tal manera que no podemos dejar de atender el que tenemos que discutir de manera puntual que lo que estemos resolviendo en reformas o en nuevas leyes, cuiden y garanticemos, porque estamos obligados a ello, a que no estemos poniendo preceptos que simplemente van a servir de justificación a violaciones graves a los derechos humanos.

Es como si México no aprendiera de tanta recomendación y tanto señalamiento que le hacen a nuestro país, y todavía seguimos poniendo en una situación de vulnerabilidad a las Fuerzas Armadas, como es el caso.

Muchas gracias por su atención.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Para hablar también en contra del dictamen, se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señora Presidenta.

Es verdaderamente alarmante, por no decir aterrador, que el Congreso de la Unión esté dando pasos de manera irresponsable a un régimen militar que se está estableciendo en este país.

Con toda tranquilidad se distraen, hablan y siguen avanzando en aceptar las medidas del Ejecutivo hacia el establecimiento formal de un régimen policiaco militar.

Eso es lo que están haciendo y no les importa. Con una absoluta irresponsabilidad están poniendo en peligro a la nación mexicana, a los ciudadanos mexicanos, por esta irresponsabilidad de Senadores y Diputados, como se van ejerciendo estos avances de la militarización.

No entienden de la historia, no saben lo que está ocurriendo en el país, estos avances a través de toda una serie de medidas, a través de un Presidente de la República que está traicionando a los mexicanos una y otra vez.

Esta votación en siete minutos en la Cámara de Senadores, sin ninguna discusión, se suma a otras más.

Ya viene el llamado “Mando Único”, que ahora le llaman eufemísticamente “Mando Mixto”, que es dentro de la misma línea y la presión que ejercen los Estados Unidos de America en México, al Congreso mexicano, que de esta manera irresponsable lo aprueba, para que se desparezcan, al antojo de los intereses superiores, las policías municipales y se permita establecer un “Mando Único”, que esa es la realidad, entre policías federales y el Ejército y la Marina norteamericana.

¿Y esto por qué? Y quienes lo hemos seguido con todo cuidado, porque la instalación de las empresas norteamericanas petroleras, mineras, eléctricas que vienen, exigen al gobierno mexicano, y tenemos todas las pruebas a través de sus declaraciones y de sus posiciones oficiales, que haya una gran seguridad para el establecimiento de las empresas extranjeras.

En la reforma energética se estableció que las empresas extranjeras, que van a tomar el territorio nacional para su desarrollo, tengan el privilegio de ocupar el territorio nacional, así se llama “ocupación provisional” u “ocupación del territorio nacional”, por las empresas petroleras, eléctricas, mineras, para que no haya quien defienda los intereses de las comunidades indígenas, campesinas, con sus presidencias municipales, vamos a quitar toda posibilidad de reacción ante la intervención extranjera, vamos a desaparecer toda fuerza en la base y que quede en manos del Ejército de México la seguridad del país.

Es eso a donde están yendo. Son ustedes responsables de ese camino hacia el militarismo en este país. Este código que se aprobó con esa ligereza y desinterés y antipatriotismo, ese código establece ya en sí un paso importante de la justicia militar, que es unilateral, que es de una verticalidad absoluta en la vida civil del país.

Rompen los principios constitucionales para permitir que las instancias militares y la justicia militar invada el ramo, invada el campo de lo civil en este país. Eso es gravísimo, ¿no se dan cuenta de lo que están haciendo? Es vergonzoso.

Históricamente se ha visto en otros países cómo va en ascenso el militarismo hasta llegar a golpes militares, es lo que estamos haciendo en la más absoluta irresponsabilidad. Sin el mayor interés, sin preocupación están poniendo en riesgo a los mexicanos, a sus hijos, a sus familias, para que estén bajo un control militar en el futuro de este país, y eso es lo que han aprobado.

Y ahora vuelven otra vez en el silencio, en la irresponsabilidad, sin darse cuenta que ahí vienen otras medidas más. El incremento de las penas, por ejemplo, en materia de energía, que se dijo que es para evitar que se estén succionando los ductos de Pemex, es para darles garantías a las empresas transnacionales, extranjeras, que ya vienen a imponerse en este país y establecer un régimen penal de excepción para favorecer a los extranjeros.

Esto es muy grave, el Ejército avanza y el Presidente, Peña Nieto, va entregando el poder, porque son los únicos que lo sostienen en el desprestigio más absoluto de un Presidente de la República; el Ejército y las policías sostienen a Peña Nieto y les concede todo.

Otra violación constitucional que está aplicando, y que también pasa desapercibida en Senadores de la República, ex gobernadores que sesionan aquí, eso, no se dan cuenta tampoco. Ya está el Presidente anunciando que vamos a estar nosotros en los Cascos Azules de la ONU, que vamos a estar en esas medidas de paz, que son de guerra, que está violando la Constitución.

Y anunció hace unos días Peña Nieto que ya tienen en diversos lugares a soldados mexicanos en los Cascos Azules, violando la Constitución, porque la Constitución establece que no pueden salir tropas al extranjero si no es aprobado por el Senado. No importa, Peña Nieto ya lo anunció hace tres días.

Otra vez la militarización, que además es muy grave, ¿saben ustedes por qué? Porque el Ejército Mexicano y la Marina están ya bajo el control del Mando Norte del Ejército de los Estados Unidos de America.

Nada de eso entienden, no se fijan, están traicionando ustedes al país. Lo hace Peña Nieto, es un traidor a la patria, él claramente, pero está acompañado de los votos de los Senadores y de los Diputados de los partidos, ¿verdad?, que no saben lo que están haciendo.

Y repito, ponen en peligro a sus hijos, ponen en peligro a la patria, la soberanía nacional. Es una vergüenza, y siguen avanzando las medidas, ahí viene la otra, el “Mando Único”, ahí viene la otra, las sucesiones especiales en manos de extranjeros, ahí viene la otra.

¿Qué están haciendo ustedes, Senadores y Diputados? ¡Ayudando a Peña Nieto a traicionar a la patria!

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de dictámenes de la Segunda Comisión.

Tenemos la discusión del primero de ellos, que exhorta a llevar a cabo programas de capacitación dirigidos a docentes, personal administrativo y jóvenes estudiantes de los niveles medio superior y superior, en materia de primeros auxilios. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, está a    discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

A nombre del grupo parlamentario del PRI, vengo a hablar a favor de este dictamen, porque para nosotros reviste la mayor de las importancias.

Los primeros auxilios son procedimientos terapéuticos que prácticamente toda la sociedad deberíamos estar preparados para una situación en la que se requiere la intervención para salvar una vida.

De acuerdo a la Cruz Roja, en el mundo hay más de 14 millones de personas que se convierten en héroes de primeros auxilios en el mundo, salvando una vida.

Y esto se debe a que cada segundo fallece una persona a causa de traumatismo, a causa de accidentes viales, de quemaduras por el sol, por incendios, ahogamientos, picaduras de insectos, etcétera.

Y, obviamente, sin duda, es en las escuelas donde se generan algunos accidentes por la dinámica propia de la actividad que realizan ahí los jóvenes, pues hace necesario que el personal docente, maestros, alumnos, padres de familia estén capacitados para poder dar la atención inmediata a quien lo requiera en caso de un accidente.

Nadie estamos exentos de que seamos víctimas de uno de ellos, pero creo que sería muy conveniente que por otro lado estemos preparados para poder dar una atención de manera inmediata en lo que llegan las personas que estén capacitadas para dar una atención médica en caso de un accidente.

Por eso nos parece de suma importancia que la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Protección Civil, en coordinación con la propia Secretaría de Educación Pública, convoquen a una cruzada nacional para ampliar el conocimiento de los primeros auxilios, sobre todo, en las comunidades educativas, como ya lo comenté, en particular, en la educación media superior y superior.

Por eso es que en el grupo parlamentario estaremos votando a favor de este dictamen, pero también estaremos muy al pendiente de que las propias secretarías, la propia Secretaría de Educación Pública, pues, ponga en marcha este programa de   capacitación a todo su personal, también orientado a sus alumnos, para que tengamos por lo menos las nociones básicas para prestar primeros auxilios a alguna persona que así lo requiera.

Pero en tanto, estaremos votando a favor de este dictamen y, desde luego, agradecerles su atención.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Jesús Casillas Romero.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Xitlalic Ceja García: Con su permiso, señora Presidenta.

Solicité el uso de la palabra para manifestarme a nombre del grupo parlamentario del PRI, de las legisladoras y los legisladores, pero sobre todo, a nombre de los mexicanos para quienes lo más valioso en sus casas, que son sus hijos, tengan la certeza y la seguridad de la protección que requieren sus hijos.

Por tratarse de un tema noble, sensible, pero además urgente y necesario, el reto no es menor.

Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, en México hay 32.5 millones de menores de 15 años de edad.

Alumnos que requieren seguridad y la garantía de su integridad física, no solamente en casa, también en las aulas en donde permanece gran parte del día.

Reconocemos que emergencias como caídas, quemaduras, intoxicación, asfixia, ahogamiento en horas de clase, requieren de una inmediata y calificada atención.

Es por ello, las cifras son contundentes, el 45 por ciento de los accidentes que se registran en las aulas, se dan en las secundarais y preparatorias.

La primera emergencia de accidentes escolares son: lesiones.

Muchas veces son catalogadas como traumatismos craneoencefálicos y, por ello, atenderlos de manera oportuna, inmediata y calificada. De ello dependerá el poder salvarle la vida a lo que son nuestros tesoros y lo más valioso para los que somos padres.

Por ellos, los Diputados, las Diputadas, Senadores y Senadoras del PRI, votaremos a favor de este dictamen que les urge a las familias mexicanas.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Ceja García.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión del segundo dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a emprender acciones que permitan impedir y sancionar tanto la reproducción como la venta ilegal de uniformes distintivos de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. El dictamen esta publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La SecretariaDiputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Está a discusión. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión del tercer dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos estatales a realizar las reformas legales necesarias en materia civil y familiar para prohibir el matrimonio de personas menores de 18 años de edad. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, está a    discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señora Presidenta. Con el permiso de las y los Diputados y Senadores. Compañeras y compañeros:

La gran reforma constitucional de 2011 cambió el paradigma de la tutela de los derechos humanos en nuestro país. Se estableció el principio por persona, como eje rector de la interpretación y aplicación de la norma.

Ese mismo año también se incorporó a nuestro marco jurídico el principio de interés superior de la niñez, esto fue en octubre de 2011, una gran reforma.

Con esas modificaciones se dejó claro que todas las decisiones y actuaciones del Estado velarán por cumplir de manera plena y efectiva los derechos de la infancia.

Este principio ha guiado, desde entonces, el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, programas de gobierno, estrategias institucionales dirigidas a la niñez. De hecho ese principio y la reforma del 73 constitucional permitió el poder a esta Soberanía, a iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto, con su Iniciativa Preferente, que hoy tengamos en este país la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo, aún existen retos que debemos atender, un ejemplo es la homologación normativa federal de los códigos civiles con las entidades federativas que aún permiten el matrimonio de personas menores de 18 años.

Yo espero, de verdad, que los congresos locales ya se pongan las pilas, y que acaben de entender que ésta es una obligación, que la protección del interés superior de la niñez nos obliga a todos y que de verdad, lo digo con plena conciencia, pero además con la emoción de poder influir en ellos, que ya hagan la tarea que les toca hacer.

Resulta oportuno señalar que la legislación civil o familiar de diversas entidades no está armonizada con la Constitución, con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y con otros instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En algunas entidades se establece la mayoría de edad como un requisito para contraer matrimonio, a pesar de ello, también se prevé la figura de la dispensa o permiso por las personas que ejerzan la patria potestad sobre ellos, y eso atenta contra su interés superior. Peor aún, en algunos estados se contempla expresamente la posibilidad de que los menores de edad puedan contraer matrimonio.

Ante este panorama, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen, ya que consideramos, promueve el respeto efectivo a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

Estas acciones deben reforzarse a través de campañas de información sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes, así como también para programas integrales de sensibilización de las consecuencias negativas del matrimonio infantil. De no hacerse, estaremos contribuyendo a que continúen incrementándose los embarazos de adolescentes, que representan un riesgo porque sus condiciones físicas y emocionales aún no alcanzan plena madurez.

Compañeras y compañeros, la efectiva protección de los derechos de la niñez, niños y adolescentes sólo será posible a través del trabajo coordinado entre los Poderes de la Unión, las instituciones del Estado y los tres órdenes de gobierno.

Ante ello, resulta indispensable exhortar a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a realizar las reformas para erradicar el matrimonio de personas menores de 18 años. Derogar todas aquellas normas que sean incompatibles con los derechos de la niñez.

Estamos convencidos de que de hacerlo estaremos protegiendo, respetando y garantizando los derechos fundamentales de los menores de 18 años.

Y yo espero, de verdad, Diputadas, Diputados, Senadoras, Senadores, que los congresos estatales entiendan su responsabilidad, y que en este país erradiquemos de manera determinante ya, el matrimonio de los menores de 18 años.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora De la Torre Valdez.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Con permiso de las compañeras y compañeros legisladores.

El matrimonio infantil es una práctica que lacera y limita el desarrollo de las niñas, niños y jóvenes.

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el matrimonio no puede ser libre y completo cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión, con conocimiento de causa, sobre una pareja.

El matrimonio infantil, además de representación una violación para los derechos humanos de las niñas, los niños y jóvenes, también constituye un peligro para su salud en virtud de que los partos y maternidad a una edad temprana son de muy alto riesgo.

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que en el país 388 mil 831 niñas y niños, entre 12 y 17 años, están casados o viven en unión libre, y que representa el 3 por ciento de la población infantil.

Asimismo, de este grupo, cerca de 31 mil 558 niños y niñas tienen una edad entre 12 y 14 años. Son todavía unos niños.

El matrimonio infantil es un fenómeno que contribuye a incrementar la desigualdad de género, debido a que esta problemática lacera principalmente los derechos de las niñas.

Basta mencionar, que mientras que el porcentaje de hombres que se casaron siendo menores es de 3.9 por ciento, y el porcentaje de mujeres es más del 17 por  ciento.

Asimismo, resultan preocupantes los casos reportados sobre matrimonios forzosos de niñas que pertenecen, en especial, a comunidades de pueblos indígenas.

A fin de crear los mecanismos institucionales para erradicar este fenómeno, en el Congreso de la Unión establecimos en el artículo 45 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que las leyes federales y de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan como edad mínima para contraer matrimonio, 18 años.

No obstante, aún existen entidades que no han armonizado su legislación local para dar cumplimiento a dicho precepto.

Compañeras y compañeros: Con la aprobación del presente dictamen, no sólo se ponen en el contexto los problemas que derivan del matrimonio infantil, sino que también representa un llamado a los congresos locales que todavía no legislan en la materia para que en sus entidades se establezca como requisito para contraer matrimonio la mayoría de edad.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que es necesario erradicar el matrimonio infantil, porque éste representa un riesgo para la salud de las niñas, niños y adolescentes, y limita el pleno desarrollo situacional, por lo cual votaremos a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora Dorantes Martínez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión del siguiente dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita promover campañas informativas sobre las consecuencias para la salud derivadas del uso de tuberías y tinacos elaborados con asbesto y sobre los materiales de uso alternativo. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Con su anuencia, señora Presidenta.

Es un tema muy, resulta para nosotros, sobre todo para las madres de familia, es un tema que pareciera muy, muy trillado, pero para mí, cuando se trata de la salud de los seres humanos, es de la mayor importancia, y más cuando se usa en todos los instantes los servicios que tiene uno dentro de los hogares.

El asbesto es clasificado como un cancerígeno humano, por lo tanto, el uso de estos materiales representa un grave problema de salud pública, es un material que se utiliza en láminas, tejas, azulejos, productos de papel, o, inclusive, en partes automotrices como frenos, balatas y transmisión.

Por si esto no fuera suficiente, también es usado en materiales textiles, envases, paquetería y revestimientos, pero sobre todo, en los hogares con la conducción y almacenamiento del agua potable.

Es considerado como un problema de salud debido a que sus fibras se evaporan al aire, ni se disuelve al agua, es decir, al ingerir el líquido de la red hidráulica o al bañarnos estamos absorbiendo componentes considerados como cancerígenos.

Para tener claro su impacto basta decir que se ha comprobado que la ingesta de residuos de asbesto está relacionada con la aparición de cáncer de colon, pulmón, garganta y problemas gastrointestinales.

De acuerdo con diversas investigaciones, la exposición cotidiana puede derivar de inflamaciones corporales, dificultad para respirar, tos y daños permanentes en los pulmones, en la piel y en los propios ojos, que dice uno que es ceguera, o que trae problemas inflamatorios.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha registrado entre 1979 al 2010 al menos 3 mil 300 casos de este problema, pero se calcula que un subregistro del 70 por ciento, por lo que estos datos podrían ascender a más de 5 mil 600 personas enfermas relacionadas a este tema.

Ante este panorama la Organización Mundial de la Salud ha recomendado como primera medida suspender el uso de asbestos en todos los espacios para prevenir, contener y eliminar las enfermedades que provoca.

En este sentido, los tres niveles de gobierno deben instrumentar programas de sustitución de estos tubos de las redes públicas de distribución de agua potable.

Aunado a lo anterior, el grupo parlamentario del PRI considera fundamental que la Secretaría de Salud emprenda múltiples campañas informativas sobre los riesgos que para la salud representa el uso de asbestos en tuberías y tinacos en los hogares.

Compañeras y compañeros legisladores: Esta estrategia de comunicación debe tener como objetivo fundamental dar a conocer y sensibilizar a la población mexicana en relación a los peligros latentes por la exposición a las fibras de asbesto.

Es importante decir que estas son 200 veces más pequeñas que un cabello humano, pero cobran la vida por lo menos a 500 personas por cada año, sólo por la mesotelioma pleural y 100 por cáncer pulmonar.

Esta enfermedad es una de las más mortales conocidas debido a que la expectativa de la vida de un ser humano es sólo de seis meses una vez que se presenta la mesotelioma pleural a partir del diagnóstico.

Ante ello, en diversos países la utilización del asbesto está prohibido y en México aún sigue persistiendo en las tuberías del agua potable, en los tinacos y en cada uno de los hogares mexicanos.

Bajo estas consideraciones, reitero, que el voto de nuestro grupo parlamentario será a favor del presente dictamen por considerarlo de urgente, que nuestra niñez, nuestros adultos y nuestra población mexicana tenga conciencia de lo que representa el     asbesto, utilizarlo en nuestros hogares y en cada parte donde hay contacto con el ser humano.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora Domínguez Arvizu.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Xitlalic Ceja García: Con su permiso, señora Presidenta.

La falta de información respecto al daño que provoca el uso de asbesto para las tuberías o los tinacos parecería baladí tocar este punto; sin embargo, este punto de Acuerdo se reviste de singular relevancia toda vez que aborda una problemática real y que, además, a la que nos enfrentamos cotidianamente y que afecta gravemente la salud de las y los mexicanos.

Este material que se ha usado ampliamente en la construcción de la industria naval y automotriz, entre otras, pese a su utilidad y multiplicidad de usos, la exposición directa y permanente al asbesto acarrea graves riesgos a la salud y es importante tomarlo en cuenta.

Algunas investigaciones sugieren que existe una relación entre la exposición al asbesto   y el cáncer de colon rectal y gastrointestinal, tal como lo mencionaba la Senadora   Hilaria.

Y el cáncer, esto representa un riesgo tanto a la garganta, riñón, esófago y la vesícula biliar, aunque la evidencia aún no es concluyente.

También puede aumentar el riesgo de asbestosis, una enfermedad inflamatoria que afecta a los pulmones y causa dificultad para respirar, tos y daño permanente al pulmón, así como otros trastornos no cancerosos de estos órganos.

Las personas que presentan enfermedades vinculadas con el asbesto no muestran signos de la enfermedad por mucho tiempo después de la primera exposición, a tal grado que pueden transcurrir de 10 a 40 años para que aparezcan los síntomas de este padecimiento.

Dado el impacto de las enfermedades relacionadas con el asbesto a nivel global, ha sido uno de los temas de salud pública analizado por diferentes países europeos, organizaciones internacionales y también las No Gubernamentales.

La Organización Mundial de la Salud señala que uno de cada tres europeos puede estar expuesto al amianto, el cual es responsable de la mitad de las muertes por cáncer, debidas al trabajo.

De acuerdo con las nuevas estimaciones de las muertes por mesotelioma, en 15 países europeos cuestan a la sociedad más de 1.5 millones de euros al año.

En México se estima que existen 1,500 casos anuales de enfermedades y muertes relacionadas con la exposición al asbesto.

Por lo anterior, respaldamos el presente punto de Acuerdo presentado por nuestras compañeras Senadoras y Senadores del PRI para solicitar respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en estrecha colaboración con sus homólogas en las entidades federativas se promuevan campañas informativas sobre las consecuencias para la salud derivadas del uso de tuberías y tinacos con asbesto, y presenten información sobre los usos de materiales alternativos.

La prevención es importante para erradicar los riesgos que atenten contra la salud de todos los mexicanos.

Es cuanto, señora  Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Ceja García.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Solicito a la Secretaría dé lectura a un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva, con motivo del “Día de la Marina”.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al Acuerdo de la Mesa Directiva.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Está a discusión el Acuerdo al que se acaba de dar lectura.

En virtud de no haber oradores inscritos para hablar sobre este asunto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Compañeros legisladores: En la agenda del día de hoy está inscrito un punto de Acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo a implementar y poner en operación el conteo rápido para las elecciones locales del próximo 5 de junio. La Mesa Directiva determinó suscribirlo y hacerlo suyo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Diputada Presidenta.

Solamente para señalar nuestra posición a favor de este punto de Acuerdo, toda vez que empieza a existir debilidad por parte de los Consejeros de los OPLES locales en varios estados del país, y sin duda Quintana Roo es un foco rojo porque se están negando mecanismos democráticos como lo es, justamente, el conteo rápido en una elección, por una razón poco válida: argumentan que no hay presupuesto.

El conteo rápido da certeza a los resultados electorales y certeza es lo que necesitan los electores, y queremos que sigan saliendo a votar, que participen en los procesos político-electorales del país.

Y lo digo también como chiapaneco, como una advertencia. Ya en Chiapas el propio INE utilizó por primera vez sus facultades, tanto de investigación y de remoción de los Consejeros Electorales de un OPLE, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas, producto de malas decisiones que tomaron en la elección de mi estado el año pasado, particularmente con el tema de paridad y el asunto del voto en el extranjero.

Incluso el propio INE, por el voto de cuatro consejeros, había planteado que solamente tres fueran removidos, y después el propio Tribunal Electoral planteó y obligó al INE a remover a la totalidad de los consejeros.

Entonces, mucho ojo con estos nombramientos, mucho ojo con el ejercicio de los consejeros.

Nosotros hicimos esta reforma, nosotros le dimos nacimiento, parimos al INE, le dimos facultades extraordinarias tanto para el nombramiento y también para la remoción.

Entonces, creo que debe ser un tema de enorme preocupación y de enorme responsabilidad política a partir de un hecho: no pensemos que nuestra responsabilidad se acaba cuando aprobamos las leyes. Nuestra responsabilidad está también en su implementación.

Y ahí, en esos consejeros locales que empiezan a tomar malas determinaciones, es donde se nos empieza a ir de las manos en un ejercicio de normalidad democrática, como lo aspiramos todos.

Y lo digo porque siempre terminan siendo estados pobres del sur donde hay mayor debilidad. Quisiera ver que en la Ciudad de México, Nuevo León, Guadalajara ocurriera lo mismo, y seguramente habría muchísima más atención sobre los temas.

Aguas, de verdad, con el tema de la autonomía de los OPLES, de la intervención de gobiernos locales en las autoridades electorales.

Sin certeza, sin autonomía, sin un ejercicio pleno de la democracia a partir de una verdadera vocación, de convertirse en guardianes del proceso electoral, vamos a tener entonces una reforma política fallida y de la cual muchas veces ni siquiera se quiere hablar.

Entonces, la posición es a favor, y sin duda, trayendo este ejemplo de Chiapas, para que también los Consejeros Electorales en todos los estados donde hay elecciones este año, pongan sus barbas a remojar.

Es cuanto.

Gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Por no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantarla mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

Sonido en el escaño del Diputado Virgilio.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Pido un minuto de silencio por el fallecimiento de Mohamed Abdelaziz, Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática.

Lo anuncio, lo doy a conocer, como Presidente que soy de la Asociación Nacional de Amistad con la República Saharaui. El pueblo de Saharaui es uno de los más abandonados del mundo. Hace 40 años que está invadido por otro pueblo, por Mali, y ahí están sufriendo el abandono de décadas.

Ojalá que nuestro Congreso pueda mandar un mensaje de solidaridad al pueblo Saharaui.

Gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: La Asamblea ha tomado conocimiento, señor Diputado.






En el apartado de proposiciones, se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que solicita información sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos de la estrategia nacional de seguridad vial 2011-2020.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señora Presidenta.

Esta proposición con punto de Acuerdo tiene mucho que ver con lo que ya hemos discutido en esta Asamblea en sesiones pasadas, sobre todo cuando hablábamos de la contaminación en el Valle de México y en la zona conurbada de las 58 zonas metropolitanas del país, y que hemos visto los estragos que ha ocasionado el vehículo automotor, no solamente al medio ambiente, pues también en el tema de los accidentes viales.

Según el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud, al año mueren 1.3 millones de personas como consecuencia de accidentes viales, mientras que 50 millones aproximadamente sufren de traumatismos. Solamente en nuestro país 24 mil personas al año mueren en accidentes viales, estamos hablando que es la primera causa de muerte de jóvenes de entre 5 y 35 años.

Por esta causa quedan más de 50 mil personas lesionadas y con discapacidades de por vida, y más de 750 mil lesionados. Estamos hablando solamente de las consecuencias a la salud, inclusive las consecuencias de muerte que ocasionan los accidentes viales, y que también en términos económicos, representa entre el 1 y el 3 por ciento del Producto Interno Bruto; estamos hablando de más de 40 mil millones de pesos al año en pérdidas materiales originadas por los accidentes viales.

Como consecuencia de esta situación mundial, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 64/255 de marzo de 2010, determinó el Decenio de la Seguridad Vial. Este convenio lo suscribió nuestro país, y a través de la Organización Mundial de la Salud, pues establecieron cuáles fueron las medidas que deben adoptar los países que suscribieron este convenio para que de ahí surgiera el Plan Mundial del Decenio de la Acción para la Seguridad Vial.

Estamos prácticamente a 5 años y, pues los efectos, los accidentes siguen ahí, y los accidentes viales, en su mayoría, son prácticamente en más del 80 por ciento completamente prevenibles.

¿Qué ocasiona un accidente de tránsito?

Pues obviamente el exceder los límites de velocidad, no respetar los reglamentos de tránsito, conducir bajo los influjos de algún enervante, alcohol o droga, no tener el cuidado de revisar la situación mecánica de los automóviles, y obviamente también las condiciones de señalización en calles, en avenidas y en carreteras; es decir, prácticamente el 90 por ciento se puede prevenir, el 10 por ciento, pues hay quien es víctima de un accidente porque alguien fue imprudente o porque alguien no cumplió el reglamento o porque las condiciones para transitar no son las más adecuadas.

Por eso este punto de Acuerdo que estoy proponiendo, y pido su respaldo compañeras y compañeros legisladores, es que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, reconocer los esfuerzos que el gobierno federal y las entidades federativas del país han hecho, y con la finalidad de reducir al máximo los accidentes de tránsito y con ello los efectos negativos que esto ocurre.

Y el más importante, exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud y de Comunicaciones Transportes, a proporcionar un informe sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos de la estrategia nacional de seguridad vial 2011-2020, con el propósito de contribuir a reducir las lesiones, discapacidades y muertes por accidentes de tránsito en la red carretera federal y en las vialidades urbanas, así como promover el fortalecimiento y mejora de los servicios de atención médica prehospitalaria e intrahospitalaria por este tipo de accidentes.

¿Por qué estoy solicitando, señora Presidenta, que esta proposición sea de urgente y obvia resolución?

Nosotros tenemos la decisión, si queremos más muertes, en este momento alguien está perdiendo la vida en un accidente vial, alguien está quedando lesionado en este momento a causa de un accidente vial, alguien va a quedar discapacitado de por vida, y con esto lo que conlleva el trance de tener una familia, a una persona lesionada de por vida que puede ser quien lleve el sustento al hogar y que en el futuro ya no podrá hacerlo.

Y por eso es que lo solicito de urgente y obvia resolución, en razón de que, pues ya no queremos más muertes, no queremos más lesionados y que podamos hacer este informe y hacer las contribuciones necesarias desde el ámbito de la competencia de esta Comisión Permanente al Congreso de la Unión para evitar, insisto, que se sigan generando más accidentes en el país.

Por su atención y su respaldo, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA INFORMACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO FEDERAL, SOBRE LOS AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2020, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A REDUCIR LAS LESIONES, DISCAPACIDADES Y MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el “INFORME SOBRE LA SITUACIÓN MUNDIAL DE LA SEGURIDAD VIAL” de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al año mueren más de 1.3 millones de personas como consecuencia de accidentes viales mientras que 50 millones sufren traumatismos. De acuerdo con esta organización, el 62% de las víctimas reportadas por estos accidentes ocurre en tan sólo diez países: India, China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Brasil, Irán, México, Indonesia, Sudáfrica y Egipto.

Este informe dio a conocer que son los países de ingresos bajos y medianos los que presentan una mayor cantidad de víctimas. En este contexto, los usuarios más vulnerables son principalmente los peatones, ciclistas y motociclistas que no viajan en una estructura que los proteja de cualquier percance.

En este sentido, las colisiones de vehículos de motor tienen una repercusión económica del 1% al 3% en el PNB respectivo de cada país. Así, este problema constituye uno económico además del evidente en salud pública, pues de acuerdo a la Secretaría de Salud, en México los accidentes viales son la primera causa de muerte de niños de 5 años a jóvenes de 35 años de edad. Más de 24 mil personas fallecen en México al año por esta causa, 40,000 quedan con discapacidad permanente y más de 750,000 lesionados.

Con motivo de la gravedad de este fenómeno, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), mediante resolución 64/255, de marzo de 2010, proclamó el periodo 2011-2020 como “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo general de “estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial”.

En dicha resolución se solicitó a la OMS y a las comisiones regionales de las Naciones Unidas que, en cooperación con otros asociados del Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial y otros interesados, preparen un plan de acción del Decenio como documento orientativo que facilite la consecución de sus objetivos.

Así surgió el PLAN MUNDIAL PARA EL DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL, formulado por el grupo de colaboración de Seguridad Vial de Naciones Unidas, donde se proponen estrategias y acciones para alcanzar la meta de disminuir al 50 por ciento los heridos y victimas mortales por percances viales en diez años.

En mérito de lo anterior, el 12 de mayo de 2011, los Secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Salud, suscribieron el acuerdo que dio a conocer la ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2020, “con el propósito de contribuir a reducir las lesiones, discapacidades y muertes por accidentes de tránsito en la red carretera federal y vialidades urbanas, así como promover el fortalecimiento y mejora de los servicios de atención médica pre-hospitalaria e intra-hospitalaria por accidentes de tránsito” con lo que el Gobierno Mexicano estableció el compromiso y adhesión al Decenio de Acción para la Seguridad Vial. Esto fue formalizado el 6 de junio del mismo año mediante la publicación de la Estrategia en el Diario Oficial de la Federación.

A la fecha ha transcurrido poco más de la mitad del plazo fijado (Decenio) para cumplir el compromiso de hacer lo necesario para reducir a cuando menos la mitad el número de muertes por accidentes viales, en el que se ha avanzado, pero no como se quisiera y menos, de manera proporcional conforme al plazo transcurrido.

Por ello, es necesario intensificar las acciones, tanto ejecutivas, como legislativas, por lo que a su vez, también se hace necesario contar con información lo más precisa posible acerca de los avances, las estadísticas, las causas más persistentes y con ello visualizar los pendientes, como ya se dijo, para apremiar e intensificar las acciones necesarias para lograr el compromiso internacional y el cometido nacional en bien de nuestra población.

Queda poco tiempo, menos  de la mitad del decenio y vamos lento, pese a los esfuerzos que son de reconocerse a los gobiernos tanto federal como de todas las entidades federativas del país, por ello, que la propuesta en concreto es solicitar la información en los términos descritos en el presente documento.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce los esfuerzos del gobierno federal y las entidades federativas del país para reducir al máximo los accidentes de tránsito y con ello los negativos impactos que implican para los mexicanos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y Comunicaciones y Transportes, a proporcionar un informe sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos de la ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2020, “con el propósito de contribuir a reducir las lesiones, discapacidades y muertes por accidentes de tránsito en la red carretera federal y vialidades urbanas; así como promover el fortalecimiento y mejora de los servicios de atención médica pre-hospitalaria e intra-hospitalaria por este tipo de accidentes.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y como lo establece el Resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sanciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Secretaría, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Genoveva Huerta Villegas, del grupo parlamentario del PAN.

La Diputada Genoveva Huerta Villegas: Señoras y señores legisladores:

El día de hoy discutimos este tema que es de vital importancia, un tema sobre el que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha puesto mucho interés, pero sobre el que también hemos presentado diversos puntos de Acuerdo, que es precisamente la seguridad vial.

Ante la proclamación del Plan Mundial emitido por la ONU, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el Acuerdo por el que se da a conocer la estrategia nacional de seguridad vial 2011-2020.

Sin embargo, las cifras sobre accidentes que se producen en nuestro país, siguen siendo muy altas, la situación que se presenta en las carreteras relacionadas con los accidentes es sumamente delicada.

México comparte con otros países del orbe, ser una de las naciones en donde más accidentes viales ocurren.

Lo anterior con la Organización Mundial de Salud, el 62 por ciento de las víctimas reportadas por estos accidentes ocurre en tan sólo 10 países, la India, China, Estados Unidos, la Federación de Rusia, Brasil, Irán, México, Indonesia, Sudáfrica y Egipto.

Dentro de las carreteras que registran el mayor número de accidentes son la México-Querétaro, Puebla-Córdoba, Querétaro-San Luis Potosí y Coatzacoalcos-Villahermosa.

Teniendo en cuenta estos datos, consideramos prioritario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, atienda con toda eficacia los puntos de conflicto vial que presentan estas carreteras, debido a que es urgente disminuir los accidentes de tránsito que se presentan con frecuencia y que dejan muchas pérdidas humanas, lesionados y cuantiosos daños materiales.

Es determinante que la dependencia realice con recurrencia auditorías en seguridad vial, a fin de que informe sobre posibles deficiencias o carencias potenciales en la infraestructura vial que pudieran ser causantes de accidentes o aumentar la severidad del mismo, y con ello reducir la probabilidad de que ocurra algún accidente fatal o que alguna persona sufra una discapacidad a consecuencia de problemas de este tipo.

Nuestra compañera Diputada del PAN, Verónica Agundis, presentó en días pasados, un punto de Acuerdo que esperemos sea valorado también en la comisión correspondiente de esta Comisión Permanente, con el objeto de que las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para que en términos de sus atribuciones promuevan campañas de educación vial, que contribuyan a distribuir y consolidar en la sociedad una cultura vial en favor de las personas con discapacidad.

Hago referencia a este punto de Acuerdo, porque en el PAN estamos convencidos de que la prevención de los accidentes viales debe llevarse a cabo a través de políticas públicas integrales, a través de la educación, de la óptima realización del buen estado de los caminos, de las carreteras y de la concientización ciudadana sobre las buenas maneras y cuidados de atender al manejar un vehículo.

La política pública debe estar enfocada a la seguridad vial, estableciendo en todo momento acciones que prevengan accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y salud de las personas.

Si bien no estamos de acuerdo en hacer un reconocimiento al gobierno federal y a las entidades federativas por sus esfuerzos para reducir los accidentes viales, porque en la realidad o más bien lo que percibimos es totalmente contrario.

Si estamos a favor de que las Secretarías de Salud; y de Comunicaciones y Transportes, informen sobre los avances de la estrategia que antes mencione, la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 con la finalidad de que en este Congreso tengamos mayores elementos de juicio y estemos más atentos a este tema tan importante para la vida y para la salud de todas y de todos.

Es cuanto.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Huerta Villegas.

Al no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, aprobada la propuesta. Comuníquese.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a implementar acciones tendientes a evitar que los programas sociales de la Ciudad de México sean utilizados con fines político-electorales.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señora Presidenta.

La finalidad de este punto de Acuerdo y tratando además de conciliar con los demás partidos políticos.

Primero destacar, como ustedes saben que el domingo tenemos proceso electoral en la Ciudad de México, se estarán eligiendo 60 Constituyentes que formarán parte de la Asamblea Constituyente encargada de revisar la redacción de la propuesta de Constitución que enviará el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Me parece muy importante que previo a la elección del domingo que todos los partidos políticos, los ciudadanos pretendemos sea una elección transparente, sea una elección democrática, sea una elección libre en la que salgan la mayoría de los capitalinos a votar.

Desafortunadamente muchas de las consultas hacia los ciudadanos, nos muestran que no votarán la mayoría de los capitalinos, y digo desafortunadamente porque siendo un tema tan importante debiéramos haber logrado despertar ese interés en todos.

Y lo que quiero destacar es la Asamblea Constituyente, será una prioridad para la Ciudad de México en los próximos meses, ¿por qué? porque ahí estará plasmada en esta Constitución, los derechos de las y los capitalinos, la organización que se hará de la Ciudad de México para hacer de los gobiernos delegacionales, ya alcaldías, gobiernos eficientes y eficaces que respondan a las necesidades de la gente.

Y quiero destacar y por eso la presentación de este punto de Acuerdo, se han hecho diversas denuncias ante la Fiscalía, por ejemplo, denuncias en donde tenemos un ejemplo clarísimo en la delegación Coyoacán, en donde se repartieron tinacos en la colonia Ajusco de esta delegación, estamos hablando de 10 mil tinacos, pudimos ver las fotos en diferentes medios de comunicación.

Se presentaron, incluso, denuncias ante la Fiscalía y algunas otras instancias, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que, bueno pues ha podido constatar que sí se entregaron estos cerca de 10 mil tinacos, pidiendo concretamente el voto a favor del Partido de la Revolución Democrática.

Esto ocurrió en la delegación Coyoacán, no estamos aquí generalizando que haya ocurrido en toda la Ciudad de México, pero tememos que estar alertas de aquí al domingo para que este tipo de hechos no se sigan llevando a cabo, e insisto, sabemos que desafortunadamente es una práctica que se da en la mayoría de los estados de este país, pero no por eso guardaremos los Diputados y Senadores de Acción Nacional, silencio ante lo que está ocurriendo en esta ciudad.

Y por otra parte, también hay un programa que se impulsó el mes pasado, que es el Programa de Empleo Temporal, implementado y dirigido hacia 2,500 trabajadores temporales, contratados por la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, que están recibiendo un salario bruto de más de 4,500 pesos mensuales.

Esto arrojaría la cifra de más de 11 millones de pesos que el Gobierno de la Ciudad está utilizando para que durante el mes de mayo, junio y julio se reparta esta cantidad a 2,500 trabajadores temporales.

Nosotros por supuesto quisiéramos que todos tuviesen un empleo en esta ciudad, de hecho estamos buscando, platicado ya con algunos compañeros del PRD, adecuar el Segundo Resolutivo, que tiene que ver con que se supervise este Programa de Empleo Temporal, sobre todo para que no sea mal usado.

Me parece muy importante que impulsemos este tipo de programas, que beneficiemos a los ciudadanos, pero tenemos que hacer todo lo necesario para blindar este tipo de programas y que no sean utilizados con fines político-electorales.

Los resolutivos, el primer resolutivo que estamos proponiendo ante ustedes:

“Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, al Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, al Titular de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, al Contralor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus facultades, se implementen acciones tendientes a evitar que los programas sociales de la Ciudad de México sean utilizados con fines político-electorales, así como también sancionar a los servidores públicos que violen esta prohibición”.

Tenemos las pruebas, han sido presentadas ante diferentes instancias, que sobre todo esto ha ocurrido con servidores públicos de la delegación Coyoacán.

“Segundo.- Por otra parte también, que se supervisen los Programas de Empleo Temporal, implementados a partir del mes pasado y que tendrán una duración de tres meses, para que no sean manipulados y realmente llegue a la gente que más lo necesita”.

“Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Jefe Delegacional de Coyoacán, de la Delegación Coyoacán para que respete el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aplique con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Estos serían los tres resolutivos, insisto, me parece importante que previo al proceso electoral que tendremos en la Ciudad de México, las cosas se lleven a cabo con total cordialidad para que tengamos una Asamblea Constituyente robusta, una Asamblea Constituyente emanada de la decisión libre de los capitalinos, y no por presión de ningún partido político, por recibir el voto de los ciudadanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y como lo establece el resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre el asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Virgilio  Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señora Presidenta.

Me refiero también al uso indebido del Programa de Empleo Temporal, entre otras causas.

La contienda electoral del próximo 5 de junio, creemos, puede cambiar de manera sustancial el mapa político del país, no sólo porque hay probabilidades de que Morena, a menos de 2 años de haber obtenido su registro, obtenga al menos 2 gubernaturas, sino porque se posicionaría por segunda ocasión consecutiva como la primera fuerza en la Ciudad de México.

Ese temor hizo que los partidos se pusieran de acuerdo para imponer el 40 por ciento de los Constituyentes y garantizar que no haya una mayoría arrolladora de nuestro partido en la revisión de la Constitución de la Ciudad de México, una mayoría que se obtendría si se eligiera el 100 por ciento de los Constituyentes, como debiera ser en las urnas.

El próximo 5 de junio, los habitantes de la Ciudad de México refrendarán su voto a favor de un cambio por la transparencia y en contra de la corrupción.

La desesperación de los otros partidos se ve claramente en los discursos que difaman y recurren a todo tipo de descalificaciones para tratar de contrarrestar la fuerza de Morena en la capital del país.

El partido en el poder en esta ciudad ha caído en el exceso, ha establecido alianzas con el partido de la derecha para mantenerse en la contienda, y en la Ciudad de México ha recurrido a las prácticas corporativas que han caracterizado por años al PRI y al PAN para tratar de incidir en la voluntad ciudadana en las urnas el próximo domingo.

Morena ya ha denunciado el uso discrecional y con fines electorales del Programa de Empleo Temporal, el cual debería estar suspendido durante las campañas, de acuerdo con lo que establece la propia ley y las circulares, que para tal efecto se han emitido, mismas que se describen en el punto de Acuerdo que hoy proponemos.

Mañana concluye el periodo de campañas y el daño está ya hecho.

Sin embargo, no podemos seguir permitiendo que los malos funcionarios queden impunes y que sean nuevamente los artífices para los procesos electorales venideros.

Con las denuncias interpuestas ante la FEPADE y las pruebas que se anexan en el expediente respectivo, presento a nombre del grupo parlamentario Morena, la propuesta con punto de Acuerdo para solicitar:

Primero.- El exhorto respetuoso a la Contraloría General de la Ciudad de México, para que investigue, y en caso aplique las sanciones que correspondan con las consecuencias jurídicas que deriven a los funcionarios responsables de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Tesorería y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por manejo ilícito de recursos y entrega de apoyos económicos.

Segundo.- Un exhorto a la FEPADE para que dé curso a las denuncias interpuestas por la representación de Morena, investigue y sancione los diversos delitos electorales que hayan cometido los diferentes funcionarios de la Ciudad de México, violando los principios constitucionales rectores en materia electoral.

Es todo. Gracias.

El Diputado Edgar Romo García: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Sonido en el escaño del Diputado Edgar Romo García.

El Diputado Edgar Romo García: (Desde su escaño) Sólo, señora Presidenta, para una moción de orden.

Estamos en la discusión del punto de Acuerdo que presentó la Senadora Mariana Gómez del Campo, de Acción Nacional, sobre el que solicita implementar acciones tendientes a evitar programas sociales de la Ciudad de México, y es el que se está poniendo a discusión.

Sólo para hacer una moción de orden, que no es el momento para que Morena presente un punto de Acuerdo propio.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Efectivamente, Diputado, está usted en lo correcto.

Tiene la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señora Presidenta.

Qué bueno que la Comisión Permanente empieza, además de tratar otros temas importantes, sin duda, pues, empieza a ejercer su responsabilidad de poner atención al proceso electoral de nuestro país.

Cerca del 40 por ciento de la población está eligiendo a sus autoridades. Sin duda, uno de los procesos, pues, más llamativos, más innovadores, pues es el del Constituyente.

Pero que no se nos olviden las otras dos elecciones o ¿de esas no queremos hablar? Porque, efectivamente, hay que hacer llamados a la FEPADE, a las autoridades electorales, como lo plantean aquí en el resolutivo, que se suspendan, que se verifiquen de una mejor manera los programas sociales en todo el país.

¿O qué hacemos con el caso de Veracruz donde el delegado de la Sedesol, incluso, tuvo que renunciar? ¿Qué hacemos en Quintana Roo donde, ya se mencionó hace un rato, no van a hacer el PREP y el conteo las encuestas de salida a partir de la falta de recursos? ¡Ah! pero ha habido un montón de recursos para los candidatos del PRI y del Verde. ¿Qué hacemos en Oaxaca donde se acaban de encontrar despensas de uno de los candidatos? Entonces, no se vale, creo que es incorrecto que se toquen los temas electorales siempre y cuando sólo sean los del Distrito Federal, es una elección fundamental importantísima, y yo estoy de acuerdo que se tiene que supervisar de mejor manera el Programa de Empleo Temporal, pero no podemos tener la doble moral de decir:

“Solamente en el Distrito Federal se utiliza el Programa de Empleo Temporal para fines electorales”, “solamente en el Distrito Federal se están utilizando programas sociales”, “solamente la FEPADE tiene que revisar lo que hace en la Ciudad de México”.

No compañeras y compañeros, tenemos que ser responsables, la lealtad que nos merece es el país y el proceso democrático, tenemos que asumirlo y asumirlo de a de veras como representantes populares que buscan salvaguardar el proceso democrático, no solamente intentar generar una denuncia que puede estar muy bien fundamentada, pero solamente en un espacio público donde gobierna un partido diferente al del gobierno federal.

Entonces, enhorabuena, qué bueno que se empiezan a discutir los temas un poco tarde, porque ya es la última sesión de la Permanente antes de que nos vayamos a la elección, quizá aquí deberíamos haber discutido qué estaba pasando en todos estos estados, qué está pasando en lugares donde al parecer la violencia y esta percepción de que va a haber inseguridad el día de la elección puede afectar y disminuir la participación electoral.

¿Por qué no hablamos de Tamaulipas? ¿Por qué no hablamos de Sinaloa? ¿Por qué no hablamos de Durango? ¿Por qué no hablamos de Zacatecas?

Entonces, seamos responsables, adelante con que se discutan cuestiones de la Ciudad de México, sin duda, el Constituyente no debe mancharse a partir de una elección en la que pudiera haber datos como éste, y lo digo de manera clara, si hay faltas por parte de funcionarios públicos electos por el PRD, pues que se investigue, pero que se investigue en todos lados, el mismo rasero para todos.

Lo hemos dicho aquí, la normalidad democrática de nuestro país se va a dar cuando en cualquier rincón de la nación se puedan ejercer los derechos políticos de la misma manera, en el momento en que cualquier lugar, así sea la ranchería más alejada, puedan tener los mismos impactos en la prensa, en la atención de los propios legisladores con esta enorme preocupación, entonces, podremos hablar de normalidad democrática, antes no.

Y siempre caemos en esa visión centralista de decir sólo lo que pasa en la Ciudad de México es relevante y digno de discutirse en esta tribuna, también lo de los otros estados, señoras y señores, también lo de los otros estados debemos discutirlo.

Vamos a hacer un planteamiento para que podamos avanzar con este punto de Acuerdo y se replantee para que sea una posición de la Comisión Permanente a todos los estados en donde hay elecciones, la Ciudad de México en el Constituyente y las doce elecciones a gobernador.

Claro que hay que llamar a la FEPADE, claro que hay que llamar a los institutos electorales, claro que hay que supervisar los programas sociales en todo el país.

Como Senador por Chiapas yo no puedo permitir que siempre los estados más pobres, lo más lejanos, se les traten de una manera diferente.

El Senado y la Comisión Permanente quieren hacer un pronunciamiento electoral, que lo hagan de a de veras en todo el país.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Permítame, señora Secretaria. La única que se está discutiendo es la que presentó la Senadora Mariana.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Señora Presidenta, una moción.

El grupo parlamentario del PRD está solicitando poder presentar una modificación a los tres resolutivos del dictamen que se está discutiendo y que se va a votar, entonces, sólo para aclarar qué es lo que se está votando, no hemos ni presentado las modificaciones, si hubiera tolerancia para poderlas presentar y después aprobar o rechazar esas modificaciones.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Senador, si no se ha presentado por escrito, estamos en el entendido de que no se ha presentado. Vamos a dar trámite exclusivamente a lo que está en discusión.

Tiene la palabra el Diputado Guadalupe Acosta Naranjo.

El Diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Yo no pensaría por qué se pudieran oponer a que hiciéramos un llamado general.

¿Cuál sería la razón para que el PRI y el PAN se negaran a que el llamado fuera a que todo el conjunto de autoridades, actúen en el marco de la ley y de la Constitución, y se pueda hacer este llamado para que el proceso electoral del próximo domingo, trascurra en el marco de la normalidad democrática y del amparo constitucional?

¿Por qué oponerse?, ¿habría algo que esconder?, ¿habría algún gobernador que proteger? ¿Nada más hay quejas en el Distrito Federal?

Yo presido la Comisión Especial que esta propia Comisión Permanente nombró de seguimiento a los procesos electorales, y ahí se han llevado inquietudes del conjunto del país.

¿Cuál sería la razón para hacer solamente un llamado a alguien en particular?

Es como si dijésemos, bueno, aquí en este llamado que se incluya, pues, al gobierno de la Cuauhtémoc, que también tiene quejas interpuestas en la FEPADE, habría oposición en Morena de que también ahí se pusiera atención, se vigilara, se revisara que el marco legal y constitucional se cumpliera, no creo que el Diputado Virgilio se opusiera a hacer ese exhorto, no habría razón, o que el PRI quisiera que en Tamaulipas no se hiciera, o que en Veracruz no se tocara.

Bueno, me parecería de verdad que sería una situación anormal, y quienes se opusieran a hacer esto solamente le van a dar la razón a quienes sospechan de que en esos lugares hay algo que ocultar, y viven una situación anormal y extraterritorial.

El único llamado y exhorto que vamos a hacer, para nada más para la Ciudad de México.

Reflexionen, yo pido a la bancada del PAN y a la bancada del PRI, a la bancada de Morena que reflexionen porque el mensaje es muy malo; ya las elecciones son el próximo domingo, y nada más vamos a hacer el único llamado a la Ciudad de México.

No estoy de acuerdo a que se haga un llamado a la Ciudad de México, queremos votar a favor de eso, no nos oponemos a que se haga este exhorto, pero ustedes si se oponen a que se haga en Puebla o a que se haga en Veracruz o en Tamaulipas o en Quintana Roo.

Me parece, si quieren vótenlo, pero me parece que están en un problema ustedes, en un grave problema de congruencia, legalidad y de lo que debería ser correcto para este poder del Estado mexicano.

Muchas gracias.

Ese exhorto no lo tiene ni Obama.


PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Acosta Naranjo.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

A ver, aquí se ha venido a hacer una imputación como si fuese un punto de Acuerdo de excepción, ese no es el supuesto.

Lo que ha aludido la Senadora es un hecho específico que se dio, que ni siquiera lo ha imputado al gobierno de la Ciudad de México, lo imputó a una de las jefaturas delegacionales; claramente señaló que ni una conducta propia del gobierno de la Ciudad ni de quien lo encabeza, sino hechos aislados o circunscritos a lo que es la demarcación territorial de Coyoacán.

Pero, también es cierto que tienen, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, la posibilidad de plantear en el momento procesal oportuno, que no es ahorita, una mejor redacción, una redacción que les parezca que es eficientemente abstracta y general y que abarca a todos los posibles supuestos de participación indebida de autoridades municipales, estatales y por supuesto federales.

Nosotros no tenemos empacho en escuchar su propuesta, y se hace una propuesta que deje claro que se condena por igual cualquier intervención que se pueda dar por la flaqueza humana a nivel estatal, municipal o federal depende de lo bien hecha que esté hecha además de su redacción.

Han tenido mucho tiempo para formularla, pero a nosotros no nos va a quedar grande el llamado que hace el Presidente de la Comisión de Fiscalización, no nos va a quedar grande la política.

Y para ser muy sinceros, el que no vote por algo que aplique por igual a todos los gobiernos, le está quedando grande la política.

No se equivoquen, compañeros del PRD, a los legisladores del PAN no nos va a quedar grande la política el día de hoy.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Döring Casar. No hay más oradores inscritos.

Debo recordar que ya le dimos a esta proposición con punto de Acuerdo, trámite de urgente resolución y en consecuencia se tiene que someter a votación. También aclaro que no hemos recibido en la Mesa Directiva ninguna propuesta alternativa.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo que fue presentada por la Senadora Gómez del Campo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a hacer el aporte financiero correspondiente al año 2016 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Es un tema que preocupa y nos debe preocupar a México como Estado parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque a partir del 23 de mayo hubo una noticia que francamente nos impactó mucho, conocer la situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite en un comunicado formal donde señala, voy a resumir, tres aspectos que parece que son importante conocer.

En primer lugar, la información respecto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atraviesa por una crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas acordes a su creación.

El segundo aspecto, tiene que ver con que el 31 de julio de este año se vencen los contratos del 40 por ciento del personal de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no se cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibir fondos, para poder renovar esta plantilla del 40 por ciento de sus empleados y personales expertos, etcétera.

Y además un tercer aspecto, que tiene que ver con que se ha visto obligada, por esta situación de crisis económica, a suspender la realización de las visitas que ya tiene previstas para este año, así como los periodos de sesiones, tanto la sesión 159 como la 160 de trabajo, que estaban programadas originalmente para julio y octubre, respectivamente.

Este hecho de crisis financiera tiene como resultado el desmantelamiento de áreas esenciales que son indispensables para el cumplimiento del mandato de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tengo además que dar una información puntual respecto de que este año los únicos países que han aportado sus recursos como debe ser y como es la obligación que se asume por la vinculación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solamente fueron Argentina, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay; siendo Estados Unidos el país con mayor aportación, algo que hasta hace poco sabíamos era uno de los países con grandes deudas no solamente a la Comisión, sino también a la Organización de Estados Americanos, que hoy se ha puesto al corriente y eso ha permitido que cuando menos el 60 por ciento pueda seguir estando en su trabajo como parte del personal de la Comisión.

Nos preocupa mucho que México sea uno de los países que no están aportando sus recursos para que la Comisión pueda seguir funcionando en tiempo y forma a partir de todos los programas que tiene inscritos para este año.

Nos parece que el llamado que hace la Comisión a todos los países miembros, a los países observadores y también a posibles donantes para que haya aportes financieros urgentes y de libre disposición para lograr que no se siga desmantelando la Comisión, es una preocupación de la Comisión Permanente del Senado de la República.

Agradecemos mucho que siendo un tema de política exterior, hoy en el ánimo de la Comisión Permanente, conformada también por integrantes de la Cámara de Diputados, se haya logrado inscribir este punto de Acuerdo que estamos presentando de manera de resolverse de urgente resolución el día de hoy aquí, de tal manera que hemos conciliado un punto resolutivo que, sin más, me voy a permitir leer, por obviedad del tiempo, pidiéndole, señor Presidente de la Mesa Directiva, se inscriba el punto de Acuerdo de manera textual, como lo presentamos, y solamente voy a concretar el punto resolutivo que nos ha unido en este propósito, agradeciendo de antemano la disposición de todos los grupos parlamentarios para poder consensuarlo.

Único.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal a que informe sobre el aporte financiero, que le atañe al Estado mexicano, correspondiente al año 2016, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de asegurar su adecuado funcionamiento para el cumplimiento de su mandato.

Así quedaría inscrito el punto resolutivo. De tal manera que le solicitaríamos pueda ser aprobado por urgente resolución.

Muchas gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Senadora Angélica de la Peña ha presentado una modificación a la proposición que inicialmente inscribió.

Voy a consultar a la Asamblea, a través de la Secretaría, si se admite a discusión la propuesta; de ser el caso, discutiremos la proposición, eventualmente si se da la urgente resolución, con la modificación planteada por la Senadora De la Peña Gómez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite la modificación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, consulte ahora a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución, ya con la modificación realizada a la proposición inicialmente presentada.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Es de urgente resolución y está a discusión. Se abre el registro de oradores.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tiene el uso de la palabra el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a coordinar la elaboración de un diagnóstico nacional sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno en México.

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El desplazamiento forzado interno es un fenómeno que cada día cobra más víctimas en México, que cada vez se presenta como una forma de violencia y de violación sistemática a derechos humanos, pero se trata de un fenómeno al que México no ha querido voltear a ver con determinación.

El desplazamiento forzado interno se manifiesta cuando las personas se ven obligadas a abandonar, o mejor dicho a huir de su lugar de residencia a causa de conflictos violentos o de violaciones a sus derechos. Se trata de personas que se ven victimizadas de manera sistemática y se encuentran en un estado de indefensión, ya que al obligarlas a abandonar sus lugares de residencia se hacen vulnerables a otro tipo de delitos, como secuestros, robos, extorsiones o violaciones.

Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó el primer Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, en donde se señala que casi 40 mil mexicanos son víctimas de este fenómeno, aunque organizaciones civiles han estimado que la cifra puede superar a los cientos de miles.

Justamente por el no reconocimiento de esta problemática, México carece lamentablemente de un diagnóstico y de cifras fidedignas sobre la magnitud del desplazamiento forzado. Los estados con mayor incidencia de este fenómeno son: Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Durango, Oaxaca y Chiapas, de acuerdo con la propia investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las principales causas de desplazamiento forzado interno en México son, por un lado: la situación de violencia generalizada en algunas regiones que involucran un clima de extorsión, conflictos internos permanentes y la presencia armada, tanto civil como militar y, por otra parte, el desarrollo de megaproyectos de infraestructura.

Con este informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un llamado al Estado mexicano para prestar atención a la magnitud del problema que representa el desplazamiento forzado interno.

Pero valga mencionar que desde hace unos meses en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México, emitió una serie de recomendaciones al respecto que no han sido atendidas por nuestro país todavía.

Valga citar la respuesta que la Secretaría de Gobernación dio al grupo investigador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apenas en octubre de 2015.

Dice textual: No se acredita la existencia de ninguno de los elementos necesarios para la presencia de un desplazamiento forzado interno, por lo que no es posible su reconocimiento, ya que, cito textual: si bien existe movilidad por causas de violencia, ésta no es de carácter generalizado.

Tomando con mucho respeto y mucha reserva la respuesta de la Secretaría de Gobernación, me parece que México debe atender esta especie de vacío institucional y normativo para atender un fenómeno que evidentemente se presenta.

En Movimiento Ciudadano creemos que este tema debe de hacerse visible en la agenda pública y debe de inscribirse en una amplia estrategia de defensa y promoción de los derechos humanos, que desafortunadamente hoy no transita por el mejor momento en nuestro país.

El desplazamiento forzado interno se inscribe en un espiral de violación de derechos humanos que no puede ser desatendido por un Estado que busca garantizar o que pretende garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Por eso el día de hoy, y atendiendo a las recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, es que presentamos primero este punto de Acuerdo que pedimos sea considerado de urgente resolución, y que hemos atendido y consensado, tratando de consensar con algunos grupos parlamentarios.

Lo voy a leer textualmente en los términos en los que lo estamos proponiendo:

Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que informe sobre el estado que guarda el diagnóstico nacional sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno en México, incluyendo la creación de un registro estadístico nacional y la adopción de medidas y políticas acordes con los Principios Rectores del Desplazamiento Interno. De la misma manera se exhorta a informar sobre las acciones para atender las recomendaciones emitidas en materia de desplazamiento forzado interno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su “Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México”, así como también las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México”.

Igualmente, anunciamos la presentación de una iniciativa para que se emita una Ley General en la materia de desplazamiento forzado interno, reformando el artículo 73 de la Constitución para facultar justamente al Congreso de la Unión a expedir la legislación en la materia debiendo contemplar como mínimo los derechos de las víctimas, las obligaciones del Estado, las medidas preventivas y de no repetición del daño, las medidas de atención integral del daño y, por supuesto, las sanciones.

Con estas propuestas, Movimiento Ciudadano no pretende descubrir el hilo negro, por el contrario, estamos haciendo eco de lo que ya han señalado los organismos defensores de derechos humanos durante años y venimos a darles voz a las víctimas que no están siendo visibilizadas y que exigen que el Estado mexicano dé una respuesta puntual.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo.

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Diputado del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE COORDINE LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO NACIONAL SOBRE EL FENÓMENO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN MÉXICO, INCLUYENDO LA CREACIÓN DE UN REGISTRO ESTADÍSTICO NACIONAL Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS Y POLÍTICAS ACORDES CON LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO, ADEMÁS DE CUMPLIR A CABALIDAD LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN ESTA MATERIA POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ESTA MATERIA, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno de la Organización de las Naciones Unidades (ONU), definen el fenómeno de desplazamiento forzado interno en los siguientes términos:

“…las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.1

La necesidad de buscar un lugar donde se puedan refugiar de dichos actos de violencia vulnera severamentela dignidad de la ciudadanía y constituye un hecho victimizante que a su vez provoca fragmentación y desintegración de familias o comunidades, por lo que debe ser abordado por las autoridades con responsabilidad y políticas eficaces.

En el informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en México” presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de fecha 18 de agosto de 2014, enuncia que la principal causa del desplazamiento forzado interno en México es la situación de violencia.2

En este mismo sentido, recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó el primer Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, en donde refleja que este es un problema que afecta más de 35,000 personas, y que ha ido en aumento principalmente por la escalada de violencia en diversas regiones del país, y vinculado directamente al combate al crimen organizado. En este sentido, se señala que la mayoría de las víctimas de esta problemática son personas que huyen de la presencia criminal en sus lugares de residencia, de extorsiones, conflictos internos permanentes, operaciones militares y proyectos de infraestructura en desarrollo.3

En el mismo sentido, en el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el desplazamiento forzado interno ha sido relacionado primordialmente con la violencia que generan los grupos del crimen organizado, pero destacando también los megaproyectos de desarrollo como causantes de este fenómeno.4En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó en el año 2010 un estudio donde se señala a los proyectos de las 70 hidroeléctricas que se están desarrollando en el país como los causantes de la migración de más de 170 mil personas.5

El mencionado informe de la CNDH señala al Estado de Tamaulipas como la entidad que tiene el mayor número de víctimas, contando con 20,000 desplazados, seguido del estado de Guerrero con 2,165 casos, Chihuahua con 2,008 desplazados, Veracruz con 1,131 casos, Sinaloa con 1,065, Michoacán con 728 casos, Durango con 430, Oaxaca con 250 y Chiapas con 128. Vale la pena destacar que InternalDisplacementMonitoring Center estimó que para finales de 2014 había aproximadamente 281,400 desplazados internos en México.6

Vale la pena destacar que, de acuerdo a distintos estudios, aproximadamente el 80 por ciento de las víctimas de este fenómeno son del género femenino, las cuales se ven expuestas a sufrir otros delitos como abuso sexual, desaparición forzada, asesinatos o secuestros.7

II. En octubre de 2015 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a través las Observaciones Preliminares de la Visita in Loco  a México dio a conocer que ha recibido abundante información y testimonios acerca de cómo el crimen organizado y los megaproyectos de desarrollo están conllevando el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y de diversas zonas del país.8

En este sentido, desde el año 2007 se ha incrementado el fenómeno del desplazamiento forzado interno en México. A pesar de ello, nuestro país no dispone de estadísticas oficiales sobre el fenómeno, lo que genera dificultades para determinar el número, ubicación y necesidades específicas y estrategias para enfrentarlo. Por otra parte, no existe el suficiente reconocimiento oficial de esta violación a los derechos humanos, por lo que se carece de estrategias y políticas públicas para atenderlo.

Es por ello, que la CIDH en su informe sobre los derechos humanos en México, publicado el 2 de octubre del 2015, menciona dentro de sus observaciones la falta de un diagnóstico nacional y de una política para abordar el desplazamiento forzado interno conforme a los estándares internacionales en la materia y recomienda a las autoridades mexicanos elaborar un diagnóstico y un registro nacional al respecto.9

En el mencionado informe la CNDH también se realizan observaciones y recomendaciones al INEGI, a la SEGOB y al CONAPO para que con base a sus respectivas atribuciones, se realicen los estudios que permitan identificar las causas del desplazamiento, patrones de esquemas de probable violencia, zonas expulsoras y receptoras de población desplazada, así como los problemas enfrentados durante el desplazamiento, a su vez sugieren la implementación de los mecanismos para generar la documentación y el levantamiento sistemático de información sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno.

II. Con el propósito de dar el seguimiento adecuado y oportuno a las recomendaciones de la CIDH y de la CNDH, Movimiento Ciudadano exhorta a las autoridades correspondientes para generar los diagnósticos y estrategias que se requieran para reconocer la magnitud del problema que representa el desplazamiento forzado interno, y generar mecanismos para la protección y restablecimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado interno.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que coordine la elaboración de un diagnóstico nacional sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno en México, incluyendo la creación de un registro estadístico nacional y la adopción de medidas y políticas acordes con los Principios Rectores del Desplazamiento Interno. De la misma manera se le exhorta a atender a cabalidad las recomendaciones emitidas en materia de desplazamiento forzado interno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su “Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México”, así como también las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México.”

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “Informe Especial sobre Desplazamiento Interno Forzado (DFI) en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (Mayo, 2016), página 8, recuperado de: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf

2 “Desplazamiento Forzado Interno en México”, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (diciembre, 2014), recuperado de: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-desplazamiento-web.pdf

3 “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (16 de mayo de 2016), recuperado de: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdfderechos

4 “Autodefensas, megaproyectos y violencia agudizan desplazamiento forzado interno: CNDH”, Crónica, (19 de mayo de 2016), recuperado de:  http://www.cronica.com.mx/notas/2016/961929.html

5 Quetzalcoatl g. Fontanot. (2012). Mega proyectos, Violaciones a Derechos Humanos y Daños Ambientales. 2015, de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Sitio web: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/NaturalResource/Centro_de_DDHH_S.pdf

6 “Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México”, Organización de los Estado Unidos Americanos, (2 de octubre de 2015), recuperado de:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp

7 “El desplazamiento interno forzado en México visto desde la perspectiva de género”, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, recuperado de:
http://www.redalyc.org/html/325/32529943004/

8 Organization of American States, 2 de octubre de 2015, Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México, Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp

9 www.oas.org, (2 de octubre de 2015), Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México, Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Castañeda Hoeflich.

Esta Presidencia advierte que hay una modificación al texto originalmente presentado.

Vamos a proceder en el mismo sentido, consultaré a la Asamblea si se admite la modificación a la proposición inscrita y posteriormente evaluaremos la urgente resolución.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite el texto en los términos en los que fue leído por el señor Diputado Clemente Castañeda.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación realizada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se acepta la modificación presentada, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución ya con el texto modificado.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Es de urgente resolución y está a discusión.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Para manifestar mi voto a favor sobre este tema que, sin duda, ha estado ausente en nuestro país desde hace muchos años.

El desplazamiento interno forzado inicialmente en México tenía una ubicación muy precisa y era Chiapas justamente, desplazamiento por violencia producto de intolerancia religiosa; desplazamiento por cuestiones que tenían que ver con problemas agrarios, bueno, incluso desplazamiento por grandes proyectos de desarrollo como todo el establecimiento del sistema hidroeléctrico en Chiapas que generó que poblaciones enteras como Chicoasén tuvieran que verse desplazadas.

Sin embargo, el problema del desplazamiento interno ha crecido de manera exponencial por otra causalidad; la causalidad de la violencia, de la guerra contra el narcotráfico que genera estos problemas asociados con millones, quizá, de mexicanos, según el monitoreo noruego sobre desplazamiento interno que tienen, efectivamente como lo dijo el Diputado, tienen que huir, tienen que salir de su lugar de origen, dejar su trabajo, dejar su familia.

El problema es que durante seis años los desplazados internos en México fueron invisibles, hoy incluso el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Desplazamientos Internos, el doctor Chaloka Beyani, ha planteado que no ha recibido la invitación del Gobierno Federal para poder venir a México a ejercer su trabajo.

México ya es un foco rojo frente al ACNUR en el tema de desplazamiento interno forzado, sin embargo, el gobierno no lo quiere invitar, como sí lo hizo ya en alguna ocasión en el 2005, cuando vino la entonces Relator Francis Deng, a una visita y de dónde sacaron conclusiones del estado de los desplazados en México.

De 2005 a la fecha, el fenómeno se ha transformado de manera trágica, porque pasamos de 25 mil desplazados en Chiapas, repito, según algunos cálculos, podrían ser, quizá, hasta 1 millón.

Según la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos el asunto se resuelve de manera legislativa. Tiene que haber una ley específica, el propio ACNUR es lo que les sugiere a los países que tienen desplazamiento interno, que hagan una ley específica.

En este Senado está desde diciembre de 2012 presentada una Ley General para la Prevención, Atención del Desplazamiento Interno Forzado; está en las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. Sin embargo, a la fecha no se ha dictaminado, no se ha dictaminado porque seguimos creyendo que en el país no hay desplazados.

Señores, es una realidad que hay que aceptar, en México, el fenómeno está presente; está creciendo y está generando más dolor a estas familias.

Soluciones hay muchas. Esta el planteamiento que sea una reforma a la Constitución, un planteamiento que se ha hecho desde el 2005.

Yo creo que debemos de ir y escuchar a los expertos y, en este caso el experto es el ACNUR, y en particular la Relatoría Especial sobre Desplazamiento Interno Forzado que se expresa en los principios rectores. No hay una convención sobre desplazamiento interno, hay principios rectores para generar leyes específicas.

Chiapas tiene una ley de desplazamiento interno, la primera en el mundo de un estado subnacional, la tiene y no la aplica, pero la tiene.

Bueno, no caigamos en el mismo error. Vamos hacia la Ley General de Desplazamiento Interno Forzado en México, dejemos de hacerlos invisibles, no son migrantes, porque el migrante está ejerciendo su propia voluntad de emigrar; no son damnificados y por lo mismo no se debe de tratar el fenómeno como si fueran damnificados. Son desplazados internos.

Se debe de prevenir, evitar el desplazamiento y cuando es imposible prevenirlo, se deben de buscar soluciones duraderas.

El retorno al lugar del origen o al establecimiento por parte del Estado de condiciones para una vida digna en un nuevo lugar es lo que se plantea, sin embargo, no se quieren ejercer recursos y se dice pues que no, que hay un problema de orden más bien presupuestal.

Qué bueno que el tema está puesto en la mesa, y sí haría un llamado a las dos comisiones que tienen esta iniciativa a que la dictaminen a la brevedad. Si la van a echar para atrás, que lo digan y que se vote entonces en contra, pero creo que es lo responsable seguir hablando de los temas, porque no decirlo, guardar silencio no los va hacer desaparecer.

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para referirse al Acuerdo presentado.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

Este es un tema muy tratado y lo sabe la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, nosotros logramos en la Ley de Víctimas establecer el concepto.

Fue un gran debate sobre: ¿Qué es un desplazado?

No nos confundamos, los que vivimos en tierra donde hay desplazados sabemos cómo llamarle, no es por motivos religiosos, eh, que no es el mismo fenómeno que se ha dado en otros estados. Hay 11 estados de la República que tienen este problema, nosotros hemos insistido una y otra y otra vez, yo creo que tengo 11 puntos de acuerdo, iniciativa a la Ley General de Población, porque hay que reconocer está área poblacional, porque mientras no se reconozca no incide en el presupuesto tampoco anual. Hay que hablar con claridad el tema.

Yo creo que Inegi nos ha quedado a deber, nosotros le hemos pedido al Inegi una y otra vez que entre al diagnóstico, porque el principal problema que tenemos es que no sabemos dónde están.

En mi tierra, en mi estado hay un lugar donde fueron asesinados un 24 de diciembre 17 personas. A raíz de eso empezó un gran movimiento, en concordia, a propósito de estos asesinatos, pero se dijeron que eran enfrentamientos, no son enfrentamientos, son ejecuciones, que es distinto.

Yo creo que aquí lo interesante es involucrar, como lo hemos pedido, a la CNDH, sobre un diagnóstico, porque lamentablemente un desplazado es distinto a otra persona, pierde su casa, pierde su poco patrimonio, los hijos no van a la escuela, el marido pierde el trabajo, la esposa, pero además de todo esto, los expulsamos a una zona urbana donde no se sabe a dónde van, quién los va a recoger, en dónde viven, el trabajo, y no es lo mismo la pobreza rural, a la pobreza urbana.

Este problema tiene muchas cabezas y creo, señor Presidente, que es muy importante involucrar a todos los que tienen que ver con un diagnóstico y localización de las familias, no sabemos dónde están, sabemos que son 11 estados de la República, pero no sabemos dónde quedaron.

A una hija la mandaron a Culiacán, la otra está en Choix, o la mandaron a Jalisco, pero la realidad es la desintegración y la pérdida total del patrimonio, ellos no pueden regresar a sus localidades, a sus rancherías porque allí no se puede, ahí ya no hay nadie, está solo, inhóspito y la realidad es muy seria.

Yo estoy a favor del tema de desplazados, como le pongan, internos, externos, que venga quién venga, pero en realidad urge un diagnóstico.

La CNDH hizo un trazo, pero es urgente, el Inegi necesita entrar y la Ley General de Población debe de reconocer urgentemente a esta población en desamparo, tan vulnerable, como es el tema de los desplazados por gavillas o crimen organizado, como se llame, pero lo han perdido todo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

¿Alguna otra intervención? Al no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Ruego a la Asamblea unos segundos de su atención.






PRONUNCIAMIENTO

La Mesa Directiva lamenta el fallecimiento de Mohamed Abdelaziz, líder del Frente Polisario y Presidente de la República Árabe de Saharaui Democrática, quien acaba de fallecer a los 68 años de edad, y se solidariza con su pueblo por esta pérdida.

Descanse en paz y nuestra expresión de solidaridad.






Compañeros Legisladores, informo a ustedes que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, DIPUTADA EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Históricamente la seguridad social surgió como resultado de un largo proceso, derivado del perpetuo estado de inseguridad en que vive el hombre, desde los albores de la humanidad.1

El hombre se encuentra en constante enfrentamiento contra un mundo en el cual se tiene que adaptar constantemente, se enfrenta a las enfermedades y por consiguiente a la necesidad de prevenirlas; al igual que tiene que hacer frente a las vicisitudes de la vejez y de la imposibilidad de subsistir por sus propios medios.2

La necesidad de seguridad del hombre ha sido el principal impulso del progreso de la humanidad. Es por esto que el hombre se ve en la necesidad de crear núcleos en los cuales pueda desenvolverse e identificarse. El núcleo más básico del hombre es la familia y es a partir de este núcleo que surgen organizaciones sociales mucho más amplias que velan por la solidaridad y la protección mutua.3

En los núcleos más amplios de la sociedad es que surgen las organizaciones de trabajo y desarrollo en las cuales el hombre es libre de ejercer sus derechos y libertades, sin embargo, se encuentra en la naturaleza del hombre la constante búsqueda de protección hacia sí mismo y hacia su núcleo más próximo –la familia- . La seguridad social tiene claramente como base uno de los instintos más primitivos del ser humano y es por eso que es concebida como:4

Parte de la ciencia política que, mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión y asistencia, tiene por fin defender y propulsar la paz y la prosperidad general de la sociedad a través del bienestar individual.5

Sin embargo, no fue hasta 1941 con la Carta del Atlántico y en 1942 con la Declaración de Washington que la esta expresión -seguridad social- tuvo un mayor significado ya que es aquí donde se proclama que “Todas las Naciones tienen el deber de colaborar en el campo económico, social a fin de garantizar a los ciudadanos mejores condiciones de trabajo, de progreso económico y de seguridad social”.6

En la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en 1948 fue adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 22 establece que:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.7

De igual manera en el artículo 25 se establece que:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.8

Cabe recordar que México es uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, admitido el 7 de noviembre de 1945, siendo de esta manera uno de los países con mayor participación en la Asamblea antes mencionada.9

Es gracias a estas y otras muchas más declaraciones internacionales que en nuestro país, en el año de 1943 se crea la Ley del Seguro Social, la cual da origen al Instituto Mexicano del Seguro Social, que comienza a funcionar hasta 1944.10

Este decreto es producto de la Revolución mexicana de 1910, la cual culmina con la aprobación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que en el artículo 123, fracción XXIX, establece que:

Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Otra institución de suma importancia en el país es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la cual atiende a los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y sus familiares derechohabientes. Los gobiernos estatales y organismos públicos descentralizados pueden contratar los servicios del ISSSTE para afiliar a sus trabajadores mediante la celebración de convenios.11

Entre los afiliados a esta Institución se encuentran:

“18 dependencias federales, 8 órganos autónomos, 68 organismos descentralizados, 46 empresas de participación estatal, 1 fideicomiso público, 6 agrupaciones, más los poderes Legislativo y Judicial, como afiliados por ley, decreto o acuerdo; 13 gobiernos estatales, 7 organismos autónomos, 142 organismos descentralizados y 5 poderes legislativos y judiciales, así como 62 municipios y 4 organismos descentralizados municipales, forman el grupo de afiliados al ISSSTE”.12

Ambas instituciones cuentan con servicios de pensiones para sus derechohabientes que, por mandato constitucional, convencional y legal, se hace extensivo a sus dependientes económicos sean hijos menores y cónyuge supérstite.

La reforma integral a la Ley del Seguro Social publicada el 21 de diciembre de 1995, materializó muchas de las importantes demandas que no cumplía en toda su extensión la Ley de 1973.

A su vez, las principales reformas aprobadas en las últimas legislaturas están relacionadas con el mejoramiento de las pensiones para los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

En la LVII Legislatura se aprobó una reforma a la Ley del ISSSTE que aumentó el monto de las pensiones y modificó su forma de cálculo en beneficio de los trabajadores.

En la LVIII Legislatura se dieron varias reformas importantes. La primera fue una amplia reforma a la Ley del Seguro Social que, entre otras cosas, dispone que no puede haber pensiones inferiores a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Se aprobó también una iniciativa para que los trabajadores que opten por pensionarse conforme al régimen establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tengan el derecho a retirar en una sola exhibición los recursos acumulados hasta esa fecha en las subcuentas del Seguro de Retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda, así como los recursos correspondientes al ramo de retiro que se hayan acumulado en la subcuenta del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, vigente a partir del 1º de julio de 1997, incluyendo los rendimientos que se hayan generado por dichos conceptos.

Todo lo anterior, sin contar las más de 10 reformas que se han dado durante los últimos 10 años, tendientes siempre a ampliar el espectro de protección para derechohabientes en cada uno de los ramos referidos en el párrafo anterior.

No obstante, a pesar de los avances que se han tenido, se ha conservado una disposición notoriamente inconstitucional y que vulnera los derechos de las personas. Generalmente mujeres, pero con igual agravio a hombres que se ubicarán en el supuesto de la norma. En efecto, el artículo 132 de la Ley del Seguro Social a la letra establece:

Artículo 132.No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior, en los siguientes casos:

I. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio;

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace, y

III. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este Artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él.

En el mismo sentido, el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece:

Artículo 136. No tendrá derecho a Pensión el cónyuge supérstite, en los siguientes casos:

I. Cuando la muerte del Trabajador o Pensionado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio;

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el Trabajador después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio, y

III. Cuando al contraer matrimonio el Pensionado recibía una Pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el Trabajador o Pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él.

No obstante, sobre las disposiciones transcritas, en particular en lo que se refiere a la fracción I de ambas disposiciones, podemos advertir que deviene en inconstitucional ya que se trata de una restricción arbitraria, no razonable y no justificada en atención al test de proporcionalidad que ha construido el Poder Judicial de la Federación y en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, en un amparo en revisión resuelto en fechas recientes,13 el Máximo Tribunal de nuestra Nación ha resuelto la inconstitucionalidad de dichas disposiciones. De acuerdo con la resolución en comento, dicha disposición:

…permite un trato desigual e injustificado al establecer un requisito arbitrario -consiste en que el matrimonio tenga una duración de seis meses a la muerte del asegurado-, cuando el ordenamiento jurídico no está sujeto para su validez a tiempo de espera ni a condición, pues el único requisito de existencia es su celebración ante autoridad competente.

Se establece un trato distinto a los beneficiarios de la pensión al brindar seguridad social condicionada a requisitos desiguales, arbitrarios y subjetivos, pues el plazo de seis meses que establece dicho artículo no tiene razón de ser ni es legalmente justificado, ya que una esposa no es más ni menos por el hecho de haber o no transcurrido el paso que aquí se establece.

No se debe permitir que el artículo restrinja indebidamente los derechos de las esposas que tienen menos de seis meses de casadas y que no tienen hijos, pues dichas condiciones violan los derechos humanos de igualdad, equidad y seguridad social, al restringir indebidamente los derechos de las personas miembros de las familias y beneficiarios, por lo que se viola lo dispuesto en los artículos 1º, 4º y 123 apartado A, fracción XXIX de la Constitución, 16 punto 3 y 25 punto 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 17 punto 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo tildado de inconstitucional establece un trato desigual a las viudas de los asegurados al condicionar el matrimonio para efectos de pensión en el régimen obligatorio del seguro social, privándolas injustamente de un beneficio al que tienen derecho y dando un trato desigual, inequitativo y discriminatorio entre iguales.

En el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano se establece que:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[…]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Así se advierte que los principios de igualdad y no discriminación implican que las autoridades no traten de manera diferente a los individuos cuando se encuentren en la misma situación jurídica, es decir, que sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicha garantía se refiere a la igualdad jurídica, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato respecto de quienes se ubican en similar situación de hecho, situación que por ser ley suprema debe acatarse por todas las autoridades del país.

El principio de igualdad implica que se debe tratar igual a quienes se encuentren en la misma situación y de manera desigual a los sujetos que se ubiquen en una situación diversa, lo que implica que se pueden crear categorías o clasificaciones que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales; pero siempre evitando cualquier distinción no razonada y desproporcionada, discriminatoria de las personas.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la norma que prevé un trato desigual será inconstitucional cuando imponga arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas objetivamente iguales, no distinga de la misma forma situaciones discrepantes o carezca de razonabilidad.

La pensión por viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, no debe ser motivo para no otorgarla por circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir seis meses de matrimonio o que hubiese o no procreado hijos.

En otras palabras, para la procedencia de la pensión de viudez la ley la condiciona a que la muerte del trabajador o pensionado no ocurra dentro del periodo señalado posterior a la celebración del matrimonio, es decir, a una causa ajena a él mismo, porque si bien la fijación de la fecha del matrimonio se encuentra a su alcance -del trabajador o pensionado-, no lo es la de su muerte, atendiendo a las circunstancias en que puede producirse.

De igual manera en el último párrafo del artículo impugnado está establecido que tales limitaciones no serán aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él, lo que hace aún más evidente la inconstitucionalidad del precepto en comento, ya que por la simple existencia de hijos la ley sin mayor explicación hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez.

En razón de lo expuesto y dado que, en el presente caso, en la ley no se expresa justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de lo previsto en el artículo 132, fracción I y último párrafo, de la Ley del Seguro Social, ni aquéllos se aprecian del propio contexto de la ley, debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y, por ende, violatoria del derecho de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social prevista en la propia Constitución.

De esta forma, podemos advertir que la condición establecida en la primer fracción de ambos artículos citados, devienen en inconstitucionales, al atender, las leyes que los contienen, los mismo objetivos de la seguridad social descritos en los primeros párrafos y ambas restricciones resultar injustificadas por arbitrarias y sin atender el criterio de razonabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, las mismas razones aducidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la fracción I del artículo 132 del seguro social pueden ser aplicadas bajo un criterio de analogía a la fracción I del 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En consecuencia, ambas disposiciones deberán ser derogadas a fin de garantizar a los cónyuges supérstites el derecho de una pensión por viudez aún si no se cumplieron 6 meses de matrimonio: término arbitrario y sin soporte jurídico constitucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

Primero.- Se deroga la fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior, en los siguientes casos:

I. Se deroga;

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace, y

III. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este Artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido dependientes económicos junto con el asegurado o pensionado.

Segundo.- Se deroga la fracción I del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo 136. No tendrá derecho a Pensión el cónyuge supérstite, en los siguientes casos:

I. Se deroga;

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el Trabajador después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio, y

III. Cuando al contraer matrimonio el Pensionado recibía una Pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el Trabajador o Pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.

1 Nugent, R. (s.f.). Seguridad Social: Su historia y sus fuentes. (J. UNAM, Editor) Recuperado el 13 de mayo de 2016, de Capitulo 33: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf

2 Ídem.

3 Ídem

4 Ídem

5 Ídem

6 Nugent, R. (s.f.). Seguridad Social: Su historia y sus fuentes. (J. UNAM, Editor) Recuperado el 13 de mayo de 2016, de Capitulo 33: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf

7 Organización de las Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de Derchos Humanos. Recuperado el 13 de mayo de 2016, de http://www.humanium.org/es/ddhh-texto-completo/#

8 Organización de las Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de Derchos Humanos. Recuperado el 13 de mayo de 2016, de http://www.humanium.org/es/ddhh-texto-completo/#

9 Nugent, R. (s.f.). Seguridad Social: Su historia y sus fuentes. (J. UNAM, Editor) Recuperado el 13 de mayo de 2016, de Capitulo 33: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf

10 Universidad de las Ámericas Puebla. (2006). Historia de la Seguridad Social y sus definiciones. Recuperado el 13 de mayo de 2016, de Capitulo II:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/bobadilla_o_rc/capitulo2.pdf

11 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. (17 de febrero de 2006). "Políticas públicas y gestión gubernamental de la administración vigente". Recuperado el 13 de mayo de 2016, de Seguridad Social: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/3_ssocial.htm

12 Ídem

13 Diversos medios de comunicación dieron cuenta entre los días 4 y 5 de mayo de 2016 de la resolución de la SCJN.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV TER AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Federal por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV TER AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El impulso que se ha dado durante las últimas administraciones,  al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido significativo; sin embargo, aún se requiere de un mayor apoyo gubernamental para hacer posible el pleno desarrollo de este importante sector de la producción.

A pesar de lo anterior, hoy, las MIPYMES representan la base de la economía nacional; según datos del censo económico del INEGI, en 2014, habían más de 5.6 millones de MIPYMES que empleaban a cerca de 29.7 millones de mexicanos,  se trata, entonces, de la mayor fuente de trabajo del país.

En este sentido, resulta de la mayor relevancia redoblar esfuerzos para impulsar el desarrollo del sector. Hoy, más que siempre, requerimos apoyar y fomentar la creación de MIPYMES para encauzar el emprendimiento de las y los mexicanos; además, dicha medida resulta eficaz, en la disminución de la economía informal que tanto daño causa a las finanzas públicas de nuestro país.

De esta manera, las MIPYMES, pueden y deben ser un medio, efectivo y eficaz, para favorecer una mayor formalidad de nuestra economía; ello, con el consabido mejoramiento de las prestaciones laborales en nuestras fuentes de trabajo.

Al respecto, es importante señalar que las MIPYMES proporcionan estabilidad al mercado laboral nacional gracias al gran número de trabajos que generan. Ahora bien, la cantidad de empleos va de la mano con los bajos costos salariales; el simbólico nivel de inversión que implica la apertura de una MIPYME así como su flexibilidad administrativa y operativa.

Sobre el último punto, hay que destacar que una administración y operación sencilla, es una de las principales fortalezas de las MIPYMES: dicha mayor flexibilidad les permite adaptarse de mejor manera a los cambios del mercado y posibilita emprender proyectos innovadores en mejores condiciones, de forma más rápida y eficiente.

Actualmente, México atraviesa por una delicada situación económica como consecuencia del desplome en los precios del petróleo y la crisis financiera mundial. Esta crisis no ha permitido crecer a la economía, generando la precariedad de los ingresos y un déficit en la creación de empleos, lo cual afecta, de manera muy particular, a las y los jóvenes; quienes requieren ocuparse laboralmente y no encuentran trabajo digno.

Por tal razón, la presente iniciativa busca adicionar una fracción XXIV Ter al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer que la Secretaría de Economía promoverá, orientará, fomentará y estimulará el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; a través de la implementación de programas, proyectos y fondos públicos.

Con dicha propuesta, se busca impulsar la puesta en marcha de programas, políticas y fondos públicos que impulsen el desarrollo de las MIPYMES como factores económicos que desinhiban la economía informal; generen empleos dignos y contribuyan a la reactivación económica de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XXIV Ter al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se reforma la fracción XXIV del artículo34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XXIV Bis.- (…)

XXIV Ter.- Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; a través, de la implementación de programas, proyectos y fondos públicos.

XXV a XXXIII.- (…)

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Dip. Alejandro González Murillo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, integrante de la LXIII Legislatura y del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La paridad entre los géneros está garantizada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la integración de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, particularmente en lo preceptuado en el artículo 41, que en la parte conducente cita:

Artículo 41.

I. …

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

En la actualidad la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados se encuentra integrada por el 57.6% de hombres y el 42.4% de mujeres; mientras que la misma Legislatura del Senado de la República el 67.5% son del sexo masculino y el 32.5% femenino, no hay duda de que en los últimos tiempos se han presentado avances significativos en la materia.

No obstante lo anterior, en la integración de la Comisión Permanente no se ve reflejado el principio de la paridad de género.

ARGUMENTOS

En los últimos tiempos hablar de paridad ha sido de gran relevancia para que las mujeres alcancen derechos que les están concedidos, sin embargo les son restringidos por el hecho de ser del sexo femenino. En ese contexto, “la paridad implica siempre que hay dos cosas, entidades o personas. Tienen algo en común pero no son idénticas, así para convertir algo en paritario hay que introducir una variable para que los dos elementos, en este caso las personas, tengan el mismo valor.1

No pasa inadvertido que nuestra Ley Fundamental dispone la igualdad entre hombres y mujeres, en el primer párrafo del artículo 4º que dispone lo siguiente:

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. …”

La realidad es distante de los mandatos legales, es de todos conocido que la reciente reforma política-electoral de 2014, incorporó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el principio de paridad entre los géneros para los cargos de elección popular, es así que para lograr una verdadera igualdad ha sido necesario construir el andamiaje jurídico que permita a las mujeres estar a la par que los hombres.

Ha sido una constante que el sexo masculino accede con mayor facilidad que las mujeres a puestos de elección popular, a cargos públicos de la más alta jerarquía, que reciben salarios mayores por el mismo trabajo desempeñado, entre muchos otros ejemplos. Estas circunstancias han ido modificándose en el tiempo, pues ahora como se señaló en el apartado de argumentación ha cobrado relevancia y la paridad ya va siendo una realidad tangible en la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión.

De acuerdo a un boletín emitido por la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la paridad es mucho más que hablar de números o de equilibrio perfecto. Implica debatir, de manera transversal, la distribución de roles, tareas, oportunidades y poder que ocurre en todos los ámbitos de la vida social. La paridad cuestiona la división sexual del trabajo, según la cual la mayoría de las mujeres está a cargo de las labores del cuidado y de lo doméstico, y los hombres, en la mayoría de los casos, están involucrados en esta esfera solo a partir de su deseo particular. La rígida división de roles y actividades basada en el cuerpo de las personas niega la diversidad de proyectos de vida, determina y limita las oportunidades de las personas e impide que la sociedad sea democrática, y que esta democracia, en última instancia, sea representativa.”2

No es así en la integración de la Comisión Permanente, pues por ejemplo en este receso, la titularidad recae únicamente en 13 mujeres entre diputadas y senadoras, mientras que la sustitución en 14. Lo que representa aproximadamente un 35.1 por ciento del total de integrantes de la Comisión Permanente.

En suma el propósito de esta reforma constitucional es señalar en nuestra Ley Fundamental que en la integración de la Comisión Permanente deberá garantizarse la paridad entre los géneros.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. En la integración de dicha Comisión se deberá garantizar la paridad entre los géneros.

(…)

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Lluvia Flores Sonduk.

1 Información disponible en: http://definicion.mx/paridad/ fecha de consulta: 11 de mayo de 2016.

2 Información disponible en: http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2015/02/BGyJ-66-ENERO-2015.pdf fecha de consulta: 12 de mayo de 2016






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS LEYES ADMINISTRATIVAS PARA PREVENIR LA USURPACIÓN DE IDENTIDAD

(Presentada por la Diputada Melissa Torres Sandoval, del grupo parlamentario del PES)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla a llevar a     cabo una investigación por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por parte de José Antonio Gali Fayad durante su desempeño dentro de la administración pública estatal y municipal de la entidad. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, Diputada XITLALIC CEJA GARCÍA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el estado de Puebla, es del dominio público la estrecha relación que existe entre el actual Gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle Rosas y el candidato a la gubernatura de la entidad, José Antonio Gali Fayad, cercanía que no sólo se circunscribe a la filiación política, sino que además trasciende en la forma en que se conducen dentro del servicio público, situación que se traduce en marcadas desigualdades sociales en perjuicio de la sociedad poblana. 

En este sentido, el pasado 3 de mayo del año en curso, el “Observatorio de Salario Justo de la Universidad Iberoamericana Puebla”, a través de su informe 20161, dio a conocer que el estado es la segunda entidad con mayor desigualdad en el país; ya que existen marcadas diferencias, prueba de ello, es que el 1% más rico de la población posee una tercera parte de la riqueza que se genera en Puebla.

En particular, Miguel Alejandro López, coordinador de la Licenciatura en Economía y Finanzas de dicha institución educativa2, señaló que: “el salario promedio mensual en Puebla es de 7 mil 365 pesos en hombres, mientras que las mujeres reciben 6 mil 187 pesos mensuales pese a realizar la misma actividad de trabajo, lo que evidencia aún más la desigualdad que se vive en el estado”. El propio especialista, indicó que en el estado, “los salarios pueden ser aún más bajos si se vive en zonas rurales, ya que se tienen pérdidas mensuales de hasta 965 pesos”.

Las cifras son muestra clara de que la administración de Rafael Moreno Valle Rosas como Gobernador de Puebla, así como la de José Antonio Gali Fayad en el Municipio de Puebla, se llevaron a cabo y se desarrollan, a partir de arbitrariedades, inequidades y opacidad, todo en detrimento de la población.

Prueba de ello, son problemáticas como la deuda pública que generarán los Proyectos de Prestación de Servicios, el incorrecto funcionamiento del Metrobús, los altos índices de pobreza, la inseguridad, la corrupción, el desempleo, la violencia de género, la violación a los derechos humanos y el excesivo gasto en la promoción del actual Gobernador, por mencionar algunos casos.

Mientras esto sucede, en Puebla aumentan los casos de mujeres que sufren violencia obstétrica en las instituciones de salud en la entidad, las mujeres son víctimas de feminicidios, el 70% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, ocurre el robo de ductos de PEMEX y decesos por políticas que violan los derechos humanos (como es el caso del menor fallecido en Chalchihuapan), algunos cuantos reciben grandes beneficios y privilegios.  

En este tenor, en días recientes diversos medios de comunicación, han hecho énfasis en que los ingresos de José Antonio Gali Fayad, candidato a la gubernatura del estado de Puebla por la Coalición “Sigamos Adelante”, cuenta con una amplia cadena de antros y restaurantes en la entidad, además de que es propietario de un inmueble con valor de 70 millones de pesos, ubicada en un sitio exclusivo de la capital del estado de Puebla.

Por si esto no fuera suficiente, entre otros bienes, el patrimonio del actual candidato a la gubernatura también comprende una serie de inmuebles catalogados como de lujo, entre ellos destaca uno ubicado en Miami y otro localizado en Punta Diamante, Acapulco. Lo anterior, hace que según medios de comunicación, su fortuna inexplicable del candidato es de alrededor de 116 millones 500 mil pesos, la cual dista de los 33 millones 481 mil pesos declarados ante las autoridades correspondientes.

Aunado a lo anterior, se ha evidenciado la celebración de negocios con offshore en Panamá (en los cuales el actual candidato indica que son administrados por sus hijos y prestanombres). Para comprender la gravedad de esta última cuestión, cabe destacar que dicho país es uno de los principales paraísos fiscales que hay a nivel internacional.

Conforme a las inconsistencias referidas, así como de la percepción ciudadana, queda de manifiesto que existen elementos suficientes para acreditar la comisión de conductas tipificadas como delitos por parte del candidato a la gubernatura del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad.

A reserva de se realicen las investigaciones conducentes, cabe señalar que, a la letra, el artículo 432 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla dispone que: “Comete el delito de enriquecimiento ilícito, el servidor público que no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, o la legitima procedencia de los bienes que aparezcan a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, de acuerdo a lo dispuesto por la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado”.

En el mismo sentido, cabe destacar que en su artículo 433, el propio ordenamiento jurídico señala que por este delito se podrán imponer penas que van de 2 a 11 años de prisión, destitución, e incluso inhabilitación de 2 a 11 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos y decomiso en beneficio del Estado o Municipio de aquellos bienes cuya procedencia lícita no sea acreditada.  

En cuanto al tráfico de influencia, dispone que este delito se actualiza cuando el servidor público que por sí o por interpósita persona, y aprovechándose de su empleo, cargo o comisión: gestione o promueva, la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos; o bien, sin estar autorizado para ello, realice ante la propia dependencia donde se desempeña o ante cualquier otra Autoridad, gestione para obtener una resolución favorable a sus intereses o los de un tercero.

En los casos en los que se compruebe la comisión de este tipo de conductas, la legislación penal del estado de Puebla precisa que se podrán imponer penas que van desde dos seis años de prisión o multa del doble de lo obtenido para el caso de lucro, además de destitución e inhabilitación en su caso, de dos a seis años, para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público.

A partir de las consideraciones desarrolladas en el presente punto de acuerdo, y en mi carácter de legisladora Federal, me parece de suma trascendencia que las acciones e investigaciones solicitadas, sean atendidas sin mayor dilación, de manera integral y con estricto apego a la legalidad. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el marco de sus funciones legales y constitucionales, lleve a cabo una investigación profesional, integral, objetiva e imparcial por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia por parte de José Antonio Gali Fayad durante su desempeño dentro de la administración pública estatal y municipal de la entidad. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, a fin de que lleve a cabo las investigaciones conducentes deslindar responsabilidades en la probable comisión de ejercicio indebido de recursos federales por parte de José Antonio Gali Fayad, durante su administración como Presidente Municipal de Puebla.

Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Xitlalic Ceja García.

1 http://www.iberopuebla.mx/noticiasEventos.asp?id=2712 

2 http://impulsoinformativo.net/2016/05/03/puebla-el-segundo-estado-con-mayor-desigualdad-salarial-en-mexico/






De los Diputados Maricela Contreras Julián y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a ofrecer una disculpa pública a la Sra. Jacinta Francisco Marcial y dé cumplimiento a la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la Agencia Federal de Investigación, sin identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron al tianguis de la plaza central de la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. Despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando que se trataba de piratería. Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder; los AFIS se negaron, la tensión aumentó y varios comerciantes afectados comenzaron a protestar.

2. Conforme la tensión crecía, el agente del Ministerio Público Federal, con sede en San Juan del Río, Querétaro y agentes de la AFI, llegaron a la plaza del pueblo para dialogar con la gente afectada. Los funcionarios aseguraron que los agentes habían cometido un error y que iban a responder por los destrozos, daños causados y que regresarían la mercancía despojada. No obstante, lo que ofrecieron fue mercancía diferente a la decomisada, por lo que los comerciantes se negaron a recibirla y aumentaron su protesta.

3. Al constatar la inconformidad, los agentes del Ministerio Público Federal y los agentes de la AFI ofrecieron pagar los daños en efectivo, para lo que era necesario trasladarse a conseguir el dinero. Ordenaron a un agente de la AFI quedarse en el pueblo, quien estuvo todo el tiempo comunicado y jamás sufrió ningún tipo de violencia o afectación a su integridad personal. 

4. Tres horas después, los elementos de la AFI llegaron al pueblo acompañados de policías pertenecientes a otras corporaciones. Inmediatamente iniciaron los diálogos para acordar la entrega de una cantidad de dinero correspondiente a los daños causados. Al ver la situación inusual, personas de los alrededores se acercaron para ver lo que ocurría. Entre estas personas se encontraba la señora Jacinta Francisco Marcial, quien en todo momento se mantuvo ajena, pero que en el momento en el que se acercaba, fue fotografiada por el reportero del periódico Noticias para ilustrar los   hechos.

5. La actividad de la señora Jacinta Francisco Marcial consistía en la venta de aguas frescas, en un puesto localizado a cincuenta metros del lugar en donde iniciaron los acontecimientos. Durante ese día, únicamente salió a la misa de la 13:00 y de cinco a seis de la tarde, para ponerse una inyección en la farmacia del pueblo; así lo afirman ella y sus testigos. El momento en el que salió de la farmacia para regresar a su puesto, coincide con el momento en el que los agentes de la AFI y del MPF regresaron a la plaza de Santiago Mexquititlán. En su camino, forzosamente tenía que pasar por el lugar en donde dialogaban los agentes con los comerciantes afectados y se acercó para enterarse de lo que sucedía. No hubo más hechos durante ese día.

6. Más de cuatro meses después, el 3 de agosto de 2006, un grupo de personas vestidas de civil llegaron a buscar a la Sra. Jacinta Francisco Marcial. Le dijeron que debían llevarla a la ciudad de Querétaro para que declarara sobre un asunto relacionado con la poda de un árbol. Confiando en su inocencia, ella acompañó voluntariamente a quienes la buscaban. La trasladaron al Juzgado Cuarto del Distrito del estado de Querétaro en un vehículo sin identificación oficial. Al llegar, fue presentada ante los medios de comunicación, y en ese momento supo que estaba siento acusada, junto con otras dos mujeres, de haber secuestrado a los agentes de la AFI durante los eventos ocurridos el 26 de marzo de ese año. Según sus defensores, la Sra. Francisco Marcial no tuvo acceso a un intérprete ni a persona alguna que pudiera traducir al horizonte cultural otomí (ñhä-ñhú) lo que estaba ocurriendo.

7. El Ministerio Público de la Federación, presentó como pruebas las fotografías publicadas en el diario Noticias de Querétaro, el lunes 27 de marzo de 2006, para acusar a cuatro mujeres que ahí aparecen.  De la misma manera, el agente del Ministerio Público Federal ofreció como pruebas las declaraciones ministeriales rendidas el 27 de marzo de 2006, por seis agentes federales de investigación y otros elementos policíacos municipales.  En éstas no mencionaron a alguien con las características físicas de la Sra. Jacinta Francisco Marcial, ni a ninguna persona que portase la indumentaria otomí (ñhä-ñhú). Las manifestaciones de los agentes federales fueron ampliadas el 4 de mayo de 2006, a 39 días de los hechos. En contradicción con lo declarado la primera vez, aseveraron que quienes cometieron el delito de secuestro fueron las mujeres que aparecen en la fotografía publicada por Noticias.

8. Ante la insuficiencia de las pruebas empleadas para acusarla y la profunda injusticia patente en el caso, el Centro Prodh asumió la defensa de Jacinta en segunda instancia durante enero de 2009 e interpuso el recurso de apelación en representación de la mujer indígena. Éste recayó en el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro, a cargo del magistrado Hanz Eduardo Muñoz López. En su fallo, el magistrado reconoce abiertamente que existen “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los seis agentes federales de investigación que dicen haber sido “secuestrados” por Jacinta, Teresa y Alberta. También reconoce expresamente la posibilidad de que los hechos se hayan derivado de una negociación consentida y propuesta por los servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR). Después de una defensa legal, la PGR presenta conclusiones no acusatorias y se en 2009, después de tres años en prisión, Jacinta es liberada.

9. Una vez que es puesta en libertad, Jacinta promueve un recurso administrativo en contra de la PGR debido a las irregularidades que se presentaron en su caso y solicita una reparación económica de 55 mil pesos por daño material y resarcir el daño moral sobre su persona, situación que se niega la dependencia; sin embargo, la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en mayo de 2016 ordena a la PGR reparar el daño a Jacinta.

Con esa resolución, es indispensable que la PGR ofrezca una disculpa pública a la Señora Jacinta Francisco Rivero quien hace diez años fue procesada, condenada y privada de su libertad por un delito que nunca cometió, lo que muestra que Jacinta fue víctima de una acusación cruel y sin sentido, además de un disparate documentado y sin pruebas en su contra. Jacinta es un paradigma de abuso e impunidad en el sistema de justicia, por lo que no es suficiente con entregar una indemnización, es preciso que el Estado Mexicano asuma la responsabilidad de sus errores, además de reconocer que se equivocó y actuar de manera humilde ofreciéndole una disculpa pública como una acto de buena fe y de compromiso en el respeto de los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente

ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que ofrezca una disculpa pública a la Sra. Jacinta Francisco Marcial por la condena injusta que la privó de su libertad, derivado de una infundada acusación en su contra por el secuestro de seis agentes federales por un delito que quedó demostrado no cometió, dando así cumplimiento a la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Suscriben

Dip. Maricela Contreras Julián.- Dip. Omar Ortega Álvarez.






Del Diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Justicia de la Cámara de Diputados a emitir y publicar la convocatoria de inicio de trabajos de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, con la finalidad de dar inicio a la sustanciación de los procedimientos derivados de los expedientes que no han sido turnados por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito, Diputado jorge triana tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los Resolutivos Décimo Tercero y Décimo Quinto del Acuerdo relativo a las Sesiones y al Orden del Día; emitido por los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente con fecha miércoles 4 de mayo de 2016, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, al tenor de las siguientes:

consideraciones

I. Con fecha miércoles trece de abril de dos mil dieciséis, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, suscribió un ACUERDO mediante el cual se instó a las Comisiones de Gobernación y de Justicia de aquella Colegisladora, para que a la brevedad se integrará la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, de conformidad con lo previsto por el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

II. Este Acuerdo fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, con fecha jueves catorce de abril del dos mil dieciséis, bajo el número de publicación: 4508-XI.

III. En este Acuerdo, se especifica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de Juicios Políticos, quedará integrada por cinco miembros de cada una de las Comisiones de Gobernación y de la Comisión de Justicia, así como de un Secretario de cada una, y sus respectivos Presidentes, quedando de la siguiente manera:

Legisladores

Grupo Parlamentario

Cargo

Comisión

 

 

 

 

Dip. Mercedes del Carmen Guillén Vicente

PRI

Presidenta

 

Gobernación

Dip. Rafal Hernández Soriano

PRD

Secretario

Dip. Marcela González Salas y Petricioli

PRI

Integrante

Dip. César Alejandro Domínguez Domínguez

PRI

Integrante

Dip. Karina Padilla Ávila

PAN

Integrante

Dip. Jorge Triana Tena

PAN

Integrante

Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo

MC

Integrante

Dip. Álvaro Ibarra Hinojosa

PRI

Presidente

 

 

Justicia

Dip. Javier Neblina Vega

PAN

Secretario

Dip. Abel Murrieta Jiménez

PRI

Integrante

Dip. Armando Luna Canales

PRI

Integrante

Dip. Daniel Ordoñez Hernández

PRD

Integrante

Dip. José Alberto CouttolencBuentello

PVEM

Integrante

Dip. Alfredo Basurto Román

MORENA

Integrante

IV. Actualmente, la Secretaría General de la Cámara de Diputados tiene bajo su resguardo cerca de trescientas denuncias mediante las cuales, diversos actores ciudadanos solicitan incoar Juicio Político a diversos funcionarios o servidores públicos; sin que a la fecha, estos expedientes se hayan turnado para el inicio de su procedimiento a la instancia legal y jurídicamente correspondiente, es decir: la Subcomisión de   Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, o Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, tal y como ha sido nombrada por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

V. Es imperante, que quienes integramos las Cámaras de la Unión, y particularmente la de Diputados, dignifiquemos el ejercicio de representatividad que nos ha conferido la ciudadanía, y que en aras de contribuir a generar un respeto sólido al marco de derecho nacional, ejerzamos sin proteccionismos políticos el ejercicio legal y constitucional al que estamos obligados, y en acatamiento al mandato Constitucional contenido en los artículos 109 y 110 de nuestra Carga Magna demos inicio a la atención de las denuncias ciudadanas, para sustanciar todos aquellas que ameriten procedimientos en materia de responsabilidad de todos los servidores públicos que frente a la ciudadanía y al Estado mexicano, han incurrido en conductas presumibles que ameritan la procedencia de un juicio político.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

punto de acuerdo

único. Se exhorta a las Comisiones Ordinarias de Gobernación y de Justicia de la cámara de diputados, para que emitan y publiquen la convocatoria de inicio de trabajos de la subcomisión de examen previo de juicios políticos, con la finalidad de dar inicio a la sustanciación de los procedimientos derivados de los expedientes que no han sido turnados por la secretaría general de la cámara de diputados, tal y como lo establece el artículo 12 de la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos.

Dado en el Recinto de la Cámara de Senadores, sede del salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Jorge Triana Tena






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo hacer públicos los procedimientos, objetivos, metas y avance de resultados en la contratación de deuda pública en los primeros seis meses de la actual administración. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, SHCP, y la Auditoría Superior de Michoacán, ASM, la deuda pública de la entidad en poco más de 10 años creció casi en 2,000 por ciento. En el periodo comprendido de los años 2001 a 2014, las obligaciones financieras pasaron de 1,578 a 31,298 millones de pesos. La anterior situación contribuyó a que el estado ocupara la 5ª posición con la mayor deuda per cápita del país.

Para darnos una idea de la magnitud de la deuda de Michoacán basta recordar que al inicio del periodo del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, el estado registraba una deuda que no sobrepasaba los 200 millones de pesos. Al terminar su mandato la entidad había contraído una deuda con bancos superior a los 8, 000 millones. Su sucesor, Leonel Godoy Rangel hizo lo propio al solicitar empréstitos por 7,400 millones de pesos.

Si bien es cierto que el incremento acelerado de la deuda pública de Michoacán se ha originado por necesidades administrativas, económicas y financieras. También lo es que la corrupción y mal manejo de la deuda ha sido una constante de los gobernadores en turno.

Basta recordar que la propia ASM, en diversas ocasiones ha señalado que muchos de los empréstitos no se justifican técnica ni administrativamente, peor aún, que las obras de infraestructura para los que fueron solicitados en la realidad no existen, están inacabadas o su calidad se encuentra en entre dicho. Hasta el año 2015, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., IMCO, ubicaba a Michoacán con el peor estatus de transparencia presupuestal del país.

Una situación grave que preocupa en Michoacán es que la contratación de deuda no se ha utilizado de manera correcta. Una parte considerable de los recursos han sido destinados a pagar canonjías económicas al magisterio o para contratar personal administrativo de nuevas secretarias. Sin mencionar las múltiples observaciones que ha realizado la Auditoria Superior de Michoacán por irregularidades en el ejercicio de los dineros en que ha incurrido la administración pública estatal; destacando las secretarías de Finanzas, Obras Públicas y educación, así como la Junta Local de Caminos, la Coordinación de Espacios Educativos y el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.

Lamentablemente las autoridades de Michoacán no han cumplido con los pagos de amortizaciones e intereses, lo cual ha contribuido a incrementar los adeudos de la entidad.

Una de las promesas de campaña del hoy gobernador Silvano Aureoles Conejo fue “liquidar en 2016 la deuda de corto plazo que asciende a los 13 mil millones de pesos, pasivos relativos a adeudos con proveedores y prestadores de servicios”. Hoy, no solamente no ha liquidado la deuda o ha logrado reducirla, sino que también ha solicitado al Congreso Local nuevos empréstitos.

El 30 de diciembre de 2015, el Congreso de Michoacán autorizó al gobernador la contratación de deuda por 3 mil 600 millones de pesos. Al mes de abril, habría solicitado dos nuevos montos de endeudamiento, uno por 400 millones de pesos para gasto corriente del estado, y otro por 1,200 millones que se destinaría directamente a los municipios de la entidad.

De aprobarse este techo de endeudamiento, al gobierno estatal en lo que va de la presente administración se le habrían autorizado un total de 5,200 millones de pesos. Esto significaría que en tan sólo siete meses habría alcanzado en 60 por ciento el total de la deuda que sus antecesores Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, habrían contratado a lo largo de sus respectivas gestiones.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que endeudarse no es malo, siempre y cuando se contraten empréstitos con responsabilidad, transparencia y con las mejores condiciones en el mercado; pero, sobre todo, que los recursos que se obtengan de los empréstitos se utilicen para invertir en proyectos que impulsen el crecimiento y reduzcan el rezago social.

Estamos conscientes de que la deuda de Michoacán no debe seguir creciendo de manera desproporcionada. Por ello, es que exhortamos al Gobierno de Michoacán a que remita a esta soberanía un informe sobre las metas y objetivos de contratación de deuda que el Congreso Local le aprobó en diciembre de 2015 y que ascienden a los 3,200 millones de pesos.

Tengamos en cuenta que un endeudamiento acelerado como el que se está viviendo en la entidad, requiere de una reforma integral y de fondo de las finanzas públicas. Es por ello, que exhortamos respetuosamente al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a no autorizar otro endeudamiento hasta que no se homologuen las leyes locales con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, publicadas el pasado 27 de abril en el Diario Oficial de la Federación, y que de acuerdo con el Artículo Tercero Transitorio, las entidades federativas y, en su caso, los municipios deberán realizar las reformas a los reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias en los 180 días naturales a la entrada en vigor de la misma legislación federal.

Lo anterior con el objetivo de que Michoacán cuente con los procedimientos adecuados para la contratación de deuda pública. Es decir, que los empréstitos solicitados en efecto se encuentren dirigidos a cubrir lo establecido en las metas y objetivos, además de que cumplan con los principios de probidad, transparencia eficiencia, evaluación de resultados y rendición de cuentas.

También para que los empréstitos se contraten bajo las mejores condiciones del mercado y no se rebasen los límites máximos, y aquellos que incurran en actos de corrupción o utilicen de manera incorrecta los recursos sean castigados conforme a derecho.

No hay que olvidar que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece con toda claridad que los recursos de los que dispongan la federación, los estados y municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos y administrativos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer las necesidades a los que estén destinados.

Es de recalcar que con la homologación de la legislación local con la federal se buscaría la existencia de ciertos plazos para medir el coeficiente del saldo de la deuda respecto del PIB estatal, y de las participaciones fiscales totales más ingresos propios no presentados.

El objetivo es transparentar el destino de los recursos obtenidos mediante endeudamiento; es decir, qué cantidades se van a gasto corriente o social, a infraestructura, a la cobertura de intereses, a comisiones o cualquier otra erogación, tal y como se establece en la nueva legislación federal.

Michoacán no puede cometer los mismos errores del pasado. Antes de aprobar cualquier nuevo empréstito, se debe homologar su legislación local a la federal en materia de contratación de deuda pública y de disciplina financiera para estados y municipios.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a hacer públicos los procedimientos, objetivos, metas y avances de resultados en la contratación de deuda pública en los primeros seis meses de la actual administración.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado, con pleno respeto a su autonomía, a no autorizar ninguna solicitud de endeudamiento del Gobierno Estatal hasta que no se haya armonizado la legislación local con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, publicadas el pasado 27 de abril en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y a las 32 Secretarías de Medio Ambiente de las entidades federativas a reforzar la adquisición, uso y mantenimiento de las unidades de monitoreo de la calidad del aire y así contar con un sistema nacional de información de la calidad del aire. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas a que por conducto de las autoridades competentes en ejercicio de sus respectivas atribuciones legales, detengan el acoso y la violencia contra las presidentas municipales y se garantice su seguridad e integridad. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON ABSOLUTO RESPETO A SU SOBERANÍA, PARA QUE POR CONDUCTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES LEGALES, DETENGAN EL ACOSO Y A LA VIOLENCIA CONTRA LAS PRESIDENTAS MUNICIPALES Y SE GARANTICE SU SEGURIDAD E INTEGRIDAD, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, la reforma político-electoral de enero de 2014 que otorgó rango constitucional a la paridad de género entre mujeres y hombres en las candidaturas de la Cámara de Diputados, Senadores y Congresos estatales, culminó con la aprobación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

Todas estas medidas deberán lograr, a mediano y largo plazo, la inclusión definitiva de las mujeres, en condiciones numéricas de igualdad con sus pares hombres, en la vida política.

No obstante lo anterior, el proceso electoral en el estado de Chiapas del domingo 19 de julio de 2015 se caracterizó por una serie de irregularidades e inequidad en las elecciones, que violentaron los principios de legalidad, equidad, seguridad jurídica, transparencia, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia que norman todo proceso electoral. En Chiapas, simplemente, no se respetó el mandato constitucional ni la jurisprudencial en materia de paridad de género, el cual establece que el 50% de candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías debe corresponder a hombres y 50% a mujeres. Por ese motivo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo que intervenir ordenando al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado, obligar a los partidos a observar la paridad de género en el otorgamiento de candidaturas a diputados locales y a integrantes de ayuntamientos.

A pesar de ello durante ese proceso electoral, treinta y cuatro candidatas fueron electas presidentas municipales y, 56% de las regidurías correspondían a mujeres. Sin embargo, hubo dos casos en que las alcaldesas “cedieron” su representación a sus esposos, el de Olga Gómez López y el de Fabiola Vázquez Ortiz, quienes gobernaron durante 6 meses en los municipios de Chanal y Tila respectivamente.

Estos atentados contra el principio de paridad, son uno entre varios tipos de violencia política de género que enfrentan las mujeres en Chiapas. La Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE) han señalado con gran preocupación lo que ocurre en municipios como Chenalhó, Oxchuc y Chanal, en otros. Antes de empezar la primera quincena de abril del 2016, la Presidente y Lic. Rosa Pérez Pérez del municipio de Chenalhó, redacta de su propia mano que el día 13 de abril del año en curso, fue obligada por un grupo de inconformes del municipio de San Pedro Chenalhó a firmar un documento en el que señalaba la entrega de su renuncia irrevocable como Presidenta Municipal. Así también señala que desconoce en todas y cada una de sus partes el escrito firmado bajo presión.

Como podemos observar este caso, es un claro ejemplo de la violencia política en contra de las mujeres que asumen cargos de elección popular. Por estos motivos, la prevención de la violencia es una inversión “inteligente” que implica muchos beneficios y ahorro Prevenir la violencia contra las mujeres supone un valioso ahorro de fondos públicos y privados.

Cabe recordar que la violencia contra las mujeres, si bien es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, se trata de una ofensa a la dignidad humana y una grave violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Aun y cuando, exista un reconocimiento expreso a este derecho, podemos afirmar que, las mujeres por su condición de género, encuentran límites al ejercicio del mismo en condiciones de igualdad respecto a los hombres, y han visto limitado su acceso a la participación en el ámbito público, principalmente en los espacios políticos.

Es por lo anterior que todo acto que implique violencia debe prevenirse y garantizar la seguridad y protección de las mujeres que contienden por un puesto de elección popular. En este caso específico, son las autoridades Chiapanecas quienes deben garantizar las condiciones para que las mujeres puedan acceder a cargos decisorios en todas las estructuras de poder y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de toda forma de violencia, el cual también se halla relacionado con el derecho a la seguridad.

Es por lo anteriormente expuesto, que propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chiapas, con absoluto respeto a su soberanía, para que por conducto de las autoridades competentes en ejercicio de sus respectivas atribuciones legales, detengan el acoso y a la violencia contra las presidentas municipales.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de Chiapas a garantizar la seguridad e integridad de las treinta y dos presidentas municipales en funciones.

TERCERO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Sen. Zoé Robledo Aburto.






Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo en relación a la problemática de la reserva de la biósfera de “La Sepultura”, Chiapas. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE LA SEPULTURA, CHIAPAS con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Reserva de la Biósfera de La Sepultura, es un Área Natural Protegida de la más alta prioridad. Se localiza en la región suroeste del Estado de Chiapas, en la porción noroeste de la Sierra Madre del estado. Limita al norte y noreste con la Depresión Central de Chiapas, al este con cumbres de la Sierra Madre en su continuación hacia el Soconusco, al sur con la Planicie Costera del Pacífico y al oeste con misma Sierra Madre en su continuación hacia el Estado de Oaxaca.

Comprende parte de los municipios de Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Tonalá, Villacorzo y Villaflores, Chiapas.

La Sepultura es una franja montañosa que corre paralela a la costa del Pacífico, recorriendo el estado en dirección noroeste-sureste, continuándose en el Estado de Oaxaca y Guatemala. Limita al sur con la Planicie Costera del Pacífico y al norte con la Depresión Central de Chiapas, se caracteriza por lo escarpado del terreno con grandes pendientes.

El agua que se origina en la región de la Reserva es uno de los principales servicios ambientales que ofrece el área y que beneficia a 126 localidades de La Sepultura y sus habitantes, así como a las ciudades de Arriaga, Tonalá y en parte a Tuxtla Gutiérrez.

Su ubicación en el Istmo de Tehuantepec con una alta influencia de vientos, ha permitido el desarrollo de por lo menos 10 de los 18 tipos de vegetación primaria reportados para la entidad y contiene una gran diversidad de especies endémicas, raras, amenazadas y en peligro de extinción, tanto de flora como de fauna.

Los tipos de vegetación con los que cuenta son: bosques de Coníferas, de Encino, Mesófilo de Montaña, Pastizal, selvas Baja Caducifolia, Selva Perennifolia. Selva Subcaducifolia y Vegetación inducida.

Entre la fauna que se encuentra en la zona están el zorro gris, puercoespín, tepezcuintle, ocelote, jaguarundis, jaguar, venado cola blanca, mono araña, tapir, venado cabrito, oso hormiguero, nutria de río, comadreja, iguana verde, entre muchos otros.

En la misma se realizan también actividades humanas como la ganadería, la agricultura de maíz y frijol, el cultivo del café, manejo de la madera de bosques, entre otras.

Esta Reserva de la Biósfera tiene una gama de ecosistemas y varios tipos de hábitats naturales que representan importantes regiones biogeográficas. Alberga más de 90 especies de aves migratorias, seis especies de palmas de importancia económica mundial y varias especies de orquídeas.

En suma, La Sepultura es una región de gran valor ecológico y es un patrimonio para los chiapanecos y en general para todos los mexicanos.

Por desgracia, al igual que otras áreas naturales protegidas, padece problemas que atentan contra su integridad presente y que por tanto, comprometen su futuro si no actuamos ya para detener su deterioro. Este es causado por ejemplo, por el cambio de uso de suelo que genera deforestación por falta de sistemas productivos adecuados, la expansión de la ganadería y otros, como la fragmentación del hábitat por obra carretera.

Otras problemáticas señaladas en el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera1 son la tala clandestina, la quema y ganadería extensiva en los pinares sabanoides; altas tasas de erosión en las zonas de arenas derivadas de granitos y cultivos extensos ilícitos en las zonas altas, la creación de nuevos asentamientos humanos, la contaminación del agua y el suelo, entre otros.

La zona presenta recurrentes incendios forestales, las principales causas de los mismos son las quemas no controladas por la expansión de la actividad agrícola y pecuaria, la ocupación de tierras, actividades ilícitas y el control territorial.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realicen mesas de trabajo intersecretariales con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas para que de manera conjunta e integral se discutan las acciones a emprender para resolver de manera urgente las siguientes problemáticas que se están presentando en la Reserva de la Biosfera La Sepultura:

• Cambio de uso de suelo por expansión de la frontera agropecuaria;

• Incendios forestales;

• Asentamientos humanos irregulares;

• Contaminación de agua y suelos;

• Erosión y degradación de los mismos.

Asimismo, se requiere que la información generada sea remitida a este Senado dela República mensualmente.

Salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 DOF 15-09-2000. Aviso por el que se informa al público en general que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del Area Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera, la región conocida como La Sepultura, ubicada en la porción Noroeste de la Sierra Madre de Chiapas en los municipios de Tonalá, Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Villaflores y Villacorzo, Chiapas, establecida mediante Decreto Presidencial, publicado el 6 de junio de 1995.http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/AVISOsepultura.pdf





Del Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y al de la Ciudad de México a realizar un trabajo coordinado para brindar protección y seguridad a todos los candidatos y candidatas que participan en los procesos electorales locales en curso. Se turna a la Primera Comisión.

Senador HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sin lugar a dudas, uno de los temas trascendentes en el país, es el de la seguridad pública, diversos organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y autónomos han realizado estimaciones sobre la situación que enfrenta México en esta materia, entre estos destacan: la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la consultora Lantia, México Unido contra la Delincuencia, Amnistía Internacional, Human RightsWatch, el Instituto Mexicano para la Competitividad entre otros, y se puede observar la forma negativa en donde la gente percibe la ola de violencia en el país.

La democracia electoral se fundamenta en la participación libre de la ciudadanía para elegir a sus representantes populares, por ello es menester garantizar una pluralidad de candidatas y candidatos a los cargos públicos, a fin de diversificar las opciones, y generar mayores alternativas a los problemas del país. Los partidos políticos y sus candidatos son los protagonistas principales de las elecciones, compiten por los cargos públicos, llevan a cabo campañas electorales, se legitiman por elecciones recurrentes, libres y competitivas mediante el sufragio.

Al día de hoy en 13 entidades federativas se desarrollan procesos electorales, y en su conjunto los ciudadanos deberán designar alrededor de mil 365 cargos públicos en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Entre estas entidades se elegirán 12 Gobernadores, 239 diputaciones de mayoría relativa, 149 diputaciones de representación proporcional y 965 ayuntamientos.

De la experiencia del proceso electoral 2015, surgen diversas dudas e inquietudes por parte tanto de candidatos, como de la ciudadanía y la autoridad electoral, a efecto de garantizar las mejores condiciones para el desarrollo de todo el proceso electoral. Durante el transcurso de las campañas electorales del año pasado al menos se documentaron 28 candidatos asesinados y dirigentes en 12 Estados; 16 ciudadanos muertos por enfrentamientos previos a la elección; 3 asesinatos durante el desarrollo de la jornada electoral, entre muchos otros ataques a candidatas y candidatos, quema de casillas, en al menos Chiapas, Guerrero, Michoacán, y Oaxaca1.

Un ejemplo fue el lamentable asesinato que se perpetró en contra del ex coordinador de la Unión Campesina Oaxaqueña, en el estado de Guerrero quien era el candidato por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Revolucionario Institucional, Ulises Fabián Quiroz2.   

Acontecimientos de esta naturaleza dañan a México como un país democrático, ya que opacan y desvirtúan los objetivos y fines de las elecciones, afectando en primer lugar el interés por la política por parte de los ciudadanos; la confianza interpersonal en las instituciones, la tolerancia y la competencia electoral.

Bajo este panorama la democracia no se fortalece, sumándose con ello la inseguridad que sufren los candidatos cuando están en el pleno ejercicio de su derecho a ser votados. No es posible concebir un sistema electoral íntegro bajo el influjo de estos vicios.

En el desarrollo del proceso electoral en curso, han sido diversos los ataques en contra de candidato o dirigentes de partidos, por parte de grupos delincuenciales, como de grupos de ciudadanos, situación que empaña las elecciones. Por citar algunos ejemplos:

• El 1º de abril fue asesinado el coordinador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la región de la Costa, Enrique Quiroz en Oaxaca, Oaxaca3.

• El 6 de abril Baldomero Enríquez Santiago quien fuera candidato comunitario a la presidencia municipal de San Agustín Loxicha, Oaxaca fue asesinado mientras se encontraba en el Instituto Estatal de Educación Pública de ese Estado4.

• El 23 de abril colonos de Altamira, Tamaulipas agredieron al candidato del Partido del Trabajo a diputado local Ernesto de la Portillo González5.

• El 30 de abril un grupo de ciudadanos agredieron e impidieron la entrada a la localidad El Mandho al candidato del PRI por la presidencia municipal de Ixmiquilpan Facundo Guerrero Ramírez6.

• El pasado 10 de Mayo se volcó la camioneta del candidato por el partido Encuentro Social en el estado de Zacatecas, aunque los ocupantes sólo presentaron lesiones leves y el postulado no se encontraba en el vehículo, el “supuesto accidente” demuestra el riesgo al cual se enfrentan los candidatos y su equipo de trabajo durante el proceso electoral; además de haber denunciado amenazas en su contra7.  

• El 30 de abril el candidato a la gubernatura de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, denunció amenazas de muerte en su contra y familiares8.

Este clima de violencia política, no es un síntoma aislado, y no puede diagnosticarse bajo el parámetro de una sola causa, sin duda es multifactorial y debe rastrearse al menos desde tres vertientes: a) el escenario sembrado de crimen organizado proveniente del narcotráfico, las redes de negocios ilícitos y la política exterior norteamericana; b) la llamada narcopolítica (corrupción/ajuste de cuentas); c) el descontento social ante los factores anteriores, representado por la política antidemocrática no representativa9.

La protección a candidatos no sólo debe velar por la integridad del postulante, sino por la seguridad de todos los ciudadanos que participen en los comicios, así se podrá asegurar que se ejerza un voto libre y seguro.

Es necesaria la plena coordinación entre la Federación, los Estados y Municipios para aumentar los protocolos de seguridad durante las campañas electorales y el día de elección. 

Que se aprovechen las instituciones ya creadas en materia de seguridad y se haga un buen uso de la información e indicadores que ayuden en la planeación de una estrategia integral para candidatos y ciudadanos en tiempo electorales; todo para favorecer el clima democrático del país.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y de la Ciudad de México, a los Institutos Electorales locales de estos Estados, así como al Instituto Nacional Electoral a realizar un trabajo coordinado para brindar protección y seguridad a todos los candidatos y candidatas que participan en los procesos electorales locales en curso.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

1 Encinas, Alejandro, “Saldo electoral”, Revisa Proceso, [consultado: 12-05-2016], disponible en internet: http://www.proceso.com.mx/409303/saldo-electoral-2

2 David Vicenteño, “Proceso Electoral deja 21 políticos asesinados”, EXCÉLSIOR [consultado: 12/05/2016], disponible en internet: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/04/1027625  

3 Pérez, Jorge A, “Asesinan en Oaxaca a líder regional de MORENA”, Periódico La Jornada, [consultado: 17/05/16], disponible en internet: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/02/asesinan-al-dirigente-de-morena-en-oaxaca

4 Véase “Asesinan a candidato a una alcaldía de Oaxaca”, disponible en
http://lopezdoriga.com/nacional/asesinan-a-candidato-a-una-alcaldia-de-oaxaca/

5 Véase, “Colonos agreden a candidato en Altamira”, http://www.hoytamaulipas.net/notas/218475/Colonos-agreden-a-candidato-en-Altamira.html

6 Véase “Agreden a candidato priísta en Ixmiquilpan”, disponible en http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/2016/04/326920

7 “Vuelca Camioneta de Marco Flores candidato a Gobernador de Zacatecas”, MIRADOR [Consultado el: 12/05/2016], disponible en internet: http://www.periodicomirador.com/2016/05/10/vuelca-camioneta-de-marco-flores-candidato-a-gobernador-de-zacatecas/

8 Véase “Aspirantes a la gubernatura de Sinaloa denuncia amenaza de muerte”, disponible en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/30/1089752

9 Asesinatos y atentado: Clima político en México. 298 | 16 julio 2013 | En Pocas Palabras. [Consultado el: 12/05/2016], disponible en internet: http://www.libertaddepalabra.com/2013/07/asesinatos-y-atentados-clima-politico-en-mexico/






De los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Poder Judicial de la Federación y a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión para que reconozcan como Desaparición Forzada de Personas lo ocurrido a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa atacados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Se turna a la Primera Comisión.

ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ y JUAN ROMERO TENORIO en nuestra calidad de Diputados Federalesde la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente  u obvia resolución, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre  de 2014, fueron atacados los estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, cuando realizaban una “toma” de autobuses y un “boteo” para juntar recursos para trasladarse el día 2 de octubre a la Ciudad de México, para la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

Durante el ataque 43 jóvenes estudiantes fueron desaparecidos de manera forzada y a la  fecha continúan en calidad de desparecidos, fueron asesinadas 6 personas, 3 estudiantes de la normal y 3 más del equipo de segunda división “Los Avispones”, 17 alumnos resultaron lesionados, y además sufrieron violación a los derechos humanos más de 100 personas.

SEGUNDO.- El 18 de noviembre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos oficializó un acuerdo de cooperación técnica con el Estado Mexicano sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, a quienes consideró víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014.

TECERO.- También el 18 noviembre, 2014, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, Pérez calificó el caso Ayotzinapa como “una desaparición forzada”, al ser evidente la participación de servidores públicos del ayuntamiento de Iguala.

CUARTO.- Sin embargo, la justicia federal de acuerdo con las sentencias del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y después por la del Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, rechazó que los 43 normalistas de Ayotzinapa hayan sidovíctimas de desaparición forzada porque los indicios apuntan a que los estudiantes están muertosy no a que fueron“ocultados” por el gobierno, informó el sábado 14 de mayo el diarioReforma.

Esto en razón quela Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizadano acreditó el ocultamiento de las víctimas, uno de los tres requisitos básicos para configurar la desaparición forzada.

Según los fallos, las tres condiciones son indivisibles y a falta de una de ellas no se acredita el delito. Los tribunales ya no analizaron la existencia de los otros requisitos: la negativa de los acusados a dar información fidedigna sobre el paradero de las víctimas y que los civiles involucrados aprovechen el apoyo de funcionarios.

De acuerdo con el razonamiento de los juzgadores, los indicios de la PGR apuntan a que los estudiantes fueron víctimas de una ejecución sumaria, es decir, que fueron asesinados en un periodo breve, y señalan:

“La naturaleza jurídica (del delito de desaparición forzada) es distinta a la de otras figuras delictivas atentatorias contra la libertad personal, pues penaliza las acciones represivas de índole gubernamental en contra de la sociedad civil, que se traducen no sólo en la privación de la libertad de uno o varios individuos, sino predominantemente en su ocultamiento bajo detención”, refiere una sentencia.

“Las constancias procesales apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente”, establece la sentencia.

Los jueces también argumentaron que la desaparición forzada, por tener una finalidad “represiva”, implica una privación de la libertad extensa, y en este caso eso tampoco ocurrió, ya que las constancias indican que los estudiantes muy probablemente fueron asesinados horas después de su detención.

Bajo dichos argumentos, ambas instancias judiciales rechazaron girar las capturas por desaparición forzada en contra de 56 acusados, entre ellos el ex Alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como policías municipales de Iguala y Cocula, y presuntos integrantes de la banda Guerreros Unidos.

También se negaron las capturas de Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía de Iguala, así como decenas de sus agentes subordinados y del municipio de Cocula, y presuntos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.

En la consignación fallida, la PGR presentó como indicios los testimonios de presuntos criminales que afirman haber participado en la ejecución e incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y en el posterior traslado de sus restos y cenizas al Río San Juan.

A la fecha, 120 políticos locales, policías, presuntos narcotraficantes y “halcones” han sido encarcelados por el caso Iguala, pero la Procuraduría no ha tenido éxito para fincar la desaparición forzada a ninguno de los inculpados.

Especialistas de la Universidad de Innsbruck, en Austria, han identificado a Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio a partir del análisis de los restos recabados en el Río San Juan, en Cocula, cuya cadena de custodia ha sido cuestionada.

Dichas identificaciones, eventualmente, podrían llevar a consignar a los involucrados por el delito de homicidio.

El 24 de diciembre de 2014, Martha Alicia Ramírez Martínez, secretaria encargada de despacho del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, negó las 56 órdenes de aprehensión por desaparición forzada en la causa penal 123/2014.

La PGR impugnó, pero el magistrado Carlos Manuel Aponte Sosa, titular del Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, ratificó el 23 de abril de 2015 la resolución, al estimar que la SEIDO ofreció argumentos deficientes.

Agregó que, además, los razonamientos de la autoridad ministerial no atacaron los motivos por los que se rechazó girar las capturas, señala el fallo de la apelación 68/2015

QUINTO.- En el ámbito doctrinal podemos sostener que la desaparición forzada de personas tiene la siguiente connotación:

“... la característica distintiva de la desaparición forzada de personas, y de la que se deriva su extrema gravedad, es que en este caso el estado no sólo priva de la libertad e incluso con frecuencia de la vida a una persona, sino que lo hace en forma clandestina, sin dejar rastro alguno, ni de la persona ni de su suerte. Y, lo más importante, sin que exista una posibilidad real de siquiera demostrar que la persona está efectivamente desaparecida. Este es un delito específicamente diseñado para anular la protección de la ley y de las instituciones y para dejar a las víctimas en absoluto estado de indefensión”.

La preocupación por la desaparición forzada de personas en el mundo ha llevado al pronunciamiento de países, regiones y continentes en contra de este flagelo. Lo que a su vez ha contribuido  la creación e implementación de políticas, instrumentos  jurídicos, nacionales, regionales o internacionales, que prevengan combatan y sancionen este flagelo.

En este sentido, en una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que: “la desaparición forzada de personas constituye un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que caracterizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal” [*] .

Una de las primeras evidencias acerca de la mención del delito de Desaparición Forzada de Personas dentro de una resolución importante de un organismo mundial, lo constituyó la resolución 33/173 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Mediante esa resolución del 20 de diciembre de 1978, las Naciones Unidas declararían su profunda preocupación por los informes provenientes de diversas partes del mundo en relación a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas.

Según la resolución, los miembros de la Asamblea, conmovidos por la angustia y el pesar causados por esas desapariciones, solicitaban a los gobiernos que garantizaran que las autoridades u organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y de mantener la seguridad interna en los estados, tuvieran responsabilidad jurídica por los excesos que condujeran a desapariciones forzadas o involuntarias.

A esta resolución seguirían otras que tenían un fin parecido.

Este es el caso del anexo de la resolución 43/173, del 9 de diciembre de 1988, en donde se establecía lo que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas llamó Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y el anexo de la resolución 1989/65, del 24 de mayo de 1989, con la cual el Consejo Económico y Social formuló los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias , que sería aprobado por la Asamblea General en su resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989.

A pesar de estas y otras resoluciones parecidas, lejos de disminuir, aumentaba cada año a nivel mundial el número de desapariciones forzadas.

Esto llevó a que las Naciones Unidas aprobaran el 18 de diciembre de 1992 la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En la parte considerativa de esta declaración la Asamblea General indicaba su profunda preocupación por el hecho de que en muchos países, y con frecuencia de forma persistente, se producía este tipo de delitos, sin que tales conductas tuviesen su correspondiente sanción legal. La misma organización reconocía, que si bien los actos que contribuían a las desapariciones forzadas constituían una violación de las prohibiciones que figuraban en los instrumentos y resoluciones internacionales ya mencionados, fue necesario elaborar una declaración que hiciera que todos los actos de desapariciones forzadas se consideraran delitos de extrema gravedad y se establecieran normas destinadas a prevenirlos [*] .

En la Resolución 47/133, que contiene la referida Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 18 de diciembre de 1992 de la Organización de Naciones Unidas, la Asamblea General se declara:

Profundamente preocupada por el hecho de que en muchos países, con frecuencia de manera persistente, se produzcan desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.”

Y se considera que “las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y quesu práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad.”

A nivel del Continente Americano, la primera manifestación importante de una organización regional sobre el tema concreto de las desapariciones forzadas, se produjo en 1974 cuando la Organización de Estados Americanos se pronunció con relación a los desaparecidos en Chile.

En noviembre de 1982, el Congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam), elaboró un proyecto titulado Convención sobre Desaparecimiento Forzado. Se esperaba que con la adopción de ese proyecto se pudiera prevenir en el continente la comisión del delito y se contribuyera a la recuperación de los valores sociales y humanos afectados con las dictaduras militares que azotaron a Latinoamérica en la década de los sesenta y setenta. Sin embargo, la promoción internacional de la convención resultó infructuosa, ya que no fue adoptada por ninguna organización regional o mundial.

Un año después, en 1983, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, dio un paso adelante en el camino hacia la regulación de las desapariciones forzadas, al aprobar la resolución 666 (XIII - 083). En el artículo 4 de la misma se acordaba “Declarar que la práctica de la Desaparición Forzada de Personas en América es una afrenta a la conciencia del hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad”.

Finalmente, tal como lo hicieron las Naciones Unidas con la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Organización de Estados Americanos también crearon un instrumento internacional destinado especialmente a prevenir, sancionar y suprimir este delito en el hemisferio. Fue así como el 9 de junio de 1994, en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, la Asamblea General de esa organización regional adoptó la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas. Esta convención fue aprobada en virtud de un proyecto presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que venía siendo discutido desde 1987.

En el preámbulo de la Convención se señala que la subsistencia en el continente de las desapariciones forzadas era innegable y que su práctica de forma sistemática constituía un crimen de lesa humanidad. También se le considera una “grave ofensa a la naturaleza, odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la carta de la organización” [*] .

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, indica que para efectos de esta convención:

“se considera desaparición forzada, la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del estado o por personas o por grupos de personas, que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Tanto la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas, como la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, de la Organización de Estados Americanos, constituyen los instrumentos internacionales más importantes, vigentes hasta el presente. En ambos se define de forma clara y precisa lo que debe entenderse por este delito y cuáles son los elementos y características que deben reunirse para que el mismo exista.

Estatuto de la Corte Penal Internacional, elaborado en la ciudad de Roma en 1998 es el instrumento jurídico internacional más reciente sobre el particular. Para el 20 de diciembre del 2000 dicho estatuto ya había sido aprobado por 123 países de la comunidad internacional [*] .

Lo que resulta de mayor interés para el caso, es que este delito está expresamente regulado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y en los demás documentos que conformarían el cuerpo legal de ese organismo., específicamente el documento relativo a los “Elementos de los Crímenes” que hace mención a los supuestos que deben existir para su configuración jurídica.

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 20 de diciembre de 2006, en la que se indica que para efectos de dicha convención: “se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del estado, o por personas o grupos de personas, que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Hasta hoy, cuando se hablaba de desaparición forzada de personas, no se pensaba en México como un lugar donde ocurrirá este ilícito, mucho menos a gran escala.

Sin embargo la tragedia ocurrida en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde 43 estudiantes de la Escuelanormal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desparecidos, actuó como detonador para que el tema de las desapariciones forzadas en México se plantee como un asunto de interés nacional y prioritario para el país. Un asunto sobre el que toda la sociedad reclama justicia y fin a la impunidad.

SEXTO.- La decisión de los tribunales mexicanos resulta inexplicable e incluso es un agravio para la sociedad entera. Esta resolución puede constituir una omisión, considerando que el artículo primero constitucional establece la obligación de todas las autoridades, incluida por supuesto esta Cámara de Diputados, de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, INVESTIGAR, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra OBLIGADO a prevenir, INVESTIGAR, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de tal forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado.

Derivado de todo lo anterior, la resolución de los tribunales vulnera los derechos humanos de las víctimas, de los padres de familia y de la sociedad en su conjunto.

Es menester señalar que las indagatorias continúan abiertas por las autoridades competentes. Tan es así que el 18 de febrero de 2016, en reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, se presentaron los avances obtenidos en los tres meses de la segunda etapa de investigación, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos solicitaron que institución lleve a cabo 140 diligencias como parte de la investigación del caso Iguala, y que complementa y refuerzan a las presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Por su parte la dependencia informó, comunicado 253/16 [*] , que la “indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes normalistas está abierta y se desarrolla contando, de manera estrecha, con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinaria de expertos Independientes (GIEI) para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables a través del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal”.

SÉPTIMO.- La Procuraduría General de la República, está obligada Constitucional y legalmente  a ejercer sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos. Conforme lo establecido en el artículo 102 apartado  A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta respetuosamenteal Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión reconozcan como Desaparición Forzada de Personas lo ocurrido a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa atacados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Dip. Araceli Damián González.- Dip. Juan Romero Tenorio

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de Mayo de 2016.
[*] Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Resolución AG/RES-666 (XIII - 0/83), aprobada en la sesión plenaria del 18 de noviembre de 1983.
[*] Resolución 47/133 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, 18 de diciembre de 1992, Parte Considerativa.
[*] Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1.994, Preámbulo.
[*] www.derechos.org/nizkor/impu/tpi
[*] Procuraduría General de la República Comunicado 253/16 http://www.gob.mx/pfr/prensa/pgr-la-investigación-sobre -la-desaprición-de-los-normalistas-continua-comunicado-253-16






Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a imprimir la mayor publicidad respecto de la investigación relacionada con los albergues “Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C.”; y a la Procuraduría General de la República a considerar la atracción de dichas investigaciones. Se turna a la Primera Comisión.

ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco para que imprima la mayor publicidad respecto de la investigación relacionada con los albergues “Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C.”; y a la Procuraduría General de la República, para que considere la atracción de dichas investigaciones, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado martes 17 de mayo, la Fiscalía General de Jalisco logró liberar del albergue Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C. a 271 personas que se encontraban retenidas en condiciones de hacinamiento, insalubridad y bajo abusos físicos y psicológicos.

Las autoridades informaron que, en el lugar, se encontraron a 111 mujeres, 43 de ellas menores de edad y a 160 hombres, 69 de los cuales eran menores. Se indicó que, la mayoría de los menores, acusaban maltrato físico y psicológico como golpes, quemaduras, abuso sexual, etc.

Igualmente, dieron a conocer la localización de 11 individuos con órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar, los que utilizaban dicho centro para evadir la acción de la justicia.

Sobre el particular, se dio a conocer el nombre de José Luis Sánchez Ramírez “El Padrino”, supuesto líder de la organización civil que operaba el albergue, del que, se dice, está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Derivado de lo anterior la Fiscalía Estatal llevo a cabo la revisión de otros tres albergues perteneciente a la misma asociación, donde encontraron condiciones similares a las del primer albergue intervenido.

En este sentido, es que resulta de la mayor importancia que se le dé la mayor publicidad a la investigación del caso; que la Comisión Nacional contra las Adicciones analice, junto con el Congreso de la Unión, el estado que guardan los estándares actuales para la certificación, vigilancia y control de los centros de rehabilitación y buscar la conveniencia de que la Procuraduría General de la Republica considere atraer la investigación del caso ante los indicios que el crimen organizado se encontraba infiltrado en la operación de tales centros de rehabilitación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:


RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita al gobierno del estado de Jalisco, con pleno respeto a los principios de confidencialidad y reserva, imprima la mayor publicidad respecto de las investigaciones relacionadas con los albergues “Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C.”.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República considere atraer la investigación, a fin de abundar en la indagatorias por la posible infiltración del crimen organizado.

Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Dip. Alejandro González Murillo.






Del Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a diseñar e implementar acciones y medidas coordinadas y homologadas en toda la zona de influencia ecológica que conforma la Megalópolis, con el fin de prevenir y controlar las contingencias ambientales provocadas por la mala calidad del aire. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, FRANCISCO JAVIER PINTO TORRES, Diputado de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el año 2012, la Zona Metropolitana del Valle de México fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas, como la tercera zona urbana más poblada del mundo.

Dado que los problemas de contaminación y desequilibrio ecológicos generados por un aglomerado humano no conocen de fronteras y jurisdicciones, pero se concentran en una región en donde conviven y avecindan millones de habitantes en un espacio común, era necesario crear un órgano de coordinación que permita integrar acciones en materia de protección ambiental, entre las diferentes jurisdicciones que conforman y coinciden en dicho espacio.

Así, el 23 de agosto de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de la “Comisión Ambiental de la Megalópolis”, para integrar al Distrito Federal (16 delegaciones) y a los Estados de México (80 municipios), Hidalgo (29 municipios), Morelos (33 municipios), Puebla (22 municipios),Tlaxcala (60 municipios) dentro de un conjunto urbano o espacio común denominado “Megalópolis” y establecer un convenio de coordinación entre las diferentes jurisdicciones locales y municipales entre sí y de éstas con la Federación y el Distrito Federal, en el diseño, planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona conformada.

Dicho convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2013.1 Sin embargo, a más de dos años de su creación, esta Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha sido exitosa en el desarrollo de su función.

En el Valle de México hemos sido testigo de frecuentes activaciones de las fases de precontingencia ambiental debido a la mala calidad del aire.
Los problemas de contaminación y desequilibrio ecológicos generados por un aglomerado humano no conocen de fronteras y jurisdicciones, pero se concentran en una región en donde conviven y avecindan millones de habitantes en un espacio común. Así, gran parte de los contaminantes que a diario respiran los capitalinos provienen del corredor Tula-Tepeji, en Hidalgo, y de las zonas industriales del Estado de México.2

En efecto, la problemática de la mala calidad del aire en el Valle de México no depende solamente de la generación de contaminantes emitidos en la Ciudad de México, sino que también contribuyen a este fenómeno aquellos contaminantes emitidos en las zonas aledañas a la Ciudad de México y que por proximidad geográfica y determinadas condiciones meteorológicas (ejemplo: vientos) y topográficas (ejemplo: corredor de montañas) llegan hasta la Ciudad de México y en sentido contrario también.

Debido a la contaminación del aire, México presenta al año, las siguientes cifras: 5,065 muertes; 14, 002 hospitalizaciones; 818, 679 consultas médicas; 3,396 millones de pesos perdidos en productividad; y 728 millones de pesos de gastos en salud.3

La contaminación del aire se asocia con 5 de las 10 principales causas de muerte en México: enfermedades del corazón; tumores malignos; neumonía e influenza; enfermedades cerebro-vasculares; y enfermedades pulmonares obstructivas-crónicas.4

Según estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la contaminación atmosférica puede limitar la competitividad de las ciudades, ya que en el corto plazo, las enfermedades causadas por la mala calidad del aire generan gastos en salud que recaen sobre las familias o el sector público; y reducen la productividad de los trabajadores que se enferman por la contaminación del aire, lo cual se refleja en ausentismo laboral y bajo rendimiento. En el largo plazo, esta situación ahuyenta el talento y desincentiva inversiones.5

En la Zona Metropolitana del Valle de México y demás entidades federativas colindantes a la misma, no se ha visto un trabajo integral, conjunto y coordinado de los órganos de gobierno que integran a la Megalópolis en materia ambiental.

Conforme a la tercera cláusula del convenio de creación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), ésta tiene como función principal definir, coordinar y dar seguimiento, en forma concurrente, a las políticas, programas, proyectos y acciones que las partes deban observar y ejecutar en materia de protección y mejoramiento del ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Asimismo, esta cláusula del citado convenio estipula que la CAME tiene como función implantar acciones y medidas para prevenir y controlar contingencias ambientales y emergencias ecológicas.

Ahora bien, en un tema tan importante como enfrentar la problemática de la calidad del aire, hemos podido observar que la Comisión no ha definido un plan específico de acciones y medidas conjuntas que debieran llevarse de manera uniforme (en cuanto al tipo de acciones ejecutadas, como del rigor de su aplicación) en el espacio común que conforma la Megalópolis.

Así, por ejemplo, a excepción del Distrito Federal y su zona conurbada, los ciudadanos de la Megalópolis integrada también por el Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala, no tienen acceso a datos en tiempo real que les permitan conocer la calidad del aire en toda la cuenca.6

En efecto, tras un año de vida de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), el problema mayor que enfrenta es la escasez operativa de las estaciones de monitoreo de calidad del aire, y de un sistema común de monitoreo en tiempo real que pueda ser consultado por los ciudadanos. El problema mayor en materia de monitoreo es la capacidad operativa que tienen los estados. De nada sirve tener las estaciones si están paradas.7

Además, existe una falta de estandarización de las medidas tomadas en la Ciudad de México y en cada uno de los estados que conforman la Megalópolis. Por ejemplo, mientras que en algunas entidades se auditoría con fuerza las emisiones contaminantes de las industrias, en otras estas auditorías son laxas. Por lo cual es importante una armonización de las medidas implementadas para prevenir y controlar la contaminación atmosférica.

La problemática de la contaminación del aire se manifiesta en la Megalópolis como en ninguna otra región del país. Por lo que es urgente que se lleve a cabo, en un espíritu de federalismo articulado, un plan de acciones coordinadas por las partes que conforman Comisión Ambiental de la Megalópolis, de tal manera que el problema de la generación de gases contaminantes en el espacio común, se resuelva mediante acciones integrales y conjuntas que tengan un impacto positivo en toda la región. 

Es necesario que los esfuerzos para superar los desafíos ambientales no sean ejercicios solitarios, sino que se converjan en una visión integral que opere mediante un esquema de acciones coordinadas sin distinciones geográficas, políticas o administrativas en beneficio de las y los ciudadanos.

Asimismo, es importante que estas medidas se diversifiquen y no se concentren solamente en monitoreo de calidad del aire y programas de verificación vehicular del transporte privado. Es necesario ampliar el espectro de las medidas de política pública implementadas por la CAME. Para combatir el problema de la contaminación atmosférica se debe diseñar y aplicar acciones variadas que contrarresten este fenómeno desde diversos ángulos.

Con base en tal visión integral para abordar la problemática de la mala calidad del aire en la Megalópolis, la CAME debe: (a) impulsar la emisión de Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad del aire que establezcan máximos de emisión de contaminantes más estrictos que los que actualmente se encuentran vigentes; (b) impulsar medidas para mejorar la calidad de los combustibles, por ejemplo, la distribución de combustibles limpios ayudaría a tener una flota vehicular más eficiente, lo cual reduciría el consumo de combustibles fósiles, mayor seguridad energética y un ahorro en finanzas públicas al reducir la importación de los combustibles fósiles; (c) adoptar tecnologías más novedosas que sean más eficientes y consuman menos combustibles; (d) establecer un control vehicular y renovación de flota homologado en toda la zona de la Megalópolis; (e) favorecer real y eficientemente la movilidad sustentable, el transporte y desarrollo urbano, incluyendo una renovación de la flota de este tipo de transporte por uno más sustentable; (f) establecer medidas no arancelarias que puedan reducir los niveles de importaciones de autos usados a nuestro país; entre otras.8

Entonces, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, como gran promotor de la sustentabilidad, considera importante exhortar a las partes que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), para que se ésta diseñe e implemente acciones y medidas integrales, a corto, mediano y largo plazo que permitan mejorar la calidad del aire en la Megalópolis.

Lograr una real operatividad de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), dentro de las funciones que le concede su convenio de creación, en su zona de influencia ecológica, es el exhorto que proponemos.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), integrada por el titular de la Semarnat, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los respectivos gobernadores de los estados de Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, para que con urgencia diseñen e implementen acciones y medidas coordinadas y homologadas en toda la zona de influencia ecológica que conforma la Megalópolis, con el fin de prevenir y controlar las contingencias ambientales provocadas por la mala calidad del aire.

Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Dip. Francisco Javier Pinto Torres.

1 Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5316255&fecha=03/10/2013

2 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (2016). “Urgen frenar la polución conurbada”. Disponible en: http://www.agu.df.gob.mx/sintesis/index.php/urgen-frenar-la-polucion-conurbada/

3 IMCO. (2013). “Cuánto nos cuesta la contaminación del aire en México?”. Disponible en: http://imco.org.mx/calculadora-aire/

4 IMCO. (2013). “La contaminación del aire: un problema que daña la salud y la economía”. Disponible en: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/IMCO-Presentaci%C3%B3n-Corta-24Sep13.pdf

5 Íbidem.

6 MURAL. (2014). “Falla en Megalópolis monitoreo del aire”. Disponible en:
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=368087&md5=1a592098ac84c138abf681b7d8f30b68&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

7 Íbidem.

8 CEMDA. (2013). “Recomendaciones de Política Pública para mejorar la calidad del aire en México”. Disponible en: http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2013/02/calidadelaire.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las investigaciones conducentes en contra de Jorge Enrique Castillo Díaz, por la probable comisión de diversos delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el estado de Oaxaca habitan por lo menos un millón 130 mil personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda, es decir, que viven en pobreza extrema.

Este panorama, se agrava debido al uso indebido, poco transparente e irregular de los recursos públicos, situación que se traduce en el deterioro de la infraestructura carretera, en la nula atracción de proyectos de inversión y en la poca generación de empleos formales en la entidad.

A pesar de estas carencias y de ser uno de los estados con el mayor índice de pobreza y marginación del país, de acuerdo con el estudio “Desigualdad extrema y tendencias de desarrollo. El caso del estado de Oaxaca” de Oxfam México y Servicios para una Educación Alternativa, “la clase política del estado ha incrementado sustantivamente su riqueza”.

Aunado a estas consideraciones, en reiteradas ocasiones la administración actual ha sido observada por la Auditoría Superior de la Federación, hasta constituirse como uno de los estados con el mayor número de observaciones, sobre todo, en las licitaciones, adjudicaciones y comprobación del ejercicio de los recursos públicos.

Para tener claro las diferencias económicas que ostentan los funcionarios públicos de la actual administración estatal y la mayoría de los habitantes del estado de Oaxaca, basta mencionar el caso de Jorge Enrique Castillo Díaz, quien se ha desempeñado en años anteriores como representante del estado de Oaxaca ante la Ciudad de México.

Castillo Díaz, ha sido señalado por incrementar su patrimonio el cual asciende a más de 7 mil millones de pesos. Entre sus bienes destacan más de 26 cuentas bancarias, propiedades en sitios exclusivos de la capital del estado y vehículos valuados en miles de pesos.1

Las denuncias por actos contrarios a nuestro marco jurídico como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, forman parte de las acusaciones interpuestas contra esta persona quien también es identificado como “Operador” del actual gobernador y José Antonio Estefan Garfias.

Es importante mencionar que no es la primera ocasión en la que es relacionado con anomalías e irregularidades, basta mencionar que durante la gestión de Diódoro Carrasco Altamirano se desempeñó como director general de recursos materiales, durante ese periodo la Secretaria de la Función Pública lo inhabilitó por cinco años debido a que estuvo involucrado en la compra fraudulenta de un avión.

En particular con esta compra, es importante decir que no hubo dictamen favorable del Comité de Adquisiciones para exceptuar la licitación pública, es decir, se adquirió de manera directa, cuando existían las condiciones de acatar el marco normativo positivo y realizar un proceso de licitación que garantice que se dé en términos de competencia y precio justo.

También se encuentran las relacionadas con la compra irregular de medicamentos en el Sector Salud, tráfico de influencias para beneficiar a sus familiares y enriquecimiento ilícito.

Aunado a estas acusaciones, desde el año 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene un archivo abierto por posibles actos de corrupción en el flujo de efectivo irregular en cuentas de diversos bancos de aquel país, como muestra de ello, en septiembre de 2015 tenía un balance de sus depósitos por 14 millones 380 mil dólares y para diciembre de ese año esta suma ascendió a 24 millones 430 mil dólares2

Por adeudos de 64 millones 375 mil pesos ante el Servicio de Administración Tributaria, el año pasado le fue inmovilizada diversas cuentas bancarias para su investigación.

Por las consideraciones descritas en el presente Punto de Acuerdo, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional consideramos fundamental que se exhorte a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, realicen las investigaciones conducentes en contra Jorge Enrique Castillo Díaz, por la probable comisión de diversos delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos y en su caso se establezcan las penas que conforme a derecho procedan.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, realicen las investigaciones conducentes en contra Jorge Enrique Castillo Díaz, por la probable comisión de diversos delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.


1 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/operador-de-cue-amasa-fortuna-de-mil-mdp-en-solo-cuatro-anos.html

2 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/eu-alerto-sobre-lavado-y-vinculo-a-cue-estefan-y-coco-desde-2015.html






Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, para dictaminar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. Se turna a las correspondientes comisiones de la Cámara de Senadores.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA DICTAMINAR LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es un país en donde no existe dentro de su sistema jurídico, una norma que establezca qué debemos entender por desplazamiento forzado interno o que establezca un marco de actuación frente al mismo. Quien sufre un desplazamiento forzado en nuestro país queda en vulnerabilidad, tanto por las condiciones inherentes al hecho mismo del desplazamiento, como por la falta de normas y capacidades institucionales específicas para la protección, acompañamiento y asistencia a las víctimas”. 

El desplazamiento forzado interno, consiste en que personas o un grupo de personas, se vean forzados u obligados a huir y abandonar su residencia habitual; en particular como resultado de evitar efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales  provocados por el hombre y, que no han cruzado las fronteras de un Estado internacional reconocido.

Nuestra situación actual en el país es lamentable, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una conferencia efectuada el día once de mayo del presente año, señaló que la violencia, la inseguridad, la impunidad y, en términos generales, la debilidad de nuestro Estado de derecho y la falta de condiciones adecuadas para el debido desarrollo de las personas, han propiciado que en diversas regiones del país, un número considerable de mexicanas y mexicanos  abandonen sus lugares habituales de residencia para buscar no sólo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física, así como la de su familia.

Así mismo el Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos      Humanos, Édgar Corzo Sosa, informó que se elaboró un Informe Especial, donde servidores públicos de dicha área levantaron 166 actas circunstanciadas en diferentes lugares del país producto de las entrevistas y testimonios que obtuvieron, en los que se da real cuenta de la situación; aplicaron 1,000 cuestionarios en 63    municipios de las 32 entidades federativas mediante los cuales se recabó información precisa sobre la existencia de víctimas de desplazamiento forzado interno; de igual manera se solicitó información a distintas autoridades federales, estatales y municipales y se analizaron.

En el Informe Especial se citan otros estudios sobre el alcance numérico del desplazamiento forzado interno, con independencia de ello, lo que se apunta aquí es el resultado obtenido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de los testimonios recabados en comunidades, ejidos, rancherías y municipios en donde se detectó a 1,784 personas que dijeron haberse desplazado, además se detectó a 35,433 personas víctimas del desplazamiento forzado interno, referenciadas por autoridades estatales y municipales, así como por víctimas de desplazamientos y otras personas que las conocieron, en tanto que distintos organismos protectores de derechos humanos informaron de la existencia de 6,685 víctimas más y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó haber dado atención a 5,364 familias de personas indígenas desplazadas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca, lo que equivale a 16,092 personas. 

Con las cifras presentadas se reitera la necesidad de que el Estado Mexicano reconozca oficialmente la existencia de este problema y emprenda acciones específicas para su atención, como la creación de una Ley General en la materia. Por lo cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuenta con una propuesta de protocolo de atención a las personas víctimas del desplazamiento forzado interno.

Por estos motivos, se actualiza la necesidad de una norma especializada en la materia. Al respecto desde el 18 de diciembre de 2012 presenté la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, con la finalidad de crear un marco normativo nacional que regule las políticas y acciones de atención al desplazamiento interno de la población; ya que se trata de un fenómeno sociodemográfico que afecta los derechos fundamentales de los individuos y comunidades.

Es por lo anteriormente expuesto, que propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores para que convoquen a sus integrantes para el análisis, discusión y dictaminación de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. Presentada el pasado 18 de diciembre de 2012.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Sen. Zoé Robledo Aburto.






Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales a legislar en materia de cambio climático y responsabilidad ambiental, como estrategia para reducir desastres naturales y evitar sufrimiento para la humanidad. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a promover en todos los planteles del sistema educativo nacional, campañas de concientización y prevención sobre el llamado “Reto de las 72 horas”. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, Diputada Federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El mundo de hoy experimenta un vertiginoso avance del conocimiento que se traduce en cambios tecnológicos y sociales que en el pasado hubieran sido insospechados, ello implica que, como Gobierno reafirmemos y reforcemos el compromiso de adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecer un entorno protector que los defienda de explotación, malos tratos y violencia; así como el ejercicio del principio de interés superior de la niñez previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención Sobre los Derechos del Niño1 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

SEGUNDA. México cuenta con 40.2 millones de niños, niñas y adolescentes2, 37% de la población total del país, según datos del último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

Desde hace poco más de una década se han incrementado las evidencias sociales y económicas que demuestran la importancia de la infancia y la adolescencia para el desarrollo de los países y aun que México ha logrado importantes avances en materia de promoción, difusión y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, aún existe un peligro latente de que este sector poblacional participe o se convierta en víctima de algún abuso, delito o similar propagado por las tecnologías de información y las redes sociales.

TERCERA. Uno de los estudios más relevantes en nuestro país respecto al uso de las tecnologías de información y comunicación es el que realiza la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)3, indicando que la tasa de usuarios de internet ronda el 41%, es decir, 65 millones de habitantes, dato que concuerda con lo señalado por el Banco Mundial, estimando que por cada 100 habitantes, 43.5 tienen acceso a la red de internet4.

Es importante señalar que los menores de 24 años representan el 51% del total de usuarios de internet estimados5, siendo también la plataforma más consumida, con un consumo promedio de 7 horas 14 minutos, casi tres veces más que cualquier otro medio.

El acceso a redes sociales sigue siendo la principal actividad en línea con un 79% de uso, por encima del envío y recepción de correos electrónicos que registra el 70%.

Aunque el uso de estas redes cuenta con muchas ventajas, principalmente si se considera su alcance como plataforma ilimitada de comunicación, también representa peligros, especialmente para los menores que en su mayoría no consideran una amenaza el uso de las mismas.

En la actualidad, estas redes son una de las herramientas más utilizadas por los criminales (“cibercriminales”) para la trata de personas, el acoso en línea o cyberbullying, la exposición a contenidos inapropiados, la extracción de datos personales, entre      otros.

CUARTA. Las redes sociales Facebook y Twitter se han convertido en el patio en el que un juego macabro llevado a cabo y promovido principalmente para adolescentes está siendo el protagonista, el reto del juego no puede ser más cruel para padres y familiares: desaparecer durante 24, 48 o 72 horas, más comúnmente 72 horas.

El reto, importado de Europa consiste en un desafió que se ha hecho viral en las redes sociales, en el cual adolescentes envían un mensaje a un amigo o conocido retándolo a desaparecer sin dejar rastro por un periodo de 72 horas. Las reglas de dicho reto son muy claras: no avisar a nadie, no dar señales de vida o dejar pistas; para posteriormente, una vez cumplido ese periodo de tiempo volver a casa como si nada hubiera ocurrido y sin mencionar en dónde estuvieron.

Imaginar por un momento que alguna de sus hijas, hijos o familiares desaparezca sin dejar rastro ni testigos, representa horas de incertidumbre y angustia para los padres al desconocer su paradero, tiempo en que el menor pone en riesgo, sin saberlo, su integridad y seguridad.

Recientemente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha activado diversas Alertas Amber por la desaparición de adolescentes, quienes coincidentemente han sido encontrados a las 48 o 72 horas del momento en que fueron vistos por última vez, abriendo la sospecha de que sean casos relacionados con el ´reto de las 72 horas´.

Pedro Mata y Bruno Pontones fueron reportados desaparecidos el 10 de mayo del presente año en la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia capitalina emitió alerta la Amber, el tiempo transcurrió y los menores reaparecieron sin decir absolutamente nada sobre su paradero, aunque se pensó que pudieron ser parte de este reto (#Gameof72 en Twitter), la Procuraduría no dio más detalles al respecto.

Esto nos lleva a preguntarnos ¿Hasta dónde es realmente una desaparición?

Sabemos que la desaparición de menores es un grave problema en nuestro país, según datos emitidos por el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED) el número de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en 2015 ascendió a 6,467 entre 0 y 19 años de edad.

Por otro lado, asociaciones civiles especializadas en el tema de desaparición de menores, como la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos AIP, afirma que la cifra de menores robados asciende a más de 50,000.6

La desaparición de menores no es un juego, el tráfico de niñas, niños y adolescentes, la prostitución y la pornografía infantil son una realidad en aumento en nuestro país y las redes sociales juegan un papel muy importante.

El “reto de las 72 horas”, no debe ser menospreciado, niñas, niños y adolescentes tienen que encontrarse bien informados sobre los riesgos reales a los que se exponen quienes lo practican, pudiendo sufrir daño grave a su integridad personal al caer en manos de la delincuencia organizada que utiliza Facebook y Twitter para acercarse a sus víctimas.

QUINTA. Es responsabilidad del Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, establecer mecanismos y acciones que fomenten el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación, de acuerdo a lo establecido en la fracción XX del artículo 57 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sabemos que la difusión de información a través de las redes se esparce con singular rapidez, y en muchos casos sirve de puente para la delincuencia organizada; por ello debemos actuar con igual rapidez y utilizar todas las herramientas al alcance para que niñas, niños y adolescentes, padres de familia, y sociedad en general se encuentren debidamente informados y prevenidos.

En la actual coyuntura de inseguridad que enfrenta nuestro país, las escuelas de educación básica y media resultan ser los medios más importantes para concientizar a edad temprana a niñas, niños  y adolescentes sobre los diferentes riesgos que resultan del uso inapropiado de tecnologías y redes sociales a nuestro alcance y de la participación en este tipo de retos o juegos.

Al marco de este propósito y reconociendo el alcance negativo que este reto difundido mediante las redes sociales más utilizadas por niñas, niños y adolescentes puede alcanzar, se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública a que se difunda de manera clara, veraz y urgente información sobre el tema a fin de reducir las posibilidades de que este sector poblacional participe en el mismo.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a promover en todos los planteles del sistema educativo nacional, campañas de concientización y prevención sobre el llamado “reto de las 72 horas”. Difundir en qué consiste, cómo identificarlo, y sus alcances, e invitar a docentes y padres de familia a involucrarse en las actividades de las y los menores a fin de promover un uso responsable de las redes sociales y desincentivar su participación en este tipo de actividades que ponen en riesgo su seguridad e integridad.

Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal.

1 Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF, Comité Español.

2 INEGI, Censo poblacional 2010.

3 Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) es una asociación líder que desde 1999 ha fomentado el uso responsable y productivo de internet por parte de organizaciones, empresas, instituciones y usuarios. Realizan estudios anuales que permiten conocer más sobre tendencias en línea y la percepción de los usuarios en temas fundamentales alrededor de internet.

4 Forbes, México. ¿Cómo crece el número de internautas en México?, mayo 2015.

5 Asociación Mexicana de Internet, Hábitos del Usuario 2016, México.

6 MARTINEZ, Emma, “50,000 niños robados y desaparecidos en México; al gobierno no le interesa la problemática”, México, enero 2015.






De los Diputados Cynthia Gissel García Soberanes y José Alfredo Ferreiro Velazco, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a hacer públicos y accesibles los instrumentos para que los ciudadanos puedan acceder, navegar y solicitar información en la Plataforma Nacional de Transparencia, durante el período de estabilización de dicha herramienta informática. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias a fin de asumir su compromiso con las y los trabajadores del hogar, celebrando el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de República, integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES SE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE ASUMIR SU COMPROMISO CON LAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOGAR, CELEBRANDO EL CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“El derecho a la no discriminación es una obligación central del Estado garantista y una oportunidad para la reconstrucción de una genuina sociedad de derechos basada en la igualdad de sus ciudadanos, señaló el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al encabezar la entrega de los Premios por la Igualdad y la No Discriminación 2013 que otorga la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)”1.

En dicho evento realizado el 31 de marzo de 2014, el Secretario de Gobernación se comprometió a enviar al Senado el Convenio 189 para su estudio y ratificación, enfatizando la importancia que a todos los trabajadores y trabajadoras del hogar les sean respetados sus derechos en los términos que establece la Constitución y gocen de protección efectiva para que desempeñen sus actividades en condiciones de empleo equitativas y decentes, en igualdad de oportunidades y de trato frente a los demás.

Sin embargo han pasado dos años desde su pronunciamiento y a la fecha el Senado no ha recibido dicho Convenio. No obstante, ante la renuencia del Ejecutivo Federal, las Senadoras y Senadores: Gabriela Cuevas, Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, David Monreal Ávila y Ana Gabriela Guevara, de distintos grupos parlamentarios, han realizado diversos exhortos de 2012 a la fecha, sin obtener respuesta alguna.

El 6 de junio de 2011 el Estado mexicano votó a favor de la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo intitulado Sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, en el marco de la Centésima Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), mismo que entró en vigor el 5 de septiembre de 2013, y que ha sido ratificado por 22 Estados.

No obstante la lucha de las y los trabajadores del hogar ha sido intermitente, cifras del INEGI muestran que en México existen 2 millones 200 mil personas dedicadas al trabajo doméstico sin remuneración, de las cuales 95% son mujeres. De ellas, 84.2% realiza tareas de limpieza en hogares particulares, 8.5% cuida de personas y 6.2% es lavandera y/o planchadora en casas particulares.2

Así el pasado 18 de febrero nació el primer Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) con 500 trabajadoras afiliadas de la Ciudad de México, Estado de México, Colima, Chiapas y Puebla, quienes también trabajaron en la elaboración de un contrato colectivo.

El contrato colectivo que han trabajado está conformado por derechos laborales básicos, ejemplo de ello es, acceso a seguridad social, aguinaldo, vacaciones y un salario con base a las horas de trabajo sea negociable; además también se protege a los empleadores para que la trabajadora cumpla sus horas y haya una repartición justa en la seguridad social3.

México es un país de claroscuros en materia laboral. El pasado 23 de mayo, Enrique Peña Nieto firmó como testigo de honor los Convenios para la Ejecución de Acciones en Materia de Formalización del Empleo, en el Palacio Nacional, con el objetivo de integrar a 400 mil trabajadores en pequeñas y medianas empresas y reducir en un punto porcentual la informalidad laboral este año4. En dicha ceremonia expresó: “el objetivo es reducir, la tasa de informalidad laboral, este año y los subsecuentes, buscando que más trabajadores encuentren en su empleo una vía para asegurar condiciones de mayor bienestar y tranquilidad para sus familias”. Mientras las y los trabajadores del hogar esperan la firma del Convenio 189, que implica el reconocimiento a un sector con el que se ha comprometido desde inicio de su mandato, y que ha sido discriminado por años, vulnerado,  sometido a jornadas de trabajo exhaustivas y malos tratos.

En el entendido que la formalidad laboral implica elevar la calidad y condiciones de vida de los trabajadores, aplaudo toda iniciativa que tenga por objeto el acceso a seguridad social, empero el caso de las y los trabajadores del hogar ha quedado a la deriva, infravalorando el trabajo que realizan principalmente mujeres y niñas.

A nivel internacional varios han sido los esfuerzos para dignificar las labores del hogar. Del 23 al 30 de marzo de 1988 organizaciones de trabajadoras del hogar de 11 países celebraron el primer encuentro Latinoamericano y del Caribe de Trabajadoras del Hogar en Bogotá, Colombia, con el fin de visibilizar las condiciones y colocar en la agenda pública la problemática social que viven diariamente.

Como resultado, el 30 de marzo, es establecido por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar como el “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”. Entendiendo como trabajo doméstico, el trabajo realizado en un hogar y para él, incluidas las tareas domésticas, el cuidado de niños y otros cuidados personales. De manera genérica se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado. Trabajo del hogar es el nombre con el que las trabajadoras reivindican su actividad económica, productiva.

Es menester comentar que a los actos discriminatorios, se unen la explotación y violencia laboral y de género hacia mujeres y niñas, convirtiéndose en una espiral de delitos que atentan contra los derechos humanos de las y los trabajadores del hogar. 

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones exteriores realicen las gestiones necesarias a fin de asumir su compromiso con las y los trabajadores del hogar, celebrando el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

Dado en la H. Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 “El Derecho a la No Discriminación, obligación central del Estado garantista: Osorio Chong” en línea Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la discriminación [fecha de consulta: 23 Mayo 2016] Dirección URL:  http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=633&id_opcion=&op=213

2 “Día Internacional del Trabajo Doméstico” Milenio  [en línea] 21 de Julio 2015 [fecha de consulta: 24 Mayo 2016] Disponible en:http://www.milenio.com/firmas/tania_meza_escorza/Dia-Internacional-Trabajo-
Domestico_18_558724164.html

3 “Con 500 integrantes nace el primer Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar” Revolución tres punto cero [en línea] 18 Febrero 2016  [fecha de consulta: 24 Mayo 2016] Disponible en: http://revoluciontrespuntocero.com/con-500-integrantes-nace-el-primer-sindicato-nacional-de-trabajadores-y-trabajadoras-del-hogar/

4 “EPN firma convenios para reducir informalidad laboral” El Financiero [en línea]   23 Mayo 2016 [fecha de consulta: 24 Mayo 2016] Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/epn-firma-convenios-para-reducir-informalidad-laboral.html






Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a enviar un informe relativo a las medidas que ha implementado para elevar la calidad educativa y emita los resultados obtenidos hasta el momento en relación con las estrategias y líneas de acción planteadas en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada Irma Rebeca López López, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

El suscrito, Diputada IRMA REBECA LÓPEZ LÓPEZ, integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

En razón de diversa información que cuestiona la imparcialidad y transparencia de los procesos de licitación pública realizados por el gobierno federal presente, durante los últimos días de marzo, un punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal.

En este orden de ideas la simple consideración de que el gobierno federal es tan sólo un interventor cuya responsabilidad central es la invariable salvaguarda del interés de la Nación y que a la luz de los hechos no está cumpliendo con esta encomienda, se hace necesario que esta Soberanía haga efectiva su facultad de fiscalización y, de manera paralela a los organismos que nos hemos creado para el efecto, fortalezcamos la supervisión de los procesos de licitación federales.

Botones de muestra hay, desgraciadamente, muchos. Las concesiones otorgadas a la empresa OHL por parte de la CFE, Pemex y la SCT, las denuncias de colusión de proveedores para ganar licitaciones en el IMSS, la denuncia de licitaciones a modo en el ISSSTE y las groseras resoluciones del SAT para favorecer empresas en esquemas como el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, conocido como PITA, en el cual existen elementos que cuestionan seriamente la legalidad del millonario fallo que favoreció al licitante.

Tan es así, que de la versión publicada por el mismo SAT en la página http://www.sat.gob.mx/PITA/Paginas/default.htm, se desprende que la empresa ganadora subcontrata a los recursos humanos solicitados en el Anexo VIII “Formulario para Evaluación de Puntos y Porcentajes” de las Bases de la Licitación, incumpliendo con esto el requisito que prohibía dicha figura, otro requisito infringido es la acreditación del dominio de herramientas del equipo de trabajo del Director Responsable de Obra, ya que no se presentó la certificación del Perito en el área de vías terrestres, de igual forma se transgredió el fin de la licitación, en virtud de que el plan de trabajo de la empresa hoy adjudicada considera 1,044 días para la prestación del servicio, esto quiere decir, que no se cubrirían los Niveles de Servicio requeridos en las bases de licitación, toda vez que el horario es de 24 horas del día, los 7 días de la semana, dando un total de 1,461 días en virtud de que el contrato tiene una vigencia de 48 meses.

Paralelamente, la sospechosa inacción del SAT con  grandes consorcios empresariales en el pago de obligaciones fiscales, ha generado que dejen de ingresar a las arcas públicas casi 60 mil millones de pesos en el último año, lo que ha generado un crecimiento significativo de los créditos fiscales del gobierno.

En un entorno nacional en donde los ciudadanos exigen empleados gubernamentales comprometidos con el interés general y no con el propio, en donde se demanda el castigo ejemplar a funcionarios y empresarios que se coluden en actos inconfesables de corrupción para satisfacer una ambición que es incompatible con el nuevo ánimo de la Nación, es prioritario que esta Soberanía haga, como se ha mencionado, uso pleno de su facultad fiscalizadora, y señale las corruptelas de los funcionarios del Poder Ejecutivo para que estas se corrijan en beneficio del interés público.

En virtud de lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:


PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta a la Junta de Coordinación política para que se cree la Comisión Especial para el seguimiento de los procesos y resultados de la compras del Gobierno Federal.

Segundo.- El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación y deberá funcionar de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establecen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Tercero.- Para la integración y el nombramiento de la junta directiva de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Procesos y Resultados de la Compras del Gobierno Federal se estarán a lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Cuarto.- La Comisión Especial para el Seguimiento de los Procesos y Resultados de la Compras del Gobierno Federal, tendrá vigencia a partir de la creación de la misma, y hasta el 31 de agosto de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Dip. Irma Rebeca López López.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe que contenga las acciones emprendidas en contra de los servidores públicos que por acciones u omisiones incurrieron en irregularidades, que derivaron en observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El párrafo tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, establece que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables.

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que el gobierno de Guanajuato tiene observaciones con un impacto económico que asciende a 8 mil 491.9 millones de pesos, de los cuales 4 mil 101.1 millones corresponden a las cuentas públicas de 2011 a 2013, dos mil 872.7 millones a la de 2014, mil 516.6 por procedimientos resarcitorios y 1.5 por denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros.

De no aclararse el destino de dichos recursos podría convertirse en daños y perjuicios a la hacienda pública.

En el Informe, la Auditoría destaca irregularidades por acciones u omisiones realizadas por servidores públicos que pueden implicar sanciones administrativas y penales, entre las que se encuentran:

• Justificación de un monto de 28 millones 433 mil 894 pesos no ejercidos al 31 de julio de 2015 del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

• Justificación de recursos en los objetivos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud por un monto de 48 millones 209 mil 932 pesos, no devengados al 30 de junio de 2015.

• Justificación por un monto de 144 millones 495 mil 564 pesos por concepto de los recursos del Fondo Metropolitano no comprometidos al 31 de diciembre de 2014.

• Justificación por un monto de 147 millones 670 mil 883 pesos por recursos no ejercidos sin que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del gobierno del estado de Guanajuato contara con la solicitud realizada a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la modificación del calendario de ejecución para la aplicación de los recursos no ejercidos en el Fondo Metropolitano 2014.

• Justificación por un monto de 245 millones 862 mil 059 pesos por recursos no ejercidos del Fondo Regional 2014 sin que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato contara con la solicitud realizada a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la modificación del calendario de ejecución para la aplicación de los recursos no ejercidos.

• Documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del PROSPERA, Programa de inclusión social (componente salud) por un monto de 57 millones 536 mil 488 pesos que no habían sido devengados al 30 de junio de 2015.

• Documentación que justifique el monto de 184 millones 776 mil 499 pesos por concepto de recursos no ejercidos al 31 de julio de 2015 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2014.

Estos ejemplos son sólo una pequeña muestra de las diversas observaciones realizadas por la ASF para la investigación y, en su caso, sanción a servidores públicos del estado de Guanajuato.

El ejercicio de la ASF es de gran importancia para el fortalecimiento de la democracia, la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en nuestro país, por lo que su trabajo es un coadyuvante para el desarrollo de nuestras instituciones y el Estado de derecho en México.

Según el artículo 79 constitucional, la Auditoría Superior de la Federación es la encargada de fiscalizar la Cuenta Pública a través de auditorías hechas a los tres poderes de la Unión, a los órganos autónomos, entidades federativas y municipios del país, así como a cualquier otro ente que maneje recursos públicos federales. La fiscalización debe ser realizada conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Del artículo 108 al 114 constitucionales se establecen los procedimientos que se deben llevar a cabo frente a las responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. El artículo 108 contempla el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales como hechos que implican responsabilidad por parte de los servidores públicos.

Según el artículo 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, incurren en responsabilidad “Los servidores públicos y los particulares, personas físicas y morales, por actos u omisiones que causen un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero, a la Hacienda pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales […]”.

En aras de una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, es fundamental que el Gobierno del estado de Guanajuato solvente todas las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:


PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de las Unión solicita al gobierno del estado de Guanajuato, envíe a está Soberanía un informe detallado que contenga las acciones emprendidas en contra de los servidores públicos que, por acciones u omisiones, incurrieron en irregularidades, que derivaron en observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.






Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incorporar al Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco al estado de Chiapas. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A INCORPORAR AL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA CAMPECHE Y TABASCO AL ESTADO DE CHIAPAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el último año el impacto negativo en la generación de recursos que ha tenido el declive en la producción petrolera, aunado a la fuerte caída de los precios internacionales del crudo, ha sido altamente costoso para las entidades federativas que participan en la generación de ingresos a través de la extracción de hidrocarburos.

Como consecuencia de esta baja en la producción de hidrocarburos y la caída de los precios del petróleo, los recursos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos son menores y, por lo tanto, el monto de los recursos que obtienen las Entidades Federativas también disminuirá.

Ante esta situación resulta evidente que las localidades afectadas deberán reorientar su actividad productiva y económica a rubros distintos a los relacionados con la extracción de petróleo. Un proceso que no puede ser inmediato, ya que requiere de tiempo y de recursos económicos para invertir en nuevos negocios. 

Por este motivo, el Pasado 11 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de los Estados de Campeche y Tabasco, también conocido como Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo Campeche- Tabasco.

El Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo Campeche- Tabasco busca ser una respuesta integral del Gobierno de la República para superar los efectos adversos que el mercado internacional de hidrocarburos ha tenido sobre las empresas, trabajadores y familias de la región, ante la reducción de esta actividad no sólo afecta a las personas que trabajan directa o indirectamente en la industria, sino también a los sectores turístico, comercial, de alimentos, servicios de empleo, contabilidad, entre otros.

Este Programa se compone de cuatro estrategias:

1. Atender de manera inmediata los problemas de liquidez que enfrentan las empresas de la región. Para ello se priorizará y agilizará el pago a proveedores locales de Petróleos Mexicanos. Habrá acciones emergentes para la Reactivación Económica de las MIPYMES, lo mismo que facilidades temporales, tanto fiscales para ISR e IVA, como en cuotas de Seguridad Social del IMSS y el INFONAVIT.

2. Se implementarán acciones que mitiguen la caída de la actividad económica mediante la generación de empleos y con inversión pública. Para ello, se destinarán recursos adicionales a proyectos de pavimentación a través del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), y se adelantarán inversiones contempladas para 2017, para la modernización de planteles mediante el Programa Escuelas al CIEN. Con estas acciones se detonará la creación de empleos.

Asimismo, las Secretarías de Desarrollo Social, de Economía, de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social, y de Turismo, duplicarán su presupuesto asignado para estas entidades en 2016.

Adicionalmente, entre otras medidas, la SAGARPA intensificará sus acciones en favor de cultivos regionales, así como de la pesca y la acuacultura. En particular, se reducirá la zona de exclusión a la pesca en la Sonda de Campeche y se brindará financiamiento a los productores.

3. Definir acciones de a mediano y largo plazo que promuevan la transformación productiva de la región. Con el objetivo de potenciar la modernización industrial y diversificación de esta región, se ha establecido una Zona Económica Especial en beneficio de Campeche y Tabasco. Esta Zona se sumará a las 3 que ya habían sido anunciadas anteriormente.

4. Establecer una estrategia de seguimiento y de comunicación que dé certidumbre a los actores económicos locales. Con este propósito, funcionará un Consejo para la Reactivación Económica y el Desarrollo Productivo en cada entidad, en el que participarán los sectores empresarial, social y público. Mecanismo que será fundamental para evaluar y retroalimentar las acciones que hoy estamos anunciando y, a partir de ellas, generar certeza sobre el futuro económico de ambas entidades.

Con estas acciones el Gobierno Federal busca atender problemas inmediatos como la falta de liquidez y la contracción de la actividad económica, e impulsar el desarrollo de nuevos sectores económicos. Sin embargo, los alcances de este Programa son exclusivos de dos entidades: Campeche y Tabasco, lo que resulta en una limitante para la conformación de una economía regional mucho más sólida, moderna y diversificada, toda vez que dejan fuera de este esquema a Chiapas, especialmente a los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, Sunuapa y Ostuacan. Toda vez que en su territorio (noroeste de la entidad) se encuentra el yacimiento de Reforma, uno de los 33 mayores depósitos de crudo del mundo.

Por este motivo se considera pertinente integrar a Chiapas al Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo, ya que constituye una región productiva junto con las entidades beneficiadas, pero se le deja fuera del mismo.

Es por lo anteriormente expuesto, que propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a incorporar al Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco al estado de Chiapas.

SEGUNDO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Sen. Zoé Robledo Aburto.






Del Diputado Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a aprobar el Convenio 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Diputados integrantes del grupo parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , someten a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición por el que exhorta al Senado de la Republica a aprobar el convenio 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios de sindicalización y negociación colectiva, Suscrita por los integrantes del grupo parlamentario de Morena

CONSIDERACIONES

México se ha distinguido por el gran número de instrumentos internacionales signados en derechos humanos, lo que viene a cobrar especial relevancia con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 que introduce al orden jurídico nacional todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por nuestro país, resulta altamente significativo que todos esos derechos tengan ahora la jerarquía máxima del ordenamiento constitucional.

Entre dichos tratados destacan los relativos a la materia laboral, considerando tanto los documentos internacionales generales como los específicos en donde encontramos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creada en 1919.

“Las razones fundamentales por las que se constituyó la OIT son:

I. Porque la paz universal debe basarse necesariamente en la justicia social.

II. Hay condiciones de trabajo en el mundo que evidencian un estado de miseria y de injusticia social y es urgente cambiar tal panorama.

III. Si algún país o nación no adopta un régimen de trabajo realmente humano, eso sería un obstáculo a los pueblos del mundo que desean mejorar sus condiciones de vida.”1

En la presente proposición nos referiremos particularmente al tema de la libertad sindical, derecho fundamental de los trabajadores para organizarse y defender sus intereses, se trata de un derecho humano esencial, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes reglamentarias de los apartados A y B del artículo 123 de la Carta Magna y desde luego en diversos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país:

• En la Constitución Federal.

- Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad...”.

- Artículo 123, apartado A, fracción XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.

- Artículo 123, apartado B, fracción X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes...

En la Ley Federal del Trabajo.

- Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.

- Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la ley.

- Artículo 358. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no formar parte de él...

• En la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional.

- Artículo 67. Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

En cuanto a declaraciones y tratados internacionales ratificados por México:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

- Artículo 20.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 22.- 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses...

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

? Artículo 8.

1. Los estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales, y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- Artículo 16.

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole...

• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador.

- Artículo 8.

1. Los estados parte garantizarán:

a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los estados parte permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los estados parte también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente...

• Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación número 87 de la OIT.

- Este importante instrumento que consta de un preámbulo y 21 artículos divididos en cuatro partes (libertad sindical, protección del derecho de sindicación, disposiciones diversas y disposiciones finales), fue adoptado en San Francisco, California, el 9 de julio de 1948, en el marco de la 31 reunión del Consejo de Administración de la OIT, y ratificado por nuestro país desde 1950.

• Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

- Por medio de esta declaración adoptada en 1998, los estados miembros de la OIT se comprometen (hayan o no ratificado los convenios pertinentes), a respetar y promover principios y derechos entre los que se encuentran la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.

Todo este andamiaje jurídico en materia de libertad sindical se vería fortalecido si le fuera incorporado el Convenio número 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, el cual ha pasado por un largo y complicado proceso en busca de su ratificación; cabe mencionar que este convenio es complementario del número 87.

“El Convenio 98 plantea su esencia en dos artículos iniciales; en el primero establece que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. El segundo, protege a las organizaciones en su constitución, funcionamiento o administración. Su segundo párrafo parece diseñado para nuestro país: Se consideran actos de injerencia las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores.”2

Este convenio contiene disposiciones expresas dirigidas a la protección de los trabajadores a efecto de que éstos puedan ejercer libremente su derecho de asociación, esto es a pertenecer o no a un sindicato, sin ser despedidos o discriminados por ejercer este derecho. El convenio 98 también resulta muy importante al imponer a los estados parte la obligación de proteger a las organizaciones de trabajadores de actos de injerencia y control por parte del patrón, así como para fomentar y proteger la negociación colectiva.

El principal argumento que se esgrimía para no ratificar el convenio en comento, tenía que ver con el hecho de que las disposiciones de este instrumento internacional discrepaban con la disposición prevista en el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, conocida como cláusula de exclusión, que obligaba a los patrones a separar de su empleo a aquellos trabajadores que fueran expulsados o bien que quisieran desafiliarse del sindicato contratante, cuando en el contrato colectivo existiera dicha cláusula. Para abril de 2001 el máximo tribunal de nuestro país estimó como inconstitucional esta disposición, que fue finalmente derogada en la reforma laboral de 2012.

Así, desde finales de 2012 el Convenio 98 de la OIT y la Ley Federal del Trabajo se encontraron armonizados y estaba plenamente superado el impedimento argumentado para negar la ratificación del citado instrumento internacional. Sin embargo al Ejecutivo federal, que conforme a la fracción X del artículo 89 constitucional, le corresponde la celebración de tratados internacionales, parecía no importarle el incorporar el Convenio 98 de la OIT a nuestro ordenamiento jurídico. Ello fue motivo para que desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y desde el Senado de la República se presentaran proposiciones con punto de acuerdo para urgir y exhortar al titular del Ejecutivo federal a efecto de que el Convenio 98 de la OIT fuera sometido a consideración del Senado de la República para continuar con el proceso tendiente a su ratificación sobre el particular tenemos que:

- El 22 de mayo de 2013, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la propuesta con punto de acuerdo por el que: “Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que realice las acciones conducentes a efecto de reencausar el procedimiento para la ratificación del Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación colectiva número 98, de la Organización Internacional del Trabajo”.

- El 18 de junio de 2013, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada Luisa María Alcalde Luján y el diputado Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron la propuesta con punto de acuerdo por el que: “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a someter al Senado de la República el Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo para su aprobación”.

- El 19 de septiembre de 2013, en la sesión del Senado de la República, la senadora María de los Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la propuesta con punto de acuerdo por el que: “Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efectuar y llevar a buen término las consultas con los interlocutores sociales y las autoridades eventualmente encargadas de la aplicación de las disposiciones del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de culminar la ratificación del mismo...”

Finalmente el 30 de noviembre de 2015 fue recibido en la Cámara de Senadores el comunicado por el cual el titular del Ejecutivo federal somete a la aprobación del Senado, el Convenio 98 de la OIT, asimismo se hizo llegar copia certificada de dicho convenio y copia simple del dictamen elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo anterior se hizo del conocimiento del pleno de la Cámara de Senadores en su sesión celebrada el 1 de diciembre de 2015, siendo el asunto turnado para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social.

Un asunto que por su trascendencia e importancia tendría que haber sido dictaminado inmediatamente, permanece aún en comisiones del Senado, y es que realmente ya no hay mucho qué analizar, la aprobación del Convenio 98 de la OIT significa fortalecer el marco de los derechos humanos laborales, significa para México ser consecuente con el cumplimiento de sus obligaciones respecto a la protección, defensa y promoción de los derechos humanos.

Incluso la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República, en el dictamen de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las senadoras Alejandra Barrales y Dolores Padierna, (a las que se hizo referencia anteriormente), señaló lo siguiente: “Para la comisión dictaminadora México debe construir un ámbito sindical más fuerte, por medio de las libertades individuales de filiación, con total transparencia interna, con rendición de cuentas de los líderes sindicales, es decir, sindicatos democráticos, por lo que considera que con la aprobación del convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva número 98 se dará un paso adelante en la búsqueda de mejores reglas, mejores sindicatos y, sobre todo, mejores condiciones laborales para los mexicanos..”3

El Senado de la República tiene en la aprobación del Convenio 98 de la OIT la gran oportunidad para que se garantice el pleno goce y ejercicio del derecho de sindicación y de negociación colectiva a la clase trabajadora, por lo que no puede seguir retrasando o negando la plena incorporación de estos derechos a nuestro ordenamiento jurídico interno, por la oposición de ciertos sectores como es el caso del Consejo Coordinador Empresarial que en recientes declaraciones ha rechazado contundentemente la ratificación del Convenio 98 de la OIT: “La estructura sindical en México y el marco jurídico actual son incompatibles con el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechaza esta propuesta que alteraría la productividad.

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del organismo privado, advirtió que una eventual ratificación del Convenio 98 de la OIT sería contraria a los intereses nacionales. Así que instó al Congreso a revisar a fondo las implicaciones que deriven.

Nos preocupa que pueda confirmarse, porque puede suscitar un rompimiento de los equilibrios y la paz laboral, así como mermar la productividad. Constituiría un estímulo a la simulación en la celebración de los contratos colectivos”, reviró.

En su mensaje semanal, el líder empresarial afirmó que la legislación vigente en México “ya cubre amplia y fundamentalmente el principio de protección al derecho a la sindicación y de negociación colectiva”.

Los empresarios aglutinados en el CCE levantaron la voz al sostener que de ser avalado dicho convenio, llevaría a que sindicatos sin representatividad entre los trabajadores interfieran indebidamente en la administración de las empresas, además de que habría fueros injustificables.”4

Las instituciones debemos de estar siempre al servicio del pueblo, sin olvidar la obligación que tenemos y que se encuentra prevista en el tercer párrafo del artículo 1o. de nuestra Carta Magna: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

La aprobación de este tratado internacional, sin duda alguna, vendría a robustecer la libertad sindical, se contaría con un instrumento que protegería el derecho a la sindicación en nuestro país, lo que permitiría al mismo tiempo hacer frente a problemas laborales como la proliferación de los contratos de protección. No podemos dejar de mencionar que México es el único país de Latinoamérica que no ha ratificado el Convenio 98 de la OIT, no obstante que conforme a la clasificación hecha por el Consejo de Administración de la OIT, este convenio es considerado como uno de sus convenios fundamentales, al contener precisamente derechos humanos fundamentales. Reiteramos que es menester que el Senado de la República haciendo uso de la facultad conferida en la fracción I del artículo 76 constitucional, proceda a la inmediata aprobación del convenio referido ampliamente en estas consideraciones.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.-  La Comisión Permanente exhorta, a las Comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores, para que dictaminen y aprueben lo antes posible el Convenio 98 relativo a la aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva, adoptado en Ginebra, Suiza, el 1 de julio de 1949, en el marco de la trigésima segunda reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo.

Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez.

Notas
1. Dávalos, José. Derecho del Trabajo I. Porrúa, México, 9ª ed., 1999, p. 46
2. Alcalde Justiniani, Arturo. “¿Y el Convenio 98 de la OIT, para cuándo?
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/06/politica/021a2pol
3. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/03/asun_3081118_20140313_1394724925.pdf
4. http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/12/08/cce-rechaza-ratificacion-convenio-98






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Tabasco a revisar los aspectos legales y administrativos del personal contratado en la Secretaría de Educación Pública, así como en el Desarrollo Integral de la Familia estatal, para evitar pagos improcedentes, como los que observó la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La fiscalización superior está abocada, de manera primordial, a la revisión de la información contenida en la Cuenta Pública, que incluye conceptos como gasto, ingresos, inversiones, fondos, costos, adquisiciones, deuda, subvenciones, fideicomisos, programas o políticas.

Para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tiene como una de sus atribuciones, verificar que las entidades fiscalizadas que hubieren recaudado, manejado, administrado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes, además con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

La auditoría gubernamental tiene un valor intrínseco, en la medida en que permite conocer cómo se ejercen los recursos públicos, si las políticas responden al interés colectivo y si los funcionarios se apegaron al marco jurídico correspondiente, entre otros elementos.

Las auditorías coadyuvan a mejorar el servicio público en términos de eficiencia, eficacia, economía y transparencia. Constituye, un aliado estratégico de los entes auditados que les permite contar con una evaluación objetiva, imparcial y basada en pruebas documentales de su gestión.

De manera particular, en el caso del estado de Tabasco, la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la Cuenta Pública 2014, identificó diversas irregularidades para comprobar el uso de al menos 5 millones 752 mil 979 pesos, los cuales se integran por concepto de pagos improcedentes de 9 expedientes de personal que carecen de la documentación que acredite la plaza bajo la cual cobraron.

Cuatro de ellos no se localizaron en el registro correspondiente en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública por 3 millones 271 mil 673; y 2 millones 012 mil 566 pesos, por pagos improcedentes de comisiones a 15 servidores públicos al DIF Estatal de Tabasco, dichos trabajadores no se encontraban realizando las actividades para las cuales fueron contratados.

Asimismo, 468 mil 740 pesos que se integran por diferencias entre el monto pagado y contratado por 111 mil 415 y pagos a personal sin contrato por 357 mil 324 pesos.

En el mismo informe, la Auditoría da cuenta de diferentes situaciones vinculadas con el posible desvío de recursos públicos, entre las que destaca que el gobierno estatal, en algunos casos, no presenta los informes respectivos sobre las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido, lo cual muestra de una falta de transparencia y rendición de cuentas.

Es necesario y urgente revisar los aspectos legales y administrativos de las personas contratadas en la Secretaría de Educación Pública y en el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad, para evitar pagos improcedentes.

La Constitución Política, establece en su artículo 134 que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos conscientes en la necesidad transparentar el uso y manejo de los recursos públicos, por lo que consideramos de vital relevancia que la Secretaría de la Función Pública continúe con las investigaciones pertinentes con el objetivo de identificar, sancionar y prevenir la comisión de actos ilícitos.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Tabasco para que a través del Órgano fiscalizador revise los aspectos legales y administrativos del personal contratado en la Secretaría de Educación Pública, así como en el Desarrollo Integral de la Familia estatal para evitar pagos improcedentes como los que observó la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014.

Dado en la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.






De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno de Tabasco, así como a las autoridades ambientales del estado, a ejecutar diversas acciones en relación a la muerte de especies animales en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, “Yumká”. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, Dip. JORGINA GAXIOLA LEZAMA, a nombre de los Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado mes de enero, el Partido Verde Ecologista de México, evidenció la situación que acontecía en el área natural protegida, denominada “Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká”, ubicado cerca de la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, en donde se resguardaban más de 500 animales silvestres en 100 hectáreas.

Diversos grupos ecologistas de la entidad, señalaron que la falta de capacidad de la dirección del Centro provocó la muerte de diferentes especies, algunas de ellas en peligro de extinción, resaltando las pésimas condiciones en las cuales habitaban las especies de hipopótamos (hippopotamusamphibius), así como la muerte de alrededor de 25 animales, señalando como responsable a la M.V.Z. Cristell Pérez Arévalo, titular de dicho Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza.

Atendiendo a la gravedad de la situación, desde el Congreso del Estado de Tabasco; así como en la comisión permanente de la presente legislatura, solicitamos al Gobierno del estado de Tabasco atendiera las demandas ciudadanas respecto al Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza “Yumká”, a fin de que garantizara el cumplimiento de los estándares en materia de ética y bienestar de las especies animales que alberga. Así mismo, exhortamos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que en el marco del Programa Nacional de Inspección a Zoológicos, considerara como prioridad revisar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental de dicho Centro.

Desafortunadamente pasados tan sólo 4 meses a la fecha de los acontecimientos en el Centro Yumká, hoy nuevamente se tiene conocimiento de la muerte de alrededor de 250 animales, dentro de los cuales se encuentran dos hipopótamos con una cría, una jirafa, un rinoceronte blanco y un número indefinido de venados.

Las causas aún no han sido determinadas, sin embargo, las denuncias de los grupos ambientalistas del estado, señalan que se debe a la mala alimentación, la falta de mantenimiento en las instalaciones y la limitada capacitación de los veterinarios con los cuales cuenta, ya que no están especializados en las especies silvestres que habitan en el centro.

Asimismo, advierten que existen prácticas nocivas consistentes en descargas de aguas negras de los baños sobre el estanque de los hipopótamos, lo que originó una denuncia ante la PROFEPA, sin que al momento haya aparente atención a la misma por parte del Centro “Yumká”.

Por lo que hace al número de ejemplares muertos o afectados por maltrato, la titular de este Centro, Cristell Pérez Arévalo, en comparecencia ante el pleno del Congreso Estatal de Tabasco el pasado 20 de mayo, aceptó que son más de 100 animales muertos, 50 en 2013; 27 en 2014; 37 en 2015 y que no se han contabilizado las muertes en lo que va del año 2016.

Asimismo, ante el cuestionamiento de los legisladores sobre las causas que dan origen a las muertes masivas de animales, Pérez Arévalo se limitó a manifestar que “los   animales no son inmortales”, y efectivamente no lo son, pero no existe evidencia alguna que indique que las muertes son por causas naturales, por el contrario, se suman cada vez más evidencias de la falta de atención adecuada a los animales que ahí se encuentran.

Como parte de su defensa, la titular de dicho Centro refiere que desde hace 14 años no se ejercía ningún tipo de mantenimiento, sin embargo, no nos explicamos por qué si este año se le destinaron aproximadamente 35 millones de pesos de presupuesto, sólo se han ejercido alrededor de seis, situación que también fue mencionada por un legislador del Partido Verde en el Congreso local.

Sin duda, estamos frente una situación que además de reflejar un constante incumplimiento a las normas ambientales, deja en claro algo mucho más grave, el maltrato animal, pues el mismo no debe ser entendido sólo como violencia hacia a un animal, sino como la falta de suministro de todos aquellos elementos (alimentación, atención médica, infraestructura adecuada, entre otros) necesarios para un trato digno y respetuoso hacia dichas especies.

Esta situación no es reciente, tan es así que según datos obtenidos de la consulta  pública a través del sistema INFOMEX, respecto de los resultados arrojados de las Auditorías realizadas por parte de la Secretaría de la Contraloría de Tabasco y por el Órgano Superior de Fiscalización para los años 2013 y 2014; se tiene que para el año 2013, la Secretaría de la Contraloría realizó a dicho Centro “Yumká” cuatro auditorias, resultando de ellas 21 observaciones que debieron ser solventadas por el referido Centro. Asimismo, el Órgano Superior de Fiscalización en el año 2013 realizó 3 auditorías financieras, presupuestal y de control interno, de las cuales derivaron 24 observaciones.

El cumplimiento a las observaciones, según refiere dicha Secretaría y Órgano Fiscalizador del Estado, aún no son cumplidas en su totalidad, refiriendo que hasta el momento no existe argumento alguno que haya sido presentado por dicho Centro Yumká para justificar su omisión.

Insistimos en nuestra preocupación por la situación acontecida en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza “Yumká”, y como parte del compromiso que el Partido Verde tiene con la protección al bienestar animal, hacemos un llamado enérgico a su inmediata atención.

Por todo lo manifestado, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Los integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhortan respetuosamente al titular del gobierno del estado de Tabasco a efecto de que garantice la atención de las denuncias ciudadanas en relación a la muerte constante de los animales que habitan en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká.

SEGUNDO.- Los integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhortan respetuosamente a las autoridades ambientales estatales de Tabasco, a efecto de que investigue las causas que dieron origen a la muerte de especies animales que habitan en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká, para que en el ámbito de sus competencias inicien los procedimientos de responsabilidad ambiental que correspondan.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 31 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.






De los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la    Procuraduría General de la República para que separe del cargo al C. Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, a fin de garantizar la imparcialidad de las investigaciones que realizan la Visitaduría General y el Órgano de Control Interno de esa dependencia, por la presunta alteración y manipulación de las investigaciones en el caso de los 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, desparecidos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Se turna a la Primera Comisión.

ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ y JUAN ROMERO TENORIO en nuestra calidad de Diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre  de 2014, fueron atacados los estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, cuando realizaban una “toma” de autobuses y un “boteo” para juntar recursos para trasladarse el día 2 de octubre a la Ciudad de México, para la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

Durante el ataque, 43 jóvenes estudiantes sufrieron desaparición, continuando hasta la actualidad en calidad de desaparecidos; fueron asesinadas 6 personas, 3 estudiantes de la normal y 3 más del equipo de segunda división “Los Avispones”, 17 alumnos resultaron lesionados, y además sufrieron violación a los derechos humanos más de 100 personas.

Cabe señalar que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fueron monitoreados en todo momento, desde su salida de la escuela en municipio de Tixtla, Guerrero, hasta el momento de los ataques, a través del sistema de cámaras de seguridad denominado C4,  Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, donde participan representantes de los tres niveles de gobierno, policías  municipales, estatales de Guerrero, la Policía Federal y el Ejercito Mexicano, además de integrantes de Protección Civil del Gobierno del estado de Guerrero.

Esa misma noche, aproximadamente a las 21:30 horas del 26 de septiembre de 2014,a raíz de llamadas al C4 de Iguala por los ataques que estaban ocurriendo, la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa número AC/PGR/GRO/IGU/I/256/2014, por “violación a ley federal de armas de fuego y explosivos”. De estos hechos fue inmediatamente informado Miguel Amelio Gómez, delegado de la PGR en Guerrero, y expresamente en el documento redactado por el agente del Ministerio Público César Iván Pilares, quien ordenó hacer una “minuciosa y exhaustiva investigación”, se señala lo siguiente:

“La presente indagatoria se inició por haberse recibido en esta agencia investigadora una llamada telefónica por parte del C4, en la cual manifestaban que al parecer, aún sin confirmar, alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, originando un fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe, haciendo del conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses, los cuales se encuentran en las calles Galeana y Mina de esta ciudad”.1

En el día referido, los agentes de la Policía Ministerial (P. M.) Romeo Ortíz Valencia, José Manuel Dirzo Correa y Enrique Ramírez Hernández, este último encargado de la subsede de la P.M. de Iguala, salieron a las calles de aquel municipio a verificar lo que estaba pasando.

SEGUNDO.- A pesar de que la indagatoria fue levantada por delitos del fuero federal, no fue sino hasta 8 días después de los hechos, el 4 de octubre de 2014, cuando Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), junto con Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia Criminal de Investigación, hicieron el anuncio oficial de que la PGR ejercía la facultad de atracción de esta indagatoria.

Tomás Zerón informó en esa ocasión, que personal pericial se trasladaría a Iguala para realizar los peritajes necesarios para la identificación de los restos ubicados en varias fosas clandestinas localizadas, y en las que se presumía podrían encontrarse los restos de los estudiantes normalistas.2 Es decir, desde un inicio, la investigación se centró en buscar los restos de los normalistas, sin intencionalidad aparente de iniciar, como se debía, líneas de investigación dentro de las cuales se buscara con vida a los estudiantes.

Pero además, durante 19 meses, representantes del gobierno de Enrique Peña Nietohan dicho que no pudieron intervenir ni investigar de inmediato los hechos porque no eran de su competencia, ysin embargo, el documento anteriormente referido demuestra lo contrario: que desde el primer momento tuvo participación la PGR.

TERCERO.- El pasado 24 de marzo de 2016, Carlos Beristain, uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, mostró un video que documenta una diligencia hecha en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, en la que se observa la participación de Tomás Zerón y personal de la PGR un día antes de que se reportara el hallazgo de la única muestra que está ligada genéticamente de forma indubitable a uno de los normalistas, misma que ha sido usada desde ese entonces como argumento para sustentar la hipótesis de la llamada “Verdad histórica”: que todos los 43 estudiantes normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Esto es particularmente grave, porque la diligencia mencionada, al haberse realizado pero no estar consignada en el expediente del Caso Ayotzinapa, evidencia, por lo menos, omisiones graves que ponen en riesgo la propia investigación, y que en sí mismas pudieron desviar el sentido de la ésta, sobre todo en lo que toca al esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes, situación que debe de ser investigada.

Las imágenes mostradas por el GIEI también muestran la presencia de uno de los detenidos, quien es llevado hasta el lugar. Además, se observa que peritos de la PGR recogieron “muestras  óseas”, hecho que tampoco es mencionado en el expediente.3

De lo anterior, podría suponerse que la Procuraduría General de la República ocultó informar y consignar en el expediente el hecho de que un día antes de reportar el hallazgo de los supuestos restos óseos del normalista Alexander Mora, uno de los 43 desaparecidos, elementos de esa dependencia estuvieron en ese mismo lugar, junto con buzos de la Marina.

Cabe señalar que el GIEI apuntó que debido a este operativo no reportado, de manera oficial hubo un bloqueo del camino, por el que incluso se quedaron parados algunos miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes bajaban del basurero de Cocula, donde tomaban muestras, sin que se les informara que se estaba llevado a cabo una diligencia en el río San Juan.

Cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó su propio informe, denunció que ninguno de sus integrantes estuvo presente en el momento en que se encontró la bolsa con restos óseos del normalista de Ayotzinapa, y que según la PGR fue encontrada en el río San Juan. Este hecho, en sí mismo, apunta varias anomalías.

CUARTO.- Estos hechos son muy preocupantes y representan un problema serio que debe ser investigado por la misma Procuraduría General de la República, en razón de que el principal implicado y señalado por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como el responsable de la diligencia mantenida en secreto es Tomas Zerón, actual director de la Agencia de Investigación Criminal. Por lo que, de ser ciertas estas acusaciones, estaríamos frente a la comisión de delitos, presuntamente cometidos por  aquellos quienes tienen la encomienda de investigar tan terrible crimen. 

El Código Penal Federal establece que si un servidor público rinde informes falsos comete el delito de “ejercicio indebido de servicio público”, pudiendo ser sancionado con penas que van de los dos hasta los siete años en prisión:

“Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:

V.- Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos, y

Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”

QUINTO.- De acuerdo con la información proporcionada por el GIEI, y de ser ciertos los datos, en el mejor de los casos estaríamos ante “inconsistencias” en la investigación, que se pueden traducir en negligencia, pero lo relevante es que esto ha impedido que, de enero de 2015 a la fecha, se continúe con la búsqueda de los estudiantes.

Concretamente el Código Penal Federal dice al respecto:

“Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

[…]

VIII. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia;

[…]

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXXIII y XXXIV, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa”.

SEXTO.- Por todo lo expuesto, sin embargo, pareciera que hay más que negligencia en la investigación del Caso Ayotzinapa, puesto que sucede que los responsables de las diligencias, lejos de cuidar las indagatorias en lo que ellos mismos han calificado como “el caso más importante de la historia de México”, y donde precisamente por eso debería imperar la pulcritud jurídica y la transparencia de las actuaciones de la autoridad encargada de procurar justicia, se hace exactamente todo lo contrario.

De hecho, precisamente por eso, con fecha 27 de abril de 2016, la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, dio vista de este asunto a la Visitaduría General para que, en pleno ejercicio de sus atribuciones, “proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes”.

De igual forma, se dio vista al Órgano Interno de Control de la PGR, para determinar si la actuación de Zerón de Lucio es contraria al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Ante los hechos aquí descritos, las acciones de la PGR resultan claramente insuficientes, toda vez que Tomás Zerón, tiene a su cargo en la actualidad a la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales, y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, lo que lo hace indudablemente un hombre con Poder, dentro y fuera dela PGR.

En estas condiciones, cualquier investigación que se realice al interior de la PGR, mientras Tomas Zerón ejerza ese cargo dentro de la institución, no podrá ser imparcial ni resultará creíble, además de que de mantenerse en el estado que guardan actualmente, resultarían ofensivas para los padres de las víctimas y para la opinión pública.

Lo anterior resulta aún más relevante, si asumimos que algunos de los objetivos primordiales son el salvaguardar la indagatoria, conocer la Verdad y hacer Justicia, y no resguardar a funcionario alguno, en este caso, al titular del órgano desconcentrado Agencia de Investigación Criminal. Es un hecho que la credibilidad de la investigación está dañada y que no podrá restaurarse en tanto siga ahí quien es investigado por alterar la indagatoria.

En suma, estamos frente a un claro y evidente conflicto de intereses, mismo que no puede prevalecer, y más mientras siga desempeñándose como Titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón.  

SÉPTIMO.- Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley orgánica de la Procuraduría General de la Republica, el Procurador ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la PGR.

En el artículo 19 del mismo ordenamiento se establece además, que “Los coordinadores, titulares de unidad y de órganos desconcentrados (como lo es la Agencia de Investigación Criminal),  directores generales, delegados y agregados deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables, serán designados y removidos libremente por el Procurador General de la República”. Por lo anterior, la PGR está obligada constitucional y legalmente a ejercer sus atribuciones, respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común, y cesar inmediatamente del ejercicio de sus funciones a Tomás Zerón, quien a todas luces trasgrede lo establecido en el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, que claramente señalan que la actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría General de la Republica, para que en uso de sus facultades separe del cargo al C. Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, a fin de garantizar la imparcialidad de las investigaciones que realizan la Visitaduría General y el Órgano de Control Interno de esa dependencia, por la presunta alteración y manipulación de las investigaciones en el caso de los 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, desparecidos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 31 de mayo de 2016.

Dip. Araceli Damián González.- Dip. Juan Romero Tenorio.

1 Proceso 2061/ 1 de mayo de 2016 página 11. http://ow.ly/4nhMfk

2 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/04/atrae-pgr-investigacion-de-los-43-normalistas-desaparecidos-en-iguala-3218.html

3 Aristegui noticias mayo 2 de 2016, http://aristeguinoticias.com/2404/mexico/oculto-pgr-que-estuvo-un-dia-antes-en-lugar-donde-encontraron-restos-giei/






De la Diputada Lorena Corona Valdés, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a valorar y ponderar la conveniencia de actualizar las Normas Oficiales Mexicanas NOM-020-SSA1-2014 y NOM-025-SSA1-2014, a efecto de respetar el derecho humano a disfrutar de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, Dip. LORENA CORONA VALDÉS, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El aire limpio es uno de los requisitos básicos de la salud y el bienestar humanos. Sin embargo, la contaminación atmosférica sigue suponiendo una importante amenaza a nivel mundial.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2012 unos 7 millones de personas murieron como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica1.

Los contaminantes del aire tienen distinto potencial para producir daño a la salud humana, lo cual depende de sus propiedades físicas y químicas, de la dosis que se inhala y del tiempo de exposición.

Entre los trastornos a la salud, derivados de la exposición a la contaminación del aire, destacan2:

• El Incremento en la frecuencia de enfermedades respiratorias crónicas y agudas.

• Aumento en la frecuencia de muertes asociadas a la contaminación atmosférica.

• Disminución de la capacidad respiratoria.

• Aumento de ataques de asma.

• Incremento de casos de enfermedades cardiacas, y

• Aumento en la frecuencia de cánceres pulmonares.

Los contaminantes del aire se han clasificado como contaminantes criterio y contaminantes no criterio. Los primeros se han identificado como perjudiciales para la salud y el bienestar de los seres humanos, entre ellos, se encuentran:

1. Bióxido de azufre (SO2).

2. Bióxido de nitrógeno (NO2).

3. Material Particulado (PM).

4. Plomo (Pb).

5. Monóxido de carbono (CO).

6. Ozono (O3).

La contaminación del aire continúa siendo uno de los problemas de salud pública más importantes que afecta a la población a nivel nacional. Cada vez son más las personas expuestas a concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos que representan un riesgo alto de sufrir daños irreversibles en su salud, lo que transgrede el derecho humano a disfrutar de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.

De conformidad con los artículos 116 y 118, fracción I de la Ley General de Salud, las autoridades sanitarias establecerán las normas, tomarán las medidas y realizarán las actividades tendientes a la protección de la salud humana ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente y para tal efecto corresponde a la Secretaría de Salud determinar los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente.

Una de las formas para evaluar la calidad del aire es comparando las concentraciones de los contaminantes obtenidas de las redes de monitoreo con los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) publicadas por la Secretaría de Salud.

Las normas de calidad del aire establecen las concentraciones máximas de contaminantes en el ambiente que no debieran ser excedidas con determinada frecuencia, a fin de garantizar la protección de la salud de la población.

En México contamos con normas de calidad del aire para proteger la salud pública de la población, en los siguientes términos:

CONTAMINANTE

NORMA OFICIAL MEXICANA

NOMBRE

DOF

Ozono

NOM-020-SSA1-2014

Salud ambiental. Valor límite permisible para la concentración de ozono (O3) en el aire ambiente y criterios para su evaluación

19 de agosto de 2014.

Partículas
(PM10 y PM2.5)

NOM-025-SSA1-2014

Salud ambiental. Valores límite permisibles para la concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y criterios para su evaluación.

20 de agosto de 2014.

Monóxido de Carbono

NOM-021-SSA1-1993

Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población

23 de diciembre de 1994.

Dióxido de Azufre

NOM-022-SSA1-2010

Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al dióxido de azufre (SO2). Valor normado para la concentración de dióxido de azufre (SO2) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población.

08 de septiembre de 2010.

Bióxido de Nitrógeno

NOM-023-SSA1-1993

Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al bióxido de nitrógeno (NO2). Valor normado para la concentración de bióxido de nitrógeno (NO2) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población.

23 de diciembre de 1994.

Los avances en el ámbito internacional y nacional con respecto a los estudios de efectos en salud por la exposición ambiental a sustancias tóxicas presentes en el aire ambiente, hace necesario actualizar las normas de calidad del aire sobre los niveles máximos permisibles, para transitar hacia los estándares de la Organización Mundial de la Salud,  que garanticen la protección de la salud de la población en general y de los grupos sensibles en particular.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente dispone en su artículo 110, fracciones I y II que la calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del país; y las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.

En consecuencia, el combate a la contaminación del aire dependerá, principalmente, de la actualización de las normas mexicanas que establezcan límites más estrictos para los contaminantes. El ajuste de las normas mexicanas a un límite más cercano al que propone la Organización Mundial de la Salud, permitirá ajustar otros programas y estrategias contra la contaminación.

Desde 2005 se publicaron las Directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la Calidad del Aire, que indican los límites para contaminantes atmosféricos como partículas (PM), ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2).

No obstante que en agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Salud NOM-020-SSA1-2014 y NOM-025-SSA1-2014, se estima conveniente exhortar a esta Dependencia, a efecto de que pondere la conveniencia de actualizar nuevamente dichas normas para cumplir con las directrices de la OMS.

Para ilustrar lo anterior, en el siguiente cuadro se muestra la disparidad que existe entre los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud y las normas oficiales mexicanas citadas.

Valores de concentración máxima permisible para el ser humano de los contaminantes atmosféricos

Ozono

NOM-020-SSA1-2014

Guías de calidad del aire de la OMS

En una hora

0.095 ppm

 

Anual como promedio móvil de 8 horas en un día

0.070 ppm

100 μg/m3

Partículas
(PM10 y PM2.5)

NOM-025-SSA1-2014

Guías de calidad del aire de la OMS

PM10
Media de 24 horas

75 µg/m3

50 μg/m3

PM10
Media anual

40 µg/m3

20 μg/m3

PM2.5
Media de 24 horas

45 µg/m3

25 μg/m3

PM2.5
Media anual

12 µg/m3

10 μg/m3

Por otro lado y en términos del párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, En consecuencia, falta la actualización de la NOM-021-SSA1-1993 (monóxido de carbono) y la NOM-023-SSA1-1993 (bióxido de nitrógeno), publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 1994, así como la actualización de la NOM-022-SSA1-2010 (dióxido de azufre) publicada en el DOF en 2010. Lo anterior, a efecto de transitar hacia los estándares de la Organización Mundial de la Salud, conforme a lo expuesto a continuación.
Valores de concentración máxima permisible para el ser humano de los contaminantes atmosféricos.

Dióxido de Azufre

NOM-022-SSA1-2010

Guías de calidad del aire de la OMS

Media de 24 horas, una vez al año

288 µg/m3 o 0,110 ppm

20 μg/m3,
500 μg/m3, media de 10 minutos

Anual

66 µg/m3 o 0,025 ppm

 

Media de 8 horas no rebasado dos veces al año

524 µg/m3 o 0,200 ppm

 

Bióxido de Nitrógeno

NOM-023-SSA1-1993

Guías de calidad del aire de la OMS

Media anual

 

40 μg/m3

Media de una hora

0.21 ppm o el equivalente a 395 µg/m3

200 μg/m3

La justificación primordial para emprender medidas para mejorar la calidad del aire es el mejoramiento de la salud pública. Según estimaciones de 2012 de la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 3,7 millones de defunciones prematuras.

El mejoramiento del aire que respiramos puede disminuir considerablemente la cantidad de personas que padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La actualización de las normas oficiales mexicanas destinadas a controlar las emisiones de contaminantes atmosféricos puede mejorar la calidad del aire y, a su vez, aminorar la carga de morbilidad y mejorar la salud.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud para que valore y pondere la conveniencia de actualizar las Normas Oficiales Mexicanas NOM-020-SSA1-2014 y NOM-025-SSA1-2014 para cumplir con las estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud, a efecto de respetar el derecho humano a disfrutar de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud para que en términos del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se actualicen las Normas Oficiales Mexicanas NOM-021-SSA1-1993 (monóxido de carbono), NOM-023-SSA1-1993 (bióxido de nitrógeno) y NOM-022-SSA1-2010 (dióxido de azufre).

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Lorena Corona Valdés.

1 7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmosférica, Comunicado de Prensa de la OMS [en línea] disponible en web: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/es/

2 Programa para Mejorar la Calidad del Aire ZMVM 2002-2010. Capítulo 4 Los Efectos en la Salud por la Contaminación del Aire. [en línea] Disponible en web: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/394/cap4.pdf






Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a abandonar la política de enfrentamiento y castigo que ha caracterizado su gestión administrativa y a establecer una mesa de diálogo y negociación con el magisterio organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se turna a la Segunda Comisión.

El que suscribe, Diputado VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes.

CONSIDERACIONES

Mediante un operativo policiaco intimidatorio y violento fueron desalojados, durante el fin de semana, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que manifestaban su inconformidad con la reforma educativa y solicitaban diálogo con funcionarios del gobierno federal.

El operativo de desalojo y expulsión fue realizado por el gobierno federal en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México; quienes mediante el acordonamiento del centro de la ciudad, el “encapsulamiento” y la amenaza del uso de la fuerza pública obligaron a los profesores a abordar autobuses particulares y abandonar la ciudad.

Este acto represivo viola los derechos humanos de los maestros así como la libertad de tránsito, expresión y manifestación establecidas en la Constitución; representa un retroceso para las libertades democráticas y un retorno a las prácticas represivas de hace más de 30 años aplicadas por los gobiernos priistas.

La represión se suma al reciente despido masivo de más de cuatro mil profesores de los estados de Oaxaca, Chiapas Michoacán y Guerrero que han manifestado su oposición a los exámenes punitivos y a las medidas de castigo implementadas por el titular de la Secretaría de Educación Pública.

La reforma laboral y administrativa impulsada por la SEP obliga a los profesores a presentar exámenes bajo la amenaza de ser despedidos y a renovar su contrato cada cuatro años mediante una evaluación estandarizada.

Los exámenes se han convertido en un instrumento de presión y hostigamiento que se aplican con criterios político electorales, esa es la razón por la cual la segunda etapa de evaluación al desempeño docente se postergo hasta el mes de septiembre, una vez que concluya el proceso electoral.

La reforma únicamente ha generado un ambiente de confrontación y violencia. Los principios que actualmente orientan la política educativa son el enfrentamiento y el desprecio hacia los profesores.

Reiteradamente se ha señalado que la reforma carece de un proyecto educativo y se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar, los siguientes hechos así lo demuestran.

A un gran número de maestros se les ha separado de la plaza en que laboraron durante varios lustros y decenas de miles de profesores que participaron en los concursos para obtener una plaza en propiedad no han visto cumplida la promesa de “basificación”.

La promesa de mejora salarial a los profesores que obtuvieron un resultado destacado en el examen de desempeño docente se convirtió en una cruel burla. El salario obtenido mediante el Programa de estímulo llamado Carrera Magisterial aplicado durante 28 años se encuentra a punto de desaparecer. La SEP ha iniciado una política de “descompactación” que separa el salario base del incentivo correspondiente a Carrera Magisterial. El incremento prometido únicamente se aplicará al salario base, muy por debajo de las expectativas anunciadas de mejora salarial para los docentes.

Hasta el momento la SEP no ha aclarado el alcance de esta medida administrativa que muy probablemente, afectará las condiciones de jubilación de los trabajadores de la educación.

Por las razones anteriormente expuestas sometemos a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a abandonar la política de enfrentamiento y castigo que ha caracterizado a su gestión administrativa y establecer una Mesa de Diálogo y Negociación con el magisterio organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la SEP a que promueva un cambio en la política educativa con el propósito de impulsar medidas sustentadas en el dialogo, el acuerdo y el consenso con los profesores, con el objetivo de lograr una verdadera transformación del sistema educativo que beneficie a la niñez mexicana.

Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones conducentes respecto a la entrega de “tinacos” en la delegación Coyoacán con presuntos fines electorales en favor de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, contamos con un sólido entramado institucional y jurídico que garantiza la celebración de elecciones transparentes y equitativas. Asimismo, establece los procedimientos y recursos para prevenir, sancionar y erradicar el uso ilegal de recursos públicos con fines electorales.

En este sentido, nuestra Constitución, en su artículo 134, señala que los recursos económicos que disponga la Federación, los estados, los municipios, La Ciudad de México y sus delegaciones, además de ejercerlos con eficacia, eficiencia, transparencia y honradez, también se debe garantizar que cumplan con los objetivos para los que fueron destinados.

El mismo precepto constitucional, señala diversos candados para que los recursos públicos no sean utilizados con fines electorales, entre ellos, establece la obligación de los servidores públicos federales, estatales municipales y de la Ciudad de México los ejerzan con imparcialidad y que el uso de éstos no afecte la equidad en la competencia electoral. 

Otro aspecto que contempla el artículo referido, es el concerniente a la comunicación social que difundan los poderes públicos y los órganos autónomos de gobierno, en virtud de que prohíbe que sea utilizada como un instrumento de promoción personal.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el inciso e) del artículo 449, establece como infracción el uso de programas sociales y de sus recursos por parte de los servidores públicos de todos los niveles de gobierno con el fin de inducir o coaccionar el sentido del voto de los ciudadanos.

Por su parte, el artículo 320, párrafo segundo del Código de Procedimientos Electorales del Distrito Federal, establece que los partidos políticos, coaliciones y candidatos no podrán adjudicarse o utilizar en beneficio propio la realización de obras públicas o programas de gobierno.

No obstante, los anterior, el 28 de marzo de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las Reglas de Operación de la acción social de la Entrega Única de Tinacos para los habitantes de la Delegación Coyoacán. 1

Se tiene como meta entregar a los habitantes de la Delegación Coyoacán hasta 1,666 tinacos con capacidad de 1,100 litros con un costo aproximado por unidad de tres mil pesos cada uno y una inversión total de cinco millones de pesos.

A pesar de que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se argumenta que esta acción de gobierno es una respuesta a la problemática de escasez de agua en dicha demarcación, no se presenta un diagnóstico preciso de cuáles son las principales colonias que se encuentran en esta situación.

Por el contrario, la entrega de estos apoyos se dará de forma discrecional tal como los señala la Gaceta Oficial:

“La Delegación Coyoacán difundirá en todas las unidades territoriales mediante volanteo y carteles en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud, los requisitos y el procedimiento de acceso para poder acceder a la presente acción social”.2 

Aunque se señalan los requisitos para acceder a esta supuesta acción social, no se establecen las fechas de entrega de los mismos, situación que genera incertidumbre en virtud de que la entrega de los tinacos se está dando durante la etapa de campañas para elegir a la Asamblea Constituyente.

Para el grupo parlamentario del PRI resulta preocupante que no se promuevan acciones para blindar los apoyos sociales y evitar el uso electoral de los mismos.

Un medio nacional dio a conocer que el reparto de tinacos se mantiene en la Delegación Coyoacán, al constatar que en la media noche del jueves 19 y del sábado 22 de mayo se estaban entregando tinacos en la Colonia Ajusco. 3

De acuerdo con el medio nacional previo a la entrega de los tinacos los beneficiarios deben entregar copia d su credencial de elector.

La idoneidad del presente punto de acuerdo radica en que entre las funciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales están:4

• Conocer de las denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito electoral.

• Realizar todos los actos conducentes a la comprobación de los elementos que constituyen un delito electoral.

• En su caso, ejercitar la acción penal, determinar la reserva o el no ejercicio de la acción penal.

• Dictar o promover las medidas precautorias permitidas por la Ley, a efecto de llevar a buen curso las averiguaciones previas o el desarrollo del proceso.

• En el momento procesal oportuno, aportar pruebas ante el órgano jurisdiccional.

• Interponer recursos jurídicos, e intervenir en los juicios de amparo, o cualquier otro relacionado con las averiguaciones previas, o con los procesos respectivos.

• Prevenir la comisión del delito.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones conducentes respecto a la entrega de “tinacos” en la Delegación Coyoacán con presuntos fines electorales en favor de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática. 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.

1 http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3fc2529d7da74de341a889ee132be26f.pdf

2 Idem

3 http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=850071

4 http://www.fepade.gob.mx/preguntas.html






Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita el envío de las fuerzas federales al estado de Morelos. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, Senador de la República a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presento a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA EL ENVÍO DE LAS FUERZAS FEDERALES AL ESTADO DE MORELOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hay dos temas que preocupan y generan zozobra en los morelenses: la inseguridad y la impunidad, que a su vez están íntimamente vinculados con la corrupción, la ineficiencia de los cuerpos policiales y la falta de estrategias del Gobierno del Estado que involucren a la sociedad en la prevención de ilícitos o conductas antisociales.

La delincuencia común ha crecido al amparo de la delincuencia organizada y, paradójicamente, en esa proporción ha disminuido el número de elementos policiales, por la falta de aprobación de exámenes de control de confianza, por amenazas de delincuentes o por bajos salarios, sin que las autoridades hayan podido reemplazar a los elementos de forma inmediata, lo que repercute en la falta de resultados favorables a la sociedad.

Aparejado con esto, la detención o eliminación de algunos líderes de grupos de la delincuencia organizada ha propiciado la aparición de otros más radicales y violentos; las autoridades abaten o detienen a jefes de grupos organizados pero el resto de la banda sigue operando y genera mayores peligros para la sociedad, pues teniendo armas, vehículos, casas de seguridad y recursos económicos se vuelven contra la gente indefensa cambiando su vocación criminal hacia los delitos del fuero común.

El clima de inseguridad que se vive en Morelos ha generado inestabilidad económica, fuga de capitales y éxodos de familias que buscan en otras ciudades o países la tranquilidad que les ha sido arrebatada, Estos hechos que hoy no se aprecian en su justa dimensión tendrán efectos importantes en el mediano plazo; los capitales que se retiran dejan de producir y provocan disminución de la riqueza y fuentes de trabajo.

La delincuencia organizada campea por gran parte del territorio nacional y evidencia la falta de preparación táctica y estratégica de las autoridades policiales poniendo en riesgo permanente a la población. La delincuencia común se apodera de las zonas urbanas y toma como victimas propicias a mujeres y jóvenes, exigiendo pago de protección, robando o secuestrando. Los éxodos familiares aumentan y los negocios cierran.

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, impuso como estrategia principal para abatir la inseguridad, crear una policía de mando único que aglutinara a las treinta y tres policías municipales con la preventiva estatal a fin de estructurar un cuerpo con similares características, lo cual realizó al inicio de su gestión en el año dos mil doce; luego, al cambio de administraciones municipales logró que varios municipios se mantuvieran dentro del esquema de manera voluntaria, pero a los que se negaron a hacerlo se les impuso mediante un decreto la obligación de cederle el mando.

En múltiples ocasiones, diversos actores sociales han solicitado al Gobierno de la República en envío de fuerzas federales para que realicen labores de prevención que mejoren la seguridad pública, sin embargo, el propio gobernador se ha opuesto argumentando que Morelos no necesita de ese respaldo porque las condiciones que vivimos han mejorado desde su llegada al cargo.

Al quitarle el mando de policía a los presidentes municipales e impedir el ingreso de fuerzas federales, el Gobernador Graco Ramírez ha dejado a los morelenses a merced de la delincuencia, pues es obvio que los elementos encuadrados en el Mando Único son ineficientes e insuficientes para frenar la ola de delictiva que crece desenfrenadamente en la entidad y, por si eso no fuera suficiente, las quejas y denuncias ciudadanas en contra de los abusos cometidos por elementos adscritos a ese cuerpo policial se incrementan cada día.

La situación que hoy vive Morelos es de inseguridad, zozobra falta de inversión pública, falta de solución a los problemas cotidianos que impiden la mejoría en la calidad de vida de sus habitantes, que ya no puede continuar ni debe tolerarse la omisión de las autoridades en ese rubro.

Al inicio de año nos sorprendió la noticia del homicidio de la Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, apenas horas después de su toma de protesta; la libertad con que se movieron los homicidas a lo largo de varias calles hasta llegar a su domicilio y privarla de la vida frente a sus padres y familiares no deja duda que los criminales no tenían temor de ser detenidos; la muerte de decenas de personas a plena luz del día en zonas urbanas también muestra la falta de prevención y lo inútil de los mecanismos tecnológicos que tanto presume el gobernador, toda vez que los delincuentes viajan en automóviles, motocicletas o a píe, portan armas o se mueven en grupos, pero los policías no los detectan. Una vez cometidos los delitos, nuevamente los delincuentes se mueven de un sitio a otro y no son rastreados o seguidos para su detección.

¿De que sirve a los morelenses que se inviertan mil quinientos millones de pesos en instalaciones con tecnología de punta y se coloquen cámaras de video en diferentes puntos de la entidad si no dan resultado?

¿Para que sirve a los morelenses que los presidentes municipales pierdan el mando sobre sus propias policías si quien lo asume carece de un plan integral de prevención que involucre a la sociedad?

“Una muerte más no cambiara la estrategia de seguridad”, ha dicho el Comisionado Estatal de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra. Ese es el auténtico problema. La actividad delictiva crece, la denuncias decrecen, pero el gobierno del Estado, único responsable de la prevención el delito no cambia su forma de actuar permitiendo que los delincuentes actúen con total impunidad afectando a la población en general.

La criminalización de las víctimas de los delincuentes merece mención aparte, ya que los voceros oficiales al tener noticias de muertes violentas o ejecuciones se limitan a señalar que la victima corrió esa suerte como consecuencia de sus actividades o relaciones con delincuentes, lo que para ellos es suficiente para no realizar investigación alguna que lleve a la identificación y detención de los delincuentes.

Eso es un claro ejemplo de lo que ha sucedido en el caso del abogado Rodolfo García Aragón, que a quince días de su homicidio todavía no hay resultados que determinen quien o quienes lo privaron de la vida y cuál fue el móvil, pero la descalificación fue inmediata: “Seguramente lo mataron por los asuntos que llevaba en el despacho”. Eso es una auténtica criminalización de la víctima. La Fiscalía General o el Secretario de Gobierno o cualquier otro servidor público no puede ni debe hacer declaraciones de este tipo que implican prejuicio, desorientan a la población y afectan el debido proceso.

Los morelenses no podemos seguir viviendo en el estado de inseguridad en que nos encontramos. Ya vimos que aun con el Mando Único y una gran inversión en tecnología el Gobernador Graco Ramírez no le ha cumplido al pueblo su demanda sentida, que es la seguridad y el orden público. La marcha por la paz realizada el pasado 21 de mayo, en la que participamos más de treinta y cinco mil personas no deja duda al respecto: no queremos más delincuentes que sigan lacerando la integridad y patrimonio de quienes habitamos o visitan la entidad.

Hay que decirlo claramente: el Mando Único implantado en Morelos no es ni será la solución al problema de inseguridad; las fuerzas federales constituidas por el Ejercito, la Fuerza Armada y la Policía Federal deben brindar el apoyo a los morelenses. La negativa del gobernador para pedir su apoyo no puede estar por encima del clamor de la población que demanda su ingreso urgente.

Señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde esta tribuna pido su apoyo inmediato para el Estado de Morelos, necesitamos que a la brevedad se comisionen elementos de las fuerzas federales que implementen programas emergentes en todos los municipios de la entidad, particularmente Cuernavaca, Temixco, Cuautla, Yautepec, Jiutepec, Zapata, Xochitepec, Puente de Ixtla, Miacatlan, Tetecala, Coatlan del Rio, Amacuzac, Ayala y Tlaltizapan, en donde la delincuencia campea con toda libertad.

La confianza que la gente tiene en la fuerzas federales esta basada en los resultados acreditados en los últimos tiempos. La incapacidad de la fuerza Policial local debe ser relevada por la potencia, eficacia y respeto que imponen los cuerpos del gobierno Federal, Morelos necesita el apoyo urgente del Gobierno Federal para recuperar la tranquilidad perdida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaria de Gobernación, la Secretaria de la Defensa Nacional y la Secretaria de Marina, se envíen fuerzas federales al auxilio del Estado de Morelos ante la preocupante situación de emergencia de seguridad pública que vive la entidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Suscribe

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Puebla a revisar el proceso de licitación y adjudicación para la operación del servicio agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Puebla para verificar que no se hayan presentado irregularidades. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los municipios del país, tienen a su cargo diversas funciones y servicios públicos que, en su conjunto, buscan garantizar condiciones de salubridad, seguridad, crecimiento y prosperidad para los mexicanos.

Entre estas cuestiones, destaca el relativo al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; el alumbrado público y la limpia, recolección, traslado, tratamiento de residuos sólidos, entre otros.

En el caso del estado de Puebla, el 26 de diciembre de 2013 se formalizó el Título de Concesión para la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de Aguas residuales en los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc.

Con estas acciones se dijo que se modernizaría el proceso de alcantarillado, procesamiento y disposición final de los residuos; se cambiarían las tuberías obsoletas y se daría una mejor atención a los usuarios, situación que no sólo no se ha dado, sino que además ha empeorado.

Sin embargo, actualmente hay desabasto de agua en diversas colonias de la capital del estado, incrementos permanentes de hasta el 400% en las tarifas de suministro y cortes masivos o cierre de válvulas por conflictos administrativos en la impresión de recibos de cobro de la empresa con los trabajadores operadores del servicio.1

Debido a estas deficiencias en el servicio, han aumentado significativamente las quejas, situación que se agrava debido a los múltiples errores en el programa de recaudación con el que cuenta la empresa “Agua de Puebla para todos”, esta condición se refleja en domicilios inexistentes, cobro excesivo y adeudos inexplicables.

Este proceso se ha dado con opacidad y según diversos medios de comunicación, con fines claros para beneficiar a empresas que no estuvieron presentes en la fase regular de contratación en la licitación.2

Llama la atención que se le concedió un contrato de vital relevancia a “Concesiones Integrales SA de CV”; una empresa creada 72 horas antes del fallo de la licitación y la cual en ese momento no se encontraba inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ni mucho menos en el Registro Federal de Contribuyentes.

Otra anomalía en este proceso, de acuerdo el diario La Jornada, es que el Gobierno Estatal ordenó “encriptar” la información en relación a los acuerdos tomados con la empresa Concesiones Integrales, esto significa que no se tiene conocimiento del ejercicio y destino de más de mil 723 millones 800 mil pesos.

Estas reservas en la concesión del servicio, constituye un riesgo para las finanzas públicas, debido a que, al desconocerse los alcances del instrumento jurídico, existe la posibilidad de la instrumentación de mecanismos perversos para beneficiar a las empresas participantes y no a los ciudadanos de la entidad.

Ejemplo de ello, es la modificación que se dio al convenio en favor de Concesiones Integrales, por lo que las inversiones acordadas por un monto de 3 mil 844 millones de pesos ya no se ejercerán en un plazo de cinco años, ya que se extenderán a 10 años.

También se comprometió a que en los dos primeros años se realizarían inversiones por mil 294 millones de pesos, pero como consecuencia de la modificación del título de concesión, hasta el día de hoy sólo se han invertido 63 millones de pesos, lo que representa apenas el 4.8% de lo comprometido.

De igual manera, sufrieron cambios importantes la vigencia de la concesión; la garantiza del incremento de tarifas; la disminución del porcentaje relativo a la contraprestación periódica, es decir, el pago al gobierno.

Aunado en lo anterior la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, señala que, de acuerdo con la página www.aguapuebla.mx, la concesionaria debe invertir recursos para ampliar, acondicionar, mantener, operar y administrar la infraestructura hidráulica del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) para su correcto funcionamiento, sin embargo en 2014, mediante 6 contratos de obra pública destinó recursos por un importe de 42,193.2 miles de pesos a cargo de los programas APAZU y FONREGION para trabajos de drenaje, ampliación, adecuación y rehabilitación del sistema de agua potable en los municipios de Puebla, Cuautlancingo y San Pedro Cholula, trabajos que debieron ser con cargo a dicha concesionaria.3

Bajo estas consideraciones, los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos de vital importancia exhortar al Congreso del Estado de Puebla para que a través de la Auditoría Superior, revise el proceso de licitación y adjudicación para la operación del servicio agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Puebla para verificar que no se hayan presentado irregularidades, y de identificar alguna de ellas actuar conforme a derecho proceda.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Puebla para que, a través de la Auditoría Superior del Estado, revise el proceso de licitación y adjudicación para la operación del servicio agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Puebla para verificar que no se hayan presentado irregularidades.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Municipio de Puebla para que haga de conocimiento público la resolución correspondiente al procedimiento de licitación SOAPAPLPIC-001/2013 así como el título de concesión emitido derivado de este procedimiento de licitación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente

1 http://www.jornada.unam.mx/2015/12/29/estados/022n1est

2 http://www.jornada.unam.mx/2016/05/23/politica/006n1pol

3 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1019_a.pdf






Del Diputado Santiago Torreblanca Engell, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a presentar un informe del periodo que va de enero de 2015 a abril de 2016, sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de verificación del cumplimiento de la normatividad laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo y de capacitación, adiestramiento y productividad respecto de todas y cada una de las empresas que prestan servicios en todo el complejo propiedad de Pemex y su área desincorporada a favor de la empresa MEXICHEM, asentados en Coatzacoalcos, Veracruz, y denominado “Pajaritos”, en el que ocurrieron el pasado 20 de abril de 2016 diversas explosiones que tomaron la vida e hirieron a varios trabajadores. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado SANTIAGO TORREBLANCA ENGELL, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales décimo tercero a décimo sexto del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 28 de abril el mundo conmemoró el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo, fecha que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la finalidad de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo.

Con ese día se pretende establecer una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a nivel internacional sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo.

Ese día, el 28 de abril, también se conmemora el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, que el movimiento sindical realiza desde 1996, su propósito es honrar la memoria de las víctimas  de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, conmemoración está última a la que, una vez más, desafortunadamente, habremos de sumarnos el año que viene, a razón de lo ocurrido en Coatzacoalcos, Veracruz, donde el pasado 20 de abril hubo varias explosiones en una planta propiedad de PEMEX en un área desincorporada a favor de la empresa denominada MEXICHEM, que según los reportes que hemos visto por medio de la prensa y redes sociales asciende al menos a 32 muertos, varios desaparecidos y decenas de heridos.

Los legisladores, desconocemos el número real de trabajadores fallecidos, desaparecidos y heridos, como también ignoramos la realidad de los hechos que ocurrieron ese fatídico día; no sabemos el nombre y apellido de los trabajadores fallecidos y heridos, la denominación o razón social de las empresas que los contrataron y el cumplimiento de lo mandatado por la ley.

Esta situación no puede continuar así, ya que el pueblo de México exige transparencia y rendición de cuentas en todos los aspectos de la labor que realizan los servidores públicos, particularmente en los fatídicos hechos del pasado 20 de abril.

Hemos leído boletines de prensa y conocido de fotografías, todo ello a través de los medios de comunicación y redes sociales. En el complejo petroquímico denominado “Pajaritos” se han hecho presentes varias autoridades, entre ellos el titular del Poder Ejecutivo Federal, el gobernador del estado de Veracruz, la Secretaría de Gobernación a través de su Director de Protección Civil, Petróleos Mexicanos (PEMEX)a través del Dr. José Antonio González Anaya, autoridades ambientales y algunas otras, entre las que notamos una alarmante ausencia, el Mtro. Jesús Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

A esta última autoridad, por ministerio Constitucional y legal le corresponde en exclusiva, la vigilancia del cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo en centros de trabajo que como el siniestrado, son del sector hidrocarburos y dedicados a la petroquímica. A la referida autoridad laboral también le corresponde inspeccionar en las empresas, que como la de Coatzacoalcos están bajo su competencia administrativa, en materia de capacitación, adiestramiento y productividad, tema importante y clave en un accidente de las magnitudes como el de la planta de Pajaritos.

La ausencia o más bien silencio casi absoluto, que hemos notado en medios de comunicación y redes sociales del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en torno al accidente de Coatzacoalcos esperamos que no sea una realidad en la vía de los hechos; por eso a través de la presente proposición con punto de Acuerdo, con el ánimo de acabar con ese silencio, las especulaciones, desinformaciones y sobre todo en afán de la verdad, pretendemos exhortar a la máxima autoridad laboral federal del país, a efecto de que informe de manera puntual, pormenorizada y detallada el ejercicio de sus atribuciones en materia de verificación del cumplimiento de la normatividad laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo y de capacitación, adiestramiento y productividad en todo el complejo propiedad de PEMEX y su área desincorporada a favor de la empresa MEXICHEM, respecto del centro de trabajo asentado en Coatzacoalcos, Veracruz y denominado “Pajaritos” en el que ocurrieron el pasado 20 de abril de 2016 diversas explosiones que tomaron la vida e hirieron a varios trabajadores.

Es menester decir que a dicho informe, se deberán anexar todas las constancias que acrediten el ejercicio de sus atribuciones y de ser el caso, si las empresas involucradas se encontraban inscritas en algún programa de autocumplimiento de la normatividad laboral; las constancias que acrediten la continuidad o suspensión de las empresas a dichos programas y las actas de inspección levantadas con motivo de los accidentes fatales del pasado 25 de febrero y 20 de abril, así como su manifestación si se encontraban pendientes de cumplimiento y/o verificación medidas de seguridad a cargo de las empresas involucradas. La información y documentación que se requiere es del período enero 2015 a la fecha de notificación del presente punto de Acuerdo.

Del actuar en Pajaritos de la STPS nada hemos sabido; lo sostenemos en el tema de seguridad y salud en el trabajo y de capacitación, adiestramiento y productividad y lo reiteramos respecto de la atención que debe dársele a las familias, al amparo de lo ordenado por la reforma laboral.

En este aspecto, solamente le hemos leído un boletín de prensa del pasado 25 de abril, cinco días después de la ocurrencia del accidente, para informar que la Unidad Móvil de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo(PROFEDET) se ha trasladado a Coatzacoalcos para y cito textualmente, para “…atender cualquier duda o conflicto laboral, ante los lamentables acontecimientos ocurridos…”; sin embargo, nada refiere a la defensa y procura, no sólo de los trabajadores que todavía se encuentran con vida y que se debaten con la muerte, que de vencerla muy probablemente se enfrenten a una incapacidad laboral; es omiso también respecto de la asistencia y acompañamiento que se le debe brindar a los familiares de los trabajadores fallecidos, quienes a través de medios nacionales manifestaron su inconformidad respecto del hecho de que las empresas no estaban pagando los gastos funerarios, a pesar de que los artículos, 500, 501, 502 y 503 de la Ley Federal del Trabajo establecen la obligación del patrón de pagar en el caso de muerte del trabajador los gastos funerarios en por lo menos dos meses de salario mínimo y en el caso de la indemnización por muerte por lo menos cinco mil días de salario mínimo.

Por ello, queremos saber al respecto qué hizo y qué está haciendo la STPS y de manera particular, si su área de inspección además de las revisiones a que estaba obligada a realizar en seguridad y salud en el trabajo, ha agotado el procedimiento previsto por los preceptos citados; es pertinente saber también cuál ha sido la intervención de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y, de la PROFEDET, toda vez que queda claro, intervino cinco días después, no para atender a los deudos, sino para atender lo que se le presente. Lo adecuado a la norma, habría sido que las familias hubieran tenido esa orientación de manera inmediata, y así muy probablemente no hubieran tenido que sufragar ellos mismos los gastos funerarios.

Este Punto de Acuerdo no quedaría completo si esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión no realizara un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, a efecto de que su Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de las 32 Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo, realice todas las acciones y aplique las medidas necesarias para que accidentes como el del pasado 20 de abril no vuelvan a ocurrir, siendo para ello necesario que en el marco de sus operativos de inspección, de este y todos los años por delante, se inscriban acciones de verificación del cumplimiento de la normatividad laboral en instalaciones de la empresa productiva del Estado “PEMEX”, de sus subsidiarias y de sus empresas contratistas y las que éstas llegaran a contratar o subcontratar, en todo el país, siendo para ello necesario que PEMEX ponga a disposición de la autoridad laboral federal el directorio de sus centros de trabajo, así como el listado de todas y cada una de sus empresas contratistas a las que se les deberá inspeccionar adicionalmente en materia de capacitación, adiestramiento y productividad a efecto de constatar la preparación técnica de sus trabajadores al momento de realizar actividades de alto riesgo laboral, y evitar a futuro accidentes como el desafortunado del pasado 20 de abril.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de que presente un informe del período que va de enero de 2015 – a abril 2016, de manera puntual, pormenorizada y detallada, sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de verificación del cumplimiento de la normatividad laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo y de capacitación, adiestramiento y productividad respecto de todas y cada una de las empresas que prestan servicios en todo el complejo propiedad de PEMEX y su área desincorporada a favor de la empresa MEXICHEM asentados en Coatzacoalcos, Veracruz y denominado “Pajaritos” en el que ocurrieron el pasado 20 de abril de 2016 diversas explosiones que tomaron la vida e hirieron a varios trabajadores.

A dicho informe deberá anexar todas las constancias que acrediten el ejercicio de sus atribuciones y de ser el caso, si las empresas involucradas se encontraban inscritas en algún programa de autocumplimiento de la normatividad laboral, las constancias que acrediten la continuidad o suspensión de las empresas a dichos programas y las actas de inspección levantadas con motivo de los accidentes fatales ocurridos durante el 2015 y hasta el 20 de abril del presente año, así como su manifestación si se encontraban pendientes de cumplimiento y/o verificación medidas de seguridad a cargo de las empresas involucradas, particularmente en el área siniestrada.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de que presente un informe pormenorizado y detallado sobre las acciones que en beneficio de los trabajadores fallecidos y heridos y de sus familias hayan realizado y sigan realizando la Inspección Federal del Trabajo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con motivo del accidente laboral acaecido el pasado 20 de abril en el complejo petroquímico propiedad de PEMEX y su área desincorporada a favor de la empresa MEXICHEM.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás disposiciones relativas y aplicables realice acciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y capacitación, adiestramiento y productividad en todas y cada una de las instalaciones de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos, sus subsidiarias y empresas contratistas y las que éstas llegaran a contratar o subcontratar en todo el país.

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto del titular dela Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos, a efecto de que ponga a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el directorio de todos sus centros de trabajo y el de sus subsidiarias, así como el listado de todas y cada una de sus empresas contratistas a las que la autoridad laboral federal deberá inspeccionar adicionalmente en materia de capacitación, adiestramiento y productividad a efecto de constatar la preparación técnica de sus trabajadores al momento de realizar actividades de alto riesgo laboral.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 31 de mayo de 2016.

Dip. Santiago Torreblanca Engell.






De los Diputados Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer a la brevedad una mesa de diálogo y acuerdo con sectores del magisterio que han manifestado su desacuerdo con la implementación de la reforma educativa. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario del PRD en la LXIII legislatura, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como Décimo Tercero del Acuerdo relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de la LXIII Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN RELATIVO AL MOVIMIENTO MAGISTERIAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A propósito del día del maestro, el pasado 15 de mayo, en diferentes entidades federativas del país, un sector del magisterio nacional, salió a manifestar en calles del país, su oposición a la aplicación de la  evaluación docente para la permanencia escolar, en el marco de la llamada reforma educativa demandando al Secretario de Educación Pública, instalar una mesa entre autoridades y disidentes, a fin de buscar salidas alternativas a la aplicación de estas evaluaciones.

Los maestros movilizados, instalaron un “plantón” en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, esperando encontrar una respuesta positiva a su demanda. El Secretario de Educación, anunció como respuesta, la baja de 3,119  docentes participantes en estas manifestaciones, así como la existencia de 26,000 profesores más, en espera de ser contratados, los cuales podrían sustituir a los inconformes.

Por otra parte, los docentes “plantados” en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en madrugada del sábado 21 de mayo fueron presionados a regresar a sus lugares de origen, por fuerzas policiacas federales, señalándoles amenazadoramente, la existencia de órdenes de aprehensión para sus dirigentes.

En días siguientes, las movilizaciones magisteriales se intensificaron en difentes entidades, –Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Guerrero-; en la entrada norte a la Ciudad de México la policía federal, intentó impedir su entrada por la carretera del estado de México así como al Centro Histórico. Pese a ello, los docentes instalaron campamentos en calles de la Ciudad de México, demandando ser recibidos por el titular de Educación.

En la semana que ha terminado, las movilizaciones magisteriales se intensificaron y ampliaron a otras entidades del país, generándose enfrentamientos con fuerzas policiacas, situación que ha creado un clima de tensión social, teniendo sus extremos en el estado de Chiapas.

Los docentes, han solicitado al Senado de la República su intermediación para instalar una mesa de negociación con el titular de la Secretaria de Educación para que sean atendidas sus demandas. La respuesta del gobierno federal, ha sido una negativa para recibirlos, si antes, no renuncian a su demanda de pedir la anulación de la Reforma Educativa.

Como se sabe, el problema se origina por la aprobación de una Reforma Constitucional en materia de educación que incorpora la evaluación para el ingreso, permanencia y movilidad en el servicio docente.

La implementación de la reforma educativa, ha transitado por el rechazo de un sector importante del magisterio y una accidentada aplicación de la evaluación docente que ha confrontado a este sector magisterial con las autoridades educativas. La respuesta del Secretario de Educación Pública, ha sido invariablemente, la misma: una negativa a buscar alternativa de solución a los reclamos de los docentes.

En esta circunstancia de radicalización de posiciones y, de crecimiento de las tensiones sociales, más allá de los sectores involucrados, este órgano de representación nacional, como ya lo ha solicitado, uno de los actores involucrados, debe participar como coadyuvante e interlocutor.

H. Asamblea:

Una educación de calidad requiere de un funcionamiento adecuado del Sistema Educativo Nacional, con escuelas equipadas con servicios básicos, infraestructura y materiales pertinentes, dondelos maestros cuenten con apoyos y oportunidades para actualizarse, de tal forma que puedan cumplir mejor con la tarea que les corresponde desempeñar. A los docentes hay que valorarlos en su justa dimensión, a partir de las condiciones del entorno en que desempeñan su trabajo.

La reforma fue planteada para propiciar una evaluación educativa que permita una evaluación integral, no sólo del docente, compromete al Estado apoyar la formación continua del maestro, a destinar recursos crecientes, a mejorar las condiciones en que se desenvuelve la educación pública. Sin embargo, la Secretaria de Educación Pública, ha optado por reducir la evaluación docente a un esquema punitivo de premios y castigos, insostenible desde cualquier enfoque pedagógico, sin comprometerse con la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje.

Es necesario que los maestros estén las aulas, por supuesto. Pero estas aulas deben ser dignas, tener condiciones que sean propicias para la enseñanza; la calidad no tiene que ver con el control político de maestras y maestros; para el mejor logro educativo se necesita que los docentes sean protagonistas de este cambio, no piezas intercambiables, ni una meta a reportar. A propósito, señala el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación1:

El aseguramiento del derecho a una educación de calidad pasa necesariamente por la provisión de servicios educativos adecuados…

Contrario a lo que dictan la legislación y las políticas, las características y las condiciones de los servicios educativos que el Estado mexicano brinda en los contextos más vulnerables, reproducen y profundizan la estratificación social… hay una clara asociación entre pobreza del entorno y pobreza de la oferta de educación, pues en las comunidades más marginadas están las escuelas menos dotadas en todos los sentidos…

Gracias al magisterio mexicano, están en pie muchas escuelas en localidades apartadas; gracias a los maestros, ha habido movilidad social y se tiene ahora un promedio de escolarización de 9 grados, cuando en 1970 era de 3; gracias a los maestros y maestras prácticamente todos los niños y niñas de 5 a 12 años están inscritos en una escuela.

La respuesta del Estado no puede reducirse a aplicar pruebas estandarizadas y a amenazar la estabilidad en el trabajo por imposiciones administrativas. La ley debe aplicarse, pero también se puede revisar y corregir, no es inmutable, adecuarse a los reclamos de la sociedad. En el marco  de la conmemoración del 80 aniversario del Politécnico el presidente señalo2:

“La reforma no está diseñada y vale la pena aquí subrayarlo, para sancionar a las maestras o maestros; sino, más bien, está dirigida y está orientada a generar incentivos para que nuestros docentes se preparen y estén en una permanente capacitación, que les ponga en mejor condición de poder inculcar una mejor educación a la niñez de nuestro país”.

Si hay un sector que requiere de acuerdos y consensos para su construcción y viabilidad, es precisamente el educativo, estos deben imponerse en cualquier espacio, negarlos es anular a la política y, pasar al autoritarismo antidemocrático. Es abrir las puertas a la irracionalidad y la violencia. El Congreso, no puede avalar que las cosas sigan en este curso de tensión social o contemplarlas pasivamente.

La educación es la tarea más noble de la humanidad, no puede construirse por encima de los derechos de quienes siendo sus principales actores, son ignorados en su definición e implementación.

Exhortamos respetuosamente al Ejecutivo Federal y a las autoridades educativas, a tener apertura para dialogar y encontrar la solución a este conflicto. Es necesario revisar a fondo lo que los maestros proponen y, con base en lo dispuesto en la ley, llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes, principalmente a las niñas, niños y jóvenes de este país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaria de Gobernación a establecer a la brevedad una mesa de diálogo y acuerdo con sectores del magisterio que han manifestado su desacuerdo con la implementación de la diversas disposiciones de la ley general del servicio profesional docente.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal, a las autoridades educativas y a los gobiernos de las Entidades Federativas a respetar los derechos humanos de quienes participan en dichas manifestaciones.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Suscriben

Dip. Francisco Martínez Neri.- Dip. Omar Ortega Álvarez.

1 INEE. “La educación obligatoria”. Informe 2016. P. 88-89.

2 “La Reforma Educativa no está diseñada para sancionar a docentes: EPN”, El Financiero, mayo 20, 2016.






Del Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, a nombre del Diputado Ricardo Taja Ramírez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a las Secretarías de Turismo estatales y municipales a conjuntar esfuerzos para verificar el correcto funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en los destinos turísticos del país, para evitar cobros indebidos en perjuicio de los turistas. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, Diputado RICARDO TAJA RAMÍREZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES

Todos hemos visitado alguna vez, nuestros bellos destinos turísticos, generalmente de playa, donde es muy recurrente el alquilar autos, camionetas o motocicletas.

Los destinos turísticos de playa más importantes del país son Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Los cabos y Veracruz. En muchos casos los turistas quieren conocer los alrededores de los lugares.

Se desconoce la cifra de quejas por cobros indebidos en cargos a tarjetas de crédito, débito y efectivo, y que tienen que comenzar largos procesos de recuperación de su dinero.

Que te entreguen un coche de diferente año y modelo al que rentaste, que el coche tenga poca gasolina, que te retengan el doble de la renta en tarjeta, que se haya regresado el auto en tiempo y forma pero al tardar la arrendadora 15 minutos en revisarlo les carguen un día más por que el sistema registraba un minuto más tarde de la hora de entrega.

También que no respeten las reservas, que quieran venderte seguros de todo tipo, en fin diversas formas de cobrar mas a los clientes.

En casos de aeropuertos importantes como el de Cancún, donde existen las alquiladoras más conocidas como Avis, Hertz, y otras no reconocidas por nombre pero que se valen de enganchadores para generar contratos de alquiler de vehículos en malas condiciones e inseguros.

Casos existen en todo el país, como en Cancún con el Grupo Riviera Dreams donde se da a conocer como grupo Prestige y busca clientes que no tiene saldo suficiente en sus tarjetas y cobra los cargos en efectivo, los cuales no devuelve porque tienen personal que al fin de los días de uso del vehículo sólo recibe los autos y les señalan a los clientes que su depósito en efectivo se les depositará en lo futuro, lo cual no sucede.

En otros casos, a los clientes les hacen el cargo del famoso depósito y se los regresan hasta el mes o nunca se los regresan y el cliente tiene que estar peleando en el banco el deposito que dejó, dinero que generalmente pierden porque los recibos se borran con facilidad o no se guardan al desconocer el procedimiento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 


PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a las Secretarías de Turismo Estatales y Municipales, a conjuntar esfuerzos para verificar el correcto funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en los destinos turísticos del País, para evitar cobros indebidos en perjuicio de los turistas.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Ricardo Taja Ramírez.






De los Diputados Omar Ortega Álvarez y María Concepción Valdés Ramírez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo a la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, OMAR ORTEGA ÁLVAREZ y MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La participación activa de México en organismos internacionales de cooperación es parte fundamental de los principios normativos de la política exterior del país. Ésta responde, entre otros, a uno de los intereses básicos del Estado mexicano: Vincular al país con los más altos estándares normativos respecto a una problemática cada vez más compleja como es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Al hacerlo de manera consistente y transparente, México gana visibilidad y credibilidad con relación a su disposición de cumplir los más altos estándares incluidos en los acuerdos internacionales de los que es parte.

México participa activamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el marco de su pertenencia a la Organización de los Estados Americanos (OEA). En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano independiente encargado de monitorear y defender el respeto de los derechos humanos en los países parte de la OEA.

Durante sus más de 50 años de historia, la CIDH se ha convertido en un referente fundamental en todo el continente para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y ha contribuido de forma decisiva a situar los derechos de las personas en centro del debate político y social.

A pesar de los limitados recursos que recibe, apenas el 6% del presupuesto de la OEA, la CIDH ha logrado a través de su prestigio, objetividad, y compromiso, convertir la presión pública en una herramienta útil en la defensa de los derechos humanos. Así, la Comisión ha logrado consolidarse como una instancia que otorga justicia para las víctimas, evitando que se consumen abusos graves de poder y protegiendo al mismo tiempo, a personas, grupos y comunidades en situaciones de riesgo.

Adicionalmente, la CIDH se ha convertido en una herramienta indispensable para las organizaciones locales y nacionales, así como víctimas de violaciones a los derechos humanos en su trabajo de denuncia, visibilización y sensibilización ante la opinión pública en países del Continente Americano que están enfrentando crisis políticas y sociales.

En el caso de México, diversos organismos internacionales así como organizaciones de derechos humanos han acreditado durante los últimos tres años, diversos hechos violatorios de los derechos humanos como privación arbitraria de la vida,  uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos y falta de acceso a la justicia, que en conjunto constituyen una severa crisis de impunidad en el país, al negarse a las víctimas el derecho a la verdad y a la justicia.

En marzo de 2015, Juan Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de tortura, presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el cual se destacó que “la tortura en México no solo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad”.

Por su parte, el pasado mes de marzo, al publicar su informe sobre la situación de derechos humanos en México, la CIDH analizó la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad.

En el mismo sentido, en días pasados el periódico estadounidense The New York Times aportó datos que señalan que “la tasa de muertos por las fuerzas armadas mexicanas no tiene comparación con otros países…lo que revela algo muy oscuro: los soldados matan a sus enemigos porque no se puede confiar en el sistema judicial".1

El rotativo agrega que “durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado”. Agregó que de las cuatro mil denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, sólo 15 han terminado con una condena.

No obstante, el gobierno federal ha descalificado sistemáticamente el trabajo y los informes elaborados por las organizaciones internacionales de derechos humanos. La actual administración ha insistido en que estos informes “no reflejan la situación general del país y parten de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten pues en México no se vive una crisis de derechos humanos”.

Desde la perspectiva del PRD, la administración del Presidente Peña Nieto parece no querer darse cuenta que buena parte de la caída abrupta en su nivel de aprobación, el cual descendió a menos del 30 por ciento durante el mes de abril del presente año,2 se debe justamente a su poco compromiso con el  respeto a los derechos humanos y con los organismos internacionales y colectivos que se ocupan de estos asuntos.

En este contexto, en días pasados la CIDH ha anunciado ante la opinión pública que tiene lugar en su seno una “crisis financiera extrema” que podría conducirla a prescindir del 40 por ciento de su personal, al tiempo de suspender sus próximas audiencias públicas, entre otras graves consecuencias.

Los recursos con los que opera la Comisión han disminuido durante los últimos años tanto por la crisis financiera que arrastra la OEA, con impagos de sus propios miembros, como por una reducción de las donaciones de países europeos, centrados ahora en asuntos más próximos como el conflicto sirio y la crisis de refugiados.

En este sentido, la Comisión ha hecho un llamado urgente a los Estados miembros, a los países observadores y a otros posibles donantes a realizar aportes financieros “urgentes y de libre disposición”, al tiempo que ha solicitado a la OEA aumente su dotación anual de solo 4.8 millones de dólares, correspondiente apenas al 6 por ciento de su presupuesto. Este monto contrasta enormemente con el que ejerce el Consejo de Europa, que atiende a 739 millones de personas y destina una media del 41.5 por ciento de su presupuesto (100 millones de euros).

Desde esta perspectiva, se ha desatado en nuestro país un intenso debate sobre la responsabilidad y el compromiso de México para evitar un posible desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento del mandato de la CIDH. De manera particular, se cuestiona el monto de los recursos públicos que el Estado mexicano aporta para asegurar la defensa de los derechos humanos.

El debate tiene sentido en la medida en que el contexto de violación  sistemática de los derechos humanos que tiene lugar en nuestro país y la falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales han orillado a muchas personas a acudir a la CIDH como última instancia. Aunque en México existen 32 organismos públicos y una institución nacional en materia de derechos humanos a los que se destina un presupuesto anual de 200 millones de dólares, la gente no acude a estas instancias a denunciar, sino que prefiere ir a las instancias regionales o internacionales.

Así, desde 2012, México ha sido el país que más peticiones ha enviado a la CIDH, creciendo éstas en un 97% en este periodo. Además, el 39% de las peticiones recibidas por la Comisión en 2015 (2,164) procedieron de México, lo que significa más del doble que el segundo país demandante (Colombia, con 419 peticiones).

Esta situación coloca a México en una situación especial en la que, aunque ha sido de los países que ha hecho aportaciones voluntarias, debería realizar un esfuerzo financiero proporcional con base en el amplio trabajo de defensa de los derechos humanos que realiza la CIDH para el país.

En los últimos años, México cambió el destino de su cooperación voluntaria a la CIDH. En 2014, último año que el gobierno mexicano aportó recursos para la Comisión, se otorgaron 500 mil dólares (aproximadamente 5 millones de pesos) para sus labores. Este monto corresponde a la ridícula proporción del 0.0001% del presupuesto federal, que en 2015 ascendió aproximadamente a 290 mil millones de dólares.

Ya para 2015 y 2016, México dejó de otorgar aportaciones económicas a la CIDH, pues los recursos que aportó se destinaron de manera exclusiva para el trabajo específico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quien brindó asistencia técnica a la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Por tanto, los 2 millones de dólares que aportó nuestro país para el trabajo del GIEI (1 millón de dólares en 2015 y 1 millón de dólares en 2016) no llegaron a la CIDH y, en comparación con los años anteriores, la Comisión dejó de recibir esas aportaciones voluntarias.

Un dato paradójico es que los aportes voluntarios de los países latinoamericanos y caribeños a la Corte Penal Internacional (CPI), que sólo examina en estos momentos un caso del continente americano, fue de 13 millones 705 mil 508 dólares, mientras que sus dotaciones voluntarias a la CIDH, con 6 mil 188 casos en todo el continente americano sólo fueron de 199 mil dólares. En el caso de México, la situación es similar; sus aportaciones a la CPI fueron aparentemente por 3.5 millones de dólares, siendo que la CPI hasta ahora no tiene ningún caso de México.

En este contexto, el pasado 25 de mayo de 2016, más de 120 organizaciones de la sociedad civil llamaron a los gobiernos de México y de otros países a respaldar a la CIDH. Las organizaciones señalan que “la reducción de la de por sí saturada capacidad de procesar quejas individuales por violaciones de derechos humanos, afectará especialmente a las personas más vulnerables de la región, que ante la violación de sus derechos en sus propios países, y la falta de respuesta de las autoridades regionales, recurren a la Comisión como la última garante de unos derechos que nunca debieron haber sido violados”.

Finalmente, es preciso insistir en la necesidad de que el Ejecutivo Federal informe a la sociedad mexicana respecto a las cuotas y montos erogados a organismos internacionales en nombre de México, por las dependencias responsables, así como los beneficios obtenidos por las aportaciones realizadas.

Deben existir mecanismos claros que permitan transparentar las aportaciones financieras con recursos públicos a los organismos internacionales. Pero además, y más importante aún, el dinero no debe ser un medio de control de los gobiernos a las instancias internacionales de derechos humanos.

La histórica crisis financiera por la que atraviesa la CIDH debe ser una oportunidad para México para liderar a las naciones del continente americano para alcanzar la sostenibilidad de esta institución fundamental en la defensa de los derechos humanos en el continente. La diplomacia mexicana no puede permitir el debilitamiento de la CIDH.

De esta manera, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su preocupación ante la grave crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace un respetuoso llamado a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos a asumir su obligación de garantizar el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a otorgar a la Comisión las aportaciones económicas necesarias para subsanar dicha crisis.

Segundo: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a asumir el liderazgo en el marco de la Organización de Estados Americanos mediante la convocatoria a la integración de un grupo de trabajo con los países miembros y con otros agentes relevantes dirigido a establecer mecanismos para fortalecer las finanzas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tercero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a rendir un informe ante este órgano legislativo en el cual se describan detalladamente los organismos internacionales de cooperación que son financiados, el monto de dicho financiamiento y los criterios bajo los cuales son otorgados los recursos económicos de dicha cooperación internacional.

Cuarto: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo un esfuerzo adicional y contribuir con mayores recursos para garantizar el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, de manera particular, el que se otorga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sede de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Suscriben

Dip. Omar Ortega Álvarez.- Dip. María Concepción Valdés Ramírez.

1 Ahmed, Azam and Eric Schmittmay, “Mexican Military Runs Up Body Count in Drug War”, The New York Times, May 26, 2016. Disponible en: http://www.nytimes.com/2016/05/27/world/americas/mexican-militarys-high-kill-rate-raises-human-rights-fears.html?ncid=newsltushpmg00000003&_r=0 Consultada el 28 de mayo de 2016.

2 Hanschke, Hannibal, “Mexican president's approval rating drops to record low amid scandals”, April 13, 2016. Disponible en: http://www.reuters.com/article/us-mexico-president-poll-idUSKCN0XA1RX Consultada el 27 de mayo de 2016.






De la Diputada María Verónica Agundis Estrada, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios a promover campañas de educación vial que contribuyan a construir y consolidar en la sociedad una cultura vial en favor de las personas con discapacidad, así como a garantizarles seguridad, libre tránsito y la accesibilidad que requieren en los centros urbanos. Se turna a la Segunda Comisión.








De los Diputados Omar Ortega Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y Candelario Pérez Alvarado, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe que contenga el destino específico de los ingresos obtenidos por los impuestos ambientales en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Dip. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, Dip. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ y Dip. CANDELARIO PÉREZ ALVARADO, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura dela Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos  58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 8 de septiembre de 2013, el titular del ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, presentó ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el denominado paquete presupuestal 2014. Mismo que contempló, entre otros aspectos, una serie de modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para establecer lo que se dio en denominar como impuestos ambientales.

Al respecto, se señala en las páginas LIII a LXI de la exposición de motivos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, lo que sigue:

4. IMPUESTOS AMBIENTALES.

En materia de impuestos ambientales se propone a ese Congreso de la Unión establecer dos tipos de gravámenes.

Su objeto es desincentivar conductas que afectan negativamente al medio ambiente al reflejar los costos sociales que causan dichas conductas, los cuales se orientan a dos temas específicos:

A) Reducción gradual de emisiones a la atmósfera de bióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, y

B) Reducción gradual del uso de plaguicidas que generan indirectamente daños a la salud y al medio ambiente.

Los gravámenes que se proponen a ese Congreso de la Unión, son los siguientes:

4.1. IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES.

Se propone un impuesto a la enajenación e importación de combustibles fósiles de acuerdo con su contenido de carbono.



Un impuesto como el que se propone ayudará a limpiar el aire de nuestras ciudades, reducirá las enfermedades respiratorias, los gastos en salud pública y, por lo tanto, generará mayor productividad. Con este impuesto nuestra base de competitividad cambiará de ser gris y basada en la combustión de hidrocarburos, a ser verde y con eficiencia energética, mediante la innovación y adopción de tecnologías verdes; una economía de bajo consumo y emisión de carbono. Los recursos adicionales que se generen permitirán invertir en eficiencia energética, en mejores tecnologías y en mejor transporte público.

Con base en lo anterior, se propone establecer cuotas específicas por tipo de combustible, considerando las toneladas de bióxido de carbono por unidad de volumen…

Conforme a lo anterior, se hace necesario efectuar diversas modificaciones a la estructura de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en los siguientes términos:

El impuesto se aplicará a las enajenaciones e importaciones que se realicen de los combustibles mencionados, por lo que se propone adicionar al artículo 2o., fracción I, un inciso H).

Los contribuyentes del impuesto serán los fabricantes, productores e importadores por la enajenación o importación que realicen de los combustibles fósiles…

4.2. IMPUESTO A LOS PLAGUICIDAS.

En la actualidad existen en convivencia prácticas agrícolas sustentables con un manejo biológico de plagas, con otras que utilizan diversos plaguicidas que aunque permiten un aumento en la productividad agrícola tienen fuertes riesgos ambientales...

Es por ello que en la presente iniciativa se propone un impuesto que grave los plaguicidas de acuerdo con la clasificación de peligro de toxicidad aguda establecida en la NOM-232-SSA1-2009…

Con base en lo anterior, se propone establecer una tasa que se aplicará a los plaguicidas conforme a la categoría de peligro de toxicidad aguda, en la forma siguiente:

1. Categorías 1 y 2 ………….………………………………..………..9%
2. Categoría 3 ..……………..…………………….…………………....7%
3. Categoría 4 ....…………..……………………………….……… ….6%

Conforme a lo anterior, se hace necesario efectuar diversas modificaciones a la estructura de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en la forma siguiente:

El impuesto se aplicará a las enajenaciones e importaciones que se realicen de los plaguicidas, por lo que se propone adicionar el artículo 2o., fracción I, con un inciso I).

El impuesto se causará en todas las etapas de la cadena comercial, por lo que serán sujetos del impuesto, las personas físicas o morales que enajenen en territorio nacional o importen los plaguicidas…

La iniciativa del ejecutivo, que fue aprobada con modificaciones por el Congreso de la Unión, contemplaba la implementación de dos tipos de impuestos ambientales, a los combustibles fósiles y a los plaguicidas, con el fin de desincentivar su uso, al tiempo que con los recursos generados se invertiría en eficiencia energética, en mejores tecnologías y en mejor transporte público.

Han transcurrido dos ejercicios fiscales completos, 2014 y 2015, y cinco meses del actual, en los que han estado vigentes los impuestos ambientales y la recaudación obtenida por dicha vía no es menor. De acuerdo con el Reporte anual 2015 y retos 2016 del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por concepto del impuesto a los plaguicidas se obtuvieron 358 y 607 millones de pesos en 2014 y 2015 respectivamente; mientras que, la recaudación por el impuesto a los combustibles fósiles alcanzó los 9,670 y 7,502 millones de pesos en 2014 y 2015 respectivamente.

Se trata, sin duda alguna, de montos de recursos de bastante importancia que deberían estarse destinando a resolver los ingentes problemas ambientales que estamos padeciendo en los últimos tiempos. Sin embargo, pese a la promesa que se hizo de que dichos recursos se invertirían en eficiencia energética, mejores tecnologías y mejor transporte público, no se sabe nada sobre el destino específico que se ha dado a los ingresos obtenidos por impuestos ambientales. Razón por la cual este punto de acuerdo solicita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita al poder legislativo de la federación, un informe que contenga la información sobre el destino específico que se ha dado a los ingresos obtenidos por los impuestos ambientales en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y lo que va de 2016.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la presente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe que contenga el destino específico de los ingresos obtenidos por los impuestos ambientales en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 31 de mayo de 2016.

Suscriben

Dip. Omar Ortega Álvarez.- Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz.- Dip. Candelario Pérez Alvarado.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que, en ocasión del “Día Mundial del Medio Ambiente”, implementen campañas permanentes de concientización sobre el daño que ocasiona a los ecosistemas el tráfico y el comercio ilícito de flora y fauna silvestre. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la ONU, el Día Mundial del Medio Ambiente tiene como objetivo inspirar a las personas a tomar las medidas necesarias para evitar que la creciente presión sobre los sistemas naturales del planeta Tierra llegue a su límite. La Asamblea General de la ONU asignó el 5 de junio para celebrar este día, a propósito de la histórica Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, ese mismo día se creó también el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El Día Mundial del Medio Ambiente ha ayudado a lo largo de su historia a crear consciencia sobre temas como la destrucción de la capa de ozono, el uso de productos químicos tóxicos, el daño a los ecosistemas, la desertificación y, más recientemente, el calentamiento global.

Este año, el tema central de la celebración girará en torno a la lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora silvestre, actividad que erosiona la biodiversidad y pone en peligro la supervivencia de elefantes, rinocerontes, tigres y otras especies, muchas de ellas en peligro de extinción. El propósito será difundir información sobre los delitos contra la naturaleza y el daño que hace. El lema de este año será “El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos”.

El tráfico y comercio ilegal de animales y flora silvestres es una de las muchas amenazas a la vida de miles de especies. La pérdida de hábitat, debido a la transformación del suelo para la agricultura y el desarrollo, el cambio climático y el consumo excesivo no sostenible son también graves amenazas a la fauna y flora del planeta.

Según información de la ONU, de las 8,300 razas animales que se conocen, el 8% está compuesto por especies extinguidas y el 22% por especies en peligro de extinción. De acuerdo con el Índice Planeta Vivo 2014 de la ONG WorldWildlifeFund (WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza), el número de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces de todo el planeta es, en promedio, la mitad de lo que era hace 40 años, entre 1970 y 2010 presenta una disminución de 52%, la caza y la pesca son la principal causa de esta disminución, así como de la pérdida de hábitats, el cambio climático es la segunda. En ese mismo lapso, Latinoamérica ha perdido el 83% de las poblaciones de estas especies.

A través de la página de Internet https://wildfor.life/, las Naciones Unidas, han lanzado la campaña Wild forLife (feroz por la vida), la cual busca poner fin al tráfico ilegal de la vida silvestre, su objetivo es concientizar y movilizar a millones de personas para que se comprometan a tomar las medidas necesarias para acabar con este problema.

Los delitos contra la fauna silvestre representan un negocio muy lucrativo con ganancias que se estiman en más de 10 mil millones de dólares y está administrado por redes del crimen organizado internacional. De acuerdo con la Interpol, el tráfico de especies es el tercer negocio ilícito más importante del mundo, sólo después del tráfico de estupefacientes y armas.

La demanda de artículos hechos con materiales de origen animal como abrigos de piel o plumas, zapatos y objetos de ornato; la cacería furtiva; así como el gusto de algunas personas por poseer animales silvestres como loros, reptiles, peces, mono se incluso animales salvajes como tigres, linces, lobos o leones; ha ocasionado que esta actividad ilícita continúe realizándose al punto de llevar al borde de la extinción a muchas especies.

En el continente africano, los tigres son blanco común de cazadores furtivos, que ponen precio a su piel y a sus huesos. Los rinocerontes son cazados para comerciar con sus cuernos, los elefantes son amenazados por el lucrativo negocio ilegal del marfil. Estos animales se encuentran ahora al borde de la extinción. Entre 2010 y 2012 fueron cazados 100 mil elefantes y 3 rinocerontes escalfados cada día durante el mismo periodo.

México es considerado un país megadiverso, pues se encuentra entre los países que poseen la mayor cantidad de diversidad de animales y plantas, dichas naciones tienen alrededor del 70% de la diversidad mundial de especies.

De acuerdo con el WWF, México es el cuarto país con mayor diversidad biológica, el segundo con mayor diversidad de ecosistemas y el séptimo en número de culturas originales. Entre el 8% y el 10% de las especies de plantas y animales terrestres del planeta se encuentran en nuestro país, y el 1% de ellas son endémicas. El 47% de las especies de anfibios, 46% de reptiles y el 30% de mamíferos son únicas de México. Nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en reptiles, segundo en mamíferos, tercero en plantas, cuarto en anfibios y el décimo en aves.

Entre los animales que se encuentran en peligro de extinción en México se encuentran el Jaguar, el lobo mexicano, el loro cabeza amarilla, la totoaba, el mono saraguato, la guacamaya verde, la guacamaya roja, el mono araña, el águila real, el loro yucateco, el flamenco americano, el ajolote, la vaquita marina, la tortuga caguama, el manatí de las Antillas, el conejo teporingo, el tapir, entre otros.

Cabe destacar que no todas las especies traficadas y comerciadas están en peligro de extinción, sin embargo, su comercio está prohibido para proteger las especies.

A nivel internacional el comercio de especies amenazadas y en peligro se encuentra regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre y Flora, instrumento jurídico que se esfuerza por asegurar que el comercio internacional de animales y plantas silvestres sea legal, sostenible y no perjudicial para la supervivencia de las especies. México se adhirió al tratado en 1991.

En los apéndices I, II y II de la Convención se incluyen las plantas o animales que se encuentran en peligro de extinción, que se encuentran amenazadas o que se encuentran protegidas. El comercio internacional se encuentra estrictamente prohibido para las especies enumeradas en el Apéndice I.

El objetivo número 15 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, consiste en promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Tres de sus metas específicas son:

• Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

• Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y oferta ilegales de productos silvestres.

• Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles.

México cuenta con un amplio marco legal en temas de materia ambiental que promueven la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente define el marco para la gestión, uso y aprovechamiento sustentable de la fauna y la flora silvestre. En su artículo 4 establece que la federación los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente.

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley General de Vida Silvestre establece que es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre y queda prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación en perjuicio de los intereses de la Nación.

Asimismo, establece en su artículo 15 que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) debe promover la participación de todas las personas y sectores involucrados en la formulación y aplicación de las medidas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre que estén dentro del ámbito de su competencia.

El artículo 46 de la misma ley, señala que la SEMARNAT es la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, entre cuyos objetivos se encuentra el combate al tráfico y apropiación ilegal de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre.

La extracción de fauna y flora silvestres de su hábitat natural ha tenido como consecuencia que muchas de las especies en México se encuentren amenazadas y en peligro de extinción. El tráfico y comercio ilegal de animales silvestres amenaza no sólo su existencia sino también la de los ecosistemas, ya que estos funcionan como una estructura en la que cada especie tiene un rol específico para el correcto funcionamiento del ecosistema.

Es necesario y urgente implementar las acciones necesarias para detener el tráfico y comercio ilícito de especies, en beneficio de su conservación y el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales. Para ello, la participación de la sociedad es fundamental.

La creación de conciencia en la sociedad respecto al daño que ocasiona al medio ambiente el tráfico y comercio ilegal de especies debe ser una prioridad para las políticas públicas en la materia. Sólo la reducción de la demanda de ejemplares o artículos hechos con especies exóticas puede detener la expansión de este delito.

El Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el próximo 5 de junio, constituye una ocasión ideal para la promoción de campañas de concientización a la población sobre el tema.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que, en el marco de sus respectivas atribuciones y en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, implementen campañas permanentes de concientización sobre el daño que ocasiona a los ecosistemas el tráfico y el comercio ilícito de flora y fauna silvestre.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la
Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.






De la Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, así como a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado a integrar y mantener actualizado un registro nacional de enfermos renales. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar un diagnóstico relativo a la incidencia y gravedad de los linchamientos, así como a diversas autoridades a garantizar el estado de derecho. Se turna a la Segunda Comisión.

El que suscribe, OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La corrupción, injusticia, e indiferencia de las autoridades gubernamentales, son prácticas arraigadas y sistematizadas en nuestro aparato institucional que han deteriorado el Estado de Derecho. Esto ha sido señalado por especialistas y organizaciones que han expresado su preocupación ante el incremento exponencial de la violencia en el país.1

Frente a esta situación, el hastío de la ciudadanía, la normalización de la violencia, así como la corrupción y desconfianza en las instituciones garantes de la seguridad y la procuración de justicia, parecen ser parte integrante de la fórmula que ha desencadenado una serie de hechos violentos que, durante las últimas décadas, han llevado a la gente a querer tomar la justicia “por su propia mano”, y en donde, desafortunadamente, mucha gente ha perdido la vida, sin poderse demostrar su culpabilidad, sin respetar el debido proceso y a través de ejecuciones sumarias.

Muestra de ello se vio reflejado en los hechos ocurridos el pasado 25 de mayo en la comunidad de Santiago Atlatongo, municipio de Teotihuacán, Estado de México, en donde pobladores retuvieron y lesionaron a tres personas que fueron señaladas por, presuntamente, haber participado en un secuestro. En el acto, dos de las personas perdieron la vida y una más resultó con lesiones graves.

Tan sólo dos días después de los hechos descritos, pobladores de la comunidad de El Palomar Maquixco, también en el municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México, detuvieron a dos presuntos secuestradores, a quienes los pobladores intentaron linchar.

Aunado a lo descrito, el domingo 29 de mayo en el municipio poblano de Yehualtepec, Puebla, otro intento de linchamiento ocasionó la muerte de un elemento de la policía. Este suceso nos recuerda los violentos hechos del pasado 19 de octubre de 2015 en Ajalpan, también en Puebla, en donde dos hermanos fueron golpeados hasta la muerte por pobladores del lugar quienes, posteriormente, les prendieron fuego a los cuerpos. Este acto se enmarcó en una semana en la que al menos otros dos casos de linchamiento fueron reportados en el estado poblano.2

Al respecto, es importante destacar que en la entidad mexiquense solamente entre junio y septiembre de 2015, se reportaron nueve intentos de linchamiento, cinco en Ecatepec, dos en Chalco, uno en Chimalhuacán y otro más en Temascalapa.3

Estos actos, de acuerdo a los autores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se han vuelto “mecanismos de defensa de ciudadanos que ven mermada a la autoridad y la acción de la justicia frente a grupos delictivos que rebasan los límites de tolerancia social”.4

De acuerdo a su estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)", los autores señalan que entre 2010 y 2014, el estado de México encabezó la lista de linchamientos con 58 casos, seguido por Puebla con 33 casos. “Además, en siete de las 32 entidades federativas se concentró el 80 por ciento de eventos de respuesta ciudadana violenta, es decir, 296 de 366 casos contabilizados en los últimos 26 años, ocurrieron en el estado de México y el Distrito Federal, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero".5

Durante 2014, alrededor de 22 casos de linchamiento fueron reportados en la entidad mexiquense, el saldo fueron tres personas fallecidas. Aunado a esto, hasta octubre de 2015, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en Puebla cinco personas fueron linchadas y 37 fueron rescatadas en conatos de este tipo.6

Frente a la gravedad de la problemática de los linchamientos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deploró los actos y señaló en un comunicado que “los actos de linchamiento o la justicia por propia mano reflejan la pérdida de valores y muestran la violencia extrema de aquellos que exigen justicia pero se apartan de las normas de convivencia legales y actúan fuera del Estado de Derecho”.

En el tenor de lo expuesto, cabe señalar que las fallas e ineficacia de los gobiernos poblano y mexiquense no sólo han llevado a la población al hartazgo social sino a reacciones colectivas que, al parecer, las autoridades estatales no tienen las intenciones de atender de manera integral, puesto que para hacerlo deberían poner fin a las desigualdades e injusticias que han dado origen a estas acciones y que evidencian la fragilidad del Estado de derecho.

De igual forma, resulta evidente que la descomposición del tejido social producto de guerras fallidas se ha extendido a todo el país, y el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad por los crímenes que se cometan producto de esta descomposición. Por ello, los gobernadores de Puebla y el Estado de México deben admitir su responsabilidad en los hechos de linchamiento que se ejecutan bajo el cobijo de la colectividad y la impunidad, y tomar las medidas necesarias para prevenirlos.

La garantía de la seguridad e integridad de su ciudadanía, así como el respeto a los derechos humanos como la vida y el acceso a la justicia, deberían ser principios rectores de los gobiernos de ambos mandatarios.

Debido a lo expuesto anteriormente, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que conforme a sus atribuciones, emita un diagnóstico sobre la problemática de los linchamientos a nivel nacional.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores del Estado de México y de Puebla a garantizar el Estado de Derecho en sus entidades y a tomar las acciones necesarias para prevenir y detener los actos de linchamiento.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Omar Ortega Álvarez.

1 Sin Embargo. “Linchamientos y colgados: ¿dónde está el Estado de Derecho?” Consultado el 24 de octubre de 2015 en http://www.sinembargo.mx/opinion/23-10-2015/40706

2 Sin Embargo. “Los 5 detenidos por el linchamiento en Ajalpan son ingresados al penal de Tepexi.” Consultado el 24 de octubre de 2015 en http://www.sinembargo.mx/22-10-2015/1527046

3 Alemán, R. La epidemia de linchamientos: ¿no importan?, ¿Fue el Estado? Consultado el 24 de octubre de 2015 en http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-aleman/nacion/2015/10/22/la-epidemia-de-linchamientos-no-importan

4 Alarcón, J. Estudio revela que Estado de México encabeza lista de linchamientos a nivel nacional. Consultado el 24 de octubre de 2015 en http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/estudio-revela-que-estado-de-mexico-encabeza-lista-de-linchamientos-a-nivel-nacional-979.html

5 Ibid

6 Univisión. Cinco detenidos por el linchamiento de dos encuestadores en Puebla, México. Consultado el 23 de octubre de 2015 en http://www.univision.com/noticias/crimenes/cinco-detenidos-por-el-linchamiento-de-dos-encuestadores-en-puebla-mexico






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de  Servicios Financieros a reforzar las estrategias de comunicación para prevenir y  erradicar los fraudes a través de los esquemas de “pirámides”. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años se ha observado un incremento en el número de personas que tienen acceso a servicios financieros. Datos preliminares de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF), revelaron que el porcentaje de adultos con una cuenta de ahorro formal aumentó de 35.5% en 2012 a 44.1% en 2015.1

No obstante el avance, 4 de cada 10 mexicanos aún utiliza mecanismos informales para ahorrar su dinero2, tales como tandas, guardar su dinero en efectivo o invertir en la llamada “pirámide”, lo cual constituye un riesgo para su patrimonio, en virtud de los fraudes de los que pueden ser objeto.

Las “pirámides” son un “mecanismo que promueve que cada persona participante invite a un grupo de al menos dos conocidos, a invertir en un negocio determinado y cada uno de ellos a su vez involucre a otras dos personas y así sucesivamente".3

Los participantes son atraídos por las altas ganancias que les son prometidas y que son muy superiores a las que ofrecen la banca formal, sin embargo, al final solamente los promotores son los que reciben el dinero.

A finales del año pasado a través de las redes sociales se difundió un fraude de este tipo, conocido como la “flor de la abundancia”, la que opera principalmente en los estados de Nuevo león y Coahuila, situación ante la que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, emitió una alerta para prevenir este tipo ilícito.

En los últimos meses este esquema, también conocido como Células de Gratitud, Bolas Solidarias, Círculo de la Prosperidad, Rueda de la Amistad y Mándala, se ha vuelto popular en entidades como Morelos, Puebla y Ciudad de México; ante ello el Congreso de la Unión no puede ser indiferente, por el contrario, debe impulsar desde el ámbito de sus atribuciones las medidas encaminadas a prevenir conductas de esta naturaleza, así como proponer acciones que contribuyan a promover la inclusión financiera.

En este sentido, es importante destacar algunas medidas que la CONDUSEF ha recomendado a fin de evitar los riesgos que implica invertir en mecanismos financieros informales4:

• Antes de invertir el dinero en alguna institución, se debe verificar que esté debidamente autorizada y regulada por las autoridades y que además cuente con el seguro de depósito, ya sea un banco, caja de ahorro o una Sociedad Financiera Popular (Sofipo).
• Es importante comparar que institución financiera ofrece la mayor tasa de interés y te cobre menos comisiones.

• Evitar usar mecanismos financieros informales como: tandas, bajo el colchón o en las llamadas pirámides, en virtud de que no son seguros.

• No confiar en aquellas entidades que prometen rendimientos muy por encima de lo que se ofrece en el mercado.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, es preocupante el incremento de fraudes bajo el esquema denominado “pirámides” en virtud de que, al ser mecanismos informales, resulta complicado restituir el dinero a las personas afectadas, por el que consideramos apremiante que la CONDUSEF, lleve a cabo una amplia campaña informativa para prevenir y erradicar estas prácticas que afectan el patrimonio de las y los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, refuerce las estrategias de comunicación para prevenir y erradicar los fraudes a través de los esquemas de “pirámides”.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.

1 Consejo Nacional de Inclusión Financiera, Comunicado de Prensa, 23 de noviembre de 2015, <
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-laprensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BD1EE31BD-CEC2-76E6-8A5F-666375BDE097%7D.pdf > Consultado el 26 de mayo de 2016

2 No pongas en Riesgo tu dinero, ahorra en mecanismos formales, Comunicado 086, 6 de noviembre de 2015, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros <
http://www.condusef.gob.mx/index.php/comunicados-de-prensa/1258-no-pongas-en-riesgo-tu-dinero-ahorra-en-mecanismos-formales > Consultado el 26 de mayo de 2016.

3 Ibíd.

4 Ten Cuidado ante la promesa de dinero fácil mediante esquemas piramidales, Comunicado 044 , 15 de mayo de 2016, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, <
http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2016/1327-ten-cuidado-ante-la-promesa-de-dinero-facil-mediante-esquemas-piramidales> Consultado el 26 de mayo de 2016.






De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al seguimiento e investigación de denuncias sobre el uso electoral de programas de desarrollo social en el estado de Oaxaca. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, NATALIA KARINA BARÓN ORTIZ Diputada Federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo bajo la siguientes:

CONSIDERACIONES

En el proceso electoral 2016, organismos electorales y autoridades responsables de la política de Desarrollo Social han firmado convenios y acuerdos de blindaje electoral a fin de prevenir e incentivar denuncias penales contra la comisión de delitos electorales que usen dolosamente programas de desarrollo social condicionando su entrega a cambio de votos por determinados candidatos.

La Secretaría de Desarrollo Social publicó los Lineamientos Generales de Blindaje Electoral 2016 los cuales consignan datos relativos a las condiciones de pobreza. De acuerdo con ese documento, las catorce entidades que efectuarán elecciones ordinarias locales, de manera conjunta, suman un total de 23,376,400 personas en situación de pobreza.

Estos mismos lineamientos señalan que el total de beneficiarios de las entidades sujetas a procesos electorales ordinarios es de 17,118,631; los apoyos recibidos tienen su origen en doce programas sociales como son los comedores comunitarios, estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras, LICONSA, empleo temporal, seguro de vida para Jefas de familia, 3x1 migrantes, apoyo alimentario, PROSPERA, pensión para adultos mayores, FONART, atención a jornaleros agrícolas y opciones productivas.

La efectiva aplicación de los programas de desarrollo social tiende a ser protegida por acciones específicas como lo especifican los lineamientos. De esta manera, se especifica qué debe entenderse por blindaje electoral como se describe a continuación:

“El blindaje electoral es el conjunto de acciones a realizar por las y los servidores públicos involucrados en la operación de programas sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo de proteger los programas y acciones ante los riesgos de una eventual manipulación partidista, clientelar o personal.

Se compone de una serie de acciones que tienen como propósito:

1) Prevenir que los recursos públicos se desvíen para incidir en el voto. El Blindaje Electoral pretende evitar que los recursos de los programas sociales a cargo del sector sean utilizados con fines electorales.

2) Cumplir con la obligación de suspender propaganda gubernamental, para dar cumplimiento al mandato constitucional que prohíbe la difusión de la misma durante el tiempo que duren las campañas, con la finalidad de garantizar la imparcialidad en la contienda.

3) Inhibir que se incurra en otras violaciones a normas penales, administrativas y electorales, mediante la implementación de acciones preventivas, se pretende garantizar que los servidores públicos incurran en infracciones. Al articular la política de blindaje, se busca ajustar el ejercicio de las atribuciones de los servidores públicos a los principios de imparcialidad que demandan las contiendas electorales”.

De esta forma, las autoridades responsables garantizan el acceso efectivo a los derechos sociales y sus beneficios sin impedir su realización por motivos electorales, asegurando la legitimidad y legalidad de los diversos Programas, propiciar la rendición de cuentas y garantizar la efectiva entrega de apoyos.

Para ello, la Secretaría de Desarrollo Social creó instancias como el Comité Central de Legalidad y Transparencia del Blindaje Electoral cuya naturaleza es la de ser “una instancia de coordinación y seguimiento de acciones transversales y articuladas en torno a una política de acompañamiento institucional, transparencia y respeto absoluto a los derechos humanos de los beneficiarios de los programas sociales”. Otras acciones consignadas en el blindaje electoral de los programas de desarrollo social son la suspensión de reuniones masivas con beneficiarios así como todo tipo de propaganda gubernamental.

No obstante lo anterior, en el Estado de Oaxaca hay lamentables condiciones de pobreza que demandan la entrega de apoyos de programas de desarrollo social; estos mismos corren el riesgo del mal uso en tiempos electorales usando la pobreza y situaciones de vulnerabilidad como mercancía electoral.

Es así que en Oaxaca se presentan serias irregularidades en el uso de los recursos de los programas de desarrollo social vulnerando la legislación electoral, los lineamientos del blindaje electoral y que podrían encuadrar en la comisión de delitos de conformidad con las diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De acuerdo con las denuncias, en Oaxaca la coalición conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza (PRI-PVEM-PANAL) es señalada por el presunto uso de programas federales y de la distribución de despensas alimentarias que incidirían en la promoción ilícita del voto; las irregularidades también señalan presuntas presiones de empleados y supervisores del Programa PROSPERA, incluyendo amenazas, a subordinados para favorecer al candidato de la coalición mencionada.

Por otro lado, se han presentado recursos de queja ante el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social dando cuenta de presuntas conductas irregulares que podrían incidir en delitos electorales de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social en Oaxaca por activismo a favor del candidato de la Coalición PRI-PVEM-PANAL. Según esta queja, se consigna actividades de proselitismo a través de la gestión de apoyos de los programas de desarrollo social mismos que serían otorgados cuando el candidato de la coalición ocupe el cargo de gobernador.

Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a seguir e investigar las denuncias relativas al mal uso y manejo electoral de Programas de Desarrollo Social en el estado de Oaxaca y que podrían ser constitutivos de delitos electorales.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Suscribe.

Dip.  Natalia Karina Barón Ortiz.






De Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a fortalecer la supervisión de publicidad en radio y televisión, a fin de erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las mujeres. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La discriminación ocurre cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción a causa de algunas características propias de las personas que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de su desarrollo.

En el caso particular de las mujeres, viven distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio pleno de sus derechos y libertades ante la sociedad. Tan sólo basta señalar la serie de estereotipos y prácticas sexistas que las desvalorizan y denigran.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra la mujer es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, en espacios públicos y privados.

La violencia contra las mujeres se manifiesta de diferentes formas: física, sexual, psicológica y económica. Esta problemática atenta contra la salud y disminuye su capacidad para participar en la vida pública.

El tipo más común de violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la violencia física infligida por una pareja íntima, incluyendo mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o abusadas de alguna otra manera.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que una de cada 10 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Destaca que el 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual, cifra que alcanza 70% en algunos países.

La ONU, menciona que hoy en día, más de 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas, de las cuales 250 millones eran menores de 15 años. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 tienen menos probabilidades de terminar su educación y de sufrir violencia doméstica, sexual y complicaciones en el parto.

El Banco Mundial (BM), asegura que las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren mayores riesgos de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir cáncer, accidentes de vehículos, guerra y malaria.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refiere que seis de cada 10 mujeres de 15 años y más, declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.

Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años, de las cuales, sólo siete de cada 10 ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.

Cinco de cada 10 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación y 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos de intimidación, acoso o abuso sexual.

Los costos de la violencia contra la mujer son sumamente altos, y comprenden los costos directos de los servicios para el tratamiento y apoyo a las mujeres maltratadas y sus hijos y para enjuiciar a los ofensores; mientras que los costos indirectos están relacionados con la pérdida de empleo, productividad y deterioro de su bienestar.

El estudio Las mujeres y los medios de comunicación, publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), reveló que los medios de comunicación siguen fomentando los roles tradicionales tanto de mujeres como de hombres. En las revistas y en la publicidad, las mujeres siguen apareciendo como objeto sexual, a pesar de la intención de cubrir la imagen femenina con un barniz de modernidad y presentarla desarrollando roles profesionales1.

Dicho estudio, revela que las mujeres son explotadas en términos de su sexualidad y de su apariencia física. En la televisión, se observa a las mujeres desempeñando papeles de sometimiento o sumisión, mientras que el poder y el estatus quedan reservados a los varones.

Reconocemos que el Gobierno Federal ha implementado diversos programas y acciones tendientes a erradicar los actos de denigración, discriminación, violencia y exclusión, en sus diferentes manifestaciones, contra las mujeres mexicanas. No obstante, resulta fundamental continuar fortaleciendo y supervisando la publicidad en radio y televisión, con el objetivo de eliminar los contenidos que denigren y discriminen a las mujeres.

La igualdad de género es una condición imprescindible para la inclusión y el desarrollo, por ello debemos continuar trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan la supervisión de publicidad en radio y televisión, a fin de erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las mujeres.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.

1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100762.pdf





De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a garantizar la integridad física de los ciudadanos que intervinieron en el enfrentamiento por prestar el servicio de transporte en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Mérida; asimismo, informe sobre las investigaciones que se están llevando a cabo y las sanciones a que se han hecho merecedores los agresores de los choferes de Uber. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 88, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

El miércoles 25 de mayo del año en curso decenas de taxistas pertenecientes al Frente Único de Trabajadores del Volante  (FUTV) se enfrentaron en la avenida Iztáez-Aviación de  Mérida, agredieron a chóferes del servicio de Uber, dejando como saldo dos vehículos parcialmente destruidos y una persona lesionada.

Alrededor del mediodía, unos 500 taxistas del FUTV se enfrentaron contra  unos 50 chóferes de Uber, a quienes exigían que se retiraran del lugar, argumentando que carecen de permisos para prestar sus servicios en esa zona  federal.

En la disputa, los taxistas afiliados golpearon y dañaron varios vehículos particulares de los trabajadores de Uber que durante días se han colocado en las cercanías del centro aeroportuario para dar el servicio, apenas reciben los mensajes de solicitud de transporte mediante su plataforma digital.

El conflicto ocurrió minutos después de que la Policía Federal desalojó a los taxistas y a los choferes de Uber de las inmediaciones del aeropuerto de Mérida, cuando los primeros habían retenido los automóviles de la empresa Uber, para impedir que siguieran operando en la zona.

El líder de los taxistas del FUTV, Héctor Fernández Zapata, llegó hasta el lugar del conflicto, quien pidió a la Dirección Estatal de Transporte intervenir en este asunto, ya que se está saliendo de control, pues el Aeropuerto de Mérida no es el único sitio donde sus agremiados ven afectados sus intereses, sino también a las afueras de los hoteles de la avenida Colón, por lo que amenazó con mandar a sacar del aeropuerto a cualquier chofer de Uber.

Además, de que manifestó “los choferes de Uber nos están afectando en nuestras ganancias, tenemos familias para alimentar y nosotros estamos pagando los derechos, ellos están aquí en el  aeropuerto ilegalmente”.

Por otra parte, después del conflicto y a través de su página de Facebook, la oficina de Uber en Mérida anunció su cierre temporal por protocolo de seguridad.

La empresa Uber ha demostrado su calidad en el servicio, lo que le ha valido reconocimientos en diversas partes del mundo, pues existen muchas personas que hablan bien de esta empresa y esto es parte de una sana competencia mercantil, pues si alguien ofrece un mejor servicio de calidad a mejor precio, pues posible que la gente lo adquiera, así el más beneficiado es el usuario, pues tiene de donde elegir.

Al ser beneficiado el ciudadano, éste toma la decisión de escoger o utilizar el servicio de transporte que más le beneficie.

Lo que deben de hacer las autoridades es buscar la forma de que tanto la empresa Uber como el gremio de taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) preste sus servicios legalmente, tenga acceso a todos los lugares y cuente con el respeto y la seguridad en la prestación del servicio en beneficio de la población Yucateca.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito que las autoridades en el estado de Yucatán eviten el enfrentamiento entre los taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) y la empresa Uber, por lo que,  pongo a consideración de esta Comisión Permanente, para que sea aprobado, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Yucatán, a través de su Titular, para que la Secretaría de Seguridad Pública, garantice la integridad física de los ciudadanos que intervinieron en el enfrentamiento por prestar el servicio de transporte en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Mérida, y asimismo informe a esta Soberanía sobre las investigaciones que se están llevando a cabo y las sanciones a que se han hecho merecedores los agresores de los choferes de Uber.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Yucatán, a través de su Titular, para que la Secretaría de Transporte y Vialidad regule conforme a la Ley el tipo de servicio que deban prestar los vehículos particulares o cualquier otra empresa encargada de prestar el servicio de transporte público.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.






De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas a transparentar los recursos otorgados mediante el fondo regional y su proceso de ejecución o aplicación. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, NATALIA KARINA BARÓN ORTIZ Diputada Federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo bajo las   siguientes:

CONSIDERACIONES

En el año 2007, surge como una fuente de recursos adicionales, un fondo que tenía por objeto apoyar a los diez estados con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento, actualmente establecido en el artículo 10, fracción I, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno y fue creado para hacer hincapié en que las personas y sus capacidades —y no el crecimiento económico por sí solo— deben ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país1.

El Fondo Regional, como fue nombrado, tuvo un monto inicial de $2, 000,000.00 (dos mil millones de pesos), el cual año con año ha ido creciendo hasta llegar a los $7,192,666,338.00 (siete mil ciento noventa y dos millones seiscientos sesenta y seis mil trescientos treinta y ocho pesos) para el PEF 2016, montos que respecto a las reglas de operación publicadas año con año por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, deben ser utilizados preferentemente mediante programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera, inversión en salud y/o en educación.

Probablemente, una de las deficiencias más importantes de dicho fondo, es que carece de una definición clara sobre los objetivos que persigue, pero si partimos del supuesto de que fue creado para apoyar a los Estados con menor índice de desarrollo humano, resulta claro que los recursos del FONREGIÓN deben ser empleados en programas y/o proyectos que coadyuven a incrementar los índices de desarrollo humano de las entidades beneficiadas.

En cuanto a la medición de los índices de desarrollo humano de las entidades, debemos dejar en claro que engloba los siguientes aspectos:

a) Salud

• Mortalidad infantil.
• Índice de salud,
• Índice de salud incorporando la desigualdad de género.

b) Educación

• Tasas de alfabetización en jóvenes y adultos.
• Asistencia escolar de niños y jóvenes.
• Índice de educación.
• Índice de educación reduciendo la desigualdad de género.

c) Ingreso

• Ingreso per cápita.
• PIB total.
• Índice de ingreso.
• Índice de ingreso reduciendo la desigualdad de género.
• Población económicamente activa.
• Distribución de género en la representación política, de funcionarios y directivos públicos, y de profesionistas y técnicos.
• Índice de participación política reduciendo la desigualdad de género.
• Índice de empleo reduciendo la desigualdad de género.

Los recursos destinados al FONREGIÓN, año con año han visto un incremento muy importante, el cual no se ve reflejado en los índices de desarrollo humano de los municipios y los Estados, por lo resulta que por demás evidente, que dichos recursos no han sido empleados de la manera eficiente, ni mucho menos han cumplido con el objeto planteado.

CONSIDERACIONES

Si bien es cierto, que los recursos del FONREGIÓN, han sido utilizados en el mejor de los casos y en su mayoría, para obras de infraestructura vial, estas obras no han sido parte de un programa integral que ataque directamente los bajos índices de desarrollo humano de los municipios con mayor rezago, por lo cual los gobiernos de los Estados deben contar con organismos específicos que le permitan plantear objetivos y criterios claros, orientados a tener un impacto directo sobre el desarrollo regional.

Diversos informes y estudios realizados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas2 y el Banco Interamericano de Desarrollo3 en colaboración con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, han arrojado en sus documentos algunas coincidencias.

Uno de los principales problemas es la distribución inequitativa de los recursos en los Estados, donde en su mayoría se concentran en zonas urbanas y zonas que no tienen los menores niveles de IDH, lo que mantiene a los municipios rurales sin mejoras tangibles.

Otro problema y que ya hemos mencionado, es que el fondo no tiene un objetivo específico y delimitado, lo que lo hace poco transparente y lo deja a merced de los intereses de los gobiernos estatales, por lo que su principal objetivo debería estar orientado al desarrollo humano territorio.

Aunado a lo anterior, las carteras de proyectos están integradas por propuestas pequeñas, que lejos de causar un impacto regional que incremente los índices de desarrollo, representan complementos de otros programas, inversiones sin planeación, ocurrencias de los gobiernos Estatales y sobre todo inversiones en municipios con altos niveles de IDH.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público debe realizar una reestructuración integral de los Lineamientos de Operación del Fondo Regional, donde se especifique de manera clara lo que representa el Desarrollo Regional, donde se delimite el campo de acción de los recursos del fondo, se establezcan mecanismos especiales de planeación y transparencia que permitan un mejor manejo de los recursos y sobre todo que se cumpla el objeto para el que fue creado, el Desarrollo Humano.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí, a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional (FONREGION), así como el proceso de planeación y ejecución de los programas, para lograr el cumplimiento del objeto para el que fueron destinados.

Segundo. La Comisión Permanente, exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que por conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario, realice las previsiones necesarias a fin de modificar de manera integral los Lineamientos de Operación del Fondo Regional, para que funja realmente como un fondo destinado a incidir directamente en los índices de desarrollo humano.

Tercero. La Comisión Permanente, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que verifique que se cumplan cabalmente los Lineamientos de Operación del Fondo Regional, y se cumpla con los resultados, objetivos y avances del programa, así como los proyectos que han sido beneficiados y el impacto directo que ha tenido en la sociedad, a fin de detectar las deficiencias y omisiones de carácter normativo y ejercite sus funciones correspondientes, en el caso de inobservancia de los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Natalia Karina Barón Ortiz.

Notas
1 Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México.Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: nueva metodología. Marzo de 2014. Danda Diseño e Impresión.
2 IrachetaCenecorta, Alfonso e IrachetaCarrollo José A. Evaluación de los Fondos Metropolitano y Regional del Gobierno Federal Mexicano ., Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, 1a. edición, 2014.
3 Iracheta, Alfonso X., Evaluación del Fondo Regional 2007-2009. Consultoría para realizar evaluaciones de Fondos Metropolitanos y Fonregión. Banco Interamericano de Desarrollo. México. Diciembre 2010.

1 Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: nueva metodología. Marzo de 2014. Danda Diseño e Impresión

2 IrachetaCenecorta, Alfonso e IrachetaCarrollo José A. Evaluación de los Fondos Metropolitano y Regional del Gobierno Federal Mexicano., Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 1ª Edición, 2014.

3 Iracheta, Alfonso X., Evaluación del Fondo Regional 2007-2009. Consultoría para realizar evaluaciones de Fondos Metropolitanos y FONREGIÓN. Banco Interamericano de Desarrollo. México. Diciembre 2010.






De Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal del gobierno de la República, así como a la Comisión Forestal del gobierno del estado de Michoacán a llevar a cabo acciones coordinadas, eficientes y eficaces, dirigidas a robustecer la masa arbórea de la entidad. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Estado de Michoacán posee 4.2 millones de hectáreas de vocación forestal en sus bosques de clima templado-frío, selvas bajas caducifolias y áreas de semi-desierto.1 De acuerdo a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM), la entidad es el primer productor de resina en México con 16 mil toneladas por año, y es el tercer lugar nacional en la producción forestal maderable, aprovechándose 480 mil metros cúbicos anuales de madera. 2

En Michoacán existen, de acuerdo al más reciente “Diagnóstico Fitosanitario Forestal” de la COFOM, 2 mil industrias forestales entre las que se encuentran cientos de talleres familiares en ejidos y comunidades indígenas; por tanto, es uno de los pilares de la economía de la entidad, pues genera empleo e ingreso para más de 60 mil personas.

Adicionalmente al desarrollo económico y social, le vegetación forestal representa la principal fuente de equilibrio ecológico-ambiental para Michoacán, pues en sus bosques, como los de todo México, se genera oxígeno y se captura el carbono; se capta y filtra el agua tanto para consumo humano como para uso agropecuario e industrial; y se protege la flora y la fauna.

Sin embargo, de acuerdo a datos recientes del Director General de la Comisión Forestal de Michoacán, Ing. Roberto Pérez Medrano, cada año se pierden 60 mil hectáreas de bosques, por lo que ahora la entidad se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional en la emisión de gases de efecto invernadero. 3

El funcionario del Gobierno de Michoacán atribuyó al cambio de uso de suelo y a la tala clandestina, el hecho de que se esté presentando esta severa deforestación; la cual, aseguró, se concentra en las partes altas y las zonas aledañas a las cuencas hidrológicas.

Es así que, por muy diversos factores, en los últimos 20 años se han perdido 1.2 millones de hectáreas de superficie arbórea en el Estado de Michoacán. 4

La Comisión Forestal de Michoacán (COFOM) señala que algunos de esos factores que intervienen en el debilitamiento de las masas arboladas, son:

• Los cambios de uso de suelo.

• El aprovechamiento irracional de resina.

• El aprovechamiento irregular del recurso maderable.

• Los incendios forestales.

• El cambio climático.

• Las plagas y las enfermedades forestales.

Datos actualizados de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), revelan que del 1º de enero al 19 de mayo de 2016 se han sucitado 638 incendios forestales en Michoacán, que han dejado afectación a más de 11 mil 308 hectáreas. 5

Michoacán, que antes se caracterizaba por el cuidado de sus recursos forestales, está ahora en el segundo sitio de superficie afectada por incendios en todo el país, solo debajo de Oaxaca.

Por otra parte, datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) destacan que en 2014 y 2015 el Estado de Michoacán ocupó el segundo lugar a nivel nacional en volumen afectado por plagas forestales, solo por debajo de Oaxaca.

En 2014 resultaron afectados 119 mil 964 metros cúbicos y en 2015 fueron un total de 57 mil 944 metros cúbicos de volumen maderable afectado por plagas.

Las principales plagas que afectan a los ecosistemas forestales de Michoacán, según revela el “Diagnóstico Fitosanitario Forestal” de la COFOM,  son: 6

1. Insectos Descortezadores: Dendroctonus frontalis, D. mexicanus, D. adjuntus, Scolytus, Pseudolylesinus e Ips.

2. Enfermedad de Roya: Género Cronartium

3. Plantas Parasitas: Muérdago enano (Género Arceuthobium) y Muérdago verdadero (Géneros Psittacanthus, Phoradendron, Cladocolea y Struthanthus).

Las áreas más críticas en cuanto a insectos descortezadores se encuentran en los municipios de Ario de Rosales, Madero, Salvador Escalante, Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan, Ocampo, Tocumbo, Peribán, Morelia, Los Reyes, Cotija, Zitácuaro y Pátzcuaro, en los que se concentra el 73% de afectación.

La roya en pino se concentra en los municipios de Paracho, Charapan, Nahuatzen, Uruapan, Cherán, Erongarícuaro y Tingambato, así como el Municipio de Coalcomán ubicado en la Región Costa de Michoacán.

A su vez los muérdagos han afectado principalmente la vegetación de pino, encino y mezquite en los municipios del Bajío Michoacano, el Oriente, Centro y Occidente de la entidad.

Es importante resaltar que el mismo “Diagnóstico Fitosanitario Forestal del Estado de Michoacán” remarca que las zonas de mayor afectación por plagas e incendios forestales, coinciden con los cambios de uso de suelo.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 8º de dicho ordenamiento legal determina que la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Servicio Nacional Forestal, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para la atención eficiente y concertada del sector forestal.

A su vez el artículo 13º de la misma Ley manifiesta que corresponde a las entidades federativas, entre otros:

• Elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al sector forestal de la entidad, con proyección sexenal y con visión de más largo plazo.

• Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo.

• Promover y participar en la restauración de los ecosistemas forestales afectados por incendios.

• Llevar a cabo acciones de saneamiento de los ecosistemas forestales.

• Asesorar y orientar a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, comunidades indígenas y otros productores forestales en la creación de empresas sociales forestales, propiciando la integración de cadenas productivas y los sistemas-producto del sector.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que estamos a tiempo de revertir el debilitamiento de masa forestal de Michoacán y de todo el país. Existe el compromiso de los tres poderes de la Unión, de los distintos órdenes de gobierno y de la sociedad civil organizada.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal del Gobierno de la República, así como a la Comisión Forestal del Gobierno del Estado de Michoacán, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones lleven a cabo acciones coordinadas, eficientes y eficaces, dirigidas a robustecer la masa arbórea de la entidad. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la
Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.

1 http://cofom.michoacan.gob.mx/diagnostico-fitosanitario-forestal-del-estado-de-michoacan/

2 http://cofom.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2016/05/DIAGN%C3%93STICO-FITOSANITARIO-DEL-
ESTADO-DE-MICHOAC%C3%81N-FINAL-1.pdf

3 https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Michoacan-segundo-lugar-emision-gases-efecto-invernadero/

4 https://www.contramuro.com/michoacan-ha-perdido-mas-de-un-millon-de-hectareas-de-bosque-y-selva/

5 http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?articulo=5855&grupo=10

6 http://cofom.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2016/05/DIAGN%C3%93STICO-FITOSANITARIO-DEL-
ESTADO-DE-MICHOAC%C3%81N-FINAL-1.pdf






Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a establecer una mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a fin de buscar soluciones a la problemática magisterial en el país. Se turna a la Segunda Comisión.








De Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar los trabajos protocolarios que permitan al gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos adherirse y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, con la finalidad de lograr un México más inclusivo y sin discriminación. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalan que en la región uno de cuatro hogares incluye a una persona mayor1, hacia el 2030 se calcula habrán casi 120 millones de personas adultas mayores y en el 20502 cuando casi toda la población habite en zonas urbanas en el mundo, la cifra de personas envejecidas alcanzará los 195.7 millones.

En el caso de México, la CEPAL reporta que en 1950 el porcentaje de envejecimiento de la población mexicana fue de 7.1 por ciento; tuvo un descenso en 1975 a 5.7 y a partir del 2000 la tendencia se invirtió pues se incrementó a 6.9 y se estima que hacia el 2025 alcanzará un 13.9 por ciento y en 2050 el 26.5 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía3 (INEGI, 2014) reveló que la cantidad de personas de 60 años y más, ascendió a 11.7 millones, es decir, el 9.7 por ciento de la población total. De 1990 a 2014 el número de personas en edad avanzada se duplicó, pasando de 5 a 11.7 millones.

Estos datos motivan a realizar un llamado urgente para que el Estado mexicano haga un replanteamiento de políticas públicas basada en el marco teórico de los derechos humanos a fin de atender a nuestros adultos mayores -con visión de futuro- con nuevas directrices sobre sus necesidades en las grandes urbes y en el campo.

Se trata de mejorar las capacidades institucionales del sector público y privado para hacer de nuestros adultos mayores agentes activos del desarrollo, dignos, autónomos y con posibilidades de autorrealización conforme a diversas actividades enfocadas en sus capacidades, esto es muy factible en la era de la irrupción tecnológica. 

Lo anterior toma gran relevancia si tenemos en cuenta que, durante el segundo trimestre de 2014, en México se registró una tasa de participación económica del grupo poblacional de 60 años y más, del 33.7 por ciento.

Desafortunadamente, esta participación económica no obedece solo a actividades productivas de los adultos mayores, pues en la mayoría de los hogares donde vive al menos uno de ellos, el 30 por ciento del ingreso4 corriente proviene de transferencias.

En el 2050, será una tendencia global el envejecimiento de las sociedades y México no será la excepción pues en promedio se vivirá 81 años (INEGI, 2000).

¿Estamos preparados para hacer frente a este fenómeno demográfico?

No. La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS, 2013) reveló que apenas una cuarta parte de los adultos mayores se encuentran pensionados (26.1%) y la desigualdad entre mujeres y hombres en este rubro es abismal, casi dos a uno de ventaja para ellos. Además, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2012) destaca que, del total de personas con discapacidad en el país, más de la mitad tiene 60 años o más (51.4%).

¿Cómo se sienten y qué preocupa más a nuestros adultos mayores?

La Encuesta Nacional de Envejecimiento5 destaca que la calidad de vida responde a la interacción de condiciones objetivas y subjetivas de las personas, por ejemplo, el grado de satisfacción con su desarrollo personal y profesional, aspectos biomédicos, vivienda y entorno urbano, recreación, uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en resumen, se trata de sumar años con calidad.

La Encuesta en cita identificó como limitantes de la calidad de vida de los adultos mayores: la situación económica (82.4%), el déficit en su cuidado personal (53.7%), déficit en servicios médicos (45.3%), deterioro físico (36.1%), aislamiento (28.5%), deterioro mental (16.5%) y maltrato (13.3%). Así, en general el 40 por ciento de los encuestados declararon que este grupo poblacional no tiene condiciones de vida    dignas.

Como se advierte, a catorce años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, resta mucho por materializar de manera efectiva lo dispuesto en el artículo 57 de dicha ley respecto al acceso a una vida con calidad, libre de violencia, con protección en entornos dignos, seguros, decorosos y sin discriminación para nuestros adultos mayores.

Los desafíos también están en el presupuesto, una mirada pronta a lo aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 20168 revela lo disperso de los recursos asignados a este grupo poblacional, en materia de salud, desarrollo social, educación y pensiones, se aprecia un modelo asistencialista, muy lejano de las políticas que habilitadoras para la inclusión activa en sociedad.

A manera de ejemplo, basta revisar que el PEF 2016 estipula que los adultos mayores “podrán” ser beneficiarios del Programa de Inclusión Social (PRÓSPERA) cuando sean parte de los hogares beneficiarios, es decir, la universalidad no aplica.

En el anexo 14 denominado recursos para la Atención de Grupos Vulnerables se reporta una asignación para el rubro Pensión para Adultos Mayores de 37 mil 986 millones de pesos. Dentro del ramo 20 Desarrollo Social, el programa Pensión para Adultos Mayores para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas tuvo asignado casi 13 mil millones de pesos, muy cercano a PRÓSPERA y, adicionalmente se asignaron 35 millones 498 mil pesos para pensiones de adultos mayores en el medio rural.

El presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también tiene contemplado presupuesto para la atención de este grupo, poco más de 4 millones 736 mil pesos para atender asuntos de la niñez, adolescentes y adultos mayores.

En conjunto, estos son algunos de los razonamientos que motivaron este respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para iniciar los trabajos protocolarios que permitan al gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores9 para expandir la protección a las personas adultas mayores conforme a los nuevos parámetros de constitucionalidad de los derechos humanos.

La apuesta de los senadores del Grupo Parlamentario del PRI es por fortalecer el andamiaje jurídico y administrativo mexicano para armonizarlo con las normas internacionales y transformar la visión con la que debe construirse la ciudadanía de la vejez10 a través de acciones eficientes, transparentes y con indicadores de medición de resultados de las acciones de gobierno para lograr en el 2050, un México verdaderamente inclusivo con adultos mayores, felices y productivos.

La fortaleza de esta propuesta no radica solo en el futuro, sino en la contemporaneidad donde la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la UNAM señala que la percepción de los encuestados respecto a la edad en la que una persona comienza a ser “vieja” es a partir de los 67.2 años, es decir, el ímpetu de considerarse y sentirse joven se ha alargado, lo cual genera corresponsabilidad del Estado mexicano con su gente.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que inicie los trabajos protocolarios que permitan al gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos, adherirse y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, con la finalidad de lograr un México más inclusivo y sin discriminación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la
Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.

1 Las personas mayores en América Latina y El Caribe (CEPAL, 2014)
Consultado en: http://www.cepal.org/es/infografias/las-personas-mayores-en-america-latina-y-el-caribe

2 Cifras del Fondo de Población de Naciones Unidas estiman que en 2050, uno de cada cinco habitantes en el planeta (21.2%) tendrá 60 años y más, de estos casi un 20% residirá en las regiones menos desarrolladas y el  32% en las naciones más ricas. Consultado en: http://www.unfpa.org/ageing

3 Estadísticas a propósito del Día Internacional de las personas de edad. (INEGI, 2014)
Consultado en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf

4 Ídem.

5 Gutiérrez Robledo, Luis Miguel y Giraldo Rodríguez Liliana (Coord.) Los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales. Realidades y Expectativas frente a la nueva vejez. México, UNAM, 2015.
Consultado en:http://www.losmexicanos.unam.mx/envejecimiento/libro/index.html

6 Publicada en DOF el 25 de junio de 2002.

7 Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_171215.pdf

8 Consultado en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/2015

9 Que incluye derechos de obligada observación como el envejecimiento activo y saludable, beneficios socio sanitarios integrados y principios fundamentales como la responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad para la integración activa, plena y productiva de la persona mayor en la sociedad.
Consultado en:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp

10 La reforma constitucional publicada en el DOF el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, debe alcanzar en su máxima expresión a este grupo poblacional también, no solo a mujeres, niñas y niños, diversidad sexual y otros, como ha ocurrido en los tiempos recientes.  Consultada en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011






De Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de poner a salvo a las especies animales que habitan el parque “Yumká”, ubicado en el estado de Tabasco, así como realizar las investigaciones necesarias con objeto de deslindar responsabilidades en el caso de la muerte de más de 250 animales en el último año. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza “Yumká”, se encuentra ubicado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual cuenta con numerosas especies ubicadas en 101 hectáreas: 33 hectáreas de selva tropical, 26 del ecosistema de la sabana y 42 de humedales.

Este parque ecológico cuenta con una amplia riqueza natural y fue creada con el objetivo de promover la educación ambiental, la conservación y la protección de las especies dentro de la entidad.

Presenta una alta diversidad biológica, reflejada en aproximadamente 526 especies que cohabitan en el parque y que representan un enorme potencial educativo y valor ecológico, además de ser un importante polo turístico para la región, que es visitado anualmente por cerca de 250 mil personas.

La mayoría de las especies de flora y fauna que habitan en este espacio ecológico, son características del estado de Tabasco, algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción, como el jaguar, el mono aullador o saraguato, el manatí, la guacamaya roja, el tucán y la tortuga blanca, entre otras.

Desafortunadamente, en los últimos meses se han venido manifestando diversas organizaciones ecologistas señalando su preocupación sobre la recurrente muerte de especies animales que habitan en este parque, estimada en 250 ejemplares en el último año.

Tan solo en el primer semestre del año pasado, se registró la muerte de 5 loros cabeza azul porque tenían parásitos; 5 antílopes cuello negro por conflicto entre la especies y complicación de parto; una tortuga blanca por no adaptarse al hábitat debido a su domesticación; y de un rinoceronte a causas de una infección de los riñones e hígado.

El pasado 24 de diciembre, se publicó la noticia de que habían muerto dos hipopótamos hembra, resultado probable de una pelea entre ambas, unos días después murió el último hipopótamo del zoológico, un macho. En este último caso, se descubrió que la muerte se debió al envenenamiento del estanque en el que vivía.

Los empleados del zoológico declararon que en el 2015, además de los hipopótamos, habían muerto más de 25 ejemplares, entre ellos venados, cebras, loros y rinocerontes.

Las organizaciones ambientalistas señalan directamente a la directora del centro ecológico, como la culpable de éstos decesos, debido a la deficiente administración de los recursos destinados al parque ecológico.

Hace unos días, se difundió que la PROFEPA estaba actuando directamente con los veterinarios del parque Yumká para tratar de salvarle la vida a una tigresa denominada “Shakira”, quien se encuentra enferma de gravedad.

El artículo 5 de la Ley General de Vida Silvestre establece que:

“El objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, es su conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país.”

A raíz de esta política nacional, se creó por parte de la PROFEPA, un Programa Nacional de Inspección a Zoológicos, implementado desde 2015 y que se ha llevado a cabo en un importante número de visitas a diversos zoológicos del país.

Mediante la aplicación dicho programa, la PROFEPA realizó las siguientes acciones: 37 inspecciones, 35 zoológicos inspeccionados, ubicados en 22 entidades federativas; se han verificado un total de 6 mil 623 ejemplares de fauna silvestre; y se aseguraron de manera precautoria a 2 mil 703 ejemplares de vida silvestre.

Nos encontramos ante una situación que es necesario abordar por parte de la SEMARNAT y la PROFEPA, razón por la cual los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional coincidimos en la urgencia de que  se implementen acciones inmediatas en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza “Yumká”, con el objetivo de salvar a las especies que aún se encuentran en esas instalaciones, además de exigir el cumplimiento de lo estipulado en nuestro marco legal vigente y deslindar responsabilidades a quien resulte responsable por la muerte de especies animales.

Con base a estas consideraciones, que sometemos a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de poner a salvo a las especies animales que habitan el parque “Yumká” ubicado en el estado de Tabasco, así como, realizar las investigaciones necesarias con objeto de deslindar responsabilidades en el caso de la muerte de más de 250 animales en el último año.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.






Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos de derechos humanos de las 32 entidades federativas a atender la recomendación del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a poner en marcha el mecanismo nacional de promoción, protección y supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Segunda Comisión.

El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 8 de octubre de 2014, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, presentó en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las observaciones finales que el propio Comité adoptó en relación con el Estado mexicano y las medidas adoptadas para cumplir con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.1

Dicho proceso  consistió en la revisión que el organismo realizó al informe que presentó el Gobierno mexicano y que se nutrió con otras fuentes de información, particularmente, de la sociedad civil.

En el documento se destacó que el informe inicial de México hace referencia a aspectos positivos, como la adopción de legislación y de políticas públicas, así como los protocolos y directrices con el propósito de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, en particular, la aprobación de la Ley Federal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la adopción de los programas nacionales en materia de derechos humanos, discapacidad y no discriminación.

No obstante, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió 58 recomendaciones al Estado mexicano para atender problemáticas de este sector de la población tales como: accesibilidad, protección social y participación plena en la vida política.

Asimismo, dentro de los principales ámbitos de preocupación el Comité señaló temas como igualdad y no discriminación; mujeres con discapacidad; niños y niñas con discapacidad; accesibilidad; situaciones de riesgo y emergencias humanitarias; acceso a la justicia; libertad y seguridad de la persona; tortura y malos tratos; explotación, violencia y abuso; integridad personal; libertad de desplazamiento y nacionalidad; derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; respeto del hogar y de la familia; educación; salud; trabajo y empleo; nivel de vida adecuado y protección social; participación en la vida política y pública, entre otros.

Igualmente, destacó que dichas recomendaciones tienen como objetivo que el Estado mexicano establezca medidas para garantizar el respeto integral de los derechos de personas con discapacidad, así como el diseño de un plan nacional de accesibilidad y, muy especialmente, considerar la recomendación por la que el Comité insta al Estado mexicano a desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como "titulares de derechos" y no desde la óptica asistencialista.

Esta fue la primera ocasión en la que México fue examinado por este Comité sobre la base de los compromisos asumidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Cabe destacar muy en particular que el Comité muestra su preocupación por que no obstante que el Estado mexicano instruyó la designación de un mecanismo de seguimiento independiente para la aplicación de la Convención en México, éste todavía no ha sido definido en su estructura, funciones y actividades para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención en los planos federal y estatal.

Por ello, el Comité urge al Estado mexicano a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los 32 organismos estatales de derechos humanos del Estado parte, definan la estructura, metas, indicadores y recursos del mecanismo de seguimiento independiente de la Convención, para que pueda aplicar su mandato de forma efectiva e independiente.

El 3 de mayo pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la conmemoración del octavo aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmado en la ONU a propuesta de México, el cual tiene como objetivo garantizar que este sector de la población goce de sus plenos derechos.

Al respecto, cabe resaltar que dicha Convención fue impulsada por el mexicano Gilberto Rincón Gallardo hace 15 años.

En este mismo marco, el Presidente anunció que enviará al Congreso de la Unión un paquete de 9 iniciativas para armonizar la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y ajustar el marco legal y las políticas públicas para garantizar atención a aproximadamente 7.6 millones de personas en el país con alguna discapacidad.

Asimismo, el Presidente instaló también el Sistema Nacional para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad que será coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, el cual estará georreferenciado y contará con un registro.

Al respecto, el Presidente Enrique Peña Nieto señaló que tales propuestas tienen el objetivo de contar con la información más amplia sobre la situación de las personas con discapacidad en México y complementar las encuestas del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI).

Destacó que el Gobierno Federal está obligado a velar y garantizar que las personas con discapacidad tengan pleno acceso a sus derechos, y reconoció que muchos de los esfuerzos que se realizan en este ámbito aún a veces son aislados e insuficientes, por lo que se tiene que redoblar el paso en coordinación con todos los órdenes de gobierno.

En este sentido, cabe destacar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el órgano encargado de la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para lo cual, en el presupuesto de egresos de la federación de los años 20152 y 20163, se han destinado más de 17 millones de pesos para su implementación en coordinación con los 32 organismos estatales de derechos humanos en el país.

Sin embargo, dicho mecanismo no ha sido instaurado debidamente, al grado que ha sido observado por el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como un incumplimiento por parte del Estado mexicano.

Con base en lo anterior, consideramos realizar un exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los organismos de derechos humanos de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, a atender la recomendación del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de que definan la estructura, metas, indicadores y recursos para la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Estado mexicano está obligado en los términos de la Convención a avanzar en esta materia. Al respecto, hay que aclarar que la fecha límite para presentar estos avances en el próximo informe que rendirá México ante el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la ONU, será a más tardar el 17 de enero de 2018.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los organismos de derechos humanos de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, a atender la recomendación del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin poner en marcha el Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros.

1 United Nations Human Right (2014) CRPD - Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fMEX%2fCO%2f1&Lang=en

2 DOF (2014) PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5374053

3 DOF (2015) ) PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, disponible en:  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/2015






De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a implementar acciones de protección ambiental y conservación ecológica en el río “San Rodrigo” en el estado de Coahuila. Se turna a la Tercera Comisión.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La red de ríos y arroyos de Coahuila se encuentra agrupada en cuatro regiones hidrológicas que son, Bravo-Conchos, Mapimí, Nazas-Aguanaval y El Salado.

De la cuenca del Bravo se desprende un río que padece una problemática compleja y multifactorial, cuya atención no puede postergarse. Es el caso del río San Rodrigo.

La red hidrográfica de Coahuila ha sido afectada por actividades humanas como el represamiento y la interrupción de su continuidad; la descarga de aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas; la minería en los lechos; el desecamiento y la ocupación de sus áreas de inundación por la expansión territorial para uso agrícola, ganadero y de las ciudades en el caso de los ríos y arroyos urbanos y sus humedales; la sobreexplotación de los acuíferos que les dan origen; las actividades turísticas; el dragado y “limpieza”, fundamentalmente.

El río San Rodrigo se origina en el municipio de Zaragoza en el estado de Coahuila, concretamente en la serranía de El Burro. Proviene de diversos afloramientos del sistema acuífero transfronterizo Edwards-Trinity-El Burro, el cual se extiende a lo largo del norte de Coahuila y del sur de Texas.

El trazado del río cruza por el municipio de Jiménez y desemboca en el río Bravo, en el municipio de Piedras Negras. La transparencia del vital líquido que corre por el cauce del río San Rodrigo es muy reconocida.

La extensión del río es de 150kilómetros, y su cuenca, desde su nacimiento hasta su desembocadura, en total tiene una extensión superficial de 2,717 kilómetros cuadrados.

Coahuila es uno de los estados más afectados por la pérdida de humedales, ya que de una superficie original de 479,860 hectáreas, en la actualidad subsisten únicamente 35,302 lo que equivale a una pérdida del 93 por ciento.

A partir de la construcción de la presa La Fragua/Solidaridad en la década de los años ochenta y de la intensificación-industrialización de la extracción pétrea del lecho del río, han desaparecido amplias zonas, de cientos de hectáreas, de bosque ripario, conformado por especies vegetales centenarias como el sabino, el nogal y el álamo.

La destrucción del ecosistema en la cuenca baja del río también ocasionó la pérdida del hábitat del castor y su desaparición; con la desecación del río y la pérdida de la fauna íctica también desapareció la nutria.

En el río San Rodrigo se conjugan dos factores que son los causantes de la destrucción de su ecosistema y pérdida de su biodiversidad, uno es el originado por el manejo del agua en la presa La Fragua a través del represamiento y ulterior desvío del líquido de su cauce original; el segundo es el originado por la extracción de material pétreo tanto del lecho menor como del lecho mayor, de las planicies de inundación y de laderas de las lomas adyacentes al río. 

El estrangulamiento del río por la presa, el desvío y privación del agua en la cuenca baja ha tenido efectos desastrosos sobre la biodiversidad y los procesos ecológicos, y a un costo ambiental y social aún no determinado.

El río San Rodrigo ha sido la fuente tradicional de abastecimiento de materiales para la construcción de los sectores público y privado. Con la materia prima extraída se ha creado la infraestructura urbana, industrial, carretera y de vivienda en la Región Norte de Coahuila. El crecimiento de esta región se ha realizado con base en la explotación de un recurso natural no renovable proveniente fundamentalmente del lecho del río cobrando un alto costo ambiental y social porque ha significado tanto la destrucción de su lecho, como la deforestación de los bosques riparios, pérdida de biodiversidad, amputación de mantos freáticos someros y agotamiento de norias que abastecen a las comunidades las comunidades de El Moral, municipio de Piedras Negras y de El Remolino y La Agrícola en el municipio de Zaragoza, Coahuila.

Algunos de los efectos sobre la biodiversidad y que además son factores agravantes del cambio climático son:

· Destrucción y transformación de un ecosistema de aguas corrientes a uno de aguas estancadas. 

· El gran espejo de agua está sometido a altas pérdidas de agua por evaporación, al disminuir el escurrimiento por el cauce natural se ocasionó el agotamiento de los acuíferos y humedales a los que le daba sustento el río.

· Pérdida o disminución de la calidad y cantidad de los hábitats acuáticos, como humedales y ecosistemas riparios y de las especies dependientes de ellos.

· Desaparición de bosques riparios y modificación sustancial de su estructura y la composición de las comunidades vegetales.

· Destrucción de los ecosistemas acuáticos y alteración de los ciclos vitales de desarrollo de muchos organismos ocasionando su desaparición o disminución de las poblaciones.

· Pérdida de las funciones ecológicas del río como corredor y conector de ecosistemas.

Como muestra, algunos de los impactos ambientales, sociales y sobre la biodiversidad de la minería en el río son:

· Alteración del balance sedimentario.

· Modificación de la morfología del río y creación de condiciones para la inestabilidad del cauce. Al desaparecer la vegetación y el material pétreo, que representaban una protección contra las avenidas, se aumentan los riesgos de desastres hidrometeorológicos para los pobladores de la cuenca baja del río.

· Incremento de la turbidez del agua.

· Desaparición de humedales.

· Lecho del río inferior al del nivel freático y afloramiento de acuíferos, exposición del agua al intemperismo y contaminación por fecalismo e hidrocarburos.

· Abatimiento de niveles freáticos y agotamiento de norias.

· Disminución de los recursos pesqueros del rio y pérdida de una fuente de alimentación de los lugareños.

· Deforestación de bosques riparios, degradación y destrucción de microhábitats acuáticos y terrestres.

· Contaminación del lecho del río con hidrocarburos.

· Contaminación del lecho del río con basura y desechos del mantenimiento de la maquinaria pesada.

· Contaminación del agua por descarga de aguas residuales y escoria del molido de piedra.

· Compactación del lecho menor y lecho mayor por el tránsito de la maquinaria pesada e impedimento de la recarga de acuíferos someros.

· Afectación de las funciones respiratorias de la vegetación por la generación de polvos.

· Generación de ruidos, vibraciones y polvos las 24 horas del día por el molido de la piedra y el tránsito de maquinaria pesada, con perjuicios en la salud de los pobladores, sus casas, escuelas y ganado.

· Esparcimiento en los caminos de la escoria del molido de piedra que genera polvos en temporada seca y lodazales en la temporada de lluvia.

· Depósito de desperdicios de la construcción en el cauce del río.

Ante todas estos efectos, la mayoría provocadas por el hombre, resulta de la mayor urgencia implementar acciones que, en un primer momento, detengan la degradación ambiental y posteriormente permitan la regeneración y protección de la biodiversidad. Estas acciones deben ser implementadas de forma coordinada por diversas áreas de gobierno.

Por lo anterior, resulta pertinente exhortar a la SEMARNAT y la CONANP para que lleven a cabo el estudio y análisis para que en caso de ser procedente, el Ejecutivo Federal decrete la cuenca del Rio San Rodrigo como Área Natural Protegida que implemente diversas modalidades sobre las actividades que en ella se desarrollan y con ello lograr su recuperación y la preservación.

Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley.

Cabe señalar que los empleos generados por las empresas que extraen el material pétreo del río son menores comparados con el daño generado; al contrario, al decretarse Área Natural Protegida el río puede recuperar sus servicios ambientales y los pobladores, con un manejo sustentable, desarrollar actividades como el ecoturismo generador de mayor cantidad de empleos.

Asimismo en ese orden de ideas, se exhorta a la Comisión Nacional del Agua suspenda el otorgamiento de concesiones mineras para la extracción de materiales pétreos en el lecho del Rio San Rodrigo y suspenda la renovación de las actuales.

Al ser un tema trasversal, se exhorta a la SEMARNAT a auditar a los agentes económicos que llevan a cabo actividades mineras y toda actividad industrial, en el cumplimiento de los manifiestos de impacto ambiental respectivos.

A la Comisión Nacional del Agua, se le exhorta a que realice los estudios pertinentes a fin de considerar la posibilidad de establecer una zona de veda con el fin de restablecer el equilibrio hidrológico de las aguas en la región.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la SEMARNAT y la CONANP a llevar a cabo el estudio y análisis sobre la viabilidad de que el Ejecutivo Federal decrete la cuenca del Rio San Rodrigo como Área Natural Protegida.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a suspender el otorgamiento, y en su caso la renovación, de concesiones mineras en el lecho del Rio San Rodrigo.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la SEMARNAT a auditar a los agentes económicos que llevan a cabo actividades mineras y toda actividad industrial en el río San Rodrigo, en el cumplimiento de los manifiestos de impacto ambiental respectivos.

CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a realizar los estudios pertinentes para determinar la viabilidad de establecer una zona de veda con el fin de restablecer el equilibrio hidrológico de las aguas en la región.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.






Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar la formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico regional estatal con las entidades federativas que aún no cuentan con dicho instrumento. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A QUE IMPULSE LA FORMULACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL ESTATAL,CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE AÚN NO CUENTAN CON DICHO INSTRUMENTO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con información publicada en el sitio web de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en materia de ordenamiento ecológico,1 actualmente los Estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, aún no cuentan con un Programa de Ordenamiento Ecológico Regional Estatal de aplicación en todo su territorio.

Cabe señalar que dicho ordenamiento ecológico, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (fracción XXIV, artículo 3), es un instrumento de política ambiental para regular o inducir el uso de suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; lo anterior, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y potencialidades de explotación de los mismos.

Para hacer efectivo este instrumento, se formulan y ejecutan los siguientes tipos de Programas de Ordenamiento Ecológico: General del Territorio y Marinos a cargo de la federación; Regionales que son competencia de las entidades federativas o en conjunto con la federación cuando una región ecológica se ubique en el territorio de dos o más Estados; y los Locales emitidos por los municipios.

En cuanto a las entidades federativas, el artículo 20 BIS de la misma Ley, establece que pueden formular y expedir los Programas de Ordenamiento Ecológico Regional Estatal de aplicación en la totalidad de su territorio, los cuales son indispensables para orientar el desarrollo de los programas sectoriales hacia los sitios con mayor aptitud2 y menor impacto ambiental, identificar áreas de atención prioritaria3, optimizar el gasto público y asegurar la continuidad de las políticas ambientales locales.

Por lo anterior, con la finalidad de que todas las entidades federativas dispongan de un Programa de Ordenamiento Ecológico Regional Estatal, propongo exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el ámbito de sus atribuciones, continúe y fortalezca su apoyo técnico en la materia, para impulsar la formulación y expedición de dichos Programas, con todos y cada uno de los Estados que aún no cuentan con el mismo.

Es de destacar que el apoyo técnico que brinda la Secretaría, de conformidad con el Reglamento de la Ley en materia de ordenamiento ecológico, consiste en analizar la viabilidad del programa, identificar y proponer políticas ambientales adecuadas, así como brindar capacitación técnica sobre el tema a los Estados.

Entre los beneficios del multicitado Programa, destaco los siguientes:

a) Permite fortalecer las políticas de planeación de ocupación territorial de las entidades federativas que aún no cuentan con ello;

b) reduce los conflictos entre la demanda de recursos naturales de la población y aquellos que se tienen disponibles para su aprovechamiento;

c) orienta de mejor manera la ubicación de las actividades productivas y de asentamientos humanos; y

d) impulsa la protección, conservación y restauración del medio ambiente.

Asimismo, la ejecución de dichos Programas, otorgará mayor certeza jurídica y técnica a los municipios para que emitan sus Programas de Ordenamiento Ecológico Local, apegados a los lineamientos y estrategias establecidas por la entidad federativa que corresponda, garantizando el desarrollo sustentable4 de las entidades federativas, y en consecuencia de nuestro país.

Pablo Wong5 afirma que durante los últimos años, la sustentabilidad del medio ambiente ha cobrado mayor relevancia para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales, tecnológicas, políticas e institucionales. Por su parte, Miguel Troitiño6, plantea que dentro de esta visión, los procesos socio-ambientales7 conciben al territorio como recurso y factor de desarrollo, y no sólo como soporte físico para las actividades y procesos económicos.8

Así también lo reconoce el Gobierno de la República en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el cual, impulsa y ordena implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con beneficios para la sociedad, a través de la planeación integral del territorio, considerando al ordenamiento ecológico como medio para lograr el desarrollo sustentable.

De igual forma, el gobierno de mi estado San Luis Potosí, en su Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, se pronuncia en pro de potenciar el ordenamiento ecológico para regular el uso del suelo y las actividades productivas.

En conclusión, el ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental por el cual se hace efectivo el derecho constitucional de toda persona a gozar de un medio ambiente sano para su progreso y bienestar, así como para garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sobre todo sustentable.9

En este sentido, es de suma importancia dar continuidad y puntual seguimiento a los esfuerzos que pretenden concretar la formulación y expedición de dichos Programas, ya que ello fortalecer á las políticas de conservación y protección del medio ambiente, tanto del Gobierno Federal como el de las Entidades Federativas y municipios.

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que continúe y fortalezca su apoyo técnico en materia de ordenamiento territorial, e impulse la formulación y expedición de los Programas de Ordenamiento Ecológico Regional Estatal con las Entidades Federativas que aún no cuentan con dicho instrumento.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Sen. Teófilo Torres Corzo.

1 http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamiento-ecologico/ordenamientos-ecologicos-expedidos, actualizada al 8 de agosto de 2015.

2 Aptitud sectorial. Regiones del territorio en que concurren los tributos ambientales que favorecen el desarrollo de los programas, proyectos y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, SEMARNAT.

3 Áreas de Atención Prioritaria. Zonas del territorio donde se presentan conflictos ambientales o que por sus características ambientales requieren de atención inmediata. Fracción IV, Artículo 3; Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico.

4 Desarrollo Sustentable. Proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas; se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Fracción XI, artículo 3; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

5 Profesor e Investigador de Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. en Hermosillo, Sonora; además ha sido consultor para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la SEMARNAT.

6 Catedrático e Investigador de la Universidad Complutense de Madrid, España.

7 ProcesosSocio-ambientales. Actividades relacionadas con la generación de una visión integrada entre el medio físico-biótico, el social y el económico. Instituto Nacional de Ecología.

8 Wong González, Pablo. Ordenamiento ecológico y ordenamiento territorial: retos para la gestión del desarrollo regional sustentable en el Siglo XXI; Estudios Sociales, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., vol. 17, México 2009.

9 Artículos 4° y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






Del Senador Jesús Casillas Romero y del Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones pertinentes que contribuyan a agilizar el pago de los apoyos por compensación de bases pendientes de entregar a los productores de Jalisco, por la fijación de su monto en términos que permitan mantener el precio por tonelada de maíz y la creación de un fondo de protección a la agricultura por contrato en el estado de Jalisco. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO y Diputado JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y artículo 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN SAGARPA, PARA REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES QUE DESDE EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA CONTRIBUYAN A AGILIZAR EL PAGO DE LOS APOYOS POR COMPENSACIÓN DE BASES PENDIENTES DE ENTREGAR A LOS PRODUCTORES DE JALISCO, POR LA FIJACIÓN DE SU MONTO EN TÉRMINOS QUE PERMITAN MANTENER EL PRECIO POR TONELADA DE MAÍZ Y LA CREACIÓN DE UN FONDO DE PROTECCIÓN A LA AGRICULTURA POR CONTRATO EN EL ESTADO DE JALISCO; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sin duda alguna, el Campo Mexicano es una de las prioridades estratégicas para el Gobierno de la República, con la búsqueda e implementación de mecanismos innovadores para fortalecer la capacidad productiva de nuestro país, con mayores beneficios para el productor y el consumidor final.

Los APOYOS POR COMPENSACIÓN DE BASES, son un incentivo que ofrece protección contra fluctuaciones de los costos en que se incurre por traer el producto desde el punto de entrega del grano, hasta una zona de consumo determinada. (Subsidio o garantía en el precio)

Se entregan a través de ASERCA (Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para impulsar la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura internacional y la liberación de los mercados.

De esta forma, el esquema de AGRICULTURA POR CONTRATO, A TRAVÉS LOS REFERIDOS APOYOS POR COMPENSACIÓN DE BASES, ha mostrado sus ventajas en elevar los ingresos en favor del agricultor y traer certidumbre a la comercialización de granos.

Es visto con agrado que este modelo siga siendo una prioridad para el año 2016, dado sus notables beneficios. Tan así que acerca del estado de mi representación, Jalisco, es de destacar algunas cifras como las siguientes:

• Durante 2013 se integraron a la agricultura por contrato en Jalisco, un millón 250 mil toneladas de maíz.

• En 2014 la cifra se elevó a un millón 970 mil toneladas y

• En 2015, la cantidad se elevó a dos millones 600 mil toneladas de maíz contratadas.

Dichos apoyos favorecieron a más de 17 mil productores de Jalisco durante el ciclo pasado (2014), en el que se fijó un monto de 407 pesos por tonelada para apoyar la compraventa de maíz y un estímulo adicional por tonelada para quienes produjeron maíz amarillo.

No obstante, las bondades de este modelo se han visto empañadas por la falta de la entrega de los recursos económicos a los productores, con las consecuencias que ello implica en el cumplimiento de los compromisos económicos, crediticios y demás directos e indirectos de los productores, además de que no se ha fijado el monto al que ascenderán los referidos apoyos para el último ciclo.

Esto ocasionó que en el mes de marzo se efectuaran algunas protestas por los productores de varios municipios de Jalisco, cierres carreteros y finalmente una mesa de trabajo en la que participó el Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco y el Delegado de SAGARPA.

Protestas que volvieron a darse en el pasado 25 de mayo, en la que productores de maíz provenientes principalmente de la región Ciénega de Jalisco, se instalaron afuera de las oficinas de la Delegación de SAGARPA.

Es un tema que resulta preocupante, si consideramos que de las cuatro y medio millones de toneladas de maíz programadas para operarse bajo agricultura por contrato a escala nacional, en Jalisco se integraron más dos millones 600 mil toneladas, además de las de sorgo y otros cultivos.

Esto es, Jalisco logró más de un 50% del presupuesto federal en esta asignatura y la incorporación del 95% de los productores jaliscienses de maíz, además de    reiterarse como principal productor de maíz bajo el esquema de agricultura por contrato.

Es cierto que el programa está sujeto a reglas y plazos, sin embargo, a principios del año el compromiso fue de realizar los pagos durante el mes de abril, por ello, la incomodidad de los productores, además de la incertidumbre por la fijación de los montos, de los que se espera sean suficientes para mantener los precios del  maíz.

La buena voluntad del gobierno federal ha sido clara, sin embargo, los tiempos apremian y los productores de Jalisco desesperan.

Situación similar ha ocurrido en el estado de Sinaloa, a cuyos productores se les informó de la próxima entrega de recursos, con la llegada de 300 millones de pesos para comenzar a pagar los adeudos, además de la propuesta de creación de un fondo de protección a la agricultura por contrato en ese Estado por la cantidad de mil millones de pesos a ejercer en el segundo cuatrimestre del año.

Acción si bien puede aplicarse en Sinaloa, también podría realizarse en beneficio de más estados en situación similar.

Por eso, la propuesta a esta honorable Comisión Permanente, para realizar una atenta y respetuosa sugerencia al titular de la SAGARPA, en los términos concretos de la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, para…

a).- Realizar las acciones pertinentes que desde el ámbito de sus atribuciones contribuyan a agilizar el pago de los APOYOS POR COMPENSACIÓN DE BASES pendientes de entregar a los productores de Jalisco bajo el esquema de AGRICULTURA POR CONTRATO, asimismo, por la fijación de su monto en términos que permitan mantener el precio por tonelada de maíz;

b).- Proporcionar información respecto a la creación de un fondo de protección a la agricultura por contrato en el estado de Sinaloa; y

c).- La creación de fondos de protección a la agricultura por contrato en los estados en situaciones similares, como es el caso de Jalisco.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Instituto Nacional de Antropología e Historia a hacer una inspección pormenorizada y llevar a cabo los procedimientos administrativos correspondientes en el área arqueológica y en el Área Natural Protegida del sistema lagunar Chacmuchuch, ubicada en San Augusto “El Meco” del municipio Isla Mujeres, Quintana Roo, con la finalidad de evitar cualquier construcción de infraestructura hotelera que dañe ese patrimonio cultural de la nación y el medio ambiente de la zona. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a diseñar e implementar de manera urgente un plan integral de mejora en las Agencias del Ministerio Público con la finalidad de que brinden un servicio eficiente a la ciudadanía. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo en el estado de Puebla, así como a los integrantes, militantes y simpatizantes de los partidos políticos nacionales, Acción Nacional, Nueva Alianza y del Trabajo, así como los estatales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración a conducirse y a dar cumplimiento estricto al marco legal que regula la función electoral, administrativa y judicial, y se abstengan de provocar la polarización y los enfrentamientos dentro un plano de civilidad democrática. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita XITLALIC CEJA GARCÍA, Diputada integrante de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra Constitución Política en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), establece que las Constituciones y leyes locales deben garantizar que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia electoral deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, y que en el ejercicio de sus funciones son principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

Tratándose del principio de certeza, éste consiste en establecer que, al iniciar el proceso electoral, los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de dicho proceso, es decir, que conozcan previamente con toda claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación, y la de las autoridades de los tres órdenes de gobierno así como las electorales, están sujetas.

En cuanto al principio de legalidad, éste refiere la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, a fin de que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

Respecto del principio de imparcialidad, se trata de que en el ejercicio de sus funciones, las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.

El principio de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.

Por otra parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales, tienen el alcance de una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los partidos políticos, consistente en que las autoridades electorales al emitir sus decisiones lo hagan con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos o de otros poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna afinidad política, social o cultural.

Ahora bien, en relación con los recursos públicos y la imparcialidad en el uso de los mismos, se destaca que el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Para garantizar el respeto al principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos previsto a nivel constitucional, el artículo 449, párrafo 1, incisos c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que constituyen infracciones a la referida ley por parte de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno  municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente público el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos o entre los candidatos durante los Procesos Electorales.

En atención a lo anteriormente expuesto, es de conocimiento público que en días pasados en el Estado de Puebla, se han realizado actos que vulneran en su totalidad los principios rectores que rigen en todo proceso electoral, toda vez que, elementos de la Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del Estado de Puebla, así como Personal de la Fiscalía General del Estado, y agentes de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, realizaron la detención de vehículos los cuales transportaban artículos utilitarios correspondientes a la campaña al cargo de Gobernador del Estado postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

Al encontrarnos en el desarrollo de un proceso electoral, mediante el cual se renueva al titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Puebla, entendemos que la participación política necesariamente se debe realizar en un ambiente de responsabilidad, a fin de llevar a cabo acuerdos entre intereses confrontados con el fin de encontrar una solución común a todos ellos, o bien de propiciar los medios necesarios para que los cauces  democráticos permitan a los ciudadanos, elegir libremente a quienes habrán de gobernarlos.

No es concebible un Estado democrático, sin autoridades que asuman su deber de respetar las libertades, de proteger la voluntad libre de los ciudadanos y someterse a respetar el Estado de Derecho.

El momento político que se vive en la Entidad, no debe ser motivo de la generación de actos que trasgredan la participación pacifica, ordenada, en un ambiente de legalidad, pues como Autoridades no debemos mantenernos ajenos a observar las conductas que resulten en agravio de los principios constitucionales que rigen en la materia político electoral, por lo que, debemos de garantizar una participación de la sociedad en un ambiente de respeto absoluto a los derechos humanos, así como de los que se deriven en el actuar de la vida democrática, exigiendo un legal actuación por parte de las autoridades constituidas para garantizar el cumplimiento y protección de los mismos.

Mas grave resulta que en estos momentos se viva un acoso por parte de las autoridades emanadas del Ejecutivo Estatal en contra de los competidores que no son afines a su proyecto, y que provocan un grave estado de indefensión por parte de la ciudadanía en general.

Como muestra están los eventos del día sábado 21 de Mayo donde militantes del Partido Acción Nacional intentaron boicotear un evento de la Candidata Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa.

Por otro lado la intervención gubernamental se hace aún más evidente cuando el día 23 de Mayo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determino que la propaganda Institucional del Instituto Electoral del Estado, negaba la existencia de la candidatas, en la vertiente de Género, al considerar discriminatoria la forma en la que invita a la participación ciudadana en los comicios del 5 de Junio, ya que solo utiliza la palabra gobernador.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la aprobación del siguiente: Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Puebla, así como a los integrantes, militantes y simpatizantes de los Partidos Políticos Nacionales, Acción Nacional, Nueva Alianza y del Trabajo, así como los Estatales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración a conducirse y a dar cumplimiento estricto al marco legal que regula la función electoral, administrativa y judicial, y se abstengan de provocar la polarización y los enfrentamientos dentro un plano de civilidad democrática.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado y en especial a los Conejeros integrantes del Consejo General, a la Secretaria Ejecutiva y a los Directores y Coordinadores, de dicho organismo a respetar y propiciar un ambiente de respeto a la equidad de género y a no hacer uso de lenguaje discriminatorio y sexista, en estricto apego y cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 23 de Mayo de 2016 en el expediente SUP-JDC-1619/2016 y su acumulado SUP-JDC-1621/2016.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Dip. Xitlalic Ceja García.






Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores a concretar una visita oficial del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos a nuestro país. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A CONCRETAR UNA VISITA OFICIAL DEL EL RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DESPLAZADOS INTERNOSA NUESTRO PAÍS, al tenor de las siguientes:

Consideraciones.

El desplazamiento forzado interno, consiste en que personas o un grupo de personas, se vean forzados u obligados a huir y abandonar su residencia habitual; en particular como resultado de evitar efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales  provocados por el hombre, y que no han cruzado las fronteras de un Estado internacional reconocido.

El desplazamiento forzado interno implica un verdadero problema ya que la vulneración, directa e indirecta, de derechos humanos como los relativos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación.  Por ese motivo la Organización de las Naciones Unidas  creó la oficina del Relator Especial de para los Desplazados Internos.

Como lo he manifestado en diversas ocasiones, México es un país en donde no existe reconocimiento institucional que atienda la magnitud del problema que significa el desplazamiento forzado interno, por lo que no se ha establecido una ley ni un marco de actuación frente al mismo, lo que genera un estado de vulnerabilidad a quien lo padece.

De acuerdo con el Informe Global 2015: desplazados internos por conflictos y violencia, elaborado por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, en México, existen al menos 281,400 desplazados internos.

Según este informe, durante 2015, México fue el país de América Latina en el que más desplazados internos se registraron, seguido por Perú, El Salvador, Guatemala y Honduras; Colombia es el país de la región que más desplazados reporta, pero de acuerdo al documento eso tiene que ver con el sistema de registro que tiene, que lo lleva a contabilizar incluso a personas que ya fallecieron y otros que ya se establecieron permanentemente en otros lugares.

Chaloka Beyani, quien es el Relator Especial de Naciones Unidas para los Desplazados Internos desde el año 2010, ha trabajado y publicado ampliamente en los campos de los derechos humanos y el derecho penal y humanitario internacional, así como sobre cuestiones relacionadas con la asistencia y desplazamientos de población humanitarias, incluidos los desplazamientos internos.

A él se le ha invitado a nuestro país en diferentes ocasiones para abordar este preocupante tema, en este sentido, hace unas semanas, el relator especial de la ONU, recibió la invitación del gobierno de un estado, por lo cual solicitó al gobierno federal la autorización para visitar nuestro país. Sin embargo, en días pasados, el propio relator informó de la negativa de las autoridades, porque el Ejecutivo federal considera que el tema de desplazamiento no es de urgencia ya que no hay cuestiones de personas que se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia en México.

La negativa del gobierno mexicano es consecuente con la cancelación de la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, para que continuará coadyuvando con las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; posiblemente, porque todos los informes que han rendido las instancias internacionales vinculadas a derechos humanos, durante este sexenio han sido desfavorables.

Sin embargo, consideramos que el Estado debe trabajar en mejorar la situación y para ello es siempre útil mantenerse abiertos al escrutinio internacional, que ayuda a diagnosticar todos los problemas.

Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente

PUNTO DE ACUERDO.

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a concretar una visita oficial del El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Chaloka Beyani, a nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Sen. Zoé Robledo Aburto.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a informar sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a distintas delegaciones en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF), forma parte de los recursos del Ramo 33 y tiene como destino la atención a los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.

Los recursos del FISMDF son de vital importancia para atender las necesidades de la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, por ello, un ejercicio indebido de este recurso afecta de forma directa a las y los mexicanos en situación más vulnerable.

El más reciente informe de la ASF, detectó diversas irregularidades en el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en distintas delegaciones de la Ciudad de México:

Delegación Álvaro Obregón

La Auditoria Superior presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1 millón 300 mil 112 pesos por concepto de recursos no ejercidos a la fecha de la revisión del Fondo.

Delegación Gustavo A. Madero

Se construyó con recursos del FISMDF una Clínica Dental en el Deportivo “Carmen Serdán”, así como un Dispensario Médico ubicado dentro del perímetro de la Delegación, no obstante, éstos no están en funcionamiento y no proporcionan el beneficio a la población objetivo del fondo, motivo por el cual la ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 20 millones 159 mil 240 pesos.

Delegación Cuauhtémoc

Se invirtió menos del 60% de los recursos del FISMDF 2014 en obras y acciones para la atención de Zonas de Atención Prioritaria Urbana, lo que pone de manifiesto la falta de compromiso de dicha administración con los grupos más vulnerables de la demarcación y que constituye un ejercicio indebido de los recursos de dicho Fondo.

Entre las principales irregularidades detectadas por la ASF, destaca que la Delegación Cuauhtémoc no ejerció recursos por un monto de 20 millones 520 mil 954 pesos, por lo que dicha instancia presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal.

En la construcción de la obra pública “Sistema de Agua Potable de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco” realizada con recursos del FISMDF 2014, se detectaron diversas irregularidades como la adjudicación directa de la obra, además, ésta no fue finalizada en tiempo y forma, aspecto por el que se determinaron penas convencionales no cobradas por 3 millones 638 mil 647 pesos, lo cual beneficia a los constructores en perjuicio de los vecinos y constituye un ejercicio indebido de FSIMDF.

Delegación Iztapalapa

La Auditoría Superior de la Federación determinó que la delegación generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4 millones 826 mil 550 por concepto de recursos del FISMDF 2014 no entregados.

Milpa Alta

En esta delegación no se ejercieron recursos por 675 mil 441 mil pesos del FISMDF 2014, por lo cual la ASF solicitó al gobierno delegacional presentar la documentación comprobatoria del gasto de dicho recurso.

Tláhuac

En esta demarcación no ejercieron recursos por 1 millón 61 mil 374 pesos del FISMDF 2014, a pesar de que esta delegación junto con Milpa Alta son las que presentan mayor rezago social en la Ciudad de México.

Delegación Tlalpan

No se ejercieron recursos por 1 millón 433 mil 931 pesos, por que la ASF solicitó presentar la documentación comprobatoria del gasto de dicho recurso.

Delegación Venustiano Carranza

La ASF presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2 millones 10 mil 843 pesos por concepto de recursos del FISMDF 2014 no entregados. Además, determinó que en la “Ampliación del Centro de Salud Arenal 4ª Sección” realizada con recursos del FISMDF 2014, no se encuentra en operación debido a que no cuenta con el equipo médico, por lo que dicha instancia presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 16 millones 636 mil 904 pesos.

Delegación Xochimilco

La ASF presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 13 millones 622 mil 978 pesos por concepto de recursos del FISMDF 2014 no entregados.

Son preocupantes las diversas irregularidades detectadas por la ASF en el ejercicio del FISMDF 2014 en distintas delegaciones de la Ciudad de México, en las que destacan el subejercicio de los recursos del Fondo sobre todo en aquellas delegaciones don existen altos índices de marginación, tales como Milpa Alta y Tláhuac; la adjudicación de obras sin licitación; la construcción de infraestructura de salud que no cuenta con el equipamiento necesario para funcionar como es el caso de la delegación Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

El uso eficiente y transparente de los recursos públicos son una condición indisoluble de los gobiernos democráticos. Nuestra Carta Magna, en su artículo 134, establece que  los recursos públicos que disponga la Federación, los Estados, los municipios, el Distrito Federal, así como sus  delegaciones, se administrarán con orden, economía, transparencia y honradez  para satisfacer los objetivos a los que están destinados, principios que diferentes jefes delegacionales de la Ciudad de México no cumplieron en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, recurso que está destinado para atender las necesidades de la población más vulnerable.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México, para que informe a esta Soberanía sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a distintas Delegaciones en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado sobre los procesos administrativos y/o penales iniciados por diversas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, del ejercicio fiscal 2014 por parte de diversas delegaciones.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.






De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a informar sobre el seguimiento que se ha dado a los acontecimientos ocurridos en la comunidad de Chablekal, el 4 de mayo del año en curso; asimismo, informe sobre las sanciones a que se han hecho merecedores los elementos de la policía que agredieron a los defensores de derechos humanos y ciudadanos afectados. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 88, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Comisión Permanente, lapresente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Chablekal una pequeña localidad comisaria que pertenece al municipio de Mérida, en mi Estado natal de Yucatán, con una escasa población de la cual 1154 son menores de edad y 2011 adultos, de los cuales 238 tienen más de 60 años, 1864 personas viven en hogares indígenas y 1872 habitantes cuentan con atención médica.

El pasado 4 de mayo del año en curso se registraron hechos violentos con motivo del cumplimiento de una orden judicial para desalojar a un anciano quien responde por el nombre de Salvador Euán Chi, de 96 años de edad, vecino muy querido en la comunidad, quien vendió su propiedad con engaños y falsificación de firmas de un sobrino, llamado Antonio Chalé Euán, según rumores de la comunidad.

Al tratar de desalojarlo por tercera vez, se menciona que sonaron las campanas de la iglesia y nuevamente salieron masivamente los pobladores a las calles, incluyendo entre ellos, tanto a niños, como mujeres para defender al anciano Salvador quien se encuentra en silla de ruedas, y en donde la comunidad decidió hacer escudo, meter el hombro, indignarse, para defender a un hombre ya sin fuerzas y en situación de vulnerabilidad.

Lo que sucedió en esa fecha en Chablekal, demuestra el interés que se está poniendo hacia estas tierras que se encuentran en crecimiento y forman parte de la ciudad de Mérida, lo que le otorga una plusvalía que viene a justificar el interés por comprar las mismas.

Aunado a lo anterior, es muy conocido que en nuestro país los adultos mayores han empezado a enfrentar problemas de despojo de sus inmuebles bajo el engaño en algunas ocasiones de familiares o personas que se aprovechan de su precaria situación, de su enfermedad o dependencia.

Sin embargo, también es sabido que cuando existe embargo de un bien y se pierde el litigio del inmueble, se procede al desalojo de los habitantes del mismo, para entregarlo a la parte que lo reclama y que a partición  de la parte ganadora, la Secretaría de Seguridad Pública manda elementos para apoyar las acciones ordenadas por el juez de la causa.

Por otra parte, los afectados tienen todo el derecho de interponer los recursos conducentes e incluso recurrir al amparo a través de los juzgados de Distrito, pudiendo evitar algún enfrentamiento con la policía, sin embargo, en esa ocasión, se tuvo enfrentamiento entre la población y la policía, teniendo esta última que hacer uso de gases lacrimógenos en respuesta a las pedradas de los vecinos enardecidos por la presencia de la policía y ante el trato que recibía el señor Salvador.

Es necesario poner cuidado en el trato que se le debe de dar a las personas en situación de vulnerabilidad para no incurrir en una falta grave a los Derechos Humanos que le asisten a las personas en situación de discapacidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito que las autoridades en el estado de Yucatán eviten el enfrentamiento entre la Policía de Seguridad Pública y una persona en situación de discapacidad, por lo que,  pongo a consideración de esta Comisión Permanente, para que sea aprobado, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Yucatán, a través de su Titular, para que informe sobre el seguimiento que se ha dado a los acontecimientos ocurridos en la comunidad de Chablekal el pasado 4 de mayo del año en curso; asimismo informe sobre las sanciones a que se han hecho merecedores los elementos de la policía que agredieron a los defensores de Derechos Humanos y ciudadanos afectados.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente.






Del Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar toda la información con que cuente acerca de un supuesto acuerdo o compromiso suscrito para el establecimiento de una empresa armadora de vehículos automotrices en el estado de Durango; asimismo, le exhorta a instruir al Secretario de Economía a abstenerse de invertir a favor del candidato del PRI al gobierno de ese estado en el actual proceso electoral. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Fernando Enrique Mayans Canabal, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General de la Comisión Nacional del Agua ante comisiones del Senado para que informe el estado que guarda el ejercicio del gasto federalizado de los programas y proyectos de inversión, de los avances del Plan Hídrico Integral de Tabasco y del Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar Mejor el Agua. Se turna a las Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.








De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprueba fehacientemente los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ , Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, pongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, REPRUEBA FEHACIENTEMENTE LOS ACTOS DE VIOLENCIA EJERCIDOS EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, presentó su “licencia al    cargo”, luego de que durante cinco días, habitantes de la localidad tzotzil mantuvieran tomada la Alcaldía, las instalaciones del DIF y el juzgado de paz y conciliación indígena en demanda de su destitución por “no cumplir lo que en campaña prometió.

Esta situación es reflejo de las continuas amenazas y “peticiones “por parte de sectores de la población que solicitaron su renuncia desde que en, un proceso democrático y legal ella ganara las elecciones el pasado mes de julio de 2015.La demanda de los habitantes está sustentada en los usos y costumbres, en donde en lo que estipula que las mujeres son relegadas, por el simple hecho de ser mujer.

La Presidenta Municipal, Rosa Pérez, vivió amenazada durante los nueve meses que duró su mandato, su liderazgo y compromiso la llevo a aceptar una mesa dialogo en la que participaron diputados del Congreso Local, el Secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y otros funcionarios estatales, así como una comisión de inconformes de Chenalhó.

Es obligada a renunciar a través de métodos violentos, mientras se desarrollaban las negociaciones aproximadamente “70 indígenas chiapanecos” irrumpieron en las instalaciones donde se llevaban a cabo las negociaciones y secuestraron a los   Diputados locales Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente del Congreso Estatal y Carlos Arturo Penagos Vargas. Durante la madrugada del día 26 de mayo Rosa Pérez renunció y horas después se realizó una votación sustentada, nuevamente, bajo usos y costumbres para elegir como presidente sustituto a un hombre; el síndico Miguel Santiz Álvarez.

El Secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Arandas, declaro a diversos medios de comunicación que cuando Rosa Pérez Pérez ganó la elección hubo objeciones porque es mujer."En estas comunidades, de usos y costumbres, hay una tendencia a que las mujeres son un poco relegadas. Esa inconformidad se presentó inmediatamente después de que ella triunfó y después fue acusada de incumplimiento de compromisos de campaña" [*]

Por su parte, Eduardo Ramírez, también en entrevista a un medio de comunicación “que durante su cautiverio de 20 horas en la cabecera municipal de Chenalhó, los indígenas lo vistieron con prendas de mujer para desacreditar su autoridad. [*]

Como consecuencia de la situación de violencia que se vive, no sólo en el municipio de Chenalhó, sino en todo el Estado, han muerto dos personas; una niña de 12 años de edad y una mujer de 54 años, debido a los enfrentamientos entre “simpatizantes” de la Presidenta Municipal Rosa Pérez Pérez y el Presidente Sustituto Miguel Santiz Álvarez

CONSIDERANDOS

Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporó desde el año 2011 el reconocimiento a los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte, artículo 1º de la Constitución Política.

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Que la violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y se traduce en una violación a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales.

Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw) [*] define la discriminación contra las mujeres como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, […] de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” (Artículo 1°)

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [*] establece el compromiso de los Estados Partes de garantizar a mujeres y hombres “la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos” referidos en el Pacto (artículo 3°). Asimismo, reconoce el derecho de toda persona a la vida (artículo 6°), prohíbe las torturas, penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7°), y reconoce la libertad y la seguridad personales (artículo 9°).

La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” [*] reconoce el derecho de toda persona a la integridad personal (artículo 5°), también reconoce a toda la ciudadanía, su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos por sí o a través de representantes libremente elegidos, así como el derecho a votar y ser elegidas “en elecciones periódicas auténticas, mediante el sistema de sufragio universal e igual voto secreto” que garantice la libre expresión de voluntad del electorado (artículo 23). Lo anterior implica, asegurar que en las elecciones no se presenten incidentes de discriminación o violencia contra las mujeres que pretendan acceder a algún cargo público.

Que la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer [*] determina que debe entenderse por violencia contra las mujeres, cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo1°).

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación [*] , que señala a la violencia es una forma de discriminación (artículo 1°), refiere que la negativa o condicionamiento del derecho de participación política, el derecho al sufragio, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, son formas de discriminación (artículo 9°).

Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (lgamvlv) [*] define los tipos y las modalidades de violencia contra las mujeres.Si bien, esta ley no hace alusión específica a la violencia contra las mujeres, determina que ésta se refiere a “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” (artículo 5°).

Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres [*] determina que las políticas de estado, incluyan acciones para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito político, y el establecimiento de mecanismos operativos adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas, la promoción de la participación equilibrada de ambos sexos en las estructuras políticas (artículo 17).

De lo anterior se desprende, que el principio de igualdad está ampliamente reconocido, entendiendo que este sólo puede hacerse realidad mediante herramientas o medidas que permitan fortalecer dicho principio, o para eliminar esquemas de discriminación.

Que Rosa Pérez Pérez sería la tercera alcaldesa del Partido Verde Ecologista, que el machismo desplazaría y colocaría a un hombre como munícipe. En el municipio de Oxchuc, pasó lo mismo con María Gloria Gómez Sánchez, en el que no sólo ella renunció sino también las regidoras. En el municipio de Tila, pobladores destituyeron a Fabiola Vázquez Ortíz, con lujo de violencia sin que haya un sólo detenido. Mientras que en el municipio de Chanal, la Presidenta Municipal Olga Gómez renunció para que el cargo lo ocupará su esposo, que se desempeñaba como síndico.

Con esto, de los 122 municipios de Chiapas quedarían tan sólo 31 alcaldesas al frente de legitimarse la violencia política. Es triste ver que detrás del escudo de los ''usos y costumbres'' se violenten a las mujeres del Estado.

¿Dónde estáel Gobernador Manuel Velasco? ¿Cuándo piensa intervenir ante los constantes atropellos a los derechos de las mujeres que han sido vulnerados una y otra vez? Ya pasaron casi nueve meses de las elecciones, las mujeres siguen batallando para gobernar. No cuentan con el respaldo ni de las leyes ni del gobierno. Sólo de la violencia machista.

Que hemos conocido de casos que implican violencia política contra mujeres que pretenden acceder a cargos de elección popular, como el de Aidé Nava González, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero quien fue secuestrada, torturada y asesinada. En Tamaulipas, la Alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar sufrió un ataque armado el pasado 8 de marzo de 2015.

Chenalhó marca un preocupante precedente de misoginia y chantaje en contra de la participación política de las mujeres. Obligar a que las mujeres renuncien a los cargos adquiridos por vía de la democracia, es una afrenta al Estado de derecho que no debe ser permitida.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprueba fehacientemente los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, particularmente, en el caso de la C. Rosa Pérez Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó,

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al C. Raciel López Salazar, Procurador de Justicia del Estado de Chiapas, investigar la posible comisión de delitos en contra de la C. Rosa Pérez Pérez.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, a garantizar los derechos humanos y políticos de las mujeres que ocupan algún cargo de elección popular.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del Estado de Chiapas a adoptar medidas legislativas con el fin de prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres que acceden a puesto de decisión por vía electoral o designación.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

[*] http://www.informador.com.mx/mexico/2016/663417/6/renuncia-alcaldesa-de-chenalho-chiapas.htm

[*] http://www.etcetera.com.mx/articulo/Liberan+ind%C3%ADgenas+a+legisladores+de+Chiapas+tras+conseguir+renuncia+de+alcaldesa+de+Chenalh%C3%B3/46046

[*] Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el18 de junio de 1981.

[*] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) 20 de mayo de 1981.

[*] Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. 22 de noviembre de 1969.

[*] Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (oea) el 2 de mayo de 1948. Aprobada por México el 24 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 29 de abril de 1981.

[*] Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 11 de junio de 2003.

[*] Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 1 de febrero de 2007.

[*] Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 2 de agosto de 2006.






Las intervenciones de las efemérides y la agenda política inscritas en nuestro Orden del Día se insertarán en el Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día de la Marina”.

EFEMÉRIDE

Grupo Parlamentario del PRI con motivo del Día de la Marina,
observado el 1º de junio.

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, conmemoramos el “Día de la Marina”, el cual es observado de manera anual el 1º de junio. En el marco de esta celebración, se reconoce y homenajea a las personas que dedican su vida a la defensa los mares del territorio mexicano; como parte de los festejos, nuestra bandera nacional debía y debe ondear en lo más alto.

El origen de este día se remonta al 1º de junio 1917, fecha en la que zarpó del puerto de Veracruz, por primera vez un buque mercante nacional -el vapor “Tabasco”-, el cual tenía una tripulación compuesta únicamente por mexicanos por nacimiento y cuyo Capitán fue Don Rafael Izaguirre Castañares. En atención a la trascendencia del acontecimiento, el 11 de abril de 1942, el entonces Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, decretó el “Día de la Marina Nacional”.

Hacer alusión a la Marina de México, es remitirnos a una de las etapas más emblemáticas de la historia de nuestro país -la Revolución Mexicana-, pero también es referirnos a los más altos valores, ideales y principios del hombre, todo bajo una amplia e incuestionable vocación de servicio que se traduce en una función eminentemente protectora de la Soberanía nacional.

La identidad y patriotismo bajo la cual surgió esta institución, quedan de manifiesto la calidad que le otorgó el Constituyente de 1917, el cual reconoció a los marinos de México a través del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“...Para pertenecer a la marina Nacional de Guerra y para desempeñar cualquier otro cargo o comisión en ella, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esa misma calidad será indispensable para ser Capitán, Piloto, Patrón y primer maquinista de los buques mercantes mexicanos, debiendo tenerla además, los que compongan las dos terceras partes de su tripulación”.

Aunque en la actualidad parece un aspecto común, en aquella época representó una fuerte oposición por parte de quienes ostentaban dichos cargos, en virtud de que en su mayoría tenían nacionalidad española. Bajo esta tesitura, la implementación y posterior aplicación, se traduce en el comienzo de una historia de orgullo, valor, servicio y patriotismo.

A través del tiempo, la Marina de México se ha modernizado y profesionalizado, pero lo que se mantiene igual, es la vocación de servicio, patriotismo y lealtad. La Marina Nacional, es determinante para garantizar la estabilidad nacional, asimismo, de ahí que se mantenga como una institución de vanguardia mundial.

La Marina, cuenta con una grandeza histórica incuestionable, pero hoy sigue siendo pilar de la salvaguarda de nuestro país, así lo demuestra su ferviente defensa de nuestros mares y litorales. Como parte de la Armada de México, en todo momento han mostrado honor, disciplina y entrega en favor de nuestro país.

Desde esta Soberanía Nacional, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos a la Marina de Méxicol, institución a la que le expresamos nuestra sincera gratitud, admiración y respeto por la determinación mostrada en cada una de sus actuaciones.

Siempre podemos tener la certeza de que en los momentos de mayor apremio y urgencia, las mujeres y hombres que le dan vida a esta institución, acudirán al auxilio de la población mexicana, así lo demuestra su gran labor en la búsqueda, rescate y salvamento de personas en el mar, sobre todo, cuando los fenómenos meteorológicos aparecen intempestivamente.

En el marco de esta conmemoración, resulta propicio para concentrar esfuerzos encaminados a fortalecer el sector marítimo portuario y así aprovechar las geográficas que poseemos para consolidarnos como un referente cruce de mercancías entre regiones y en un referente del comercio mundial.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Atentamente






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial sin Tabaco”.

EFEMERIDE

SOBRE EL DÍA MUNDIAL SIN TABACO

El día 31 de Mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, fecha en la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) ocupa para resaltar los riesgos en la salud del tabaco y así promover políticas para reducir su consumo.

Este día fue instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 1948, pero su campaña mundial la comenzó la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1987, su propósito es concientizar a la población mundial sobre los efectos nocivos en la salud y así promover la implementación de políticas públicas eficaces para disminuir el consumo del tabaco.

El tabaco es una de las principales causas de muerte prevenible en el mundo, datos de la OMS indican que anualmente fallecen aproximadamente 6 millones de personas en el mundo a causa de enfermedades derivadas directamente del consumo de tabaco, 600 mil del total no son consumidores directos, sino que están en contacto permanente con el humo producido por el tabaco. Es por ello la importancia de poder hacer conciencia a la sociedad sobre los efectos que causan el consumo del tabaco.

Las proyecciones para el año 2030 refieren que el tabaco será la causa principal de muerte y discapacidad en todo el mundo, con más de 10 millones de víctimas mortales y que la mayoría de ellas ocurrirá en países donde no se han implementado políticas públicas con mayor carga de mortalidad asociada al tabaco.

Por otra parte el medio ambiente es el que más sufre, debido a que dentro de su producción y consumo  provoca daños en la salud así como colabora con la contaminación de los recursos naturales, pérdida de biodiversidad, incendios forestales, deforestación de bosques y selvas, aumento del cambio climático y la mala calidad del aire. Ningún otro producto de consumo masivo causa tanto daño desde su cultivo, producción, uso y desecho como el tabaco, como señala un informe del centro para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El cultivo del tabaco incluye la tala de bosques y selvas, los árboles destruidos emiten el dióxido de carbono (CO2) que tenían almacenado, y cuantos menos árboles quedan, el planeta tiene menor capacidad de absorber este gas de efecto invernadero.

Cifras estiman que los fumadores producen al año 225.000 toneladas de CO2, el equivalente a las emisiones de unos 12.000 coches que recorrieran 10.000 kilómetros, además el humo de los cigarrillos también contiene GEI que emite otras sustancias nocivas que empeoran la calidad del aire.

El humo de los cigarrillos provoca niveles de concentración de partículas contaminantes hasta diez veces mayores que el causado por el humo de algunos motores diésel, según un artículo publicado en "Tobacco Control", una revista científica que examina las consecuencias negativas de esta práctica.

En el marco de la celebración de este día el lema propuesto por la Organización Mundial de la Salud es “Prepárate para el empaquetado neutro”, la iniciativa busca reducir la promoción publicitaria y empaques engañosos para aumentar la eficacia de las advertencias sanitarias destinada a mejorar la calidad de vida.

En México e tabaquismo persiste como un grave problema de salud, cada día fallecen 118 personas a causa del tabaquismo: 43,246 muertes al año que podrían ser evitadas, de acuerdo con cifras sobre la Carga de Enfermedad Atribuible al Tabaquismo en México, los datos no quedan ahí: anualmente el consumo de tabaco provoca 16,408 casos de cáncer y 94,033 infartos y hospitalizaciones por enfermedad cardiaca.

Sin duda la importancia de este día resalta en múltiples beneficios, la creación de políticas públicas enfocadas en el consumo y producción del tabaco ayudaría a mejorar la calidad de vida, reducir su consumo beneficiaria en el planeta de tal manera que permita poder alcanzar un desarrollo sostenible de la sociedad en general.

“La industria tabacalera produce y promueve un producto que, tal como se ha demostrado científicamente, es adictivo, provoca enfermedades y muertes y da lugar a una variedad de males sociales, incluido el aumento de la pobreza”

Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del Tabaco. 17-22 de noviembre 2008.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 31 de mayo de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Mundial sin Tabaco”.

EFEMÉRIDE

31 de mayo Día Mundial sin Tabaco

En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó al 31 de mayo el Día Mundial Sin Tabaco, para alentar a los fumadores a dejar de fumar y para incrementar el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud.

El tabaco es un factor que agrava la pobreza y condena a las familias de los fumadores a vivir cada vez con menos o Son los pobres y los que viven en condiciones paupérrimas quienes más tienden a fumar. A nivel mundial, el 84% de los fumadores viven en países en desarrollo o economías en transición

En México en 1998, el 20% más pobre de los hogares gastó casi 11% de sus ingresos domésticos en comprar tabaco mientras que el 20% más rico gastó sólo 1.5%

El tabaquismo es un problema de salud pública al que nos enfrentamos en todo el mundo. Actualmente es la causa principal de enfermedades (cardiovasculares, pulmonares, cerebro-vasculares, neoplásticas, etc.) prevenibles en nuestra sociedad contemporánea. Se estima que todos los días mueren 8,242 personas en el mundo y 118 en nuestro país, por enfermedades atribuibles al tabaquismo.

Para el día mundial sin tabaco 2016, la OMS hace un llamamiento a todos los países para que adopten el empaquetado neutro. El empaquetado neutro es una importante medida de reducción de la demanda, pues disminuye el atractivo de los productos de tabaco, restringe su uso como soportes publicitarios, limita el empaquetado y etiquetado engañosos y aumenta la eficacia de las advertencias sanitarias.

El empaquetado neutro consiste en utilizar el mismo tipo de caja y tipo de fuente para todas las marcas de tabaco, restringiendo o prohibiendo el uso de logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional.

En 2012, Australia fue el primer país en aplicar plenamente el empaquetado neutro. En 2015, Irlanda, Reino Unido y Francia aprobaron leyes que implementarían en sus países el empaquetado neutro a partir de mayo de 2016. Diversos países (entre los que se incluyen Francia, Noruega, Finlandia y Hungría) están en proceso de adoptar leyes de empaquetado neutro.

El tabaquismo constituye una pandemia global que mata aproximadamente a seis millones de personas al año, de los cuales unos 600.000 serían fumadores pasivos, es decir, personas no fumadoras que se ven expuestas al humo de tabaco de familiares, amigos o compañeros de trabajo. De no tomar medidas preventivas, en 2030 la epidemia del tabaquismo matará anualmente a más de ocho millones de personas. Más del 80% de estas muertes evitables tendrá lugar en países en vías de desarrollo.

En México cada día fallecen 118 personas a causa del tabaquismo: 43,246 muertes al año que podrían ser evitadas, de acuerdo con cifras sobre la Carga de Enfermedad Atribuible al Tabaquismo en México, un documento coordinado por el Departamento de Investigación sobre Tabaco del INSP.

Los datos no quedan ahí: anualmente el consumo de tabaco provoca 16,408 casos de cáncer y 94,033 infartos y hospitalizaciones por enfermedad cardiaca. Además, para tratar éstos y otros problemas de salud provocados por el tabaquismo, cada año se gastan $ 61,252 millones de pesos, lo que equivale al 0.34 por ciento del Producto Interno Bruto. A nivel mundial las cifras son alarmantes: cinco millones de muertes se atribuyen cada año al tabaco, y en el continente americano se calculan en más de un millón.1

Para hacer frente a este problema de salud con magnitudes epidémicas, en el 2003 se elaboró el Convenio Marco Para el Control del Tabaco bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este documento marcó un cambio de paradigma en el desarrollo de estrategias para reglamentar sustancias adicticas, ya que establece la importancia de la reducción de la demanda y aspectos relacionados con la oferta como el comercio ilícito; definido por el Convenio Marco como “toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida cualquier práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad”.2

El objetivo final del día mundial sin tabaco es proteger a las generaciones presentes y futuras de los problemas sanitarios, sociales, medioambientales y económicos asociados al consumo de tabaco y a la exposición al humo de tabaco.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 http://www.controltabaco.mx/

2 http://www.insp.mx/avisos/3653-dia-mundial-sin-tabaco.html